Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Consejo General y la Comisión de Quejas y Denuncias del INE a aplicar con todo rigor las disposiciones sobre la veda electoral para inhibir conductas que puedan manchar el próximo proceso de revocación de mandato, a cargo del diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para exhortar al Consejo General y la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), a que aplique con todo el rigor de la ley las disposiciones que regulan la veda electoral, a efecto de inhibir conductas que puedan manchar el próximo proceso de revocación de mandato, como lo es la campaña de desprestigio que ha iniciado la oposición del Partido Acción Nacional en contra del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, bajo las siguientes

Consideraciones

Nuestro país ha sido ejemplo en el mundo contemporáneo, ya que ha cumplido uno de los objetivos principales de la democracia, que es dotar a las y los mexicanos de herramientas que les permitan participar de manera directa en la toma de las decisiones más relevantes de nuestro país y de la gestión pública. Ejemplo de ello, es la inclusión de los ciudadanos en los debates parlamentarios, así también, el reconocer diversos procedimientos de carácter constitucional y legal que han dado una inigualable participación de las y los mexicanos en la vida política y toma de decisiones del país, como es participar en la Consulta Popular y la Revocación del Mandato.

Con la llegada de la Cuarta Transformación es que estas dos figuras han cobrado relevancia, ya que a través de ellas se garantiza la participación directa de las y los ciudadanos, favoreciendo la rendición de cuentas y el control social de la función pública.

La trascendencia de la revocación de mandato en la vida pública del México, la podemos definir como el procedimiento a través del cual las y los ciudadanos deciden, de manera directa, si un gobernante que ha sido electo popularmente concluye o no el ejercicio del cargo público de que se trate antes de que expire el periodo para el cual fue elegido.

Se señala en la Ley Federal de Revocación de Mandato, que dicha revocación es decidida por medio de la emisión de un voto ciudadano; es decir, a través del mismo procedimiento por el cual fue designado, sin que exista de por medio una acción judicial.

Aunado lo anterior, al solicitarse el proceso de revocación de mandato del Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024, se hará mediante la solicitud de firmas que se llevó a cabo durante los meses de noviembre y hasta el 15 de diciembre de 2021. Así, en este ejercicio público ciudadano, se determinó que sí se cumplió con los requisitos, por tanto, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó procedente y emitió la convocatoria, por lo que el próximo 10 de abril de este año se realizará este hecho histórico para México y su ciudadanía.

En un firme cumplimiento de la Ley Federal de Revocación de Mandato, el INE anunció que el plazo para la prohibición de propaganda gubernamental o veda electoral, iniciaría a partir del pasado 4 de febrero, y concluirá hasta el 10 de abril, día en que se realizará la consulta.

Esta medida será aplicada a nivel nacional en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) así como en los tres Poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de acuerdo a la normativa aprobada por este Congreso de la Unión.

Será el INE y, en específico a través de la Comisión de Quejas y Denuncias de ese Instituto, el denunciar cualquier irregularidad para dictar las medidas cautelares correspondientes. Sin embargo, hemos dado cuenta en este Grupo Parlamentario de Morena, que tanto el INE como la oposición, conducida por la política de derecha, han sido omisos en acatar el mandato de la ley que este Congreso aprobó.

En primer lugar, hacemos un llamado desde la más alta tribuna del país, para que el INE termine con el hostigamiento político y que actúe con imparcialidad, neutralidad y que ponga piso parejo durante el proceso de la revocación de mandato, cuya jornada se realizará el próximo 10 de abril del presente año. Lo anterior, lo mencionamos ya que es notorio que el INE, a través de su presidencia y algunos consejeros, han insistido en querer aplicarnos ley mordaza para las y los legisladores de Morena, tanto federales como locales.

Por ello, exhortamos al organismo electoral que evite con todo el rigor de la ley y en pleno proceso de veda electoral, el inhibir conductas que puedan manchar el próximo proceso de revocación de mandato, como lo es la campaña de desprestigio que ha iniciado la oposición de Acción Nacional en contra del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Todo servidor público debe ser respetuoso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes que emanen de ella, y los consejeros electorales son servidores públicos y están sujetos al control constitucional y legal, por lo que deben ejercer su función de manera transparente, legítima, justificada y con rendición de cuentas. Pero en los hechos, tenemos que tanto el consejero presidente, como algunos otros consejeros electorales, han dejado de observar en su función electoral el principio de imparcialidad, y han iniciado una cacería de brujas a quienes ostentamos o formamos parte de la Cuarta Transformación del país, lo que ha repercutido en implementar diversas medidas cautelares que de una manera injustificada e improcedente buscan sancionar a toda persona que ostente un cargo público, tanto en la administración federal o local emanados de Morena, como de las y los legisladores federales y locales de este grupo parlamentario.

Por otro lado, ese Instituto se niega a bajar spots realizados por la oposición pertenecientes al PAN, y que desde Morena hemos solicitado a través de nuestro representante en el INE, que no respetan la veda electoral.

Lo anterior, lo señalamos porque el Partido Acción Nacional (PAN), difunde spots que dañan la imagen presidencial y el Instituto considera que las afirmaciones del PAN están amparadas en la libertad de expresión y que no se trata de calumnias, sino posturas críticas.

Dicha campaña se ha visto reforzada por reportajes pseudo periodísticos como los difundidos en pasadas semanas por Carlos Loret de Mola, mismos que se proponen manchar la credibilidad e investidura del titular del Poder Ejecutivo federal, y han dañado la imagen y honor del Presidente Andrés Manuel López Obrador. En este contexto, debe destacarse que esta campaña coordinada por la oposición afecta la equidad del proceso de Revocación de Mandato, y la falta de intervención de la autoridad electoral evidencia su falta de neutralidad e imparcialidad.

A lo que señalamos que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, no actúa con imparcialidad, equidad, certeza, objetividad en la contienda, ya que lo señalado y divulgado por Acción Nacional constituye uso indebido de la pauta, ya que lejos de ser genéricos, contienen expresiones que vinculan a procesos electorales y promocionan la alternancia en periodo prohibido, por ello en Morena hemos insistido el retiro de los spots y las publicaciones tanto en los medios de comunicación ordinarios, como en las redes sociales.

Por las consideraciones antes expuestas, someto a consideración de esta honorable soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo General y la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, a que aplique con todo el rigor de la ley las disposiciones que regulan la veda electoral, a efecto de inhibir conductas que puedan manchar el próximo proceso de revocación de mandato, incluidos los reportajes y campañas de desprestigio que ha iniciado la oposición del Partido Acción Nacional en contra del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo General y la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) a conducirse de acuerdo con los principios de legalidad, certeza, independencia e imparcialidad durante el proceso de Revocación de Mandato en curso, aplicando la normatividad en materia de propaganda política electoral de manera equitativa, a efecto de apercibir de igual forma a legisladores, funcionarios y actores políticos que se posicionan en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo hace contra quienes se posicionan a favor en el contexto de dicho proceso.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo General y la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral a hacer cumplir lo dispuesto en los artículos 209, 449, numeral 1, inciso c); y demás aplicables de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a efecto de sancionar a legisladores, funcionarios y actores políticos que incumplen con el periodo de veda electoral durante el proceso de Revocación de Mandato, para difundir posicionamientos en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 10 de marzo de 2022.

Diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades a suscribir o actualizar convenios de colaboración a efecto de reforzar e implantar mecanismos de protección integral de defensores de derechos humanos y periodistas, a cargo de la diputada Ana María Esquivel Arrona, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Ana María Esquivel Arrona, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a que suscriban o actualicen convenios de colaboración a efecto de reforzar e implementar de manera coordinada mecanismos de protección integral de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Exposición de Motivos

“El asesinato, secuestro, intimidación, amenazas a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.1

La libertad de expresión no solamente comprende el derecho a difundir información, sino ideas, investigación y opinión, por lo que constituye un derecho individual que además se vincula con los derechos colectivos en cuanto al derecho a la sociedad en general a recibir información y opiniones sobre diversos temas, ya sea políticos, sociales, culturales, comerciales o publicitarios.2

Agredir a un periodista o a un comunicador en el ejercicio de su labor, significa agredir a la sociedad en su derecho a ser informada, conocer, comunicar y tomar decisiones libres, autónomas y con conocimiento de causa. Cuando se agrede a un periodista, por una parte, se violan sus derechos individuales, pero también se transgreden, como sociedad, nuestros derechos colectivos, toda vez que la libertad de expresión constituye uno de los ejes sobre los que se fundamenta la democracia. Gracias a la libertad de expresión y de información, podemos construir nuestra exigencia para el pleno ejercicio de otros derechos, ejercer de modo más eficaz nuestra ciudadanía y fortalecer el tejido social.

Tal es el caso de la ola de violencia que vive el gremio periodístico en nuestro país; según “Reporteros sin Fronteras”, México es el país más mortífero del mundo para la prensa.3 Considerando que en el Informe de Actividades 2021, publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, establece que los periodistas representan la voz de la sociedad, de diversos colectivos y de las temáticas que requieren atención pronta y decidida de las autoridades.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es un organismo público autónomo, cuya emisión se centra en la defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los tratados internacionales firmados y ratificados del Estado mexicano, así como en sus leyes federales. Esta se divide en áreas especializadas, llamadas visitadurías, encargadas de:

• Recibir, admitir o rechazar las quejas e inconformidades que se presentan ante la CNDH.

• Propiciar la conciliación inmediata a violaciones de derechos humanos que por su naturaleza así lo permitan.

• Investigar quejas e inconformidades que le sean presentadas o proceder de oficio en caso de violaciones graves.

• Formular y someter a consideración del presidente de la CNDH proyectos de recomendación o acuerdos.

En enero de 2005 la CNDH creó la Quinta Visitaduría General, encargada de la promoción y protección de los derechos humanos de los periodistas y de los defensores de derechos humanos, teniendo como antecedente el Programa Especial de Periodistas (1991) y la Coordinación General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos (1997). El cumplimiento de sus objetivos se logra, principalmente, mediante el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos cuyas funciones consisten en:

• Atender los casos en los cuales quien ejerce el periodismo resulte agraviado en el desempeño de su labor por alguna autoridad.

• Tramitar y dar seguimiento a las quejas, proporcionando atención personalizada a los y las periodistas.

• Impulsar la sensibilización de las autoridades respecto de la importancia social de la actividad de las personas que ejercen el periodismo y de la obligación del Estado de darles las garantías de seguridad y respecto a sus derechos humanos, en el marco de los riesgos que enfrentan.

• Atender de manera permanente los casos denunciados públicamente que podrían constituir violaciones a los derechos humanos de este grupo.

Por lo que uno de los mecanismos más importantes para salvaguardar la seguridad, vida y dignidad de las víctimas en cualquier momento del proceso, son las medidas cautelares, precautorias y de prevención. El visitador general tiene la facultad de solicitarlas para evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas o de los posibles daños de difícil reparación.4 Estas deberían de ser señaladas y estudiadas de forma minuciosa y particular a cada caso, atendiendo a las especiales características del mismo y deberá de incluir los siguientes elementos:

• Estudio de riesgo (ordinario, extraordinario y extremo).

• Esquemas de protección: individual, colectivo, protección de inmuebles.

• Urgencia y temporalidad de las medidas.

Modalidad de las medidas: conservación o restitutorias.

• Apoyo de fuerzas policiales.

• Telecomunicaciones.

• Atención médica y psicológica.

• Protección de la identidad de la persona beneficiaria.

En ese tenor, la Guía para Implementar Medidas Cautelares en Beneficio de Periodistas y Comunicadores en México , que emite la CNDH, data del año 2010.5 Guía que indudablemente debe ser actualizada y modificada acorde a los acontecimientos recientes que suscitan en nuestro país.

A su vez, actualizar o, en su caso, modificar el Convenio de colaboración entre la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría Seguridad y Participación Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para implementar acciones de prevención y protección a periodistas.

Dicho convenio tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre las partes que lleven a implementar acciones entre autoridades federales y locales para prevenir conductas que atenten contra quienes ejercen la labor periodística. Esta herramienta se basa en la cooperación, colaboración y corresponsabilidad interinstitucional e intergubernamental de todas las autoridades responsables de la seguridad pública, tanto federales como de las entidades federativas, con la finalidad de asegurar la eficacia, oportunidad y unidad de criterio en las acciones operativas.

Y derivado de ese instrumento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se comprometió a implementar la Guía para Implementar Medidas Cautelares en Beneficio de Periodistas y Comunicadores en México , misma que en consideración, debe ser actualizada a la brevedad posible.

A su vez, el convenio estableció la instalación del Comité Consultivo para la Implementación de Acciones de Prevención y Protección a Periodistas, como órgano responsable de definir y llevar acciones necesarias en el ámbito federal para la eficaz implementación de medidas de prevención y protección de quienes ejercen la labor periodística.

En ese tenor, se emitieron los “Lineamientos de Operación y Funcionamiento del Comité Consultivo para la Evaluación y Recomendación de Acciones de Prevención y Protección a Periodistas”.6 Cuyas funciones destacan, las de facilitar la coordinación de las instituciones competentes de los distintos niveles de gobierno para proteger efectivamente a periodistas y medios de comunicación de amenazas y riesgos, así como a dar seguimiento al funcionamiento de las medidas de prevención y protección en términos de lo señalado en los lineamientos.

Por tal razón, las medidas de prevención son uno de los pilares fundamentales para evitar la violencia y agresión de las y los periodistas, pues el Estado mexicano se resiste a reconocer que la libertad de expresión es un derecho que debe prevalecer sin transgredir la vida de quienes ejercen la profesión y el activismo, no obstante, persiste la incesante violencia ejercida y la nula sanción de aquellos que infringen los derechos de los mismos. La extrema escasez de la protección, promoción, respeto y garantía de los derechos humanos en el sistema mexicano, existe.

La problemática se centra en la impunidad que vive nuestro país, pues las y los periodistas siguen en peligro constante, así como sus familiares y cualquier portavoz de la crítica objetiva, de la justicia y la democracia. Por lo que es fundamental reforzar los mecanismos de prevención de forma interseccional y transversal, para poder generar una solución desde el núcleo de la interinstitucionalidad y desde las políticas nacionales e internacionales.

Las autoridades no deben esperar a que se sigan perdiendo vidas de periodistas, o que se cometan delitos para actuar de forma reactiva; el gremio periodístico merece toda la protección posible, porque se exponen a los peligros que conlleva su labor, con tal de informar, comunicar y buscar la verdad ante los abusos de los gobiernos en turno.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Fiscalía General de la República, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al del Gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación, y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a que suscriban o actualicen convenios de colaboración a efecto de reforzar e implementar de manera coordinada mecanismos de protección integral de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con criterios actualizados de mejora en materia de medidas preventivas, derivado de los hechos suscitados en fechas recientes.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a actualizar la Guía para Implementar Medidas Cautelares en Beneficio de Periodistas y Comunicadores en México .

Notas

1 https://www.cidh.oas.org/basicos/declaracion.htm#:~:text=Toda%20persona%20tiene%20derecho%20a,
por%20cualquier%20medio%20y%20forma.&text=El%20asesinato%2C%20secuestro%2C%20intimidaci%C3%B3n%2C,
severamente%20la%20libertad%20de%20expresi%C3%B3n

2 Ballantyne y otros vs Canadá, parr.11.3, Comité de Derechos Humanos, 1993.

3 Deutsche Welle. (2022). México: el país “más mortífero del mundo para la prensa”. Deutsche Welle. Recuperado de: https://www.dw.com/es/méxico-el-pa%C3%ADs-más-mort%C3%ADfero-del-mundo- para-la-prensa/a-60540855

4 Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Artículo 40.

5 https://www.cndh.org.mx/pagina/guias-para-implementar-programa-de-agrav io-periodistas-y-defensores-civiles

6 http://www.derechoshumanos.gob.mx/work/models/Derechos_Humanos/Resource/135/1/images/
lineamientos-comite-periodistas.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2022.

Diputadas: Ana María Esquivel Arrona, Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar al Enapea a fortalecer con la Ssa y la SEP las campañas y acciones preventivas del embarazo de niñas y adolescentes, a cargo de la diputada Cristina Amezcua González, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Cristina Amezcua González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los embarazos infantiles y adolescentes son un problema de salud pública que conlleva graves repercusiones médicas, psicológicas, sociales y económicas para las jóvenes embarazadas. Dada la extensión de este tema, se tiene que enfocar en el limitado éxito en la disminución de embarazos adolescentes y los alarmantes números de embarazo infantil, alguno de los motivos la falta de acceso a información y servicios en salud sexual y reproductiva, y campañas más acertadas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), México tiene la tasa de natalidad adolescente más alta entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con aproximadamente 77 nacimientos por cada mil adolescentes entre 15 y 19 (Inegi, 2021).

La mayoría de los embarazos infantiles y adolescentes son producto de la falta de educación sobre temas de salud sexual y responsabilidad sexual. Otro tanto de ellos es causado por abusos sexuales hacia las niñas y jóvenes. Debido a la falta de información y servicios sobre salud sexual y reproductiva en México, ha habido un éxito limitado en la reducción de la tasa de embarazos infantiles y adolescentes.

Existen muchos desafíos que el embarazo infantil adolescente causa a las madres. Algunos de ellos son el abandono de la escuela, problemas de salud mental, oportunidades laborales limitadas e incluso la muerte, por lo que el tema no debe tomarse a la ligera. Sumado a esto, el bebé puede sufrir de desnutrición, partos prematuros, trastornos del desarrollo, malformaciones y 50 por ciento más de probabilidad de morir en las primeras semanas de vida, esto hace que los embarazos en adolescentes no solo cambian a los que se enfrenta la madre sino también su niño, familia y contexto.

Su importancia dentro de la agenda nacional e internacional es tanta que es el tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, que busca garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la planificación familiar, la información y la educación, y la integración de la salud reproductiva.

