Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la SHCP y a la Sader a fortalecer y generar acciones de planeación, programación, concertación, coordinación, aplicación, recuperación y revolvencia de recursos a favor del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Cesar Agustín Hernández Pérez , diputado integrante de la LXV Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) es un Organismo Internacional, sin fines de lucro, que se dedica a la investigación científica, la capacitación y al desarrollo de los sistemas de producción agroalimentarios relacionados con dos de los cultivos de la dieta básica de mayor importancia en México: el maíz y el trigo.

Surge como resultado de un programa cooperativo de investigación entre el Gobierno de México y la Fundación Rockefeller en los años cuarenta, que se establece con el propósito de elevar la productividad agrícola en México, mediante la creación de la Oficina de Estudios Especiales en 1943, haciendo desde entonces investigación en 40 países para el desarrollo agrícola sostenible y el combate a la pobreza.

Es parte de una extensa red mundial formada por personas y organismos que comparten metas de desarrollo similares; trabaja con cerca de 100 países en desarrollo por conducto de oficinas en 14 países de Asia, África y América Latina, con la colaboración de diversos sectores público y privado, organismos no gubernamentales y de la sociedad civil, organismos de asistencia y salud, agricultores y la comunidad de asistencia para el desarrollo. Como miembro del consorcio CGIAR1 conduce los programas de investigación sobre Maíz y Trigo, que alinean y añaden valor a los esfuerzos de más de 500 socios nacionales e internacionales.

Su sede Global se encuentra en Texcoco, Estado de México, fortalece a todo el sector agroalimentario de nuestro país, principalmente a los pequeños productores, y lo pone en una situación de preponderancia respecto al resto de los países al contar de primera mano con las variedades de maíz y trigo necesarias para la diversidad agronómica en todas las regiones de México.

De conformidad con información del propio Centro2 , entre sus impactos podemos citar los siguientes:

• A lo largo de 50 años de historia, CIMMYT ha desarrollado aproximadamente 50 por ciento de las variedades modernas de maíz y de trigo que se siembran en el mundo en desarrollo.

• Las variedades de maíz y trigo que CIMMYT ha desarrollado y la metodología de acompañamiento técnico que ofrece a los productores, generan entre 3 mil 500 y 4 mil 500 millones de dólares en utilidades para los productores que las cultivan alrededor del mundo.

• Las variedades desarrolladas en los últimos 20 años produjeron 106 millones de los 220 millones de hectáreas de trigo cosechadas a nivel mundial.

• El retorno sobre inversión de las variedades generadas en los programas de mejoramiento de trigo de CIMMYT e ICARDA (International Center for Agricultural Research in the Dry Areas/ Centro Internacional de Investigación Agrícola en las Zonas Secas) y sus socios nacionales da una proporción costo –beneficio de 103 a 1; es decir, por cada dólar americano invertido, se obtiene un retorno sobre la inversión de 103 dólares.

En México, CIMMYT ejecuta el programa MasAgro-Cultivos para México, el cual es un proyecto de investigación y desarrollo rural de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), que promueve una intensificación sustentable de los sistemas de producción de maíz y trigo en México. MasAgro-Cultivos para México desarrolla investigación y capacidades dirigidas a incrementar la rentabilidad y estabilidad de los rendimientos del maíz y del trigo en México. El Programa también busca aumentar el ingreso de los agricultores y la sustentabilidad de sus sistemas de producción mediante esquemas de investigación colaborativa, el desarrollo y la difusión de variedades de semillas adaptadas, de tecnologías y prácticas agronómicas sostenibles.3

De los logros alcanzados con MasAgro-Cultivos para México en el 2020, se sabe que se dio atención a más de 300,000 (trescientos mil) productores en casi 1 millón de hectáreas además de que se establecieron más de 40 plataformas de investigación y más de 400 módulos de innovación; 20 puntos de maquinaria en operación; más de 3 campañas de sensibilización Poscosecha y Acción por el suelo en campo; más de 3,000 actores clave capacitados para impulsar la innovación además, de más de 250 técnicos capacitados para apoyar y dar asistencia técnica en campo; 12 plataformas poscosecha para evaluar 10 tecnologías diferentes de almacenamiento, más de 10 nuevas variedades de trigo multiplicadas dirigidas a las regiones productoras en México, entre otros.

Cabe mencionar que CIMMYT ofrece una gran oportunidad de vinculación e integración con los programas estratégicos del gobierno en funciones, por citar algunos ejemplos: Producción para el Bienestar, Programa Nacional de Fertilizantes, Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura y Precios de Garantía de SEGALMEX.

No debemos dejar de lado que, por diferentes factores como sequias prolongadas, lluvias tardías, falta de humedad residual en las parcelas, la insuficiencia de insumos agrícolas por atrasos en el trasporte o por falta materiales provocados por la pandemia o la guerra entre Rusia y Ucrania se empieza a notar la disminución de superficies sembradas que, junto con el bajo rendimiento por superficie, disminuyen la disponibilidad de los granos básicos generando presiones inflacionarias adicionales como aumento en precio de la tortilla y de los productos de la canasta básica. Es de hacer notar que los expertos predicen que la situación se hará más aguda en los próximos meses y dudará algunos años.

A pesar de lo anterior, el Centro en comento, ha tenido fuertes impactos negativos por disminuciones presupuestales aplicados directamente al programa MasAgro-Cultivos para México que en el PEF 2019, tuvo una reducción de más del 50%, en comparación con el 2018.

La expectativa del presupuesto para las actividades del CIMMYT en México en 2019 era de 500 millones de pesos para dar continuidad a las inversiones de años anteriores, de los cuales se confirmaron por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, 295 millones de pesos, y al cierre del año, únicamente se proporcionaron 200 millones de pesos, mientras que para el 2020 solo fueron proporcionados 150 millones de pesos, comprometiendo aún más su operación en México.

Además, la aportación del gobierno de México al CIMMYT disminuyó por primera vez en una década al 11% del presupuesto total, menos del 15% requerido para mantener los compromisos y balances internacionales (G20, US-México, entre otros.)

Considerando lo anterior, y aunado a que están pendientes las aportaciones por parte del gobierno de México de los años 2021 y 2022, y que por la disminución de la inversión de México en el Centro, el CIMMYT corre el riesgo de que su sede sea reubicada en otro país ya que la cartera de proyectos, recursos y expertise se está reduciendo a <10% (menos diez); además se está limitando la integralidad de presencia de capacidades técnicas en el país; pasando por alto que 100% del trigo sembrado en México proviene de material del CIMMYT generado en esta plataforma liberado en colaboración con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, INIFAP y otros colaboradores.

Es importante destacar que, a pesar de no haber contado con la aportación gubernamental en comento, las operaciones de CIMMYT en México en el Programa MasAgro-Cultivos para México en los años 2021 y 2022 no se ha detenido para no afectar a los pequeños productores vinculados a los trabajos mencionados, se ha mantenido operando con deuda adquirida al amparo del convenio con el Gobierno Mexicano.

Además, se tendrá un alto costo en el impacto sobre programas estratégicos, por citar algunos ejemplos:

• La autosuficiencia con la que México cuenta hasta este momento en maíz y trigo ya que habrá un retraso en disponibilidad de semilla de maíz y trigo en un 50%, para PV (primavera-verano) 2024 se tendrá una capacidad reducida para el diseño del plan táctico de Maíz para México que repercutirá en sectores como la Milpa, Biodiversidad y Bienestar.

• Se retrasará aproximadamente cuatro años la entrega del atlas molecular de trigo comprometido en la COP13 (Décimo Tercera Sesión de Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres). Con lo que, México no podrá consolidarse como el líder a nivel mundial ante China y otros países, al no cumplir con el compromiso de salvaguardar la biodiversidad del cultivo de trigo.

• Las metas de MasAgro-Cultivos para Méxic o establecidas para 2024 con respecto a la adopción de alrededor de 1.9 M ha (millones de hectáreas) con tecnologías de agricultura sustentable y los 3 M ha (millones de hectáreas) de influencia no se alcanzarán, en donde con la reducción presupuestal actual se lograrían 1.2 M ha (millones de hectáreas) y 2.3 M ha (millones de hectáreas), respectivamente.

• Reducción de la meta de atención a 500,000 (quinientos mil) productores establecidos para 2024 no se logrará, se estima que el alcance será de tan solo 300,000 (trescientos mil) productores, de los cuales el 22% serían mujeres, retrasando la meta de equidad de género y empoderamiento al menos 4 años.

• Redes de innovación para la co-creación con el productor y el empoderamiento de mujeres y jóvenes en el campo.

• El Programa Estratégico de Producción de Fertilizantes se verá reducido en por lo menos un 30% en cuanto a la disponibilidad de sacos de semillas adecuadas para su ejecución.

• El número de capacitaciones se verá reducido en al menos un 30%, pasando de beneficiar a 500,000 (quinientos mil) productores a tan solo 200,000 (doscientos mil) y de tener impacto en 1.2 M ha (millones de hectáreas) a tan sólo 800,000 ha (hectáreas).

CIMMYT ejerce un papel estratégico en la seguridad alimentaria de nuestro país; el maíz y el trigo son alimentos básicos que proporcionan nutrientes vitales y beneficios para la salud, que representan cerca de dos tercios de la ingesta de energía alimentaria del mundo, y contribuyen de 55 a 70% al total de calorías en las dietas de las personas que viven en países en vías de desarrollo. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, proyecta que la población mundial aumentará a más de 9 mil millones de personas para el año 2050, lo que significa que los éxitos y fracasos de los productores de maíz y trigo seguirán teniendo un impacto crucial en la seguridad alimentaria.4

Para su ejecución, el CIMMYT recibe recursos para integrar sus proyectos principalmente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, sustentado en un Convenio Marco de Colaboración entre CIMMYT y la SADER que se encuentra vigente desde 2018.

El artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece las atribuciones con que cuenta la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, señalando específicamente en las fracciones I y III, lo siguiente:

Artículo 35.- A la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo rural, a fin de elevar el nivel de vida de las familias que habitan en el campo, en coordinación con las dependencias competentes;

...

III. Integrar e impulsar proyectos de inversión que permitan canalizar, productivamente, recursos públicos y privados al gasto social en el sector rural; coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas que asocien a grupos de productores rurales a través de las acciones de planeación, programación, concertación, coordinación; de aplicación, recuperación y revolvencia de recursos, para ser destinados a los mismos fines; así como de asistencia técnica y de otros medios que se requieran para ese propósito, con la intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales, y con la participación de los sectores social y privado ;

...

Derivado de lo expuesto, presento este punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo Federal y a los Titulares de la Secretarías Hacienda y Crédito Público, SHCP y de Agricultura y Desarrollo Rural a que fortalezcan y generan acciones de planeación, programación, concertación, coordinación; de aplicación, recuperación y revolvencia de recursos a favor del CIMMYT.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal a qué fortalezca y brinde las facilidades necesarias para el mejor desempeño del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMMYT.

Segundo .- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, para que instruya a quien corresponda a brindar la suficiencia presupuestal en el Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura de la SADER para la atención y regularización de los pendientes de aportación del Gobierno de México a CIMMYT.

Tercero .- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta al Titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, para que instruya a quien corresponda a generar acciones de planeación, programación, concertación, coordinación de aplicación, recuperación y revolvencia de recursos que brinden el apoyo necesario al Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMMYT para alcanzar las metas establecidas para el programa MasAgro-Cultivos para México en el 2024.

Cuarto.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal para que se realicen las acciones pertinentes a fin de que el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMMYT, continué operando y ejecutando actividades en pro de los productores de México desde su sede en Texcoco, Estado de México.

Notas:

1. El CGIAR es una asociación de investigación global para un futuro con seguridad alimentaria. La ciencia del CGIAR se dedica a reducir la pobreza, mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, así como los recursos naturales y los servicios de los ecosistemas. Su investigación es llevada a cabo por 15 centros del CGIAR, incluido el CIMMYT.

2. CIMMYT. Visible en https://www.cimmyt.org/es/

3. Programa Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional, MasAgro. https://masagro.mx/es/que-es-masagro/descripcion-general

4. Seguridad Alimentaria. CIMMYT

https://www.cimmyt.org/es/noticias/seguridad-alimentaria /

Palacio Legislativo de San Lázaro, 3 de noviembre de 2022.

Diputado César Agustín Hernández Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SICT a investigar y rendir un informe a la opinión pública sobre el estado de las concesiones, suscrito por diputados integrantes del PAN y de diversos grupos parlamentarios

Las y los que suscriben: Armando Tejeda Cid, Leonel Godoy Rangel, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, Jaime Martínez López, Hirepan Maya Martínez, Alma Griselda Valencia Medina, Anabey García Velasco, Enrique Godínez del Río, Berenice Juárez Navarrete, Carlos Humberto Quintana Martínez, Rodrigo Sánchez Zepeda, Adriana Campos Huirache, Roberto Carlos López García, Ma. Elena Serrano Maldonado, Mary Carmen Bernal Martínez, Reginaldo Sandoval Flores, María Macarena Chávez Flores, Francisco Javier Huacus Esquivel, Mauricio Prieto Gómez, Reyna Celeste Ascencio Ortega y Edna Díaz Acevedo, diputadas y diputados federales por el Estado de Michoacán de Ocampo en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos consideración de esta soberanía proyecto de proposición con propuesta de acuerdo por medio del cual: por medio de la cual y con base en los recientes accidentes que han propiciado en la Autopista Siglo XXI en el estado de Michoacán, se le exhorta y solicita al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, investigar y rendir un informe en un plazo no mayor a diez días hábiles por escrito a la opinión pública sobre el estatus de las concesiones, así como realizar las acciones que sean necesarias para la construcción a cuatro carriles de manera inmediata de esta carretera concesionada. Bajos las siguientes:

Consideraciones

El pasado día 14 de septiembre, una noticia lamentable ensombreció nuestros festejos patrios, entre el caos y la desesperación, un accidente de enorme magnitud, en la Autopista Siglo XXI, a la altura de Taretan, en donde 7 personas perdieron la vida, de aquí 3 eran niños menores de 5 años, además de 12 personas lesionadas. Todo a consecuencia del impacto de un tráiler de carga, cuyo exceso de velocidad impactó en cascada a 5 vehículos, con los decesos ya enunciados.

Pudiera parecer algo aislado, pero no lo es, sucesos como el anterior, en diferentes proporciones son una constante en dicha autopista, sin dejar de imputar las causas humanas que esto conlleva, es cierto, que tampoco debemos descartar los elementos que durante todo este trayecto carretero se propician. Uno de los principales elementos son los posibles casos de negligencia e incumplimiento por parte de los concesionarios, quienes desde el año 2007, no han cumplido en la ampliación de dos a cuatro carriles, así como los acotamientos y divisiones centrales, lo que permitiría un flujo menos denso, es decir, un tráfico más fluido, evitando congestionamientos, saturaciones y, por ende, menos accidentes.

He de mencionar, que, con la finalidad de tener un panorama más certero, preciso y verídico, he solicitado a través del portal nacional de transparencia, nos proporcionen el oficio en el cual señalan las causas de fuerza mayor para no continuar con la obra y el soporte documental que dé constancia del porcentaje de avance de la obra para la ampliación a los 4 carriles, con folios 330025522001948, 330025522001947, 330025522001949, 331033222000069, información que permitirá tener una radiografía, de quiénes son los concesionarios, de las concesiones y su temporalidad, las cláusulas de las mismas y así identificar las omisiones que se han generado. El plazo, para que la información se proporcione está a algunos días de fenecer, no obstante, considero además de esto, el que, de manera institucional, el titular de la Secretaría Infraestructura Comunicaciones y Transporte, nos brinde un informe pormenorizado de la situación que guarda esta concesión que abarca lo siguiente:

• Modernización autopista Pátzcuaro – Uruapan de 57.3 kilómetros a 4 carriles.

• Uruapan – Nueva Italia en 2 carriles.

• Modernización autopista Nueva Italia – Lázaro Cárdenas de 156.3 kilómetros a 4 carriles.

• Libramiento de Morelia de 64.1 kilómetros con 2 carriles.

• Libramiento de Uruapan 25.2 kilómetros con 2 carriles.

La presente proposición con punto de acuerdo, es el primer paso, que tiene como una segunda etapa el presentar una reforma a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en la cual se establezca, en su artículo 17 una adición en una fracción, para que una de las causales para revocar las concesiones, sea el que: debido a falta de mantenimiento, cumplimiento en su construcción y que a consecuencia de este o por elementos que propicien el incremento de los accidentes durante su trayecto de manera anual. Es decir, que no debemos ver estos sucesos como meros accidentes, porque no lo son, por el contrario, son siniestros, los cuales son producto de la falta de señalización, acotamiento, ampliación de carriles, división de carriles intermedios, entre otros. Por lo cual, no son casualidades, sino que en gran parte son propiciados por falta de planeación y de quienes no cumplen con lo acordado. Siendo claros, que esta regla no aplica a todos, porque hay quienes, de manera responsable y puntual, en lo que respecta a su tramo han acatado con lo establecido.

Lo cierto es, que mientras todo esto ocurre, se pueden seguir presentando más y más accidentes, debido a que más del 90 por ciento del tráfico pesado que transita de entre Morelia y Lázaro Cárdenas, adicionando que, en periodo vacacional, aumentan considerablemente los flujos de vehículos. Lo que en sumatoria es una bomba de tiempo.

Actuar con responsabilidad, implica tener la información que nos permita tomar las decisiones correctas, y quiero resaltar que siempre serán por el bien común, de las personas del estado de Michoacán. Las vidas no tienen precio, y algunas excusas como las que ya se han mencionado aquí, no pueden sobrepasar las pérdidas humanas y materiales.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, las y los diputados por el estado de Michoacán de Ocampo sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se le exhorta y solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, investigar y rendir un informe en un plazo no mayor a diez días hábiles, por escrito a la opinión pública sobre el estatus de las concesiones, así como de los concesionarios, en sus diferentes tramos carreteros, en la Autopista Siglo XXI en lo concerniente al estado de Michoacán, para exigir su cumplimiento de manera inmediata, además de realizar las acciones que sean necesarias para la construcción a cuatro carriles de manera inmediata de esta carretera concesionada.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 18 de octubre de 2022.

