Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Durango y a sus gobiernos municipales a atender a la población afectada por inundaciones, y se solicita la declaratoria de desastre para los municipios de Canatlán, Lerdo y Gómez Palacio, suscrita por las diputadas Martha Alicia Arreola Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena, y María de Jesús Páez Güereca, del Grupo Parlamentario del PT

Las que suscriben, diputadas Martha Alicia Arreola Martínez del Grupo Parlamentario de Morena, y Maria De Jesús Paez Güereca del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; ambas del Estado de Durango, de la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como los demás aplicables, someten a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Luego de meses de sequías, en el estado de Durango y en otras entidades del norte del país, el Huracán Kay, ha traído muy fuertes lluvias, provocando severas inundaciones, mismas que se traducen en severas afectaciones para la población, lamentablemente decesos y severas perdidas económicas.

En el caso particular de Durango, hay afectaciones a 16 de los 39 Municipios de mi Estado, en el cual se reporta el desborde de ríos, la caída de puentes, inundaciones y comunidades incomunicadas; el Ejército y la Guardia Nacional ya aplican el plan DN-III-E en su fase de prevención en el territorio, sin embargo, las afectaciones ya son preocupantes.

Han sido desplegados más de 150 elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y Guardia Nacional, a fin de reforzar las labores de auxilio a la población en los municipios de Canatlán, Gómez Palacio, Lerdo, así como los poblados de San Gerónimo, Cinco de Febrero y Cinco de Mayo.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) del Estado de Durango trabaja de forma permanente para solucionar la problemática y ha reportado la alerta en los municipios de Canatlán, Durango, El Oro, Simón Bolívar, Guanaceví, Lerdo, Mapimí, Nazas, Ocampo, Pánuco de Coronado, Peñón Blanco, Pueblo Nuevo, Rodeo, San Bernardo, San Juan del Río y Tepehuanes, donde se están monitoreando los ríos, presas y arroyos, para resguardar la integridad y la vida de la población.

Hasta el momento entre los daños registrados se encuentran:

Desbordamiento del río Mimbres, que inundó colonias y fraccionamientos y causó el cierre de la carretera a la entrada y salida del municipio de Santiago Papasquiaro.

En la capital del estado se registró la creciente del nivel del arroyo en el rancho La Joya. La Presa Peña del Águila ha provocado afectaciones en habitantes del poblado Morcillo, municipio de Durango, donde las fuertes corrientes de los escurrimientos de la presa ocasionaron daños al interior de los domicilios.

Las comunidades Agostadero y Nogales del municipio de El Oro se mantienen incomunicadas, además de que el agua se llevó la red de agua potable en la comunidad de Santa Cruz de Tepehuanes y dejó casas afectadas la comunidad de Nogales y Mariano Matamoros.

La crecida de la corriente del arroyo Santa Rosa se llevó el vado, dejando incomunicadas las comunidades de Santa Rosa, Guzmán y Hernández.

En Guanaceví colapsó el puente de la localidad Los Álamos, dejando incomunicadas las localidades de Los Álamos, El Potrero, El Carrizo, Los Ancones, Joya, de Casas y San Esteban, mientras que en el municipio de Mapimí se reportaron daños en el puente El Diamante de la localidad de Ceballos, también en el puente Linda Vista, ubicado en la cabecera municipal, y en la comunidad El Porvenir donde también hubo daños en viviendas.

Se desbordaron los arroyos Tecomblates y El chorrillo, en el municipio de San Lucas de Ocampo.

Asimismo, se desbordó el río Tepehuanes e inundó las colonias de este municipio con niveles de agua en su interior de 30 a 80 centímetros.

Compañeros, como pueden ver es necesario atender estas afectaciones, por ello les solicito su apoyo en harás de que sea posible evitar la pérdida de más vidas, y al mismo tomar acciones inmediatas que nos permitan apoyar oportunamente a la población afectada.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- La Honorable Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión con pleno respeto a la división de poderes, respetuosamente exhorta al Coordinador Estatal de Protección Civil de Durango para que redoble esfuerzos en la temporada pluvial en cuanto a los servicios de drenaje, los cauces naturales que conforman la red hidrográfica del estado, para que sean conservados y adecuados a las necesidades del Estado, esto para que no afecte de forma directa a su capacidad de desagüe y por tanto no se propicie la existencia de inundaciones que afectan a la población.

Segundo.- La Honorable Cámara de Diputados con pleno respeto a la división de poderes, respetuosamente exhorta al Gobierno del Estado de Durango, y a los gobiernos de los Municipios Canatlán, Durango, El Oro, General Simón Bolívar, Guanacevi, Lerdo, Mapimí, Nazas, Ocampo, Panuco de Coronado, Pueblo Nuevo, Rodeo, San Bernardo, San Juan del Río, y Tepehuanes que coadyuven lo más pronto posible para la realización de un censo sobre las personas afectadas en su salud o patrimonio y requieran de apoyo inmediato para la recuperación de bienes y/o en su caso indemnización de daños.

Tercero.- La Honorable Cámara de Diputados con pleno respeto a la división de poderes, respetuosamente exhorta al Gobierno Federal para que con urgencia se tomen las medidas pertinentes para emitir con prontitud la Declaratoria de Emergencia en los municipios de Canatlán, Durango, Lerdo y Gómez Palacio en el Estado de Durango, para efectos de atender los daños desencadenados por fenómenos naturales perturbadores, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil y los Lineamientos correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2022

Diputadas: Martha Alicia Arreola Martínez, Maria De Jesús Paez Güereca (rúbricas)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y al IPN a dialogar con la comunidad estudiantil y académica de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, campus Guanajuato, a fin de escuchar, atender sus demandas y brindar certeza a los acuerdos propuestos por la comunidad estudiantil, a cargo de la diputada Ana María Esquivel Arrona, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Ana María Esquivel Arrona , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado 31 de agosto del año en curso, en la comunidad estudiantil de la Unidad Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Guanajuato del Instituto Politécnico Nacional, se manifestaron alumnas y alumnos en esas instalaciones, con la finalidad de exigir mejores condiciones de estudio, mejores programas académicos, el aumento de la plantilla de docentes y una mejora y mantenimiento en las instalaciones e infraestructura del campus, dado que presentan deterioros y no son accesibles para llevar a cabo las materias que requieren para su profesión.1

También, demandan la generación de convenios con empresas e instituciones para realizar la vinculación que les permita realizar sus prácticas profesionales, así como capacitar a las y los docentes en materias técnicas, pedagógicas y de perspectiva de género.

Ante estas necesidades, la comunidad estudiantil no ha tenido respuesta de su pliego petitorio y continua en paro académico; pidiendo ser escuchados y atendidos, continuaran alzando la voz para recibir una educación digna y de calidad.

La educación en nuestro país es una preocupación creciente, y son las y los jóvenes quienes padecen estas consecuencias. Es fundamental que la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Politécnico Nacional atiendan y escuchen al alumnado de forma inclusiva y progresiva, y, a través del diálogo y la construcción de acuerdos, se brinden las herramientas suficientes para garantizar el derecho a la educación de cada miembro de la comunidad estudiantil.

Por consiguiente, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Educación Pública y al director general del Instituto Politécnico Nacional a dialogar con la comunidad estudiantil y académica de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato (UPIIG) del Instituto Politécnico Nacional, con el fin de escuchar, atender sus demandas y brindar certeza a los acuerdos propuestos por la comunidad estudiantil.

Nota

1 https://www.milenio.com/sociedad/guanajuato-paro-indefinido-upiig-cumpl ir-peticiones

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2022.

Diputada Ana María Esquivel Arrona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades ambientales federales a actualizar las normas oficiales mexicanas relativas al inventario y situación actual de las especies de flora y fauna que se encuentran en peligro de extinción, a cargo del diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El cambio climático se ha convertido en uno de los principales problemas que afectan actualmente a la humanidad. Este fenómeno tiene como causa diversos factores, siendo uno de los principales la actividad de los seres humanos que desde el siglo XIX tiene como base de la producción de muchos de los bienes requeridos para la satisfacción de necesidades la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas.1

Lo anterior ha generado un aumento generalizado en la temperatura global, días más calurosos, periodos más largos de sequía y tormentas más intensas, cuyos efectos están afectando a las especies de todo el mundo.

El Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático alertó en su más reciente informe que casi la mitad de la población mundial es “altamente vulnerable” al cambio climático, destacando que los efectos en los animales son igualmente alarmantes.

Por su parte, la organización WWF (siglas en inglés del Fondo Mundial para la Naturaleza) ha advertido que el cambio climático podría poner en peligro a la mitad de las especies de plantas y animales en las áreas con mayor biodiversidad del mundo.2

En este sentido, resulta indispensable redoblar esfuerzos para lograr una auténtica protección hacia los animales en virtud de su vulnerabilidad frente a la crisis climática por la que estamos atravesando.

La especialista en clima, comunidades y vida silvestre Nikhil Advani dijo que “mientras trabajamos en disminuir las emisiones, es fundamental que también mejoremos nuestra capacidad de entender cómo las especies responden ante el cambio climático y desarrollemos estrategias para ayudarles a adaptarse”.3

México cuenta con un robusto marco normativo de protección a la biodiversidad gracias al cual es posible salvaguardar y conservar los diferentes ecosistemas que existen en el país.

La norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 sobre protección ambiental para las especies nativas de México de flora y fauna silvestres tiene por objeto identificar las especies o poblaciones de plantas y animales en riesgo en la República Mexicana, integrando un listado y estableciendo criterios de inclusión, exclusión o cambio de categoría de riesgo para las especies, mediante un método de evaluación de su riesgo de extinción, lo cual es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional.4

La norma en mención clasifica las especies catalogadas en riesgo en cuatro categorías y establece los motivos por los cuales éstas se encuentran en peligro, por ejemplo, la transformación de su hábitat, la sobreexplotación, las interacciones con especies invasoras y la contaminación. Las categorías que establece la norma son:

A) Especies en peligro de extinción;

B) Especies amenazadas;

C) Especies sujetas a protección especial, y

D) Especies probablemente extintas en el medio silvestre.

El objeto de esta clasificación es preservar e implementar metodologías de cuidado específico para las especies en riesgo.

Por lo señalado, es de suma trascendencia contar con un listado actualizado de las especies que requieren protección, así como conocer la situación actual en la que vive cada una de estas especies a fin de estar en posibilidades de implementar métodos y técnicas específicamente planeadas y enfocadas a la conservación y, en su caso, aprovechamiento sustentable de la vida silvestre en nuestro país.

En virtud de lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades ambientales federales de nuestro país a llevar a cabo la actualización de las normas oficiales mexicanas relativas al inventario y situación actual de las especies de flora y fauna que se encuentran en peligro de extinción con la finalidad de que a partir de ello se diseñen e implementen políticas públicas para salvaguardar la biodiversidad en México.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas, “¿Qué es el cambio climático?”. Consultado el 26 de agosto de 2022. Disponible en: https://www.un.org/es/climatechange/what-is-climate-change

2 WWF, “50% de las especies en peligro debido al cambio climático”, 14 de marzo de 2018. Disponible en: https://www.worldwildlife.org/blogs/descubre-wwf/posts/50-de-las-especi es-en-peligro-debido-al-cambio-climatico#:~:text=El%20aumento%20de%20la s%20temperaturas,enfermedades%20entre%20la%20vida%20silvestre.

3 Ibídem.

4 “Norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2010. Disponible en: https://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/3552/1/nom-059-semarnat-20 10__30-dic-2010.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2022.

Diputado Juan Luis Carrillo Soberanis (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al municipio de García, Nuevo León, a realizar la revisión de los permisos y contratos de construcción otorgados en el Desarrollo Cumbre Altta Residencial, así como en los diversos desarrollos construidos con anterioridad en la zona, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a la siguiente

Exposición de Motivos

Durante la tarde y la noche del pasado 4 de septiembre, luego de las fuertes lluvias en Nuevo León que provocaron inundaciones en las calles, avenidas y hogares en el área metropolitana de Monterrey; en redes sociales se denunciaron diversos problemas de habitabilidad ocasionados por las lluvias antes mencionadas.

Uno de los casos expuestos, fue el ocurrido en Cumbres Altta Residencial en el municipio de García, el cual, según los afectados, la constructora Grupo Sadasi es la responsable de las graves inundaciones y afectaciones a los diversos hogares del Dominio Cumbres, luego de una incorrecta construcción del desarrollo que no previene los posibles problemas que pueden ocasionar los desastres naturales en los predios de dicha zona.

Lo anterior, provoca incertidumbre y pone en riesgo de manera constante la vida de las personas que habitan en dicha zona, por lo que es necesario y oportuno que las autoridades municipales encargadas de inspeccionar las obras de uso habitacional lleven a cabo una revisión minuciosa respecto a la situación que guardan dichas construcciones con la finalidad de garantizar la seguridad de sus habitantes.

Cabe destacar, que para obtener una licencia de construcción, las constructoras o inmobiliarias deben realizar un trámite gubernamental para poder realizar dicha construcción, la cual debe cumplir con ciertos requisitos y reglas que eviten accidentes en un futuro o trabajos deficientes.

Asimismo, deben cumplir con todas las disposiciones legales, y alinearse con el Plan de Desarrollo Urbano del sitio en donde se va a trabajar, así como cumplir a cabalidad con los reglamentos de construcción y la normatividad actual municipal o estatal.

La implementación correcta de dichos reglamentos y normas, hacen que los edificios construidos sean más seguros, lo que resulta necesario para reducir riesgos para la personas y que en caso de un fenómeno natural, como fueron las lluvias ocurridos el fin de semana en Nuevo Léon, no tengan que temer por derrumbes súbitos, es por eso que es importante que dichas reglas y normas se cumplan al pie de la letra, con el fin de evitar pérdidas humanas.

Por lo anterior, consideramos necesario que se realicen de manera inmediata las inspecciones correspondientes a fin de garantizar la seguridad de las personas afectadas, así como el derecho a una vivienda adecuada, mismo que fue reconocido como parte del derecho a un nivel de vida adecuado en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Buscamos que esta inspección verifique que la planeación y construcción del desarrollo referido, se haya realizado de acuerdo con los documentos de los contratos otorgados en el pasado, y que en caso de no resultar así y que la inspección arroje resultados desfavorables para los habitantes de la zona, se tomen las medidas necesarias para dar justicia a las personas afectadas y se investigue la responsabilidad de los actos.

Por lo anteriormente expuesto someto su consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Gobierno del municipio de García, Nuevo León, a que por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de dicho municipio, realice las inspecciones correspondientes y la revisión de los permisos y contratos de construcción otorgados en el Desarrollo Cumbre Altta Residencial, así como en los diversos desarrollos construidos con anterioridad en la zona, toda vez que se han presentado distintos problemas de habitabilidad que ponen en riesgo la seguridad e integridad de todos sus habitantes.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2022.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a iniciar una investigación en contra del gobernador de Tamaulipas y distintos funcionarios públicos de dicha entidad, por hechos posiblemente constitutivos de los delitos de coalición de servidores públicos, cohecho, ejercicio abusivo de funciones, peculado y tráfico de influencias, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputadas y Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y artículo 79, numeral II, fracción II, ambos preceptos del Reglamento de Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

¿Cómo hablar de libertades si existen quienes intentan callarnos? ¿Cómo hablar de democracia si hay gobernantes que no respetan la voluntad del pueblo expresada a través del voto? ¿Cómo confiar en nuestros representantes populares si usan el aparato gubernamental de manera facciosa? Desgraciadamente, ésa es la realidad que vive el estado de Tamaulipas.

Penosamente, durante las últimas décadas, diversos representantes populares electos a través del sufragio efectivo del pueblo tamaulipeco, se han negado a ver por el bienestar de las y los ciudadanos, dedicándose exclusivamente a representar los intereses de un pequeño puñado de personas que se creen amos y señores de nuestro estado. Figuras públicas que gobiernan de manera totalitaria y que se aferran a violentar libertades individuales, políticas, de organización y de pensamiento, oponiéndose a los principios de igualdad, libertad y democracia.

Esta forma de gobernar ofensiva ha causado en forma directa o indirecta el asesinato de antagónicos a sus intereses, acusaciones sin fundamento e incluso persecuciones fundadas en motivos políticos para disidentes de sus actos y mandatos; delitos que, de acuerdo con el artículo 7, numeral 1, inciso h del Estatuto de Roma, firmado el 7 de septiembre del año 2000 y ratificado el 21 de junio de 2005 por nuestro país, deben ser considerados como delitos de lesa humanidad.

Desgraciadamente, el pueblo de Tamaulipas durante el último sexenio ha sufrido el recrudecer de la persecución política y social por parte del gobierno del estado, quien ha intentado silenciar a quienes se atreven a cuestionar las erróneas decisiones que han llevado a la entidad a alcanzar la alarmante cifra de 18, 294 incidencias delictivas en los primeros seis meses de este año, de las cuales, 2,482 son delitos contra la vida y la integridad corporal, 1,708 lesiones, 10 feminicidios, 246 delitos contra la libertad personal, 723 delitos contra la libertad y la seguridad sexual, entre otras1 .

Decisiones que nos colocan en una grave problemática de inseguridad que se ha incrementado en algunos rubros de manera alarmante. Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), durante el segundo trimestre de 2022 indica que, 77.1 por ciento de las personas mayores a 18 años se sintieron inseguras en Reynosa; 53.7 por ciento en Ciudad Victoria; 50.1 por ciento en Nuevo Laredo y 27.6 por ciento en Tampico. La misma encuesta señala que, 1 de cada 2 personas en Nuevo Laredo cambió su hábito de caminar por la noche en alrededores de su vivienda por temor a ser víctima de la delincuencia; 1 de cada 3 en Reynosa; 1 de cada 2 en Ciudad Victoria y 1 de cada 4 en Tampico. Asimismo, 54.2 por ciento de los habitantes en Reynosa consideran ineficaz el desempeño de la policía estatal; 45.5 por ciento en Ciudad Victoria; 45.2 por ciento en Nuevo Laredo y 35.4 por ciento en Tampico2 . Cabe destacar que en el año 2013 las policías municipales fueron disueltas y la seguridad pública quedó a cargo del poder Ejecutivo del estado a través del mando único.