Según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el periodo entre los 10 y 19 años de edad. Dicho esto, es evidente que viven constantemente cambios mismos que forman su personalidad y autoestima y con ellos nacen los planes de vida, mismos que muchas veces se ven truncados ante un embarazo no planeado. El marcador universal de su inicio, la pubertad, produce una metamorfosis somática, hormonal y psíquica de todo el organismo y anuncia la llegada de madurez sexual. Esta última se manifiesta en mujeres con la primera menstruación, generalmente entre los 12 y 13 años, y en hombres con las primeras eyaculaciones alrededor de los 13 o 14 años.

Según la Coalición Internacional para la Salud de las Mujeres, falta evidencia de lo que las adolescentes saben, sienten, creen y hacen (o lo que se les hace) respecto a sus cuerpos y los intereses sexuales emergentes. La investigación sobre actitudes y comportamientos sexuales es muy delicada e incluso tabú en algunos países y, a menudo, las madres y los padres, los maestros, los encargados de formular políticas, los proveedores de atención médica y otros guardianes de la sociedad se oponen a tales investigaciones y la creación de políticas y campañas más acertadas. Es necesario en beneficio de los adolescentes arrancar las etiquetas y tabúes en torno a este tema.

Es importante porque la falta de información sexual no está permitiendo que la sociedad normalice este tema y, por lo tanto, los adolescentes no se sienten lo suficientemente cómodos o incluso conscientes de que estos servicios existen y están disponibles para la población.

La limitada comprensión de lo que les sucede a sus cuerpos y mentes en los adolescentes les afecta directamente al no saber cómo llevar una vida sexual saludable. Además, lo primero no solo limita su comprensión sobre la salud sexual y el acceso a los servicios, sino que se suma a la creencia general de que todo lo relacionado con la sexualidad no debe abordarse en torno a los adolescentes. La consecuencia es que la mayoría de los adolescentes tienen que resolver sus dudas con otros adolescentes o con la experiencia personal, lo que hace más probable que inicien su vida sexual sin una información adecuada y un acceso adecuado a los servicios de salud sexual.

Ante toda esta situación, el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer señala en el informe Niñas madres. Embarazo y maternidad infantil forzada en América Latina y el Caribe que ser madre es hacer un contrato de por vida tanto con la propia como con la del bebé pues comienza la responsabilidad y obligación criar a otro ser humano, responsabilidades que una menor de edad no puede asumir puesto que ella misma sigue en desarrollo. Por lo que es necesario actuar de forma inmediata.

En México, las mujeres comienzan a tener relaciones sexuales a los 14 años y los hombres a los 12 años en zonas urbanas. Sin embargo, en zonas del interior de la república la edad baja hasta los 12 años en las mujeres. Según datos del Inegi, cada año ocurren 366 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años. Cinco de cada 10 adolescentes, que fueron encuestadas al estar embarazadas, manifestaron que no deseaban estarlo (Inegi. Enadid, 2018). También, es importante recalcar que una niña embarazada tiene un mayor riesgo de muerte materna y su embarazo es considerado siempre de alto riesgo. Por ello se ha buscado que la maternidad sea algo deseado e informado, no obligado.

El Inegi, en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, demostró que los embarazos infantiles y adolescentes no siempre son producto de una relación consentida entre pares, sino de niñas y adolescentes que fueron obligadas por adultos a tener relaciones sexuales mediante el uso de la fuerza física o moral, en muchas ocasiones, muchas de ellas no saben lo que les están haciendo por la falta del conocimiento sobre el tema.

Con el paso de los años se ha intentado brindar una mayor y mejor educación sexual a los adolescentes que viven en México. En especial en Coahuila que siempre ha estado por encima del promedio nacional en el número de embarazos adolescentes, y esto se debe en parte a que este estado tiene falta de acceso a la información. Y, el problema no ha sido resuelto. Los embarazos en adolescentes entre 10 y 19 años se siguen dando en Coahuila esto se debe a la falta de acceso a los servicios de salud sexual ya que no están viendo satisfechas sus necesidades.

Ante la preocupación sobre el tema, en 2014 se creó la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enpea), que tiene como objetivo reducir el número de embarazos en adolescentes, con absoluto respeto a los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, los resultados esperados distan de la realidad.

En 2018 se reportó que, del total de egresos hospitalarios de niñas de 10 a 14 años, 12.6 por ciento se debió a causas relacionadas con la maternidad. En México se registran 373 mil 661 nacimientos de madres adolescentes al año: mil por día. De esos nacimientos, 8 mil 876 las madres son menores de 14 años (Conapo, 2021; Brito, O. [2021]. “Tasas de embarazo infantil y adolescente en México, similares a África”: Conapo, https://www.milenio.com/politica/tasas-embarazo-infantil-adolescente-me xico-similares-africa).

Se estima que esta cifra se eleve al término de la pandemia pues al estar encerradas en 4 paredes las niñas y adolescentes comienzan a experimentar con otras personas sin tener consentimiento, y en casos más graves, sufren de violencia sexual en repetidas ocasiones lo que concluye en un embarazo no deseado.

Es necesario reconocer los esfuerzos hechos por los gobiernos federal y estatales para prevenir los embarazos de niñas y adolescentes, sin embargo, no son suficientes o eficaces para reducir su número, no existe una atención integral para prevenir, atender y erradicar el embarazo infantil, además de que no se contempla una perspectiva de género ni de derechos humanos cuando se aborda este tema.

Por ejemplo, durante el Día Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente 2020 en línea. A pesar de la participación de miles de estudiantes. De acuerdo con las cifras más actualizadas del Inegi, México alberga a 1 millón 850 mil 099 de adolescentes, sólo tuvo una participación de 119 mil 115 adolescentes, demostrando la preocupante falta de participación en las campañas de toma de conciencia.

Es necesario reforzar los lazos de comunicación entre la Enapea y las Secretarías de Salud y, y de educación de cada entidad para crear un plan y una campaña para educar a las niñas y adolescentes mexicanas sobre lo que es tener relaciones sexuales, cuando son consensuadas y cuando no y cómo cuidarse utilizando métodos anticonceptivos de manera correcta y responsable.

Es necesaria la creación de políticas públicas efectivas que aborden el problema de raíz. Es decir, que no hace falta que haya algún intermediario entre los adolescentes y estos servicios. No podemos olvidar que, si México anunció a nivel nacional e internacional su compromiso con la reducción del número de embarazos infantiles y adolescentes, y se sigue posicionando como el país con mayor número de embarazos adolescentes entre los miembros de la OCDE, aún queda un largo camino por recorrer.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes a fortalecer las campañas y acciones sobre la prevención del embarazo de niñas y adolescentes en coordinación con las Secretarías de Salud, y de Educación.

Palacio Legislativo San Lázaro, a 10 de marzo de 2022.

Diputada Cristina Amezcua González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob a cumplir los pagos pendientes del fondo 10230 de apoyo social para ex trabajadores migratorios mexicanos 1942-1964, a cargo de la diputada María Elena Limón García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Limón García, diputada del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción I y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Segunda Guerra Mundial generó una crisis en los mercados laborales de Estados Unidos, por lo que entre 1942 y 1964 se llevaron a cabo una serie de acuerdo diplomáticos para regular el trabajo temporal de los mexicanos en aquel país. El traslado masivo de hombres al frente y la rotación de empleos plantearon la urgencia de importar trabajadores que pudieran que pudieran sacar adelante las cosechas y dieran mantenimiento a las vías de ferrocarriles.

De acuerdo con las estimaciones del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP), la cantidad total de los trabajadores braceros mexicanos que laboraron en el vecino país en el periodo 1942-1964 fue de 4 millones 646 mil 199, sin embargo, para los efectos de construir un referente para el Programa de Apoyo Social el CEFP apreció la cantidad de 3 millones 233 mil 755 trabajadores1 sobre la base de considerar sólo una vez a aquellos braceros que se enrolaron en dos o más ocasiones.

El 25 de mayo de 2005 se expide la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos y da origen al Fideicomiso 2106 (posteriormente 10230); de acuerdo con el artículo 5 de dicha Ley autoriza otorgar el apoyo social por un monto de 38 mil pesos.

Para conformar la evidencia documental y con ello sustentar el otorgamiento de recursos destinados a ex trabajadores migratorios mexicanos por medio del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964 se creó el Libro Blanco del Fideicomiso Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964, en él se presenta de manera cronológica las acciones conceptuales, legales, presupuestarias, administrativas, operativas y de seguimiento al fideicomiso.

Para la planeación y verificación del cumplimiento de dicho fideicomiso se conformó un comité técnico para establecer las reglas de operación del fideicomiso, elaborar y publicar las bases y procedimientos que autorice otorgar el apoyo social de 38 mil pesos, Vigilar que los recursos que se aporten al Fideicomiso se destinen al cumplimiento de sus fines.

Del 2005 al 2012 el comité elaboró diversas reuniones y actas con el fin de mejorar constantemente el funcionamiento del Fideicomiso.

Actas del Comité Técnico (2005-2012)


Sesiones Ordinarias 29

Sesiones Extraordinarias 28

Acuerdos de Comité 514

Fuente: Actas de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso 2106

La Secretaría de Gobernación en su carácter de dependencia coordinadora tenía las obligaciones de Integrar el expediente de los ex trabajadores migratorios mexicanos que hayan cumplido con los requisitos y el comité aprobaba la lista. Además, fue la encargada de recibir, verificar y cotejar la documentación correspondiente, así como de verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad.

En los años 2005 al 2012, se asignaron partidas presupuestarias para tal efecto, pues así se señaló en los Presupuestos de Egresos de la Federación para los Ejercicios Fiscales 2005 a 2012, de los que se obtiene lo siguiente2 :

Asimismo, en el 2013 y 2014 no hubo asignación presupuestaria para el apoyo social. Desde el proyecto de presupuesto ésta no se incluyó, aun cuando desde el Congreso de la Unión se discutió en asambleas incluir partidas por ese concepto, en ambos casos, esos planteamientos fueron desechados.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2015 se incluyó el artículo octavo transitorio3 en el sentido de que la Secretaría de Gobernación debía implementar los mecanismos que se requieran para concluir con la revisión de los expedientes de las personas que hubieren presentado solicitud para recibir el apoyo social; determinar si tuvieran derecho a recibir el apoyo respectivo, así como realizar el pago correspondiente, incluyendo a los beneficiarios que no se hubieran presentado a cobrarlo, a más tardar el 31 de diciembre de 2015.

Derivado de ello, en 2015 se publica la lista número 474 de la RELACIÓN de Apoyos Programados del Fideicomiso 10230, Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos con fecha 5 de noviembre de 2015 y con ello otorgar el apoyo social. Del 2016 al 2018 tampoco se asignó la partida presupuestaria al apoyo social ex bracero, aunque existieron discusiones dentro de Congreso de la Unión, las propuestas fueron desechadas.

El 25 de octubre de 2018 se publica la lista número 485 de la RELACIÓN de Apoyos Programados del Fideicomiso 10230, Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos para dar continuidad a los pagos del apoyo social, de las 48 listas conformadas entre 2005 y 2018 los datos oficiales incluyen a 222 mil 871 ex trabajadores que tienen derecho a un pago correspondiente de $38,000.00 y de los cuales solo han cobrado 214 mil personas6 . Estas cifras no son ni el 10% de los 4 millones de ex braceros que tiene derecho a dicha compensación y que hoy sus familiares solicitan.

El 31 de octubre de 2018, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió tres amparos relacionados con las peticiones presentadas por los ex trabajadores migrantes conocidos como “Braceros”.

“Distintos grupos de ex trabajadores migrantes presentaron juicio de amparo en contra de la respuesta que la Secretaría de Gobernación dio a su petición, para que les sean devueltas ciertas cantidades que afirman les fueron descontadas de sus salarios durante el tiempo que laboraron en los Estados Unidos de América bajo el “Programa Bracero”.

Dicha Secretaría afirmó que no podía atender la petición porque carecía de facultades para ello, y que sólo podía resolver cuestiones relacionadas con el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos aprobado por el Congreso de la Unión.

La Segunda Sala resolvió otorgar el amparo a los quejosos, en virtud de que la respuesta no fue congruente con lo solicitado, toda vez que la Secretaría de Gobernación dejó de considerar que el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos fue creado precisamente para atender las demandas de ese grupo social.

Por lo anterior, la Secretaría de Gobernación deberá estudiar nuevamente la petición de los quejosos y emitir una nueva respuesta que sea congruente con lo solicitado.” (Suprema Corte de Justicia de la Nación).

Comunicado de Prensa No. 138/2018

El 2 de abril del 2020 se publica el decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos. En el presente decreto en el artículo 57 , menciona la exclusión de aquellos fideicomisos públicos, mandatos o análogos constituidos por mandato de ley o decreto legislativo y cuya extinción o terminación requiera de reformas constitucionales o legales, así como los instrumentos jurídicos que sirvan como mecanismos de deuda pública, o que tengan como fin atender emergencias en materia de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones.

El 20 de mayo de 2020 se presenta en la comisión permanente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos argumentando que a causa de la pandemia es necesario contar con mayores recursos por parte de gobierno federal para enfrentar la crisis, esto da pie a que el 19 y 22 de junio se realice el Parlamento Abierto Fondo Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Aunque hasta junio de 2020, el fideicomiso 10230 Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos contaba con 142 millones 952 mil 785 pesos8 y pese a que no ha tenido asignación presupuestal desde 2013 se determinó la eliminación de los 109 fideicomisos y la abrogación de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos comenzando en este momento con la incertidumbre de los braceros, pues aunque en el artículo décimo segundo transitorio señala que la Secretaría de Gobernación con cargo a su presupuesto asumirá las obligaciones pendientes de cumplimiento relacionadas con el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, hasta su total cumplimiento y hoy continúan sin recibir sus pagos pendientes.

Cabe señalar que dentro de su exposición de motivos para la eliminación de los fideicomisos se menciona eliminar los gastos innecesarios, eliminar la opacidad en la administración y con ello generar ahorros para que el país asigne eficazmente, pero la extinción radical y masiva de los fideicomisos nunca ha sido la respuesta ya que el combate a la corrupción se consigue fortaleciendo mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, lo peor de todo es que durante este proceso de eliminación se ha mantenido la constante que tanto se señalo y llevó a la desaparición de los fideicomisos: la opacidad.

Esta decisión se dejó a la deriva a millones de personas que dependían de un recurso para subsistir como es el caso de los ex trabajadores migrantes mexicanos que no saben a quién recurrir y qué sucederá con sus pagos pendientes ante una demanda añeja y que el país se los debe.

Por esta razón, en la bancada naranja estamos comprometidos por nuevo trato de iguales, donde las políticas económicas establezcan modelos que rompan con las injusticias sociales y las desigualdades, de esta manera en Movimiento Ciudadano creemos que es posible construir un nuevo pacto por la igualdad donde se respeten y garanticen los derechos humanos de todas las personas.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación a cumplir con los pagos pendientes del Fondo 10230 de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964.

Notas:

1 Fuente: Centro de Estudios de Finanzas Públicas “Impacto presupuestario ‘Programa Bracero 1942-1964” México, Palacio Legislativo de San Lázaro, marzo 2008, p.12.

2 Fuente: Amparo en revisión 1152/2016

3 Octavo. La Secretaría de Gobernación deberá implementar los mecanismos que se requieran para concluir con la revisión de los expedientes de las personas que, en términos de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, hayan presentado solicitud para recibir el apoyo previsto en la misma; determinar conforme a los términos y condiciones establecidos en dicha ley aquellos que tienen derecho a recibir el apoyo respectivo, así como realizar el pago correspondiente, incluyendo a los beneficiarios que no se han presentado a cobrarlo, a más tardar el 31 de diciembre de 2015.

4 Disponible en: https://www.dof.gob.mx/extrabmigmex/Lista_47.html

5 Disponible en: https://www.dof.gob.mx/extrabmigmex/Lista_48.html

6 Disponible en:
https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/tema-migratorio-141020/

7 ARTÍCULO 5.- Quedan excluidos del presente Decreto aquellos fideicomisos públicos, mandatos o análogos constituidos por mandato de Ley o Decreto legislativo y cuya extinción o terminación requiera de reformas constitucionales o legales, así como los instrumentos jurídicos que sirvan como mecanismos de deuda pública, o que tengan como fin atender emergencias en materia de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones. Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591085&fecha=02/04/2020

8 Disponible en:
https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/tema-migratorio-141020/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2022.

Diputada María Elena Limón García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat, la Conagua y diversas autoridades a desarrollar y difundir programas para enfrentar las sequias, a cargo de la diputada Jesús Alberto Velázquez Flores, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Jesús Alberto Velázquez Flores, diputado a la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1 y 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las sequías son fenómenos ambientales producto de la escasez pluvial que actualmente se incrementan como consecuencia del fenómeno climático natural conocido como La Niña. De acuerdo con proyecciones realizadas por el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),1 podríamos padecer sequías en varias regiones del país entre los meses de enero y mayo de éste año 2022.2

Aunado a ello, una serie de fenómenos socioculturales, de orden ideológico y operativo han intensificado y producido la escasez de agua que actualmente se vive, sobre todo en las grandes ciudades, me refiero a la poca concientización del buen uso del agua.

Actualmente, al menos 56.31 por ciento del territorio nacional presenta algún nivel de sequía, lo que afecta a mil 196 municipios, de acuerdo con el monitor de sequías de México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en el que se observa en la última actualización, que 14 entidades tienen más de 58 por ciento con daños.

En las últimas semanas, autoridades de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, se han manifestado y han alertado sobre los bajos niveles de agua en las presas, que provocan graves afectaciones para la población y la agroindustria, entre otros sectores. Ante la grave situación de sequía por la que atraviesa la presa La Boca, en Nuevo León, un grupo de gente se dio cita en el mes de febrero, para orar arrodillados por el fin de la sequía. Más de la mitad de los municipios están siendo afectados por la peor sequía de la última década.

Pero esta situación no es exclusiva del norte del país. Tan pronto inició el año 2022 y la sequía ya era evidente con pastizales secos, presas y ollas de agua con niveles bajos en la zona norte y sur de Veracruz, afectando a ganaderos y agricultores principalmente.

Al día de hoy, son los municipios, los eslabones más débiles en la cadena, los que se ven mayormente afectados, por tal motivo resulta imprescindible hacer un llamado a las autoridades y sociedad, a fin de que en conjunto trabajen en este vital tema.

