Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Parlamento Europeo a adoptar medidas para solucionar la crisis humanitaria de refugiados en Europa, a cargo del diputado Hamlet García Almaguer, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe diputado Hamlet García Almaguer, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El territorio europeo es un destino para las personas que requieren refugio provenientes, principalmente, de países de Oriente Medio y África. La condición de estas personas es de vulnerabilidad dado el peligro implícito en su retorno a su país de origen.

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 se creó como respuesta a las necesidades urgentes de las personas refugiadas derivadas de la Segunda Guerra Mundial, desde entonces, tal como se establece en el preámbulo de la Convención, todos los Estados firmantes, reconociendo el carácter social y humanitario del problema de los refugiados, harán todo cuanto les sea posible para atender este problema.

El número de personas que buscan refugio en Europa es fluctuante, aumenta en épocas de inestabilidad política, militar, social o económica en los países de Oriente Medio y África. Además de la población refugiada, los países europeos reciben personas solicitantes de asilo, apátridas y desplazados por diversas causas.

Algunos datos proporcionados por la ACNUR, sobre personas refugiadas en Europa, son los siguientes:

• A fines de 2016, casi 5,2 millones de refugiados y migrantes llegaron a las costas europeas, emprendiendo viajes traicioneros desde Siria, Irak, Afganistán y otros países desgarrados por la guerra y la persecución. Miles perdieron la vida o han desaparecido desde 2015, y un número cada vez mayor de mujeres y niños no acompañados continúan realizando peligrosos viajes en busca de seguridad.

• En 2018, más de 58,000 refugiados llegaron a España por tierra y mar.

• En 2021, más de 114,000 personas arriesgaron su vida tratando de llegar a Europa por mar; más de 3,200 de ellos fallecieron o se encuentran desaparecidos, incluyendo niñas, niños, mujeres y otros grupos vulnerables.

La Unión Europea aún resiente la crisis migratoria de 2015 y 2016, en la que arribaron a su territorio miles de personas procedentes de Siria, Afganistán e Irak. Ese acontecimiento desencadenó intensas disputas en el seno del bloque de 27 países europeos sobre el reparto de la carga migratoria entre ellos, que derivó en fuertes políticas anti-migración. La Unión Europea ha invertido importantes recursos para reforzar sus fronteras exteriores y disuadir a las personas que buscan refugio seguro.

La crisis de personas refugiadas se complicó con la pandemia de Covid-19, debido a las políticas de aislamiento y cierre de fronteras. En la actualidad, empieza a agravarse la situación derivado del conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha obligado a más de 1,5 millones de personas a huir de sus hogares.

La crisis humanitaria en Europa, en lo que respecta a personas refugiadas, es el resultado de una catastrófica falla colectiva para responder a las necesidades urgentes de asistencia y protección de niñas, niños, mujeres y hombres que diariamente llegan a los territorios europeos. Eso se traduce en la ausencia de opciones seguras y legales para las personas refugiadas, el cierre de fronteras, las inhumanas condiciones de acogida, y los complicados procedimientos de registro.

Contrariamente a lo que sostienen los gobiernos europeos, la construcción de vallas en las fronteras exteriores de la Unión Europea en los últimos años ha obligado a las personas a tomar mayores riesgos en manos de contrabandistas y en embarcaciones atestadas e inestables en el Mediterráneo. Hay pocas vías seguras que las personas pueden tomar para alcanzar protección, seguridad y una vida mejor; se requieren vías legales de migración que hagan un uso más amplio de esquemas legales de ingreso; y se necesitan con urgencia condiciones de recepción adecuadas, dignas y humanas, en lugar de medidas de disuasión y acuerdos de externalización.

En Europa, a las personas refugiadas, se les debe garantizar una integración local o reasentamiento, reunificación familiar, visas humanitarias, así como un retorno voluntario –nunca forzoso–.

Ante la crisis humanitaria, la Unión Europea debe implementar mayores y mejores mecanismos de búsqueda y rescate de manera proactiva y dedicados a salvar vidas en tierra y mar.

Europa requiere de un mayor esfuerzo para cumplir con el Pacto Mundial sobre Refugiados a fin de mejorar las medidas para movilizar recursos y contrarrestar el discurso negativo sobre las personas refugiadas.

En México reprobamos las violaciones a los derechos de las personas refugiadas que se generan en la Unión Europa.

Por todo lo anterior, presento ante el pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

De urgente u obvia resolución:

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Parlamento Europeo a que adopte, en el ámbito de sus competencias, todas las medidas necesarias para solucionar la crisis humanitaria de personas que buscan refugio en Europa, a fin de que cumplan sus obligaciones internacionales en la construcción y mantenimiento de sistemas de refugio justos y eficaces, de acuerdo con el derecho internacional, los derechos humanos, instando a que, a su vez, erradiquen la discriminación, indiferencia, impunidad y malos tratos que los gobiernos europeos ejercen sobre las personas refugiadas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 17 días del mes de marzo de 2022.

Diputado Hamlet García Almaguer (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CNDH a tener servidores públicos con el perfil académico y profesional requerido e implantar capacitación continua para ellos, a cargo de la diputada Ana María Esquivel Arrona, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Ana María Esquivel Arrona, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a contar con servidores públicos con el perfil académico y profesional requerido, así como implementar capacitación continua a sus servidores públicos.

Exposición de motivos

El Informe de Actividades 2021 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos integra temas esenciales que desprenden la responsabilidad, naturaleza y funcionabilidad de la Comisión; organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, y tiene por objeto la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.

Es importante señalar que uno de los propósitos de las gestiones institucionales es fortalecer las acciones de protección y defensa de los derechos humanos, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene entre sus atribuciones el desarrollo de diversas acciones y programas de difusión, promoción y divulgación, mediante programas de educación y capacitación en materia de derechos humanos, esto tanto para el personal del servicio público como para la sociedad en general.

En ese contexto, y gracias al avance tecnológico y a las necesidades de continuar con las medidas de prevención sanitaria implementadas por la pandemia, se han diseñado programas y actividades de capacitación en formatos digitales y a distancia que permiten la vinculación con las instituciones y la población en general, de manera más amplia y práctica; por lo que no debe haber impedimento, ni justificación alguna para brindar capacitación continua a los servidores públicos que integran la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

A su vez, recordar que la adimistración de los recursos aprobados por el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2022, encausado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es en principio para el cumplimiento de su misión institucional, a través de una mejor distribución, asignación preferente a las áreas sustantivas, y bajo los criterios de disciplina presupuestaria y transparencia; esto con la finalidad de apoyar al desarrollo y fortalecimiento de las actividades de la propia Comisión.

En ese sentido, cabe resaltar que los principales resultados que arroja el Informe de Actividades de la CNDH 2021, en el cual, dentro del capítulo XI “Transformación de la Vida Institucional”, y en su su apartado XI.1.11. “Plan de Erradicación de Todas las Formas de Violencia y Corrupción”,1 se desprende que, gracias al análisis de la totalidad de expedientes que realizó la Dirección General de Recursos Humanos de la misma CNDH, se encontró que 575 personas servidoras públicas (34.8 por ciento) incumplen totalmente con el perfil académico y profesional requerido, y 192 (11.6 por ciento) lo incumplen parcialmente. Esto es, un 46.4 por ciento del personal de la CNDH, destacando la deficiencia de perfiles entre los visitadores adjuntos y en el área de Quejas y Orientación, que son dos de las áreas más importantes de la propia Comisión.

A su vez, destaca que la Auditoría 14/2021 denominada “Específica al ejercicio de los recursos humanos; ejercicios 2020 y 2021/Oficialía Mayor, Diversos Órganos y Unidades Administrativas”,2 llevada a cabo por el Órgano Interno de Control, constituyó un apoyo a la implementación de medidas correctivas y preventivas en ese sentido, detectando nepotismo, redes familiares, incumplimiento de perfiles para el cargo, entre otras.

Resulta entonces alarmante que en la actual administración de la CNDH no se prioricen los perfiles académicos y profesionales requeridos, ni la capacitación, ni profesionalización de quienes la integran; pues la profesionalización y capacitación continua representan una preparación antes y durante el desempeño del servidor público, con la finalidad de que pueda contar con las herramientas necesarias que le permitan actuar con el mayor nivel de eficiencia, efiacia y efectividad.

La Comisión tiene como principal objetivo la protección de los derechos humanos, en virtud de ello, se presume que debe contar con un personal altamente capacitado y profesional, además de cumplir con el perfil académico requerido e idóneo, a fin de garantizar una eficaz protección a los derechos humanos de las y los mexicanos. Esto considerando que la formación y capacitación continua resulta ideal para brindar soluciones a problemas, motivar y cambiar las conductas negativas, generando así, la mejora de gestiones y atenciones hacia las y los ciudadanos.

En aras del servicio público, es esencial la capacitación, pues se puede decir que cualquier servidor público deber ser responsable en el ejercicio de sus funciones, sobre todo en una materia tan transcendental como son los derechos humanos. Por lo que parece injustificable que casi la mitad de la plantilla de los servidores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, contravienen con el perfil necesario para ocupar dichos cargos.

En razón de lo expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, con la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la revisión de los perfiles del personal con relación al debido cumplimiento de los perfiles requeridos para el correcto desempeño de sus cargos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que los procesos de selección del personal estén armonizados y adecuados a los perfiles que se soliciten.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a implementar su reglamento interno respecto a la ejecución del Programa General de Capacitación de la Comisión Nacional, a fin de que los servidores públicos cuenten con los requisitos idóneos y capacitación continua para el ejercicio de sus funciones.

Notas

1 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Informe de Actividades (2021), página 279.

2 Ibídem.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 17 de marzo de 2022.

Diputada Ana María Esquivel Arrona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Norma Angélica Aceves García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. En diciembre de 2011, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas designó el 21 de marzo Día Mundial del Síndrome de Down, como una estrategia para generar una conciencia pública sobre esta condición y reafirmar la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades, reiterando la necesidad de impulsar su autonomía e independencia, así como la importancia de implementar las acciones que le permitan tomar sus decisiones.1

El síndrome de Down, o trisomía 21, es el trastorno cromosómico mejor conocido en el ser humano. Fue descrito por John Langdon Down en 1866.2

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el síndrome de Down es una alteración genética causada por la existencia de material genético extra en el cromosoma 21 que se traduce en discapacidad intelectual. Su incidencia a nivel mundial se sitúa entre 1 de cada mil y 1 de cada mil 100 recién nacidos.3

Es importante señalar que el síndrome de Down no es una enfermedad; es una condición resultado de una alteración genética ocasionada por la presencia de 47 cromosomas, en vez de los 46 usuales. En la mayoría de los casos, como se ha señalado, tienen una copia extra del cromosoma 21, de ahí que también se le llame trisomía 21. 4

La organización refiere que las personas con síndrome de Down suelen presentar más problemas de salud en general. Sin embargo, los avances médicos han potenciado gratamente su calidad y esperanza de vida, a tal grado que a principios del siglo XX se esperaba que las personas con esta condición vivieran menos de 10 años, mientras que hoy cerca de 80 por ciento de quienes lo viven superan 50 años de edad.5

2. En México, de acuerdo con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, se tienen las siguientes cifras y características:6

• Su incidencia ocurre aproximadamente en 1 de cada 691 nacimientos;

• La mayor recurrencia de nacimientos con este síndrome se da en mujeres que se embarazan después de los 35 años de edad;

• Es la causa genética más común de discapacidad intelectual en el mundo;

• Las principales alteraciones en el desarrollo se presentan en las áreas cognitiva (desarrollo intelectual y aprendizaje) y motora (en los primeros años); y

• Según datos de la Dirección General de Información en Salud, en 2018 nacieron 351 niñas y 338 niños (689 en total) con síndrome de Down.7

De acuerdo con el artículo de investigación Prevalencia del síndrome de Down en México utilizando los certificados de nacimiento vivo y de muerte fetal durante el periodo 2008-2011, las personas con síndrome de Down clínicamente presentan una serie de características, como braquicefalia, fisuras palpebrales oblicuas ascendentes, epicanto, manchas de Brushfield, orejas displásicas, puente nasal deprimido, paladar estrecho, cuello corto, piel de nuca redundante, hiperflexibilidad, manos anchas, braquidactilia y pliegue palmar transverso, siendo la principal característica la discapacidad intelectual.8

Asimismo, pueden presentar cardiopatías congénitas hasta en 50 por ciento de los casos, infecciones respiratorias frecuentes y obstrucción del tracto gastrointestinal, además de que existe un incremento en el riesgo de presentar leucemia aguda y Alzheimer.9

Como principales factores de riesgo, el citado artículo señala que10

• La edad materna avanzada es un factor de riesgo que ha sido asociado con el síndrome de Down;

• 90 por ciento de los casos se origina en la primera división meiótica materna; el restante 10es de origen paterno;

• El riesgo de recurrencia para las alteraciones numéricas es de 1 por ciento; y

• El riesgo de síndrome de Down a una edad materna de 30 años es de 1 en mil; y a una edad materna de 40 años, de 9 en mil.

3. El derecho a ser incluido en la comunidad se refiere al principio de inclusión y participación plenas y efectivas en la sociedad que incluye llevar una vida social plena y tener acceso a todos los servicios que se ofrecen al público, así como a los servicios de apoyo proporcionados a las personas con discapacidad para que puedan ser incluidas y participar plenamente en todos los ámbitos de la vida social, en todos los ámbitos y servicios, tales como vivienda, transporte, educación, empleo, actividades recreativas y acontecimientos de la vida política y cultural de la comunidad, como reuniones públicas, eventos deportivos, festividades culturales y religiosos y cualquier otra actividad en la que la persona con discapacidad desee participar.11

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas afirma que a lo largo de la historia se ha negado a las personas con discapacidad la posibilidad de tomar opciones y ejercer el control de manera personal e individual en todas las esferas de su vida, al suponerse que muchas de ellas eran incapaces de vivir de forma independiente la comunidad.12

Lo anterior, entre otras razones, debido a que los estados no cuentan con mecanismos de apoyo o su prestación está vinculada a determinados sistemas de vida y la infraestructura no se ajusta al diseño universal, aunado a que los recursos se invierten generalmente de manera directa en instituciones y no en el desarrollo de las posibilidades que tienen las personas con discapacidad de vivir de forma independiente, lo que ha dado lugar al abandono, la dependencia de los familiares, la institucionalización, el aislamiento y la segregación.13

4. En México, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía hay 6 millones 179 mil 890 personas con discapacidad, más 13 millones 934 mil 448 personas que dijeron tener alguna limitación para realizar actividades de la vida diaria (caminar, ver, oír, autocuidado, hablar o comunicarse, recordar o concentrarse), que en suma se traducen en un segmento de más de 20 millones de personas.14

En ese grupo poblacional se encuentran las personas con síndrome de Down, quienes de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2017,15 en conjunto con las personas con discapacidad, se enfrentan en nuestro país a las siguientes situaciones:

• Más de la mitad de las personas con discapacidad tiene 60 años y más;

• 3 de cada 10 personas con discapacidad tienen 2 o más condiciones que dan origen a su discapacidad;

• 1 de cada 5 personas con discapacidad se percibe indígena;

• 1 de cada 10 personas con discapacidad carece de servicios básicos en su vivienda;

• 7 de cada 10 personas con discapacidad se encuentran en los estratos socioeconómicos medio bajo y bajo;

• 1 de cada 2 personas con discapacidad intelectual no sabe leer ni escribir;

• 1 de cada 2 personas con discapacidad en edad escolar asiste a la escuela;

• Las personas con discapacidad enfrentan mayores obstáculos para incorporarse al mercado de trabajo;

• 1 de cada 10 personas de 18 años y más no estaría de acuerdo en que su hijo(a) se casara con una persona con discapacidad;

• El problema declarado con mayor frecuencia por las personas con discapacidad es la falta de transporte y calles adecuadas para su condición;

• Casi 9 de cada 10 personas con discapacidad enfrentan barreras de accesibilidad cuando buscan información sobre algún trámite, servicio o programa gubernamental;

• 3 de cada 10 mujeres de 18 años o más con discapacidad no tienen libertad para decidir si pueden salir de su casa; y

• 3 de cada 10 personas con discapacidad de 18 años y más consideran que se les ha negado sin justificación al menos un derecho básico en los últimos 5 años.

De igual manera, “de acuerdo con el Anexo Estadístico de Pobreza en México del Coneval16 2010-2016, 49.4 por ciento de las personas con discapacidad –alrededor de 4.3 millones de mexicanos– se encuentra en situación de pobreza y las principales brechas entre la población con y sin discapacidad se ubican en rubros de suma importancia”.17

En ese contexto, atendiendo las diversas dificultades particulares que viven, además de las condiciones de exclusión social y las barreras a las que se enfrentan como personas con discapacidad, en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, se somete a consideración de la asamblea, el presente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los tres órdenes de gobierno a

a) Diseñar, implantar y fortalecer campañas de concienciación destinadas a la inclusión de las personas con síndrome de Down; y

b) Crear, impulsar, perfeccionar y difundir acciones específicas que tengan como finalidad la inclusión de las personas con síndrome de Down, su desarrollo, empoderamiento y acceso a una vida independiente.

Notas

1 Visto en https://www.un.org/es/observances/down-syndrome-day#:~:text=El%20s%C3%ADndrome%20de%
20Down%20es,de%20cada%201.100%20reci%C3%A9n%20nacidos. Consultado el 15 de marzo de 2022.

2 María del Carmen Sierra Romeroa, Eduardo Navarrete Hernández, Sonia Canún Serrano, Aldelmo E. Reyes Pablo y Javier Valdés Hernández.: “Prevalencia del síndrome de Down en México utilizando los certificados de nacimiento vivo y de muerte fetal durante el periodo 2008-2011” (artículo de investigación), en Boletín Médico del Hospital Infantil de México, Ciudad de México, noviembre de 2014. Visto en

https://www.elsevier.es/es-revista-boletin-medico-del-hospital-infantil-401-articulo-prevalencia
-del-sindrome-down-mexico-S1665114614000409. Consultado el 15 de marzo de 2022.

3 Obra citada, nota 1.

4 Ibídem.

5 Ibídem.

6 Visto en https://www.cndh.org.mx/noticia/dia-mundial-del-sindrome-de-down-0#:~:text=El%20s%C3%
ADndrome%20de%20Down%20ocurre,los%2035%20a%C3%B1os%20de%20edad. Consultado el 15 de marzo de 2022.

7 https://www.gob.mx/difnacional/documentos/dia-mundial-del-sindrome-de-d own-238643

8 Obra citada, nota 2.

9 Ibídem.

10 Ibídem.

11 Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, observación general número 5 (2017), “sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad”, CRPD/C/GC/5, 27 de octubre de 2017.

12 Ibídem.

13 Ibídem.

14 Visto en http://www.cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P. Consultado el 24 de agosto de 2021.

15 Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2017. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Resultados sobre personas con discapacidad.

16 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

17 Aceves García, Norma Angélica (2019). “Incertidumbre y contradicción en las políticas para la inclusión”, en revista Nexos (agosto 4 de 2019), visto en “Incertidumbre y contradicción en las políticas para la inclusión”, (Dis)capacidades (nexos.com.mx).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2022.

Diputada Norma Angélica Aceves García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a autoridades de Veracruz a establecer un mecanismo para ayudar a las escuelas públicas locales a cubrir el costo de la electricidad que consumen, a cargo de la diputada María del Carmen Pinete Vargas, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada María del Carmen Pinete Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La educación en nuestro país es un derecho al que toda persona debe tener acceso según se reconoce en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La educación proporciona a las personas las habilidades y conocimientos necesarios para desarrollarse, siendo un factor que influye en el avance y progreso tanto individual como colectivo; además, enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos.

En este sentido, la educación resulta necesaria para alcanzar mayores niveles de bienestar social y de crecimiento económico, con la finalidad de acortar las desigualdades económicas y sociales, propiciando la movilidad de las personas permitiéndole acceder a mejores empleos y mayores ingresos, por ello es responsabilidad del Estado garantizar el ejercicio pleno y efectivo del derecho de acceso a la misma, lo que implica también asegurar que las comunidades cuenten con una infraestructura física educativa adecuada, pues la escuela es el contexto en donde se produce el aprendizaje escolar, es el ambiente físico donde transcurren las dinámicas e interacciones entre los docentes, estudiantes, los recursos, los contenidos pedagógicos y las tecnologías que propician la educación.

Con respecto a los estudiantes, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una adecuada infraestructura educativa se asocia respecto de los estudiantes a su bienestar cognitivo y motivación; a la mejora en sus prácticas de higiene y su salud, a incrementos en los niveles de asistencia y matriculación, a su seguridad física, su potencial de aprendizaje y, en última instancia, a su logro académico.1

Existe una evidente relación positiva entre la calidad de la infraestructura educativa y el aprendizaje de los estudiantes y son claros los beneficios que trae consigo el hecho de que una escuela cuente con toda la infraestructura necesaria para su funcionamiento, es decir, que cuente con mobiliario, espacios deportivos, agua potable, energía eléctrica, drenaje, conexión a internet, entre otros elementos.

Bajo esta lógica, la energía eléctrica juega un papel central en el proceso educativo. No olvidemos que, debido a la importancia alcanzada por la electricidad en la vida moderna, el acceso a ésta ha sido considerado por algunos juristas, instituciones y colectivos incluso como un derecho humano.

En las escuelas, la electricidad es indispensable para hacer funcionar la iluminación de las aulas, las bombas de agua, los equipos de cómputo y los servicios de telecomunicaciones que facilitan la transmisión de conocimientos como el internet, la televisión y la radio, así como el aire acondicionado o la calefacción en los lugares donde estos son necesarios.

El sector educativo en nuestro país resultó uno de los más afectados por las restricciones dictadas por las autoridades sanitarias derivadas de la pandemia por Covid-19, ya que durante más de 18 meses las aulas se trasladaron a casa para dar continuidad a la formación de millones de alumnas y alumnos, anunciándose en el mes de agosto del presente año, el retorno a clases presenciales.

Lo anterior vino a agravar una problemática añeja que sufren muchas escuelas en el estado de Veracruz, es decir, la falta de pago del servicio de energía eléctrica y, por tanto, la imposibilidad de operar sin este elemento fundamental para el aprendizaje.

En este contexto, en el estado de Veracruz el retorno a las aulas se ha retrasado y existen niñas, niños y adolescentes que están tomando sus clases sin energía eléctrica. El problema fundamental es que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les suspendió el servicio a varias escuelas ante el incumplimiento de pago y muchas otras están en el riesgo latente de que esto suceda derivado de los adeudos que tienen.

Ejemplo de ello es que, en septiembre de 2021, de acuerdo a declaraciones de un regidor de la Comisión de Educación del honorable Ayuntamiento de Veracruz, muchas escuelas no habían podido regresar a las clases presenciales porque la CFE cortó el servicio de energía eléctrica.2

Como se señaló, desde antes de la pandemia existían casos de escuelas que presentaban adeudos impagables, es el caso del jardín de niños Gabriela Mistral, ubicado en el municipio de Boca del Río, cuya comunidad de padres de familia bloqueó en mayo de 2019 la circulación de la carretera Veracruz-Medellín de Bravo, en protesta por la falta de energía eléctrica que estaba generando, además de problemas educativos, enfermedades en los menores. El adeudo con la CFE era de más de 348 mil pesos, un monto difícil de cubrir para una escuela pública.3

Si esta situación afecta a un buen número de escuelas en las principales ciudades del estado de Veracruz, la misma se replica incluso con mayor fuerza en municipios que concentran en su mayoría comunidades rurales en donde las niñas, niños y adolescentes enfrentan aún más obstáculos para acceder a una educación de calidad, como lo es la zona que represento del Distrito 02 con cabecera en Tantoyuca, Veracruz, donde de los 15 municipios que lo integran, 80 por ciento son rurales.

Derivado de lo anterior, según se ha dado a conocer en medios de comunicación del estado, algunas escuelas públicas han recurrido al cobro de cuotas,4 argumentando que éstas se requieren para el pago de los servicios que son indispensables para el funcionamiento óptimo de las mismas.

Si bien lo anterior pudiera parecer comprensible frente a la difícil situación económica por la que pasan muchos centros escolares, esto va en contravención de la gratuidad de la educación consagrada en el artículo 3o. de nuestra Carta Magna y de lo dispuesto en el artículo 7, fracción IV, inciso a) de la Ley General de Educación, el cual prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione el acceso al servicio educativo que imparta el Estado.

En atención a lo expresado, es urgente encontrar el o los mecanismos que permitan a la Secretaría de Educación, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, ambas del gobierno del estado de Veracruz, para destinar recursos con la finalidad de ayudar a los planteles educativos públicos de la entidad a cubrir el costo de la energía eléctrica que consumen, y/o fungir como intermediario entre la Comisión Federal de Electricidad y los centros escolares que presentan adeudos por energía eléctrica de la entidad, para llegar a convenios que les permitan cubrir el costo de la energía eléctrica que consumen, especialmente aquellas escuelas que se encuentren en mora o con imposibilidad de liquidar sus adeudos, con el propósito de garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a la educación, especialmente fungir como intermediarios entre la CFE y los centros escolares que presenten adeudos de energía eléctrica, aquellas escuelas que se encuentren en mora o con imposibilidad de liquidar sus adeudos con el propósito de garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a la educación de calidad.