No obstante la crisis en la que se encuentra el Estado fronterizo a causa de las malas acciones empleadas durante la actual administración, sus funcionarios públicos -quienes juraron servir y proteger a las y los tamaulipecos-, tienen una férrea actitud de centrar todos sus esfuerzos en tratar de silenciar las voces que difieren con las acciones que han tomado y prefieren perseguirlos e incluso inventarles delitos a través del uso ilegal de la Fiscalía de Justicia del Estado.

Tales son los casos de persecución política de los Alcaldes: Carlos Víctor Peña Ortiz de Reynosa, Eduardo Abraham Gattas Báez de Ciudad Victoria, Mario Alberto López Hernández de Matamoros, Nataly García Díaz de Gustavo Díaz Ordaz y Carmen Lilia Canturosas Villarreal de Nuevo Laredo, estas últimas alcaldesas mencionadas son incluso objeto de violencia política de género estipulada en el artículo 20 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Para muestra, un botón. El pasado 21 julio de 2022, se hicieron públicos diversos audios gravados por propios regidores del Ayuntamiento de Reynosa del trienio 2021-2024, en los cuales se escucha al ex candidato de Movimiento Ciudadano a diputado local, Luis Espino Acosta, hijo del actual Auditor Superior del estado, Jorge Espino Ascanio, ofreciendo 5 millones de pesos a cada regidor del municipio de Reynosa con el objetivo de que sea contemplado dentro de la terna para sustituir al actual alcalde de la ciudad fronteriza una vez destituido.

Quien en sus propias palabras menciona:

“Te soy claro y directo: 5 millones para ti, quedando yo como alcalde. Ahí se cumple el compromiso y, aparte, que sigamos trabajando de la mano, para lo que quede de la administración. Y obviamente para poder repetir ”.

A pesar de esto, durante la grabación hizo hincapié en que tenía el apoyo de Ciudad Victoria, haciendo alusión al Ejecutivo del estado y el actual Secretario General de Gobierno, Gerardo Peña Flores. Vale la pena destacar que, de igual manera menciona que el fiscal del estado, Irving Barrios, quien es su vecino, “va a ganchar” al actual edil; es decir, que usará el aparato gubernamental para afectar su persona con fines políticos; así como hace alusión al parentesco que tiene con su padre quien ocupa el cargo de Auditor Superior del estado, actualizando flagrantemente el tipo penal de tráfico de influencias al ser el delegado de los mencionados para ejecutar el plan de destituir al actual Alcalde3 .

Con el cinismo que caracteriza al actual gobierno, Luis Espino Acosta, el 6 de julio publicó un video en redes sociales en el que se deslindaba de cualquier vínculo con el gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca4 ; sin embargo, el día 22 de julio de 2022, el mismo Espino Acosta, subió a sus redes sociales personales un video en el que afirma que su voz es la que se escucha en los audios y acepta la responsabilidad, contradiciendo el primer video; mismo video que en días posteriores eliminó de sus redes, pero que en algunos medios periodísticos quedó constancia5 .

Es de vital importancia mencionar que el 24 de agosto de 2022, el grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local presentó denuncias ante la Fiscalía General del Estado por presuntos actos de corrupción por parte del gobierno en turno en detrimento del patrimonio estatal. En las denuncias señalan a la empresa MARVI promotora de bienes raíces S.A. de C.V., toda vez que, esta sería propiedad de familiares y personas cercanas al Auditor Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio, misma a la que se le adjudicaron 9 contratos entre 2017 y 2021, por una cantidad de 133 millones de pesos, para actividades principalmente de pavimentación, alumbrado público, guarniciones y banquetas.

Es evidente que a los actuales administradores del gobierno de Tamaulipas se les olvidó que 101 mil 178 tamaulipecas y tamaulipecos le dieron su voto de confianza al proyecto que encabeza el actual alcalde, Carlos Peña. La voluntad del pueblo es clara: quieren una mejor Reynosa y un mejor Tamaulipas para todos.

Por lo anteriormente expuesto, es menester de esta representación federal, solicitar respetuosamente a la Fiscalía General de la República a que inicie una exhaustiva investigación por hechos posiblemente constitutivos de delitos y, en su caso, aplique con rigor las sanciones correspondientes a los siguientes ilícitos:

Coalición de servidores públicos toda vez que, la conducta cometida por el Ejecutivo del estado, el Secretario General de Gobierno, el Fiscal General de Justicia y el Auditor Superior, todos ellos del Estado de Tamaulipas, actualiza el artículo 216 del Código Penal Federal que a la letra refiere:

“Cometen el delito de coalición de servidores públicos, los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento u otras disposiciones de carácter general, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas . No cometen este delito los trabajadores que se coaliguen en ejercicio de sus derechos constitucionales o que hagan uso del derecho de huelga ”.

Asimismo, que sean sancionados por el delito de ejercicio abusivo de funciones establecido en el artículo 220 y que le es aplicable la fracción I, que a la letra establece:

“El servidor público que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, ilícitamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendiente o ascendiente, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa , socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte ;”

De igual manera, se exhorta a que se investigue a los actores antes mencionados por el delito de tráfico de influencias contemplado en el artículo 221, fracción III que describe lo siguiente:

“El servidor público que por sí, o por interpósita persona indebidamente, solicite o promueva cualquier resolución o la realización de cualquier acto materia del empleo, cargo o comisión de otro servidor público, que produzca beneficios económicos para sí o para cualquiera de las personas a que hace referencia la primera fracción del Artículo 220 de este Código ”.

Así como de acuerdo al mismo numeral en su fracción IV, se solicita sea sancionada la conducta del C. Luis Espino Acosta conforme a lo siguiente señalado:

“Al particular que, sin estar autorizado legalmente para intervenir en un negocio público, afirme tener influencia ante los servidores públicos facultados para tomar decisiones dentro de dichos negocios, e intervenga ante ellos para promover la resolución ilícita de los mismos, a cambio de obtener un beneficio para sí o para otro ”.

De igual manera, deberán ser sancionados por el delito de cohecho, conforme al numeral 222 en su fracción II:

“El que dé, prometa o entregue cualquier beneficio a alguna de las personas que se mencionan en el artículo 212 de este Código, para que haga u omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión, y ”.

Por último, deberán ser investigados y, en su caso, severamente sancionados por el delito de peculado establecido en el artículo 223 que a la letra establece:

“I.- Todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa ;

II.- El servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona ”.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La LXV Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía General de la República para que, en el ámbito de sus atribuciones y a la mayor brevedad, inicie las investigaciones correspondientes en contra del gobernador del estado de Tamaulipas, el Secretario General de gobierno, el Fiscal General de Justicia y el Auditor Superior, todos ellos del referido estado, así como al C. Luis Espinoza Acosta, por la posible comisión de delitos en materia de coalición de servidores públicos, cohecho, ejercicio abusivo de funciones, peculado y tráfico de influencias, respectivamente, y de comprobar su responsabilidad, llevar a cabo las acciones judiciales previstas en la Ley.

Notas :

1. https://drive.google.com/file/d/1p95Glc0TOxVmd0tc1NBQk84MRiJBZlCg/view

2. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2022_junio_p resentacion_ejecutiva.pdf

3. https://www.youtube.com/watch?v=f3zwNNJlaG8

4. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1195230814660684&id=561 450324

5. https://www.facebook.com/elopinantemx/videos/1048736459181039/?extid=CL -UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C-GK2C

Palacio Legislativo de San Lázaro a 13 de septiembre 2022.

Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Imjuve a informar a la opinión pública los avances en la implementación del Programa Nacional de Juventud 2021-2024, a cargo de la diputada Ana María Esquivel Arrona, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Ana María Esquivel Arrona , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En México, la juventud tiene etapas formativas para la vida adulta, así como fases con dinamismos que son cruciales para su desarrollo y su entorno. Las juventudes representan el presente y el futuro del país en términos de desarrollo.

El reconocimiento de las juventudes se ha viciado e invisibilizado sistemáticamente en este sexenio, ya que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 ha utilizado un paradigma clientelista y no de desarrollo para miles de jóvenes y una parte importante de este grupo de la población experimenta ya situaciones de rezago que vuelve urgente revertir.

Para efectos de la Política de Desarrollo Social en materia de juventudes, le corresponde al Instituto Mexicano de la Juventus la elaboración y coordinación del Programa Especial1 denominado “Programa Nacional del Instituto de la Juventus 2021-2024” en virtud de las disposiciones contenidas en la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, cuyo artículo 3, fracción II, define e instrumenta una política nacional de juventud, que permita incorporar plenamente a las personas jóvenes al desarrollo del país. A su vez, el articulo 4, fracción I, confiere al Imjuve la atribución de “...elaborar el Programa Nacional de Juventud que tendrá por objeto orientar la política nacional en materia de juventud, el cual deberá ser congruente con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y con los programas sectoriales, institucionales y especiales a que se refiere la Ley de Planeación...”.2

De esto se desprende que la totalidad de las acciones que se consideran en el Programa en mención, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos prioritarios, estrategias prioritarias y acciones puntuales, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación u operación de dichas acciones y el seguimiento y reporte de las mismas, se realizan con cargo al presupuesto autorizado de los ejecutores de gasto participantes en el Programa.

Una de las premisas que acata el Programa es referente a la política nacional de inclusión para las juventudes la promoción y el desarrollo de acciones afirmativas encaminadas a mejorar el ejercicio de derechos de las personas jóvenes en aspectos tan importantes como la participación política, el acceso al empleo digno, educación de calidad y la atención integral de la salud.

Sin embargo, actualmente los jóvenes que desean y buscan pertenecer al mercado laboral se enfrentan a un panorama más complicado que el trabajo promedio; pues son el grupo poblacional con la tasa de desocupación más alta, de 6.4 por cientocasi el doble que la tasa de desocupación nacional (35.5 por ciento).

Además, en primer trimestre del 2022 se registró una tasa de informalidad de 67.4 por cientopara los jóvenes, la segunda más alta después de los adultos mayores (75.8 por ciento) y que se encuentra por encima de la tasa de informalidad promedio del país, de 55.2 por ciento. los jóvenes que ingresan al mercado laboral con empleo informal tienen una mayor probabilidad de permanecer en condición de informalidad al largo de su trayectoria profesional.3

Por otro lado, el Programa destaca que la informalidad entre las juventudes, se explica por las dificultades de acceso al empleo y la deficiencia de infraestructura para la búsqueda de trabajos remunerados íntimamente relacionadas con el decremento de la tasa de empleo para personas jóvenes, señalando que la distribución porcentual de la población de 15 a 29 años ocupada, por condición de acceso a la seguridad social es del 43 por ciento.4

Lo anterior agudiza y preocupa a las juventudes; nos encontramos en una situación alarmante en donde los programas dirigidos a la juventud, son operados y administrados por otras Secretarías y no por el propio Imjuve, en su totalidad. Además, el Programa no define indicadores de medición cuantitativa ni cualitativa respecto al desarrollo laboral y educativo de las y los jóvenes.

En ese tenor, las acciones plasmadas en el Programa Nacional de Juventud 2021-2024 mantienen más una dogmática que una práctica en materia de políticas públicas. No se registran avances, y son confusas las acciones que impulsan la educación el empleo para las juventudes; y el impacto respecto al beneficio o bienestar del Programa Nacional de Juventud 2021-2024, no se refleja en las realidades de las juventudes mexicanas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Instituto Mexicano de la Juventud para que rinda un informe a la opinión pública respecto de los indicadores cuantitativos y cualitativos de las estrategias prioritarias y acciones puntuales del Programa Nacional de Juventud 2021-2024, y de los avances en su implementación.

Notas

1 De acuerdo con el artículo 26 de la Ley de Planeación, los programas especiales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del país, fijados en el Plan o a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector. El Ejecutivo Federal señalará la dependencia responsable de coordinar la elaboración y ejecución de cada uno de estos programas.

2 Cámara de Diputados, Ley del Instituto Mexicano de la Juventud https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/limj.htm

3 Centro de Estudios de Investigación en Políica Pública, El panorama educativo y laboral de los jóvenes en México, https://imco.org.mx/el-panorama-educativo-y-laboral-de-los-jovenes-en-m exico/

4 https://www.gob.mx/imjuve/documentos/programa-nacional-de-juventud-2021 -2024

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2022.

Diputada Ana María Esquivel Arrona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE a actualizar la NOM-070-SCFI-2016, respecto del procedimiento para el aprovechamiento de agaves en predios que se encuentran dentro de áreas naturales protegidas del orden federal, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Juan Carlos Natale López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)1 , en 2020 se cuenta con 17 territorios considerados megadiversos, lo anterior debido a su enorme riqueza ecosistémica y capital natural endémico e irrepetible, México es considerado uno de estos.

México representa un enorme abanico de especies de flora y fauna que brindan servicios ecosistémicos muy importantes no sólo a nivel local, si no regional e internacional, lo que contribuye a mantener equilibradas diversas dinámicas hídricas y de temperatura en esta región del hemisferio; uno de los instrumentos con que contribuye a mantener dicho equilibrio son las “áreas naturales protegidas”; de acuerdo al artículo 44 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), las áreas naturales protegidas (ANP) son zonas del territorio nacional sobre las que la nación ejerce soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que sus ecosistemas y funciones integrales requieren ser preservadas y restauradas.2

La importancia de estas zonas es fundamental para el desarrollo y preservación de las condiciones necesarias para mantener una calidad de vida sana.

El desarrollo industrial, algunas actividades del sector primario y los cambios de uso de suelo ejercen presión e impactan directamente en territorios como los anteriormente descritos, modificando, casi siempre por completo, las condiciones para que haya recuperación y consecución de los servicios ecosistémicos que estas bridan.

Actualmente, el sistema producto agave, ha tomado relevancia en el mercado de las bebidas “espirituosas”, específicamente con el tequila y el mezcal, alcanzando un valor en el mercado en 2020 de 44 mil y mil 258 millones de pesos respectivamente. En el caso específico del mezcal, éste se ha convertido en una alternativa productiva en diversos estados de la república, impactando positivamente en la economía por medio de la generación de empleos y la respectiva dispersión de ingresos entre la población de esas entidades.

Lo anterior se da en el marco de las regiones geográficas que incluyen diversos municipios enlistados en la denominación de origen para el mezcal ubicados en Guerrero, Oaxaca, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Tamaulipas, Michoacán y, recientemente, Guanajuato y Puebla.

A lo largo del territorio nacional encontramos 183 áreas naturales protegidas decretadas como tales en el ámbito federal y en el caso de los estados arriba mencionados, son varios los territorios que inciden geográficamente en los municipios comprendidos en la referida “denominación de origen”, lo que representa un reto complejo en materia de gestión de la producción y de aprovechamiento sustentable.

Para efectos de la cadena productiva del mezcal y sus especificaciones la Secretaría de Economía emitió la norma oficial mexicana NOM-070-SCFI-2016, que integra los elementos de gestión y técnicos requeridos para la elaboración de esta bebida.

El instrumento normativo de mérito establece en su numeral 4, “especificaciones”, punto 4.1., referente a la materia prima para la elaboración de la bebida que:

“Están permitidos los magueyes o agaves, cultivados o silvestres, cuyo desarrollo biológico haya transcurrido en el área geográfica comprendida en la resolución y esté permitida su extracción por las autoridades competentes conforme a las leyes aplicables.

Los magueyes o agaves, así como los predios de donde proceden, deben registrarse y estar geo-referenciados ante el OEC (Observatrory Economic Complexity). Los magueyes o agaves deben estar maduros para cosecharse.

Se debe contar con la guía de maguey o agave en el traslado de la materia prima entre un predio registrado y un productor autorizado de mezcal.”

No obstante, para mejorar la efectividad en el manejo de las áreas naturales protegidas es necesario actualizar lo anterior de la siguiente manera:

La problemática alrededor del boom de la elaboración del mezcal gira en torno a los cambios de uso de suelo, la pérdida de riqueza biótica y la baja disposición de alimento disponible para los principales polinizadores en este tipo de ecosistemas: los murciélagos.

Al establecer que se deberá contar con el acompañamiento de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), específicamente en las regiones donde se produce mezcal dentro de un área natural protegida, garantizamos la solvencia genética del agave, la disposición de alimento para diversas especies y que los cambios de uso de suelo se lleven a cabo de manera vigilada y con medidas de restauración y mitigación adecuadas en beneficio de la conservación de la dinámica y servicios ecosistémicos que diversas regiones geográficas en el país nos otorgan.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, por medio de la Dirección General de Normas y del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la misma, a llevar a cabo las acciones necesarias a efecto de actualizar la norma oficial mexicana, NOM-070-SCFI-2016, respecto del procedimiento para el aprovechamiento de agaves en predios que se encuentran dentro de áreas naturales protegidas del orden federal.

Notas

1 Véase, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación, Cambridge, 2020.

2 Véase, Áreas Naturales Protegidas, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 13 de diciembre de 202. Disponible en: https://www.gob.mx/conanp/documentos/areas-naturales-protegidas-278226? state=published

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2022.

Diputado Juan Carlos Natale López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México, a la Sedema y a la Profepa a realizar un diagnóstico de salud de la elefanta Ely, ante los posibles padecimientos crónicos que sufre su condición física y mental, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quién suscribe, Jorge Alvarez Maynez, diputado federal a nombre de las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a la siguiente:

Exposición de Motivos

I. La explotación y tortura animal representa un verdadero problema para nuestro país, existen diversas actividades como, en su momento, eran en su momento las actividades en los circos, la venta de pieles en la industria peletera, la tauromaquia, el abandono de mascotas, así como la crianza de animales para vender a sus crias y la experimentación cientifica, son ejemplos de practicas crueles que denostan la falta de políticas publicas para salvaguardar la seguridad y el buen trato de la fauna en México.

Ejemplo de lo anterior es el caso de “Ely”, la última elefanta africana que se encuentra en la Ciudad de México, quien fue rescatada del circo “Hermanos Vázquez” cuando en el año 2012 el gobierno capitalino la compró debido al mal estado de salud en la que se encontraba. Ely fue trasladada al zoológico de San Juan de Aragón que es un albergue adaptado para el cuidado de elefantes, en este lugar fue atendida y ha sido su hogar durante 10 años.

Para el año 2017, la Asociación Civil “Abriendo Jaulas, Abriendo Mentes” como parte de un movimiento internacional para sacar a los elefantes del cautiverio, comenzó una campaña mediante la plataforma Change.org para trasladar a la elefanta a un santuario en Brasil, con esta ya se han recabado más de 157 mil firmas que apoyan dicha moción.