En esta tesitura, y dada la naturaleza e importancia del presente asunto, realizamos la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional del Agua y a los organismos de cuenca de las trece regiones hidrológico-administrativas, para que, en la medida de sus facultades, desarrolle y difunda planes y programas, así como campañas de concientización para hacer buen uso del agua, con el fin de enfrentar las altas temperaturas y sequías que se enfrentarán en el país durante los próximos meses de este año 2022.

Notas

1 Datos del Monitor de Sequías de México. Secretaría de Medio Ambiente. CONAGIA.

2 https://www.gaceta.unam.mx/advierten-posibles-condiciones-de-sequia-par a-inicios-de-2022/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2022.

Diputado Jesús Alberto Velázquez Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sectur a coordinar esfuerzos para desarrollar programas en apoyo de las actividades turísticas en la presa Chicoasén, Chiapas, a cargo del diputado José Luis Elorza Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado José Luis Elorza Flores, del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo (Sectur) para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, coordinen esfuerzos para desarrollar programas de apoyo para las actividades turísticas que se desarrollan en la presa Chicoasén, en el estado de Chiapas, al tenor de los siguientes

Considerandos

La actividad turística se ha convertido en uno de los pilares del comercio internacional, y representa al mismo tiempo una de las principales fuentes de ingresos de numerosos países, especialmente para México. Este crecimiento va de la mano del aumento de la diversificación y de la competencia entre los destinos.

Debido a la importancia de la actividad para nuestro país, la Sectur tiene como misión:

“Conducir el diseño e implementación de las políticas públicas orientadas a fortalecer el desarrollo de la actividad turística, promover la innovación en el sector, mejorar la calidad de los servicios turísticos y la competitividad del turismo nacional, impulsando estrategias transversales que articulen las acciones gubernamentales, del sector privado y social, contribuyendo al crecimiento sustentable e incluyente del turismo”.1

En concordancia con la visión que han desarrollado los prestadores de servicios turísticos en la presa Chicoasén en el estado de Chiapas, la Sectur enuncia que:

“México se posicionará como una potencia turística a nivel global, con una oferta diversificada de servicios y destinos competitivos. La actividad turística detonará la inversión y el crecimiento económico, impulsando el desarrollo regional equilibrado y los beneficios sociales del país”.

Para cumplir estos objetivos, desde hace varias décadas, han existido diferentes cooperativas que tienen por objetivo conjuntar los esfuerzos privados con la población cercana a la presa Chicoasén, con la intención de impulsar los paseos turísticos en la presa, que cruza diversos miradores naturales y que llega hasta el Cañón del Sumidero, el gran atractivo del estado de Chiapas.

De acuerdo con la información turística del estado, en Chiapas se concentra 30 por ciento del agua superficial del país, además de que cuenta con los dos ríos más caudalosos de México: el Usumacinta y el Grijalva. De esta riqueza natural han surgido importantes proyectos que tienen como objetivo potencializar y cuidar la riqueza natural del estado, por tanto, el estado registra más de diez cuencas hídricas, la más importante es la del río Grijalva, que genera 54 por ciento de la energía hidroeléctrica del país.

Entre los lugares naturales se encuentra la presa Chicoasén, que se reconoce como una de las obras más impresionantes de ingeniería civil, construida entre finales de la década de los setenta y la década de los ochenta. Esta presa se conecta con el Cañón del Sumidero, lo que permite que los recorridos presentados al turismo sean una mezcla entre la historia y la riqueza natural del estado.

Los recorridos turísticos que se ofrecen en esta presa contemplan una parada a los miradores del Cañón del Sumidero, que cuentan con vistas naturales increíbles y la vista a los acantilados desde lo más alto de los miradores del Cañón.

Estas ofertas turísticas permiten sostener la economía local. Pese a los difíciles meses en los que la pandemia mantuvo algunas actividades cerradas, el estado de Chiapas registraba una afluencia aproximada de 349 mil 485 visitantes , que si bien es un número menor a los datos previos a la pandemia (2020-2022), sigue siendo un número significativo.2 De la misma forma, los datos registran que hubo una derrama económica de 728 millones de pesos.3

En el último reporte presentado por la Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas, de enero a junio de 2021 se obtuvieron mejores resultados que se esperan rectificar con el reporte del segundo semestre. Chiapas, durante el periodo de enero a junio recibió a 2 millones 694 mil 227 visitantes . La derrama económica acumulada en este periodo es de 6 mil 389 millones de pesos . El promedio (enero-junio) de la ocupación hotelera fue de 27 por ciento.

Con estos datos es posible entender la importancia de la actividad turística para el estado de Chiapas, especialmente para la sociedad de poblados cercanos a las reservas naturales mencionadas, ya que se trabaja en distintas actividades desde recreativas hasta de consumo, lo que convierte al turismo en una fuente de ingreso para las familias de la localidad.

El presente exhorto surge ante la inquietud que se ha manifestado en los últimos meses debido a las restricciones para ejercer sus actividades debido a las condiciones climáticas.

De acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo:

“Artículo 38. La navegación que realizan las embarcaciones se clasifica en:

I. Interior. Dentro de los límites de los puertos o en aguas interiores mexicanas, como lagos, lagunas, presas, ríos y demás cuerpos del mar territorial, de agua tierra adentro, incluidas las aguas ubicadas dentro de la línea base del mar territorial;

II. De cabotaje. Por mar entre puertos o puntos situados en zonas marinas mexicanas y litorales mexicanos; y

III. De altura. Por mar entre puertos o puntos localizados en territorio mexicano o en las zonas marinas mexicanas y puertos o puntos situados en el extranjero, así como entre puertos o puntos extranjeros”.

Debido a que la navegación interna incluye a lagunas, así como la línea base del mar territorial, cuando existe una amenaza de huracán se suspende la navegación y esto afecta a las embarcaciones de la presa Chicoasén, que no llegan a mar abierto. Por tanto, se considera necesario crear programas que apoyen a la actividad turística para que no se detenga en los casos de condiciones climáticas que afectan a navegación en mar abierto.

En razón de lo expuesto y fundamentado, me permito someter a consideración de esta honorable Cámara, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, coordinen esfuerzos para desarrollar programas de apoyo para las actividades turísticas que se desarrollan en la presa Chicoasén, en el estado de Chiapas.

Notas

1 Página oficial de la Secretaría de Turismo, disponible en https: //www.gob.mx/sectur/que-hacemos, consultado en marzo 2022.

2 En el mes de enero del año 2020 (antes de la Pandemia) se registraron 2020 561 mil 278 Visitantes.

3 En el mes de enero del año 2020 (antes de la Pandemia: $1 mil 504 millones de pesos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2022.

Diputado José Luis Elorza Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las Secretarías de Educación de BC y federal a reconsiderar el regreso presencial porque las escuelas no están en condiciones para ello, a cargo de la diputada Lizbeth Mata Lozano, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Lizbeth Mata Lozano, diputada a la LXV Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, 78 y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación del estado de Baja California y a la Secretaría de Educación Pública, para que reconsideren el regreso presencial ya que las escuelas no están en condiciones para ello; y para que informen a la opinión pública sobre el recurso de mantenimiento de escuelas y del programa de Escuelas de Tiempo Completo, con base en las siguientes

Consideraciones

En Baja California, el pasado lunes 28 de febrero, se dio por fin el regreso a clases presenciales, con más de 3 mil 200 escuelas en Baja California, dicho regreso ha sido muy improvisado y desorganizado, ya que las escuelas en la actualidad no están en condiciones óptimas por el abandono que sufrieron por más de dos años.

Algunas de estas escuelas están vandalizadas, otras desgastadas, otras sucias, etcétera. Es realmente preocupante que se tomen este tipo de decisiones detrás de un escritorio, sin por lo menos revisar físicamente las condiciones de las aulas.

En el estado de Baja California existe el Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas (PIMEE), que consiste en proporcionar recurso para que las escuelas adheridas a este programa obtengan suministros para la operación del plantel, garantizar la gratuidad, impulsar la autogestión escolar y el mantenimiento adecuado.

Sin embargo, al inicio de esta pandemia en marzo de 2020, es bien sabido que se suspendieron las clases presenciales por seguridad de todas y todos, pero las escuelas quedaron en el abandono, y a su vez los recursos dejaron de otorgarse. Las reglas de operación del PIMEE fueron emitidas en 2020, y hasta la fecha no se han considerado nuevamente, sin dejar en claro donde quedó ese recurso que se destinaría en ese año a las escuelas y si fue considerado nuevamente durante estos últimos dos años.

Bajo este tenor, es menester que se reconsidere el regreso a clases en Baja California, hasta en tanto no estén en condiciones las escuelas, y que sea la Secretaría de Educación de la entidad quien supervise y garantice el mantenimiento adecuado de las escuelas antes del regreso presencial, para así garantizar una educación digna a todos y todas las niñas, niños y adolescentes de la entidad.

Tomando en cuenta que ya existe un programa para el mantenimiento de planteles escolares en Baja California, se puede entender que el recurso económico para el mantenimiento debería existir, y en caso de que no sea así, es indispensable que informen tanto a la ciudadanía como a esta Cámara de Diputados, en dónde quedó ese dinero que se destinaba a estos efectos.

Por otro lado, en el ámbito nacional también existe incertidumbre para el regreso presencial, pues seguramente los planteles educativos en el país se encuentran en las mismas condiciones que los planteles de Baja California.

Recientemente también la Secretaría de Educación Pública anunció que ya estaban listos para el regreso presencial a partir de marzo, aunque no todas las entidades federativas y tampoco todas las escuelas anuncian su regreso a las aulas, si es un anuncio oficial de parte de la Secretaría de Estado.

El problema con esta situación es que actualmente se ha eliminado el programa de Escuelas de Tiempo Completo, que se otorgaba por más de 12 mil millones de pesos, transformándolo en La Escuela es Nuestra, y cambiando sus reglas de operación y aunque están aprobados más de 13 mil millones de pesos para este nuevo programa, no hay claridad en su aplicación, ya que por casi dos años las escuelas estuvieron detenidas.

En los Presupuestos de Egresos de la Federación de 2020 y 2021 se aprobaron recursos para el programa de Escuelas de Tiempo Completo, sin embargo, no hay claridad en qué fue utilizado dicho recurso, ya que al no estar trabajando físicamente los planteles educativos del país, es difícil que dichos recursos fueran utilizados en su totalidad, es entonces que surge la importancia de que informe la federación en qué ha sido gastado ese dinero, por ello es que se presenta esta proposición con punto de acuerdo.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta a la Secretaría de Educación del Estado de Baja California, para que reconsidere el regreso a clases presenciales, y a que se lleven a cabo acciones que permitan utilizar el Programa Integral de Mantenimiento de Escuela (PIMEE) en las mejoras de las escuelas.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta a la Secretaría de Educación Pública Federal, para que reconsidere el regreso a clases presenciales, y además que se retome el Programa de Tiempo Completo para las escuelas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2022.

Diputada Lizbeth Mata Lozano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a contribuir a preservar la unidad del acervo artístico de la asociación civil Fomento Cultural Citibanamex, a cargo de la diputada Adriana Campos Huirache, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Adriana Campos Huirache, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Fomento Cultural Citibanamex es una asociación civil que se ha distinguido sobremanera en la difusión de nuestro patrimonio artístico y cultural, cuyo acervo constituye motivo de orgullo y testimonio tangible de nuestra riqueza histórica y del genio indiscutible de los creadores mexicanos.

Compuesto por lienzos, esculturas, porcelanas, murales y mobiliarios, la colección a cargo de esta respetable institución consta de más de cuatro mil piezas, entre las que sobresalen las creadas por algunos de los artistas más destacados de México, como Frida Kahlo, Gilberto Aceves Navarro, Gerardo Murillo Dr. Atl , Julio Castellanos, Joaquín Clausell, Manuel Felguérez, Germán Gedovius, Jorge González Camarena, Roberto Montenegro, José Clemente Orozco, Julio Ruelas, David Alfaro Siqueiros, José María Velasco, Cristóbal de Villalpando, Ángel Zárraga, Miguel Cabrera, Félix Parra, María Izquierdo, Miguel Covarrubias, Jesús Guerrero Galván, Remedios Varo y Leonora Carrington (Consultado en <https://www.lajornadamaya.mx/nacional/187999/conoce-las-mas-de-4-mi l-obras-arte-que-vendera-banamex>, el 22 de febrero de 2022, a las 15:05 horas). Mención especial merece la colección de arte popular, misma que consta de alrededor de 2,000 obras la cual deriva del programa de apoyo que la fundación viene impulsando desde hace quince años.

Como parte de sus actividades, la asociación civil resguarda diversos inmuebles catalogados como patrimonio histórico, los cuales han recibido un mantenimiento digno que los ha convertido en recintos culturales de primero orden, siendo ejemplo de lo anterior la casa de Iturbide, la casa de Montejo, la casa del Mayorazgo de la Canal y el Palacio de los Condes de Súchil, situados en Ciudad de México, Mérida, San Miguel de Allende y Durango, respectivamente.

La fundación también organiza en los inmuebles antes citados exposiciones temporales que buscan acercar sus catálogos al gran público, cumpliendo así con su cometido de difundir el arte entre la población, en vez de guardar en una bóveda las obras que tiene bajo su resguardo. Incluso, tales exposiciones han tenido lugar en recintos como el Metro de Ciudad de México.

La fundación también se ha destacado en el ámbito editorial, gracias a la publicación de textos sobre arte, arte popular, antropología, historia, fotografía, diseño, arquitectura, biografías y cocina, libros que se distinguen por el cuidado en la impresión y un diseño que invita a compenetrarse con la vastedad de nuestras manifestaciones artísticas y los hechos que marcaron el pasado de México.

La investigación artística también ocupa un lugar trascendente dentro de las actividades de la fundación y el resultado de ello ha sido el otorgamiento de diversos premios por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes e instituciones públicas y privadas de España, Estados Unidos de América y Reino Unido.

De todo lo expuesto deseamos concluir que Fomento Cultural Banamex ha sido una institución ejemplar a lo largo de medio siglo, sea en manos públicas o privadas. Sin embargo, tras el anuncio realizado en el sentido de que Citibanamex, el grupo financiero que apoya a la asociación en comento, será desincorporado de su matriz con residencia en los Estados Unidos, se ha generado una justificada inquietud entre la comunidad cultural, toda vez que el acervo de la asociación también formaría parte del patrimonio puesto a la venta, lo que podría generar efectos indeseables, como la fragmentación del catálogo o el término de las actividades de fomento hasta ahora desarrolladas por este ente privado.

El asunto no es menor, debido a que muchos de los bienes se encuentran catalogados como históricos o artísticos, lo que les otorga un valor especial, ello sin dejar de lado las obras realizadas por artesanos mexicanos y, por ello, urgimos respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, para que, a las autoridades culturales competentes, se tomen cartas en el asunto a fin de preservar la unidad del acervo, permitir que éste siga a la disposición del público y evitar que las labores editoriales y de investigación sean canceladas. Tal pretensión no debe tomarse como una visión estatista y violatoria de los derechos de los coleccionistas privados, como una invitación a la expropiación o a la arbitrariedad. Mucho menos como un llamado a trasgredir lo dispuesto en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Por el contrario, lo que se busca es que la federación actúe como facilitador a fin de dar continuidad a los encomiables esfuerzos realizados por la asociación en beneficio de nuestra cultura y creadores, ello con independencia del final que tenga el proceso de venta del grupo financiero Citibanamex.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio elevo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a coadyuvar para que se preserve la unidad del acervo artístico de la asociación civil Fomento Cultural Citibanamex.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2022.

Diputada Adriana Campos Huirache (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Comisión Especial para la Prevención de la Violencia en la Celebración de Espectáculos Deportivos a sesionar con la mayor brevedad y establecer los lineamientos generales encaminados a prevenir la violencia ahí y garantizar la eficaz operación de los acuerdos y convenios de colaboración de los tres niveles de gobierno, a cargo de la diputada Edna Gisel Díaz Acevedo, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada Edna Gisel Díaz Acevedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1 y 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Especial para la Prevención de la Violencia en la Celebración de Espectáculos Deportivos, a que sesione a la brevedad y establezca los lineamientos generales para prevenir la violencia en espectáculos deportivos, así como la eficaz operación de los acuerdos y convenios de colaboración de los tres niveles de gobierno, encaminados a la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Los espectáculos deportivos son parte importante para la activación económica del país, ya que se trata de una industria que para 2019 contaba con poco más de 23 millones de asistentes anuales, destacando la Liga Mexicana de Beisbol, la Liga ARCO Mexicana del Pacífico y la Liga MX de futbol. La Liga MX se ha logrado posicionar entre las 20 ligas más valiosas del mundo y en 2019 tuvo el lugar como la sexta liga con más asistencia a los estadios por parte de la afición.

La industria de espectáculos deportivos es integradora, en ella trabajan medios de comunicación, patrocinios, manejo de deportistas, derechos de transmisión, mercadotecnia, fabricación y comercialización de ropa deportiva, proveeduría de productos de consumo en los eventos, licencias y comercialización y gestión de eventos deportivos.

Para este 2022 se tienen contemplados como eventos deportivos el abierto GNP de tenis, partido de NFL en México, la Liga MX con sus dos torneos anuales, torneo de la Liga Mexicana de Beisbol, torne de la Liga ARCO del Pacífico, Fórmula 1, MLB series, Nascar, y otros eventos más de gran calado. Esto sin duda permite ver que México se ha convertido en una referencia mundial para el deporte. Por ejemplo, la NFL tiene sólo 5 partidos por temporada fuera de territorio estadounidense, y uno de ellos es en México, temporada tras temporada.

La Fórmula 1 tiene 22 circuitos alrededor del mundo y uno de los más importantes es el Gran Premio de México, considerado durante tres años seguidos el mejor evento de F1 de todo el mundo. Es decir, nuestro potencial para la industria del entretenimiento deportivo es muy grande, siendo considerados para ser sede incluso del Mundial de Futbol en 2026.