En virtud de lo expuesto, someto a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, ambas del Gobierno del Estado de Veracruz a establecer un mecanismo que permita destinar recursos para ayudar a los planteles educativos públicos de la entidad a cubrir el costo de la energía eléctrica que consumen, y/o fungir como intermediario entre la Comisión Federal de Electricidad y los centros escolares que presentan adeudos por energía eléctrica de la entidad, para llegar a convenios que les permitan cubrir el costo de la energía eléctrica que consumen, especialmente aquellas escuelas que se encuentren en mora o con imposibilidad de liquidar sus adeudos, con el propósito de garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a la educación, especialmente fungir como intermediarios entre la CFE y los centros escolares que presenten adeudos de energía eléctrica, aquellas escuelas que se encuentren en mora o con imposibilidad de liquidar sus adeudos con el propósito de garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a la educación de calidad.

Notas

1 Véase, “Informe de Evaluación a la Política de Infraestructura Física Educativa de la Educación Obligatoria en México”, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, junio de 2019. Página 1. Disponible en: https://www.inee.edu.mx/portalweb/suplemento12/evaluacionescuelas-al-ci en-fam.pdf

2 Véase, Flor Meza, “Por falta de pago de luz y agua, escuelas no regresan a clases presenciales”, El Dictamen, 6 de septiembre de 2021. Disponible en: https://www.eldictamen.mx/noticias-deveracruz/boca-ver/por-falta-de-pag o-de-luz-y-agua-escuelas-no-regresan-a-clases-presenciales/

3 Véase, Ingrid Ruíz Rivera, “Sufren calor en kínder por falta de luz”, Diario de Xalapa, 21 de mayo de 2019. Disponible en: https://www.diariodexalapa.com.mx/local/sufren-calor-en-kinder-por-falt a-deluz-3649300.html

4 Véase, Ariadna García, “Cuotas escolares ponen a temblar a padres; ve hasta cuánto piden”, Diario de Xalapa, 13 de agosto de 2021. Disponible en:

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/
cuotas-escolares-ponen-a-temblar-a-padres-pidenhasta-mil-500-pesos-7080006.html.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2022.

Diputada María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR y su homóloga de Querétaro a responsabilizar civilmente al gobernador por la ausencia de seguridad pública estatal antes y en el transcurso del partido de futbol el 5 de marzo de 2022 en el estadio Corregidora, cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Ana Laura Bernal Camarena, diputada integrante de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, así como 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 5 de marzo del presente año se suscitaron hechos que pasaron de un domingo familiar a hechos lamentables y terribles dentro del estadio Corregidora, en Querétaro, cuando se disputó el partido entre los clubes de Querétaro F.C. vs Atlas F.C., dando un saldo de 26 heridos, según fuentes oficiales estatales.

De acuerdo con narraciones y videos que fueron publicados en diversas redes sociales, el brote de violencia comenzó cuando aficionados de los dos equipos comenzaron a discutir entre ellos antes de la mitad del medio tiempo del encuentro deportivo y que aumentó, al minuto 59 elementos de seguridad privada no pudieron contener la trifulca que se encontraba en las barras futboleras del estadio Corregidora.1

Entre los minutos 60 y 63 comienzan las riñas entre aficionados de los dos equipos, pero existía un predominio de la afición de Gallos Blancos del Querétaro, por ser el equipo local. Las riñas pasaron de las gradas a la cancha de futbol, por lo que a las 18:36 horas de 5 de marzo se suspendió el partido, pero las riñas continuaron y pusieron en riesgo a mujeres, niños y adultos mayores.2

Esta disputa tuvo como consecuencia uno de los sucesos más terribles y lamentables en la historia del futbol mexicano en la actualidad, ya que con anterioridad se han suscitado otros hechos lamentables para la afición de este deporte.

Las emisiones de diferentes televisoras y videos grabados de aficionados y el público en general que se encontraba en el estadio Corregidora, demostraron que no había suficientes elementos de seguridad pública y, peor aún, no existía la presencia de cuerpos de seguridad pública estatales que asisten normalmente en partidos de futbol, cuando existen ciertas rivalidades futboleras que rebasan la pasión futbolera por lesiones jurídicamente penales.3

De acuerdo con Guadalupe Murguía, secretario de gobierno de Querétaro, el hecho dio como resultado de manera oficial: 24 lesionados, nueve de ellos en estado de gravedad.4

La falta de seguridad pública estatal por parte del gobernador Mauricio Kuri González es una terrible omisión por su parte, ya que, con su investidura como gobernador del estado de Querétaro, es privilegiar la seguridad de las y los queretanos, así como los ciudadanos que se encuentran de visita en su estado.

Guadalupe Murguía, confirmó que los titulares de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Carlos Rodríguez Di Bella y Miguel Ángel Contreras Álvarez, respectivamente, sí están sujetos a una investigación y proceso interno ante la Secretaría de la Contraloría y la Fiscalía General del Estado, por probables delitos cometidos por servidores públicos.5

En sesión extraordinaria, la Asamblea de Clubes de la Liga BBVA MX y la Federación Mexicana de Fútbol aprobaron las siguientes sanciones para el club Querétaro:

• La sanción será de un año para el club, jugando sus partidos como local a puerta cerrada.

• La actual administración queda inhabilitada por 5 años de cualquier actividad de gestión y/o administración relacionada a cualquier club afiliado a la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

• Titular original de los derechos de afiliación tomará la administración del equipo para garantizar su operación. Con la condición de que lo ponga a la venta antes de terminar 2022. Si no lo hace, la Liga MX asumirá la responsabilidad de asignar los derechos de afiliación a más tardar en 2022.

• El Club precisará dónde jugará sus partidos como local. En Querétaro u sede siendo autorizada por la Liga MX. Las fuerzas básicas y la categoría femenil podrán jugar 1 año en la sede, como local, a puerta cerrada.

• Sanción a Grupo de Animación con tres años sin poder asistir a los partidos que el Club cuando juegue como local.

• Club Querétaro pierde el partido ante Atlas por marcador 0-3.

• Sanción económica.6

Además, menciona que no se desafilió al equipo porque se perdían las fuentes de empleo, se tendría que despedir a la Sub 17, Sub 20, la femenil y se quitaría un bien público (afición).

Mauricio Kuri González fue alcalde del municipio Corregidora durante el periodo 2015-2017, así como senador por el estado de Querétaro por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por lo que cuenta con los conocimientos de que este tipo de encuentros deportivos, además de seguridad privada, necesitan forzosamente de la presencia de seguridad pública estatal y/o municipal para salvaguardar la seguridad de los asistentes a dichos eventos.

Por lo que el gobernador Mauricio Kuri González debe ser investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ) por omisiones para salvaguardar la integridad de los asistentes al encuentro deportivo celebrado el pasado 5 de marzo del presente año, en el estadio Corregidora, a falta de instruir la presencia de elementos de seguridad pública estatales.

Aunado a que los pocos e insuficientes elementos de seguridad privada contratada para resguardar el estadio Corregidora, no contaban con la experiencia necesaria para evitar las riñas que se suscitaron en el evento deportivo y que inclusive hay videos que comprueban que no realizaron las acciones mínimas o incluso nada para salvaguardar la integridad de los aficionados y público en general.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este pleno de la honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Por el que se exhorta a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del estado de Querétaro, a responsabilizar civilmente a Mauricio Kuri González, gobernador del estado de Querétaro por su omisión de instruir de la presencia de Seguridad pública estatal antes y durante el evento deportivo de fútbol disputado entre el Querétaro F.C. vs Atlas F.C. el pasado cinco de marzo del presente año en el estadio “Corregidora” en Querétaro, Querétaro.

Segundo. Por lo que se exhorta a Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, a que haga del conocimiento de la sociedad los sucesos ocurridos el evento deportivo de fútbol disputado entre el Querétaro F.C. vs Atlas F.C. el pasado cinco de marzo del presente año en el estadio “Corregidora” y dar transparencia sobre el contrato de la Seguridad privada en dicho evento deportivo.

Notas

1 SDPnoticias , ¿Cuántos muertos hubo en el estadio Corregidora?, 07/03/2022.

https://www.sdpnoticias.com/estados/cuantos-muertos-hubo -en-el-estadio-corregidora-esto-es-lo-que-sabemos/

2 Medio Tiempo , Cronología de las desgracias: El minuto a minuto de los hechos en el Gallos vs Atlas. 05/03/2022. https://www.mediotiempo.com/futbol/liga-mx/el-minuto-a-minuto-de-los-he chos-violentos-en-el-queretaro-vs-atlas.

3 Aristegui Noticias , Condenan la violencia en el Estado La Corregidora, 05/marzo/2022.

https://aristeguinoticias.com/0503/deportes/condenan-la- violencia-en-el-estadio-la-corregidora-video-imagenes-sensibles/

4 Aristegui Noticias , Condenan la violencia en el Estado La Corregidora, 05/marzo/2022.

https://aristeguinoticias.com/0503/deportes/condenan-la- violencia-en-el-estadio-la-corregidora-video-imagenes-sensibles/

5 El Financiero , Funcionarios estatales están sujetos a investigación por riña en el Corregidora, 14/03/2022. https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/03/14/funcionarios-estatal es-estan-sujetos-a-investigacion-por-rina-en-el-corregidora/

6 Liga MX, Aplican Ejemplares Sanciones al Club Querétaro y Toman Medidas de Control, 08/marzo/2022. https://ligamx.net/cancha/detallenoticia/40507/aplican-ejemplares-sanci ones-al-club-queretaro-y-toman-medidas-de-control

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2022.

Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SFP a investigar al subsecretario de Salud por su actuación en el manejo de la pandemia de Covid-19; y a la SHCP y la Ssa, a propiciar la reparación integral del daño a las familias de los fallecidos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. El 18 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud confirmó el primer fallecimiento por Covid 19 en México; se trataba de un paciente de 41 años que se encontraba internado en el Instituto de Enfermedades Respiratorias y que había enfermado el 9 de marzo y padecía diabetes.

Luego de la lamentable noticia, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, aseguró que esa muerte no modificaría el escenario de protocolo ante la pandemia, que en ese entonces México se encontraba en la fase 1.

No es sino hasta el 23 de marzo de 2020 que se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria.

El 30 de marzo del 2020, el Consejo de Salubridad General publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el “Acuerdo por el que se declara emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19).1 y posteriormente, el 31 de marzo del 2020, se publica el “Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada.2

Para los meses consecuentes, la situación en México se fue agravando, y al día de hoy, a unos días de cumplir dos años del primer fallecimiento ocurrido por Covid 19 en México, nuestro país ha enfrentado 4 olas de contagio, sin embargo, las medidas tomadas por las autoridades han estado llenas de incongruencia y falta de claridad.

II. De acuerdo con la Universidad de Medicina Johns Hopkins University, hasta el 16 de marzo de 2022, se han registrado en México 5,607,845 contagios y 321,115 decesos por la pandemia de Covid-19.3 Sin embargo, de acuerdo con la propia Secretaría de Salud del Gobierno Federal, desde el comienzo de la emergencia sanitaria, el exceso de mortalidad en nuestro país ha sido de 667,240 personas.4

En este sentido, resulta claro que la pandemia de Covid-19 así como el negligente actuar de las autoridades sanitarias han afectado gravemente a las familias mexicanas.

III. El actuar del Subsecretario Hugo López-Gatell ha omitido de manera sistemática las recomendaciones sanitarias de organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Algunas de las omisiones de Hugo López-Gatell fueron las siguientes:

1) Negativa a realizar pruebas. Una de las decisiones centrales del Subsecretario ha sido no realizar pruebas a escala masiva.

En mayo de 2020, López Gatell declaró a CNN: “No creo que las pruebas sean obligatorias”, dijo López-Gatell cuando se le preguntó si el país podría volver a abrir de manera segura sin más pruebas. “Esto no significa que somos resistentes a las pruebas, las utilizaremos, pero de una manera cuidadosamente planificada”.

“No tiene sentido hacer prueba tras prueba tras prueba cuando la mayoría de esas pruebas darán un resultado negativo”, dijo López-Gatell. “Es bastante ineficiente como estrategia de evaluación”.

2) Minimizar la pandemia. El 22 de enero de 2020, declaró que “el coronavirus se trata de una enfermedad emergente. No hay indicios que sugieran un comportamiento grave”; y que su capacidad de virulencia y letalidad era baja. El 28 de febrero de 2020, dijo que no cumplía con las características para considerarla una emergencia. Hoy se cuentan ya más de 300 mil contagios y 35 mil muertes.

3) Desinformación. Asintomáticos. El 25 de abril, informó que sin síntomas no había contagio. Sin embargo, la OMS refiere que “según algunas informaciones, las personas sin síntomas pueden transmitir el virus. Pero aclara que aún no se sabe con qué frecuencia ocurre”.

4) Desinformación. Cubrebocas. Posteriormente, el 27 de abril, cuando el país ya reportaba 1,434 muertes por Covid-19, el Doctor López-Gatell señaló que “el usar cubrebocas tiene una pobre utilidad, incluso, tiene una nula utilidad”. No obstante, el premio Nobel, Mario Molina, señaló que el uso del cubrebocas contribuye a disminuir los contagios, y su uso demostró su utilidad para contener la pandemia en Italia y Nueva York.

5) Desinformación. Subregistro de muertes. El 8 de abril de 2020, cuando el país registraba 20 muertes, declaró que para conocer el aproximado de la epidemia había que multiplicar 8 veces de lo que se ve. Diversas investigaciones académicas y periodísticas demostraron el subregistro de muertes, lo que reiteradamente negó López-Gatell, hasta que finalmente se vio obligado a reconocerlo.

6) Desinformación. Datos incompletos. Expertos del Centro de Investigación en Matemáticas y del Instituto de Matemáticas de la UNAM, señalan que no se pueden realizar predicciones adecuadas en México porque los datos del Secretaría de Salud están incompletos, no son fehacientes y contienen datos erróneos. “aunque se utilizara el mejor modelo matemático posible, si éste es alimentado con datos erróneos o incompletos, no va a proporcionar un reflejo fehaciente de la realidad”.

7) Nueva normalidad. El 29 de mayo, cuando el país contaba con 9,415 muertes confirmadas, el Subsecretario, indicó que el inicio de la nueva normalidad ocurrió cuando el país estaba en color rojo. Sin embargo, los datos muestran que en el país se triplicaron los contagios que se venían registrando antes de entrar a la “nueva normalidad”.

8) Decisiones equivocadas. Vive Latino. El 13 de marzo de 2020 señaló que no era necesario cancelar el evento masivo denominado “Vive Latino”, celebrado los días 14 y 15 de marzo. Días después se reportó la muerte de un policía que habría participado en el operativo del festival Vive Latino, quien comenzó a mostrar síntomas después del evento.

9) Desinformación. Pico de la pandemia. El 12 de abril, con 296 muertes, declaró que en abril y en mayo el país tendría la temporada más difícil de la epidemia. El 16 de abril, dijo que el pico máximo de la intensidad de transmisión sería entre el 8 y 10 de mayo de este año. El 20 de abril, declaró lo siguiente: “Vamos bien. Estamos logrando disminuir los contagios. Esto es lo que le hemos llamado ``aplanar la curva”. El 30 de abril señaló que para junio estaríamos ya casi a la salida de la pandemia. El 12 de junio, con 16,448 muertes, señaló que no tenía mucho sentido hablar del pico -y su fecha probable- de la epidemia.

El 23 de junio, cuando el país alcanzó las 23,337 muertes por Covid-19, el Subsecretario en mención, indicó que el país estaba en “un periodo, tal como se predijo, de estabilización porque está disminuyendo la velocidad de presentación de los casos”.

10) Vacunación a menores de edad. El 7 de septiembre, López-Gatell declaró que, por cada menor vacunado, gracias a un amparo, se le quita la oportunidad a una persona de mayor riesgo, lo que causó polémica.

Luego de la declaración, el 13 de septiembre, el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell, corrigió y aseguró que se vacunará a un millón de niños y adolescentes de 12 a 17 años que tienen factores de riesgo para presentar cuadros graves e incluso de morir por Covid-19.

IV. El 20 de julio de 2020, Movimiento Ciudadano presentó, a través del Senador Clemente Castañeda Hoeflich y el Diputado Jorge Álvarez Máynez, una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública contra Hugo López Gatell, misma que originó el expediente DGDI/DD/CC/310/3519/2020 de la Subsecretaría de Responsabilidades y Combate a la Impunidad, Unidad de Denuncias e Investigaciones, Dirección General de Denuncias e Investigaciones, de la Secretaría de la Función Pública, y que fue turnada al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud, para dar origen al expediente 122171/2020/DGDI/SS/DE295 en la referida Secretaría de Salud.

Asimismo, el 15 de enero de 2021, se presentó una ampliación de la denuncia contra Hugo López-Gatell. De igual manera, el 5 de febrero de 2021, se presentó solicitud de información respecto del estado de la denuncia contra Hugo López-Gatell.

No obstante, las autoridades responsables no han permitido que se realice una investigación seria, y responsable, que permita determinar si la actuación de las autoridades en materia de salud, y en específico, del Subsecretario Hugo López-Gatell, han sido acordes al debido desempeño de la función pública, con miras a la protección del derecho a la salud de la población mexicana. En la Bancada Naranja, estamos convencidos que la rendición de cuentas, es la vía idónea para garantizar todos los derechos a todas las personas.

V. Ahora bien, en cuanto al marco jurídico, es necesario apuntar que el negligente actuar de Hugo López-Gatell violenta los principios y directrices establecidos en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas mismo que refiere lo siguiente:

“Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:

I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones;

II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización;

III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población;

IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva;

V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades;

VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados;

VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución;

VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; tendrán una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y preservarán el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general;

IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones;

X. Se abstendrán de asociarse con inversionistas, contratistas o empresarios nacionales o extranjeros, para establecer cualquier tipo de negocio privado que afecte el desempeño imparcial y objetivo en razón de intereses personales o familiares, hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad;

XI. Separarse legalmente de los activos e intereses económicos que afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades en el servicio público y que constituyan conflicto de intereses, de acuerdo con lo establecido en esta Ley, en forma previa a la asunción de cualquier empleo, cargo o comisión;

XII. Abstenerse de intervenir o promover, por sí o por interpósita persona, en la selección, nombramiento o designación para el servicio público de personas con quienes tenga parentesco por filiación hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado, y

XIII. Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que comprometa al Estado mexicano.

La separación de activos o intereses económicos a que se refiere la fracción XI de este artículo, deberá comprobarse mediante la exhibición de los instrumentos legales conducentes, mismos que deberán incluir una cláusula que garantice la vigencia de la separación durante el tiempo de ejercicio del cargo y hasta por un año posterior a haberse retirado del empleo, cargo o comisión”5

VI. A dos años del primer fallecimiento ocasionado por Covid 19 en México, la Bancada Naranja no descansará hasta encontrar justicia tras el negligente manejo de la pandemia por parte del Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, así como la evidente violación a los principios establecidos en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, antes mencionados.

Estamos convencidas y convencidos que no podemos ser omisos ante la situación de dolor que el mal manejo de la pandemia ha ocasionado en miles de familias mexicanas; por lo que es importante que las instancias correspondientes llamen a rendir cuentas a Hugo López Gatell y con eso dar justicia a las víctimas y evitar que la historia se repita.

Por lo anteriormente expuesto someto consideración de esta cámara la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, a que investigue el actuar del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de Federal, el Dr. Hugo López-Gatell Ramírez, por el probable incumplimiento del artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas por su negligente actuación en el manejo de la pandemia de Covid-19.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Salud, implemente medidas que propicien la reparación integral del daño, así como garantizar el acceso a la verdad, la memoria y no repetición, en favor de las familias de las personas fallecidas a causa del Covid-19, por el probable mal manejo de la pandemia.

Notas

1 Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19).” Diario Oficial de la Federación, 2020, recuperado de:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/2020

2 Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2.” Diario Oficial de la Federación, 2020

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020

3 Johns Hopkins University of Medicine. (2022). Covid-19 Resource Center. Recuperado de:

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

4 Gobierno Federal. (2022). Exceso de Mortalidad en México. Gobierno Federal. Recuperado de: https://coronavirus.gob.mx/exceso-de-mortalidad-en-mexico/

5 Cámara de Diputados. (2016). Ley General de Responsabilidades Administrativas. Cámara de Diputados. Recuperado de: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2022.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Jucopo de esta soberanía a respaldar por el Comité de Administración al sector de la economía social en México y realizar procesos de vinculación para adquirir y, en su caso, contratar bienes y servicios de proveedores de sociedades cooperativas, suscrita por integrantes de la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo

Los diputados María de los Angeles Gutiérrez Valdez, Martha Azucena Camacho Reynoso, Benelly Jocabeth Hernández Ruedas, Gabriela Martínez Espinoza, Nancy Yadira Santiago Marcos, María del Carmen Zúñiga Cuevas, María Teresa Castell de Oro Palacios, Pedro Salgado Almaguer, Juan Francisco Espinoza Eguia, Roberto Carlos López García, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Horacio Fernández Castillo, Yericó Abramo Masso, Ana Teresa Arando Orozco, Itzel Josefina Balderas Hernández, María del Refugio Camarena Jáuregui, María Bertha Espinoza Segura, Alfredo Aurelio González Cruz, Antolín Guerrero Márquez, Carlos Madrazo Limón, Lorena Méndez Denis, Saraí Núñez Cerón, Graciela Sánchez Ortiz, Roberto Valenzuela Corral, integrantes de la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, con fundamento en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, sometemos a consideración de esta honorable soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El esquema de economía social y solidaria en México está definido por diversos factores, que van desde el estudio doctrinal en que se concibe la organización de los individuos hasta el contexto del panorama actual de la legislación sobre cómo se desarrollan las actividades derivadas de estos conceptos.

Legalmente los ejidos, comunidades, organizaciones de trabajadores, sociedades cooperativas, empresas que pertenezcan en su mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y en general todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios necesarios, lo anterior conforme a lo que establece el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 3 y 4 de la Ley de la Economía Social y Solidaria.

Asimismo, hace referencia a que la organización de estos se basa en un sistema socioeconómico de propiedad social, basados en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano, conformados y administrados en forma asociativa, para satisfacer las necesidades de sus integrantes y comunidades.1

Al generar una oportunidad para prácticas y relaciones económicas basadas en la legitimidad social, que permite a sus agremiados emprender relaciones socio-empresariales. Por otro lado, se ha determinado comprender a la economía solidaria, como aquella que incorpora reglas sociales y ambientales en el funcionamiento de la economía de mercado, protección de los productores, de los consumidores y del medio ambiente, que permiten contribuir eficazmente al desarrollo económico y social del país.

En este tenor, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, establece que el gobierno federal impulsará las modalidades de comercio justo, así como la economía social y solidaria, de igual manera, determina impulsar la reactivación económica, a través del mercado interno y el empleo, trabajo que estará reflejado en una política de recuperación salarial y una estrategia de creación masiva de empleos productivos, permanentes y bien remunerados serán los logros a alcanzar para 2024.

El Plan Nacional de Desarrollo también establece que, el sector público fomentará la creación de empleos mediante programas sectoriales, proyectos regionales y obras de infraestructura, facilitando el acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas que constituyen el 93 por ciento, que genera la mayor parte de los empleos. De este modo es prioridad reducir las brechas de desigualdad considerando que es necesario la apertura de los derechos básicos y el apoyo a los productores para colocar sus productos ante los diversos consumidores.2

Por lo anterior, al ser la economía social y solidaria un sector ampliamente productivo y diverso en el desarrollo de bienes y servicios, resulta necesario el diseño e implementación de políticas públicas que propicien el fomento y la protección de los sectores cuya naturaleza de sus actividades están basado en el sustento de la economía social, desde los tres órdenes de gobierno.

En virtud de lo anterior, resulta necesario emprender acciones desde este recinto legislativo que colaboren al desarrollo de la economía nacional, que fortalezcan la cohesión social y reduzcan la exclusión económica de los grupos de las cooperativas, confederaciones y uniones de crédito en su producción, distribución de bienes y servicios.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados, para que dentro del marco normativo y a través del Comité de Administración apoye al sector de la economía social en México y en la medida de lo posible, realice los procesos de vinculación necesarios para la adquisición y, en su caso, la contratación de bienes y servicios a proveedores de sociedades cooperativas.

Notas

1 Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 3 y 4 de la Ley de la Economía Social y Solidaria. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

2 Plan Nacional de Desarrollo. https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE -DESARROLLO-2019-2024.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2022.

Diputados: María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, Martha Azucena Camacho Reynoso, Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, Gabriela Martínez Espinoza, Nancy Yadira Santiago Marcos, María del Carmen Zúñiga Cuevas, María Teresa Castell de Oro Palacios, Pedro Salgado Almaguer, Juan Francisco Espinoza Eguia, Roberto Carlos López García, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Horacio Fernández Castillo, Yericó Abramo Masso, Ana Teresa Aranda Orozco, María del Refugio Camarena Jáuregui, María Bertha Espinoza Segura, Alfredo Aurelio González Cruz, Antolín Guerrero Márquez, Carlos Limón Madrazo, Lorena Méndez Denis, Graciela Sánchez Ortiz, Roberto Valenzuela Corral y Saraí Núñez Cerón (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la colegisladora a dictaminar la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley General para prevenir, atender y reparar integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, a cargo de la diputada Alma Griselda Valencia Medina, del Grupo Parlamentario de Morena

Alma Griselda Valencia Medina, diputada de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a la consideración de esta asamblea, como de urgente u obvia resolución, el siguiente punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. El desplazamiento interno forzado es una violación de derechos humanos que se presenta cuando personas o grupos de personas se ven obligadas a huir de su hogar o lugar de residencia habitual como consecuencia o para evitar los efectos de una situación de violencia generalizada, de un conflicto armado, de violaciones a los derechos humanos, de desastres naturales o de catástrofes provocadas por el ser humano, sin cruzar una frontera internacional.