Sin embargo, el pasado 11 de agosto del presente año, en el marco del “Día Mundial del Elefante”, dicha campaña resurgió, ya que los activistas solicitaron directamente a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que trasladará a Ely a Brasil.

Diana Valencia, directora de la asociación antes mencionada, se pronunció al respecto del tema en una entrevista para Grupo Milenio, donde expresó lo siguiente: “La queremos liberar del encierro en el que se encuentra y de las cadenas mentales que ella tiene. Nuestro único objetivo es lograr que un ser tan maravilloso, consciente, inteligente, de manada, terminé sus días, que esperemos que sean muchos, en un lugar adecuado para ella, ya que se le privó de esto por muchísimos años”.1

El 13 de agosto del año 2021, la Asociación Civil “Abriendo Jaulas, Abriendo Mentes”, promovió un juicio de amparo para sacar a la elefanta del Zoológico de Aragón, el objeto era que Ely fuera declarada ¨persona no humana¨ y poder ser ella quién solicitará su propia libertad siendo ¨persona no humana¨, ese juicio fue desechado. Este año el juicio fue de nuevo aceptado, pero ahora se estudia si la tenencia legal de Ely en el zoológico vulnera los derechos humanos de su abogada.2

La directora de dicha asociación reconoce que las condiciones en las que se encuentra Ely en el zoológico son buenas, sin embargo, insiste en que lo mejor para la elefanta es vivir en un ambiente sin jaulas.

Diversas organizaciones, además de la ya mencionada, han hecho múltiples pronunciamientos para que Ely sea trasladada a Brasil, a lo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, declaró que se encontraba analizando el traslado de Ely, ya que no se sabe si esta podría aguantar un viaje tan largo en las condiciones de salud en las que se encuentra, sin embargo ya ha pasado más de un mes sin tener claridad sobre lo que pasará con la elefanta.

El caso de Ely es un ejemplo más de los innumerables casos de las circunstancias de los animales en cautiverio. Los animales tienen que vivir en libertad, para ello se requiere que estos lleven a cabo actividades que son naturales en ellos.

Datos de la elefanta Ely

- Origen africano

- Entre 37 y 39 años de edad

- Rescatada de un circo

- Llegó en 2012 al Zoológico de San Juan de Aragón (en agosto cumplio 10 años)

- Presenta problema crónico en su pata derecha, dermatitis y estereotipias

- Piden su traslado al santuario de elefantes en Brasil. 3

II. Por su parte la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en su fracción XVIII del artículo 3 señala lo siguiente:

“Artículo 3. XVIII.- Fauna silvestre: Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de seleccio?n natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores que se encuentran bajo control del hombre, así como los animales dome?sticos que por abandono se tornen salvajes y por ello sean susceptibles de captura y apropiación;”

Asimismo, se establece dentro del marco jurídico en el artículo 79 de la ley referida que para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre, se considerara?n los siguientes criterios:

“Artículo 79. VIII.- El fomento del trato digno y respetuoso a las especies animales, con el propo?sito de evitar la crueldad en contra de e?stas;

En lo sucesivo del artículo 87 bis 2:

“El gobierno federal, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de Me?xico, en el a?mbito de sus respectivas competencias, regulara?n el trato digno y respetuoso que debera? darse a los animales.

La regulación sobre trato digno y respetuoso se formulara? con base a los siguientes principios ba?sicos:

I. Suministrar a los animales agua y alimento suficientes, a efecto de mantenerlos sanos y con una nutricio?n adecuada;

II. Proporcionar a los animales un ambiente adecuado para su descanso, movimiento y estancia, de acuerdo a cada tipo de especie;

III. Suministrar a los animales atencio?n me?dica preventiva y en caso de enfermedad brindar tratamiento me?dico expedito avalado por un me?dico veterinario;

IV. Permitir a los animales la expresio?n de su comportamiento natural, y

V. Brindar a los animales un trato y condiciones que procuren su cuidado dependiendo de la especie.

III. Si bien, en México hemos tenido avance en materia de maltrato animal aún tenemos temas pendientes por considerar en la agenda pública, en la Bancada Naranja ponemos al centro la protección al medio ambiente y velamos por los derechos de la naturaleza.

En Movimiento Ciudadano consideramos que los animales como la elefanta Ely merecen y tienen que vivir en libertad, para ello se requiere que estos lleven a cabo actividades que son naturales en ellos, razón por la que nos unimos a las causas de las organizaciones protectoras de animales y desde nuestras atribuciones solicitamos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que realicen un diagnóstico de salud de la elefanta Ely ante los posibles padecimientos crónicos que sufre, su condición física y mental y en su caso se autorice su traslado al santuario de Brasil para su adecuada vigilancia.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, junto con la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que, con base en sus respectivas atribuciones, de manera urgente realicen un diagnóstico de salud de la elefanta Ely ante los posibles padecimientos crónicos que sufre, su condición física y mental y, en su caso, se autorice su traslado al santuario de Brasil para su adecuada vigilancia.

Notas

1 Milenio: “Ely, la elefanta africana que podría dejar la CdMx para vivir en santuario de Brasil“, recuperado de: https://www.milenio.com/politica/comunidad/elefanta-ely-en-zoologico-ar agon-de-cdmx-podria-ser-llevada-a-brasil

2 Ibidem.

3 Colectivos lanzan SOS por la elefanta más triste del mundo que vive en CDMX, Publimetro, CDMX, 16 de agosto de 2022, recuperado de:

https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/08/16/elefan ta-ely-en-cdmx-por-que-la-llaman-la-mas-triste-del-mundo/

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2022.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al IMSS a ampliar el programa de IMSS - Bienestar en el estado de México, suscrita por el diputado Javier Huerta Jurado y diputados del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscribimos, diputados integrantes de la LXV Legislatura por el Estado de México, pertenecientes al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, artículo 59, 65, numeral 1, artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Toda vez que tenemos conocimiento que el programa IMSS-BIENESTAR proporciona servicios médicos de primer y segundo nivel de atención a aproximadamente doce millones de mexicanos que viven en zonas rurales o urbanas y que, en su mayoría, atiende a la población que no cuenta con servicios de salud así como a las zonas marginadas, operando en diecinueve entidades de la República (Baja California, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Gurrero, Hidalgo, México Poniente, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz Norte y Sur, Yucatán y Zacatecas), cuyo objeto está centrado prioritariamente a la prevención de la salud y que, a pesar de que ha cambiado su denominación, el fin sigue siendo el mismo, ya que éste ha sido probado desde su creación, a finales de los años setenta. Además, considerar que para el presente ejercicio fiscal 2022, se aprobó un presupuesto que, para el Sector Salud, representa un incremento del 14.6% que asciende a los 824,181 millones de pesos respecto con el año 2021. Si bien, dicho aumento se centra en la atención de la Covid-19, también se prioriza la atención del primer y segundo nivel, resultando que los mayores incrementos se dan a la Secretaría de Salud y en las aportaciones a la seguridad social (ramo 19) con 41 mil 562 millones de pesos y 38 mil 920 millones de pesos más que el aprobado el año anterior, respectivamente1 .

Los diputados federales del Estado de México del Grupo Parlamentario de Morena, exhortamos al Director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) su apoyo a fin de que el Programa IMSS-BIENESTAR amplié su cobertura en el Estado de México ya que, a pesar de estar presente en la Región Poniente de la entidad con dos Hospitales Rurales (Amanalco y San José del Rincón), así como con treinta establecimientos de salud de primer nivel de atención, no se cubre la demanda de la población en virtud de que se trata de la entidad que tiene la población más grande del país toda vez que, de acuerdo con el censo 2020 de Población y Vivienda proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el Estado de México cuenta con 16,992,418 habitantes, de los cuales solo el 67% que asciende a 11,384,920 está afiliado a los diversos servicios de salud (Gráfica 1), es decir, el 33% que asciende a 5,607,498 habitantes no tienen acceso a ésta.

Adicionalmente, contemplar que, de acuerdo con la metodología aplicada para la determinación de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) 20222 en donde se utilizaron ciertas consideraciones, en tanto a las zonas rurales y urbanas, como los más altos índices de marginación, rezago social en el país, en éste se ubican treinta y dos municipios que cumplen con dichas características, resultando que la zona conurbada del Estado de México carece de los sistemas básicos de salud.

Es importante mencionar que en el rubro del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), mismo que se creó en enero de 2020, se incluye también a la población que, de acuerdo con el censo, declaró estar afiliada al Seguro Popular, así como para el rubro “otra institución”, se incluye instituciones de salud públicas o privadas.

En ese sentido, de la población afiliada a las diversas Instituciones Público-Privado de los Servicios de Salud en el Estado de México, sólo el 0.6% se concentra dentro del programa de IMSS-Bienestar (Gráfica 2).

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. - La Honorable Cámara de Diputados exhorta al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) amplié la cobertura del Programa IMSS-BIENESTAR en el Estado de México a fin de cubrir la demanda, en materia de salud, de la población.

Notas :

1. Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.

2. Gaceta Parlamentaria, Número 5864-F, San Lázaro, 8 de septiembre de 2021.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2022.

Diputados: Javier Huerta jurado, Arturo Hernández Tapia, Martha Robles Ortíz, Nelly M. Carrasco Godínez, Graciela Sánchez Ortiz, Noemí Salazar López, Juan Ángel Bautista Bravo, Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, Celestina Castillo Secundino, Alma Delia Navarrete Rivera, Susana Cano González, Armando Corona Arvizu, Verónica Collado Crisolia, Yeidckol Polevnsky, Martha Azucena Camacho Reynoso, Ángel Miguel Rodríguez Torres (rúbricas)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua y a la SADM de Monterrey (IPD) a instrumentar acciones de mantenimiento en los empaques de la cortina y compuertas de la presa La Boca, a cargo del diputado Héctor Israel Castillo Olivares, del Grupo Parlamentario del PAN

Héctor Israel Castillo Olivares , diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La crisis hídrica en el estado de Nuevo León ha sido una problemática que desde principios de 2022 ha impactado negativamente a la población en general y los sectores productivos, por lo que las instancias federal y local han implementado una serie de medidas de carácter extraordinario y transitorio para su mitigación.

En este contexto, el 13 de enero del presente año, el titular del Poder Ejecutivo del estado, el director de Agua y Drenaje de Monterrey (IPD) y el director general del Organismo Cuenca Río Bravo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) suscribieron un convenio de coordinación1 para establecer lineamientos, conjuntar recursos y formalizar acciones en materia de infraestructura hidroagrícola, agua potable, alcantarillado y saneamiento, cultura del agua en beneficio de Nuevo León e impulsar una agenda hídrica conjunta con la federación.

El citado instrumento administrativo se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de marzo de 2022, bajo la denominación “Convenio Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y el estado de Nuevo León, con el objeto de establecer los lineamientos para conjuntar recursos y formalizar acciones en las materias de infraestructura hidroagrícola, agua potable, alcantarillado y saneamiento y cultura del agua en beneficio de la entidad.”2 (Convenio Marco).

De manera particular, la cláusula segunda del convenio de referencia establece una serie de acciones enunciativas más no limitativas, en materia de infraestructura hidroagrícola; de agua potable, alcantarillado y saneamiento y, de cultura del agua, para el cumplimiento del objeto del convenio,3 en los términos siguientes:

En materia de Infraestructura Hidroagrícola:

-Rehabilitar, tecnificar, construir o conservar la infraestructura hidroagrícola.

-Rehabilitar, tecnificar, relocalizar o reponer pozos profundos.

-Adquirir y rehabilitar íntegramente maquinaria y equipo para la conservación de la infraestructura hidroagrícola; así como el equipamiento de talleres.

-Capacitar y otorgar asistencia técnica para fomentar el uso eficiente del agua, en prácticas de la conservación, rehabilitación, tecnificación y administración de la infraestructura hidroagrícola y en la consolidación de la gestión de las organizaciones de usuarios.

-Tecnificar sistemas de riego y drenaje.

-Fomentar la medición del agua.

-Elaborar estudios y proyectos ejecutivos para la rehabilitación o tecnificación de la infraestructura hidroagrícola.

-Recuperar suelos ensalitrados y controlar maleza acuática en cuerpos de agua.

-Construir infraestructura de riego suplementario en áreas de temporal tecnificado.

Las acciones anteriormente descritas se circunscribirán en el ámbito de los distritos de riego, de las unidades de riego organizadas y de los distritos de temporal tecnificado.

En materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento:

-Elaborar estudios y proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

-Construir, mejorar, ampliar y/o rehabilitar infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas y rurales.

-Operar y mantener plantas de tratamiento de aguas residuales en zonas urbanas y rurales.

-Acciones u obras de infraestructura para prevenir o apoyar la reducción de la vulnerabilidad de la sociedad frente a los efectos del cambio climático.

-Mejorar las eficiencias física y comercial de organismos operadores, prestadores de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

-Fortalecer a los participantes a nivel estatal y municipal, en materia de planeación sectorial, promoción y desarrollo de la atención a las localidades rurales.

-Capacitar al personal que participa en la prestación de los servicios o en la operación y ejecución de los programas.

-Fomentar y ampliar la cobertura de desinfección y la eliminación o disminución de sustancias químicas del agua para consumo humano.

-Promover la participación social de la población a beneficiar, de manera organizada en la gestión, construcción, operación y seguimiento de las obras y servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

En materia de cultura del agua:

-Contribuir a que la población de “el estado” use responsablemente el recurso del agua para la preservación del equilibrio hidrológico, así como impulsar el desarrollo hacia una nueva cultura del agua.

-Promover, comunicar y difundir la cultura del agua, considerando su naturaleza vital, escasez, valor económico, social y ambiental, y gestión integrada; de acuerdo a los principios que marca la normatividad vigente.

-Desarrollar y aplicar estrategias en materia de cultura del agua para promover hábitos y prácticas favorables en el uso y consumo del agua.

-Realizar acciones de promoción, orientación y difusión de conocimientos básicos de prevención sanitaria, uso eficiente y racional del agua, así como del cambio climático a los distintos sectores de la sociedad.

-Instalar y fortalecer espacios de cultura del agua con la participación de los estados, municipios, organismos y asociaciones privadas y no gubernamentales.

-Realizar eventos que transmitan los conocimientos para la valoración y uso eficiente del recurso hídrico.

-Formar competencias al personal involucrado en la ejecución del programa relativo a cultura del agua.

-Elaborar material didáctico, para mejorar y cambiar los hábitos de la sociedad hacia un uso responsable del agua.

“Las partes” atenderán oportunamente, dentro de su marco legal de actuación, las resoluciones judiciales y recomendaciones que en materia de derechos humanos se emitan respecto de las acciones anteriormente enlistadas.

En lo que respecta a la Cláusula cuarta. Otras acciones , se prevé que cuando se determine la necesidad de instrumentar acciones que no estén incluidas en la cláusula segunda del presente instrumento, “La Conagua” podrá expedir dentro del ámbito de su competencia, lineamientos específicos que permitan su realización.

Por su parte, las cláusulas Décima Cuarta. Vigencia, determina que el convenio como inicio de la entrada en vigor a partir de su suscripción y su conclusión el 31 de diciembre de 2024 y, la Décima Sexta. Modificaciones permite a las partes la modificación de su contenido de común acuerdo y por escrito.

Ahora bien, el 7 de septiembre del presente año, diversos medios de comunicación como el periódico El Norte , publicaron notas periodísticas sobre la problemática que presenta una de las principales presas de abastecimiento de agua, localizada en el municipio de Santiago, Nuevo León:

“La Presa La Boca por fin tuvo agua, pero la mala noticia es que ya presenta una fuga en su cortina.

Los escurrimientos se presentan principalmente en dos compuertas y de forma muy ligera en otras tres, al llegar de nuevo el agua a la altura de la cortina. Agua y Drenaje informó que aparentemente se trata de un problema ligado a empaques resecos en las compuertas, tras varios meses sin contacto con el agua.

El organismo señaló que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) hará una inspección para comprobar el origen del problema.

La Conagua confirmó que son fugas a consecuencia de una resequedad en los sellos de las compuertas, luego de estar mucho tiempo sin agua y que personal técnico verificará la situación.

La Boca amaneció hoy con un 68 por ciento de llenado.”4

En el mismo sentido, la Asociación Vecinos en Acción a través de Twitter, alertó a través de un video: Atentos Mty Sur ¡vecinos en acción! @AtentosMTYSur: “Que explicación nos puede dar la autoridad sobre el escurrimiento de la presa si no se llena al 100”.5

En la fecha mencionada, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informó que la Conagua en las próximas horas integraría un dictamen tras detectarse escurrimientos o filtraciones en las compuertas por empaques resecos ante la sequía severa de la presa de La Boca, en Santiago, Nuevo León.6

Ahora bien, en términos de la Cláusula Cuarta. Otras Acciones del convenio marco en comento, resulta indispensable que la Conagua -como autoridad en materia de la cantidad y de la calidad de las aguas y su gestión en el territorio nacional-,7 en coordinación con Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (IPD), instrumenten las acciones de mantenimiento urgente en empaques de las cortinas y compuertas de la presa La Boca, a partir de la expedición de lineamientos específicos para su realización.

En mi calidad de diputado federal por el Distrito 1 de Santa Catarina y San Pedro Garza García, Nuevo León, estoy convencido que independientemente a la temporada de lluvias en el territorio nacional, el panorama de crisis sistemática de escasez de agua en la entidad nos demanda a intensificar esfuerzos de los tres órdenes de gobierno orientados al fortalecimiento de la infraestructura hidráulica de la presa La Boca, para evitar riesgos de fuga y estrés hídrico.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Comisión Nacional del Agua y de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (IPD), para que en el marco de sus atribuciones y de la cláusula cuarta del Convenio Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y el estado de Nuevo León, con el objeto de establecer los lineamientos para conjuntar recursos y formalizar acciones en las materias de infraestructura hidroagrícola, agua potable, alcantarillado y saneamiento y, cultura del agua en beneficio de la entidad, del 13 de enero de 2022; instrumenten acciones de mantenimiento urgente en los empaques de la cortina y compuertas de la presa La Boca, a partir de la expedición de lineamientos específicos para su realización.

