Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos de las entidades federativas a normar el Premio Estatal de la Juventud en sus legislaciones e incluir la categoría de diversidad sexual, a cargo de la diputada Salma Luévano Luna, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Salma Luévano Luna , integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Cámara, la presente proposición con punto de acuerdo en materia de inclusión de la categoría de Diversidad Sexual en los Premios Estatales de la Juventidad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El reconocimiento, estímulo e impulso de nuestras juventudes debe jugar un papel importante dentro de las políticas de gobierno, ya que es parte de la preparación de las nuevas generaciones, las cuales deben ser involucradas en las acciones de gobierno y reconocer su participación en todas aquellas acciones que beneficien a su comunidad.

El Premio Nacional de la Juventud es una de las mayores distinciones con las que el Gobierno Federal reconoce a las juventudes mexicanas, a nivel estatal también se cuenta con este reconocimiento en algunas de las entidades federativas.

A nivel federal, este reconocimiento fue creado con el objetivo de premiar a las juventudes cuya conducta o dedicación al trabajo o al estudio cause entusiasmo y admiración entre sus contemporáneos y pueda considerarse ejemplo estimulante para crear y desarrollar motivos de superación personal o de progreso de la comunidad 1 .

Este tipo de premios, sirven para incentivar acciones en favor de las diversas luchas de la juventud, algo que tienen en común las legislaciones estatales que ya regulan un premio estatal de la juventud, es que reconocen la labor social, la protección al ambiente, las actividades artísticas, académicas, y en algunas variaciones a las personas con discapacidad, la innovación tecnológica y el emprendimiento.

Sin embargo y tristemente, algo que también tienen en común la gran mayoría de legislaciones estatales en la materia, es que ninguna reconoce la lucha de las juventudes diversas, lo cual es una consecuencia de la invisibilización sistemática a la que se ha sometido a la Comunidad LGBTTTIQA+ por parte no solo de la sociedad en su conjunto sino del Estado Mexicano.

Las personas pertenecientes a la Comunidad LGBTTTIQA+ enfrentamos grandes retos en el acceso y ejercicio de nuestros derechos, además de ser víctimas de estigmas arraigados tanto en la sociedad como en las Instituciones mexicanas, lo cual ha quedado evidenciado mediante estudios realizados y que recopila el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, donde de acuerdo con la ENADIS 2017, un tercio de la población no estaría dispuesta a rentar una habitación a personas trans (36%) ni a personas lesbianas o gay (32%), y a cuatro de cada diez personas no les gustaría que una persona gay o lesbiana fuera electa para la Presidencia de la República 2 .

En el mismo sentido, gracias a la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (Endiseg) 20213 , ahora sabemos que al menos 5 millones de mexicanes se consideran parte de la comunidad de la Diversidad Sexual y de Género, de los cuales el 68% se encuentra dentro del rango de edad de 15 a 29 años.

Para cualquier persona, el crecer y desarrollarse representa muchos riesgos que deben sortearse, para una persona LGBTTTIQA+ estos se multiplican ya que en muchas ocasiones debe enfrentar discriminación por parte de su entorno familiar, en la escuela o en el trabajo. La Organización de las Naciones Unidas presenta un diagnóstico devastador, al revelar que la comunidad de la diversidad sexual y de género padecen el estigma social, la exclusión y el prejuicio en el empleo, el hogar, el centro de estudio, las instituciones de atención de la salud y muchas otras facetas de sus vidas. Las personas pueden ser despedidas de sus empleos e intimidadas en la escuela; se les puede negar el tratamiento médico apropiado; pueden ser expulsadas de sus hogares, repudiadas por sus padres, ingresadas por la fuerza en instituciones siquiátricas y obligadas a contraer matrimonio o a quedar embarazadas; y su reputación puede ser atacada. En el caso de las personas intersexuales, la discriminación a menudo comienza al nacer, al ser sometidos muchos bebés y niños de corta edad intersexuales a intervenciones quirúrgicas y de otro tipo, realizadas sin su consentimiento informado ni el de sus padres, con la intención de borrar las diferencias intersexuales 4 .

La discriminación, a como lo ha manifestado el Conapred, también trae como consecuencia no solo que no se pueda realizar el plan de vida de la persona discriminada, si no también frena el desarrollo de la sociedad a la que pertenece al desperdiciarse su potencial y talento, lo cual inhibe el desarrollo de la sociedad5 .

Es así que podemos concluir que las juventudes diversas de nuestro país no la han tenido fácil, y aun así nuestras juventudes luchan día con día por salir adelante no solo mediante su crecimiento personal si no involucrándose en acciones en beneficio de su comunidad.

La Comunidad LGBTTTIQA+ ha dado la lucha por la erradicación de la discriminación, ha peleado por la consecución de sus derechos no pidiendo más, si no lo mismo de lo que ya disfruta el resto de la sociedad; el matrimonio igualitario, la prohibición de las terapias de conversión, la adopción homoparental, la seguridad social igualitaria y las leyes de identidad de género.

LGBT+ Rights México es una organización que busca crear un espacio seguro para la Comunidad LGBTIQ+ en la política nacional, a través de la participación ciudadana, la formación política y la incidencia legislativa y que están luchando por el reconocimiento de la Diversidad Sexual en los Premios Nacional y Estatales de la Juventud, por lo que en conjunto con elles presento este punto de acuerdo.

Al incluir la categoría de Diversidad Sexual en los diversos premios estatales se reconocerá y dignificará a la población LGBTTTIQA+ que por años ha sido invisibilidad por el Estado, se manda el mensaje correcto, que nuestras juventudes son valiosas y que se reconoce su esfuerzo y contribución a la sociedad, a la vez que se construye en pro de eliminar la estigmatización de la que son objeto.

Realizando un estudio de la legislación estatal en la materia, encontramos diferencias en la regulación del Premio Estatal de la Juventud que ameritan una armonización legislativa; encontrando tres supuestos: el primero son las entidades federativas con la regulación del Premio Estatal de la Juventud, el segundo son las entidades federativas que aun cuando cuentan con el premio, no reconocen a la diversidad sexual y de género, y el tercero las entidades federativas que no cuentan con este premio en su legislación.

El primer supuesto, son las que regulan el procedimiento, las categorías y en qué consiste el premio, esas entidades son: Baja California, en su artículo 100 de la Ley de Juventud del Estado de Baja California; Ciudad de México, en su artículo 159 de la Ley de Derechos para personas jóvenes en la Ciudad de México; Jalisco, en su artículo 18 de la Ley que establece las Bases para el Otorgamiento de Premios y Condecoraciones en el Estado de Jalisco; Morelos, en su artículo 79 de la Ley de las Personas Adolescentes y Jóvenes del Estado de Morelos; Oaxaca, en su artículo 60 de la Ley Estatal de Premios; Querétaro, en su artículo 65 de la Ley para el Desarrollo de los Jóvenes en el Estado de Querétaro, y Sonora, en su artículo 34 de la Ley de las y los Jóvenes del Estado de Sonora.

En las entidades federativas anteriormente mencionadas, sólo es necesario adicionar una fracción o numeral de “Diversidad Sexual” a sus artículos vigentes.

El segundo supuesto es una regulación insuficiente, en la cual no se incluye definición del premio, ni procedimiento, ni categorías, sólo se hace una mención de la existencia del premio, los estados son: Campeche, en su artículo 32 de la Ley de la Juventud del Estado de Campeche; Chiapas, en su artículo 58, fracción III de la Ley de Juventud para el Estado de Chiapas; Guanajuato, en su artículo 94 de la Ley para las Juventudes del Estado de Guanajuato, Puebla, en su artículo 76 de la Ley de la Juventud para el Estado de Puebla; Tlaxcala, en su artículo 53 fracción XVI de la Ley de la Juventud del Estado de Tlaxcala, Veracruz, en su artículo 18 cuarter de la Ley de Premios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Yucatán, en su artículo 111 de la Ley de Juventud del Estado de Yucatán, y Zacatecas, en su artículo 33 de la Ley de la Juventud del Estado de Zacatecas.

En las entidades federativas anteriormente mencionadas, ya se cuenta con una mención del premio, pero es necesario que la legislación establezca de manera clara en qué consiste el premio y quiénes podrán ser acreedores al mismo, ya que actualmente encuentran su fundamento en los planes estatales de desarrollo.

El tercer supuesto son las entidades federativas cuya legislación no regula el premio, las entidades federativas son Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa.

En cuanto a los avances que se han conseguido desde la sociedad civil, es necesario mencionar los resultados del trabajo de LGBT+ Rights México en cuanto a la consecución de este premio:

Se presentó el proyecto legislativo a legisladores de veinte congresos locales; Oaxaca, Nayarit, Jalisco, Veracruz, Ciudad de México, Puebla, Chiapas, Hidalgo, Guanajuato, Quintana Roo, Querétaro, Baja California, Estado de México, Aguascalientes, Guerrero, Colima, Sonora, Sinaloa y Morelos.

Siendo inscrita la iniciativa ante el pleno de los Congresos de Oaxaca (2 de febrero de 2022), Hidalgo (4 de febrero de 2022), Ciudad de México (17 de febrero de 2022), Quintana Roo (17 de marzo de 2022), Baja California Norte (21 de abril de 2022), Chiapas (26 de abril de 2022) y Colima (17 de mayo de 2022).

Siendo el caso que el H. Congreso del Estado de Oaxaca fue la primera entidad federativa en aprobarla. El miércoles 9 de marzo de 2022 se aprobó la adición de la fracción VII al artículo 60 de la Ley de Premios Estatales, convirtiéndose en el primer estado de la República en contar con la categoría de “Género y Diversidad Sexual” en el Premio Estatal de la Juventud.

Posteriormente, el 17 de mayo de 2022, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la iniciativa que adiciona las categorías de “Mérito al Fortalecimiento y Promoción a la Diversidad Sexual” y “Mérito al Fortalecimiento y Promoción a la Igualdad de Género” en el numeral 6) y 7) del artículo 159 de la Ley para las personas jóvenes de la Ciudad de México.

Después, el 31 de mayo de 2022, el Congreso del Estado de Colima aprobó la adición de los artículos 91, 92 y 93 de la Ley de la Juventud del Estado de Colima para regular el Premio Estatal de la Juventud, e incluir la categoría de “Género y Diversidad Sexual”.

En Hidalgo, se aprobó la adición de los artículos 82, 83 y 84 a la Ley de Juventud del Estado de Hidalgo para regular el Premio Estatal de la Juventud, e incluir la categoría de “Género y Diversidad Sexual”, convirtiéndose Hidalgo en la cuarta entidad federativa en la que se consigue la aprobación.

Es necesario mencionar que estas reformas se han dado con consenso de todos los partidos políticos.

El conseguir la homologación de las normas para que cada entidad federativa cuente con una categoría de diversidad sexual en el Premio Estatal de la Juventud, es un mensaje para todas las personas jóvenes que no se sienten aceptadas porque se han visto obligadas a vivir en una sociedad heteronormada, patriarcal y machista, para que cada año observen que un hermano, una hermana o une hermane de su comunidad, se le reconoce y dignifica.

Esto contribuirá también a incentivar la lucha por la comunidad LGBTTTIQA+, la participación ciudadana y la presentación de propuestas, para que cada año se premie a todas las personas que toman acciones en favor de reducir la discriminación, los discursos de odio, la brecha salarial, los transfeminicidios, la conciencia de las diversas identidades, expresiones de género, u orientaciones sexuales diversas, la lucha por una legislación incluyente, la realización de capacitaciones y talleres que eduquen a la sociedad mexicana a alcanzar un México empático, respetuoso a la diversidad e inclusivo, hasta que ser libre no sea un acto de valentía para nadie.

Por las anteriores consideraciones, sometemos a consideración del pleno de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas, exhorta a los Congresos estatales de Baja California, Jalisco, Morelos, Querétaro y Sonora, a adicionar en su legislación estatal vigente la categoría de “Diversidad Sexual” al Premio Estatal de la Juventud.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas, exhorta a los Congresos estatales de Campeche, Chiapas, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Nayarit, a regular la definición, el procedimiento y categorías del Premio Estatal de la Juventud en su legislación estatal vigente, e incluir la categoría de “Diversidad Sexual”.

Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas, exhorta a los Congresos estatales de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Nayarit, a establecer el Premio Estatal de la Juventud en su legislación vigente, e incluir la categoría de “Diversidad Sexual”.

Notas:

1. ACUERDO por el que el Premio Nacional de la Juventud 1989, se otorgo a los destacados mexicanos que se mencionan. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4648521&fecha=14/03/ 1990#gsc.tab=0

2. Ficha Temática: Orientación Sexual, Características Sexuales e Identidad y Expresión de Género. CONAPRED. Recuperado de: http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/FichaTematica_LGBTI.pdf

3. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endiseg/2021/doc/endiseg_ 2021_resultados.pdf

4. Ficha de datos Igualdad y no discriminación. Libres e iguales. ONUhttps://www.unfe.org/wp-content/uploads/2017/05/Equality-and-Discrim ination-Esp.pdf

5. Presentación del Protocolo de Actuación de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la Atención de Presuntos Actos de Discriminación. SEGOB-CONAPRED 2017. Consultable en: https://nmx.conapred.org.mx/materiales_consulta/descarga/material_14.pd f

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2022.

Diputada Salma Luévano Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a expedir un programa nacional para la prevención, el diagnóstico, el manejo, y el tratamiento de las demencias, con especial énfasis en la enfermedad de Alzheimer, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta H. asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

Entre las principales complicaciones en los adultos mayores se encuentran las demencias, caracterizadas por el deterioro cognitivo progresivo e irreversible. Estas condiciones afectan directamente al intelecto, la orientación, el lenguaje, el comportamiento y la capacidad del paciente para llevar a cabo actividades cotidianas.

Históricamente la demencia ha sido pensada como una consecuencia inevitable del envejecimiento; sin embargo, no está ligado únicamente a la edad, sino que son consecuencia de un deterioro anormal y progresivo que afecta las conexiones neuronales. Por ende, es urgente prestar atención a dichas enfermedades y atenderlas como tal, a través de un enfoque integral de acceso a los servicios de salud, incluyendo intervenciones preventivas, diagnóstico oportuno y tratamiento para evitar o retrasar el deterioro que provocan esos padecimientos.

Las demencias son, en conjunto, una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre los adultos mayores en todo el mundo, afectando actualmente aproximadamente a 50 millones de personas, de las cuales alrededor del 60%, viven en países de ingresos bajos y medios. A ese escenario, se agregan cerca de 10 millones de nuevos casos de demencia cada año.

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que entre un 5% y un 8% de la población mayor a 60 años, sufre alguna demencia en un determinado momento de su vida; y, para el año 2030, se prevé que el número total de personas con demencia alcance los 82 millones, mientras que para el año 2050, se espera que existan 152 millones de personas con uno de esos padecimientos.

La expresión más común de las demencias es el Alzheimer, pues representa entre el 60 y 70% de los casos de ese tipo de enfermedades; para el año 2030, se prevé que el número de pacientes con ese padecimiento sea de aproximadamente 57.4 millones de personas y para el 2050, será de 106.4 millones de personas a nivel mundial.

De acuerdo con la OMS, el 5% de los hombres y el 6% de las mujeres mayores de 60 años padecen la enfermedad de Alzheimer en todo el mundo. Para el caso de México, las cifras indican que existen más de 350,000 personas afectadas por esta enfermedad y que, cada año, causa la muerte de 2,030 pacientes.

La velocidad de la progresión de los síntomas de la enfermedad varía de persona a persona; en promedio, una persona con Alzheimer vive de cuatro a ocho años a partir del diagnóstico, pero puede vivir hasta 20 años, dependiendo de factores como la edad de diagnóstico y acceso a servicios de salud de calidad, entre otros.

Este padecimiento generalmente se diagnostica en personas de 65 años o más; sin embargo, el inicio de la enfermedad puede darse en etapas más tempranas, iniciando con cambios neurológicos sutiles que ocurren años o, incluso, décadas antes de que aparezcan los síntomas y, en el peor de los escenarios, nunca se diagnóstica como tal. Muchas personas experimentan signos precoces de deterioro cognitivo leve, los cuales a menudo no son reconocidos y tienen factores genéticos asociados.

Para abordar ese sub diagnóstico, se requiere de la participación de especialistas en neurología, guiados por métodos diagnósticos adecuados como la identificación de biomarcadores específicos que permiten evaluar de manera más certera y oportuna el nivel de deterioro cognitivo. Para ello se requiere una sensibilidad de diagnóstico superior al 85%.,

Los biomarcadores asociados con el Alzheimer permiten identificar la acumulación anormal de las proteínas “beta amiloide” y/o “tau” y su forma “hiperfosforilada”, las cuales pueden ser detectadas desde la fase preclínica de la enfermedad, por lo cual abren la oportunidad al diagnóstico oportuno, así como a un inicio temprano del tratamiento.