Además de ser una violación autónoma de derechos humanos, por violar el derecho a circular libremente y a elegir el lugar de residencia, el desplazamiento interno forzado implica la vulneración de múltiples derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

A finales de 2019, unos 45,7 millones de personas se vieron desplazadas internamente debido a conflictos armados, violencia generalizada o violaciones de los derechos humanos, según el Observatorio sobre el Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados (IDMC) con sede en Ginebra1 .

En México, decenas de miles de personas se han visto forzadas a ser desplazadas internamente. Se trata de personas, familias y comunidades enteras que se ven obligadas a abandonar sus hogares para proteger su vida e integridad, muchas veces de forma invisible.

Hasta el año de 2019, el Estado mexicano reconoció oficialmente el problema del Desplazamiento Forzado Interno y se comprometió a atenderlo de forma integral.

A pesar de sus valiosos esfuerzos, que abonan a las acciones institucionales que ya existen en algunas entidades federativas, a nivel nacional aún no existe un marco normativo especializado que determine la distribución de recursos y responsabilidades entre las distintas autoridades que, desde los tres niveles de gobierno, estén encargadas de diseñar e implementar las políticas coordinadas de prevención y atención integral al fenómeno.

Segundo. Actualmente, en México el marco jurídico relativo al problema del desplazamiento forzado es omiso y con ello, el Estado y la sociedad en su conjunto, niega los derechos de quienes se han visto obligados a ser desplazados de manera forzosa.

Los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos2 , del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, señalan, entre otros puntos que:

“Existe hoy día el convencimiento general de que los desplazamientos internos, que afectan en todo el mundo a más de 25 millones de personas, se han convertido en uno de los fenómenos más trágicos de nuestro tiempo. Los desplazamientos, consecuencia habitual de experiencias traumáticas de conflictos violentos, violaciones manifiestas de los derechos humanos y causas similares en las que la discriminación tiene un papel significativo, generan casi siempre condiciones de sufrimiento y penalidad para las poblaciones afectadas. Provocan la ruptura familiar, cortan los lazos sociales y culturales, ponen término a relaciones de empleo sólidas, perturban las oportunidades educativas, niegan el acceso a necesidades vitales como la alimentación, la vivienda y la medicina, y exponen a personas inocentes a actos de violencia en forma de ataques a los campamentos, desapariciones y violaciones. Los desplazados internos, tanto si se agrupan en campamentos como si huyen al campo para ponerse al abrigo de posibles fuentes de persecución y violencia o se sumergen en comunidades igualmente pobres y desposeídas, cuentan entre las poblaciones más vulnerables y más necesitadas de protección y asistencia.

2. En los últimos años la comunidad internacional ha adquirido una mayor conciencia de la causa de los desplazados internos y está tomando medidas para resolver sus necesidades.

... se entiende por desplazados internos las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.”

PRINCIPIOS GENERALES

Principio 1

1. Los desplazados internos disfrutarán en condiciones de igualdad de los mismos derechos y libertades que el derecho internacional y el derecho interno reconocen a los demás habitantes del país. No serán objeto de discriminación alguna en el disfrute de sus derechos y libertades por el mero hecho de ser desplazados internos.

Principio 2

1. Estos Principios serán observados por todas las autoridades, grupos y personas independientemente de su condición jurídica y serán aplicados sin distinción alguna. La observancia de estos Principios no afectará a la condición jurídica de las autoridades, grupos o personas involucrados.

Principio 3

1. Las autoridades nacionales tienen la obligación y la responsabilidad primarias de proporcionar protección y asistencia humanitaria a los desplazados internos que se encuentren en el ámbito de su jurisdicción.

2. Los desplazados internos tienen derecho a solicitar y recibir protección y asistencia humanitaria de esas autoridades. No serán perseguidos ni castigados por formular esa solicitud”.

Tercero. El 11 de mayo de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presentó el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno3 (DFI) en México, en donde se analizaban las causas, las manifestaciones y las principales problemáticas del Desplazamiento Forzado Interno en México, con el fin de proponer medidas y acciones para la protección de personas desplazadas que son víctimas de violaciones múltiples en sus derechos humanos.

En el Informe se abordan algunas de las causas del Desplazamiento Forzado Interno por temas religiosos, violaciones a derechos humanos, desastres naturales, enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada, grupos de autodefensa, actividad periodística en México y proyectos de desarrollo.

El mencionado documento pone de relieve una característica importante y preocupante acerca del fenómeno de Desplazamiento Forzado Interno con motivo de la violencia en México: la invisibilización del problema y de las víctimas.

Si las personas que han sido víctimas de violencia omiten acudir ante las instituciones de seguridad pública o de persecución del delito a denunciar los actos cometidos en su contra, y hacer de su conocimiento su intención de desplazarse o de haberlo hecho por las amenazas sufridas o el temor fundado, las posibilidades de que las autoridades puedan ejercer sus facultades correspondientes en la materia son mínimas, ante la imposibilidad para conocer y dimensionar el problema adecuadamente.

Po otra parte, el informe presentado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos llamado “Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México 2019 ”4 , indica que, desde 2006 hasta diciembre de 2019, México tenía un total acumulado de 346 mil 945 personas desplazadas.

Además de Guerrero, los desplazamientos forzados ocurrieron en Chihuahua, Sinaloa, Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca, Michoacán, Durango, Chiapas y Sinaloa.

Cuarto. El 29 de septiembre de 2020, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno5 , a efecto de establecer un marco garante para atender a las personas en esta situación.

El proyecto de decreto fue aprobado por 395 votos a favor, 0 votos en contra, y 0 abstenciones. De los 395 votos en pro del dictamen, 214 fueron emitidos por Morena; 54 por el PAN, 28 por el PRI, 17 por el PES, 36 por el PT, 24 por el MC 11 por el PRD, 8 por el PVEM y 3 votos por diputados sin partido6 , tal y como se muestra en la siguiente imagen.

El dictamen, es un reconocimiento explícito al enorme problema de deslazamiento forzado interno que se manifiesta en diversas regiones y entidades del país, por lo que es sin duda una victoria de la sociedad civil, de los colectivos y familiares de las personas desplazada, además de que muestra la voluntad política del Estado mexicano para afrontar esta crisis humanitaria que afecta a centenas de miles de mexicanos.

En el proyecto de decreto, entre otros puntos, se reconocen los derechos de las personas desplazadas de manera forzosa, se determinan las atribuciones y competencias entre la Federación, entidades federativas, municipios, alcaldías y organismos autónomos para prevenir, atender, proteger y generar soluciones en la materia.

Como punto fundamental, se establece un Mecanismo Nacional, para garantizar la prevención, atención, protección, generación e implementación de soluciones duraderas sobre el desplazamiento forzado, además de que se crea el Registro Nacional de Personas Desplazadas.

Además, se mandata a que se implemente un Programa Nacional para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno, que será elaborado por la Secretaría de Gobernación con la participación y aprobación de los comités integrantes del Mecanismo Nacional, y crea un fondo para la atención integral de los casos de desplazamiento.

La nueva ley, busca prevenir y sancionar las conductas que revictimizan a la persona desplazada, dándole la oportunidad de reponer la paz y la tranquilidad que dejaron; y generar soluciones duraderas, que van desde el diseño y adopción de políticas públicas, la atención de las necesidades particulares de protección de las personas y el ofrecimiento de garantía de no repetición.

Así mismo, este nuevo ordenamiento, permitirá al Estado nacional contar con datos, a fin de construir estrategias y soluciones para este afrontar el flagelo del desplazamiento forzado.

Quinto. En este sentido, la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para prevenir, atender y reparar integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, recupera la obligación del Estado mexicano para proteger a las personas desplazadas de manera forzosa de las violaciones sistémicas a sus derechos humanos.

Después de su aprobación en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para prevenir, atender y reparar integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, fue turnado al Senado de la República y ahí fue mandado a comisiones para su dictaminación.

Sin embargo, a un año y seis meses de que fue aprobada por la Cámara de Diputados el proyecto de decreto que crea la Ley General para prevenir, atender y reparar integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, el Senado de la República mantiene la minuta aún sin dictaminar.

Ante esta falta de actividad por parte de la Cámara alta, desplazados de nueve estados, entre ellos los de Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Chiapas y Michoacán, exigieron en el Senado aprobar la minuta de Ley de Desplazamiento Forzado Interno, que tiene casi dos años congelada7

Los afectados pidieron tipificar como delito el desplazamiento forzado y denunciaron que el crimen organizado los expulsa de sus comunidades para quedarse con sus tierras y recursos naturales.

Una treintena de quejosos, acompañados por la directora del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, de Guerrero, Teodomira Rosales, solicitaron que las comisiones que dictaminarán la minuta integren al diálogo a las víctimas.

Urgieron a los legisladores a que se discuta ya dicha ley y que en la nueva se señale “la responsabilidad de los gobiernos federal y de los estados para darles seguridad y garantías”8 .

Rosales manifestó que:

“es urgente que se avance en la aprobación de la ley, pero que tomen en cuenta las propuestas de los propios desplazados, que ellos expongan lo que requieren y necesitan, ya que vivieron en carne propia este problema. Aquí están personas desplazadas de sus comunidades, de nueve estados del país que tuvieron que salir por amenazas del crimen organizado”.

“Esperamos que este mensaje llegue a todos los rincones del país, a las montañas, a la sierra, a los bosques, municipios, colonias, ciudades donde hay desplazados que tienen miedo de denunciar sus casos porque están amenazados por los criminales que les quitan el agua, las parcelas y hectáreas por su riqueza en recursos naturales”.

Por las consideraciones y fundamentos arriba expresados, someto a consideración de esta soberanía, como de urgente u obvia resolución, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, para que, en usos de sus atribuciones y facultades, dictamine la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley General para prevenir, atender y reparar integralmente el Desplazamiento Forzado Interno

Notas:

1 ACNUR – México. Personas desplazadas internas.

https://www.acnur.org/personas-desplazadas-internas.html

2 Organización de las Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Principios Rectores de los Desplazamientos Internos. https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0022.pdf

3 Informe Especial Sobre Desplazamiento Forzado Interno.

http://informe.cndh.org.mx/uploads/menu/15008/2016_IE_De splazadosD.pdf

4 https://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/
cmdpdh-episodios-desplazamiento-interno-forzado-masivo-en-mexico-informe-2019.pdf

5 Cámara de Diputados. Gaceta Parlamentaria. 29 de septiembre de 2020.

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/sep/20200929- III.pdf

6 http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/64/tabla3or1-7.php3

7 La Jornada. 7 de marzo de 2022. Desplazados exigen al Senado avalar nueva ley en la materia. https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/07/politica/desplazados-exigen -al-senado-avalar-nueva-ley-en-la-materia/

8 Idem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2022.

Diputada Alma Griselda Valencia Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE a informar a la opinión pública sobre los señalamientos realizados al cónsul titular ministro en Calgary, Canadá, respecto a presuntos actos que podrían derivar en conflicto de interés, a cargo de la diputada Carolina Beauregard Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

Carolina Beauregard Martínez, diputada en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados; y demás relativos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que informe a la opinión pública sobre los señalamientos realizados al cónsul titular ministro en Calgary, Canadá, ciudadano Mario Enrique Morales Romero, sobre presuntos actos que pudieran derivar en conflicto de interés. Lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

Un conflicto de intereses surge cuando los intereses privados de una persona funcionaria pública se anteponen en las decisiones a su cargo, como otorgar una plaza de trabajo o contratar los servicios de una empresa.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 3, fracción VI, define al conflicto de interés como “la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”.

En este orden de ideas, resulta curiosa la designación de los perfiles que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tuvo a bien en nombrar para ocupar diversos consulados de carrera en 2019. Conviene recordar que los nombramientos para los consulados de carrera, a diferencia de los realizados para encabezar los consulados generales y las embajadas, no necesitan aprobación del Senado.

En referido año, la SRE reiteró el nombramiento del exgobernador de Chiapas, Juan Sabines, al frente del consulado de México en Orlando, Estados Unidos, quien fuera investigado por la posible comisión de diversos delitos, entre los que destacan el desvío de recursos.

Asimismo, fueron nombrados:

• Tito Livio Morales Burelo, como cónsul en Nueva Orleans, quien es empresario tabasqueño y fue candidato a una diputación local por Morena en el municipio de Cárdenas, de dicha entidad;

• Ricardo Gerardo Higuera, exsenador perredista como cónsul en Boise, Estados Unidos;

• Carlos Gustavo Obrador Garrido, actual cónsul en Del Río, Texas, como cónsul en Filadelfia;

• Euclides del Moral, jefe de la Sección de Asuntos Jurídicos de la Embajada de México en Estados Unidos, como cónsul en Oxnard;

• Finalmente, el exsenador suplente del Partido del Trabajo, Mario Enrique Morales Romero, fue designado cónsul en Calgary, Canadá.

A pesar de la anormalidad de los perfiles seleccionados para ocupar tan distinguidos cargos, es necesario destacar lo establecido por la Ley del Servicio Exterior Mexicano en su Capítulo VI “Del Ingreso al Servicio Exterior”, en el que se expresan los requisitos para incorporación de personal al Servicio Exterior mexicano:

“I. Examen de cultura general orientado a las relaciones internacionales, en el caso de la rama diplomático-consular, y examen de conocimientos generales, en el caso de la rama técnico-administrativa;

II. Examen de español;

III. Exámenes para comprobar el dominio del idioma inglés y la capacidad para traducir alguno de los otros idiomas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas, así como de aquéllos que determine la Subcomisión de Ingreso;

IV. Elaboración de un ensayo sobre un tema de actualidad en política exterior, en el caso de la rama diplomático-consular;

V. Entrevistas;

VI. Exámenes médicos y psicológicos;

VII. Cursos especializados en el Instituto Matías Romero, cuya duración no excederá de seis meses; y

VIII. Un periodo de experiencia práctica en la Secretaría cuya duración no excederá de seis meses.”

Es así como diversos medios de comunicación han dado a conocer una entrevista realizada al licenciado Roy Aguirre,1 quién trabajó en el Consulado de México en Calgary, Canadá, y quién ha recibido reconocimientos de diversas organizaciones, como Business Link, por la difusión de la tortilla canadiense.2

En referida entrevista, el licenciado Aguirre manifestó sendas incapacidades respecto del cónsul mexicano en Calgary, Mario Enrique Morales Romero, como ignorar los requisitos para tramitar un pasaporte, el dominio del idioma inglés e incluso carecer “del más elemental conocimiento diplomático”. Además de ello, refirió que Morales Romero “solo se promovía con recursos públicos el producto de los hijos del presidente de la República”, en alusión a la empresa chocolatera de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, Finca El Rocío, la cual abrió la primera sucursal de la chocolatería “Rocío Chocolate” en septiembre de 2020 y que es comercializada por el Grupo Vidanta, del empresario Daniel Chávez, quién es supervisor del Tren Maya, y que el Ejecutivo federal ha reconocido que se encuentra vinculada a su hijo José Ramón López Beltrán:

“Lo que dio a conocer José Ramón donde trabaja, en efecto es una empresa de los hijos de Daniel Chávez que me ayuda como supervisor honorifico en el Tren Maya”.3

En este orden de ideas, es necesario esclarecer la situación irregular que acaece en el Servicio Exterior Mexicano, particularmente en lo que respecta al Consulado en Calgary, Canadá.

Por lo anterior expuesto, y en atención a los principios de transparencia y rendición de cuentas que garanticen que las acciones, los procesos, y las decisiones de gobierno sean información pública, puesta a disposición de la población y de manera accesible, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que informe a la opinión pública el proceso que derivó en el nombramiento del ciudadano Mario Enrique Morales Romero, como cónsul titular en Calgary, Canadá.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que informe a la opinión pública si existe una investigación sobre los señalamientos realizados al cónsul titular en Calgary, Canadá, ciudadano Mario Enrique Morales Romero, sobre presuntos actos que pudieran derivar en conflicto de interés.

Notas

1 https://latinosmag.com/hijo-del-presidente-de-mexico-impone-consul-en-c algary-para-promocionar-empresa-chocolatera/

https://informativodequeretaro.com/cayeron-los-artilugio s-y-mentiras-de-amlo/

https://conxiones.com/cayeron-los-artilugios-y-mentiras- de-amlo

https://www.youtube.com/watch?v=7DPi3R9znGk

2 https://businesslink.ca/blog/canadian-tortilla/

3 https://politica.expansion.mx/presidencia/2022/02/14/
amlo-confirma-que-jose-ramon-trabaja-en-empresa-de-hijos-de-asesor-del-tren-maya

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 17 de marzo de 2022.

Diputada Carolina Beauregard Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y sus 32 homólogas locales a mantener el programa ETC, a cargo del diputado Alan Castellanos Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Alan Castellanos Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción II; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC), desde su creación, ha permitido el fortalecimiento de la educación básica y ha encaminado sus esfuerzos para dar cumplimiento a los fines y criterios que mandata el artículo 3o. Constitucional, en esta nueva etapa de operación del programa, se ratifica su orientación para contribuir a la obligación del Estado respecto a que “toda persona tiene derecho a la educación. El Estado –federación, estados, Ciudad de México y municipios– impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias...”; asimismo, como a que “la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje”.1 El artículo 3o., fracción II, inciso a), de la Constitución Política deja claro que el criterio que fomentara la educación será meramente democrática sin intereses políticos lo que da énfasis a que debe tomarse en cuenta los intereses del pueblo lo que atribuirá a un mejoramiento económico tema que se tomó en cuenta a la hora de crear este programa, el inciso e) párrafo 2 del mismo artículo 3 hace mención de un punto importante y que es algo que el programa ETC estaba ayudando a que se logre y es que se sea equitativo el criterio para el cual el Estado implementara medidas que favorezcan el ejercicio pleno de la educación combatiendo la desigualdad impulsando acciones que mejoren las condiciones de vida con énfasis en las de carácter alimentario así como respaldar a estudiantes de mayor vulnerabilidad social mediante políticas incluyentes como lo que se hizo con el programa ETC.

El programa ETC es un mecanismo para propiciar el establecimiento de forma gradual y progresiva de acuerdo con la suficiencia presupuestal, de escuelas con horario completo en educación básica, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para promover un mejor aprovechamiento del tiempo disponible, generar un mayor desempeño académico y desarrollo integral de los educandos, tal y como lo dispone la fracción VIII del artículo 9 de la Ley General de Educación.2 A su vez, se impulsarán acciones de colaboración interinstitucional con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, dirigidas a mejorar las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario, por lo que el componente de apoyo para los servicios de alimentación, se focalizará dando atención preferente a la población escolar ubicada en comunidades con alto índice de pobreza y marginación.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se prevén como principios fundamentales de todos los programas y acciones gubernamentales: la honradez, la honestidad, la austeridad y el combate a la corrupción, principios que se han adoptado en el diseño del programa ETC. De igual manera, se ha alineado al eje 2, “Política social”, en el que el objetivo primordial se orienta en el desarrollo de acciones que permitan que en 2024 la población de México esté viviendo en un entorno de bienestar.3

Con el propósito de contar con un marco de referencia que permita identificar las acciones que coadyuven al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, el programa S221, “Escuelas de Tiempo Completo” se vincula a los ODS, contribuyendo a los siguientes objetivos: 2, “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”; 4, “Educación de calidad”; y 10, “Reducir la desigualdad en y entre los países”.4

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se verificó que el programa ETC no se contrapone, afecta, ni presenta duplicidades con otros programas y acciones del Gobierno Federal, en cuanto a su diseño, beneficios, apoyos otorgados y población objetivo, así como que se cumplen las disposiciones aplicables.

En contraste, el de ETC es un programa que nació en 2008, que buscaba contribuir a la mejora del rendimiento de los alumnos de las escuelas públicas de educación básica, mediante la ampliación de las horas que los alumnos van a la escuela. Dicho programa daba cursos de capacitación para personal directivo, docente y de apoyo; proveía a las escuelas material didáctico y equipo informático para uso educativo; daba recursos para el acondicionamiento y equipo de espacios escolares; daba seguimiento, acompañamiento, asesoría a las escuelas de tiempo completo; y daba apoyos para servicios e insumos para la alimentación de alumnos y docente. No obstante, el pasado 28 de febrero la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo número 05/02/22 por el que se emiten las Reglas de Operación del programa La Escuela es Nuestra para el ejercicio fiscal de 2022. En dichas reglas de operación se elimina el componente de escuelas de tiempo completo que operaba en el programa La Escuela es Nuestra.

Esto afectaría a millones de estudiantes, según denunció la Organización Mexicanos Primero en un comunicado. “Esto acabará con el apoyo en alimentación y educación de 3.6 millones de niños y adolescentes”, aseguró.5

“Esta decisión es una afrenta directa a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, un desapego absoluto a su interés superior e implica una regresión gravísima e inconstitucional en el ejercicio de sus derechos”, lamenta la organización.

Mexicanos Primero aseguró que la eliminación de la escuela de tiempo completo del Programa ‘La Escuela es Nuestra’ significa un robo para maestras, maestros y directivos, y muestra un desprecio generalizado a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

“En el contexto de regreso a clases presenciales, las escuelas de tiempo completo tenían la oportunidad de ser el vehículo para revertir la desnutrición y malnutrición, así como recuperación de aprendizajes académicos y la salud emocional de los niños y adolescentes”, explica la organización.6

La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos señaló en un comunicado que “implica un impacto negativo en la nutrición, el equilibrio emocional, desarrollo de habilidades de sociabilidad y convivencia necesarias para el aprendizaje de 1.6 millones de niñas, niños y adolescentes en todas las entidades del país”.7

Asimismo, hace un llamado a plantear y ejecutar alternativas que impidan perder la posibilidad de fortalecer la alimentación y el aprovechamiento académico y de inclusión social de niñas, niños y adolescentes.8

La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez rechazó la eliminación del programa Escuelas de Tiempo Completo, que afecta a más de 3 millones de alumnos en el país, por lo que su desaparición es un acto insensible e irracional, es una decisión arbitraria del gobierno obradorista, aseveró Ana Karen López Ávila, representante estatal de la federación.9

Comentó que a escala estatal están siendo afectadas más de 500 escuelas, y las madres de familia se han acercado a ellos para manifestar su preocupación e inconformidad, pues esas dos horas que se extendían en la jornada escolar venían a ayudar a los padres de familia para terminar con sus jornadas laborales y poder pasar por sus hijos, además de los beneficios en el desarrollo académico de las niñas, niños y jóvenes, pues es de todos conocido que este programa se desarrollaba donde habitan las familias más pobres.10

Pese a los diversos posicionamientos en contra de este decreto, la SEP indicó el pasado 1 de marzo en la conferencia mañanera del Ejecutivo federal: “Efectivamente, el esquema estaba dentro de La Escuela es Nuestra. Haciendo una valoración sobre todo de tomar las necesidades que presentan las instituciones, a través de las visitas que se han hecho, realmente aún faltan muchas escuelas para poder mejorar las instalaciones básicas que es agua, que son aulas, sanitarios, que esto era algo que se pedía y se reclamaba y era un reclamo justo de tenerlo bien en el regreso a clases”.

Según información del segundo Informe de Gobierno, 2019-2020, “en el ejercicio fiscal de 2019 se ejercieron 9 mil 564.6 millones de pesos. En 2020, conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se dispuso de 5 mil 100 millones de pesos y se ejercieron 4 mil 829 millones de pesos al 30 de junio de 2020.

Durante el ciclo escolar 2019-2020 operaron 27 mil 63 ETC en el país, de las cuales 19 mil 91 fueron escuelas indígenas y rurales, lo que representó 70.5 por ciento de las escuelas beneficiadas con este programa. Se garantizó la alimentación en 14 mil 554, en beneficio de 1 millón 397 mil niñas, niños y adolescentes, esto representó 53.8 por ciento de las escuelas participantes que, en su mayoría, se encuentran en condición de pobreza extrema con carencia de acceso a la alimentación.

En 2020 se alimentó a 14 mil 163 alumnos en mil 308 escuelas comunitarias de Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Jalisco, Oaxaca, Tlaxcala y Yucatán, fortaleciendo la equidad y la inclusión del servicio educativo nacional.

Durante el ciclo escolar 2019-2020 operaron mil 663 ETC de todos los niveles y modalidades educativas, en beneficio de 534 mil 638 estudiantes. Estas ETC se distribuyeron de la siguiente forma: 656 preescolares, 766 primarias, 175 secundarias y 66 planteles de educación especial”.11

Ahora bien, la desaparición del programa Escuelas de Tiempo Completo desacata la resolución del juez octavo de Distrito en Materia Administrativa, consecuencia del juicio de amparo promovido por Aprender Primero contra el Presupuesto económico de 2021. Dicha resolución ordenó al Ejecutivo federal, el Legislativo y la Secretaría de Educación Pública garantizar los recursos económicos para que las escuelas que estaban adscritas al programa de tiempo completo cumplan sus objetivos.12

Finalmente, la decisión de cancelar el PETC no se sustentó en algún estudio, análisis, consulta o proceso de revisión o evaluación, no se tomó en aras de apoyar la infraestructura educativa, pero si se tomó sin considerar los daños directos o colaterales al estudiantado y a sus familias, no obstante, debemos defender este programa ya que, se debe fomentar, continuar y darle un sentido integral para el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes; dado que existe la infraestructura, que ha costado mucho tiempo y dinero de los mexicanos y del gobierno. Además de la importante función de la formación docente es un recinto de protección física y emocional, así como un espacio de tiempo invaluable que las madres necesitan para llevar a cabo su trabajo y apoyar el sustento familiar y su independencia.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a realizar por la Secretaría de Educación Pública y sus homólogas de las 32 entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, las acciones necesarias a fin de garantizar la continuidad del programa Escuelas de Tiempo Completo y no vulnere el desarrollo académico y nutricional de las niñas, los niños y los jóvenes de México.

Notas

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3o. Disponible en

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

2 Ley General de Educación, artículo 9, fracción VIII. Disponible en
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf

3 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Disponible en
https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf

4 Organización de las Naciones Unidas, Objetivos 2, 4 y 10. Disponible en
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/

5 Mexicanos Primero. Disponible en https://twitter.com/
Mexicanos1o?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1496160378790850565%7Ctwgr%5E%
7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elfinanciero.com.mx%2Fnacional%2F2022%2F03%2F01%2Fsep
-elimina-programa-escuelas-de-tiempo-completo-afectara-a-millones-de-ninos-denuncian%2F

6 Ibídem.

7 Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Disponible en

https://twitter.com/FOPDHMX/status/1500513720874807306/p hoto/2

8 Ibídem.

9 Hidrocálido.com, “‘Suspensión de Escuelas de Tiempo Completo afecta a millones’: FNERRR”. Disponible en https://www.hidrocalidodigital.com/suspension-de-escuelas-de-tiempo-com pleto-afecta-a-millones-fnerrr/

10 Ibídem.

11 Segundo Informe de Gobierno 2019-2020, Presidencia de la República, 1 de septiembre de 2020. Disponible en https://presidente.gob.mx/wp-content/uploads/2020/09/
PRESIDENTE%20AMLO%202INFORME%20DE%20GOBIERNO%202019-2020.pdf

12 El Economista, “Juez ordena al gobierno entregar recursos para garantizar objetivos del extinto programa Escuelas de Tiempo Completo”. Disponible en https://www.eleconomista.com.mx/politica/Juez-ordena-al-Gobierno-entreg ar-recursos-para-garantizar-objetivos-del-extinto-programa-Escuelas-de- Tiempo-Completo-20210922-0110.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2022.

Diputado Alan Castellanos Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader a incluir a los pequeños y medianos productores de sorgo nacionales como beneficiarios del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, a cargo del diputado Tomás Gloria Requena, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Tomás Gloria Requena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Garantizar el abasto de alimentos para un país y la producción de insumos para cumplir con este objetivo es responsabilidad ineludible de los gobiernos, lo cual está íntimamente relacionado con temas de seguridad nacional. Es por lo anterior que los estados deben buscar condiciones óptimas que les permitan ser autosuficientes en la producción de alimentos y productos que sean de fácil acceso para las personas y satisfagan las necesidades nutrimentales de la población.

En relación con lo anterior, cabe mencionar que corresponde al Estado mexicano, en concordancia con lo establecido en el artículo 25 de nuestra Constitución política, la rectoría del desarrollo nacional, por lo cual deberá garantizarse que éste sea integral y sustentable, en los siguientes términos:

“Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo”.1

Derivado de lo anterior, deben implementarse políticas públicas que permitan atender y cumplir los objetivos y metas establecidos para satisfacer las necesidades de la población en todos sus ámbitos de desarrollo.

En este sentido, un aspecto imprescindible para el desarrollo integral de las personas es la alimentación, la cual debe ser adecuada en cantidad, calidad y variedad, resultando fundamental que su acceso esté garantizado.

El párrafo tercero del artículo 4o. de nuestra Carta Magna establece el derecho humano a una alimentación suficiente y balanceada, señalando la obligación del Estado de garantizarlo, por lo cual el gobierno debe implementar políticas públicas que contribuyan al cumplimiento de esos objetivos.

“Artículo 4o. (...)

(...)

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”.2

En esta tesitura es importante tomar en cuenta que el sector rural es un elemento clave para el desarrollo de los países en razón de que es ahí donde se producen los productos destinados al consumo humano. Derivado de lo anterior, deben existir estrategias puntuales para permitir a este sector atender las necesidades de quienes trabajan en él.

En el caso de México existe un vasto entramado jurídico y de política pública enfocado al sector rural en el cual se establecen sus principios, bases y metas en busca de generar sinergias para dinamizarlo y asegurar mejores condiciones para su desarrollo.

En el artículo 5 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se asientan de forma general los principios que deberán regir el desarrollo del sector, siendo éstos los que se enlistan a continuación:

• Promover y favorecer el bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, de los trabajadores del campo y, en general, de los agentes de la sociedad rural mediante la diversificación y la generación del empleo, incluyendo el no agropecuario en el medio rural, así como el incremento del ingreso.

• Corregir disparidades de desarrollo regional a través de la atención diferenciada a las regiones de mayor rezago, mediante una acción integral del Estado que impulse su transformación y la reconversión productiva y económica, con un enfoque productivo de desarrollo rural sustentable.

• Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante el impulso de la producción agropecuaria del país.

• Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales, mediante su aprovechamiento sustentable.3

Para cumplir con lo establecido por los artículos 5 y 12 de la ley antes citada, fue creado el Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024 con la finalidad de atender las obligaciones del Estado en materia de desarrollo rural, siendo su objetivo general el siguiente:

“El Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024 es un programa derivado del Plan Nacional de Desarrollo (PND), emitido con apego al marco constitucional y legal, que contribuye a garantizar el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, establecido en el artículo 4o. constitucional, y a que se avance en poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, fines contemplados en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 de la Agenda 2030 aprobada por la Organización de las Naciones Unidas, cuya ejecución y seguimiento está a cargo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)”.4

Derivado de lo señalado en la ley y en el Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024, en México se han implementado una serie de programas sociales cuya misión es garantizar el desarrollo en el ámbito rural y, en consecuencia, buscar la autosuficiencia alimentaria que es básica para todos los países, toda vez que la misma está relacionada de forma directa con cuestiones de seguridad nacional.

Algunos de estos programas para apoyar al sector rural de nuestro país implementados por la presente administración se señalan a continuación y tienen los siguientes objetivos:

“El Programa Producción para el Bienestar , mediante la entrega de apoyos directos, beneficia a productores de pequeña y mediana escala para la producción principalmente de maíz, frijol, trigo panificable y arroz a fin de contribuir a lograr la autosuficiencia alimentaria.

Los apoyos a cafetaleros y cañeros están dirigidos a favorecer a los pequeños productores de café y caña de azúcar, orientado a la renovación de cafetales, el uso de mejores materiales genéticos, la implementación de prácticas de producción sustentables, a la agregación de valor y diferenciación de sus productos y a la conservación y mejor uso del suelo y el agua y a la preservación de la biodiversidad.

El Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos apoya y fomenta las actividades productivas de los pequeños productores rurales, a través del establecimiento de precios de garantía, a fin de incrementar el ingreso de los productores agropecuarios de maíz, frijol, trigo panificable, arroz y leche y contribuir a mejorar su nivel de vida.

El Programa de Crédito Ganadero a la Palabra está orientado a incrementar la productividad del pequeño productor pecuario, mediante la entrega de novillonas y sementales, a fin de apoyar a los pequeños ganaderos y fomentar la ganadería.

El Programa de Fertilizantes tiene por objetivo aumentar la disponibilidad oportuna de fertilizantes químicos y biológicos para contribuir a mejorar la productividad agrícola en localidades de alto y muy alto grado de marginación.

Entre las acciones gubernamentales para contribuir al abasto de alimentos básicos, principalmente de la población de las localidades de muy alta y alta marginación de hasta 15 mil habitantes que tienen carencia alimentaria, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo descentralizado sectorizado a la Sader, opera el Programa de Precios de Garantía , el cual se encarga de la distribución de fertilizante y de la canasta alimentaria en estas comunidades, a través de la red de tiendas Diconsa”.5

Los programas anteriormente señalados se encuentran alineados a los Objetivos prioritarios del Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024 que se señalan a continuación:

6

Como nos podemos dar cuenta, estos programas se enfocan en apoyar a diversos productores de nuestro país, mediante la transferencia de recursos económicos o tecnológicos para garantizar su bienestar y la producción de alimentos e insumos para consumo humano.

A pesar de que existen acciones puntuales en beneficio de productores de algunos alimentos básicos en nuestro país, es necesario ampliar su ámbito de cobertura para impulsar la producción de otros productos fundamentales para la producción de alimentos, como es el caso del sorgo forrajero y en grano, el cual se utiliza para la alimentación de ganado que deriva en productos cárnicos y lácteos.

Para darnos una idea de la importancia que tiene el sorgo en México, es imprescindible señalar que el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable lo considera como un producto básico estratégico, por lo cual y en concordancia con el artículo 178 de la misma ley, el Estado deberá establecer medidas para su abasto a la población.

“Artículo 178. El Estado establecerá las medidas para procurar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional.

Artículo 179. Se considerarán productos básicos y estratégicos, con las salvedades, adiciones y modalidades que determine año con año o de manera extraordinaria, la Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano y los Comités de los Sistemas-Producto correspondientes, los siguientes:

I. al V. (...)

VI. sorgo;

VII. al XI. (...).7

En relación a lo anterior, es fundamental que el gobierno federal emprenda acciones para fomentar y promover su producción y desarrollo, garantizándole a los pequeños y medianos productores el acceso a los mismos.

En torno a la producción de sorgo forrajero en México consideramos importante señalar que en los últimos años se ha dado una tendencia a la baja al obtenerse los volúmenes que a continuación se señalan8 :

Para el caso del sorgo en grano, es importante mencionar que en 2020 se obtuvieron 4 millones 704 mil toneladas, cifra 8.1 por ciento superior en comparación con la obtenida en 2019,9 sin embargo, el volumen de producción desde el año 2011 ha mantenido una tendencia a la baja en México, lo que hace evidente la necesidad de fortalecer las acciones gubernamentales a favor de quienes producen este cultivo.

Si bien es cierto que para 2020 México era el cuarto productor de sorgo en grano a nivel mundial y que esto contribuyó a disminuir las importaciones de este producto en nuestro país, cabe mencionar que, a causa de la baja en la producción en años anteriores, se generó una dependencia del sorgo en grano importado para atender la demanda a nivel nacional. Al respecto, el cuadro siguiente detalla el comportamiento que tuvieron las importaciones y exportaciones de sorgo en grano en México durante el periodo 2019-2020.10

Como podemos dar cuenta, México importa más de lo que exporta, lo cual hace evidente que tenemos deficiencias para satisfacer la demanda de sorgo en grano a nivel nacional.

Una medida puntual y efectiva para apoyar a los productores de sorgo en México, en busca de favorecer el bienestar social y económico en el sector rural y de fortalecer la soberanía alimentaria del país, sería a través de su inclusión en el programa Precios de Garantía, toda vez que el mismo se orienta a pequeños y medianos productores de insumos de consumo humano primarios y sus derivados.

Según lo señalado en el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, a cargo de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, sectorizada en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el Ejercicio Fiscal de 2022, el programa referido tiene los siguientes objetivos y se orienta a:

“Artículo 1. El objetivo general del Programa es complementar el ingreso de los pequeños y medianos productores agropecuarios de granos básicos (arroz, frijol, maíz y trigo) y leche, a través de la implementación de precios de garantía .

Los objetivos específicos del Programa son:

I. Los pequeños productores de maíz y los de frijol y leche complementen sus ingresos y aumenten su producción por los precios de garantía recibidos.

II. Los productores de trigo y arroz, así como los medianos productores de maíz, incrementen su producción ayudados por los incentivos recibidos”.11

Si bien es cierto que el maíz, el frijol, la leche, el trigo y el arroz son elementos fundamentales para garantizar el derecho a la alimentación de las y los mexicanos, también es importante reconocer que el sorgo es un alimento esencial en la dieta del ganado en México, cuyos derivados (productos cárnicos y lácteos), a su vez, son también clave en la conformación de la canasta básica alimentaria. En este sentido, consideramos que apoyar a los productores de sorgo del país contribuirá no sólo a garantizar el derecho a la alimentación, sino a equilibrar la balanza entre importaciones y exportaciones y con ello dar pasos firmes hacia la soberanía alimentaria.

Cabe también hacer mención de que en el sector rural, cuando existe insuficiencia de sorgo para la alimentación del ganado, se utiliza el maíz, con lo cual se merma la disponibilidad y el precio de este grano básico en la dieta de las y los mexicanos.

Por lo anterior, proponemos incluir a los productores de sorgo dentro del Programa Precios de Garantía, con apoyos a pequeños productores y montos económicos para la adquisición de instrumentos de administración de riesgos a medianos productores.

Con la inclusión de los productores de sorgo en el Programa Precios de Garantía se mejorarán las condiciones económicas de un sector importante de los trabajadores del campo en estados como Tamaulipas, Guanajuato, Sinaloa y Michoacán.

En razón de lo aquí expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a incluir a los pequeños y medianos productores de sorgo a nivel nacional como beneficiarios del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, con el objetivo de asegurarles precios de garantía para su producto y el acceso a incentivos y apoyos económicos para la adquisición de Instrumentos de Administración de Riesgos que incidan en el incremento de la producción, en la disminución de las importaciones y en garantizar la soberanía alimentaria del país.

Notas

1 Véase, “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Consultada el 21 de febrero de 2021. Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

2 Ibídem.

3 Véase, “Ley de Desarrollo Rural Sustentable”. Consultada el 21 de febrero de 2021. Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/235_030621. pdf

4 Véase, Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2020. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5595549&fecha=25/06/2020

5 Ibídem.

6 Ibídem.

7 Véase, “Ley de Desarrollo Rural Sustentable”. Consultada el 21 de febrero de 2021. Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/235_030621. pdf

8 Véase, “Panorama Agroalimentario 2021”, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, 19 de noviembre de 2021. Disponible en: https://www.gob.mx/siap/documentos/panorama-agroalimentario-2021?idiom= es

9 Ibídem.

10 Ibídem.

11 Véase, “Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, a cargo de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, sectorizada en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio fiscal 2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2021. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639906&fecha=31/12/ 2021

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2022.

Diputado Tomás Gloria Requena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno tabasqueño y la Conagua a realizar los trabajos de limpieza y saneamiento por la grave contaminación de la Laguna de las Ilusiones, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Tabasco y a la Comisión Nacional del Agua, para que realicen los trabajos de limpieza y saneamiento por el grave problema de contaminación que presenta la Laguna de las Ilusiones en el estado de Tabasco , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Laguna de las Ilusiones es ícono de identidad cultural de la ciudad de Villahermosa y patrimonio ecológico intangible del estado de Tabasco, representa una reserva natural urbana que guarda las características endémicas naturales propias de Tabasco, en ella habitan varias especies de animales como; aves peces, reptiles, mamíferos y una gran diversidad de flora. Dentro de los peces, se pueden encontrar el famoso pejelagarto (pez emblemático del estado de Tabasco), la importancia que la laguna de las Ilusiones es la contribución a la regulación del microclima, además por su importancia en la vida silvestre es un centro de esparcimiento y recreo familiar.1

Hecho por lo cual la laguna fue decretada como una reserva ecológica por el Gobierno del Estado de Tabasco el 8 de febrero de 1995 (Sernapam).2

Desde hace varios años esta laguna ha presenta serios problemas de contaminación y pestilencia en algunas zonas urbanas debido a las descargas de aguas negras, pero también a la gran cantidad de desechos sólidos que han sido lanzados a este cuerpo de agua que compone de la laguna.3

Como consecuencia de este gran daño ambiental, se ha reportó una gran cantidad de peces muertos en el Vaso Cencali de la laguna. En el 2020, las autoridades detectaron redes de pesca ilegales y anzuelos para atrapar cocodrilos.4

Un problema reciente que ha presentado la laguna, ha sido la aparición del lirio acuático, el cual a finales del año pasado se observó en el vaso Cencali, situación que pudo ser controlada, pero teniendo el riesgo que en cualquier momento vuelve a regresar.5

Sobre el impacto ambiental que sufre la Lagua de las Ilusiones, en donde muchas especies han muerto, hay personas que llegan a pescar exponiendo su salud en gran manera, ya que consumen pescados que están contaminados por las aguas negras de la laguna. Así mismo, los pobladores que habitan cerca de esta laguna arriban con sus anzuelos dispuestos a pecar y llevar alimento a sus hogares.6

Además, que en días pasados en varios medios de comunicación locales se dio a conocer la noticia que se realizó un operativo en la laguna de las ilusiones, en conjunto, Conagua, Profepa y el Ayuntamiento de Centro, con el cual clausuraron el relleno de la obra de construcción que se realizaba en la laguna de las Ilusiones, así lo informó la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático.7

A su vez, el subsecretario de la dependencia estatal, informo que dieron acompañamiento a las autoridades federales y municipales para la verificación a la invasión de la reserva ecológica en las márgenes de la laguna de las ilusiones, en el Circuito Bahía.8

Lamentablemente dicha obra de construcción continua, a pesar de contar con los sellos de clausura colocados por la Conagua y el Ayuntamiento de Centro, por lo que aún sigue contaminado la laguna de Las Ilusiones.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Tabasco y a la Comisión Nacional del Agua, para que realicen los trabajos de limpieza y saneamiento por el grave problema de contaminación que presenta la Laguna de las Ilusiones en el estado de Tabasco.

Notas

1 Consultado: https://revistas.ujat.mx/index.php/kuxulkab/article/view/1461

2 Ídem.

3 Consultado: https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/2/21/
laguna-de-las-ilusiones-la-espera-de-rescate-380506.html

4 Ídem.

5 Consultado: https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/
por-alta-contaminacion-agoniza-laguna-de-las-ilusiones-6232018.html

6 Ídem.

7 Consultado: https://www.xevt.com/primeraplana/clausuran-relleno-de-la-laguna-de-las -ilusiones/198566

8 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 17 de marzo de 2022.

Diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y sus áreas a dar celeridad a la publicación de sus reglamentos, lineamientos y acuerdos derivados de la expedición de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Flora Tania Cruz Santos, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En 2013, tras un breve proceso legislativo dentro del contexto del denominado Pacto por México, fue aprobada la llamada reforma educativa del entonces presidente de la República Enrique Peña Nieto. Dicha reforma modificó de forma sustancial las relaciones laborales en el Sistema Educativo Nacional con la supuesta intención de garantizar la “calidad” de la educación. Para ello implementaron una serie de políticas que repercutieron de forma real y sistemática en contra de la estabilidad de las y los trabajadores de la educación, así como de sus derechos adquiridos.

En respuesta, las maestras y maestros de todo el país salieron a las calles a protestar configurando uno de los movimientos magisteriales de mayores dimensiones en los últimos años. Ante la inconformidad de las maestras y maestros el gobierno federal cerró las puertas del diálogo y no se prestó a entender los planteamientos de los directamente afectados. Así, durante el resto del sexenio pasado, a pesar de la intensa campaña en medios de comunicación y el gasto en publicidad, la reforma, en los hechos, jamás contó con el apoyo mayoritario del magisterio y nunca pudo alcanzar los objetivos que se planteaba con la imposición de la que fue llamada entonces como evaluación punitiva.

A la par, los propios datos arrojados por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) demuestran que la política del sexenio anterior no logró los resultados que se propuso en cuanto a garantizar el acceso a la educación de calidad.1 Aunado a ello, Los centros escolares en todos los tipos y niveles del país presentaban graves deficiencias en su infraestructura física, sobre todo en las comunidades más apartadas, lo que impedía el acceso al derecho a la educación de aquellos educandos con mayores carencias económicas.2 Todo ello, en resumen, el Sistema Educativo Nacional, para finales de 2018, se encontraba en un auténtico abandono por parte de las autoridades educativas federales y locales y el magisterio en medio de una campaña mediática de desprestigio.

En este contexto, el actual presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, tras realizar durante su campaña un diagnóstico de las condiciones en que se encontraba el Sistema Educativo, envió a esta soberanía el 12 de diciembre de 2018 una iniciativa de reforma constitucional para establecer los nuevos criterios y enfoques mediante los cuales la educación se convertirá en el derecho de todas y todos los mexicanos que los impulse al desarrollo.

Los objetivos de la reforma son:

• Garantizar el derecho a la educación para todas las personas desde la educación inicial y hasta la superior de forma laica, gratuita y de excelencia.

• Colocar al centro de la educación a las niñas, niños y jóvenes para reorientar el carácter de la educación hacia un enfoque integral y equitativo, donde se desarrollen las capacidades de los educandos y al mismo tiempo se fomente las humanidades, las artes y el civismo

• Revalorar la función de las maestras y los maestros como actores fundamentales del cambio social y del Sistema Educativo, otorgándoles un sistema de carrera justo, transparente y no lesivo a sus derechos laborales.

Una vez realizado un amplio proceso de parlamento abierto por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, en donde fueron escuchadas la mayoría de las voces de las y los interesados en el sistema educativo nacional y tras la consecución de los acuerdos necesarios por todas las fuerzas políticas el 15 de mayo de 2019 fue promulgada la reforma a los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, iniciándose de inmediato la discusión de las leyes secundarias, donde de nuevo se llevó a cabo un proceso de parlamento abierto y desde ambas Cámaras del Congreso se escucharon a las distintas voces de actores del para ser integradas dentro de la legislación rectora del Sistema Educativo Nacional.

El 30 de septiembre de 2019 entraron en vigor la Ley General de Educación, Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución, en materia de mejora continua de la educación. A partir de entonces el Sistema Educativo Nacional cuenta con un nuevo marco normativo que le ha permitido dar los primeros pasos hacia la transformación del sector educativo en beneficio de millones de mexicanas y mexicanos estudiantes, por ejemplo:

• Se ha beneficiado a más de 9 millones de becas estudiantes de educación básica, media superior y superior a través del programa de “Becas para el Bienestar Benito Juárez” con un presupuesto ejercido de más de mil millones de pesos.

• Se ha emprendido el proceso de revalorización de las maestras y los maestros basificando a cerca de 400 mil docentes a través del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Se terminaron las evaluaciones punitivas y ahora los procesos de ingreso y promoción son públicos, abiertos y transparentes

• El programa La Escuela es Nuestra ha mejorado la infraestructura escolar de 59 mil 972 planteles educativos con un presupuesto de 21 mil millones de pesos.

• La actualización modernización de los contenidos y enfoques de los planes y programas de estudio. Además, se han entregado más de 182 millones de Libros de Texto Gratuitos.3

Como es conocido, el orden jurídico tiene una estructura jerárquica estableciendo niveles inferiores y superiores, siendo subordinados los primeros a los segundos. En el caso de nuestra normativa jurídica, todas las leyes y reglamentos están subordinadas a la Constitución Política y de ésta se desprenden las leyes y reglamentos.4

En este sentido, el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación establece en su artículo séptimo transitorio que:

Séptimo . El Congreso de la Unión deberá realizar las reformas a la legislación secundaria correspondiente, a más tardar en un plazo de 120 días a partir de la publicación de este decreto.

En tal virtud, como se ha mencionado, después del proceso legislativo, el 30 de septiembre de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley General de Educación y se abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, que estipula en su artículo quinto transitorio:

Quinto. La Secretaría deberá emitir y adecuar los reglamentos, acuerdos, lineamientos y demás disposiciones de carácter general conforme a lo establecido en este decreto, en un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles siguientes contados a partir de su entrada en vigor. Hasta su emisión, seguirán aplicándose para la operación y funcionamiento de los servicios que se presten y se deriven de aquellos en lo que no contravengan a este decreto.

Si bien, el proceso de transformación del Sistema Educativo Nacional se ha puesto en marcha con la entrada en vigor de la reforma constitucional y de las leyes secundarias, la Secretaría de Educación Pública aún no ha emitido la totalidad de los reglamentos lineamientos y acuerdos que derivan de la nueva legislación, lo cual es necesario para darle continuidad y se materialice lo que está establecido en la Constitución, en las leyes generales y que son el producto de un importante consenso generado en el seno de la sociedad.

Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a sus áreas respectivas a dar celeridad a la publicación de sus reglamentos, lineamientos y acuerdos derivados de la expedición de la Ley General de Educación.

Notas

1 https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2019/04/P1I245.pdf

2 Íbid.

3 Tercer Informe de Gobierno

https://framework-gb.cdn.gob.mx/informe/5b8e7a983a893dfc bd02a8e444abfb44.pdf

4 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3536/28.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2022.

Diputada Flora Tania Cruz Santos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Congreso de Puebla a considerar recursos suficientes para promover los pueblos mágicos locales, a cargo de la diputada Carolina Beauregard Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

Carolina Beauregard Martínez, diputada en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 6, numeral 1, fracción I; 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás relativos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Congreso del estado de Puebla para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Paquete Económico 2022, se consideren los recursos suficientes que permitan el mantenimiento y promoción de los Pueblos Mágicos locales, la Estrella de Puebla y el Tren Turístico de Puebla-Cholula, lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

El sector turístico representa un motor económico para el estado de Puebla, toda vez que constituye el rubro de mayor dinamismo en la generación de empleos, después del ramo industrial.

Este sector se caracteriza por ser una industria exportadora de servicios cuya producción y consumo ocurre en el ámbito local, lo que favorece la inclusión de las cadenas locales de producción y provisión de servicios, además de que, al ser una actividad intensiva en mano de obra, es una gran generadora de empleo en todos los niveles y tiene una gran capacidad para atraer inversión privada.

El turismo desencadena desarrollo en el entorno en que se desenvuelve, al integrar una gran variedad de productos y servicios ligados a otros sectores y actividades económicas, ya que los visitantes requieren medios de transporte, proveedores de servicios de ocio y entretenimiento, servicios de comunicación, alojamiento, alimentación, servicios médicos, entre otros, logrando un importante impacto en la economía nacional, en la generación de empleos e inversión y finalmente en el desarrollo social.