Notas

1 Suscriben convenio de colaboración Gobierno del Estado y Comisión Nacional del Agua, 13 de enero de 2022.

https://www.nl.gob.mx/boletines-comunicados-y-avisos/
suscriben-convenio-de-colaboracion-gobierno-del-estado-y-comision

2 [1] Convenio Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y el Estado de Nuevo León, con el objeto de establecer los lineamientos para conjuntar recursos y formalizar acciones en las materias de infraestructura hidroagrícola, agua potable, alcantarillado y saneamiento y cultura del agua en beneficio de la entidad, Diario Oficial de la Federación, 01/03/2022. http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5644136&fec ha=01/03/2022#gsc.tab=0

3 Ibidem

4 José Villasáez, José, “Se repone La Boca... pero ya presenta fuga”, periódico El Norte, Monterrey, México, 07 septiembre 2022, 09:59 hrs.

https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=
https://www.elnorte.com/se-repone-la-boca-pero-ya-presenta-fuga/ar2466291?v=3&referer=
—7d616165662f3a3a6262623b70797b7a6761703b767a783a—

5 Atentos Mty Sur ¡vecinos en acción! @AtentosMTYSur https://twitter.com/atentosmtysur/status/1567472448613793792?s=24&t =SSMGu4qHIuzOR-9vHPFBVA

6 Robledo Raúl, “Reportan fuga en presa La Boca, en NL,” 07 de septiembre de 2022.

https://www.milenio.com/sociedad/conagua-revisara-filtra ciones-compuertas-boca-agua-drenaje

7 [1] Artículo 9 fracción I y demás aplicables de la Ley de Aguas Nacionales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2022.

Diputado Héctor Israel Castillo Olivares (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a incluir en el Programa Anual de la Cuenta Pública de 2021 las auditorías de cumplimiento financiero, desempeño y combinadas a la Guardia Nacional, para fiscalizar la administración de los recursos presupuestados, a cargo del diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones IV, V y VI; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

La Guardia Nacional es una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuyo objeto es realizar la función de seguridad pública a cargo de la federación y, en su caso, conforme a los convenios que para tal efecto se celebren, colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas o municipios.1

Fue creada a partir del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019.2

La Ley de la Guardia Nacional señala como sus fines: I. Salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, así como preservar las libertades; II. Contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social; III. Salvaguardar los bienes y recursos de la nación, y IV. Llevar a cabo acciones de colaboración y coordinación con entidades federativas y municipios.3 Para ello, deberá aplicar, de acuerdo a sus atribuciones y obligaciones, los programas, políticas y acciones que integran la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.4

En nuestro país, la ciudadanía demanda de manera cada vez mayor, entidades públicas que garanticen un actuar transparente, eficaz y eficiente, para ello, se han establecido en la legislación, los instrumentos mediante los cuales se puede ejercer la fiscalización de los recursos públicos.

Una de las principales obligaciones de las instituciones que integran los tres órdenes de gobierno, es el correcto ejercicio de los recursos públicos de que disponen para el cumplimiento de sus fines y de los objetivos establecidos en los planes y programas para los que han sido destinados. Asimismo, las dependencias deberán realizar e implementar las acciones necesarias para dar cumplimiento a sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.

Ugalde define la rendición de cuentas como: “la obligación permanente de los mandatarios o agentes para informar a sus mandantes o principales de los actos que llevan a cabo como resultado de una delegación de autoridad que se realiza mediante un contrato formal o informal y que implica sanciones en caso de incumplimiento”.5

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas6 determina que la fiscalización comprende:

I. La fiscalización de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, y demás disposiciones legales aplicables, en cuanto a los ingresos y gastos públicos, así como la deuda pública, incluyendo la revisión del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos federales, así como de la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas deban incluir en dicho documento, conforme a las disposiciones aplicables, y

II. La práctica de auditorías sobre el desempeño para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos de los programas federales.

Para ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deposita en la Auditoría Superior de la Federación la función de fiscalización, debiendo ser ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.7

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), es el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, dotado de autonomía técnica y de gestión, se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales. El resultado final de la labor de la ASF son los Informes Individuales de Auditoría y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.8

Para el cumplimiento de sus fines, la ASF realiza distintos tipos de revisiones: de cumplimiento financiero y de desempeño, mismas que se detallan en seguida:

I. Auditoría de cumplimiento financiero 9

Se revisa que la recaudación, captación, administración, ejercicio y aplicación de recursos aprobados por el Congreso se lleven a cabo de acuerdo con la normativa correspondiente, y que su manejo y registro financiero haya sido correcto.

Bajo esta categoría se incluyen las siguientes cinco modalidades:

1) Auditoría de inversiones físicas: su materia de análisis son los procesos de adquisición, el desarrollo de las obras públicas, la justificación de las inversiones, el cumplimiento de los estándares de calidad previstos, la razonabilidad de los montos invertidos, así como la conclusión de las obras en tiempo y forma.

2) Auditoría forense: consiste en la aplicación de una metodología de fiscalización que conlleva la revisión rigurosa y pormenorizada de procesos, hechos y evidencias, con el propósito de documentar la existencia de un presunto acto irregular.

3) Auditoría a las tecnologías de la información y comunicaciones: se revisan las adquisiciones, administración, aprovechamiento de sistemas e infraestructuras, calidad de los datos y la seguridad de la información de las entidades públicas.

4) Auditoría a los sistemas de control interno: se evalúan las políticas, procesos y actividades que aseguran el cumplimiento de los objetivos institucionales.

5) Auditoría al gasto federalizado: consiste en la fiscalización del ejercicio presupuestario y el cumplimiento de metas y objetivos de los fondos y programas financiados con recursos federales transferidos a estados y municipios, para renglones como educación, salud, creación de infraestructura básica, abatimiento de la pobreza y seguridad pública. De la misma forma, bajo este rubro se revisan las participaciones federales.

II. Auditoría de desempeño

Las auditorías de desempeño son definidas por la ASF, con base en lo establecido por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), como una revisión objetiva y confiable que permite conocer si las políticas públicas operan bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía.

Las auditorías de desempeño otorgan información, análisis y perspectivas sobre el quehacer gubernamental para minimizar los costos de los recursos empleados; obtener el máximo de los insumos disponibles; lograr los resultados previstos, y verificar el impacto social y económico para la ciudadanía.

Para dar cumplimiento a las obligaciones que la Constitución y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación le imponen, la ASF ha hecho entrega a la Cámara de Diputados, de los informes individuales sobre la revisión de las Cuentas Públicas 2019 y 2020, los cuales revelan una serie de irregularidades, efectuadas por la Guardia Nacional.

En la Cuenta Pública 201910 se practicaron las siguientes auditorías:

Guardia Nacional

Diseño e instrumentación de la Guardia Nacional

Auditoría de desempeño: 2019-5-36H00-07-0085-2020

85-GB

En el resumen de observaciones y acciones se determinaron 13 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este informe. Los 6 restantes generaron 7 recomendaciones al desempeño.

El dictamen resolvió que, a 2019, la Guardia Nacional (GN), se encontró en proceso de conformación, y los resultados evidenciaron que en dicho año la GN, la Sedena, la Semar y la SSPC avanzaron en las acciones preparatorias para la transición gradual de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos; sin embargo, se identificó que es necesario dar mayor transparencia al proceso, en específico, a la transferencia de recursos a la SSPC, así como a los transferidos por la PF; asimismo, también se acreditó que se avanzó en la instrumentación del servicio de carrera policial conforme a una programación en términos del reclutamiento, ingreso y formación; el despliegue territorial, y la instalación de infraestructura y equipamiento; no obstante, se requiere fortalecer el desempeño en cuanto a garantizar que el personal que integra e ingrese a la GN cumpla con los requisitos para formar parte de la misma, como lo son las evaluaciones de controles de confianza y con ello, obtener su Certificado Único Policial, como elemento indispensable para que la GN logre constituirse en una corporación de seguridad pública de carácter civil, con las capacidades necesarias y con personal profesional y disciplinado, así como fortalecer las estrategias y los criterios para el despliegue territorial y adquisición de equipamiento.

Por ello, se emiten recomendaciones al desempeño para que la SSPC, en coordinación de la GN, previo a la conclusión de la transferencia de recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos, verifique que se disponga del instrumento jurídico y las adecuaciones presupuestarias que sustenten cada movimiento y, para que en materia de equipamiento e infraestructura, defina y genere información para determinar cuáles serán los criterios para el despliegue operativo y que, en el mediano plazo, defina la estrategia por la cual, la GN asumirá, desde la autorización del despliegue, hasta la construcción y uso de las instalaciones y, para que el SESNSP actualice el Programa Rector de Profesionalización en función de las necesidades de la GN en materia de profesionalización.

Guardia Nacional

Erogaciones de la Guardia Nacional

Auditoría de cumplimiento: 2019-5-36H00-19-0086-2020

86-GB

En esta auditoría se determinó un monto por aclarar por 18 millones 376 mil 700.89 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 11 mil 998.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 18 millones 364 mil 702.89 pesos están pendientes de aclaración.

Así también, se determinaron 32 resultados, de los cuales, en 16 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 11 restantes generaron 14 recomendaciones, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 pliego de observaciones.

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado para las erogaciones de la Guardia Nacional se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables y, específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Guardia Nacional y las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:

Se identificaron deficiencias en el manejo presupuestal y en el ejercicio de los recursos destinados para atender las necesidades de seguridad nacional relativas a las actividades realizadas a nombre de la Guardia Nacional (GN), toda vez que, en los recursos ejercidos por la GN, se efectuaron pagos por 15 mil 817.8 miles de pesos por concepto de la compensación de 5 mil 576 elementos asignados sin que se presentara la evidencia de la dispersión de recursos realizada a las cuentas de los beneficiarios, y no se acreditó que se realizó el pago de la compensación a 1,384 elementos asignados por 2 mil 546.9 miles de pesos. Además, se observó que se realizaron pagos en demasía a 26 elementos por 53.2 miles de pesos sin acreditar que fueron recuperados y reintegrados a la Tesorería de la Federación.

Respecto de los recursos ejercidos por la Secretaría de la Defensa Nacional, no se incluyeron, en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios ni en sus modificaciones, las contrataciones realizadas por 848 mil 434.2 miles de pesos para cubrir las necesidades de bienes e insumos para la GN, ni tampoco se incluyeron dentro de los informes trimestrales de la conclusión y resultados generales presentadas a su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Por su parte, se identificó que la Secretaría de Marina no solicitó a los proveedores, con los que suscribieron 8 contratos, que acreditaran el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, y a los proveedores, con quienes se celebraron 2 contratos, no les solicitó la presentación de la Constancia de Situación Fiscal emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Asimismo, en la adjudicación de dos convenios específicos de colaboración a la Universidad de Ciencias de la Seguridad del estado de Nuevo León, no se realizaron acciones para obtener las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, toda vez que la documentación que justifica la necesidad de contratar el servicio, tales como requisición del área e investigación de mercado, se elaboró después de la contratación.

Esto es, la creación de la Guardia Nacional se vio plagada de irregularidades y deficiencias en el manejo presupuestal y en el ejercicio de los recursos destinados para atender las necesidades de seguridad nacional, no se acreditó el cumplimiento de la totalidad de los requisitos, ni de la formación inicial ni la certificación que demostrara la aptitud de los elementos para el desempeño del trabajo y, con relación al despliegue territorial e infraestructura y equipamiento, dicha delimitación no se realizó en función de la incidencia delictiva de la entidad federativa a donde se encuentra ubicada.

En cuanto a la Cuenta Pública 2020,11 la ASF entregó a la Cámara de Diputado los siguientes informes de auditoría:

Guardia Nacional

Auditoría de TIC

Auditoría de Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones: 2020-5-36H00-20-0104-2021

104-GB

Se determinaron 6 resultados, de los cuales, 6 generaron: 6 recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las contrataciones relacionadas con las TIC, su adecuada gobernanza, administración de riesgos, seguridad de la información, continuidad de las operaciones, calidad de datos, desarrollo de aplicaciones y aprovechamiento de los recursos asignados en procesos y funciones, así como comprobar que se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Guardia Nacional no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:

• La GN no llevó un registro de los gastos erogados por unidad administrativa, incluyendo la DGTIC.

• Para el convenio modificatorio número PF/SG/CSG/DGRM/C031-1/2019, así como para el contrato número GN/CAF/DGRM/C020/2020 Servicios de Comunicación Satelital, celebrados con Intercomunicaciones Móviles Satelitales, S.A. de C.V., se observó:

- Los costos unitarios aplicados en los pagos de 2020 no están estipulados ni formalizados de manera contractual.

- La investigación de mercado presentó irregularidades y no se realizó un estudio de factibilidad para la contratación.

• Para el convenio modificatorio número PF/SG/CSG/DGRM/C032-1/2019 y para el contrato número GN/CAF/DGRM/C019/2020 “Servicios de Comunicación Satelital”, celebrados con Spacenet Communications Services de México, S.A. de C.V., se identificó lo siguiente:

- La investigación de mercado presentó irregularidades y no se realizó un estudio de factibilidad para la contratación.

- La GN carece de evidencia que acredite que realizó una revisión y pruebas de verificación de los componentes implementados a fin de que cumplieran con las características solicitadas.

- La GN no contó con elementos para acreditar que los servicios hayan cumplido con los niveles de servicio establecidos. La GN no definió mecanismos ni procedimientos para el llenado de los “protocolos de servicios”, lo que ocasionó que estos fueran integrados con diferentes datos y documentación soporte, sin que fueran revisados por el administrador del contrato.

• Para el contrato número PF/SG/CSG/DGRM/C035-1/2019 “Servicio de Cómputo de Escritorio y Centro de Administración Tecnológica 2019” celebrado con Mainbit, S.A. de C.V., se observó lo siguiente:

- Los costos unitarios de los pagos de 2020 no fueron formalizados de manera contractual.

- La GN siguió utilizando los equipos arrendados pese a que ya había terminado la vigencia del contrato (mayo a noviembre de 2020); no se tiene evidencia de que a todos los equipos se haya aplicado borrado seguro al ser retirados por el proveedor

• Para el contrato número GN/CAF/DGRM/C005/2020: Servicio de Fotocopiado, Impresión y Escaneo de Documentos celebrado con Organización Mitamex, S.A. de CV.; se observó lo siguiente:

- La GN realizó el procedimiento de contratación bajo el supuesto de “Seguridad Nacional” artículo 41, fracción IV de la LAASSP, sin embargo, no acreditó que la contratación asegurara al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad en términos de lo establecido en el artículo 26 de la LAASSP.

- La GN no llevó un control de la volumetría mes a mes a efecto de no rebasar lo pactado contractualmente.

• Para la revisión del gobierno de las TIC:

- No contó con un modelo de gobierno de las TIC definido ni formalizado; de la evaluación realizada por la ASF en la que se consideran los cinco dominios que integran CoBIT® 2019, del total de 200 actividades no cumplieron con 109 (54.9 por ciento).

- La GN no contó con mecanismos de gestión de riesgos, inventarios actualizados ni la definición de las capacidades digitales durante la transición de la Policía Federal a la Guardia Nacional.

Guardia Nacional

Recursos Destinados a la Guardia Nacional

Auditoría de cumplimiento: 2020-5-36H00-19-0105-2021

105-GB

En esta auditoría se determinaron 9 millones 468 mil 080.00 pesos pendientes por aclarar y se determinaron 31 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y 13 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 9 restantes generaron 2 recomendaciones, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 pliego de observaciones.

Los resultados señalan que la Guardia Nacional (GN), las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como el Instituto de Formación Policial del Estado de Chiapas cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:

Por su parte, la Secretaría de Marina (Semar), omitió comunicar de manera oportuna a la Guardia Nacional la baja de 7 elementos de dicha secretaría que se encontraban asignados para efectuar actividades de la Guardia Nacional, lo que ocasionó que ésta última realizara pagos improcedentes por un monto total de 27.1 miles de pesos por concepto de compensación por promedio diario durante el ejercicio 2020. Además, suscribió un Convenio Específico de Colaboración con el Instituto de Formación Policial del estado de Chiapas (IFPCH) sin haber verificado que dicho instituto contara con la capacidad técnica, material y humana para la realización de la prestación del servicio de capacitación a los elementos de la Semar; asimismo, pagó dicho servicio de capacitación sin que se hubiera devengado totalmente, ni supervisó la impartición de los cursos, y, además, se comprobó que el IFPCH subcontrató a una persona moral para que otorgara los servicios; asimismo, los instructores no estaban certificados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para impartir cursos en materia de seguridad pública y se otorgaron cursos avalados por el mismo instructor en la misma fecha pero en diferente sede.

Por su parte, se identificó que el IFPCH subcontrató el 100.0 por ciento de los servicios de capacitación referidos que se otorgaron a los elementos de la Semar, por lo cual pagó a la empresa subcontratada el 81.0 por ciento del monto total pagado por la citada secretaría; asimismo, el IFPCH sólo participó en la validación de los entregables (evidencia fotográfica, exámenes, informe de actividades, listas de asistencia y lista de calificaciones) proporcionados por la empresa subcontratada, así como en la emisión y firmas del Director General del IFPCH de las constancias de conclusión de los cursos de capacitación de cada elemento de la Semar.

Por otra parte, respecto de los recursos ejercidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se omitió comunicar a la Guardia Nacional de la baja de 15 elementos que se encontraban asignados a esta última, motivo por el cual se les realizaron pagos improcedentes.

Finalmente, se observó que la Guardia Nacional desconoce la totalidad de los recursos ejercidos y el tipo de adquisiciones de bienes y servicios efectuadas por la Semar y la Sedena para cubrir sus necesidades, toda vez que no se efectúan trabajos de manera conjunta con dichas dependencias en las que se realice la planeación y posterior consolidación de la información de los recursos ejercidos, con la finalidad de que coadyuve en la toma de decisiones por parte de la propia Guardia Nacional y las dos dependencias, y que dichos recursos se destinen a atender las necesidades del servicio de seguridad pública de manera eficiente, eficaz y transparente.

Estas observaciones generan gran preocupación, pues los resultados arrojan importantes irregularidades en el manejo de los recursos que le fueron asignados a la Guardia Nacional para el cumplimiento de sus fines.

No obstante la gravedad de dichos resultados, no se encuentra en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de febrero de 202212 , ni en la publicación con modificaciones del 1 de agosto de 2022, ninguna auditoría programada a la Guardia Nacional.13

El día 31 de agosto de 2020, se presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa del titular del Poder Ejecutivo para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascenso y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública.