Diputados: Armando Tejeda Cid (rúbrica), Leonel Godoy Rangel (rúbrica), Edna Díaz Acevedo (rúbrica), Carlos Alberto Manzo Rodríguez (rúbrica), Hirepan Maya Martínez, Anabey García Velasco (rúbrica), Reyna Celeste Ascencio Ortega (rúbrica), Jaime Martínez López (rúbrica), Reginaldo Sandoval Flores (rúbrica), Berenice Juárez Navarrete (rúbrica), Adriana Campos Huirache (rúbrica), Mary Carmen Bernal Martínez (rúbrica), Francisco Javier Huacus Esquivel (rúbrica), Roberto Carlos López García (rúbrica), Enrique Godínez del Río (rúbrica), Rodrigo Sánchez Zepeda (rúbrica), Ma. Elena Serrano Maldonado (rúbrica), María Macarena Chávez Flores (rúbrica), Alma Griselda Valencia Medina (rúbrica), Mauricio Prieto Gómez (rúbrica), Carlos Humberto Quintana Martínez (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a investigar, por medio de la ASEA, las causas del derrame de hidrocarburos ocurrido el 23 de octubre del 2020 en las playas del municipio de Salina Cruz, a cargo de la diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho, del Grupo Parlamentario del PRI

La diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho, integrante del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones IV, V y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Exposición de Motivos

Antecedentes

El 24 de octubre del presente año, el periódico El Universal informó que, desde la mañana del día anterior, pescadores de las localidades de las playas Brasil y Punta Conejo (del municipio de Salina Cruz) y la Playa Guelaguichí (del municipio de Santo Domingo Tehuantepec), amanecieron con las playas cubiertas de grumos de aceite pesado.1 Por lo cual, pobladores y pescadores dieron aviso a la Secretaría de Marina (Semar) y al Parque Nacional Huatulco (PNH) sobre un posible derrame de hidrocarburos en las Bahías de Huatulco. Al respecto, brigadas de los departamentos de Protección al Medio Ambiente Marino y de los Programas contra la Contaminación del Mar, en coordinación con personal técnico de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicaron el sitio del siniestro y lograron su contención.2

Asimismo, se señaló en los medios que, como respuesta a la denuncia que se hizo por parte de los pobladores, se activó el comando de incidentes en las instalaciones de la decimocuarta Región Naval con el fin de efectuar recorridos de inspección y vigilancia; y los marinos, junto con autoridades de los tres niveles de gobierno, realizan la limpieza en la zona afectada. Por otro lado, se señala que la Semar reconoció la participación del ayuntamiento de Salina Cruz, la Administración del Sistema Portuario Nacional de Salina Cruz, Capitanía de Puerto, Ejército, Guardia Nacional y Protección Civil Municipal, en cumplimiento al Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas.

De la misma manera, se gestionó con el Centro Mexicano de la Tortuga (CMT) la posibilidad de habilitar el centro para la atención de fauna que ha sufrido afectaciones por el petróleo, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil como Wildcoast, quien ayudó al rescate de pájaros bobo cubiertos de chapopote, especie que se encuentra bajo protección especial.3

Igualmente, se señala que las autoridades de Pemex sostuvieron reuniones con los pobladores de las pesquerías y acordaron la contratación de 100 personas por cada localidad afectada con el derrame, a quienes la petrolera les pagará la cantidad de 2 mil 500 pesos por semana y dotará de los equipos de limpieza como palas, escobas, carretillas, cubetas, rastrillos y bolsas para acopiar los residuos petrolíferos. Respecto a lo cual, las autoridades municipales de Salina Cruz sostuvieron que no hay una fecha límite para los trabajos de limpieza, porque la mancha petrolera abarcó poco más de 10 kilómetros de playa y varios más, mar adentro, por lo que la limpieza podría durar varios meses, y durante ese lapso, explicó el gobierno porteño, se suspenderán las actividades de pesca y de extracción de moluscos como los ostiones.4

Implicaciones legales

Del relato que se han hecho en los medios de comunicación respecto a este incidente, no se advierte que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), haya tenido alguna una participación, aun cuando se trata de una daño ambiental federal y que la ASEA es la autoridad que cuenta con la facultad de investigar y sancionar los daños ambientales causados por hidrocarburos conforme a los artículo 4, 6, 8 y 132 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Asimismo, el propio Plan Nacional de Contingencias, en las que se has basado las actuaciones de la Semar, establece que en caso de presentarse un incidente de derrame de hidrocarburos en las zonas marinas mexicanas que afecte al medio ambiente marino, se deberá informar a la Semar, a la ASEA y a las autoridades competentes sobre el incidente.

Por lo que resulta importante que la Semarnat a través de la ASEA pueda intervenir en el mencionado incidente para investigar las causas que originaron el derrame de hidrocarburos, acontecido el pasado 23 de octubre del 2020 en las playas Brasil y Punta Conejo (del municipio de Salina Cruz) y la Playa Guelaguichí (del municipio de Santo Domingo Tehuantepec), a fin de determinar las presuntas irregularidades en la actuación de Petróleos Mexicanos y en su caso, proceder a establecer las sanciones administrativas respectivas, independientemente de las reparaciones que resulten aplicables para compensar los daños ambientales causados a la zona marina y a la fauna que fue afectada por este derrame; así como para garantizar se cumpla en su integridad con la remediación de la zona mediante el programa de empleo temporal establecido para limpiar las áreas que fueron contaminadas.

Conforme a lo antes expuesto, me permito someter ante esta soberanía, presentar la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, coadyuve a establecer un plan urgente para revertir los daños ecológicos generados el pasado 23 de octubre del 2020 en las playas Brasil, Azul, Salinas del Marqués y Punta Conejo (pertenecientes al municipio de Salina Cruz) y en la Playa Guelaguichí (del municipio de Santo Domingo Tehuantepec) por el derrame de hidrocarburos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en el ámbito de sus atribuciones, investigue las causas que originaron el derrame de hidrocarburos, acontecido el pasado 23 de octubre del 2020 en las playas Brasil, Azul, Salinas del Marqués y Punta Conejo (pertenecientes al municipio de Salina Cruz) y en la Playa Guelaguichí (del municipio de Santo Domingo Tehuantepec), a fin de determinar presuntas irregularidades en la actuación de Petróleos Mexicanos y en su caso, proceder a establecer las sanciones administrativas respectivas, independientemente de las reparaciones que resulten aplicables.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, garantice se cumpla en su integridad con la remediación de la zona a través del programa de empleo temporal establecido para limpiar las áreas que fueron contaminadas como consecuencia del derrame de hidrocarburos.

Notas

1 El Universal (2022). Por derrame de hidrocarburo, cierran tres playas al turismo y la pesca en Oaxaca, 23 de octubre de 2022. Ver en: https://www.eluniversal.com.mx/estados/por-derrame-de-hidrocarburo-cier ran-tres-playas-al-turismo-y-la-pesca-en-oaxaca

2 Ídem.

3 Infobae (2022). Pájaros bobo y áreas protegidas en Oaxaca se vieron afectadas por derrame de petróleo en Salina Cruz. 25 de octubre de 2022. Ver en: https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/25/pajaros-bobo-y-areas- protegidas-en-oaxaca-se-vieron-afectadas-por-derrame-de-petroleo-en-sal ina-cruz/

4 El Universal Oaxaca. Contratará Pemex a pescadores para limpiar derrame de petróleo en más de 10 km de playas de Oaxaca. 24 de octubre de 2022. Ver en:

https://oaxaca.eluniversal.com.mx/municipios/contratara- pemex-pescadores-para-limpiar-derrame-de-petroleo-en-mas-de-10-km-de-pl ayas-de

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2022.

Diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH a respetar el principio de división de poderes y la pluralidad del Congreso de la Unión y evitar recomendaciones que contravengan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

I. El pasado 28 de octubre de 2022, la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó en el Diario Oficial de la Federación la recomendación general 46/2022. En esta recomendación se exhortó de manera expresa al Poder Legislativo federal a fin de que lleve a cabo las acciones legislativas necesarias para “garantizar el derecho pleno a la democracia del pueblo mexicano en el sentido de fortalecer nuestra democracia formal, pero también las iniciativas de democracia participativa; así como para garantizar un órgano realmente autónomo de cualquier poder, constituido o fáctico, legal o supralegal, que asegure la transparencia del proceso electoral y el recuento efectivo de votos, con plena certeza para la ciudadanía, que elimine por completo el control gubernamental y la prevalencia de los intereses partidistas, tal cual era la demanda de las víctimas de represión y violencia política por parte del Estado en el periodo 1951-1965.”1

Como es posible advertir dentro de la recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos realiza al Congreso de la Unión, se cuestiona la autonomía e independencia del actual órgano electoral que existe en nuestro país el Instituto Nacional Electoral. Esto pues dentro de la recomendación general dicho órgano garante de los derechos humanos se plantea de manera explícita que el Instituto Nacional Electoral hoy por hoy no cuenta con autonomía e independencia plena de poderes fácticos o constituidos, legales o supralegales y, por lo tanto, es necesaria la adopción de medidas de carácter legislativo pues dicho instituto.

En este sentido, de manera implícita se le compara al Instituto Nacional Electoral con la Comisión Federal de Vigilancia Electoral (CFVE) pues en la recomendación general 46/2022 se hace referencia a que la CFVE estaba subordinada a poderes partidistas pues estaba “integrada casi en su totalidad por representantes del partido en el poder.”2

Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomienda al Instituto Nacional Electoral de manera textual lo siguiente:

“Al Instituto Nacional Electoral

1.- Asumir el compromiso de fortalecer su independencia de cualquier grupo partidista, económico o social, y su identificación y empatía con el pueblo de México.

2.- Compromiso de ejercer y fomentar el desarrollo de la vida democrática, fortalecer el régimen de los partidos políticos y principalmente asegurar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos políticos electorales, con un presupuesto austero y responsable reduciendo privilegios y gastos onerosos injustificados.

3.- Compromiso de apoyar el desarrollo de la democracia participativa, promover y apoyar ejercicios de participación y consulta ciudadana.”3

Como es posible advertir, en esta recomendación al Instituto Nacional Electoral se cuestiona de manera expresa la autonomía e independencia del Instituto Nacional Electoral frente a grupos de índole partidista, económica o social. Asimismo, se le recomienda a este órgano constitucional autónomo a ejercer “un presupuesto austero y responsable reduciendo privilegios y gastos onerosos injustificados.”4

Como es de conocimiento público, el Instituto Nacional Electoral recibió dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación un recorte del 26 por ciento con respecto al presupuesto asignado dentro del año 2021.5 Dicho recorte fue equivalente a 4,913 millones de pesos.6 Por ello, dicho órgano electoral presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de solicitar la invalidez del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2022 en lo concerniente al presupuesto asignado al INE dentro de los anexos 1 y 32 del ramo 22.7

Dentro de la controversia constitucional 209/2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Cámara de Diputados debería de analizar y aprobar de nueva cuenta el presupuesto correspondiente para el Instituto Nacional Electoral a fin de garantizar la realización de las funciones de dicho instituto. Sin embargo, la Cámara de Diputados reiteró su decisión sobre el presupuesto asignado a dicho organismo electoral y señaló lo siguiente:

“La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

Primero. La Cámara de Diputados, en ejercicio de sus facultades exclusivas y atendiendo los resolutivos de la sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, referente a la Controversia Constitucional 209/2021, reitera su decisión respecto al monto de los recursos aprobados al Instituto Nacional Electoral, en el decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022.

Segundo. Archívese como asunto total y definitivamente concluido.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.8

En este sentido, resulta claro que el Instituto Nacional Electoral está lejos de “privilegios y gastos onerosos injustificados”,9 pues, por el contrario, ha tenido importantes recortes en los Presupuestos de Egresos de la Federación de los últimos años. Por ello, la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en este sentido está alejada de la realidad.

Dentro de la recomendación general 46/2022 se realizaron las siguientes recomendaciones generales:

“IX. Recomendaciones generales

A las personas titulares del Poder Ejecutivo federal y de las entidades federativas, al titular de la Secretaría de Gobernación, al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional

1.- Llevar a cabo por sí, o de manera coordinada, políticas públicas de reconocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas a las personas víctimas en el periodo 1951 a 1965 por el Estado Mayor Presidencial, por la Dirección Federal de Seguridad, por el Ejército y por diferentes policías políticas, por la falta de interés en la investigación de los hechos y por lo tanto quedando olvidadas y otras veces manipuladas

2.- Llevar a cabo por sí o de manera coordinada, un reconocimiento público por las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas a las personas víctimas en el periodo 1951 a 1965 por el Estado Mayor Presidencial, por la Dirección Federal de Seguridad, por el Ejército y por diferentes policías políticas, en los que existía la práctica sistematizada de persecución política con infraestructura y recursos públicos, las autoridades deberán comprometerse a colaborar a la memoria y conservar los archivos que den cuenta de su desempeño, prestando atención a la conservación de los archivos y sobre todo a la recuperación de la memoria histórica con relación a graves violaciones a los derechos humanos por motivos políticos de este periodo; estas deberán ser difundidas en medios de comunicación masiva.

3.- Conformar por si o de manera coordinada acciones para llevar a cabo un Plan Nacional para la Recuperación de la Memoria y la Verdad Histórica de Graves Violaciones a los Derechos Humanos por Motivos de Violencia Política. Que deberá integrar los más altos estándares a nivel internacional con relación a políticas de verdad y memoria, que tenga como objetivo prioritario el rescate, la conservación y preservación de archivos históricos, y el diseño de instrumentos de consulta con celeridad para garantizar el acceso pleno de dichos archivos por la ciudadanía. y que incluya la promoción de acciones para reconstruir la temporalidad objeto de la presente recomendación general, mediante la recuperación de archivos privados, así como de las memorias y los testimonios de sobrevivientes, víctimas y descendientes de víctimas.

4.- Llevar a cabo políticas públicas para que en coordinación logística y presupuestal construyan sitios de memoria como jardines, plazas, monumentos y todos aquellos lugares que permitan a la ciudadanía ubicar los sitios y conocer la verdad acerca de las graves violaciones ocurridas entre 1951 y 1965.

5.- Establecer políticas públicas para llevar a cabo difusión permanente acerca de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado en el periodo comprendido entre 1951 y 1965, haciendo uso de todas las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, implementando micrositios relacionados con la memoria histórica de esos hechos; haciendo uso también de medios tradicionales para la difusión de comunicación como radio, televisión y prensa en papel.

A las personas titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de las Secretarías de Seguridad y Protección de las entidades federativas; a las personas titulares de la Fiscalía General de la República y de las Fiscalías o Procuradurías de las entidades federativas

1.- Diseñar en un plazo no mayor a un año, un plan para que sean consultados todo tipo de instrumentos de consulta necesarios para garantizar el acceso a la ciudadanía de los archivos que contengan documentación relacionada con graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado cometidas en el periodo de 1951 a 1965.

2.- Establecer y difundir a través de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones, lineamientos claros y sencillos que permitan la consulta y acceso de los archivos históricos que resguardan.

3.- Incluir, en los planes de estudio del heroico Colegio Militar y de todas las escuelas y academias militares y navales, así como de las academias de la Guardia Nacional y de los centros de formación policial, la materia de derechos humanos, con perspectiva histórica que incluya el análisis de contexto.

Al honorable Congreso de la Unión

1.- Llevar a cabo todas las modificaciones necesarias al marco normativo vigente, para la extinción del Estado Mayor Presidencial, con miras a garantizar el derecho de no repetición y como un acto de reparación simbólica dirigido a las víctimas de todas las graves violaciones a derechos humanos perpetradas por dicha corporación por motivos políticos.

2. Llevar a cabo las reformas necesarias para la incorporación del tipo penal de desaparición forzada transitoria, por ser esta figura la más idónea para calificar actos violatorios cometidos por autoridades durante el periodo de la violencia política del Estado en los que la víctima después de estar desaparecido por un tiempo indeterminado, es presentado o recobra su libertad.

3. Llevar a cabo las acciones legislativas necesarias para efectuar las modificaciones que garanticen el derecho pleno a la democracia del pueblo mexicano, en el sentido de fortalecer nuestra democracia formal, pero también las iniciativas de democracia participativa; así como para garantizar un órgano realmente autónomo de cualquier poder, constituido o fáctico, legal o supralegal, que asegure la transparencia del proceso electoral y el recuento efectivo de votos, con plena certeza para la ciudadanía, que elimine por completo el control gubernamental y la prevalencia de los intereses partidistas, tal cual era la demanda de las víctimas de represión y violencia política por parte del Estado en el periodo 1951-1965.

4.- Revisar la normativa de las fuerzas armadas mexicanas, para adaptarla a los más altos estándares de derechos humanos, que incluya un mecanismo sencillo y práctico para resolver la situación en que se encuentra un subalterno que recibe una orden ilegal o contraria a los derechos humanos, y a la Constitución, de modo que éste sea protegido cuando se niegue a cumplirla, tal cual era la demanda de las y los militantes y simpatizantes de los movimientos políticos y sociales objeto de la presente recomendación general.

5.- Revisar la normativa relativa a la Guardia Nacional, a fin de garantizar su naturaleza civil, derivada del espíritu de los Constituyentes de 1824, 1857 y 1917, y tal cual era la demanda de las y los militantes y simpatizantes de los movimientos políticos y sociales objeto de la presente recomendación general.

6.- Revisar la legislación en materia de transparencia y acceso a la información, a efecto de alinearla a los principios básicos de los derechos humanos, y garantizar los derechos de las víctimas, en tratándose de casos cuya información es motivo de seguimiento del cumplimiento de recomendaciones por la CNDH, o de casos que continúen bajo investigación jurisdiccional.

7.- Revisar la legislación en la materia, a efecto de fortalecer los mecanismos, con suficiencia presupuestaria, de atención a víctimas y para la reparación integral material de los daños que hayan sufrido las personas que han sido víctimas de una violación a los derechos humanos.

8.- Revisar la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a efecto de fortalecer sus funciones de seguimiento, y establecer mecanismos que garanticen la aceptación y el pleno cumplimiento de sus recomendaciones, y que no queden estas al arbitrio o decisión de las autoridades. Asimismo, para transitar a una Defensoría de los Derechos del Pueblo, como era demanda de las y los militantes y simpatizantes de los movimientos políticos y sociales objeto de la presente Recomendación General.

9.- Establecer un día de recordatorio nacional de las víctimas derivadas de la represión por parte del Estado durante el periodo 1951-1965.

