Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a autoridades federales y el gobierno de Sonora a establecer un programa emergente para rescatar la actividad ganadera local, a cargo de la diputada Gabriela Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe diputada Gabriela Martínez Espinoza, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura, del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía, a la Secretaria Agricultura y Desarrollo Rural, y al gobierno del estado de Sonora para que se establezca un Programa Emergente para reactivar la actividad ganadera en el estado de Sonora, específicamente en el hato ganadero, debido a las afectaciones de ese sector provocados por la sequía y a la pandemia originada por el coronavirus SARS CoV2, conforme a las siguientes

Consideraciones

Primera. La problemática actual que tiene el sector ganadero en nuestro país es, fundamentalmente la escasez de recursos para el impulso y desarrollo de la producción, distribución y comercialización de los productos ganaderos, sobre todo los que se han recrudecido a raíz de la depresión económica que el país vive a raíz del cambio climático, el cual produce sequía, la cual impide que el ganado se mantenga y sobreviva por la poca producción de forraje en el campo que requiere para su alimentación, y la ocasionada por la pandemia causada por el virus del coronavirus en su variante SARS CoV2, que ha afectado a la población y ha mermado las relaciones económicas por el temor de salir a realizar las labores productivas que ha mermado los bolsillos de las familias mexicanas y que, como consecuencia, han afectado el índice de venta de los productos ganaderos.

El estado de Sonora dispone de una superficie de 185,000 km2 en 72 municipios, 8110 comunidades, de las cuales 7,300 (el 90 %) cuentan con menos de 100 habitantes. La infraestructura hidráulica de la ganadería es de 7,296 pozos para uso de abrevadero, 13,286 represas y 5,840 aguajes.

Conforme al último censo ganadero del 2019, el estado de Sonora tenía el inventario ganadero de 1millón 456,759 cabezas, destacando: 773,522 vacas; toros 54,386; vaquillas 215,478; novillos 15,067; becerras 221,729; becerros175,578. Esta entidad federativa siempre se ha destacado por ser la productora de carne de bovino más importante del país, aportando el 4.3 % de la producción nacional, destacando la exportación de ganado en pie hasta de 258 mil cabezas anuales, con una derrama económica de 100 millones de dólares.

Segunda. Actualmente, como ocurre en todo el país, pero más en el estado de Sonora, existen problemas ambientales, geográficos y económicos que han afectado a este sector de la producción nacional. Según la Comisión Nacional del Agua, la tendencia de las precipitaciones en el estado de Sonora, han ido a la baja, en 1986, se cuenta con el registro de una precipitación de 540 mm anuales, y en 2010, el registro apenas sobrepasa los 330 mm anuales de precipitación, esto ocasiona pobreza en el agostadero y por consecuencia se da un sobrepastoreo, degradación del suelo y desertificación. hay sobre carga animal del 30 %. Asimismo, se presenta un severo desequilibrio económico y productivo en la operación y atención del sector ganadero, ya que los programas de concurrencia y de fomento ganadero por todos conocido han desaparecido por cuestiones presupuestales.

En consecuencia y ante la falta de lluvias de los últimos años, en la actualidad el hato ganadero en la entidad, apenas sobrepasa las 600,000 cabezas, de ahí la necesidad urgente de reactivar en lo inmediato la actividad ganadera en el estado de Sonora a través de un programa emergente que contemple acciones de organización y fortalecimiento, tales como:

1. Repoblamiento de hato ganadero para pie de cría ganado bovino carne.

2. Repoblamiento de hato ganadero de doble propósito leche-carne

3. Establecimiento de praderas para la producción de forrajes

4. Corrales integrales para manejo de ganado bovino

5. Rehabilitación de infraestructura de las unidades de producción, así como para el manejo de agua.

6. Fondo de garantía y financiamiento para la actividad ganadera.

7. Fondo de aseguramiento ganadero

8. Extensionismo ganadero entre otros

Tercera. El artículo 1o de la Ley de Organizaciones Ganaderas señala que sus disposiciones normativas son de interés público y de observancia general en todo el país, y que su objeto es establecer las bases y procedimientos para la constitución, organización y funcionamiento de las organizaciones ganaderas en el país, que se integren para la protección de los intereses de sus miembros. Asimismo, señala que una de sus finalidades son el establecer criterios que sustenten el desarrollo y mejoramiento de los procesos productivos y de comercialización de los productos ganaderos.

Por otra parte, el artículo 5o de la multicitada disposición jurídica señala que las organizaciones ganaderas tienen, entre otros objetivos, los siguientes:

• Promover y fomentar entre sus asociados la adopción de tecnologías adecuadas para el desarrollo sustentable y sostenible y la explotación racional de las diversas especies ganaderas.

• Orientar la producción de acuerdo con las condiciones del mercado, ya sea intensificándola o limitándola

• Promover la integración de la cadena producción-proceso-comercialización para el abastecimiento de los mercados, y fomentar el consumo de los productos de origen animal de producción nacional, así como inducir la participación en el Comercio Exterior.

• Identificar y difundir las opciones financieras que beneficien a sus asociados, así como propugnar por la formación de figuras jurídicas de crédito. Las organizaciones ganaderas serán reconocidas, en términos de la ley correspondiente, como organizaciones auxiliares de crédito para el apoyo de sus miembros y la consecución de sus propios objetivos como entidades económicas.

• Propugnar por la instalación, en los lugares que crean convenientes, de plantas empacadoras, pasteurizadoras, refrigeradoras, cardadoras, lavadoras y todas aquellas que sean necesarias para la industrialización, conservación y comercialización de los productos ganaderos.

• Coadyuvar con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en materia de sanidad animal.

• Representar ante toda clase de autoridades, los intereses comunes de sus asociados y proponer las medidas que estimen más adecuadas para la protección y defensa de estos.

• Coadyuvar con la Secretaría Agricultura y Desarrollo Rural, cuando ésta lo solicite, en la elaboración, implementación y ejecución de programas de integración horizontal y vertical de las actividades ganaderas.

No obstante, las disposiciones anteriores, vemos que las necesidades del sector ganadero son muy grandes, escasez de recursos, falta de proyectos y programas de fomento; además se hace evidente la desorganización y la ineficiencia de la organización ganadera, ya que, en la realidad, detectamos, entre otros, los problemas siguientes:

• Existe una política centralista y trato desigual entre los ganaderos de la entidad.

• Hay una alta inseguridad y se presenta una enorme falta de reactivación económica en el sector.

• Existe, también la falta de interés y atención de autoridades responsables del sector ganadero.

• Se presenta una terrible desarticulación de las actividades productivas en el sector.

Cuarta. En materia de facultades y atribuciones para el impulso de lo que, por este punto de acuerdo se solicita, vemos que, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura y Desarrollo Rural tienen las atribuciones para poder fondear a las organizaciones ganaderas en este estado de necesidad.

El artículo 31 de la Ley Orgánica en estudio señala que, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde, entre otras potestades:

• Proyectar y coordinar la planeación nacional del desarrollo y elaborar, con la participación de los grupos sociales interesados, el Plan Nacional correspondiente.

• Proyectar y calcular los ingresos de la Federación y de las entidades paraestatales, considerando las necesidades del gasto público federal, la utilización razonable del crédito público y la sanidad financiera de la Administración Pública Federal.

• Estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de las leyes de ingresos de la Federación.

En lo que respecta a la Secretaría de Economía, la fracción III del artículo 34 de esta Ley se faculta a la misma a establecer la política de industrialización, distribución y consumo de los productos agrícolas, ganaderos, forestales, minerales y pesqueros, en coordinación con las dependencias competentes.

Por su parte, el artículo 35 de la misma Ley Orgánica señala que, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural compete, entre otras cosas:

• Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo rural, a fin de elevar el nivel de vida de las familias que habitan en el campo, en coordinación con las dependencias competentes.

• Promover el empleo en el medio rural, así como establecer programas y acciones que tiendan a fomentar la productividad y la rentabilidad de las actividades económicas rurales.

• Integrar e impulsar proyectos de inversión que permitan canalizar, productivamente, recursos públicos y privados al gasto social en el sector rural, así como coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas que asocien a grupos de productores rurales a través de las acciones de planeación, programación, concertación, coordinación; de aplicación, recuperación y recomponer recursos para ser destinados a los mismos fines.

• Dar asistencia técnica y de otros medios que se requieran para ese propósito, con la intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales, y con la participación de los sectores social y privado.

• Vigilar el cumplimiento y aplicar la normatividad en materia de sanidad animal y vegetal; fomentar los programas y elaborar normas oficiales de sanidad animal y vegetal; atender, coordinar, supervisar y evaluar las campañas de sanidad, así como otorgar las certificaciones relativas al ámbito de su competencia.

• Organizar y fomentar las investigaciones agrícolas, ganaderas, avícolas, apícolas y silvícolas, estableciendo institutos experimentales, laboratorios, estaciones de cría, semilleros y viveros, vinculándose a las instituciones de educación superior de las localidades que correspondan, en coordinación, en su caso, con la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

• Formular dirigir y supervisar los programas y actividades relacionados con la asistencia técnica y la capacitación de los productores rurales.

• Promover la integración de asociaciones rurales.

• Participar junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la conservación de los suelos agrícolas, pastizales y bosques, y aplicar las técnicas y procedimientos conducentes.

• Coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos locales para el desarrollo rural de las diversas regiones del país.

• Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la determinación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos fiscales y financieros necesarios para el fomento de la producción rural, así como evaluar sus resultados.

• Programar y proponer, con la participación que corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la construcción de pequeñas obras de irrigación; y proyectar, ejecutar y conservar bordos, canales, tajos, abrevaderos y jagüeyes que competa realizar al Gobierno federal por sí o en cooperación con los gobiernos de los estados, los municipios o los particulares.

Quinta. En materia de facultades del gobierno del estado de Sonora consideramos importante considerar lo siguiente:

I. La Ley de Ganadería para el Estado de Sonora establece las siguientes disposiciones:

1. En el artículo 1° se señala que los preceptos que tiene son de orden e interés público, y que tienen por objeto:

a) La planeación y fomento de las actividades pecuarias.

b) El fomento de las técnicas para que las actividades pecuarias sean más productivas.

c) El establecimiento de las formas y los procedimientos para adquirir, transmitir, acreditar y proteger la propiedad del ganado.

d) El fomento de la investigación pecuaria y la divulgación de los resultados que se obtengan.

e) La conservación, mejoramiento y explotación racional de los recursos naturales relacionados con las actividades pecuarias y de la flora y fauna de interés cinegético.

f) El establecimiento de medidas de sanidad sin perjuicio de lo que prevengan las leyes federales.

g) La regulación de la propiedad del ganado y su movilización, así como regular la introducción al Estado, de los productos y subproductos pecuarios.

h) La promoción de la industrialización y comercialización de productos y subproductos pecuarios.

i) El establecimiento de servicios de certificación de calidad y origen del ganado y sus productos, así como la promoción de su consumo.

j) La protección de la sanidad de las actividades pecuarias de plagas y enfermedades que puedan afectarlas.

2. El artículo 2o menciona cuáles son las autoridades competentes para aplicar dicha ley, de entre las cuales destacan:

• El Gobernador del Estado.

• La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura

3. El artículo 5o señala cuáles son organismos de cooperación, siendo éstos:

• La Unión Ganadera Regional de Sonora.

• La Unión Ganadera Regional de Porcicultores de Sonora.

• La Unión de Asociaciones Avícolas del Estado de Sonora.

• La Unión de Asociaciones Ganaderas Locales de Apicultores del Estado de Sonora.

• Las asociaciones ganaderas locales.

• Las asociaciones de productores de leche en el Estado.

• Las uniones o asociaciones de productores pecuarios.

• La Unión de Productores de Carne de Sonora.

• Las asociaciones que la Secretaría autorice como organismos de cooperación cuando no puedan aglutinarse en alguna de las enlistadas en esta Ley local.

4. Por último, el artículo 7o señala las atribuciones de la Secretaría del ramo, la cual tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:

• Elaborar y proponer ante el Gobernador del Estado, los programas y medidas que juzgue convenientes para el desarrollo del sector pecuario.

• Impulsar la explotación pecuaria y difundir entre los productores pecuarios, la conveniencia de orientarla a las técnicas modernas de producción a fin de hacerla cada vez más intensiva.

• Promover y apoyar la organización económica de los productores pecuarios.

• Fomentar la construcción en los agostaderos de las obras de infraestructura tendientes a intensificar la producción y la conservación de los recursos naturales relacionados con la ganadería.

• Fomentar la conservación de los recursos naturales del agostadero, así como promover la siembra y reforestación de agostaderos deteriorados, con el fin de producir forrajes de mejor calidad y evitar la erosión del suelo.

• Fomentar y verificar que el abasto de los productos pecuarios se realice de acuerdo con la demanda de la población.

• Participar en la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones en materia de sanidad animal.

• Aplicar las medidas y acciones necesarias para mejorar el estatus sanitario procurando incrementar de modo constante los niveles de sanidad animal.

• Elaborar el Censo Ganadero.

• Promover, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia, programas que tengan por objeto prevenir y combatir el delito de abigeato, así como promover la constitución de comités en los que participen las autoridades estatales y municipales y los productores, a través de sus organismos de cooperación, con el fin de contribuir a ese propósito.

Sexta. Por todo lo anterior, estimamos procedente esta proposición con punto de acuerdo , ya que es muy necesaria la intervención de todos los sectores en el impulso y desarrollo de la actividad ganadera del país, y sobre todo la del estado de Sonora, uno de los principales estados productores en el sector ganadero del país.

Por todo lo anterior es que someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, a través de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía y de Agricultura y Desarrollo Rural a efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones y facultades establezcan programas emergentes de rescate al sector ganadero en el país, sobre todo a todos los ganaderos del Estado de Sonora.

Segundo . La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del Estado de Sonora, a efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones y facultades y por conducto de las dependencias a su cargo, establezcan programas emergentes de rescate al sector ganadero en el país, sobre todo a todos los ganaderos del Estado de Sonora, en un plano equitativo en la distribución de los recursos que provengan de la Federación y de los de la propia entidad federativa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 3 de marzo del 2022.

Diputada Gabriela Martínez Espinoza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SICT, el IFT y la CFE a ejecutar y aplicar las previsiones presupuestales conducentes a garantizar la infraestructura adecuada, suficiente, eficiente y de calidad para asegurar la conexión a internet en todo el país, a cargo de la diputada Mariela López Sosa, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Mariela López Sosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I; 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La ciudadanía digital, como se le conoce a la sociedad de internet, se puede definir como un conjunto de derechos y obligaciones que permiten tener una participación libre y responsable.

La pandemia trajo consigo nuevas formas de convivir entre los diversos grupos que hay en la sociedad, ya que mientras nuestro mundo presencial se mantenía detenido casi en su totalidad, el digital aumentaba, permitiendo que nuestras labores y las comunicaciones no se vieran afectadas, de esta manera los trabajos se fueron digitalizando, mostrando que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la actualidad tienen un papel fundamental dentro y fuera de nuestras actividades diarias.

Es debido al brote pandémico por Covid-19 que nos hemos visto en la necesidad de incrementar de manera exponencial el uso de las TIC, por lo que las infraestructuras tecnológicas se han visto envueltas en un macro crecimiento, sin embargo, esto sólo se ha visto reflejado en zonas urbanas, marginando la situación de las zonas rurales.

Siendo que el indicador más frecuente para medir la brecha digital, la cantidad de hogares que cuentan con un equipo de cómputo conectado a internet o bien con la posibilidad de conectarse desde otros espacios públicos.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en colaboración con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), publica la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2020 mostrándonos los siguientes datos:

• Internet . Durante 2020, 84.1 millones de mexicanos usaron internet, lo que representa 72.0 por ciento de la población; esta cifra revela un aumento de 1.9 por ciento respecto a la registrada en 2019 (70.1 por ciento), mostrándonos la creciente necesidad del uso del internet y las TIC debido a esta pandemia. De lo anterior podemos ver que 78.3 por ciento de los usuarios están ubicados en áreas urbanas.

Los principales medios de conexión a internet fueron: celular inteligente con 44.1 por ciento, computadora portátil con 33.7 por ciento y televisor inteligente con 22.2 por ciento. Las principales actividades realizadas fueron comunicarse (93.8 por ciento), buscar información (91.0 por ciento) y acceder a redes sociales (89.0 por ciento).

