Proposiciones

• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y sus 32 homólogas locales a buscar mayor implantación de unidades de cuidados paliativos, a cargo de la diputada Beatriz Dominga Pérez López, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat a definir un perfil idóneo para titular de la Conanp, a cargo del diputado Enrique Godínez del Río, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a dar prioridad a las tareas de reencarpetamiento vial en los tramos de Monterrey, Allende y Hualahuises de la carretera federal 85, en NL, suscrita por los diputados Juan Francisco Espinoza Eguía y Andrés Mauricio Cantú Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los 32 congresos locales a homologar penas para sancionar el feminicidio conforme al Código Penal Federal, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PVEM
• Con punto de acuerdo, para exhortar a autoridades y empresas productivas del Estado a hacer de conocimiento público el recurso extraordinario que otorgan a las organizaciones gremiales, además de las cuotas sindicales correspondientes, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT
• Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades, a impulsar acciones dirigidas a proteger a la comunidad ucraniana afectada por la invasión rusa, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos locales faltantes a legislar en el respectivo código penal el delito de abigeato, suscrita por las diputadas Adriana Bustamante Castellanos y Claudia Tello Espinosa, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y el Fonatur a informar a la opinión pública sobre el estado actual de las autorizaciones en materia ambiental y los resultados de las visitas de inspección practicadas por la Profepa a las obras del Tren Maya, a cargo de la diputada Martha Estela Romo Cuéllar, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a mantener por la SEP las escuelas de tiempo completo y garantizar los apoyos de alimentación y aprendizaje de los beneficiarios, a cargo del diputado Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SICT y el IFT a llevar a cabo acciones para proteger a los usuarios de telefonía celular y erradicar prácticas arbitrarias de las compañías telefónicas, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PVEM
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y la Sedena a impedir el exterminio de animales domésticos con motivo del arranque de operaciones del AIFA y continuar la promoción de la adopción de perros y gatos rescatados den sus instalaciones, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Oaxaca a abrir el diálogo y la comunicación ante el incremento de bloqueos y manifestaciones sociales y atender las demandas que los originan, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, relativo a las intenciones restringir la circulación de motocicletas con dos personas a bordo en ciertos sitios de Guadalajara, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a incluir a los médicos especialistas en salud pública de Tamaulipas en la convocatoria para participar en el programa de promoción por profesionalización del personal de enfermería, a cargo del diputado Óscar de Jesús Almaraz Smer, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a investigar y sancionar lo hecho violentos ocurridos en el estadio Corregidora, de Querétaro, a cargo del diputado Alán Castellanos Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat y sus 32 homólogas locales a emprender medidas y acciones concretas para prevenir, sancionar y erradicar la provocación intencional de incendios forestales con fines de lucro o beneficio económico, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PVEM
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a crear el banco nacional de datos forenses, garantizar los derechos de los familiares de los desaparecidos y esclarecer cómo diferentes empresas obtuvieron la base de datos de éstos, a cargo de la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a agilizar y flexibilizar la corrección, aclaración o supresión de información en el certificado de vacunación anticovid, a cargo de la diputada Paulina Rubio Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sader a incluir a Nayarit como beneficiario del programa Fertilizantes para el Bienestar, a cargo de la diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y la Conafor a fortalecer con el gobierno de Chiapas los programas de prevención y de contención de incendios forestales en la entidad y llevar a cabo una campaña informativa de concienciación ciudadana sobre las medidas oportunas de preservación y cuidado de los ecosistemas del estado en temporada de sequía, a cargo de la diputada Valeria Santiago Barrientos, del Grupo Parlamentario del PVEM
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y la Conagua a coordinarse y continuar el saneamiento y rescate del hábitat de la laguna de Cajititlán, Jalisco, y Tlajomulco de Zúñiga, a cargo del diputado María Asención Álvarez Solís, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP, a reconsiderar la decisión de eliminar el programa Escuelas de Tiempo Completo, a cargo de la diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASEA a inspeccionar, vigilar y cumplir las disposiciones ambientales en las actividades de la refinería de Pemex en NL, a cargo de la diputada Karina Marlen Barrón Perales, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat a ejercer acciones urgentes para conservar y proteger el borrego cimarrón, a cargo del diputado Fausto Gallardo García, del Grupo Parlamentario del PVEM
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat y la Profepa a cumplir sus obligaciones ambientales e implantar acciones para evitar la extinción de la vaquita marina, a cargo del diputado Mario Gerardo Riestra Piña, del Grupo Parlamentario del PAN

Efemérides

• Con motivo del 19 de marzo, Día de las Artesanas y los Artesanos, a cargo de la diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, del Grupo Parlamentario del PRI

---

---

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y sus 32 homólogas locales a buscar mayor implantación de unidades de cuidados paliativos, a cargo de la diputada Beatriz Dominga Pérez López, del Grupo Parlamentario de Morena

Beatriz Dominga Pérez López, diputada e integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por lo dispuesto en los artículos 6 fracción I y artículo 79 numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud federal y a las Secretarías de Salud de las 32 Entidades federativas a buscar, en la medida de lo posible y de acuerdo a sus respectivas competencias una mayor implementación de Unidades de Cuidados Paliativos, bajo las siguientes

Consideraciones

La muerte es, sin duda, un suceso que, en la mayoría de los casos acongoja, aturde, entristece o aflige, más si la misma es totalmente inesperada; sin embargo si esta es algo que ya esperamos, algo que, por lo inevitable de una enfermedad.

Según el Comunicado de Prensa número. 402/21 de fecha 29 de julio de 2021 publicado por el Inegi, solo en el 2020 se registraron 1,086 094 defunciones, del total de defunciones, 92.4% se debieron a enfermedades y problemas relacionados con la salud, mientras que 7.6% fueron por causas externas, principalmente accidentes, homicidios y suicidios .

En el mismo comunicado se muestra una clara tendencia a la alta pues de tener 422,803 defunciones en 1990, subimos a 1,086 094 en el 2020, es decir tenemos un aumento de más del 100%.

Ahora bien, como pudimos observar párrafos antes, el 92.4% fue debido a enfermedades y problemas relacionados con la salud, de las cuales las enfermedades del corazón ocupan el primer lugar con 218,885 casos, seguido de la Pandemia por Covid-19, y enseguida la diabetes mellitus con 151,214 defunciones.

Pero más allá de la gravedad de estas defunciones, de lo trágico de la muerte, es también un camino lleno muy sinuoso el proceso que conlleva al desenlace de la vida, es decir se sufre, a veces en demasía, mientras se espera inevitablemente este final, pues en muchos de los casos no se está preparado, si es que se pudiera estar totalmente.

Una forma de apoyar con este proceso son los Cuidados Paliativos, la Organización Mundial de la salud nos dice que: Los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida de los pacientes y de sus familias cuando afrontan problemas de orden físico, psicológico, social o espiritual inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. La calidad de vida de los cuidadores también mejora .1

Según el Atlas de Cuidados Paliativos en Latinoamérica 2020, segunda edición, los cuidados paliativos en Latinoamérica iniciaron en estrecha relación con la Clínica de Dolor, especialmente impulsados por la campaña de la OMS “Alivio del Dolor por Cáncer” de 1982. Varios de los programas que ahora son de cuidados paliativos en los países, se iniciaron como programas o clínicas de dolor para pacientes con cáncer, y posteriormente se fueron ampliando a cuidados paliativos para pacientes con otros diagnósticos y condiciones; nuestro país inició en 1989 con el Programa de Cuidados Paliativos del Instituto de Cancerología.

No fue sino hasta el año 2009 cuando fue adicionado un capítulo Octavo Bis a la Ley General de Salud, que nos habla precisamente de este tema, pues el mismo se denomina De los Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación Terminal, y nos define a los cuidados paliativos como:

El cuidado activo y total de aquéllas enfermedades que no responden a tratamiento curativo. El control del dolor, y de otros síntomas, así como la atención de aspectos psicológicos, sociales y espirituales.

Además en el mismo capítulo se otorga al paciente enfermo derecho a la suspensión voluntaria del tratamiento curativo y como consecuencia al inicio de tratamiento estrictamente paliativo.

Pero no obstante lo ya plasmado en la legislación federal, y a pesar de que ha habido esfuerzos en diferentes Estados del país por crear más unidades de cuidados paliativos, la realidad es que aún hace falta camino por recorrer y brechas por cubrir pues de acuerdo a la OMS, se estima que anualmente 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos, y que actualmente, a nivel mundial, tan solo un 14% de las personas que necesitan asistencia paliativa la reciben2 .

Por su parte el Según el Atlas de Cuidados Paliativos en Latinoamérica 2020, señala que nuestro país cuenta con 120 equipos de cuidados paliativos, teniendo una tasa del 0.92% por cada millón de habitantes, es decir ocupamos el treceavo lugar en cuanto a cobertura, a continuación mostramos el porcentaje de los demás países:

Como podemos observar aún falta mucha población con necesidad de estos cuidados por cubrir, además no debemos dejar por fuera que además de los medicamentos para aliviar o aminorar el dolor, como señala la OMS, “afrontar el sufrimiento supone ocuparse de problemas que no se limitan a los síntomas físicos. Los programas de asistencia paliativa utilizan el trabajo en equipo para brindar apoyo a los pacientes y a quienes les proporcionan cuidados. Esa labor comprende la atención de necesidades prácticas y apoyo psicológico a la hora del duelo. La asistencia paliativa ofrece un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible hasta la muerte ”.

En este sentido se considera necesario una mayor implementación de unidades de Cuidados Paliativos, para llegar a la mayor población posible, es necesario redoblar esfuerzos y tratar de llegar a esta meta.

Por ello toma congruencia y relevancia exhortar a las autoridades necesarias para la realización de este fin, siendo, en el caso Federal la Secretaría de Salud, quien de acuerdo a la Ley General de Salud es la encargada de la Coordinación del Sistema Nacional de Salud; y, de igual manera a las respectivas Entidades federativas para que tomen cartas en este asunto.

Por lo expuesto y fundado, sometemos respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. - La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud federal y a las Secretarías de Salud de las 32 Entidades federativas a buscar, en la medida de lo posible y de acuerdo a sus respectivas competencias una mayor implementación de Unidades de Cuidados Paliativos.

Notas:

1. Recuperado de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care el 5 de diciembre de 2021.

2. Recuperado de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care el 5 de diciembre de 2021.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2022.

Diputada Beatriz Dominga Pérez López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat a definir un perfil idóneo para titular de la Conanp, a cargo del diputado Enrique Godínez del Río, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Enrique Godínez del Río , diputado federal por el estado de Michoacán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a definir un perfil idóneo para el cargo de comisionado de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y a designar candidatos que cumplan con el perfil idóneo para ocupar dicho cargo , lo anterior al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El nuevo comisionado de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Humberto Adán Peña Fuentes, fue coordinador de asesores de la Secretaría de Medio Ambiente, María Luisa Albores, en la Secretaría de Bienestar y en la Semarnat. El comisionado no tiene experiencia relevante en el sector ambiental, ha sido consultor en planeación estratégica, gerencia social y elaboración de proyectos productivos. Tampoco tiene formación profesional alineada al cargo para el que fue nombrado ya que es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública.1

En contraste, el comisionado removido de su cargo, Roberto Aviña Carlín, es biólogo y fue director de Conservación de la Vida Silvestre en la Semarnat de 2007 a 2015, promotor de la agenda de transversalidad en el sector ambiental en Conafor, Conabio y Sagarpa. También trabajó en la creación de la Reserva de la Biósfera Sian Ka´an. Además, ha participado en programas de conservación de especies.2

El Reglamento Interior de la Semarnat no contempla requisitos para ocupar el cargo de comisionado. Establece que el secretario tendrá facultad para nombrar y remover, en los términos de la legislación aplicable, a los titulares de las unidades administrativas y órganos desconcentrados y designar encargados para ejercer temporalmente las facultades de dichos servidores público (artículo 5, fracción XIV). Igualmente, el artículo 42 establece que los titulares de los órganos desconcentrados serán nombrados y removidos por el secretario.

Por casos como el de la designación del presente comisionado, donde no se consideró ni la formación ni la experiencia, es necesario definir el perfil que debe tener para que realmente contribuya a resolver los retos que enfrenta esta Comisión, cada vez más debilitada y rezagada de las prioridades del gobierno federal, con menos presupuesto y menos personal. La idoneidad del perfil se refiere a una valoración detallada de las competencias, desempeño en cargos anteriores, conocimientos técnicos, probidad y autonomía del poder político de los y las candidatas, entre otras.

Es incongruente que los funcionarios que se incorporan a la administración pública federal mediante el Sistema de Servicio Profesional de Carrera tengan que concursar por plazas para obtener un nombramiento mediante un proceso complejo, validando su formación académica, experiencia profesional y presentando evaluaciones de conocimientos y psicométricas, mientras que a la persona que lidera la institución y que es la responsable de tomar decisiones de alto impacto en nuestro capital natural, ni siquiera se le exigen requisitos mínimos, como es una trayectoria en el sector ambiental.

Funciones del comisionado/a nacional

En el Manual de Organización General de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2021, se definen las funciones del comisionado Nacional:

1. Proponer a la o el secretario las políticas administrativas y acciones tendientes a desconcentrar, descentralizar y regionalizar funciones de la Comisión, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

2. Actuar en calidad de secretario/a técnico/a en el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para el desahogo de los asuntos en materia.

3. Establecer las políticas y lineamientos para la formulación, ejecución y evaluación de los programas de manejo, así como de los de subsidios aplicables a las zonas marginadas situadas en las regiones en que se ubiquen las Áreas Naturales Protegidas y en sus zonas de influencia.

4. Planear y coordinar la ejecución de las políticas y programas en materia de establecimientos, protección, manejo, restauración, desarrollo comunitario y financiamiento para la conservación de las Áreas Naturales Protegidas competencia de la Federación y sus zonas de influencia, así como en las áreas de refugio para proteger especies acuáticas con la participación de los sectores público, social y privado.

5. Vigilar la aplicación de la política ambiental, para integrar en forma conjunta las interrelaciones existentes entre agua, suelo, recursos forestales y componentes de la diversidad biológica, con los aspectos sociales y económicos de las poblaciones presentes en las regiones prioritarias para la conservación.

6. Definir y establecer los lineamientos para la aplicación de los proyectos para la conservación, recuperación de especies y poblaciones prioritarias.

7. Dirigir y evaluar los programas de capacitación y transferencia de tecnología dirigidas a las comunidades, para fomentar actividades productivas alternativas y reforzar actividades tradicionales sustentables en ANP y su zona de influencia, y en regiones Procodes.

8. Nombrar, remover y cambiar de adscripción a las o los directores regionales y directores de las Áreas Naturales Protegidas que resulten seleccionados de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, así como cambiarles de adscripción cuando resulte necesario o conveniente para los fines de la Comisión.

9. Aprobar los proyectos de programas y de presupuesto relativos a la Comisión, conforme a las normas establecidas por la Oficialía Mayor, así como ejercer el presupuesto autorizado o asignado.

10. Aplicar las políticas y disposiciones emitidas en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental.

11. Promover y gestionar el establecimiento, la modificación, la recategorización o la extinción de Áreas Naturales Protegidas competencia de la Federación.

12. Expedir el certificado de los predios que se destinen voluntariamente a acciones de conservación de los ecosistemas y su biodiversidad.

13. Otorgar, prorrogar, modificar, revocar, extinguir, declarar la caducidad y rescatar las concesiones sobre inmuebles o terrenos federales cuya administración recaiga en la Comisión y, en su caso, autorizar la cesión de derechos y obligaciones.

14. Autorizar la celebración de contratos, acuerdos de coordinación, bases de colaboración, convenios de concertación, convenios de cooperación técnica y, en general, todos aquellos actos en los que la Comisión forme parte y, en su caso, designar al servidor público que deba suscribirlos en su representación.

15. Impulsar y concertar el establecimiento de áreas naturales protegidas competencia de la Federación.

16. Establecer mecanismos de coordinación, integración de políticas y concurrencia, y desarrollar capacidades en estados, municipios y sociedad civil en materia de conservación de ANP.

17- Impulsar el liderazgo internacional de México en materia de conservación y utilizar nuestra capacidad de cooperación para atraer donativos, aportaciones, asignaciones y demás recursos técnicos, financieros o en especie.

Determinación de un Perfil Idóneo

Si se establece un perfil idóneo se pueden identificar las capacidades que deben tener las y los postulantes a un cargo, por lo que se convierte en una importante salvaguarda para evitar que las designaciones directas se basen en motivos distintos o contrarios a los que requieren las instituciones y se reduce la discrecionalidad en la selección y el pago de favores con cargos públicos.3

Desafortunadamente, ni la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ni el Reglamento Interior de la Semarnat y el Manual de Organización General de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas contemplan requisitos para este cargo.

En respuesta a este vacío, la asociación Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental elaboró un documento con los requisitos mínimos que debe tener un candidato a ocupar el cargo de comisionado:

¿Por qué es tan relevante que el comisionado cumpla con un perfil idóneo?

a) El trabajo de la Conanp contribuye directamente a garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano mediante la conservación y protección de la biodiversidad y los ecosistemas.

b) El comisionado es quien define el rumbo de la política nacional y las acciones en materia de áreas naturales protegidas.

c) Una persona con la experiencia, formación y aptitudes adecuadas es indispensable para cumplir con el objetivo de la Conanp, que es conservar el patrimonio natural de México a través de las áreas naturales protegidas y del Programa de Conservación.

d) Tenemos el derecho a tener servidores públicos capacitados y comprometidos que nos garanticen un liderazgo en la institución a su cargo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a definir un perfil idóneo para el cargo de comisionado de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y a designar candidatos que cumplan con el perfil idóneo para ocupar dicho cargo.

Notas

1 [1] https://www.milenio.com/politica/remueven-comisionado-nacional-conanp-o cupara-cargo-semarnat

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/12/29/sociedad/ada n-pena-fuentes-nuevo-titular-de-la-conanp/

2 Idem

3 http://noroesteenlamira.org.mx/wp-content/uploads/2018/08/Psta_Designac ion_CONANP_7-08-18.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2022.

Diputado Enrique Godínez del Río (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a dar prioridad a las tareas de reencarpetamiento vial en los tramos de Monterrey, Allende y Hualahuises de la carretera federal 85, en NL, suscrita por los diputados Juan Francisco Espinoza Eguía y Andrés Mauricio Cantú Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, diputados Juan Francisco Espinoza Eguía y Andrés Mauricio Cantú Ramírez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

En los últimos meses uno de los problemas que más ha afectado a la población de Nuevo León tiene que ver con el estado de las carreteras federales que conectan distintos puntos del estado.

De forma particular, se trata de la carretera federal número 85, en tres de sus tramos en Nuevo León ha presentado atrasos significativos en trabajos de recarpeteo y por tanto ha ocasionado tráfico inusual y entorpecimiento de esta vía tan trascendente para el tránsito del estado.

El primero en el tramo de Monterrey con 2.5 kilómetros de longitud ubicado a la altura de El Uro, el segundo en el tramo de Allende con 7 kilómetros de longitud y el tercero en el tramo de Hualahuises con una longitud de 4 kilómetros a la altura de La Laja.

En este sentido, los trabajos de recarpeteo realizados por la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes implican la obstaculización en la conectividad con estados vecinos como Tamaulipas, estado con el cual se mantiene una estrecha relación comercial en beneficio de ambas entidades.

Asimismo, los atrasos han provocado problemas profundos de conexión entre los distintos municipios de nuestro estado que conecta este tramo de la carretera, afectando considerablemente la movilidad, el desarrollo económico y la capacidad de atención en casos de emergencia.

Derivado de esta situación, la problemática ha llegado a ser exhibida por distintos actores y sectores del ámbito público, como los alcaldes de algunos municipios del estado, quienes han realizado exhortos directos a las autoridades de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes Federal, sin recibir una respuesta satisfactoria y expedita ante la problemática presente.

Tal ha sido la gravedad del asunto, que empresarios y vecinos de los municipios afectados han solicitado en diversas ocasiones la intervención de la representante de la SCT en Nuevo León, sin recibir una respuesta satisfactoria.

La magnitud de los problemas ha repercutido a tal profundidad en el estado, que los congestionamientos se siguen presentándose cada vez con mayor frecuencia, lo que llega a empeorar más la situación si se considera que el parque vehicular de la región va en aumento año con año.

Para nuestro estado, es importante que las vías de comunicación estén en buenas condiciones, principalmente porque es a través de la vía terrestre que se registra mayor movilidad y dinamismo económico para la entidad.

En otras palabras, la carretera nacional 85 en sus tramos de Monterrey, Allende, y Hualahuises es considerada como una de las principales vértebras de movilidad nuevoleonense, toda vez que se trata de la conexión principal que conecta a la zona metropolitana de Nuevo León y sus municipios.

Por otro lado, y no menos importante, el tema de la seguridad en la carretera 85 en los tramos señalados materia de este exhorto, se ve comprometida en caso de mantener o permitir un estado deficiente en esta vialidad. Por lo que urge que las autoridades en la materia del ámbito federal den celeridad y atención prioritaria al estado que guarda la infraestructura en cuestión.

En caso contrario, de no concluir las tareas de reencarpetamiento a la brevedad posible, se corre el riesgo que los índices de robo a conductores o de autotransporte de carga aumenten y por tanto, afecten el dinamismo económico del estado, sobre todo en momentos donde se requiere de impulsar los sectores productivos para lograr un crecimiento mayor ante el debilitamiento de la economía nacional.

En conclusión, el hecho de que estas vialidades no sean atendidas con la prontitud requerida, implica cierto grado de negligencia de parte de las autoridades en la materia por no ofrecer a la ciudadanía vías seguras y de calidad.

No solo se trata de tres tramos en reparación, se trata de los puntos de entrada más importantes y sensibles del estado por el que se puede tener acceso a bienes y servicios, donde promueve el desarrollo económico, y se puedan atender emergencias en un menor tiempo.

Para las y los diputados de Nuevo León, nuestra prioridad es siempre velar por el bienestar de nuestra ciudadanía y ofrecer las alternativas que mejor atiendan sus necesidades y resuelvan sus problemas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de este pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del gobierno federal para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, dé prioridad de atención a las tareas de rehabilitación de reencarpetación vial en los tramos de Monterrey, Allende y Hualahuises de la carretera federal 85 dentro del estado de Nuevo León, con la intención de evitar entorpecer la movilidad de la población y la economía de la entidad.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 15 de marzo de 2022.

Diputados: Juan Francisco Espinoza Eguía, Andrés Mauricio Cantú Ramírez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los 32 congresos locales a homologar penas para sancionar el feminicidio conforme al Código Penal Federal, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la actualidad los niveles de violencia que se viven y la diversidad de delitos que se cometen en todo el país son preocupantes.

Si bien es innegable reconocer que se han logrado avances significativos y se han hecho importantes esfuerzos para contenerlos, sancionarlos, prevenirlos y proteger a la población, la realidad es que la fuerte inercia y tendencia de su crecimiento y de su prevalencia, heredada por los gobiernos anteriores, ha complicado mucho la labor requerida y ha mermado la entrega de resultados satisfactorios que justificadamente exige la población.

Lo anterior nos deja la lección única de que impostergablemente todos, desde nuestras facultades, estamos obligados a cooperar, proponer o ayudar en el combate, sanción, denuncia y prevención del delito en nuestro país.

Nadie está exento de ello, por el contrario, todos tenemos una corresponsabilidad con todos los gobiernos del país de los tres ámbitos de coadyuvar en la protección a la población en general, de promover la denuncia, de proteger a las víctimas directas o indirectas del delito y en garantizar la seguridad, la paz y tranquilidad en todos los rincones del territorio.

Más obligados estamos aún si nos referimos a un delito grave, condenable y vergonzoso que tanto daño nos ha hecho a todos como sociedad en su conjunto, a las mujeres en general y a las familias en lo particular de quienes desafortunadamente lo han padecido, me refiero al delito de feminicidio.

En nuestro país nos referimos como feminicidio cuando se da la muerte violenta de las mujeres por razones de género, bajo las siguientes circunstancias:

1. Cuando la víctima presenta signos de violencia sexual.

2. Cuando la mujer presenta mutilaciones infamantes o degradantes antes o después de su muerte, o bien, actos de necrofilia.

3. Cuando existen antecedentes de violencia familiar, laboral, escolar o del sujeto activo contra la víctima.

4. Cuando hay una relación sentimental o de confianza entre la víctima y el sujeto activo.

5. Cuando hay amenazas relacionadas con el asesinato, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima.

6. Cuando la mujer haya sido incomunicada antes de su asesinato.

7. Cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.1

Como podemos ver con la conceptualización anterior, el asunto no es menor, por el contrario, nos estamos refiriendo a un delito hiriente y sumamente grave que ha sido un reto inconcluso desde hace ya mucho tiempo; basta mencionar que, de acuerdo a organismos internacionales en la materia, se señala que nuestro país ocupa el primer lugar en América Latina en cuanto a feminicidios se refiere.2

El número de feminicidios año con año crece significativa y alarmantemente, tan sólo durante el año 2020 se registraron en nuestro país, cuando menos, mil 471 feminicidios, siendo el Estado de México la entidad que ocupó el primer lugar con un total de 704 vidas de mujeres arrebatadas durante ese periodo, seguido por el estado de Veracruz y posteriormente por la Ciudad de México.3

Si lo anterior no fuera poco, a la par nos fueron arrebatadas también las vidas de 2 mil 150 mujeres,4 de quienes, vergonzosamente, su asesinato fue catalogado, investigado y sancionado como homicidio doloso por una carencia de perspectiva de género en su investigación y proceso judicial, derivando en una pena mucho menor para el asesino y en una condena permanente de injustica, impotencia y revictimización de las familias de las víctimas y de todos como sociedad.

Con lo anterior se sustenta que el feminicidio en nuestro país es un delito que se ha expandido preocupantemente y con ello se ha normalizado. Esto porque identificamos que su expansión, crecimiento y normalización se ha visto favorecida y hasta motivada por la indiferencia de la sociedad y de las autoridades.

El desinterés de los gobiernos ha sido tal que, a pesar de los niveles y cifras de feminicidio registrados en todo el país, en muchos estados éste no se asume con la gravedad, el profesionalismo, seriedad y respeto que se merece su prevención, castigo e incluso su investigación.

De entrada, somos un país que carece, penosamente, de un verdadero lenguaje incluyente en el ámbito judicial y, a la par, carecemos del criterio para juzgar con perspectiva de género en todos nuestros procesos de impartición de justicia; en otras palabras, estas carencias aceitan la puerta giratoria de la impunidad cuando de feminicidio o violencia en contra de la mujer se trata.

Por ello, en materia de feminicidio adolecemos de lo básico, inconcebiblemente, no tenemos penas homologadas que castiguen por igual y sin notoria disparidad este delito, como se puede apreciar en esta gráfica y cuadro siguientes, elaborados con información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esta condición, descrita por medio de la gráfica y el cuadro anteriores, es un reflejo de la disparidad que existe y prevalece en la forma de asumir la gravedad de este delito, lo cual, como derivación, se traduce, irremediablemente, en diferencias marcadas respecto a las medidas y políticas emprendidas y asumidas para hacerle frente, para prevenirlo e investigarlo.

En consecuencia, los resultados son dispares en todo el país.

Sencillamente, con estas penas de cárcel diferentes pareciera que hay gobiernos y sociedades más comprometidas que otras en proteger y salvaguardar la vida e integridad de las mujeres.

Parece que la mujer vale más en una región que en otra al interior de nuestro propio país.

Con estos ejemplos, comprendemos, tristemente, por qué somos un país y una sociedad que permite, tolera y admite que diariamente asesinen al menos a diez mujeres.

No cabe duda que el feminicidio es un viejo lastre contra el cual las mujeres en este país hemos tenido que luchar a fin de intentar erradicarlo, sin embrago, su presencia es todavía notoria y nos da cuenta de lo mucho que hace falta por hacer para lograr esa verdadera igualdad y equidad a la que aspiramos y que requerimos para progresar como sociedad.

Por eso, esta disparidad de criterios y penas de castigo y sanción para el feminicidio no es un asunto menor o intrascendente, por el contrario, es grave y se tiene que atender por ser representativo de los pendientes que tenemos en el tema.

También tenemos como asignatura pendiente inhibir los factores que motivan. o bien, que alientan al feminicidio y en ese tema nada se ha hecho concretamente.

Basta señalar que de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en nuestro país, 66.1 por ciento, es decir, al menos 30.7 millones, ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor alguna vez en su vida.5

Asimismo, 43.9 por ciento de todas las mujeres en nuestro territorio ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la última durante el tiempo que duró su relación.6

Sin duda alguna, todos los pendientes son importantes, urgentes e imprescindibles y los debemos de asumir, pero considero que podemos empezar con solucionar lo referente a homologar las penas para el feminicidio en todo el país, ya que es necesario sancionarlo con mayor certidumbre y severidad.