De manera más específica, los biomarcadores mundialmente validados para el diagnóstico de Alzheimer se dividen en dos grandes grupos. El primero, incluye biomarcadores en PET con radiotrazador específico para beta amiloide o tau y, el segundo grupo, incluye biomarcadores para líquido cefalorraquídeo. Estos últimos son los únicos disponibles para su uso en territorio mexicano y están considerados como prueba complementaria para el deterioro cognitivo leve por parte de la guía de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer en su actualización del 2017, publicada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La atención que necesitan las personas con Alzheimer, incluye la atención primaria de la salud, atención especializada, servicios comunitarios, rehabilitación, cuidados de larga duración y cuidados paliativos. Destacando el acceso a medicación adecuada, productos de higiene, las tecnologías de asistencia y las adaptaciones domésticas también son más accesibles en los países de ingresos altos, con un mayor nivel de reembolso, que en los países de ingresos bajos.

El tipo y nivel de los servicios prestados por los sectores de la salud y la asistencia social también determinan el nivel de los cuidados informales que son proporcionados principalmente por familiares y, en su mayoría, mujeres (77% de los cuidadores en la región de las Américas). Los cuidadores juegan un papel principal en la vida diaria de los pacientes con Alzheimer y demencias, pues en promedio, los cuidadores invierten cinco horas diarias en el cuidado de los pacientes.

Dado el estrés financiero, social y psicológico al que se enfrentan los cuidadores, el acceso a la información, la formación y los servicios, así como el apoyo social y financiero, es especialmente importante. En la actualidad, el 75% de los países integrantes de la OMS informan que ofrecen algún nivel de apoyo a los cuidadores; no obstante, se trata principalmente de países de ingresos altos.

Ante el panorama que representan las demencias, la OMS las ha reconocido como una prioridad de salud pública y, a partir del 2014, inició el trabajo integral de los distintos países aliados para construir el Plan de Acción Mundial sobre la respuesta de salud pública a la demencia 2017-2025, el cual fue aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo del 2017.

El Plan de Acción de la OMS es un marco integral de referencia para las instancias normativas, los países socios y los organismos regionales en materia de evaluación de la demencia como prioridad de salud pública. Además, contempla la concienciación y la puesta en marcha de iniciativas para satisfacer las necesidades de las personas afectadas, la reducción de riesgos, el diagnóstico, el tratamiento y la atención, los sistemas de información, el apoyo a los cuidadores, y la investigación e innovación.

Dentro del documento, se hace énfasis en el Alzheimer como la forma más común de demencia y cuyo impacto no sólo implica al individuo que la padece, sino que, afecta de manera importante a los cuidadores, a las familias y a las sociedades, implicando un costo de 818 billones de dólares en 2015, lo cual representa el 1.1% del Producto Interno Bruto a nivel global.

En este sentido, la OMS ha construido una plataforma internacional de vigilancia, el Observatorio Mundial de las Demencias, con el objetivo de facilitar el seguimiento y el intercambio de información sobre las políticas relacionadas con la demencia, la prestación de servicios, la epidemiología y la investigación; en el cual, de manera particular se realiza el seguimiento de las muertes asociadas a la Enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, México no se ha sumado a la iniciativa, por lo que no es posible visualizar la información del país dentro de esa plataforma.

Adicionalmente, en 2018, la OMS publicó el documento “Towards a dementia plan: a WHO guide ”, el cual proporciona orientaciones a los Estados Miembros para establecer y aplicar un plan de acción en materia de esta enfermedad. Dicho documento proporciona varias herramientas de priorización, así como una lista de verificación para preparar, elaborar y aplicar un plan integral sobre la demencia y el Alzheimer.

México, debe sumarse a la Convención de la OEA, así como a las iniciativas de la OPS, OMS y la ONU, a efecto de dar visibilidad y atender las problemáticas que afectan a los adultos mayores, entender el proceso de envejecimiento y tomar acciones en la materia. Ello, para que, además de adecuar o diseñar políticas públicas para abordar la transición demográfica de una manera proactiva y positiva, y ser congruentes con los esfuerzos internacionales.

Además de lo anterior, en México, el Alzheimer se atiende a través de tratamientos sintomáticos, es decir, se ataca sus síntomas y no la causa subyacente de la enfermedad; ello, a pesar de que, en otros países, la enfermedad se atiende desde las causas que la originan.

Lo anterior, es especialmente importante, dada la importancia que el Gobierno Federal del Presidente de la República, Andrés López Manuel López Obrador, ha demostrado hacia los adultos mayores. En ese sentido, México debe ser ejemplo para que otros países de la región también se sumen al esfuerzo global a favor del envejecimiento saludable.

Las políticas públicas en México, deben incluir un Programa Nacional para la Prevención, el Diagnóstico, el Manejo y el Tratamiento de las demencias, con especial énfasis en la enfermedad de Alzheimer. Asimismo, se debe estandarizar el manejo integral de dicha enfermedad, como lo sugieren la OPS y la OMS, así como asegurar la asignación de recursos humanos, material para implementarlo y la definición de métricas adecuadas para su evaluación.

Únicamente a través de dichas medidas se podrá garantizar que las personas adultas mayores puedan tener garantizados sus derechos, a la vez que pueden exigirlos y ejercerlos.

Por lo antes expuesto y fundado; se somete a la consideración de esta soberanía para su análisis, discusión y en su caso aprobación, el siguiente EXHORTO

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a que, expida un Programa Nacional para la Prevención, el Diagnóstico, el Manejo y el Tratamiento de las Demencias con especial énfasis en la Enfermedad de Alzheimer.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2022

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE y a la SE a establecer una mesa de diálogo con el gobierno de Estados Unidos de América para resolver la petición de investigación ante la oficina de la representante comercial de dicho país, por la exportación de productos agroalimentarios mexicanos, a cargo de la diputada Paloma Sánchez Ramos, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Paloma Sánchez Ramos, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado 8 de septiembre, los senadores de Florida Marco Rubio y Rick Scott, así como otros representantes en la cámara baja del estado, enviaron una carta a la Oficina de la Representante Comercial de los Estados Unidos, Katherine Tai, en la que piden investigar las exportaciones de productos agroalimentarios mexicanos, toda vez que, señala, el crecimiento de estas hacia el mercado norteamericano se debe a los supuestos subsidios aplicados a la producción de frutas y vegetales estacionales, así como al bajo costo de mano de obra.1

De esta forma, las acusaciones de esta delegación bicamaral, se centran en que las exportaciones de México han crecido, desde el año 2000, de menos de dos mil acres (809 hectáreas) a más de 126 mil acres (50 mil hectáreas), por lo que la preferencia en consumo de los productos agroalimentarios mexicanos se debe, según esta delegación, a este esquema mexicano, el cual pretende convertir a México en una potencia agrícola a través de la dominación de mercados extranjeros.2

En ese sentido, considerando que Florida es un estado con una producción agrícola que deja una ganancia de más de siete millones de millones de dólares, equivalente al 1.6 por ciento del PIB estatal3 , la delegación bicamaral señala que los productores de su estado se ven afectados directamente por las malas prácticas del gobierno mexicano y sus productores, por lo que resulta necesario invocar la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, la cual le permite a la Oficina de la Representante Comercial de los Estados Unidos a tomar una serie de acciones en torno a las prácticas de comercio de otros país, incluído México.4

Dicha investigación podría derivar, si no es atendida con seriedad por el gobierno mexicano, en una serie de medidas que restrinjan la exportación de productos agroalimentarios mexicanos hacia Estados Unidos, lo que ocasionaría un revés económico y serios daños a los ingresos de los productores mexicanos, especialmente del estado de Sinaloa, que comparte fechas de siembra y cosecha con el estado de Florida.5

En ese sentido, considerando que las exportaciones agroalimentarias mexicanas poseen un valor de 3 mil 970 millones de dólares, es fundamental que México explique, en una mesa de diálogo con el gobierno de los Estados Unidos, que la política agrícola de subsidios no tiene impacto alguno en la búsqueda por acaparar el mercado norteamericano sino que el consumo de productos agroalimentarios mexicanos se debe a las técnicas de producción utilizadas por nuestro país6 , generando un producto más fresco y atractivo para los consumidores, así como que Florida, como lo señala un estudio, tiene problemas para producir tomates, pimientos y otros vegetales frescos por las condiciones de su suelo, la presencia de insectos, la constante humedad y la dependencia a fertilizantes químicos.7

Asimismo, con las presiones inflacionarias en México y Estados Unidos, es absurdo buscar un conflicto comercial entre ambos países, pues la demanda de consumo de los productos agroalimentarios no solo ha aumentado, sino que también se ha encarecido por la guerra en Ucrania y los problemas de las cadenas de distribución en torno a la pandemia de covid-19.

Aunado a ello, las recientes declaraciones de la Secretaría de Hacienda en torno a eliminar permisos de importación para alimentos, con el objetivo de reducir el precio a los productos, implican que los productores mexicanos ya están en riesgo de verse afectados por la falta de compromiso y respeto por sus cosechas, toda vez que los recursos de fomento a la productividad, seguros agrícolas, financiamiento y créditos han sido reducidos. De hecho, resulta cuestionable que la delegación bicamaral de Florida alegue que el gobierno mexicano apoya a los productores mexicanos pensando en controlar el mercado norteamericano, toda vez que solo el 8 por ciento de los productores reciben financiamiento y el 46 por ciento de ellos tienen más de 61 años y son, en su mayoría, pobres o extremadamente pobres.8

En ese sentido, algunas organizaciones que importan productos mexicanos a Estados Unidos, ya han denunciado que la petición de investigación de la comisión bicamaral de Florida es un amague político que busca favorecer a los senadores Rubio y Scott ante las próximas elecciones, señalando que sus acusaciones no tienen fundamento alguno.9 Por esa razón, se requiere de negociación política y comercial para asegurar que los productores mexicanos estén respaldados frente a una posible investigación y sanción.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y Economía a establecer una mesa de diálogo con el gobierno de los Estados Unidos de América para resolver la petición de investigación ante la Oficina de la Representante Comercial de los Estados Unidos por la exportación de productos agroalimentarios mexicanos.

Notas

1 Bipartisan Florida Congressional Delegation, Petition for Relief Under Section 301 (b) of the Trade Act of 1974, as Amenden, 19 U.S.C. 2411 et seq, BFCD, 2022.

2 https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2022/9/
icymi-rubio-makes-case-for-trade-petition-to-protect-florida-growers

3 https://economic-impact-of-ag.uada.edu/florida/

4 https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11346

5 https://www.fdacs.gov/ezs3download/download/92083/2598666/Media/Files/T he-Impacts-Of-Mexico-Ag-Exports-On-Florida-Agriculture.pdf

6 https://www.perishablenews.com/produce/fpaa-response-to-rubio-scott-sec tion-request-for-301-trade-investigation/

7 https://edis.ifas.ufl.edu/publication/IN733

8https://www.cmdrs.gob.mx/sites/default/files/cmdrs/sesi on/2022/08/23/4661/materiales/el-campo-en-mexico.pdf

9 https://www.freshfrommexico.com/rubio-and-scott-trade-petition-is-all-p olitics-and-ignores-the-facts-mexican-fresh-produce-has-grown-because-o f-improved-varieties-and-the-commitment-to-reducing-water-and-chemical- use/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2022.

Diputada Paloma Sánchez Ramos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedena, a la Semar y a la SSPC a realizar el diagnóstico sobre las necesidades de infraestructura crítica de información y a desarrollar un plan de implementación para asegurar la ciberseguridad de los sistemas que garantizan la seguridad nacional, a cargo del diputado Javier Joaquín López Casarín, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Javier Joaquín López Casarín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Introducción

El incremento de ciberataques a dependencias públicas nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de atender de forma inmediata este fenómeno desde diversos sectores. Por lo anterior, resulta necesario conocer cuál es el estado de ciberseguridad que guarda el Estado mexicano.

Los ciberataques no solo vulneran la información clasificada y que guarda relación con la seguridad nacional, también ponen en riesgo información referente a datos personales de servidores públicos que son confidenciales.

En la actualidad, la evolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación ha generado que los ataques cibernéticos se incrementen de forma significativa, destacando que un sector importante de las víctimas de estos ataques son las dependencias públicas, lo que genera la necesidad de desencadenar una respuesta inmediata para mitigar los riesgos derivados de los ciberataques.

Marco conceptual

Para efecto de abordar el problema que implican los ciberataques a las dependencias e instituciones del Estado mexicano, resulta necesario contar con un marco conceptual claro, que nos permita explicar las razones por las cuales las intromisiones ilegales a la información son consideradas como ataques a la seguridad nacional.

La empresa IBM establece que los ciberataques son intentos no deseados de robar, exponer, alterar, deshabilitar o destruir información mediante el acceso no autorizado a los sistemas informáticos. Asimismo, establece que se identifican tres categorías principales de ciberataques: criminal, política y personal.1

Respecto de los ciberataques criminales, estos se caracterizan por desplegar una conducta que está motivada por el logro de un beneficio económico a través de la extorsión; por otro lado, los ciberataques políticos se destacan por intentar captar la atención mediática hacia una causa específica.

Así pues, la ciberseguridad es la práctica de proteger los sistemas importantes, la información clasificada como reservada y la información referente a datos personales (confidenciales y sensibles) de los ciberataques.

La empresa “IBM” señala que la ciberseguridad también es conocida como seguridad de la Tecnología de la Información (TI); las medidas de ciberseguridad o ciberseguridad cibernética están diseñadas para combatir las amenazas contra sistemas en red y aplicaciones, ya sea que esas amenazas se originen dentro o fuera de una organización.2

Finalmente, se establece que la seguridad nacional se encuentra definida en el artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional, que para pronta referencia se transcribe la porción que nos resulta de interés para el presente ejercicio:

Artículo 3.- Para efectos de esta Ley, por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a:

I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país;

(...)

A partir de estos elementos conceptuales y considerando el contexto de la realidad mexicana respecto de los ciberataques que han sufrido las instituciones y dependencias del Estado mexicano, podemos señalar que un ciberataque constituye un riesgo a la seguridad nacional.

Esto es así en virtud de que la intromisión a las bases de datos de las Secretarías de Estado Federales implica el acceso a documentos que, por su contenido y naturaleza, se clasifican como información reservada y confidencial.

Los ciberataques en el contexto mexicano

México se ha convertido en un país que recibe un número importante de ciberataques, destacando que el pasado 2 de octubre de 2022, Daniel Becker, Presidente de la Asociación de Bancos de México, declaró que en dos años México ha atraído la mayoría de los ataques cibernéticos en Latinoamérica.3

Durante las reuniones de la Mesa permanente de Ciberseguridad que instaló, en el año 2022, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, la empresa Metabase Q compartió que México ocupa el lugar 52 de 182 países preparados en seguridad cibernética y que México fue el país latinoamericano que más intentos de ciberataques recibió en 2021 con 156 mil millones.

Como se mencionó líneas arriba, entre los motivos que inspiran los ciberataques se encuentran los políticos, que buscan hacer notar la vulnerabilidad de las instituciones mexicanas y de los principales actores políticos mexicanos.

Entre los casos más relevantes de ciberataques a las instituciones mexicanas podemos mencionar los siguientes:

• Banco de México (abril 2018)

• Pemex (noviembre de 2019).

• Secretaría de Economía (febrero de 2020).

• Lotería Nacional (mayo de 2021).

• Sedena (septiembre de 2022).

Otro aspecto que tenemos que considerar es que, en la actualidad, el Estado mexicano carece de una ley especializada en materia de ciberseguridad, por lo que tenemos que fortalecer los mecanismos que ayuden a las dependencias federales a protegerse de posibles ciberataques.

Recientemente, las instituciones del Estado mexicano han sido vulneradas por medio de ciberataques, por lo que, para efecto de profundizar sobre los casos más recientes, se presenta el siguiente recuento:

Banco de México

Una operación llevada a cabo con precisión a finales de abril de 2018, cuando varios de los mayores bancos de México detectaron transferencias no autorizadas. Se calcula que el monto osciló entre los 400 a 800 millones de pesos (entre US$21 y US$42 millones).

Los hackers que atacaron el Banco de México entre otras instituciones bancarias, se calcula que estuvieron infiltrados dentro de las redes de estas instituciones hasta año y medio antes de ser detectados.

Tras la investigación forense se determinó que fue software de terceros que fueron adquiridos por los bancos los que sufrieron el ataque directamente, hubo controles que no se siguieron y existió una falta de supervisión de Banxico.

Pemex 2019

La empresa productiva del Estado fue víctima del ataque de ransomeware (secuestro de datos) el 10 de noviembre del 2019 y los autores del hackeo demandaron un rescate de 568 bitcoins, el equivalente a 4.9 millones de dólares. Se estima que el 5% de los equipos de cómputo de la empresa productiva del Estado fueron infectados con el malware que encripta la información para pedir rescate posteriormente.4

La agresión se le atribuyó a la banda de hackers DoppelPaymer . Según respuestas a solicitudes de información realizadas vía Ley de Transparencia, la Empresa Productiva identificó más de 176.3 millones de intentos de agresiones a sus sistemas de enero de 2015 a agosto de 2020.