• Telefonía celular . La encuesta nos muestra que, en 2020, 88.2 millones usan un teléfono celular (75.5 por ciento de la población); es decir que nueve de cada diez mexicanos cuentan con un celular inteligente (smartphone ). Entre 2019 y 2020 los mexicanos que sólo contaban con un celular inteligente registraron un crecimiento de 3.5 por ciento; la encuesta nos muestra que, de los usuarios que se conectaban a internet mediante sus datos móviles, aumentaron con respecto de quienes se conectaban sólo por Wi-Fi; en otros términos, tuvieron un crecimiento de 4.3 por ciento (13.7 por ciento).

• Computadora. Durante 2020, 44.4 millones de mexicanos se conectaban mediante una computadora, lo que representó 38.0 por ciento del total de la población. Las principales actividades realizadas por computadora fueron: escolares (54.9 por ciento), laborales (45.1 por ciento).

Dentro de la población mexicana que obtuvo conexión a internet, el grupo de 18 a 24 años contó con una participación de 90.5 por ciento; seguido del grupo de edad de 12 a 17 años, con 90.2 por ciento; por último, se encuentran los usuarios de 25 a 34 años, quienes registraron 87.1 por ciento. Por su parte, el grupo de edad que menos usa internet es el de 55 y más años, ya que registraron 37.5 por ciento.

En cuanto a la conexión a internet en el país, los estados que obtuvieron los valores más altos en la cantidad de mexicanos conectados a internet fueron, Nuevo León (84.5 por ciento), Ciudad de México (84.4 por ciento), Baja California (84.3 por ciento) y Sonora (82.9 por ciento). Mientras que los estados que registraron los valores más bajos fueron Chiapas (45.9 por ciento), Oaxaca (55.0 por ciento) y Veracruz (58.9 por ciento).

Respecto de la disponibilidad de internet en los hogares por estado, los que recabaron los valores más altos fueron, Ciudad de México (80.5 por ciento), Sonora (79.5 por ciento), Nuevo León (78.8 por ciento) y Baja California (75.8 por ciento). Mientras que los estados que registraron los valores más bajos fueron Chiapas (27.3 por ciento), Oaxaca (40.0 por ciento) y Tabasco con 45.2 por ciento.

Por lo anterior y con base en el artículo 6, párrafo 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Se debe de implementar la infraestructura adecuada, así como instalaciones de calidad para poder llevar la conexión a internet a las regiones del país donde el crecimiento es poco o nulo.

Por lo antes expuesto y fundamentado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes con los sectores poblacionales más desprotegidos, así como a realizar las acciones necesarias para generar las condiciones necesarias para disminuir la brecha digital y social que existe en el país, aunado a establecer las condiciones de certidumbre jurídica para las empresas del sector inversor para que coadyuven al crecimiento económico, la creación de empleos y la igualdad social mediante el alcance de las TIC, por lo que me permito someter a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como al titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones y a CFE-Telecomunicaciones e Internet para Todos, a fin de que a la brevedad instruyan y realicen las acciones necesarias para que se ejecuten y apliquen las previsiones presupuestales necesarias con objeto de asegurar que se cuente con la infraestructura adecuada, suficiente, eficiente y de calidad para poder garantizar la conexión a internet en todo el país, poniendo mayor atención a las regiones en donde el crecimiento es poco o nulo, de forma tal que se disminuya la brecha digital y social.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2022.

Diputada Mariela López Sosa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a constituir un grupo de trabajo con la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta soberanía, la Semarnat, el CJF y la SCJF, a cargo del diputado Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, integrante del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como del artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones IV, V y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

América Latina y el Caribe es una de las principales regiones productoras de alimentos del mundo, gracias a la enorme riqueza de recursos naturales y biodiversidad; a nivel mundial cuenta con 28 por ciento de tierras cultivables, un tercio de recursos hídricos y 42 por ciento de las reservas de agua dulce,1 esto resulta ser muy beneficioso para la región, donde el 77 por ciento de las comunidades viven cerca de los bosques, colectan o consumen productos como plantas, animales silvestres e insectos claves para su alimentación.2

Por su parte México, es considerado entre los cinco países más megadiversos a nivel mundial en presencia de especies tanto animales como vegetales, alberga al menos 5 mil especies endémicas distintas de plantas, también es el tercer país con mayor número de especies mamíferas, es la séptima nación con mayor número de especies de aves; ocupa el quinto sitio en el número de especies anfibias, tiene el segundo lugar planetario en el número de especies reptiles, así como una cantidad importante de ecosistemas.3 Por lo que constituye un país con grandes oportunidades de crecimiento para impulsar un desarrollo sostenible a través de un modelo democrático y participativo.

Sin embargo, ante el actual escenario global en el que existe una inestabilidad del sistema económico, creciente desigualdad, una grave crisis ambiental y sanitaria, se ha visto obstaculizado el desarrollo sostenible de México y de otros países de América Latina y el Caribe, lo cual a su vez, ha contribuido al incremento de la degradación del medio ambiente y los ecosistemas, a la pérdida de los recursos naturales, aunado a los efectos del cambio climático, cuyos impactos afectan de sobremanera a nuestra región y, especialmente a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.4

Ante esta situación, se ha reconocido la necesidad cada vez mayor, tanto de los distintos gobiernos de América Latina y el Caribe como de otros actores, de impulsar y garantizar el acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales, a través de la implementación de políticas sobre la base de procesos más participativos e informados que ya ha sido reconocido por distintos instrumentos internacionales,5 ya que estos constituyen un elemento central para lograr la sostenibilidad ambiental del desarrollo.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992, constituye uno de los principales instrumentos internacionales que resaltaron la importancia del acceso a la información, la participación y la justicia para enfrentar los desafíos ambientales. En esa Conferencia, los gobiernos acordaron que: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.6

Los preceptos establecidos en este principio quedaron plasmados en el documento final denominado “El futuro que queremos” de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), donde se plantea que la participación amplia del público y el acceso a la información y los procedimientos judiciales y administrativos son esenciales para promover el desarrollo sostenible; así mismos también se reconoce en este documento que la democracia, la buena gobernanza y el Estado de derecho, en los planos nacional e internacional, así como un entorno propicio, son esenciales para el desarrollo sostenible, incluido el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo social, la protección del medio ambiente y la erradicación de la pobreza y el hambre.7

De ahí, la gran importancia del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), adoptado el 4 de marzo de 2018, el cual es un acuerdo multilateral sobre el medio ambiente que se ha negociado y adoptado bajo los auspicios de las Naciones Unidas y que retoma los preceptos que devienen desde el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y otros instrumentos internacionales, y que constituyen el corazón de algunos objetivos de la Agenda 2030.

Su objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, acceso a la justicia, así como la creación y fortalecimiento de capacidades y cooperaciones, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.8 Es el primer acuerdo ambiental de la región y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre las y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

En síntesis, este Acuerdo impulsa el multilateralismo de la región latinoamericana y caribeña, estableciendo estándares regionales en materia de medio ambiente, para garantizar el acceso a información, así como su participación en la toma de decisiones; los países tendrán que capacitar a sus autoridades y funcionarios, para mejorar la formulación de políticas y la toma de decisiones con el fin de afianzar los objetivos de este acuerdo; además que es el primer acuerdo internacional vinculante del mundo que establece una regulación para los defensores de derechos humanos en materia ambiental.9

En el caso particular de México, recientemente se integró a este instrumento internacional con su ratificación del 22 de enero de 2021 y la cual entró en vigor en México el 22 de abril de 2021. No obstante, a un año de su ratificación muchas de las cuestiones que este instrumento internacional promueve siguen sin implementarse de manera eficaz, como es generar los mecanismos para garantizar la exigibilidad y justiciabilidad del derecho a un medio ambiente, el desarrollo sostenible, el derecho a la salud y a un medio ambiente sano; proteger los derechos de todas las personas al acceso a la información, a la participación y a la justicia en temas ambientales.

De la misma manera, se ha señalado que los espacios de participación, en la mayoría de los casos, no han sido efectivos o no se ha realizado tal y como lo establece la ley. Pues existen muchos procesos donde se invita a la participación de diversos actores cuando el proyecto está en etapas muy avanzadas; lo que se necesita es la interacción desde etapas iniciales con información oportuna, de modo que no es suficiente la publicación en un portal de internet, o la difusión en el periódico que no llega a las comunidades. Asimismo, en el actual gobierno se han debilitado las alianzas con los actores de gobierno con instituciones, órganos autónomos, organizaciones de la sociedad civil, académicos, personas defensoras de los derechos humanos. Aunado a que recientemente se han incrementado los ataques a periodistas y defensores ambientales y de derechos humanos. Tan solo en 2020, en el país fueron asesinados 18 defensores de derechos humanos en temas ambientales.10

Es por ello, que resulta crucial que a un año de la adopción de este instrumento internacional se pueda evaluar los resultados que se han logrado en este primer año, y se pueda identificar aquellas acciones, modificaciones a la ley o programas que resultan necesarias para lograr su adecuada implementación, o bien, identificar aquellos obstáculos que estén impidiendo su adecuada implementación. Asimismo, se pueda elaborar una hoja de ruta –considerando los resultados que deriven de la Primera Conferencia de Partes del Acuerdo de Escazú que tendrá verificativo el próximo 4 de marzo del presente año– para establecer aquellos criterios orientadores que permitan dar plena realización al derecho humano a un medio ambiente sano, el acceso a la información y a la participación ciudadana, que se encuentran consagrados y tutelados por nuestra Constitución.

En este sentido, el gobierno mexicano debe de tener un rol proactivo en materia de derechos de acceso a la información pública y la participación pública, en cuya implementación se requiere garantizar los principios de máxima publicidad y transparencia, para que el acceso a la información permita el control social mediante una participación efectiva y responsable. Por otro lado, se debe de garantizar que los sistemas de información estén acordes a las necesidades de cada región del país, ya que actualmente existen diversas comunidades que aún carecen de acceso a internet, se necesitan medios idóneos de difusión para que la ciudadanía tenga acceso, mediante formatos sencillos, accesibles, continuos y acordes a su realidad.

Otra cuestión que resulta sustancial es la difusión de este instrumento internacional a través de los medios idóneos con el apoyo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de México, es primordial que se otorguen facilidades de acceso a la información por parte de las diversas Secretarías del Estado mexicano sobre sus labores diarias y en relación con la gestión ambientales, contar con estrategias de capacitación de servidores públicos y una metodología de monitoreo y de evaluación, contar con un sistema de acceso a la justicia que sea transparente, dinámica, sin impunidad y corrupción.

Además, las acciones que deberán adoptar las autoridades respectivas, en el ámbito de sus competencias, para garantizar la participación social de las comunidades indígenas y afromexicanas, de personas o grupos en situación de vulnerabilidad, así como de quienes pudieran resultar directamente o indirectamente afectados durante la implementación de proyectos, para involucrarlos de manera activa, oportuna y efectiva en los mecanismos de participación social.

Es preciso señalar que, derivado de la ratificación de este acuerdo internacional la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha estado a cargo de su implementación, y desde febrero del año pasado, ha coordinado reuniones interinstitucionales con diversas dependencias de la administración pública, organismos autónomos y organizaciones de la sociedad civil, para definir las acciones que resultan necesarias para implementar el mencionado instrumento internacional. Derivado de estas reuniones dicha Secretaría integró tres subgrupos interinstitucionales para la implementación del Acuerdo, en torno a “la Información”, “la Participación y la Justicia” y a “las Personas Defensores en asuntos ambientales”, además que está generando algunas unas hojas de ruta de trabajo, la definición de acciones, responsabilidades y el seguimiento de cada uno de estos temas.

En tal sentido, es importante que en estos esfuerzos pueda involucrase a otras autoridades los tres poderes de la federación que están relacionadas y son competentes para implementar este acuerdo internacional, como los son la Secretaría de Gobernación, el poder legislativo a través de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados y del Senado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal; así como otros actores de la sociedad civil, instituciones académicas y otros órganos autónomos que estén relacionados o interesados, a fin de establecer una hoja de ruta de trabajo que pueda implementarse entre las distintas autoridades conforme a sus propias competencias establecidas en la ley.

Conforme a lo anterior, a través de la presente proposición con punto de acuerdo se exhorta a la Secretaría de Gobernación –quien en términos del artículo 27 fracciones I, II y III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cuenta con las facultades de coordinación de los diferentes poderes y secretarías de Estado, órganos autónomos y otros actores privados– a fin de que establezca y coordine una mesa de trabajo con los legisladores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Cámara de Diputados, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para constituir un grupo de trabajo con la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Cámara de Diputados, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el objeto de identificar conjuntamente y de manera transversal las acciones necesarias para contribuir a la implementación del Acuerdo de Escazú.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2022). El agua, la gran oportunidad de futuro para América latina, consultada el 20 de enero de 2022. Disponible en:

https://www.fao.org/in-action/agronoticias/detail/es/c/5 17601/

2 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2022). La agricultura y la biodiversidad en América Latina y el Caribe, consultada el 20 de enero de 2022. Disponible en:

https://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1195181/

3 Crónica “A los políticos no les importa la biodiversidad”, consultada el 20 de enero de 2022. Disponible en: https://www.cronica.com.mx/notas-a_los_politicos_no_les_importa_la_biod iversidad-1189107-2021.html

4 Naciones Unidas (2018). Acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe: Hacia el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43301/4/S1701021_e s.pdf

5 Naciones Unidas (2012). La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la Cumbre para la Tierra: avances, brechas y lineamientos estratégicos para América Latina y el Caribe (LC/L.3346/Rev.1), Santiago, marzo.

6 Naciones Unidas (1992). Anexo I: Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (A/CONF.151/26), vol. I, Nueva York, agosto. Disponible en: http://www.un.org/documents/ga/conf151/spanish/aconf15126-1annex1s.htm.

7 Naciones Unidas (2012). El futuro que queremos (A/CONF.216/L.1), Río de Janeiro, junio. Disponible en:

https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216 -l-1_spanish.pdf.pdf.

8 Ídem.

9 Naciones Unidas (2018). Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Disponible en:

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/435 95/1/S1800429_es.pdf

10 Mongabay (2021). Periodismo Ambiental Independiente en Latinoamérica. Disponible en: https://es.mongabay.com/2021/04/el-reto-de-dar-vida-al-acuerdo-de-escaz u-en-mexico/

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2022.

Diputado Eduardo Enrique Murat Hinojosa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de crear una comisión especial para esclarecer la denuncia pública efectuada por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la SCJN, a cargo del diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Diputado Federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el Artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo para crear una Comisión Especial cuyo propósito es el esclarecimiento de la denuncia pública efectuada por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pasado martes 22 de febrero del año en curso, en relación con los lamentables hechos ocurridos en el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, ubicada en el Municipio de Hermosillo en el Estado de Sonora, en que fallecieron quemados 49 niños y 106 resultaron heridos, todos de entre cinco meses y cinco años de edad, con secuelas de por vida, bajo las siguientes:

Consideraciones

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció la facultad de investigación sobre hecho o hechos constitutivos de alguna garantía individual, que le otorgaba el Artículo 97, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994.

En tal virtud el Pleno de la Corte en sesiones celebradas en el mes de junio, conoció y resolvió sobre el informe presentado por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, en la facultad de investigación 1/2009, mismo que fue rechazado por la mayoría y en consecuencia procedieron a votar una serie de cuestiones que los propios ministros presentaron y que constituyeron la decisión definitiva de esa investigación.

El Ministro Presidente Arturo Zaldívar el 22 de febrero del presente año, acusó que en este caso hubo “una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno”.

Esta declaración amerita una amplia y exhaustiva investigación por parte de esta Soberanía para determinar qué tipo de presiones se ejercieron y en contra de que Ministros para que votaran por exonerar de cualquier responsabilidad, a funcionarios del Gobierno federal de dicho período y a familiares del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Por las consideraciones antes expuestas, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. - Se crea la Comisión Especial para el esclarecimiento por los lamentables hechos ocurridos en el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC.

Segundo. - Dicha Comisión Especial estará integrada por un número 15 Diputadas y Diputados distribuidos de la siguiente manera:

Integrantes

Tercero. - Dicha Comisión Especial deberá sesionar al menos una vez cada quince días.