Al respecto, vale la pena señalar que comparto el criterio de que el aumento de penas no inhibe por sí mismo la incidencia de un delito, en este caso el feminicidio, pero también creo que al homologar en nuestro país las penas para sancionarlo estaríamos realizando un acto de congruencia, certeza jurídica y criterio jurídico homologado que mucha falta nos hace, realizaríamos un llamado contundente a la unidad en el combate frontal y decidido al mismo, manifestaríamos el rechazo y repudio a éste y, sobre todo, haríamos un acto de justicia para las vidas que por este delito nos han sido irremediablemente arrebatadas.

Además, corregiríamos esa hiriente percepción o interpretación que se puede derivar por la gran disparidad existente entre las penas para castigar el feminicidio en el país, habiendo algunos estados en donde la vida arrebatada de una mujer vale más o menos.

Con este esfuerzo debe quedarnos a todos muy claro que en ningún lugar de nuestro país la vida de una mujer vale más o vale menos y que ningún delito se puede investigar mejor en una región que en otra.

Si homologamos las penas previstas en nuestros ordenamientos estaríamos sentando las bases para que el feminicidio en nuestro país se investigue y castigue de la misma manera, lo cual es fundamental para avanzar en su erradicación y prevención, por eso presento este punto de acuerdo.

La finalidad es lograr que, en conjunto y en congruencia, las penas que castiguen en nuestro país al feminicidio sean las mismas y en ello los congresos de los estados y de la Ciudad de México tienen una responsabilidad ineludible, porque hemos visto, con profunda tristeza, que postergar la atención, sanción, prevención y erradicación del feminicidio nos está costando diariamente la vida de diez mujeres.

No podemos permitir ni tolerar que nos arrebaten una sola vida más por causa de un vacío jurídico.

Estamos obligados a hacer algo al respecto, algo concreto y alejado de la simulación, las mujeres así lo necesitamos, la sociedad así lo espera y la nación así nos lo demanda.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los congresos de los estados y de la Ciudad de México a que en sus ordenamientos correspondientes realicen la homologación de penas que sancionan al feminicidio conforme a lo establecido al respecto en el Código Penal Federal.

Notas

1 Conavim.

2 Amnistía Internacional.

3 Reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2020.

4 Reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2020.

5 Censo de Población y Vivienda. Inegi 2019

6 Censo de Población y Vivienda. Inegi 2019

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2022.

Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a autoridades y empresas productivas del Estado a hacer de conocimiento público el recurso extraordinario que otorgan a las organizaciones gremiales, además de las cuotas sindicales correspondientes, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, diputada del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los organismos que conforman los tres Poderes de la Unión, organismos autónomos, descentralizados y empresas productivas del Estado, hagan de conocimiento público el recurso extraordinario que les otorgan a los sindicatos además de las cuotas sindicales correspondientes, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Con la Revolución Industrial tuvo un impacto en el proceso productivo de los centros laborales comenzaron las luchas de los trabajadores por conquistar sus derechos laborales y el respeto a sus derechos fundamentales, existía una gran población rural en las fábricas con insuficiencia salarial, jornadas excesivas de trabajo, inanición, explotación; lo que da origen a asociaciones obreras en las principales actividades.

Para 1791 se promulga la legislación revolucionaria sobre libertad sindical en Francia, fueron víctimas de represiones brutales por parte de los gobiernos, los cuales buscaron nuevas formas de organización que fueron asociaciones obreras mediante cooperativas de producción que surgieron entre 1830 y 1840.

Para 1824 el Parlamento de Inglaterra reconoce el derecho de organización profesional de los trabajadores y para 1834 se crea la primera organización que congregaba a varios sindicatos, este esfuerzo se consolido en 1868 con la creación del Congreso de la Unión de Sindicatos.

En Francia la revolución del 48 logra la reivindicación de los obreros, con el reconocimiento del derecho al trabajo, el derecho de asociación, establecimiento de talleres nacionales, se crea la Comisión de Luxemburgo para estudiar decisiones sobre la organización del trabajo y el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, jornada laboral de 11 horas para la vida y 12 para las provincias, además de la creación de agencias de colocación.

El sindicalismo se dividió en varias corrientes, el reformista, el cristiano, el de Estado, el anarcosindicalismo y el comunista.

En el caso de México el pensamiento obrero se basó en el anarcosindicalismo, especialmente durante el porfirismo y la Revolución, ya que fue la oposición a la opresión burguesa, se hicieron escuchar mediante la huelga solidaria y la rebelión espontanea de las masas, durante el siglo XIX se observaron obreros sindicalistas y socialistas.

En la promulgación de nuestra Constitución en 1917 se incluyó la asociación profesional obrera que lucho por su derecho y libertad de sindicalización, entendiendo el sindicato como una organización profesional, coalición de trabajadores o patrones con el fin de unificar las relaciones laborales y alcanzar la justicia social.

Los sindicatos cumplen con ciertos derechos, obligaciones, prohibiciones, derecho a huelga, cada uno elabora sus propios estatutos que los regirán, así como la realización del contrato colectivo con el patrón en donde se establecen las relaciones de trabajo.

La opacidad en los sindicatos se hizo costumbre en muchos de los sindicatos del Estado, por tal motivo con las reformas de 2014 sobre el transparencia y acceso a la información pública se amplió el catálogo de sujetos obligados incluyendo a los sindicatos en este rubro principalmente los organismos que reciben recursos públicos deben de informar a sus agremiados y a la sociedad en general.

Los recursos de los que se hacen llegar los sindicatos corresponden a las cuotas de sus agremiados, por lo que entregar cuentas a ellos es necesario ya que es parte de un sistema democrático, la rendición de cuentas reduce la incertidumbre y evita la corrupción, sin embargo, se ha dado a conocer que existen sindicatos del sector gobierno federales y estatales reciben dinero de manera extraordinaria a las cuotas sindicales correspondientes por parte de las dependencias, que no tendría razón de ser, ya que ese dinero es de la dependencia para insumos necesarios para su funcionamiento, cuando los sindicatos deben cubrir sus gastos con las cuotas correspondientes que se les descuentan a sus agremiados.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- La H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Organismos de los tres Poderes de la Unión, organismos públicos descentralizados, órganos autónomos y empresas productivas del estado hagan de conocimiento público si se les proporciona recurso extraordinario a los sindicatos además de las cuotas sindicales correspondientes.

Bibliografía

- Formación Histórico-jurídica del Sindicato Recuperado de: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/915/3.pdf

- Escobedo Sánchez, Luis. Tesis de Transparencia, rendición de cuentas y autonomía sindical (UNAM, 2014)

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2022.

Diputada Margarita García García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades, a impulsar acciones dirigidas a proteger a la comunidad ucraniana afectada por la invasión rusa, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

I. La madrugada del pasado 24 de febrero, Rusia comenzó los ataques en contra de Ucrania, los cuales fueron dirigidos a varias ciudades importantes, entre ellas la capital, Kiev, lo que ha provocado que hasta el momento miles de personas hayan perdido la vida ya que el conflicto no ha cesado y la invasión a Ucrania se ha dado desde la parte este, norte y sur, así como desde el territorio de Bielorrusia.

Hasta el momento, Rusia ha aventado una ofensiva totalmente agresiva en contra de Ucrania. Ciudades como Kiev, Járkiv, Jersón y Mariúpol han sido atacadas de manera constante por parte de las fuerzas militares rusas.1

Ejemplo de lo anterior se puede vislumbrar en los ataques de los últimos días, donde se produjo el bombardeo a un Hospital de maternidad y a uno pediátrico. Lo anterior trajo como consecuencia afectaciones a 17 civiles (niños, mujeres, médicos), de los cuales 3 murieron, entre ellos una menor de edad.2

A pesar de esto, los ataques de este tipo por parte de tropas rusas se han convertido en algo común, pues también la ciudad de Járkiv fue víctima de ataques, lo cuales provocaron la muerte de civiles.

El embate por parte de Rusia ha mantenido en alerta a toda la nación ucraniana, pues tan solo en la ciudad de Sumy, se rescataron a 35 mil personas a través de corredores humanitarios en Ucrania. Por su parte, el Presidente ucraniano presidente Volodymyr Zelensky, mencionó que se tienen previstos seis corredores humanitarios más para el desalojo de civiles de las zonas más atacadas por militares rusos.3

Por su parte, en la ciudad de Mariupol, se estima que cerca de 1300 civiles han muerto desde que inició la invasión rusa, pues la ataques a esta ciudad también se han mantenido constantes, además el propio alcalde de la ciudad acusó a Rusia de mantener como rehenes a cerca de 300 mil civiles. La tragedia es tan grande que las autoridades locales no tienen un estimado exacto de las muertes ya que, ni siquiera pueden contar cuantas personas han muerto en las calles por bombardeos y artillería.4

II. De acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Los enfrentamientos entre Ucrania y Rusia han obligado a más de 2 millones de personas a desplazarse de sus hogares hacia otros países, en busca de refugio, seguridad, protección y asistencia.5

Las víctimas de la guerra han buscado como principal destino Polonia, ya que casi el 60% de las personas desplazadas abandonaron Ucrania por el conflicto bélico en el que se encuentran, es decir que, poco más de 1.2 millones de individuos que se han movilizado hacia allí, según cifras de ACNUR.6

Por su parte, según un informe reciente del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), cientos de miles de niños que van en calidad de refugiados, no se encuentran acompañados de sus padres o algún familiar, lo cual los coloca en una posición de mayor riesgo, ya que son más propensos a ser víctimas de violencia, abuso o explotación; el simple hecho de ir solos multiplica la posibilidad de que los menores terminen en una red de trata y, en el caso específico de las niñas y mujeres desplazadas.7

Según informes de la UNICEF, desde el primer día de la invasión de Rusia a Ucrania, más de un millón de niños han abandonado el país, donde la mayoría han escapado con sus familias a Polonia, Hungría, Eslovaquia, Moldavia y Rumanía.8

III. El pasado 02 de marzo, la Asamblea General de la ONU aprobó en una sesión especial de emergencia, exigir un cese inmediato a la ofensiva de Moscú en Ucrania y el retiro de todos los soldados rusos, con un apoyo muy sólido de la mayoría de los 193 países miembros de la organización.

Entre los países que respaldaron dicha resolución, se encuentra México, destacando que sólo 4 países apoyaron a Rusia votando en contra (Eritrea, Corea del Norte, Siria y Bielorrusia).9

Por su parte, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, demandó el cese de las operaciones militares por parte de la Federación Rusa en territorio de Ucrania para que se respete la integridad territorial y se proteja a su población civil.

Cabe destacar que las declaraciones del Canciller se dan luego de que unas horas antes, la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, pidió una posición clara del gobierno mexicano, ya que — en su consideración — no se había realizado, asegurando lo siguiente:

“Hoy necesitamos una declaración en donde se condene la agresión rusa. De México esperamos una posición clara, pues hasta ahora no hemos sentido muy claramente su postura, respetamos mucho la consistencia de respeto a la integridad territorial de Ucrania, pero hoy necesitamos una declaración clara, una en la que condene la agresión rusa, la cual hasta ahora no hemos sentido”.10

El pasado 27 de febrero, México envió el primer avión de la Fuerza Aérea Mexicana rumbo a Rumanía para trasladar a las familias mexicanas que fueron evacuadas de Ucrania por la agresión bélica de la Federación Rusa. Dicho avión trajo de regreso a 44 mexicanos, así como a 28 ucranianos, siete ecuatorianos, un peruano y un australiano.11

Asimismo, México envió este viernes 11 de marzo un segundo avión a Rumania para evacuar a mexicanos y sus familias que huyen de la guerra en Ucrania, además de ayuda humanitaria para los desplazados.12

Ese mismo día, durante su conferencia matutina, el presidente de México, rechazó cualquier escenario de envío de ayuda militar a Ucrania, una medida adoptada por Estados Unidos y países de la Unión Europea, y aseguró: “Nosotros no mandamos armas, nosotros somos pacifistas”.13

Al respecto, la Embajadora de Ucrania en México, dijo que espera que México se una a las acciones de la comunidad internacional, como son las sanciones económicas, el aislamiento y la exclusión de Rusia de todos los foros posibles y sobre la postura general de México sobre no intervención citó al Presidente de Suiza, Ignazio Cassis, quien expresó: “Nunca desde la Segunda Guerra Mundial los derechos de un país habían sido tan violados por otro país. Nadie puede hacerse a un lado. Hacer el juego al agresor no es neutralidad”.

Si bien, el Gobierno mexicano se ha pronunciado al respecto mediante discursos y comunicados, la situación de guerra que actualmente se vive, amerita que México sin limitación alguna por parte del gobierno, envíe ayuda humanitaria al pueblo ucraniano e implemente acciones firmes y contundentes encaminadas a detener la agresión del gobierno ruso en contra de Ucrania.

IV. En días pasados, por iniciativa del diputado Salomón Chertorivski, Diputadas y Diputados de la Cámara de Diputados sostuvieron una reunión con Oskana Dramarétskala, embajadora de Ucrania en México, quien expresó la lamentable situación que se vive en Ucrania. Los puntos más destacados que compartió son los siguientes:

1. Rusia ha lanzado centenares de misiles no solo contra posiciones militares, sino particularmente sobre las áreas residenciales de numerosas ciudades de Ucrania, atacando a la vez con infantería, caballería, artillería y aviación además de grupos de subversión a la retaguardia.

2. Miles de personas están muriendo en Ucrania debido a los ataques rusos y el régimen de Kremlin ha recurrido al terrorismo nuclear, incluso dos centrales nucleares, la de Chernobyl y Zaporizhzhya, están bajo control de las fuerzas de ocupación y actualmente doscientos empleados de las mismas han quedado capturados como rehenes y desarrollan su trabajo apuntados con fusiles.

3. Debido a las acciones de los ocupantes rusos, la central nuclear de Chernobyl, así como la ciudad Slavutych se quedaron sin electricidad y los sistemas de monitoreo del Organismo Internacional de Energía Atómica acaban de perder la visibilidad sobre el estado de las cosas en Chernobyl.

4. Más de dos mil civiles ucranianos han muerto y resultaron heridos, entre ellos niños y mujeres. Casi dos millones de ucranianos se han visto obligados a abandonar sus hogares para salvar su vida.

5. Ciudades como Schastya y Stanytsia Luhanska cerca de Luhansk, o Volnovakha en la región de Donetsk, están casi completamente destruidas. La ciudad de Kharkiv, está en ruinas y la ciudad de Mariúpol está asediada y sometida a devastadores bombardeos.

6. Muchos pueblos y ciudades han quedado sin gas, luz y agua. Ninguna ayuda humanitaria puede llegar al destino debido a los ataques aéreos. Las tropas rusas no dejan salir de las ciudades a los civiles, usándolos como escudo humano.

7. Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Kremlin. Hacemos un llamamiento a nuestros socios para que sigan este ejemplo. Consideramos inaceptable mantener relaciones con un régimen agresor, que ataca abiertamente a un país vecino sin causa, motivo ni aviso previo.

Al respecto, la Bancada Naranja ha expresado su total respaldo, solidaridad y apoyo a Ucrania, ya que no hay espacio para la neutralidad ante la evidente violencia y agresión que Rusia ha dirigido a dicho país, por lo que consideramos que el Gobierno mexicano no puede permanecer ecuánime ante la situación, ya que, de continuar así, tomaría el riesgo de formar parte del bando agresor.

Asimismo, consideramos que los acontecimientos recientes, son probablemente el momento de mayor tensión de la época moderna y nos enfrentamos a la mayor amenaza que hay en el mundo en materia de Derechos Humanos.

Por su parte, el diputado Gerardo Guadiano Rivorosa del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó el pasado 10 de marzo, su renuncia a la vicepresidencia del Grupo de Amistad México - Rusia de la Cámara de Diputados, lo anterior como rechazo a la invasión de la Federación Rusa al territorio ucraniano. Asimismo, el diputado condenó los ataques realizados en contra del pueblo de Ucrania y aseguró que, dentro del grupo, impulsó una relación bilateral basada en el respeto a la seguridad internacional, la confraternidad y el respeto a los derechos humanos.

De la misma forma, el diputado Jorge Álvarez Máynez, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano rechazó públicamente la invitación a participar en la instalación del Grupo de Amistad México - Rusia en la Cámara de Diputados y afirmó que se opondrá abiertamente a la realización y consideró inaceptable dicha instalación por parte del Congreso mexicano.

En Movimiento Ciudadano, estamos conscientes que las diputadas y los diputados mexicanos tenemos la oportunidad de condenar todo acto de violencia y agresión; y mediante el Grupo de Amistad México - Ucrania de la Cámara de Diputados podemos impulsar acciones estratégicas y construir un posicionamiento concreto que recoja el espíritu de las peticiones y necesidades que hoy tiene la comunidad ucraniana.

Por otro lado, es importante que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados suspenda la instalación del Grupo de Amistad México - Rusia, ya que el Congreso mexicano debe ser un diferenciador respecto a la postura y la falta de acción por parte del Gobierno Federal ante la situación, ya que el Poder Legislativo no puede ser omiso y normalizar la violencia, las agresiones y la invasión que Rusia ha emprendido en contra de Ucrania.

Asimismo, en la Bancada Naranja estamos convencidas y convencidos que la guerra no hace la paz, por lo que impulsamos un Nuevo Trato por la Paz con visión de largo plazo y soluciones duraderas; con la mira puesta en los derechos humanos y en la dignidad de todas las personas.

A través este Punto de Acuerdo, buscamos que se envíe toda la ayuda humanitaria posible al pueblo de Ucrania, y que ésta no tenga restricciones ni limitaciones por parte del Estado mexicano y que participemos en este esfuerzo internacional por imponer sanciones económicas a Rusia, quien ha agredido a un pueblo valiente e inocente como lo es Ucrania.

Además, solicitamos que se construya un Programa de Acogida y Acompañamiento que proteja en todo momento los derechos humanos; dé accesibilidad a servicios de salud, educación bajo los principios de inclusión e igualdad y permita la plena participación en materia económica, social, cultural a la comunidad ucraniana que ha sido afectada recientemente por la invasión rusa.

Por lo anteriormente expuesto someto consideración de esta cámara la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a reforzar la protección y ayuda humanitaria a la comunidad ucraniana afectada por las agresiones y los ataques rusos en territorio ucraniano.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Gobernación para que, con base en sus respectivas atribuciones, implementen un Programa de Acogida de Inmigrantes ucranianos en zonas metropolitanas, como Guadalajara, Nuevo León o la Ciudad de México.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, de manera conjunta con la Secretaría de Educación Pública, implementen una estrategia para que adolescentes, niñas y niños inmigrantes de Ucrania, puedan continuar sus estudios en México.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud para que garantice el acceso a los servicios de salud a la comunidad ucraniana acogida en México, bajo los principios de universalidad, indivisibilidad, igualdad y progresividad.

Quinto. La Cámara de Diputados exhorta al Titular del Poder Ejecutivo a emitir un posicionamiento claro y contundente que condene enérgicamente los ataques, las agresiones y la invasión militar impulsada por Rusia hacia Ucrania; a que no sea neutral ante el problema; y promueva una solución pacífica mediante el diálogo y la paz.

Sexto. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Hacienda para que, de manera conjunta, establezcan las sanciones diplomáticas que consideren pertinentes;

Séptimo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, con base en sus respectivas atribuciones, promuevan una política de acompañamiento a inmigrantes ucranianos que proteja sus derechos humanos, a través de una inclusión integral, que permita su plena participación en materia económica, social, cultural y de acceso a servicios de educación y de salud en México.

Octavo. La Cámara de Diputados exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a no realizar la instalación del Grupo de Amistad México - Rusia de la Cámara de Diputados, mientras persista la invasión armada de Rusia contra Ucrania, en razón de ser un conflicto armado injustificado y desproporcionado.

Notas

1 “Resumen de las noticias de la guerra Ucrania-Rusia del 9 de marzo”, CNN, 2022, recuperado de:

https://cnnespanol.cnn.com/2022/03/09/guerra-rusia-ucran ia-hoy-ultima-hora-noticias-orix-11/

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 “La guerra en Ucrania ya dejó un saldo de 2 millones de refugiados”, Bloomberg, 2022, recuperado de:
https://www.bloomberglinea.com/2022/03/08/la-guerra-en-ucrania-ya-dejo-un-saldo-de-2-millones-de-refugiados/?outputType=amp

6 Ibídem.

7 Ibídem.

8 “Más de un millón de niños han huido ya de Ucrania”, ABC INTERNATIONAL, 2022, Recuperado de: https://www.abc.es/internacional/
abci-mas-millon-ninos-huido-ucrania-202203111316_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

9 Redacción, “México y 140 países condenan ante la ONU la invasión de Rusia a Ucrania” El Financiero. Recuperado de: https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/03/02/141-paises-condenan-an te-la-onu-la-invasion-de-rusia-a-ucrania/

10 Redacción. “México condena enérgicamente invasión de Rusia a Ucrania: Ebrard” Forbes. Recuperado de:

https://www.forbes.com.mx/mexico-condena-energicamente-i nvasion-de-rusia-a-ucrania-ebrard/

11 Valenzuela, Melisa. “Mexicanos y ecuatorianos regresan a sus países desde Ucrania” Los Angeles Times. Recuperado de:
https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2022-03-04/mexicanos-y-ecuatorianos-regresan-a-sus-paises-desde-ucrania

12 Redacción. “México envía segundo avión para repatriar a sus ciudadanos evacuados de Ucrania” Infobae. Recuperado de: mexico-envia-segundo-avion-para-repatriar-a-sus-ciudadanos-evacuados-de -ucrania

13 Redacción. “México no aceptará invasiones de Rusia a Ucrania, “de China, ni de EEUU a otro país”: AMLO” Infobae. Recuperado de: https://www.infobae.com/america/mexico/2022/02/28/mexico-no-aceptara-in vasiones-de-rusia-a-ucrania-de-china-ni-de-eeuu-a-otro-pais-amlo/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2022.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos locales faltantes a legislar en el respectivo código penal el delito de abigeato, suscrita por las diputadas Adriana Bustamante Castellanos y Claudia Tello Espinosa, del Grupo Parlamentario de Morena

Las suscritas diputadas Adriana Bustamante Castellanos y Claudia Tello Espinosa, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera.- El abigeato constituye un delito que se consuma mediante el hurto de ganado mayor o menor que se halla en el campo. Se trata de un hurto calificado, según lo resuelve la mayoría de las legislaciones.1

Etimológicamente la palabra deriva del término latino ab agere, que significa echar por delante, arrear, ya que tal es la forma de su ejecución. El objeto debe consistir, repetimos, en ganado mayor (equino o bovino) o menor (ovino, porcino o caprino). Quedan excluidos, pues, las aves de corral, los perros y demás animales domésticos, y los animales de caza que se reproducen fuera de la acción del hombre, en el campo”.2

Entre las características del abigeato se destacan:

• Delito que especialmente se compone del hurto o el robo de ganado.

• Sólo puede ser objeto de abigeato ganado y por tanto no entrará en esta acepción animales de compañía (gatos, perros, e incluso algún animal característico de ganadería pero que no sea explotado o utilizado para esos fines).

• Es un delito de carácter romano (se remonta desde esta época y tiene pena).

• Vulnera el bien jurídico de la seguridad en el ámbito rural y la vulneración de la propiedad privada.

• Existen en algunos códigos de los diferentes modalidades de abigeato dependiendo de si conocía o no la titularidad del ganado y de si su intención era el robo/hurto o solo la matanza del ganado.3

De acuerdo a diversas organizaciones ganaderas de la república mexicana, el delito de abigeato se lleva primordialmente en terneros, bovinos, caballos y borregos como los animales más sustraídos, con los cuales se acumulan quebrantos millonarios para propietarios, rancheros y productores del campo.

Dicho delito pasó de efectuarse en parajes poco concurridos a hacerlo en corrales de granjas o ranchos, en la cual se involucra la participación de grupos criminales para cometer en forma reiterada dicho ilícito, convirtiéndolo en su modus vivendi.

En los últimos años, estas prácticas antijurídicas se han vuelto una práctica común en diversas regiones del país, principalmente en los estados que disponen de una gran actividad ganadera o pecuaria como son Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Al respecto, creadores, productores e industriales del sector ganadero del país, han implementado diversas medidas de forma particular para luchar en contra del robo de ganado, a través del patrullaje, la edificación de zanjas o fosas e inclusive el uso de alarmas para disuadir a quien comete o realiza este delito.

Ante ello, resulta necesario frenar la conducta delictiva denominada como abigeato, que atenta de manera lastimosa y que lesiona el desarrollo del sector ganadero que contabiliza pérdidas millonarias en el país, por lo tanto, se requiere de una adecuación al marco jurídico que lo tutela y protege, no sólo a nivel federal, sino que se establezca de manera homologa en los códigos penales de todas las entidades federativas, a fin de garantizar acciones a favor del porvenir de esta actividad y en defensa del patrimonio de los mexicanos.

Segunda.– De conformidad con el informe sobre Incidencia Delictiva del Fuero Común 2021, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero al 31 de diciembre de 2021, se presentaron un total de 3 mil 671 denuncias de robo de ganado, mientras que, en 2020, se registraron 4 mil 128.4

Es de señalar que en lo que respecta al 2022, tan solo en el mes de enero de reportaron 255 denuncias del mismo delito.

Durante este periodo, los robos de ganado por entidad federativa se reportaron de la siguiente manera: Aguascalientes 206, Baja California Norte 29, Baja California Sur 61, Campeche 33, Coahuila 85, Colima 44, Chiapas 45, Chihuahua 172, CDMX 0, Durango 95, Guanajuato 183, Guerrero 25, Hidalgo 65, Jalisco 114, México 237, Michoacán 77, Morelos 65, Nayarit 1, Nuevo León 118, Oaxaca 80, Puebla 140, Querétaro 167, Quintana Roo 21, San Luis Potosí 262, Sinaloa 21, Sonora 93, Tabasco 565, Tamaulipas 66, Tlaxcala 22, Veracruz 478, Yucatán 0 y Zacatecas 101.5

*Datos reporte de Incidencia Delictiva del Fuero Común 2020 y 2021, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.6

Aun cuando, los datos estadísticos muestran de manera general que los robos de ganado en la mayoría de los estados, han ido ligeramente a la baja en varios de ellos, en relación al año anterior 2021, en la mayoría de los estados se mantiene latente la comisión de este delito, lo que provoca en la percepción de sus pobladores y de los sectores ganaderos y empresariales de algunas entidades que la inseguridad, en su patrimonio sigue en riesgo.

Entre enero y diciembre de 2021, los estados con mayor número de incidencias y en donde los grupos de la delincuencia organizada, banda o pandilla, han sido más activos se encuentran Tabasco con 565 casos, Veracruz 478, San Luis Potosí 262, Estado de México 237, Aguascalientes 206, Guanajuato 183, Querétaro 162, Chihuahua 172, Puebla 140, Nuevo León 118, Jalisco 114, Zacatecas 101, Durango 95, Sonora 93, Coahuila 85, Oaxaca 80, Michoacán 77, Tamaulipas 66, Morelos 65, Hidalgo 65, Baja California Sur 61, Chiapas 45, Colima 44 y Campeche con 33 casos.

Durante el año 2021, las entidades federativas que reportan un menor número de incidencias de este delito, se encuentran: Ciudad de México 0, Yucatán 0, Nayarit 1, Sinaloa 21, Quintana Roo 21, Tlaxcala 22, Guerrero 25 y Baja California Norte con 29 casos.7

Los Estados que tuvieron un repunte mayor en la incidencia del robo de ganado con relación al año anterior, fueron San Luis Potosí con 43, Coahuila 36, Aguascalientes 19, Morelos 17, Campeche 16, Nuevo León 8 y Puebla con 8 casos más.

En caso contrario, los estados de la república que tuvieron una marcada disminución en el número de casos en relación al año anterior, fueron Tabasco con 111 casos menos, Guanajuato con menos 62, Zacatecas menos 57, Baja California Sur menos 41, Chihuahua menos 39, Jalisco menos 37, Hidalgo menos 30, Veracruz menos 29, Chiapas menos 28, Durango menos 26, Baja California Norte menos 24, Quintana Roo menos 18, Tamaulipas menos 17, Oaxaca menos 13, Estado de México menos 11, Michoacán 10 menos, Tlaxcala 10 menos, Sinaloa 9 menos, Guerrero 9 menos, Querétaro 6 menos, Sonora menos 5, Colima, Nayarit y Yucatán con 4 casos menos.

Finalmente, en relación al número de incidencias del delito de abigeato a nivel nacional, con relación al año anterior, se destaca que hubo una disminución de 457 casos, lo que representa el 11 % menos.

Tercera.- Actualmente el delito de abigeato está tipificado en 25 códigos penales estatales de manera similar o ampliada con el Código Penal Federal. Entre las entidades federativas que establecen el delito de abigeato en su normatividad penal vigente, están los estados de Aguascalientes, Baja California Norte, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.

Las entidades federativas que establecen sólo la definición del delito de abigeato pero que en sus normatividades abordan esta conducta atípica de manera muy sutil, están los estados de Michoacán y Querétaro.

Finalmente, las entidades federativas que no establecen como tal, el delito de abigeato son los estados de Ciudad de México Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán.

Y es de señalar que tan solo entre estos estados están un poco más del 20% de los delitos de abigeato a nivel nacional en el año 2021.

Fuente: Códigos Penales Locales de las 31 entidades federativas.

Al respecto, el problema del campo y los delitos que se comente en el robo de ganado, es de todos, la suma de voluntades y acciones pueden lograr que se le dé la verdadera importancia a la producción nacional y sus cadenas de valor.

Este crimen como se puede observar no es exclusivo de un estado o región, cada uno sufre en mayor o menor medida estos robos, que dicho sea de paso, afectan directamente la economía de nuestro campo, vulnerándolo de manera significativa, y atentando de manera directa en sus hogares, pues los pequeños ganaderos son de igual manera víctimas.

Y ya que hay grandes y pequeños ganaderos en cada rincón del país, es de suma importancia que cada estado se sume y sea participe para combatir este delito, modificando sus leyes estatales.

Por tal motivo, es importante establecer a nivel nacional un frente jurídico en la lucha en contra el robo de ganado, por lo que resulta indispensable exhortar respetuosamente a los Congresos Locales faltantes a legislar en sus códigos penales vigentes, el delito de abigeato conforme se establece en el Código Penal Federal, buscando con ello, homologar el marco jurídico en los niveles de gobierno federal y estatal, que permita una mayor efectividad en la persecución y en el castigo de este delito.

En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestas, sometemos a la consideración de esta Honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. - La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la soberanía y a las atribuciones constitucionales de los Estados, exhorta respetuosamente a los Congresos Locales de Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán a legislar en sus códigos penales, el delito de abigeato a fin de homologar su normatividad vigente conforme se establece en el Código Penal Federal, con el propósito de contar con las herramientas jurídicas eficaces que permitan una mayor efectividad en la persecución y en el castigo de este delito.

Segundo.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los congresos locales de los estados de la federación a fortalecer en su regulación penal vigente, el delito de abigeato con la finalidad de homologar sus normatividades conforme lo que se establece en el Código Penal Federal, buscando con ello, homologar las herramientas jurídicas necesarias que permitan una mayor efectividad en la persecución y en el castigo de este delito.

Notas:

1. http://www.enciclopedia-juridica.com/d/abigeato/abigeato.htm consultado el 09 de marzo del 2022

2. Ibídem.

3. https://economipedia.com/definiciones/abigeato.html consultado el 09 de marzo del 2022

4. https://drive.google.com/file/d/1FlWG0HzAu5pCFakexgzyp36VPFAkeEeS/view consultado el 09 de marzo del 2022

5. Ibídem.

6. https://drive.google.com/file/d/1DAnKmNhiq1oqy6mJBU_ce0UzXXTCbmON/view consultado el 09 de marzo del 2022

7. Datos tomados de Incidencia Delictiva Fuero Común 2021.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, martes 15 de marzo de 2022.

Diputadas: Adriana Bustamante Castellanos (rúbrica), Claudia Tello Espinosa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y el Fonatur a informar a la opinión pública sobre el estado actual de las autorizaciones en materia ambiental y los resultados de las visitas de inspección practicadas por la Profepa a las obras del Tren Maya, a cargo de la diputada Martha Estela Romo Cuéllar, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Martha Estela Romo Cuéllar , diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a que informen a la opinión pública, a través de sus portales electrónicos, sobre el estado actual de las autorizaciones en materia ambiental, los resultados de las visitas de inspección realizadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a las obras del tren Maya el contenido de los informes de avance que tiene que presentar el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, a que se presente el proyecto integral del tren Maya y a que se informe sobre los hallazgos arqueológicos descubiertos en el trazo del tren Maya y los respectivos programas de conservación y restauración de ese patrimonio , respectivamente.

Exposición de Motivos

Desde el anuncio del proyecto del tren Maya al inicio de la presente administración, se presentó como una idea, un bosquejo que presentaba en un mapa la posible ruta que seguiría el mismo sin que hubiera un verdadero proyecto que permitiera conocer y evaluar su viabilidad técnica, social y ambiental en una zona cuya alta diversidad biológica estaría siendo impactada.

La ejecución de la obra está a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). Desde su anuncio y hasta el presente no se ha contado con un proyecto completo que indique con claridad ni el trazo ni el tipo de trenes que se utilizarán (se ha dicho que serán eléctricos o de combustóleo) ni el servicio que prestará (turismo, transporte carga, mixto), por ello no se cuenta con una base confiable de análisis de la obra completa.

Se sabe que las obras del tren Maya fueron divididas en dos etapas de gestión ambiental: la primera en el trayecto Palenque, Chiapas a Izamal, Yucatán, que está compuesta principalmente por obras de rehabilitación sobre derechos de vía ya existentes; la segunda (el resto del trazado que va de Izamal a Escárcega) contempla obras nuevas sobre predios con derecho de vía.

La promesa del presidente fue que en el desarrollo de esta obra “no se tiraría ni un solo árbol”. El evento de arranque de obra se realizó sin siquiera haber presentado el estudio de evaluación de impacto ambiental al que está obligado a presentar cualquier promovente de obras de la magnitud del tren Maya; incluyendo al propio gobierno federal.

De igual manera se indicó en diversos comunicados que el trazo de las vías del tren aprovecharía la infraestructura (vías) que ya existían, lo que reduciría al mínimo el impacto sobre los ecosistemas de los cinco estados del sureste del país (Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo) por donde correría el tren.

Bajo este argumento, el Fonatur se ha escudado en que no tiene obligación de presentar una MIA para la rehabilitación de la zona donde ya existen vías ya que no se trata de una obra nueva, sino de mantenimiento en predios donde la obra no representa un peligro ambiental.1 Igualmente el Fonatur indica en su página informativa sobre el proyecto,2 que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó el 4 de marzo de 2020 exenciones3 a los estudios de impacto ambiental (Manifestaciones de Impacto Ambiental en modalidad Regional) el proyecto “Rehabilitación y Mantenimiento de Vía Ferroviaria”,4 que incluye la rehabilitación y mantenimiento de 726.22 kilómetros de vía en 4,205.8 hectáreas (42.06 km2, lo que implica una afectación promedio de aproximadamente 58 metros a lo largo de los 726 kilómetros de la vía). Ello incluye el desmantelamiento de 78 tramos de vía, la rehabilitación de obras de drenaje, la colocación de canaleta para fibra óptica, el reemplazo de durmientes, rieles y estabilizado de vía, la rehabilitación y mantenimiento de las estaciones ferroviarias existentes.5

A finales del 2019, Fonatur manifestó que el proyecto del tren maya no requeriría de la presentación de MIA debido a que aseguró que, de los 1,500 kilómetros del recorrido, 723 ya contaban con una vía férrea en operación (tramo de Palenque, Chiapas, a Izamal, Yucatán), cuya ruta es operada por Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.6

La MIA en cuestión fue presentada a la Semarnat el 16 de junio de 2020,7 autorizándose el proyecto en sus aspectos ambientales el 30 de noviembre de ese mismo año.8 La autorización (resolutivo en materia de impacto ambiental oficio SGPA/DGIRA/DG/06043 de fecha 30 de noviembre del 2020) indica que la pérdida de cobertura vegetal por la implementación del proyecto es equivalente a 800.95 hectáreas de vegetación secundaria de selva alta perennifolia, vegetación secundaria de selva mediana subcaducifolia y vegetación secundaria de selva baja caducifolia.

Las manifestaciones del impacto ambiental que ha presentado el Fonatur a fin de que la Semarnat emita las autorizaciones correspondientes presentaron deficiencias técnicas básicas que fueron evidenciadas por diversas ONG y organizaciones de profesionistas. De igual manera, contraviniendo el espíritu de la ley (LGEEPA y su Reglamento en materia de impacto ambiental) Fonatur ha presentado los estudios de impacto ambiental del proyecto de forma fraccionada (en fases), situación que impide la adecuada evaluación del verdadero impacto de un proyecto que abarca cinco estados y que detonará (así se manifiesta en sus estudios) polos de desarrollo y no sólo el impacto directo de la construcción y operación de un tren. A pesar de ello, la Semarnat ha emitido los respectivos resolutivos para autorizar las obras a cargo del Fonatur pasando por alto lo establecido en la LGEEPA y su respectivo reglamento en la materia, debiendo haber solicitado UNA sola MIA para todo el proyecto del tren Maya.

Como ya se indicó, el tren Maya nunca ha tenido un proyecto ejecutivo que permita conocer la verdadera magnitud de la obra ni su ubicación definitiva. Por ello a lo largo de estos últimos años se han presentado desde hallazgos arqueológicos relevantes como el del municipio de Candelaria, Campeche, en donde se encontró una zona arqueológica del tamaño de Palenque, hasta la reciente devastación de selva por el cambio de trazo del tren, pasando por expropiaciones de terrenos y sobre todo la evasión de un tema que pone en riesgo no solo la integridad de los ecosistemas, sino la de la población que vive en la zona y la de los posibles usuarios del tren: la geología de la península de Yucatán que por estar compuesta casi en su mayoría por rocas calcáreas, se han creado en él a lo largo de millones de años un sistema de ríos y cavernas subterráneas que son de vital importancia en el balance hídrico de la península y que dan como resultado un suelo frágil que lo hace poco propicio para que soporte una obra como un tren. Muestra de ellos son los múltiples cenotes que se encuentran en la península de Yucatán.

Esto ha quedado de manifiesto con la aparición de un socavón de aproximadamente 600 metros a mediados del 2020 en el tramo de la autopista de la Riviera Maya que va de Playa del Carmen a Tulum (nota de periódico “se abre socavón en carretera de Riviera Maya” [14 jun 2020]) en la que transitan principalmente vehículos ligeros y transporte de pasajeros y carga que de ninguna manera alcanzan el peso de un convoy del tren que se pretende poner en operación en esa zona.

Aunado esto a mediados de febrero del año en curso se dio a conocer que juzgado Cuarto de Distrito, con sede en Yucatán concedió a organizaciones ambientales del sureste mexicano un amparo (emitido por la juez federal Karla Domínguez amparo 613/2020) este documento avala lo que sus promoventes habían señalado, que existe una devastación ambiental a lo largo del trazo de los tramos 1, 2 y 3 del tren Maya, es decir, de Palenque hasta Izamal, atravesando por Chiapas, Campeche y Yucatán.

Los colectivos firmantes señalan que el impacto de las obras del tren Maya a lo largo de 635 kilómetros es inadmisible para el medio ambiente, pues se afecta a 800 hectáreas de selva.

Los magistrados han coincidido con los colectivos y al hacer esto, han invalidado las Manifestaciones de Impacto Ambiental, haciendo que las obras en los tramos señalados sean suspendidas (suspensión definitiva de las obras del tren Maya para que las autoridades se abstengan de realizar actos para la construcción de obra nueva en los municipios de Mérida, Chocolá e Izamal. Esta suspensión temporal afectará los tramos 1, 2 y 3 de manera parcial). Uno de los argumentos de la suspensión es la violación al derecho a la información, puesto que las comunidades indígenas a las que pertenecen los quejosos no tuvieron acceso en ningún momento a los estudios derivados de la MIA, otro argumento es la omisión de realizar una evaluación ambiental regional que incluya todo el estudio de los impactos del proyecto de forma integral y no seccionándolo por tramos.

Las autorizaciones emitidas por la Semarnat implican un riesgo preponderante para el ejercicio del derecho a un medio ambiente adecuado por parte de los quejosos. La determinación de la juez es solo para “la suspensión de trabajos de construcción que impliquen deforestación o puesta en riesgo de especies animales autóctonas de los territorios del Estado, hasta que se analice la procedencia de una suspensión con carácter definitivo”.

Asimismo, el amparo se basó en la necesidad de aplicar el principio precautorio o indubio pro natura, pues “existe una incertidumbre sobre el verdadero impacto del proyecto en cuestión, por lo que debe entonces inclinarse la balanza de la justicia a favor de la naturaleza”.

Es de resaltar que pese a la resolución del juzgado, se tiene conocimiento por las evidencias aparecidas en diversos medios y redes sociales, que las obras no han cesado e incluso han continuado su curso. Es preocupante la reacción manifestada por el presidente Andrés Manuel López señalando que el tren Maya no se detendrá a pesar de lo resuelto de manera definitiva por un tribunal federal.

No importando los múltiples señalamientos al respecto del impacto ambiental grave y la falta de planeación, la obra ha seguido en marcha, consumiendo miles de millones de pesos del erario público y desperdiciando muchos de ellos en decisiones erráticas del proyecto. En este sentido, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha solicitado al Fonatur aclaraciones sobre un monto de 156.1 millones de pesos relacionados con este proyecto.

Por su parte, la Semarnat, por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, no ha realizado los actos de inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el reglamento de la LGEEPA en materia de impacto ambiental y de las condicionantes impuestas en los resolutivos emitidos autorizando la realización de las obras del tren Maya.

Es por esto que considero fundamental que se dote de certidumbre al tren Maya y por consiguiente, a la ciudadanía, se debe hacer público un proyecto claro y bien definido, con acciones de mitigación serias y ambiciosas, el gobierno se debe comprometer a que los impactos ambientales sean subsanados, a que se respetará la ley en todo momento, a que se salvaguardará el patrimonio y a que los desplazados por esta obra sean compensados y saldados por la expropiación de sus propiedades.

El tratamiento de éstos descubrimientos debe entonces darse como es preciso para el patrimonio histórico de la nación, su salvamento, restauración y posterior exposición son deseables y para ello, se deben hacer del conocimiento de esta soberanía todos los procedimientos para asegurar que el trazo del tren Maya no terminará por estropear, ya sea por la obra misma, por el saqueo o el olvido, estas riquezas y bienes de México y por la magnificencia de su origen, del mundo.

Así pues, es fundamental señalar, con todo el respeto debido, que el apuro por la inauguración de una obra con fines políticos, electorales o de otra naturaleza no esencial, han llevado al gobierno a tragedias como la sucedida en la Ciudad de México en la Línea 12 del metro. En este sentido, las coincidencias entre dicha línea de metro y el tren Maya no son pocas, dado que ambas son obras ferroviarias y los dichos del presidente de la república respecto a la inauguración del tren Maya no son alentadores.

Al respecto, el pasado 6 de marzo, en su gira de trabajo de fin de semana por el sureste mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió una y otra vez a las compañías constructoras del tren Maya acelerar su construcción pues el no terminar la obra en este sexenio sería un fracaso.

“No podemos fallar”, les dijo. “No podemos, no existe la posibilidad de fallar y de no inaugurar el tren en 2023, no hay más tiempo, sería un rotundo fracaso”.9

Así pues, se observan dos problemáticas en el apuro por la construcción del Tren, por un lado, la falta de seguridad y calidad en la obra que pudiera ocasionar la insistencia presidencial y por otro lado, el descuido en la conservación de nuestro patrimonio arqueológico.

Lo anterior remarca la necesidad de hacer partícipe a esta soberanía de las acciones del salvamento integral de nuestro patrimonio histórico y de asegurar que ninguna prisa política pueda ser motivo de un desastre humano futuro.

Un grupo interdisciplinario de expertos, agrupados en el Observatorio México Sustentable, ha coincidido con este llamado y ha exhortado a las autoridades a dar seguimiento a las MIA, a que se supervise su cumplimiento, a que se garantice la seguridad de usuarios futuros, de flora y fauna, de patrimonio arqueológico y a que se esclarezca de una vez por todas el proyecto definitivo, yo me sumo a este llamado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que informe a la opinión pública, a través de sus portales electrónicos, sobre el estado actual de las autorizaciones en materia ambiental actualmente emitidos, los resultados de las visitas de inspección realizadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a las obras del tren Maya así como del contenido de los informes de avance que tiene que presentar el Fondo Nacional de Fomento al Turismo derivados de las autorizaciones otorgadas, el motivo por el que autorizó estudios de evaluación de impacto ambiental fraccionados a pesar de conocer la magnitud de la obra que afecta cinco entidades federativas del sureste del país y las opiniones de los grupos de expertos consultados dada la complejidad del proyecto, previa la emisión de las autorización realizadas a la fecha.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, a que presente a la opinión pública el proyecto integral de la obra denominada tren Maya dado que hasta la fecha no existe tal proyecto; que informe sobre el contenido de los informes de avance que tiene que presentar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con motivo de la autorización de los estudios de evaluación de impacto ambiental que le fueron otorgados; los estudios geológicos y todos aquellos necesarios para garantizar la seguridad de la obra y sus usuarios dado que se ha advertido en diferentes ocasiones sobre los riesgos de construir una obra de ese tipo en suelos de las características de la península de Yucatán; los motivos y justificaciones para los cambios de trazo de la obra una vez que ha contado con las autorizaciones en materia de impacto ambiental y los respectivos cambios de uso de suelo forestal.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia a que informe a la opinión pública, a través de sus portales electrónicos, sobre los hallazgos arqueológicos descubiertos en el trazo del tren maya y los respectivos programas de conservación y restauración de ese patrimonio.

Notas

1 [1] La información se encuentra disponible en: https://www.trenmaya.gob.mx/preguntas-ambientales

2 [1] La información se encuentra disponible en: https://www.trenmaya.gob.mx

3 [1] De acuerdo con el Fonatur, la exención es un permiso que Semarnat otorga para trabajar obras de infraestructura en lugares que, por impactos ambientales previos, no se ven amenazados por la intervención humana. Tal es el caso de la vía que ya existe en los tramos 1, 2 y 3 del Tren Maya (Etapa I que va de Palenque–Izamal), que, por tratarse de una vía de comunicación, recibe constante intervención humana (por ejemplo, la limpieza). Las obras del Tren Maya que se han llevado a cabo en los últimos meses pertenecen exclusivamente a esta categoría.

4 [1] Avances y logros en el primer año del Dr. Víctor Manuel Toledo al frente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat, junio 2020). Disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/555902/In forme_VMT.pdf

5 [1] El documento no indica la ubicación de los 726.22 kilómetros de vía, sin embargo, por la fecha de la autorización se presume que es dentro del tramo de la Etapa I Palenque, Chiapas–Izamal, Yucatán

6 [1]Nota de periódico “Quieren exentar al Tren Maya de trámite de impacto ambiental”. En: https://www.eleconomista.com.mx/estados/Quieren-exentar-al-Tren-Maya-de -tramite-de-impacto-ambiental-20191124-0075.html

7 [1] Información obtenida de: https://www.gob.mx/fonatur/prensa/tren-maya-presenta-estudios-ambiental es-para-los-tramos-1-2-y-3-ante-semarnat

8 [1] Gaceta Ecológica No. DGIRA/045/20 de fecha 3 de diciembre del 2020. Disponible en: http://sinat.semarnat.gob.mx/Gacetas/archivos2020/gaceta_45-20.pdf

9 [1]https://mty.telediario.mx/nacional/tren-maya-retrasos-en-construccio n-se-deben-hallazgos-arqueologicos consultado el 15 de junio 2021, 13:30

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2022.

Diputada Martha Estela Romo Cuéllar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a mantener por la SEP las escuelas de tiempo completo y garantizar los apoyos de alimentación y aprendizaje de los beneficiarios, a cargo del diputado Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

El pasado 28 de febrero de 2022 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo número 05/02/2022 por el que se expiden las Reglas de Operación del Programa la Escuela es Nuestra para el ejercicio fiscal de 2022, suscrito por la ciudadana Delfina Gómez Álvarez, titular de la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal. En dicho acuerdo se desapareció el Programa de Escuelas de Tiempo Completo .

El Programa de Escuelas de Tiempo Completo era un programa escolar de cobertura nacional que operaba desde el 2006 y cuya cobertura fue creciendo paulatinamente durante los últimos años, cuyos subsidios llegaron a beneficiar con alimentación y horas extras de aprendizaje, a más de 3.6 millones de estudiantes y familias que aprovechaban estos apoyos para poder acudir a trabajar mientras sus hijas e hijos permanecían en la escuela.

Era un mecanismo que propició el establecimiento de forma gradual y progresiva (de acuerdo con la suficiencia presupuestal) de escuelas con horario completo en educación básica, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias , y servía para promover un mejor aprovechamiento del tiempo disponible, generar un mayor desempeño académico y el desarrollo de actividades relacionadas con el conocimiento del civismo, humanidades, ciencia y tecnología, artes, en especial la música, la educación física y la protección al medio ambiente.

Su población objetivo eran las escuelas públicas de educación básica de un solo turno, en todos sus niveles y servicios educativos, que presentaban alguno de los siguientes criterios:

a) Ser escuelas de educación indígena y/o multigrado;

b) Ofrecer educación primaria o telesecundaria;

c) Atender a población en situación de vulnerabilidad o en contextos de riesgo social;

d) Presentar bajos niveles de logro educativo o altos índices de deserción escolar.

A su vez, impulsaba acciones de colaboración interinstitucional con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, dirigidas a mejoran las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario, por lo que el componente de apoyo para los servicios de alimentación se focalizaba dando atención preferente a la población escolar ubicada en comunidades con alto índice de pobreza y marginación.

Desde el inicio de la actual administración, este programa tuvo un primer recorte de 50% y en 2021 ya no se le asignaron recursos. La Secretaría de Educación Pública afirmó que no desaparecería, pues a través de La Escuela es Nuestra, los padres de familia podían seguir contratando servicios de alimentación, pagar a los maestros que dieran clases en el horario ampliado o mejorar la infraestructura de los planteles.

Pero a partir de 2022, las reglas de operación advierten que el único objetivo del Programa La Escuela es Nuestra, es la mejora de infraestructura, por lo que no habría posibilidad de tener los servicios de Escuelas de Tiempo Completo.

El Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC), desde su creación, había permitido el fortalecimiento de la educación básica y había encaminado sus esfuerzos para dar cumplimiento a los fines y criterios que mandata el artículo 3o. constitucional, contribuyendo a la obligación del Estado respecto a que “toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -federación, estados, Ciudad de México y municipios-, impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias...”, asimismo como a que “la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje”.

En relación con lo anterior, el objetivo más importante de las reformas realizadas al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la emisión de la nueva Ley General de Educación, fue dejar claro el compromiso educativo del Estado, al plantear la nueva escuela mexicana, que busca la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación; y por ello mismo debe colocarse en el centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, por lo que resulta indispensable seguir manteniendo las acciones encaminadas a apoyar a las y los estudiantes y familias mexicanas que se veían beneficiadas con las Escuelas de Tiempo Completo.

Además, debe considerarse el interés superior de la niñez, que es un principio de rango constitucional previsto en el artículo 4 nuestra Norma Suprema, que demanda que en toda situación donde se vean involucrados niños, niñas y adolescentes se traten de proteger y privilegiar sus derechos.

También cabe recordar en este punto que, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 prevé como principios fundamentales de todos los programas y acciones gubernamentales: la honradez, la honestidad, la austeridad y el combate a la corrupción, principios que se habían acatado con la implementación de las Escuelas de Tiempo Completo.

Además, las Escuelas de Tiempo Completo permitían que el Estado mexicano diera cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, ya que se apegaba a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 2 “Poner fin al hambre , lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”; 4 “Educación de calidad”, y 10 “Reducir la desigualdad en y entre los países”.

Por todo lo anteriormente expuesto, consideramos pertinente exhortar a la Secretaría de Educación Pública a que realice todas las acciones necesarias para reestablecer y continuar otorgando los subsidios que beneficiaban a millones de estudiantes y familias mexicanas a través del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, por lo que se somete a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal que, a través de la Secretaría de Educación Pública, mantenga el Programa de Escuelas de Tiempo Completo y garantice los apoyos de alimentación y aprendizaje de las y los estudiantes beneficiarios.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 15 de marzo de 2022.

Diputado Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SICT y el IFT a llevar a cabo acciones para proteger a los usuarios de telefonía celular y erradicar prácticas arbitrarias de las compañías telefónicas, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hoy en día, tanto el uso de la telefonía celular, así como el desarrollo y disposición de una amplia gama de aplicaciones ha crecido vertiginosamente.

Lamentablemente, la emergencia sanitaria que hemos vivido durante dos años a causa del Covid-19 nos hizo ver lo imprescindible que se puede volver un teléfono celular con acceso a servicio de internet no sólo para recibir y hacer llamadas, es decir, no sólo para comunicarnos por voz, servicio que es primordial, sino también para otros servicios sustanciales que nos permiten intercomunicarnos con todo el mundo, satisfaciendo además la necesidad de la inmediatez, calidad y celeridad, que una emergencia de salud de índole mundial requiere.

La telefonía celular en esta época de pandemia, ya de por sí desde hace tiempo desligada, afortunadamente, de prejuicios y limitaciones tanto en su disponibilidad como en su uso en materia de género o poder adquisitivo, cruzó el portal de la restricción en materia de la edad.

Una gran parte de nuestra población menor de edad, desde el nivel básico de enseñanza se valió del uso de un teléfono celular para comunicarse con sus seres queridos, para tomar clases virtuales, para enviar sus tareas y hasta para acceder a información escolar. Asimismo, los adultos mayores se valieron de un dispositivo celular para informarse, para inscribirse en las diversas plataformas de asistencia, para pedir un transporte, para solicitar asistencia médica y notificar cambios en la misma, para registrarse y acceder a su vacuna o incluso para conocer sedes de vacunación y llegar a ellas.

A la par de lo anterior, por medio de un teléfono celular y sus aplicaciones muchas mexicanas y mexicanos de todas las edades pudimos atender y darle satisfacción a las necesidades más elementales como solicitar comida, medicamentos, insumos de despensa y hasta transporte.

Igualmente, nuestros servicios de telecomunicaciones en un teléfono celular se volvieron el salvavidas para economías tanto formales como informales, tanto micro como macro, pues en esta pandemia también vimos el desarrollo, crecimiento o subsistencia de negocios o servicios comerciales de toda índole, de manera electrónica. Sin duda alguna, esta pandemia fue no sólo un parteaguas en materia de salud y medidas sanitarias, sino también en materia de comunicación.

Basta señalar que en nuestro país, de acuerdo a cifras oficiales, se estimó que la población de seis años o más, usuaria de internet, pasó de 70.1 por ciento del total en 2019 a 72 por ciento en 2020, es decir, en tan solo un año tuvo un crecimiento de 1.9 por ciento.1

En lo que respecta al crecimiento de los usuarios de telefonía celular derivado de la pandemia, las cifras son también exponenciales, de acuerdo a información oficial, se tiene registro de que en nuestro país para finales de 2020 había ya 88.2 millones de usuarios de teléfono celular, es decir, 75.5 por ciento de la población total del país de 6 años y más. Con respecto al año anterior, 2019, antes de la pandemia, esta población creció 0.4 por ciento, es decir, se pasó de 75.1 por ciento al 75.5 por ciento o dicho en otros términos, pasamos de tener antes de la pandemia 86.5 millones de usuarios de teléfono celular a 88.2 millones de usuarios, en tan sólo unos cuantos meses.2

Ahora bien, sobre estos mismos usuarios de teléfono celular, se sabe que durante la pandemia se disparó la venta y uso de teléfonos inteligentes. De acuerdo a cifras oficiales, durante 2020, es decir, durante la pandemia, 9 de cada 10 usuarios de teléfono celular en México disponían de un teléfono inteligente, es decir, con acceso a internet y aplicaciones de toda gama; durante los meses del confinamiento por la pandemia el crecimiento de los usuarios de un teléfono inteligente se disparó en 3.5 por ciento, al pasar de 88.1 por ciento en 2019 a 91.6 por ciento en 2020.3

Con lo anterior se entiende y justifica el porqué durante la pandemia en nuestro país creció la población usuaria de teléfono celular que se conectó a internet usando únicamente el servicio provisto por su compañía de telefonía móvil, es decir, sin utilizar una conexión de Wi-fi, ya que pasamos de 9.4 por ciento del total de usuarios de internet en el año 2019 a 13.7 por ciento durante la pandemia.4

Como se puede apreciar con lo anterior, el servicio en nuestro país y en todo el mundo de telefonía celular ha sido, es y será imprescindible e invariablemente determinante en muchos sentidos. La necesidad de comunicarnos en donde quiera que nos encontremos de forma rápida y segura, de disponer de información de toda índole de forma veloz y cómoda y de acceder a una gama casi infinita de servicios de toda clase nos obliga a ser sumamente cuidadosos en lo que concierne al desarrollo, crecimiento y expansión de las telecomunicaciones.

La telefonía celular y toda la gama de servicios complementarios que están a nuestra disposición y que son definidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como aquellos servicios prestados por operadores o por un tercero, distintos a los que se contemplan en un contrato de servicio de telefonía, a través de los cuales se puede consultar información o descargar contenidos almacenados,5 demostraron ya que llegaron para quedarse y que pueden ser determinantes para salir adelante de cualquier situación desfavorable.

El teléfono celular ha evolucionado tanto y se ha desplegado tan vertiginosamente que ya no sólo es útil para hacer llamadas, tomar fotos y videos o checar el clima y las noticias, sino que también se ha vuelto sustento y plataforma de negocios y comercios y de disposición de toda clase de servicios y, a la vez, un referente obligado del desarrollo y avance tecnológico alcanzado por la humanidad.