La Guardia Nacional fue creada como una institución policial de carácter civil, sin embargo, con esta iniciativa se transfiere su control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, estableciendo que se hará de conformidad a la Estrategia Nacional de Seguridad que defina la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Por ello, y en prevención de que esta reforma sea aprobada por el Congreso de la Unión, es necesario que antes de que se configuren los cambios propuestos para la Guardia Nacional, se practiquen las auditorías que resulten oportunas y necesarias para fiscalizar la administración, ejercicio y aplicación de los recursos presupuestados y realizar una revisión objetiva y confiable que permita conocer si las políticas públicas implementadas fueron operadas bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Auditoría Superior de la Federación, para que en el ejercicio de sus atribuciones incluya en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, las auditorías de cumplimiento financiero, desempeño y combinadas, a la Guardia Nacional, que resulten necesarias para fiscalizar la administración, ejercicio y aplicación de los recursos presupuestados, así como para que se efectúe una revisión objetiva y confiable que permita conocer si las políticas públicas implementadas fueron operadas bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía, desde su creación y hasta el 31 de agosto de 2022.

Notas

1 Ley de la Guardia Nacional, Artículos 4 y 5. Tomado de: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGN_270519.pdf

2 Diario Oficial de la Federación. 26 de marzo de 2019. Tomado de:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5555126&fecha=26/03/2019#gsc.tab=0

3 Ley de la Guardia Nacional, Artículo 6. Tomado de: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGN_270519.pdf

4 Ley de la Guardia Nacional, Artículo 7. Tomado de: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGN_270519.pdf

5 Ugalde, Luis Carlos, Rendición de cuentas y democracia. El caso de México, Instituto Federal Electoral. México, 2002,

6 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Artículo 2. Tomado de:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRCF_20052 1.pdf

7 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 79, segundo párrafo. Tomado de:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

8 Tomado de:

https://www.asf.gob.mx/Section/45_Acerca_de_la_ASF

9 Auditoría Superior de la Federación. Tomado de: https://www.asf.gob.mx/Section/53_Tipos_de_auditorias_desarrolladas

10 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, páginas 180 a 185. Auditoría Superior de la Federación. Tomado de:

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019c/Documentos /Informes_simplificados/2019_ficha_GB_a.pdf

11 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, páginas 164 a 168. Auditoría Superior de la Federación. Tomado de:

12 Diario Oficial de la Federación, 11 de febrero de 2022. Tomado de:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5642605&fecha=11/02/2022#gsc.tab=0

13 Diario Oficial de la Federación, 01 de agosto de 2022. Tomado de: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5659845&fecha=01/08/2022 #gsc.tab=0

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 5 de septiembre de 2022.

Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Lidia Pérez Bárcenas, del Grupo Parlamentario de Morena

Lidia Pérez Barcenas, diputada de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El crecimiento del sector inmobiliario en la Ciudad de México ha presentado un especial dinamismo en la última década, sin embargo, ha contado con un enorme componente de corrupción e irregularidades, especialmente en el periodo comprendido entre 2012 - 2021 concentrándose primordialmente en alcaldías como Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

Con la finalidad de incentivar la construcción de viviendas de interés social, sustentables y que garantizará el rescate y mejoramiento del Patrimonio Cultural Urbano de la Ciudad de México, el 10 de agosto de 2010 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la “Norma para incentivar la producción de vivienda sustentable”, de interés social y popular”, también conocida como la “Norma 26”1

La Norma 26, otorgaba facilidades administrativa e incentivos a los constructores de vivienda cuyo precio final de venta se encontrará entre 20 hasta 30 veces el salario mínimo anualizado (VSMA). El principal estímulo que recibían las empresas constructoras era la posibilidad de agregar un mayor número de viviendas y niveles en sus desarrollos.

Pese a que el objetivo de la Norma 26 era la creación de vivienda popular destinada a la población con menores ingresos de la Ciudad, el ordenamiento jurídico fue objeto de abuso por parte de múltiples constructores quienes bajo el amparo de esta, en colusión con autoridades, construyeron departamentos con precios muy por encima de lo permitido.

Las múltiples violaciones a la legislación y los reglamentos en materia de construcciones dentro de la demarcación Benito Juárez han sido objeto de diversos señalamientos de corrupción a cargo de funcionarios públicos, denunciados por vecinos y distintos trabajos periodísticos, entre otros, por el abuso en el uso de la Norma 262 .

En febrero de 2014, durante la gestión del entonces Jefe Delegacional en Benito Juárez, el panista, Jorge Romero Herrera, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), emitió la recomendación 02/2014 en contra de la demarcación por violaciones en materia de construcción en distintos inmuebles ubicados dentro de sus límites territoriales3 .

Ex edil, quien por cierto, ha sido señalado por la adquisición de un de pent-house de lujo a un precio muy por debajo del valor de mercado, transacción por la cual pagó tan solo $1,600,000 a la empresa “Grupo Rouz”, desarrolladora con una muy importante presencia en la construcción de obras dentro de la demarcación4 .

Segunda. En un hecho conocido, la tarde del 19 de septiembre de 2017 un sismo de magnitud 7.1°5 fue registrado en la Ciudad de México. Fenómeno que de acuerdo con información oficial proporcionada por el Gobierno de México, provocó la muerte de 228 personas solo en la Ciudad de México, destacando de forma lamentable como las demarcaciones con mayor número de víctimas mortales las alcaldías Cuauhtémoc con 102 y Benito Juárez con 43 decesos, es decir 44.7% y 18.9% respectivamente6 .

Asimismo, el sismo provocó el colapso de 44 inmuebles de los cuales, nuevamente, la demarcación con mayor número de derrumbes fue Benito Juárez con 147 . Cifra que sumada a los edificios que no cayeron, pero que fueron desalojados ante el riesgo en sus estructuras sumaron 35, de los cuales, 17 fueron construidos dentro de los previos 10 años al sismo, es decir 1 de cada 4 inmuebles fue construido con el aval y la supervisión de las autoridades de la delegacionales entre 2007 y 20178 .

A mayor abundamiento, a continuación se enlista el nombre de los titulares de la demarcación Benito Juárez:

Tercera. El pasado 30 de julio de 2022, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fgjcdmx), a través de una conferencia de prensa, informó a la opinión pública diversas acciones emprendidas por ese órgano ministerial en relación al denominado “Cartel Inmobiliario”, quienes presuntamente, bajo el amparo de cargos públicos crearon una red de otorgamiento de permisos y colusiones fuera de la ley para la construcción de departamentos.9

Entre otras acciones, la Policía de Investigación llevó a cabo la detención, en cumplimiento de una orden de aprehensión, de Luis Vizcaíno Carmona, quien entre 2009 y 2016 se desempeñó como Director General de Jurídico y de Gobierno de la alcaldía Benito Juárez.

La Fiscalía, a través de su vocero, señaló contar con indicios de que el señalado aprovechó su posición como alto funcionario de la Alcaldía Benito Juárez para llevar a cabo extorsiones y supuestos intercambios de favores en beneficio de constructoras, obteniendo así lucros económicos para si mismo y para sus superiores jerárquicos, con los cuales se habría incrementado de forma considerable su patrimonio, no correspondiendo los montos a sus ingresos obtenidos como servidor público10 .

La Pgjcdmx dio a conocer que, un juez de control concedió órdenes de cateo para poder ingresar a 39 inmuebles presuntamente relacionados con los hechos delictivos, cumplimentando al momento de la información 21 de ellos. Resulta un hecho relevante señalar que, uno de los inmuebles intervenidos es actualmente arrendado por el ex Jefe Delegacional de Benito Juárez durante el periodo 2015 – 2018, Christian Damián Von Roehrich De La Isla, quien fuera superior jerárquico del hoy imputado.

Con fecha 4 de agosto de 2022, un juez de control adscrito al Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, decidió vincular a proceso Luis Vizcaíno Carmona por el delito de enriquecimiento ilícito, toda vez que la Fgjcdmx aportó en la carpeta de investigación los elementos necesarios a la autoridad judicial, concediendo además la medida cautelar denominada “prisión preventiva justificada” en contra del imputado y concediendo un periodo de 3 meses para la realización de la investigación complementaria11 .

Cuarta. Con relación a los señalamientos a los integrantes del denominado “Cartel Inmobiliario”, entre otros de Luis Vizcaíno Carmona y Nicias René Aridjis Vázquez ex Director de Obras y Desarrollo Urbano de Gobierno, el pasado 1 de agosto de 2022 Ulises Lara López, vocero de la Fgjcdmx, dio a conocer la forma de operación del presunto grupo delictivo, el cual permitió a varios funcionarios de la demarcación Benito Juárez incrementar de forma significativa su patrimonio de forma injustificada.

Los hoy señalados de pertenecer a la presunta red de corrupción, de acuerdo con las investigaciones, se coludían o en algunos casos extorsionaban a empresarios inmobiliarios para otorgar licencias y permisos, facilidades en verificaciones, autorizar construir más pisos o viviendas de los permitidos por las normas, así como para utilizar influencias en los procesos de zonificación y modificaciones de usos de suelo, todo ello a cambio de recibir inmuebles o dinero.

De igual forma, de manera ilegal se permitieron que fueran derrumbadas edificaciones con valor histórico, tal es el caso del edificio conocido como “La antigua Octava Delegación de Policía”, ubicado entre las calles de Obrero Mundial y Av. Cuauhtémoc, pese a que el INBA solicito por lo menos en dos ocasiones la suspensión de la obra, toda vez que la construcción formaba parte de su catálogo, en enero de 2014 se demolió el inmueble. Posteriormente en ese terreno se construyó un estacionamiento de la plaza comercial “Parque Delta”12 .

El vocero señaló que de 2017 a 2021, de manera posiblemente irregular se autorizaron más de 1,000 manifestaciones de construcción para obras nuevas en la Alcaldía, lo que motivó diversas investigaciones a cargo de la Fiscalía. Se detalló que en agosto de 2021 se registró una explosión en un inmueble ubicado en la avenida Coyoacán. Dicho edificio recibió las manifestaciones de obra nueva y el dictamen de habitabilidad durante la gestión de Nicias Aridjis13 .

De acuerdo con las investigaciones, Nicias Aridjis, quien en 20011 había sido inhabilitado por la Contraloría capitalina por presunto enriquecimiento ilícito, posee un par de departamentos de ese inmueble, “mismos que pudieron haberle sido entregados como contraprestación a cambio de las facilidades que la Alcaldía ofrecía para la construcción de obras nuevas, además de ser propietario de empresas del ramo constructor con desarrollos dentro del territorio de la demarcación, lo que aduciría un claro conflicto de interés”14 .

La autoridad ministerial, establece como hipótesis que el indiciado, ex Director de Obras y Desarrollo Urbano, “posiblemente fue el responsable de la construcción desmedida de inmuebles en la demarcación” toda vez que entre sus facultades se encontraba garantizar que todo proyecto de construcción e infraestructura cumpliera con la normatividad aplicable y dar el visto bueno a las manifestaciones de obra y construcción. Entre otros autorizó un inmueble ubicado en Av. Zapata y que resultó con dañados en el sismo de 2017, el edificio colapsó nueve meses después de haber sido inaugurado.15

Como parte de las investigaciones respecto a los hechos delictivos aquí narrados, la Fgjcdmx se encuentra en la búsqueda de Nicias Aridjis para dar cumplimiento a una orden de aprensión.

Quinta. De acuerdo con una investigación periodística dada a conocer en el noticiario “En Punto” conducido por Denisse Maerker, entre 2012 y 2018 Luis Vizcaíno Carmona, y Nicias René Aridjis Vázquez, funcionarios de las administraciones panistas encabezadas por Jorge Romero y Christian Von Roehrich, fundaron una docena de empresas constructoras y comercializadoras inmobiliarias, además adquirieron inmuebles cuyo monto se calcula en los 500 millones de pesos.

De igual forma se señala que en 2015 Nicias René Aridjis Vázquez y sus hermanos fundaron la empresa “Construcciones y Desarrollos Virtuales S.A. de C.V. y tres años después transfirieron la sociedad a Sofia Sorata Von Roehrich De La Isla, hermana del ex Jefe Delegacional de Benito Juárez16 .

Sexta. Derivado de una solicitud de información sobre permisos de construcción otorgados por la Alcaldía Benito Juárez, el órgano político administrativo informó, que durante los días 15 y 16 de septiembre de 2020 se presentó una fuerte lluvia que provocó la inundación del edificio conocido como “Centro de Soluciones Ciudadanas”, donde a decir de las autoridades, en el sótano se encontraban dichas documentales, mismas que según se indica fueron dañadas y no hay forma de poder consultarse17 .

Séptima. El pasado 10 de agosto, la Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Congreso de la Ciudad de México a crear una comisión de investigación para coadyuvar en el esclarecimiento de los presuntos hechos de corrupción inmobiliaria en las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo18 .

La proposición en cita, a su vez da cuenta de diversas Proposiciones con puntos de acuerdo presentados en el Congreso de la Ciudad de México por las diputadas y diputados Ana Francis López Bayghen Patiño, Carlos Cervantes Godoy, Indalí Pardillo Cadena, José Martín Padilla Sánchez, Martha Soledad Ávila Ventura y Paula Adriana Soto Maldonado, a través de los cuales se abordan problemas específicos relacionados con diversas irregularidades en las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

Octava. El sistema de pesos y contrapesos en el Estado, ejercido esencialmente a través de la separación de poderes fortalece la aspiración histórica de gobiernos democráticos, en ese sentido, el papel de los poderes legislativos tanto de las entidades federativas como en la Federación resulta indispensable toda vez que su naturaleza radica en la representación popular, para entre otras cosas, el correcto actuar de los otros dos poderes, así como para coadyuvar en el combate a la corrupción.

Uno de los instrumentos diseñados para ello es el denominado control parlamentario, mismo que ha sido estudiado por distintos doctrinarios y el cual define, por ejemplo, la Dra. Cecilia Mora Donatto como:

“Un control de tipo político que se ejerce a través de todas las actividades parlamentarias, con especial interés de las minorías, y cuyo objeto es la fiscalización de la acción general del gobierno, lleve o no aparejada una sanción inmediata ”.19

Para lo cual el poder legislativo cuenta con las comparecencias obligatorias del ejecutivo, así como con la creación de comisiones de investigación, solicitudes de comparecencia y la pregunta parlamentaria20 .

Es en ese orden de ideas, reconocemos y respaldamos las acciones emprendidas desde el Congreso de la Ciudad de México para el combate a la corrupción en contra del denominado “Cartel Inmobiliario”.

La Cámara de Diputados no puede ser ajena a los fenómenos de corrupción que se presentan en la Ciudad de México, más aún cuando se trata de una entidad donde se asientan los poderes de la Unión.

En ese mismo sentido, esta representación popular esta obligada a coadyuvar en el combate a la corrupción de todas las entidades de la República, hasta erradicar un flagelo que daña e indigna a la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de este pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Congreso de la Ciudad de México, con pleno respeto a su autonomía constitucional, a fortalecer el Sistema Anticorrupción de dicha entidad, con objeto de mejorar la prevención, detección, investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respalda, con pleno respeto a su autonomía constitucional, todas las acciones legislativas y de control político que emprenda el Congreso de la Ciudad de México para esclarecer los presuntos hechos de corrupción inmobiliaria en las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo, de esa entidad.

Notas :

1. https://paot.org.mx/centro/normas/df/pdf/2015/NGO_26_10_08_2010.pdf

2. https://www.reporteindigo.com/reporte/fantasmas-de-la-corrupcion-inmobi liaria-en-benito-juarez/

3. https://paot.org.mx/contenidos/paot_docs/pdf/Recomedaciones_01_02_2014. pdf

4. https://www.sinembargo.mx/14-05-2015/1343798

5. https://ciencia.unam.mx/leer/652/-que-ocurrio-el-19-de-septiembre-de-20 17-en-mexico-

6. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/492596/Bolet_n_SEPTIEMBR E_2019.pdf Pág. 23

7. https://paot.org.mx/micrositios/riesgo-sismico/edificios-colapsados-19s _2.html

8. https://gatopardo.com/reportajes/corrupcion-inmobiliaria-en-la-benito-j uarez/

9. https://www.fgjcdmx.gob.mx/comunicacion/nota/CS2022-721

10. Idem

11. https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cartel-inmobiliario-vinculan-p roceso-luis-vizcaino-exfuncionario-de-la-cdmx

12. https://www.excelsior.com.mx/expresiones/2014/01/11/937724

13. https://www.fgjcdmx.gob.mx/comunicacion/nota/CS2022-727

14. Ídem

15. Ídem

16. https://www.youtube.com/watch?v=Zn3XuoJZgkM

17. https://www.debate.com.mx/cdmx/Reporta-BJ-perdida-de-permisos-para-cons truccion-20220819-0063.html

18. https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/1/2022-08-10-1/assets/documentos/
50-PA_Sen.Minerva_corrupcion_inmobiliaria.pdf

19. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5638/8.pdf Pág.278

20. Ibidem Pág. 280

Dado en la Cámara de Diputados, el 13 de septiembre de 2022

Diputada Lidia Pérez Barcenas (ríbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar de la SHCP y a diversas autoridades a nivel federal a informar a la opinión pública las razones de los aumentos en los costos de la construcción de la obra Tren Maya y de la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Héctor Saúl Téllez Hernández , diputado federal en la LXV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Secretaría de Energía y al director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a que, en uso de sus facultades y atribuciones, informen a la opinión pública las razones de los aumentos en los costos de la construcción de la obra denominada como tren Maya y de la refinería Olmeca ubicada en Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, en el estado de Tabasco , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Desde que el presidente López Obrador asumió la presidencia el primero de diciembre de 2018, anunció que se acabaría el dispendio de recursos y se enfocaría en los sectores prioritarios de su administración, como la atención a la población mediante programas sociales y la elaboración de obras que impulsarían la economía mexicana.

Dos de esas obras son la refinería Olmeca y el tren Maya, con ellas se prometió que la economía mexicana recibiría el impulso necesario para atacar el rezago social que ha afectado a nuestro país en los últimos 30 años.

Es importante señalar los siguientes datos; el tren Maya originalmente en 2018 el entonces director de del Fondo Nacional al Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons, comentó que el costo total de este proyecto sería aproximadamente de 110 mil millones de pesos.