1. El quorum para sesionar será de al menos la mitad más uno de sus integrantes.

2. Las votaciones se tomarán por mayoría absoluta de los integrantes de manera nominal.

Cuarto. - El tiempo de duración de la presente Comisión Especial, será hasta la fecha de conclusión del Segundo Período de Sesiones Ordinarias de la Cámara de Diputados del año 2023 y, de ser necesario podrá seguir desarrollando sus funciones hasta el término de la presente Legislatura.

Quinto. - De conformidad con lo previsto en el Artículo 208 numerales 1 y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión tiene la facultad legal para convocar a sus reuniones a toda aquella persona que tenga información que resulte oportuna para el debido y correcto esclarecimiento de los lamentables sucesos de la Guardería ABC.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro; el 3 marzo del 2022.

Diputado Gerardo Fernández Noroña

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SE a establecer una mesa de trabajo con autoridades federales y locales donde se asienta la industria automotriz para analizar el efecto económico nacional de la escasez de chips, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. La Industria 4.0 y el Impacto de la Pandemia

La Estrategia Nacional Digital (END) 2021-2024 tiene dos ejes de acción: 1) La Política Digital en la Administración Pública Federal (APF) y 2) la Política Social Digital para garantizar a la ciudadanía el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de banda ancha de internet para gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica.

Sin embargo, a pesar de la existencia de la END 2021-2024, según el reporte Tecnologías Digitales para un nuevo futuro, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en 2021, de 27 países de América Latina y el Caribe, 16 cuentan con agendas digitales vigentes y en implementación, mientras que 11 requieren una reforma o actualización en este ámbito, México se encuentra en este grupo.

Adicionalmente, el impacto de la pandemia en el avance de la digitalización del país suma 3 años más a los 10 que ya teníamos de atraso con respecto a los países desarrollados, como lo han señalado expertos en el tema, como el maestro Fernando Macedo Chagolla, jefe de la División de Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías en la Facultad de Estudios Superiores, Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para cerrar la brecha digital que existe en nuestro país, la industria 4.0 es de vital importancia y por lo tanto, es menester discutir responsablemente lo que ha significado y significará la escasez de chips.

2. La Industria de los Chips

Los chips son pequeñas piezas de material semiconductor, como el silicio, que contienen múltiples circuitos integrados que procesan información mediante electricidad para que funcionen diferentes dispositivos como computadoras, aparatos electrónicos, electrodomésticos y hasta automóviles.

Se estima que se producen un trillón de chips al año (1’000’000’000’000’000,000). Cada uno de ellos se produce en un tiempo de 8 semanas y transcurren entre 16 y 18 semanas más para su entrega al cliente. Asimismo, se requiere el equivalente a 60 albercas olímpicas de agua diariamente para su producción (202 millones 500 mil litros). Se necesitan de 2 a 3 años para construir una nueva planta productora con un valor de 15,000 millones de dólares y debería funcionar al 100 por ciento de su capacidad para ser rentable y contar con personal altamente calificado y especializado.

Para lograr producir chips se requiere no sólo del diseño de los circuitos en las casas matrices, sino tener los equipos y la maquinaria para hacerlo, la cual es extremadamente cara. Incluso, se ha estimado que una de las máquinas más recientes de chips ha sido la más difícil jamás construida y solo un fabricante holandés puede hacerla. Eso estrangula las cadenas de suministro y evita la soberanía tecnológica de cualquier país, dejando de lado que esta tecnología se vuelve obsoleta en el corto plazo, lo que aumenta el riesgo para los inversionistas.

La fabricación de estos chips se encuentra concentrada en pocas empresas, en donde la taiwanesa TSMC (Taiwán Semiconductor Manufacturing Company), domina el 56 por ciento de la cuota de mercado, fabricando ahora casi el 90 por ciento de los chips necesarios en el mundo.

3. Chips e Industria Automotriz

Entre la industria que requiere de chips está la automotriz, que, aunque su demanda solo representa el 7 por ciento de la producción mundial, la escasez le ha generado impactos catastróficos por el valor que representa cada unidad no vendida, terminada, puesta en parques y diferentes espacios en espera de la llegada de los chips, o almacenada en partes debido a que cada auto o plataforma requiere de chips en diferentes etapas para su armado.

Estos impactos han representado pérdidas de 210 mil millones de dólares en ventas a nivel mundial en el 2021 según la consultora AlixPartners, y aunque se sabe que la demanda está ahí y que se reactivará una vez superada la crisis, un gran número de consumidores han quedado fuera de las adquisiciones por el aumento de los precios, lo que genera un desequilibrio en el mercado y se prevé una mayor contaminación al planeta por la compra de autos usados -según expertos en el tema-, esto sin considerar las pérdidas de salarios y empleos en toda la cadena de producción y suministro por la menor oferta de automóviles.

4. La Tormenta Perfecta

Para explicar de manera sencilla este problema que se generó del resultado de la tormenta perfecta, debemos tener en cuenta los siguientes sucesos:

Primero. Aumento de la demanda de aparatos electrónicos de uso doméstico y una sustitución en la producción de chips para automóviles. Debido al encierro provocado por la pandemia, se suscitó un alza en la adquisición de dispositivos que facilitan la nueva modalidad de trabajo remoto y la educación a distancia, además de aparatos que ayudan a hacer el encierro más llevadero, como consolas de juegos, televisiones, celulares, tabletas y diferentes electrodomésticos. Esto ocasionó que el número de chips especializados a producir para este tipo de productos se acrecentara y que, por el contrario, debido a la disminución de la demanda de autos y su producción just in time, se redujera la producción de chips para esta industria sin tener inventarios para una pronta respuesta.

Segundo. Incremento a las restricciones de importaciones chinas a EUA y una sustitución en esa demanda de importaciones hacia países como Taiwán y Corea. La guerra comercial en contra de China impulsada por Donald Trump, en específico a la empresa SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) con elevadas sanciones que le dificultaron vender sus chips a empresas estadounidenses como Apple, Tesla, Ford, IBM entre otras, derivó en que la empresa taiwanesa TSMC se convirtiera en el principal proveedor en conjunto con Samsumg, sin embargo, estas empresas no pudieron satisfacer la demanda en el corto plazo aun produciendo al 100 por cientode su capacidad.

Tercero. Un incremento en la escasez de recursos hídricos en Taiwán. Como resultado del cambio climático, Taiwán vivió una de las peores sequías de los últimos 50 años en meses anteriores, lo que agregó presión al problema llevando al gobierno de dicho país a suspender el riego de tierras agrícolas para dar prioridad a la fabricación de chips por la gran cantidad de agua que requieren.

Cuarto. Una caída en la oferta de chips japoneses por la destrucción de su capacidad instalada de producción. En el mes de marzo la empresa japonesa Renesa, especializada en la producción de chips para la industria automotriz, sufrió un incendio por sobrecarga eléctrica en su afán de aumentar su productividad para satisfacer la demanda, bajando al 10 por cientosu capacidad de respuesta.

Quinto. Aumento en las restricciones para la extracción de silicio, reduciendo significativamente la oferta del mineral. El costo de silicio necesario para la fabricación de los chips, se ha disparado en un 300 por ciento a pesar de ser el segundo elemento más abundante en la tierra, siendo China el mayor productor; el aumento se debió a la crisis energética por los bajos recursos hidroeléctricos y por una política del Presidente de China para generar un balance producción-contaminación para despejar los cielos de ese país. Las plantas de silicio y de chips que estaban produciendo, han sufrido paros continuos y aún se espera que se reactiven al 100 por ciento.

Sexto. Desacoplamiento de las cadenas productivas internacionales y desorden en el proceso de fijación de precios. La pandemia generó una disrupción en las cadenas de valor globales afectando los ciclos logísticos de manera total, generando un desorden en los mercados y en el proceso de fijación de precios, dando espacios a la especulación y movimientos extraordinarios en los precios relativos. El costo de los contenedores ya venía aumentando desde el 2019, dando como resultado con el impacto de la pandemia un aumento del 530 por ciento desde ese año a la fecha.

Séptimo. Crisis de transporte marítimo y terrestre. Que ha llevado a que las empresas rompan el ciclo de negocio generando escasez de liquidez y diversos problemas que van desde reducción de jornadas que lógicamente lleva a reducciones de salarios y reducción de inversión programada al no generar las utilidades presupuestadas, llegando a afectaciones en última instancia al consumo.

Octavo. El conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Otro factor más que se sumará a la dislocación global de las cadenas de suministro es el riesgo que subyace al conflicto entre Moscú y Kiev, pues la exportación de paladio, neón y C4F6 hacia Taipei, que son elementos esenciales para la producción de chips ya está jugando en el mercado, al igual que la importación que Estados Unidos hace de neón de Ucrania al mismo tiempo que excluye a Rusia del suministro de semiconductores, equipos de telecomunicaciones y otros artículos de manufactura americana como medida de aparente sanción financiera. Cualquier interrupción prolongada del suministro causada por la acción militar, tendrá un impacto severo en la producción. Por su parte, la taiwanesa United Microelectronics Corporation (UMC) ha anunciado una nueva inversión de 5 mil millones de dólares en una nueva planta de chips en Singapur.

5. Consecuencias de la Escasez en México

En los países con fuerte presencia de la industria automotriz se presenta un riesgo del repunte de los efectos de la pandemia y México no es la excepción. Además de la disminución inmediata de las ventas, se presentan problemas que afectan a los empleados de dichas empresas y los de su proveeduría, los cuales están siendo enviados a su casa por los paros técnicos con disminución de sueldos con el miedo de ser despedidos en caso de que el problema no se resuelva de manera pronta. Esta disminución de sueldo impactará directamente en el consumo de cada familia.

Las empresas en diferentes partes del mundo, no le están pagando a sus empresas proveedoras grandes, ellas a las medianas y a su vez a las micros, lo que genera escasez de liquidez y esto ya está pasando en México, con la incertidumbre de cuánto durará.

Los impactos son diversos, y van desde no poder adquirir camionetas Chevrolet o Ram, pick ups de 8 cilindros para usarlas como patrullas en Torreón -según las especificaciones del Sistema Nacional de Seguridad-, hasta el posible cierre de mipymes que no aguanten la recuperación del sector.

6. Respuestas Globales

El problema es tan importante que Estados Unidos y la Unión Europea están trabajando en esfuerzos coordinados e individuales en aspectos tecnológicos, económicos y comerciales para equilibrar las cadenas mundiales de suministro, identificando las lagunas para fortalecer sus ecosistemas nacionales.

En Bruselas se anunció la creación de una Ley Europea de Chips para no depender de Asia y Estados Unidos en semiconductores, y su principal objetivo es que la Unión Europea produzca en el 2030, el 20 por ciento de los semiconductores a nivel mundial (actualmente produce el 10 por ciento).

Ellos definen la escasez de microchips como si no hubiera petróleo y ven la digitalización como una cuestión decisiva. Dentro de esta ley se pretende crear un nuevo ecosistema para subirse a la carrera sobre tecnología y liderazgo industrial, impulsando la investigación, la producción y la cooperación internacional y la creación de un fondo europeo específico de semiconductores.

Recientemente se han aprobado normas y presupuestos para la investigación y puesta en marcha de proyectos para chips de nueva generación, pues los coches no van a dejar de usarse, y entender que el “motor de computación interna” reemplazará al motor de combustión interna.

Generarán programas para financiar iniciativas locales de investigación, diseño y fabricación, que abordarán temas como la inteligencia artificial y los macrodatos. Este proyecto tiene como meta que en el 2030 existan 20 millones de europeos especializados en tecnologías de la información haciendo uso de las estrategias que sean necesarias para lograrlo. Implementarán indicadores anuales sobre el avance de las metas y desarrollarán recomendaciones por región de todos los actores involucrados que no alcancen dichas metas.

En China ya se presentó el chip wuling que tiene un nivel de cálculo muy parecido a los ya existentes, cuyo uso será específico en autos, y se están adelantando al problema actualizando la estructura electrónica de los autos que se producen en ese país creando un Centro Nacional de Innovación de Tecnologías de Vehículos de Nueva Energía, dando así independencia a la cadena industrial de los chips y de su propia cadena de suministro.

El reto es grande, pero los países que aprovechen el potencial crecimiento de esta industria subiéndose al barco de la creación de nuevas tecnologías y sobre todo de la tendencia de los autos eléctricos e híbridos, serán los que pongan las reglas del juego, además de que ya aprendieron la lección vivida por Japón en los años 80 cuando eran los reyes de los semiconductores y la concentración de la producción en muy pocas manos poniendo en riesgo el producto interno bruto de sus países y de la industria en general.

7. Respuesta en México

Requerimos del apoyo del gobierno federal para que como Estados Unidos y la Unión Europea se pueda buscar equilibrar las cadenas de suministro y ver la importancia de una industria que valdrá más de 200 mil millones de dólares en las siguientes dos décadas según el estudio realizado por KPMG el año pasado.

La Secretaría de Economía junto con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social deben estar conscientes de que a nivel mundial las industrias están incorporando la escasez de componentes a sus proyecciones de ingresos y, sobre todo, de demanda laboral, lo que podría ocasionar pérdidas de puestos de trabajo y dinamismo económico.

Si bien es cierto que la producción de chips está fuera de nuestras manos, el gobierno federal está proponiendo establecer plantas para la producción de obleas en el sur del país según la última reunión que tuvo del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN).

En el plano sectorial pareciera oportuno ir pensando en algún programa que evite que familias mexicanas pierdan su fuente de ingreso.

A la ecuación debe sumarse el aumento a la importación de autos usados de Estados Unidos y el aumento al precio de los autos de producción nacional, que al parecer ya no volverán a ser baratos, inclusive los seminuevos.

La industria automotriz vive un momento crucial, en el que la inversión inteligente basada en información seria será fundamental para garantizar el correcto funcionamiento de su cadena de producción.

8. ¿Qué hacer?

En México específicamente tenemos también grandes retos, la falta de energía, el retroceso que el gobierno federal busca con su reforma energética que nos transporta al siglo pasado y sus oídos sordos a estos temas, nos colocan en condiciones más complejas para tomar oportunidades y aprovecharlas al máximo.

Necesitamos involucrar a verdaderos expertos en el tema a nivel mundial que nos ayuden a generar una lista de proyectos que puedan ir más allá y tomar en cuenta tecnologías como blockchain, ciberseguridad, computadoras cuánticas y desarrollo de redes 5G.

Debemos generar colaboración internacional e invertir fondos del estado, de la federación y del sector privado y académico por medio de consorcios que beneficien al crecimiento y a la diversificación de la industria tecnológica.

Superar el actual entorno de desabasto de semiconductores y, finalmente, fortalecerse para avanzar hacia la recuperación total del sector en los próximos años, podría estarse hablando de la construcción del Guanajuato de mediados del siglo XXI y del siglo XXII.

La oportunidad es el diseño, fabricación y desarrollo de una dependencia mutua con otras industrias y países. El camino por seguir se está estableciendo, debemos aprovechar ese conocimiento y definir pasos claros y proyectos específicos.

Contar con información y análisis de los impactos de esta escasez de semiconductores (chips) en la economía, en particular del sector automotriz en las Entidades Federativas y a nivel nacional, nos ayudará a definir con claridad las acciones de corto y mediano plazo para reducir los efectos negativos y plantear una estrategia de largo plazo que permita a Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León, Jalisco, estado de México y Puebla, seguir construyendo liderazgos como una región de crecimiento y desarrollo.

9. Propuesta

Dado que (1) la pandemia ha impactado a la industria 4.0 y se prevé en México un retroceso de la digitalización en al menos 3 años más, (2) que la escasez de chips y las condiciones globales de producción limitan la accesibilidad a nuevos fabricantes, (3) que el uso de chips es clave en la industria automotriz, (4) que las condiciones que acentúan la escasez condicionan el acceso de México y Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León, Jalisco, estado de México y Puebla a la producción, (5) que la escasez genera la falta de pago a las cadenas de suministro y afectaciones en última instancia al consumo, (6) que las respuestas globales a la situación marcan pautas de reacción en investigaciones, programas de profesionalización y desarrollo de producto con innovaciones por lo que (7) es necesario que México, (8) Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León, Jalisco, estado de México y Puebla den respuestas a la problemática; se propone a esta Cámara de Diputados:

Hacer un respetuoso exhorto exhorta al titular del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Economía para que establezca mesas de trabajo con autoridades federales y locales de los estados en donde se asienta la industria automotriz y a fin de llevar a cabo un análisis detallado del impacto económico nacional de la escasez de semiconductores (chips) en la industria, en las que participen representantes de los sectores de la cadena de proveeduría tier 1, tier 2, tier 3 y tier 4, así como trabajadores y trabajadoras afectados.