Tan es así, que se estima que en nuestro país tendremos para el año 2024 más de 92 millones de usuarios de telefonía celular.6 De acuerdo a cifras oficiales, el número de líneas de teléfono celular durante al año 2020 se disparó vertiginosamente a pesar de que en los primeros meses de la pandemia se dejó sentir una baja considerable de las mismas como reflejo de la crisis económica detonada en los hogares y comercios por el confinamiento social.

Derivado de lo anterior, por primera vez en nuestra historia hay más líneas activas de teléfono celular que número de habitantes en el país. Para finales del año 2020 teníamos ya 126 millones 14 mil 528 líneas de teléfono celular en comparación con los 126 millones, 14 mil 24 habitantes que reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) como población total en el país.7

Ahora bien, es preciso señalar que este incremento reportado en el uso de la telefonía celular y de internet en nuestro país durante la pandemia no ha sido exclusivo de la misma. La disposición de la telefonía celular en nuestro país desde ante de la pandemia ya venía creciendo exponencialmente. Basta señalar que del año 2018 al año 2019 el promedio de minutos de voz consumidos por la población usuaria de teléfono celular al mes se duplicó para situarse en 411 minutos.8

La misma tendencia reportó el número de líneas de teléfono celular con acceso a internet, las cuales del año 2018 a principios de 2020 crecieron 12 por ciento.9

En lo que respecta a los datos utilizados en promedio por la población usuaria de teléfono celular para navegar por internet se reportó también un crecimiento vertiginoso de 83.6 por ciento entre 2018 y 2019.10

Finalmente, se reportó que el número de personas con teléfono celular por cada 100 habitantes en nuestro país, también conocido como teledensidad, fue para finales del año 2019 de los más altos a nivel mundial, pues al menos 77 de cada 100 habitantes en México contaban con un teléfono celular.11

Con base en lo anterior es posible advertir cómo en nuestro país, al igual que en todo el mundo, los servicios de telefonía celular son básicamente imprescindibles para comunicarnos, desarrollarnos y tener acceso a la información y el conocimiento generado a nivel mundial. Por ello, se vuelve obligatorio mantener un constante seguimiento y cuidado respecto a su comportamiento, desarrollo y crecimiento y más aún si nos referimos a sus costos, a fin de que esto no se vuelva un impedimento de acceso para algunos segmentos de la población. Todos por igual tenemos el derecho y la necesidad de mantenernos tanto comunicados como también conectados e informados.

En este orden de ideas, es preciso señalar que, de acuerdo al IFT, el servicio y pago de la telefonía celular en nuestro territorio se hace usando dos modalidades, el “prepago” o el “postpago”.12

El prepago es “cuando el usuario paga por los servicios de telecomunicaciones antes de utilizarlos” y se da cuando el usuario adquiere recargas electrónicas de saldo para su consumo.13

Por su parte, el postpago es “cuando el usuario paga por los servicios de telecomunicaciones después de utilizarlos” y se da cuando el servicio se contrata con un plan de renta mensual.14

En nuestro país se tiene registro de que 81.8 por ciento de los usuarios de telefonía celular acceden al servicio bajo la modalidad de prepago, mientras que 18.2 por ciento del total de la población restante lo hace mediante el postpago,15 es decir, 8 de cada 10 usuarios de teléfono celular en México pagan el acceso a los servicios de telecomunicaciones que estos dispositivos ofrecen mediante la realización de recargas electrónicas.

Lo anterior se debe a que es la forma más económica, accesible y rápida para hacerlo. No es lo mismo pagar una renta mensual fija o variable en función del consumo durante al menos un año a realizar recargas en función de cómo vaya la economía familiar, más allá de la necesidad de los servicios porque la necesidad de mantenerse comunicado y con acceso a la gama de aplicaciones siempre será permanente.

La realización de recargas se ha convertido en un negocio redondo donde todos ganan, menos los usuarios, especialmente los que menos tienen.

De acuerdo a información oficial, en nuestro país 50 por ciento de las recargas que hace la población va de 50 a 100 pesos, otro 26 por ciento de las recargas se hace en montos de entre 30 y 50 pesos, 8 por ciento se sitúa en un monto inferior a los 30 pesos; 5 por ciento se hace en montos de 100 a 150 pesos y, finalmente, 2 por ciento se hacen en montos superiores a los 200 pesos en promedio.16

En otras palabras, 84 por ciento de las recargas que hace la población en promedio se hacen en los montos más bajos disponibles en el mercado.

Como se puede apreciar, esto es determinante y nos señala que para el grueso de la población, 8 de cada 10, las recargas para poder contar con servicios de telefonía celular le representa un gasto oneroso en su economía. Si no fuese así, lo haría en los montos disponibles más altos, o bien, bajo un esquema más cómodo como lo es la renta mensual.

Es por este dato preponderante y representativo que resulta necesario poner mucha atención en situaciones que se dan en contra de los usuarios de la telefonía celular y en contra de la economía familiar, es decir, en contra de quien necesita y tiene el derecho de acceder a los servicios de telecomunicaciones desde su dispositivo. Me refiero a la condición o sujeción de términos o plazos de vigencia o expiración del saldo adquirido mediante recargas, lo cual es, sin duda alguna, un abuso.

Si alguna persona hace una recarga de saldo a su línea telefónica para poder acceder al servicio ésta está sujeta a un plazo de expiración determinado, el cual puede iniciar a partir de los 7 días posteriores, es decir, si al final de este plazo no se consumió el total del saldo disponible, éste queda congelado, está almacenado pero no lo podemos usar y sólo se reactiva hasta que se haga una nueva recarga.

En otras palabras, se nos condiciona el disfrute de nuestro saldo, el aprovechamiento de nuestro derecho adquirido al servicio, el goce de nuestro dinero y eso no es correcto, no puede seguir y atenta en contra de todos los usuarios de este imprescindible y valioso servicio.

Es precisamente la necesidad de alzar la voz y exhortar a las autoridades correspondientes a que tomen las medidas pertinentes para detener este abuso el objetivo del presente punto de acuerdo. Porque defender los derechos de los usuarios de los servicios de las telecomunicaciones en nuestro país es también labor y tarea de esta soberanía.

Debemos hacer todo lo pertinente y necesario para que el saldo que los usuarios adquieren con su dinero y en ejercicio de su derecho de acceso a la comunicación no se sujete a vigencia o expiración alguna o se condicione su disfrute a una nueva recarga.

Porque este ejercicio en materia de recargas de saldo por parte de las compañías telefónicas en nuestro país es una forma engañosa y velada de forzar y atar a la población a estar haciendo de manera permanente recargas de saldo.

Sin duda alguna, como sociedad hemos logrado importantes avances en materia de protección y resguardo de los derechos de los usuarios de la telefonía celular en nuestro país, pero, como se puede apreciar, tenemos tarea por hacer para enmendar la plana.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a que, en coordinación y, en el ámbito de sus respectivas facultades, lleven a cabo las acciones pertinentes para proteger a los usuarios de telefonía celular en nuestro país y erradiquen prácticas arbitrarias por parte de las compañías telefónicas, como la sujeción a fechas de expiración del saldo no consumido en los servicios de telefonía móvil en su modalidad de prepago, o bien, su condicionamiento a la compra de nuevas recargas para el disfrute de ese saldo.

Notas

1 Inegi. Reporte 2020.

2 Inegi. ENDUTIH 2020.

3 Inegi. ENDUTIH 2020.

4 Inegi. ENDUTIH 2020.

5 Instituto Federal de Telecomunicaciones.

6 Instituto Federal de Telecomunicaciones. IFT.

7 INEGI. Censo 2020.

8 The Competitive Intelligence Unit. (CIU)

9 Instituto Federal de Telecomunicaciones. IFT.

10 The Competitive Intelligence Unit. (CIU)

11 Instituto Federal de Telecomunicaciones. IFT.

12 Instituto Federal de Telecomunicaciones. IFT.

13 Instituto Federal de Telecomunicaciones. IFT. Definición.

14 Instituto Federal de Telecomunicaciones. IFT.

15 The Competitive Intelligence Unit. (CIU)

16 The Competitive Intelligence Unit. (CIU)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2022.

Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y la Sedena a impedir el exterminio de animales domésticos con motivo del arranque de operaciones del AIFA y continuar la promoción de la adopción de perros y gatos rescatados den sus instalaciones, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Dionicia Vázquez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, y los demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, así como al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional para que, en el marco de sus respectivas atribuciones, se impida el exterminio de animales domésticos con motivo del arranque de operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y se continúe con la promoción de la adopción de perros y gatos que han sido rescatados dentro de sus instalaciones, bajo las siguientes

Consideraciones

Como decía Mahatma Gandhi “La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la manera en que se trata a sus animales”. En este contexto, es motivo de reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional, el que se haya creado el año pasado el refugio canino “Los Perritos de Santa Lucía”1 , en el cual se brindó atención veterinaria, alimentos y promoción de la adopción a perros en situación de calle que deambulaban al interior de las obras que se realizan en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Al respecto, México es el país con más abandono de animales en América Latina, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, existen más de 23 millones de mascotas, sin embargo, el 70 por ciento de perros y gatos se encuentran abandonados.2

No obstante, la acción loable señalada al inicio de la presente proposición, hoy es motivo de preocupación que el pasado 14 de febrero del presente año empleados de las obras en comento, a través de una entrevista por un medio de comunicación, señalaron que la demolición del sitio del albergue canino estaba próxima y desconocían si se tendría una nueva sede y lo que sucedería con los cerca de 30 perros que dijeron aún estaban en el lugar.3

Por si esto no fuera suficiente, en diversos medios de comunicación se está difundiendo información sobre la contratación de una empresa que presuntamente se encargará de ejecutar medidas de control para mitigar el riesgo que ocasiona la fauna nociva en el área operacional del Aeropuerto Internacional, incluyendo el sacrificio de perros y gatos. Lo anterior, para coadyuvar con la seguridad y eficiencia de las operaciones aéreas.4

Al respecto, la Real Academia Española define el concepto animal como ser orgánico que vive, siente y se mueve por propio impulso. Asimismo, mascota se le define como animal de compañía.

Por otra parte, especismo5 es lo que llevó al ser humano a creer que “el ser humano es superior al resto de los animales, y por ello puede utilizarlos en beneficio propio”. Hoy queda bastante claro que los animales sí experimentan sufrimiento físico de la misma manera que los humanos, y que el pensamiento animal, relacionado a la presencia de un sistema nervioso central, es mucho más complejo que lo que la neurociencia había sugerido anteriormente, y que por lo tanto, esto significa que los animales también experimentan sufrimiento mental.

En esta tesitura, la Declaración Universal de los Derechos de los Animales fue proclamada el 15 de octubre de 1978 por la Liga Internacional, las Ligas Nacionales y las personas físicas asociadas a ellas; aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y, posteriormente, por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La Declaración Universal de los Derechos de los Animales6 establece:

“Artículo No. 1

Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos de existencia.

Artículo No. 2

a) Todo animal tiene derecho al respeto.

b) El hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos, violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales.

c) Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre. [...]”

Por su parte, en México, de acuerdo con el Artículo 79, Fracción VIII, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente7 se indica que “Para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre, se considerarán los siguientes criterios:”

“[...] VIII.- El fomento del trato digno y respetuoso a las especies animales, con el propósito de evitar la crueldad en contra de éstas; [...]”

En el Artículo 3o, Fracción X, de la Ley General de Vida Silvestre8 se define crueldad y maltrato como:

“[...] X. Crueldad. Acto de brutalidad, sádico o zoofílico contra cualquier animal, ya sea por acción directa, omisión o negligencia. [...]”.

“[...] XXVI. Todo hecho, acto u omisión del ser humano, que puede ocasionar dolor, deterioro físico o sufrimiento, que afecte el bienestar, ponga en peligro la vida del animal, o afecte gravemente su salud o integridad física, así como la exposición a condiciones de sobreexplotación de su capacidad física con cualquier fin. [...]”

En el Capítulo VI de la misma Ley9 , en el Artículo 30 se establece que:

“Artículo 30. El aprovechamiento de la fauna silvestre se llevara? a cabo de manera que se eviten o disminuyan los daños a la fauna silvestre mencionados en el artículo anterior. Queda estrictamente prohibido todo acto de crueldad en contra de la fauna silvestre, en los términos de esta Ley y las normas que de ella deriven.”

Como legisladoras y legisladores federales no podemos ser omisos e indiferentes ante cualquier signo de abandono y maltrato animal, por el contrario, debemos promover valores de respeto por la vida animal a las generaciones presentes y futuras, así mismo como una forma de concientizar y de prevenir otras formas de violencia social.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, así como al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional para que, en el marco de sus respectivas atribuciones, se impida el exterminio de animales domésticos con motivo del arranque de operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y se continúe con la promoción de la adopción de perros y gatos que han sido rescatados dentro de sus instalaciones.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de México para que, en el marco de sus atribuciones, se realicen jornadas de esterilización canina y felina en la entidad, priorizando los municipios cercanos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para evitar los problemas que conlleva el no esterilizarlos.

Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que, en el marco de sus respectivas atribuciones, se lleven a cabo campañas de concientización sobre la tenencia responsable de mascotas; así como campañas permanentes de prevención y concientización del maltrato animal.

Notas:

1. La Jornada. Crean refugio canino “Los Perritos de Santa Lucía” en zona del AIFA. Disponible en: https://cutt.ly/6A31ZX3. Consultado el 14 de marzo de 2022

2. ecoosfera. México abandona a sus mascotas: el 70% están en la calle. Disponible en: https://cutt.ly/6A3MJnR. Consultado el 14 de marzo de 2022.

3. El Sol de Toluca. Buscan hogar para perros del albergue de Santa Lucía ante posible demolición. Disponible en:

https://cutt.ly/uA3KZ4v. Consultado el 14 de marzo de 2022.

4. El Universal. AIFA desembolsa 26 mdp para controlar ratones, moscas, gatos y hormigas. Disponible en:

https://cutt.ly/MA3JoMJ. Consultado el 14 de marzo de 2022.

5. Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. Disponible en: https://dle.rae.es/especismo. Consultado el 14 de marzo de 2022

6. Gobierno de México. Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Disponible en:

https://cutt.ly/jA3SZZm. Consultado el 14 de marzo de 2022.

7. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Disponible en: https://cutt.ly/ZA3IBXH. Consultado el 14 de marzo de 2022.

8. Ley General de Vida Silvestre. Disponible en:

https://cutt.ly/wA3Oi5P. Consultado el 14 de marzo de 2022.

9. Ibíd.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 15 de marzo de 2022.

Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Oaxaca a abrir el diálogo y la comunicación ante el incremento de bloqueos y manifestaciones sociales y atender las demandas que los originan, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a la siguiente

Exposición de Motivos

I. Durante las últimas semanas se ha registrado un aumento de bloqueos y manifestaciones en el Estado de Oaxaca y que se ha extendido en diversas regiones de la entidad por diversos sectores y organizaciones, para solicitar la atención de sus demandas tanto a nivel municipal como estatal dependiendo la materia que se trate.

El pasado 3 de marzo de 2022 normalistas realizaron diversos bloqueos en la entidad para solicitar la contratación de egresados y realizada por los integrantes de la Coordinación Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (CENEO) y que tuvieron que recurrir a dicha manifestación toda vez que la solicitud había sido entregada el 14 de febrero de 2022 y al no tener ninguna respuesta o acercamiento u omisión por parte de las autoridades educativas estatales, recurrieron a realizar dichas movilizaciones.

Asimismo, una manifestación ocurrida el pasado 7 de marzo por pobladores de San Lorenzo Texmelucan, San Jacinto Tlacotepec, Santo Domingo Teojomulco, Santa María Sola, San Ildefonso Sola, Santa Cruz Zenzontepec, Santiago Minas, Santiago Xochiltepec, Santa María Zaniza y Santiago Amoltepec de la Sierra Sur de Oaxaca para solicitar al Gobierno del Estado la rehabilitación de caminos, atención médica en el Hospital de la Paz y el de San Jacinto Tlacotepec #35.1

El pasado 10 de marzo de 2022, se reportaron al menos seis movilizaciones y bloqueos en la carretera federal 175 en el crucero conocido como de la y en la carretera federal 190 a la altura del monumento a Benito Juárez zona oriente. García Vigil, en la comunidad de María Lombardo, sobre la carretera federal Tuxtepec – Matías Romero, en el Istmo y sobre la av. Juárez esquina Berriozábal, a la altura de Casa Oficial. Y finalmente un bloqueo en Pino Suárez a la altura de El Llano, en el Estado de Oaxaca por parte de transportistas ante una supuesta persecución de autoridades y no permitir laborar en dicha zona.2

De lo anterior, es importante destacar que de dichas movilizaciones los pobladores de dichas regiones se sumaron a los bloqueos ante la exigencia de atender un conflicto de los habitantes de María Lombardo, en protesta por la invasión de las tierras que ocupan el basurero y el panteón, por parte de pobladores de Jaltepec de Candayoc, perteneciente a San Juan Cotzocón en el Bajo Mixe y que puede derivarse en un conflicto agrario más grave ante la supuesta copropiedad que se tiene en dicho lugar.

Lamentablemente son algunas manifestaciones que se han derivado durante las últimas semanas y que ha sido una constante los bloqueos y manifestaciones en dicha entidad durante los últimos meses ya que se han presentado exigencias del pago de aguinaldos por parte de las y los policías municipales, mejores condiciones laborales para el sector y sistema del agua, la entrega de obras inconclusas o que fueron prometidas, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura carretera de diversas regiones de Oaxaca, la entrega de ambulancia o mejoramiento de los servicios de salud, en el ámbito pesquero de Juchitán, San Blas Atempa y Santa María Xadani, entre otras.3

Esto ha generado que diversos sectores de la sociedad y hasta los propios trabajadores del Estado recurren a manifestarse y bloquear diversas regiones o lugares de la entidad, así como la toma de oficinas gubernamentales o casetas ante la aparentemente omisión de las autoridades estatales y municipales para resolver sus peticiones. Dicho lo anterior, es importante destacar que el poco acercamiento ha generado llevar al límite las exigencias sociales y paralizar el Estado de Oaxaca en diversas regiones por los sectores antes mencionados.

II. Marco jurídico

En cuanto al marco jurídico, en primer lugar, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 9º el derecho de asociación. En este sentido, nuestra Carta Magna prohíbe que se coarte el ejercicio de este derecho humano. A la letra dicho artículo establece lo siguiente:

“Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.”4

De igual forma, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, instrumento internacional firmado y ratificado por el Estado Mexicano reconoce en su artículo 20 el derecho de asociación y de reunión. A la letra dicho artículo establece lo siguiente:

“Artículo 20

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.”5

De igual forma, una de las peticiones de las y los manifestantes del estado de Oaxaca es la salvaguarda del derecho a la protección de la salud, el cual está reconocido en el art. 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Textualmente, dicho artículo establece lo siguiente:

“Artículo 4o. (...)

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

(...)”6

De igual forma, las y los manifestantes integrantes del sector transportista en el Estado de Oaxaca exigen que se frene la persecución política. En este sentido, resulta claro que se debe de respetar el principio de legalidad que está consagrado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A la letra dichos preceptos constitucionales refieren lo siguiente:

“Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.

(...)

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.

(...)”

De los artículos constitucionales anteriormente citados, resulta evidente que las demandas ciudadanas tienen un claro sustento en nuestra norma fundamental por lo que éstas deben de ser escuchadas y, sobre todo, atendidas.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Gobernador del Estado de Oaxaca para que realice mesas de diálogo con representantes de las y los manifestantes; que realice las gestiones necesarias, con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en Tratados Internacionales, ante el incremento de bloqueos y manifestaciones de diversos sectores de la sociedad; así como a que atienda las demandas que las originan.

Notas

1 Sitian manifestaciones de la Sierra Sur a la Ciudad de Oaxaca; llama a SSPO a evitar bloqueos para prevenir agresiones, “Periódico El Universal”, 7 de marzo de 2022, recuperado de: https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/sitian-manifestantes-de-la-s ierra-sur-la-ciudad-de-oaxaca-llama-sspo-evitar-bloqueos-para

2 Paralizan 4 bloqueos carreteros el Istmo de Oaxaca; Transportistas y pobladores piden solución a demandas, “Periódico El Universal”, 10 de marzo de 2022, recuperado de: https://oaxaca.eluniversal.com.mx/municipios/paralizan-4-bloqueos-carre teros-el-istmo-de-oaxaca-transportistas-y-pobladores-piden

3 Ibídem.

4 Cámara de Diputados. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. Recuperado de: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

5 Organización de las Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. Organización de las Naciones Unidas. Recuperado de: <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-right s>

6 Cámara de Diputados. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. Recuperado de: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2022.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a las intenciones restringir la circulación de motocicletas con dos personas a bordo en ciertos sitios de Guadalajara, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Laura Imelda Pérez Segura, integrante de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y en el artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Contexto

El regidor de Guadalajara, Luis Cisneros Quirarte, ha hecho pública su intención de presentar ante el Congreso del estado de Jalisco una Iniciativa con proyecto de Decreto que tendrá como propósito restringir la circulación vial a motocicletas que circulen con dos personas a bordo. Las restricciones de paso serían en zonas como Paseo Alcalde, Centro Histórico, Providencia y el andador de Chapultepec, además, se busca facultar a la policía municipal para realizar detenciones y revisiones a los conductores de motocicletas que transiten con un acompañante.

Lo anterior, según las declaraciones hechas por el mismo regidor Cisneros, en una entrevista con fecha de 25 de febrero del presente año hecha por el portal “Búnker Informativo”1 , estas medidas tendrían como propósito, según el regidor, de una disminución en los asaltos que sufre la población, que en muchas ocasiones, se comenten usando este tipo de vehículo.2

No obstante, esta posible medida, así como su posible implementación, resulta inconstitucional, discriminatoria, excluyente, además de que violenta los derechos humanos de la población.

II. Problemática

Primeramente, la propuesta en cuestión es un acto discriminante y, por ende, inconstitucional, ya que presenta una contradicción a lo estipulado en artículos de rango constitucional3 , que son el derecho a la no discriminación, al libre tránsito, libre movilidad, el derecho a no ser molestado, así como el de presunción de inocencia.

Lo anterior claramente resulta una violación flagrante de los derechos humanos, ya que criminaliza a las y los conductores de estos vehículos, quienes en su mayoría se trasladan acompañados no por un capricho, sino por una necesidad justificada de acuerdo a sus posibilidades económicas.

Por esta razón, es importante tener muy claro que el uso de motocicletas por dos personas acompañadas no convierte a sus pasajeros en criminales, mucho menos los convierte en sujetos merecedores de señalamientos públicos injustificados por parte de las autoridades.

Parque Vehicular de Motocicletas en el estado de Jalisco

De acuerdo con los datos proporcionados por el Inegi, respecto al parque vehicular en Jalisco, durante el 2019 se registraron 536 mil 595 motocicletas. Este tipo de vehículo fue el que presentó un mayor aumento con relación al anterior año 2018, que fue de 475,844 motocicletas registradas.4

La preferencia de la población por las motocicletas responde a que son una gran alternativa de transporte, ya que reducen los tiempos de traslado, a la vez que tienen un menor consumo de combustible, son más baratas de adquirir, mantener y operar en comparación a un automóvil. Esto, según el estudio hecho por el portal italiano MotorCycles Data (McD) con respecto al mercado de motocicletas en México5 .

¿Por qué esta medida violenta los derechos humanos de la población?

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Cpeum), establece dentro de su contenido, diversos derechos fundamentales en favor de la ciudadanía, mismos que sin lugar a dudas podrían ser vulnerados si prosperará dicha medida propuesta por el Regidor Cisneros.

El artículo 1o, en su párrafo quinto de la propia Cpeum, menciona lo siguiente:

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas .”

Por esta razón, indudablemente todas las personas gozan el legítimo derecho a no ser discriminados por motivo de su condición social, garantizando en todo momento que en ningún momento sean vulnerados sus derechos y libertades.

Asimismo el artículo 4o, párrafo decimoséptimo, de la Constitución estipula que:

“Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad .”6

En ese sentido, se puede interpretar el derecho a la movilidad como la posibilidad de transitar o desplazarse de un lugar a otro dentro del territorio nacional, especialmente si se trata de las vías y los espacios públicos.

Por su parte, el párrafo primero, del artículo 11 constitucional establece que:

“Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes .”7

Sin embargo, aunque en este artículo no se establecen de manera absoluta estas libertades, sobre todo con respecto a los vehículos en los que la población circula, esta libertad se encuentra sujeta a los límites que exige el orden público.

De conformidad con una interpretación emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se puede entender que el derecho a la libertad de transito debe entenderse como libertad para los desplazamientos estrictamente corporales, sin que la protección del artículo pueda extenderse a algún medio de locomoción. Dicha jurisprudencia afirma lo siguiente:

“La garantía individual que consagra la norma constitucional supracitada (se refiere al artículo 11) no consiste en el derecho al libre tránsito en automóvil, sino en el derecho que tiene “todo hombre”, es decir, toda persona en cuanto ente individual, para entrar, salir viajar y mudar su residencia en la República sin que para ello requiera de documentación alguna que así lo autorice, pero siempre refiriéndose al desplazamiento o movilización del individuo, sin hacer alusión en lo absoluto al medio de transporte, por tanto, ha de considerarse que la garantía de libre tránsito protege al individuo únicamente, no a los objetos o bienes en general, del mismo. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, tomo III, febrero de 1996, p. 173 ”

En este sentido, y conforme al caso concreto, una correcta interpretación de este precepto constitucional, nos da a entender que la medida que se plantea implementar en algunas zonas concretas del municipio de Guadalajara, va dirigida directamente a la restricción exclusiva del desplazamiento y movilización corporal de las personas. Pues claramente no se pretende prohibir el uso de las motocicletas, sino lo que se busca prohibir es que dos personas se desplacen de manera conjunta en dicho medio de transporte y en ciertos lugares específicos, lo cual claramente transgrede su derecho al libre tránsito.

A su vez, el párrafo primero del artículo 16 constitucional, establece que:

“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento ...”8

Lo anterior, claramente expone un derecho trascendental que esta medida pone en riesgo, ya que todas las personas en todo momento deben de gozar de libertad, teniendo la autoridad por obligación fundar y motivar toda acusación o procedimiento que cause molestia, cuestión que en el caso concreto no se está cumpliendo.

Además, en relación con lo anterior, el artículo 20 de la Cpeum, consagra en su contenido un derecho de suma importancia, que siempre debe de ser garantizado, siendo este el principio de presunción de inocencia. Dicho artículo menciona lo siguiente:

“B. De los derechos de toda persona imputada:

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa ;”

En este sentido, aunque si bien no existiría un procedimiento penal de manera formal, sin lugar a dudas es importante garantizar este principio para el caso concreto, en virtud de que con la medida anunciada por el regidor de Guadalajara, lo que se plantea es generar una estigmatización de las personas por el simple hecho de transitar acompañado en una motocicleta, lo cual indudablemente es un señalamiento de culpabilidad directa sin existir una causa justificada en detrimento de la presunción de inocencia de las personas.

Conociendo lo anterior, es notable que la propuesta antes mencionada vulnera derechos humanos elevados a rango constitucional, inclusive, podría violentar otros derechos, ya que con una prohibición como la que se pretende ejecutar, indudablemente se perjudica a la población y la realización de sus actividades familiares, particulares, laborales, culturales y recreativas, etc.

Por su parte, facultar a la policía municipal a realizar detenciones a motociclistas que viajen con un acompañante es un acto de señalamiento y discriminación, que no solo vulnera el principio de igualdad y accesibilidad, además, se les criminaliza y afectan su circulación vial, incluso afectando a terceros.

Opiniones

Óscar Vásquez Llamas, vocal de la Comisión de Movilidad en el Congreso estatal, expresó que “es una medida retrógrada, discriminatoria y estigmatiza a un sector de la población porque está prejuzgando a personas por usar un medio de transporte. Esta propuesta violenta los derechos humanos de los tapatíos, atentando contra el libre tránsito y el derecho a la movilidad, toda vez que se plantea restringir el tránsito de motocicletas, independientemente que las mismas cumplan con todos los requisitos establecidos en la ley ”9

Por su parte, asociaciones civiles como Motoclubes Unidos de Jalisco, han expresado su opinión en contra de la propuesta, señalando que las medidas que se tomen para reforzar la seguridad no deben criminalizar a quienes usan la motocicleta por trabajo o diversión.10

En cuanto a Fernando Garza, regidor del PAN, expresó lo siguiente: “Yo creo que no es el camino, yo creo que el camino es que haya vigilancia, suficientes cámaras y que las normas de vialidad se cumplan. Va a restringir más el tráfico en el centro con este tipo de operaciones, yo en principio no estoy de acuerdo ”11

Por último, la regidora de Morena, Mariana Fernández, señala que: “Lo que tenemos que hacer es mejorar toda la seguridad en el AMG, no creo que esto inhiba a los asaltantes, pero sí es una medida agresiva a todas las personas que utilizan la moto como único medio de transporte, hay que cuidar mucho eso ”12

No se garantiza una diminución en los asaltos.