Sin embargo, con la creciente crisis de seguridad, el estancamiento económico, la degradación social que vivimos y la constante polarización que se da desde Palacio Nacional, estamos viviendo momentos turbios para el deporte. Muestra de ello es lo ocurrido el sábado 5 de marzo en el estadio La Corregidora, de Querétaro, donde hubo al menos 30 lesionados, según cifras del mismo gobierno, y muchos de ellos con lesiones de gravedad.

Esto debido a la falta de protocolos de seguridad en el espectáculo deportivo, sin las medidas necesarias de control de ingreso y con graves problemas de reacción al no tener un protocolo para atención de violencia en las gradas; este lamentable evento llevó a que se suspendiera el partido y centenas de personas invadieran el campo para protegerse del enfrentamiento entre grupos de animación que se estaba llevando a cabo en las gradas y que se extendió hacia el campo y las afueras del estadio.

Este hecho no es aislado en el deporte mexicano:

• 25 de mayo de 2008, la afición del León se enfrentó a golpes en el estadio llevando de las tribunas del Camp Nou hasta las calles de la ciudad, teniendo como resultado varias personas lesionadas.

• El 20 de agosto de 2011 en el partido de Santos Laguna frente a Monarcas Morelia, ocurrió un enfrentamiento violento en las afueras del estadio Corona. En el estacionamiento del inmueble se escucharon detonaciones de bala, lo que provocó pánico en los aficionados, jugadores, cuerpo técnico y medios de comunicación.

• 23 de febrero de 2013 en el estadio Corregidora, el Querétaro recibió al Atlas en el contexto de las aspiraciones del no descenso, el saldo fue de 11 heridos después de las riñas que se presentaron a las afueras del estadio, entre seguidores de los dos equipos.

• El 24 de febrero de 2013 la violencia se originó a las afueras del Omnilife, en Guadalajara, aficionados de León fueron agredidos por pseudo aficionados de las Chivas; además, de que el camión del equipo visitante fue apedreado al dirigirse al estadio.

• En 2018, en vísperas de un clásico entre Rayados y Tigres, la violencia se hizo presente, la pelea en las calles de la ciudad de Monterrey trajo como consecuencia varios lesionados de gravedad.

• El año pasado, ante el parcial levantamiento de las restricciones por la pandemia y la reactivación de la asistencia a los estadios durante la jornada 16 del torneo clausura 2021, en el Clásico tapatío en el estadio Jalisco; o el Clásico regio en la reapertura del estadio Universitario y el choque entre Puebla y Pumas, en el estadio Cuauhtémoc. Y tras el partido entre Tuzos y Santos, aficionados se enfrentaron a golpes en el estacionamiento del estadio Hidalgo.

El deporte de espectáculo debe de operar con un código de ética tan estricto como el deporte de competición, siendo los deportistas los que inspiren valores como la disciplina, la tolerancia, el respeto, la responsabilidad y el compañerismo. Los grupos de animación no son como tal un problema, el problema radica en la falta de controles y sanciones por acciones delictivas; se deben activar protocolos que brinden al espectador seguridad, para poder disfrutar del deporte con la familia, con los amigos, sin importar los colores o la afición, sólo por vivir el deporte.

México cuenta con instituciones, comisiones y consejos que permiten atender de manera expedita los problemas de violencia en los espectáculos deportivos y estos deben activarse a la brevedad para poder garantizar que el deporte no se vea afectado por la falta de atención a la violencia de las tribunas.

Es por lo anterior que presento el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta para que la Comisión Especial para la Prevención de la Violencia en la Celebración de Espectáculos Deportivos sesione a la brevedad y establezca los lineamientos generales para prevenir la violencia en espectáculos deportivos, así como la eficaz operación de los acuerdos y convenios de colaboración de los tres niveles de gobierno, encaminados a la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2022.

Diputada Edna Gisel Díaz Acevedo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a implantar en las 32 entidades federativas campañas de detección del VPH mediante pruebas PCR como prevención de cáncer cervicouterino, a cargo de la diputada María Magdalena Olivia Esquivel Nava, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada María Magdalena Olivia Esquivel Nava, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Considerandos

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el párrafo cuarto del artículo 4, señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

2. Que la fracción VIII del artículo 2 de la Ley General de Salud, contempla la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, como parte del derecho a la protección de la salud.

3. Que la fracción VIII del artículo 132 de la Ley General de Salud señala que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de enfermedades transmisibles, entre las que destaca el virus del papiloma humano.

4. Que la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994, para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico uterino, es de observancia obligatoria para todo el personal de salud de los sectores público, social y privado que realiza acciones de prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia del cáncer cérvico uterino; poniendo en especial atención a las áreas rurales e indígenas y a las zonas urbano-marginadas, a través de estrategias de extensión de la cobertura.

5. Que el virus del papiloma humano (VPH), según la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994, se contempla como microorganismos pertenecientes a la familia de los Papillomaviridae, que infectan la piel y las mucosas pudiendo producir tumores epiteliales benignos o malignos, varían en su tropismo tisular, su asociación con distintas lesiones y su potencial oncogénico. La infección por VPH es la enfermedad de transmisión sexual más común, tanto en hombres como en mujeres y la persistencia de ésta es el principal agente causal del cáncer cérvico uterino; el cual es una enfermedad prevenible y curable, si se detecta de forma temprana y se maneja de forma efectiva.

6. Que el VPH generalmente se transmite mediante el contacto directo de la piel con piel y con más frecuencia durante el contacto genital con penetración (relaciones sexuales vaginales o anales). Existen cerca de 200 cepas del VPH, siendo aproximadamente 20 altamente cancerígenas, la mayoría no tienen síntomas o signos visibles hasta los dos años. Ciertos subtipos provocan verrugas genitales y, en caso de no tratarse a tiempo, estas pueden derivar además del cáncer de cuello uterino en cáncer de pene, vulva, vagina, ano u orofaringe.1

7. Que en el campo de la medicina existen varias pruebas para detectar el VPH; sin embargo, la única que goza de mayor certeza es del método de reacción en cadena de la polimerasa o mejor conocida como PCR, la cual genera un diagnóstico molecular de probada calidad. Ya que este método puede detectar el ADN (ácido desoxirribonucléico) del virus dentro de las células de nuestro cuerpo, mediante un proceso de laboratorio de biología molecular muy complejo similar al que se utiliza para las pruebas de paternidad.2

8. Que en la prueba del papanicolau o citología se miran las células al microscopio y se da un informe de acuerdo a las características de forma tamaño y otras particularidades de las células de la muestra; ambas son pruebas de tipo subjetiva ya que depende del observador y su capacitación. El VPH no se puede ver directamente al microscopio por lo que la prueba del papanicolau no es concluyente para su diagnóstico, lo que se puede ver en esa prueba son ciertas características de las células que podrían corresponder a una sospecha de infección por el virus, aunque de ninguna manera se podría confirmar la infección y menos aún saber el tipo de VPH y su riesgo.

9. Que la prueba del papanicolau es una prueba muy útil para el diagnóstico de lesiones malignas o pre malignas y es recomendable que se practique periódicamente.

10. Que la prueba del PCR es una prueba que sirve para diagnosticar la infección del VPH con una sensibilidad y especificidad cercana a cien por ciento, es una prueba objetiva y mide directamente la presencia del virus en la muestra, por lo que la prueba del PCR es la única confirmatoria de infección con el VPH, y si el resultado saliera positivo indica el número de virus involucrado y su riesgo oncológico.3

11. Que, en agosto de 2020, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó la estrategia mundial para acelerar la eliminación del cáncer cervicouterino como un problema de salud pública. A pesar de ello, es actualmente, el cuarto cáncer más común entre las mujeres a nivel mundial, en 2018, esta enfermedad causó la muerte de más de 300 mil mujeres en el mundo.4

12. Que, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el país con la mortalidad más alta por cáncer de cuello uterino dentro de los países que la integran.

13. Que en México en 2017 la mortalidad por cáncer de cuello uterino en el grupo específico de mujeres de 25 años y más años de edad fue de 4 mil 31 defunciones, con una tasa de 11.2 por cada 100 mil mujeres de 25 años de edad y más, con un promedio de edad a la defunción de 58.8 años. Las entidades con mayor mortalidad ajustada por cáncer de cuello uterino son: Chiapas (19.7) Quintana Roo (17.7), Morelos (16.0), Yucatán (15.6), Veracruz (14.4) y Oaxaca (13.5). De acuerdo a la clasificación por etapas clínicas de detección del cáncer de cuello uterino en el año 2017 registrados en el sistema de información de cáncer de la mujer, 10.8 por ciento corresponden a carcinoma in situ , 20.3 por ciento a etapas tempranas, 38 por ciento a etapas intermedia y el resto de los tumores correspondió a etapas tardías.5

14. Que es fundamental que como mecanismo de prevención del cáncer cervicouterino en lo particular y otro tipo en lo general, la Secretaría de Salud del Gobierno de México implemente campañas de detección del VPH a través de pruebas PCR en las 32 entidades federativas, lo cual generaría que a las mujeres mexicanas que estén infectadas con dicho virus se les pueda diagnosticar a tiempo y poderlo tipificar, para determinar si se trata de un serotipo oncogénico (maligno) o no y si así fuera el caso, proporcionar el tratamiento idóneo y la supervisión médica necesaria para evitar que llegue a convertirse en cáncer cérvico uterino. Ya que, según los estudios realizados,6 en la mayoría de los casos, las mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer cérvico uterino, reportan que no haberse realizado alguna prueba de VPH como medio de prevención o detección. O bien, lo identificaron a través de la prueba del papanicolau o citología, cuando se encontraba en grado avanzado o con lesiones.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud del Gobierno de México, a que implemente en las 32 entidades federativas, campañas de detección del virus del papiloma humano (VPH) a través de pruebas PCR como prevención de cáncer de cuello uterino.

Notas

1 Cfr. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/269494/informacion_VPH.p df

2 Cfr. Clínica de Papiloma Humano. https://www.papiloma.net/

3 Ídem

4 Cfr. Estrategia Mundial Para Acelerar La Eliminación Del Cáncer Del Cuello Uterino Como Problema Mundial De Salud Pública Y Sus Objetivos Y Metas Conexos Para El Periodo 2020-2030

https://www.paho.org/es/documentos/estrategia-mundial-pa ra-acelerar-eliminacion-cancer-cuello-uterino-como-problema-mundial

5 Cáncer de Cuello Uterino,

https://www.gob.mx/salud/cnegsr/es/acciones-y-programas/ cancer-de-cuello-uterino-132755

6 Cfr. http://www.incan-mexico.org/revistainvestiga/elementos/documentosPortad a/1327324533.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2022.

Diputada María Magdalena Olivia Esquivel Nava (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a investigar las presuntas irregularidades encontradas durante la fiscalización superior de la Cuenta Pública de 2020 en el ISSSTE e Insabi en los procesos de adquisición de medicamentos y equipo médico, a cargo de la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Fiscalía General de la República para que, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 212 y 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, investigue las presuntas irregularidades encontradas durante la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2020 en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), en los procesos de adquisición de medicamentos y equipo médico, bajo las siguientes

Consideraciones

La falta de alguna medicina o suministro médico en el sector salud del país sigue siendo un problema que ha repercutido gravemente en las condiciones de vida de la población. A pesar de que el Presidente de la República y las autoridades sanitarias han declarado una y otra vez que el problema de desabasto de medicamentos, material de curación y equipo médico está por resolverse, las protestas de los pacientes, de sus familiares, y de los médicos tratantes no cesan en su demanda de atención, de insumos médicos, de tratamientos y del equipo hospitalario.

En ese sentido, desafortunadamente, las familias que dependen del sector salud público para su atención son las más afectadas; sin embargo, debido a que el problema de desabasto es generalizado, también el sector de salud privado y las farmacias y establecimientos que ofrecen equipo y material para la atención de la salud, han resentido las consecuencias de un mal manejo de la crisis en los procesos de adquisición, distribución y entrega de las medicinas y material de curación para la atención de la población.

La gravedad del problema ha sido tal, que diferentes organizaciones de la sociedad civil han prestado apoyo a los enfermos y a las familias que han resultado más afectados; al mismo tiempo, los especialistas y expertos han llevado a cabo estudios que analizan y detallan el origen del problema y sus consecuencias en la población más necesitada.

De acuerdo con un estudio realizado por la Organización Impunidad Cero,1 “El primer cambio que condujo al desabasto fue la centralización de las compras consolidadas de medicamentos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), derivado de una reforma en 2018. Este cambio provocó retrasos y compras insuficientes de medicamentos, debido a la falta de experiencia de los nuevos funcionarios públicos encargados de realizarlas”.2

“Anteriormente, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se encargaba anualmente de realizar estas compras consolidadas, no sólo para cubrir sus necesidades, sino también las de otras instituciones de salud federales y estatales. Este modelo se había realizado desde 2013 como un programa que logró ahorros por más de 21 mil millones de pesos entre 2013 y 2018”.3

“Aunado a la centralización de las compras de medicamentos, en mayo de 2019 el Gobierno de México vetó a las tres principales distribuidoras de insumos médicos del país, alegando prácticas oligopólicas, sin comprender que estas distribuidoras compraban medicamentos a otras farmacéuticas para vender al gobierno federal tanto las medicinas como el servicio de distribución”.4

“Luego de dos años de mayor desabasto gradual, el Gobierno de México anunció en 2020 que, para solucionar el problema ocasionado por el cambio de modelo de compras de medicamentos, la Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de Proyectos (UNOPS) se encargaría de la compra consolidada de medicamentos para el periodo 2021 a 2024”.5

Esta manera de proceder y de tomar decisiones sin la menor evidencia, únicamente utilizando los argumentos de terminar con la corrupción y de lograr ahorros en la compra de insumos médicos, ha resultado en el desabasto de medicamentos en todo el país, lo que ha propiciado el fallecimiento de pacientes, entre ellos menores de edad.

Por otro lado, se argumentaron supuestos casos de corrupción en el proceso de compra de medicamentos; sin embargo, hasta la fecha no sólo no hay ningún servidor público sancionado por un acto de corrupción en la compra de medicamentos, sino que, además, ya existen evidencias de que está costando mucho más adquirir y distribuir los medicamentos en el país.

El estudio citado es un ejemplo de las organizaciones de la sociedad civil y de los expertos que buscan contribuir, con información y datos reales, a mostrar el origen del desabasto de medicamentos en México y sus graves consecuencias en la salud y las condiciones de vida de la población con menores recursos, con el objetivo de que las autoridades competentes conozcan lo delicado de la situación y cuenten con elementos para diseñar e instrumentar las acciones de política pública necesarias, para resolver el problema y subsanar los daños provocados a los mexicanos.

¿Cuáles han sido las principales consecuencias en la población y en el sector salud del país? Los pacientes han tenido que recurrir a gastos no previstos para mantener su salud, y eso en el caso de que encuentren los medicamentos en las farmacias. Por otro lado, el desabasto de medicamentos ha fomentado el mercado ilegal porque en la desesperación, se presenta como otra alternativa de gran peligro que atenta contra la salud pública de todos los mexicanos; parece una salida fácil ante el desabasto de medicamentos, pero la realidad dice que no lo es.

La situación se agravó durante la pandemia por Covid-19, ya que la utilización de los recursos durante la crisis sanitaria para la adquisición de medicamentos, equipo médico y material de curación resultó de una opacidad considerable, debido a que hasta la fecha la información sobre los procedimientos de contratación de las adquisiciones no se conoce en su totalidad.

En ese sentido, los daños a la salud y a las condiciones de vida de la población, los malos manejos y la falta de transparencia en el ejercicio del Erario público ya muestran graves consecuencias. Ejemplo de ello son los resultados de las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En general, al fiscalizar la Cuenta Pública de 2020, la ASF detectó un posible daño al erario por un total de 61,046.7 millones de pesos –cabe señalar que el daño al Erario es sólo por los pliegos de observaciones que fueron 30,796.5 millones de pesos y no por las solicitudes de aclaración que fueron por 30,250.2 millones de pesos–, de los cuales 48,114.9 millones de pesos fueron detectados durante la tercera entrega de informes –de éstos, 23,446.30 millones de pesos son pliegos de observaciones y 24,668.60 millones de pesos son solicitudes de aclaración–, presentados el pasado 20 de febrero.

Particularmente, en lo que se refiere a una de las auditorías practicadas al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), según el dictamen de la auditoría de cumplimiento “Recursos Destinados a la Atención de la Pandemia por el Virus SARS-CoV2 (Covid-19)” 243-DS, no se reportaron de forma oportuna las cifras de los recursos ejercidos en la subcuenta “Recursos del Insabi conforme al artículo Décimo Transitorio del Decreto del 29 de noviembre de 2019 (40 mil mdp)”, ya que se identificó que un proveedor efectuó un reintegro el 19 de junio de 2020 por concepto del reembolso del pago realizado por 300 ventiladores; sin embargo, el coordinador de Financiamiento no solicitó al fiduciario del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) la reclasificación de dichos recursos hasta el 23 de marzo de 2021 (277 días naturales posteriores).

El dictamen continúa destacando lo relacionado a las adquisiciones del Insabi, respecto de las adquisiciones efectuadas a dos proveedores extranjeros, ya que no se proporcionó evidencia de la selección del proveedor por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ni se acreditó que se efectuara la invitación a diversos proveedores para participar en ambos procedimientos de adjudicación; así como la investigación de mercado en la que se determinó que sólo existía un posible proveedor extranjero y que éste expresó su interés en contratar conforme a la legislación de su país; tampoco se sustentó que los procedimientos de contratación no se podían realizar dentro del territorio nacional, por lo que se contrataron en el extranjero.