En el mismo sentido, para establecer propuestas de política pública para aminorar los efectos negativos a las cadenas de proveeduría mexicanas y determinar prospectivas de diversificación y aprovechamiento de la coyuntura en nuevas tecnologías, creación de capital humano, sustentabilidad energética y recursos naturales para soportar nuevas industrias.

10. Llamados Locales a la Acción

Cabe señalar que la diputada local Dessiré Ángel Rocha, de la representación parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Congreso del estado de Guanajuato, presentó un punto de acuerdo ante el Congreso local el 07 de octubre de 2021, con el propósito de que se establecieran mesas de trabajo con autoridades del estado de Guanajuato, en donde la industria automotriz posee una gran relevancia, a fin de que consolidar un análisis detallado del impacto económico local que ha provocado la escasez de semiconductores (chips).

Tomando esto en consideración, la bancada de Movimiento Ciudadano de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace eco del llamado de la legisladora local del estado de Guanajuato, Dessiré Ángel Rocha, a fin de aminorar los efectos negativos a las cadenas de proveeduría mexicanas generados por la escasez de chips.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Economía para que, a la brevedad, establezca mesas de trabajo con autoridades federales y locales de los estados donde se asienta la industria automotriz y tecnológica, a fin de llevar a cabo un análisis detallado del impacto económico nacional de la escasez de semiconductores (chips), en las que participen representantes de los sectores de la cadena de proveeduría tier 1, tier 2, tier 3 y tier 4, así como trabajadoras y trabajadores afectados.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Economía para que, del análisis de las mesas de trabajo que señala el primer resolutivo, establezca propuestas de política pública para aminorar los efectos negativos a las cadenas de proveeduría mexicanas y determine prospectivas de diversificación y aprovechamiento de la coyuntura en nuevas tecnologías, creación de capital humano, sustentabilidad energética y recursos naturales para soportar nuevas industrias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2022.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar tanto a los Ejecutivo federal como locales y la FGR a garantizar la libertad de expresión, y el ejercicio de la labor, la vida, seguridad, integridad y reparación del daño de los periodistas y profesionales de la comunicación en México, a cargo de la diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXV Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En los últimos años en nuestro país, la violencia en contra de periodistas ha ido en aumento. De acuerdo con el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica desde el 2018, 56 comunicadores han sido asesinados siendo enero del 2022 el más violento para quien ejerce el periodismo.

Siendo cuatro las víctimas durante el primer mes de 2022; José Luis Gamboa, director del diario digital Inforegio, asesinado a puñaladas el 10 de enero en Veracruz; Margarito Martínez Esquivel, colaborador del semanario Z, acribillado en Tijuana el 17 de enero; la comunicadora Lourdes Maldonado, emboscada a tiros en Tijuana el domingo 23 de enero y Roberto Toledo, colaborador del portal Monitor Michoacán, fue acribillado a muerte en Zitácuaro, Michoacán la tarde del 31 de enero. Uno más se sumó el pasado 10 de febrero, Heber López en Oaxaca, quien fue acribillado en el estudio de grabación que tenía en su casa.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), México es el segundo país más mortal para periodistas, solo después de Siria. Recordemos que, la libertad de expresión es un derecho humano que, además, guarda estrecha relación con los derechos colectivos, en cuanto al derecho de la sociedad, en general, a recibir información y opiniones sobre diversos temas de interés social incluyendo los políticos.

El derecho a la información y a la libertad de expresión y su ejercicio permiten a los ciudadanos comprender los asuntos de relevancia política y participar ampliamente en la construcción de cualquier sistema democrático y permite desarrollar el esencial principio de la rendición de cuentas, hacer visibles los actos del gobierno y discutir sobre las mejores alternativas en materia de políticas públicas.

La libertad de prensa es fundamental para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión y es un elemento esencial de toda democracia. Su ejercicio requiere de medios de comunicación libres de censura y del control estatal. Sin ella, la posibilidad de contar con ciudadanos informados para la discusión de los asuntos públicos es nula. En este contexto, es importante garantizar condiciones adecuadas para su práctica.

Recordemos que en 2020, el grupo mayoritario junto con sus aliados eliminaron del Presupuesto y de la Ley, el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dejando en desamparo a este gremio y situándolo como un grupo en situación de vulnerabilidad, ya que ellos constituyen la voz de la sociedad, de grupos minoritarios, de personas en situación de vulnerabilidad o en desventaja social y al callar sus voces, se deja sin voz a estos grupos sociales.

En México, existen disposiciones legales y formamos parte de diversos instrumentos internacionales que garantizan la libertad de prensa y la protección a los periodistas. En este sentido, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos prevé la libertad de expresión al señalar que

todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Así mismo el artículo 6o constitucional, párrafo primero, reconoce como un derecho humano la libre manifestación de las ideas y que ésta no será objeto de inquisición judicial o administrativa; asimismo, en el artículo 7o, primer párrafo, prevé la inviolabilidad de la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, por lo que ninguna ley o autoridad pueden establecer la previa censura, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.

La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tiene por objeto establecer un ámbito de cooperación entre la Federación y las entidades federativas para implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

Es por ello, que el Grupo Parlamentario del PRD exige a las autoridades implementar acciones que permitan prevenir las situaciones en las cuales se cometan violaciones a los derechos humanos de los periodistas, realizando las investigaciones pertinentes con la finalidad de identificar a los responsables, imponer las sanciones pertinentes y asegurar a la víctima la adecuada reparación del daño.

Es por lo anterior, queremos dejar claro que las agresiones en perjuicio de periodistas y comunicadores no sólo se trata de agravios a la integridad y vida de personas, porque también se lesiona a la sociedad en su conjunto, al vulnerarse el derecho a la información.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y a las y los titulares de los Poderes Ejecutivos en las entidades federativas, a fortalecer los mecanismos de coordinación para garantizar la libertad de expresión, el ejercicio de la labor periodística y la vida, seguridad e integridad de las y los profesionales de la comunicación.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Fiscalía General de la República y de las Fiscalías o Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas, a que realicen investigaciones exhaustivas de las agresiones y homicidios de periodistas para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2022

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la colegisladora a dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica y adiciona un párrafo XI al artículo 2o. de Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; y se reforman los artículos 418, primer párrafo, y 419, primer párrafo, del Código Penal Federal, propuesta por la senadora Delfina Gómez Álvarez, turnada a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos, a cargo del diputado Fernando Marín Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena

Es inmensamente triste ver como la naturaleza nos está hablando y los humanos no escuchamos. Víctor Hugo

El que suscribe, diputado Fernando Marín Díaz, integrante del Grupo Parlamentario Morena de la LXV Legislatura Del Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

A partir del año 2018, nuestro país vive y disfruta del espíritu transformador que representa la 4ª Transformación encabezada por el Presidente de la República, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador.

Ello nos ha permitido concretar nuevas y diferentes disposiciones y tener un marco normativo que genera certidumbre y un claro y moderno mandato sobre la vida nacional con los cuales se han alcanzado los anhelos de millones de mexicanos al resurgir del olvido e indolencia de administraciones pasadas.

Sin embargo, dentro de esta gran ruta de transformación de México, existen como en todo proceso reformador, aspectos que sin duda tienen la posibilidad de ser mejorados por el bien de los gobernados y darles certeza y certidumbre en su día a día.

En ese sentido, el planteamiento que hoy someto a la consideración de esta soberanía, demanda de las voluntades de todas y todos quienes la conformamos, ya que, no se trata de caprichos, ni disputas o revanchas sino de nuestra vida misma.

A lo largo de muchos años, las organizaciones ambientales internacionales y nacionales han tratado de alertar a la sociedad de la catástrofe que estamos provocando con la deforestación desmedida que por diferentes motivos se lleva a cabo día con día.

Para el caso que nos ocupa, México se encuentra en uno de los primeros lugares en tasas de deforestación en el mundo. Ahora bien, como ya se mencionó, existen muchas organizaciones ambientalistas las cuales han manifestado su preocupación por la degradación al medio ambiente sin respuestas contundentes por las autoridades competentes las cuales contribuyan a aminorar tal desgracia.

De acuerdo con el informe “Estimación de la tasa de deforestación bruta en México para el periodo 2001-2018 mediante el método de muestreo” de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), para 2018 se estimaba una tasa anual de deforestación de 166 mil 337 hectáreas. Esto representa más del doble que 17 años atrás, cuando se estimaba una tasa total de 79 mil 677 hectáreas deforestadas. El año de mayor deforestación en México fue 2016 con una tasa de 350 mil 298 hectáreas deforestadas.1

En ese mismo sentido, otro dato importante es que la deforestación es un tema generalizado a lo largo del país si consideramos que la Península de Yucatán y los Estados de Chiapas, Michoacán y Jalisco tienen las zonas críticas o hotspots más importantes en materia de deforestación. Además, otras regiones como la zona limítrofe sur entre Oaxaca y Veracruz, Guerrero y el norte de Veracruz y San Luis Potosí.2

Sirve para ilustrar este problema tan grave, la publicación que realizó el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria Cedrssa denominado: INVESTIGACION “COMERCIO ILEGAL DE MADERA Y APLICACIÓN DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS BOSQUES”, documento publicado en el año 2020; en él se describe de manera detallada los Estados de la República mayormente dañados, así como la descripción de las actividades ilícitas más frecuentes en el sector forestal, en las cuales son consideradas las acciones del crimen organizado.

En ese sentido es que, en el año 2018 ante el pleno del Senado de la República, fue presentada la iniciativa con proyecto decreto por el que se modifican y adicionan un párrafo XI, al artículo 2o de Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y se reforman el artículo 418 primer párrafo y el artículo 419 primer párrafo del Código Penal Federal, propuesta por la entonces senadora Delfina Gómez.

En tal iniciativa se propone una serie de reformas, las cuales pretenden atacar de manera frontal la tala clandestina que se da en todo el territorio nacional, ya que esta se significa como uno de los principales factores de deterioro ambiental; de ello va la importancia de mencionar que la tala ilegal la realiza la delincuencia organizada que es la que opera dicho delito, para empresas y grandes consorcios, quienes son sus compradores finales, para su procesamiento final.3

La importancia de conservar el medio ambiente reside en la propia importancia del medio ambiente, ya que todos vivimos en él. Por tanto, si queremos asegurar nuestra propia supervivencia y bienestar, y del resto de seres vivos, debemos preocuparnos por su cuidado y protección.4

Como se puede observar, los datos no son solo alarmantes sino una evidencia clara del grave deterioro que hemos hecho al medio ambiente por ello es urgente tomar medidas extremas con las cuales asumamos acciones para revertir ese daño.

Es por lo expuesto que se presenta ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Senado de la República para que en el ámbito de sus competencias constitucionales dictamine de manera pronta la Iniciativa de Ley con proyecto decreto por el que se modifican y adicionan un párrafo XI, al artículo 2o de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y se reforman el artículo 418 primer párrafo y el artículo 419 primer párrafo del Código Penal Federal, propuesta por la entonces senadora Delfina Gómez, misma que fue turnada para análisis y dictamen a las Comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos.

Notas:

1. https://www.greenpeace.org/mexico/blog/10540/5-datos-sobre-la-deforesta cion-en-mexico/

2. https://www.greenpeace.org/mexico/blog/10540/5-datos-sobre-la-deforesta cion-en-mexico/

3. https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-11-29-1/assets/documentos/
Inic_Morena_Arts.418-419_CPF_291118.pdf

4. https://comafors.org/noticias-y-eventos/importancia-de-la-conservacion- y-proteccion-del-medio-ambiente-1912.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, 3 de marzo de 2022

Diputado Fernando Marín Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a instruir los mecanismos que se ajusten a los estímulos fiscales del diésel agropecuario y establecer medidas fiscales en favor de los productores del sector primario, a cargo de la diputada Mariela López Sosa, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, Mariela López Sosa e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Estado mexicano, a través de las distintas dependencias, debe diseñar e implementar programas para promover el bienestar social y económico de los productores agropecuarios, de sus comunidades, de los trabajadores del campo y, en general, de la sociedad rural, mediante la diversificación y la generación de empleo, incluyendo el no agropecuario en el medio rural, así como el incremento del ingreso.

El apoyo con subsidios al diésel agropecuario tiene como principal objetivo ampliar el margen de operación de los productores agropecuarios mediante una cuota energética a precios de estímulo. Dicho apoyo va dirigido a las personas que se dediquen a actividades de producción agropecuaria.

Los altos precios afectan de manera significativa los costos de la producción agropecuaria, por lo que se reducen los ingresos de quienes se dedican a las actividades primarias y, en consecuencia, es muy difícil competir en el mercado.

La importancia de este estimulo radica además de reducir las brechas de desigualdad, en que los productores no competitivos han encontrado en el subsidio un apoyo para permanecer en el mercado; por lo tanto, sus efectos son transitorios y desaparecen cuando se retira el subsidio precisamente por no repercutir en la mejora tecnológica y en la reconversión productiva.

Mediante dicho instrumento, el gobierno buscaba brindar condiciones competitivas al sector primario mexicano ante los bajos precios de combustibles en los países contra los que compite por el mercado agroalimentario.

Desde que el gobierno federal emitió el decreto que elimina diversos estímulos, la productividad, la competitividad y la rentabilidad del Sector Agroalimentario mexicano se ven limitados y se pone en peligro la producción de alimentos y la seguridad alimentaria.

Se desapareció el estímulo fiscal en los sectores pesquero y agropecuario, para el caso del estímulo al diésel pesquero se argumenta que el mecanismo es ineficiente y no beneficia directamente a los pescadores, acuicultores de menores recursos, y para el caso del estímulo del diésel agropecuario, se elimina debido a que se considera que no se han establecido los mecanismos de implementación necesarios para su operación.

Sin embargo, en la realidad, esta decisión afecta la competitividad de nuestro campo, como referencia de ello es de hacerse notar que actualmente el diésel en México tiene un costo de alrededor de 22 pesos por litro, mientras que en Estados Unidos de América (EUA) a un productor agrícola y pesquero le cuesta en promedio 9 pesos por litro, es decir, que el productor mexicano gasta el triple que su competidor estadounidense en este energético.

Con el apoyo al subsidio a la adquisición del combustible se tiene un efecto inmediato y verificable sobre los costos de producción de las actividades agropecuarias y pesqueras, que oscila entre 2 y 6 por ciento en el caso del diésel agropecuario, y entre 6 y 24 por ciento en el del diésel marino.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a reactivar el programa de subsidios al diésel agropecuario y pesquero y que establezca los porcentajes de los estímulos fiscales aplicables en todo el territorio nacional a la gasolina menor a 91 octanos y al diésel para uso en el sector pesquero y agropecuario, de manera que los productores agrícolas gocen de un beneficio apreciable y permanente a lo largo de sus ciclos productivos.

Segundo. La H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), para que en el ámbito de su competencia informe a la opinión pública y publique en la pagina oficial de , los impactos por la falta de aplicación e implementación de los estímulos fiscales para la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2022.

Diputada Mariela López Sosa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos estatales a establecer con la SHCP y el ISSSTE un convenio para reconocer adeudos y regularizar el pago de las cuotas y aportaciones pendientes de cubrir de ejercicios anteriores hasta 2021, a cargo del diputado Irán Santiago Manuel, del Grupo Parlamentario de Morena

Irán Santiago Manuel, diputado de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante 2018 el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado gastó 111 mil 609 millones de pesos; mientras que sus ingresos fueron por 23 mil 305 millones de pesos, es decir, erogó 4.7 veces más de lo que generó.

Debido a los subsidios y transferencias que percibió por parte del gobierno federal por 94 mil 70 millones de pesos, el Issste logró cerrar su balance general con un superávit de 5 mil 766 millones de pesos. Al quitar dichas transferencias, el Issste registraría un déficit por 88 mil 304 millones de pesos.

La falta de recursos al Issste le impide llevar a cabo inversión en infraestructura y equipamiento, en perjuicio de los derechohabientes.