Al Poder Judicial de la Federación y sus homólogas en los estados

1. Establecer y llevar a cabo las medidas necesarias para localizar y rescatar la documentación relacionada con la perpetración de graves violaciones a los derechos humanos por motivos políticos durante el periodo de 1951 a 1965; y diseñar los instrumentos necesarios para la preservación, consulta y acceso de sus archivos históricos a toda la ciudadanía sin restricción alguna.

A los Congresos de los estados:

1.- Derogación de todo tipo penal o delito que implique menoscabo de los derechos de reunión y asociación, del derecho a la libre manifestación y a la libertad de expresión; así como eliminación de todos aquellos tipos penales, como injurias a la autoridad, ultrajes a la autoridad, o cualesquier otro que pueda ser utilizado, como lo fue en el periodo objeto de la presente Recomendación General, con fines de persecución política, garantizando asimismo, que nunca más se den normativas restrictivas o limitativas de las garantías individuales ni para el ejercicio de derechos.

A las personas titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de los cuerpos policiacos de los estados y municipios del país

1.- Revisar sus protocolos y la capacitación de su personal para el tratamiento de la intervención de la fuerza policial en manifestaciones o reuniones de ciudadanas y ciudadanos, a fin de contener el uso de la fuerza y evitar violaciones a derechos humanos, de conformidad con la Ley de la materia.

A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

1.- Proponer una política fiscal de gasto de las dependencias y entidades de la administración pública federal de las economías generadas a lo largo de cada ejercicio presupuestal correspondiente, para que gestionen y otorguen las adecuaciones presupuestales y se oriente al menos un 3 por ciento de dichos remanentes no devengados a la profesionalización, operación e infraestructura de los archivos históricos.

2.- Orientar a las Unidades de Administración y Finanzas, para que las instancias ejecutoras del gasto al interior de las dependencias y entidades de la administración pública federal identifiquen las economías generadas a lo largo de cada ejercicio presupuestal y logren gestionar las adecuaciones presupuestales para que puedan reorientarse al menos un 3 por ciento de dichos remanentes no devengados a la profesionalización, operación e infraestructura de los archivos históricos.

A la Secretaría de Educación Pública

1.- Implementar políticas públicas que garanticen en sus programas educativos y en los libros de texto gratuitos el necesario conocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos por motivos políticos perpetradas por el Estado mexicano desde la década de 1950, con el objetivo de generar concientización acerca de las luchas por la democracia y en defensa de los derechos humanos, con el objeto de garantizar las medidas no repetición.

2.- Diseñar todo tipo de material didáctico que dé a conocer los derechos humanos y las graves violaciones a éstos; adecuar las resoluciones oficiales relacionadas con la búsqueda de justicia por graves violaciones a los derechos humanos a formatos que permitan la comprensión de dichos documentos a las y los alumnos de los diferentes niveles educativos.

3.- Implementar políticas públicas que sensibilicen a las infancias y juventudes sobre los hechos ocurridos en el pasad en relación con la represión política y las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado, introduciendo y fomentar como parte de sus programas de estudio, salidas a sitios de memoria de graves violaciones a los derechos humanos.

4.- Deberá colaborar para la conservación, preservación y difusión de los archivos históricos que contengan información de las graves violaciones a los derechos humanos, así como en la capacitación y concientización del personal encargado de dichos acervos, a través de cursos, diplomados y programas de estudio en la materia.

A los entes públicos miembros del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

1.- Llevar a cabo programas de capacitación sobre la importancia de la creación, organización y gestión de sistemas públicos de archivos como medio de garantizar el derecho a la verdad, con miras a estudiar la necesidad de directrices a este respecto, y presente un informe sobre los resultados de esta consulta en que se resuman las deliberaciones sobre la cuestión y los acuerdos alcanzados.

Al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y sus homólogos locales

1.- Deberá impulsar y promover la valoración de los cronistas locales, así como el de los adultos mayores que fueron víctimas o testigos de acontecimientos en los que se ejerció la violencia política por parte del Estado, en el pasado reciente, y su acercamiento y transmisión de la memoria a las infancias y juventudes.

Al Instituto Nacional Electoral

1.- Asumir el compromiso de fortalecer su independencia de cualquier grupo partidista, económico o social, y su identificación y empatía con el pueblo de México.

2.- Compromiso de ejercer y fomentar el desarrollo de la vida democrática, fortalecer el régimen de los partidos políticos y principalmente asegurar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos políticos electorales, con un presupuesto austero y responsable reduciendo privilegios y gastos onerosos injustificados.

3.- Compromiso de apoyar el desarrollo de la democracia participativa, promover y apoyar ejercicios de participación y consulta ciudadana.

A la Secretaría de Cultura y secretarías homólogas locales

1.- Deberán colaborar en la investigación sobre graves violaciones a los derechos humanos por razones de violencia política de Estado, a través del impulso de programas educativos y eventos dirigidos a la población en general en lugares de fácil acceso.

2.- Deberán colaborar en la valoración de los cronistas locales, así como en la realización de eventos para la difusión de la memoria de los adultos mayores. Esto en coordinación con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

3.- Deberán instalar sitios de memoria y/o elementos materiales que proporcionen información sobre los acontecimientos en los lugares que se consideran cárceles de detención clandestina, y en general los lugares donde se cometieron violaciones graves a los derechos humanos por el Estado

A la Comisión de Nomenclatura y Numeración Oficial de la Ciudad de México; al Comité de Alcaldías de Nomenclatura y Numeración Oficial; a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

1.- Revisar la nomenclatura de calles y avenidas, colonias, fraccionamientos, parques, plazas, que ostenten los nombres de perpetradores de las violaciones a derechos humanos cometidas entre 1951 y 1965, mediante un análisis que incluya la valoración de su papel en la historia reciente, y reivindique los hechos y los nombres de los miles de mujeres y hombres que luchaban por la democracia y sufrieron la represión del Estado, y la consecuente desmemoria colectiva.”

II. De igual forma, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de la Dirección General de Difusión de los Derechos Humanos, emitió el pronunciamiento GDDDH/081/2022 en el que de manera expresa se recomienda la transformación del Instituto Nacional Electoral. Dentro de dicho pronunciamiento se señala lo siguiente:

“(...) la CNDH hace un llamado público, respetuoso a las y los legisladores de la República para que, tomando como referente las luchas democráticas mencionadas, y las posteriores, revisen la legislación electoral vigente, realicen un análisis honesto y serio, que recoja las expectativas ciudadanas actuales, y construyan una reforma que otorgue certeza sobre la organización de las elecciones, sobre la imparcialidad del órgano encargado de contar los votos y sobre la designación de sus integrantes, de manera insospechable de intereses partidistas o faccionales. Una demanda que, como se dice en la recomendación General 46/2022, data de hace muchos años, y es una deuda histórica que ha llegado la hora de saldar”10

Asimismo, dentro de dicho comunicado la CNDH compara de manera expresa al INE, IFE y la Comisión Federal Electoral en el sentido en que se trató de “órganos autónomos únicamente de nombre, instrumentos parciales, de sabotaje de la voluntad del pueblo que sólo han servido para el mantenimiento de vicios que por años, sino es que por siglos, han manchados nuestros procesos electorales”. Lo anterior resulta sumamente grave pues la CNDH omite que la Comisión Federal Electoral dependía de manera directa de la Secretaría de Gobernación y, por tanto, del gobierno en turno; pero que, actualmente, desde la propia Constitución se establece que el INE cuenta con plena autonomía e independencia de cualquier gobierno e intereses partidistas.

Con dicho pronunciamiento se invisibilizan décadas de avances democráticos que ha tenido nuestro país así como diversas reformas electorales que, indudablemente, contribuyeron con la pluralidad y con la representación de las distintas ideologías políticas que existen en nuestro país. La transformación de la CFE en el IFE y eventualmente en un INE con plena autonomía constitucional ha sido clave para que distintos partidos políticos se encuentren en posibilidades de acceder al poder y, en especial, a la Presidencia de la República. Dicho de otro modo, gracias a los avances democráticos del IFE y del hoy INE se logró que la alternancia y la democracia fueran una realidad en México pues tras más de 70 años de gobierno de un partido hegemónico, accedió al poder el Partido Acción Nacional en el año 2000 y en 2006, en 2012 lo hizo el Partido Revolucionario Institucional de nueva cuenta, mientras que en 2018 llegó al poder el partido político Morena. Por tanto, cuestionar la independencia de un árbitro electoral que en las últimas tres elecciones ha garantizado que tres partidos políticos distintos estén en posibilidades de acceder a la Presidencia de la República es un sinsentido pues el Instituto Nacional Electoral contabiliza los votos que las y los mexicanos expresan en las urnas y garantiza la existencia de elecciones libres y seguras.

III. El pasado 24 de octubre de 2022, la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho mejor conocida como la Comisión de Venecia emitió la Opinión sobre el proyecto de enmiendas constitucionales sobre el sistema electoral en México. En dicha opinión, la Comisión de Venecia señaló que la propuesta de reforma constitucional no ofrece suficientes garantías de independencia e imparcialidad del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) y del Tribunal Electoral.11

Igualmente, la Comisión de Venecia apuntó que el procedimiento de elección directa de consejeros del INEC y del Tribunal Electoral debe de ser reconsiderado puesto que “no se ajusta a las normas internacionales y a las mejores prácticas en el ámbito electoral, que prescriben que debe haber una representación equilibrada de las diferentes fuerzas políticas en los órganos de administración electoral (construidos de forma estricta o proporcional).”12

Además, dicha comisión cuestiona que la centralización del INEC debe de ser reconsiderada ya que puede comprometer el funcionamiento imparcial e independiente de la administración electoral en los tres ámbitos de gobierno. Igualmente, cuestionó la propuesta de concentrar el proceso de quejas y recursos en un único Tribunal Electoral nacional.

III. En cuanto al marco jurídico cabe apuntar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Artículo 41, párrafo tercero, base V, Apartado A, de la misma Constitución reconoce al INE como la autoridad en materia electoral. A la letra dicho órgano señala lo siguiente:

“Artículo 41 (...)

I a IV.- (...)

V.- (...)

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero presidente y diez consejeros electorales, y concurrirán, con voz, pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un secretario ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando entre éstos, así como la relación con los organismos públicos locales. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones. Un órgano interno de control tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos.

(...)”13

Por su parte, el artículo 102 apartado B párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de manera expresa establece que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como sus homólogos locales no se encuentran facultados para emitir recomendaciones en materia electoral:

“Artículo 102. (...)

A. (...)

B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales.” 14

Por tanto, como resulta evidente, la recomendación de la CNDH para que las y los legisladores federales aprueben la reforma constitucional enviada por el titular del Poder Ejecutivo federal en materia electoral no sólo no es vinculante y carente de motivación suficiente, sino que, además resulta inconstitucional puesto que se trata de una recomendación entorno a un asunto electoral, materia en la que dicha comisión carece de competencia.

IV. Por ello en la Bancada Naranja exhortamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que respete el principio de división de poderes y la pluralidad de ideologías que integran el Congreso de la Unión, a que no tome partido en las discusiones que corresponden al Congreso de la Unión, ni a ejercer presión, o pretender coaccionar, a las y los legisladores en temas parlamentarios.

Además de exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a respetar la autonomía constitucional del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a evitar emitir recomendaciones que contravengan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto someto consideración de esta cámara la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a ejercer sus funciones apegada al marco constitucional y evitar hacer uso indebido de sus atribuciones para influenciar el debate que corresponde al Congreso de la Unión, en cuestiones no previstas por la Constitución, y a no ejercer presión o pretender coaccionar a las y los legisladores en el ejercicio de sus funciones.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a respetar el principio de división de poderes, así como respetar la pluralidad de los integrantes del Congreso de la Unión.

Tercero.- La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a respetar la autonomía constitucional del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a evitar emitir recomendaciones que contravengan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y usar dichos mecanismos para posicionar una postura partidista respecto de debates políticos y legislativos.

Notas

1 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2022). Recomendación General 46/2022 Sobre violaciones graves a Derechos Humanos, así como violaciones al derecho a la democracia y al derecho a la protesta social, al derecho de reunión y al derecho de asociación, entre otras, cometidas por el Estado entre 1951-1965. Diario Oficial de la Federación. Recuperado de:

<https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=56699 62&fecha=28/10/2022#gsc.tab=0eso>

2 Ídem.

3 Ídem.

4 Ídem.

5 Instituto Nacional Electoral. (2021). El recorte del 36 por ciento al presupuesto del INE afecta directamente la operación de 2022. Instituto Nacional Electoral. Recuperado de: <https://centralelectoral.ine.mx/2021/11/23/el-recorte-del-26-por-ci ento-al-presupuesto-del-ine-afecta-directamente-a-la-operacion-de-2022- ciro-murayama-con-carlos-marin/>

6 García, C. (2021). La Cámara de Diputados alista recorte de 4,900 mdp al INE. Expansión Política. Recuperado de: <https://politica.expansion.mx/congreso/2021/11/08/la-camara-de-dipu tados-alista-recorte-de-4900-mmdp-al-ine>

7 Vallejo, G. (2021). SCJN invalida el decreto con el cual se aprobó el recorte al presupuesto del INE. Expansión Política. Recuperado de: <https://politica.expansion.mx/mexico/2022/06/01/scjn-invalida-el-de creto-con-el-cual-se-aprobo-recorte-al-presupuesto-del-ine>

8 Cámara de Diputados. (2022). Decreto relativo a la sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, referente a la controversia constitucional 209/2021 en contra del decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022. Diario Oficial de la Federación. Recuperado de: <https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5666905&fecha=04 /10/2022#gsc.tab=0>

9 Ídem.

10 CNDH. (2022). Pronunciamiento GDDDH/081/2022. CNDH. Recuperado de:

<https://twitter.com/CNDH/status/1586795753581600768>

11 Comisión de Venecia. (2022). Opinión sobre el proyecto de enmiendas constitucionales sobre el sistema electoral en México. Comisión de Venecia. Recuperado de:

<https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=C DL-AD(2022)031-spa>

12 Ídem.

13 Cámara de Diputados. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. Recuperado de: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

14 Ídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2022.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJE, a la SSC y a la SEP de Tlaxcala a esclarecer lo ocurrido el 20 de octubre en Panotla durante un enfrentamiento entre alumnos de la Normal Rural Benito Juárez y elementos de la SSC, y que provocó la muerte de una joven estudiante de 21 años, a cargo de la diputada Dulce María Silva Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Dulce María Silva Hernández, integrante de la LXV Legislatura del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A mediados de octubre del presente, integrantes del Comité Estudiantil “Ernesto Che Guevara” así como alumnas de la Escuela Normal Rural “Lic. Benito Juárez” de Panotla, Tlaxcala, presentaron una petición por diversas problemáticas que afectan al plantel, destacando que: alumnas que presentan una condición de embarazo sufren de rechazo y de violencia psicológica por parte de los directivos de la institución; se ha discriminado y violentado el derecho de las alumnas por el solo hecho de ser madres; no se ha dado mantenimiento a las instalaciones de la escuela, como son sanitarios, filtraciones en techos y paredes, dormitorios, falta de iluminación, entre otras; poca calidad en los alimentos que se sirven en el comedor y falta de una higiene adecuada. Ante esta problemática, el Comité Estudiantil solicitó la destitución del personal directivo de la institución por su deficiente administración.

Ante la falta de atención del pliego petitorio de los estudiantes, el 20 de octubre de 2022 alumnos de la Escuela Normal Rural “Benito Juárez” realizaron una manifestación en las inmediaciones del Centro de Convenciones de Tlaxcala.

La respuesta a los estudiantes fue contundente por parte del Gobierno local: se desplegó a la fuerza pública para disolver la movilización e impedir que continuaran con su legítimo derecho a la manifestación y a ejercer su derecho de petición, ambos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con la intervención de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, se registraron enfrentamientos físicos con los estudiantes, dejando como resultado un saldo de 30 normalistas lesionados y hasta ese momento una joven gravemente herida que, de acuerdo a los primeros informes, se desvaneció en la zona donde lanzaron gases lacrimógenos.

La estudiante de nombre “Beatriz N.” fue trasladada en estado crítico al Hospital General de Sub-zona número 1, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde fue diagnosticada con fractura frontal y parietal con neumoencéfalo. Desafortunadamente su condición empeoró y al presentar deterioro neurológico, fue necesario intubarla. Después de un par de días de luchar por su vida, se informó que Beatriz presentaba muerte cerebral.

A las movilizaciones inicialmente originadas por el mal estado de las instalaciones de la Escuela Normal Rural, las manifestaciones estudiantiles se recrudecieron en la capital tlaxcalteca, pero esta vez para protestar por lo que consideraron, una represión en contra de los alumnos.

Ahora, ya hay 3 exigencias de los normalistas a consecuencia de la problemática original: 1) la renovación de la plantilla directiva del plantel; 2) la investigación, esclarecimiento y sanciones correspondientes por la muerte de Beatriz N, y 3) condenar la represión de la que aseguran fueron objeto los normalistas.

Todas estas exigencias deben ser atendidas oportunamente por nuestras autoridades, para evitar una escalada en la intensidad de las manifestaciones y en el actuar de los cuerpos de seguridad, que per se ya han generado inconformidades no solo en la comunidad estudiantil o en la familia de Beatriz, sino también en diversos colectivos en defensa de los derechos humanos que se han sumado a las protestas por la muerte de Beatriz, todos ellos unidos en una voz que clama justicia.

Desafortunadamente la tragedia ya aconteció, y la perdida de Beatriz es irreparable, por lo que, lo único que resta es hacer justicia evitando que el caso quede impune y llevar ante las autoridades al o a los responsables de que una joven de 21 años perdiera la vida por ejercer su libertad de expresión.

Durante la presentación del Informe de Incidencia Delictiva del Tercer Trimestre de 2022, la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, Ernestina Carro Roldán, señaló que los peritajes apuntan a que “la causa de la muerte de Beatriz N. consistió en traumatismo craneoencefálico secundario a caída”.