Pese a lo anterior, conviene señalar que Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que desde 2019 este sector mostraba una tendencia a la baja; sin embargo, la situación desencadenada por la pandemia de Covid-19 empeoró la crisis de esta industria que está lejos de volver a tener los mismos números que tenía en la década pasada.

A ello se suma el desprecio que ha tenido este gobierno federal por la preservación de los Pueblos Mágicos, al eliminar en 2019 el Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos , sin que se considerara un instrumento para su financiamiento, esto repercute de manera muy negativa al estado, ya que Puebla ocupa el primer lugar a nivel nacional, junto con el estado de México, en número de pueblos mágicos, teniendo un total de 10, los cuales brindan empleos a miles de ciudadanos.

El Programa Pueblos Mágicos fue desarrollado por la Secretaría de Turismo en colaboración con diversas instancias gubernamentales y gobiernos estatales y municipales, contribuía a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros. Más que un rescate, consistía en un reconocimiento a quienes habitan esos hermosos lugares de la geografía mexicana y han sabido guardar para todos, la riqueza cultural e histórica que encierran.

Los objetivos de dicho programa tenían alcances muy amplios, entre otros, resaltar el valor turístico de localidades en el interior del país, para estructurar una oferta turística innovadora y original, que atendiera una demanda naciente de cultura, tradiciones, aventura y deporte extremo en escenarios naturales, o la simple, pero única cotidianidad de la vida rural.

Para tener una idea del impacto económico que tienen estos pueblos en la comunidad debemos considerar a los campesinos, pescadores y ganaderos que producen la comida y bebida que los turistas consumen, en quienes los procesan y los venden, en los artistas y quienes confeccionan diseños para los espectáculos y festivales culturales, en los guías y acompañantes de los atractivos naturales o las rutas históricas, en los vendedores de suvenires y los artesanos que venden sus productos, y un sinfín de mexicanas y mexicanos que dependen totalmente del turismo de estos pueblos para subsistir.

De igual forma, los ingresos que recibían estas localidades servían para salvaguardar las zonas naturales, los atractivos arqueológicos o históricos, las tradiciones, festivales, celebraciones emblemáticas, y la arquitectura típica o emblemática que caracteriza a estos pueblos.

Ante este escenario, Alarcón Rodríguez indicó que “si la segunda fuente de ingresos del estado es el turismo, después de la industria, entonces se tiene que apoyar, porque restaurantes y hoteles dependen de que haya visitantes”.

Mencionó que la única forma de propiciar una mayor derrama económica es promoviendo a la entidad como destino turístico y de inversión, no obstante, necesitan recursos públicos, así como mantener “campañas constantes a nivel nacional para que el sector privado se interese en detonar un proyecto”.

Por tal motivo, observo con gran preocupación como el gobierno de la entidad que represento ha sido omiso en los esfuerzos para la preservación de los lugares emblemáticos del estado que fomentan la afluencia turística, en perjuicio del segundo motor local de desarrollo económico.

Me refiero a los recientes anuncios del gobernador, Miguel Barbosa Huerta, quien señaló que “no existe un proyecto” para el Tren Turístico de Puebla-Cholula y que este dejará de funcionar en 2022. Asimismo, preocupa el abandono en que se tiene la Estrella de Puebla, la cual dejó de funcionar la última semana de marzo del 2020 por el confinamiento ocasionado con la pandemia de Covid-19 y ahora, pese a que el decreto sanitario vigente permite su apertura, se mantiene fuera de servicio.

El Tren Turístico comunica el centro histórico de Puebla con la zona arqueológica de Cholula en un recorrido que dura 40 minutos, es un tipo tren-tram de última generación para 284 pasajeros, con tracción basada en un sistema diésel y eléctrico con bajas emisiones contaminantes. La unidad está formada por tres coches articulados y su longitud total el de 38 metros, con una velocidad máxima es de 100km/h.

Por su parte la Estrella de Puebla es un atractivo turístico que se ubica en la zona de Angelópolis y consiste en una rueda modelo R80XL de la marca alemana Maurer German Wheels GmbH con 80 metros de altura y 54 góndolas con capacidad para ocho personas cada una.

Sin duda, el estado de Puebla sigue siendo atractivo para el turismo, pero puede avanzar mucho más de lo que lo ha hecho hasta el día de hoy y ser un motor para la reactivación económica y del desarrollo de la entidad.

El turismo representa una gran oportunidad para ciudades o regiones que ven amenazados sus sectores productivos tradicionales y que pueden encontrar en el turismo una actividad que, a diferencia de otras, crea mayores vínculos intersectoriales y puede contribuir a sostener la economía local. No podemos permitir que el sector turístico muera en Puebla.

En consecuencia, y ante el embiste del gobierno federal por eliminar los recursos para pueblos mágicos, es necesario implementar acciones a nivel local que ayuden a la reactivación económica de estos lugares, así como a la preservación y mantenimiento de los atractivos turísticos emblemáticos de nuestra entidad, que brindan trabajo a miles de poblanos e incentivan la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Congreso del estado de Puebla para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Paquete Económico de 2022, se consideren los recursos suficientes para la promoción y difusión de los Pueblos Mágicos locales, así como para el mantenimiento y reactivación de la Estrella de Puebla y se garantice la operación del Tren Turístico de Puebla-Cholula, a fin de publicitar decididamente a la entidad como un destino turístico y de inversión, en favor de la recuperación económica del estado.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 17 de marzo de 2022.

Diputada Carolina Beauregard Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a desplegar con sus 32 homólogas locales campañas de toma de conciencia entre el personal sobre la importancia de la nefrología y generar acciones de capacitación sobre tratamiento de la enfermedad renal crónica, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con las siguientes

Consideraciones

La pandemia por Covid-19 ha evidenciado carencias de los sistemas de salud alrededor del mundo. En esta línea, uno de los asuntos retomados a lo largo de estos últimos meses es sin duda la relevancia de contar con personal de la salud -médicos, enfermeras, auxiliares, terapeutas, etcétera- suficiente para garantizar el cumplimiento del derecho a la atención en salud, pero no solo eso: resulta esencial contar con personal especializado en las áreas terapéuticas de mayor impacto de acuerdo al contexto epidemiológico del territorio en cuestión.

En términos de personal de salud en general, es bien sabido que México arrastra un importante déficit de personal salud. Para ponernos en contexto: de entre los 38 miembros que actualmente forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se encuentra entre los 5 últimos lugares respecto al ratio de médicos por habitantes, siendo este un 44 por ciento inferior al promedio del total de países.

Desafortunadamente, en el caso del personal de enfermería y parteras, la situación no mejora. En este plano, México presenta la menor ratio solo seguido de Colombia, con un nivel muy similar a Turquía y con 10.58 personal menos por cada 10 mil habitantes que el promedio del grupo de países.

A partir de este diagnóstico de la situación, en el que se establece que existe un déficit de personal de la salud en el país, la presente administración ha emprendido una importante labor de basificación del personal de salud que se encuentra trabajando mediante contratos eventuales.

En esta línea, las acciones emprendidas para mejorar las capacidades humanas del sistema de salud deben ser operadas teniendo en cuenta la realidad epidemiológica del país. Cuando analizamos el universo de médicos especialistas para 2018 que se encontraban con certificación vigente, observamos que el número no corresponde con el envejecimiento de la población y la pandemia de enfermedades crónico-degenerativas que vive el país, y tampoco tiene una repartición equitativa en términos geográficos: mientras la Ciudad de México cuenta con más de 500 especialistas por cada 10 mil habitantes seguido de Nuevo León con 185, Chiapas y Guerrero cuentan con 35 y 39 especialistas por cada 10 mil habitantes, respectivamente.

Un caso delicado: la enfermedad renal crónica, muchos pacientes y pocos especialistas

En 2017, se estimaba que más de un 12 por ciento de la población tenía algún grado de daño renal, y a nivel global, México ocupa el 6o. lugar del mayor número de muertes causadas por la enfermedad renal crónica. En más de dos tercios de las personas que desarrollan ERC, ésta es causada por la presencia de diabetes o hipertensión, dos enfermedades crónico-degenerativas que están sin duda fuera de control en el contexto mexicano, por lo que se espera que el número de pacientes renales continúe creciendo en los próximos años.

Teniendo en cuenta que al menos 1 de cada 10 mexicanos sufriremos de daño renal en algún momento de nuestras vidas, y que las recomendaciones internacionales indican que lo ideal es contar con un nefrólogo por cada 80 pacientes (lo que equivaldría a unos 8 mil nefrólogos de acuerdo a la carga actual estimada de la enfermedad), sorprende saber que en México solo se cuenta con 233 nefrólogos en activo, lo que implica que en promedio, estos especialistas deberían atender a más de 300 pacientes renales.

A raíz de esta realidad, médicos internistas tienen que llevar a cabo muchas veces tareas especializadas y atender a su vez la aplicación de las principales terapias de sustitución de la función renal: la diálisis peritoneal y la hemodiálisis.

En el estudio Enfermedad renal crónica y su atención mediante tratamiento sustitutivo en México, 1 se mencionan los siguientes puntos como algunos de los obstáculos observados por los expertos en la materia para la atención integral de la enfermedad:

• “[Existe un] déficit de nefrólogos y de médicos especialistas, lo que impide atender las exigencias de la norma mexicana”.

• “Casi 60 por ciento de los enfermos con ERC son atendidos por médicos generales y muchas veces no son referidos; otro 20 por ciento, por médicos especialistas, y al nefrólogo llega un 10 por ciento ya en una etapa deteriorada”.

La consecuencia de no contar con nefrólogos y/o personal de salud capacitado en la materia es claro: ocurren retrasos en el inicio de las terapias de sustitución renal y esto en ocasiones provoca que pacientes fallezcan antes de recibir tratamiento o bien que cuando lo reciben, ya sea demasiado tarde.

En el mismo estudio, se indica que tras la realización de un panel de más de 50 personas entre las que había expertos y funcionarios relevantes a la materia, se llegó a un consenso sobre algunas recomendaciones relativas a abatir el problema de recursos humanos que enfrenta el campo de la nefrología en México. Las mismas se enlistan a continuación:

a) reducir a dos años la especialidad de nefrología;

b) formar personal por medio de cursos dirigidos a médicos internistas de al menos seis meses en un servicio de nefrología;

c) extender la rotación durante la residencia en los servicios de nefrología y de hemodiálisis; y

d) ante la falta de personal médico, formar personal técnico de apoyo a las unidades de hemodiálisis y de apoyo a los pacientes en diálisis peritoneal.

El estudio indica además que resulta necesario estandarizar la educación en nefrología en el pregrado para sensibilizar al médico general, aumentar el número de plazas de residencia en nefrología y de nefrólogos adscritos en las instituciones de salud; así como implementar programas para la formación de enfermeras especializadas y técnicos en diálisis.

Por todo lo anterior expuesto, y desde la responsabilidad que como legisladores tenemos de emprender acciones que aumenten el bienestar y salud en este caso de nuestros conciudadanos, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. – La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en conjunto con sus 32 homologas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen campañas de concientización entre el personal de salud sobre la importancia de la nefrología.

Segundo. – La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en conjunto con sus 32 homologas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, diseñen e implementen programas de capacitación al personal de salud en materia de atención a la enfermedad renal crónica, a fin de garantizar niveles óptimos de prevención, diagnóstico, referencia y atención.

Tercero. - La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en conjunto con sus 32 homologas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, provean servicios de capacitación continua al personal encargado de la atención a pacientes renales, a fin de que estos cuenten con los conocimientos más actualizados en la materia y que de esta manera se garantice una atención de calidad y con un enfoque de seguridad en el paciente.

Nota

1 http://dged.salud.gob.mx/contenidos/dess/descargas/estudios_especiales/ ERC_AMTSM.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2022.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a establecer en las escuelas la eliminación del uso de forros no biodegradables, plásticos y papel contact para no contaminar, a cargo de la diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de está soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, a efecto de que establezca en las instituciones educativas, la eliminación del uso de forros no biodegradables, plásticos, papel contact, para forrar libretas, libros y cuadernos y cualquier útil escolar a fin de no generar contaminación y reducir el gasto que ello implica, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

Para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el principio de doctrina referente al medio ambiente menciona que un medio ambiente sano es una aspiración de la humanidad, ya que es fundamental en el desarrollo integral y en calidad de vida de las personas.1

En este orden de ideas el medio ambiente es un derecho universal que incluso es protegido por tratados, tal es el caso en la actualidad por la agenda 2030 tal y como lo propone el Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, es decir consisten en hacer más y mejor con menos. También se trata de desvincular el crecimiento económico de la degradación medioambiental, aumentar la eficiencia de recursos y promover estilos de vida sostenibles. El consumo y la producción sostenibles también pueden contribuir de manera sustancial a la mitigación de la pobreza y a la transición hacia economías verdes y con bajas emisiones de carbono.2

En esta tesitura, es fundamental que México como Estado miembro y participante activo en la elaboración de esta agenda 2030, es imperante que exista congruencia y que las políticas públicas, así como usos y costumbres que aplican las secretarias del estado mexicano se homologuen al paralelo de la agenda 2030.

Es por lo anterior y me quiero referir en este punto de acuerdo a la problemática que ha existido, existe y existirá si no se pone especial atención en este problema en medio ambiente y por supuesto económico, es referente a los lineamientos internos de las escuelas públicas y privadas donde solicitan a los padres de familia que forren todos y cada uno de los libros y cuádrenos que utilizaran en el periodo escolar en turno, el cual si estos no son forrados son causa se le llama la atención a los padres de familia o incluso a los menores de edad que son los alumnos por no llevar forrados los útiles escolares tal y como lo solicita la institución educativa.

Violando varios principios rectores en materia de derechos humanos que son los siguientes:

Tal y como lo menciona el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -federación, estados, Ciudad de México y municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva.3

De acuerdo con el artículo tres los principios que se vulneran son:

• Toda persona tiene derecho a la educación.

• Será inclusiva.

• Se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva.

Es decir, cuando las instituciones educativas exigen que los útiles sean forrados esto va en contra del espíritu del artículo 3o. del CPEUM.

Ahora bien, en materia de medio ambiente el artículo 4o. de la Constitución en su quinto párrafo menciona:

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.4

Asimismo, el forrado de libros y el uso excesivo de plásticos causan daños a la salud en este caso a los pequeños que están en constante manipulación de sus útiles escolares, de acuerdo con datos una revista ecología menciona que:

La consecuencia es material escolar (y de oficina) tóxico que expone a disruptores endocrinos, sustancias sintéticas a las que los estudios relacionan con tumores en órganos relacionados con las hormonas como tiroides, cáncer de mama o de próstata, daños al desarrollo neurológico y problemas de embarazo, entre otros muchos.5

Y por lo anterior también esta acción de forrar libros con materiales como forros no biodegradables, plásticos, papel contact, obligando la autoridad educativa a esta práctica vulnera la agenda 2030, esta acción debe de ser eliminada ya que estamos enseñando a nuestra juventud a que esto es normal y fomentamos en las generaciones futuras estas malas prácticas.

Un claro ejemplo que si se puede eliminar esta práctica es Ecuador.

Ecuador ha sido reconocido por las acciones emprendidas para regular el uso de plástico en la lista de útiles y en las actividades escolares. El pasado 19 de octubre del 2018, la Presidencia de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) resaltó y difundió al mundo, como un ejemplo, la iniciativa emprendida por el Ministerio de Educación ecuatoriano.

El Ministerio de Educación informó que el Acuerdo Ministerial número 97, al que ha hecho referencia la presidenta de la ONU, señala que los establecimientos educativos fiscales, particulares, municipales y distintas ofertas de educación del sistema educativo ecuatoriano no podrán solicitar materiales plásticos de un solo uso, desechables no reciclables en la lista de útiles, y para cualquier actividad escolar, por ser considerados altamente contaminantes.6

Es por lo anterior que la cooperación de autoridades y sociedad civil se pueden realizar grandes acciones en beneficio de nuestra salud, economía y medio ambiente.

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Educación Pública, a la persona titular de la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, a efecto de que establezca la normativa que permita la eliminación del uso de forros no biodegradables, plásticos, papel contact para forrar libretas, libros y cuadernos y cualquier útil escolar, en instituciones educativas.

Notas

1 Doctrina 2002 del Partido Acción Nacional, 9 Medio Ambiente, página 11, recuperado el 9 de noviembre de 2021, de la página web: https://almacenamientopan.blob.core.windows.net/pdfs/documentos/toqfeHtQI8xfmvAAiJNc5U6xqTHiSO.pdf.

2 Objetivos de Desarrollo Sostenible, agenda 2030 objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, recuperado el 9 de diciembre de 2021, de la página web: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-pr oduction/

3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma DOF 28-05-2021, Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Secretaría General. Secretaría de Servicios Parlamentarios.

4 Ídem.

5 Ecologistas Palencia Palencia, medio ambiente, ecología, noticias 2017, Tóxicos a evitar en el material escolar: el PVC, recuperado el 9 de noviembre de 2021, de la página Web: https://ecologistaspalencia.wordpress.com/2017/09/05/toxicos-a-evitar-e n-el-material-escolar-el-pvc/

6 Periódico El Comercio 2018, ONU resalta la regulación del uso de plásticos en escuelas de Ecuador, Redacción elcomercio.com, recuperado el 9 de diciembre de 2021 de la página Web: https://www.elcomercio.com/tendencias/sociedad/onu-regulacion-plasticos -escuelas-ecuador.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2022.

Diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Rectoría de la UdeG a instruir a la Presidencia de la FIL de Guadalajara de 2022 a rectificar la exclusión ahí de autores, editores y profesionales rusos, a cargo del diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, diputado federal del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Rectoría de la Universidad de Guadalajara para que, por su intermediación, instruya a la Presidencia de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a rectificar la decisión de excluir a autores, editores y profesionales de nacionalidad rusa de exhibir sus obras, en la edición 2022 de dicho evento, con base en las siguientes

Consideraciones

El 10 de marzo pasado se dio a conocer una declaración conjunta por parte la Conferencia de Directores de Ferias Internacionales del Libro, por la cual se condena la invasión rusa a Ucrania y se da a conocer la decisión de “suspender contacto con cualquier editor oficial de la Federación Rusa e invitar a editores y autores de Ucrania a exhibir sus títulos en [las ferias] sin costo alguno”. Esta decisión habría sido adoptada, entonces, por parte de la Presidencia de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, encabezada por Raúl Padilla López.

Si bien reconocemos la demostración de solidaridad hacia autores y editores ucranianos –quienes atraviesan junto con el resto del pueblo de dicho país por el trágico evento de una guerra– consideramos que la postura adoptada por la Presidencia de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de excluir a autores y editores de nacionalidad rusa, resulta discriminatoria e incongruente con los principios y valores que nuestro país ha sostenido en escenarios de conflictos internacionales. En dichos escenarios, México históricamente ha condenado a los gobiernos, no a los pueblos y, por el contrario, ha adoptado una política de brazos abiertos a refugiados y solicitantes de asilo.

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara) fue creada en 1987 por iniciativa de la Universidad de Guadalajara (UdeG), y aunque actualmente su financiamiento y operación no dependen enteramente de dicha institución autónoma, sí recibe recursos públicos por parte del Estado de Jalisco. De acuerdo con lo aprobado en el Presupuesto de Egresos del estado para el ejercicio fiscal de 2022, la FIL Guadalajara recibirá dos millones de pesos de recursos públicos estatales, a través de transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas.

Por su prestigio internacional, la FIL Guadalajara representa a nuestro país ante el mundo. En efecto, es una plataforma de la mayor relevancia –el mayor mercado mundial de publicaciones en español, con más de 251 mil asistentes en 2021, de acuerdo con las estadísticas presentadas en su sitio de internet– para autores, agentes, ilustradores, traductores y profesionales del ámbito editorial.

En este sentido, por ser la FIL un actor clave en el mundo de las letras; por su impacto en la difusión de la cultura y por ser una organización que recibe recursos públicos, reprobamos la decisión de vetar a autores y editores de nacionalidad rusa. En primer lugar –como mencionamos antes–, por ser esta una medida discriminatoria que toma como criterio el origen nacional o étnico de ciudadanas y ciudadanos que no necesariamente respaldan las decisiones de su gobierno; y, en segundo lugar, por imponerse una visión reduccionista que afecta a autores y lectores más que al gobierno ruso.

Esta decisión afecta la libre circulación de los libros; impide que sean las lectoras y los lectores quienes, en ejercicio de su criterio, decidan si se acercan o no a la literatura rusa; coarta la posibilidad de formar pensamiento crítico y constituye una negación del derecho de acceso a la cultura de las personas.

Esta medida, en esencia, es de naturaleza censuradora. No contribuye al libre debate e intercambio de las ideas que, por definición, deben ser contestadas con otras ideas. Por ello, y por tomar como base criterios discriminatorios prohibidos por nuestro orden constitucional, nos posicionamos en contra de que se impida la participación de autores, editores y cualquier otro actor relevante para el mundo de las letras y la cultura, tomando como referente su origen nacional o étnico.

Esta postura, además de xenófoba, demuestra el doble rasero y la hipocresía con el que se trata a distintos pueblos que también han sufrido los estragos del imperialismo, la opresión y el extractivismo. ¿Cuántos gobiernos y organizaciones se posicionaron o excluyeron a deportistas, autores, artistas o figuras públicas relevantes israelíes por los bombardeos de su gobierno en Gaza y por el genocidio en contra del pueblo palestino? ¿De cuántos eventos internacionales, festivales de cine o ferias del libro han sido excluidos los países cuyos gobiernos explotan los recursos naturales, las tierras y aguas de países en Latinoamérica y África? ¿Qué naciones centrales han terminado sus relaciones diplomáticas con Occidente por su intervencionismo militar durante finales del siglo XX y principios del siglo XXI?

La visión reduccionista y xenófoba que están adoptando distintos gobiernos, organizaciones internacionales y ahora Ferias del Libro, no solo tiene por efecto excluir a ciudadanas y ciudadanos por motivos políticos e ideológicos, sino también negar las contribuciones y legado de la cultura, la ciencia y el pensamiento del pueblo ruso. Como pregunta, la autora Marley Cruz, a propósito de los hechos recientes:

¿Qué sigue? ¿Que se prohíba el uso de la Tabla Periódica de los Elementos de Dmitri Mendeléyev en los colegios occidentales? ¿Chaikovski tendrá que ser declarado músico ‘non grato’ en los teatros del mundo? ¿El ballet “El Cascanueces” será declarado antidemocrático y antioccidental? ¿No se volverá a enseñar el cálculo de Demidovich en las universidades? ¿Las pinturas de Rubliov, Chagall, Repin, Surikov, Kandinsky y Filonov tendrán que ser sacadas por la puerta trasera de los museos de occidente? ¿Quemarán los libros de Tolstói por zarista, los de Dostoievski por epiléptico, los de Ajmatova por libertaria, los de Doblatov por sólo tener una maleta? (...)

La polarización del pensamiento generado por la Guerra Fría continúa tan vigente como hace 40 años. Actualmente quienes sufren los estragos de las decisiones políticas de sus gobiernos son precisamente el pueblo ucraniano y el pueblo ruso pero, como continúa la autora antes citada:

“Han satanizado una cultura de siglos que hace parte fundamental del pensamiento universal, por un conflicto con el que la gran mayoría no está de acuerdo.

A la xenofobia del mundo se le dio otro motivo: la rusofobia. A todos se les cayó la careta.

Empezó la cacería de brujas.

Pobres de nosotros, latinos, indios, indígenas, negros, pobres, diferentes... todos nosotros también llevaremos la peor parte en todo esto. También vendrán por nosotros.”

Por las consideraciones antes expuestas, sometemos a consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Rectoría de la Universidad de Guadalajara para que, por su intermediación, instruya a la Presidencia de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a rectificar la decisión de excluir a autores, editores y profesionales de nacionalidad rusa de exhibir sus obras, en la edición 2022 de dicho evento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2022.

Diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conade a atender a quienes quedaron pendientes de pago del apoyo extraordinario otorgado a los participantes en los decimoctavos Juegos Panamericanos de 2019 Lima-Perú, a cargo de la diputada Lizbeth Mata Lozano, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Lizbeth Mata Lozano, diputada de la LXV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para que se atienda a las personas que quedaron pendientes de pago del apoyo extraordinario otorgado a los deportistas que participaron en la XVIII edición de los Juegos Panamericanos 2019 Lima-Perú, con base en las siguientes

Consideraciones

Los Juegos Panamericanos son el mayor evento deportivo internacional multidisciplinario en el que participan atletas de las Américas. Se realizan cada cuatro años, justo un año antes de los juegos olímpicos.

Fue en 1932 durante los Juegos Olímpicos de ese año, que se planteó por primera vez llevar a cabo los Juegos Panamericanos, representantes de América Latina del Comité Olímpico Internacional (COI) sugirieron que debía crearse una competición entre todos los países de América. Pero fue hasta 1951 que se llevara a cabo la primera competición de estos juegos, siendo la sede Buenos Aires, Argentina.

El último evento registrado ha sido el de Perú 2019, ya que el 11 de octubre de 2013, Lima fue elegida sede de los Juegos Panamericanos de 2019. Ante esto, el evento se llevó a cabo en Perú, del 26 de julio al 11 de agosto, en donde la selección nacional mexicana, integrada por 543 deportistas que compitieron en 39 disciplinas, cosechó 37 medallas de oro, 39 de plata y 62 de bronce, para un total de 138, superando las 133 de Guadalajara en 2011.