La situación financiera del Issste no sería tan complicada si los gobiernos de los estados pagaran las cuotas y aportaciones en tiempo y forma.

Al día de hoy, el Issste enfrenta un serio problema con las entidades federativas que no le entregan los ingresos de cuotas y aportaciones que hacen los trabajadores a dicho Instituto.

El adeudo que mantienen las entidades federativas, de 2008 a julio de 2021, suma en total 66 mil 295 millones 419 mil 832.63 de pesos. Esta deuda se conforma, principalmente, por dos rubros. La primera, que es la más alta, proviene por concepto de cuotas, aportaciones a los seguros de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez (RCV) que se cobra a los trabajadores, y por las que los estados deben al Issste 58 mil 951 millones 277 mil 846.98 de pesos, es decir, 87.4 por ciento de la deuda total.

Y la segunda, es por concepto de cuotas, aportaciones y préstamos relativos a los seguros de salud, invalidez y vida, riesgos de trabajo y servicios sociales y culturales (Issste Asegurador) que suma 7 mil 344 millones 141 mil 985.65 de pesos, que representa el 12.6 por ciento de la deuda total de las entidades federativas.

Lo anterior, conforme al Reporte de adeudos registrados por concepto de cuotas, aportaciones a los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y al Reporte de adeudos registrados por concepto de cuotas, aportaciones y préstamos relativos a los seguros de salud, invalidez y vida, riesgos de trabajo y servicios sociales y culturales (Issste Asegurador), ambos al cierre del mes de julio de 2021 (quincena 14 de 2021).1

Con este panorama, una de las principales estrategias para mejorar la situación financiera del Issste, es la reingeniería financiera institucional y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ejecute los pagos vencidos, siendo una opción hacerlo con cargo a las participaciones y transferencias federales.

Por otra parte, la obligación de enterar las cuotas de las aportaciones de seguridad social legalmente no corresponde al trabajador, sino a las entidades federativas como patrones, las cuales están obligadas a cumplir con la obligación de enterar las cuotas de aportaciones de seguridad social de sus trabajadores.

Los artículos 4o. y 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan el acceso a servicios de salud y el derecho a la seguridad social, los cuales no pueden ser restringidos por la falta del entero oportuno de las cuotas y aportaciones de seguridad social correspondientes. Lo anterior es así, debido a que el pago de las referidas sumas obedece a una responsabilidad que corresponde cumplir exclusivamente al patrón y no a los trabajadores, lo que significa que no es posible privar a estos últimos del acceso a los servicios de seguridad social por cuestiones que no les son imputables directamente.

Las trabajadoras y trabajadores tampoco deben tener restricciones para acceder a préstamos o créditos, menos aún, a que presenten problemas al realizar trámites administrativos, por el hecho de que la entidad patronal no cumpla con su obligación de enterar oportunamente las cuotas y aportaciones de seguridad social.

El presente punto de acuerdo es con la finalidad de exhortar a las y los gobernadores de las 32 entidades federativas, para que concilien y determinen saldos de adeudos, y posteriormente celebrar un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para reconocer los adeudos pendientes de pagar, presenten un plan de pago y así, puedan solventar su deuda con el Issste.

En caso de que los estados entreguen las cuotas y aportaciones que adeudan, con ese recurso el Issste tendrá posibilidad de poder abastecer y dotar con mayor facilidad de equipamiento y mantenimiento que requieren las clínicas y hospitales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las y los titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas, para que, a la brevedad, establezcan un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a efecto de reconocer adeudos y regularizar el pago de las cuotas y aportaciones que tienen pendientes de cubrir de ejercicios anteriores, hasta 2021.

Nota :

1. Publicación de adeudo al cierre de la quincena 14 de 2021 de conformidad con el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo del 2022.

Diputado Irán Santiago Manuel (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a garantizar que los proyectos considerados de seguridad nacional respeten los principios de transparencia y rendición de cuentas, suscrita por los diputados Óscar de Jesús Almaraz Smer, Mariela López Sosa y César Augusto Rendón García e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, Óscar de Jesús Almaraz Smer, Mariela López Sosa, César Augusto Rendón García e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México la seguridad nacional se define como las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que conlleven a: la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y los riesgos que enfrente el país; la preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno, así como de la unidad de las partes integrantes de la federación; la defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros estados o sujetos de derecho internacional, y la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes.1

En el artículo 51 de la Ley de Seguridad Nacional, se señala que “además de la información que satisfaga los criterios establecidos en la legislación general aplicable, es información reservada por motivos de Seguridad Nacional:

I. Aquella cuya aplicación implique la revelación de normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipo útiles a la generación de inteligencia para la Seguridad Nacional, sin importar la naturaleza o el origen de los documentos que la consignen; o

II. Aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar una amenaza”.

También en el artículo 54 de la ley de referencia, establece que “la persona que por algún motivo participe o tenga conocimiento de productos, fuentes, métodos, medidas u operaciones de inteligencia, registros o información derivados de las acciones previstas en esa ley, debe abstenerse de difundirlo por cualquier medio y adoptar las medidas necesarias para evitar que lleguen a tener publicidad”. De acuerdo con el artículo 13, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la “información reservada podrá clasificarse aquella cuya difusión pueda comprometer la seguridad nacional (...)”.

Por su parte, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación establece, en el artículo 91, fracción III, que “el auditor superior de la Federación y los auditores especiales durante el ejercicio de su cargo, tendrán prohibido hacer del conocimiento de terceros o difundir de cualquier forma, la información confidencial o reservada que tenga bajo su custodia la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para el ejercicio de sus atribuciones, la cual deberá utilizarse sólo para los fines a que se encuentra afecta”, por lo cual, la ASF sólo debe incluir la que tiene el carácter de pública, con el propósito de preservar la secrecía con la que se deben conducir las áreas de seguridad nacional; esto no incluye obras de infraestructura carreteras energéticas, turísticas ni de otra índole que sean destinados para el desarrollo social.

El pasado 22 de noviembre el Ejecutivo federal publicó un decreto en el que declaró la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México como asuntos de interés publicó y seguridad nacional.

Entre esas obras, indica el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación, están las asociadas a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles, energético, puertos y aeropuertos.

Al catalogar a una obra como asunto de “seguridad nacional”, el gobierno puede llegar a reservar la información relacionada con estas obras, es decir, que cualquier solicitud de información que se haga para conocer el estado de alguno de los proyectos en marcha podría ser negada.

A todas luces, este decreto trasgrede disposiciones constitucionales en materia ambiental (artículos 4 y 27 constitucional), competencia económica (artículo 28 constitucional), transparencia (artículo 6 constitucional), consulta previa (artículos 2 y 133 constitucionales), derechos humanos (artículo 4 constitucional), y tratados internacionales, además de quebrantar la división de poderes, ya que pretende imponerse indebidamente sobre las leyes emanadas de este Congreso de la Unión.

Ante esto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) estimó la vulneración del derecho al acceso de información y del principio de máxima publicidad por lo que presentó una controversia constitucional, a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dio la razón al INAI en términos de evitar que se clasifique a priori la información que debe ser pública por su propia naturaleza.

Sin embargo, la suspensión del decreto por el que se declaran como de seguridad nacional y de interés público las obras del Gobierno federal, se realizó sólo en términos de transparencia, con ello, el Gobierno federal no podrá reservar, por tema de seguridad nacional, la información que se le solicite sobre las obras que realiza y deberá analizar cada caso en forma particular, con base en la ley de transparencia vigente.

Ello limita al ejercicio de transparencia y rendición de cuentas a las solicitudes de información, y existe una posible violación al artículo sexto de la Constitución, pues la seguridad nacional y el interés público son causales de reserva de la información, la clasificación de ésta debe realizarse por los sujetos obligados caso por caso, fundando y motivando la determinación y cumpliendo los requisitos de la prueba de daño.

Por ello, se deben fijar los mecanismos en todas las instituciones que garantizan el acceso a los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal a suspender la aplicación del Acuerdo por el que se declaran como de seguridad nacional e interés pu?blico los proyectos y obras de infraestructura del Gobierno Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre del 2021, a efecto de respetar y garantizar el derecho de acceso a la información de las mexicanas y mexicanos, como ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Auditoria Superior de la Federación y a la Secretaria de la Función Pu?blica a que, en sus respectivos ámbitos de competencia, fortalezcan los procesos de fiscalización a los proyectos y obras de infraestructura del Gobierno Federal considerados como de seguridad nacional e interés público en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre del 2021.

Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, para que, a través de la Secretaríaa de Gobernación, informe a la opinión pública y publique en su pagina oficial, cual es la incidencia en la política de Seguridad Nacional, así como las razones para catalogar con este criterio, los proyectos y obras del Gobierno Federal para que sean considerados de interés público y seguridad nacional, así como los alcances previstos con esa decisión.

Nota

1 Ley de Seguridad Nacional, artículo 3, fracciones I, II, III, IV, V y VI

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2022.

Diputado Óscar de Jesús Almaraz Smer (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para enfrentar la urgencia de la niñez y adolescencia por el desabasto de medicamentos y la violencia infantil, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Las niñas y niños en nuestro país, hoy más que nunca, requieren de todo el apoyo institucional que las autoridades tengan a su alcance para garantizarles sus derechos más básicos y elementales; Desgraciadamente en México, hoy se puede afirmar que las niñas, niños y adolescentes viven en un estado de emergencia, los casos más recientes de Puebla y Morelos, las niñas y niños maltratados en los albergues de la Cuidad de México, el reclutamiento de menores por el crimen organizado, la venta de niñas en Guerrero, ser el país con los porcentajes más altos de obesidad infantil y lamentablemente ser uno de los países en donde más pornografía se consume, deben obligar a todas las autoridades a prender las alarmas por la niñez en nuestros país.

Si sumamos a lo anterior la implementación de políticas públicas y programas sociales que han tenido grandes problemas en su instrumentación, poca transparencia y que no cumplen con los objetivos para garantizar los derechos de la niñez, en vez de generar soluciones gubernamentales estamos profundizando estas problemáticas.

Un devastador ejemplo es lo que sucede con el desabasto de medicamentos, problema generado por el propio gobierno federal al modificar sin ningún tipo de evaluación los procesos de adquisición y distribución de los mismos convirtiendo esta política en una sistemática violación al derecho a la salud de las y los mexicanos y particularmente a las niñas, niños y adolescentes con cáncer quienes sufren día con día el desabasto de los medicamentos que son necesarios para garantizar su salud y su vida.

Esta problemática ha llevado a miles de familias a exigir en las calles el abasto de los medicamentos oncológicos para niñas y niños; paros, movilizaciones de colectivos, protestas, un sin número de reuniones con autoridades de la Secretaría de Hacienda y de la Salud, gestiones en los hospitales, son ahora parte de la rutina de las madres y padres cuyos hijos sufren esta enfermedad.

Sin duda alguna la exigencia y reclamo de las familias afectadas se encuentra plenamente justificada pues conforme pasa el tiempo al no ofrecer una solución lo que se pierden son vidas. Corresponde al Estado garantizar atención oportuna, completa y de calidad, desde los servicios públicos de salud, a todas las niñas y todos los niños con cáncer en nuestro país. La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer IAP en un comunicado externo lo siguiente:

“Es necesario explicar que el gobierno federal decidió establecer nuevas reglas de producción, distribución y comercialización de medicamentos, a la par de transformar el Seguro Popular en Instituto de Salud y Bienestar (Insabi); estos cambios con el agravante de la contingencia sanitaria por la pandemia de coronavirus. Ante la falta de una elemental estrategia para reemplazar a tiempo el suministro de fármacos y la añadida escasez de materias primas a nivel mundial, el resultado no puede ser otro que el desabasto de medicinas.

Es reprobable, en todos los sentidos, la reiterada postura del gobierno federal en minimizar esta problemática, asegurando que está resuelta con las compras en el extranjero, cuando la realidad en los hospitales es otra. En todo caso, ha justificado esas irregularidades (desabasto y retraso) como parte de los efectos del desmantelamiento de la complicidad entre autoridades pasadas y empresas; esto es inadmisible e irresponsable a falta de denuncias penales de por medio y a la luz del incumplimiento de su obligación por atender a los pacientes.

También es reprobable que en ningún momento se reconozca la participación de la sociedad civil para tratar de disminuir el desabasto, que durante todo 2020 se cuestionó sobre su veracidad y todavía hoy se duda en las consecuencias en la sobrevida de los menores. En el primer trimestre de este año, convocados por el Programa México en Alianza con St. Jude, 11 organizaciones documentamos –con volúmenes y facturas de compra–, los faltantes de metotrexato, vincristina, mercaptopurina, L-Asparaginasa, Dexametasona, Citarabina, Etoposido, Ciclofosfamida, Ifosfamida y Doxorubicina, en diversos estados de la República.

¿De qué se tratá Por un lado, evidenciamos y cubrimos los faltantes con el apoyo de voluntarios y donantes, y por el otro, nada parece suceder y hasta se descalifica la genuina exigencia de que el gobierno cumpla el derecho a la protección a la salud. Faltaba más que no fuera legítima la defensa al derecho de la salud.1

Como legisladoras y legisladores federales debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para coadyuvar en la solución de esta problemática, cuando son nuestras niñas y niños los afectados se espera de las autoridades brinden una respuesta contundente y coordinada entre todos los órdenes de gobierno sin importar partidos y posturas políticas, si queremos avanzar se debe reconocer la existencia de esta problemática y a partir de ahí generar soluciones. Negar el desabasto solo amplia la problemática y daña de manera irreparable a las familias involucradas.

Desde la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia hemos realizado esfuerzos para alcanzar acuerdos y consensos en torno a diversos hechos y temas que vulneran los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así lo hicimos en el caso de la venta de niñas en Guerrero al emitir un exhorto conjunto de todos los grupos parlamentarios solicitando la intervención de las autoridades y la condena de los hechos. Ante el caso del cuerpo del recién nacido encontrado en el Penal de Puebla, del niño desaparecido y encontrado sin vida en Morelos y de la exposición del menor de edad del DIF Capullos por parte del gobernador de Nuevo León y su esposa, la comisión remitió a la Comisión Permanente un oficio para solicitar a dicho órgano un pronunciamiento para condenar esos hechos. De igual forma cuando se publicó la noticia relacionada con los albergues de la Ciudad de México, gracias a las gestiones de compañeras del Grupo Parlamentario de Morena, se logró realizar una reunión de trabajo con la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para conocer la problemática y buscar soluciones conjuntas.

Por ello, el tema del desabasto de medicamentos no puede ni debe ser la excepción, incluso la propia diputada Patricia Armendáriz del Grupo Parlamentario de Morena, durante el periodo de receso pasado, propuso la creación de una comisión para dar solución a esta problemática, propuesta que hoy tiene gran relevancia y ahora que el Grupo mayoritario abrirá la puerta para aprobar comisiones especiales, sería necesaria la creación de una comisión especial para hacer frente a la situación de emergencia que vive la niñez y adolescencia derivando del desabasto de medicamentos y violencia infantil.

Con esta comisión especial, la cual propongo sea conformada por diputadas y diputados que integren las comisiones ordinarias de Derechos de la Niñez y Adolescencia, Salud, Seguridad Social, Derechos Humanos, Hacienda y Crédito Público y Presupuesto y Cuenta Pública con la certeza de que quienes integramos estas comisiones podamos generar sinergias y consensos al interior del Congreso para alcanzar mejores resultados. Es claro que una problemática de esta naturaleza no puede ser resuelta desde los trabajos y esfuerzos de una sola comisión, este problema requiere de un trabajo en conjunto, coordinado y de voluntad política que debe generarse entre diversas comisiones relacionadas con este tema. Sumar esfuerzos significa alcanzar resultados y salvar vidas.

Estoy segura que desde los trabajos de una comisión especial que tenga por objetivo hacer frente al desabasto de medicamentos y la violencia infantil podremos coadyuvar con el Gobierno Federal a encontrar una solución administrativa y jurídica que permita resolver de manera oportuna esta problemática y con ello garantizar el derecho a la salud de las niñas, niños y adolescentes. La situación de emergencia que vive nuestra niñez es alarmante y nos corresponde a quienes integramos la presente legislatura dar soluciones y no excusas.