En relación a mil ventiladores que se adquirieron con uno de los proveedores extranjeros, 650 de éstos con un costo de 920.4 millones de pesos, no fueron entregados, los cuales debían haberse suministrado antes del 30 de abril de 2020, respecto de lo cual el Insabi contrató a un despacho legal para iniciar acciones legales tendientes a hacer efectiva la responsabilidad contractual del proveedor. De acuerdo a una nota periodística publicada el pasado 26 de febrero en el diario Reforma , 185 ventiladores no fueron retirados de la Aduana de Colima por el Insabi y no se informó a la ASF que recibió otros 515, de acuerdo con la empresa Encore Health , encargada de la distribución de los equipos en México.6

Por otro lado, respecto de la adquisición de 37,576,000 insumos de protección personal al otro proveedor extranjero, no se acreditó la entrega al Insabi de 1,050,000 mascarillas KN95 con un costo de 40.5 millones de pesos; adicionalmente, 17,940,000 de insumos fueron entregados de forma extemporánea entre 11 y 526 días después del plazo establecido en el contrato. En el dictamen se hace la acotación de que, en ambos contratos, no se estableció la aplicación de penas convencionales por causas imputables a los proveedores.

Además, el Insabi realizó pagos a cuatro proveedores durante el periodo del 2 al 27 de abril de 2020 por concepto de la adquisición de 2 mil 250 ventiladores por 1,600.3 millones de pesos; sin embargo, no se proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria que sustentó los procedimientos de adjudicación, los instrumentos jurídicos formalizados y la recepción por parte del Instituto, así como la distribución de dichos ventiladores a las unidades médicas; y, a pesar de todas estas irregularidades, la ASF sólo emitió una simple solicitud de aclaración.

El mencionado dictamen contiene el Resumen de Observaciones y Acciones en los siguientes términos: se determinaron 32 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este informe. Los 20 restantes generaron: 8 recomendaciones, 3 solicitudes de aclaración y 19 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

Por otro lado, en la Auditoría de Cumplimiento 240-DS, realizada al “Acuerdo de Coordinación para Garantizar la Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos Asociados para las Personas sin Seguridad Social”, el resumen de observaciones y acciones del dictamen correspondiente indica que se determinaron 26 resultados, de los cuales, en cinco no se detectaron irregularidades y tres fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este informe. Los 18 restantes generaron: cuatro solicitudes de aclaración, 15 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 2 pliegos de observaciones.

Los detalles que se mencionan en el dictamen son preocupantes, debido a que quedan evidenciadas una serie de irregularidades que, lo único que reflejan, es una total opacidad en el ejercicio y destino de los recursos de los mexicanos. Se especifica que: “En la asignación, transferencia y ejercicio de los recursos autorizados para las entidades federativas, el Insabi incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de asignación y transferencia de recursos, de destino de los recursos, y en materia de adquisición y distribución de medicamentos, material de curación y otros insumos asociados; así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; de la Ley General de Salud; del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020; de los Acuerdos de Coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social, en los términos previstos en el título Tercero Bis de la Ley General de Salud, celebrados por el Instituto de Salud para el Bienestar y las entidades federativas”.

Todo esto generó recursos pendientes de aclarar por 5 mil 325 millones de pesos, y un probable daño a la Hacienda Pública federal por un importe de 8.7 millones de pesos, monto que representa 7.3 por ciento de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.

Aunado a lo anterior, el dictamen es claro al exponer que: “Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y las entidades federativas, ya que no le notificaron a las entidades federativas los criterios generales en materia de supervisión, y no difundieron en su página de internet el monto de los recursos asignados para la prestación de los servicios a su cargo; los montos ejercidos y las partidas de gasto a las cuales se destinaron los recursos del programa; el nombre de los proveedores y contratistas a quienes les realizaron pagos con los recursos del programa; los montos comprobados; los importes pendientes por comprobar, y que de igual forma, no publicaron las acciones a las que los mismos estaban destinados ni los resultados obtenidos con su aplicación”.

En lo que respecta a la auditoría practicada al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en la Adquisición de Equipo Médico y Material Hospitalario para la Atención de la Emergencia Sanitaria por Covid-19, Auditoría de Cumplimiento 274-DS, se dictamina lo siguiente:

Se determinaron 913.7 millones de pesos pendientes por aclarar; además, 6 resultados, de los cuales se generaron: 3 recomendaciones, 1 promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 1 solicitud de aclaración, 9 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 4 pliegos de observaciones.

Asimismo, en la adquisición de ventiladores mediante el contrato número DEM/DA/AD/0057/2020 suscrito con el proveedor Multicorporación Brexot, SA de CV, se realizaron pagos indebidos por contribuciones de comercio exterior por 35.8 millones de pesos, que correspondieron a impuestos de comercio exterior, del cual el ISSSTE no cuenta con evidencia de su reembolso por parte del proveedor al ISSSTE.

También, el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, devolvió al almacén central quince ventiladores por 40.0 millones de pesos, debido a que presentaron fallas. A diciembre de 2021, el administrador del contrato no ha solicitado al proveedor la sustitución de los quince ventiladores. El ISSSTE no comprobó la ubicación física ni el resguardo al 31 de diciembre de 2021 de los 300 ventiladores equivalentes a 800.4 millones de pesos, adquiridos mediante el contrato núm. DEM/DA/AD/0057/2020 y su convenio modificatorio núm. DEM/DA/CM/0057.1/2020.

Por si esto fuera poco, el ISSSTE y el Insabi no elaboraron las actas de entrega recepción de 100 equipos médicos, ni de los materiales hospitalarios que este último donó para atender la emergencia sanitaria por Covid-19.

En este contexto, se observan diversas irregularidades toda vez que los órganos auditados no proporcionaron a la ASF la documentación necesaria para verificar recuperaciones de recursos, además de que carecen de información disponible sobre los contratos de adquisición, lo que dificulta el conocimiento sobre la manera en que se ejercen los recursos de todos los contribuyentes, y no se tiene certeza sobre el destino de los mismos.

Particularmente en lo que se refiere a las auditorías y evaluaciones realizadas a las compras públicas, la ASF encontró que, respecto a la revisión del sistema CompraNet, es necesario que la información que concentra se encuentre actualizada y completa, además de que se implementen mecanismos para realizar el seguimiento del ciclo de contrataciones. Así también, detectó deficiencias en el registro de los 154,297 contratos suscritos en 2020, debido a que 32,661 contratos presentaron al menos una de sus 24 características sin información.

Es por todo lo anterior, que se presenta proposición con punto de acuerdo con el objetivo de exhortar al titular de la Fiscalía General de la República, a efecto de que, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 212 y 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, investigue las presuntas irregularidades encontradas durante la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 en el ISSSTE e Insabi, en los procesos de adquisición de medicamentos y equipo médico.

Asimismo, se exhorta al titular del Insabi para que realice las acciones conducentes, a efecto de que sea publicada en la página de internet de dicho Instituto, toda la documentación justificativa y comprobatoria que sustentó los procedimientos de adjudicación, los instrumentos jurídicos formalizados y la recepción por parte del Instituto de los 2 mil 250 ventiladores adquiridos durante 2020, y la distribución de dichos ventiladores a las unidades médicas, así como 1,050,000 mascarillas KN95.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía General de la República para que, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 212 y 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, investigue las presuntas irregularidades encontradas durante la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2020 en el ISSSTE e Insabi, en los procesos de adquisición de medicamentos y equipo médico.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Insabi para que realice las acciones conducentes, a efecto de que sea publicada en la página de internet de dicho Instituto, toda la documentación justificativa y comprobatoria que sustentó los procedimientos de adjudicación, los instrumentos jurídicos formalizados y la recepción por parte del Instituto de los 2 mil 250 ventiladores adquiridos durante 2020, y la distribución de dichos ventiladores a las unidades médicas, así como 1,050,000 mascarillas KN95.

Notas

1 https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=146&t=operacion-desab asto

2 Impunidad Cero (2021). Operación desabasto. Así se detonó la escasez de medicamentos., p. 2.

3 Ídem.

4 Ídem.

5 Ibídem, p.3.

6 https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=
https://www.reforma.com/abandona-insabi-ventiladores-en-aduana/ar2357254?referer=—
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2022.

Diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los 32 gobiernos locales a establecer protocolos de seguridad adecuados en los estadios de futbol y fincar las sanciones conducentes a quienes resulten responsables de las agresiones cometidas en el estadio de Querétaro Futbol Club, a cargo de la diputada Laura Lorena Haro Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Laura Lorena Haro Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, por los que se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos de las 32 entidades federativas a establecer protocolos de seguridad adecuados en los estadios de futbol y fincar las sanciones conducentes para quienes resulten responsables por las agresiones cometidas en el estadio de Querétaro Futbol Club, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El sábado 5 de marzo de 2022, a las 17:00 horas, se llevó a cabo un partido correspondiente a la jornada 9 de la Liga Mx entre los equipos Querétaro Futbol Club y Atlas Futbol Club en el estadio Corregidora, perteneciente al primer equipo en comento.1

En el segundo tiempo del encuentro, aproximadamente en el minuto 61 comenzaron a suscitarse rencillas entre integrantes de las denominadas “barras”, pues la porra del Querétaro Futbol Club se notaba intranquila, intentando salir de la cabecera en la que se situaban para recorrer el estadio y llegar hasta donde se encontraba la “barra” del Atlas.

El jugador Julio Furch del Atlas Futbol Club advirtió la presencia de una persona que invadió la cancha y, posteriormente, muchas personas se aglomeraron detrás de una de las porterías de la cancha para resguardarse de las agresiones y la violencia que incrementó más y más.

Producto de estos actos lamentables y deleznables, varias personas resultaron lesionadas de gravedad, incluso se ha especulado de la posibilidad de personas que perdieron la vida. Recientemente se reportó que una de las personas agredidas perdió un ojo producto de las lesiones.2

El presidente de la Liga Mx, Mikel Arriola, condenó los actos de violencia dados en el partido y mencionó que como medida las barras visitantes ya no podrán entrar a los estadios para los encuentros deportivos. Asimismo, se comprometió a dar seguimiento para sancionar a las personas responsables y establecer las sanciones correspondientes en la liga de futbol.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, condenó lo sucedido y llamó al Club Querétaro para que colabore en todo momento para dar con las personas responsables de las agresiones y fincar las sanciones conducentes.

Mientras que la Fiscalía de Querétaro informó que se inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia en espectáculos deportivos, por hechos sucedidos en el estadio Corregidora.

Mucho se ha comentado al respecto y aún persisten muchas hipótesis sobre diversas irregularidades en cómo se ha manejado el proceso. Lo único cierto que debe prevalecer es la justicia para las familias que sufrieron agresiones, así como la paz y la concordia.

Ningún tipo de dogma o fanatismo deben perjudicar la sana convivencia entre los individuos, la violencia suscitada el sábado 5 de marzo en el Estadio Corregidora en Querétaro no es un caso aislado. Es producto de un sistema que se ha encargado de perpetuar la violencia, lo cual no justifica la responsabilidad de quienes actuaron fuera de la ley en el partido en comento.

Nosotros como servidores públicos no hemos contribuido a cambiar debidamente el esquema de violencia que se perpetua entre la sociedad, fomentando la polarización entre la ciudadanía. Los comentaristas de las cadenas televisivas fomentan la violencia entre las y los aficionados al usar discursos de odio para calentar los partidos. Los futbolistas incurren en conductas violentas y violaciones al reglamento de futbol, así como en actos deshonestos que motiva rencillas entre aficionados en la tribuna.

Como es notorio, todas y todos somos corresponsables, porque este tipo de actos no son casos aislados. De no actuar debidamente en tiempo y forma, la violencia se multiplicará y encrudecerá.

Lo sucedido en el estadio Corregidora no debe quedar impune, se debe llegar al fondo de la situación, así como a las últimas consecuencias para quienes violaron las leyes. Las autoridades deben cumplir con su parte y no permitir que pase como un caso más de violencia de tantos que se registran.

Por lo expuesto solicito:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Poderes Ejecutivo y Judicial de Querétaro a investigar debidamente lo sucedido, encontrar a las personas responsables y establecer las sanciones conducentes para todos los involucrados en los actos de violencia del sábado 5 de marzo en el estadio Corregidora, así sean las personas responsables de las agresiones, como quienes hayan incentivado y consentido tales actos, sean autoridades locales o responsables del cotejo deportivo.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas a establecer con la Federación Mexicana de Futbol Asociación, AC, protocolos de seguridad en el ingreso, el transcurso y la salida de los encuentros deportivos en los estadios de futbol pertenecientes a los equipos afiliados a la Liga Mx en todas sus divisiones y modalidades, así como en los alrededores.

Notas

1 https://www.espn.com.mx/futbol/mexico/nota/_/id/10026500/
queretaro-vs-atlas-pelea-aficionados-invasion-cancha-cronologia-liga-mx-clausura-2022-liga-mx

2 https://www.tvazteca.com/aztecadeportes/aficionado-pierde-ojo-pelea-que retaro-atlas-ombb

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2022.

Diputada Laura Lorena Haro Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a autoridades de justicia y prevención, reinserción y readaptación social a realizar acciones inmediatas para verificar que las sentencias definitivas de las personas recluidas en los centros penitenciarios se dicten en los plazos y conforme a los términos correspondientes, a cargo de la diputada Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Juanita Guerra Mena, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como los demás relativos y aplicables, somete a consideración de esta honorable Cámara proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Poder Judicial de la Federación, al poder judicial de los estados que integran la República Mexicana y sus respectivas instituciones del Sistema de Prevención, Reinserción y Readaptación Social, a que en cumplimiento al debido proceso penal, se realicen las acciones inmediatas para verificar que las sentencias definitivas a las personas recluidas en los distintos centros penitenciarios se dicten dentro de los plazos y términos que correspondan, con el fin de no incurrir en denegación de justicia y con esto se estén violentando los derechos humanos de las personas, con base en las siguientes:

Consideraciones

Cita la Constitución Política de los Estados Mexicanos en su artículo 17 párrafo segundo, lo siguiente: “...Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial...” demandado de los poderes judiciales tanto federales como locales, prontitud de respuesta y celeridad en cada uno de los procesos.

Así también, en el artículo 20 de la misma ley, se precisa que el sistema penal será acusatorio y oral, por lo que, en dicho modelo, requiere se observen los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y aquellos previstos en la Constitución, tratados y demás leyes, esto con el objeto de contribuir el acceso a una justicia en la aplicación del derecho, y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión de un delito.

Ahora bien, para la aplicación de este modelo, se obliga también a que las autoridades relacionadas con la justicia penal, observen como parte del debido proceso a que las etapas procesales se cumplan de manera adecuada y ajustada a los plazos y términos correspondientes señalados para cada una de estas, resaltando que la simple falta de actividad procesal, impulso de las partes, omisiones o acciones retardatarias para concluir las etapas de investigación ordinaria o complementaria, así como la falta de una adecuada defensa que obligue a dictar sentencia a su defendido una vez que se considere que se han agotado las etapas y diligencias necesarias, se traduce en una denegación de justicia , ya que todo ciudadano aspira a obtener justicia de manera pronta, completa e imparcial.

Al mismo tiempo, de lo señalado en el párrafo que antecede no debe dejar de observarse que el artículo 113, fracción X, del Código de Procedimientos Penales, puntualiza como un derecho del imputado “...a ser juzgado en audiencia por un tribunal de enjuiciamiento, antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo...”, quedando de manera expresa y clara uno de los plazos en que el imputado debe obtener la aplicación de justicia, por lo que, si este derecho no se observa por la propia autoridad, podría incurrirse en una omisión y denegación de justicia para el mismo imputado.

Es así como tenemos que existen personas recluidas en los distintos centros penitenciarios de todo el país, que carecen de una adecuada defensa que vigile que el imputado no permanezca más tiempo privado de su libertad sin que le sea impuesta una sentencia condenatoria una vez que se agote con la inmediatez necesaria, la etapa procesal correspondiente, y además de estar atentando contra el debido proceso, se vulneran derechos humanos y aún más, los centros penitenciarios aumentan la población contra su propia capacidad de reclusión, cayendo muchas veces en sobrepoblación y hacinamiento.

Todo lo anterior resulta en esta iniciativa de solicitar respetuosamente a todas las autoridades en materia de justicia penal, a que se aboquen a revisar la situación personal de cada una de las personas recluidas en las cárceles del país, con el fin de acabar con el rezago en cada una de las causas penales que se encuentren sin sentencia condenatoria, y en los casos que así proceda, se ordene la inmediata libertad de aquellos que derivan del mismo proceso, y que no ameriten continuar en prisión preventiva, logrando reducir la población y la reinserción social de los libertados por causa propia del proceso penal.

Por lo anteriormente expuesto, la que suscribe, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Poder Judicial de la Federación, al poder judicial de los estados que integran la República Mexicana y sus respectivas instituciones del sistema de prevención, reinserción y readaptación social, a que en cumplimiento al debido proceso penal, se realicen las acciones inmediatas para verificar que las sentencias definitivas a las personas recluidas en los distintos centros penitenciarios, se dicten dentro de los plazos y términos que correspondan , con el fin de no incurrir en denegación de justicia y con esto se estén violentando los derechos humanos de las personas.

Aunado a lo anterior, al cumplimiento del debido proceso en todas sus etapas, contribuirá a evitar la sobrepoblación y hacinamiento en los distintos centros penitenciarios, por falta de una aplicación de justicia pronta, completa e imparcial.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a las distintas autoridades aquí señaladas, a que haga público dentro del plazo de 60 días naturales, las acciones tomadas para su cumplimiento, incluyendo las documentales y estadísticas que permitan conocer el grado de avance en la aplicación de los principios de justicia pronta, completa e imparcial.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2022.

Diputada Juanita Guerra Mena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las autoridades educativas federales, estatales y municipales a instaurar programas en todos los niveles escolares para fomentar la cultura de una vida libre de violencia contra mujeres, a cargo de la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades educativas de la federación, estados, Ciudad de México y municipios a que, a través de sus competencias, instrumenten de manera efectiva, programas en todos los niveles de escolaridad con el fin de fomentar la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres, conforme a los siguientes

Antecedentes

I. El origen de la violencia de género surge la mayoría de las veces en los hogares y si bien, en nuestro país se ha creado normatividad y legislación para sancionar al agresor, se considera que ello no basta, siendo responsabilidad de las instituciones que imparten educación, fomentar la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres y su respeto a su dignidad.