Pero a decir de los participantes en la manifestación y por fuentes periodísticas reconocidas, Beatriz no cayó de ningún autobús (como sugieren reportes preliminares), sino que fue golpeada por elementos de la policía estatal quedando tirada y expuesta al gas lacrimógeno que la policía lanzó durante la manifestación para confrontar a los normalistas, lo que provocó que Beatriz involuntariamente inhalara los gases, provocando que su condición de salud empeorara. Alumnos que presenciaron los hechos acusan seriamente a las autoridades de querer distorsionar lo que realmente sucedió el 20 de octubre.

Por su parte, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (Fecsm), afirman que la alumna fue golpeada por policías estatales provocando su fallecimiento.

Ante todas las versiones que existen en torno al caso y para llegar al esclarecimiento de los hechos que permita fincar las responsabilidades correspondientes, resulta necesario que la Procuraduría Estatal realice una investigación imparcial, integre una carpeta de investigación ejemplar que permita que la víctima tenga acceso a la administración de la justicia, castigando a los responsables para que no que quede impune el caso y se otorgue una reparación integral del daño. Pero también es necesario que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala inicie una investigación por cuenta propia para aclarar lo sucedido y conocer a detalle el actuar de sus elementos, pues resulta preocupante que haya versiones que afirmen represión en contra de los estudiantes, de ahí lo transcendental de aclarar dudas.

Si bien es cierto que el Gobierno del Estado ya ha ofrecido la instalación de una mesa de diálogo para esclarecer los hechos, resulta imprescindible que no solo se escuche a los normalistas, sino que se investigue a partir de la declaración de los testigos.

Este punto de acuerdo busca regresar la tranquilidad, en medida de lo posible, a los normalistas inconformes que se han manifestado por varias semanas por hacer caso omiso a sus demandas. Desafortunadamente ya hay una vida que lamentar, lo que ha enfurecido aún más a la población estudiantil. De ahí la necesidad imperante de que el aparato del estado emplee todas las herramientas que tenga a su alcance para que la verdad sea dicha y reconocida públicamente y para garantizar que la muerte de Beatriz no quede impune.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, con pleno respeto a su autonomía, para que realice una investigación imparcial y esclarezca los hechos que provocaron el homicidio de Beatriz N., joven estudiante de la Escuela Normal Rural Benito Juárez, ocurrido en una manifestación realizada el 20 de octubre de 2022, en Panotla, Tlaxcala, y además, emita una versión pública con el resultado de sus investigaciones.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, con pleno respeto a su autonomía, para que elabore una carpeta de investigación ejemplar y aporte los elementos necesarios que garanticen el acceso a una justicia pronta y expedita, evitando que quede impune la muerte de Beatriz N., joven estudiante de la Escuela Normal Rural Benito Juárez, y con ello se puedan fincar las responsabilidades penales correspondientes.

Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala, para que realice una profunda revisión a sus protocolos de actuación policial que implementa durante manifestaciones y marchas, a fin de evitar actos de represión, prevenir hechos de violencia y garantizar la no repetición de lo ocurrido en la manifestación del 22 de octubre de 2022 en Panotla, Tlaxcala, donde una estudiante de la Escuela Normal Rural Benito Juárez fue asesinada.

Cuarto. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala, realice una investigación y publique los resultados de la misma sobre los hechos ocurridos en la manifestación del 22 de octubre de 2022 en Panotla, Tlaxcala, donde una estudiante de la Escuela Normal Rural Benito Juárez fue asesinada.

Quinto. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, para que evalúe el desempeño, y en su caso, la permanencia del personal directivo de la Escuela Normal Rural Benito Juárez, en Panotla, Tlaxcala, en virtud de las exigencias solicitadas por la comunidad estudiantil del plantel, lo que ha ocasionado diversas manifestaciones y enfrentamientos con la policía del Estado, dejando como saldo una alumna fallecida.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2022.

Diputada Dulce María Silva Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reconsiderar la importación y distribución de alimentos e insumos sin supervisión de Senasica y de la Cofepris, a cargo de la diputada Carolina Beauregard Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Carolina Beauregard Martínez, diputada federal por el estado de Puebla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal a que reconsidere su decisión de importar y distribuir libremente alimentos e insumos sin supervisión de Senasica y Cofepris y que se respete la normatividad en la materia, para evitar riesgos en la salud de las familias mexicanas. Lo anterior, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El lunes 3 de octubre de 2022, durante la conferencia mañanera del presidente López Obrador, se anunció la suscripción del Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, detalló los pormenores del acuerdo, cuya vigencia será hasta el 28 de febrero del año próximo. La medida que ha provocado preocupación y polémica es que se está otorgando a empresarios, una licencia universal para importar libremente alimentos e insumos, sin el pago de impuestos, ni la realización de trámites ni revisiones sanitarias.

En este contexto, los empresarios que realicen las importaciones serán quienes asuman la responsabilidad del control de calidad y sanidad de los alimentos e insumos que ingresen al país.

Es loable que se pretenda controlar la inflación, así como los precios de los alimentos que consumimos los mexicanos, pero no lo es, que la importación de esos alimentos se realice sin ningún control de calidad ni de inocuidad de parte del gobierno, por medio de la Senasica o de la Cofepris.

El presidente López Obrador justificó su decisión, en que, la licencia universal, facilitará a los industriales para importar los insumos necesarios “y que no tengan que padecer el viacrucis que significa hacer trámites en distintas dependencias”. Afirmó que, al simplificar los procesos, se logrará mayor producción, competencia y se garantizan mejores precios.1

La medida nos recuerda la época de Miguel de la Madrid, en la década de los ochentas, considerado el primer gobierno neoliberal por el propio López Obrador; cuando, en 1987, para hacer frente a la inflación y frenar el alza de precios de forma concertada, se firmó el Pacto de Solidaridad Económica, un compromiso entre el gobierno federal, empresarios y sindicatos.2

El pacto fue retomado y reforzado en 1989 por el presidente Carlos Salinas de Gortari con la firma del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico. Fue exitoso al detener la inflación y mantener un crecimiento económico moderado, pero propició problemas como el deterioro de la capacidad productiva local, la pérdida del valor real de los salarios,? y el aumento del desempleo.3

De acuerdo con analistas y expertos en la materia, los Pactos Económicos aportaron éxitos efímeros y críticas permanentes.4

No obstante, nuestra principal preocupación radica en la calidad e inocuidad de los alimentos e insumos que se van a importar sin control alguno.

No olvidemos el caso de la leche “Betty” vendida por los diputados perredistas de la Asamblea Legislativa del DF, entre 1997 y 1999, que hoy son funcionarios públicos de Morena, como Martí Batres. Ese producto no era leche. Era un líquido tipo leche con pocas proteínas y poco calcio, pero abundante en bacterias y materia fecal, y no debe olvidarse que el presidente nacional de ese partido era Andrés Manuel López Obrador.5

Por otro lado, la importación sin control de alimentos e insumos puede provocar plagas, epidemias y enfermedades para la población.

Para esos efectos se creó la SENASICA, para prevenir que agentes patógenos entren a territorio mexicano y causen enfermedades a seres humanos, animales y plantas.

La legislación en materia de sanidad animal y vegetal, establecen las medidas que se deben cumplir para la producción, movilización, importación o exportación de animales y vegetales, así como sus productos o subproductos sin que representen un riesgo fitosanitario. También hay Normas Oficiales Mexicanas referentes a la inocuidad de dichos productos.

Los alimentos contaminados pueden transmitir amebiasis, salmonelosis, fiebre tifoidea, hepatitis, H1N1, escherichia coli, botulismo y cisticercosis, entre otras enfermedades.

No se puede desdeñar con temeridad la normatividad que se ha construido en México para evitar riesgos en la salud de las y los mexicanos.

Estamos convencidos de que debe haber un punto medio para facilitar la importación de alimentos e insumos, sin descuidar la salud pública.

Por ello, invitamos al Ejecutivo Federal para que busque los medios para que, con estricto cumplimiento del marco jurídico, se cumpla con el objetivo de favorecer a las familias de menores recursos, pero sin poner en riesgo su salud.

Por todo lo antes expuesto, someto a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal a que reconsidere en el Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía del pasado 3 de octubre, su decisión de importar y distribuir libremente alimentos e insumos sin supervisión de Senasica y Cofepris, y que se respete la normatividad en la materia, para evitar riesgos en la salud de las familias mexicanas.

Notas

1 https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/10/3/el-acuerdo-con-empresario s-no-fue-una-imposicion-lo-hicieron-para-ayudar-mexico-amlo-294473.html

2 https://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/pacto s-frente-a-las-crisis/1396084

3 https://politica.expansion.mx/mexico/2022/04/21/que-fue-pacto-solidarid ad-economica

4 https://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/dip/dicc_tparla/p.pdf

5 https://elpais.com/diario/1999/02/04/internacional/918082809_850215.htm l

Dado en el recinto Legislativo de San Lázaro, octubre de 2022.

Diputada Carolina Beauregard Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno y a la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala a resolver las demandas de la comunidad estudiantil de la Escuela Normal Rural Benito Juárez de Panotla, a cargo del diputado Mariano González Aguirre, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Mariano González Aguirre, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El pasado mes de septiembre, un colectivo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Benito Juárez de Panotla, Tlaxcala, entregó un pliego petitorio a la Secretaría de Educación Pública de la entidad y a la Unidad de Servicios Educativos (USET), para demandar el fortalecimiento del sistema de educación y garantizar los derechos humanos de los estudiantes.1

A través de 87 puntos, el documento busca que la autoridad brinde garantías y autonomía a la comunidad estudiantil que es integrada en su totalidad por mujeres. Asimismo, demanda que se establezca un sistema de transparencia y acceso público para conocer la aplicación de los recursos de la USET. Las estudiantes han referido que la opacidad en el manejo del presupuesto ha ocasionado que el material didáctico no llegue a las aulas y que el comedor estudiantil no cuente con alimentos.

El pliego petitorio también solicita la destitución de mandos directivos y subdirectivos, debido a presuntos casos de hostigamiento hacia las estudiantes y una propuesta de expansión de la matrícula estudiantil a 120 alumnas cada ciclo escolar. Actualmente, la Normal Rural de Panotla cuenta con un registro de 220 alumnas, de las cuales egresan alrededor de 56 maestras en promedio por cada ciclo escolar.2

Posterior a la presentación del documento, un grupo de estudiantes apoyadas por alumnos de otras normales rurales como la Escuela Raúl Isidro Burgos, inició una serie de movilizaciones para solicitar a la dependencia educativa de la entidad una respuesta a sus demandas. Y aunque durante el mes de septiembre se instalaron mesas de diálogo y negociación encabezada por un grupo de representantes de la comunidad y la Secretaría de Educación Pública, no se brindaron soluciones puntuales a los planteamientos.3

Derivado de esta falta de atención, el pasado jueves 20 de octubre, un colectivo representativo de la Normal se manifestó sobre la carretera que comunica a la comunidad de San Martín Texmelucan con la ciudad de Tlaxcala. Sin embargo, el gobierno del estado respondió a la movilización estudiantil con un despliegue de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para dispersar a las jóvenes con gases lacrimógenos.4

En este encuentro, la estudiante Beatriz Rojas Pérez de 21 años, resultó herida por objetos lanzados durante la confrontación. Dichas agresiones causaron su hospitalización por daños físicos y contusiones cerebrales, que condujeron a su deceso el pasado domingo 23 de octubre, tres días después de los hechos.5

De acuerdo con testimonios de la comunidad estudiantil, la joven Beatriz recibió atención de primeros auxilios al momento de la confrontación. No obstante, los relatos señalan que el bloqueo de los cuerpos de policías estatales impidió su salida inmediata para llevarla a un centro de salud de manera inmediata. Asimismo, colectivos de estudiantes como Colectivo Mujer y Utopía informaron que al momento hay otras siete estudiantes lesionadas y existen registros de violaciones graves a sus derechos humanos.

Después de estos hechos, los medios han reportado que la Secretaría de Gobierno de la entidad atrajo el caso y ha instalado mesas de diálogo con las estudiantes. Sin embargo, los reportes hasta el momento no indican un desarrollo pleno a las demandas planteadas por la comunidad normalista.6

En este sentido, desde el Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso federal exhortamos a las autoridades correspondientes a que resuelvan las demandas con estricto apego a derecho. Las escuelas normales de todo el país representan la búsqueda del cambio y la lucha por la dignidad social.

Defender la libertad no debe convertirse en un estado de alerta para nuestros estudiantes ni nuestras familias. La comunidad de Panotla y el resto de las y los tlaxcaltecas, exigimos garantías de respeto para el intercambio de ideas y el diálogo con quienes representan el futuro de la educación en México.

Debido a lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. El honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala y a la Secretaría de Educación Pública de la entidad a resolver las demandas de la comunidad estudiantil de la Escuela Normal Rural Benito Juárez, de Panotla

Segundo. El honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala a esclarecer de manera pronta y expedita las presuntas agresiones que causaron la muerte de Beatriz Rojas Pérez, fincar responsabilidades y buscar a través de los medios correspondientes reparación del daño para su familia.

Notas

1 Arrecian normalistas protestas contra SEPE; exigen destitución de directivos. Consultado en:

https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/actualizacion-a rrecian-normalistas-protestas-contra-sepe-exigen-destitucion-de-directi vos-9052106.html

2 Escuela Normal Rural Lic. Benito Juárez. Consultado en:

https://datamexico.org/es/profile/institution/escuela-no rmal-rural-lic-benito-juarez

3 Reanudan mesas de negociación normalistas y SEP Tlaxcala. Consultado en: https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/19/estados/reanudan-mesas-de-n egociacion-normalistas-y-sep-tlaxcala/

4 Fallece Beatriz, estudiante de Panotla: Esto sabemos de las protestas de normalistas en Tlaxcala. Consultado en: https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/10/25/fallece-beatriz-estu diante-de-panotla-esto-sabemos-de-las-protestas-de-normalistas-en-tlaxc ala/

5 Exigen justicia tras muerte de normalista en Tlaxcala. Consultado en: https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/24/estados/exigen-justicia-tra s-muerte-de-normalista-en-tlaxcala/

6 Gobierno y normalistas llegan a acuerdo de paz; la prioridad es salvar el ciclo escolar. Consultado en: https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/gobierno-y-normalistas-llegan- a-acuerdo-de-paz-la-prioridad-es-salvar-el-ciclo-escolar-9093125.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del honorable Congreso de la Unión, a 3 de noviembre de 2022.

Diputado Mariano González Aguirre (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía a citar al licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Gobernación y titular de la Comisión de la Verdad y la Justicia para el Caso Ayotzinapa, a una reunión para esclarecer inconsistencias, irregularidades y presuntas declaraciones en torno al último informe presentado por dicha comisión, suscrito por diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

I. Luego de 8 años desde aquella noche del 26 de septiembre de 2014 donde desaparecieron 43 estudiantes normalistas, a lo largo de estos años las autoridades han planteado diferentes teorías para dar con la verdad de lo sucedido; sin embargo, este caso ha evidenciado cómo los tres órdenes de gobierno se han coordinado para encubrirse y generar un pacto de impunidad que impide que llegue la justicia a las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El caso ha tenido eco a nivel nacional e internacional, lo que ha provocado indignación por parte de la población mexicana y lo que llevó a López Obrador a crear una Comisión de la Verdad para esclarecer los hechos ocurridos en Ayotzinapa, no obstante, luego de varios años de su creación, no existen grandes avances al respecto.

Fue así que, en junio de 2022, López Obrador aseguró que ya se sabía lo que realmente había ocurrido y que en agosto de este año la comisión presentaría un extenso informe con nuevas pruebas, así como un relato actualizado de los hechos.

En agosto de este año, la Comisión para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa presentó dicho informe, en el cual, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, y titular de la Comisión Alejandro Encinas Rodríguez, dijo que continúa la investigación y la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa porque se trataba de un crimen de Estado.

Dentro de las principales conclusiones1 de este informe, se destacan las siguientes:

• La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano.

• Que autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos.

• Que en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como del homicidio de otras seis personas.

• Que en ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF.

• Que el grupo delictivo actuó con amplio número de sicarios y halcones, a partir de un mando central y al menos tres células de halcones y sicarios, con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado.

• Que en ningún momento existió comunicación alguna entre los estudiantes y el grupo delictivo durante los hechos.

• Que, tras la salida de la terminal de autobuses de Iguala, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición.

• Se confirma la intervención de la policía de Iguala en el aseguramiento de los estudiantes en el autobús 1531.

• Se confirma la presencia de policías de Huitzuco en el Palacio de Justicia de Iguala y en Santa Teresa.

• Se confirma el traslado del autobús Ecoter, sin pasaje, hacia el estado de Morelos, librando los retenes establecidos.

• Se confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolzin.

• Que, al filo de las 22:45h del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes.

• Se confirma la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos.

• Que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que fueron arteramente ultimados y desaparecidos.

• Que es necesario continuar la búsqueda en: la ribera del río Balsas y en la laguna del nuevo río Balsas; en Atzcala, municipio de Eduardo Neri; en la Barranca de Tonalapa, municipio de Tepecoacuilco; en Brecha de Lobos y en el paraje Suriana, en Iguala, así como en las inmediaciones de Tepeguaje.

• Que existen indicios para que la FGR inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades en contra de integrantes de Guerreros Unidos, autoridades federales y municipales y contra quien resulte responsable por acción u omisión en estos delitos.

Cabe destacar, que el informe presentado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia se basa principalmente en el análisis de mensajes intercambiados a través de WhatsApp por personajes clave en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa “Isidro Burgos”.

Al respecto, días después de haberse publicado dicho informe, la periodista Peniley Ramírez2 indicó que una fuente anónima proporcionó una versión sin testar del informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y cuestionó que la versión publicada por el gobierno estuviera testada, así que realmente era muy difícil entender en dicha versión pública que era lo nuevo en la investigación de los hechos.

De acuerdo al artículo publicado por la periodista, casi todos los estudiantes fueron asesinados y enterrados la noche del 26 de septiembre, donde el grupo criminal de Guerreros Unidos perpetró la desaparición de los jóvenes. A la mañana siguiente de ese 26 de septiembre, todavía seis estudiantes continuaban con vida, a los cuales se los llevaron a una bodega para que, después de unos días, fueran asesinados por orden del coronel del Ejército José Rodríguez.3

Fue así que se comenzó a fraguar un montaje gubernamental para encubrir la verdad, donde se hizo todo lo posible por alterar la evidencia para salpicar lo menos posible a todos los involucrados. En los chats donde antes se habían coordinado los asesinatos, criminales, funcionarios y militares hablaban de cómo desenterraban cuerpos para llevarlos al 27 Batallón de Infantería donde no podría entrar nadie.4

Lo anterior, generó diversos cuestionamientos sobre la veracidad del informe y sobre los motivos por los cuales dicho informe seguía ocultando información clave para esclarecer lo ocurrido.