Punto de Acuerdo

Primero. Con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que, con base en sus atribuciones establezca la creación de una comisión especial para hacer frente a la situación de emergencia que vive la niñez y adolescencia derivado del desabasto de medicamentos y violencia infantil.

Segundo. La comisión especial se integrará por el número de diputados que así lo determine la Junta de Coordinación Política, observando proporcionalmente la representación de cada uno de los grupos parlamentarios ante el pleno de la Cámara de Diputados. En las propuestas que los grupos parlamentarios formulen para su integración, procurarán postular a quienes integren las comisiones ordinarias de Derechos de la Niñez y Adolescencia, Salud, Seguridad Social, Derechos Humanos, Justicia, Hacienda y Crédito Público y Presupuesto y Cuenta Pública.

Tercero. La comisión especial de la Cámara de Diputados iniciará su vigencia el día de la aprobación por el pleno del acuerdo de su creación y se mantendrá en funciones hasta el término de la legislatura o bien, hasta que sus integrantes determinen que se ha cumplido o agotado su objeto.

Cuarto. La comisión especial de la Cámara de Diputados contará con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la realización de sus atribuciones que para tal efecto autorice el Comité de Administración con sujeción a la normatividad aplicable de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Nota

1 https://www.amanc.org/2021/06/30/comunicado-de-amanc-ante-el-desabasto- de-medicamentos/

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el 3 de marzo de 2022.

Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a Pemex a elaborar un plan de acción inmediata para reducir el venteo y la quema de gas e incluir en su plan de negocios estrategias pro aprovechamiento del recurso, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales integrantes de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

I. La quema de gas natural representa el desperdicio de uno de los recursos más importantes que tiene Petróleos Mexicanos, además esta es una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, mismo que contribuyen al cambio climático y que son parte activa en las afectaciones a la calidad del aire de las zonas aledañas a la quema de gas.

Durante los últimos años, la quema de gas ha sido uno de los principales retos para Pemex, pues requiere de esfuerzos técnicos, tecnológicos y financieros para poder reducir la quema de gas. Tan solo en 2018, se enviaron 110.84 Miles de millones de pies cúbicos diarios (MMMpc) a los quemadores de desfogue, de los cuales el 58.6% correspondió a Pemex Exploración y Producción, 40.0% a Pemex Transformación Industrial y el resto a Pemex Etileno y Pemex Logística.1

En cuanto a los 64.95 MMMpc de gas quemado por Pemex Exploración y Producción, 65.4% provino de instalaciones ubicadas costa afuera en la Sonda de Campeche en el Golfo de México, mientras que el 13.0% en instalaciones terrestres en el sureste del país y 21.6% en instalaciones terrestres del noreste del país.2

Las emisiones totales que tuvo Pemex en 2018, derivadas de la quema de hidrocarburos desfogados, representó el 28.6% de las emisiones totales de la empresa, equivalentes a 10.46 millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente (MMtCO2e).3

Respecto a 2019, el volumen de gas hidrocarburo enviado a quemadores de desfogue se incrementó de manera considerable, pues se quemaron 188.95 MMMpc, es decir 70% más que en 2018 (110.83 MMMpc). De volumen de gas quemado en 2019, 58% provino de Pemex Exploración y Producción, 41% a Pemex Transformación Industrial y el resto Pemex Logística.4

Por su parte el volumen total de emisiones generadas por el venteo de gas en 2019 equivalió a 14.3 MMt CO2e, lo cual represento el 30% de las emisiones totales generadas por Pemex. La quema de este volumen significó un incremento en la emisión de contaminantes del 36.4% respecto a 2018 (10.46 MMt CO2e).5

Por si fuera poco, para 2020 la quema de gas tuvo un incremento considerable ya que, el volumen de gas hidrocarburo enviado a quemadores de desfogue fue de 318.4 MMMpc, esto es 68% mayor a la cantidad de gas desfogado en 2019, que fue de 189.9 MMMpc. Mientras que las emisiones de gases contaminantes, provenientes de esta actividad, aumentaron 48.39%, respecto a 2019, es decir se pasó de generar 14.3 MMt CO2e a 21.27 MMt CO2e, representando así el 39% de las emisiones totales generadas por todo Pemex.6

II. Los informes de sustentabilidad emitidos por Pemex no muestran una estrategia clara para lograr minimizar la quema de gas, aun cuando su aprovechamiento generaría grandes beneficios económicos.

Tan solo en el primer trimestre de 2021 el desperdicio de gas natural representó el 11 % de la producción total de gas Pemex, esto son 520.8 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd), cuyo valor comercial de desaprovechamiento se estima en poco más de 1.8 millones de dólares por día.7

Por otro lado, el aumento en la quema de gas se da en un entorno donde Pemex, en 2022, tiene un volumen de ventas internas de 1, 153.7 MMpcd, del cual se importan 673.5 MMpcd, es decir que importamos el 58% de lo que consumimos en el país.8

Si bien Pemex tiene contemplado implementar proyectos de aprovechamiento de gas asociado para reducir su envío a quemadores de desfogue en los procesos de exploración y producción, esto no resulta claro pues no se tienen montos estimados de inversión para este tipo de proyectos, ni cuanto se estima que se reducirá el venteo de gas y las emisiones contaminantes provenientes de esta. Además, de esto, el aprovechamiento de gas asociado no se encuentra dentro de las principales metas.

Como se ha mostrado, la quema de gas generada por Pemex se ha mantenido al alza en los últimos años, sin embargo, no hay una estrategia clara de cómo la empresa lograra reducir el desperdicio de este recurso, aun cuando su aprovechamiento generaría más recursos económicos a mediano plazo.

Por todo lo anterior, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a Petróleos Mexicanos a elaborar un plan de acción inmediata para la reducción del venteo y quema de gas asociado.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a Petróleos Mexicanos a incluir dentro de su Plan de Negocios un apartado que incluya lo siguiente:

I. Los proyectos destinados para la reducción de venteo y quema de gas asociado y su inversión presupuestal estimada;

II. La reducción estimada del volumen de gas quemado por esta actividad;

III. La reducción estimada de las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del venteo y quema de gas asociado.

Notas

1 “Informe de Sustentabilidad” Petróleos Mexicanos, 2018. Recuperado de:
https://www.pemex.com/etica_y_transparencia/transparencia/informes/Documents/inf_sustentabilidad_2018_esp.pdf

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 “Informe de Sustentabilidad” Petróleos Mexicanos, 2019. Recuperado de:
https://www.pemex.com/etica_y_transparencia/transparencia/informes/Documents/inf_sustentabilidad_2019_esp.pdf

5 Ibídem.

6 “Informe de Sustentabilidad” Petróleos Mexicanos, 2020. Recuperado de:
https://www.pemex.com/etica_y_transparencia/transparencia/informes/Documents/inf_sustentabilidad_2020_esp.pdf

7 “Quema de gas natural de Pemex escala a máximo de una década” El Economista, 2021. Recuperado de: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Quema-de-gas-natural-de-Pemex- escala-a-maximo-de-una-decada-20210928-0051.html

8 “Estadísticas Petroleras”, Petróleos Mexicanos, 2022. Recuperado de:
https://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Paginas/IndicadoresPetroleros.as px

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 03 de marzo de 2022.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Consejo de Administración de Pemex a adecuar las disposiciones generales de contratación para ésta y sus empresas productivas subsidiarias, a cargo del diputado Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Manuel Rodríguez González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXV Legislatura, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, a fin de adecuar las Disposiciones Generales de Contratación para PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Petróleos Mexicanos es la empresa más grande e importante de nuestro país, referente internacional en cuanto al tema de hidrocarburos. Las actividades de Petróleos Mexicanos involucran el total de la cadena productiva, desde la exploración, producción, transformación industrial, logística y comercialización.

El sitio electrónico de PEMEX1 indica que, en materia de transformación industrial Petróleos Mexicanos cuenta con seis refinerías, dos complejos petroquímicos y nueve complejos procesadores de gas que le permiten producir derivados de petróleo para hacerlos llegar a distintos sectores.

En logística cuenta con 83 terminales terrestres y marítimas, así como poliductos, buques, carros tanque y autos tanque, para abastecer a las más de 11 mil estaciones de servicio a lo largo de nuestro país.

Que es una empresa sustentable, socialmente responsable, con estrictos estándares de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental. Que dichas actividades se realizan con estricto apego a la integridad ecológica de las zonas en las que trabaja, impulsando el desarrollo social y económico de las comunidades.

Así mismo la página web de Petróleos Mexicanos señala que uno de los objetivos es que:

“A través de un modelo de atención se instrumente un mecanismo que atienda a los proveedores en cada etapa de su interacción con Pemex .

Vincular necesidades de las áreas usuarias de Pemex con oportunidades identificadas en el mercado; a partir de elementos como: atención a proveedores y contratistas, categorías, estudios de mercado y otras iniciativas de la Subdirección de Abastecimiento; además, proponer al área usuaria alternativas de procura a través de un modelo de contratación que maximice el valor de los recursos disponibles en beneficio de la organización en un contexto de mercado competido .

A través del modelo de atención cubrimos el objetivo de instrumentar un mecanismo que dirija los requerimientos de los usuarios hacia proveedores que ofrezcan las mejores soluciones integrales de procura y que atienda a los proveedores en cada etapa de su interacción con Pemex ”.

Fundamento legal

Artículo 19 de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias que establece las Reglas generales y que a la letra señala:

“Los Procedimientos de Contratación de bienes, arrendamientos, obras y servicios se efectuarán, por regla general, a través de concurso abierto, previa convocatoria pública para que libremente se presente cualquier interesado siempre que reúna los requisitos previstos en las presentes Disposiciones, y se realizarán a través del Sistema Electrónico de Contrataciones ”.

Así como con fundamento en los artículos 13, fracción V, y 76, de la Ley de Petróleos Mexicanos, que faculta al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos para adecuar las Disposiciones Generales de Contratación para PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias y por considerar que el presente documento modernizará y actualizará con el uso de la e-firma a través del Sistema de Formalización de Contratos de Pemex (Sifocop), el proceso de la subcontratación de empresas regionales y/o de prestación de los servicios o suministro de los bienes para Petróleos Mexicanos, así como eficientar las compras y adquisiciones de la empresa y de los contratos con los proveedores, es que surge la materia y motivo del presente exhorto.

En este sentido y para mayor claridad de lo que se propone al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos para que actualice los artículos materia del presente ocurso, se anexa el siguiente cuadro comparativo:

Disposiciones Generales de Contratación para PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias 2

Por lo anterior expuesto y fundado, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados exhorta al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, a fin de adecuar los artículos 20 y 37 de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias.

Segundo.- La Cámara de Diputados exhorta al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, para que una vez aprobada la presente Proposición con Punto de Acuerdo, la adecuación de los artículos 20 y 37 de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias, se realice en su próxima reunión del Consejo.

Notas :

1. https://procura.com.mx/

2. http://www.dof.gob.mx/2021/PEMEX/DGC2021.pdf.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 3 de marzo de 2022.

Diputado Manuel Rodríguez González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Conade a no reducir y rediseñar el tabulador para los apoyos económicos mensuales de los atletas becados, a cargo de la diputada Karla Ayala Villalobos, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Karla Ayala Villalobos, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conade no reducir y rediseñar el tabulador para los apoyos económicos mensuales de los atletas becados, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Con el sorteo llevado a cabo el 15 de septiembre del 2021, el presidente de la República mencionó públicamente que se apoyaría a los atletas olímpicos con los recursos que de este se obtuvieron, tres días después, se notifica a los atletas de un recorte en sus apoyos de hasta 65 por ciento.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) notificó a las y los atletas un recorte al apoyo que perciben mensualmente, por considerar que no tuvieron un buen desempeño en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio.

Las y los atletas olímpicos que no obtuvieron medalla, fueron notificados mediante un oficio el 10 de septiembre de 2021. Así, notificaban a los mismos de la reducción por no cumplir con las metas establecidas, previstas en la carta de “Compromiso de resultados”, que firmaron antes de asistir, esto, como requisito para poder mantener el apoyo económico.

Sin embargo, testimonios anónimos de los mismos deportistas hacen saber que la meta específica convenida fue cumplida, la cual era lograr calificar a los juegos olímpicos, independientemente del resultado que obtuvieran.

Además, de negarles conocer el tabulador mediante el cual se definirá el monto del recorte.

Algunos deportistas, los cuales fueron víctimas del recorte, cuentan con medallas en Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe, además de contar con records nacionales en diversas disciplinas.

Resulta demasiado drástico que, un resultado no favorecedor defina la carrera de nuestros deportistas, al grado de quitarles 65 por ciento de sus ingresos mensuales, ya que, en su mayoría, viven y dependen 100 por ciento de este apoyo. Orillándolos a buscar otra fuente de ingresos, porque nos están demostrando con estas medidas que, deportistas de talla olímpica, no podrán vivir del deporte y disciplina, lo que conlleva a mermar el desarrollo deportivo en México.

Un atleta de tal talla, con un ingreso recortado a 65 por ciento difícilmente podrá prepararse debidamente para una medalla de oro.

Una semana antes del sorteo, se habían recaudado 193.5 millones de pesos, los cuales no se ven reflejados en esta absurda decisión.

Hoy en día, las malas decisiones y el mal manejo de los recursos están castigando al deporte mexicano, llevando a nuestros atletas en tener su mente y tiempo ocupados en saber de dónde tener ingresos para su día a día, ya que con el monto de 6mil a 10mil pesos que se les dará a muchos deportistas, es complicado que ocupen enteramente su tiempo en entrenar, descansar y alimentarse correctamente.

¿Así es como se pretende exigir medallas olímpicas? ¿Con reducciones excesivas en los apoyos económicos?

Desde antes de los Juegos Olímpicos era bien conocido la falta de apoyo a los deportistas en diversos aspectos de su preparación en general como deportistas, ahora, y aunado a estas carencias, se les deja con un ingreso mensual que solo mas preocupaciones les traerán a nuestros atletas.

Por lo que, el presente punto de acuerdo es el medio para exhortar a la Conade revertir la drástica y discrecional reducción de apoyos económicos a las y los atletas, por no ser una decisión atinada en pro del desarrollo del deporte en México.

Hay diferentes maneras de dar solución a la merma deportiva en México, no se debe castigar al deporte de tal manera.

Por lo expuesto es que se somete a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Deporte a no reducir y rediseñar el tabulador para los apoyos económicos mensuales de los atletas becados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2021.

Diputada Karla Ayala Villalobos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a incluir nuevamente en las Reglas de Operación del programa La Escuela es Nuestra el de Escuelas de Tiempo Completo, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a la siguiente

Exposición de Motivos

I. El pasado 28 de febrero de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo número 05/02/22 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa la Escuela es Nuestra para el ejercicio fiscal 2022 a través del cual se eliminó el financiamiento al programa “escuelas de tiempo completo”.1 Con esta modificación, el financiamiento del programa “Escuelas de Tiempo Completo” pasó al programa “La Escuela es Nuestra”.

El programa de escuelas de tiempo completo era una política pública integral que brindaba apoyo en la alimentación y educación de más de 3.6 millones de niños y adolescentes de escasos recursos de nuestro país; también, brindaba servicio durante los 200 días que abarca el ciclo escolar.

Dicho de otro modo, el programa se traducía en una garantía de que las niñas, niños y adolescentes pudieran acceder a educación mientras podían tener alimentación de calidad. Por ello, significaba un gran apoyo para las madres y padres que, por la precariedad laboral, se ven obligados a trabajar durante largas jornadas a fin de poder generar los ingresos que le permitan mantener a sus familias.

Así, con este programa se garantizaba: en primer lugar, que las infancias y juventudes tuvieran acceso a alimentación saludable; en segundo lugar, se promovía que los padres y las madres de familia tuvieran oportunidad de trabajar durante más horas a fin de contribuir en mayor medida a la economía familiar; en tercer lugar, que se consolidaran los aprendizajes en “lecto-escritura y expresión oral; el análisis, la curiosidad intelectual y el sentido crítico para fortalecer el razonamiento científico y el pensamiento matemático; promueven las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para el estudio y el aprendizaje (...) de una segunda o tercera lengua”2

De acuerdo con la organización Mexicanos Primero, la desaparición del programa de escuelas de tiempo completo “significa un robo para maestras, maestros y directivos y muestra desprecio generalizado a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es un agravio, el desacato a una sentencia judicial y una medida regresiva en derechos humanos.”3

Ahora bien, la eliminación del programa de Escuelas de Tiempo Completo sería un grave error en virtud de que dicho las escuelas de programa fungían como un mecanismo de movilidad social ya que las niñas, niños y adolescentes en condiciones de mayor vulnerabilidad eran quienes especialmente eran beneficiados ya que este programa compensaba las desventajas de origen del estudiantado.4

Asimismo, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, las principales características de las Escuelas de Tiempo Completo tenían las siguientes características:

1. “Tenían una propuesta pedagógica que se fundamenta en el Plan y Programas de Estudio de la educación básica.