II. La violencia es una situación del día a día que viven las mujeres en su entorno familiar y social, causando impotencia constatar cómo todos los días aumenta la cifra de mujeres desaparecidas, de mujeres evidenciando a hombres violentos, teniéndose como sociedad un largo camino por recorrer para lograr la disminución y en el mejor de los casos, la desaparición de la violencia de género bajo una visión ideal.

III. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el espíritu por velar y proteger los derechos humanos ha estado un paso adelante tanto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de nuestro país como del mismo Estado mexicano y, por lo tanto, al momento en que la CoIDH condena por primera vez al Estado mexicano bajo una perspectiva de género, este último se sorprende y desconoce lo que todo ello implica. Además, dado que muchos de los asesinatos de mujeres suscitados en Ciudad Juárez fueron manifestaciones de violencia basada en género, se considera que ello derivó para que la CoIDH condenara al Estado mexicano bajo la ya citada perspectiva de género. El caso González y otras (Campo Algodonero vs. México) debe ser un pilar elemental en los cursos que el sistema educativo nacional debe impartir al alumnado, sobre violencia de género.

IV. En los primeros tres años de la actual administración, entre enero de 2019 y noviembre de 2021, el feminicidio aumentó 4.11 por ciento. El mes de agosto fue en el que se cometieron más asesinatos durante este año con 271 víctimas de homicidio doloso y 111 feminicidios, las cifras más altas de ambos delitos desde que se tiene registro. México vive los años más violentos de su historia y llega a los primeros tres años de mandato de López Obrador con una cifra récord de 105 mil 804 asesinatos.

V. La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, rindió con fecha enero 19 de 2022, su segundo informe de labores, mencionando que las estadísticas de violencia familiar incrementaron. Atendiendo a esto, tal funcionaria convocó a la creación de redes de reacción inmediata para la atención de la violencia familiar, incluyendo a las víctimas, menores de edad y adultos mayores. La titular de la Fiscalía hizo hincapié en la revisión del tipo penal, debido a que la mayoría de las denuncias no se judicializan, debido a los complicados requerimientos legales para acreditar el delito y presentarlo ante un juez.

VI. En congruencia con lo anterior, estudios efectuados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reflejan que la violencia familiar en la capital del país creció en 59.85 por ciento en 2021 comparado con las cifras de 2018. Esto conduce a la necesidad de considerar seriamente lo señalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Banco Mundial y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, organismos que, desde la década de los noventa, conciben a la violencia contra las mujeres como un problema de salud pública.

VII. Es de reconocer que todo ser humano puede desaprender conductas violentas, para ello es necesario y urgente que las autoridades educativas implementen de manera efectiva, programas de capacitación en todos los niveles escolares, que fomenten la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres y el respeto a su dignidad, con el fin de generar conciencia, visibilizar, disminuir y frenar desde el ámbito educativo este lacerante problema social.

VIII. Aun cuando en nuestro país existen organismos que amparan, velan y protegen los derechos humanos, se considera que es urgente promover permanentemente acciones formativas en los estudiantes mexicanos tendientes a que identifiquen la violencia de género y, sobre todo, la manera en que esta se puede evitar y disminuir.

Considerandos

I. El artículo 6, fracción I, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de las y los diputados.

II. Conforme al artículo 3, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: “La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje”.

III. Conforme al artículo 3, párrafo sexto de la Constituciónn Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: “Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional”.

IV. Conforme al artículo 45, fracción II, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que a la letra dice:

V. Conforme al artículo 16 de la Ley General de Educación que a la letra dice: “La educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia, sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, así como personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social, debiendo implementar políticas públicas orientadas a garantizar la transversalidad de estos criterios en los tres órdenes de gobierno”.

VI. Conforme al artículo 23, párrafo cuarto de la Ley General de Educación que a la letra dice: “En la elaboración de los planes y programas de estudio a los que se refiere este artículo, se podrán fomentar acciones para que emitan su opinión las maestras y los maestros, así como las niñas, niños, Ley General de Educación Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, Secretaría General, Secretaría de Servicios Parlamentarios Nueva Ley DOF 30-09-2019 12 de 70 adolescentes y jóvenes. De igual forma, serán consideradas las propuestas que se formulen de acuerdo con el contexto de la prestación del servicio educativo y respondan a los enfoques humanista, social, crítico, comunitario e integral de la educación, entre otros, para la recuperación de los saberes locales”.

VII. La Ley General de Educación Conforme en su artículo 4 establece que: La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponden a las autoridades educativas de la Federación, de los Estados, de la Ciudad de México y de los municipios, en los términos que este ordenamiento establece en el Título Séptimo del Federalismo Educativo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades educativas de la federación, de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios, a que, a través de sus respectivas competencias, instrumenten de manera efectiva programas educativos, en todos los niveles de escolaridad, que fomenten la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres y el respeto a su dignidad, con el fin de generar conciencia, visibilizar, disminuir y frenar desde el ámbito educativo este lacerante problema social.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2022.

Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a realizar acciones dirigidas a establecer reglas de operación para 2022 sobre los componentes relacionados con el programa Escuelas de Tiempo Completo respecto a la extensión de las jornadas escolares y los servicios de alimentación, suscrita por los diputados Ana Lilia Herrera Anzaldo y Rubén Ignacio Moreira Valdez, del PRI, e integrantes de diversos grupos parlamentarios

Quienes suscriben, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Miguel Sámano Peralta, Laura Barrera Fortoul, Yolanda de la Torre Valdez, Norma Angélica Aceves García, Sue Ellen Bernal Bolnik, Shamir Fernández Hernández, Sayonara Vargas Rodríguez, Frinné Azuara Yarzábal, Cristina Amezcua González, María de Jesús Aguirre Maldonado, Mariano González Aguirre, Yeimi Yazmín Aguilar Cifuentes, Victoria Eugenia Méndez Márquez, Eduardo Zarzosa Sánchez, José Antonio Gutiérrez Jardón, Andrés Mauricio Cantú Ramírez, Melissa Estefanía Vargas Camacho, José Luis Garza Ochoa, Jaime Bueno Zertuche, Jazmín Jaimes Albarrán, Juan Francisco Espinoza Eguia, Sofia Carvajal Isunza, Brasil Alberto Acosta Peña, Yeimi Yazmín Aguilar Cifuentes, Roberto Carlos López García, María del Refugio Camarena Jáuregui y Pedro Armentía López, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, Paulina Aguado Romero y María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Partido Acción Nacional; Eunice Monzón García y Rocío Alexis Gamiño García, del Partido Verde Ecologista de México; y María del Rocío Banquells Núñez, de Movimiento Ciudadano, integrantes de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El programa Escuelas de Tiempo Completo comenzó su operación en el ciclo escolar 2007-2008, en ese entonces la secretaria de Educación y actual senadora Josefina Vázquez Mota prendió los motores de un programa que se convertiría en uno de los pilares estratégicos para el impulso de la educación básica otorgando a las madres trabajadoras opciones extracurriculares y servicios de alimentación mediante la ampliación del horario escolar de sus hijos y permitiéndoles cumplir con jornadas laborales completas.

Dicho programa trascendió ideologías partidistas y administraciones, durante la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa se inició con 6 mil 708 planteles y para el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se incrementaron a más de 25 mil 134 planteles de educación básica, beneficiando a 3.6 millones de alumnos.1

El programa Escuelas de Tiempo Completo se convirtió en una política integral y funcionaba porque sus beneficios eran transparentes y tangibles, pues en horario ampliado se brindaba alimentación gratuita a menores en situación de pobreza, se aseguraba su permanencia en la escuela, se facilitaba la inclusión laboral de madres y padres, además de garantizar ingresos adicionales a las y los maestros participantes.

Desgraciadamente el pasado 28 de febrero fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo número 05/02/22 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa la Escuela es Nuestra para el ejercicio fiscal 2022. 2 Con este acuerdo el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública dio la estocada final a Escuelas de Tiempo Completo, programa que desde que comenzó la administración actual ha estado en la mira del gobierno no para fortalecerlo sino para desaparecerlo.

La muerte de Escuelas de Tiempo Completo fue anunciada con hechos por el partido oficialista y al parecer el objetivo principal siempre fue desaparecerlo. Los rastros se encuentran en la aprobación del Presupuesto de Egresos. Este programa en 2018 fue recibido con un presupuesto de 12 mil 441 mdp; en 2019 el grupo mayoritario lo recortó a 10 mil 915 mdp; para 2020 solo le dejaron 5 mil 273 mdp y en 2021, de plano, quitaron la etiqueta presupuestal para únicamente mencionarlo en un artículo transitorio.

Para el PEF de 2022, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto para el programa “Escuela es Nuestra” partiendo del hecho que éste contendría los componentes de “Escuelas de Tiempo Completo”. Hoy nos damos cuenta que esto fue simplemente una simulación para convertir a este programa cuyo objetivo era ayudar a madres trabajadoras, niñas, niños y adolescentes y maestras y maestros, en un simple programa de infraestructura clientelar cuya responsabilidad pasa a las y los padres de familia.

La secretaria de Educación Pública indicó en la conferencia mañanera del Ejecutivo federal: “Efectivamente, el esquema estaba dentro de La Escuela es Nuestra. Haciendo una valoración sobre todo de tomar las necesidades que presentan las instituciones, a través de las visitas que se han hecho, realmente aún faltan muchas escuelas para poder mejorar las instalaciones básicas que es agua, que son aulas, sanitarios, que esto era algo que se pedía y se reclamaba y era un reclamo justo de tenerlo bien en el regreso a clases”.

Lo anterior desnuda la mala estrategia implementada cuyos criterios presupuestales hoy las autoridades deben escoger entre ofrecer escuelas con infraestructura adecuada o brindar apoyo a la educación básica, alimentación, a las mujeres y maestras y maestros. Considero que hoy no existe justificación para una regresión de este tamaño, cuando el Inegi registra cifras sin precedentes de abandono escolar: 5.2 millones de estudiantes que dejaron las aulas por Covid o falta de recursos y 3.6 millones adicionales que abandonaron la escuela para empezar a trabajar.

Adicionalmente, no deja de extrañar que durante la pandemia se suspendieron las clases presenciales en los planteles educativos de todo el país, lo que seguramente tuvo un impacto en los recursos destinados en los componentes de alimentación y expansión del horario escolar del programa la Escuela es Nuestra y entonces cuál fue el destino de estos recursos y porque las escuelas no cuentan con una estructura educativa, cuando se tuvo más de un año para plantear una estrategia de regreso seguro a clases.

No obstante, la SEP apuesta al programa La Escuela es Nuestra, el cual de conformidad con la Auditoria Superior de la Federación, en el informe de la Cuenta Pública de 2020 reportó que “tuvo irregularidades en el ejercicio del presupuesto de 2020, ya que la Secretaría de Educación Pública no ha podido acreditar que 573 millones 605 mil 778.38 pesos hayan sido usados para mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de las escuelas, como lo mandata el programa”.3

También la Auditoria reportó que la normativa la cual regula la operación del programa carece de mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitan ajustar su operación y tampoco se establecen los plazos máximos para que los planteles beneficiarios de los apoyos ejerzan y comprueben la aplicación de los recursos, ni se señalan posibles causales de incumplimiento en la aplicación de los apoyos.

Dentro de las irregularidades observadas destaca que la autoridad no proporcionó la documentación que acredite el reintegro a la Tesorería de la Federación de 9 millones 450 mil pesos correspondientes a los apoyos otorgados a 40 beneficiarios que no activaron las tarjetas bancarias en las que se les depositaron los apoyos del programa.4

A una semana de la desaparición del programa Escuelas de Tiempo Completo, el reclamo social plenamente justificado ha sido fuerte, ejemplo de ello han sido las organizaciones como Save the Children quienes manifiestan en un comunicado:

Eliminar las escuelas de tiempo completo y los servicios de alimentación escolar, agravia de manera directa a las niñas y niños que viven en condiciones de pobreza y sin acceso a una alimentación nutritiva en el país.

Exhortamos respetuosamente a la SEP, para que modifique las Reglas de Operación del Programa La Escuela es Nuestra (Pleen) y se vuelva a incluir entre sus objetivos la extensión de las jornadas escolares y los servicios de alimentación. Bajo ningún motivo debe desatenderse el interés superior de la niñez, por lo que retroceder en materia de derechos nunca debe ser una opción.

Suprimir la extensión de la jornada escolar desatiende la obligación que la Ley General de Educación les confiere a las autoridades educativas de establecer escuelas con horario completo en educación básica, reconocido hasta 2021 en los Lineamientos de Operación del Pleen.5

Otro ejemplo es la Red por los Derechos de la Infancia en México quien en un comunicado manifestó que la decisión de la SEP “viola los derechos humanos a la salud y a la educación de 3.6 millones niñas, niños y adolescentes en el país y restringe la estancia de los menores en lugares libres de diversos tipos de violencia”, además de resultar contrario a los artículos 1. y 4o. constitucionales, relacionados con las garantías de la progresividad de derechos y la obligación de las autoridades de tomar decisiones en términos de un mayor beneficio hacia las infancias”.6

Además de resaltar que la eliminación del programa afecta a los municipios con más alta marginación del país, pues 87.3 por ciento de las 27 mil 063 escuelas que estaban inscritas se localizaba en zonas rurales y 21 daba educación indígena, sin contar con que 65.8 de los menores que asistían a esas escuelas aceptó que la alimentación que recibía en esos espacios era la primera del día.7

De igual forma Mexicanos Primero manifestó que la desaparición de este programa es violatoria de los derechos humanos de niñas, niños particularmente al derecho de aprender y al principio de progresividad.8

La desaparición del Programa de Escuelas de Tiempo Completo desacata la resolución del juez octavo de Distrito en Materia Administrativa consecuencia del juicio de amparo promovido por “Aprender Primero” contra el presupuesto económico de 2021. Dicha resolución ordenó al Ejecutivo federal, al Legislativo y a la Secretaría de Educación Pública garantizar los recursos económicos para que las escuelas que estaban adscritas al programa de tiempo completo cumplan sus objetivos.9

Finalmente, la decisión de las autoridades federales ha generado reacciones a nivel local pues algunas entidades federativas han tenido que anunciar que el programa de Escuelas de Tiempo Completo será garantizado mediante recursos locales, con ellos una solución provisional a un problema generado desde el Ejecutivo cuya visión de los programas sociales es tan corta que únicamente piensan en objetivos clientelares y no en garantizar derechos, el interés de este gobierno sin duda está en la próxima elección y no en la próxima generación.

Lo que es un hecho es que en la discusión del próximo Presupuesto de Egresos de la Federación no debemos permitir que se continue con esta destrucción de programas sociales que benefician y garantizan la progresividad de los derechos de la ciudadanía, no podemos confiar más en que el bloque oficialista continue pretendiendo fusionar programas y establecer criterios en artículos transitorios que después no respetaran en las reglas de operación, por ello debemos de exigir con claridad el etiquetado correcto de estos programas y garantizar así el futuro de nuestra niñez. Si la mayoría insiste en no asignar recursos implicaría incluso violentar una resolución judicial y los principios de progresividad de las niñas, niños y adolescentes.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que realice, de manera urgente, las acciones necesarias para establecer Reglas de Operación para el 2022 a los componentes relacionados con el programa Escuelas de Tiempo Completo respecto a la extensión de las jornadas escolares y los servicios de alimentación con la finalidad de garantizar el interés superior de la niñez, continuar apoyando a las maestras y maestros y a las madres trabajadoras.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en la estructura programática del Proyecto de Presupuesto de la Federación del 2023 se etiquete el programa Escuelas de Tiempo Completo por separado del programa La Escuela es Nuestra, con la finalidad de transparentar el destino de dichos recursos mediante reglas de operación específicas para dicho programa y garantizar la progresividad de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que haga publica la información sobre el destino de los recursos del programa la Escuela es Nuestra en sus componentes de alimentación y horarios extendidos durante el ciclo escolar 2020-2021 toda vez que durante ese periodo por la contingencia sanitaria las escuelas permanecieron cerradas y se exhorta la Auditoria Superior de la Federación a realizar una auditoria pormenorizada de la ejecución de dichos recursos durante la pandemia.

Notas

1 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/escuelas-de-tiempo-completo-el-di a-que-josefina-vazquez-mota-puso-en-marcha-el-programa

2 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5643991&fecha=28/02/2022

3 https://www.milenio.com/politica/asf-reporta-irregularidades-en-la-escu ela-es-nuestra

4 Ibídem.

5 https://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/save-the-children-llama-a-no-eliminar-escuelas
-de-tiempo-completo/#:~:text=La%20organizaci%C3%B3n%20Save%20the%20Children,alimentaci%
C3%B3n%20nutritiva%20en%20el%20pa%C3%ADs

6 https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/3/3/la-redim-condena-que-la-se p-elimine-el-programa-escuelas-de-tiempo-completo-281915.html

7 https://faroinforma.com.mx/2022/03/03/redim-condena-eliminacion-de-escu elas-de-tiempo-completo/

8 https://twitter.com/Mexicanos1o/status/1498431777479798785/photo/1

9 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Juez-ordena-al-Gobierno-entregar-recursos-para-garantizar
-objetivos-del-extinto-programa-Escuelas-de-Tiempo-Completo-20210922-0110.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2022.

Diputados: Ana Lilia Herrera Anzaldo, Sue Ellen Bernal Bolnik, Shamir Fernández Hernández, José Antonio Gutiérrez Jardón, Sayonara Vargas Rodríguez, Frinné Azuara Yarzábal, Cristina Amezcua González, María de Jesús Aguirre Maldonado, Mariano González Aguirre, Yeimi Yazmín Aguilar Cifuentes, Victoria Eugenia Méndez Márquez, Eduardo Zarzosa Sánchez, Yolanda de la Torre Valdez, Norma Angélica Aceves García, María del Rocío Banquells Núñez, Eunice Monzón García, Rocío Alexis Gamiño García, Taygete Irisay Rodríguez González (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Presidencia de la Mesa Directiva de la colegisladora a emitir excitativa a las Comisiones de Justicia, y de Estudios Legislativos para dictaminar la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante, a cargo de la diputada Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Juanita Guerra Mena, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como los demás relativos y aplicables, somete a consideración de este honorable pleno proposición de punto de acuerdo mediante el cual la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República para que mediante la figura de excitativa conmine a las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos a que procedan a dictaminar la minuta que contiene el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante, misma que ya fue aprobada en esta Cámara de Diputados, con base en las siguientes

Consideraciones

En México, el nuevo modelo de justicia penal acusatoria requiere para su plena eficacia de mecanismos jurídicos y procesos cuyo objetivo principal sea la solución pronta y eficiente de conflictos, y la reparación del daño que permita a la víctima ser restituido en su derecho vulnerado y el agresor o acusado de la sanción inmediata al acto punitivo por el cometido, contemplando siempre las garantías de presunción de inocencia y respeto a los derechos humanos.