La Auditoría Superior de la Federación realizó la Auditoría de Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones: 2018-6-90T9N20-0449-2019, destacando que se comprobó que, en el rubro de ciberseguridad, los principales riesgos se desprenden de la carencia de controles, entre los que destaca la falta de un análisis de vulnerabilidades y se recomendó que toda la infraestructura de Pemex cumpla con los objetivos de la seguridad informática.5

Secretaría de Economía 2020

La Secretaría de Economía informó que, el 23 de febrero de 2020, sufrió un ataque cibernético en sus servidores. En el comunicado que publicó se puede observar lo siguiente:

“Ayer domingo, 23 de febrero a las 10:30 horas, se detectó un ataque cibernético en algunos servidores de la Secretaría de Economía. Cabe destacar que la información sensible de la Secretaría y de sus usuarios no se vio comprometida. Sin embargo, como medida de precaución, la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI) solicitó a los proveedores el aislamiento de todas las redes y servidores. La capacidad operativa será reestablecida de forma segura, paulatina y controlada”.6

Por otro lado, Eloy Ávila, director de Tecnología de Darktrace para las Américas, declaró lo siguiente:

“El ciberataque a la Secretaría de Economía marca el tercer incidente en contra de una importante institución pública en México. A pesar de que la SE insiste en que no se comprometieron datos confidenciales, eso no significa que estos datos no fueran valiosos para los adversarios, si bien esta información puede no ser sensible para una organización, puede usarse como parte de campañas más grandes que usan múltiples datos para luego lanzar otros ataques”.7

Lotería Nacional 2021

En mayo de 2021, la Lotería Nacional (Lotenal) sufrió un ataque de ransomware a manos del grupo de hackers de origen ruso Avaddon. Los documentos que quedaron expuestos van desde información de pagos, pólizas, contratos, hasta bases de datos desde el 2009 hasta el 2021.8

Los operadores de Avaddon han hecho públicos 17 documentos que presuntamente extrajeron de los sistemas de Pronósticos Deportivos, dependencia gubernamental que se fusionó en 2019 con la Lotería Nacional, y amenazaron con ejecutar un ataque a la disponibilidad (DoS) en contra de la infraestructura de la institución.9

Sedena 2022

El último ciberataque que se encuentra documentado tuvo lugar durante el mes de septiembre de 2022. La revista Forbes México informó del hackeo a las bases de datos de la Sedena y en su nota señaló lo siguiente:

El hackeo de 6 terabytes de información clasificada, incluidos miles de correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha dejado en evidencia la gran vulnerabilidad del gobierno de México y el país en general en temas de ciberseguridad derivada de una insuficiente inversión y planeación, advirtieron expertos.

Este viernes, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, confirmó una filtración masiva de documentos reservados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que, entre otras cosas, sacó a la luz partes médicos que dan detalles no revelados de los padecimientos coronarios del mandatario.10

La información que se extrajo de las bases de datos digitales de la Secretaría de la Defensa Nacional hace evidente el peligro que representan los ciberataques y el riesgo que implican en el contexto de la seguridad nacional.

Podemos concluir que la información que se ha sustraído de las diversas dependencias del gobierno federal, contiene información sensible, confidencial y reservada, por lo que tenemos que realizar acciones tendientes a disminuir los riesgos de que, en el futuro, el Estado mexicano sea víctima nuevamente de un ciberataque.

Necesidad de contar con un diagnóstico en materia de ciberseguridad

Como se expuso arriba, se requiere con carácter urgente poner atención a los diversos ciberataques y buscar soluciones inmediatas, en virtud de que están en riesgo datos e información que guardan relación con la seguridad nacional y datos personales confidenciales y sensibles de los principales servidores públicos.

En caso de que no realicemos acciones tendientes a disminuir los riesgos derivados de los ciberataques se pueden presentar los siguientes escenarios:

• Inactividad o suspensión de servicios públicos.

• Pérdida, alteración o destrucción de información pública relevante.

• Exposición mediática de información clasificada como reservada.

• Exposición mediática de datos personales confidenciales y sensibles.

• Pérdida de recursos públicos destinados a recuperar la información.

• Falta de credibilidad por parte de la ciudadanía, por carecer de sistemas de ciberseguridad efectivos.

No perdamos de vista que en algunas instituciones y dependencias del Estado mexicano ya se han vulnerado sus sistemas informáticos, por lo que el riesgo de que este fenómeno se repita resulta muy alto.

Las dependencias e instituciones que conforman el Estado mexicano tienen que trabajar en un programa o plan de trabajo estratégico que tenga como objetivo garantizar la protección de la información que se resguarda en los diversos sistemas cibernéticos.

Por lo anterior, resulta de vital importancia contar con un diagnóstico que permita tener certeza de las debilidades y fortalezas que, en el campo de la ciberseguridad, posee el Estado mexicano, así como gozar de los recursos necesarios para poder responder a los riesgos que se detecten.

Un diagnóstico nos permitirá de forma inmediata, contar con la siguiente información:

• Definir los elementos que requieren de la ciberseguridad (equipos de cómputo, teléfonos celulares, programas, plataformas, sistemas, entre otros).

• Definir medidas de seguridad (físicas y virtuales).

• Identificar riesgos.

• Identificar fortalezas (acciones que ya están implementadas).

• Implementar controles de ciberseguridad.

• Planificar cómo mitigar los riesgos.

• Planificar un programa de capacitación en materia de seguridad digital.

En resumen, el presente exhorto tiene como objetivo garantizar que el Estado mexicano esté en condiciones para prevenir eventuales ciberataques, detectar y corregir riesgos digitales con los consecuentes daños y vulneración de los sistemas de seguridad nacional.

No pasa inadvertido que, desde la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación se ha trabajado para consolidar un marco legislativo que estructure la política y estrategia nacional sobre ciberseguridad, destacando el análisis de iniciativas existentes y nuevas propuestas para contar con una ley especializada en materia de ciberseguridad.

En consecuencia y congruencia con el trabajo que se ha realizado, me permito hacer un respetuoso llamado para que las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana realicen el diagnóstico que corresponda y contemplen las medidas de ejecución necesarias en materia de ciberseguridad para evitar futuras vulneraciones.

Por lo antes expuesto y fundamentado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana para que se realice el diagnóstico sobre las necesidades de infraestructura crítica de información y se desarrolle un plan de implementación para asegurar la ciberseguridad de los sistemas que garantizan la seguridad nacional en nuestro país.

Notas

1 IBM. (abril de 2021). ¿Qué es un ataque cibernético? Recuperado el 3 de octubre de 2022, disponible en:

https://www.ibm.com/mx-es/topics/cyber-attack

2 IBM. (2021). ¿Qué es la ciberseguridad? Recuperado el 3 de octubre de 2022, disponible en: https://www.ibm.com/mx-es/topics/cybersecurity

3 Méndez, L. E. (2 de octubre de 2022). México atrae 66% de los hackeos en Latinoamérica; 1% vulnera a la banca. Recuperado el 3 de octubre de 2022, disponible en Expansión: https://expansion.mx/economia/2022/10/02/mexico-atrae-66-hackeos

4 Meza, N., & Buendía, E. (2021). PemexLeaks: el robo de información que la petrolera quiso ocultar. Recuperado el 3 de octubre de 2022, disponible en ONEA: https://oneamexico.org/pemex-leaks-el-robo-de-informacion-que-la-petrol era-quiso-ocultar/

5 Auditoria Superior de la Federación. (2019). Auditoría De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones: 2018-6-90T9N20-0449-2019. Recuperado el 3 de octubre de 2022, disponible en Auditoría de TIC:

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018a/Documentos /Auditorias/2018_0449_a.pdf

6 Gobierno de México. (24 de febrero de 2020). Controla Secretaría de Economía ataque informático. Recuperado el 3 de octubre de 2022, disponible en Secretaría de Gobernación:

https://www.gob.mx/se/prensa/controla-secretaria-de-econ omia-ataque-informatico-235802

7 Ávila, E. (28 de febrero de 2020). Ciberseguridad y la Secretaría de Economía. Recuperado el 3 de octubre de 2022, disponible en Foro Jurídico: https://forojuridico.mx/ciberseguridad-y-la-secretaria-de-economia/

8 Reyes, E. (9 de junio de 2021). Ciberdelincuentes filtran documentos internos de la Lotería Nacional. Recuperado el 3 de octubre de 2022, disponible en Expansión: https://expansion.mx/tecnologia/2021/06/09/ciberdelincuentes-filtran-do cumentos-internos-de-la-loteria-nacional

9 Riquelme, R. (1 de junio de 2021). Lotería Nacional confirma sustracción de información por delincuentes internacionales. Recuperado el 3 de octubre de 2022, disponible en El economista: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Loteria-Nacional-confirma-sust raccion-de-informacion-por-delincuentes-internacionales-20210601-0039.h tml

10 Forbes. (30 de septiembre de 2022). Hackeo masivo a Sedena evidencia vulnerabilidad de ciberseguridad; así fue el ataque. Recuperado el 3 de octubre de 2022, disponible en Forbes: https://www.forbes.com.mx/hackeo-masivo-a-sedena-evidencia-vulnerabilid ad-de-ciberseguridad-asi-fue-el-ataque/

Trabajos citados

Auditoría Superior de la Federación. (2019). Auditoría de Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones: 2018-6-90T9N20-0449-2019. Recuperado el 3 de octubre de 2022, de Auditoría de TIC:

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018a/Documentos /Auditorias/2018_0449_a.pdf

Ávila, E. (28 de febrero de 2020). Ciberseguridad y la Secretaría de Economía. Recuperado el 3 de octubre de 2022, de Foro Jurídico: https://forojuridico.mx/ciberseguridad-y-la-secretaria-de-economia/

Forbes. (30 de septiembre de 2022). Hackeo masivo a Sedena evidencia vulnerabilidad de ciberseguridad; así fue el ataque. Recuperado el 3 de octubre de 2022, de Forbes:

https://www.forbes.com.mx/hackeo-masivo-a-sedena-evidenc ia-vulnerabilidad-de-ciberseguridad-asi-fue-el-ataque/

Gobierno de México. (30 de mayo de 2018). Misión y visión del SESNSP. Recuperado el 3 de octubre de 2022, de

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/mision-y- vision-del-sesnsp

Gobierno de México. (24 de febrero de 2020). Controla Secretaría de Economía ataque informático. Recuperado el 3 de octubre de 2022, de Secretaría de Gobernación: https://www.gob.mx/se/prensa/controla-secretaria-de-economia-ataque-inf ormatico-235802

IBM. (2021). ¿Qué es la ciberseguridad? Recuperado el 3 de octubre de 2022, de https://www.ibm.com/mx-es/topics/cybersecurity

IBM. (abril de 2021). ¿Qué es un ataque cibernético? Recuperado el 3 de octubre de 2022, de

https://www.ibm.com/mx-es/topics/cyber-attack

Méndez, L. E. (2 de octubre de 2022). México atrae 66% de los hackeos en Latinoamérica; 1% vulnera a la banca. Recuperado el 3 de octubre de 2022, de Expansión: https://expansion.mx/economia/2022/10/02/mexico-atrae-66-hackeos

Meza, N., & Buendía, E. (2021). PemexLeaks: el robo de información que la petrolera quiso ocultar. Recuperado el 3 de octubre de 2022, de ONEA: https://oneamexico.org/pemex-leaks-el-robo-de-informacion-que-la-petrol era-quiso-ocultar/

Reyes, E. (9 de junio de 2021). Ciberdelincuentes filtran documentos internos de la Lotería Nacional. Recuperado el 3 de octubre de 2022, de Expansión: https://expansion.mx/tecnologia/2021/06/09/ciberdelincuentes-filtran-do cumentos-internos-de-la-loteria-nacional

Riquelme, R. (1 de junio de 2021). Lotería Nacional confirma sustracción de información por delincuentes internacionales. Recuperado el 3 de octubre de 2022, de El economista: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Loteria-Nacional-confirma-sust raccion-de-informacion-por-delincuentes-internacionales-20210601-0039.h tml

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2002.

Diputado Javier Joaquín López Casarín

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedena a hacer público un informe sobre el estado que guardan las investigaciones relativas al ciberataque que recibió dicha dependencia, suscrita por los diputados Jorge Álvarez Máynez y Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, diputado Jorge Álvarez Máynez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a la consideración de la está asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a la siguiente

Exposición de Motivos

I. El pasado 8 de agosto de 2022 en conferencia matutina se originaron las primeras declaraciones del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador respecto a la presentación de la iniciativa para cambiar la adscripción de la GN:

“Presidente Andrés Manuel López Obrador: Lo voy a analizar en el ámbito, en la esfera de mis atribuciones. Puedo modificar, si es necesario, el reglamento interno en el gobierno, puede ser por decreto, puede ser una reforma a la Ley de la Administración Pública, independientemente de lo que resulte sobre la reforma constitucional, pero sí hacen falta estos cambios.”

Para el día 26 de agosto de 2022, en la conferencia matutina, el Presidente declaró:

“Entonces, para que se incorpore la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa –que lo que queremos es que sea una rama de la Secretaría de la Defensa, con la idea de que perdure y que sea la institución por excelencia para garantizar la seguridad pública– bueno, esa propuesta requiere de una reforma constitucional.”

“Entonces, sin reforma constitucional, voy a enviar el día 1º una iniciativa de ley integral para que en los márgenes legales se pueda lograr este propósito.”

El pasado 29 de septiembre de 2022 conforme a datos del reportaje del sitio de noticias Latinus, que dirige el periodista Carlos Loret, el grupo Guacamaya hackeó sistemas de la Sedena y obtuvo seis terabytes de información con comunicaciones y documentos sobre temas como seguridad, contratos de obra pública y la salud del propio presidente. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sufrió un ciberataque que expuso presuntos correos y documentos sobre operativos de seguridad, así como contratos del Ejército.1

Con esta filtración, se expusieron miles de documentos e informes de inteligencia sobre líderes criminales y personajes de la política, así como transcripciones de intervenciones telefónicas, fotografías, directorios y seguimiento a personajes como el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. También se filtraron bases de datos sobre el estado de fuerza de militares desplegados en el país, el uso de aeronaves y contratos al Tren Maya y al Aeropuerto de Tulum, en Quintana Roo.2

En la primera entrega sobre información filtrada se hicieron públicos documentos sobre la salud del presidente López Obrador; las medidas tomadas por el Ejército en octubre de 2019, durante el llamado ‘Culiacanazo’, cuando se dio un enfrentamiento entre militares y narcotraficantes en Sinaloa para obligar la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”; y una carta entre el secretario de la Marina y el secretario de la Defensa Nacional, en donde se muestran diferencias en torno a sus criterios de seguridad sobre el Aeropuerto Internacional de la CDMX. Asimismo, se difundió que, en la información obtenida, que equivale a 36 millones de documentos PDF y 1.5 millones de fotos o 3 mil horas de video,3 se tienen informes de inteligencia sobre líderes criminales y políticos, transcripciones de intervenciones telefónicas, informes extraoficiales sobre víctimas mortales en operativos militares y datos sobre presencia militar en diversas actividades a lo largo del país.4

De acuerdo a especialistas en ciberseguridad de Seekurity, el grupo Guacamaya tardó alrededor de un mes para extraer la información de los servidores de Sedena, además de que, de acuerdo a declaraciones de dicho grupo, ya se tenían códigos infiltrados para hackear a la Secretaría desde el 5 de julio, los cuales se utilizaron para estar descargando información. Además, esta vulneración ante ataques cibernéticos creen que está ligada con la reducción presupuestal que sufrieron las áreas de tecnología de la información cuando comenzó la presente administración5

Esta intromisión a los sistemas de cómputo de la Sedena da muestra de la vulneración y expone la seguridad de millones de personas que vivimos en el territorio nacional, así como las causas que nos han llevado a la militarización del país y del mando que tiene el Ejército en la actual administración.6 El hackeo a Sedena revela uno de los riesgos de confiarle un número creciente de responsabilidades a dicha institución: crea un punto focal de vulnerabilidad para todo el gobierno federal.

En la mañana del 30 de septiembre de 2022, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que el grupo de hackers denominado “Guacamaya” evidenció los documentos y la información antes descrita, y que esta fue obtenida por un ataque cibernético hacia la Sedena.

II. La Secretaría de la Defensa Nacional es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, con la misión de organizar, administrar y preparar al Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, con objeto de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; garantizar la seguridad interior y coadyuvar con el desarrollo nacional.

Desde 2013 a 2019 la propia Auditoría Superior de la Federación señaló deficiencias o vulnerabilidades relativas a la seguridad digital hacia la Sedena, así como en el área de tecnologías de información. Además, se encontró que 18 de 20 controles tenían deficiencias y vulnerabilidades en materia de seguridad nacional, entre ellas:

• Deficiencias en los controles de ciberdefensa para la infraestructura de hardware y software de la Secretaría, relacionadas con las directrices, infraestructura y herramientas informáticas en esta materia, que podrían afectar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información, poniendo en riesgo la operación de la Sedena.

• Entre otras irregularidades graves, la Auditoría Superior de la Federación detectó falta de control en la configuración segura para hardware y software en dispositivos móviles, computadoras portátiles, estaciones de trabajo y servidores, evaluación continua de la vulnerabilidad y solución, así como protección de correo electrónico y navegador web.

• No se cuenta con evidencia documental acerca de las actividades realizadas por la Sedena para verificar que los minutos que reportaba el proveedor fueran los utilizados por la secretaría.