2. Incorpora seis líneas de trabajo que son parte fundamental de la propuesta pedagógica del Programa Escuelas de Tiempo Completo las cuales son: Fortalecimiento de los aprendizajes sobre los contenidos curriculares; uso didáctico de las tecnologías de la información y comunicación; arte y cultura; recreación y desarrollo físico; aprendizaje de lenguas adicionales; y vida saludable.

3. Promueve el trabajo colegiado de maestros y directores para la planeación, la reflexión sobre la práctica y la evaluación de los resultados de los alumnos.

4. Permite un espacio para ofrecer alimentación saludable.

5. Requiere de una estrecha articulación con otros Programas.

6. Favorece la participación de los padres de familia.

7. La participación de distintos actores en la tarea educativa.”5

II. Por su parte, según el experto en finanzas públicas y ex director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el doctor Héctor Villareal, la eliminación de este programa es un grave error. A la letra el académico de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey apuntó lo siguiente:

“Es un error grave sustituir los servicios del gobierno por transferencias monetarias, varias razones:

Primero, en muchos lugares no hay oferta de servicios del tipo, vale la pena revisar la experiencia con las estancias infantiles.

Segundo, no es obvio que las personas que reciban la transferencia sepan cómo gastarla en algo similar, hay costos de transacción importantes (evaluación de opciones, controles de calidad), es algo que el gobierno debe regular.

Tercero, puede no alcanzar. El gobierno logra economías de escala y tiene más poder de negociación que familias individuales.

Cuarto, las personas se pueden gastar el dinero en otra cosa. Sí, votarán muy “alegremente”, sólo que la población a la que iba dirigida originalmente el servicio pierde.

Estas decisiones tienen que venir acompañadas de análisis, tanta improvisación nos va a costar mucho.”6

III. La Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, justificó la desaparición del programa “Escuelas de Tiempo Completo” refiriendo que actualmente en las escuelas hay muchas necesidades básicas “como agua y sanitarios que se deben de atender”.7 Asimismo, apuntó que “se está haciendo el análisis de cómo trabajar lo de tiempo completo y alimentación; de momento, puede causar inquietud o, por qué no, molestia”.

De igual manera, la Mtra. Gómez mencionó que con la modificación a las reglas de operación ahora el recurso del programa Escuelas de Tiempo Completo “se va a enfocar principalmente a que el recurso que se asigne sea ocupado para esa situación”.8

Sin embargo, este programa del gobierno federal denominado “La Escuela es Nuestra”, que es al que se destinará el recurso del programa eliminado, ha sido señalado de servir para ocultar y perpetuar actos de corrupción en estados como Michoacán, Guanajuato, Puebla y Veracruz.

En este sentido, de acuerdo con Fernando Terán, quien ha dado continuidad a los posibles casos de corrupción registrados en el municipio de Xichú y en las escuelas del Noreste de Guanajuato, las madres y padres de familia tuvieron que entregar el dinero del programa a los funcionarios de la Secretaría del Bienestar. A la letra Terán apunta lo siguiente:

“A nivel región noreste se dio un gran fraude: en 42 escuelas los comités de padres de familia fueron obligados a entregar el dinero a los funcionarios del Bienestar, estuvieron metidos tanto Servidores de la Nación como delegados, subdelegados y coordinadores: les quitaron los 150 mil pesos correspondientes a cada plantel para hacer obras de 20 o 30 mil pesos”.9

Ante las irregularidades registradas en este programa diversos comités de padres de familia han presentado múltiples denuncias penales y administrativas ante las autoridades competentes que siguen en sustanciación.10

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Educación Pública, se modifiquen las reglas de operación de operación del programa “La Escuela es Nuestra” para que se incluya de nueva cuenta el programa “Escuelas de Tiempo Completo”.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Educación Pública, se impulsen políticas públicas integrales que garanticen la educación pública de calidad y la alimentación saludable a las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad que cursan la educación básica.

Notas

1 Secretaría de Educación Pública. (2022). ACUERDO número 05/02/22 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa la Escuela es Nuestra para el ejercicio fiscal 2022. Diario Oficial de la Federación. Recuperado de: <http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5643991&fecha=28/02/2 022>

2 Secretaría de Educación Pública. (2010). Programa Escuelas de Tiempo Completo Alianza por la Calidad de la Educación. Secretaría de Educación Pública. Recuperado de:

<http://edu.jalisco.gob.mx/cepse/sites/edu.jalisco.go b.mx.cepse/files/escuelas_de_tiempo_completo._orientaciones.pdf>

3 Mexicanos Primero. (2022). Al extinguir las escuelas de tiempo completo, el Gobierno Federal y la SEP traicionan a niñas, niños y adolescentes, a sus familias, docentes y directivos. Mexicanos Primero. Recuperado de:

<https://twitter.com/Mexicanos1o/status/1496160378790 850565/photo/1>

4 Secretaría de Educación Pública. (2010). Programa Escuelas de Tiempo Completo Alianza por la Calidad de la Educación. Secretaría de Educación Pública. Recuperado de:

<http://edu.jalisco.gob.mx/cepse/sites/edu.jalisco.go b.mx.cepse/files/escuelas_de_tiempo_completo._orientaciones.pdf>

5 Secretaría de Educación Pública. (2010). Programa Escuelas de Tiempo Completo Alianza por la Calidad de la Educación. Secretaría de Educación Pública. Recuperado de:

<http://edu.jalisco.gob.mx/cepse/sites/edu.jalisco.go b.mx.cepse/files/escuelas_de_tiempo_completo._orientaciones.pdf>

6 Villareal, H. (2022). Es un error grave sustituir los servicios del gobierno por transferencias monetarias. Héctor Villareal. Recuperado de:

https://twitter.com/hectorjuanvp/status/1499032444128743424?s=21

7 Benítez y Hiriart. (2022). Cierre de Escuelas de Tiempo Completo, por necesidad: Delfina Gómez. El Financiero. Recuperado de: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/03/02/cerrar-escuelas-de-tiempo-completo-por-necesidad/

8 Benítez y Hiriart. (2022). Cierre de Escuelas de Tiempo Completo, por necesidad: Delfina Gómez. El Financiero. Recuperado de: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/03/02/cerrar-escuelas-de-tiempo-completo-por-necesidad/

9 Blancas, D. (2021). Manchas desvíos y moches “Escuela es Nuestra”. Crónica. Recuperado de:

https://www.cronica.com.mx/notas-manchan_desvios_y_moches__escuela_es_nuestra___primera_parte-1206061-2021.html

10 Blancas, D. (2021). Manchas desvíos y moches “Escuela es Nuestra”. Crónica. Recuperado de:

https://www.cronica.com.mx/notas-manchan_desvios_y_moches__escuela_es_nuestra___primera_parte-1206061-2021.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2022.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial encargada de revisar el funcionamiento del mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas derivado del preocupante incremento de asesinatos de éstos, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada federal Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestro marco jurídico nacional desde el año 2012, Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, misma que de acuerdo con su artículo primero, establece como objetivo la cooperación interinstitucional de los 2 niveles de gobierno (federal y estatal) para garantizar los derechos de las personas, relativos a la libertad de expresión y periodismo, de conformidad con lo siguiente:1

“Artículo 1.- La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en toda la República y tiene por objeto establecer la cooperación entre la federación y las entidades federativas para implementar y operar las medidas de prevención , medidas preventivas y medidas urgentes de protección que garanticen la vida , integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. ”

Asimismo, el párrafo segundo del artículo anteriormente citado establece la creación de un Mecanismo de protección a estas personas:2

“Artículo 1. ....

Esta ley crea el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos .”

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas surge como una garantía de protección a derechos humanos erigida dentro del Estado mexicano para salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad, de quienes ejercen el periodismo, la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.3

A pesar de lo anterior, en México ser periodista se ha vuelto una de las profesiones más peligrosas, ejercerla literalmente puede costarte la vida. De 2000 a la fecha se han documentado 150 asesinatos de periodistas en nuestro país, en posible relación con su labor.4 Destacando alarmantemente que en el primer mes de 2022 ya se han registrado 7 asesinatos en diferentes entidades federativas.

El primero de ellos fue registrado en la entidad federativa de Veracruz, en donde se reportó el homicidio de José Luis Gamboa, director de un portal de internet, posteriormente se registró en Baja California, en el municipio de Tijuana, el homicidio del fotógrafo Margarito Martínez y la periodista Lourdes Maldonado López,5 a finales del mes de enero en Michoacán asesinaron a Roberto Toledo, el domingo 6 de febrero se reportó en Tijuana el asesinato de Ernesto Islas Flores y a finales de febrero el periodista Jorge Luis Camero fue asesinado en el estado de Sonora.

7 periodistas asesinados en menos de dos meses es una cifra alarmante y que debe preocuparnos y ocuparnos, es urgente que se revise el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para detectar que está sucediendo con su implementación y sobre todo revisar como está afectado la desaparición del fideicomiso previsto en la ley que tenía como objetivo otorgar recursos para el financiamiento de este mecanismo, pues en 2020 el grupo mayoritario mediante una reforma legal desapareció sin ningún tipo de análisis los fideicomisos previstos en leyes secundarias.

Por ello, la creación de un Comisión Especial para revisar el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es más que necesaria para poder hacer frente a esta crisis de seguridad y brindar apoyo y soluciones a las y los periodistas de nuestro país.

Es importante resaltar que una comisión de esta naturaleza ya cuenta con antecedentes, pues en la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados se creó una Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación para efecto que dar acompañamiento desde el Poder Legislativo a los esfuerzos de las autoridades para hacer frente a las agresiones de periodistas.

Por todo lo anterior, me permito proponer al pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que, con base en sus atribuciones, establezca la creación de una Comisión Especial para revisar el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, derivado del preocupante incremento de asesinatos de periodistas en nuestro país.

Segundo. La comisión especial se integrará por el número de diputados que así lo determine la Junta de Coordinación Política, observando proporcionalmente la representación de cada uno de los grupos parlamentarios ante el pleno de la Cámara de Diputados.

Tercero. La comisión especial de la Cámara de Diputados iniciará su vigencia el día de la aprobación por el pleno del acuerdo de su creación y se mantendrá en funciones hasta el término de la legislatura o bien, hasta que sus integrantes determinen que se ha cumplido o agotado su objeto.

Cuarto. La comisión especial de la Cámara de Diputados contará con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la realización de sus atribuciones que para tal efecto autorice el Comité de Administración con sujeción a la normatividad aplicable de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Notas

1 Cámara de Diputados. Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPPDDHP_200521.pdf

2 Ídem.

3 https://www.gob.mx/segob/prensa/el-mecanismo-de-proteccion-para-personas-defensoras-de-derechos-humanos
-y-periodistas-por-instruccion-presidencial-informa-lo-siguiente#:~:text=informa%20lo%20siguiente%3A-,
El%20Mecanismo%20de%20Protecci%C3%B3n%20para%20Personas%20Defensoras%20de%20Derechos%20Humanos,
la%20defensa%20de%20los%20derechos

4 https://articulo19.org/periodistasasesinados/

5 CNN en Español. Asesinan a la periodista Lourdes Maldonado en México; es la tercera en dos semanas. Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2022/01/24/asesinan-periodista-lourdes-maldo nado-mexico-tercera-orix/

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 3 de marzo de 2022.

Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Fonatur a hacer público el estudio ambiental y arqueológico tras la modificación del proyecto de construcción del Tren Maya en el tramo 5, Quintana Roo-Yucatán, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales integrantes de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

I. El 01 de marzo de este año Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) comenzó con la tala de árboles y el desmonte de la selva virgen de Playa del Carmen, esto para abrir paso al nuevo trazado del tren maya.1

De acuerdo a la organización civil ambientalista de Quintana Roo, Moce Yax Cuxtal, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo hasta el momento no ha dado a conocer las conclusiones de la Manifestación del Impacto Ambiental del Tren Maya, ya que este tuvo un cambio de ruta, pues este ya no pasará por un paso elevado en la carretera 307, sino por la zona selvática de playa del Carmen.2

El lunes primero de marzo a través de videos y fotografías Moce Yax Cuxtal, registro como ha comenzado la deforestación de un área de aproximadamente 12 kilómetros al norte del municipio de Solidaridad, del estado de Quintana Roo.3

De acuerdo a dicha organización, personal de Grupo México, de una de las empresas que trabaja en el desarrollo del proyecto, fueron los que comentaron que la tala y el desmonte de la selva formaban parte de las actividades y de las obras del nuevo trazo por donde correrá el tren maya, mismo que irá de Playa del Carmen a Tulum.

Asimismo, un reportero de Red Latam de Jóvenes Periodistas, documentó mediante un video como estaba siendo la tala en la selva de Playa del Carmen para abrir paso las vías férreas del megaproyecto. Sin embargo, personal que se encontraba trabajando en el área le mencionó que si era un periodista no podía grabar las actividades que se encontraba realizando.4

II. Por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), señalo en la revisión de la Cuenta Pública de 2020 que el proyecto del Tren Maya no identifica los daños ambientales que pueda ocasionar con la construcción de más de 600 kilómetros de vías férreas que van de Palenque, Chiapas, hasta Izamal, Yucatán, asimismo, no detalla las medidas que implementará para prevenir y mitigar los daños ecológicos que ocasiones, ni los recursos que se destinarán para la remediación de las zonas afectadas.5

El cambio en la ruta del tren maya es preocupante, pues se está generando un grave daño ecológico a la selva, un ecosistema sumamente frágil debido a que en este coexisten diversas especies de flora y fauna, además de contar con ríos subterráneos, cenotes y cavernas.

Por todo lo anterior, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Fondo Nacional de Fomento al Turismo a que haga pública la Manifestación del Impacto Ambiental derivada del nuevo trazado del tramo 5 del Tren Maya.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Fondo Nacional de Fomento al Turismo a que haga públicas las acciones para prevenir y mitigar los daños ecológicos ocasionados en la selva de Playa del Carmen, así como un reporte de los recursos que se destinarán para la remediación de las zonas afectadas por el nuevo trazo del tramo 5 del tren Maya.

Notas

1 “Ambientalistas denuncian que la tala de árboles por el nuevo trazo del Tren Maya ya comenzó en Playa del Carmen”, Animal Político, 2022. Recuperado de:

https://www.animalpolitico.com/2022/03/
ambientalistas-denuncian-que-la-tala-de-arboles-por-el-nuevo-trazo-del-tren-maya-ya-comenzo-en-playa-del-carmen/

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Alejandro Castro (@AlexCastroFlo), Vía Twitter, 2022. Recuperado de:

https://twitter.com/alexcastroflo/status/149870883903367 5785?s=28

5 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2022.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al mecanismo para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas a presentar un informe público especial sobre la situación nacional de delitos contra comunicadores, a cargo de la diputada Sofía Carvajal Isunza, del Grupo Parlamentario del PRI

La diputada Sofia Carvajal Isunza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del honorable Congreso de la Unión el presente punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

En el último han incrementado el número de asesinatos y crímenes cometidos contra periodistas en todo, convirtiendo el ejercicio de su profesión en un riesgo para su integral y sus vidas.

El 10 de febrero del 2022 en el Puerto de Salina Cruz, Oaxaca, asesinaron al periodista Heber López Vásquez, de 39 años, director de la página local RCP Noticias en Oaxaca, dentro de su vivienda.