Sin embargo, para la aplicación de este modelo, se obliga también que las autoridades relacionadas con la seguridad ciudadana y protección a víctimas del delito, cuenten con sistemas o modelos únicos que eviten la comisión de errores, violación al debido proceso y aplicación de normas únicas o equiparables que aseguren la unicidad de penas, sanciones y tipos penales o conductas punibles o sancionables por autoridades competentes. Es el caso, de que la justicia cívica da inicio a la cadena de sanción a conductas antisociales o punibles que van de la simple amonestación, pasando por la imposición de multas, sanciones y éstas conforme avanza la gravedad de los actos, se transforman en figuras punitivas comúnmente llamadas delitos.

Es por esto, que el nuevo modelo nacional de policía y justicia cívica, aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública el 8 de julio de 2019 mediante acuerdo 03/XLIV/19 contempla como política pública el fortalecimiento de las capacidades de las policías municipales y estatales, así como la articulación efectiva entre dichos cuerpos con la Guardia Nacional y procuradurías o fiscalías; sin embargo, otorga especial interés y atención el señalamiento de que es indispensable prevenir los delitos, disminuir la incidencia delictiva e incrementar la confianza de la población en las instituciones de seguridad pública mediante la adecuada investigación pero, por encima de esto, otorga a la justicia cívica la oportunidad de prevenir y resolver problemas sociales, facilitar y mejorar la convivencia comunitaria y evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o a actos de violencia.

Lo anterior, bajo la advertencia de que el nuevo modelo nacional de policía y justicia cívica, contempla cuatro instrumentos para su eficacia, a saber: la Proximidad, Justicia Cívica, Investigación y Semáforo de Avance del Modelo .

Ante esto, existe de manera anticipada, la aprobación en esta Cámara de Diputados de la minuta que contiene el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante, la cual busca la unicidad de criterios, conducta y marca un modelo único de justicia cívica a fin de sostener que es mediante esta política que debe fortalecerse a fin de facilitar y mejorar la convivencia en la comunidad y que de existir transgresores, estos sean sancionados de manera pronta, inmediata y de manera pacífica en una etapa previa antes de que se conviertan en delitos.

Sin embargo, y no obstante de que esta Cámara turno el 17 de abril de 2018 la referida, la misma se le dio turno el día 19 del mismo mes y año en el pleno del Senado de la República para su dictamen en Comisiones Unidas y correspondiendo a la Comisión de Justicia y de Estudios Legislativos para su correspondiente análisis y dictamen, sin embargo, a la fecha, esta misma minuta no ha sido merecedora de atención y seguimiento por parte de las comisiones citadas, no obstante de que con fecha 22 de mayo de 2019, recibió el Senado por parte del Congreso del Estado de Guanajuato, el exhorto por medio del cual que solicita se procediera a dictaminar la minuta con proyecto de decreto de esta ley general.

En mérito de lo anterior, y por considerar de alto interés general para la consolidación del sistema policial y de justicia penal en México, que las herramientas de sanción, la organización y funcionamiento de justicia cívica forman parte de 1 de los 4 para obtener la pacificación del país, es que se emite el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República para que con base en el artículo 67, numeral 1, fracción g), realice la excitativa a las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos a que presenten el dictamen que corresponda, respecto a la minuta que les fue turnada que contiene el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante, misma que ya fue aprobada en esta Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2022.

Diputada Juanita Guerra Mena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a ofrecer visas por razones humanitarias a víctimas del conflicto Ucrania-Rusia y enviar ayuda humanitaria, suscrita por integrantes del PAN y de diversos grupos parlamentarios

Los suscritos, diputados Mariana Gómez del Campo Gurza, Riult Rivera Gutiérrez, José Luis Báez Guerrero, José Antonio García García, Xavier González Zirión, Gabriela Fernanda Sodi Miranda, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta Cámara, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno federal a ofrecer visas por razones humanitarias a las víctimas derivadas del conflicto entre Ucrania y Rusia, así como envío de ayuda humanitaria, conforme a los siguientes

Antecedentes

I. El 24 de febrero de 2022, Rusia inició una operación militar en contra de Ucrania, mediante la invasión ordenada por el presidente Vladimir Putin con tropas rusas vía terrestre y bombardeos, provocando decesos de forma inmediata.

II. Esta invasión militar iniciada por Rusia, ha violado los principios de derecho internacional y atentan cada minuto contra derechos humanos. Este hecho bélico ha sido condenado y reprochado por diversas organizaciones de carácter internacional como la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), así como diversas naciones en el mundo.

III. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha decretado ley marcial por lo que se establece un estado militar en todo el país, con prohibiciones de tránsito. Esta situación tiene consecuencias directas tanto en la economía, la política y la vida diaria de todos sus habitantes.

IV. Una de las principales consecuencias ante un conflicto armado, son los desplazamientos de personas que huyen ante la inminente violencia. Tan sólo en la Primera Guerra Mundial, aunque las cifras no son precisas, se calcula que en total 10 millones de personas fueron desplazadas buscando refugio.

V. De acuerdo con Amnistía Internacional, al término del año 2019 casi 80 millones de personas en todo el mundo habían sido desplazadas de manera forzada a causa de conflictos armados. Se calcula que cada tres segundos una persona sufre desplazamiento forzado, es decir, 20 personas por minuto.

VI. En diversas regiones del mundo este tipo de desplazamientos se siguen generando. En Sudán del Sur se han desplazado aproximadamente 2. 86 millones de personas, en Siria 6.1 millones y en Yemen 24.3 millones de personas.

VII. La situación que vive en estos momentos Ucrania traerá consecuencias similares, ante las cuales los países deben estar preparados para abrir sus puertas y permitir la ayuda necesaria. Cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados muestran que del 24 de febrero al 3 de marzo de 2022 más de un millón de personas provenientes de Ucrania han sido recibidos como refugiados en países como Polonia, Hungría, Moldova, Eslovaquia, Rumania, entre otros.

VIII. Las visas por razones humanitarias se conceden a las víctimas de catástrofes, violencia o cuando la vida de la persona extranjera se encuentra en peligro. En este sentido, el Gobierno federal debe otorgar la mayor ayuda humanitaria posible, ofreciendo visas de esta categoría, mandando alimentos, medicamentos, materiales de curación, y demás insumos que pudieran necesitar a través de países vecinos.

IX. Ejemplo de lo anterior, es el puente aéreo de ayuda humanitaria implementado por la Unión Europea en 2020 ante los efectos sufridos en países por la pandemia del coronavirus. En este acto, se transportó equipo médico, carga humanitaria y personal de asistencia.

X. México siempre se ha caracterizado por su empatía y apoyo en situaciones de desastre y esta no puede ser la excepción. Por lo que le solicitamos a usted, como encargado de conducir la política exterior, que se apegue al principio de solidaridad internacional, que apoye a las víctimas de este conflicto y ofrezca visas por razones humanitarias a aquellas personas que derivado del conflicto quieran venir a nuestro país a salvaguardar su vida e integridad personal.

Considerandos

I. El artículo 6, fracción I, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de las y los diputados.

II. Conforme al artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

III. Conforme a la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 22 párrafo siete, “Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales”.

IV. Conforme al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas que se encuentren dentro del país gozarán de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución, como en los tratados internacionales.

Asimismo, estipula que en México está prohibida “toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

V. Que conforme al artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, con el siguiente resolutivo

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Gobierno federal a ofrecer visas humanitarias a las víctimas del conflicto entre Ucrania y Rusia, con la finalidad de que tengan la posibilidad salvaguardar su vida e integridad personal en nuestro país.

Segundo. Se exhorta al Gobierno federal para que nuestro país se sume al envío de ayuda humanitaria, que sea asignada a través de los mecanismos del Estado y que puede ser obtenida también a través de donaciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2022.

Diputados: Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Riult Rivera Gutiérrez, José Luis Báez Guerrero (rúbrica), José Antonio García García (rúbrica), Xavier González Zirión, Gabriela Fernanda Sodi Miranda (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a hacer públicos los motivos en que funda la determinación de no aplicar la vacuna anticovid a menores de entre 5 y 12 años de edad, a cargo del diputado Shamir Fernández Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Shamir Fernández Hernández, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la secretaría de salud a que haga públicos los motivos en los que funda la determinación de no aplicar la vacuna contra el covid-19 a menores de entre 5 y 12 años de edad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hace dos años, se detectaba el primer caso de Covid-19 en México, fue el 27 de febrero del 2020 que se registró el primer caso oficial, de entonces a la fecha, las cifras de contagios y de defunciones son alarmantes. Al 27 de febrero de 2022, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, en México son 5,506,105 los casos confirmados y 318,086 defunciones.

Las variantes del virus han cambiado las reglas, los síntomas y la población vulnerable, es decir, aquel virus que al inicio de la pandemia en 2022 se decía que no afectaba a las niñas y niños, en la actualidad, ha tenido impacto en la salud de las niñas y los niños.

Estamos hablando de cerca de 230,000 casos de Covid en menores de entre 0 y 14 años de edad, que han dado positivo al Covid-19. En palabras del Dr. Oscar Tamez, infectólogo pediatra “Durante esta ola se ha visto una mayor tendencia de que la población pediátrica sea de las más afectadas por la variante delta, entre la que se encuentran niños y jóvenes por no estar vacunados.

Además, dentro de los menores que se enferman, hay una mayor proporción de casos graves que requieren intubación o terapia intensiva, algo que no pasó en la primera y segunda ola”.1

Elaboración propia

Fuente: Conacyt. https://datos.covid-19.conacyt.mx/

La realidad es que las niñas, niños y adolescentes no son inmunes al virus, además de ser propensos al contagio, se han acumulado en lo que va de la pandemia 914 defunciones, de acuerdo con información del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

“Los especialistas han advertido de que la cuarta ola del coronavirus en México, impulsada por la variante Ómicron, se ha cebado en las poblaciones que no han recibido el biológico contra el coronavirus. Expertos nacionales e internacionales han advertido ya de que en esta fase es una “pandemia de los no vacunados” y las cifras de casos infantiles de la covid-19 en el país parecen confirmar este diagnóstico. Enero cerró con 8.166 contagios confirmados por laboratorio y 27 muertes entre el grupo poblacional de los 12 y 17 años, según el reporte más reciente del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna). Esto supone un incremento del 57% en los diagnósticos a menores respecto a enero de 2021. En el acumulado suman 91.000 contagiados y 855 defunciones en este grupo poblacional. Pese a la escalada de contagios el Gobierno Federal insiste en no incluir dentro del Plan Nacional de Vacunación a los menores de 15 años sin comorbilidades”.2

No obstante, el gobierno federal ha dejado fuera del plan nacional de vacunación a los menores de edad y la inmunización sólo comprende a partir de los 15 años y de los 12 en caso de una comorbilidad demostrable.

“El Gobierno de México remarcó que la aplicación de vacunación Covid con esquemas primario y de refuerzo deben priorizarse antes que la vacunación Covid a niñas y niños sin comorbilidades”.3

Cabe destacar que la vacunación de los jóvenes de entre 15 y 17 años de edad se logró gracias a la insistencia por la vía judicial de los padres de familia que promovieron amparos a fin de que sus hijas e hijos sin comorbilidades fueran vacunados pese a no estar considerados inicialmente en el plan nacional de vacunación y probablemente esa sea nuevamente la ruta para los menores de 15 años.

“La semana pasada, un tribunal de la Ciudad de México ordenó la vacunación de dos menores de 12 años. En la orden del Cuarto Tribunal Colegiado en materia Administrativa en Ciudad de México concedió suspensiones de oficio y de plano a los dos menores de 12 años para que reciban la vacuna contra la covid-19, sin importar su estado de salud. Esta resolución se publicó luego de que directivos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) y del Centro Médico ABC emitieron sus opiniones técnicas en torno a la conveniencia de aplicar la vacuna Pfizer-BioNTech, en niños de entre 5 y 11 años. El juez federal consideró suficientes las respuestas de los doctores, y apuntaron que el interés superior del niño es un principio de rango constitucional por lo que ordenó la inmunización de los interesados con el biológico Pfizer en los próximos días”.4

La excusa del gobierno mexicano para no inmunizar a los menores de por lo menos 5 años de edad en adelante. En la “mañanera” del pasado 26 de enero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no es necesaria la aplicación de la vacuna a menores de 5 a 11 años de edad porque así lo sugiere la Organización Mundial de la Salud, en ese sentido, apuntó que se aplica exactamente las prioridades que la OMS ha establecido.

Por su parte, el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, “aseguró que antes de implementar una estrategia para vacunar a niños y adolescentes, se debe considerar alcanzar una cobertura alta de esquemas primarios y refuerzos en grupos de mayor prioridad, y afirmó que, conforme una persona tiene menos edad, se va reduciendo el riesgo de tener complicaciones al infectarse de SARS-CoV-2”.5

Lo que resulta inquietante es que “la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó el pasado 22 de enero administrar a menores entre 5 y 11 años la dosis contra el Covid-19 de Pfizer-BioNTech. La única condición por parte de los expertos sanitarios del órgano internacional fue que la dosis a aplicarse fuera de 10 microgramos en lugar de los 30 que se ofrecen a los mayores de 12 años”,6 y a la fecha, el gobierno federal no ha realizado ningún ajuste al plan de vacunación para considerar a este sector de la población.

Hay países que ya comenzaron la aplicación de la vacuna contra el SARS-CoV-2 a niños de entre 5 y 11 años de edad como parte de su plan nacional de vacunación, tal es el caso de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Cuba, El Salvador, Chile (que incluso la aplicación la hace a partir de los 3 años), Ecuador, Panamá, Colombia (también a partir de 3 años), Brasil, Portugal, Francia, España y Alemania.

Como se puede ver, no solo los grandes países están aplicando las vacunas, también países latinoamericanos, contrario a lo que señalaba el Subsecretario López-Gatell quien aseguraba que una de las razones por las que los países aplicaban vacunas a menores, era porque tenían excedente de vacunas.

Cabe recordar que, desde el 20 de septiembre de 2021, las farmacéuticas Pfizer y BioNTech anunciaron que su vacuna resultaba eficaz para los niños de 5 a 11 años de acuerdo con las pruebas clínicas que había realizado. Posteriormente el 30 de octubre del mismo año, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos autorizo la aplicación de la vacuna en niños de 5 a 11 años, siendo la primera vacuna autorizada.

En estados Unidos, el asesor médico de la Casa Blanca, Anthony Fauci, anunció recientemente que “es probable que los niños menores de 5 años sean vacunados contra el covid-19 el próximo mes”.7

Resulta sorprendente que, mientras en nuestro país se minimizan los estragos del Covid en las y los niños, otros países consideran alarmante el incremento de casos, por ejemplo, “a principios de este mes, en una sesión informativa en la Casa Blanca, la directora de los CDC, Rochelle Walenksy, dijo que, aunque los niños tienen la menor tasa de hospitalización de cualquier grupo de edad, “las hospitalizaciones pediátricas están en su tasa más alta comparadas con cualquier punto anterior de la pandemia”.8

En ese sentido, por qué tendríamos que esperar a que las variantes del Covid sean más agresivas con ese sector de la población que también es altamente vulnerable, por qué esperar a que las salas de atención pediátrica y hospitales estén repletos de esa población que no ha sido vacunada, por qué no tomar acciones preventivas, acciones que nos permitan mantener a salvo a nuestras niñas y niños.

Hay evidencia científica y pronunciamiento de la OMS respecto de la importancia de inmunizar a este grupo etario, sin embargo, las respuestas que se han obtenido por parte del gobierno federal parecen excusas, ya que no quedan sustentadas.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a que haga públicos los motivos en los que funda la determinación de no aplicar la vacuna contra el Covid-19 a menores de entre 5 y 12 años de edad

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud federal a que haga públicos los motivos por los cuales no se ha incluido a la población de entre 5 y 11 años de edad en el plan nacional de vacunación contra el Covid-19.

Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal y a la Secretaría de Salud federal, analicen la inclusión de la población de entre 5 y 11 años de edad en el plan nacional de vacunación contra el Covid-19, en razón de existir un pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud al respecto.

Notas

1 https://tec.mx/es/noticias/nacional/salud/covid-en-ninos-sintomas-cuidados-y-senales-de-alerta

2 https://elpais.com/mexico/2022-02-05/
mexico-rebasa-los-91000-casos-infantiles-de-coronavirus-y-suma-855-muertes-en-menores.html

3 https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2022/01/26/
mexico-dice-no-otra-vez-a-vacunacion-covid-para-ninas-y-ninos-sin-comorbilidades/

4 https://elpais.com/mexico/2022-02-05/
mexico-rebasa-los-91000-casos-infantiles-de-coronavirus-y-suma-855-muertes-en-menores.html

5 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/01/28/
por-que-no-se-han-vacunado-a-ninos-y-ninas-contra-covid-esto-dice-lopez-gatell/

6 https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2022/01/28/
vacunacion-covid-en-ninos-y-ninas-en-que-paises-ya-se-aplica-y-que-dice-la-oms/

7 https://www.independentespanol.com/noticias/covid-vacuna-ninos-pfizer-f auci-b1997596.html

8 Ídem

Diputado Shamir Fernández Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a mantener el programa Escuelas de Tiempo Completo; y a la SHCP, a presupuestar recursos económicos suficientes para él, a cargo de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Noemí Berenice Luna Ayala, así como las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II; 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 3.2 la obligación de los estados parte de “asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”.