Posterior, de conformidad con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el costo total de esta obra ascendería a 167 mil 341 millones de pesos, es decir 47 mil millones más.

Ante los cambios que ha sufrido el tren Maya por la inviabilidad de sus rutas, antes de dejar el cargo Rogelio Jiménez Pons, en una comparecencia en el Senado en octubre de 2021, comentó que el costo total de éste sería de hasta 230 mil millones de pesos. Ante estas estimaciones, en tan solo tres años, esta obra ha tenido un sobrecosto de 110 mil millones de pesos, es decir, poco más del 90 por ciento.

Y, no obstante de las constantes actualizaciones del costo de la obra, recientemente se informó que el costo de construir el tramo 5, el cual pasará a través de la selva de Quintana Roo aumentó al pasar de 31 mil millones de pesos a 59 mil 603 millones de pesos, es decir un 92 por ciento más.

Al respecto, análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) han advertido que lo asignado a la obra hasta el momento mediante 60 contratos de los que se tiene conocimiento público es de alrededor de 212 mil millones de pesos, es decir 102 mil millones más con respecto a la primera cantidad que en su momento se dijo que costaría el proyecto a finales de 2018 (110 mil millones de pesos).

La refinería Olmeca tampoco ha estado exenta de los incrementos presupuestales, de acuerdo con el presidente, quien aseguró en primera instancia que este proyecto sería construido en tres años con un costo de 8 mil millones de dólares. (156 mil 600 millones de pesos – precio dólar 2019).

Posteriormente, y de acuerdo con las declaraciones de la titular de la Sener, este costo se elevó mil 800 millones de dólares, es decir, 9 mil 800 millones de dólares (199 mil 528 millones de pesos), explicando que este incremento se debió a que se añadió a la construcción de una planta de cogeneración de electricidad, para la autonomía de la refinería; un gasoducto de 65 kilómetros y un acueducto.

Previó a la inauguración de la obra la Titular de la Sener hizo público que este proyecto tendría un nuevo aumento, esto derivado de una ampliación en el proyecto sin señalar las características de dicha ampliación, lo que derivó en un aumento de 850 millones de dólares, es decir, esta obra costará 10 mil 650 millones de dólares (212 mil 574 millones de pesos). Si se considera la primera estimación por parte del ejecutivo, con la última estimación por parte de la titular de Sener, este proyecto representó un sobre costo por más de 55 mil millones de pesos.

Que en estos momentos no exista información y datos concretos que respalden estos aumentos nos demuestra la opacidad con las que se maneja este gobierno. Y la opacidad es uno de los síntomas inequívocos de la corrupción.

Por eso hoy más que nunca es necesario que el presidente honre aquella frase que pronuncio en su investidura; “Un buen juez por la casa empieza. Pondremos orden en la cúpula del poder, porque la corrupción se promueve y se practica fundamentalmente desde lo alto hacia los niveles inferiores. Es decir, vamos a limpiar al gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se limpian las escaleras.”

En ese mismo acto también se refirió que mediante “el combate a la corrupción y la austeridad nos permitirá liberar suficientes fondos, más de lo que imaginamos, mucho más, para impulsar el desarrollo de México. Con esta fórmula sencilla de acabar con la corrupción y de llevar a la práctica la austeridad republicana, no habrá necesidad de incrementar impuestos en términos reales, y ese es un compromiso que estoy haciendo, ni aumentarán los precios de los combustibles más allá de la inflación.”

Pero la austeridad republicana ya no es suficiente, por lo que el presidente anunció que estamos próximos a entrar a la llamada “pobreza franciscana” que implican aún más recortes presupuestales, en los que evidentemente estarán excluidas las obras más relevantes de su administración.

Hoy en día, la fórmula que tanto pregonó López Obrador no ha funcionado ya que todas las obras insignia han tenido aumento en los costos para su elaboración y tenemos que el presupuesto no alcanza para otro tipo de prioridades como lo son el abasto de medicamentos, las quimioterapias para los niños que padecen cáncer entre otros.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Guillermo Meyer Falcón, y al director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May Rodríguez, a que informen a la opinión pública la justificación de la modificación del trazo original y de los aumentos al costo que ha tenido la obra conocida como tren Maya.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, y a la titular de la Secretaría de Energía, Norma Rocío Nahle García, a que informen a la opinión pública las razones por las que se tuvieron que hacer modificaciones al plan original de la obra y justifique los aumentos al costo derivados de dichas modificaciones que ha tenido la construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas, municipio de Paraíso, Tabasco.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2022.

Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS a tomar las medidas necesarias, a fin de aumentar por un año la prórroga de legitimación de los contratos colectivos de trabajo, con base en una programación de la inspección correspondiente, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito diputado Salvador Caro Cabrera, con el carácter de diputado de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. Problemática

La Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos del estado de Jalisco, que preside Antonio Álvarez, comunicó mediante una carta dirigida a la Cámara de Diputados, que las autoridades de trabajo apenas llevan 5 por ciento de los miles de contratos colectivos de trabajo que han sido depositados ante las juntas competentes . Por lo cual, les será imposible legitimar el 100 por ciento de los contratos colectivos de trabajo para el 1 de mayo de 2023, fecha límite que les fue establecida. De manera que se considera necesario ampliar dicho plazo por lo menos un año más.

El dirigente de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos del estado de Jalisco, Antonio Álvarez, refirió lo siguiente:

La organización sindical de nuestro estado, considera necesaria dicha prorrogar para seguir promoviendo a través de los lineamientos que señala la Ley Federal del Trabajo, el cumplimiento de este proceso de legitimación, los sindicatos hemos puesto lo necesario para cumplir con los requisitos, sin embargo, en el estado de Jalisco la omisión por parte de la autoridad laboral local, de números de acuerdo de los miles de contratos colectivos de trabajo, y algunos retrasos en la entrega de tomas de nota sindicales o modificación de estatutos o Mesas Directivas han provocado el retraso de este importante procedimiento.

La importancia reside en que la omisión de la autoridad está provocando violaciones a los derechos colectivos laborales. En primer lugar, se está ejerciendo violencia al derecho de la libertad sindical, ya que las organizaciones no pueden constituirse como es debido por las omisiones provocadas por la autoridad. En este sentido, los artículos 1o y 4o del convenio 98 sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, plasman el compromiso del Estado mexicano de adoptar las medidas necesarias para fomentar que los empleadores y las organizaciones de trabajo celebren contratos colectivos de trabajo las condiciones de empleo.

En segundo lugar, la omisión de la autoridad está dejando en un estado de falta de seguridad jurídica a los trabajadores y a los diversos sindicatos. Cabe destacar que la seguridad jurídica es una garantía constitucional y derecho humano lo cual es respaldado con la siguiente tesis:

Décima Época. Registro digital: 2005777. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo: aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, febrero de 2014, tomo III, página 2241. Materias(s): constitucional, común tesis: IV.2o.A.50 K (10a.)

Seguridad jurídica. alcance de las garantías instrumentales de mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación, previstas en el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Federal, para asegurar el respeto a dicho derecho humano.

De las jurisprudencias 1a./J. 74/2005 y 2a./J. 144/2006, de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomos XXII, agosto de 2005, página 107, de rubro: “procedimiento seguido en una vía incorrecta. por sí mismo causa agravio al demandado y, por ende, contraviene su garantía de seguridad jurídica.” y XXIV, octubre de 2006, página 351, de rubro: “garantía de seguridad jurídica. Sus alcances.”, respectivamente, se advierte una definición clara del contenido del derecho humano a la seguridad jurídica, imbíbito en el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , el cual consiste en que la persona tenga certeza sobre su situación ante las leyes , o la de su familia, posesiones o sus demás derechos , en cuya vía de respeto la autoridad debe sujetar sus actuaciones de molestia a determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente establecidos en la Constitución y en las leyes, como expresión de una voluntad general soberana, para asegurar que ante una intervención de la autoridad en su esfera de derechos, sepa a qué atenerse. En este contexto, de conformidad con el precepto citado, el primer requisito que deben cumplir los actos de molestia es el de constar por escrito, que tiene como propósito que el ciudadano pueda constatar el cumplimiento de los restantes, esto es, que provienen de autoridad competente y que se encuentre debidamente fundado y motivado. A su vez, el elemento relativo a que el acto provenga de autoridad competente, es reflejo de la adopción en el orden nacional de otra garantía primigenia del derecho a la seguridad, denominada principio de legalidad, conforme al cual, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo cual expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que la ley es la manifestación de la voluntad general soberana y, finalmente, en cuanto a fundar y motivar, la referida Segunda Sala del Alto Tribunal definió, desde la Séptima Época, según consta en su tesis 260, publicada en el apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, materia común, primera parte, página 175, de rubro: “fundamentación y motivación.”, que por lo primero se entiende que ha de expresarse con exactitud en el acto de molestia el precepto legal aplicable al caso y, por motivar, que también deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para su emisión, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, lo cual tiene como propósito primordial, confirmar que al conocer el destinatario del acto el marco normativo en que el acto de molestia surge y las razones de hecho consideradas para emitirlo, pueda ejercer una defensa adecuada ante el mismo. Ahora bien, ante esa configuración del primer párrafo del artículo 16 constitucional, no cabe asumir una postura dogmatizante, en la que se entienda que por el solo hecho de establecerse dichas condiciones, automáticamente todas las autoridades emiten actos de molestia debidamente fundados y motivados, pues la práctica confirma que los referidos requisitos son con frecuencia inobservados, lo que sin embargo no demerita el hecho de que la Constitución establezca esa serie de condiciones para los actos de molestia, sino por el contrario, conduce a reconocer un panorama de mayor alcance y eficacia de la disposición en análisis, pues en la medida en que las garantías instrumentales de mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación mencionadas, se encuentran contenidas en un texto con fuerza vinculante respecto del resto del ordenamiento jurídico, se hace posible que los gobernados tengan legitimación para aducir la infracción al derecho a la seguridad jurídica para asegurar su respeto, únicamente con invocar su inobservancia; igualmente se da cabida al principio de interdicción de la arbitrariedad y, por último, se justifica la existencia de la jurisdicción de control, como entidad imparcial a la que corresponde dirimir cuándo los referidos requisitos han sido incumplidos, y sancionar esa actuación arbitraria mediante su anulación en los procedimientos de mera legalidad y, por lo que atañe al juicio de amparo, a través de la restauración del derecho a la seguridad jurídica vulnerado.

El caso mencionado no es un caso aislado. De acuerdo con cifras del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, solo 5 mil 402 contratos colectivos de trabajo han sido legitimados, de un total de 50 mil.1 Ante esta situación, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, indicó que:

El contrato que no se legitime antes de esta fecha ya no será considerado válido y se abrirá la puerta para que otro sindicato reclame la titularidad de este y la representación de los trabajadores. 2

La titular mencionó que, pese al trabajo realizado, es conveniente ajustar la meta, ya que con el límite temporal actual es probable que lo más que se llegue a legitimar sean entre 15 y 20 mil contratos colectivos de trabajo, los cuales no representan ni la mitad de los contratos colectivos de trabajo que están a la espera.3

Asimismo, Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, indicó que las bajas tasas de consultas y las bajas tasas de legitimación de contratos pueden permitir que sindicatos corruptos intenten regresar a las empresas a negociar un Contrato Colectivo de Trabajo, bajo nuevas reglas laborales. Con esto, se perderían las prestaciones ganadas. Además, mencionó que “Van a quedar decenas de miles de empresas desiertas sin contrato, y frente a estos escenarios, a partir del 1º de mayo de 2023 el desenlace es incierto”. 4

Por su parte, Carlos Mendizábal Pérez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, aclaró que el retraso no se debe a falta de interés de los sindicatos. Dijo: “hay organismos que están trabajando muy fuerte, entre ellos, la CROM y la CTM”.5

El Poder Legislativo no puede ser indiferente ante esta situación. Como representantes de las y los ciudadanos tenemos el deber y la obligación de defender sus intereses y sus derechos, así como sus garantías fundamentales. En este caso, lo mínimo que se debe de hacer es proteger a las y los trabajadores mexicanos.

II. Solución planteada

Por lo expuesto, la solución sería que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social extienda el plazo de legitimación de los contratos colectivos, por lo menos un año, para dar certeza jurídica y laboral, tanto a las trabajadoras y trabajadores, como a sus familias y personas dependientes de su labor.

III. Fundamentación

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 5o.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de terceros, o, por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial (...)

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123 (...)

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa (...)

El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles.

La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona.

Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc.

Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.

Ley Federal del Trabajo

Artículo 2o.- Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales.

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.

El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva.

Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón.6

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo 16.- Corresponde originalmente a los titulares de las Secretarías de Estado el trámite y resolución de los asuntos de su competencia, pero para la mejor organización del trabajo podrán delegar en los funcionarios a que se refiere el artículo 14 de esta ley, cualesquiera de sus facultades, excepto aquéllas que por disposición de ley o del reglamento interior respectivo, deban ser ejercidas precisamente por dichos titulares.

Los propios titulares de las Secretarías de Estado también podrán adscribir orgánicamente las unidades administrativas establecidas en el reglamento interior respectivo, a las Subsecretarías y a las otras unidades de nivel administrativo equivalente que se precisen en el mismo reglamento interior.

Los acuerdos por los cuales se deleguen facultades o se adscriban unidades administrativas se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 40.- A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I.- Vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el artículo 123 y demás de la Constitución Federal, en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos;

II.- Procurar el equilibrio entre los factores de la producción, de conformidad con las disposiciones legales relativas;

III.- Intervenir en los contratos de trabajo de los nacionales que vayan a prestar sus servicios en el extranjero, en cooperación con las Secretarías de Gobernación, de Economía y de Relaciones Exteriores;

IV.- Coordinar la formulación y promulgación de los contratos-ley de trabajo;

V.- Promover el incremento de la productividad del trabajo;

VI.- Promover el desarrollo de la capacitación y el adiestramiento en y para el trabajo, así como realizar investigaciones, prestar servicios de asesoría e impartir cursos de capacitación que para incrementar la productividad en el trabajo requieran los sectores productivos del país, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública;

VII.- Establecer y dirigir el servicio nacional de empleo y vigilar su funcionamiento;

VIII.- Coordinar la integración y establecimiento de las Juntas Federales de Conciliación, de la Federal de Conciliación y Arbitraje y de las comisiones que se formen para regular las relaciones obrero patronales que sean de jurisdicción federal, así como vigilar su funcionamiento;

IX.- Llevar el registro de las asociaciones obreras, patronales y profesionales de jurisdicción federal que se ajusten a las leyes;

X.- Promover la organización de toda clase de sociedades cooperativas y demás formas de organización social para el trabajo, en coordinación con las dependencias competentes, así como resolver, tramitar y registrar su constitución, disolución y liquidación;

XI.- Estudiar y ordenar las medidas de seguridad e higiene industriales, para la protección de los trabajadores, y vigilar su cumplimiento;

XII. Dirigir y coordinar la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo;

XIII.- Organizar y patrocinar exposiciones y museos de trabajo y previsión social;

XIV.- Participar en los congresos y reuniones internacionales de trabajo, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores;

XV.- Llevar las estadísticas generales correspondientes a la materia del trabajo, de acuerdo con las disposiciones que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XVI.- Establecer la política y coordinar los servicios de seguridad social de la Administración Pública Federal, así como intervenir en los asuntos relacionados con el seguro social en los términos de la Ley;

XVII.- Estudiar y proyectar planes para impulsar la ocupación en el país;

XVIII. Promover la cultura y recreación entre los trabajadores y sus familias;

XIX. Promover la democracia sindical y el acceso a la contratación colectiva;

XX. Dar cumplimiento a los convenios internacionales en materia de derechos laborales;

XXI. Promover la organización de los jornaleros agrícolas y garantizar la protección laboral y de seguridad social que establece la legislación aplicable; y

XXII. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.

Reglamento interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Artículo 1. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones que le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal del Trabajo, otras leyes y tratados internacionales, así como los reglamentos, decretos y acuerdos del presidente de la República.

Artículo 4. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto de sus servidores públicos, unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados y, en los casos en que proceda, en coordinación con otras dependencias y entidades de la administración pública federal, realizará sus actividades en forma programada, conforme a los objetivos nacionales, estrategias, prioridades y programas contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, el programa sectorial respectivo y a las políticas que establezca el presidente de la República.

Artículo 5. La representación, trámite y resolución de los asuntos competencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde originalmente al secretario, quien para la mejor distribución y desarrollo de sus facultades, podrá:

I. Conferir sus facultades delegables a servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo, mediante la expedición de acuerdos que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación;

II. Autorizar a servidores públicos subalternos para que atiendan comisiones, realicen actos y suscriban documentos que formen parte del ejercicio de las facultades que tengan el carácter de delegables, y

III. Celebrar acuerdos de colaboración, convenios de coordinación y de concertación, así como los demás actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones; emitir los acuerdos administrativos y suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que tome las medidas necesarias a fin de aumentar por un año la prórroga de legitimación de los contratos colectivos de trabajo; así como a aumentar el número de inspectores y programar las visitas de los mismos para que estos observen y califiquen los procesos de legitimación de los contratos colectivos de trabajo.}

Notas

1 Tzuara De Luna. (10 de agosto de 2022). México a contrarreloj: solo 10% de las empresas han legitimado su CCT. 6 de agosto de 2022, de Expansión. Sitio web: https://expansion.mx/empresas/2022/08/10/legitimacion-contratos-colecti vos-trabajo-fecha-limite

2 Tzuara De Luna. (10 de agosto de 2022). México a contrarreloj: solo 10% de las empresas han legitimado su CCT. 6 de agosto de 2022, de Expansión. Sitio web: https://expansion.mx/empresas/2022/08/10/legitimacion-contratos-colecti vos-trabajo-fecha-limite

3 El Universal. (29 de agosto de 2022). Se aceleran solicitudes para legitimar contratos colectivos; se sumarán 20 mil más: Luisa María Alcalde. 6 de septiembre de 2022, de El Universal Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/cartera/se-aceleran-solicitudes-para-leg itimar-contratos-colectivos-se-sumaran-20-mil-mas-luisa-maria-alcalde

4 Jared Laureles. (24 de agosto de 2022). Contratos colectivos, en riesgo de desaparición masiva: expertos. 6 de agosto de 2022, de La Jornada Sitio web:

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/24/sociedad/con tratos-colectivos-en-riesgo-de-desaparicion-masiva-expertos/

5 Plano Informativo. (8 de agosto de 2022). Industria potosina en riesgo por falta de contratos colectivos. 6 de agosto de 2022, de Plano Informativo. Sitio web:

https://planoinformativo.com/864681/industria-potosina-e n-riesgo-por-falta-de-contratos-colectivos-/

6 (Artículo 2., Ley Federal del Trabajo)

Dado en la honorable Cámara de Diputados, el día 12 de septiembre de 2022.