A pesar de lo radical de la propuesta, esta no garantizará una disminución en los índices de asaltos, ya que no atiende el problema de fondo, tampoco parece fijar parámetros para medir su eficacia y resultados y, sobre todo, no funciona en la prevención del delito, ya que cometer un asalto usando una motocicleta no es una acción generalizada entre los criminales, estos implementan diversas acciones para consumar su crimen.

En ese sentido, la propuesta en tema parece encaminarse a entorpecer la correcta protección de los derechos de la población y obtener un beneficio mínimo con relación a los problemas que podría causar.

III. Conclusiones

La propuesta de prohibir el tránsito de dos personas en motocicleta es una transgresión directa que limita el ejercicio y goce pleno del derecho a la movilidad, ya que la intervención que se plantea realizar no guarda una verdadera relación directa con el propósito perseguido que debería ser la disminución y sanción categórica de los delitos en dichas zonas, realizados en cualquiera de sus modalidades.

Además, es más que evidente que la medida propuesta no tiene justificación alguna, ni elementos que sustenten su eficacia, mientras que por su parte la autoridad cuenta con recursos alternos a través de los cuales puede asegurar el propósito principal en materia de seguridad sin que se afecten los derechos humanos de los la población.

La respuesta ante la inseguridad generada por los asaltos en la ciudad de Guadalajara debe ser una estrategia de coordinación policial, implementando patrullaje constante en las zonas con alto índice en este delito, además de una eficaz atención ciudadana.

Las propuestas e iniciativas en temas de seguridad deben construirse desde la sensibilidad y protección a los derechos humanos de la población, en éstas no debe criminalizarse a ningún grupo en particular de la sociedad.

La mejor forma de disuadir a los delincuentes es implementando un sistema de alta presencia policial en el que la prevención, identificación y atención del delito sea de forma eficiente.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Jalisco y al Gobierno Municipal de Guadalajara, a implementar una estrategia de coordinación policial y vigilancia constante, donde el patrullaje y la atención ciudadana eficaz sea el eje central de la misma. Garantizando, una solución integral a la problemática en materia de asaltos con motocicletas, sin que dichas medidas transgredan los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Notas:

1. Bunker Informativo. Restricción de motos en Guadalajara. (2022) Disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=k3GFaGFg4kQ

2. Twitter. Luis Cisneros. Propuesta sobre tránsito de motocicletas. (2022) Disponible en: https://twitter.com/luiscisnerosq/status/1499121744660951043?cxt=HHwWhs CjmZfS-c0pAAAA

3. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4, párrafo decimoséptimo. Artículo 11, párrafo primero. Artículo 16, párrafo primero. (2022) Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

4. INEGI. Parque vehicular para el año 2019. (2022) Disponible en: https://www.inegi.org.mx/temas/vehiculos/#Tabulados

5. McD. Mercado de motocicletas en México. (2022) Disponible en: https://www.motorcyclesdata.com/2021/11/18/mexico-motorcycles/

6. Cámara de Diputados. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4, párrafo decimoséptimo. (2022) Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm

7. Cámara de Diputados. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 11. (2022) Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm

8. Cámara de Diputados. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 16, párrafo primero. (2022) Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm

9. Twitter. Óscar Vásquez. Pronunciamiento contra propuesta de restricción de motocicletas. (2022) Disponible en:

https://mobile.twitter.com/oscar_vasquez4t/status/149766 5627372277761?cxt=HHwWgsCy_f-848gpAAAA

10. Informador Mx. Seguridad en Jalisco: Motociclistas piden a autoridades no ser criminalizados. (2022) Disponible en: https://www.informador.mx/jalisco/Seguridad-en-Jalisco-Motociclistas-pi den-a-autoridades-no-ser-criminalizados-20220224-0144.html

11. Twitter. Fernando Garza. Posicionamiento con respecto a la propuesta de restricción de motocicletas. (2022) Disponible en: https://twitter.com/FernandoGarzaM?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Ese rp%7Ctwgr%5Eauthor

12. Twitter. Mariana Fernández. Posicionamiento con respecto a la propuesta de restricción de motocicletas. (2022) Disponible en: https://twitter.com/cronicajalisco/status/1498515874789019648?cxt=HHwWg MCq8fSP5sspAAAA

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2022

Diputada Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a incluir a los médicos especialistas en salud pública de Tamaulipas en la convocatoria para participar en el programa de promoción por profesionalización del personal de enfermería, a cargo del diputado Óscar de Jesús Almaraz Smer, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Óscar de Jesús Almaraz Smer, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Durante décadas los esfuerzos que se han realizado por contar con más y mejores servidores públicos con una adecuada profesionalización, ha sido una de las asignaturas pendientes en todas las áreas de la administración pública federal, estatal, y municipal, las limitaciones por lo general de carácter presupuestal, y la poca o nula sensibilidad política, para dotar de estímulos, promociones, o compensaciones y una justa estabilidad laboral, así como salarios de acuerdo al desarrollo académico de cada individuo, serían el escenario óptimo para dotar de mejores servicios de atención a la población.

En materia de salud, nuestro país quedo en una franca exposición del debilitado sistema de atención médica, la frágil infraestructura el poco personal, y la escases de medicamentos, solo fueron algunos de los aspectos que este sector está enfrentando ante la pandemia por el virus SARS Cov2, donde la primera línea de defensa con la que ha contado la población han sido médicos, enfermeras, terapeutas, y personal administrativo, quienes han demostrado con gran profesionalismo su vocación de servicio, arriesgando su integridad y en algunos casos a costa de su propia vida, en beneficio del pueblo de México.

Es de la mayor trascendencia que se implementen todos los mecanismos de apoyo, para el gremio de los servidores de la salud en nuestro país, se han hecho esfuerzos importantes pero aún insuficientes, desde principios del milenio se ha buscado que haya una profesionalización para el personal de este importante sector, en el año 2006 se da inicio con el Programa de Promoción por Profesionalización del personal de Enfermería, Trabajo Social, y de Terapia Física y Rehabilitación, el cual ha impulsado el estímulo de estos servidores, ya que anualmente abre una convocatoria para todos aquellos que han concluido una licenciatura o posgrado, lo cual consideramos oportuno y necesario si se hace de manera integral también para los médicos, quienes juegan un rol importante en el sistema de atención médica.

En el país la salud es un tema toral, lamentablemente con tantas carencias y las graves deficiencias que existen, hacen casi imposible dotar de mejores servicios a los ciudadanos que los requieren, ante este escenario debemos fortalecer la red hospitalaria del país, y mejorar las condiciones laborales con las que cuentan todos y cada uno de los encargados del ramo de la salud pública.

Es importante destacar que si hay voluntad política se pueden alcanzar las metas que ayuden a los médicos que requieren ser considerados, ya que el pasado 14 de noviembre de 2021 esta soberanía aprobó el presupuesto de egresos para el año 2022, del cual el gasto funcional del siguiente año será de 794 mil millones de pesos 105.2 mil millones, más que en 2021.

Tan solo por señalar algunos de los beneficios de este presupuesto, cabe señalar por ejemplo que para el presupuesto del programa “Actividades de Apoyo Administrativo del IMSS” contara con un incremento de 19.7 mil millones de pesos. El 73 por ciento de este monto (14.4 mil millones de pesos) se dirigirá a partidas relacionadas con el pago, contratación y estímulos al personal. Basta con observar el incremento en la partida de “Remuneraciones por horas extraordinarias”, el cual, con respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021, aumentará 969.7 por ciento (2.9 mil millones de pesos), o en la de “Sueldos base”, cuyo presupuesto acumula dos años consecutivos al alza (en 2021 aumentó 126 por ciento y en 2022 lo hará en 27.1 por ciento) (datos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2022).

En este sentido, la presente proposición con punto de acuerdo establece y solicita que se generen las condiciones necesarias prontas y oportunas, de un correcto redireccionamiento presupuestal, para que médicos especialistas del estado de Tamaulipas graduados en su mayoría con maestría, sean incluidos en la convocatoria para concursar en el Programa de Promoción por Profesionalización del personal de Enfermería, Trabajo Social, y de Terapia Física y Rehabilitación.

Los legisladores y cada servidor público de este país no debemos y no podemos ser indiferentes con nuestros médicos, debemos actuar en consecuencia y dotarlos de los insumos mínimos que requieren para desarrollar su actividad profesional, elevar y mejorar sus condiciones laborales no es un lujo, tampoco se debe de ver como un privilegio, ellos no son ni conservadores, y tampoco son representantes del periodo neoliberal, no son corruptos perse, son las manos que salvan vidas arriesgando la propia, son mujeres y hombres que invierten muchos años estudiando preparándose, para estar en la primera línea de combate como lo están demostrando en estos momentos tan críticos para el mundo.

En la medida que ayudemos a un médico, estaremos ayudando a mucha de nuestra población tengamos, la sensibilidad y solidaridad para nuestro ejército de batas blanca.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en la LXV legislatura, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, para que a la brevedad se incorporen a la convocatoria para el Programa de Promoción por Profesionalización del Personal de Enfermería, Trabajo Social y de Terapia Física y Rehabilitación, a los Médicos del estado de Tamaulipas garantizando en todo momento, sus derechos de una justicia y equilibrio laboral, reconociendo su profesionalización, como trabajadores de la salud de conformidad con el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los Apartados A y B.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2022.

Diputado Óscar de Jesús Almaraz Smer (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a investigar y sancionar lo hecho violentos ocurridos en el estadio Corregidora, de Querétaro, a cargo del diputado Alán Castellanos Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado federal Alan Castellanos Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 5 de marzo, en el estadio “La Corregidora”, ubicado al norte del estado de Querétaro, se desarrolló un partido de futbol entre el Querétaro Futbol Club y el Club Atlas de Guadalajara, dicho torneo fue suspendido al minuto 62 derivado del desarrollo de la justa deportiva que las denominadas “barras” de ambos equipos comenzaron una trifulca que habría de descender en una riña generalizada, que acabaría de sumir a la totalidad de las personas presentes en un torrente de violencia, derivado de los actos suscitados entre los aficionados de ambos equipos.

De acuerdo con lo atestiguado por los medios de comunicación, esa tarde, comenzaron las agresiones entre aficionados, donde diversos factores facilitaron el inusitado crecimiento de la violencia que orilló a familias enteras a invadir la cancha de fútbol para buscar refugio ante los ataques presentados.

A tal punto llegó la violencia que imágenes de hombres desnudos e inconscientes con evidentes signos de agresión física se viralizaron en internet. Posteriormente, los testimonios de las personas que alcanzaron a escapar del disturbio se caracterizaron por pedir localizar a sus amigos y familiares desaparecidos durante los actos violentos.

La indefensión total de familias, mujeres y niños; la violencia atroz contra seres humanos que fueron desnudados y golpeados de una manera difícil de entender en sus motivos contrapone la paz de realizar un evento deportivo y el bienestar de las y los aficionados.

Los actos suscitados son el resultado de la inaplicación de las leyes, protocolos y operativos por parte de las autoridades correspondientes, aunado a la falta de preparación de los pocos elementos de seguridad que se encontraban en el lugar, quienes fueron incapaces de impedir la brutalidad con la que se agredían a las y los aficionados.

Los hechos de violencia dieron rápidamente la vuelta al mundo. Los medios de comunicación de México y el extranjero publicaron fotografías y vídeos que mostraba la violencia que se dio en el estadio.

Ante estos sucesos, la Federación Mexicana de Futbol, corresponsable de garantizar la seguridad en los eventos realizados por sus organizaciones afiliadas, señaló en un comunicado:

“La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol informa las resoluciones a las que se llegó tras la investigación por los acontecimientos ocurridos en tribuna y cancha durante el encuentro correspondiente a la Jornada 9 del Torneo Grita 2022, celebrado en el Estadio La Corregidora de Querétaro, el pasado sábado 5 de marzo del presente año.

Se impone al Club Gallos Blancos de Querétaro una sanción consistente en jugar durante 1 (un) año todos los partidos que juegue como local a puerta cerrada, debiéndose computar dicha sanción del 8 de marzo de 2022 al 7 de marzo de 2023. Se precisa que, el Club podrá disputar sus partidos como local en la Sede actual o en otra sede para lo cual, deberá contar con la autorización de las autoridades de la Liga MX. Por lo que hace a las categorías de Fuerzas Básicas y Femenil, se precisa que deberán de jugar durante (un) 1 año a puerta cerrada, pudiendo ser disputados en la misma Sede (Estado de Querétaro).

El grupo de animación de Querétaro está impedido de asistir durante tres años a los partidos que el Club juegue como local, y un año para los partidos que juegue en calidad de visitante.

El grupo de animación de Atlas está impedido para asistir a los partidos que juegue el Club, en calidad de visitante, durante los próximos seis meses, es decir, del 8 de marzo al 8 de septiembre del 2022.

De acuerdo con el Reglamento de Competencia, el Club Querétaro perderá el partido ante Atlas, correspondiente a la Jornada 9, por un marcador de 0-3.

Se sanciona al Club Gallos Blancos de Querétaro con una multa económica.”

Comisión Disciplinaria1

Por otro lado, Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro reportó que hubo 26 heridos por los hechos mencionados y que no hubo fallecimientos; lo cual debe ser investigado por la autoridad competente, ya que hay presunción de fallecimientos y desaparición de personas. No obstante, el mismo gobernador subrayó que los elementos de la seguridad estatal no actuaron correctamente ante estos sucesos. Asimismo, afirmó que “la seguridad del estadio es privada, principalmente, por lo que citó al presidente de la Liga MX y el Club Querétaro, pero también, no se actuó como se debía en seguridad pública”. También mencionó que continuará con todas las líneas de investigación y determinará a los responsables por acción u omisión y que nadie quedará impune.2

Ante esto es importante señalar que la Organización Panamericana de la Salud define como violencia al “uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo”.3

El artículo 2o. de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas se establece que se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.4

En esta tesitura, en el artículo 1o. constitucional, párrafo 3, “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.5 En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

El Código Penal Federal en el titulo decimonoveno “Delitos contra la vida e integridad corporal” Capítulo 1, artículos 288, 298, 290, 291, 292, 293, 297, 298, 300 y 301 habla de las penalizaciones por los diferentes tipos de lesiones que se ocasionen a la víctima, sean estas que no pongan en peligro la vida o que si la pongan en peligro así como las diferentes secuelas que se llegasen a surgir.6

Ahora bien, la Ley General de Cultura Física y Deporte señala de manera enunciativa y no limitativa, por actos o conductas violentas o que incitan a la violencia en el deporte, en su artículo 138.7

Por otro lado, quien incite o genere violencia, se considera incitador a quién dolosamente determine a otro u otros para que participen en riñas o agresiones físicas a las personas o los bienes; cause daños materiales en los bienes muebles o inmuebles que se encuentren en el propio recinto deportivo, en sus instalaciones anexas o en las inmediaciones, o introduzca al recinto o a sus instalaciones anexas, armas de fuego, explosivos o cualquier arma prohibida en términos de las leyes aplicables. Será sancionado con un año seis meses a cuatro años seis meses de prisión y de veinte a noventa días multa.8

Para ello, necesitamos las acciones correspondientes por parte del Estado para contrarrestar y desaparecer la violencia que, día con día va en aumento en los estadios, es así que resulta urgente ahora más que nunca, se imponga la aplicación de la ley a todos los involucrados: los que cometieron delitos ese día en el estadio “La Corregidora”, pero también a quienes están implicados por acciones u omisiones para que tal situación fuera posible, como autoridades, empresas y organismos.

El futbol es un deporte que genera pasión, unión familiar, relajamiento y diversión, pero una de las preocupaciones son los enfrentamientos que se puedan dar en un estadio, por ello, es necesario garantizar la violencia familiar durante los partidos de futbol y evitar las riñas que se generan y no se respetan los derechos y obligaciones de las y los aficionados.

Debe existir la práctica regular y organizada del deporte, y en caso de existir violencia, se deben investigar y sancionar a los ciudadanos partícipes, así como a los servidores públicos responsables, fortaleciendo las acciones necesarias para salvaguardar la seguridad de la gente en los eventos deportivos.

De igual manera, los estadios, o cualquier lugar en donde se lleven a cabo espectáculos deportivos familiares, que, antes de que se lleve a cabo un partido de futbol o cualquier otro deporte, las y los gobernadores y jefe de gobierno, deberán instruirán a sus secretarios de Seguridad Pública que se reúnan con los representantes de los estadios donde se llevará a cabo algún encuentro deportivo con el propósito de realizar la logística de seguridad para contar con el personal suficiente de seguridad pública, así como personal de seguridad privada del estadio, dónde se buscará la protección de niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres que asisten para disfrutar un evento deportivo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía General del Estado de Querétaro, para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, investigue y sancione a los responsables de los actos violentos ocurridos el pasado 5 de marzo en el estadio Corregidora, ubicado en el estado de Querétaro.

Segundo.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y a la Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte, para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, garanticen y cumplan con lo establecido en la Ley General de Cultura Física y Deporte, a fin de resguardar la seguridad de las y los espectadores, así como a proteger sus derechos y aplicar las sanciones administrativas correspondientes a quienes vulneren la paz en cualquier evento deportivo.

Tercero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, implementen medidas y protocolos de seguridad con el fin de capacitar, salvaguardar y proteger la integridad física de las y los asistentes a eventos deportivos.

Notas

1 Federación Mexicana de Futbol Asociación, AC, comunicado del 8 de marzo de 2022/12:39 horas, disponible en: https://fmf.mx/Noticia/24485

2 Periódico Récord, “Querétaro vs. Atlas: Empresa de seguridad privada no llevó a todos sus elementos”, disponible en:

https://www.record.com.mx/futbol-liga-mx-atlas-queretaro/
queretaro-vs-atlas-empresa-de-seguridad-privada-no-llevo-a-todos-sus

3 Organización Panamericana de la Salud, “Prevención de la violencia”, disponible en:
https://www.paho.org/es/temas/prevencion-violencia#:~:text=La%20violencia%20es%20el%20%E2%80%9Cuso,
muerte%2C%20privaci%C3%B3n%20o%20mal%20desarrollo

4 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Derechos Humanos de las Naciones Unidas), “Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”, artículo 2, disponible en: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/conventionced.aspx

5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1, disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

6 Código Penal Federal / Lesiones, disponible en:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Codigo_Penal_Federal.pdf

7 Ley General de Cultura Física y Deporte, artículo 138, disponible en:

https://www.ucol.mx/content/cms/13/file/federal/LEY_GRAL _DE_CULTURA_FIS_Y_DEP.pdf

8 Ley General de Cultura Física y Deporte, artículo 154, disponible en:

https://www.ucol.mx/content/cms/13/file/federal/LEY_GRAL _DE_CULTURA_FIS_Y_DEP.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2021.

Diputado Alan Castellanos Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat y sus 32 homólogas locales a emprender medidas y acciones concretas para prevenir, sancionar y erradicar la provocación intencional de incendios forestales con fines de lucro o beneficio económico, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desafortunadamente hemos sido por mucho tiempo una sociedad que ha aprendido, como coloquialmente se dice, a la mala, la importancia del cuidado del medio ambiente, la correcta disposición de residuos, la justa escala de los efectos de la contaminación y del aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales, tanto renovables como no renovables.

Menciono que ha sido a la mala porque los efectos de no haberlo hecho de la manera correcta nos han salido muy caros no sólo en cuanto a disposición de flora y fauna en nuestro planeta, sino también en materia económica, de desarrollo y muy lamentablemente en aspectos elementales y primordiales de salud pública.

Basta mencionar, por ejemplo, las serias repercusiones en nuestra expectativa de vida por no tomar medidas tendientes al cuidado y protección del medio ambiente, como también en materia de reducción de contaminantes, rescate ambiental o reducción de emisiones.

De acuerdo con un estudio realizado y publicado en 2018, la calidad del aire, es decir, el nivel y cantidad de emisiones de partículas contaminantes, tiene la capacidad para arrebatarnos hasta 1.65 años de nuestra esperanza de vida desde el nacimiento, claro está, dependiendo de la región en donde nos encontremos.1

Por ejemplo, para nuestro país se determinó que la esperanza de vida es de 75.8 años, pero la contaminación del aire y la emisión de partículas contaminantes como las Partículas de 2.5 micrómetros (PM2.5) que son las más comunes y presentes en todo nuestro territorio, reduce entre 0.7 y 0.5 años nuestra expectativa de vida.2

Aquí vale la pena resaltar que sólo estamos definiendo el impacto en nuestra expectativa de vida de la contaminación del aire, hace falta sumar los efectos nocivos en nuestra salud causados por la contaminación del agua.

A pesar de todo lo anterior, de las experiencias y de todo lo sufrido, podemos afirmar que prevalecen algunos aspectos relevantes en materia ambiental que todavía son omitidos, ignorados, o bien, sometidos a aspectos económicos, es decir, anteponemos la salud pública y nuestra viabilidad ambiental a la obtención de un beneficio económico, de una utilidad monetaria.

Lo anterior, a pesar incluso del deterioro que se genera al entorno circundante a la zona del daño o la omisión, ignorando las consecuencias en materia de salud pública de toda una región y, como consecuencia, muy a pesar de incidir gravemente en la calidad y expectativa de vida de los habitantes actuales y los de las generaciones futuras.

No hemos entendido del todo que el respeto al medio ambiente, la sustentabilidad en todas nuestras actividades, el correcto y eficiente aprovechamiento de nuestros recursos, el adecuado manejo de desechos, la reducción de contaminantes, la preservación de las especies de flora y fauna, la correcta explotación y consumo del agua, el fomento de energías limpias, la eliminación de la deforestación y la tala, sólo por mencionar algunos, no son temas de moda, sino tareas imprescindibles, impostergables y urgentes.

Si no tenemos la capacidad para comprenderlo de esa manera, tarde o temprano el destino nos alcanzará, a fin de cuentas, ya estamos muy cerca de la línea de no retorno en materia de daño ambiental irreparable o al menos así nos lo indican las consecuencias que ya resentimos desde hace un tiempo a la fecha respecto al cambio climático, que son continuidad directa del daño por contaminación que hemos realizado o permitido y que trajo consigo un incremento de la temperatura a nivel global.3

El daño es de tal magnitud que, desde hace ya una década, se identificaron por parte de autoridades mundiales en materia de medio ambiente las consecuencias irreversibles y de largo plazo que sufriríamos y que, tristemente, ya estamos padeciendo.

En primer lugar, se estableció que aparecerían las crisis alimentarias, se estimaba que las cifras en materia de desnutrición serían inimaginables y podrían rebasar fácilmente los 600 millones de habitantes afectados en todo el mundo.4

En segundo lugar, se reconocía que habría problemas en materia de disposición y suministro de agua, se señaló en ese entonces que al menos mil 800 millones de habitantes en todo el planeta sufrirían el desabasto severo del vital líquido.5

Asimismo, se advirtió que, si no se detenía y revertía el incremento de la temperatura global y, por ende, el calentamiento global, al menos 330 millones de habitantes del planeta se verían desplazados de su lugar de origen por motivos de inundaciones y alrededor de 30 por ciento de todas las especies de flora y fauna se extinguirían.6

Finalmente, se identificaba el crecimiento de la incidencia de malestares en la salud, así como la aparición de nuevas y desconocidas enfermedades que nos pondrían en jaque como civilización. En este punto es obligado citar lo que actualmente todos en el planeta estamos viviendo como consecuencia de la aparición del Covid-19 en nuestra vida.

A la vez, se señalaba que el calentamiento global aumentaría drásticamente la exposición a estas enfermedades, tanto las ya presentes como las posiblemente nuevas que llegarían a presentarse.

Como se puede apreciar, todo lo anterior no es desconocido en nuestro territorio ni entre nuestra población. Incluso es preciso resaltar que hemos sido ejemplo y referente obligado de lo funesto en cuanto a medio ambiente se refiere.

Por ejemplo, en la primera década del nuevo milenio, es decir, el periodo comprendido entre el año 2000 al 2010, ocupamos el primer lugar latinoamericano en emisiones de gases contaminantes.7

Si ello no fuera poco, tenemos otra muestra del elevado costo que pagamos por ser sumamente omisos en materia ambiental, en tan sólo cinco años, de 2005 a 2010, perdimos en promedio anualmente cerca de 160 mil hectáreas de zonas boscosas.8

En el mismo orden de ideas y en lo referente al aprovechamiento, cuidado y manejo del agua, al menos 30 por ciento de toda el agua que consumimos la extraemos ya sea de manera ilegal y clandestina, es decir, sin control, sin manejo de sustentabilidad y sin atender esquemas de recarga de mantos acuíferos.

A la fecha, somos penosamente a nivel mundial uno de los países con la peor tasa de recolección y aprovechamiento de agua de lluvia. En nuestro país, a pesar de ser una medida económica, costeable, financiable y provechosa en materia ambiental, eficiente y altamente efectiva, la recolección de agua pluvial no es empleada.9

A pesar de tener una ubicación geográfica privilegiada, que nos ofrece temporadas estables y generosas de lluvia, únicamente permitimos que tan sólo 4.8 por ciento de agua pluvial llegue al subsuelo en condiciones adecuadas a recargar los mantos acuíferos.10

Finalmente, tenemos el dato relevante de que al menos 75 por ciento de toda nuestra población está emplazada como víctima irremediable y con alta vulnerabilidad ante los efectos negativos, catastróficos y sumamente devastadores del cambio climático.11

Como podemos apreciar, en materia ambiental tenemos una deuda pendiente muy grande y sumamente alarmante con nosotros mismos, con nuestros antecesores y con las generaciones futuras.

Por ello, cada esfuerzo en materia de cuidado y preservación del medio ambiente es sumamente valioso e importante y no podemos ni debemos darnos el lujo de menospreciarlo o someterlo a intereses ajenos o particulares, completamente distantes a lo que implica cuidar la naturaleza.

Ante esto, y lo cual es el objetivo principal del presente punto de acuerdo, es de suma importancia que detengamos primero, y revirtamos posteriormente, el daño que hemos hecho a nuestras zonas forestales.

Después de casi 11 años, no podemos seguir con los brazos cruzados después de que permitimos tener en promedio anualmente la pérdida de 160 mil hectáreas de nuestros preciados bosques.

Más aún si gran parte de esa pérdida de reserva forestal se presentó y se sigue presentando por intereses económicos particulares, es decir, por motivos especulativos.

Desde hace más de 15 años es indeterminable con exactitud a la fecha y el número de hectáreas de zonas forestales que se han destruido de manera intencionada, es decir, quemándolas deliberadamente para despejarlas y posteriormente utilizarlas con fines de lucro y para la obtención de un beneficio económico.

En nuestro país hemos permitido, tolerado y solapado que se quemen bosques para después construir condominios o establecer zonas de cultivo para beneficio particular, de manera ilegal y en zonas sin el debido cambio de uso de suelo.

Para muestra basta citar el caso del estado de Jalisco, una entidad en donde se siguen dando casos en los que se queman de manera intencional, voraz e insaciable grandes extensiones forestales para, posteriormente, asentar en ese lugar huertas aguacateras.

El llamado, oro verde: el aguacate.

Todo ello con la complicidad y venia de las autoridades de todos los ámbitos de gobierno.

El problema y las consecuencias ya son muy graves, tan sólo en ese estado se tiene el registro que, a la fecha, se han quemado de manera intencional y para el propósito anteriormente descrito, al menos, un promedio anual de 10 mil hectáreas de bosques.12

Y cabe destacar que la cuenta y el problema siguen creciendo, tan sólo en el año 2021, de los 243 incendios que se tenían registrados durante los primeros meses en el área natural protegida del Bosque de la Primavera y bosques urbanos de la zona metropolitana de Guadalajara, cien incendios fueron intencionales y 24 por actividades agrícolas. Lo anterior significó perder en total 5 mil 610 hectáreas.13

El mismo escenario tenemos, por ejemplo, en los estados de Guerrero y Michoacán, por mencionar algunos.

Este problema de la quema intencional no sólo se presenta o motiva para instalar huertas de alimentos, desafortunadamente, también hace uso de esta técnica depredadora de zonas forestales la delincuencia organizada.

El narco mexicano obliga a las personas, en contubernio, o bien, bajo amenaza, a quemar y destruir nuestras zonas forestales para disponer de esos terrenos para el cultivo de marihuana o amapola, con la complacencia y complicidad de autoridades locales e incluso de los mismos dueños de esos terrenos.

Como se puede apreciar, el problema es mayúsculo y apunta ya a volverse incontrolable, por ello esta situación no puede ni deber seguir.

Quienes nos antecedieron sentaron un importante logro y precedente gracias a una propuesta hecha por mi grupo parlamentario, el Partido Verde, que logró la aprobación de una reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, respecto a la protección de terrenos boscosos incendiados intencionalmente.