II . Por su parte, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dijo que los mensajes de WhatsApp que la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia utilizó como base para su investigación de los 43 normalistas de Ayotzinapa no garantiza la veracidad de la información, ya que es imposible verificar las capturas de pantalla integradas por la Comisión.

Fue durante un mensaje a medios, donde Francisco Cox Vial, integrante del GIEI, informó que tras realizar un análisis de los ficheros se determina que no es posible garantizar la credibilidad de los mensajes que fueron capturados en imágenes.5

Asimismo, el GIEI asegura que entre los aspectos hallados se determinó que existen “diferencias en la forma de escritura”.6 Por su parte, Carlos Beristaín, integrante del GIEI, dijo que: “los mensajes de WhatsApp no pueden considerarse como una prueba digital y no garantizan originalidad”.7

Aunado a lo anterior, explicaron que hay inconsistencias en las versiones de la aplicación de mensajería WhatsApp, ya que las palomitas azules para la verificación de envío y recepción no coinciden con el 26 de septiembre de 2014, ya que dicha modalidad se implementó hasta el 20 de noviembre de ese mismo año.

Asimismo, Beristaín concluyó: que los mensajes analizados no pueden considerarse como una prueba digital, teniendo en cuenta que no fueron extraídos directamente de los dispositivos que supuestamente fueron utilizados para el uso de la aplicación WhatsApp y que lo que se tiene como evidencia son ficheros tipo capturas de pantalla que no garantizan la originalidad de estos”.8

Lo presentado por el GIEI se da tras pedir una prórroga para extender su participación en la investigación y analizar las capturas de pantalla presentadas por la comisión. Asimismo, el GIEI dio a conocer que contaba con una versión distinta de los chats que intercambiaron integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos sobre lo ocurrido en Iguala el 26 de septiembre de 2014 y que, aunque muchas de las conclusiones a las que llegó el informe de la Comisión se lograron gracias al material que trabajaron en conjunto, los mensajes de texto y capturas de pantalla se conocieron apenas el 23 de septiembre.

Por último, El New York Times publicó un reportaje en el que señala que las conversaciones que se obtuvieron como parte del caso Ayotzinapa son endebles y podrían ser difíciles de judicializar.

En ese mismo reportaje, el periódico asegura que Encinas viajó a Israel para reunirse con Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a quien le ofreció un criterio de oportunidad a cambio de entregarse y colaborar en el caso, asimismo, el diario asegura que el funcionario habría reconocido que un importante porcentaje de los mensajes de WhatsApp para sostener el informe del caso Ayotzinapa no se pudieron verificar antes de su difusión. Sin embargo, días después, Encinas desacreditó el reportaje y negó que haya autodescalificado el trabajo de la Comisión de la Verdad.9

En la Bancada Naranja estamos a favor de que las y los mexicanos sepamos la verdad de lo que sucedió aquel 26 de septiembre de 2014, por lo que presentamos este punto de acuerdo, para establecer una reunión de trabajo en la Cámara de Diputados, con el Lic. Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, y el titular de la Comisión de la Verdad y la Justicia para el Caso Ayotzinapa, con la finalidad de esclarecer las inconsistencias, irregularidades y presuntas declaraciones realizadas en torno al último informe presentado por la CoVAJ-Ayotzinapa.

Por lo anteriormente expuesto someto consideración de esta cámara la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que, con base a sus respectivas competencias legales, cite a una reunión de trabajo en la Cámara de Diputados, al licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, y titular de la Comisión de la Verdad y la Justicia para el Caso Ayotzinapa, con la finalidad de esclarecer inconsistencias irregularidades y presuntas declaraciones realizadas en torno al último informe presentado por la CoVAJ-Ayotzinapa.

Notas

1 Encinas, Alejandro. “Rinde informe presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa” Recuperado de: http://www.alejandroencinas.mx/home/presentacion-del-informe-de-la-pres idencia-de-la-comision-para-la-verdad-y-el-acceso-a-la-justicia-del-cas o-ayotzinapa/

2 Ramírez, Peniley. “Ayotzinapa, el encubrimiento” Reforma. Recuperado de: https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/
default.aspx?__rval=1&urlredirect=/ayotzinapa-el-encubrimiento-2022-09-24/op234553

3 “Ayotzinapa el encubrimiento”, Reforma, 2022

Recuperado de: https://www.reforma.com/ayotzinapa-el-encubrimiento-2022-09-24/op234553

4 Ibídem.

5 Redacción. “GIEI: Hay inconsistencias en mensajes de WhatsApp del informe Ayotzinapa; palomitas azules no existían” Reporte Índigo. Recuperado de: https://www.reporteindigo.com/reporte/giei-hay-inconsistencias-en-mensa jes-de-whatsapp-del-informe-ayotzinapa-palomitas-azules-no-existian/

6 ídem

7 El Universal, “Caso Ayotzinapa: GIEI explica inconsistencias en chats; palomitas azules de WhatsApp no existían” 31 de octubre de 2022, recuperado de: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/caso-ayotzinapa-giei-explica-inco nsistencias-en-chats-palomitas-azules-de-whatsapp-no-existian

8 Ibídem

9 Redacción. “¿Qué expone el reportaje del New York Times que molestó a AMLO?” Nación 321. Recuperado de: https://www.nacion321.com/internacional/que-expone-el-reportaje-del-new -york-times-que-molesto-a-amlo

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2022.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual esta soberanía reconoce y felicita al gobierno federal por los resultados obtenidos mediante el Programa Moscamed, a cargo de la diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Claudia Alejandra Hernández Sáenz, diputada de la LXV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I y artículo 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La mosca mediterránea es considerada una especie devastadora, pues afecta a más de 250 productos agrícolas, entre frutas, frutos y hortalizas, además se trata de una especie fácil de adaptar a cualquier clima, y reproducirse fácilmente, por ejemplo, la hembra durante su vida pone un promedio de 300 huevecillos y cuando le favorecen las condiciones de ambiente y alimentación hasta 800. Por lo que su presencia en los cultivos de nuestro país resultaría catastrófica para el abasto de alimentos y la economía.

Históricamente, la mosca del Mediterráneo apareció por primera vez en África y posteriormente se extendió a zonas de climas templados hasta llegar a América y luego a México, finalmente se registró el primer caso en el continente americano en 1975 en Guatemala, y posteriormente, esta plaga tan invasiva, logró pasar fronteras y se instaló en México en 1977 en Tuxtla Chico, Municipio fronterizo con Guatemala.

A pesar de que la mosca no tiene la capacidad volar grandes distancias, supera las barreras geográficas, ya que se esparce fácilmente a través de vehículos como avión, barco, tren o automóvil, turistas o fenómenos naturales como huracanes y tormentas cuyos fuertes vientos movilizan plagas de un país a otro, generando crisis en cada sitio en que llega.

Desde su llegada al país se logró controlar y posteriormente erradicar en 2020 a la mosca del Mediterráneo, salvaguardando millones de pesos en producción y en exportación, desafortunadamente, en 2021 la especie reingresó al país a través del puerto de Manzanillo, Colima, poniendo en grave peligro a cultivos agrícolas como mangos, guayabas, papayas, higos, naranjas, toronjas y carambolas, que anualmente producen cultivos hortícolas para la exportación por valor de más de 189,000 millones de pesos mexicanos.

En ese sentido, gracias a los grandes esfuerzos que realizó el Gobierno Federal a través del Programa Nacional de Moscas de la Fruta del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), con asistencia del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y de los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala, quienes a través de un plan de medidas de emergencia mediante una técnica nuclear que se puede utilizar como medida de control de natalidad para plagas, lograron impedir que la mosca Mediterránea causará un impacto negativo en el mercado agrícola.

Para controlar el brote, México diseñó y activó un plan de emergencia basado en la Técnica del insecto estéril, un sistema de control de plagas respetuoso con el medioambiente, que consistió en la cría, esterilización y posterior liberación de más de 1450 millones de moscas macho. Una vez libres, estos insectos se aparean con hembras silvestres que no producen descendencia, lo que conduce a la disminución de la población de la plaga y, finalmente, a su erradicación.

La instalación donde se efectuó la esterilización, ubicada en el estado de Chiapas, es la segunda más grande del mundo, con una capacidad de producción de 1000 millones de moscas macho estériles cada semana, y es además uno de los métodos de control de plagas de insectos más respetuosos con el medio ambiente ideados hasta la fecha, pues los insectos estériles no se autorreplican y, por tanto, no pueden establecerse en el medio ambiente lo que impide que estas especies no sean introducidas al ecosistema.

De hecho, en la actualidad, México produce más de 500 millones de moscas del Mediterráneo estériles por semana en el estado de Chiapas, en la frontera meridional del país, garantizando el éxito del programa y evitando que sea una plaga que ponga en peligro a los cultivos del país, además mediante el trabajo desarrollado por Moscamed regional se ha evitado también su dispersión hacia el norte del continente y ha ayudado en avanzar en su erradicación en Guatemala.

El esfuerzo coordinado entre México, Estados Unidos y Guatemala contribuyó a que las acciones fitosanitarias emprendidas en 2021 contra la mosca del Mediterráneo fueran exitosas en la región, siendo así que el marco de la VIII Reunión Multilateral de los Comisionados de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en inglés) y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala (MAGA) se informó que ha disminuido 80 por ciento la presencia de la plaga, se ha logrado mantenerla en un área focalizada en el país centroamericano y, en los últimos años, las excursiones del insecto a comunidades fronterizas de Chiapas se redujeron al mínimo.

Siendo este un gran logro de esta administración, pues se mantiene alejada a la mosca Mediterránea que tanto daño puede causar; sin duda alguna debemos celebrar que se dediquen esfuerzos a mantener erradicada a esta especie de nuestros cultivos.

Por lo antes expuesto, presento ante este Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La H. Cámara de Diputados reconoce y felicita al Gobierno Federal por los resultados obtenidos en la implementación del Programa Moscamed por el que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) lograron erradicar a la mosca Mediterránea de nuestro país y contribuir a mitigar la plaga en Guatemala, en beneficio de la producción agrícola de ambas naciones.

Referencias

Amdi, M. M. (20 de 10 de 2022). Agencia Internacional de Energía Atómica. Obtenido de Prevención de una emergencia en México por la mosca de la fruta gracias a una técnica nuclear: https://www.iaea.org/es/newscenter/news/
prevencion-de-una-emergencia-en-mexico-por-la-mosca-de-la-fruta-gracias-a-una-tecnica-nuclear#:~:text=
La%20moscamed%20(Ceratitis%20capitata)%20se,pa%C3%ADs%20pudo%20erradicarla%20en%201982.

Nila, G. (20 de 10 de 2022). Noticieros Televisa. Obtenido de Vuelve a México la mosca del Mediterráneo, una de las plagas más peligrosas del mundo: https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/vuelve-mexico-mosca-me diterraneo-plagas-mas-peligrosas-mundo/

ONU, N. (20 de 10 de 2022). Organización de las Naciones Unidas. Obtenido de México consigue erradicar la mosca de la fruta con una técnica nuclear:

https://news.un.org/es/story/2022/08/1512562

Redacción. (20 de 10 de 2022). Programa trinacional redujo presencia de mosca del mediterráneo: Sader. La Jornada, págs. https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/19/sociedad/programa-trinacion al-redujo-presencia-de-mosca-del-mediterraneo-sader/. Obtenido de Programa trinacional redujo presencia de mosca del mediterráneo: Sader.

Rural, S. d. (20 de 10 de 2022). Gobierno de México. Obtenido de Refrendan México, Estados Unidos y Guatemala plan de trabajo contra la mosca del Mediterráneo: https://www.gob.mx/agricultura/prensa/refrendan-mexico-estados-unidos-y -guatemala-plan-de-trabajo-contra-la-mosca-del-mediterraneo-317563

Servicio Nacional de Sanidad, I. y. (2020 de 10 de 20). Gobierno de México. Obtenido de Mosca del Mediterráneo, conoce más sobre esta plaga: https://www.gob.mx/senasica/articulos/mosca-del-mediterraneo-conoce-mas -sobre-esta-plaga?idiom=es

Servicio Nacional de Sanidad, I. y. (20 de 10 de 2022). Gobierno de México. Obtenido de Refrendan México, Estados Unidos y Guatemala trabajo conjunto contra mosca del Mediterráneo: https://www.gob.mx/senasica/prensa/refrendan-mexico-estados-unidos-y-gu atemala-trabajo-conjunto-contra-mosca-del-mediterraneo-291390

Servicio Nacional de Sanidad, I. y. (20 de 10 de 2022). Gobierno de México. Obtenido de Trabajo trinacional contra la mosca del Mediterráneo: https://www.gob.mx/senasica/articulos/trabajo-trinacional-contra-la-mos ca-del-mediterraneo

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2022

Diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz (ríbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Michoacán y a la SEP a destinar recursos para la construcción de aulas y contratación de más docentes en el CEMSAD 25 Ixtlán de los Hervores, a cargo del diputado Enrique Godínez del Río, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Enrique Godínez del Río, diputado federal por el estado de Michoacán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Gobierno del Estado de Michoacán y a la Secretaría de Educación Pública, a destinar recursos económicos para la construcción de aulas y contratación de más docentes en el CEMSAD 25 Ixtlán de los Hervores y al Gobierno del Estado de Michoacán a promover la modificación en el contrato celebrado entre fomento turístico de Michoacán y Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Michoacán, para escriturar el CEMSAD 25 Ixtlán de los Hervores a nombre del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, bajo la figura de donación, con el objetivo de obtener la clave del subsistema escolarizado, lo anterior al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El subsistema de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) es un servicio que inició en 1997 como una opción para ampliar la cobertura, específicamente en las localidades que tienen hasta 5 mil habitantes, proporcionando un bachillerato general para dotar a las y los estudiantes de los aprendizajes necesarios para integrarse al campo laboral y/o profesional.

El EMSaD fue diseñado para operar con una estructura de personal y requerimientos de infraestructura menores que los de otros planteles debido a que la matrícula es reducida, sin embargo, este ya no es el caso del CEMSAD 25 Ixtlán de los Hervores, como se explicará más adelante.

Las Instituciones responsables de operar la modalidad en el estado es el Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán. Los Centros EMSaD forman parte de la oferta educativa de las instancias mencionadas por lo que el servicio es estatal, sin embargo, la coordinación académica está a cargo de DGB.1

Desde el 18 de octubre de 2004, se iniciaron actividades en el CEMSAD 25 Ixtlán de los Hervores, en el subsistema EMSaD, cuya estructura es limitada en cuestión de personal y recursos para crecer en infraestructura.

En el año 2011 el director general en funciones firmó un contrato en comodato con Fomento Turístico de Michoacán, a favor del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECyTEM). A la fecha no se ha podido cumplir con el cambio de subsistema y la Subsecretaría de Educación Media Superior solicita que el documento del contrato cambie a donación y deje ser comodato para escriturar a nombre del CECyTEM. Este procedimiento es indispensable para obtener la clave del Subsistema escolarizado y hacer el cambio de un subsistema a otro.

Otra problemática es de infraestructura. A partir del año 2012, ha ido incrementando el número de alumnos en el CEMSAD de Ixtlán de los Hervores. En ese año se tuvo una matrícula de 275 alumnos, equivalente a un 60 % más de alumnos.

Este aumento ha ocasionado que el plantel no puede atender de forma adecuada las necesidades de los estudiantes para ejercer su derecho a la educación. Los docentes no son suficientes y faltan aulas para impartir las clases, lo que ha obligado a los docentes a trabajar en espacios improvisados al aire libre.

Para esta gran cantidad dichos alumnos solo había 5 docentes por lo que se formaron 5 grupos con un promedio de 52 alumnos por clase. En los siguientes años, el número de alumnos de nuevo ingreso fue en aumento, teniendo en el siguiente ciclo escolar 6 grupos, después 7 grupos y actualmente 9 grupos, con un total de 249 alumnos, que siguen siendo atendidos por 5 docentes y con docentes eventuales.

La estructura de nuestra Institución se compone por 2 directivos (responsable del Centro y Auxiliar del Responsable), 2 administrativos (encargado del Centro de Cómputo y Oficial de servicios) y 5 docentes.

La labor del CEMSAD de Ixtlán de los Hervores es siempre en beneficio de los alumnos y de sus familias, y por ende, por las comunidades de donde provienen, es por ello que seguimos apoyando a la educación del municipio y los municipios aledaños. Se atienden alumnos de las comunidades de Ixtlán de los Hervores, El Salitre, San Simón, La Estanzuela, El Rincón del Mezquite, El limón, La Plaza del Limón, El Valenciano, Camucuato, San Cristóbal, Las Tinajas, La Luz, La Angostura y La Sauceda. Actualmente, la matrícula atendida es de los municipios de Ixtlán, Pajacuarán, Vista Hermosa y Zamora.

De los 93 centros educativos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Michoacán (CECyTEM), el CEMSAD de Ixtlán de los Hervores, es el que tiene el menor índice de reprobación y deserción escolar en la entidad2 , lo que hace más relevante que se destinen recursos a este plantel educativo al ser un ejemplo de buen rendimiento académico y tener un gran potencial para formar futuros profesionistas exitosos que aporten sus conocimientos en beneficios de la sociedad y mejoren su calidad de vida y la de sus familias.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Gobierno del Estado de Michoacán y a la Secretaría de Educación Pública, a destinar recursos económicos para la construcción de aulas y la contratación de más docentes en el CEMSAD 25 Ixtlán de los Hervores.

Segundo.- La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Gobierno del Estado de Michoacán a realizar la modificación en el contrato celebrado entre Fomento Turístico de Michoacán y Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán para escriturar el CEMSAD 25 Ixtlán de los Hervores a nombre del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, bajo la figura de donación, con el objetivo de obtener la clave del subsistema escolarizado.

Notas

1 http://cemsad48.com/2021/01/17/cecytem/

2 CEMSAD de Ixtlán de los Hervores, institución con menor índice de reprobación https://www.lavozdemichoacan.com.mx/regional/cemsad-de-ixtlan-de-los-he rvores-institucion-con-menor-indice-de-reprobacion/

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, el 3 de noviembre de 2022.

Diputado Enrique Godínez del Río (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Asuntos Migratorios de esta soberanía a realizar una reunión con la Comisión de Asuntos Frontera Norte, el INM y la SRE, en materia de migración ordenada, segura, regular y humanitaria, a cargo de la diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Claudia Alejandra Hernández Sáenz, diputada de la LXV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I y artículo 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la Guía del “Título 42 Expulsión en la Frontera”, los Estados Unidos de Norte América ha garantizado durante mucho tiempo el derecho de buscar asilo a las personas que llegan a la frontera sur y piden protección. Sin embargo, desde el 20 de marzo de 2020, ese derecho fundamental está en gran parte suspendido. A partir de esa fecha tanto los migrantes que buscan una vida mejor en los Estados Unidos como aquellos que desean solicitar asilo han sido rechazados y “expulsados” de regreso a México o sus países de origen. Estas expulsiones se llevan a cabo bajo una disposición poco conocida de los Estados Unidos, con fundamento en su Ley de Salud, sección 265 del Título 42, utilizada por la administración del expresidente Trump para lograr su objetivo de cerrar la frontera a los solicitantes de asilo. Se estima que se han llevado a cabo más de 1.8 millones de expulsiones bajo el Título 42 desde comienzos de la pandemia, provenientes de países como México, Guatemala, Honduras y El Salvador.

Por su parte los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, “CDC” por sus siglas en inglés, quienes supuestamente afirmaron que esta orden era necesaria para proteger la salud pública, hoy en día han expresado su oposición a la invocación del Título 42, argumentando que no había ninguna justificación de salud pública para respaldarlo. Aunado a lo anterior, otros expertos de salud pública han mencionado que, si bien las fronteras internacionales permanecen abiertas en gran medida para otros viajeros, no hay necesidad de rechazar a los refugiados y expulsarlos a sus países de origen como México.

Por su parte la administración del Presidente Biden mantuvo el Título 42 vigente hasta abril de 2022, cuando la CDC anunció que ya no creían que fuera necesario para fines de salud pública, determinando que la disponibilidad generalizada de pruebas rápidas y vacunación para COVID-19 como medidas suficientes para limitar las preocupaciones de salud pública. Dicha suspensión estaba programada para entrar en vigor el 23 de mayo, pero un tribunal federal de Luisiana impidió que se hiciera, por lo que aún se mantiene en vigor. Lo anterior dejo al centro del debate “si las expulsiones bajo el Título 42 fueron legales ” en primer lugar, destacando que la Corte de Apelaciones del Circuito de D.C. anunció que era ilegal expulsar a las familias migrantes bajo dicho Título sin darles la oportunidad de buscar protección contra la persecución.

Se debe considerar que el Título 42 permite al Director de la CDC “prohibir la introducción ” a los Estados Unidos de personas, cuando el director considere que “existe un grave peligro de introducción de enfermedades (transmisibles) a los Estados Unidos ”, permitiendo con ello que cualquier oficial de aduanas y protección fronteriza, como los agentes de la Patrulla Fronteriza, implementar cualquier orden emitida por la CDC. Esto incluye a personas que normalmente serían detenidas por la Patrulla Fronteriza después de llegar a la frontera, incluidos solicitantes de asilo, niños no acompañados y personas que intentan ingresar a los Estados Unidos sin inspección. Con estas acciones eliminan la oportunidad de las personas de solicitar asilo.

Cabe señalar que el 2 de febrero de 2021, la CDC emitió un aviso eximiendo temporalmente la expulsión de niños no acompañados, rescindiéndolo formalmente el 12 de marzo de 2022

Por su parte, el acuerdo alcanzado con México a fines de marzo de 2020, la patrulla fronteriza envió a nuestro país a la mayoría de familias y adultos solteros mexicanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, manteniéndose sin cambios hasta mayo de 2022.

Con la administración Biden se llegó a un acuerdo con México para aceptar a también a “miles” de cubanos y nicaragüenses.

A pesar de este acuerdo, se ha documentado el envío de personas a México que no encajan en esta categoría, incluidos los solicitantes de asilo haitianos.

Las personas expulsadas suelen ser conducidas en autobús al puerto de entrada más cercano, a los cuales se les indica que caminen de regreso a México, a menudo sin equipaje y otras pertenencias.

Cabe mencionar que el Estado de Tamaulipas, se pronuncio por prohibir a la patrulla fronteriza la expulsión de familias con niños menores de siete años, por lo que la patrulla fronteriza ha realizado transferencias “laterales” por avión o autobús a otros lugares como “El Paso”.

Debemos señalar que este Título no solo se aplica a las personas que cruzan la frontera entre los puertos de entrada, pues también se aplica por igual a personas que buscan asilo en los puertos de entrada, por lo que patrulla fronteriza dejo de procesar a todos los solicitantes que llegan a los puertos de entrada y solicitan protección humanitaria, dejando en el limbo a más de 15,000 personas que habían estado esperando en listas la oportunidad de solicitar asilo en los puertos de entrada (práctica conocida como “mediación”).

Por su parte, el 12 de octubre del año en curso, Estados Unidos anunció un nuevo proceso que permite a los nacionales venezolanos y sus familiares inmediatos ir a los Estados Unidos, que a decir del vecino del norte, será un proceso que proporciona una forma segura y ordenada para que los nacionales venezolanos que están fuera de Estados Unidos y no tiene documentos de entrada a Estados Unidos, sean considerados, caso por caso, para autorización adelantada para viajar y un periodo de permiso de permanencia temporal por hasta dos años por razones humanitarias y de beneficio público.

Para que esto sea posible, el Gobierno norteamericano establece los siguientes requisitos:

• Tener una persona de apoyo en Estados Unidos que acepte proporcionarles apoyo económico durante la duración de su permiso de permanencia temporal;

• Someterse a y pasar una investigación de seguridad robusta;

• Cumplir con otros criterios de elegibilidad;

• Ameritar un ejercicio favorable de discreción;

• Comprobar su ingreso legal previo al día 12 de octubre (caso de México);

• Contar con un esquema de vacunación completo; y

• No haber cruzado de manera irregular a Estados Unidos, México o Panamá.

Para ello, la persona de apoyo que esta en Estados Unidos deberá presentar un “Formulario I-134, Declaración de Patrocinio Económico”, con USCIS, para cada nacional venezolano o familiar inmediato que deseen apoyar, incluidos los menores de edad, el cual será investigado por el gobierno para asegurarse de que esta pueda apoyar financieramente a la persona a quién ha aceptado apoyar, debiendo cumplir con los siguientes requisitos adicionales:

• Ser ciudadano estadounidense, nacional o residente permanente legal de Estados Unidos;

• Aprobar la investigación de seguridad y antecedentes, incluso para seguridad pública, seguridad nacional, trata de personas y preocupaciones de explotación; y

• Demostrar que tiene los recursos financieros suficientes para recibir, mantener y apoyar a la persona quien se compromete apoyar durante la duración de su periodo de permiso de permanencia temporal.

Destacando que el Instituto Nacional de Migración (INM), en el comunicado de prensa No 572/2022, señala que marchar en caravana o transitar irregularmente en territorio mexicano cancela el proceso, ya que el ingreso autorizado por Estados Unidos tendrá también respuesta digitalizada de autorización en el lugar donde se encuentren, lo que les permitirá viajar en transportación aérea.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que el gobierno de Estados Unidos acepto aumentar sustancialmente los mecanismos de movilidad laboral en la región, lo que representa un significativo e innovador avance hacia el objetivo compartido de gestionar los flujos migratorios, ordenados, seguros, regulares y humanos.

Como resultado de lo anterior, el gobernó de Estados Unidos anunció que otorgará 65 mil visas H2-B adicionales para trabajadores temporales no agrícolas, de los cuales 20 mil estarán destinadas para personas de Centroamérica y Haití, reafirmando los mecanismos de cooperación internacional para el desarrollo, brindando oportunidades directamente a las comunidades de origen de las personas migrantes.

En relación con las personas de nacionalidad venezolana, se anunció que México permitirá de manera temporal que algunas personas de dicha nacionalidad ingresen a territorio nacional por la frontera norte, continuando con la política unilateral de recibir personas migrantes a través del Título 42 por razones humanitarias. Destacado que México fortalecerá sus políticas y programas para hacer valer los derechos de las personas migrantes en nuestro país, en coordinación con organismos internacionales, constituyendo con ello un esquema temporal de administración del flujo migratorio que será analizado por ambos países periódicamente a fin de mejorar su implementación, así como evaluar sus resultados y continuidad.

En tal virtud, es necesario que las autoridades mexicanas brinden, a los representantes de la nación, información que amplíe los comunicados antes mencionados, con la finalidad de responder los siguientes planteamientos:

•¿Cuántas personas de nacionalidad venezolana se estima que ingresen por la frontera norte del país y en que Estados de la República permanecerán hasta cumplir con el procedimiento norteamericano?

•¿Cuáles son los compromisos de México debido al Título 42, así como las nacionalidades que actualmente recibe nuestro país por parte de Estados Unidos?

•¿Cada cuanto tiempo se analizará el flujo migratorio?

•¿Cómo se evaluarán los resultados y continuidad?

•¿Cuáles son las razones por la cual se estableció como fecha límite el ingreso antes del 12 de octubre de personas ciudadanas venezolanas, para acceder a este mecanismo?

•¿Qué pasará con las personas ciudadanas venezolanas que no cumplan con los requisitos del gobierno norteamericano?

•¿Por cuánto tiempo se permitirá el ingreso de personas de nacionalidad venezolana?

Lo anterior es de vital importancia para atender, analizar y buscar una solución viable a la crisis migratoria que viven todos los estados del norte de México, ya que no es un secreto que cientos de migrantes se encuentran en espera de una visa de trabajo o humanitaria de parte de Estados Unidos, en Reynosa (distrito al que represento), Matamoros, Ciudad Juárez y Tijuana, sumando a los contingentes de 500 a 1,000 migrantes que ingresan a Chiapas por el Río Suchiate, y la frontera más cercana con la Unión Americana como los son Nuevo León y mi estado Tamaulipas.

Lo anterior resalta la importancia de que se establezca un mecanismo de coordinación entre los gobernadores, alcaldes y presidentes municipales fronterizos y de todos los estados que alberguen migrantes, con la intención de medir el fenómeno, y en su caso, establecer apoyos adicionales de la federación para la atención del fenómeno migratorio, con un tinte humanitario y de seguridad, para evitar la captación de estos flujos por parte de la delincuencia organizada

Por lo anteriormente expuesto, presento ante el pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Migración, de esta Honorable Cámara, para que considere realizar una reunión de trabajo, en Comisiones Unidas con la Comisión de Asuntos Frontera Norte, con el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores en materia de migración ordenada, segura, regular y humanitaria y del “Título 42 de la Ley de Salud de Estados Unidos de América”.

Referencias

American Inmmigration Council. (25 de mayo de 2022). Recuperado el 18 de octubre de 2022, de American Inmmigration Council: https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/guide-title-42-expu lsions-border

Flores, L. (2022). La crisis migratoria es un problema de todos los estados del norte del país. El Economista. Recuperado el 18 de octubre de 2022, de

https://www.eleconomista.com.mx/estados/La-crisis-migrat oria-es-un-problema-de-todos-los-estados-del-norte-del-pais-investigado r-de-la-Universidad-Autonoma-de-Tamaulipas-20220116-0018.html

Instituto Nacional de Migración. (15 de octubre de 2022). Acuerdan INM y CBP comunicación permanente por una migración, segura, ordenada y regular de personas de origen venezolano. México. Recuperado el 18 de octubre de 2022, de

https://www.gob.mx/inm/prensa/acuerdan-inm-y-cbp-comunic acion-permanente-por-una-migracion-segura-ordenada-y-regular-de-persona s-de-origen-venezolano-317192

Secretaría de Relaciones Exteriores. (12 de octubre de 2022). Secretaría de Relaciones Exteriores. Recuperado el 18 de octubre de 2022, de https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-coordina-con-ee-uu-nuevo-enfoque-p ara-una-migracion-ordenada-segura-regular-y-humana-en-la-region?idiom=e s

U.S. Citizenship and Inmigration Services. (18 de octubre de 2022). U.S. Citizenship and Inmigration Services. Recuperado el 18 de octubre de 2022, de https://www.uscis.gov/es/venezuela

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 noviembre de 2022

Diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS a vender el predio donde se ubica el Centro Médico Internacional en Puebla, a fin de obtener los recursos para construir el nuevo Hospital en Amozoc, Puebla, a cargo del diputado Mario Gerardo Riestra Piña, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Mario Gerardo Riestra Piña, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, así como por las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta, respetuosamente, al Instituto Mexicano del Seguro Social para que realice la venta del predio donde se ubica el inmueble del Centro Médico Internacional (CIMA) en Puebla, que fue adquirido en 2017, esto, con la finalidad de obtener los recursos necesarios para la construcción del nuevo Hospital del IMSS que se ubicará en Amozoc, Puebla; al tenor de los siguientes:

Considerandos

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar tanto a nivel físico como a nivel mental y social. Es decir, el concepto de salud no sólo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones, sino que va más allá de eso.

De acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se reconoce a la salud como un derecho inalienable e inherente a todo ser humano. Esto implica la obligación del Estado de respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud de todos sus ciudadanos, no sólo asegurando el acceso a la atención de salud, sino también la atención adecuada.

Incluso, el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos destaca que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, por lo tanto, el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos las condiciones que les permitan lograr un pleno desarrollo y que la salud es la premisa básica que le permite a un individuo llevar a cabo cualquier otra actividad.

Siendo obligación del Estado garantizar el acceso adecuado a la salud, con la finalidad que todas las personas que vivimos en el país contemos con una condición de vida adecuada y en completo bienestar.

Sin embargo, en el 2017, el Hospital de San Alejandro del IMSS colapsó a causa del sismo de septiembre de dicho año; situación que tiene a Puebla en el olvido en el tema de infraestructura hospitalaria y por ende, los hospitales se encuentran saturados, y los derechohabientes exigen una atención médica adecuada.

A raíz de que el Hospital de San Alejandro quedó inutilizable tras el sismo del 2017, en diciembre del año 2017, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla, adquirió por 400 millones de pesos, las seis hectáreas y el edificio abandonado del Centro Médico Internacional (CIMA), ubicado en la reserva territorial Atlixcáyotl. Esto con la finalidad de sustituir el Hospital San Alejandro.1

En ese entonces, el IMSS Puebla mencionó que el proyecto del “nuevo” hospital en el predio de CIMA que sustituiría San Alejandro, tendría capacidad de 200 camas y se esperaba que en 11 meses estuviese operando, es decir en el año 2018.

Sin embargo, en agosto del año 2019, el director general del IMSS, Zoé Robledo, mencionó que dicho predio no contaba con las condiciones necesarias para construir ahí un hospital, por lo que harían las investigaciones correspondientes.2

Ahora bien, dado que Puebla requiere la infraestructura hospitalaria necesaria y que, en su momento, la actual delegada del IMSS en Puebla, Aurora Treviño, mencionó que el instituto requería un predio lo suficientemente grande para construir el hospital que sustituyera San Alejandro y que por lo menos tendría que contar con 280 camas.

Es por esto que, en el año 2021, el gobernador del Estado donó un predio con una extensión superior a los 35 mil metros cuadrados para que se construyera el hospital más grande del Estado; donación que incluso fue aprobado por el Congreso del Estado y publicada en el Periódico Oficial del Estado con fecha 15 de diciembre del año 2021, por el cual por el que autoriza al honorable ayuntamiento del Municipio de Amozoc, a donar en favor del Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado “Instituto Mexicano del Seguro Social”, el inmueble identificado como el lote de terreno marcado con el número 302 de la Calle Río Azul, Colonia Ex hacienda Las Ánimas, de ese mismo Municipio, fracción de predio que consta de una superficie total de 35,513.36 metros cuadrados.

Sin embargo, a transcurrido casi un año y el predio de Amozoc se encuentra en abandono total, además en el Proyecto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 no se encuentran contemplados los recursos necesarios para la construcción de dicho hospital, a pesar de que el gobierno del Estado donó el predio correspondiente.

Por tal motivo, y en virtud de que el predio de CIMA no cuenta con las condiciones necesarias se solicita al Instituto Mexicano del Seguro Social que realice la venta correspondiente, con la finalidad de obtener los recursos necesarios para la construcción del Hospital en Amozoc.

Por lo que, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta, respetuosamente, al Instituto Mexicano del Seguro Social para que realice la venta del predio donde se ubica el inmueble del Centro Médico Internacional (CIMA) en Puebla, que fue adquirido en 2017, esto, con la finalidad de obtener los recursos necesarios para la construcción del nuevo Hospital del IMSS que se ubicará en Amozoc, Puebla.

Notas

1 Trato cerrado: IMSS compró edificio abandonado de CIMA en 400 millones de pesos; en 11 meses funcionará el nuevo Hospital San Alejandro (periodicocentral.mx). https://www.periodicocentral.mx/2017/gobierno/item/23292-trato-cerrado- imss-compro-edificio-abandonado-de-cima-en-400-millones-de-pesos-en-11- meses-funcionara-el-nuevo-san-alejandro-en-puebla

2 Investigará IMSS adquisición de CIMA puebla salud Centro Internacional al de Medicina Zoé Robledo - El Sol de Puebla | Noticias Locales, Policiacas, sobre México, Puebla y el Mundo https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/investigara-imss-adquisicion-de- cima-puebla-salud-centro-internacional-al-de-medicina-zoe-robledo-40069 10.html#!

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre del 2022

Diputado Mario Gerardo Riestra Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca a salvaguardar los derechos de las víctimas y la imparcialidad en los procesos judiciales, a cargo de la diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez, en su carácter de integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la Cámara de Diputados, LXV Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La desaparición forzada, de acuerdo con el artículo 2o de la Convención contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la define como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado, o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley.

En otras palabras, la desaparición forzada es un arresto, secuestro, detención, o cualquier otra forma de privación de la libertad no reconocida y realizada por agentes del Estado, es decir, hecha por servidores públicos, o bien, por personas o grupos que actúen con la autorización, el apoyo o la aprobación del Estado. La desaparición forzada se caracteriza por la negación de las autoridades a reconocer dicha privación de la libertad y por la ocultación de información sobre la suerte o el paradero de la persona desaparecida, evitando así que la víctima pueda ser protegida por las leyes.