• Los dictámenes técnicos carecen de documentación soporte que garantice que las cifras reportadas corresponden a lo efectivamente prestado por el proveedor.

• El administrador del contrato no elaboró, revisó o aprobó los dictámenes y oficios de aceptación parcial para ninguna de las partidas del contrato.7

Además de la Sedena, conforme a datos de EMEEQUIS, se encontró que en la violación de seguridad cibernética hay cuatro empresas responsables de la ciber vulnerabilidad: “Decsef sistemas” , “Computadoras, Accesorios y Sistemas” , “Debug experts” y “M&F Rservices ”. Al respecto el portal referido señala que “En una revisión rápida encontramos a tres de las cuatro empresas mencionadas en los contratos públicos que la Plataforma Nacional de Transparencia tiene disponibles”.

En este sentido cabe mencionar que entre lo que encontró EMEEQUIS, se tiene que “Decsef sistemas” cuenta con 11 contratos: 9 para la Sedena, uno para la Junta de Caminos del Estado de México y otro para el Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua. Por otro lado, “Computadoras, Accesorios y Sistemas” tiene 63 contratos para diversas dependencias e instituciones como Sedena, IPN, Banxico, Marina, UAM y Universidades Tecnológicas. “Debug Experts” no se queda atrás pues tiene 15 contratos con el Senado, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial y Coneval, todos ellos celebrados entre 2019 y 2022.8 Lo anterior, se traduce en una amenaza continua a la seguridad cibernética, económica y a la estabilidad democrática de nuestras instituciones.

Lo anteriormente descrito resulta preocupante no sólo por la afectación a las instituciones en materia de seguridad nacional, si no porque como ha quedado expuesto, las empresas involucradas en las omisiones a recomendaciones en materia de ciberseguridad prestan servicios a otras dependencias y entidades de la administración pública, lo que expone a millones de mexicanas y mexicanos que entregan sus datos personales a dichas entidades y que se encuentran vulnerables a ataques cibernéticos.

Por otro lado, cabe apuntar que el 16 de diciembre de 2019, la Secretaría de la Defensa Nacional negó la realización de todo tipo de contratos con la empresa Antsua o personas morales vinculadas a los proveedores del equipo de vigilancia y espionaje Pegasus. Esto pues, la Secretaría de la Defensa Nacional respondió dentro de la solicitud de información pública con folio 0000700340519 que “después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Secretaría no se encontró evidencia documental que permita atender su requerimiento resultando aplicable el criterio 07/17, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.”9 Sin embargo, la información revelada por el grupo Guacamaya evidenció que en ese mismo año se compró equipo de vigilancia a una empresa proveedora de Pegasus. Es decir, la Secretaría de la Defensa Nacional faltó a la verdad.

Al respecto, el 4 de octubre de 2022, al ser cuestionado el presidente sobre las actividades de espionaje realizadas por las Fuerzas Armadas con el sistema Pegasus, si bien negó formalmente que el ejército espíe a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores, reconoció expresamente que las Fuerzas Armadas intervienen comunicaciones en labores de inteligencia.10

Lo anterior resulta ilegal puesto que, conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no existe fundamento legal alguno que permita que las Fuerzas Armadas realicen trabajos de inteligencia e intervención de comunicaciones. Por el contrario, con fundamento en el artículo 30 bis, fracción XVII, es facultad exclusiva de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana “organizar, dirigir y supervisar bajo su adscripción al Centro Nacional de Inteligencia, el cual fungirá como un sistema de investigación e información, que contribuya a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, así como contribuir, en lo que corresponda al Ejecutivo de la Unión, a dar sustento a la unidad nacional, a preservar la cohesión social y a fortalecer las instituciones de gobierno.”

En este sentido, con base en las declaraciones del presidente, la Sedena estaría actuando ilegalmente y violando derechos humanos de las personas cuyas comunicaciones han sido intervenidas. Lo anterior además implica que se desconoce si es que existen autorizaciones judiciales que hayan permitido la intervención de comunicaciones, conforme al marco jurídico vigente. Por tanto, es necesario que se informe si algún juez de control ha autorizado dichas intervenciones y bajo cuál marco jurídico; y, en caso contrario, deben informar si lo han hecho por cuenta propia, sin autorización y sin marco legal alguno.

De acuerdo con el National Cyber Security Index 2022, México está en el lugar 84 de 160 de los países y sus medidas de seguridad implementadas por sus gobiernos centrales. Un reporte de la compañía de ciberseguridad Fortinet reveló que, en el primer semestre del año, la región de América Latina y el Caribe sufrió 137 mil millones de intentos de ciberataques. De estos, México fue el país más atacado de la región con 85 mil millones.11

Ante ello, las y los legisladores que integramos la Bancada Naranja consideramos que la filtración de 6 TB de información clasificada como confidencial de la Secretaría de la Defensa Nacional por parte del grupo de hackers denominado “Guacamaya”, ha puesto en grave riesgo la seguridad nacional, por lo que exhortamos al Titular de la Secretaría de la Defensa Nacional a que haga público un informe detallado sobre el estado que guarda el reciente ciberataque realizado a la Secretaría a su cargo. Asimismo, consideramos oportuno que el titular antes referido, comparezca a la brevedad ante esta Soberanía para que dé cuenta sobre dicho ciberataque ocurrido el pasado 29 de septiembre de 2022.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional a que haga público un informe detallado sobre el estado que guardan las investigaciones relativas al ciberataque que recibió la Secretaría de la Defensa Nacional el pasado 29 de septiembre de 2022, así como sobre supuestas labores de inteligencia conforme a lo expresado por el Titular del Poder Ejecutivo, indicando el sustento legal de las mismas, así como las autorizaciones judiciales que se han obtenido para tales fines.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional a que tome las medidas de infraestructura y financieras necesarias para asegurar que el ciberataque no vuelva a suceder.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que, con base a sus respectivas competencias legales, cite al Secretario de la Defensa Nacional a sostener una reunión de trabajo con integrantes de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados a fin de que dé cuenta sobre el ciberataque que recibió la Secretaría de la Defensa Nacional durante los meses pasados.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados para que, con base a sus respectivas competencias legales, cite al Secretario de la Defensa Nacional a sostener una reunión de trabajo con integrantes de los grupos parlamentarios, a fin de que dé cuenta sobre el ciberataque que recibió la Secretaría de la Defensa Nacional durante los meses pasados.

Quinto. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de la Defensa Nacional a que cumpla con las recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación en cuanto a la ciberseguridad de la citada Secretaría y garantice los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para evitar nuevas amenazas.

Sexto. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de la Defensa Nacional a que cumpla con las recomendaciones emitidas por Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre violaciones a derechos humanos perpetuadas por militares y garantice que estas no vuelvan a suceder.

Notas

1 Hackean al Ejército: Latinus revela documentos sobre seguridad, contratos y salud de AMLO, Animal Político, 29 de septiembre de 2022, recuperado de:

https://www.animalpolitico.com/2022/09/hackean-ejercito- latinus-documentos/

2 Ibídem

3 Loret Capítulo 96, Latinus, 29 de septiembre de 2022, recuperado de:

https://latinus.us/2022/09/29/loret-capitulo-96/

4 https://m-x.com.mx/al-dia/que-es-el-grupo-guacamaya-y-que-datos-sensibl es-filtro-de-la-sedena

5 “Varios hackers ya habían infectado a la Sedena antes de Guacamaya”, El Economista, 2022

https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/
Varios-hackers-ya-habian-infectado-a-la-Sedena-antes-de-Guacamaya-20221003-0070.html

6 Ibídem

7 Hackeo: desde 2021 ASF reprobó a Sedena por deficiencias graves en ciberseguridad, EMEEQUIS, 30 de septiembre de 2022, recuperado:

https://m-x.com.mx/al-dia/hackeo-desde-2021-asf-reprobo- a-sedena-por-deficiencias-graves-en-ciberseguridad

8 Ibídem

9 @padaguan. (2022). Publicación de la red social Twitter. Twitter. Recuperado de:

https://twitter.com/padaguan/status/1577057428528824 320/photo/1

10 Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, 4 de octubre de 2022, disponible en

https://lopezobrador.org.mx/2022/10/04/version-estenogra fica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel- lopez-obrador-826/

11 National Cyber Security, Inbox, octubre de 2022, recuperado de: https://ncsi.ega.ee/country/mx/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2022.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al IMSS y al ISSSTE a hacer de conocimiento público la estrategia que han planeado para resolver la problemática que se avecina a raíz del próximo vencimiento de los contratos con los integradores de servicios de laboratorio de análisis clínicos y bancos de sangre recientemente inhabilitados, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1 y el artículo 79 numeral 2 fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Los llamados servicios integrales constituyen una modalidad de contratación en el sistema de salud a través de la cual se presta un servicio médico. El abanico de servicios que pueden ser contratados bajo este esquema va desde laboratorios de análisis clínicos, anestesiología, cirugía laparoscópica hasta diálisis peritoneal, entre otros.

Usualmente para este tipo de servicios médicos se requiere adquirir equipos, instrumental médico, insumos y consumibles a través de agrupación de partidas (correspondientes a diversas claves del Compendio Nacional de Insumos para la Salud cuyos fabricantes o comercializadores son distintos, es decir, un laboratorio determinado no podría cumplir con la integralidad de las partidas por contratar), y adicionalmente se requiere capacitar al personal y contar con técnicos expertos para el mantenimiento que los equipos en cuestión requieran. A través de los servicios integrales, un solo proveedor, a quien se le conoce como integrador, es quien proporciona todo lo necesario y es el prestador del servicio integral quien compra a diversos proveedores los insumos requeridos y contrata al personal necesario para el trabajo de mantenimiento, además de ofrecer la capacitación necesaria para el correcto funcionamiento del servicio.

El modelo de servicio integral, en las áreas de laboratorios de análisis clínicos y bancos de sangre, ha sido utilizado tanto por el IMSS desde el año 2008 y por el ISSSTE desde el año 2010. Previo a este modelo, estas instituciones compraban los equipos y les proporcionaban el mantenimiento requerido, a raíz de lo cual se generaban desigualdades en las capacidades tanto para asegurar una eficiente operación a lo largo del país, como para proporcionar el mantenimiento. Los insumos se compraban de manera anual y los equipos eran adquiridos de manera directa por la institución, generándose desperdicios o falta de compatibilidad entre los equipos adquiridos, lo que dificultaba la correcta prestación del servicio y generaba costos adicionales.

Para el caso particular del Servicio Integral de Estudios de Laboratorio Clínico, el integrador provee todo lo necesario para realizar estudios de diagnóstico para los pacientes, lo que incluye, de manera no limitativa: jeringas, tubos de ensayo, tiras reactivas para procesar las pruebas, equipos, software y también el acondicionamiento de los espacios donde se instalan estos equipos, es decir, los laboratorios. De igual manera ocurre para los Bancos de Sangre, donde el integrador provee equipos, insumos, software, acondicionamiento de espacios, etc.

De acuerdo a la información presentada en la conferencia matutina del presidente López Obrador el día 15 de diciembre de 2020, en el año 2015 se llevó a cabo la última licitación plurianual por tres años y se privatizó el total de los servicios de laboratorios de análisis clínicos y de banco de sangre en IMSS e ISSSTE. Estos servicios son claves para garantizar el acceso a la salud.

Estos servicios integrales han sido proporcionados a lo largo de estos años por un pequeño grupo de empresas integradoras, que participan en las licitaciones que convocan tanto IMSS como ISSSTE. En agosto de 2020, el pleno de la Cofece determinó que 11 empresas y 14 personas físicas se coordinaron para presentar (o abstenerse de hacerlo) posturas en las licitaciones convocadas por ambos institutos y esto provocó perjuicio al erario y a los derechohabientes. El daño fue al menos de 1,200 millones de pesos por pago de sobreprecios. A raíz de esto, a las empresas coludidas se les impusieron multas que en conjunto suman 626 millones 457 mil pesos.

En fechas recientes, se emitieron una serie de circulares por parte de la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control del ISSSTE en las que se comunicaba a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con 9 empresas prestadoras de servicios integrales, entre las que se encuentran las principales integradoras de servicios de laboratorios de análisis clínicos y bancos de sangre (algunas de ellas actualmente son prestadoras de servicios tanto del IMSS como del ISSSTE), imponiéndoles una sanción que comprende la inhabilitación de las mismas para participar en licitaciones por un periodo de 7 años y multas que en conjunto suman más de 902 millones de pesos.

Si bien es de reconocer que la Secretaría de la Función Pública, en el marco del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la impunidad, y de Mejora de Gestión 2019-2024 , busque salvaguardar las reglas que rigen las contrataciones públicas, causa profunda preocupación que ni IMSS ni ISSSTE, las dos principales instituciones de seguridad social prestadoras de servicios de salud en el país, hayan informado sobre la manera en qué asegurarán la prestación los servicios de laboratorio de análisis clínicos y bancos de sangre, toda vez que se reducirá el número de integradores con capacidad suficiente para cubrir la operación de estos servicios a nivel nacional.

Es de destacar que para lograr ser una empresa integradora prestadora de este tipo de servicios se requieren características muy puntuales, entre ellas el tener: un conocimiento profundo del modelo de prestación del servicio, capacidad financiera o líneas de crédito abiertas con las empresas trasnacionales proveedoras de equipos e insumos, personal experto en biotecnología para las áreas de mantenimiento, ingenieros con conocimientos puntuales sobre las adecuaciones necesarias en las instalaciones y una gran capacidad financiera para estar en la posibilidad de cumplir puntualmente con los compromisos que se adquieren al obtener este tipo de contratos. Por este motivo, no es fácil que cualquier empresa pueda ser un integrador de servicios de laboratorios de análisis clínicos y bancos de sangre.

Las experiencias vividas en los últimos años en relación a la desaparición de las empresas distribuidoras de medicamentos, acusadas por el Presidente de corrupción, así como la modificación en el esquema de adquisiciones de los mismos, aun cuando han sido acciones que han contribuido a la transparencia del sector, también han tenido impacto en el acceso a la salud para un gran número de mexicanos, puesto que ha afectado la continuidad de los procesos de compra y distribución. Lo anterior, derivado del hecho que el sistema de salud público requiere de un espacio temporal mayor para asumir la responsabilidad de la distribución de los insumos como medicamentos y material de curación por sí mismo y no contaba ni con la red de transporte, almacenes, red de frío, etc.

Hasta la fecha, a pesar de los esfuerzos del Gobierno para adquirir puntualmente los insumos para la salud, no se ha logrado que estos lleguen de forma oportuna al paciente. Este escenario podría replicarse en temas tan sensibles como lo son los servicios integrales de cirugía de mínima invasión, servicios integrales de hemodiálisis para pacientes con enfermedad renal crónica y también el servicio de pruebas diagnósticas que se realizan en los laboratorios, ya que al día de hoy IMSS e ISSSTE, en caso de modificar los esquemas de contratación de estos y virar de servicios integrales a la adquisición de cada uno de los insumos y equipos requeridos, enfrentarán obstáculos tan serios como lo son la necesidad de una importante inversión en equipamiento, como el no contar con personal técnico capacitado para el mantenimiento y conservación de los equipos especializados.

Las empresas fabricantes de los equipos carecen de suficiente personal para prestar servicio de soporte técnico al total de los laboratorios que se estarían equipando por no ser su objeto social primordial. De igual manera, las instituciones ya no cuentan con la experiencia necesaria para dimensionar los insumos que se requieren para la prestación del servicio, entre otras complejidades que se presentarán en caso de materializarse este escenario.

Es por lo anterior, que resulta menester que exista una debida planeación en la toma de decisiones inmediatas que garanticen la continuidad en la prestación de los servicios de laboratorio de análisis clínico y bancos de sangre para responder a la problemática que pueda generar la inhabilitación de los que eran los principales proveedores de tales servicios.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social y al titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para que a la brevedad posible hagan de conocimiento público la estrategia que han planeado para resolver la problemática que se avecina a raíz del próximo vencimiento de los contratos con los integradores de servicios de laboratorio de análisis clínicos y bancos de sangre recientemente inhabilitados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2022.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal, a la Ssa y a la Cofepris a actualizar la alerta sanitaria sobre cigarros y similares a productos de tabaco que son comercializados de forma ilegal en México, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Éctor Jaime Ramírez Barba y diputadas y diputados en la LXV Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la honorable Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal, a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a actualizar la alerta sanitaria sobre cigarros y similares a productos de tabaco que son comercializados de forma ilegal en México, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, de acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), el mercado ilícito de cigarros alcanza el 18% del mercado; es decir, 18 de cada 100 cajetillas de cigarros que se consumen en el país, son ilegales. Se estima que más de 360 millones de cajetillas forman parte del mercado ilícito, las cuales se venden principalmente en el comercio no organizado (tianguis, mercados y tiendas de la esquina). Lo anterior, equivale a una pérdida fiscal para el Gobierno de 13,500 millones de pesos anuales.

Los cigarros ilegales constituyen un mayor riesgo a la salud de la población que los cigarros que se comercializan cumpliendo la normatividad vigente, ya que puede tratarse de producto falsificado, adulterado o incluso, elaborados con ingredientes desconocidos, lo que incrementa la posibilidad de contener compuestos químicos potencialmente tóxicos y distintos a la planta del tabaco y, por tanto, no se puede identificar el comportamiento de dichas sustancias en el organismo. Uno de los riesgos más importante es que por su bajo costo, los cigarros ilegales tienen mayor penetración en consumidores que son menores de edad y adolescentes, lo que fomenta el consumo de tabaco a temprana edad.