El artículo 97 de la citada ley establece lo siguiente:

“Artículo 97. No se podrá otorgar autorización de cambio de uso del suelo en terrenos forestales donde la pérdida de cubierta forestal fue ocasionada por incendio, tala o desmonte sin que hayan pasado 20 años y que se acredite a la Secretaría que la vegetación forestal afectada se ha regenerado, mediante los mecanismos que, para tal efecto, se establezcan en el Reglamento de esta ley”.14

Sin embargo, y a pesar de lo significativo de la anterior reforma, no se ha logrado detener este problema. No se ha podido avanzar en la protección de nuestras zonas forestales ante la quema intencional con fines de lucro.

Hay que recordar que el proceso para la denuncia, la investigación y la sentencia de la quema intencional de terrenos forestales es muy relajado y, por ende, o no se inicia o no se sigue o no se investiga.

Si se da el caso de que se lleve a buen término y se declare la veda en un terreno incendiado por 20 años, las autoridades correspondientes no vigilan el cumplimiento de esa disposición, incurriendo con ello no sólo en un desacato, sino contraviniendo a la vez, la obligación constitucional establecida en el artículo cuarto en su quinto párrafo que establece lo siguiente:

“Artículo 4. ...

...

...

...

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo produce en términos de lo dispuesto por la ley”.15

Ante todo, lo anteriormente descrito, se hace imprescindible para quienes integramos la presente soberanía, insistir ante las autoridades correspondientes a que tomen y apliquen medidas adicionales determinantes para mejorar en materia de protección de zonas forestales y prevenir, sancionar y erradicar, la quema intencional de nuestros bosques, con fines especulativos o con fines de lucro.

No podemos ni debemos quedarnos con los brazos cruzados, estamos obligados a anteponer el interés general a los intereses particulares, entendiendo la importancia que representa la preservación de nuestro medio ambiente y legislar ampliamente y sin titubeos para dar pasos decisivos al respecto.

Ese es el espíritu del presente punto de acuerdo: perseguir, investigar y sancionar sin titubeos la quema especulativa de zonas forestales.

No podemos, bajo ninguna circunstancia, permitir que nuestras zonas forestales, sigan siendo rehén o botín de oscuros intereses económicos particulares, o bien, de grupo, mucho menos de la delincuencia organizada.

Quienes integramos la presente Legislatura debemos asumir la responsabilidad que nos corresponde para proteger nuestros bosques. No hacerlo así no sólo nos enfrentará al juicio en materia ambiental que con todo derecho realizarán la historia y las futuras generaciones, sino también nos volverá cómplices y partícipes de este delito que tanto daño le ha hecho a nuestro medio ambiente.

La quema especulativa e intencional de zonas forestales para beneficio económico es un delito que no puede seguir impune y que debemos perseguir y castigar ejemplarmente.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno federal y a las dependencias homólogas de los 32 gobiernos estatales, a emprender medidas y acciones concretas para prevenir, sancionar y erradicar la provocación intencional de incendios forestales con fines de lucro o beneficio económico en todo el territorio nacional.

Notas

1 Environmental Science and Technology Letters. 2018.

2 Environmental Science and Technology Letters. 2018.

3 Aeronáutica Nacional y Administración Espacial. NASA. Reporte 2014.

4 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano.

5 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano.

6 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano.

7 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. SEMARNAT.

8 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. SEMARNAT.

9 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. PNUMA

10 Estadísticas del Agua. Conagua.

11 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. (INECC)

12 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Jalisco.

13 Supervisión Forestal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, Jalisco.

14 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Artículo 97.

15 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 4to.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2022.

Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a crear el banco nacional de datos forenses, garantizar los derechos de los familiares de los desaparecidos y esclarecer cómo diferentes empresas obtuvieron la base de datos de éstos, a cargo de la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Amalia Dolores García Medina Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

A finales del año 2021, en México se contabilizaron 95 mil personas desaparecidas y más de 52 mil cuerpos no identificados. La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, indica que, tan solo del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2021 localizaron mil 749 fosas clandestinas y 3 mil 25 cuerpos han sido exhumados. De los cuales únicamente mil 153 es decir, 38.11% han sido identificados y 822 (27.17%) entregados a sus familiares.1

El 12 de diciembre de 2021, en el Portal de Aristegui Noticias, se dio a conocer públicamente una investigación especial llamada “Traficantes de ADN” realizada por Paula Mónaco Felipe y Wendy Selene Pérez. La investigación se realizó como parte de un proyecto piloto de periodismo de investigación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés). Por lo que, el Movimiento por nuestros desaparecidos en México (MNDM) interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República.2

En la investigación de la UNESCO se denuncia una red de personas y empresas que cuentan con datos que solo la Fiscalía General de la República (FGR) debería tener, información genética que desde 2004 el gobierno ha recolectado de personas desaparecidas y sus familiares cercanos, para poder identificarlos. Ésta base de datos ha estado en custodia de la Policía Federal y actualmente la tiene la Guardia Nacional y una copia más la conserva la entonces Procuraduría General de la República hoy Fiscalía; de esta última se conjetura que presuntamente se copió o filtró. El hecho es que ahora esa información está en manos de una agencia particular.3

De acuerdo con el reportaje Traficantes de ADN (2021), la empresa Central ADN , la cual se ostenta como un laboratorio forense que menciona tener acceso y copia de las bases de datos genéticos del Estado Mexicano, se comunica con los familiares de los desaparecidos por medio de correos electrónicos y llamadas telefónicas; en estas llamadas les mencionan datos relevantes (que no son públicos) sobre la investigación, para después contactarlos personalmente y engañarlos con la promesa de tener manera de comparar datos genéticos de las personas encontradas en fosas, con su ADN. Los familiares, ante la falta de respuesta y soluciones por parte del gobierno ven la esperanza de que les resuelvan sus casos encontrando a sus seres queridos a sus desaparecidos, por lo que confían en los representantes de dicha empresa.4

Existen casos como el de Édgar González Casillas desaparecido; su hermana Amanda le entregó una muela de Edgar a Ana Enamorado (la cual se presenta como representante de Central ADN ); Amanda, que había conservado la muela, tenía la esperanza de que pudiera servir para comparar el ADN de su familiar con la base de datos de las personas encontradas en fosas y así encontrar los restos de su hermano. Ana Enamorado prometió que contrastaría la muela con la mayor base de datos de identificación en el país; Base de datos, que utiliza el Sistema Índice Combinado de ADN (CODIS), el cual es un software que el Buró de Investigaciones Federales (FBI) estadounidense donó al gobierno mexicano en 2009. ¿Cómo tendría Central ADN acceso a la misma? Actualmente dicha Base se encuentra bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (antes PGR) y concentra más de 69,300 perfiles genéticos.5

Otro caso es el de Thania, quien desapareció en 2012 cerca de Torreón. Central ADN contactó a sus padres para indicarles que tenían identificados dos huesos, un diente y una mandíbula que pertenecían a su hija. Pero el Ministerio Público realizó dos peritajes independientes y encontró que la mandíbula era de un perro y los huesos eran de dos hombres distintos; situación que resulta indignante e injusta para unos padres que llevan años con la esperanza de encontrar a su hija con vida.6

Un caso más que menciona la investigación de la UNESCO es el de Jorge Verástegui, quien fue contactado por medio de un correo electrónico el 24 de enero de 2018. La fecha coincide con el día que su hermano Antonio y su sobrino Toñito cumplen nueve años de estar desaparecidos. El mensaje lo envía una persona de nombre Mariana García Sosa, quien comentó que identificó restos que podrían ser de sus familiares; citando al señor Verástegui un día después en una cafetería, y ahí le mencionó detalles y avances de la investigación ministerial que no son públicos, lo cual despertó su interés. De acuerdo con la investigación “Traficantes de ADN”, 17 familiares de desaparecidos comentaron que tuvieron contacto con Mariana García Sosa, quien se identificó como representante de Central ADN , La cual les mencionó que son un laboratorio que tiene acceso a la base de datos genéticos en posesión del Estado y contacta a familiares de desaparecidos para recolectar muestras de ADN (saliva, gotas de sangre, huesos, dientes). La citada Mariana les menciona que identificaron a su familiar, por que contaban con “amigos en la Procuraduría, y tenían una copia del banco genético nacional”.7

La empresa Central ADN públicamente conocida como ADN México , en la actualidad no cuenta con el aval de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), (aval que sirve para garantiza resultados confiables). ADN México tuvo aval de EMA hasta 2017. Pese a esto, sus representantes han recorrido la república contactando a familiares de víctimas de desaparición han conseguido ya tres contratos con la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) y de acuerdo con la investigación citada el capital de la empresa aumentó de 100 mil pesos a 9.5 millones en 8 años. Lo que resulta preocupante, y grave, ya que la empresa citada que no cuenta con acreditaciones que garanticen la confiabilidad de las comparaciones de datos, existe la duda sobre la licitud de su acceso a datos confidenciales, de carpetas de investigación sobre desaparecidos.8

De acuerdo con la investigación mencionada, las pruebas que realiza la empresa Central ADN son “gratuitas”, Pero a cambio piden a los familiares de las víctimas hablen bien sobre el laboratorio ante los institutos de Ciencias Forenses Estatales o la Morgue Estatal respectiva, y les ayuden a conseguir citas con funcionarios públicos con la intención de que la empresa pueda adquirir contratos con los gobiernos estatales.9

En estos casos no se debe perder de vista, que lucran con las ilusiones y la desesperación de las víctimas, ante irregularidades y deficiencias en instituciones, pero los perjudicados son las familias de los desaparecidos, quienes merecen respuestas y atención a sus derechos humanos por parte de las autoridades. Ante esto, diversas organizaciones de la sociedad civil, así como familiares de los desaparecidos, lograron en 2017 que por ley se aprobara la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, el cual tenía que entrar en operaciones a partir del 2019; sin embargo, hoy día en la presentación de este punto de acuerdo, la FGR no tiene fecha para comenzar a operar y darles debida diligencia a los casos de desapariciones a nivel nacional, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el Comité Contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) afirman que la falta de una homologación de información en materia forense que permita el cotejo de perfiles genéticos en el país, es uno de los principales pendientes y obstáculo para la identificación de las víctimas de desaparición.10

Ante la negligencia por parte de la Fiscalía, el 31 de diciembre de 2021 se presentó una demanda de amparo en su contra, la cual fue admitida por el Juzgado de Distrito Décimo Primero en materia administrativa en la Ciudad de México por la omisión al fallar en la creación del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF); en la demanda se pide evaluar el incumplimiento por parte de la FGR, ya que el BNDF tenía que iniciar operaciones desde 2019, como lo marca la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, publicada en noviembre de 2017.11

Mientras la FGR hace caso omiso para la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, los números de personas desaparecidas no paran, más fosas se siguen encontrando, y la impunidad continua sin permitir que los familiares de las víctimas logren tener justicia. Ante ello diversas organizaciones civiles de familiares siguen dando ejemplo de solidaridad y valor humano, como desde hace ya varios años el colectivo “Por Amor a Ellxs”, el cual es un grupo de mujeres que anotan en libretas la descripción de cuerpos encontrados en fosas clandestinas, con la intención de que sus familias puedan identificar a sus desaparecidos. Éste colectivo trabaja desde 2016 asistiendo a la morgue para tomar rasgos de los cuerpos no reclamados. Datos como tatuajes, lunares, la forma y desgaste de los dientes, su ropa, zapatos, color de cabello y demás rasgos distintivos que puedan servir de utilidad son anotados en libretas. Gracias a este trabajo han logrado identificar 5 cuerpos que fueron entregados a sus familiares, como lo comento María del Refugio Torres, quien es vocera del colectivo y en agosto de 2018 lo comento a la BBC Mundo.12

Las siguientes imágenes que pertenecen al Colectivo Por Amor a Ellxs, son un ejemplo de cómo hacen las anotaciones con las características o señas de los cuerpos que encuentran en las morgues o en las fosas clandestinas:

13

Una vez más la sociedad civil organizada está dando cátedra, mostrando que lo que el gobierno no ha logrado acatar, pese a que la ley lo estipula, es posible.

Otro ejemplo a nivel internacional es el del Equipo Argentino de Antropología Forense, el cual por medio del Proyecto Frontera ha contribuido a la creación de un sistema regional transnacional de intercambio de información forense de migrantes desaparecidos y restos no identificados a lo largo del corredor migratorio Centroamérica-México-EE. UU con el cual, en 2021 logró 250 identificaciones de migrantes no localizados. Precisamente uno de sus objetivos para la identificación de cuerpos y restos encontrados en fosas, es la creación de un Mecanismo Regional de Intercambio de Información Forense y esto se puede lograr al contar con Bancos de Datos Forenses de Migrantes no localizados. Estos bancos de datos ya han sido creados en algunos países como: Perú, Ecuador, Brasil, México, Costa Rica y Nicaragua; y en estados de la república mexicana como Chiapas en el 2012 y Oaxaca en 2016. La evidencia demuestra el éxito de los Bancos de Datos Forenses; con las identificaciones de migrantes no localizados se ha logrado que se les regrese a las familias y al mismo tiempo, se aporta evidencia en caso de procesos judiciales, almacenando datos con apoyo de la sociedad civil y los comités y organizaciones de familias de migrantes no localizados.14

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados emite un exhorto al titular de la Fiscalía General de la República, para que cumpla con la obligación de la Fiscalía General de la República, de crear el Banco Nacional de Datos Forenses tal como lo indica la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, publicada en noviembre de 2017, que por ley tenía que iniciar operaciones a partir de 2019.

Segundo. La Cámara de Diputados emite un exhorto al titular de Fiscalía General de la República, para que se garanticen y respeten los derechos de las y los familiares de las personas desaparecidas, se deje de vulnerar su derecho a la identificación genética y se instrumenten las medidas para la identificación de los cuerpos y restos hallados en fosas clandestinas y fosas irregulares en cementerios.

Tercero. La Cámara de Diputados emite un exhorto al titular de Fiscalía General de la República, para que esclarezca cómo diferentes empresas particulares obtuvieron la base de datos de personas desaparecidas, y se ejerza acción legal contra los responsables del uso indebido de datos personales conforme a la ley.

Notas

1 Aristegui Noticias- (2021). Traficantes de ADN. Revisado en: https://aristeguinoticias.com/1212/mexico/reportaje-traficantes-de-adn/

2 Ídem.

3 Ídem.

4 Ídem.

5 Ídem.

6 Ídem.

7 Ídem.

8 Ídem.

9 Ídem.

10 Aristegui Noticias- (2022). Poder Judicial deberá revisar el rezago de la FGR en creación de Banco de Datos Forenses. Revisado en: https://aristeguinoticias.com/0501/mexico/poder-judicial-debera-revisar -el-rezago-de-la-fgr-en-creacion-de-banco-de-datos-forenses/

11 Ídem.

12 BBC News México. (2018). México: “Por Amor a Ellxs”, las mujeres que anotan en libretas la descripción de cuerpos de fosas clandestinas para que sus familias los identifiquen. Revisado en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45365077

13 Ídem.

14 Equipo Argentino de Antropología Forense. Proyecto Frontera. Revisado en (2022). https://eaaf.org/proyecto-frontera/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2022.

Diputada Amalia Dolores García Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a agilizar y flexibilizar la corrección, aclaración o supresión de información en el certificado de vacunación anticovid, a cargo de la diputada Paulina Rubio Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita diputada, Paulina Rubio Fernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

“El Covid-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2. La Organización Mundial de la Salud (OMS) tuvo noticia por primera vez de la existencia de este nuevo virus el 31 de diciembre de 2019, al ser informada de un grupo de casos de neumonía vírica que se habían declarado en Wuhan (República Popular China).”1

La pandemia del Coronavirus ha afectado a todo el mundo, incluido México, en donde hemos tenido consecuencias catastróficas en la pérdida de vidas humanas, afectaciones económicas y una crisis del Sistema de Salud.

Afortunadamente la ciencia y tecnología actual permitió el desarrollo de vacunas de manera célere y mayormente segura.

“Después del desarrollo inicial, las vacunas pasan por tres fases de ensayos clínicos para garantizar su efectividad y seguridad. En el caso de otras vacunas que suelen utilizarse en los Estados Unidos, las tres fases de los ensayos clínicos se realizan una por vez. Durante el proceso de desarrollo de las vacunas contra el Covid-19, estas fases se superpusieron para acelerar el proceso de manera tal que las vacunas pudieran utilizarse lo antes posible para controlar la pandemia. No se omitió ninguna de las fases de los ensayos.”2

“Las vacunas contra el Covid-19 se desarrollaron y distribuyeron rápidamente para poder combatir la pandemia. Durante este proceso, se han tomado todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad y efectividad. Los CDC recomiendan que se vacune contra el Covid-19 lo antes posible para ayudar a protegerse y proteger a los demás.”3

“La vacunación es una forma sencilla, inocua y eficaz de protegernos contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas. Las vacunas activan las defensas naturales del organismo para que aprendan a resistir a infecciones específicas, y fortalecen el sistema inmunitario.”4

Sin embargo, dependiendo de la farmacéutica que la haya creado, cada vacuna cuenta con fortalezas y debilidades particulares, lo cual ha generado que algunas, aún aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, tengas ciertas restricciones por países determinados para efectos de migración.

“A febrero de 2022, la OMS ha autorizado las vacunas de Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford, Janssen, Moderna, Sinopharm, Sinovac, Bharat y Novavax. Otras vacunas continúan siendo estudiadas. Además, agencias reguladoras nacionales (ARN) han autorizado otras vacunas contra la Covid-19 en países específicos.”5

Lo anterior, no implica que las vacunas no aprobadas por la OMS estén prohibidas, a fin de incluir vacunas para uso de emergencia se evalúan su calidad, seguridad y eficacia. “Esto es un requisito para las vacunas que se suministran por medio del mecanismo Covax y ayuda a los países a acelerar su propia autorización regulatoria para importar y administrar vacunas contra la Covid-19. Sin embargo, los países y las ARN pueden aprobar el uso en un país de una vacuna contra la Covid-19 que no se haya incluido en la lista de la OMS para uso de emergencia. Cada Estado Miembro tiene una obligación soberana con sus propios ciudadanos y formula sus propias políticas sanitarias nacionales.”6

Ahora, con independencia de los fines sanitarios y de la efectividad de las diversas vacunas, y no pretendiendo generar una controversia en dicho sentido, la realidad es que el uso de las vacunas no reconocidas como efectivas por países de la Unión Europea (UE), o Estados Unidos (EEUU), ha generado una problemática en países como México, donde no existe la libertad de elegir la vacuna que se nos suministra.

“La UE acepta oficialmente las vacunas de Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson y AstraZeneca. No incluye la versión de AstraZeneca fabricada en India ni muchas otras utilizadas en países en desarrollo, como las producidas en China y Rusia.”7

En el caso de EEUU, “las vacunas aceptadas incluirán las aprobadas o autorizadas por la FDA, así como las vacunas con una lista de uso de emergencia de la OMS.”8 Entre las vacunas que EEUU no aceptará están Cansino y Sputnik.

Las vacunas contra el Covid disponibles para México son: Pfizer-BioNTech, Cansino, Covax, AstraZeneca, Sputnik V, Sinovac, Janssen y Moderna.9

De estas vacunas, algunas como Cansino, Sputnik V o Sinovac, no son aceptadas por otros países, que han generado, entre sus requisitos para ingresar a su territorio, la cartilla de vacunación.

Ello implica que si la cartilla de vacunación de un ciudadano mexicano señala algunas de estas vacunas, no tendrán la autorización para viajar a esos países.

Por ejemplo, el personal educativo fue inmunizado con Cansino en abril y mayo de 2021, que, a pesar de ser de una única dosis, diversos expertos señalaron requería igualmente de refuerzos. Esta vacuna no esta aceptada por varios países, por lo que aquellos educadores que solo cuenten con esta vacuna, no podrían ingresar a esas naciones.

Pero aún más, si un maestro que tuvo una dosis de Cansino, reforzó su esquema de vacunación con otro tipo de vacuna como Pfizer, AstraZeneca o Johnson & Johnson, desea viaja a los países citados, no podrá hacerlo, pues su cartilla de vacunación sólo registra la vacuna de la primera dosis que recibieron, o bien, el mero hecho de incluirla, por lo que a pesar de tener refuerzos de vacunas aceptadas por otros países, no hay forma de acreditarlo y por tanto no podrán viajar a esos destinos.

Reconociendo que la emergencia sanitaria y las circunstancias de nuestro país no fueron propicias para elegir la vacuna que se nos suministró, debemos intentar aminorar los problemas migratorios no deseados que se han generado con esta situación.

Por ello, si en nuestro esquema de vacunación, nos fue suministrada una vacuna admitida por los países multicitados y una vacuna que no, se nos permita referir lo que a nuestro interés convenga en la cartilla que servirá como documento migratorio.

En este sentido “el gobierno de México y la Secretaría de Salud, pusieron a disposición de la población un Certificado de Vacunación Covid-19, a fin de avalar que la población ya ha sido inmunizada contra el virus SARS-CoV-2. (...) El gobierno de México decidió emitir un Certificado de Vacunación el cual está dirigido principalmente a viajeros, pues algunos países solicitan un comprobante de vacunación para permitir el ingreso de visitantes extranjeros.”10

Al momento de descargar en la página https://cvcovid.salud.gob.mx el certificado de vacunación, te señala ingresar a https://cvcovid.salud.gob.mx/correccionDatos.html en caso de que exista una aclaración en el documento, en donde se solicita la siguiente información:

• CURP de la persona para la que se solicita la corrección.

• Correo-e de contacto para notificaciones de mi solicitud.

• Teléfono móvil de localización para notificaciones de mi solicitud (10 dígitos, sin espacios).

• Aceptación del titular para solicitar la corrección de datos de vacunación en el certificado de la CURP registrada ya sea: el registro de dosis faltante (s), fecha de aplicación, lote aplicado, o marca de vacuna

Para finalmente hacer la solicitud de la corrección de los datos de contacto registrado en “mi vacuna” para descargar mi certificado.

Entre los datos que se pueden corregir, esta cuando solo aparece una de las dos, tres o incluso cuatro dosis que pudo recibir la persona, más no la posibilidad de suprimir alguna de las dosis con una marca de vacuna no aceptada por otros países.

También han existido problemas donde la página referida no logra corregir la información incorrecta, o se tarda demasiado tiempo en hacerlo.

Por ello, consideramos que la Secretaría de Salud debe agilizar y flexibilizar la corrección, o en su caso, aclaración del tipo de marca de la vacuna suministrada para los fines ya descritos en la presente proposición, y en su caso, generar un mecanismo adicional cuando la página no logra hacer la corrección o aclaración correspondiente.

Por lo expuesto la honorable Cámara de Diputados extiende los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXV Legislatura, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que, en el uso de sus atribuciones, agilice y flexibilice la corrección, aclaración o supresión de información en el Certificado de Vacunación contra la Covid-19, particularmente en lo referente a la marca de la vacuna.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXV Legislatura, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que, en el uso de sus atribuciones, generé un mecanismo adicional de corrección, aclaración o supresión de información en el Certificado de Vacunación contra la Covid-19, cuando esto no sea posible mediante la página https://cvcovid.salud.gob.mx/correccionDatos.html. O bien se trate de una emergencia.

Notas

1 Véase: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/
question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19 Consultado el 9 de marzo de 2022.

2 Véase: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/distributing/ste ps-ensure-safety.html Consultado el 9 de marzo de 2022.

3 Ídem.

4 Véase: http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/informacion-de-la-vacuna/ Consultado el 9 de marzo de 2022.

5 Véase: https://www.paho.org/es/vacunas-contra-covid-19/preguntas-frecuentes-va cunas-contra-covid-19 Consultado el 9 de marzo de 2022.

6 Ídem.

7 Véase: https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2021/07/27/que-vacunas-covid-te-p ermiten-viajar-a-europa/ Consultado el 9 de marzo de 2022.

8 Véase: https://es.usembassy.gov/es/actualizacion-de-los-requisitos-de-entrada- a-los-ee-uu-politica-sobre-vacunacion-para-vuelos-internacionales-con-d estino-a-ee-uu-2/ Consultado el 9 de marzo de 2022.

9 Ídem. http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/informacion-de-la-vacuna/ Consultado el 09 de marzo de 2022.

10 Véase: https://www.capital21.cdmx.gob.mx/noticias/?p=24354 Consultado el 9 de marzo de 2022.

Palacio de San Lázaro, en la Ciudad de México, a 15 de marzo de 2022.

Diputada Paulina Rubio Fernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sader a incluir a Nayarit como beneficiario del programa Fertilizantes para el Bienestar, a cargo de la diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cuál la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a incluir durante el ejercicio de 2022 al estado de Nayarit como beneficiario del programa “Fertilizantes para el Bienestar”, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El campo mexicano requiere de acciones que le permitan generar un crecimiento sostenible para el país, mediante el impulso a pequeños y medianos productores, particularmente enfocado en empoderar a las mujeres y jóvenes rurales.

El estado de Nayarit es pieza clave en la ejecución de la planeación agrícola nacional y del Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-20241 de la administración pública federal por sus bondades climáticas y geográficas.

En materia de agricultura, Nayarit aporta un volumen de 6.22 millones de toneladas de productos del campo con un valor estimado de 13 mil 94 millones de pesos.2 La relevancia de esta actividad para la entidad se demuestra en el gran número de personas que participan en ella, de las 148 mil personas dedicadas al sector agroalimentario en la entidad, el 64.9 por ciento de los productores son agrícolas. Actualmente, el estado es líder en la producción nacional de arroz y se ubica en los primeros lugares en cultivos como la berenjena, el agave tequilero, frijol, mango, aguacate y piña.

En lo que respecta a las ventas internacionales de Nayarit, en 2020 ascendieron a más de 156 millones de dólares, las cuales crecieron un 7.04 por ciento respecto al año anterior. Los productos con mayor nivel de ventas internacionales en 2020 fueron higos, piñas, aguacates, guayaba, mangos, frescos o secos (por un monto de 47.2 millones de dólares), frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte (43.6 millones de dólares) y otras verduras, frescas o refrigeradas 17.8 millones de dólares),3 siendo nuestros principales socios comerciales Estados Unidos, Canadá y España.

Por el gran potencial productivo que posee Nayarit, así como por su privilegiada posición geográfica llama la atención que el estado no se encuentre incluido en la lista de entidades beneficiadas por el programa “Fertilizantes para el Bienestar” que implementa la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) del gobierno federal.

El programa Fertilizantes para el Bienestar tiene como objetivo principal contribuir al incremento de la producción de los cultivos prioritarios de los productores de pequeña escala, mediante la entrega de fertilizantes en zonas de atención estratégicas para la producción de alimentos.

Durante 2021, el programa de fertilizantes implementado por Sader se concentra en los estados de Guerrero y zonas de atención estratégica en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, beneficiando a productores agrícolas de pequeña escala, dedicados a la producción de cultivos prioritarios mediante la entrega de un paquete de fertilizantes hasta por 600 kilogramos por productor.

Este programa es parte integral del Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024 de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que establece en el objetivo prioritario 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria vía el aumento de la producción y la productividad agropecuaria y acuícola pesquera, la estrategia prioritaria; 1.1 Impulsar la capacidad productiva con apoyos directos a productores agropecuarios y pesqueros de pequeña y mediana escala para detonar la actividad agropecuaria y pesquera; la acción 1.1.2 Operar un programa de fertilizantes químicos y biológicos en zonas prioritarias y estratégicas para la producción de alimento.

Incluso, dentro de los contenidos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas se establece como objetivo 2 lograr Hambre Cero, que determina en su meta 2.3 el objetivo de duplicar la productividad agrícola de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, por medio del acceso a insumos que les permitan a los productores de pequeña y mediana escala, incrementar la producción de alimentos en las comunidades rurales.

Mediante el impulso en la capitalización productiva en insumos, infraestructura y equipamiento se busca proteger al sector de riesgos exógenos que impactan negativamente en el desarrollo y bienestar de las familias dedicadas a este sector, de ello la trascendencia de contar con los insumos que provee la Federación a otros productores en el país por medio del programa ya que el acceso a fertilizantes como insumo estratégico posibilita mejorar la producción en zonas vulnerables y reforzar los sistemas de autoconsumo de granos básicos.

En virtud de los resultados generados por los productores nayaritas durante el 2021 y el impulso que requiere el campo mexicano consideramos urgente la implementación durante el presente ejercicio fiscal del programa de Fertilizantes para el Bienestar de la Sader en Nayarit pues su implementación será en beneficio de los pequeños productores del estado y en favor de las familias nayaritas que más lo necesitan.

Por lo anteriormente expuesto se presenta la siguiente

Proposición con punto de acuerdo por el cuál la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a incluir durante el ejercicio de 2022 al estado de Nayarit como beneficiario del programa “Fertilizantes para el Bienestar”, a cargo de la diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, del Grupo Parlamentario del PRI.

Único. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a incluir durante el ejercicio de 2022 al estado de Nayarit como beneficiario del programa “Fertilizantes para el Bienestar”.