Diputado Salvador Caro Cabrera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, así como a sus homólogas de las 32 entidades federativas, a dar protección y certidumbre jurídica a los médicos pasantes del servicio social en los centros de salud, a través de una nueva NOM, en el marco legal de la medicina tradicional, a cargo del diputado Raymundo Atanacio Luna, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe diputado Raymundo Atanacio Luna, integrante del grupo parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1 , fracción I y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaria de Salud del Gobierno federal así como a sus homologas de las 32 Entidades federativas, dar certidumbre a los médicos pasantes del servicio social en los Centros de Salud, para que tengan protección y certeza jurídica a través de una nueva Norma Oficial en el marco legal de la medicina tradicional.

Exposición de Motivos

En México, en el año de 1936 inicia el servicio social en medicina. Desde hace casi cien años se comenzó a enviar médicos en formación a los lugares más necesitados y marginados de la nación.

Pero en un estudio realizado por maestros de la Facultad de Medicina de la UNAM, se analizaron las condiciones de trabajo de los médicos pasantes, dando como resultado, que ellos asumían todas las obligaciones y responsabilidades de un médico general, pero en condiciones laborales precarias.

Que el servicio social tendría que haber sido una medida provisional mientras se mejoraba la infraestructura e inversión en salud en todo el país, pero tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales, de las administraciones pasadas, prefirieron abusar del estatus jurídico de los pasantes para no tener que invertir en servicios de salud para la población marginada.

Datos emitidos por la Secretaría de Salud, durante el año 2021, 34 mil pasantes ofrecieron sus servicios en clínicas, hospitales e institutos nacionales, tanto públicas como privadas.

Y de ese total, alrededor de 6 mil pasantes de medicina realizaron su servicio social en comunidades alejadas del interior del país.

Que para la mayoría de las escuelas de medicina el servicio social dura 12 meses y una de las cuestiones de suma relevancia aquí, es que los pasantes de medicina son enviados a áreas rurales y remotas. Por ejemplo, la sierra de Chihuahua o las zonas selváticas de Chiapas, donde quedan expuestos a ser agredidos durante su servicio social.

Motivo por el cual hoy en día los pasantes de medicina mexicanos, enfrentan realidades abrumadoras ya que aparte de realizar su servicio social, están expuestos al riesgo de sufrir algún tipo de violencia física o verbal por parte de la comunidad.

En la última encuesta que la Asociación Mexicana de Médicos en Formación realizó el año pasado se logró documentar que el 40 % de los pasantes en medicina sufrió algún tipo de agravio o agresión verbal.

Las estadísticas son muy claras, mientras que en la CDMX sólo el 4.3% del personal médico en contacto directo con el paciente son pasantes, en Oaxaca la cifra es de 31.6%, en Nuevo León el porcentaje es de 8%, en Michoacán de 25% por citar algunos estados.

Estos datos, a casi cien años del inicio del servicio social, son testimonio de lo mal que los gobiernos pasados operaron la salud en México.

En la actualidad, el servicio social es una necesidad académica que en principio no se puede cancelar, porque es en el momento que el médico está por recibirse y ocupan ese tiempo para preparar su examen y recibir cursos preparativos para ello, es un proceso de formación muy importante para los médicos jóvenes que están a punto de titularse.

Pero en esa necesidad, se pueden crear condiciones que garanticen la seguridad y el bienestar de las y los pasantes durante esta etapa de su vida profesional.

Ante estos hechos, es importante realizar un análisis profundo de cómo se están formando los médicos en México desde las últimas ocho décadas y si actualmente se cuenta con un programa académico que beneficie el sistema de salud en los pacientes a través del servicio social.

Finalmente es mi deber como legislador, reconocer que el servicio social de los médicos ha sido muy positivo para todas y todos los mexicanos, sin embargo necesita revitalizarse para cubrir las necesidades individuales de los médicos y la situación de necesidad de muchas comunidades de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a esta Honorable Asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaria de Salud del Gobierno Federal así como a sus homologas de las 32 Entidades federativas, dar certidumbre a los médicos pasantes del Servicio social en los Centros de Salud, para que tengan protección y certeza jurídica a través de una nueva Norma Oficial en el marco legal de la medicina tradicional.

Referencias :

El Servicio Social en Medicina en México | Secretaría de Salud | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)

El Servicio Social de los Médicos: Una práctica Institucional que renueva el espíritu de solidaridad de los Universitarios con la población más vulnerable de México - Capitel (humanitas.edu.mx)

ONG pide garantizar seguridad y bienestar a pasantes de medicina en México | ABC Noticias

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2022

Diputado Raymundo Atanacio Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las legislaturas de las 32 entidades federativas a armonizar en leyes, códigos y normas, el lenguaje que se utiliza en ellas para referirse a las niñas, niños y adolescentes, evitando los vocablos menor, menores de edad, infantes, entre otros, a cargo del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta Cámara, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que respetuosamente se exhorta a las legislaturas de las 32 entidades federativas, para que aprueben, a la brevedad posible, la reforma de todas las leyes, códigos y normas jurídicas que sean necesarias para armonizar el lenguaje que se utiliza en ellas para referirse a las niñas, niños y adolescentes; conforme a los siguientes

Antecedentes

De “menores ” a “niñas , niños y adolescentes ”.

En 1989, con la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, el mundo jurídico se vio impactado de manera positiva, puesto que se visibilizó a las personas de menos de 18 años de edad, como un grupo poblacional con derechos específicos y que, además, enfrenta situaciones de desigualdad y de vulnerabilidad que deben atenderse de manera concreta.

Todas las referencias legales anteriores consistían en señalar a niñas, niños y adolescentes, como menores, menores de edad, infantes u otros vocablos que implicaban adjudicarles una minusvalía por el mero hecho de no ser mayores de edad.

Para decirlo claro y brevemente, los “menores”, es decir, las personas de menos de 18 años de edad, no eran personas jurídicas con derechos y obligaciones, pues su relevancia jurídica estaba ligada a un tercero mayor de edad.

La Convención sobre los Derechos del Niño les reconoció a las niñas, niños y adolescentes, una serie de derechos inalienables e imprescriptibles, que constituyen el piso mínimo de derechos y libertades que deben garantizárseles.

En consecuencia, el artículo 3 de la citada Convención, estableció que existe un principio que debe reconocerse, respetarse y garantizarse a todas las personas de menos de 18 años de edad: el principio de interés superior, el cual se reconoció en el artículo 3 de dicha Convención.

En México, el 12 de octubre de 2011, se publicó una importante reforma al artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la que se reconoció formalmente el interés superior de la niñez en el rango constitucional, lo que inicia la transformación que ha experimentado la materia en los últimos 11 años.

Posteriormente, con la expedición de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y las leyes locales en la materia, se ha avanzado en el cambio de terminología que se utiliza en la legislación, para referirse a niñas, niños y adolescentes.

En la Cámara de Diputados estamos impulsando la armonización

Pero una rápida revisión de los códigos y leyes federales y generales nos muestran que a pesar de que la obligación de respetar los derechos de niñas, niños y adolescentes aún no concluye en su ámbito gramatical.

En nuestro sistema jurídico nacional, la legislación todavía se refiere a las niñas, niños y adolescentes, como menores, menores de edad, infantes, entre otros, con lo que se perpetúa un discurso de minusvalía que no es posible sostener en la actualidad.

Por ello, durante las sesiones de la Comisión Permanente que concluyeron en agosto de este año, presenté 56 iniciativas de reforma a todos los códigos, leyes federales y leyes generales, que aún no han sido armonizadas en su lenguaje, a fin de que el sistema legal nacional se adecue para respetar, iniciando desde la gramática, los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Las iniciativas que presenté son las siguientes:

1. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1048 del Código de Comercio.

2. Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 83, fracción XXIV y 153, y la denominación del Capítulo II, del Título Tercero, del Código de Justicia Militar.

3. Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 47, tercer párrafo; 110, fracción XV y último párrafo; 300, fracción II y 363, primer párrafo, del Código Militar de Procedimientos Penales.

4. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil.

5. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social.

6. Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 36, fracción I, inciso b) y 46 Bis 9, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

7. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 62, quinto párrafo, de la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación.

8. Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 25, segundo párrafo y 29, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

9. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 23, fracción VII de la Ley Federal de Derechos.

10. Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21, fracciones II, III y XI y 28, segundo párrafo, de la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas.

11. Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 40, fracción XXXIV y 46, fracción III, de la Ley de la Fiscalía General de la República.

12. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111, tercer párrafo, de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

13. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5o, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

14. Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 13; 14, párrafo primero y fracción II, y 88, fracción V, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.

15. Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 190, fracción VIII; 190 Bis, segundo párrafo; y 228, primer párrafo, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

16. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 59, segundo y quinto párrafos, de la Ley de Instituciones de Crédito.

17. Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 87, segundo párrafo; 140 Bis, párrafos primero y quinto y fracciones I, II y III; 201, segundo párrafo; 203 y 206, de la Ley del Seguro Social,

18. Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19, tercer párrafo; 38, fracciones I y VI; 54; 112, fracción II; 147; 149, fracción IV y 149 Bis de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

19. Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, fracción XII, inciso b); 37 Bis, primero y quinto párrafos y fracciones I, II y III; 38, segundo párrafo, y 41, fracción II, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

20. Con proyecto de decreto que reforma el artículo 2, tercer párrafo de la Ley de Migración,

21. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 20, fracción III de la Ley de Nacionalidad.

22. Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 49, fracciones I y II; y 50, cuarto y quinto párrafos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

23. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7, fracción XIII, de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

24. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 27, tercer párrafo, de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal.

25. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 30, fracción VII, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

26. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco.

27. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

28. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 43, cuarto párrafo, de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

29. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Población.

30. Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7, segundo párrafo; 20, último párrafo; 49, tercer párrafo; y 107, fracción I, tercer párrafo, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

31. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 49 Bis de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

32. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

33. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 246, fracción VI, de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

34. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

35. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 69, en sus párrafos segundo y tercero, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

36. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

37. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 51, fracción IV, de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.

38. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

39. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

40. Con proyecto de decreto que reforma el artículo 18, en su tercer párrafo, de la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Mejora Continua de la Educación.

41. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

42. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley sobre el Contrato de Seguro.

43. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

44. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.

45. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

46. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

47. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

48. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

49. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

50. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 103, fracción I, incisos c), d), e), f), g) y j), de la Ley de la Guardia Nacional.

51. Con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

52. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

53. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal.

54. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia.

55. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

56. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Civil Federal.

No ha habido un proceso profundo de armonización en ningún orden jurídico.

A pesar de que los derechos de niñas, niños y adolescentes devienen de tratados internacionales y de la propia Constitución, no ha habido, en ningún orden jurídico, ya sea el federal, los estatales o el de la Ciudad de México, un proceso de armonización profundo que involucre a toda la legislación secundaria de la Federación y de cada entidad federativa, ni siquiera en materia gramatical.

Evidentemente ha habido algunas reformas a nivel federal que han ido avanzando en el proceso de armonización del lenguaje, pero se han dado de manera inconexa y no incluyendo a todas o a la gran mayoría de las leyes que deben reformarse, por lo que ninguna entidad federativa ha realizado una armonización completa de todas las leyes que integran su sistema jurídico.

Por ello, esta proposición con punto de acuerdo tiene el objetivo de exhortar, respetuosamente a las legislaturas de las 32 entidades federativas, para que, a la brevedad posible, también lleven a cabo un proceso de armonización legislativa que adecue el lenguaje que se utiliza para referirse a las niñas, niños y adolescentes en sus constituciones locales y en todas las leyes y códigos que integran su respectivo sistema jurídico.

Con ello, se estará impulsando la vigencia y respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, con lo que también se visibilizará a esta población y se coadyuvará a que sus condiciones mejoren en todo el país.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno de esta Cámara, con el siguiente resolutivo

Punto de Acuerdo

Único. El Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las legislaturas de las 32 entidades federativas, para que aprueben, a la brevedad posible, la reforma de todas las leyes, códigos y normas jurídicas de su correspondiente sistema jurídico, que sean necesarias para armonizar el lenguaje que se utiliza en ellas para referirse a las niñas, niños y adolescentes, evitando los vocablos “menor”, “menores de edad”, “infantes”, entre otros.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2022.

Diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE y a la SRE a crear certeza jurídica en las inversiones e intercambios comerciales procedentes de la República de China –Taiwán–, a cargo de la diputada María Teresa Castell de Oro Palacios, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada María Teresa Castell de Oro Palacios , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la de Relaciones Exteriores a establecer las medidas necesarias a fin de crear certeza jurídica en las inversiones e intercambios comerciales procedentes de la República de China (Taiwán), en términos de las siguientes

Consideraciones

A pesar de lo complejo del panorama diplomático de la República de China (Taiwán), al no ser reconocida oficialmente como un Estado por la mayoría de los países pertenecientes a la ONU, se ha consolidado en años recientes como un fuerte socio en la región asiática, con la que muchos otros países están teniendo un cada vez mayor intercambio comercial, tecnológico y de inversiones.

Esto se debe en gran parte a que la economía taiwanesa es pequeña, desarrollada y de renta elevada, dominada por el sector de servicios financieros, pero que depende en gran medida del comercio exterior. Destacan en la producción y exportación de electrónicos, que actualmente se fabrican por industrias con alto contenido de capital y tecnología, lo que ha llevado a Taiwán a convertirse en uno de los principales proveedores a escala global.1

Hoy en día, este país cuenta con una economía dinámica con gran impulso al comercio exterior, es el primer inversor en la China continental, cuenta con acuerdos y trato preferencial con China, representa un centro de canalización entre el mencionado país y la región Asia-Pacífico, además de que han consolidado un sistema financiero y jurídico-legal confiables, sólidos, abiertos y de corte liberalizado,2 lo que sin lugar a dudas beneficia a los socios comerciales e interesados en elaborar tratados con la nación asiática.

Taiwán es una de las naciones que mejor han sabido aprovechar las ventajas competitivas de su población y que se han especializado en industrias en constante desarrollo, lo que ha permitido que se elimine el sesgo que se tenía mundialmente acerca de que los productos taiwaneses eran de mala calidad.

Se han orientado hacia una especialización en software e inteligencia artificial como pilares estratégicos, contando con empresas como Foxconn, con más de un millón de empleados, que fabrica el famoso iPhone , pero que también producen hardware para Amazon, HP, Dell, Toshiba o Samsung. Quanta Computer y Compal Electronics, también de Taiwán, se reparten la fabricación de laptops HP, Dell, Lenovo, Acer y todas las marcas de primer orden, incluidos los Macbook de Apple.3

Lo anterior permite observar la importancia que actualmente tienen las industrias de la isla asiática a nivel mundial, aun teniendo en consideración su compleja situación, ya que, debido a su estatus político y diplomático, sus relaciones con los demás países dependen en gran medida de la China continental, con quien mantienen una relación cercana, a tal grado que en años recientes ambas naciones han entablado un nuevo rumbo, apartado de la desconfianza y rivalidad histórica.

Uno de los primeros y más grandes pasos para entrar a una nueva era comercial, fue la firma del Acuerdo Marco de Cooperación Económica (ECFA, por sus siglas en inglés) con la República Popular China, en 2010, como un intento por acercar sus economías y dar un gran impulso a los intercambios entre ambas partes, que en aquellos años ascendieron a unos 110.000 millones de dólares anuales.4

En su momento, el ECFA significó una oportunidad para mejorar la posición geopolítica y comercial de la isla ante el mundo, e incluso otras naciones vieron con buenos ojos la firma, ya que representó una oportunidad para agilizar negocios e intercambios comerciales, al tiempo que estrecharon lazos con sus principales socios, como Japón.

Cabe resaltar que Taiwán es miembro de las organizaciones que se establecen en el cuadro siguiente, donde también se señala su estatus y año de incorporación:

Cuadro 1. Organizaciones donde Taiwán tiene representación

Elaboración propia, con datos de: Oficina Económica y Cultural de España en Taipéi, Guía de país , actualizado a 2020.

Lo anterior da cuenta de que Taiwán se ha ido desempeñando en el escenario internacional de manera importante, buscando en todo momento acercamientos comerciales, culturales, científicos y de inversión con otras naciones, incluso tratando de incorporarse a más tratados que le permitan un amplio desarrollo en su región.

México no se ha quedado atrás en el trato con la Taiwán, ya que se ha consolidado como el primer socio comercial del país asiático en América Latina, que en 2019 representó un total de 9,790 millones dólares estadounidenses, lo que convierte a Taiwán en el noveno socio comercial y el octavo proveedor más importante para México; es el 4o mayor inversionista asiático, con una cifra que asciende a los 1,050 millones de dólares estadounidenses; y con presencia de alrededor de 300 empresas taiwanesas en territorio nacional, las cuales generan 60,000 empleos.5

Situación que pudiese aprovechar el país con creces debido a la guerra comercial de China continental con Estados Unidos, lo que abre la posibilidad a explorar nuevos horizontes comerciales, gracias a los tratados a los que México se ha suscrito, como el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) o instrumentos como la Alianza del Pacífico y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.

Por lo anterior, es que resulta indispensable que México establezca una serie de normas respecto a la inversión y comercio proveniente de la isla asiática, ya que, derivado de su situación política y diplomática, naciones como la nuestra se han visto frenados para aprovechar el enorme potencial económico que Taiwán tiene para ofrecer.

El establecimiento de convenios o acuerdos con el país en comento, podrá también coadyuvar con situaciones que hoy en día suceden en el comercio bilateral, como la doble tributación y las trabas que existen para que los ciudadanos taiwaneses visiten nuestro país, ya sea como turistas o en plan de negocios.

Es por ello, que el presente punto de acuerdo tiene como finalidad exhortar tanto a la Secretaría de Economía, como a la de Relaciones Exteriores, para que en un trabajo interinstitucional con el Poder Legislativo, las dependencias del Ejecutivo así como el sector empresarial, se pueda dar inicio con una serie de trabajos que permitan dotar de certeza jurídica a las empresas e inversionistas de ambos países que hoy en día ya se encuentran comerciando, sin que exista incertidumbre de ambas partes y así agilizar los intercambios económicos, en beneficio de ambas sociedades.

En este sentido, y ante los argumentos antes vertidos, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la de Relaciones Exteriores a establecer las medidas necesarias a fin de crear certeza jurídica en las inversiones e intercambios comerciales procedentes de la República de China (Taiwán).

Notas :

1. BBVA, Situación de Taiwán, Servicio de Estudios Económicos, 2009.

2. Sabadell Negocio Internacional, Exportar a Taiwán, consultado en:
https://negociointernacional.bancsabadell.com/pais/taiwan/#:~:text=Fortalezas,Primer%20inversor%20en%20China%20continental.

3. El País, El modelo de reconversión tecnológica de Taiwán, 2018, consultado en:
https://elpais.com/tecnologia/2018/06/15/actualidad/1529065957_963129.html

4. El País, China y Taiwán firman el acuerdo comercial más importante de su historia, 2010, consultado en: https://elpais.com/internacional/2010/06/29/actualidad/1277762406_85021 5.html

5. Oficina Económica y Cultural de Taipéi en México, Relaciones substanciales entre México y Taiwán, actualizado a 2021, consultado en: https://www.roc-taiwan.org/mx_es

Dado en salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2022

Diputada María Teresa Castell de Oro Palacios (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y a la SE a garantizar la seguridad física en el sector minero en nuestro país, así como a demostrar que las inspecciones realizadas en la región carbonífera de Coahuila cumplieron con las condiciones adecuadas de seguridad y regulaciones legales para la extracción de materiales, a cargo del diputado Mario Gerardo Riestra Piña, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Mario Gerardo Riestra Piña, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Sexagésima Quinta Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, así como por las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Economía para que realicen las acciones necesarias para garantizar la seguridad física en el sector minero en nuestro país; así como que demuestren que las inspecciones realizadas en la región carbonífera de Coahuila cumplieron con las condiciones adecuadas de seguridad y regulaciones legales para la extracción de materiales, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Para México, sin duda, el sector minero es una actividad de vital importancia para el desarrollo en nuestro país, ya que dicho sector minero-metalúrgico contribuye con el 4% del Producto Interno Bruto Nacional. Ocupamos el primer lugar en la producción de plata en el mundo, encontrándonos entre los principales productores de diversos minerales como el oro, cobre, bismuto, celestita, plomo, zinc, sal, grafito, yeso, barita, entre otros; convirtiéndonos en el destino número uno para exploración minera en América Latina.

Es importante remarcar que esta actividad es regulada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 27, así como en la Ley Minera y su reglamento, donde, en estricto sentido establecen los derechos y las obligaciones que deben adquirir la o las personas particulares al obtener una asignación o concesión minera.

Es entonces que la Ley Minera divide a los minerales como concesibles los cuales requieren contar con una concesión asignación para su extracción y beneficio, siendo estos metales preciosos, metales industriales no ferrosos, metales y minerales siderúrgicos, minerales no metálicos para diversos fines; por otro lado, encontramos los minerales no concesibles que pueden ser extraídos que se requiera una concesión como lo son los de construcción, arena, mampostería, barro, grava, etc. Es entonces que esta actividad se convierte en una de las más importantes en nuestro país, ya que constituye el desarrollo económico de la Nación.

Entre los estados más importantes en el sector minero se destacan los siguientes: Sonora, siendo este el principal productor de cobre en el país, con una extracción de más de 48 mil Toneladas de acuerdo a datos del INEGI en el periodo de mayo de 2022, además de la explotación de sus yacimientos de oro y plata al noroeste del estado; Zacatecas la cual tiene una de las principales reservas de plata en el mundo en cerro del Proaño, además de diversos minerales y piedras preciosas, convirtiéndose en el principal productor de plata en el país, produciendo más 204 toneladas; Coahuila, con toda una actividad próspera desde 1828 en el descubrimiento y explotación de carbón, así como cobre en 1870, óxido de zinc, plata y plomo en 1879 entre otros, representando el principal productor de coque en el país con más de 43 mil toneladas, según datos del INEGI.

Es claro que estos estados llevan el puntero en este sector; sin embargo, su alcance abarca a 24 estados más, con una incidencia directa o indirecta en casi un 90% de la población, produciendo diversos minerales como arena, yeso, sal, dolomitas, azufre, fosforita, celestita, grafito y barita, entre otros.

Ahora bien, quién debe regular toda esta actividad o quién es el responsable de las políticas públicas, sus regulaciones, permisos, inspecciones, concesiones, resguardo, seguridad y protección en toda su extinción, son coordinadas por la Secretaría de Economía y representadas por la Coordinación General de Minería, la Dirección General de Desarrollo Minero, la Dirección de Regulación Minera, el Fideicomiso de Fomento Minero y el Servicio Geológico Mexicano. Además, la Cámara Minera de México es el organismo gremial que se dedica a representar y organizar a los mineros que han obtenido concesiones como particulares.

Sin embargo, todo pareciera estar muy bien al ser punteros en este sector, ya que la lógica indica que siendo una actividad tan grande en nuestro país debe cumplir con todas y cada una de las regulaciones, permisos o sistemas de seguridad no solo por la propia extracción de los minerales, sino para preservar la seguridad de las y los trabajadores mineros. Lo que hasta el momento lamentablemente no ha sucedido, por lo que es imprescindible dar un conteo general de las tragedias ocurridas en minas derivadas de la negligencia, omisión y en muchos casos la corrupción y tráfico de influencias que da pie a actividades mineras sin ningún tipo de filtro, así como las amenazas y chantajes contra los trabajadores para evadir responsabilidades, tanto laborales como ambientales

Río Sonora, 6 de agosto de 2014, en este caso se derramaron 40 millones de metros cúbicos de agua con altos contenidos de ácido sulfúrico y sustancias cancerígenas, aquí se dañaron a más de 22 mil personas, así como flora y fauna, considerado como el peor desastre de ese tipo en la historia de la minera en nuestro país, que igualmente hasta el momento sigue impune, ahí mismo en Sonora, pero esta vez en Bahía de Guaymas, el 9 de julio de 2019, se derramaron 3 mil litro de ácido sulfúrico por una minera grande, debido a la falla de una válvula, igualmente hasta la fecha se desconocen los resultados de la investigación.

San Martín Sombrerete, Zacatecas, 14 de mayo de 2019, una minera derramó 20 mil litros de agua con sedimentos tóxicos y graves para la salud y el medio ambiente, asimismo otra minera el 25 de agosto de 2020 en Fresnillo igualmente derramó sustancias tóxicas en el sistema de conducción de la presa de jales, donde se quiso ocultar dicha tragedia.

San Luis Potosí, 8 de febrero de 2021, la negligencia se presentó en una planta electrolítica de zinc donde se registró una explosión ubicada en el área de controles, lo que obligó la evacuación de trabajadores por riesgo de intoxicación, reportándose el derrame de cientos de litros de aceite y por consiguiente un gran incendio, suspendiendo las actividades al aire libre.

Ahora bien, un estado al que se le atribuyen muchas tragedias mineras es el estado de Coahuila: en Progreso, el 3 de agosto de 2012, mueren 6 mineros tras un accidente dentro de una mina de carbón, debido a la formación de una bolsa de gas que empuja el techo, cayéndose 100 toneladas de carbón; el 25 de julio de 2012 en el municipio de Múzquiz por una explosión murieron 7 mineros en labores de excavación; el 26 de agosto de 2011, en otra mina de San Juan Sabinas, cuatro trabajadores pierden la vida por un derrumbe de 100 toneladas de carbón; en ese mismo ejido el 3 de mayo de 2011, una explosión de gas metano mata a 14 mineros, los cuales quedaron atrapados en un pozo de carbón; para el 19 de febrero de 2016 en Sabinas, tuvo lugar una de las tragedias más desgarradoras del sector minero, la mina 8 de carbón Pasta de Conchos, en esta desgracia murieron 65 mineros y 10 sufrieron graves quemaduras, donde hasta el momento lamentablemente nunca pudieron rescatarse los cuerpos de los mineros, además de que la compañía no ha indemnizado a las familias, ni mucho menos las autoridades realizaron un verdadera investigación para que expliquen las verdaderas causas que provocaron tan lamentable situación, por supuesto tampoco se castigó a ningún responsable.

Asimismo y desgraciadamente en estos momentos nuevamente en Sabinas, el pasado 3 de agosto del año en curso, 10 hombres permanecen incomunicados en un pozo de carbón a 60 metros bajo tierra después de un colapso de la mina El Pinabete, dichos trabajadores se encuentran sin agua potable, comida y luz, por lo que no se sabe si permanecen con vida, por lo que los familiares exigen en cualquier escenario que les devuelvan a sus familiares con vida o los cuerpos, exigiendo que no repita Pasta de Conchos.

Estamos convencidos que existen muchos ejemplos más de tragedias mineras donde, si bien es cierto, es responsabilidad de las grandes corporaciones, la verdadera problemática se atribuye a la falta de aplicación de la justicia y sobre todo al laxo, corrupto e ineficiente sistema de regulaciones, permisos y sistemas de seguridad para este sector, que invariablemente los conduce el Gobierno Federal, ya que por más reformas que existan a la ley minera, si se hacen a modo o conveniencia, nunca podremos tener un sistema minero eficaz, transparente y seguro, además de que ni pueden existir entidades intocables por actos de corrupción y tráfico de influencias.

En conclusión, es hora de poner un alto, así como se nos explique qué acciones se han tomado ante esta grave problemática, no es posible que se salgan por la tangente anteponiendo sexenios o administraciones pasadas, o simplemente pasen de largo este tema vital, que sin duda ha lastimado y está lastimando a muchas familias que los ha dejado sin padres, sin hijos o sin hermanos. No podemos permitir la tolerancia por grupos avariciosos y abusivos, tanto del Gobierno como del sector privado, que lo que menos les interesa son las y los mexicanos trabajadores.

Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Economía para que realicen las acciones necesarias para garantizar la seguridad física en el sector minero en nuestro país; así como que demuestren que las inspecciones realizadas en la región carbonífera de Coahuila cumplieron con las condiciones adecuadas de seguridad y regulaciones legales para la extracción de materiales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2022.

Diputado Mario Riestra Piña (rúbrica)

Diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (rúbricas)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las entidades federativas y a la Ciudad de México a implementar un módulo de atención para apoyar al sector de la economía social y solidaria, a cargo del diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, y las y los diputados del Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional integrantes de la LXV Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, incisos I, II y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

I. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) indica que las cooperativas “son reconocidas como asociaciones y empresas a través de las cuales los ciudadanos pueden mejorar sus vidas de manera efectiva mientras contribuyen al avance económico, social, cultural y político de su comunidad y paísi

De acuerdo a la ONU la importancia del papel de las cooperativas en el mundo se confirma con los siguientes datos:

• Más del 12 % de la población mundial es cooperativista de alguna de las más de tres millones de cooperativas del planeta.

• Las 300 cooperativas y mutuales más grandes generan un volumen de negocio de casi 2,035 billones de dólares.

• Las cooperativas emplean a 280 millones de personas en todo el mundo (10% de la población activa mundial).

En este sentido, la R193 - Recomendación sobre la promoción de las cooperativas, 2002 (núm. 193) de la Organización Internacional del Trabajo -presentada por Ejecutivo Federal a la Cámara de Senadores desde 2014 y no se ha aprobado-, indica la necesidad de dar apoyo a las cooperativas para que:

1) Los gobiernos faciliten el acceso de las cooperativas a servicios de apoyo con el fin de fortalecerlas y mejorar su viabilidad empresarial y su capacidad para crear empleo y generar ingresos.

2) En la medida de lo posible, estos servicios deberían incluir:

a) programas de desarrollo de los recursos humanos;

b) servicios de investigación y asesoramiento en materia de gestión;

c) acceso al financiamiento y la inversión;

d) servicios de contabilidad y auditoría;

e) servicios de información en materia de gestión;

f) servicios de información y relaciones públicas;

g) servicios de asesoramiento en materia de tecnología e innovación;

h) servicios de asesoramiento jurídico y fiscal;

i) servicios de apoyo al mercadeo y comercialización, y

j) otros servicios de apoyo, cuando proceda.ii

II. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) y la Organización Mundial del Trabajo (OIT) en la “Recomendación No. 204 sobre la Transición de la Economía Informal a la Economía Formal en el 2015”, reconocieron oficialmente a las Cooperativas como actores claves del sector privadoiii , mientras que durante mucho tiempo han sido consideradas por el público en general como una herramienta de suma importancia para afrontar problemas como la pobreza, desempleo y la economía informal.

La ONU refiere a las cooperativas como uno de los actores importantes en la implementación de los ODS en la resolución “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo Sostenible” -aprobada en septiembre de 2015 por su Asamblea- y establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental.

De acuerdo a la Alianza Cooperativa Internacional (COOP), el modelo de negocio cooperativo se basa en valores y principios éticos, a través de la autoayuda y del empoderamiento, reinvirtiendo en sus comunidades y preocupándose por el bienestar de las personas y del mundo en el que vivimos y, adoptando una visión a largo plazo sobre el crecimiento económico sostenible, el desarrollo social y la responsabilidad medioambientaliv .

Asimismo, World Cooperative Monitor es un programa diseñado para recopilar datos económicos, organizacionales y sociales sólidos sobre cooperativas en todo el mundo creado por European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises (EURICSE) y la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), refiere que en 2020 más del 12% de la población mundial es cooperativista de alguna de las 3 millones de cooperativas que existen en el mundo, generando ingresos de aproximadamente de 2,14 billones de dólares, proporcionando empleo al 10% de la población empleada y al mismo tiempo suministran los servicios a las infraestructuras que la sociedad necesita para prosperarv .

III. Las Cooperativas en México son un motor económico esencial para la nación ya que como se ha dicho anteriormente, pueden desempeñar un papel importante en la reducción de la pobreza, generan empleo, aportan al desarrollo de las comunidades y facilitan el acceso de la población a distintos servicios y productos financieros que les mejoran la vida, y, por otro lado, contribuyen al logro de la igualdad de género al incrementar las oportunidades de participación de las mujeres de la economía local.

Es de suma importancia poner en el contexto la creación de más cooperativas como una opción más económica que puede generar más empleos y combatir problemas económicos de algunas regiones en México donde no es posible la continuidad de los bancos tradicionales, por lo que se necesita una mayor visibilidad y difusión llevando a cabo diferentes acciones y políticas públicas dirigidos a demostrar a la sociedad la importancia de las cooperativas como empresa social desde el punto de vista de la economía social.

El Anexo del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 indica “atender las demandas sociales desde y en el territorio, romper las brechas de desigualdad, generar procesos de inclusión productiva y financiera mediante la economía social y el cooperativismo para que el bienestar sea sostenible en el largo plazo”vi . por lo que propone:

Promover el cooperativismo y la economía social y solidaria, reconociendo a estas iniciativas como parte importante de la economía e impulsando su proliferación y socialización. Se vinculará a las empresas sociales con el mercado y se facilitará el acceso a los apoyos para este sectorvii .

Derivado de lo anterior, es que el “Programa de Fomento a la Economía Social 2021-2024”, publicado en el Diario de la Federación el 21 de diciembre de 2012-, señala los siguientes objetivosviii :

Objetivo 1. Extender la cultura de la producción, el consumo, el ahorro y el financiamiento, basados en los principios, valores y prácticas de la economía social, a nivel nacional, entre la población infantil y juvenil, así como entre los grupos sociales actualmente excluidos.

Objetivo 2. Mejorar las condiciones del entorno, que favorezcan el desarrollo de los organismos del sector social de la economía.

Objetivo 3. Incrementar las capacidades de los organismos del sector social de la economía, desde los principios de la economía social.

Objetivo 4. Promover el acceso al ahorro, el crédito, el aseguramiento y otros servicios financieros, a través de entidades de la economía social, de la población actualmente excluida o incluida en condiciones adversas.

Objetivo 5. Contribuir al diseño e implementación de una política integral de financiamiento del sector social de la economía.

IV. Hoy en día la mayoría de la ciudadanía en el país no tienen conocimiento de lo que es una cooperativa por lo que es necesario que el Gobierno Federal, Estatal y Municipal realicen esfuerzos necesarios con la finalidad de poder atender al sector y al público interesado, en lo referente a la economía social, solidaria y cooperativista.

Con el fin de impulsar en las entidades federativas y de la Ciudad de México para proponer un acercamiento hacia la sociedad, se necesita crear un vínculo entre los organismos del sector social de la economía y las autoridades competentes, en donde pueda atender a la ciudadanía en general interesado en la organización y constitución de una cooperativa, se promueva el emprendimiento, se potencialice y se consoliden a las cooperativas existentes.

Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; en artículo 79, numeral 2, incisos I, II y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputado, el suscrito pone a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Entidades Federativas y la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones y a través de sus Secretarías de Desarrollo Económico o similares, implementen un módulo de atención que brinde información específica a la ciudadanía sobre los diferentes programas y proyectos de fomento a economía social y solidaria con la finalidad de promover una red que impulse el desarrollo de este sector.

Notas :

i. Organización de las Naciones Unidas, “Día Internacional de las Cooperativas 2 de julio”, en:

https://www.un.org/es/observances/cooperatives-day

ii. Organización Internacional del Trabajo, R193 - Recomendación sobre la promoción de las cooperativas, 2002 (núm. 193), en: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_I LO_CODE:R193

iii. Organización Internacional del Trabajo, “R204 - Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204)”, en:

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100: 0::NO::P12100_ILO_CODE:R204

iv. Alianza Cooperativa Internacional, “Datos y cifras”, en: https://www.ica.coop/es/cooperativas/datos-y-cifras

v. World Cooperative Monitor, “What is the World Cooperative Monitor”, en: https://monitor.coop/en/what-world-cooperative-monitor

vi. Ejecutivo Federal, “Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Anexos al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”, Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, en:

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430- XVIII-1.pdf

vii. Ibídem.

viii. Secretaría de Bienestar, “CUERDO por el que se aprueba el Programa de Fomento a la Economía Social 2021-2024”, Diario Oficial de la Federación, 21 de diciembre de 2021, en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5638883&fecha=21/12/ 2021#gsc.tab=0

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2022

Diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo (rúbrica)