Según una investigación periodística titulada “Cartel del tabaco: amenaza de muerte a quienes venda otras marcas”, realizada por periodistas de grupo Milenio, se puso al descubierto una red de corrupción. En dicha investigación dan cuenta que, a partir de 2018, personas que portan uniformes de fuerzas policiacas o con gafetes de la Comisión Federal para la Protección de Riegos Sanitarios, han realizado una serie de operativos armados, con amenazas y reportan que en algunos casos han ejercido violencia en comercios de diversas localidades, el objetivo es: la venta de ciertas marcas de cigarros, entre ellas Laredo, Económicos y Studio 54.

Bajo el argumento que las otras marcas están prohibidas, sustraen la mercancía, otras veces la destruyen, a pesar de mostrar las facturas los encargados de las tiendas y comercios, la mercancía es retirada, les dicen que pueden recogerla en las fiscalías o a las policías locales, pero las autoridades desconocen los operativos y el producto incautado.

Al tiempo, reparten volantes en las que les enumeran las indicaciones de cuales marcas se pueden vender y cuáles no. En total se tiene registro de 364 operativos ilegales en Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Veracruz y Tabasco.

Muy recientemente, también se añade a esta lista, el estado de Guanajuato, de acuerdo con información compartida por comerciantes de las ciudades de León, Silao, Irapuato, Celaya, Moroleón y Uriangato. Los comerciantes declaran que, en estos casos, personas visitan sus negocios usando intimidación, exigiéndoles que solo vendan marcas específicas relacionadas a la investigación antes mencionada.

Esta incipiente actividad en la zona está siendo investigada, pero es indispensable la colaboración con el gobierno federal y que las autoridades cumplan con sus funciones de acuerdo con lo establecido por la ley. En nuestro país, corresponde a la Secretara de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), instrumentar la estrategia para definir y establecer las acciones idóneas para prevenir o contrarrestar riesgos sanitarios. Su misión consiste en proteger a la población contra riesgos a la salud que sean provocados por el uso y consumo de bienes y servicios, así como por su exposición a factores ambientales y laborales, la ocurrencia de contingencias sanitarias y la prestación de servicios de salud, mediante la regulación, control y fomento sanitario.

Así, entre las funciones de la COFEPRIS se encuentra el control sanitario de productos y servicios contemplando con ello su importación y exportación, así como la vigilancia de los establecimientos dedicados al proceso de los productos. Siendo que, entre los referidos productos sujetos al control y vigilancia sanitaria por parte de dicha dependencia, se encuentran los productos de tabaco.

Una alerta sanitaria es un comunicado de riesgo que se refiere a que un producto, competencia de la COFEPRIS, que es procesado, comercializado, distribuido, acondicionado, o elaborado en México o en otros países, que por su uso o consumo representa un riesgo para la salud del consumidor mexicano, que puede tener trascendencia social y frente a la cual hay que tomar medidas en salud pública de manera urgente y eficaz. La última alerta sanitaria publicada por COFEPRIS es de junio de 2018 misma que contiene más de 200 marcas ilegales de las que tiene conocimiento la Comisión que se comercializan en todo el país.

La alerta sanitaria sobre cigarros y productos similares del tabaco que se comercializan de forma ilegal en México es un documento indispensable para combatir al mercado ilícito de cigarros ya que es un instrumento que permite a las autoridades de seguridad y aduaneras y en general, a la población, estar informadas sobre las marcas ilegales que han sido identificadas en el mercado mexicano ya sea por carecer de permisos de importación, licencia sanitaria o publicidad ilegal.

A razón del acelerado crecimiento del mercado negro de cigarros que se ha dividido en dos tipos: cigarros de contrabando y cigarros ilegales producidos en México, al día de hoy la industria considera que se distribuyen y venden en nuestro país 30 marcas ilegales adicionales a las que hace referencia la alerta sanitaria de 2018. Es urgente que la misma refleje las condiciones actuales del mercado ilícito de tabaco que crece a pasos agigantados dando cabida a un sinnúmero de marcas fuera de la ley y esto es, principalmente, porque COFEPRIS no emite con regularidad la actualización de este documento ni desempeña a cabalidad las acciones de vigilancia, aseguramiento y destrucción de estos productos.

El artículo 4o de la Constitución consagra el derecho humano de toda persona a la protección de la salud. La salud, es un componente fundamental en el desarrollo socio-económico de cualquier nación; el mejoramiento de la misma tiene un valor humano, ético, político y económico intrínseco. El papel del Estado como garante de la salud de la población es parte toral para el desarrollo del país.

El objetivo debe ser promover condiciones para protección de la salud, de la legalidad, de la lucha contra productos ilegales que afectan a la sociedad y el libre mercado.

En México contamos un amplio marco jurídico que tiene como propósito proteger la seguridad y economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, así como los relacionados con estructuras financieras de organizaciones delictivas para con ello evitar el uso de los recursos para su financiamiento. En este sentido la coordinación interinstitucional es fundamental, cada institución debe ejercer las facultades que le confieren las leyes y denunciar los hechos que probablemente puedan constituir ilícitos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Gobierno Federal, a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a, actualizar la Alerta Sanitaria sobre Cigarros y Similares a Productos de Tabaco que son Comercializados de Forma Ilegal en México, ya que la publicada en junio de 2018 no refleja la realidad del mercado ilícito de tabaco.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a que, por sí misma y en coordinación con las autoridades estatales, realice las acciones de vigilancia y aseguramiento de cigarros ilegales; así como ordenar su aseguramiento, destrucción e imposición de multas económicas por infracción a la regulación en la materia, independientemente de la responsabilidad penal que pueda derivar por la comercialización de productos ilegales.

Nota:

COFEPRIS. Alerta sanitaria sobre cigarros y similares a productos de tabaco que son comercializados de forma ilegal. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/667935/9_Alerta_Sanitaria_tabaco_junio_2018v.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 6 de octubre de 2022.

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo de Veracruz y a diversas autoridades a coordinar un plan con el propósito de ejecutar acciones orientadas a disminuir la contaminación del Rio Blanco, así como sanear el agua de este afluente, a cargo de la diputada Lorena Piñón Rivera, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Lorena Piñón Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a escrutinio de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1.- El Río Blanco, también conocido como Río Atlizcatl es un afluente con una longitud en su trayectoria de alrededor de 210 kilómetros y que cruza 37 municipios veracruzanos, debido a los procesos de industrialización y urbanización que se han presentado en el estado de Veracruz, este río se ha visto afectado por el desecho de una diversa cantidad de desperdicios producidos tanto por la industria como por los pobladores de los distintos municipios por los que pasa el afluente.1

2.- Las diversas problemáticas relacionadas con el estrés hídrico que acontecen en nuestro país2 nos obligan a buscar distintas alternativas que permitan hacerle frente a esta preocupante crisis, una manera de solucionar esta cuestión es a través de la limpieza de los ríos y la prevención de la contaminación provocada a los mismos, en el caso del Río Blanco es necesario que las autoridades involucradas en el cuidado de los mantos acuíferos del estado, así como los municipios por los que pasa este afluente, trabajen de la mano con los actores y activistas preocupados por dicha situación para que pueda trabajarse en un programa integral que no sólo limpie la polución presente en el caudal, sino que también permita la prevención efectiva de la contaminación a este río.3

3.- El derecho de los mexicanos al agua potable, así como un entorno hídrico libre de polución, es un derecho reconocido en nuestra Carta Magna, por esta razón la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en su artículo 4 declara lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho (...)”

4.- De igual manera en el siguiente párrafo del artículo 4 de la CPEUM se expresa lo siguiente, respecto al el derecho de los mexicanos mexicanos sobre el agua:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”

5.- El hecho relacionado con las responsabilidades para el cuidado de ríos y demás mantos acuíferos se expresa en el siguiente artículo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo 88.- Para el aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos se considerarán los siguientes criterios:

I. Corresponde al Estado y a la sociedad la protección de los ecosistemas acuáticos y del equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico...

6.- De igual forma, se expresa en el artículo 92 de esta ley la facultad del Estado para reducir los márgenes de desaprovechamiento de agua:

Artículo 92.- Con el propósito de asegurar la disponibilidad del agua y abatir los niveles de desperdicio, las autoridades competentes promoverán el ahorro y uso eficiente del agua, el tratamiento de aguas residuales y su reuso.

7.- Sobre la competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el control de los procesos que contaminan los cuerpos de agua se expresa lo siguiente:

Artículo 93.- La Secretaría, realizará las acciones necesarias para evitar, y en su caso controlar procesos de eutroficación, salinización y cualquier otro proceso de contaminación en las aguas nacionales.

8.- Finalmente es este mismo marco normativo se exponen las pautas necesarias para evitar y prevenir la polución de agua en nuestro país:

Artículo 117.- Para la prevención y control de la contaminación del agua se considerarán los siguientes criterios:

I. La prevención y control de la contaminación del agua, es fundamental para evitar que se reduzca su disponibilidad y para proteger los ecosistemas del país;

II. Corresponde al Estado y la sociedad prevenir la contaminación de ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos y corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo;

(...)

IV. Las aguas residuales de origen urbano deben recibir tratamiento previo a su descarga en ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo;

9.- La Ley General de Salud dicta en su artículo 65 las obligaciones de las autoridades en sus distintas funciones para que estas emprendan acciones orientadas a garantizar el derecho de las personas al acceso de agua apta para el consumo humano.

Artículo 65.- Las autoridades sanitarias, educativas y laborales, en sus respectivos ámbitos de competencia, apoyarán y fomentarán:

(...) IV. Acciones relacionadas con educación básica, alfabetización de adultos, acceso al agua potable y medios sanitarios de eliminación de excretas.

10.- El calentamiento global tiene una gran influencia en el estrés hídrico, debido a que las variaciones climáticas que derivan de este fenómeno producen alteraciones en las lluvias, así como en la temperatura, de igual manera se aumenta la probabilidad de existencia de sequía en la zona afectada por esta contingencia, por estas razones se recomienda el uso moderado y responsable de los recursos hídricos en una entidad con una importante densidad poblacional, con el objetivo de disminuir las probabilidades de que estos problemas se vuelvan recurrentes en varios regiones de nuestro país.4

11.- Uno de los objetivos más importantes del Plan Hídrico 2020-2024, establecido por el gobierno federal, es garantizar progresivamente los derechos humanos al agua y al saneamiento de la misma, principalmente para la población más vulnerable. El documento también señala la importancia del saneamiento y de los servicios que facilitan el acceso al agua, ya que estos posibilitan la disminución de la mortalidad y otros padecimientos como la hepatitis, fiebre tifoidea, cólera o disentería entre los habitantes que sean menores de cinco años. Los servicios de agua y saneamiento permiten la reducción de la mortalidad y morbilidad entre la población menor de cinco años y demás población vulnerable.5

12.- Una importante cantidad de cuerpos hídricos en nuestro país se encuentran contaminados debido al depósito de aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento, debido a esto el nivel de contaminación en estos cuerpos tiende variar, lo que dificulta dimensionar la magnitud de contaminación que presentan dichos cuerpos de agua.6

13.- Desde el año 2002 la Semarnat se había manifestado por la preocupante situación de polución que sufre el Río blanco pues declaró en su Informe de la situación general del medio ambiente en México, 20027 que el Río Blanco en Veracruz se encontraba en la lista de los ríos más contaminados del país junto a las cuencas de Lerma, Alto Basas y San Juan. De igual manera el informe expresa cuales son los requerimientos necesarios par implementar las medidas que permitan la mitigación de los efectos causados por el cambio climático, en dicho documento se expone que solamente a través de esfuerzos comunes de cooperación será posible encontrar una solución viable y permanente al problema de la contaminación hídrica, de igual forma estos esfuerzos conjuntos deben de integrar entre las partes tópicos de equidad, justicia e imparcialidad dentro de un medio que permita la toma de decisiones y que está mismas estén basadas en principios éticos, percepciones de riesgos así como la búsqueda de oportunidades que permitan el beneficio de la comunidad en su conjunto.8

14.- El problema de la contaminación en ríos y otros mantos acuíferos era una cuestión de preocupación en administraciones pasadas, una muestra de esto es la Agenda del Agua 2030 elaborada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en este documento se plantearon medidas para contrarrestar la polución y reducir las repercusiones que esta práctica causa a los cuerpos de agua, en dicha publicación se plantea la siguiente valoración:

Será necesario realizar un esfuerzo amplio de coordinación interinstitucional con entidades de los tres órdenes de gobierno y de concertación con todas las organizaciones sociales interesadas y con capacidad de contribuir a la limpieza de los arroyos y ríos del país, para mediante la suma de recursos y esfuerzos vigilar y proteger los cauces y zonas federales con el fin de mantenerlos libres de basuras, de descargas no controladas y de asentamientos.9

15.- Los informes presentados revelan que la situación de contaminación hídrica ha persistido en nuestro país por un largo periodo de tiempo, en orden de hacer cumplir el derecho de los mexicanos a un medio ambiente que garantice su bienestar y un desarrollo adecuado es necesario enfocarnos en los ríos y presas del país para comenzar los trabajos que ayuden a limpiar el agua para hacerla más saludable y apta para el consumo humano.

16.- En nuestro contexto actual es fundamental abordar el problema que representa el estrés hídrico en México, por lo tanto, se vuelve indispensable tomar medidas que permitan reducir la magnitud de esta cuestión, una alternativa viable para solucionar esta cuestión son las acciones orientadas a incrementar la cantidad de agua potable así como el saneamiento de los mantos acuíferos.10

17.- En orden de reducir la contaminación hídrica será necesario implementar un plan de trabajo que permita el control de los desechos realizados por los municipios al igual que los desechos industriales depositados sin tratamiento en diversos cuerpos de agua en nuestro país.

En tal virtud, se somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz (Sedema) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a los ayuntamientos de los municipios por los que corre el cauce del Río Blanco, para que en el ámbito de sus atribuciones tenga a bien sostener una reunión de trabajo relativa a atender la polución existente en el Río Blanco y considere abrir la convocatoria para invitar a especialistas e interesados en la contaminación hídrica que acontece en nuestro país.

Segundo.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave, a la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz (Sedema) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a los ayuntamientos de los municipios por los que corre el cauce del Río Blanco; para que derivado de un acuerdo interinstitucional, definan a partir del 2023, la operación coordinada de un plan diseñado en el ámbito de sus atribuciones legales, con el propósito de ejecutar acciones orientadas a disminuir la contaminación del Río Blanco, así como sanear el agua de este afluente.

Notas

1 https://www.jornada.com.mx/2013/09/30/eco-d.html

2 https://www.jornada.com.mx/notas/2022/06/23/politica/padece-el-valle-de -mexico-el-mayor-estres-hidrico-del-pais/

3 https://www.elsoldeorizaba.com.mx/local/
que-pasa-con-el-rio-blanco-otra-vez-muy-contaminado-y-con-poca-agua-8049546.html

4 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50634600

5 Programa Nacional Hídrico2020-2024 Diponible en http://201.116.60.46/DatosAbiertos/PNH_Resumen.pdf

6. https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe_resumen14/06_agua/
6_2_3.html#:~:text=La%20descarga%20de%20aguas%20residuales,la%20integridad%20de%20los%20ecosistemas.

7 https://paot.org.mx/centro/ine-semarnat/informe02/estadisticas_2000/informe_2000/
04_Agua/4.6_Calidad/index.htm#:~:text=A%20nivel%20nacional%2C%20las%20cuencas,los%20r%C3%ADos%20Grijalva%20y%20Usumacinta.

8 Estadísticas del Agua en México 2019 pág.171 Disponible en: http://sina.conagua.gob.mx/publicaciones/EAM_2019.pdf

9 https://www.senado.gob.mx/comisiones/recursos_hidraulicos/docs/doc1.pdf

10 https://www.gaceta.unam.mx/estres-hidrico-y-desiguldad-factores-que-enc arecen-el-agua/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los tres días del mes de octubre del año 2022.

Diputada Lorena Piñón Rivera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a ejecutar acciones urgentes en favor de la revisión, actualización y publicación de la NOM-014-SSA2-1994 para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cervicouterino, a cargo del diputado Fausto Gallardo García, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputado Fausto Gallardo García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A pesar de los grandes esfuerzos y avances en la salud, la humanidad continúa enfrentando retos que le han ocasionado pérdidas y perjuicios, no solo con nuevos padecimientos o enfermedades, como es el caso del Covid 19 ocasionado por el virus SARS-CoV2, sino también de padecimientos añejos, tal es el caso del cáncer cervicouterino, padecimiento oncológico caracterizado por el “crecimiento anormal de las células que se encuentran en el cuello de la matriz”.1

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de cuello uterino es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en las mujeres de todo el mundo, con una incidencia estimada de 604 mil nuevos casos y 342 mil muertes en 2020. Asimismo, se reconoce que poco más del 90 por ciento de los nuevos casos y muertes en el ámbito mundial durante 2020, tuvieron lugar en países de ingresos bajos y medianos.2

Desde el año 2006, en México el cáncer cervicouterino está considerado como la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer, y conforme a las estimaciones oficiales, se tiene registro anual de una ocurrencia de 13 mil 960 casos en mujeres, con una incidencia de 23.3 casos por 100 mil mujeres3 y, que tan solo en el año 2013, se registraron 3 mil 784 defunciones en mujeres con una tasa cruda de 7 defunciones por 100 mil mujeres.

Es conocido y reconocido por las autoridades en materia de salud, que el cáncer cervicouterino está asociado a la infección por el virus de papiloma humano (VPH), prácticamente derivado de dos tipos de virus de los papilomas humanos (tipos 16 y 18), los cuales provocan el 50 por ciento de las lesiones precancerosas del cuello uterino de gran malignidad, y su transmisión se deriva del contacto sexual y afecta a 8 de cada 10 personas en algún momento de la vida, siendo que la mayoría de las personas se infectan poco después de iniciar su vida sexual activa.

A decir de la autoridad en la materia, el cáncer cervicouterino es la única neoplasia prevenible, debido, entre otros factores, a la disponibilidad de vacunas contra VPH, uso de preservativos (reduce la transmisión del VPH), además de los diversos mecanismos para la detección y tratamiento de lesiones precancerosas.

Respecto a la alta incidencia de la que se tiene registro en nuestro país, y sus consecuencias, es que se han implementado programas y disposiciones específicos para su atención, entre otros, la emisión de la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994 para atender el cáncer del cuello del útero y de la mama en la atención primaria.

En el ejercicio 2011, la NOM-014-SSA2-1994 se dividió separando las acciones de manera protocolizada para cada tipo de enfermedad, por lo que el cáncer de mama se ubicó en la NOM-041-SSA2-2011, bajo la denominación “Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama.”

No obstante lo anterior, en el año 2019, a través del Programa Nacional de Normalización del mismo año, se procedió a fusionar ambas Normas Oficiales Mexicanas, la NOM-014-SSA2-1994 que atiende el cáncer cervicouterino y la NOM-041-SSA2-2011 que atiende el cáncer de mama.

La unificación de las mencionadas normas oficiales se realizó bajo el argumento de que con dicha acción se permitiría “unificar los criterios de prevención y control en esta materia, para que los servicios de salud cuenten con las herramientas necesarias desde el punto de vista legal y administrativo, es necesario actualizar el contenido de las disposiciones que regulan el cáncer en la mujer, que si bien es cierto son dos padecimientos diferentes el cáncer de mama y el cérvico uterino, se pueden reducir los costos de regulación, por parte de la Secretaria de Salud, atendiendo las nuevas disposiciones en materia de regulación.”4

No obstante lo anterior, en la actualización del Programa Nacional de Normalización en el año de 2020 (entre los temas adicionales a los estratégicos, reprogramados no publicados para consulta) se publicaron de nueva cuenta las normas separadas, sin que esta acción haya imperado justificación alguna.

Al respecto, se estableció como fecha de inicio del proceso de revisión de la NOM para el cáncer cervicouterino de enero de 2020 a diciembre de 2020, sin embargo, la NOM-014-SSA2-1994 no sólo no fue actualizada, sino que tampoco se publicó, por lo que su vigencia aplicativa en favor de las mujeres con este tipo de cáncer es limitada, por no decir, desactualizada bajo las mejores prácticas reconocidas para combatir esta neoplasia.

Para el Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados, la salud es un tema que nos representa especial relevancia, muestra de ello ha sido y desde la integración de nuestra agenda de trabajo legislativo, la defensa y promoción de la salud, especialmente tras los estragos de la pandemia de Covid-19 y, por consecuencia ser colaboradores garantes, entre otros, de insumos médicos como lo son los medicamentos y vacunas, de manera especial para quienes padecen enfermedades como el cáncer cervicouterino, neoplasia que afecta a miles de mujeres y que, por consiguiente, se requieren acciones contundentes en favor de su prevención, atención y tratamiento.

Por todo lo anteriormente expuesto, y ante la urgente necesidad de ser colaboradores garantes de las acciones gubernamentales en favor de la emisión de un marco legal de actuación en contra de una de las enfermedades que aquejan a miles de mexicanas, es que someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud para que, en el marco de sus atribuciones legales, ejecute acciones urgentes en favor de la revisión, actualización y publicación de la NOM-014-SSA2-1994 para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cervicouterino.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud a que informe a la ciudadanía de las acciones emprendidas en favor de la revisión, actualización y publicación de la NOM-014-SSA2-1994 para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cervicouterino.

Notas

1 (IMSS, s.f.)

2 (Salud O. M., s.f.)

3 (Salud S. d., 2022)

4 (Diario Oficial de la Federación, s.f.)

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2022.

Diputado Fausto Gallardo García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México a instruir la revisión de toda la infraestructura de la Línea B, poniendo especial atención a los tramos correspondientes de las estaciones Morelos, San Lázaro, Flores Magón, Romero Rubio, Oceanía y Deportivo Oceanía; y a la Secretaría de Obras y Servicios a coadyuvar en la revisión, a cargo de la diputada Susana Cano González, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Susana Cano González , diputada del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1 fracción I; y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la H. Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al director del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, el ingeniero Guillermo Calderón Aguilera, para que en uso de sus facultades y competencia, instruya a que se revise toda la infraestructura de la Línea B, del Metro de la Ciudad de México, poniendo especial atención a los tramos correspondientes de las estaciones: Morelos; San Lázaro; Flores Magón; Romero Rubio; Oceanía y Deportivo Oceanía; de la misma manera exhorta respetuosamente al secretario de Obras y Servicios del gobierno de la Ciudad de México, el maestro Jesús Antonio Esteva Medina para que en uso de sus facultades y competencia, coadyuve en la revisión de toda la infraestructura de la Línea B, del Metro de la Ciudad de México, poniendo especial atención a los tramos correspondientes de las estaciones: Morelos; San Lázaro; Flores Magón; Romero Rubio; Oceanía y Deportivo Oceanía, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera.- El pasado jueves 22 de septiembre, en punto de las 10:29 horas, decenas de personas que venían a bordo de los vagones del metro de la Ciudad de México, en la Línea B dirección Buenavista, pasaron momentos angustiantes, esto, al quedarse varados, entre las estaciones del metro San Lázaro, y Morelos , debido a que, de acuerdo con información oficial1 del metro de la Ciudad de México, una “ménsula de una charola eléctrica” se desprendió, ocasionando que en una curva se golpeara el tren de forma violenta, y que de acuerdo a lo visto en los vídeos sobre el incidente que circulan en las redes sociales, una densa nube de humo amenazaba con intoxicar a los pasajeros que se habían quedado atrapados.2

Momentos más tarde, 30 personas fueron atendidas por personal del metro, dando prioridad a diversos casos de crisis nerviosas y a otras dos personas más, que fueron trasladadas a un hospital tras sufrir un esguince al salir de la estación.3

En este incidente, personal del Sistema de Transporte Colectivo Metro, acudió para auxiliar a las personas involucradas en este suceso, y por parte del director del Metro, el Ingeniero Guillermo Calderón Aguilera, se realizaron las maniobras correspondientes.

No obstante, este suceso sin duda alguna pudo haberse evitado, y esto porqué no es la primera vez que el metro de la Ciudad de México presenta fallas de este tipo.

Segunda.– A lo largo de la Línea B del metro de la Ciudad de México, se encuentran diversas estaciones que cruzan por las alcaldías Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, y por Municipios del Estado de México como Ecatepec, y Nezahualcóyotl, puntualmente, en la Zona Norte.

Recordemos que día con día miles de habitantes de estos municipios, abordan esta línea del metro para ir a sus centros de trabajo o para visitar a sus familiares en la Ciudad de México, al respecto he recibido por parte de los vecinos de Nezahualcóyotl el reporte con la evidencia fotográfica en la cual se muestra que en el tramo elevado que va de las estaciones Deportivo Oceanía a Oceanía, existe una evidente falla estructural en las “ballenas” que sostienen las vías y dónde también se puede apreciar que existe un “desnivel” en el “viaducto” que va de las estaciones Flores Magón a Romero Rubio del metro de la Ciudad de México, lo cual podría representar un gran riesgo para la ciudadanía.4

Existen diversos reportes de meses pasados en las redes sociales sobre este tema, sin embargo han acontecido varios sismos en nuestro país que han impactado a la Ciudad de México, en las últimas semanas, tal como lo fue el sismo del 19 de septiembre de este año, de 6.8 grados de magnitud, por ello es de suma importancia que el Sistema de Transporte Colectivo Metro, pueda dar atención y realizar mantenimiento preventivo en esta Línea B , toda vez que actualmente están haciendo tareas de renovación de la Línea 1, y que justo la estación San Lázaro, del metro de la Ciudad de México, es donde coincide el transborde entre la Línea B, y la Línea 1, pudiendo comenzar la revisión partiendo de ahí.

Es por ello que hago un llamado al director del Metro, el Ingeniero Guillermo Calderón Aguilera, para que se revise toda la Línea B del metro de la Ciudad de México, poniendo especial atención a los tramos correspondientes de las siguientes estaciones: Morelos; San Lázaro; Flores Magón; Romero Rubio; Oceanía y Deportivo Oceanía .

Tercera.- Debido a que han acontecido diversos sismos, es necesario que se haga una revisión completa y donde obre un dictamen que pueda tranquilizar a la ciudadanía, de que podemos utilizar la Línea B, sin ningún riesgo. Por otro lado, con esta acción contribuiremos a prevenir que puedan suceder más incidentes cómo este, teniendo la firme convicción, de qué en esta Cuarta Transformación, tenemos una gran vocación por servir al pueblo, y esto se traduce entre muchas cosas, en brindarles opciones seguras para su trayecto.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al Director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, de la Ciudad de México, el Ingeniero Guillermo Calderón Aguilera , para que en uso de sus facultades y competencia, instruya a que se revise toda la infraestructura de la Línea B, del Metro de la Ciudad de México, poniendo especial atención a los tramos correspondientes de las estaciones: Morelos; San Lázaro; Flores Magón; Romero Rubio; Oceanía y Deportivo Oceanía.

Segundo.- La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al Secretario de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, el Mtro. Jesús Antonio Esteva Medina para que en uso de sus facultades y competencia, coadyuve en la revisión de toda la infraestructura de la Línea B, del Metro de la Ciudad de México, poniendo especial atención a los tramos correspondientes de las estaciones: Morelos; San Lázaro; Flores Magón; Romero Rubio; Oceanía y Deportivo Oceanía.

Notas:

1. Restablecen servicio en Línea B del Metro por incidente en la estación Morelos. Expansión Política. 22 de septiembre de 2022. Consultado el 25 de septiembre de 2022 de: https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/09/22/incidente-metro-san-lazar o-morelos-linea-b

2. La razón por la que la Línea B, del Metro mantuvo suspendido el tramo de Oceanía a Buenavista. Infobae México. 22 de septiembre de 2022. Consultado el 25 de septiembre de: https://www.infobae.com/america/mexico/2022/09/22/esto-fue-lo-que-paso- en-la-linea-b-del-metro-y-que-mantiene-el-tramo-de-oceania-a-buenavista -suspendido/

3. Humo en los vagones: así vivieron los pasajeros el corto circuito en la Línea B del Metro. Proceso. 22 de septiembre de 2022. Consultado el 25 de septiembre de 2022 de: https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2022/9/22/humo-en-los-vagones- asi-vivieron-los-pasajeros-el-corto-circuito-en-la-linea-del-metro-vide os-293816.html

4. Línea B del Metro, ¿segura o de riesgo? Exhiben en redes fallas estructurales. Eje Central. 6 de agosto de 2022. Consultado el 25 de septiembre de 2022 de: https://www.ejecentral.com.mx/linea-b-del-metro-segura-o-de-riesgo-exhi ben-en-redes-fallas-estructurales/

Ciudad de México, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2022.

Diputada Susana Cano González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos de las entidades federativas a armonizar su marco normativo a fin de establecer en sus legislaciones correspondientes protección a periodistas y personas protectoras en derechos humanos, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Gina Gerardina Campuzano González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

En México, de acuerdo con reporte de la organización internacional Global Witness, registró en la última década el asesinato de 154 activistas ambientales, 131 de ellos entre 2017 y 2021. Casi la mitad de los activistas asesinados en México eran indígenas, y los conflictos por la tierra y la minería estuvieron relacionados en dos tercios de estos homicidios, y esa misma proporción de asesinatos se concentraron en Oaxaca y Sonora.1

Tan sólo en 2021, México fue el país con mayor número de asesinatos de este tipo, al sumar 54, por encima de los siguientes: Colombia, con 33 asesinatos, Brasil, con 26 asesinatos, Filipinas, con 19 asesinatos.ii

De entre los casos, está el de José Santos Isaac Chávez, opositor a un proyecto minero en Jalisco, asesinado en 2021. Dirigente indígena y abogado, era candidato a encabezar el Comisariado Ejidal de Ayotitlán.iii

Global Witness advierte también sobre las desapariciones forzadas de activistas ambientales, dice, para sembrar el temor entre familias y comunidades, de las cuales documentó 19 en el año pasado. Sostiene que las desapariciones son perpetradas por funcionarios estatales corruptos y grupos de la delincuencia organizada.iv

Se refiere en particular al caso de 10 hombres desaparecidos en julio de 2021 en territorio yaqui, en el sur de Sonora, y al hallazgo de los restos de 6 personas en la zona, en septiembre del mismo año.v

Un par de periodistas asesinados más y 2022 será el año más sangriento del Siglo XXI para el gremio de comunicadores mexicanos; a la fecha, van 11 homicidios relacionados con la labor periodística, según datos de la organización Artículo 19. Pese a ello, 13 estados de la República no cuentan con leyes de protección en materia.vi

Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas son las entidades federativas sin legislaciones propias sobre seguridad para defensores de derechos humanos e informadores.vii

No obstante, el total de estados sin mecanismos de protección para dichas personas asciende a 17, porque cuatro de los 19 territorios con leyes enfocadas en el tema no contemplan tal figura, de acuerdo con estudios realizados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.viii

De acuerdo con Luis Knapp, coordinador de Defensa en Artículo 19, menciona que existan leyes así brinda certeza jurídica y amparo a los periodistas y defensores ante el contexto de riesgo y violencia prevalente en su trabajo, sin embargo, no asegura un ejercicio de su labor sin riesgo y sin agresiones.ix

Múltiples esfuerzos se necesitan para resguardar la actividad periodística y el activismo en favor de los derechos humanos, agregó el especialista; de entrada, que las autoridades cumplan cabalmente sus funciones, dijo, así como coordinación entre cada nivel de gobierno –federal, estatal y municipal.x

“El que exista una legislación así es un paso a favor, pero no es una solución. Las soluciones para tratar de afrontar este clima de violencia e inseguridad contra periodistas requieren muchos esfuerzos, y no solo de una institución o una autoridad, sino un trabajo de Estado”.xi

Un mecanismo de protección local tampoco es una solución porque las agresiones contra periodistas y defensores, en su mayoría, provienen de servidores públicos pertenecientes a los municipios o estados.xii

Se necesita una estructura normativa homologada a nivel estatal para proteger a los defensores y a los periodistas, pues el mecanismo nacional de Segob no basta para la terrible cantidad de ataques y de asesinatos vistos en la actualidad, aseveró en entrevista Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.xiii

De acuerdo con Luis Knapp, al no existir una ley, pues, las autoridades dicen ‘bueno, yo no estoy obligado a nada, no hay ninguna ley, no hay ninguna norma que me obligue a hacer esto’. Entonces, las autoridades tienen ahí un incentivo perverso para lavarse las manos”.xiv

Tres son los principales problemas de las leyes estatales en materia, abundó: agresores dentro de los mecanismos de resguardo, falta de coordinación entre las autoridades locales y federales, y poco presupuesto destinado para su operación.xv

A pesar de que 2022 ya es, con al menos 15 periodistas asesinados en 9 meses, el año más letal para periodistas en México desde que se tiene registro, el nuevo Proyecto de Egresos 2023 prevé un aumento mínimo para la Fiscalía encargada de investigar los ataques a la prensa.xvi

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) proyecta un presupuesto de 16 millones 272 mil pesos.

Esta cifra supone en términos reales, es decir, calculando ya la inflación, un aumento del 5%. Sin embargo, en términos prácticos se trata de un aumento de apenas 800 mil pesos más en comparación con el presupuesto que se solicitó para este 2022.xvii

De hecho, el presupuesto de la FEADLE es, junto al de la Fiscalía especializada en investigar delitos contra las personas migrantes (con unos 3 millones de pesos), uno de los más bajos en toda la Fiscalía General de la República (FGR), a pesar de que organizaciones como Artículo 19, Amnistía Internacional o Reporteros Sin Fronteras llevan años catalogando a México como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, y como un país donde prevalece la impunidad, ya que de 140 mil investigaciones abiertas entre 2010 y 2018 por crímenes en contra de comunicadores, solo se han obtenido 10 sentencias condenatorias, lo que arroja unos niveles de impunidad superiores al 99%.xviii

Cabe señalar que esta Fiscalía especializada tiene como responsabilidad investigar los homicidios, desapariciones y ataques en contra de periodistas y también de activistas y defensores de derechos humanos, otro sector muy golpeado por la violencia.xix

Por ejemplo, 2021 fue el año más violento para defensores ambientales en México con 25 asesinatos, mientras que en lo que va de sexenio de Andrés Manuel López Obrador suman al menos 58 personas defensoras ambientales asesinados, de acuerdo con datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).xx

Es por ello, que presento el presente exhorto para que los congresos de las entidades federativas, armonicen su marco normativo a fin de establecer en sus legislaciones correspondientes protección a personas periodistas y personas protectoras en derechos humanos y los que han sido omisos en legislar en esta materia, expidan su Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Por lo antes expuesto y fundamentado, someto respetuosamente a la consideración de esta Honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes para que los congresos de las entidades federativas armonicen y expidan su ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, por lo que me permito proponer, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los congresos de las entidades federativas, para que dentro de sus atribuciones y facultades, armonicen su marco normativo a fin de establecer en sus legislaciones correspondientes protección a personas periodistas y personas protectoras en derechos humanos y los que han sido omisos en legislar en esta materia, expidan su Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Notas:

i. Texto íntegro: México el más letal para activistas y periodistas; Estados sin leyes en protección a defensores, Por Editor_Pxp, punto por punto, consultado por última vez el 02 de octubre de 2022 en https://www.puntoporpunto.com/noticias/politica/13-estados-de-la-republ ica-sin-legislaciones-en-materia-de-proteccion-para-defensores-de-dh-y- periodistas/

ii. Ibídem.

iii. Ibídem.

iv. Texto íntegro: México el más letal para activistas y periodistas; Estados sin leyes en protección a defensores, Por Editor_Pxp, punto por punto, consultado por última vez el 02 de octubre de 2022 en https://www.puntoporpunto.com/noticias/politica/13-estados-de-la-republ ica-sin-legislaciones-en-materia-de-proteccion-para-defensores-de-dh-y- periodistas/

v. Ibídem.

vi. Ibídem.

vii. Ibídem.

viii. Ibídem.

ix. Texto íntegro: México el más letal para activistas y periodistas; Estados sin leyes en protección a defensores, Por Editor_Pxp, punto por punto, consultado por última vez el 02 de octubre de 2022 en https://www.puntoporpunto.com/noticias/politica/13-estados-de-la-republ ica-sin-legislaciones-en-materia-de-proteccion-para-defensores-de-dh-y- periodistas/

x. Ibídem.

xi. Ibídem.

xii. Ibídem.

xiii. Texto íntegro: México el más letal para activistas y periodistas; Estados sin leyes en protección a defensores, Por Editor_Pxp, punto por punto, consultado por última vez el 02 de octubre de 2022 en https://www.puntoporpunto.com/noticias/politica/13-estados-de-la-republ ica-sin-legislaciones-en-materia-de-proteccion-para-defensores-de-dh-y- periodistas/

xiv. Ibídem.

xv. Ibídem.

xvi. Ibídem.

xvii. Texto íntegro: México el más letal para activistas y periodistas; Estados sin leyes en protección a defensores, Por Editor_Pxp, punto por punto, consultado por última vez el 02 de octubre de 2022 en https://www.puntoporpunto.com/noticias/politica/13-estados-de-la-republ ica-sin-legislaciones-en-materia-de-proteccion-para-defensores-de-dh-y- periodistas/

xviii. Ibídem.

xix. Ibídem.

xx. Ibídem.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 6 de octubre de 2022.

Diputada Gina Gerardina Campuzano González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a revisar la solicitud de los productores del campo y sectores relacionados, para que el régimen simplificado de confianza a declarar sea como monto mínimo 1 millón 350 mil pesos en lugar de los 900 mil pesos actuales, a cargo de la diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada federal María de Jesús Aguirre Maldonado, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta la SHCP a revisar la solicitud de los productores del campo y sectores relacionados, para que el régimen simplificado de confianza (Resico), a declarar sea como monto mínimo 1,350,000 pesos en lugar de los 900 mil pesos actuales, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La pandemia covid afectó la economía de las familias mexicanas provocando el cierre de 1 millón de micro, pequeñas y medianas empresas durante casi dos años de incidencia.

Al mismo tiempo, problemas de sequía afectaron casi tres cuartas partes del país, provocando la imposibilidad de sembrar cerca de 3 millones de hectáreas y una reducción drástica de los rendimientos, por lo que las importaciones de maíz se acercan al 48 por ciento del consumo nacional y en trigo, esta cifra es cercana al 60 por ciento.

La sequía provocó una drástica reducción de los volúmenes de agua almacenada en las presas del país, muchas de las cuales llegan a niveles menores del 10 por ciento de su capacidad, principalmente en el centro–norte.

Los ganaderos enfrentan graves problemas para alimentar a sus animales, ocurriendo por un lado un despoblamiento por venta de hatos y rebaños antes de perderlos por falta de agua y alimentos.

El encarecimiento de insumos como granos para el ganado, fertilizantes, agroquímicos y semillas redujo la producción y encareció lo producido.

Hoy el kilogramo de tortillas se encuentra por arriba de 21 pesos y el bolillo tiene una tendencia creciente, llegando en algunos lugares hasta 5 pesos por pieza.

La reducción de presupuesto a programas como sanidad e inocuidad agroalimentaria ha provocado un fuerte incremento de plagas y enfermedades al cancelarse plazas de técnicos para la realización de campañas de control sanitario, poniendo en riesgo los rendimientos la calidad y aumentando el riesgo de pérdida de cultivos como los cítricos con la presencia de Huanglongbing HLB.

Por lo anteriormente expuesto, solicito de esta soberanía su apoyo para el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. – La honorable Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la SHCP a revisar la solicitud de los productores del campo y sectores relacionados, para que en el régimen simplificado de confianza (Resico), a declarar sea el monto mínimo de 1,350,000 pesos en lugar de los 900 mil pesos actuales y que el tope máximo sea de 4 millones en lugar de los 3.5 millones actuales. Asimismo, que los productores de hasta 20 hectáreas que formen parte de alguna sociedad y no tengan utilidades, sean considerados en el Resico.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2022

Diputada María del Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat, a la Profepa y a diversas autoridades de Baja California a ejercer acciones conjuntas en favor del saneamiento del Río Tijuana, a cargo del diputado Fausto Gallardo García, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputado Fausto Gallardo García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El crecimiento de las urbes trae consigo avance y desarrollo para las ciudades y sus habitantes, sin embargo, también se traduce en consumo y residuos contaminantes, los cuales, sin una planeación adecuada, se convierten en un problema mayor para la humanidad y los ecosistemas.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha alertado con información contundente que al rededor del 70-75 por ciento de la contaminación marina es producto de las actividades humanas que tienen lugar en la superficie terrestre y que un 90 por ciento de los contaminantes es transportado a través de los ríos al mar.1

Asimismo, la CEPAL estima que entre un 70-80 por ciento de la población mundial se ubica en las costas o cerca de ellas, especialmente en zonas urbanas, donde una parte importante de los desechos que allí se producen se deposita directamente en el océano.

Es conocido que la contaminación en la superficie terrestre termina en el mejor de los casos en vertederos, no obstante, la mayoría termina en ríos y mares, situación que afecta no solo la salud de las personas que conviven en un entorno contaminado, sino que, como lo manifiestan agrupaciones ambientalistas, muchos ecosistemas han sido alterados más allá de su capacidad de recuperación.

Uno de los espacios con afectaciones a causa de la contaminación por desechos y descargas contaminantes es la cuenca binacional del Río Tijuana, misma que integra ecosistemas costeros y marinos de importancia a nivel mundial, con áreas que incluyen, entre otras zonas de interés, la reserva nacional del Estuario del Río Tijuana, el Parque Regional de Preservación del Valle del Río Tijuana y las Islas Coronado, las cuales forman parte de la reserva de la Biosfera de las Islas del Pacífico de México.

La Convención Mundial de Humedales (RAMSAR) ha reconocido al Estuario del Río Tijuana como un humedal de alto valor internacional, debido a su magnitud e importancia como ruta migratoria de aves, incluyendo especies amenazadas y en peligro de extinción. Dicha reserva abarca playas, dunas, lodazales, marismas, matorrales de salvia costera y hábitats de tierras altas rodeados por las ciudades de Tijuana y San Diego.

La sociedad, a lo largo de los últimos años, ha manifestado su preocupación ante la creciente contaminación del Río Tijuana, la cual ha traído aparejada la percepción de olores desagradables, los cuales alertan e inquietan a la población debido a las posibles afectaciones a su salud.

De acuerdo a la organización Wildcoast “son aproximadamente 1,700 litros por segundo de aguas no tratadas, las cuales entran en la zona costera del sur de Playas de Tijuana, las cuales son aguas residuales que impactan dicha zona desde Rosarito en Baja California, hasta Coronado en California, lo que puede acarrear más de 43 millones de litros por segundo de aguas contaminadas y que causa no solo cierres de playas, sino afectaciones a la salud de usuarios y nadadores de las costas del municipio de Tijuana y Rosarito, Baja California.”2

El estudio de referencia señala que son poco más de 40 millones de galones de aguas negras que por día son emitidas por la Planta de Tratamiento de San Antonio de los Buenos, y que dichas descargas impactan negativamente la calidad de agua desde Rosarito, Baja California, hasta Coronado, y que el impacto negativo a la salud de las personas ha causado la clausura de las playas por parte de la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios.

Sobre este particular, el pasado 15 de febrero de 2022, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos de América en México, al visitar la ciudad de Tijuana detalló que “en temas como la contaminación del río Tijuana, el gobierno que representa invertirá 300 millones de dólares en esa area en los próximos años”.3

Al respecto, todos concordamos con las exigencias sobre la urgente necesidad de implementar acciones conjuntas entre nuestros gobiernos federal, estatal y municipal con el propósito de consolidar un entorno adecuado para el bienestar y la salud de la población.

Lo anterior no solo porque se trata de acciones necesarias en beneficio de la población mexicana, sino porque es facultad reglamentada de nuestras autoridades federales, quienes deben ser vigilantes del cumplimiento de las disposiciones ambientales en favor de los ecosistemas y de las especies endémicas en nuestro país.

Es pertinente señalar que la Semarnat, sus tres subsecretarías y los diversos órganos desconcentrados y descentralizados que forman parte del sector ambiental federal tienen entre sus tareas la conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad, la prevención y control de la contaminación, la gestión integral de los recursos hídricos y el combate al cambio climático, por lo que su intervención es indispensable para atender la problemática que afecta al Río Tijuana.

Por todo lo aquí expuesto y ante la urgente necesidad de ejercer acciones contundentes para prevenir la contaminación de nuestros ríos, cuencas y aguas nacionales, de manera particular en el Río Tijuana, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, a través de la Comisión Nacional del Agua, en el marco de sus facultades, lleve a cabo acciones a favor de la adecuada conservación y saneamiento del Río Tijuana.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que programe, ordene y realice visitas y operativos de inspección para vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la preservación y protección a las especies de flora y fauna en riesgo respecto a las descargas de aguas residuales y contaminantes presentes en el Río Tijuana, en las localidades de Tijuana y Rosarito, Baja California.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Baja California, en coordinación con los gobiernos municipales de Tijuana y Rosarito, a instrumentar acciones en favor del tratamiento y reúso de las aguas residuales que se depositan en del Río Tijuana.

Notas

1 (Escobar, 2002)

2 (Wild Coast, s.f.)

3 (Heras, 2022)

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2022.

Diputado Fausto Gallardo García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua a realizar una supervisión en la planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco de Tula, Hidalgo, a cargo de la diputada Lidia García Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Lidia García Anaya , integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Arturo Martínez Santoyo, a realizar una supervisión en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Atotonilco de Tula, así como en las presas y cuerpos de agua contaminados, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Atotonilco de Tula, fue creada para tratar aproximadamente el 60% de las aguas residuales de la Ciudad de México, las cuales posteriormente podrán ser ocupadas para riego, sin embargo, más que un proyecto de ingeniería ambiental, es un proyecto ecológico de gran valía ya que permite la mejora en las condiciones de salubridad de hasta 700,000 hidalguenses.

Tiene como objetivo tratar las aguas provenientes del Valle de México conducidas a través del Túnel Emisor Oriente y del Emisor Central, los cuales descargan al río el Salto y el canal de riego El Salto-Tlamaco, respectivamente. Finalmente, el río vierte al canal de riego y en una derivación de este canal, se han construido las obras de captación de las aguas que alimentan la planta, según lo señalado por la Revista Técnica de Medio Ambiente (Retema).

El Gobierno federal y el Gobierno del estado de Hidalgo tienen una deuda histórica con los hidalguenses, específicamente con los pobladores del Valle del Mezquital quienes han vivido de manera permanente con el drenaje de aguas negras que en su mayoría se deriva de la Ciudad de México, con lo cual han sido constantemente afectados con inundaciones que dejan a su paso la pérdida de sus viviendas, de bienes materiales, produciendo graves enfermedades derivadas de los problemas sanitarios que ocasionan las aguas negras, repercutiendo en pérdidas humanas.

Esta Planta de Tratamiento fue diseñada para reducir las inundaciones y obtener agua de calidad para el riego agrícola, pero el mayor objetivo fue y debe seguir siendo mejorar la calidad de vida de los hidalguenses y lograr la recuperación económica del Valle de México.

Es por lo anterior que resulta indispensable que la CONAGUA implemente mecanismos de supervisión permanentes en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Atotonilco de Tula, así como en las presas y cuerpos de agua contaminados, trabajando de manera coordinada con el Gobierno Estatal para implementar mejoras de saneamiento, así como en el tratamiento de aguas residuales, se garantice el suministro de aguas de calidad, se brinde mayor seguridad en cuanto a las inundaciones y sobre todo se lleve por buen cause el tratamiento de las aguas residuales así como el agua de riego para cultivo.

Expuesto lo anterior, me permito someter a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.– La Cámara de Diputados exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Germán Arturo Martínez Santoyo, a realizar una supervisión en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Atotonilco de Tula, así como en las presas y cuerpos de agua contaminados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2022

Diputada Lidia García Anaya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC a hacer público un informe en el que exprese las acciones que realizará con motivo del artículo sexto transitorio del decreto en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, a cargo del diputado Román Cifuentes Negrete, del Grupo Parlamentario del PAN

Las y los que suscribimos Román Cifuentes Negrete y diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hacer público un informe detallado en el que se pormenoricen las acciones que la dependencia habrá de realizar en aplicación del Artículo Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado nueve de septiembre del año en curso se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública; reforma que independientemente de los vicios constitucionales que en ella se contienen y que habrán de denunciarse vía la presentación de una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus artículos transitorios Segundo, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo se establecen diversos mandatos a cargo de las Secretarías de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana y de Hacienda y Crédito Público, en donde la materia de la presente proposición la constituye lo preceptuado en las fracciones II, III y IV del Artículo Sexto Transitorio que son del tenor siguiente:

“Sexto.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana:

l. Coordinará con la Secretaría de la Defensa Nacional la homologación del adiestramiento especializado, considerando la Estrategia Nacional de Seguridad Pública;

II. Transferirá a la Secretaría de la Defensa Nacional, dentro de un plazo de sesenta días naturales, los recursos presupuestarios y financieros que correspondan para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales y gastos de operación de la Guardia Nacional, así como los recursos materiales destinados a su operación, con excepción de aquéllos requeridos para el personal que seguirá bajo la adscripción de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Asimismo, destinará dichos recursos a la Secretaría de la Defensa Nacional conforme vayan quedando vacantes las plazas;

III. Dispondrá que el personal procedente de la extinta Policía Federal cese de prestar sus servicios en la Guardia Nacional, por lo que seguirá bajo su adscripción, conservando sus derechos laborales adquiridos. El personal que pertenezca a los organismos especializados de la Guardia Nacional continuará prestando sus servicios en dicha institución de seguridad pública de manera temporal, conforme a los convenios de colaboración que para tal efecto se formalicen entre las Secretarías de Defensa Nacional y del ramo de seguridad pública, y

IV. Relevará gradualmente al personal que integra la Coordinación de Administración y Finanzas de la Guardia Nacional, por aquél que proponga la persona Comandante de esa institución. El personal relevado mantendrá su adscripción a la propia dependencia .

Como se podrá observar existe ambigüedad en la construcción normativa de las fracciones II, III y IV lo que motiva a interpretar que causarán baja automática las y los 23,236 policías federales1 que se integraron a la Guardia Nacional en aplicación del Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional2 ; nada se dice si continuarán prestando el servicio para el que fueron dados de alta como personal civil para realizar funciones de seguridad pública y que ya no ejercerá la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la que aparentemente seguirán adscritos, situación que se recrudece al haberse conferido el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, siendo por ello necesario y urgente el que esta Soberanía conozca a detalle las acciones que habrá de implementar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el cese del personal civil de la Guardia Nacional, que en el caso de las y los policías federales será inmediato y respecto del que se encuentra prestando servicios en los organismos especializados y en la Coordinación de Administración y Finanzas el cese será gradual hasta en tanto sean sustituidos por personal militar a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En atención a la ambigüedad y falta de precisión normativa que pueden causar una grave afectación a los derechos humanos laborales del personal civil de la Guardia Nacional es por lo que resulta necesario exhortar en forma urgente a la Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que en el ámbito de su competencia haga público un informe detallado y pormenorizado de las acciones que habrá de implementar en aplicación del Artículo Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública.

Dada la finalidad del presente exhorto que es la de preservar y garantizar los derechos humanos laborales de las personas trabajadoras actualmente adscritas a la Guardia Nacional la que por virtud de la inconstitucional adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional se integrará en su totalidad con personal militar, es motivo suficiente para que con fundamento en la fracción III del numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se someta a la consideración de esta soberanía con carácter de urgente resolución la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en su LXV Legislatura, exhorta a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez para que haga público un informe detallado y pormenorizado de las acciones que esa dependencia realizará con motivo del Artículo Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública publicado en el Diario Oficial de la Federación del día nueve de septiembre del año en curso.

Notas:

1. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional presentada por los grupos parlamentarios de MORENA, PT y PVEM el 2 de septiembre de 2022, pag. 5, visible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2022/sep/20220902-III-4.pdf#page= 39

2. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5555126&fecha=26/03/ 2019#gsc.tab=0

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 6 de octubre de 2022.

Diputado Román Cifuentes Negrete (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y a diversas autoridades de Jalisco a desarrollar e implementar medidas para atender y erradicar el abandono escolar, fortalecer la regularización del alumnado, establecer espacios seguros y eliminar el acoso y la violencia en las aulas y el desarrollo de escuelas verdes, a cargo de la diputada Laura Lorena Haro Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Laura Lorena Haro Ramírez, diputada federal de la LXV Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente “proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco y a los 125 Ayuntamientos de Jalisco para que desarrollen e implementen diversas medidas para atender y erradicar el abandono escolar, fortalecer la regularización del alumnado, establecer espacios seguros y eliminar el acoso y la violencia en las aulas y el desarrollo de escuelas verdes”, considerando los siguientes:

Antecedentes

La pandemia por el virus SARS-CoV-2 impactó gravemente a la sociedad desde diversas perspectivas. Muchas personas perdieron la vida, muchas otras perdieron sus fuentes de empleo.

Muchos negocios se vieron forzados a cerrar por el severo impacto económico que trajo el coronavirus. Las personas se vieron obligadas a enfrentar una nueva realidad, nuevas formas de convivir, nuevas formas de llevar su día a día, nuevas formas para existir.

Dentro de todo este impacto que tuvo la pandemia en la vida de las personas fue la manera en que millones de niñas, niños y jóvenes se vieron obligados a llevar sus estudios.

Las escuelas cerraron sus puertas y una gran cantidad de estudiantes se vieron obligados a dejar su faceta como estudiantes para dedicarse a trabajar y así apoyar a sus familias.

De acuerdo con cifras oficiales en materia de abandono escolar del Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa, desde que la pandemia inició, 50 mil niñas, niños y adolescentes han registrado abandono escolar.

De acuerdo con la Encuesta Nacional del Instituto Nacional de Geografía y Estadística para la medición del impacto del covid-19 en la educación, los principales motivos de abandono fueron los siguientes1 :

Como se puede notar, uno de los factores de mayor peso que motivó la deserción escolar fue que se consideraron poco funcionales las clases a distancia, lo que representa un gran reto a las instituciones educativas nacional y de Jalisco para hacer frente a este reto.

Es importante que la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Educación de Jalisco, así como los 125 ayuntamientos de toda la entidad inicien una campaña coordinada para detectar factores de riesgo y se disminuya o, incluso, erradique el abandono escolar.

Lo anterior fue para una parte de la población, otro sector tuvo el privilegio de continuar sus estudios. No obstante, también enfrentaron grandes retos y graves afectaciones, algunas de ellas aún persisten y han dejado secuelas en la población estudiantil como lo es la pérdida de aprendizaje.

De acuerdo con el documento retos educativos en Jalisco para el logro académico y la permanencia en pandemia, en el estado existían 413 mil alumnos con avance mínimo o ningún tipo de avance en su aprendizaje académicos, sociales, culturales, emocionales, actitudinales, sean o no sean curriculares, así como 101,018 que presentan nivel mínimo o bajo en sus calificaciones durante el primer trimestre del Ciclo Escolar 2020-2021.2

Lo que requiere que se implemente un programa en el que se involucre al personal docente para regularizar a niñas, niños y adolescentes. Toda vez que este tipo de situaciones aumenta la posibilidad de que el alumnado incremente el índice de abandono, así como la vulnerabilidad en la formación de las y los educandos.

Otro factor que debe ser atendido por parte de las autoridades educativas es la violencia y el acoso que se presentan en las aulas entre compañeras y compañeros.

El acoso escolar es una práctica nociva que causa daños físicos, emocionales y sociales a quienes lo padecen. Es común que las y los estudiantes que padecen este tipo de violencia no se pronuncien al respecto, callando los abusos que sufren y no denunciando a quienes los violentan.

Aunado a esto, el cierre de las escuelas por la pandemia llevó a que niñas, niños y adolescentes padezcan de ansiedad y depresión, lo que también se suma a los factores que impactan su bienestar personal y escolar, perjudicando su salud mental.

Al respecto, la Comisión para la Mejora de la Educación en Jalisco reportó que, en materia socioemocional, las escuelas reportan que un 6.7 por ciento presentan alumnos con afectaciones graves, 46.5 por ciento regulares y 35.7 por ciento en menor medida.3

Por su parte, el 41.3 por ciento de las y los docentes presentan afectaciones socioemocionales regulares, 45.3 por ciento en menor medida y 3.3 por ciento afectaciones graves4 . Factor que también es de relevancia, pues las escuelas no únicamente es el alumnado, también la plantilla docente forma parte importante de éstas.

La ansiedad y la depresión en el estudiantado se puede presentar a través de distintas manifestaciones como la ansiedad de separación, fobias, ansiedad social, ansiedad general, trastorno de pánico, sentirse triste, irritables, desinterés por hacer las cosas, cambios en patrones del sueño, cambios en el nivel de energía, dificultad para prestar atención, sentirse despreciable, inútil o culpable o comportamientos autodestructivos.

Por lo que es importante que se realicen programas que atiendan la salud mental y el bienestar del personal docente, como de las y los alumnos. Estableciendo estrategias de capacitación para el personal de las escuelas y de atención y prevención de este tipo de padecimientos en las y los alumnos.

Otro tema de relevancia para las escuelas es la calidad de las instalaciones, principalmente de los baños. Pues es un tema íntimamente ligado al derecho al acceso al agua, el saneamiento y la higiene.

Escuelas que carecen de servicios de calidad como baños óptimos y agua potable al servicio del alumnado conlleva a que las inscripciones reduzcan, así como el desempeño de las y los alumnos.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación de Jalisco, existen 13 mil escuelas públicas en la entidad. Sin embargo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco realizó una revisión a 500 planteles en 33 municipios de la entidad, obteniendo los siguientes resultados: 2.2 por ciento de los centros escolares no cuenta con agua potable, 6.5 por ciento no tiene sanitarios funcionales y el 4 por ciento no cuenta con drenaje en servicio.5

Por su parte, la Comisión de la Mejora de la Educación en Jalisco publicó un estudio en 2021 en el que menciona que el 22.2 por ciento de las escuelas en la entidad tienen un servicio irregular de agua, mientras que el 2.6 por ciento no cuenta con suministro de agua.6

Por lo que resulta imperativo asegurar el acceso al agua potable e infraestructura como baños limpios. Pues son elementos básicos y fundamentales en la formación académica de cualquier individuo, así como un derecho humano que toda persona debe gozar.

Otro tema de relevancia para las y los habitantes de Jalisco es la amplia jornada laboral que tienen y las distancias hasta sus centros de trabajo, pues esto afecta en sus tiempos para llegar por sus hijas e hijos a tiempo a las escuelas. Por lo que la eliminación del Programa Escuelas de Tiempo Completo resultó en una afección sumamente grande para muchas personas.

En México, la abrogación del programa en comento afectó la alimentación diaria de 1.4 millones de niñas, niños y jóvenes estudiantes en más de 14 mil 500 escuelas en todo el país. En Jalisco más de 940 escuelas resultaron afectadas por esta situación.7

Cabe destacar que se han presentado iniciativas para reformar la Ley General de Educación y propuestas de modificación a los presupuestos de egresos con el objeto de que esta situación cambie. Pues se ha comprobado que la desaparición de este programa afectó a muchas personas que contaban con un programa útil y funcional.

Por último, el tema del medio ambiente y la diversidad biológica también se muestran como factores de relevancia en materia educativa.

El estado de Jalisco cuenta con una gran biodiversidad por su privilegiada ubicación geográfica. Sin embargo, producto del crecimiento poblacional y con ello el incremento en las actividades productivas primarias, secundarias y terciarias, el suelo, el agua, la flora y la fauna se han visto perjudicados y disminuidos.

Factores como la degradación y el manejo inadecuado del suelo, contaminación con agroquímicos, el vertimiento de contaminantes de tipo industrial en cuerpos acuíferos, la degradación del agua por vertimiento de residuos sólidos en tiraderos y basureros no controlados merman gravemente la atmósfera y los ecosistemas en la entidad.

Se deben promover esquemas integrales en los que se incluya la concientización y educación ambiental en la formación de niñas, niños y adolescentes. A partir de esto, surge la necesidad de implementar el modelo de escuelas verdes, promoviendo en las aulas procesos educativos colectivos que contribuyan a la sustentabilidad.

Un antecedente de esto en Jalisco son las escuelas de campo que desarrollaron este proyecto en el 2020 por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, a través de las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente, en la que impulsa dos esquemas de trabajo: escuelas de campo y comunidades sostenibles.

Estas escuelas tienen como objetivo fortalecer las capacidades de las y los productores para desarrollar buenas prácticas productivas a través de técnicas sustentables que reduzcan el impacto a la biodiversidad y al ambiente.

Sin embargo, de momento solo se han trabajado en trece comunidades de los municipios de Concepción de Buenos Aires, Gómez Farías, Mazamitla, Pihuamo, Tecalitlán, Tonila, Tuxpan y Zapotiltic.

Por lo que es necesario fomentar en los 125 municipios de la entidad que se desarrolle el Programa Escuelas Verdes, con el objeto de impulsar una educación para el consumo sustentable y el manejo de residuos sólidos, manejo sustentable del agua, eficiencia en el consumo de la electricidad, salud y estilo de vida sustentable, así como una educación y acciones ambientales comunitarias, bajo un enfoque de género, interculturalidad y cambio climático.

Como se puede notar, todas estas problemáticas no son menores. Aunado que, con el apoyo correcto se pueden transformar en ventanas de oportunidad en las que se beneficie a millones de personas en materia educativa, desde las y los educandos, hasta el personal de las escuelas e incluso madres y padres de familia.

Jalisco es un estado muy rico en muchos ámbitos y con una grandeza que aún se puede explotar mucho más, pero requiere del apoyo de todas y todos.

La pandemia perjudicó al sector educativo y ahora es menester redoblar los esfuerzos para retomar el camino que se llevaba o, en su caso, reconstruir lo que se perdió.

Por lo anteriormente expuesto, solicito:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, así como a los 125 ayuntamientos de Jalisco para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen en trabajo coordinado durante los meses de octubre y noviembre una campaña para detectar a la población en abandono o riesgo de abandono escolar de todos los niveles, e implementen programas de alerta temprana y atención personalizada, a fin de generar las condiciones para que todas y todos los alumnos tengan .

Segundo.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco para que, en el ámbito de sus atribuciones, desarrollen e implementen en trabajo coordinado un programa extraordinario, temporal y obligatorio en las escuelas de sostenimiento público y privado de Jalisco destinado a regularizar a las niñas, niños y adolescentes a través de clases de recuperación, en días y horarios destinados a tutorías, jornadas escolares ampliadas o difusión de materiales auxiliares para el aprendizaje.

Tercero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco para que, en el ámbito de sus atribuciones, desarrollen e implementen en trabajo coordinado un programa destinado a brindar espacios seguros para niñas, niños y jóvenes en las escuelas de sostenimiento público y privado del estado de Jalisco, con el fin de que en el corto plazo todas las escuelas cuenten con personal profesional de la salud mental y se prevengan y erradiquen el acoso y la violencia en las aulas.

Cuarto.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a los 125 ayuntamientos del estado de Jalisco para que, en el ámbito de sus atribuciones, desarrollen e implementen el Programa “Escuelas Verdes”, con el fin de impulsar la educación para el consumo sustentable y el manejo de residuos sólidos, manejo sustentable del agua, eficiencia en el consumo de la electricidad, salud y estilo de vida sustentable, educación ambiental y acciones ambientales comunitarias, bajo un enfoque de género, interculturalidad y cambio climático.

Notas

1https://www.inegi.org.mx/investigacion/ecovided/2020/
#:~:text=La%20Encuesta%20para%20la%20Medici%C3%B3n,COVID%2D19%20en%20la%20experiencia

2 https://portalsej.jalisco.gob.mx/micrositios/?page_id=620

3 https://mexicanosprimerojalisco.org/pdf/investigacin—500-das-mpj.pdf

4 Ibid.

5 https://portalsej.jalisco.gob.mx/micrositios/?page_id=620

6 Ibid.

7 Ibid.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2022.

Diputada Laura Lorena Haro Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS a llevar a cabo las acciones y acuerdos necesarios a efecto de actualizar las reglas de operación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, incluyendo al personal médico que realiza internados y pasantías en las dependencias del Sistema Nacional de Salud, a cargo del diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La reciente crisis sanitaria que atraviesa la sociedad en todo el globo, por el SARS CoV2, ha repercutido con impactos negativos de índole económico, social, familiar, y humano en general, exhibiendo también las debilidades del andamiaje operativo de los sistemas de salud de todos los países.

Específicamente en México, la gestión de la pandemia se ha constituido en un reto complejo donde el Estado mexicano ha iniciado un sinfín de acciones con el fin de establecer las condiciones óptimas para la gestión de los recursos con que cuenta y así solventar las necesidades que esta crisis presenta.

En este sentido, el personal médico se ha constituido en la columna vertebral para dar atención en la primera línea a todos los mexicanos y mexicanas que han sido afectados por el virus del SARS CoV2, donde dicha labor ha sido fundamental para el abatimiento en los índices de mortandad, y desafortunadamente, muchos de estos colaboradores, han perdido la vida en el ejercicio de su profesión.

El personal médico de primera línea incluye también a los profesionales de la medicina y enfermería, quienes ingresan para contribuir en el sistema nacional de salud, realizando el interinato y la pasantía; dado que aún no son personal adscrito a alguna plaza en el sistema, este personal es sujeto de una beca que otorga la Secretaría de Salud con el fin de contar con ayuda

para el desempeño de sus labores, y en algunos casos, para material didáctico de manera trimestral.

El ultimo tabulador disponible respecto de estos montos, refleja las siguientes cantidades.

Fuente: Secretaría de Salud, “Tabulador de Becas para los Internos de Pregrado y Pasantes.

Si bien dichas cantidades únicamente son un “apoyo”, existe la posibilidad de acceder a un monto mayor cómo reconocimiento a la labor que este personal realiza en beneficio de todas y todos los mexicanos.

Es el caso que, el gobierno federal, por medio de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ha impulsado desde el principio de esta administración, un noble programa que busca vincular a jóvenes que no tienen empleo o estudios, con diversos empleadores, con el fin de que realicen actividades propias del sector del que se trate y así obtengan habilidades que los califiquen para tener mayores posibilidades de empleabilidad en el futuro; el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” , se constituye como una alternativa formativa y de ingreso para un grupo que se vislumbra ya como vulnerable.

En el contexto anterior, el programa otorga becas de apoyo mensual por un monto de $5,258.13 pesos, según la información de la secretaría,1 y/o de $3,748.00 pesos, según las Reglas de Operación2 del mismo, así como un seguro médico que cubre incidentes por enfermedad, maternidad y riesgos de trabajo.

Dado la naturaleza de los beneficiarios, jóvenes de entre 18 y 29 años, se propone actualizar las reglas de operación con los siguientes elementos.

• Crear un apéndice en dichas reglas de operación, donde se establezca al sector del personal médico , que cumpla con la condición de edad, entre los 18 y 29 años, cómo beneficiarios del programa.

• Que el personal mencionado, sean los internos y pasantes de medicina y enfermería.

• Que el monto de beca que se otorgue a este personal no sea en detrimento de la beca que reciben en el momento de su percepción, por medio de la Secretaría de Salud.

• Que la Beca que se otorgue al personal de salud, se acredite cómo un “reconocimiento y dignificación” a su labor.

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que lleve a cabo las acciones y acuerdos necesarios a efecto de actualizar las Reglas de Operación del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” , incluyendo al personal médico que realiza internados y pasantías en las dependencias del Sistema Nacional de Salud.

Notas

1 Véase: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/

2 Véase: DOF de fecha 23 de diciembre de 2020, Reglas de Operación “Programa Jóvenes Construyendo el Futuro”.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2022.

Diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez (rúbrica)