Notas

1 Gobierno de México, Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024. Disponible en: https://www.gob.mx/agricultura/documentos/programa-sectorial-de-agricul tura-y-desarrollo-rural-2020-2024

2 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Anuario Estadístico de la Producción Agrícola. Disponible en: https://nube.siap.gob.mx/cierreagricola/

3 DataMéxico. https://datamexico.org/es/profile/geo/nayarit-na

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 15 de marzo de 2022.

Diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y la Conafor a fortalecer con el gobierno de Chiapas los programas de prevención y de contención de incendios forestales en la entidad y llevar a cabo una campaña informativa de concienciación ciudadana sobre las medidas oportunas de preservación y cuidado de los ecosistemas del estado en temporada de sequía, a cargo de la diputada Valeria Santiago Barrientos, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputada Valeria Santiago Barrientos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El deterioro de los ecosistemas forestales es un fenómeno en el que convergen múltiples factores, entre estos están los incendios forestales. Existen factores que inciden en el origen y propagación de los incendios forestales, como son:

1. Uso inadecuado del fuego. Las prácticas comunes que generan incendios son: el uso del fuego para la preparación de terrenos agropecuarios, para la limpieza de terrenos urbanos; la quema en actividades productivas como control de plagas, cultivos ilícitos y la cacería, uso de fogatas en recreación y la quema de residuos.

2. Acumulación y disponibilidad de combustibles. Los ecosistemas son dinámicos. Las hojas, ramas y árboles sobremaduros mueren y se acumulan en el piso forestal. Los pastizales, los matorrales y las herbáceas pasan también por este proceso anualmente. Los bosques densos sobrepoblados por falta de manejo silvícola acumulan combustibles. La sequía, huracanes, plagas y especies invasoras también favorecen la acumulación de materiales combustibles.

3. Capacidad de respuesta limitada para la atención de los incendios forestales dañinos. Esta capacidad limitada deriva del cumplimiento parcial de las atribuciones conferidas por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la legislación local por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno y de los propietarios de terrenos forestales.

4. Otros factores. La insuficiente cultura y conciencia ambiental de la ciudadanía, la proliferación de fraccionamientos ecológicos en zonas arboladas, interfaz urbana-forestal, el crecimiento de las ciudades y la modificación de los patrones climáticos son factores que favorecen también el origen de los incendios y su propagación.1

Los incendios forestales son considerados como la propagación libre y no programada del fuego sobre la vegetación en los bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas. En la República Mexicana hay dos temporadas de incendios forestales, la primera inicia en el mes de enero y concluye en el mes de junio en el norte, noreste, centro, sur, sureste del país. La segunda comienza en mayo y concluye en septiembre en el noreste.

Segunda. Durante el año 2021 se registraron 7 mil 337 incendios forestales en 32 entidades federativas, afectando una superficie de 660 mil 734.57 hectáreas. De esta superficie, 93 por ciento correspondió a vegetación en los estratos herbáceo y arbustivo y 7 por ciento a arbóreo.

Las entidades federativas con mayor número de incendios fueron: Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Chihuahua, Michoacán, Puebla, Chiapas , Tlaxcala, Durango y Guerrero, que representan 82 por ciento del total nacional.

Las entidades federativas con mayor superficie afectada fueron: Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Durango, Chiapas , Nayarit, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca y Sonora, que representan 80 por ciento del total nacional. Del total de incendios forestales, 943 (13 por ciento) correspondió a ecosistemas sensibles al fuego, afectando una superficie de 58 mil 127.41 hectáreas (9 por ciento) del total nacional.2

En el estado de Chiapas, durante 2021, se registraron 278 incendios forestales y se afectaron 47 mil 682 hectáreas.

Del 1 de enero al 3 de febrero de 2022 se han registrado 138 incendios forestales en 20 entidades federativas, afectando una superficie de mil 938.64 hectáreas, de esta superficie, 98.42 por ciento correspondió a vegetación en los estratos herbáceo y arbustivo y 1.58 por ciento a arbóreo.

Las entidades federativas con mayor número de incendios en el periodo señalado fueron: Ciudad de México, Estado de México, Chiapas , Puebla, Chihuahua, Oaxaca, Michoacán, Morelos, Veracruz y Jalisco, que representan 81.88 por ciento del total nacional.

Las entidades federativas con mayor superficie afectada fueron: Chiapas , Oaxaca, Aguascalientes, Puebla, Chihuahua, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Jalisco, que representan 92.97 por ciento del total nacional. Del total de incendios forestales en el periodo señalado, 18 (13 por ciento) correspondió a ecosistemas sensibles al fuego, afectando una superficie de 609.80 hectáreas (31 por ciento) del total nacional.3

En lo que va del año en el estado de Chiapas se han registrado 12 incendios forestales.

Al 11 de febrero el Centro de Monitoreo de Riesgos del Sistema Estatal de Protección Civil del estado de Chiapas reportó cuatro incendios activos donde se empleó una fuerza de tarea de 113 combatientes para la extinción de los siniestros en los municipios de Tonalá, Pijijiapan, Chiapa de Corzo y Jiquipilas. Además, se reiteró el llamado a los productores agropecuarios a la prevención de incendios por el uso del fuego en las labores que realizan.4

Tercera. De acuerdo con el programa de manejo de fuego 2020-2024 de la Comisión Nacional Forestal, la superficie forestal del país es de 138 millones de hectáreas, 70 por ciento del territorio nacional, y los principales ecosistemas forestales son los matorrales xerófilos, con 41 por ciento, seguido de los bosques templados que tienen 24 por ciento y las selvas 22 por ciento.

En dicho programa se establece que la gente es la principal causante de incendios, tan sólo entre 1998 y 2019, 98 por ciento de los incendios que se sobrevinieron en el país fueron originados por actividades humanas, y de esa cantidad, 35 por ciento se hicieron con fines ilícitos. Se precisa también que 1998, 2011 y 2017 han sido los años más críticos en cuanto a la superficie afectada.5

El mismo programa señala que en la actualidad las personas se han convertido en la principal fuente de incendios, sobrepasando los relámpagos y otras fuentes naturales.

Aunado a ello, el calentamiento global y los cambios en los patrones de lluvias y sequías están influyendo en el comportamiento del fuego; es notorio que, de acuerdo con los registros históricos de la Comisión Nacional de Agua (Conagua, 1985-2019), la media de temperatura se ha ido incrementando de manera consistente a lo largo de los años, lo cual, asociado a condiciones de precipitación que siguen una tendencia dentro del promedio, ha ocasionado mayor sequedad y disponibilidad de los combustibles forestales dentro de los ecosistemas y, por ende, incendios con mayor dificultad de control.6

Cuarta. Las consecuencias que trae un incendio forestal son devastadoras y es de suma importancia impulsar acciones a fin de evitar que sucesos de esta naturaleza se sigan generando, a fin de:

• Evitar la pérdida de suelo como consecuencia de la devastación de la cobertura vegetal expuesta a la erosión generada por viento y lluvia.

• Contrarrestar la destrucción del hábitat de la fauna silvestre.

• Ayudar a conservar plantas que generan oxígeno.

• Disminuir el efecto invernadero en la atmósfera terrestre por la emisión de carbono y otros elementos nocivos para el medio ambiente.

• Evitar la destrucción de grandes volúmenes de madera que impacta al medio ambiente y en algunos casos al detrimento económico de las comunidades.7

Los incendios forestales se pueden prevenir si se implementa un programa de contención y de información en las zonas susceptibles de ser impactadas por este tipo de eventos, por ello es indispensable actuar de manera preventiva y oportuna, supervisando e instando a la población a que cuide el medio ambiente y reporte inmediatamente cualquier suceso de esta naturaleza. Los incendios se pueden evitar si se promueve una cultura de protección al medio ambiente incitando a la gente a no arrojar basura, materiales inflamables y objetos encendidos en carreteras y caminos, no tirar vidrios, botellas, desperdicios o cualquier tipo de material combustible, no encender fogatas y, en caso de identificar restos de ellas, extinguirlos con agua y tierra. En terrenos forestales, pastizales y zonas rurales se debe evitar el uso de maquinaria y el tránsito de vehículos que emitan chispas y también vigilar que en los predios no se acumulen materiales que pudieran servir como combustible para la generación de incendios.8

En este sentido, se debe de poner mayor atención a los municipios que año con año sufren mayor impacto de estos fenómenos, lo cuales en el estado de Chiapas son Jiquipilas, Tonalá, Arriaga, Huixtla, Mapastepec, Villaflores, Acala, Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez.

Por lo aquí expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal para que, en coordinación con el Gobierno del estado de Chiapas, fortalezcan los programas de prevención y de contención de incendios forestales en la entidad y lleven a cabo una campaña informativa de concientización a la ciudadanía sobre las medidas oportunas de preservación y cuidado de los diversos ecosistemas existentes en el estado de Chiapas en temporada de sequía.

Notas

1 Véase, PROGRAMA_DE_MANEJO_DEL_FUEGO_2019. Disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/464834/PR OGRAMA_DE_MANEJO_DEL_FUEGO_2019.pdf

2 Véase, Cierre_de_la_Temporada_2021. Disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/691111/Ci erre_de_la_Temporada_2021.pdf

3 Véase, Reporte_del_01_de_enero_al_03_de_febrero_del_2022. Disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/701896/Re porte_del_01_de_enero_al_03_de_febrero_del_2022.pdf

4 Véase, Monitoreo de Riesgos del Sistema Estatal de Protección Civil reporta 4 incendios. El Heraldo de Chiapas. 11 de febrero de 2022. Disponible en:

https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/
monitoreo-de-riesgos-del-sistema-estatal-de-proteccion-civil-reporta-4-incendios-7850772.html

5 Véase, Programa de Manejo del fuego 2020-2024. Disponible en:

https://dgetaycm.sep.gob.mx/doc/pdf/PROGRAMA_Manejo%20de l%20fuego%202020-2024.pdf

6 Ibídem

7 Véase, ¿Por qué es importante evitar los incendios forestales? Disponible en:

https://www.gob.mx/cenapred/articulos/por-que-es-importa nte-evitar-los-incendios-forestales

8 Véase, En México tenemos dos temporadas de incendios forestales disponible en:

https://www.gob.mx/cenapred/articulos/en-mexico-tenemos- dos-temporadas-de-incendios-forestales?idiom=es

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2022.

Diputada Valeria Santiago Barrientos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y la Conagua a coordinarse y continuar el saneamiento y rescate del hábitat de la laguna de Cajititlán, Jalisco, y Tlajomulco de Zúñiga, a cargo del diputado María Asención Álvarez Solís, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Ascención Álvarez Solís, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La Comisión Nacional del Agua, define a los humedales como terrenos generalmente planos, cuya superficie se inunda de manera permanente o por temporadas que, al cubrirse de agua , el suelo se satura y queda desprovisto de oxígeno, lo que propicia la generación de un ecosistema híbrido entre las especies puramente acuáticas y las terrestres. De acuerdo al Inventario Nacional de Humedales (INH), México cuenta con 6,331 humedales.1

Los humedales son de gran importancia para el equilibrio ecológico por las características y funciones que desempeñan al propiciar múltiples beneficios a la biodiversidad, ya que son sitios favorables para la alimentación, refugio y reproducción de especies de fauna. Desafortunadamente estos, se ven día a día afectados por diversos factores de origen natural y antropogénico por lo que es menester conservarlos, ejemplo de ello es la Laguna de Cajititlán , que desde un punto de vista hidrológico es el segundo embalse natural más importante del Estado de Jalisco.2

Dicha Laguna es un acuífero que se encuentra ubicado el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en la región central del Estado de Jalisco y es un embalse natural de tipo endorreico que, por sus características y condiciones, se clasifica como un cuerpo de tipo lentico; su subsistencia depende en gran parte de los aportes y correntías procedentes de los relieves que lo conforman que son: la sierra El Madroño, los cerros Viejos, Las Latillas, Sacramento, La Huerta Vieja, Cuexcomatitlán, Patomo y La Cruz.3

Tiene las siguientes dimensiones: longitud de 7.5 km, un ancho promedio de 2.0 km y una profundidad media de 2.5 m, su capacidad es de 45 millones de metros cúbicos en un área de embalse de 1700 ha, a una altitud media de 1551 msnm. Recibe diversas corrientes, de ellas destacan: al SW: Arroyo Grande, San Lucas y Los Sauces; al Sur, los arroyos El Temporal y La Tamina. Al norte y sur varios arroyos de corta longitud.4

La Laguna de Cajititlán, a lo largo de su historia, ha estado sometida a una constante presión y explotación del recurso hídrico y de su fauna, muestra de ello, es que durante la Colonia fue una fuente atractiva para conformar áreas de regadío, un claro ejemplo es que en 1965 el propietario de Los Cedros solicitó licencia para sacar agua de la laguna y construir un canal con compuerta para regar sus sembradíos de trigo, a esto se le suma que en conjunto con otros cuerpos de agua y ríos fueron una fuente de abastecimiento de pescados y mariscos en los primeros años del siglo XVII a la ciudad de Guadalajara. Para el siglo XIX se creó el conjunto agrícola ganadero e industrial Negociación de Atequiza, integrado por las haciendas de Atequiza, La Huerta, La Calera y el rancho Puerta de la Cruz que llegó alcanzar 12,847 hectáreas de área de riego.5

Resaltan a la vista los descensos en su nivel que llegaron al grado de secarse en siete ocasiones, la primera de ellas fue en 1736, la constancia de este hecho se encuentra en el Archivo de Indias y en 1947 sucedió por segunda ocasión. En Épocas contemporáneas en 1950 la tercera; en 1955 la cuarta que desafortunadamente se prolongó por 8 años; la quinta en 2001, en 2002 la sexta y finalmente la séptima se da en 2005.6

De esta forma la historia nos muestra que el uso desmedido de los recursos y los mismos fenómenos naturales pueden propiciar, como es este caso, el desabasto de este líquido vital que es el agua, por esa razón es que se busca atender la problemática que vive la Laguna de Cajititlán.

Al abuso del recurso se le suma el crecimiento demográfico, la industrialización de los años 70 en las inmediaciones de la Cabecera de Tlajomulco, la ausencia de infraestructura de saneamiento que contribuyen en el deterioro de la calidad del agua, este último problema de contaminación tiene particular mención debido a sus consecuencias desde 1940, en donde se dice que la gente muere de “quién sabe qué”, que suele ser una mortífera peste ocasionada por las emisiones de aguas residuales de los pueblos junto con los bajos niveles de la laguna, lo que propició enfermedades gastrointestinales que se complicaban por la falta de servicios médicos y el aislamiento de estos medios rurales.7

Otros factores que sumaron al deterioro de la laguna son: el desarrollo de las vías de comunicación que propiciaron el aumento de las actividades productivas y comerciales; las actividades de agricultura intensiva tecnificada en el uso de herbicidas, pesticidas y fertilizantes lixiviados; y la progresiva deforestación de la cuenca que propicia erosión hídrica.

En lo que se refiere a los niveles de contaminación se pueden mostrar a través de datos del Sistema de Calidad del Agua de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA Jalisco), en la que las muestras fueron tomadas el día 19 de abril del 2021. Las gráficas muestran el Límite según Lineamientos de Calidad del Agua de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), con base en la Ley Federal de Derechos, Disposiciones Aplicables en Materia de Aguas Nacionales 2015, este límite se presenta como una línea roja. La línea verde representa el límite de cuantificación, definido según la CEA como el “múltiplo del límite de detección establecido, por ejemplo, dos o tres veces el límite de detección, a una concentración del mensurado que razonablemente se puede determinar con un nivel aceptable de exactitud y precisión”, como se señala en las gráficas siguientes:

Gráfico 1. Concentración de sulfuros en la Laguna de Cajititlán el 19 de abril de 2021(punto LC-05 Lat: 20.409697, Long: - 103.299456). Límite de sulfuros: 0.002 mg L-1; concentración de muestra: 1.000 mg L-1. Fuente: CEA Jalisco.

Gráfico 2. Concentración de fluoruros en la Laguna de Cajititlán el 19 de abril de 2021 (punto LC-05 Lat: 20.409697, Long: - 103.299456). Límite de fluoruros: 1.0 mg L-1; concentración de muestra: 1.000 mg L-1. Fuente: CEA Jalisco.

Gráfico 3. Concentración de fósforo total en la Laguna de Cajititlán el 19 de abril de 2021 (punto LC-01 Lat: 20.423691, Long: -103.2604). Límite de fósforo total: 0.05 mg L-1; concentración de muestra: 1.56 mg L-1. Fuente: CEA Jalisco.

Gráfico 4. Concentración de nitrógeno amoniacal en la Laguna de Cajititlán el 19 de abril de 2021 (punto LC-01 Lat: 20.423691, Long: -103.2604). Límite de nitrógeno amoniacal: 0.06 mg L-1; concentración de muestra: 0.50 mg L-1. Fuente: CEA Jalisco.

Gráfico 5. Potencial de hidrógeno en la Laguna de Cajititlán el 19 de abril de 2021 (punto LC-01 Lat: 20.423691, Long: - 103.2604). Rango aceptable entre 6.5 y 8.5. Fuente: CEA Jalisco

Gráfico 6. Concentración de sólidos suspendidos totales en la Laguna de Cajititlán el 19 de abril de 2021 (punto LC-01 Lat: 20.423691, Long: -103.2604). Límite de sólidos suspendidos totales: 30.00 mg L-1; concentración de muestra: 102.04 mg L-1. Fuente: CEA Jalisco.

Gráfico 7. Concentración de aluminio en la Laguna de Cajititlán el 19 de abril de 2021 (punto LC-05 Lat: 20.409697, Long: - 103.299456). Límite de aluminio: 0.05 mg L-1; concentración de muestra: 1.38 mg L-1. Fuente: CEA Jalisco.

Gráfico 8. Concentración de bario en la Laguna de Cajititlán el 19 de abril de 2021 (punto LC-04 Lat: 20.418944, Long: -103.3325). Límite de bario: 0.01 mg L-1; concentración de muestra: 0.28 mg L-1. Fuente: CEA Jalisco.

Gráfico 9. Concentración de mercurio en la Laguna de Cajititlán el 19 de abril de 2021 (punto LC-02 Lat: 20.430558, Long: - 103.3164). Límite de mercurio: 0.0005 mg L-1; concentración de muestra: 0.0011 mg L-1. Fuente: CEA Jalisco.

Gráfico 10. Concentración de zinc en la Laguna de Cajititlán el 19 de abril de 2021 (punto LC-04 Lat: 20.418944, Long: -103.3325). Límite de zinc: 0.02 mg L-1; concentración de muestra: 0.06 mg L-1. Fuente: CEA Jalisco.

Como se puede observar en las anteriores gráficas, la Laguna de Cajititlán muestra un claro deterioro ambiental ocasionado por el ser humano y la misma naturaleza, sin embargo, desde 2009 se intensificaron los trabajos de saneamiento que el día de hoy reflejan resultados.

Pero para darle continuidad a estos resultados se requiere mantener el trabajo de la recuperación de la laguna de Cajititlan, ya que su saneamiento no solo se refiere al recurso hídrico, a su vez es la fuente de desarrollo de cinco poblaciones que albergan 33,422 habitantes en su conjunto y que la recuperación de la misma representa el desarrollo a la par de estas poblaciones que se encuentran en condiciones no favorables. Actualmente se cuenta con un programa de manejo integral que busca el saneamiento del cuerpo de agua, la protección de aves migratorias y endémicas, el desarrollo turístico de las poblaciones ribereñas, así como el desarrollo agropecuario.

Para cumplir con el objetivo de saneamiento de la laguna, se tiene que garantizar el no ingreso de aguas residuales, ya que a lo largo de los últimos 10 años se ha invertido en los trabajos de saneamiento alrededor de 600 millones de pesos, pero por su costo se requiere que la federación participe y sea corresponsable con los gobiernos locales para lograr la restauración ambiental ya que si bien la responsabilidad de tratar las aguas residuales corresponde a los municipios, la federación no debe permitir el ingreso de aguas crudas en un cuerpo de agua federal.

Las autoridades locales dentro de sus capacidades económicas han realizado acciones que el día de hoy hacen que la laguna tenga una mejor calidad de agua en los últimos diez años. Se ha logrado que el 95% de las aguas que ingresan a la laguna lleguen con un pretratamiento.

Si bien se ha tenido un avance considerable en la recuperación de la laguna, este no será definitivo si no se realizan acciones que garanticen la protección del cuerpo de agua, de tal forma que, dentro del plan integral, se exponen las acciones que se requieren realizar, a fin de lograr condiciones para que la laguna logre, de manera natural, su recuperación definitiva en un periodo de 10 años, para lo cual es indispensable la participación de la federación, como con acciones por parte de la Conagua.

A grandes rasgos lo que se busca es la Bioreestructuración, la mediación ambiental y el equilibrio ecológico para eficientar el tratamiento de aguas residuales en la Laguna de Cajititlán, para ello, entre otras actividades se tienen contempladas las siguientes:

• Serpentín en laguna de sedimentación y oxidación. Con este sistema de contención “ZIGZAG” se lograría el procesamiento de la materia orgánica con eficiencias de eliminación que oscilan entre 60 y 90%. Éste se realiza a través de procesos de sedimentación, en los que además de eliminar sólidos por sobre el 80-90%, se realiza eliminación de entre 25 y 50% de materia orgánica (medida como Demanda Biológica de Oxígeno a los 5 días (DBO5)). Pese a esto, existen limitaciones que se relacionan principalmente con el procesamiento de nitrógeno y fósforo, ya que los porcentajes de eliminación varían en un amplio margen de entre 20 y 60%, además de la posibilidad de optimización en la eliminación de otros compuestos como: metales, micro contaminantes orgánicos y compuestos derivados del azufre.

Para lograr lo anterior, se requiere una serie de modificaciones, que buscan “intensificar” la capacidad depurativa, con el fin de tener una tecnología que: a) Reduzca el uso de área; b) Posea una capacidad plena de trabajo en el menor tiempo posible; c) Garantice concentraciones efluentes confiables; d) Prevenga la aparición de problemas operacionales como el taponamiento y e) sea capaz de eliminar de forma simultánea la mayor cantidad de compuestos.

• Islas Santuario. Año con año las aves luchan contra la expansión masiva de diversos medios de generación y distribución de energía, siendo víctimas de los efectos perjudiciales de la pérdida y degradación de su hábitat natural. Ejemplo de ello, es el arribo de patos, grullas y pelícanos, entre otras especies a la Laguna de Cajititlán, Cerro Viejo y la misma zona urbana de Tlajomulco, por lo que es importante y nuestro deber proteger las áreas donde temporalmente se establecen.

En razón de lo anterior, se pretende construir en la laguna de Cajititlán dos islas santuario, que ayudarán a preservar a las especies endémicas, migratorias o bien que se encuentren en alguna categoría de riesgo, esto permitirá recuperar el ecosistema de la zona.

Es importante señalar que además la Laguna de Cajititlán cuenta con una amplia variedad de especies de flora y fauna propias de la región, y se considera un sitio en reposo y de alimentación para aves migratorias.8

• Hiperoxidación a base de Nanotecnología. De acuerdo a los niveles de agua a oxigenar que son de 110 millones de m2, se propone colocar 110 módulos de hiperoxidación de nanotecnología ubicados a lo largo de la Laguna de Cajititlán.

Es importante señalar que “la hiperoxidación de las aguas residuales contribuye a eliminar sustancias químicas nocivas (amoníaco, fósforo, cloro, etc.) al reaccionar con el radical hidroxilo. Estas reacciones fragmentan rápidamente los contaminantes reduciendo su tamaño a moléculas inorgánicas (Mineralización) y también el de los lodos generados en comparación con los procesos tradicionales.”.9

• Humedales artificiales a base de bambú. Las actividades que se llevarán a cabo para la habilitación del proyecto constan de la compactación de las zonas que servirán como humedales y el acomodo del liner , además se agregarán capas de grava de 1””, arena, y tierra/arena, que servirán de medio sobre el cual se colocará planta de bambú (Guadua inermis ). Este tipo de humedal artificial se le denomina de flujo subsuperficial, esto quiere decir que el agua residual corre por entre el medio acomodado de grava y arena y las raíces de la vegetación que crece sobre el mismo, la superficie del agua no supera la superficie del medio.

Este sistema artificial emula los servicios ambientales de mejora de calidad del agua de los humedales naturales. Es prudente mencionar que las actividades no contemplan obra civil, vaciado de concreto ni colocación de varilla u otro elemento de metal.

De acuerdo a lo señalado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA), “la mejora en la calidad del agua en humedales naturales ha sido observada por científicos e ingenieros durante muchos años, y ha llevado al desarrollo de humedales artificiales para duplicar en ecosistemas construidos los beneficios de calidad del agua y hábitat de los humedales naturales.”.10

Finalmente, la USEPA reconoce las siguientes ventajas de los sistemas de humedales artificiales de flujo subsuperficial:11

• No producen sólidos residuales o lodos que requieran tratamiento y disposición.

• Son efectivos para la remoción de demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, sólidos suspendidos totales, metales, y algunos orgánicos persistentes. La remoción de nitrógeno y fósforo requiere de tiempos de retención más largos.

• Se eliminan problemas de mosquitos y otros vectores similares mientras el sistema sea operado adecuadamente.

En razón de lo anterior, para atender la actual problemática de la Laguna de Cajititlán es menester implementar una serie de acciones y medidas viables que contribuyan en su recuperación ambiental, que involucren a los tres órdenes de gobierno y desde luego a la sociedad civil, ya que el saneamiento de la laguna permitirá el desarrollo de las comunidades aledañas, particularmente en el fomento de la agricultura, ganadería y pesca, asimismo; además de que permitirá el desarrollo del turismo, generado en buena medida por la llegada de aves migratorias y, por si fuera poco, la laguna representa parte de la cultura e identidad del municipio, en virtud de que cada año en la localidad de Cajititlán se celebran las fiestas patronales en honor a los Reyes Magos, en la que parte importante de la celebración es el recorrido en lancha por la laguna con las figuras que se veneran.

Finalmente es importante señalar que Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, elaboró el Programa Nacional Hídrico 2020-2024 , conforme a los Ejes Generales previstos en el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se menciona que uno de los temas más recurrentes en los foros de consulta para su construcción es el de saneamiento de ríos y lagunas . Por ello se considera necesario e indispensable la participación de las autoridades competentes para que se realicen acciones tendientes a continuar el saneamiento y recuperación del hábitat de la Laguna de Cajititlán.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua para que de manera coordinada se continúe con el saneamiento y rescate del hábitat de la Laguna de Cajititlán, que el gobierno del estado de Jalisco y el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, están realizando

Notas

1 Gracias al INH sabemos cuántos humedales hay en México. En: https://www.gob.mx/conagua/articulos/
gracias-al-inh-sabemos-cuantos-humedales-hay-en-mexico?idiom=es#:~:text=Gracias%20al%20INH%
20sabemos%20que,se%20adhiri%C3%B3%20M%C3%A9xico%20en%201986.

2 El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales nos benefician a todos. Revista Latinoamericana El Ambiente y las Ciencias, Volumen 6, No. 12, número especial de memorias del XIV Congreso Internacional y XX Congreso Nacional de Ciencias Ambientales

3 Programa de Gestión de la Cuenca de la Laguna de Cajititlán y el Río Los Sabinos. Diciembre 2016

4 Actualización de la disponibilidad media anual de agua en el acuífero Cajititlán (1403), Estado de Jalisco. Conagua. Diciembre de 2020

5 SEMADET. (2015). Estudio técnico justificativo para la declaración de la zona de recuperación ambiental de la Laguna de Cajititlán. Guadalajara: SEMADET. pag.39

6 Programa de Gestión de la Cuenca de la Laguna de Cajititlán y el Río Los Sabinos. Diciembre 2016.

7 SEMADET. (2015). Estudio técnico justificativo para la declaración de la zona de recuperación ambiental de la Laguna de Cajititlán. Guadalajara: SEMADET.

8 El humedal de la Laguna de Cajititlán visto desde el manejo de cuencas para evaluar riesgos y desastres. Consulta realizada en: http://reaxion.utleon.edu.mx/
Art_El_humedal_de_la_Laguna_de_Cajititlan_visto_desde_el_manejo_de_cuencas_para_evaluar_riesgos_y_desastres.html

9 Nanoburbujas para el tratamiento de aguas residuales, consultado en:
https://www.tecnoaqua.es/noticias/20200110/nanoburbujas-tratamiento-aguas-residuales#.Yiad2-hByM8

10 USEPA. (2000). Wastewater technology fact sheet. Wetlands: subsurface flow. Washington, D.C.: United States Environmental Protection Agency.

11 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 15 de marzo de 2022

Diputada María Ascención Álvarez Solís

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP, a reconsiderar la decisión de eliminar el programa Escuelas de Tiempo Completo, a cargo de la diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de está soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Educación Pública, para que reconsidere la decisión de eliminar el Programa Escuelas de Tiempo Completo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La educación es uno de los derechos más importante de la niñez, invertir en ello, es la mejor decisión de un país, dado que el retorno será mucho mayor que los costos que implica no brindar una buena enseñanza. Una educación de calidad les brinda mayores herramientas de conocimiento, lo que les permite mejorar su vida y su entorno dado que les proporciona mejores habilidades para el presente y futuro.