Un día antes del asesinato de Heber López, en la misma entidad, fue atacado otro periodista, José Ignacio Santiago, el cual mientras recopilaba información para un artículo, fue atacado por un grupo armado.i

En Tijuana, el 17 de enero de 2022, Margarito Martínez Esquivel, fotoperiodista, fue asesinado frente a su casa mientras se encontraba adentro de su coche, cuando se disponía a salir para trabajar. El fiscal de Baja California, Hiram Sánchez, destacó en una rueda de prensa que había sido una agresión directa.ii

Cinco días más tarde, también fue asesinada su colega, Lourdes Maldonado, después de haber dirigido un homenaje a su compañero Margarito Martínez, el 23 de enero del 2022. El crimen se cometió dentro del fraccionamiento donde viva.iii

En el estado de Veracruz, dos días antes del asesinato de Margarito Martínez, fue asesinado José Luis Gamboa Arenas, quien fue atacado a puñaladas en el Puerto de Veracruz, días después de haber realizado una nota en redes sociales sobre temas de inseguridad y protección en Veracruz por el cobro de uso de suelo, señalando a los responsables.iv

Han pasado tres meses de este nuevo año y México ya se ha convertido en el país más letal para las personas periodistas, principalmente en los territorios con crimen organizado, en donde quienes ejercen esta profesión son totalmente vulnerables. Esta situación se agrava, cuando dimensionamos el nivel de impunidad en la persecución de estos delitos.

Desde 2010, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) en México, inició 3 mil 419 investigaciones por agresiones a periodistas y comunicadores, y de ellas, en solo 28 se habían logrado sentencias contra los responsables. Menos del 1 por ciento respecto al total de casos.

En 11 años, la FEADLE registró 94 asesinatos de periodistas, y hasta diciembre de 2021 solo tenía el registro de 6 sentencias por el delito de homicidio en contra de informadores, descartando en el 70 por ciento de los casos investigados que existiera vínculo con el trabajo periodístico.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), ubicó en 2021 a México en el sexto puesto de su índice de Impunidad Global de asesinatos contra informadores, solo por debajo de Somalia, Siria, Irak, Sudán del Sur y Afganistán.

La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas prevé, en su artículo 1o., el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a través del cual busca proteger, promover, y garantizar los derechos de los periodistas, dentro de sus obligaciones se encuentra la prevista en la fracción IX del artículo 8 de la ley en comento, la cual mandata que el mecanismo deberá presentar públicamente informes anuales sobre la situación nacional en materia de seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas con datos desagregados y con perspectiva de género. Hasta el momento se encuentra pendiente de publicarse el informe anual del año 2021. Es importante que los datos y cifras que este informe arrojen sean escuchados por los distintos actores políticos, a fin de generar un diálogo circular y fortalecer desde las diferentes trincheras las acciones entorno a este tema y frenar el incremento de delitos y agresiones contra periodistas.

Punto de Acuerdo

Primero. - Se exhorta al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a presentar un plan emergente con acciones concretas que frenen el incremento de la tendencia de delitos cometidos contra periodistas durante el año en curso.

Notas

i El País. Atacado a balazos un periodista en Oaxaca en México, en cualquier momento te pueden acallar, consultado el 16 de febrero del 2022, obtenido de https://elpais.com/mexico/2022-01-27/
atacado-a-balazos-un-periodista-en-oaxaca-en-mexico-en-cualquier-momento-te-puede-acallar-la-delincuencia-o-la-autoridad.html

ii El País. La despedida feroz al 4-4 de Tijuana, consultado el 16 de febrero del 2022, obtenido de https://elpais.com/mexico/2022-01-19/la-despedida-feroz-al-4-4-de-tijua na.html

iii Política Expansión. Periodista Lourdes Maldonado es asesinada en Tijuana, consultado el 16 de febrero del 2022, obtenido de https://politica.expansion.mx/mexico/2022/01/24/la-periodista-lourdes-m aldonado-es-asesinada-en-tijuana

iv Infobae. Luis Gamboa, periodista de Veracruz, murió en un hospital tras resultar herido en un presunto asalto, consultado el 16 de febrero del 2022 obtenido de

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/16/jose-l uis-gamboa-periodista-de-veracruz-murio-en-un-hospital-tras-resultar-he rido-durante-un-presunto-asalto/

Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, a 3 de marzo de 2022.

Diputada Sofía Carvajal Isunza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos locales a fortalecer la legislación sobre bienestar de los animales y fomentar acciones protectoras de éstos, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 6 numeral 1, fracción I; y 79 numeral 1 fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a la siguiente:

Exposición de Motivos

En México hay una gran cantidad de familias que tienen alguna mascota ya sea que la han comprado, adoptado o han sido regalos, durante la pandemia por Covid - 19 aumentaron los casos de violencia familiar y al mismo tiempo la violencia contra los animales.

Tan solo en 2021 el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México atendió cerca de mil 200 casos por maltrato a animales de compañía, agresiones físicas y ejemplares amarrados. El organismo informó que entre enero y julio del 2021 el programa CompAnimal registró 4,088 reportes y el 95% involucra a perros y gatos.1

Los estándares federales, aunque incluyen algunas disposiciones de bienestar, tienen como objetivo garantizar la salud animal en lugar del bienestar animal. Un ejemplo es que los estándares para los requisitos de espacio en función de especies específicas no son obligatorios a nivel federal.

La legislación estatal sobre bienestar animal es inconsistente, y algunos estados brindan más protección para algunas categorías de animales que para otras. Del mismo modo, mientras que todos los estados prohíben las peleas de animales; hay algunas excepciones; solo dos estados (Jalisco y Coahuila) prohíben las corridas de toros y las peleas de gallos, mientras que están permitidas en los demás estados.

A nivel estatal, la responsabilidad de los diferentes aspectos del bienestar animal se asigna a las autoridades locales; por ejemplo, las dependencias en Salud pueden ser responsables de las disposiciones relativas a la rabia, mientras que las dependencias de educación pueden promover y difundir la educación. Es por ello la importancia de que en el Congreso se expidan leyes que establezcan criterios para brindar protección a los animales.

Si bien es cierto que es necesario sancionar a las personas que cometen maltrato animal, también es importante proveer políticas públicas que se encarguen de dar seguimiento a las personas ya que este tipo de conductas están relacionadas la mayoría de las veces con enfermedades mentales o personas agresivas sin dominio de sus emociones, por lo que ponen en riesgo a los animales sino a las personas de su propio entorno.

Definido como un factor que predispone a la violencia social y, al mismo tiempo, una consecuencia de ésta, el maltrato animal “forma parte de la cascada de la violencia que nos va alcanzando a todos como individuos y como sociedad. La violencia a su vez, debe ser entendida como un acto intencional que puede ser único o recurrente y cíclico, dirigido a dominar, controlar, agredir o lastimar a otros.”2

Por otra parte, la crueldad es considerada “una respuesta emocional de indiferencia o la obtención de placer en el sufrimiento o dolor de otros, o la acción que innecesariamente causa tal sufrimiento. La crueldad de los niños [y adultos] es un signo clínico relacionado a desórdenes antisociales y de conducta.”3

A pesar de que México ha avanzado un en cuanto a la legislación sobre los animales aún quedan muchas lagunas y muchos puntos que tratar al respecto, tan es así que existen todavía estados en donde las personas que maltratan a los animales no reciben ninguna sanción de ninguna manera. A continuación, se expone una tabla que permite visibilizar los Estados en el país que han legislado respecto al maltrato animal:

El maltrato animal es un problema a nivel mundial en el que solo algunos países han tomado cartas en el asunto regulando y legislando sobre la materia.

Ahora bien, hablando de américa es alarmante que solo en algunos países se estén tomando medidas legislativas al respecto, como se puede visualizar en el siguiente cuadro:

Cuadro marco normativo sobre bienestar animal en algunos países de América

Durante el confinamiento y por las situaciones que atravesamos en el mundo actual la violencia contra los animales ha ido en aumento y es que el primer paso es legislar en la materia seguido del cumplimiento de la norma, y solo de esa manera los animales serán tratados con la dignidad que merecen.

Por lo anteriormente expuesto presento ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas a fortalecer la legislación en materia de bienestar animal y a fomentar acciones de protección hacia los animales.

Notas

1 https://www.consejociudadanomx.org/index.php/es/noticias/boletines/
compa2021#:~:text=ATENDIMOS%20EN%202021%20MIL%20200%20REPORTES%20DE%20MALTRATO%20ANIMAL,
Este%20tipo%20de&text=En%20lo%20que%20va%20del,representan%20el%2029%25%20del%20total.

2 Glatt, N. “La antesala de la violencia social”. Consultado en línea en: https://archivo.eluniversal.com.mx/editoriales/42782.html

3 Ibídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2022.

Diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y sus homólogas locales a desarrollar campañas y programas en favor de niños y adolescentes migrantes en las escuelas mexicanas, suscrita por las diputadas Taygete Irisay Rodríguez González y Elvia Yolanda Martínez Cosío, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las suscritas, Taygete Irisay Rodríguez González y Elvia Yolanda Martínez Cosío, diputadas del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración la presente proposición con punto de acuerdo, para exhortar respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas, para desarrollar campañas y programas a favor de las niñas, niños y adolescentes migrantes en las escuelas mexicanas; y a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), para capacitar a los docentes en atención de alumnos migrantes, así como para que hagan pública la información actualizada que tengan acerca de los menores migrantes en las escuelas mexicanas; de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

En las escuelas mexicanas, las niñas, niños y adolescentes migrantes se enfrentan a fracturas educativas, administrativas, sociales, culturales, psicológicas y lingüísticas que se traducen en una situación de discriminación. Se trata de una situación de vida cada vez más prevalente entre las niñas, niños y adolescentes de nuestro país que ha estado pasando desapercibida, para la cual no existen leyes, políticas ni acciones oficiales al respecto, y que tiene fuertes repercusiones negativas en la vida de los menores migrantes. En México, los legisladores tenemos un deber constitucional de velar en todo momento por el interés superior de la niñez; y en cumplimiento de este deber, tenemos que poner fin a esta situación discriminatoria que ya ha afectado la vida de muchas niñas, niños y adolescentes, y que, de no visibilizarse y atenderse, seguirá afectando el futuro de muchos mexicanos.

Al respecto, tenemos un estudio que aparece en el libro “Niñas y niños en la migración de Estados Unidos a México: la generación 0.5” de Víctor Zúñiga y Silvia E. Giorguli Saucedo,1 en el cual se expone de qué forma afecta este fenómeno a las niñas, niños y adolescentes de origen mexicano y con experiencia en las escuelas de los Estados Unidos de América. El estudio comienza con un hecho identificado en otros estudios:2 que las escuelas mexicanas son mononacionales, es decir, están concebidas para atender a alumnos que jurídica y simbólicamente pertenecen a una sola sociedad nacional, y que esto sucede tanto en las escuelas mexicanas como en las escuelas estadounidenses. Si bien esto es una función social y política vital para la construcción de un Estado-nación - pues esto hace que las nuevas generaciones se integren a una comunidad abstracta como lo es la nación mexicana - esto a su vez trae grandes problemas para la integración de niños provenientes de escuelas extranjeras.

Por una parte, el principio de la escuela mononacional trae como resultado que las leyes, reglamentos, estándares oficiales y programas de estudio son concebidos sin jamás tomar en cuenta cómo opera la educación en otros países. Esto causa que los planes educativos de diferentes países tengan grandes diferencias, no sólo en conocimientos de enfoque local tales como lengua, historia, geografía y civismo, sino también en conocimientos universales como matemáticas, ciencias, arte o educación tecnológica; todas ellas, disparidades ante las cuales los alumnos originarios de escuelas extranjeras no están preparados, y que inciden de forma negativa en su rendimiento académico al trasladarse a otro país.

Por otra parte, al ser las escuelas extranjeras también mononacionales, los menores provenientes de ellas son menores formados con la idea de que pertenecían a la nación donde cursaron su educación básica, que participaron en rituales cívicos extranjeros, internalizaron creencias políticas extranjeras, desarrollaron lealtad a otra nación, se identifican con los relatos de los personajes históricos de otra nación, y que al llegar a México se topan con una realidad totalmente diferente; los que cursaron la educación temprana en Estados Unidos con frecuencia se saben el himno nacional estadounidense pero no el mexicano, conocen a George Washington pero no a Miguel Hidalgo, desconocen la división política mexicana, y con frecuencia sienten más lealtad hacia Estados Unidos que hacia México.

En el caso de menores que provienen de escuelas donde no se enseña en lengua española, ellos se enfrentan también a una barrera lingüística causada por haber recibido su educación en una lengua extranjera. Como resultado, la lengua española queda para ellos en un segundo plano, no la desarrollan con el rigor académico con el cual reciben la lengua extranjera en la escuela, y al trasladarse a México tienen mayores dificultades para expresarse en español. Esto hace que los menores que no cursaron la educación en español se enfrenten a toda una serie de problemas académicos, sociales y de integración por motivo de la barrera del idioma, el cual puede incluso llevarlos a reprobar ciclos de educación básica, o a hacerlos blanco de discriminación y acoso escolar por no dominar la lengua española como lo hacen sus compañeros.

En cuanto a los menores migrantes originarios de Estados Unidos, éstos se enfrentan a más problemas de integración con la población mexicana por motivo de su mayor lealtad por la nación estadounidense, las diferencias culturales con las cuales crecieron, así como por la disparidad entre el ingreso familiar, el nivel de vida y las oportunidades que se encuentran en ambos países. El estudio muestra entrevistas con docentes y encuestas hechas a alumnos que sugieren que los menores provenientes de Estados Unidos podrían sentir que están en un país subdesarrollado, sin oportunidades ni comodidades materiales, con el cual no se pueden identificar; percepción que podría mejorarse si hubiera mecanismos institucionales adecuados para facilitar su integración con los niños y las escuelas de nuestro país.

A pesar de todos los hechos anteriormente expuestos, el enfoque mononacional de la educación pública ha causado que esta problemática haya sido invisibilizada a nivel oficial, al grado de que ni siquiera existen números oficiales que expongan la verdadera magnitud de esta situación; si bien el estudio de Zúñiga y Giorguli sugiere que esta situación pudiera estar presente a nivel nacional, éste sólo fue hecho sobre una pequeña muestra representativa, y para conocer la realidad completa se necesita un estudio a nivel nacional. Actualmente, lo más cercano que se tiene a un estudio así son algunos datos dispersos en estudios tales como la Encuesta Intercensal 2015 del Inegi, que reveló que en ese año había 420,000 alumnos en escuelas mexicanas nacidos en Estados Unidos, así como algunas publicaciones académicas con estimaciones hechas a partir de datos del Inegi.

Finalmente, el estudio de Zúñiga y Giorguli concluye que la educación mexicana niega la singularidad de los alumnos provenientes de otros países, y eso se traduce en que no existe ningún esfuerzo a nivel institucional para facilitar la llegada e integración de los menores inmigrantes a la educación mexicana, ni siquiera ningún tipo de formación docente para facilitar dicho proceso. Los autores concluyen que, en este sentido, la misión de la escuela mexicana debe ser que los menores inmigrantes puedan transformarse en mexicanos; que puedan pasar a percibirse a sí mismos como mexicanos, respetando sus orígenes pero a la vez inculcando la identidad mexicana en ellos a través de la construcción de una biculturalidad, ayudándoles a integrarse a los currículos educativos mexicanos, todo eso con el apoyo del personal docente y administrativo de las escuelas, así como del personal burocrático de las autoridades educativas.

Expuesto lo anterior, me permito someter a consideración la siguiente Proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, así como a sus homólogas de las 32 Entidades Federativas, para desarrollar campañas y programas acerca de la realidad que viven las niñas, niños y adolescentes migrantes y que cursaron la escuela en el extranjero, así como programas que permitan facilitar su integración a los planteles y planes de estudio mexicanos.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) para ofrecer a los docentes mexicanos capacitación adecuada que les permita atender las necesidades y mejorar la integración de los menores migrantes, y para que hagan pública la información actualizada que tengan acerca de los menores migrantes en las escuelas mexicanas.

Notas

1 Víctor Zúñiga y Silvia E. Giorguli Saucedo. (2019). Niñas y niños en la migración de Estados Unidos a México: la generación 0.5. México: El Colegio de México.

2 Víctor Zúñiga y Silvia E. Giorguli Saucedo. (2019). La institución mediadora: Los niños migrantes internacionales en las escuelas mexicanas. En Niñas y niños en la migración de Estados Unidos a México: la generación 0.5 (página 182). México: El Colegio de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2022

Diputadas: Taygete Irisay Rodríguez González y Elvia Yolanda Martínez Cosío (rúbrica)