Aunado a esto, el 12 de agosto del mismo año, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció apoyos extraordinarios para beneficiar a los atletas y entrenadores que participaron en los Juegos Panamericanos de Perú 2019. El mandatario detalló que las becas a los 544 deportistas representarían una inversión de 222.6 millones de pesos. En esa misma conferencia mencionó que las becas serían fondeadas principalmente con los recursos recaudados en las subastas de inmuebles, de las que se obtuvieron 125.8 millones de pesos; y el resto de los recursos para las becas se obtendría de un fondo de 500 millones aprobado ese mismo año para fomento al deporte.

En referencia a este apoyo, también se informó que los 544 deportistas que compitieron en Perú recibirían 20 mil pesos mensuales por un año (240 mil pesos). Además, a quienes ganaron medalla de oro se les entregaría un apoyo de 40 mil pesos mensuales por un año por cada presea (480 mil pesos), mientras que a los que obtuvieron plata se les darán 35 mil pesos (420 mil pesos) y 25 mil a los de bronce (300 mil pesos). También los 168 entrenadores serán recompensados con 20 mil pesos mensuales por un año (240 mil pesos). Los recursos se entregarían en una sola exhibición por medio de cheques, para que fueran los mismos deportistas y entrenadores quienes lo administraran.

Sin embargo, bajo mi encargo de diputada federal, he detectado que hubo personas a las cuales nunca les hicieron llegar el apoyo extraordinario anunciado, y lo peor es que en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), no dan la atención a quienes han solicitado el pago correspondiente, con el pretexto de la pandemia que no atienden físicamente, y en los correos electrónicos que no los responden o los responden a medias, y ni que decir de llamadas, que mucho menos son atendidas para darles solución a deportistas y entrenadores que participaron en la justa de 2019.

Es este el nivel de compromiso del gobierno federal y sus paraestatales que no cumplen con sus promesas y mucho menos sus obligaciones. Por esto es que sus propuestas de manejo de recursos van encaminadas a dar los apoyos directamente al “beneficiario” y no mediante programas o fideicomisos que tienen reglas y límites, así como garantías de que lleguen los recursos a donde deben llegar.

Actualmente he recibido algunas quejas de personas a las que no les fue entregado el apoyo anunciado, y que a más de 2 años siguen sin darles la atención y mucho menos una solución, se han hecho intentos por gestionar que se les otorgue el pago, pero no se ha tenido una respuesta de parte de la Conade.

Es así que, mediante el presente punto de acuerdo, se promueve un respetuoso exhorto a la Conade, para que se atienda a las personas que quedaron pendientes de pago del apoyo extraordinario otorgado a los deportistas que participaron en la XVIII edición de los Juegos Panamericanos 2019 Lima-Perú.

Como ejemplo expongo el caso de un entrenador de softbol varonil, a quien se supone le otorgarían 480 mil pesos, ya que el equipo de softbol varonil obtuvo una presea, sin embargo, solo le realizaron un pago de 240 mil pesos, quedando pendiente los otros 240 mil pesos, que el presidente de la República se comprometió a pagar a quienes participaron en los Juegos Panamericanos 2019. Entre las respuestas que le dieron en un principio fue que había varios casos similares a los que nos les habían otorgado el pago, y que la Conade tendría que solicitar más dinero porque ya no tenían para cubrir los pagos pendientes. Una respuesta proporcionada a su servidora de parte de la Conade fue que la persona en 2020 ya no era parte de la Federación Mexicana de Softbol por lo que se le exentaba del pago, hecho que es totalmente incoherente porque los Juegos Panamericanos se llevaron a cabo en 2019, no en 2020 y el apoyo era por participar en los juegos, no por pertenecer a la federación.

Todo esto deja dudas respecto al manejo de los recursos, al no existir reglas de operación que controlen el uso de los mismos, así como la adecuada fiscalización del recurso que la Conade maneje para apoyos a deportistas.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión emite atento y respetuoso exhorto a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), para que se atienda a las personas que quedaron pendientes de pago del apoyo extraordinario otorgado a los deportistas que participaron en la XVIII edición de los Juegos Panamericanos 2019 Lima-Perú.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2022.

Diputada Lizbeth Mata Lozano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader, la SHCP y la Profeco a estimular la producción de granos a escala nacional y controlar el alza desmedida de éstos y sus derivados, a cargo del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Alejandro Carvajal Hidalgo, diputado federal del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, por el cual la Cámara de Diputados exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la Procuraduría Federal del Consumidor para que en el ámbito de sus respectivas competencias incentiven la producción de granos a nivel nacional y se controle el alza desmedida de los precios de granos y de sus derivados, con base en las siguientes

Consideraciones

El Estado tiene la obligación de garantizar las mejores condiciones para el desarrollo rural y fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, es por ello que la fracción XX, del artículo 27, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así lo establece:

Artículo 27. ...

XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo, expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.

La guerra entre Rusia y Ucrania ha exacerbado la crisis económica global, y ha provocado un alza en primera instancia en el precio de los energéticos “el aumento de los costos de fletes y seguros, y los reveses en la cosecha en medio de una pandemia”;1 dicho incremento, no solo se ha reflejado en dichos sectores estratégicos de la economía comercial, sino que han alcanzado al sector alimenticio provocando incrementos de hasta el 80 por ciento en el caso de los fertilizantes, e importantes aumentos en el precio de semillas y granos.

Los fertilizantes brindan los nutrientes que las plantas necesitan para alimentarse y crecer, mediante la aplicación de elementos básicos que provienen de la naturaleza, representado un insumo clave para la siembre agrícola, “su precio en las últimas semanas ha incrementado en más del 80 por ciento”.2

Lo anterior se explica derivado del bloqueo comercial impuesto por Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia, provocándole dificultades para poder vender sus fertilizantes, por lo cual, “comenzará a escasear en el mercado internacional, como son la UREA, amoniaco, anhidro, nitrogenados, prostáticos y fosfatos”,3 explicó Luis Eduardo González Cepeda, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC); ante la falta de oferta a nivel global de dicho producto su precio se elevará todavía más, afectando directamente la productividad de los cultivos, poniendo en riesgo la producción agrícola y, en consecuencia aumentará el precio de los alimentos.

México es un país importador de diversos productos y está lejos de ser autosuficiente en la producción de maíz, trigo y petróleo, es por eso que el incremento en los precios de las materias primas en el mercado internacional afecta drásticamente a las empresas mexicanas, de acuerdo con diversos analistas; “el año pasado importamos a nuestro país 32 mil toneladas de trigo de Rusia y 192 mil toneladas de Ucrania ”;4 México “importa más del 30 por ciento de los fertilizantes de Rusia y 2.49 por ciento de Ucrania .”5

El incremento de precios ha alcanzado precios históricos, “el trigo, en el mercado internacional, tuvo un incremento de 29.45 por ciento en la última semana”;6 “en menor ritmo, el precio de maíz pasó de 6.83 a 7.47 dólares por bushel, con un alza de 9.32 por ciento en la última semana y el costo del bushel de soya apenas se ha movido 0.21 por ciento a la baja en un precio de 16.71 dólares”.7

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en el lapso enero-febrero de 2021, el nivel de importaciones de maíz alcanzó 164 mil toneladas, mientras que las exportaciones se ubicaron en 43 mil toneladas.

Estos incrementos afectarán directamente a la economía de los que menos tienen, los cuales no podrán adquirir los productos de la alimentación básica y, en consecuencia, verán afectada su alimentación

Esto afectará la economía de los más pobres, que no podrán adquirir los productos procesados y verán afectada su alimentación dejándolos en un estado de vulnerabilidad alimenticia; de igual forma, los pequeños productores agrícolas que tienen superficies de cinco hectáreas o menos serán los mas afectados, de conformidad con un testimonio del director ejecutivo de Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología.

Debido a la dependencia alimentaria y al complicado panorama de la economía en materia comercial, el país tiene que estar preparado para enfrentar esta crisis alimenticia global, por lo que la activación de programas emergentes para aumentar la producción de los anteriormente mencionados como granos y semillas, garantizaría grandes beneficios para el sector agrícola y alimentario del país, ya que de no tomar medidas precautorias tempranas el desabasto a nivel nacional podría ser fatal y aumentar el hambre a niveles más allá de lo que hemos visto antes, máxime que estamos cruzando por una recuperación económica provocada por una crisis sanitaria global.

Motivo por el cual, el suscrito legislador pretendo exhortar a los titulares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el ámbito de sus respectivas competencias implementen un programa emergente para incentivar la producción de granos y sus derivados como el trigo maíz y la soya; también se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor con la finalidad de que supervise el mercado de dichos productos agropecuarios, ya que se ha detectado que los grandes comercializadores nacionales aprovechando el conflicto bélico han especulado con los precios provocando su alza sin justificación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en estricto respeto al principio federalista de división de poderes, extiende un respetuoso exhorto a los titulares de las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, y de Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito de sus respectivas competencias implementen un programa emergente para incentivar la producción de granos y sus derivados como el trigo, maíz y la soya , con la finalidad de prevenir un desabasto de dichos productos agropecuarios a nivel nacional.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en estricto respeto al principio federalista de división de poderes, extiende un respetuoso exhorto al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, con la finalidad de que supervise el mercado de granos y sus derivados como el trigo, maíz y la soya, ya que se ha detectado que los grandes comercializadores nacionales aprovechando el conflicto bélico han especulado con los precios provocando su alza sin justificación .

Notas

1 Recuperado de: https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg/2022/03/05/conflicto-de-rusia -y-ucrania-afecta-el-precio-de-los-alimentos-ya-tienen-su-nivel-mas-alt o/. Consultado el 9 de marzo de 2022.

2 Recuperado de: https://www.excelsior.com.mx/nacional/advierten-expertos-sobre-escasez- y-aumento-de-precio-en-alimentos-por-guerra/1502071. Consultado el 9 de marzo de 2022.

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 Recuperado de: https://www.excelsior.com.mx/nacional/
advierten-expertos-sobre-escasez-y-aumento-de-precio-en-alimentos-por-guerra/1502071. Consultado el 9 de marzo de 2020.

6 Recuperado de:
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Granos-llevan-a-empresas-a-perder-24661-mdp-en-Bolsa-20220304-0008.html. Consultado el 9 de marzo de 2020.

7 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2022.

Diputado Alejandro Carvajal Hidalgo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a abstenerse de realizar declaraciones generalizadoras y estigmatizantes contra manifestaciones feministas y respetar el legítimo derecho de las mujeres a protestar, a cargo de la diputada María Teresa Castell de Oro Palacios, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada federal María Teresa Castell de Oro Palacios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a abstenerse de realizar declaraciones generalizadoras y estigmatizantes en contra de las manifestaciones feministas y respetar el legítimo derecho de las mujeres a protestar, en términos de las siguientes

Consideraciones

El 8 de marzo no es una fecha de festejo, sino un día en el que mundialmente se conmemoran las batallas libradas a lo largo de la historia en pro de reivindicar los derechos de las mujeres, a raíz de que la alemana Clara Zetkin instauró este día como un acto de inclusión de las mujeres en las esferas políticas, públicas y laborales, asimismo, también se honra la memoria de las 146 obreras textiles que murieron durante el incendio de su lugar de trabajo en 1857, en Nueva York.1

En México, el feminismo, entendido como una doctrina social que busca el reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres, tiene sus primeros esbozos en 1824, donde un grupo de zacatecanas solicitaron al Congreso Constituyente formar parte en la toma de decisiones que darían rumbo al país, y para 1856 exigieron el reconocimiento público de sus derechos políticos.2

Fue así como inició una larga y aún compleja lucha por los derechos de la mujer, máxime en un contexto como el nacional, donde el sistema patriarcal y el machismo se encuentran profundamente arraigados en gran parte de la población.

Para 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer los siguientes datos significativos respecto al rol de las mujeres en la sociedad actual, incluyendo rubros como la educación, economía y demás.3

• De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, para 2020, en México había 64 millones 540 mil 634 mujeres, representando el 51.2 por ciento de la población total.

• La edad media nacional es de 29 años, en el grupo de las mujeres es de 30 años. En promedio tienen 2.1 hijas e hijos.

• Del total de la población ocupada de 25 años y más que se desempeñó como funcionarios y directivos de los sectores público, privado y social, solo el 39.0 por ciento fueron mujeres.

• Las mujeres fueron propietarias de un tercio (36.6 por ciento) de los establecimientos micro, pequeños y medianos de manufacturas, comercio y servicios privados no financieros (Mipymes).

• El promedio de escolaridad de las mujeres de 15 años y más fue de 9.6 años.

• Las mujeres propietarias contratan más mujeres para trabajar, aproximadamente dos mujeres remuneradas por cada hombre. Además, 86.1 por ciento del personal en empresas con una mujer como propietaria, permanece empleado todo el año.

Las cifras precedentes ayudan a dimensionar la importancia del papel de la mujer en la sociedad mexicana, sin embargo, también dan muestra los grandes retos a los que aún se enfrentan y del largo trecho que aún falta por recorrer.

Por ello, el 8M se ha convertido en un importante acto de sororidad que reúne a miles de mujeres, con el objetivo de marchar por las calles de la Ciudad de México y de otras entidades federativas para alzar la voz por diversas situaciones que no se han podido solucionar en el país.

No obstante, resulta preocupante que el Titular del Ejecutivo Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se exprese en contra del legítimo derecho de manifestación con el que cuentan todas y todos los mexicanos, toda vez que, en su conferencia mañanera del día 7 de marzo del presente año, realizó un “llamado” a que:

“No caigan en violencia. Porque tenemos información de que se están preparando con marros, con sopletes, con bombas molotov. ¿De qué se trata? Ya eso no es defender a las mujeres, ni siquiera es feminismo.”

Esta no es la primera vez que el mandatario estigmatiza el movimiento, ya que en reiteradas ocasiones ha señalado que las manifestaciones feministas constituyen una postura “conservadora y reaccionaria” y que está en contra suya.

Como el pasado 29 de septiembre, donde después de que decenas de mujeres salieran a marchar para exigir el cesa de la violencia de género, el presiente señaló que el movimiento feminista responde a intereses contrarios a su gobierno y que solo busca perjudicarlo, además manifestó que había que darle poca importancia, porque son “muy pocas personas”.

Un mes después, en octubre del 2021, el titular de Ejecutivo declaró que el neoliberalismo creó varios movimientos, de entre ellos el feminismo, para desviar la atención de los saqueos, la corrupción, explotación, opresión, el clasismo y racismo.

La actual administración, lejos de estigmatizar a los movimientos feministas, tendría que tomar acción en los problemas sociales que viven las mujeres día a día en el país, como son:4

- Una brecha salarial donde las mujeres ganan 19.2 por ciento menos que los hombres por el mismo empleo.

- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) expuso que el 26 por ciento de las mujeres han sufrido agresión sexual, acoso, hostigamiento, discriminación, segregación y humillación, el 35 por ciento por sus compañeros y el 19 por ciento por superiores jerárquicos.

-Más de 17 millones de personas usuarias de internet de 12 años o más, afirmaron haber vivido alguna situación de acoso cibernético.

- El reporte Impunidad en homicidio doloso y feminicidio en México 2020, presentado por la organización Impunidad Cero en noviembre pasado, revela que el 51.4 por ciento de los feminicidios en el país no fueron resueltos.

- En promedio 82 feminicidios se cometen por mes desde que López Obrador está en el poder.

- El 2021 se ubicó como el año más violento para las mujeres en México, pues además de los feminicidios, en el país 2 mil 746 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso. Cuando se suman las víctimas de ambos delitos, el año anterior murieron violentamente 3 mil 750 mujeres, es decir en promedio 10 cada día.

- En promedio cada día se cometieron 58 violaciones. Al igual que con los feminicidios, las violaciones han registrado sus números más altos desde que inició el gobierno de López Obrador.

Es preocupante que el presidente, una persona que está al frente de un país donde el machismo sigue presente en gran parte de las familias mexicanas, no solo minimice a este movimiento, sino también a todas las mujeres que luchan día con día por mejorar al país, y que aún con los feminicidios, las desapariciones forzadas y el número de denuncias por violencia de género vayan en aumento, al presidente le preocupe más que el feminismo sea un complot para afectar a su administración.

En este sentido, y ante los argumentos antes vertidos, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a abstenerse de realizar declaraciones generalizadoras y estigmatizantes en contra de las manifestaciones feministas y respetar el legítimo derecho de las mujeres a protestar.

Notas

1 Orantes López, María Elena. (2007). Mujeres, la historia del 8 de marzo. México: Senado de la República, LX Legislatura.

2 Galeana, Patricia. (2017). La historia del feminismo en México. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas. Consultado en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4318/9.pdf

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2021). Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Mujer. Consultado en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/mujer2 021_Nal.pdf

4 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. (2021). Boletín 40/2021. Consultado en:

https://cdhcm.org.mx/2021/03/73893/

Dado en salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2022.

Diputada María Teresa Castell de Oro Palacios (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a restablecer la cobertura nacional, el funcionamiento y la operación del programa ETC, a cargo del diputado Mario Mata Carrasco, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Mario Mata Carrasco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en numeral 1, fracción I, del artículo 6, numerales 1, fracción II, y 2 del artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a que se restablezca la cobertura nacional, funcionamiento y operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo -PETC- promoviendo su continuidad, aprovechamiento, así como el uso eficaz de las actividades formativas y los servicios de alimentación, de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

Primera. Que el Programa Escuelas de Tiempo Completo -PETC- es una estrategia educativa encaminada a generar ambientes educativos propicios para mejorar las condiciones de aprendizaje y el desarrollo de las competencias de los alumnos de las escuelas de educación pública de nivel básico. Para ello ha desarrollado una propuesta pedagógica que diversifica las actividades formativas a través de seis líneas de trabajo: Fortalecimiento de aprendizaje sobre contenidos curriculares; uso didáctico de las tecnologías de la información y la comunicación; aprendizaje de lenguas adicionales; arte y cultura; vida saludable y recreación y desarrollo físico.1

Fue diseñado para funcionar plenamente a mediano y largo plazo, en escuelas con horario completo, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, orientado hacia la escuela pública de un solo turno en todos los niveles y servicios educativos participantes en el programa, con cobertura nacional para promover un mejor aprovechamiento del tiempo disponible de un gran número de estudiantes, generando un mayor desempeño académico en forma gradual y progresiva y procurando el desarrollo de actividades de acuerdo con la suficiencia presupuestaria del ejercicio fiscal correspondiente.

Prioritariamente se ha considerado como población objetivo inmediata, a toda aquella institución que cumple con al menos uno de los criterios señalados en sus reglas de operación,2 que sean escuelas indígenas y/o multigrado, ofrezcan educación primaria o telesecundaria, atiendan a población en situación de vulnerabilidad o en contextos de riesgo social, presenten bajos niveles de logro educativo o altos índices de deserción escolar, extendiendo la posibilidad de propiciar un desarrollo integral de los educandos, e inclusive a establecer acciones de colaboración, dirigidas a mejorar sus condiciones de vida, con énfasis en las de carácter alimentario, focalizándose en la atención preferente a la población escolar ubicada en comunidades con alto índice de pobreza y marginación.

Segunda . Que los objetivos específicos de dicho programa son los que tienen que ver con fortalecer el uso eficaz de la jornada escolar, la implementación de líneas de trabajo educativas de apoyo al aprendizaje de los alumnos, brindar servicio de alimentos en su beneficio priorizando las comunidades con alto índice de pobreza y marginación, buscando contribuir a su permanencia en el sistema educativo nacional. Para garantizar su puesta en marcha, el programa también refiere el otorgamiento de subsidios a los gobiernos de los estados y a la Ciudad de México, conforme a la suficiencia presupuestaria que se determine en el PEF correspondiente.

Tercera. Que en la tónica de las consideraciones anteriores, el PETC que registra operaciones desde el año 2007, es considerado internacionalmente como una de las intervenciones más importantes del país en materia educativa, puesto que cuenta con evidencia sólida de contribuir al acceso efectivo de al menos tres derechos: alimentación nutritiva y de calidad, educación y no discriminación, así como el de incrementar la dimensión de bienestar económico, porque busca mejorar las oportunidades de aprendizaje para que los estudiantes profundicen en sus conocimientos de español, escritura, expresión oral, pensamiento científico y crítico, con el uso de tecnologías y la enseñanza de una segunda lengua, entro otros importantes saberes.

Cuarta. Que en este orden de ideas prevalece la coincidencia en el sentido de que la jornada extendida, es vista por los expertos como una de las herramientas más potentes para mejorar los aprendizajes y disminuir el abandono escolar. También para combatir la desigualdad educativa, porque “Es una política con mucho potencial para mejorar las trayectorias y aprendizajes de los niños y debería priorizarse en los sectores más vulnerables”.3

Así, la extensión de la jornada escolar se ha constituido desde los años ochenta como una de las políticas educativas elegidas por los países latinoamericanos para la atención de los niños y los jóvenes de los sectores sociales más vulnerables. La política parte de la teoría de cambio que asume que, a mayores recursos escolares, como mayor tiempo de instrucción y más materiales para estudiantes y docentes, se produce un aumento en las horas de instrucción efectiva y con ello se eleva el desempeño académico y se mejoran otros indicadores educativos.

En este orden de ideas, es preciso acotar que la evidencia internacional advierte que no hay una relación clara entre tiempo de instrucción obligatoria y aprendizaje; sin embargo, sólo en casos cuando existen ciertas condiciones habilitantes, es que el aumento de horas se realiza de manera efectiva logrando un impacto causal en indicadores educativos. En el caso de los resultados de avance más palpables en nuestro país, se observa el incremento de los buenos indicadores en las pruebas académicas que regularmente se aplican.

Quinta . Que no está por demás reiterar, que la implementación de la jornada extendida en cualquier centro educativo implica un gran esfuerzo de previsión, planeación, dirección y control, así como un gran compromiso de dedicación y trabajo por parte de todos los actores que participan en este tipo de intervenciones, así como una visión compartida de corresponsabilidad, encaminada a detonar la capacidad de transformación de la comunidad educativa. Y esto es así porque las apuestas de mejoramiento en la educación, generalmente se presupuestan a mediano y a largo plazo, por esa sencilla razón, el escenario ideal es el de darle continuidad al programa, para que se puedan detonar las bondades que planteadas desde su puesta en marcha.

Y es precisamente por las anteriores razones, que resulta indispensable que se cumpla el compromiso gubernamental, relativo a que la nueva escuela mexicana, deberá buscar la equidad, la excelencia, y la mejora continua en la educación, para lo cual coloca en el centro de la acción pública, el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, por lo que resulta indispensable fortalecer las acciones dirigidas a su bienestar.4

Sexta . Que diversos organismos se han pronunciado en el sentido de externar sus recomendaciones al respecto de que no desaparezca el programa, reconociendo que la operación del PETC, contribuye al mejoramiento del aprendizaje y la calidad educativa, como en el caso de lo comentado en el organismo denominado Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF-, que refiere en sus estudios más recientes, que el 65.8 por ciento de las alumnas y alumnos que asistían a las escuelas que operaban el programa, el primer alimento que consumían en el día, era el que recibían en el plantel, y que muchas veces dicho alimento, se constituía como el único alimento completo que recibirían en el transcurso de toda la jornada.

Señala además el propio organismo, que el servicio de alimentación otorga beneficios adicionales como la disminución en la deserción escolar, aunado esto a que la participación de las madres y padres de familia en dicho servicio garantiza su sostenibilidad y contribuye a formar una red de confianza.

No está por demás recordar que la UNICEF trabaja intensamente en 193 países y territorios para ayudar a garantizar a los niños el derecho a sobrevivir y a desarrollarse desde la primera infancia hasta la adolescencia, proporcionando alimento, ropa y atención médica, intentando paralelamente, contribuir a la satisfacción de sus demás necesidades, como en el caso de la educación básica de calidad y la protección contra la violencia. Es pues este organismo el mayor proveedor de vacunas para los países en desarrollo, y trabaja paralelamente para mejorar la salud y la nutrición, el abastecimiento de agua y saneamiento de calidad para todos los niños del mundo.

Por otro lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE-, es otro importante organismo internacional que se ha pronunciado al respecto, refiriendo que la implementación del PETC, desde el siguiente año de su puesta en marcha, mostró buenos resultados generales por grados escolares. Esto se analizó a través de la prueba Enlace, donde se percibieron hallazgos interesantes, en el sentido de que en las escuelas donde se implementó el programa, las áreas de español y matemáticas registraron mejores niveles de aprovechamiento; como en el caso de los alumnos de nivel bueno, que fluctuó entre el 25 y el 21.3 por ciento, y para el nivel elemental que en ambas áreas se registraron porcentajes de evaluaciones de alumnos cercanas al 48.3 por ciento, pasando por el nivel de excelencia, donde un 3 por ciento de los alumnos que se les aplicó la prueba, registraron el nivel máximo de excelencia.

De manera paralela, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO- ha compartido, que las escuelas de tiempo completo representan nuevas condiciones para facilitar y hacer efectivo el derecho de los niños a recibir aprendizajes útiles en ambientes saludables, equitativos y de calidad.

Séptima. Que por lo que hace a las recomendaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social -Coneval- en su carácter de organismo público descentralizado de la administración pública federal, que cuenta con capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México y que permite indudablemente mejorar la toma de decisiones en la materia, sobresale lo publicado en sus diversos estudios al respecto del programa, donde se concluye de manera precisa que las evidencias sugieren que el incremento de la duración de la jornada escolar en un esquema con servicio de alimentación, resulta ser una intervención efectiva para mejorar el logro educativo y el nivel de aprendizaje y lo más importante de la referencia es que dentro de los estudiantes más beneficiados, se encuentran los de las escuelas primarias de localidades de alta marginación.5

Y lo anterior es así, según destaca el propio Consejo, porque el diseño del programa presupone un mecanismo causal que vincula a la población en situación de vulnerabilidad o en contextos de riesgo social, con la necesidad de mayor tiempo de instrucción y alimentación, como el medio idóneo para incrementar su nivel de logro educativo.

Se señala también, que ha resultado de particular interés para las observadores de la intervención que nos ocupa, el posible efecto positivo en la disponibilidad de tiempo de las mujeres participantes, quienes ven también beneficios colaterales directos, toda vez que tradicionalmente se encuentran en relaciones de poder asimétricas, que les conducen al truncamiento de sus trayectorias escolares y profesionales, debido a la asunción de roles de cuidado familiar que tradicionalmente se les han adjudicado.

Octava . Que en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil que se han pronunciado al respecto, tenemos a “Save the Children International”, organización que está presente en 130 países, en los que desarrolla programas relacionados con la salud infantil, nutrición, atención en emergencias, violencia, calidad educativa, gobernabilidad en derechos de la niñez, trata, explotación laboral infantil, entre otros, y que ha levantado la mano para externar su desconcierto, indignación y profunda preocupación por la eliminación del PETC en México y los servicios de alimentación que en él se incluían.

Todo esto, declarado tras la reciente publicación de las reglas de operación 2022 del Programa La Escuela es Nuestra -PLEEN-, donde quedó de manifestó que al no estar incluidas en el documento las líneas de trabajo del PETC, evidentemente éste desaparecía, dejando atrás los acuerdos y promesas externadas por las autoridades gubernamentales a nivel federal, en la tónica de que eso no sucedería; destacando además que lo más lamentable, es que los más afectados con esta acción serán por supuesto las niñas, niños y adolescentes en condiciones de pobreza y marginación, que llevaban ya varios años con la intervención de referencia y que repentina y desafortunadamente la verán truncada, al no recibir más los beneficios señalados.6

Además hicieron hincapié, en que desde la discusión del proceso presupuestario 2022, se advirtió a la Cámara de Diputados la necesidad de sujetar el PLEEN a Reglas de Operación, para así disminuir la discrecionalidad en el ejercicio de su presupuesto. Al mismo tiempo, insistieron en la importancia de garantizar la operación e incrementar la cobertura de las escuelas con jornada extendida y sus servicios alimentarios, objetivos que pertenecen al Programa Escuelas de Tiempo Completo PETC. Sin embargo, resulta necesario reiterar que la publicación reciente de estas reglas, implican un retroceso en los derechos de la niñez y adolescencia al eliminar sus componentes más relevantes.

Novena . Que otra organización de la sociedad civil que ha externado su preocupación por la posible desaparición del PETC, en el contexto de que el Programa la Escuela es Nuestra (LEEN) no integra sus componentes, es la de “Aprender Primero” (brazo jurídico de Mexicanos Primero) y ésta ha sido aún más enfática, puesto que desde el año pasado -marzo del 2021- interpuso un amparo en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021 (PEF 2021), así como los lineamientos de LEEN, donde se argumentó que la eliminación del Programa Escuelas de Tiempo Completo y el traslado de sus objetivos al LEEN, atenta contra el derecho a aprender de 3.6 millones de niñas y niños beneficiarios del programa. También se acusó de estar violando el principio de progresividad, el cual implica que, una vez alcanzado cierto nivel en el goce y ejercicio de algún derecho humano, las autoridades ya no pueden tomar decisiones de manera arbitraria que lo hagan retroceder.

Décima . Que desafortunadamente, después de que las escuelas de tiempo completo se vieron afectadas en su operación durante el año 2020, en el proceso presupuestal 2021 no se contemplaron recursos para continuar con el programa. Lo anterior, a pesar de que su esfuerzo está dirigido a menores en situación de vulnerabilidad o en contextos de riesgo social e inseguridad, de abandono escolar, agravados por la pandemia Covid-19, o que están integradas por niños indígenas o prevenientes de poblaciones rurales y en donde su ocupación escolar permite a los padres de familia contar con cierta tranquilidad, al saber que sus hijos se encuentran atendidos mientras ellos permanecen en sus actividades laborales. Esto, sin considerar, que la desaparición del PETC, dejaría a millones de niñas, niños y adolescentes vulnerables, sin alimentación y cuidados escolares.

Que en los últimos días ha quedado plenamente manifestado, que los principales actores que tienen que ver con el programa y con la educación en México, han tomado la voz y han reiterado a sus audiencias en varios foros, que esperaban que se respetaran los compromisos asumidos desde el anterior secretario de Educación, licenciado Esteban Moctezuma Barragán, en el contexto de dar continuidad al programa que venía operando exitosamente desde hace ya casi quince años, toda vez que la actual secretaria de Educación, la maestra Delfina Gómez Álvarez, afirmó en su oportunidad que el esquema del PETC se encontraba inmerso dentro del programa la escuela es nuestra LEEN, hecho que quedó definitivamente desmentido al aparecer publicadas las reglas de operación del citado programa en el Diario Oficial de la Federación, donde finalmente no se incluyeron los componentes del PETC, generando este hecho una serie de inconformidades, reclamos y protestas de los sectores a los que ya se ha hecho referencia.

El hecho es que el argumento que se ha puesto en la mesa por parte de la propia secretaria de Educación es que lo que se han venido haciendo a través de las visitas a las instituciones, es una valoración de las necesidades que presentan, donde a su parecer, aún faltan muchas acciones para poder mejorar las instalaciones básicas, como lo es el agua, las aulas, los sanitarios, etc. como algo que se pedía y se reclamaba como prioritario para el regreso a clases”. Y seguramente es así, sin embargo, no pareciera conveniente que se atienda esta petición, a costa de eliminar el programa que tan buenos resultados veía ofreciendo.

En este contexto, el documento de referencia detalló que el LENN tiene por objetivo general, el mejorar, por conducto del Comité Escolar de Administración Participativa -CEAP-, las condiciones de estructura física, equipamiento y materiales para el apoyo educativo de los planteles públicos de nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria en sus diferentes modalidades y las comunidades de aprendizaje de Consejo Nacional de Fomento Educativo -Conafe- en beneficio de las niñas, niños y adolescentes.

Y como objetivos específicos del programa, se señala que pretende lograr un avance en la mejora de la infraestructura física educativa a nivel nacional, coadyuvar a que el presupuesto destinado a la infraestructura física educativa, equipamiento y material didáctico, cubra eficientemente las necesidades de las comunidades escolares, en beneficio de las niñas, niños y adolescentes, así como abonar hacia el impulso de la organización comunitaria educativa en los planteles públicos de educación básica.

En esta determinación, el gobierno federal nuevamente consideró importante, el entregar directamente los subsidios a los beneficiarios del programa, con la promesa de mejorar la infraestructura física educativa. Esto para facilitar la entrega de recursos que implique eliminar trámites, reducir el costo burocrático y lograr que rindan más los recursos mediante cuentas bancarias personales, preferentemente a través del Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito o de la Banca de Desarrollo, hecho que consideramos conveniente, pero en el marco de que se cumpla con reglas de operación bien detallas, con apego a la transparencia y rendición de cuentas y sin descuidar y abandonar los avances institucionales y de iniciativas y programas exitosos, que tantos años ha costado a los mexicanos construir y que dicho sea de paso, han merecido el reconocimiento internacional.

Es por todas las consideraciones anteriormente expuestas y de acuerdo con los argumentos detallados en el presente ocurso, que, desde el ámbito de mis atribuciones como representante popular, tengo a bien presentar ante la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El honorable Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal para que, atendiendo las recomendaciones, observaciones y evaluaciones de los padres de familia, los organismos internacionales, como la UNICEF, la OCDE, la UNESCO, los nacionales como el Coneval, las organizaciones de la sociedad civil, entre otros, se restablezca la cobertura nacional, funcionamiento y operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo -PETC- promoviendo su continuidad, aprovechamiento, así como el uso eficaz de las actividades formativas y los servicios de alimentación; toda vez que se han aportado las evidencias necesarias para demostrar que funciona eficientemente y que cuenta con muy buenas expectativas para su desarrollo inmediato.

Notas

1 Para mayor información se puede revisar el texto Programa Escuelas de Tiempo Completo, SEP, México, 2010, en el sitio https://www.aefcm.gob.mx/petc/archivos-recomendaciones/buenas_practicas 1.pdf revisado el 4 de marzo de 2022.

2 Las últimas reglas de operación del PETC fueron publicadas el 29 de diciembre de 2019, para el ejercicio fiscal de 2020.

3 Cardini, Alejandra, La jornada escolar extendida puede mejorar los aprendizajes y debe priorizarse en los sectores vulnerables, CIPPEC, Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, Buenos Aires, Argentina, s.a.

4 Cónfer acuerdo número 21/12/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo, para el ejercicio fiscal de 2020, Diario Oficial de la Federación, 29 de diciembre de 2019.

5 S.a. Impacto del Programa Escuelas de Tiempo Completo 2018, estudio exploratorio, Coneval, Ciudad de México, 2019.

6 Para mayor información, consultar Save the Children, Llamado a no eliminar las escuelas de tiempo completo, México, marzo de 2022. https://www.savethechildren.mx/enterate/noticias/llamado-a-no-eliminar- las-escuelas-de-tiempo-compl

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2022.

Diputado Mario Mata Carrasco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a informar a la opinión pública sobre las quejas o denuncias de situaciones de riesgo presentadas por comunicadores entre diciembre de 2018 y marzo de 2022, a cargo de la diputada Yesenia Galarza Castro, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Yesenia Galarza Castro, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracciones I y VIII, 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar un informe a la opinión pública, a las autoridades responsables del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El Congreso Constituyente de 1917 al promulgar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se encuentra vigente, estableció como una de las garantías fundamentales la libertad de expresión; y al redactar la versión original del artículo 6o., hizo constar que la voluntad del legislativo era que la libertad de expresión no tuviera mayores restricciones salvo en el caso de ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público.

2. El mismo Congreso Constituyente estableció en el artículo 7o. que otra de las garantías individuales sería la libertad de imprenta, que representa la posibilidad de escribir y publicar las ideas en ámbito de respeto a este derecho fundamental por parte del Estado. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos para la propia libertad de expresión y que han sido señalados.

3. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en diversas tesis y jurisprudencias sobre la importancia de la libertad de expresión y la estrecha relación que guarda este derecho fundamental, con la libertad de publicar ideas. Por ejemplo, en la tesis XXII/2011, con rubro “Libertades de expresión e información. Su posición preferencial cuando son ejercidas por los profesionales de la prensa .” La Primera Sala de la Corte, sostiene que:

“Si bien es de explorado derecho que la libertad de expresión goza de una posición preferencial frente a los derechos de la personalidad, es importante destacar que las libertades de expresión e información alcanzan un nivel máximo cuando dichos derechos se ejercen por los profesionales del periodismo a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública, que es la prensa, entendida en su más amplia acepción. Al respecto, la libertad de expresión tiene por finalidad garantizar el libre desarrollo de una comunicación pública que permita la libre circulación de ideas y juicios de valor inherentes al principio de legitimidad democrática. Así, las ideas alcanzan un máximo grado de protección constitucional cuando: a) son difundidas públicamente; y b) con ellas se persigue fomentar un debate público.”

4. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define al periodismo como la actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de informaciones a través de cualquier medio escrito, oral, visual o gráfico, actualizando esta definición, que anteriormente restringía la categoría de periodista sólo para quienes trababan en periódicos o medios audiovisuales.

5. La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas define en su artículo 2o. a los periodistas como “las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole, cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen.”

6. La Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), en un comunicado de fecha 4 de enero de 2022, con motivo del Día del Periodista, indicó que la libertad de expresión “es una herramienta fundamental para tener una sociedad libre, democrática y plural” y destacó que la labor de las y los periodistas “ayuda a hacer realidad el derecho a informarse, a participar y a la rendición de cuentas”.

Expuso además que en México “ejercer el periodismo supone un riesgo” y recordó que, en el país, en 2021, al menos siete periodistas fueron asesinados y dos más desaparecidos por realizar su labor, mientras que muchos más “recibieron agresiones de todo tipo”.

7. Según cifras de Artículo 19, organización fundada en 1987 que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, en México durante 2021 se registraron siete asesinatos de periodistas, entre la más de 600 agresiones registradas en el año.

8. El Congreso de la Unión publicó el 25 de junio del 2012, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Protección a Periodistas, con la cual pretendió dotar al Estado mexicano del marco jurídico necesario, para poder brindar protección a periodistas y a defensores de derechos humanos, generando una oficina dentro del Estado mexicano, denominada Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos.

9. Tras los primeros años de su operación, en agosto de 2019, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos elaboró un diagnóstico sobre el funcionamiento del mecanismo, donde se desprende que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la sociedad civil, la Secretaría de Gobernación (Segob) y diversos organismos internacionales de derechos humanos coinciden en la necesidad de fortalecer el Mecanismo ante la ausencia de un ambiente propicio y seguro para defender los derechos humanos y ejercer el periodismo en México.

Considerando

1. Que en México ser periodista es una de las profesiones más riesgosas, tan sólo del año 2018 a la fecha, Artículo 19 ha documentado 38 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor, en el año 2018, se registraron 9 asesinatos, durante el año 2019, se registraron 10, en 2020 y 2021 la cifra fue de 7 periodistas asesinados en cada año, queda de manifiesto que el Estado mexicano tiene una deuda histórica con el gremio de periodistas y de quienes ejercen esta noble labor.

2. Que en lo que va del año 2022, han sido asesinados 5 periodistas y destacan los siguientes casos:

- El 10 de enero fue asesinado el periodista José Luis Gamboa Arenas, director general del Diario Inforregio Network, en el Puerto de Veracruz.

- El 17 de enero fue asesinado el periodista Margarito Martínez Esquivel, fotoperiodista especializado en temas de seguridad y justicia y colaborador de varios medios de difusión en Tijuana, Baja California.

- El 23 de enero fue asesinada la periodista María Guadalupe Lourdes Maldonado López, que cubría temas de corrupción y políticos en Tijuana, Baja California, y quien ya había informado al presidente del peligro en que se encontraba.

- El 31 de enero fue asesinado el periodista Roberto Toledo, colaborador de Monitor Michoacán, en Zitácuaro, Michoacán.

- El 10 de febrero fue asesinado el periodista Heber López Vázquez, reportero del sitio Noticias Web, en Salina Cruz, Oaxaca.

3. Que la Ley Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas establece que el Estado mexicano cuenta con herramientas para garantizar la protección a derechos humanos erigida dentro del Estado mexicano para salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad, de quienes ejercen el periodismo, la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión, pero las acciones que hasta este momento han sido tomadas por parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas han sido insuficientes, resulta necesario hacer una revisión de su funcionamiento, facultades y alcances jurídicos.

4. Que la federación como tercer orden de gobierno, es la que cuenta con mayores recursos y posibilidades para enfrentar la lamentable problemática de riesgo en que viven los periodistas en este país, resulta necesario hacer un diagnóstico del estado real y actual de las denuncias presentadas por periodistas que han sido atendidas por el mecanismo, así como conocer las acciones que se han implementado para atender y resolver este problema.

5. Que el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es operado por la Secretaría de Gobernación, está integrado por una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y una Coordinación Ejecutiva Nacional.

La Junta de Gobierno, como instancia máxima del mecanismo, está integrada por:

I. Un representante de la Secretaría de Gobernación;

II. Un representante de la Fiscalía General de la República.

III. Un representante de la Secretaría de Seguridad Pública;

IV. Un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores;

V. Un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y

VI. Cuatro representantes del Consejo Consultivo elegidos de entre sus miembros.

Lo anterior significa que el éxito o fracaso de las políticas públicas y medidas establecidas por el mecanismo deben contar con el respaldo de las dependencias federales que participan en la Junta de Gobierno del mecanismo.

6. Que de acuerdo con información publicada por la propia dependencia el mecanismo, desde su creación ha enfrentado una serie de dificultades, por ejemplo, en la idea de que la única forma de intervención efectiva como Estado es solo a través del mecanismo, con lo que se ha relegado la coparticipación que debe de existir de los tres órdenes de gobierno en la protección a quienes ejercen la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos.

Ya que, a pesar de contar con mil 478 personas beneficiarias de la mayoría de las entidades federativas, solo seis estados del país cuentan con organismos locales de protección en esta materia, los cuales son Ciudad de México, Veracruz, Colima, Guanajuato, Guerrero y Puebla.

La ruta que se contempla para realizar acciones de fortalecimiento para el mecanismo se centra en los siguientes puntos:

a) cumplimiento de la totalidad de las recomendaciones emitidas por parte de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México dentro del Diagnóstico para el Fortalecimiento del mecanismo;

b) la revisión del marco normativo sobre la protección a periodistas, así como el establecimiento de mecanismos de coordinación entre la federación y los estados para la efectiva protección a periodistas; y

c) la promoción de diagnósticos estatales de prevención para identificar las agresiones por municipios y anticipar los fenómenos que las detonen.

7. Que mediante información publicada por la propia dependencia, sabemos también que el mecanismo utiliza la subcontratación de instituciones privadas de seguridad, así como también contrata los servicios del Servicio Federal de Protección de la Secretaría de Seguridad Pública, esto refleja que el mecanismo para poder cumplir con sus atribuciones, no cuenta con el apoyo directo e inmediato de las dependencias, situación que podría estar entorpeciendo el desarrollo de su actividad fundamental, por lo que, se hace indispensable solicitar un informe pormenorizado de lo que está llevando a cabo el mecanismo, así como de las necesidades y carencias que enfrenta ante la magnitud de la problemática.

Por lo anterior, expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea loss siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero . Solicitar al coordinador ejecutivo nacional del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que informe detalladamente a la opinión pública, de las quejas o denuncias de situaciones de riesgos que hayan sido presentadas por periodistas entre diciembre de 2018 y marzo de 2022, en el que se incluyan los siguientes datos:

I. De las denuncias o quejas recibidas, cuantas fueron dictaminadas favorablemente y les fueron garantizadas medidas de protección a esos periodistas.

II. De los periodistas asesinados que fueron mencionados en los considerandos de la presente proposición, ¿cuáles de ellos habrían presentado denuncia para solicitar el apoyo del mecanismo?, ¿cuáles fueron las acciones que se tomaron para apoyarlos? y que se explique ¿por qué fueron asesinados sin que el mecanismo pudiera prevenirlo o evitarlo?

III. Relación que indique la cantidad de quejas o denuncias recibidas, en comparación con el número de casos dictaminados favorablemente, así como de una explicación pormenorizada de porque son rechazadas o dictaminadas en sentido negativo las peticiones de medidas de protección que fueron denegadas.

IV. El monto de los recursos financieros, humanos y materiales, que hubiera necesitado el mecanismo para poder proteger a todos los periodistas que ha recurrido a la instancia oficial del mecanismo.

Segundo. Que rindan un informe pormenorizado a la opinión pública, la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el que expliquen detalladamente, cuáles son las acciones o medidas con las que han apoyado al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, desde diciembre de 2018 y hasta marzo de 2022, con el detalle de acciones y montos de presupuesto, que hubieran sido destinados para dicho fin;

Así como que informen a la opinión pública si están llevando a cabo otro tipo de acciones para apoyar y prevenir las acciones en contra de periodistas por parte de estas dependencias si es que se estuvieran realizando acciones en forma paralela a las que lleva a cabo el mecanismo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2022.

Diputada Yesenia Galarza Castro (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del segundo aniversario luctuoso de la primera víctima de Covid-19 en México, fallecida el 18 de marzo de 2020, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba e integrantes del Grupo Parlamentario del Grupo Parlamentario del PAN

La pandemia por Covid-19 es un acontecimiento que marcará nuestra época, nunca en la historia reciente de la humanidad había existido una situación que pusiera en riesgo la vida y la salud de millones de personas a la vez.

A dos años del 18 de marzo de 2020, fecha del primer fallecimiento por la pandemia en México, se contabilizan más 321 mil defunciones “oficiales” en el país, y de acuerdo con los datos estimados por especialistas, dicha cifra se debería multiplicar por 3 para obtener un escenario acorde con la realidad de esta tragedia, es decir, casi un millón de muertes.

En ese contexto, queremos recordar con gran pesar a las víctimas de la pandemia, desde esta Cámara de Diputados, queremos señalar que esta fecha debe servir para recordarlos y también para exigir un alto a la pérdida de vidas que siguen ocurriendo diariamente, a pesar de que fueron y siguen siendo, en muchos casos, evitables.

Este también es un momento adecuado para hacer un recuento de los errores del gobierno federal en la gestión de la pandemia, es necesario evitar que más familias sean enlutadas por la negligencia criminal con la que han actuado las autoridades frente a la peor catástrofe sanitaria de la historia reciente.

Actuación tardía del gobierno federal frente a la pandemia

El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan (provincia de Hubei, China) notifica un conglomerado de casos de neumonía en la ciudad; posteriormente se determina que fueron causados por un nuevo coronavirus.

A partir de entonces la Organización Mundial de la Salud (OMS) puso en marcha una serie de acciones para su atención;1 así el 30 de enero de 2020, declara que el brote por el nuevo coronavirus (2019-nCov) constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional ESPII, establecida en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) en 2005. El 3 de febrero publica el Plan Estratégico de Preparación y Respuesta para ayudar a los Estados con sistemas de salud más frágiles a protegerse y el 11 de marzo, declara que la nueva enfermedad por coronavirus (Covid-19) puede caracterizarse como una pandemia.

Ante las diversas alertas e información generada, las autoridades sanitarias en nuestro país no actuaron como era su obligación; la importancia de la pandemia fue minimizada, se maniobró para retrasar las acciones gubernamentales, no se adquirieron los insumos necesarios ni se previeron las necesidades de personal capacitado, ni la infraestructura hospitalaria con la capacidad necesaria para enfrentar la pandemia.

La responsabilidad primaria para la atención de una emergencia sanitaria es del presidente de la República y del Consejo de Salubridad General, para que una vez tomadas las determinaciones que corresponden a este Consejo, la Secretaría de Salud federal sea la encargada de dictar “inmediatamente”, las medidas indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud.2

En México, sin embargo, fue hasta el 23 de marzo que el Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), como una enfermedad grave de atención prioritaria3 y solo a partir de ahí se comenzaron a tomar algunas acciones, es decir, demasiado tarde.

Frente a una crisis sanitaria como la originada por el virus SARS CoV-2, es fundamental el papel que debe jugar el Estado, como el principal garante de la seguridad, salud, patrimonio y bienestar de la población. A través del gobierno federal tiene la obligación debe intervenir con toda su fuerza y recursos para enfrentar la pandemia y sus consecuencias, debe asegurar que las condiciones de cada una de las personas sean las mejores posibles; ya que tiene el mandato constitucional y legal de hacerlo y es el responsable de la coordinación de esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno y con la sociedad.

Sin embargo, la inacción gubernamental fue evidente, las pocas acciones que realizó fueron ocurrencias tomadas sin considerar las evidencias científicas que en esos momentos ya se habían generado en muchos países, los cuales ya enfrentaban y controlaban el avance de la pandemia. Los errores cometidos por el gobierno federal fueron avalados por el principal responsable del gobierno federal en el manejo de la pandemia por Covid-19, el doctor Hugo López Gatell.

La fallida estrategia del gobierno federal para enfrentar la pandemia ha tenido como resultado miles de muertes, muchas de ellas evitables, que han llevado a nuestro país, a estar entre aquellos con más muertos en el mundo por efectos de la pandemia.

Desde el inicio de la pandemia hubo incapacidad gubernamental de planear adecuadamente, no obstante, que se contaba con información suficiente proveniente del comportamiento de la pandemia en otros países y de las recomendaciones que había hecho la Organización Mundial de la Salud, OMS.

El 15 de marzo de 2020, el primer paciente registrado por coronavirus en México, ingresó al INER sin diagnóstico de coronavirus, porque pese a tener todos los síntomas, la “definición operacional” excluyó al paciente al no haber evidencia de contacto en otros países, ni contacto con infectados.

Ese mismo día, en muchos países se reportaban ya una cantidad alarmante de contagios, China tenía 80 mil 860 contagios. Italia 24 mil 747, España 7 mil 988 y Estados Unidos 3 mil 484 contagios por Covid-19. Gattel, como especialista en epidemiología, no podía decirse sorprendido, pero no actuó; mientras otros países implementaron medidas, como la construcción de un hospital con 1,000 camas en un tiempo de seis días; establecieron cuarentena evitando que las personas salieran de las ciudades, limitaron el uso de transporte urbano, establecieron el uso obligatorio de cubrebocas en lugares públicos; cerraron aeropuertos, suspendieron todo tipo de actividades masivas, tours y paseos turísticos, entre muchas otras, el gobierno mexicano permaneció estático y en total inacción.

Si se hubiera tomado en cuenta esta información se pudo haber previsto el desastre que vendría, se hubiera planeado adecuadamente y, con oportunidad, se hubiera tenido una estrategia nacional con lineamientos generales para la población, se hubiera previsto la necesidad de fortalecer nuestro sistema de salud en términos de camas, insumos, material y personal médico; se hubieran definido medidas de prevención y protección para la población, así como el control de viajeros de entrada al país, entre muchas otras.

A inicios de marzo legisladores federales de diversos grupos parlamentarios propusieron crear un fondo para enfrentar la pandemia que en esos momentos comenzaba a crecer en todo el mundo, sin embargo, el subsecretario Gatell rechazó que se necesitara más dinero, e, incluso, desde el gobierno federal frenaron una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para crear un fondo de contingencia sanitaria propuesto por el propio Mario Delgado y por la bancada del PAN.4

Meses después, fue evidente la falta de recursos para adquirir insumos médicos, equipos (respiradores) y para hacer frente al desastre en los hospitales públicos del país ante la ausencia de equipo de protección individual para el personal médico en la primera línea de batalla contra el virus.

Ante la falta de recursos y la gravedad de la situación fueron los familiares de los enfermos quienes asumieron el costo del desabasto mediante el gasto de bolsillo, que en muchos casos significó su ruina económica. También tuvieron que ser los sectores social y privado quienes se solidarizaron con la población enferma y le ofrecieron servicios de atención médica o realizaron donativos muy importantes para la atención de los enfermos.

Además, debido a falta de equipo y medicinas el gobierno federal recurrió a las compras de pánico con sobreprecios a proveedores señalados por actos de corrupción y a empresas ligadas a altos funcionarios como Manuel Bartlett y Zoé Robledo.

Negativa a realizar pruebas

Fue irracional la negativa de la federación a realizar pruebas de diagnóstico para la identificación de personas contagiadas y el seguimiento de sus contactos para lograr un control efectivo de la pandemia y evitar muertes innecesarias; cuando la OMS había recomendado esta medida como una de las principales acciones para frenar el avance de la pandemia. Somos el país de la OCDE que menos pruebas ha realizado por cada mil habitantes, en la etapa más crítica de la pandemia por las muertes que se presentaban a diario, México solo aplicaba 0.4 pruebas por cada mil habitantes, mientras la media de los países OCDE estaba en 25 por cada mil.

El 3 de marzo de 2020, Gatell prohíbe que hospitales privados realicen las pruebas de Covid-19, y vuelve a reiterar el 19 de marzo que dichas pruebas no tienen ninguna utilidad; no obstante que el 16 de marzo la OMS había solicitado que los países la realización de pruebas de Covid-19 para evitar muertes. El 6 de abril el gobierno de Jalisco informa que el propio subsecretario Gatell impide que lleguen las pruebas Covid-19 y se suman varios estados denunciando la poca o nula colaboración de parte de la federación.

Haber realizado más pruebas de diagnóstico hubiera permitido controlar los contagios, pues se hubiera podido rastrear casos sospechosos e identificar a sus contactos y prevenir más contagios. Sin pruebas y seguimiento de casos, simplemente el gobierno actuó a ciegas poniendo en riesgo a la población y generando más muertes.

El gobierno federal minimizó la gravedad de la crisis sanitaria, tomó decisiones improvisadas, sin planeación, lo que llevó a la saturación de los hospitales ocasionando que los enfermos ingresan tarde a las unidades de terapia intensiva, otros ni siquiera encontraron espacio para su atención, reduciendo así la su expectativa de vida y generando una mayor cantidad de muertes.

Negativa a usar cubre bocas

Con soberbia, el gobierno federal desconoció la evidencia científica en el mundo y en contra de las recomendaciones sanitarias internacionales se negó reiteradamente, al igual que el presidente, a usar y recomendar el uso masivo del cubre bocas o mascarilla como medida preventiva de protección contra el virus.

Fue ante la presión de expertos, los medios de comunicación y la sociedad, que se reconoció que existe evidencia de la utilidad de los cubrebocas como un mecanismo de protección, sin embargo, se negó a recomendar su uso de manera masiva. Por lo que tuvieron que ser entidades federativas del país las que por iniciativa propia adoptaron el uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos.

Información falsa

Los datos sobre el número de contagios y muertes por Covid-19, que ha venido dando la federación, nunca generaron confianza y el gobierno perdió credibilidad. Los funcionarios del gobierno federal han recurrido siempre a su verborrea retórica para justificar la imprecisión de sus datos. Se ha utilizado la información de forma sesgada tratando siempre de minimizar el impacto real del Covid-19 en nuestro país.

En de junio de 2020, Gatell aseguró que la estimación de decesos por la enfermedad por Covid-19, realizada por el gobierno federal era de 30 a 35 mil personas, y que en un “escenario muy catastrófico se llegaría a 60 mil fallecimientos”. Totalmente fuera de toda proporción ya hemos rebasado las 321 mil muertes “oficiales”.

Su interés por minimizar los efectos de la pandemia lo ha llevado a mentir y a perder toda credibilidad, desde su incapacidad para explicar el funcionamiento del modelo Centinela, del cual nunca dio a conocer el modelo matemático o metodología utilizada para realizar las proyecciones o estimados de casos que hay realmente en el país, así ha sido su manejo de la información, inexacta y con total opacidad.

Condiciones precarias e inseguras del personal de salud

Durante las conferencias del gobierno federal, reiteradamente ha señalado que no existe desabasto de equipos de protección para el personal de salud; sin embargo, las múltiples manifestaciones públicas de médicos y enfermeras a lo largo de todo el país lo han desmentido. La falta de protección personal contra la Covid-19, para el personal médico ha llevado a que nuestro país presente una de las más altas tasa de mortalidad en el personal de salud que atiende directamente la pandemia.

Coordinación deficiente entre las autoridades sanitarias federales y locales

Desde el principio de la pandemia el gobierno federal, se negó a convocar al Consejo de Salubridad General, organismo constitucional con las atribuciones para emitir las normas generales y obligatorias para enfrentar la pandemia; solo se ha reunido de manera ocasional, pero siempre a la sombra de López Gatell quien ha asumido el control total de las acciones gubernamentales.

La impericia e incapacidad limitó la coordinación con los gobiernos locales para enfrentar la pandemia, reiteradamente ha entrado en contradicción con los gobernadores ejecuten disposiciones generales en todo el país, cada entidad federativa ha tenido que asumir la responsabilidad de enfrentar la pandemia con sus propias decisiones y recursos, puesto que el gobierno federal ha sido incapaz de lograr una coordinación efectiva.

Las decisiones erráticas del gobierno federal desarticularon nuestro sistema de salud, cada entidad federativa asumió el control y tomó las medidas para enfrentar la pandemia.

Lento avance en la vacunación, basada en criterios políticos

El proceso de vacunación ha sido muy lento; se dejó el proceso de vacunación en manos del Ejército, que no tiene experiencia ni personal y en “los siervos de la nación” con una clara intención de lucrar políticamente.

Desde Acción Nacional hemos exigido que se convoque al Consejo Nacional de Vacunación para que sea la instancia rectora del Programa de Vacunación y acompañe la adquisición de los bienes públicos mundiales como son las vacunas, como parte de una estrategia clave de la seguridad nacional en salud. Sin embargo, la falta de un programa presupuestal en la materia nos demuestra que las acciones contra la pandemia se seguirán improvisando.

La priorización en la distribución de las vacunas ha sido instrumentalizada como una herramienta de proselitismo por el gobierno federal, y su aplicación ha seguido una lógica electoral diseñada desde Palacio Nacional. El proceso de vacunación debió haber empezado en zonas de alta concentración humana y no en zonas alejadas rurales; además, con total descaro, gran parte de las localidades seleccionadas en las primeras etapas de la vacunación fueron aquellas que celebraron procesos electorales en 2021.

Está claro que desde un inicio el personal sanitario del país fue sustituido por los operadores de campo de Morena, para poder instrumentar una política de vacunación que respondiera a los intereses políticos de ese partido y ocultar los abusos y negligencia que se están cometiendo.

Es necesario fortalecer la infraestructura y recursos humanos necesarios para la aplicación de las vacunas, puesto que hoy, dicha responsabilidad ha caído en los llamados “servidores de la nación”, quienes carecen de preparación en materia de salubridad para diseñar una adecuada campaña universal de inmunización.

Haciendo un uso político de la vacunación están lucrando con la vida de las personas; están enlutando a todo el país. Desde un principio, en las brigadas de vacunación debió haber médicos, enfermeras, especialistas en vacunación, no en la operación política electoral. Nos queda claro que estamos ante un gobierno al que no le importa la salud, sino la cooptación de los ciudadanos.

La negativa a vacunar menores de edad

Los niños y adolescentes han enfrentado la pandemia en total desprotección del gobierno federal, Gatell ha reiterado que son poco afectados directamente en su salud por el coronavirus y que por ello no hay necesidad de vacunarlos contra este virus. No obstante que hay vacunas probadas con eficacia para uso en niños, a los mexicanos se les ha negado y para recibirla han tenido que recurrir a la justicia.

Las declaraciones de Gatell respecto de que “vacunar a un menor de edad que recurre a un amparo significa quitarle la dosis a una persona con mayor riesgo ante el Covid-19”, es negligencia, desconocimiento de la evidencia científica que advierte de lo indispensable y seguro que es vacunar a los menores; ha sido un pretexto absurdo para que el gobierno federal se ahorre el dinero de esos millones de dosis.

Los amparos presentados por padres de familia para que el gobierno aplique el biológico a niñas, niños y adolescentes, son una muestra clara de que la política de vacunación no está funcionando, a pesar de que se tienen los recursos para comprar las vacunas.

Desde el mes de marzo de 2021 la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos FDA, amplió la autorización de uso de emergencia de la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer-BioNTech para incluir a los niños de 12 a 15 años. La vacuna está autorizada para uso de emergencia en Europa, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Chile.

En nuestro país 24 de junio de 2021, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), también autorizó el uso de emergencia del fármaco desarrollado por Pfizer y BioNTech para ser administrado a mayores de 12 años.

Los niños y adolescentes de nuestro país tienen derecho a la protección de la salud y no se le puede excluir de la vacunación contra el SARS CoV 2, máxime cuando existen vacunas autorizadas en nuestro país para aplicarse a partir de los 12 años.

La política impulsada por la federación no solo ha limitado el derecho a la protección de la salud de la población infantil, sino que ésta ha visto limitado también otros derechos que los ha enfrentado a presentar rezagos educativos enormes, aumento en niveles de estrés, ansiedad y violencia doméstica, entre otras problemáticas. El gobierno federal ha sido incapaz de articular una estrategia de vacunación que los incluya, lo que pone en riesgo su salud y su vida e impide que se integren en condiciones segura a sus actividades cotidianas.

¿Cuántos niños más tienen que morir para que se empiece a vacunar a los menores? Según cifras oficiales hay millones de dosis en el país de diversas vacunas, ¿porque no aceleran su aplicación?

Opacidad en los contratos para adquirir vacunas

El gobierno federal está ocultando la información de los contratos para la compra de vacunas, al declararlos confidenciales y clasificarlos como materia de seguridad nacional de manera arbitraria y sin cumplir con los elementos mínimos del marco legal en materia de transparencia. La pésima gestión de la federación motiva a las autoridades federales a mantener en opacidad información de interés nacional ¿Qué quieren ocultar?

Hemos ingresado solicitudes de información a diversas instituciones, como la Secretaría de Salud y la Secretaría de Relaciones Exteriores, para conocer los detalles de los contratos con las empresas farmacéuticas; sin embargo, los Comités de Transparencia de las Secretarías clasifican la información como confidencial y reservada por motivos de seguridad nacional. Por lo que nadie podrá conocer los detalles de cuántas dosis se adquirieron en realidad, las fechas de entrega o los montos erogados para traer las vacunas a México.

El argumento que da la federación es que “el convenio celebrado entre el gobierno mexicano y la farmacéutica establece que las partes se encuentran obligadas a mantener en discreción toda la información que se genere al respecto”, además de que comprometería la “seguridad nacional” al revelarse los datos. Lo cual es un exceso, pues es dinero público el que se está usando y es información vital para la población; los convenios deben tener una versión pública en la que se transparenten los datos generales, reservando aquello que la ley permite, sin embargo, la federación quiere ocultarlo todo.

Es una situación muy delicada, tampoco quieren revelar los criterios que se usaron para decidir la distribución, puesto que dicha estrategia presenta tremenda inequidad y falta de planeación, está claro que hay un cálculo político detrás de su estrategia.

Seguimos necesitando transparencia en los contratos de las vacunas, para saber cuántas llegarán al país en los próximos meses y si tendremos disponibilidad a largo plazo, además, claro está, de saber el costo que se pagó por ellas.

Durante el gobierno de Morena se detectaron graves irregularidades en las compras para enfrentar la pandemia, hubo adquisiciones de ventiladores a sobreprecio, licitaciones amañadas para beneficiar a familiares de altos funcionarios y equipo contratado que nunca llegó. La situación de emergencia ha sido un pretexto para la corrupción y la negligencia en el gobierno federal.

Una estrategia exitosa contra Covid-19 debe basarse en una comunicación efectiva con la población, quienes tienen dudas e inconformidades, ante las contradicciones y los errores de los funcionarios federales. De lo contrario, la opacidad del presidente y su gabinete nos llevará al fracaso en la política de inmunización.

Es urgente que las dependencias del Poder Ejecutivo federal cesen en su negativa de entregar la información relativa a la vacunación contra el virus SARS CoV-2 bajo el argumento de estar reservada por cuestiones de seguridad nacional.

Desmantelamiento del Seguro Popular

El Seguro Popular nació en 2003 con el objetivo de brindar protección a las y los ciudadanos que carecían de seguridad social, buscando asegurar acceso gratuito a buenos servicios de salud. Antes del Seguro Popular, millones de familias sin afiliación al IMSS o al ISSSTE, caían en la pobreza al hacer frente a enfermedades pagando de su bolsillo y muchos morían por la falta de atención y medicamentos.

El Seguro Popular alcanzó los 55 millones de mexicanos beneficiarios, los cuales tenían garantizada la atención médica y los servicios de atención de alta especialidad, de manera gratuita. No obstante, sus buenos resultados, en octubre de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció su desaparición y que sería reemplazado por un nuevo organismo llamado Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el cual entró en vigor en enero de 2020.

A la fecha, el Insabi presenta múltiples fallas de diseño y operación. Una de ellas, la falta de reglas y estructura de operación claras, afectando a las y los mexicanos en su derecho de acceso a la salud, lo que ha significado pérdidas de vidas humanas que con un mejor servicio de salud pudieran haber sido salvadas.

Millones de personas y familias se quedaron sin cobertura y hoy tiene que pagar de su bolsillo la atención médica que requieren en medio de la peor crisis sanitaria internacional. Con el Insabi pasamos de 55 millones de mexicanas y mexicanos cubiertos por el Seguro Popular, a 33 millones, es decir, 20 millones menos para una población que sigue creciendo.

El informe de Coneval señala que, de las carencias sociales, el mayor cambio entre 2018 y 2020 es un aumento de 12.0 por ciento en la carencia por acceso a los servicios de salud, que pasó de 16.2 por ciento a 28.2 por ciento; muestra clara del fracaso de la política de salud del gobierno federal, en el peor momento de la pandemia.

Con la pandemia y la saturación de los hospitales Covid-19, millones de personas se quedaron sin sus tratamientos regulares, millones más decidieron no hacer uso del sistema público y gastar de su bolsillo en atención, por lo que en los últimos meses el 40 por ciento de la población ha tenido que acudir a los servicios privados de salud, ante la falta de capacidad en el Insabi.

Hoy, en total, 35.7 millones de mexicanos están sin cobertura de salud, pese a la promesa presidencial de que, desde el 1 de enero de 2020, con el Insabi, todos los mexicanos tendrían atención garantizada y medicamentos gratuitos.

Además, el Insabi ha dejado fuera del catálogo de servicios enfermedades que sí estaban cubiertos con el Seguro Popular, como trasplantes de órganos, atención al cáncer, cirugía cardiovascular, hemodiálisis, entre muchos otros procedimientos.

Desmantelamiento del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y el financiamiento para la salud

Morena decidió debilitar mecanismos financieros como el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, dejando fuera de la cobertura de salud decenas de padecimientos y procedimientos contra enfermedades graves. Lo convirtió en el botín que el gobierno federal ha usado para gastar a su antojo y sin rendir cuentas; sin importar que eran las reservas acumuladas para enfrentar las enfermedades que empobrecen a las familias mexicanas y ponen en riesgo la vida de los enfermos.

En 2019 le quitaron 40 mil millones al Fondo cuando se creó el Insabi, en 2021 le quitaron otros 33 mil millones, por lo que el Ejecutivo federal ha tenido transferencias extraordinarias de hasta 73 mil millones de pesos y para este año tomaran el remanente de Fideicomiso, con lo cual dejaran sin patrimonio al Fondo de Salud para el Bienestar.

Con el Insabi, las consultas por cualquier causa en el sistema de salud cayeron 52 por ciento entre 2019 y 2020; equivalente a 45 millones consultas menos. Las consultas de cáncer en mujeres cayeron 57 por ciento, las hospitalizaciones en el país disminuyeron un 36 por ciento; los procedimientos quirúrgicos cayeron en un 33 por ciento; las detecciones de VIH se redujeron en un 53 por ciento; las de referencia por sospecha de cáncer en niños, niñas y adolescentes cayeron un 52 por ciento.

Otra situación más, que también ha visibilizado el desastre que ha sido la implementación del Insabi, es el desabasto de medicamentos en general, y especialmente los oncológicos, donde solo han dotado el 25 por ciento de los tratamientos contra el cáncer que se requieren en todo el país.

La falta de medicamentos e insumos para la salud han sido el común denominador de este gobierno. Desde la falta de medicinas para pacientes con VIH/sida, hasta la visible escasez de tratamientos contra el cáncer, lastimando la salud de las y los mexicanos con fallas de planeación, programación y adquisición.

La creación del Insabi fue un error: no cuenta con la capacidad de atender a todas y todos los mexicanos, y hoy estamos peor que antes.

Consejo de Salubridad General debilitado

El Consejo de Salubridad General (CSG) fue creado ante la necesidad de que el Estado mexicano tuviera un órgano ejecutivo, capaz reaccionar de manera inmediata y eficaz, ante emergencias sanitarias.

El CSG, en su carácter de máxima autoridad sanitaria y considerando que sus disposiciones generales son obligatorias para las autoridades administrativas del país, es el responsable aprobar y publicar en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de los casos de enfermedades graves que sean causa de emergencia o atenten contra la seguridad nacional. Sin embargo, ha quedado a deber en esta responsabilidad.

En nuestro país, fue hasta casi tres meses después de que se conoció la noticia del inicio de la epidemia, el 23 de marzo de este año, que el CSG reconoció la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), como una enfermedad grave de atención prioritaria;5 y solo a partir de ahí, se comenzaron a tomar algunas acciones.

Y fue hasta el 30 marzo de 2020, que el CSG, declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), y estableció que, la Secretaría de Salud determinaría todas las acciones que resulten necesarias para atender la emergencia;6 es decir, demasiado tarde.

La ausencia de una definición clara y oportuna por parte de la autoridad sanitaria originó que, desde los ámbitos tanto público como social y privado; y los distintos niveles de gobierno, se comenzaran a tomar medidas preventivas y de contención desarticuladas y sin coordinación, sin que hubiera la declaratoria correspondiente por parte de CSG, ni las medidas, que, a partir de la declaratoria, debería dictar la Secretaría de Salud.

Está claro que el diseño normativo actual, que condiciona al CSG a estar atado a la Secretaría de Salud y particularmente al Subsecretario, lo limita, cuando el CGS debería ser una institución con capacidad de respuesta inmediata.

Es indispensable que el CSG cuente con total independencia de la Secretaría de Salud, y que sea un órgano que dependa solamente del Poder Ejecutivo, para que adquiera capacidad de respuesta ante situaciones que pongan en riesgo a la población. Asimismo, es urgente que cuente con recursos presupuestales, materiales y humanos propios, sin la intermediación de la Secretaría de Salud, a fin de que goce de absoluta autonomía operativa y de financiamiento.

A dos años del 18 de marzo de 2020, fecha del primer fallecimiento por la pandemia en México, se contabilizan más 321 mil defunciones “oficiales” en el país, y de acuerdo con datos estimados por especialistas, dicha cifra se debería multiplicar por 3 para obtener un escenario acorde con la realidad de la tragedia, es decir, casi un millón de muertes.

Esta fecha debe servir para recordar a los que nos dejaron y exigir un alto a la pérdida de vidas que siguen ocurriendo diariamente, a pesar de que fueron y siguen siendo evitables.

¡Ni un muerto más por la falta de atención médica!

¡Ni un muerto más por la pandemia de Covid-19!

¡Ni un muerto más por la negligencia del gobierno federal!

Notas

1 Covid-19: cronología de la actuación de la OMS, ver https://www.who.int/es/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline—-covid- 19

2 Así se establece en el artículo 73 constitucional, fracción XVI, en sus bases 1ª a 3ª, y en diversas disposiciones de la Ley General de Salud entre otros los artículos 3 fracción XV, 16, 17, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 145, 146, 148, 151, 152, 153, 156, 359, y el Título Décimo “Acción Extraordinaria en materia de Salubridad General”. Pero también en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) es un instrumento jurídico internacional de carácter vinculante para 194 países, entre ellos todos los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud OMS. Para la adopción del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), basta, en principio que el Estado lo haya suscrito sin reservas, para que sea válido en su territorio (artículos 21 y 22 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud); aunque su entrada en vigor y aplicación fue progresiva el plazo máximo fue 2016, pero ya requería que en 2012 los Estados tuvieran un plan de acción para desarrollar las capacidades necesarias para aplicar el reglamento con su cronograma correspondiente.

3 Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia, ver

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020

4 http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/mar/20200319.html.

5 Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia, ver,

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020

6 Ver https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/ 2020

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2022.

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica)

Con motivo del 22 de marzo, Día Mundial del Agua, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, diputada Ana Karina Rojo Pimentel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción XI; 62, numeral 2, y 76, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía efeméride con motivo al Día Mundial del Agua

Esta conmemoración tiene como objetivo concientizar acerca de la crisis mundial del agua; hoy es la fecha adecuada para que todos empecemos a cuidar y racionar el agua que utilizamos en nuestras casas, donde nuestros hijos aprendan a respetar este vital líquido de forma correcta en todas nuestras múltiples actividades diarias.

El Día Mundial del Agua lo celebramos el 22 de marzo de cada año, fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1992, mismo año en que se celebró la Conferencia de las Naciones Unidad sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en Río de Janeiro.

A la postre, tuvieron lugar varios acuerdos que señalaban lo fundamental que es el agua para el desarrollo y la paz mundial, como el año internacional de cooperación en la esfera del agua 2013 y el decenio “Agua para el Desarrollo Sostenible, 2018-2028”.

Uno de los temas centrales que ha ocupado a las Naciones Unidas es el relacionado con el cuidado y preservación del agua dulce en todo el mundo, como parte del desarrollo sostenible y como resultado se ha plasmado en la Agenda 2030.

Conserva como principal objetivo, crear conciencia en el hombre, sobre la importancia de cuidar el vital líquido para la vida de los seres humanos y las especies en la Tierra.

Asimismo, da a conocer la problemática de los millones de personas que no tienen acceso al suministro de agua potable y las medidas urgentes que se deben tomar al respecto, para hacer frente a este problema.

Ahora más que nunca hemos puesto sobre la mesa la importancia del agua para frenar epidemias y enfermedades infecciosas. Lavarse las manos es fundamental para cortar la transmisión del Covid-19 y otras enfermedades. Por ello, si dispones de agua y jabón para lavarte las manos, eres privilegiado. Casi tres mil millones de personas no tienen cómo hacerlo.1

El agua es un recurso natural limitado e indispensable para la vida, en este sentido, hace falta tomar conciencia para su preservación y, la importancia para evitar su desperdicio, porque si algún día llegara a escasear, traería consecuencias irreversibles para la humanidad y a futuro hará imposible que todas las especies del mundo sigan prosperando.

Considerada como un derecho humano, este valioso y fundamental recurso natural es tan importante para la vida, que más de un tercio de la población mundial no goza de los servicios de agua potable, lo que se traduce en más de 2 mil millones de personas, que no reciben agua de calidad en sus hogares, razón por la cual mueren hombres, mujeres y niños cada año.

Este 2022 el foco de atención se centra en las aguas subterráneas, aguas invisibles cuyos efectos se aprecian en todas partes. Se trata de aguas que se encuentran bajo tierra, en los acuíferos (formaciones de rocas, arenas y gravas que contienen cantidades importantes de agua). Tras alimentar manantiales, ríos, lagos y humedales, las aguas subterráneas finalmente se filtran a los océanos. Su principal fuente de recarga es la lluvia y la nieve que se infiltran en el suelo y pueden extraerse a la superficie por medio de bombas y pozos.2

Estas aguas subterráneas conforman casi la totalidad de agua dulce en forma líquida en el mundo, esto es decisivo para el buen funcionamiento de los ecosistemas; así también 40 por ciento de toda el agua utilizada para riego, proviene de estos acuíferos.

Actualmente existe mucha preocupación en lo que concierne a los recursos hídricos del planeta, ya que en los últimos años se ha venido notando una disminución significativa de agua, derivado del crecimiento acelerado de la población en todo el mundo, situación que ha provocado un incremento en la explotación de los acuíferos y en consecuencia, la contaminación que la acecha gravemente, y que puede desembocar en el agotamiento de este recurso, en el encarecimiento de su tratamiento y regeneración y hasta la paralización de su uso.

Por estas razones, en el marco del Día Mundial del Agua, estamos obligados a comprometernos para seguir impulsando reformas legislativas y políticas públicas para el uso sostenible del agua, así como para hacer efectivo el derecho humano de toda persona al agua, en congruencia con el cuidado y preservación del agua dulce en todo el mundo.

Notas

1 https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-agua

2 https://www.un.org/es/observances/
waterday#:~:text=El%20D%C3%ADa%20Mundial%20del%20Agua,relevancia%20de%20este%20l%C3%ADquido%20esencial.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2022.

Diputada Ana Karina Rojo Pimentel (rúbrica)