La desaparición forzada viola todo un conjunto de derechos humanos, tanto civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales, como puede ser el derecho a la libertad y seguridad de la persona, el derecho a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes y el derecho a la vida, en caso de muerte de la persona desaparecida, entre otros.

En México, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, se tienen registradas más de 106 mil personas desaparecidas y no localizadas. En Oaxaca se tiene identificadas 461 personas desaparecidas, de las cuales, 292 son hombres, 162 mujeres y de 7 no se ha determinado el sexo. Entre las personas desaparecidas en la entidad, destaca el caso de la activista mexicana con familia británica Claudia Uruchurtu Cruz, desaparecida el pasado 26 de marzo, en Asunción Nochixtlán, Oaxaca.

El activismo de Claudia inició con la tarea de regularizar la situación legal de las propiedades familiares, con lo que se dio cuenta de los problemas agrarios en la región. Uruchurtu pasó 4 años denunciando actos de corrupción involucrándose en la defensa de pobladores de Nochixtlán ante los constantes abusos y extorsiones de las autoridades municipales.

Entre otras acciones que realizó se encuentra principalmente la presentación de escritos ante diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno para denunciar corrupción, desvío de recursos, desfalcos y abuso de poder por parte de las autoridades municipales de Nochixtlán. Derivado del activismo de Claudia, se inició una campaña de desprestigio en su contra; la intimidación de la que fue víctima escalonó hasta sufrir agresiones físicas y amenazas contra ella y su hijo.

El viernes 26 de marzo de 2021 Claudia Uruchurtu participó en una manifestación frente al edificio del ayuntamiento de Nochixtlán. Durante la manifestación, diversos testigos observaron cómo varios sujetos se llevaron de forma violenta a Claudia forzándola a subir a una camioneta de color rojo.

En días posteriores, sus familiares presentaron ante la Fiscalía de la entidad una denuncia por desaparición, en respuesta la Fiscalía General, a través de la Vice Fiscalía General de Atención a Víctimas de la Sociedad y contando con el apoyo de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, la Unidad de Desaparición Forzada y la Policía Estatal, coordinó y realizó un operativo de búsqueda en diferentes parajes de San Pedro Coxcaltepec Cántaros, distrito de Nochixtlán.

Aunado a lo anterior, en días siguientes, la Fiscalía General ejecutó un plan de búsqueda en diferentes puntos de San Pedro Coxcaltepec y en la localidad de San Pedro Quilitongo, Nochixtlán, coordinado por la Unidad Especializada de Desaparición Forzada, en el que colaboraron la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda, elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca.

Finalmente, y gracias a la información recabada, la Fiscalía General ejecutó órdenes de aprehensión en contra de cinco personas señaladas como probables responsables de este delito.

En los meses siguientes, y ante la falta de continuidad en la búsqueda, las hermanas de la activista denunciaron que los resultados hasta ese momento no eran suficientes y, por el contrario, evidenciaron la falta de capacidad institucional, manifestando de manera reiterada que el Poder Judicial ha diferido el proceso con el aplazamiento de las audiencias, las cuales se difirieron en, al menos, cuatro ocasiones.

Los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca prevén que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales, de manera expedita y en los plazos y términos que fijen las leyes. Así mismo, el artículo 16 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece el principio de la justicia pronta, que establece que toda persona tendrá derecho a ser juzgada dentro de los plazos legalmente establecidos y que los servidores públicos de las instituciones de procuración e impartición de justicia deberán atender las solicitudes de las partes con prontitud, sin causar dilaciones injustificadas.

Los artículos 105 de la Constitución del Estado de Oaxaca y 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca establecen que el Tribunal Superior de Justicia tiene como facultad y atribución, proteger y salvaguardar los derechos humanos y garantías individuales reconocidos en esta Constitución, así como interpretar y aplicar las leyes del fuero común y las federales en jurisdicción concurrente.

Aunado a lo anterior, los artículos 17 y 19 de la Ley Orgánica, establecen que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia representará legalmente al Tribunal Superior de Justicia del Estado y que la presidencia del Consejo de la Judicatura recaerá en el presidente del Tribunal Superior de Justicia.

Por lo cual, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura tiene, entre sus atribuciones, la de supervisar el funcionamiento de los órganos que integran el Poder Judicial y el desempeño de los servidores públicos, así como emitir los acuerdos generales necesarios para el mejoramiento de la administración de justicia. Es así que el Poder Judicial está obligado a respetar los derechos de todas las víctimas, en todas y cada una de las actuaciones judiciales, y que la administración de justicia debe ser imparcial y apegada a derecho.

En conclusión y retomando el caso de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, es importante enfatizar que es el primer caso por desaparición forzada cometido por personas servidoras públicas que se vinculan a proceso en la entidad, pero que por intereses de por medio, han aplazado las audiencias hasta en 4 ocasiones, vulnerando así los derechos de las víctimas directas e indirectas lo que genera falta de certeza jurídica e institucional en los procesos llevados en la entidad.

Estas acciones se contraponen con lo que establece la propia Constitución federal y las legislaciones en la materia, toda vez que aborda dos aspectos muy importantes, como son la procuración e impartición de justicia, un servicio público que el Estado a través del Poder Judicial está obligado a prestar en beneficio de todos y cada uno de los integrantes de la sociedad, servicio que debe ser de calidad, eficaz y eficiente.

Es por ello que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura estatal del Estado de Oaxaca, como parte de sus facultades y atribuciones debe vigilar, en todo momento, que los procesos se lleven a cabo sin dilación y con total imparcialidad, toda vez que debe garantizar la protección de los derechos tanto de víctimas como imputados, imperando en todo momento la justicia pronta y expedita.

Por lo expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta honorable soberanía, lo siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca a salvaguardar en todo momento los derechos de las víctimas y la imparcialidad en los procesos judiciales.

Fuentes consultadas

1.¿Qué es la desaparición forzada?, Consultado en https://www.gob.mx/segob/articulos/que-es-la-desaparicion forzada?idiom=es#:~:text=La%20desaparici%C3%B3n%20forzada%20se%20caract eriza,ser%20protegida%20por%20las%20leyes , fecha de consulta 08 de octubre de 2022.

2. Primera sentencia por desaparición forzada en Oaxaca es contra exdirector de policía municipal; dictan 40 años de prisión, Consultado en https://www.animalpolitico.com/2022/07/primera-sentencia-desaparicion-f orzada-oaxaca-exdirector-policia/ , fecha de consulta 08 de octubre de 2022.

3.Claudia Uruchurtu Cruz, IMDHD Consultado en

https://www.imdhd.org/casos/desaparicion-forzada/claudia -uruchurtu-cruz%EF%BF%BC/ , fecha de consulta 09 de octubre de 2022.

4. Hermanas de Claudia Uruchurtu piden intervención de la ONU para garantizar justicia sin sesgo político, proceso, Consultado en https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2022/1/26/hermanas-de-claud ia-uruchurtu-piden-intervencion-de-la-onu-para-garantizar-justicia-sin- sesgo-politico-279810.html, , fecha de consulta 09 de octubre de 2022.

5. Iniciamos nueva etapa de plan de búsqueda de Claudia Uruchurtu Cruz, en colaboración con la Comisión Nacional de Búsqueda: FGEO, Consultado en

https://fge.oaxaca.gob.mx/index.php/archivos/noticias/in iciamos-nueva-etapa-de-plan-de-busqueda-de-claudia-uruchurtu-cruz-en-co laboracion-con-la-comision-nacional-de-busqueda-fgeo , fecha de consulta 09 de octubre de 2022.

6. Detienen a presidenta municipal de Nochixtlán por desaparición forzada de una activista, Consultado en

https://www.forbes.com.mx/detienen-a-presidenta-municipa l-de-nochixtlan-por-desaparicion-forzada-de-una-activista/ , fecha de consulta 09 de octubre de 2022.

7. Pidió AMLO indagar a Alcaldesa de Nochixtlán, de Morena, Consultado en

https://www.mural.com.mx/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=
https://www.mural.com.mx/pidio-amlo-indagar-a-alcaldesa-de-nochixtlan-de-morena/ar2180904?referer=
—7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a— , fecha de consulta 09 de octubre de 2022.

8. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Consultado en

https://www.oaxaca.gob.mx/cocitei/wp-content/uploads/sites/48/2019/07/
CONSTITUCION-POLITICA-DEL-ESTADO-LIBRE-Y-SOBERANO-DE-OAXACA.pdf , fecha de consulta 20 de octubre de 2022.

9. Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, Consultado en http://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/legislacion_estatals/Ley_Organica_del_Poder_Judicial_del_Estado_de_Oaxaca_
(Ref_dto_2425_aprob_LXIV_Legis_17_mzo_2021_PO_20_8a_secc_15_may_2021).pdf , fecha de consulta 20 de octubre de 2022.

10. Código Nacional de Procedimientos Penales, Consultado en
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_190221.pdf , fecha de consulta 20 de octubre de 2022.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2022

Diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a verificar, vigilar y promover el cumplimiento de la NOM-025-STPS-2008, en materia de condiciones de iluminación saludable, a cargo del diputado Óscar de Jesús Almaraz Smer, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Óscar de Jesús Almaraz Smer e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El procedimiento para la elaboración de una Norma Oficial Mexicana (NOM), comienza con un anteproyecto producto a normalizar, este debe estructurarse conforme a las disposiciones establecidas en la norma mexicana NMX-Z-013-1-1977 “Guía para la redacción estructuración y presentación de las normas oficiales mexicanas”.

La Ley de Infraestructura de la Calidad que abrogó la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, reconoce como el procedimiento de normalización en su artículo 35, lo siguiente:

Artículo 35. El procedimiento de normalización consta de las siguientes etapas que serán progresivas y sucesivas:

I. Elaboración o aceptación de la propuesta por la Autoridad Normalizadora;

II. Presentación de la propuesta al Comité Consultivo Nacional de Normalización correspondiente para su análisis y revisión, en cuyo momento, se considerará como un anteproyecto de Norma Oficial Mexicana;

III. En caso de que el Comité Consultivo Nacional de Normalización lo considere conveniente, constitución del grupo de trabajo correspondiente, para el estudio y la discusión del anteproyecto correspondiente.

En su caso, presentación de los resultados del estudio y discusión del anteproyecto por parte del grupo de trabajo ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización;

IV. Deliberación por parte del Comité Consultivo Nacional de Normalización que podrá ser afirmativa, con modificaciones o negativa, resultado que comunicará a la Autoridad Normalizadora;

V. En caso de que el resultado de la deliberación sea afirmativo, la Autoridad Normalizadora ordenará la publicación en el Diario Oficial de la Federación de un Aviso del proyecto de la Norma Oficial Mexicana que contenga un extracto de éste, mismo que estará disponible en su totalidad en la Plataforma Tecnológica Integral de Infraestructura de la Calidad, para su consulta pública, y

En caso de que el resultado de la deliberación resulte en modificaciones, la Autoridad Normalizadora tendrá un plazo de treinta días naturales para atenderlas y presentar al Comité Consultivo Nacional de Normalización un anteproyecto modificado, en cuyo caso, se reiniciará el procedimiento previsto en este artículo a partir de la fracción III anterior.

En el evento que el resultado de la deliberación sea negativo, concluirá el procedimiento de normalización respectivo;

VI. Recepción de los comentarios de la consulta pública por el Comité Consultivo Nacional de Normalización, a través de los formatos y los medios previstos en la Plataforma Tecnológica Integral de Infraestructura de la Calidad;

VII. Constitución por el Comité Consultivo Nacional de Normalización del grupo de trabajo para el estudio y discusión de los comentarios recibidos a través de la consulta pública y, en su caso, propuesta de ajustes al proyecto de Norma Oficial Mexicana;

VIII. Presentación, por el grupo de trabajo, ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la propuesta de respuesta a los comentarios recibidos durante la consulta pública y, como consecuencia, la propuesta de ajustes al proyecto de Norma Oficial Mexicana, para su resolución definitiva.

La resolución definitiva del Comité Consultivo Nacional de Normalización deberá ser comunicada a la Autoridad Normalizadora;

IX. Notificada la resolución definitiva a la Autoridad Normalizadora, ésta solicitará a la secretaría la publicación en la Plataforma Tecnológica Integral de Infraestructura de la Calidad de las respuestas a los comentarios recibidos durante la consulta pública, y

X. En caso de que el Comité Consultivo Nacional de Normalización apruebe el proyecto de Norma Oficial Mexicana objeto de resolución definitiva, la Autoridad Normalizadora deberá expedir la Norma Oficial Mexicana y ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación, así como solicitar su publicación en la Plataforma Tecnológica Integral de Infraestructura de la Calidad.

En caso de propuestas de Normas Oficiales Mexicanas que incidan en el ámbito de competencia de diversas Autoridades Normalizadoras, el procedimiento antes señalado considerará lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 30 anterior.

(...)

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió la norma NOM-025-STPS-2008, que tiene por finalidad de establecer los requerimientos de iluminación en las áreas de trabajo para cada actividad visual, con el fin de proveer un ambiente seguro y saludable en la realización de las tareas que desarrollen los trabajadores.

El propósito de la NOM-025-STPS-2008, es detectar las zonas donde exista una iluminación deficiente o un exceso de iluminación y establecer controles que permitan adoptar medidas determinadas como la modificación del sistema de iluminación, mantenimiento a las luminarias o la instalación de iluminación complementaria .1

En lo que corresponde a la salud cabe señalar que las enfermedades derivadas del ejercicio de las profesiones y oficios siguen siendo las principales causas de muertes relacionadas con el trabajo. Estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo consideran que de un total de 2.34 millones de decesos laborales registradas el año pasado, 321 mil se deben a accidentes y 2.02 millones son causados por diversos tipos de enfermedades relacionadas con el trabajo, alcanzando un promedio diario de más de 5 mil 500 muertes.

Corresponde a las empresas atender los requerimientos óptimos de iluminación en todas sus instalaciones o los centros de trabajo, en términos de la normativa vigente NOM 025-STPS-20082 de la Secretaría del Trabajo, lo anterior, con la intención de alcanzar una correcta iluminación para un correcto desempeño de las funciones de cada trabajador, en un ambiente seguro y saludable.

Las obligaciones patronales desprendidas de la NOM 025-STPS-2008, son las siguientes:

- Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando así lo solicite, los documentos que la norma le obligue a elaborar o poseer.

- Contar con los niveles de iluminación en las áreas de trabajo o en las tareas visuales.

- Efectuar el reconocimiento de las condiciones de iluminación de las áreas y puestos de trabajo.

- Contar con el informe de resultados de la evaluación de los niveles de iluminación de las áreas, actividades o puestos de trabajo y conservarlo mientras se mantengan las condiciones que dieron origen a ese resultado.

- Realizar la evaluación de los niveles de iluminación.

- Llevar a cabo el control de los niveles de iluminación.

- Contar con un reporte del estudio elaborado para las condiciones de iluminación del centro de trabajo.

- Informar a todos los trabajadores, sobre los riesgos que puede provocar un deslumbramiento o un nivel deficiente de iluminación en sus áreas o puestos de trabajo.

- Practicar exámenes con periodicidad anual de agudeza visual, campimetría y de percepción de colores a los trabajadores que desarrollen sus actividades en áreas del centro de trabajo que cuenten con iluminación especial.

- Elaborar y ejecutar un programa de mantenimiento para las luminarias del centro de trabajo, incluyendo los sistemas de iluminación de emergencia.

- Instalar sistemas de iluminación eléctrica de emergencia, en aquellas áreas del centro de trabajo donde la interrupción de la fuente de luz artificial represente un riesgo en la tarea visual del puesto de trabajo, o en las áreas consideradas como ruta de evacuación que lo requieran.

La inspección es la constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de laboratorio o examen de documentos, que se realiza para evaluar la conformidad con una Norma Oficial Mexicana (NOM) de un sistema sujeto a este instrumento legal.

La verificación de Normas Mexicanas y Normas Oficiales Mexicanas, permite a la organización inspeccionada, constatar el grado de cumplimiento con dichas normas, otorgando confianza a los colaboradores, proveedores y clientes.3

El patrón tiene la opción de contratar una unidad de verificación o un laboratorio de pruebas, acreditados y aprobados, para verificar el grado de cumplimiento con la NOM-025-STPS-2008 . Las unidades de verificación y laboratorios de pruebas contratados a petición de parte deben verificar el grado de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el procedimiento para la evaluación de la conformidad.

La vigencia del dictamen de verificación cuando sea favorable es de 2 años, y el informe de resultados será válido y se conservará siempre y cuando, se mantengan las condiciones que dieron origen al resultado de la evaluación.

Compañeras y compañeros, por tratarse de un asunto de salud en el trabajo, relacionado con la competitividad de las empresas, es importante recordar que el incumplimiento de una NOM , en este caso como sujetos obligados en el sector patronal, existe en la Ley de Infraestructura de la Calidad, en su Título IV referente a las sanciones aplicables con multas en Unidades de Medida y Actualización.

Con base en todo lo anteriormente expuesto, es que se llama a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a que en el ámbito de su competencia verifique, vigile y promueva el cumplimiento de la NOM-025-STPS-2008 condiciones de iluminación en los centros de trabajo, para que tanto el trabajador como el micro, pequeño y mediano empresario, se sensibilicen respecto al cumplimiento de esa disposición normativa, para beneficio del trabajador como la información para su cumplimiento que evite sanciones.

Por lo anteriormente expuesto, un servidor junto con las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente la siguiente proposición:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a que en el ámbito de su competencia verifique, vigile y promueva el cumplimiento de la NOM-025-STPS-2008 “Condiciones de iluminación en los centros de trabajo”, especialmente enfocada para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan aprovechar y comprender la importancia de su cumplimiento.

Notas

1 V. Norma mexicana para la iluminación en centros laborales | Iluminet revista de iluminación

2 V. DOF - Diario Oficial de la Federación

3 V. Verificación Normas Oficiales Mexicanas - ACCM América

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de octubre de 2022.

Diputado Óscar Almaraz Smer (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la colegisladora a dictaminar la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley General Para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, suscrita por los diputados Ismael Brito Mazariegos y Alma Griselda Valencia Medina, del Grupo Parlamentario de Morena

Alma Griselda Valencia Medina e Ismael Brito Mazariegos , diputados de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a la consideración de esta H. asamblea, como de como de urgente u obvia resolución, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El desplazamiento interno forzado es una violación de derechos humanos que se presenta cuando personas o grupos de personas se ven obligadas a huir de su hogar o lugar de residencia habitual como consecuencia o para evitar los efectos de una situación de violencia generalizada, de un conflicto armado, de violaciones a los derechos humanos, de desastres naturales o de catástrofes provocadas por el ser humano, sin cruzar una frontera internacional.

Además de ser una violación autónoma de derechos humanos, por violar el derecho a circular libremente y a elegir el lugar de residencia, el desplazamiento interno forzado implica la vulneración de múltiples derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

A finales de 2019, unos 45,7 millones de personas se vieron desplazadas internamente debido a conflictos armados, violencia generalizada o violaciones de los derechos humanos, según el Observatorio sobre el Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados (IDMC) con sede en Ginebra1 .

En México, decenas de miles de personas se han visto forzadas a ser desplazadas internamente. Se trata de personas, familias y comunidades enteras que se ven obligadas a abandonar sus hogares para proteger su vida e integridad, muchas veces de forma invisible.

Hasta el año de 2019, el Estado mexicano reconoció oficialmente el problema del Desplazamiento Forzado Interno y se comprometió a atenderlo de forma integral.

A pesar de sus valiosos esfuerzos, que abonan a las acciones institucionales que ya existen en algunas entidades federativas, a nivel nacional aún no existe un marco normativo especializado que determine la distribución de recursos y responsabilidades entre las distintas autoridades que, desde los tres niveles de gobierno, estén encargadas de diseñar e implementar las políticas coordinadas de prevención y atención integral al fenómeno.

Segundo. Actualmente en México el marco jurídico relativo al problema del desplazamiento forzado es omiso y con ello, el Estado y la sociedad en su conjunto, niega los derechos de quienes se han visto obligados a ser desplazados de manera forzosa.

Los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos2 , del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, señalan, entre otros puntos que:

“Existe hoy día el convencimiento general de que los desplazamientos internos, que afectan en todo el mundo a más de 25 millones de personas, se han convertido en uno de los fenómenos más trágicos de nuestro tiempo . Los desplazamientos, consecuencia habitual de experiencias traumáticas de conflictos violentos, violaciones manifiestas de los derechos humanos y causas similares en las que la discriminación tiene un papel significativo, generan casi siempre condiciones de sufrimiento y penalidad para las poblaciones afectadas. Provocan la ruptura familiar, cortan los lazos sociales y culturales, ponen término a relaciones de empleo sólidas, perturban las oportunidades educativas, niegan el acceso a necesidades vitales como la alimentación, la vivienda y la medicina, y exponen a personas inocentes a actos de violencia en forma de ataques a los campamentos, desapariciones y violaciones. Los desplazados internos, tanto si se agrupan en campamentos como si huyen al campo para ponerse al abrigo de posibles fuentes de persecución y violencia o se sumergen en comunidades igualmente pobres y desposeídas, cuentan entre las poblaciones más vulnerables y más necesitadas de protección y asistencia.

2. En los últimos años la comunidad internacional ha adquirido una mayor conciencia de la causa de los desplazados internos y está tomando medidas para resolver sus necesidades.

... se entiende por desplazados internos las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. ”

PRINCIPIOS GENERALES

Principio 1

1. Los desplazados internos disfrutarán en condiciones de igualdad de los mismos derechos y libertades que el derecho internacional y el derecho interno reconocen a los demás habitantes del país. No serán objeto de discriminación alguna en el disfrute de sus derechos y libertades por el mero hecho de ser desplazados internos.

Principio 2

1. Estos Principios serán observados por todas las autoridades, grupos y personas independientemente de su condición jurídica y serán aplicados sin distinción alguna. La observancia de estos Principios no afectará a la condición jurídica de las autoridades, grupos o personas involucrados.

Principio 3

1. Las autoridades nacionales tienen la obligación y la responsabilidad primarias de proporcionar protección y asistencia humanitaria a los desplazados internos que se encuentren en el ámbito de su jurisdicción.

2. Los desplazados internos tienen derecho a solicitar y recibir protección y asistencia humanitaria de esas autoridades. No serán perseguidos ni castigados por formular esa solicitud”.

Tercero. El 11 de mayo de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presentó el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno3 (DFI) en México, en donde se analizaban las causas, las manifestaciones y las principales problemáticas del Desplazamiento Forzado Interno en México, con el fin de proponer medidas y acciones para la protección de personas desplazadas que son víctimas de violaciones múltiples en sus derechos humanos.

En el Informe se abordan algunas de las causas del Desplazamiento Forzado Interno por temas religiosos, violaciones a derechos humanos, desastres naturales, enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada, grupos de autodefensa, actividad periodística en México y proyectos de desarrollo.

El mencionado documento pone de relieve una característica importante y preocupante acerca del fenómeno de Desplazamiento Forzado Interno con motivo de la violencia en México: la invisibilización del problema y de las víctimas.

Si las personas que han sido víctimas de violencia omiten acudir ante las instituciones de seguridad pública o de persecución del delito a denunciar los actos cometidos en su contra, y hacer de su conocimiento su intención de desplazarse o de haberlo hecho por las amenazas sufridas o el temor fundado, las posibilidades de que las autoridades puedan ejercer sus facultades correspondientes en la materia son mínimas, ante la imposibilidad para conocer y dimensionar el problema adecuadamente.

Po otra parte, el informe presentado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos llamado “Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México 2019”4 , indica que, desde 2006 hasta diciembre de 2019, México tenía un total acumulado de 346 mil 945 personas desplazadas .

Además de Guerrero, los desplazamientos forzados ocurrieron en Chihuahua, Sinaloa, Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca, Michoacán, Durango, Chiapas y Sinaloa.

Cuarto. El 29 de septiembre de 2020, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno5 , a efecto de establecer un marco garante para atender a las personas en esta situación.

El proyecto de decreto fue aprobado por trescientos noventa y cinco (395) votos a favor, cero (0) votos en contra, y cero (0) abstenciones. De los 395 votos en pro del dictamen, 214 fueron emitidos por Morena; 54 por el PAN, 28 por el PRI, 17 por el PES, 36 por el PT, 24 por el MC 11 por el PRD, 8 por el PVEM y 3 votos por diputados sin partido6 , tal y como se muestra en la siguiente imagen.

Es en sí mismo, ese dictamen, es un reconocimiento explícito al enorme problema de deslazamiento forzado interno que se manifiesta en diversas regiones y entidades del país, por lo que es sin duda una victoria de la sociedad civil, de los colectivos y familiares de las personas desplazada, además de que muestra la voluntad política del Estado mexicano para afrontar esta crisis humanitaria que afecta a centenas de miles de mexicanos.

En el proyecto de decreto, entre otros puntos, se reconocen los derechos de las personas desplazadas de manera forzosa, se determinan las atribuciones y competencias entre la Federación, entidades federativas, municipios, alcaldías y organismos autónomos para prevenir, atender, proteger y generar soluciones en la materia.

Como punto fundamental, se establece un Mecanismo Nacional, para garantizar la prevención, atención, protección, generación e implementación de soluciones duraderas sobre el desplazamiento forzado, además de que se crea el Registro Nacional de Personas Desplazadas.

Además, se mandata a que se implemente un Programa Nacional para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno, que será elaborado por la Secretaría de Gobernación con la participación y aprobación de los comités integrantes del Mecanismo Nacional, y crea un fondo para la atención integral de los casos de desplazamiento.

La nueva ley, busca prevenir y sancionar las conductas que revictimizan a la persona desplazada, dándole la oportunidad de reponer la paz y la tranquilidad que dejaron; y generar soluciones duraderas, que van desde el diseño y adopción de políticas públicas, la atención de las necesidades particulares de protección de las personas y el ofrecimiento de garantía de no repetición.

Así mismo, este nuevo ordenamiento, permitirá al Estado nacional contar con datos, a fin de construir estrategias y soluciones para este afrontar el flagelo del desplazamiento forzado.

Quinto. En este sentido, la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para prevenir, atender y reparar integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, recupera la obligación del Estado mexicano para proteger a las personas desplazadas de manera forzosa de las violaciones sistémicas a sus derechos humanos.

Después de su aprobación en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para prevenir, atender y reparar integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, fue turnado al Senado de la República y ahí fue mandado a comisiones para su dictaminación.

Sin embargo, después de dos años y un mes de que fue aprobada en la Cámara de Diputados el proyecto de decreto que crea la Ley General para prevenir, atender y reparar integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, el Senado de la República mantiene la minuta aún sin dictaminar.

Ante esta falta de actividad por parte de la Cámara Alta, desplazados de nueve estados, entre ellos los de Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Chiapas y Michoacán, exigieron en el Senado aprobar la minuta de Ley de Desplazamiento Forzado Interno, que tiene más de dos años congelada7 .

Los afectados pidieron tipificar como delito el desplazamiento forzado y denunciaron que el crimen organizado los expulsa de sus comunidades para quedarse con sus tierras y recursos naturales.

Una treintena de quejosos, acompañados por la directora del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, de Guerrero, Teodomira Rosales, solicitaron que las comisiones que dictaminarán la minuta integren al diálogo a las víctimas.

Urgieron a los legisladores a que se discuta ya dicha ley y que en la nueva se señale “la responsabilidad de los gobiernos federal y de los estados para darles seguridad y garantías ”8 .

Rosales manifestó que:

“es urgente que se avance en la aprobación de la ley, pero que tomen en cuenta las propuestas de los propios desplazados, que ellos expongan lo que requieren y necesitan, ya que vivieron en carne propia este problema. Aquí están personas desplazadas de sus comunidades, de nueve estados del país que tuvieron que salir por amenazas del crimen organizado”.

“Esperamos que este mensaje llegue a todos los rincones del país, a las montañas, a la sierra, a los bosques, municipios, colonias, ciudades donde hay desplazados que tienen miedo de denunciar sus casos porque están amenazados por los criminales que les quitan el agua, las parcelas y hectáreas por su riqueza en recursos naturales ”.

Sexto. Para dar cuenta de la importancia que representa una legislación en materia de desplazamiento forzado interno, es dable mencionar el éxito institucional que a nivel estatal significa contar con normas que atiendan esta problemática.

Por ejemplo, la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas,9 que tiene como propósito crear el marco conceptual y garante de los derechos de las personas que por diversas causas se ven obligadas a dejar su lugar de residencia habitual, definiendo lo que se considera una persona desplazada internamente, se establecen los derechos de los desplazados internos, mandata la creación tanto de del Programa Estatal para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, así como la coordinación interinstitucional a través del establecimiento del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno.

Entre otros puntos, la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, establece:

“Artículo 2.- Esta ley tiene por objeto establecer las bases para la prevención del desplazamiento interno, la asistencia e implementación de soluciones duraderas para su superación, así como otorgar un marco garante que atienda y apoye a las personas en esta situación.

Artículo 3.- Se considera como desplazados internos a las personas o grupos de personas asentadas en el Estado de Chiapas que se han visto forzadas u obligadas a abandonar, escapar o huir de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no han cruzado los límites territoriales del Estado .”

A su vez, el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, que está integrado por diversas dependencias de la administración pública como las secretarías General de Gobierno, Salud, Educación, Agricultura, Ganadería y Pesca, Seguridad y Protección Ciudadana, de Igualdad de Género, del Bienestar, Protección Civil, así como el Sistema Estatal DIF, Fiscalía General del Estado, entre otras, se encarga de formular y ejecutar el Programa Estatal de conformidad con la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas.

De esta manera, a las personas que padecen el desplazamiento forzado, además de que se les otorga ayuda humanitaria como lo establece la ley, se les brinda todos los servicios básicos como educación y salud, entre otros, en coordinación con todas las instituciones de gobierno, ya que son familias que enfrentan desde problemas intracomunitarios hasta religiosos.

Así mismo, se garantiza que se trabaje con apego a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para apoyar de manera permanente a las mujeres y hombres de todas las edades que se encuentran en esta situación, pero sobre todo para prevenir esta problemática que hasta 2019 afectaba a un total de mil 646 familias de 20 municipios en la entidad, lo que representa a más de 5 mil personas.10

Séptimo. Adicionalmente cabe señalar que el Reglamento del Senado de la República, entre otros puntos, establece plazos para emitir los dictámenes sobre iniciativas, proyectos y minutas, y al respecto, entre otros puntos, señala:

“DE LOS PLAZOS PARA EMITIR DICTAMEN

Artículo 212

1. Las iniciativas y proyectos turnados a comisiones son dictaminados dentro de un plazo no mayor a treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción del turno , con las salvedades que establece este Reglamento.

2. Cuando la trascendencia o la complejidad de una iniciativa o proyecto lo hagan conveniente, la Mesa podrá otorgar un plazo mayor al señalado en el párrafo anterior.

3. Dentro del mismo plazo mencionado en el numeral 1 de este artículo, las comisiones dictaminadoras pueden pedir al Presidente, mediante escrito fundado y motivado, la ampliación de los plazos señalados en este artículo hasta por sesenta días hábiles, siendo posible sólo una prórroga otorgada. La Mesa deberá resolver lo conducente en plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de la recepción del escrito e informar al Pleno en la siguiente sesión.

4. Para efectos del cómputo de los plazos mencionados, los días hábiles incluyen los recesos legislativos , en los términos de este Reglamento.

5. El plazo máximo para dictaminar tratándose de lo previsto por el párrafo 2 del presente artículo, no podrá exceder de trescientos sesenta y cinco días naturales, a partir de la fecha en que fue turnada a la comisión coordinadora respectiva.

Artículo 214

1. Si transcurre el plazo para dictaminar mencionado en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 212, sin que se emita dictamen, el Presidente de la Mesa Directiva, dentro de los siguientes diez días hábiles, deberá emitir excitativa a la comisión que corresponda, para que presente su dictamen en un último plazo de veinte días hábiles.

2. Lo anterior, sin menoscabo de que cualquier senador podrá solicitar al Presidente de la Mesa Directiva que emita la excitativa correspondiente, conforme a los plazos mencionados.

3. En los casos de iniciativas presentadas por otros sujetos con derecho a ello o de los proyectos enviados por la Cámara de Diputados, las excitativas pueden ser solicitadas por el senador que así lo estime pertinente.

Artículo 215

1. A fin de cumplir sus atribuciones para agilizar los procedimientos legislativos, la Mesa Directiva da seguimiento a los turnos dictados.

2. El Presidente presenta mensualmente al Pleno un informe general sobre los vencimientos de plazos, las prórrogas otorgadas y las excitativas formuladas. Dicho informe se publica íntegro en la Gaceta.

Artículo 217

1. Vencidos los plazos y prórrogas sin que se presente dictamen ni exista causa justificada para ello se tendrá por precluida la facultad de la comisión para hacerlo.

2. Una vez precluido el derecho de la comisión coordinadora para presentar su dictamen, el Presidente de la Mesa Directiva comunicará por escrito a la comisión que resulte pertinente para que proceda a la elaboración del dictamen en el plazo improrrogable de veinte días hábiles.

3. Si transcurrido dicho plazo no se emitiera dictamen el Presidente de la Mesa Directiva instruirá la publicación de la iniciativa o proyecto en la Gaceta Parlamentaria con el señalamiento de que dicha iniciativa o proyecto no han sido dictaminados.

4. En los casos de las iniciativas o proyectos presentados por los otros sujetos legitimados para ello, distintos a los senadores, el Presidente procederá en los términos señalados en el párrafo anterior.

5. En el caso de las iniciativas a que se refiere la fracción IV del artículo 71 de la Constitución la Mesa Directiva resolverá lo conducente.

6. A partir de la publicación en la Gaceta Parlamentaria de la iniciativa o proyecto no dictaminados, la Mesa Directiva dentro de las tres sesiones ordinarias siguientes, deberá incluir dicha iniciativa o proyecto en el Orden del día, en los términos que fueron presentados y someterlos a discusión y votación del Pleno en la sesión que corresponda a la inclusión del Orden del día de dichos asuntos

7. En la tramitación de estos asuntos ante el Pleno se observarán las reglas aplicables a los dictámenes, previstas en la Constitución, en la Ley y este Reglamento. ”

Según lo anteriormente señalado, es evidente que los plazos legales con los que contaba el Senado de la República para la elaboración del dictamen de la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley General para prevenir, atender y reparar integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, han transcurrido en exceso.

Esta dilación para emitir la legislación correspondiente, obstaculiza una respuesta integral del Estado Mexicano para prevenir este flagelo y que las víctimas sean atendidas de manera adecuada.

Por las consideraciones y fundamentos arriba expresados, someto a consideración de esta soberanía, como de urgente u obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, para que, en usos de sus atribuciones y facultades, dictamine la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley General para prevenir, atender y reparar integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.

Notas:

1. ACNUR – México. Personas desplazadas internas.

https://www.acnur.org/personas-desplazadas-internas.html

2. Organización de las Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Principios Rectores de los Desplazamientos Internos.

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0022 .pdf

3. Informe Especial Sobre Desplazamiento Forzado Interno. http://informe.cndh.org.mx/uploads/menu/15008/2016_IE_DesplazadosD.pdf

4. Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de Derechos Humanos. Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México. Informe 2019. https://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-episodios-desplazamient o-interno-forzado-masivo-en-mexico-informe-2019.pdf

5. Cámara de Diputados. Gaceta Parlamentaria. 29 de septiembre de 2020.

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/sep/20200929- III.pdf

6. http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/64/tabla3or1-7.php3

7. La Jornada. 7 de marzo de 2022. Desplazados exigen al Senado avalar nueva ley en la materia.

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/07/politica/des plazados-exigen-al-senado-avalar-nueva-ley-en-la-materia/

8. Idem.

9. Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas.

https://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-Parlamentari a/LEY_0100.pdf?v=Ng

10. Cuarto Poder. 19 de diciembre de 2019. Instalan Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno.

https://www.cuartopoder.mx/chiapas/instalan-consejo-esta tal-de-atencion-integral-al-desplazamiento-interno/269412/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2022.

Dipuata Alma Griselda Valencia Medina, diputado Ismael Brito Mazariegos (rúbricas)