Como sabemos, en días pasados informó la Secretaría de Educación Pública la eliminación del Programa Escuelas de Tiempo Completo, con el argumento de “poder mejorar las instalaciones básicas”, ante ello, reprobamos tajantemente esta decisión que viola el derecho a la progresividad en la educación de miles de niñas y niños.

Debemos señalar que, el párrafo cuarto del artículo 3o. constitucional establece que el Estado debe priorizar “el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos”, sin embargo, vemos con preocupación que con esta decisión se vulnera el derecho de los estudiantes a una educación de calidad donde recibían horas extras de aprendizaje, además, se les priva de su derecho a la alimentación, misma que se les proporcionaba en el programa, dejándolo sin la posibilidad de obtener una mejor enseñanza y nutrición.

Asimismo, es importante mencionar que derivado de esta decisión el Estado viola a todas luces el principio emanado de nuestra Constitución, establecido en el párrafo noveno del artículo 4º, mismo que señala que “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.”

El referente del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) es que se creó como “una estrategia educativa encaminada a generar ambientes educativos propicios para mejorar las condiciones de aprendizaje y el desarrollo de competencias de los alumnos de las escuelas de educación pública de nivel básico. (SEP, 2009)1 ” Iniciando su operación en 2007, mediante la aplicación de la ampliación del horario escolar acompañado de la alimentación, extendiéndose la jornada escolar a 8 horas diarias.

Dicho programa ofrecía primero, la incorporación de actividades complementarias organizadas en tres campos: estrategias de estudio dirigido mediante el uso de nuevas tecnologías de la información; aprendizaje de inglés y fortalecimiento de la educación física y artística (SEP, 2020)2 , más adelante se convirtió en una “propuesta pedagógica innovadora y flexible que incluía, seis líneas de trabajo para lograr una formación integral y desarrollar competencias a lo largo de toda la vida, además, promueven nuevas condiciones para facilitar y hacer efectivo el derecho de los niños a recibir aprendizajes útiles en ambientes saludables, equitativos y de calidad (SEP, 2012b)3 .

Es importante mencionar que el Programa Escuelas de Tiempo Completo, incorporó como uno de los propósitos fundamentales, el de terminar con las desigualdades, para ello, se priorizaba la cobertura en zonas de alta y muy alta marginación, lo cual, era un apoyo invaluable que les permitía acceder a un menor aprendizaje, pero sobre todo a una mejor alimentación, lo que les ayudaba a tener un mejor desempeño educativo.

Si recordamos que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social4 “Entre 2018 y 2020, el porcentaje de la población en situación de pobreza aumentó de 41.9 por ciento a 43.9 por ciento, mientras que el número de personas en esta situación pasó de 51.9 a 55.7 millones de personas, además, el porcentaje de la población en situación de pobreza extrema presentó un incremento de 7.0 por ciento a 8.5 por ciento entre 2018 y 2020 y el número de personas en situación de pobreza extrema aumentó de 8.7 a 10.8 millones de personas”, es decir, se deja sin otra oportunidad a quienes más lo necesitan, toda vez que se atendía a quienes viven pobreza y pobreza extrema, siendo una medida contraria al interés superior de la niñez, lo que también implica que aumentará la brecha de desigualdad, rezago social y vulnerabilidad.

Como sabemos, las escuelas de tiempo completo no sólo representaban la oportunidad de un mejor aprendizaje, además, contribuían a que las y los niños estuvieran alejados de los peligros que se presentan al estar más expuestos en las calles, al consumo de drogas, a la violencia dentro y fuera del hogar, a ser enganchados por bandas delictivas, a ser víctimas de trata de personas, entre otros, al no tener esas redes de apoyo en la educación. La desaparición del programa solo provocará una mayor deserción escolar, desnutrición y violencia principalmente en las zonas más marginadas, representando un retroceso para nuestra niñez.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, antes de la pandemia más de 4 millones de niñas, niños y adolescentes en México no iban a la escuela y unos 600 mil estaban en riesgo de abandonarla, con la eliminación de las Escuelas de Tiempo Completo, existe la alta probabilidad de que aumente la deserción escolar. Si consideramos que de acuerdo con el Inegi5 de la Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación (Ecovid-Ed) 2020, determinaron que 5.2 millones 3 a 29 años de edad (9.6 por ciento en relación con la población total de 3 a 29 años), no están inscritos por Covid-19 o por motivos económicos para el ciclo escolar 2020-2021, de estos 3 millones corresponden al nivel de educación básica (preescolar, primaria y secundaria); siendo 1.3 millones por motivos de Covid-19 y 1.6 millones por motivos de falta de recursos económicos. Adicional a los 5.2 millones que no concluyeron el ciclo escolar por Covid-19 y falta de recursos: 3.6 millones no se inscribió porque tenían que trabajar.

Del documento Evaluación del Servicio de Alimentación del Programa de Escuelas a Tiempo Completo, realizado por la SEP, el Instituto Nacional de Salud Pública y Unicef,6 señalan que “Las escuelas son un escenario ideal para implementar estrategias y brindar servicios de promoción de la salud, porque proporcionan acceso a gran número de niñas, niños y adolescentes en un ambiente cautivo”. No brindarles estos espacios, permitirá que niñas y niños que eran beneficiarios, sean más vulnerables ante la falta de mejores oportunidades de desarrollo y con ello, contribuirán a perpetuar la pobreza.

El estudio realizado del ciclo escolar 2017-2018 del documento antes citado, encontraron que “86.7 por ciento de las escuelas de tiempo completo (ETC) con servicio de alimentación (SA)...74.3 por ciento tienen un grado de marginación alto; la mayoría se localizan en el ámbito rural (87.3 por ciento) y 21 por ciento son escuelas indígenas.”7 , por lo que es evidente que los impactos serán devastadores para la mayoría de las familias, dejándolos más vulnerables.

Durante los años en que se ha desarrollado este programa, más del 90 por ciento de padres de familia, educadores y directivos perciben que quienes acceden a una escuela de tiempo completo, mejoran su rendimiento escolar, así mismo, se ha documentado que las niñas y niños que asistían en esta modalidad tenían un mejor desempeño educativo comparado con quienes no asisten como lo cita la propia Secretaría de Educación Públicas (2019), al señalar que “Al analizar los resultados de Planea en las escuelas incorporadas al Programa Escuelas de Tiempo Completo, se observa un mejor desempeño de los alumnos con respecto a las escuelas de jornada regular; asimismo, “un análisis comparado de las mediciones del impacto sobre los aprendizajes de diferentes factores en 25 países, muestra que el tiempo de instrucción es uno de los factores que más impacto tiene sobre la calidad del aprendizaje junto con el tiempo en bibliotecas y tareas para la casa. (Fuller, 1994, como se citó en la SEP, 2020)”8

Por todo lo anterior, vemos una vez más que con esta decisión se le da la espalda a cada una las niñas y niños que formaban parte de este programa, a los maestros que con compromiso y dedicación apoyaban y recibían un mejor sueldo y a los padres de familia que han reforzado su compromiso en sacar a sus hijas e hijos adelante, y que hoy ven con tristeza que ya no contaran con ese apoyo.

De eso, también se desprende la afectación para las madres y padres trabajadores quienes tenían una oportunidad de desarrollo laboral, principalmente las mujeres que contribuyen al hogar, quienes tendrán que reducir su jornada laboral, dejar de trabajar o en el peor de los casos, dejar solos a sus hijos e hijas, lo que también disminuirá la participación de las mujeres en el mercado laboral impactando directamente a las familias en su economía.

Por ello, solicitamos a la Secretaría de Educación Pública rectifique la decisión que hoy dejará sin este derecho fundamental a niñas y niños, quienes en su mayoría viven en zonas de alta y muy alta marginación y que, con las Escuelas de Tiempo Completo, veían una posibilidad de cambiar sus vidas hacia un mejor futuro.

Es por lo anterior, que no dejaremos de alzar la voz en favor de nuestras niñas y niños, quienes nuevamente no han sido escuchados y se siguen violentando sus derechos y le decimos, un no rotundo a una acción insensible que solo responde a caprichos personales y que ha desmantelado programas que sí beneficiaban a los que más lo necesitan, demostrando una vez más su nulo compromiso con la niñez mexicana.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Educación Pública para que reconsidere la decisión de eliminar del Programa Escuelas de Tiempo Completo.

Notas

1 SEP (2009). Buenas prácticas educativas en la jornada escolar ampliada. Primera Edición. México, DF. Recuperado de https://www.aefcm.gob.mx/petc/archivos-recomendaciones/buenas_practicas 1.pdf

2 SEP (2020) Diagnostico Ampliado S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo. Recuperado de

http://www.dgadae.sep.gob.mx/evaluaciones_externas/DIAGN OSTICOS/2019/Diagnostico_S221.pdf

3 Gómez, M. Alemán de la Garza, L. (s.f) Estudio de caso: Programa escuelas de tiempo completo (PETC). Recuperado de http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v12/doc/1566.pdf

4 Coneval (2021,05 de agosto). Coneval presenta las estimaciones de pobreza multidimensional 2018 y 2020. Comunicado 9. Recuperado de

https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/ Documents/2021/COMUNICADO_009_MEDICION_POBREZA_2020.pdf

5 Inegi (2020). Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación (Ecovid-Ed) 2020. Nota técnica segunda Edición. Recuperado de https://www.inegi.org.mx/contenidos/investigacion/ecovided/2020/doc/eco vid_ed_2020_nota_tecnica.pdf

6 Unicef (s/f). Servicio de Alimentación del Programa de Escuelas a Tiempo Completo. Recuperado de https://www.unicef.org/mexico/media/1031/file/Fichas_SA_PETC.pdf

7 Ibídem.

8 SEP (2020) Diagnóstico Ampliado S22I Escuelas de Tiempo Completo. Recuperado de http://www.dgadae.sep.gob.mx/evaluaciones_externas/DIAGNOSTICOS/2019/Di agnostico_S221.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2022.

Diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASEA a inspeccionar, vigilar y cumplir las disposiciones ambientales en las actividades de la refinería de Pemex en NL, a cargo de la diputada Karina Marlen Barrón Perales, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Karina Marlen Barrón Perales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) realice, en el ámbito de sus atribuciones la inspección, vigilancia y cumplimiento de las disposiciones en protección del medio ambiente sobre las actividades que hasta el momento, se realizan en la refinería de Pemex que se ubica en el municipio de Cadereyta, estado de Nuevo León, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La refinería de Pemex que se ubica en el municipio Cadereyta, Nuevo León, es señalada como la principal causante del deterioro y contaminación ambiental, ya que el 46 por ciento de las emisiones de dióxido de azufre (SO2) que se registran en el aire, proviene de esta, así como la proliferación del 20 por ciento de las partículas dañinas indicadas a través del PM10 y PM2.5.

Y que, en el último año, esta refinería ha producido de manera irresponsable 10 mil 140 toneladas de dióxido de azufre (SO2), perjudicando lascivamente la salud de las personas, y, con ellos, la vida y las actividades cotidianas de la entidad, casi la mitad de las emisiones generadas por la industria, lo cual se puede constatar en el inventario estatal de emisiones atmosféricas, mismo que fue publicado do por las autoridades de manera más detallada el pasado 1 de marzo del presente año, en el que se señala a 20 industrias como responsables como la mayor fuente de contaminación, tales como la refinería ‘Ingeniero Héctor R. Lara Sosa’, ubicada en el municipio de Cadereyta Jiménez; seguido en segundo y tercer lugar por zinc nacional e industria de álcali, con 34.60 y 4.18 por ciento, respectivamente (sólo fuentes fijas).

El daño que produce el dióxido de azufre se muestra desde la irritación en el tracto respiratorio, hasta enfermedades más delicadas de atender, como bronquitis, reacciones asmáticas, espasmos reflejos, parada respiratoria y congestionar los conductos bronquiales de los asmáticos

La falta de inspección que se ha realizado por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en la entidad, se debe a la insuficiencia de personal, la cual se percibe desde finales del año 2018 (recorte del 50 por ciento de inspectores de Profepa en Nuevo León).

Y que, parte de este trabajo, también tiene a cargo la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), pero las instalaciones se encuentran en la Ciudad de México y no cuenta con representación en el estado de Nuevo León, quien no se ha realizado su trabajo y menos, ha hecho algún pronunciamiento al respecto y que el problema que se suscita con la refinería de Pemex, lleva ya varios meses de registrarse.

Es importante señalar que son muchos los nuevoleoneses que ven mermada su salud y la gravedad se incrementa por los estragos que procura la contingencia sanitaria por la que atraviesa el país, la cual no ha terminado y afecta, principalmente, la salud de la población del estado, viendo lascivamente la exposición de padecer algún tipo de cáncer como consecuencia por respirar todos los días, la toxicidad que se encuentra en el aire y que se mantiene en los alrededores la una refinería de petróleo.

La EPA (Environmental Protection Agency), empresa de Estados Unidos, ha señalado que es muy importante e imprescindible que las refinerías de petróleo monitoreen las emisiones de benceno, por ser un compuesto causante de cáncer y que los contaminantes que producen las refinerías no se propagan únicamente por las emanaciones de sus grandes chimeneas que afectan el aire y que se esparcen por cientos de kilómetros, sino también por la contaminación de aguas residuales, escapes inintencionados que se dan sin control, por la quema de gas en la atmósfera, etcétera.

Actualmente, la ubicación en la que se instalan las refinerías de petróleo en México, se sitúan en medio de núcleos densos de población, lo que provoca un alto grado de peligrosidad.

Acuerdo

Artículo Único. La Cámara de Diputados exhorta a la proposición con punto de acuerdo para que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) realice, en el ámbito de sus atribuciones, la inspección, vigilancia y cumplimiento de las disposiciones en protección del medio ambiente sobre las actividades que, hasta el momento, se realizan en la refinería de Pemex que se ubica en el municipio de Cadereyta, estado de Nuevo León.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2022.

Diputada Karina Marlen Barrón Perales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat a ejercer acciones urgentes para conservar y proteger el borrego cimarrón, a cargo del diputado Fausto Gallardo García, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputado Fausto Gallardo García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El borrego cimarrón, conocido científicamente como ovis canadensis , es el único carnero nativo de América. En México su hábitat es exclusivo de las regiones desérticas y montañosas, terrenos escarpados donde el tipo de vegetación dominante son el matorral xerófilo y el pastizal.

La distribución de esta especie se extendía desde el suroeste de Canadá, el oeste de los Estados Unidos de América (EUA) hasta el norte de México, en este último, se distribuía en los desiertos de Baja California y Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila y al oeste de Nuevo León.

A partir de los primeros muestreos realizados en 1990, la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) estimó la población total de borrego cimarrón para Baja California y Baja California Sur en 2 mil individuos, mientras que para Sonora se calculó una población de 2 mil 100 individuos, sin considerar la población de Isla Tiburón, cuya población se estimaba en 500 individuos (Semarnap, 2000).

En la actualidad, el borrego cimarrón es una especie en peligro de extinción con poblaciones fragmentadas y restringidas a las serranías, debido a la pérdida de su hábitat y la fuerte presión de cacería ilegal a la cual está sometida.

Al respecto, con fecha 2 de marzo de 2002, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001,1 denominada Protección ambiental Especies nativas de México de flora y fauna silvestres. Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio. Lista de especies en riesgo, documento con el cual se catalogó a numerosas especies como sujetos de protección especial.

Dicha norma incluyó al borrego cimarrón como objeto de protección especial, debido, entre otros elementos, a las amenazas y los factores que inciden negativamente en su viabilidad y las necesidades de propiciar la recuperación de poblaciones de especies asociadas.

Asimismo, en el año 2004, atendiendo la obligación del Estado mexicano respecto a los compromisos adquiridos con la firma del Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado en Río de Janeiro, Brasil, el 5 de junio de 1992, y ante la urgencia de revisar las características de riesgo de las especies, se realizó convocatoria pública en la que se presentaron propuestas para la revisión y modificación de las especies ahí incluidas.

Debido a lo anterior, tomando en cuenta los riesgos existentes, una vez más prevaleció para esta especie la categoría de sujeto de protección, resultado de la actualización de la norma oficial mexicana, bajo su nomenclatura NOM-059-SEMARNAT-2010,2 misma que fue publicada el 30 de diciembre de 2010 en el Diario Oficial de la Federación.

Asimismo, con dichos elementos normativos en operación, en el año 2015 la Semarnat emitió el comunicado 50/15,3 en el cual se señalaba una ligera recuperación en la población del borrego cimarrón en los predios registrados como Unidades de Manejo de Vida Silvestre (UMAS) debido a los esfuerzos de conservación a través de las áreas naturales protegidas.

No obstante y, a pesar de que las entidades antes mencionadas se constituyen como santuarios nacionales para el borrego cimarrón, diversas organizaciones ambientalistas y protectoras de animales estimaron recientemente un alarmante decrecimiento en las poblaciones de dicha especie.

Tan sólo para el caso de Baja California, la especie pasó de tener 20 mil ejemplares identificados en los años 90 del siglo pasado a apenas 651 especímenes que se contabilizaron de manera reciente.

En la actualidad existen esfuerzos de la sociedad civil organizada en favor de la especie, tal es el caso del proyecto “Santuario Cimarrón” en el Valle de los Cirios, que, entre otros trabajos, lleva a cabo censos de los ejemplares existentes en dicha zona, sin embargo, se requieren más acciones gubernamentales en las entidades donde esa especie tiene mayor presencia a efecto de contrarrestar su disminución y velar por su resguardo.

En fecha reciente, el mismo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su visita al estado de Sonora, hizo un pronunciamiento y propuestas de política pública para detener la caza del borrego cimarrón.

La conservación de las especies nativas de nuestras comunidades se ha convertido en un aspecto prioritario, el cual no puede soslayarse bajo criterios económicos, siendo que existen elementos que nos hablan de una desproporción en los especímenes.

Por todo lo expuesto y ante la urgente necesidad de proteger al borrego cimarrón en los estados donde tiene mayor presencia, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar un censo actualizado del borrego cimarrón en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, y que los resultados se hagan del conocimiento público.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en un marco de conservación de la biodiversidad, disponga la eliminación de los criterios bajo los cuales se permiten actividades cinegéticas respecto al borrego cimarrón.

Notas

1 Véase, Diario Oficial de la Federación, 06 de marzo de 2002. Disponible en:

https://www.biodiversidad.gob.mx/pdf/NOM-059-ECOL-2001.p df

2 Véase, Diario Oficial de la Federación, 30 de diciembre de 2010. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5173091

3 Véase, “El Gobierno de la República ha establecido un modelo de protección, conservación y recuperación a través de UMAS siendo el borrego cimarrón una de las especies beneficiadas”, SEMARNAT, 04 de marzo de 2015. Disponible en:

https://www.gob.mx/semarnat/prensa/en-franca-recuperacio n-borrego-cimarron-en-mexico

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2022.

Diputado Fausto Gallardo García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat y la Profepa a cumplir sus obligaciones ambientales e implantar acciones para evitar la extinción de la vaquita marina, a cargo del diputado Mario Gerardo Riestra Piña, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Mario Gerardo Riestra Piña , diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Sexagésima Quinta Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, así como por las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a que cumplan con sus obligaciones ambientales e implementen las acciones necesarias para evitar la extinción de la vaquita marina , al tenor de los siguientes:

Considerandos

La vaquita marina es una especie de cetáceo odontoceto de la familia Phocoenidae, una de las siete especies de marsopa, mide 150 cm de largo y pesa hasta 50 kg. Es el único mamífero marino endémico de México en Baja California.

Su hábitat natural está en el golfo de California, para ser precisos, en las aguas cálidas y poco profundas que están entre Puertecitos, Baja California, y Puerto Peñasco, Sonora.

Poco después de que los científicos descubrieran la especie en 1950, se dieron cuenta de que estaba en peligro.

En el 2005, el gobierno mexicano convirtió parte del golfo en un refugio de vaquitas. Pero la población siguió disminuyendo. Su población ha disminuido durante las pasadas décadas al punto de ser considerada en grave peligro de extinción.

De acuerdo con los datos oficiales, en 1997 existían casi 600 vaquitas marinas. En el 2015, la población total era de noventa y siete; en 2017 perdió el 67 por ciento de su población, quedando con menos de cuarenta individuos. A finales de 2018 y principios de 2019, se estimaba la existencia de entre diez y quince.

La vaquita marina es una especie en peligro inminente de extinción y nuestro gobierno no hace nada al respecto.

El 20 de enero del 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Plan de Aplicación en la Zona de Tolerancia Cero y el Área de Refugio para la Protección de la Vaquita Marina.1 En dicho Plan se establece que : “Existe un Acuerdo emitido el 24 de septiembre de 2020, por los titulares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Secretaria de Marina (Semar), por el que se regulan artes, sistemas, métodos, técnicas y horarios para la realización de actividades de pesca con embarcaciones menores y mayores en Zonas Marinas Mexicanas en el Norte del Golfo de California y se establecen sitios de desembarque, así como el uso de sistemas de monitoreo para tales embarcaciones, el cual establece en su Quinto Transitorio, el Plan de Aplicación para el Acuerdo.

En dicho artículo transitorio, se prevé que, bajo la coordinación de la Semar, la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), desarrollarán e implementarán el Plan de Aplicación del Acuerdo por el que se regulan artes, sistemas, métodos, técnicas y horarios para la realización de actividades de pesca con embarcaciones menores y mayores en Zonas Marinas Mexicanas en el Norte del Golfo de California y se establecen sitios de desembarque, así como el uso de sistemas de monitoreo para tales embarcaciones, en la Zona de Tolerancia Cero y el Área de Refugio para la Protección de la Vaquita Marina”.

El 10 de febrero del año en curso, la Oficina de la Representante Comercial de EU (USTR, por sus siglas en inglés) anunció que solicitará una consulta bajo el Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC), alegando que el gobierno mexicano no está cumpliendo con sus obligaciones medioambientales; esto debido al descuido de la totoaba y la vaquita marina.2 Por lo tanto, México no está cumpliendo debidamente con sus obligaciones dentro del Capítulo 24 del tratado, que abarca todos los temas medioambientales en la relación comercial trilateral.

En tal motivo, es inminentemente necesario que el gobierno mexicano implemente las acciones necesarias para preservar, proteger y conservar a la vaquita marina, así como a todas las especies en peligro de extinción.

Por lo que, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Secretaría de Marina (Semar), a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a que cumplan con sus obligaciones ambientales e implementen las acciones necesarias para evitar la extinción de la vaquita marina.

Segundo. Se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Economía Federal, para que realice los trabajos que coordinará con las diferentes autoridades mexicanas y de Estados Unidos de Norteamérica para proteger a la vaquita marina, derivado de la denuncia contra México por el descuido de la especie.

Notas

1 [1]https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610105&fecha=20/ 01/2021

2 ‘Manotazo’ de EU a México por ‘descuido’ a vaquita marina: pide consulta bajo el T-MEC – El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/02/10/manotazo-de-eu-a-me xico-por-descuido-a-vaquita-marina-pide-consulta-bajo-el-t-mec/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2022.

Diputado Mario Gerardo Riestra Piña (rúbrica)

---

---

Con motivo del 19 de marzo, Día de las Artesanas y los Artesanos, a cargo de la diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción XI; 62, numeral 2 y 76, fracción VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente efeméride relativa a la conmemoración del 19 de marzo, Día de las Artesanas y los Artesanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Diccionario de la Real Academia Española define al artesano como la persona que ejercita un arte u oficio meramente mecánico; también, es aquella persona quien hace por su cuenta objetos de uso doméstico imprimiéndoles un sello personal, a diferencia del obrero fabril. Mientras la artesanía es el arte u obra que realizan de los artesanos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, menciona que la artesanía tradicional es la manifestación más tangible del patrimonio cultural inmaterial. Por ello, es fundamental fomentar la protección, preservación y difusión de las técnicas y objetos de las artesanías, lo cual debe alentar a las y los artesanos a que sigan fabricando sus productos y transmitiendo sus conocimientos y técnicas a otras personas y, en particular dentro de sus localidades y comunidades.

La misma UNESCO señala que la artesanía tradicional es diversa, ya que puede crear herramientas, prendas de vestir, joyas, indumentaria y accesorios para festividades y artes del espectáculo, recipientes y elementos empleados para el almacenamiento, objetos usados para el transporte o la protección contra las intemperie, artes decorativas y objetos rituales, instrumentos musicales y enseres domésticos, y juguetes lúdicos o didácticos.1

México en 1995, durante la LVI Legislatura el pleno de la Cámara de Diputados aprobó que el 19 de marzo de cada año se conmemorara el Día del Artesano, en reconocimiento a las y los artesanos que realizan diversas actividades que son parte de nuestra historia, tradición y cultura milenaria.

En este sentido, las y los diputados de la Comisión de Artesanías de la LVI Legislatura argumentaron que la conmemoración del Día del Artesanos “...representa una alternativa real de generación de empleo y de impulso económico, sin olvidar que son ya muchos años los que nuestra gente ha dedicado a la elaboración de artesanías y que hoy en día más de 6 millones de mexicanos que se dedican a este noble oficio, por lo que, deben ser objeto de reconocimiento por parte de todo el pueblo de México”.2

Al respecto, datos del Inegi, proporcionados en la Encuesta Nacional de Ingreso en los Hogares, indica que antes de la pandemia de Covid-19, el sector artesanal ascendía a 1 millón 118 mil 232 personas, donde el 20 por ciento del padrón de artesanos registrados en el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Fonart, pertenece a personas adultas mayores de 60 años y más que viven en zonas pobres y marginadas. Del total de este padrón, el 70 por ciento son mujeres y 30 por ciento hombres, mayoritariamente indígenas.

En 2019, el sector de cultura generó 724 mil 453 millones de pesos corrientes, de los cuales, las artesanías aportaron 138 mil 291 millones de pesos, representado el 19.1 por ciento del sector cultural.

El gasto en artesanías realizado por los hogares ascendió a 135 mil 453 millones de pesos corrientes, equivalentes a 18.7 por ciento del total de gasto realizado por los hogares en bienes y servicios culturales, así también las artesanías emplearon 489 mil 890 puestos de trabajo ocupados remunerados; esto representó el 35.1 por ciento de los puestos que empleó el sector de cultura en su conjunto.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el Inegi en la Cuenta Satélite de la Cultura de México, 2020, señala que las artesanías representaron para el sector cultura una disminución anual del 19.2 por ciento, mientras que en la aportación que hacen las actividades artesanas al PIB de Cultura se observó una disminución del 18.3 por ciento.

Cabe señalar que en México, la producción de artesanías se encuentra clasificada en 8 áreas que son fundamentales para nuestra economía y sobre todo para la generación de empleo y autoempleo, siendo:

- La alfarería y cerámica;

- Las fibras vegetales y textiles;

- La madera, maque y laca, instrumentos musicales y juguetería;

- El cartón y papel, plástica popular, cerería y pirotecnia;

- La metalistería, joyería y orfebrería;

- La lapidaria, cantería y vidrio;

- La talabartería y marroquinería; y

- Los alimentos y dulces típicos.

Un ejemplo es el municipio de Tonalá, Jalisco, el cual es conocido como la “capital de las artesanías”, siendo un lugar con historia y cultura desde la época prehispánica. Su principal actividad artesanal es la alfarería, siendo de las mejores del mundo, la cual es exportada a Japón y Alemania; también realizan artesanías de hierro forjado, vidrio soplado, madera, papel mache, yeso y cobre entre otras. Cabe señalar, que el tianguis artesanal de Tonalá, Jalisco, tiene alrededor de 4 mil artesanas y artesanos que deslumbran a los visitantes nacionales y extranjeros con su esplendor y belleza artesanal.

Otros ejemplos de artesanías que distinguen a México a nivel internacional es el piteado de Jalisco, los textiles de Chiapas, los cestos de Sonora, las lacas de Guerrero, la cerámica de Chihuahua, el barro negro de Oaxaca y el barro vidriado de Michoacán. Cabe señalar que en la totalidad de entidades federativas se realizan actividades artesanales que enorgullecen a las mexicanas y a los mexicanos.

Por tal motivo, el 19 de marzo de cada año se reconoce y conmemora a las artesanas y los artesanos de México que representa nuestra historia, tradición y cultura milenaria, que debe ser motivo de mayor atención gubernamental para que fomente e impulse presupuestos, programas y políticas públicas que incentiven las actividades artesanales que nos dan identidad como país y representan nuestra cultura a nivel internacional, por ello, es necesario defender, conservar y preservar los conocimientos, tradiciones y costumbres e integrarlos a la vida diaria en objetos utilitarios y estéticos en nuestros hogares.

Notas

1 https://ich.unesco.org/es/tecnicas-artesanales-tradicionales-00057

2 http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/56/2do/Ord1/19951005.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2022.

Diputada María del Refugio Camarena Jáuregui (rúbrica)