Nuestro país aprobó esta convención el 21 de septiembre de 1990, quedando obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella a favor de todos los niños, niñas y adolescentes en el país.

Por su parte, en el ámbito nacional el artículo 1o. constitucional establece que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

Respecto al principio del interés superior de la niñez, contemplado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

En materia educativa, el artículo 3 constitucional, quinto párrafo establece que “El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos”.

Sin embargo, a pesar de que existe la obligación del Estado mexicano y de las autoridades en todos los órdenes y niveles de gobierno de garantizar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes en todas sus decisiones y actuaciones, esto no ha sido suficiente, ya que, el Gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública decidió desaparecer el programa de Escuelas de Tiempo Completo, lo que resulta verdaderamente grave.

Ello, ya que el 28 de febrero de 2022 publicó en el Diario Oficial de la Federación1 el acuerdo número 05/02/22 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa la Escuela es Nuestra para el ejercicio fiscal 2022.

De conformidad con dicho Acuerdo la Secretaría de Educación Pública formalizó las Reglas de Operación de La Escuela es Nuestra (LEEN) y desapareció las Escuelas de Tiempo Completo.

El programa de Escuelas de Tiempo Completo, es un programa que nació en 2008, que buscaba mejorar la calidad de aprendizaje a través de la ampliación y uso eficiente del tiempo escolar de los alumnos, sin embargo, de un día a otro el Gobierno federal decidió desaparecerlo.

Al respecto, organizaciones como Mexicanos Primero,2 han condenado la decisión de la desaparición de Escuelas de Tiempo Completo, señalando que con esta decisión se violan los derechos humanos de 3.6 millones de estudiantes, al dejarlos sin horas extra de aprendizaje y sin alimentación.

Es evidente que resulta necesario mejorar la infraestructura de las escuelas, pero no a costa del desarrollo de niñas, niños y adolescentes, e incluso de las mujeres, quienes han sido las más afectadas por la pandemia.

Esta decisión no sólo afectará a niños y mujeres, maestras, maestros y directivos de las escuelas de tiempo completo, dejarán de recibir los apoyos económicos por las horas extras en que prestaban sus servicios, con lo que evidentemente se afectarán sus ingresos y el de sus familias.

Incluso, algunos medios3 refieren que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señaló que se notó una mejoría en el desempeño de las clases, siendo además un apoyo importante para los estudiantes rezagados.

Desaparecer las escuelas de tiempo completo agravara aún más el problema de rezago escolar y nutrición que tenemos a causa de la pandemia, la autonomía de las mujeres y su fuente de ingresos se verán severamente afectadas con esta decisión, pero también los niños corren un grave riesgo pues habrá casos donde las mujeres no puedan dejar de trabajar y los niños tendrán que quedarse solos en casa.

Es importante recordar que derivado del amparo que interpuso la organización Aprender Primero, con la finalidad de garantizar un apoyo económico mínimo de 12 mil 380 millones de pesos para alcanzar las metas de las Escuelas de Tiempo Completo para el Presupuesto de Egresos Federales 2022, el 22 septiembre de 2021 el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México ordenó a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a la Secretaría de Educación Pública, garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento y objetivos del programa Escuelas de Tiempo Completo.

E incluso el Ejecutivo federal hizo el compromiso de no desaparecer este programa, pero hoy, una vez más ha faltado a su palabra con la niñez, las mujeres y los maestros.

De lo anterior, que resulte necesario exhortar al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Educación Pública mantenga el programa de Escuelas de Tiempo Completo y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presupuesten los recursos económicos para que mantenga el programa de Escuelas de Tiempo Completo.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Educación Pública, mantenga el programa de Escuelas de Tiempo Completo.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se presupuesten los recursos económicos suficientes para que se mantenga el programa de Escuelas de Tiempo Completo.

Notas

1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5643991&fecha=28/02/ 2022

2 https://lopezdoriga.com/nacional/sep-desaparece-escuelas-de-tiempo-comp leto/

3 https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/sep-elimina-escuelas-d e-tiempo-completo-familias-marginadas-los-principales-afectados-7930013 .html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2022.

Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 10 de marzo, Día Mundial del Riñón, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los retos de la salud renal

En México las enfermedades crónicas y sus complicaciones son devastadoras social y económicamente. Dentro de estas, la Enfermedad Renal Crónica (ERC) es de particular preocupación, lo que hace necesario diseñar estrategias que permitan detener el avance de este padecimiento que, de no ser atendido oportunamente, lleva a una temprana pérdida de la vida o bien, a la insuficiencia renal crónica terminal cuyo avance tiene consecuencias de gran repercusión tanto en el estado de salud como la calidad de vida de aquellos que la padecen.

La ERC está íntimamente asociada a algunas de las enfermedades crónicas no transmisibles con mayor prevalencia, como son la diabetes mellitus y la hipertensión, que en su conjunto son el origen de aproximadamente 85 por ciento de los casos de daño renal en población adulta. En un contexto conservador, se estima que 12 por ciento de las personas con diabetes mellitus (DM) y 7 por ciento de los pacientes con hipertensión arterial sistémica (HAS) se complican con ERC, y cuando coexisten, la posibilidad de daño renal se potencia en más de 40 por ciento. Sin embargo, existen reportes que documentan que hasta 45 por ciento de los pacientes con DM y 27 por ciento de los pacientes con HAS será nefrópata en algún momento de su vida.

La ausencia de acciones coordinadas en torno a la atención de la Enfermedad Renal Crónica entre las instituciones públicas y privadas del sector salud, ha llevado a que los recursos se focalicen en las últimas dos etapas de la nefropatía crónica (que requieren de costosos procedimientos de diálisis o trasplante) y que las tres primeras etapas (cuando el remanente renal de los enfermos es todavía suficiente para mantener la calidad de vida) queden sin una atención estratégica.

La falta de información sobre la prevalencia e incidencia de ERC, las características de estos pacientes y los resultados del tratamiento de esta costosa enfermedad impiden una adecuada planeación y utilización de los recursos disponibles, dificultan la implementación de medidas de control de calidad e imposibilitan un correcto desarrollo y evaluación de políticas de salud que mejoren los resultados clínicos y el costo-efectividad de la terapia de reemplazo renal (TRR).

Por ello, dada la insuficiencia de recursos económicos y la creciente demanda de terapia sustitutiva con diálisis, la necesidad de tener información mediante un registro resulta cada vez más urgente.

Aunque las medidas preventivas de las causas más frecuentes de la ERC, como la diabetes y la hipertensión arterial, pueden reducir la necesidad de tratamiento sustitutivo con diálisis o trasplante renal, son claramente insuficientes para resolver el problema actual de la falta de acceso al tratamiento sustitutivo con diálisis y en consecuencia de reducir la creciente demanda de este tipo de tratamiento.

Adicionalmente, la identificación de las características de los pacientes con ERC permitirá la implementación de programas de cuidados paliativos y de soporte renal, que incluyen la opción de tratamiento conservador en aquellos enfermos renales que tienen pocas probabilidades de beneficiarse de la terapia sustitutiva renal con diálisis o trasplante. Lo anterior, con el objetivo final de lograr desarrollar un sistema de información que permita recolectar y analizar información de la población con ERC y su tratamiento, permitiendo a su vez determinar la magnitud de la problemática, evaluar los resultados de las terapias de reemplazo renal, así como identificar áreas de interés que conduzcan a un mejor tratamiento, prevención y control de la ERC en nuestro país.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se estima que la Enfermedad Renal Crónica afecta actualmente a 1 de cada 10 personas a nivel mundial. Los organismos señalan que esta enfermedad no tiene cura, es silenciosa y progresiva, detectable sólo hasta etapas avanzadas, por lo que su tratamiento es altamente costoso, y muchos países carecen del presupuesto necesario para adquirir los equipos que ayuden a mitigar la enfermedad y la mayoría de ellos carecen del presupuesto suficiente para cubrir la demanda total. Aunado a lo anterior, se indica que quienes carecen de los servicios de salud pública generalmente absorben los costos de la enfermedad. Además de esto, a pesar de los esfuerzos realizados por enfermos y familiares, los organismos de salud señalan que no hay la suficiente cantidad de especialistas para tratar los padecimientos.

La OMS señala que si bien los datos con los que actualmente se dispone sobre el acceso a tratamiento de ERC son insuficientes para conocer de fondo la forma de tratar los padecimientos a nivel mundial, estos han servido para realizar análisis sobre la inequidad que existe sobre el acceso a tratamientos, sobre todo en países de menores ingresos. En esta línea, la OMS y la OPS realizan un llamado a los gobiernos para que tomen acciones mediante políticas públicas que ayuden a prevenir la ERC y evitar su propagación, ya que, de no atenderse esta problemática, se continuarán generando impactos importantes en las finanzas públicas e inevitablemente, las consecuencias serán más agudas en la población de escasos recursos.

En este sentido, la OMS señala que de los 41 millones de muertes que se producen cada año en el mundo a causa de enfermedades no transmisibles como lo es la ERC, 15 millones son muertes prematuras ocurridas antes de los 70 años de edad. Dato por demás revelador, estas muertes pudieron haberse evitado mediante la práctica de políticas de prevención bajo el liderazgo de instancias gubernamentales, pero también mediante la participación ciudadana.

Es necesario que exista corresponsabilidad por parte de los pacientes, adoptando estilos de vida saludables con la finalidad de evitar en primera instancia el sobrepeso, la obesidad y evitar la diabetes e hipertensión, enfermedades que, como se presentó anteriormente, inciden directamente en el desarrollo de la ERC. Por ello, es necesario que exista una sinergia entre los sectores público y privado, así como con el propio paciente, pues este padecimiento causa problemas complejos y multifactoriales que se ven reflejados en el detrimento de la salud de la población y de la salud pública.

Panorama en México

En primer lugar, es preciso considerar el peso específico de uno de los principales causantes de la ERC en nuestro país: la diabetes mellitus. Como es bien sabido, la diabetes está estrechamente ligada al sobrepeso y la obesidad, de acuerdo a las cifras reportadas en el Ensanut 2018, 3 de cada 4 adultos mayores de 20 años sufre de sobrepeso u obesidad. En cuanto a la diabetes, México tiene la mayor prevalencia de entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), doblando el promedio de los países de la organización en cuanto a hospitalizaciones prevenibles causadas por la diabetes. Por ello, resulta imprescindible prevenir y atender de manera puntual estos padecimientos, cuya prevalencia, no hacen más que aumentar el número de potenciales enfermos renales.

En lo que se refiere al padecimiento, y a pesar de que en México aún no se cuenta con un registro nacional de pacientes renales, se estima que para 2017 había alrededor de 14.5 millones de personas con algún grado de daño renal (12.2 por ciento de la población). A nivel internacional, México tiene la sexta tasa más elevada de mortalidad por ERC a nivel mundial.

En nuestro país, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atiende a más de dos tercios del total de los pacientes en fase terminal de México que se encuentran en tratamiento. Esta enfermedad es también hoy en día una de las principales razones de mortalidad en el IMSS y es también una de las mayores causas de atención en servicios de urgencia y de hospitalización.

Sin embargo, cabe notar que no todas las personas con ERC en etapas avanzada son atendidas por las instituciones de salud. Es de resaltar que en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Riñón del presente año 2021, el doctor Víctor Hugo Borja Aburto, quien en ese entonces fungía como titular de la Coordinación Nacional Médica del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), mencionó que se tienen registrados alrededor de 88 mil pacientes sin seguridad social que requerirían tratamiento de sustitución renal a cubrirse por el Insabi, algo que hasta hoy no sucede, constituyendo así un importante problema de salud pública para el Estado mexicano, ya que al ser considerada una enfermedad que ocasiona gastos catastróficos, de no ser cubierta su atención por las instituciones públicas de salud, la salud de los enfermos renales queda a la deriva, causando en muchas ocasiones complicaciones graves y costosas, así como muertes prevenibles.

Situaciones como el rápido crecimiento de la población con ERC y la evolución inminente a los estadios 4 y 5 han propiciado la siguiente realidad en México:

- Hasta el momento no ha sido posible establecer los mecanismos que aseguren la sustentabilidad de un programa de atención que combata el problema de salud renal.

- Los servicios existentes para atender a la población con este problema, sólo ofrecen TRR y no tienen mecanismos que aseguren su calidad y eficiencia, lo que resulta en una muy mala calidad de vida de las personas sometidas a diálisis peritoneal o a hemodiálisis.

- Los servicios para administrar diálisis dentro de los hospitales han sido rebasados y como consecuencia, se ha hecho necesaria la contratación de servicios privados (subrogación) sin control de la calidad de sus servicios, y como consecuencia, de la seguridad del paciente y la propia estabilidad institucional.

Si tenemos en cuenta que 12 por ciento de la población mexicana tiene ERC, esto es, más de 15 millones de personas con algún tipo de daño renal. De este total, más de 90 por ciento se encuentra entre los estadios 1 a 3, con grandes posibilidades de mejorar su calidad de vida con un manejo adecuado; y el resto se encuentran en etapas 4 y 5, es decir, con insuficiencia renal crónica que requiere ya de una terapia que sustente su función renal, y, por ende, sus vidas.

De no atender de manera integral esta situación, continuará presentándose el hecho de que personas de entre 20 y 44 años de edad que presenten daño renal, tengan el mismo riesgo de muerte que una persona de 75 años, y que poco más de 60 mil pacientes sigan muriendo anualmente por alguna complicación de la ERC, cifra que se pronostica incrementará para el año 2025, cuando se estima que se registrarán 160 mil muertes anuales relacionadas con esta enfermedad.

En este sentido, y como base a las políticas públicas que se puedan diseñar y ejecutar al respecto de este tema, es necesario concretar la creación de un registro nominal de pacientes con su respectivo tratamiento y situación clínica en todos los estadios, con transferencia segura y expedita de la información entre la red, que permita el monitoreo integral del paciente y la mejor toma de decisiones clínicas y administrativas, además de que favorezca la investigación.

Contar con un Registro Nacional de Enfermos Renales, permitirá: articular y evaluar políticas públicas acorde a la realidad del país, tomando en consideración, entre otros factores, la distribución geográfica y etaria de los pacientes; diseñar una distribución de terapias de sustitución renal más eficiente y acorde a la realidad de cada grupo de pacientes; realizar cálculos de asignación presupuestal que permitan no dejar a nadie atrás, detectar áreas de oportunidad en las políticas implementadas y en consecuencia trabajar para garantizar mejores tratamientos, prevención y control de la enfermedad; establecer parámetros validados para medir la calidad de los tratamientos y las necesidades de abasto de medicamentos, camas de hospital e insumos necesarios; proteger a los pacientes ya que al contar con una base de datos integrada, los cambios de institución no supondrán una brecha de información que pueda afectar a su tratamiento; y por último, dar visibilidad a nivel nacional e internacional de la carga de la enfermedad en nuestro país, permitiendo, conociendo cuántos pacientes hay año con año y cuantos ya no están.

Por situaciones como las aquí planteadas, el segundo jueves de marzo se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Riñón, para hacer conciencia sobre la enfermedad renal. Desde 2006, la Campaña global ha sido organizada por la Sociedad Internacional de Nefrología (ISN) y la Federación Internacional de Fundaciones Renales (IFKF).

Dado el momento en el que nos encontramos en el cual se están tomando decisiones para la mejora estructural del sistema de salud en nuestro país, es urgente que se implementen las acciones necesarias para reforzar los servicios de salud para los enfermos renales.

Requerimos estrategias para la prevención, la detección oportuna y el tratamiento temprano de la enfermedad renal, con atención integral y de calidad, para proteger a las familias del gasto catastrófico que empobrece por no contar seguridad social.

En este marco, conmemorar el Día Nacional del Riñón este 10 de marzo significa hacer visible la realidad de miles de enfermos mexicanos que luchan por su vida ante esta enfermedad. Y significa también redoblar los esfuerzos para garantizar su atención y mejorar su calidad y esperanza de vida.

¡Salud renal para todos, en todas partes!

¡Registro de pacientes renales YA!

Notas

1. Martínez RHR, Cueto MAM, Rojas CE, et al. Estrategias para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad renal crónica temprana en primer nivel de atención. Residente. 2011;6(1):44-50.

2. Ibídem

3. Organización Mundial de la Salud. (2021, 13 abril). Enfermedades no transmisibles. OMS. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-dis eases

4. INEGI. (2020). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición - Resultados Nacionales 2018. ENSANUT.

https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/inf ormes/ensanut_2018_informe_final.pdf

5. OCDE. (2019). Health at a Glance 2019.

https://www.oecd.org/mexico/health-at-a-glance-mexico-ES .pdf

6. INSABI tienen registrados más de 177 mil pacientes con ERC que necesitan tratamiento. (2021, 12 marzo). Mi estilo es salud.

http://miestiloessalud.com/?p=5636.

7. Martínez RHR, Cueto MAM, Rojas CE, et al. Estrategias para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad renal crónica temprana en primer nivel de atención. Residente. 2011;6(1):44-50.

8. Ibídem

9. Cámara de Diputados (2021, 6 octubre). Segundo Encuentro de la Alianza por la Salud Renal [Vídeo]. Presentación del Dr. Guillermo García García. YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=jFp-Z6U—t4

10. Cámara de Diputados (2021, 6 octubre). Segundo Encuentro de la Alianza por la Salud Renal [Vídeo]. Presentación del Dr. José Manuel Arreola. https://www.youtube.com/watch?v=jFp-Z6U—t4

11. Ley de salud del Estado de Aguascalientes (2021) Gobierno de Aguascalientes.
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-18-139.pdf

12. Cámara de Diputados (2021, 6 octubre). Segundo Encuentro de la Alianza por la Salud Renal [Vídeo]. Presentación del Dr. Gregorio Obrador. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=jFp-Z6U—t4

13. Introducción | Registro de Enfermos Renales. (s. f.). REER. Recuperado 13 de octubre de 2021, de

http://www.registrorenal.es/inicio-2/inicio/

14. Escobar, M. E. (2015). Registro Español de Enfermos Renales. Informe 2013 y evolución 2007–2013. SCIELO. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-69 952016000200097

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2022.

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica)