Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar al INAH, el INBA y autoridades federales y de la Ciudad de México a analizar y, en su caso, declarar el pueblo de Santa Úrsula Coapa zona de monumentos históricos por su valor cultural, urbano, estético y arquitectónico, a cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como los demás aplicables, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por la que se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México y a las secretarías de Cultura del gobierno de la República y de la Ciudad de México a analizar y, en su caso, declarar al pueblo de Santa Úrsula Coapa zona de monumentos históricos por su valor cultural, urbano, estético y arquitectónico, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Santa Úrsula Coapa es un pueblo tradicional y originario de la Ciudad de México, su existencia se remonta a la época precolombina.

“Los tepanecas, (los que se encuentran sobre la piedra), tribu con organización política, social y militar, asentados en Azcapotzalco, avasallaron a los señoríos menores, estableciendo en Coyoacán el inicio de su cultura alrededor de 1332, año en que a partir del cual y a lo largo de una de las franjas de pedregal que se originaron por el volcán Xitle, fueron acrecentándose otros núcleos de población: Copilco, Quiahuac (Los Reyes) Xotepingo, Tepetlapan y Coapan”.1

En la zona que comprende lo que hoy es Coyoacán, podemos encontrar pueblos originarios con presencia humana desde hace aproximadamente 2 mil 500 años, tal es el caso de Copilco y Cuicuilco. Por otro lado,

“... el pueblo de Los Reyes, San Pedro Tepetlapa, La Candelaria, San Francisco Culhuacán, Santa Úrsula Coapa; y los barrios San Francisco, El Niño Jesús, La Conchita, San Lucas, Santa Catarina, se observa que todos ellos tienen un pasado prehispánico en común que se remonta a los nahuatlacas o tepanecas, de ahí el origen del sincretismo que los caracteriza”.2

Segunda. Tiene una superficie total de 260,708.3993 metros cuadrados.3 “...a partir de la década de 1940, la conformación del pueblo de Santa Úrsula Coapa, empieza a modificarse con el crecimiento de la mancha urbana de la Ciudad de México, con la implantación de industrias en la parte norte de la delegación de Coyoacán, y el mejoramiento de las vialidades (ampliación de la calzada de Tlalpan en 1945, apertura del viaducto Tlalpan 1965, construcción del Anillo Periférico en 1966)...”

Tercera. Dentro del pueblo de Santa Úrsula Coapa se encuentran varios monumentos de larga data, lo que los convierte en únicos, con un valor histórico, arquitectónico, urbanístico y simbólico. Entre los que podemos resaltar:

El Casco de la ex Hacienda Coapa. “Se desarrolló sobre los terrenos de la antigua hacienda de San José Coapa, a mediados del siglo XX. Esta hacienda se dedicó durante toda la época colonial a actividades agrícolas, como siembra de maíz y trigo”.4

Nos dice Salvador Padilla Aguilar en La Jornada que: “En la zona de Coapa, la frontera entre las delegaciones Tlalpan y Coyoacán, existen vestigios de las grandes haciendas que hace dos siglos enamoraban a los habitantes del Valle de México, que captó el gran paisajista José María Velasco.

Se trata de construcciones sólidas, como los arcos que quedan de la ex hacienda de San José, sobre Calzada del Hueso, a unos pasos de la Preparatoria 5 de la Universidad Nacional Autónoma de México, explica Padilla”.5

Entre los templos catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) como monumentos históricos tenemos:

a) El Templo de Santa Úrsula, ubicado en calzada de Tlalpan número 14.6 En el pueblo de Santa Úrsula Coapa.

b) Antigua Garita de Huipulco, el cual es un inmueble militar, ubicado en calzada de Tlalpan número 3515, en el pueblo de Santa Úrsula Coapa.7

Cuarta.- El estadio Azteca, que se inauguró el 29 de mayo de 1966. “Fue diseñado por los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcérreca y se construyó en 1962, con motivo de la novena edición de la Copa Mundial de Futbol, que se realizó en México en 1970”.8 Ha sido testigo de los más importantes eventos deportivos mundiales: los Juegos Olímpicos de 1968; los Mundiales de 1970 y 1986; la pelea de Julio César Chávez contra Greg Haugen, que impuso un record mundial al tener más de 100 mil espectadores in situ ; la Copa Confederaciones de 1999; conciertos musicales, etcétera.

El estadio Azteca representa un símbolo de la ciudad y del país por todos los eventos de envergadura mundial que se han suscitado en ese inmueble.

Quinta. En la construcción del estadio Azteca, el pueblo de Santa Úrsula Coapa fue maltratado por el gobierno del regente Ernesto Peralta Uruchurtu, a grado tal que le costó el puesto, he aquí una deuda histórica con la comunidad. Así lo hace constar Aída Castro Sánchez:

”Sin previo aviso, el 12 de septiembre de 1966, en las primeras horas de la mañana, grupos de trabajadores dependientes del Departamento del Distrito Federal, acompañados por fuerzas de distintos cuerpos de la policía preventiva, se presentaron a las colonias Ajusco y Santa Úrsula y demolieron centenares de casas-habitación.

La demolición de las casas-habitación se efectuó empleando primero la piqueta y más tarde equipo mecanizado, y con violencia no sólo contra las casas y los muebles de los vecinos, sino contra las personas que se encontraban en el lugar, publican las notas.

El desalojo lo ejecutaron de manera violenta trabajadores del Departamento del Distrito Federal, que llegaron junto con bulldozers , con doscientos granaderos y otros cuerpos policiacos para derribar las más de cuatrocientas casas y expulsar a sus residentes.

Raúl Mendiolea Cerecero, subjefe de la Policía Metropolitana, declaró que el desalojo se había hecho en beneficio de la población, porque se encontraba siempre en peligro debido a las explosiones de dinamita de las minas de piedra volcánica del Pedregal de Monserrat”.

Sexta. A nivel internacional tenemos experiencias en las que estadios de futbol han sido declarados patrimonio histórico, tal es el caso del estadio Mário Filho, mejor conocido como Maracaná, el cual fue inscrito como patrimonio cultural por el Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, de Brasil, en el proceso 1094-T-83, con el número 25 de fecha 26/12/2000.9

Otro ejemplo es el del estadio Centenario, de Uruguay, que fue declarado monumento histórico:

“En 1983 la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) declaró al estadio Centenario, Monumento Histórico de Fútbol Mundial. Hasta el momento, sólo la Torre de los Homenajes era patrimonio y, después de 37 años, el edificio del arquitecto Juan A. Scasso lo es en su totalidad”.10

Séptima. La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en su artículo 33 y 35, establecen que:

“Artículo 33. Son monumentos artísticos los bienes muebles e inmuebles que revistan valor estético relevante. Para determinar el valor estético relevante de algún bien se atenderá a cualquiera de las siguientes características: representatividad, inserción en determinada corriente estilística, grado de innovación, materiales y técnicas utilizados y otras análogas. Tratándose de bienes inmuebles, podrá considerarse también su significación en el contexto urbano. Las obras de artistas vivos que tengan la naturaleza de bienes muebles no podrán declararse monumentos artísticos. Podrán ser declaradas monumentos las obras de artistas mexicanos, cualquiera que sea el lugar donde sean producidas. Cuando se trate de artistas extranjeros, sólo podrán ser declaradas monumentos las obras producidas en territorio nacional. La declaratoria de monumento podrá comprender toda la obra de un artista o sólo parte de ella. Igualmente, podrán ser declaradas monumentos artísticos o quedar comprendidas dentro de las zonas de monumentos artísticos, obras de autores cuya identidad se desconozca. La obra mural de valor estético relevante será conservada y restaurada por el Estado.

Artículo 35. Son monumentos históricos los bienes vinculados con la historia de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la Ley.

Por su parte, el artículo 37 y 41 establecen que:

Artículo 37. El Presidente de la República, mediante Decreto, hará la declaratoria de zona de monumentos arqueológicos, artísticos o históricos, en los términos de esta Ley y su Reglamento.

Artículo 41. Zona de monumentos históricos, es el área que comprende varios monumentos históricos relacionados con un suceso nacional o la que se encuentre vinculada a hechos pretéritos de relevancia para el país”.

Octava. A nivel local, el artículo 2o. de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, señala que:

Se considera Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, los elementos y manifestaciones materiales e inmateriales de la actividad humana y del entorno natural a los que se reconoce por tener un valor excepcional con significado social, y que requieren ser salvaguardados.

El artículo 28 de la ley en cita establece que el Patrimonio Cultural se compone de expresiones materiales, bienes muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un valor especial o excepcional, artístico, histórico o estético, para un grupo social, comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte fundamental de su identidad cultural.

En el artículo 31 se clasifica al patrimonio cultural en:

I. Patrimonio Cultural Arquitectónico: Es el conjunto de bienes edificados en los que la sociedad reconoce un valor cultural, tales como zonas, espacios abiertos monumentales, plazas, conjuntos históricos y monumentos.

II. Patrimonio Cultural Artístico: Es aquel constituido por bienes muebles e inmuebles artísticos, con valor estético que podrán contar con cualquiera de las siguientes características: representatividad, inserción en determinada corriente estilística, grado de innovación, materiales y/o técnicas utilizadas;

III. Patrimonio Cultural Histórico: Es aquel constituido por los bienes muebles, inmuebles, documentos, colecciones científicas y técnicas de relevancia histórica para la Ciudad, que no se encuentran reconocidos con tal carácter por la Federación;

IV. Patrimonio Cultural Urbano: Los bienes inmuebles y elementos aislados tales como esculturas, monumentos, bienes muebles por destino, mobiliario urbano, obras de infraestructura; así como, los paisajes culturales, espacios públicos tales como calles, parques urbanos, plazas y jardines, la traza, lotificación, nomenclatura, imagen urbana, las áreas de conservación patrimonial y todos aquellos elementos y espacios que sin estar formalmente catalogados, merezcan tutela en su conservación, consolidación y, en general, todo aquello que corresponda a su acervo histórico o que resulte propio de sus manifestaciones culturales y de sus tradiciones de conformidad con los ordenamientos vigentes en materia de patrimonio.

V. Patrimonio Científico y Tecnológico: Conjunto de elementos materiales e inmateriales cuyo origen, destino y desarrollo, están vinculados al devenir histórico y social de la Ciudad de México en materia científica y tecnológica; y

VI. Paisaje Urbano Histórico: La zona urbana resultante de una estratificación histórica, de valores y atributos culturales y naturales, es decir lo que trasciende la noción de conjunto o centro histórico para abarcar el contexto urbano general y su entorno geográfico.

Novena. Derivado de lo argumentado supra , consideramos que no existe ningún impedimento para que las autoridades enunciadas en el rubro del presente punto de acuerdo procedan a analizar y, en su caso, declarar al pueblo de Santa Úrsula Coapa zona de monumentos históricos por su valor cultural, urbano, estético y arquitectónico.

Por lo tanto, fundado y motivado en lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta, de manera respetuosa, al Instituto Nacional de Antropología e Historia a analizar y, en su caso, emitir un dictamen técnico sobre la conveniencia o no de declarar al pueblo de Santa Úrsula Coapa zona de monumentos históricos por su valor cultural, urbano, estético y arquitectónico.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta, de manera respetuosa, al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a analizar y, en su caso, emitir un dictamen técnico sobre la conveniencia o no de declarar al pueblo de Santa Úrsula Coapa zona de monumentos históricos por su valor cultural, urbano, estético y arquitectónico.

Tercera. La Cámara de Diputados exhorta, de manera respetuosa, a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, a suspender el megaproyecto “Estadio Azteca” hasta en tanto se resuelve la procedencia de la declaratoria de la zona de Santa Úrsula y la catalogación de sus monumentos.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta, de manera respetuosa, a la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República a analizar y, en su caso, declarar al pueblo de Santa Úrsula Coapa zona de monumentos históricos por su valor cultural, urbano, estético y arquitectónico.

Quinto. La Cámara de Diputados exhorta, de manera respetuosa, a la Secretaría de Cultura del gobierno de la Ciudad de México, a analizar y, en su caso, emitir un dictamen técnico sobre la conveniencia o no de declarar al pueblo de Santa Úrsula Coapa zona de monumentos históricos por su valor cultural, urbano, estético y arquitectónico.

Notas

1 Inafed. Coyoacán, de SEGOB Sitio web:

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM09DF/deleg aciones/09003a.html

2 PUEC-UNAM. Los pueblos y barrios originarios de Coyoacán, de UNAM Sitio web: https://www.puec.unam.mx/index.php/difusion/107-noticias-puec/1692-los- pueblos-y-barrios-originarios-de-coyoacan

3 DOF. (1994). Decreto por el que se expropian a favor del Departamento del Distrito Federal los predios en los que se encuentra asentado el pueblo de Santa Úrsula Coapa, de SEGOB Sitio web: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4749379&fecha=07/10/1994

4 WikiCity, Colonia Ex-Hacienda Coapa (Coyoacán). Sitio web: https://www.wikicity.com/Colonia_Ex-Hacienda_Coapa_(Coyoac%C3%A1n)

5 La Jornada . (2017). El terremoto, advertencia para preservar el patrimonio cultural, Sitio web:

https://www.jornada.com.mx/2017/09/27/cultura/a03n1cul

6 https://catalogonacionalmhi.inah.gob.mx/consulta_publica/detalle/11077

7 https://catalogonacionalmhi.inah.gob.mx/consulta_publica/detalle/11078

8 Estadio Azteca, de FMF Sitio web: http://www.fmf.com.mx/estadio_azteca.htm#:~:text=Fue%20dise%C3%B1ado%20 por%20los%20arquitectos,Cruz%20Azul%2C%20Necaxa%20y%20Atlante.

9 María Clara Amado Martins. (2013). O caso Maracanã: a arquitetura moderna e as teorias de restauro, de Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires Sitio web: https://digital.cic.gba.gob.ar/bitstream/handle/11746/257/11746_257.pdf ?sequence=1&isAllowed=y

10 Ministerio de Educación y Cultura. (2020). El Estadio Centenario fue declarado Monumento Histórico Nacional, de Gobierno de la República Oriental del Uruguay Sitio web: https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/comunicacion/noticias/e stadio-centenario-fue-declarado-monumento-historico-nacional

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2022.

Diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al ISSSTE y la SFP a investigar el uso de recursos en el sector salud y realizar acciones para garantizar su pleno y eficiente aprovechamiento, a cargo de la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 34, fracción b), 57, Quáter de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 79, inciso 1, fracción II, e inciso 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el doctor Pedro Zenteno Santaella, al titular del Órgano Interno de Control del ISSSTE, el doctor Luis Antonio García Calderón y al titular de la Secretaría de la Función Pública, el maestro Roberto Salcedo Aquino a que investiguen el uso de recursos en el sector salud y realicen las acciones necesarias para garantizar el pleno y eficiente aprovechamiento de los mismos, con base en las siguientes

Consideraciones

- Conceptos

Atención médica : Conjunto de servicios que se proporciona al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud.1

Enfermedad: Significa toda dolencia o afección médica, cualquiera que sea su origen o procedencia, que entrañe o pueda entrañar un daño importante para el ser humano.

Equipo médico: Los aparatos, accesorios e instrumental para uso específico, destinados a la atención médica, quirúrgica o a procedimientos de exploración, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes, así como aquellos para efectuar actividades de investigación biomédica.2

Epidemiologia: Estudio de la enfermedad y salud en poblaciones humanas y de los factores los influencian.3

Infección: Significa la entrada y desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el cuerpo de una persona o animal que puede constituir un riesgo para la salud pública.4

Materiales quirúrgicos y de curación: Los dispositivos o materiales que adicionados o no de antisépticos o germicidas se utilizan en la práctica quirúrgica o en el tratamiento de las soluciones de continuidad, lesiones de la piel o sus anexos.

Medicamentos: Son compuestos químicos que se utilizan para curar, detener o prevenir enfermedades; para aliviar síntomas; o para ayudar a diagnosticar algunas enfermedades.5

Personal de salud: Son los profesionales, especialistas, técnicos, auxiliares y demás trabajadores que laboran en la prestación de los servicios de salud.6

Política social: Conjunto articulado y temporalizado de acciones, mecanismos e instrumentos, conducidos por un agente público, explícitamente destinados a mejorar la distribución de oportunidades o corregir la distribución de activos a favor de ciertos grupos o categorías sociales.

Este apartado fue incluido con el objeto de tener claridad en los conceptos que serán utilizados y evitar confusiones posteriores.

- Problemática

La actual administración alardea de sus valores, de la moral y asegura que vela por las personas más necesitadas. Esto resulta incongruente e hipócrita porque ha dejado sin medicamentos a los hospitales. Se aclara que la falta de medicamentos, insumos, equipo médico no fue a causa de la pandemia, el desabasto ya existía, solo que la pandemia lo visibilizo.

A continuación, se enlistarán algunos ejemplos de desabasto que ocurrieron antes de la pandemia y durante la gestión del gobierno en turno:

• Padres de los niños con cáncer se manifestaron el 27 de marzo de 2019, “reclamando que no les han entregado los medicamentos para que sus pequeños continúen con sus quimioterapias”, cabe resaltar que una de las principales obligaciones del Estado es dar salud.

• El 28 de mayo de 2019 se dio a conocer que “luego de que se eliminara el programa Prospera y el servicio de avionetas que eran utilizadas en emergencias médicas para los indígenas que habitan en Chiapas”,7 falleció un bebé de cinco meses porque no había avioneta que lo trasladara a un centro de salud, violando nuevamente el principio de interés superior del menor, negándosele el derecho a la salud.

• El “24 de mayo de 2019 fallecieron tres bebés por falta de medicamentos en el Hospital General de Tijuana, más 13 bebés”8 que habían fallecido antes porque el nosocomio no pudo dar seguimiento faltando nuevamente insumos y equipos para atenderlos.

Esto sucesos ocurrieron tres años después de que el Ejecutivo Federal tomara el mando por lo tanto no es viable justificar a otros de los errores propios y menos cuando estos costaron la vida de inocentes.

La actual administración se olvidó de los valores, de la moral y peor aún de los mexicanos cuando dejo que personas, niñas, niños y adultos mayores murieran por falta de medicamentos. Aún más aberrante es que mientras esto ocurría diversos periodistas reportaban que el hijo de Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad y de nombre León Manuel Bartlett Álvarez vendió 20 ventiladores respiratorios por 31 millones de pesos, representando un sobre precio absurdo y desfalco al erario público.

La mayoría de los niños, niñas, adultos mayores, etc. que acuden a los hospitales y/o institutos pertenecientes a salubridad, Insabi, ISSSTE o IMSS no cuentan con recursos para solventar el pago de hospitales privados, pero esto poco le importa a la actual administración. El deterioro generalizado de los hospitales en todas las regiones del país es cada día más evidente. Muestra clara de este deterior es la situación que atraviesa el Hospital Regional Monterrey del ISSSTE, donde la escasez de recursos e infraestructura ha llevado a que médicos reemplacen puertas con batas quirúrgicas.

Ejemplos como este hacen evidente la importancia de que las autoridades señaladas en el presente exhorto investiguen el uso que se le ha dado a los recursos destinados a este ramo y realicen acciones que ayuden a revertir la comprometedora situación que viven cientos de hospitales en el país y garanticen un sistema de salud pública digno para los millones de mexicanos que recurren a la salud pública como su única alternativa y esperanza. No es suficiente mejorar de forma superficial la estética de los hospitales o instalar letreros para enaltecer al gobierno en turno. El sistema de salud nacional necesita una urgente transformación profunda y universal.

Cabe destacar que, a pesar de las múltiples denuncias y señalamientos realizados desde esta soberanía, el desabasto ha continuado y el gobierno ha decidido minimizar el problema y negar que existe. Tan solo en junio del 2021, la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) denunció el desabasto de medicamentos oncológicos. A dicha denuncia se sumaron miles de padres de familia desesperados por no contar con los insumos oncológicos que les permitiera a sus hijos seguir con sus tratamientos médicos y sobre todo con vida.

Aunado a los reclamos desde el poder legislativo, organizaciones de la sociedad civil como Impunidad Cero y Justicia Justa, han levanto la voz para denunciar el desabasto de medicamentos, insumos y equipo médicos. Ante esto, las autoridades se han quedado de brazos cruzados, y le han dado la espalda a la ciudadanía.

Es momento que le pongamos un alto a esta situación y los legisladores le pidamos rendir cuentas a los responsables. No dejemos pasar por alto el dolor y desesperación de cientos de mexicanos que acuden a un hospital solo para enterarse que no hay el medicamento que les fue recetado o que ni si quiera tiene una puerta digna para pasar a consulta.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara De Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el doctor Pedro Zenteno Santaella, al titular del Órgano Interno de Control del ISSSTE, el doctor Luis Antonio García Calderón y al titular de la Secretaria de La Función Pública, el maestro Roberto Salcedo Aquino a que investiguen el uso de recursos en el sector salud y realicen las acciones necesarias para garantizar el pleno y eficiente aprovechamiento de los mismos.

Notas

1 Ley General de Salud. Artículo 32.

2 Ley General de Salud. Artículo 262, fracción I.

3 Organización Mundial de la Salud. (2017). Glosario. 2 de diciembre 2021, de Organización Mundial de la Salud Sitio web: https://www.who.int/peh-emf/publications/Risk_spanish_glossary.pdf

4 Ibidem página 16.

5 Nemours Teens Health. (2021). Medicamentos: qué son y para qué sirven. 2 de diciembre de 2021, de Nemours Teens Health. Sitio web: https://kidshealth.org/es/teens/meds.html

6 Ley de Salud del Distrito Federal. Artículo 6, fracción VIII.

7 Horas, R. 2. (11 de 7 de 2019). 24 Horas, el diario sin limites. Obtenido de https://www.24horas.mx/2019/05/28/por-medidas-de-austeridad-muere-bebe- indigena-en-chiapas-video/

8 Ramírez, Antonio. (11 de 7 de 2019). La Jornada. Obtenido de https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/24/trece-bebes-han-muerto-en -hospital-de-tijuana-por-falta-de-farmacos-6691.html

Dado en la honorable Cámara de Diputados, a 17 de febrero de 2022.

Diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de NL a brindar un espacio de interlocución para escuchar las inconformidades y propuestas de solución de los habitantes del sur de la entidad respecto a la construcción de las líneas 4 y 5 del metro, a cargo de la diputada Karina Marlen Barrón Perales, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Karina Marlen Barrón Perales, integrante de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al C. Samuel García Sepúlveda, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, brindar un espació de interlocución para escuchar las inconformidades y propuestas de solución, de los ciudadanos que habitan la Zona Sur de la Ciudad de Monterrey y evitar el perjuicio mayor que se deriva de la próxima Construcción de la Línea 4 y 5 del metro, se debe priorizar el bienestar de la comunidad, con base en las siguientes

Consideraciones

Recientemente, el pasado 13 de diciembre del 2021, el congreso del Estado de Nuevo León aprobó la Ley de Egresos e Ingresos para el ejercicio del año 2022, la cual considero, pequeños cambios no representativos sobre la propuesta que fue presentada por el C. Gobernador Constitucional Samuel García Sepúlveda, por un monto de cuatro mil doscientos cuarenta millones para el financiamiento de largo plazo, destinado a la inversión pública productiva en proyectos, en donde se identifica entre otros proyectos de infraestructura, la construcción de la Línea 4 y 5 del metro como parte de los proyectos de movilidad.

Debemos señalar con énfasis que, para el rubro de infraestructura de movilidad para el año 2022, se destinaran 7,967 millones de pesos, nada comparado a lo que se previó en la aprobación de la Ley de Egresos para el ejercicio fiscal 2021; entre los que destaca la Construcción de las Líneas 4 y 5 del metro, la cual consideramos que es en DETRIMENTO Y PERJUICIO DE LA POBLACIÓN NUEVOLENSE; por ello, le solicitamos de la manera más respetuosa, privilegiar el BIENESTAR DE LA COLECTIVIDAD y buscar alternativas viables para favorecer el tema de movilidad de la zona sur de Monterrey. Somos más de 60 colonias del sur de Monterrey y estamos enterados del proyecto de la construcción de las Línea 5 del metro y consideramos generará perjuicio de la población que habitamos las colonias de la Zona Sur de la Ciudad de Monterrey; por ello, nos acercamos a Usted, para abrir un espacio de diálogo buscando ser tomados en cuenta de las decisiones que puedan atender nuestras necesidades y demandas, ya que hasta el momento, no conocemos ¿Cuál es la problemática que se pretende atender y por qué la construcción de las líneas del metro la resuelven? ¿Cuáles son las causas y efectos que las autoridades identifican del proyecto de la construcción de la línea 5 del metro?; Dígannos públicamente ¿Cuál es la población objetivo que se pretende beneficiar con este proyecto?, ¿Cuál es el sector de la población que demanda el servicio del metro que da origen a la propuesta de construcción de la línea 5 del metro? ¿Cuáles son los resultados de los estudios de mecánica de suelo? ¿Cuál es el impacto ambiental y/o urbano? ¿Cuáles son las razones por las cuales no se ha presentado públicamente el proyecto completo de infraestructura que corresponde a la construcción de la línea 5 del metro? y ¿Cuáles fueron las alternativas desechadas para atender el problema que la construcción 5 del metro si resuelven?

Es un hecho que tenemos total interés de sumar y participar activamente en la construcción de un mejor proyecto de movilidad que atienda y considere, las necesidades de la Zona Sur de la Ciudad de Monterrey, pero de ninguna manera seremos parte, de aquello que tenga un mal impacto en nuestra entidad y que propicie la degradación del espacio urbano, la disminución de carriles de la Av. Eugenio Garza Sada, la generación de contaminación visual y auditiva, la depreciación de la plusvalía de las propiedades, la afectación a los negocios, el incremento de la inseguridad y la afectación del tránsito vehicular, porque todo ello, afecta enormemente la calidad de vida de los nuevoleoneses que habitamos en la zona.

Creemos, en el esfuerzo y trabajo en conjunto para generar una mejor respuesta a las necesidades y demandas que como sociedad tenemos, por lo que proponemos como parte de una estrategia de movilidad:

1. Metro subterráneo,

2. Realizar un estudio y un plan integral de movilidad para la Zona Sur de la Ciudad de Monterrey,

3. Impulsar la movilidad incluyente y no motorizada,

4. Invertir en la reestructuración del transporte urbano,

5. Construcción de dos avenidas alternas a la carretera nacional.

Solicitamos la oportunidad de un diálogo abierto para atender la situación que nos afecta derivado de la construcción de la línea 4 y 5 del metro y de no lograrse un consenso sería preferente que se redireccione los recursos económicos a prioridades más urgentes que atender, como lo es la situación de la escases de agua, que nos mantiene en un periodo de sequía grave; o la situación de inseguridad que predomina en todo el estado y que hasta el momento y que nos coloca Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el quinto lugar en feminicidio a nivel nacional, en donde se ha carecido de acciones concretas que den indicios de datos objetivos; el tema de salud en cuanto a la atención principal que se requiere para niños y mujeres con cáncer; para brindar una mejor calidad en los necesidades de los pequeños de la primera infancia, hay hambre en el estado; y finalmente, sobre el área de educación, como atender e implementar las escuelas de tiempo completo, como restituir el robo de los pocos materiales con las que cuentan las escuelas públicas, entre otros problemas.

No podemos continuar con un proyecto de esta magnitud cuando hay situaciones más graves que atender de manera prioritaria, es imperante tener claro que la crisis provocada por la Pandemia de COVID – 19, no se ha superado y que hoy, los Nuevoleoneses, necesitan de la ayuda del gobierno, quien debe prever mayores recursos en otras necesidades, talvez, como la reducción que se hizo al presupuesto del Isssteleón, al Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey al que le disminuyeron 388 millones de pesos y no prevé este año un proyecto de agua para la zona metropolitana1 y también, se queda sin previsión alguna, el Centro de Conciliación Laboral y juzgados especializados, para cumplir con la Reforma Laboral; queremos soluciones reales a nuestras necesidades y demandas, NO somos objeto de intereses particulares.

Nuestra motivación también se encuentra fundada también en el rechazo a que se realice un proyecto sin el aval de los vecinos, no estamos dispuestos a sufrir un déficit mayor, como lo que sucede con la Línea 3 del metro, la cual se estrenó en febrero del año 2021, en donde su construcción demoro más de cinco años, no atiende a la población que se señaló inicialmente en el proyecto de su construcción y, son muy pocos los usuarios que la utilizan en sus actividades diarias; así como tampoco, ha disminuido o contribuido son los diversos problemas de movilidad de los nuevoleoneses, sin dejar de mencionar, que no cuenta con los recursos suficientes para sufragar las necesidades que conlleva su operación así como de mantenimiento; ya en su momento, la Auditoria Superior de la Federación señalo en el año 2021 que en la “Línea 3 del metro, se detectaron diversas anomalías en perjuicio del erario público y, que no es apta para operarse en tales circunstancias ”2 .

Señor Gobernador, apelamos a su buena voluntad y solicitamos una audiencia con usted dónde podamos ser escuchados. Necesitamos conocer, participar y ser parte de la decisión de cada propuesta de gobierno que se dirija en beneficio del estado y planteamos se realice la toma de decisiones de manera transparente.

Estamos seguros de que, este no es el mejor momento para llevar a cabo un proyecto de esta magnitud cuando existen circunstancias más importantes que atender.

En consecuencia, le solicito a esta soberanía, exhortar al C. Samuel García Sepúlveda, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León y abrir el dialogo para llevar la propuesta de la construcción de las líneas 4 y 5 del metro, a un encuentro de consenso, acuerdo y de alternativas en beneficio de la población que habita y representa a más de 60 colonias de la Zona Sur de la Ciudad de Monterrey.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta punto de acuerdo por el que se exhorta al C. Samuel García Sepúlveda, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, brindar un espació de interlocución para escuchar las inconformidades y propuestas de solución, de los ciudadanos que habitan la Zona Sur de la Ciudad de Monterrey y evitar el perjuicio mayor que se deriva de la próxima Construcción de la Línea 4 y 5 del metro, se debe priorizar el bienestar de la comunidad.

Notas:

1. https://www.milenio.com/politica/comunidad/gobierno-desempolva-obras-de -hace-30-anos

2. https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/hallan-irregularidades-por-50 -mdp-en-obras-de-l-3-en-nl/ar-BB1dSlJJ

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 de mes de febrero de 2022.

Diputada Karina Marlen Barrón Perales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua a colaborar en la determinación de las causas de la sequía en NL e implantar acciones emergentes que garanticen el suministro del líquido a los habitantes y los ecosistemas dependientes del recurso hídrico, a cargo del diputado Andrés Pintos Caballero, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Andrés Pintos Caballero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El agua es un recurso vital y escaso, de alto valor en el ámbito económico, social y ambiental, y para que exista un verdadero equilibrio entre la disponibilidad y el aprovechamiento de los recursos hídricos deben de incentivarse políticas responsables para acceder de forma ordenada al recurso agua, puesto que cuando escasea produce efectos negativos en la calidad de vida y en el desarrollo de las personas afectadas.

Por tal motivo, quiero abordar el tema del agua, ya que, como se veía venir, estamos frente a un periodo de sequía provocado por las escasas precipitaciones atmosféricas en los últimos meses, lo cual ha generado que al día de hoy nuestras presas tengan, de acuerdo a los últimos datos proporcionados por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey el pasado jueves 3 de febrero, un volumen en conjunto del 44.16%, lo que nos ubica en la Tercera Etapa denominada Sequía Extrema del Programa de Medidas Preventivas y de Mitigación de la Sequía emitidas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Son muchas las preocupaciones que se generan a partir de esta circunstancia, pero una preocupación que nos alerta es no tener certeza de cuánto tiempo durará esta situación de sequía extrema en la que nos encontramos, ya que un fenómeno así puede durar meses o años y producir efectos graves al medio ambiente, a la salud de las personas, así como a los procesos económicos y sociales de nuestra entidad.

Asimismo, las preocupaciones se han centrado en el Área Metropolitana de Monterrey, pero la sequía está afectando de manera alarmante otros entornos estatales, como es el sur del Estado. Esta situación genera daños irremediables al hábitat de los animales tanto terrestres como acuáticos; se provoca escasez de alimentos por la interrupción del ciclo de riego para la producción agrícola, así como el inevitable racionamiento de agua para los usuarios domésticos, comerciales e industriales en el estado.

Cabe advertir que enfrentar una sequía con estrategias de prevención y mitigación mal ejecutadas puede producir un costo humano sumamente grave, de ahí la importancia de que todos los sectores relacionados con el agua y su gestión actúen con eficiencia y en coordinación para la toma de decisiones relacionadas con la ejecución de medidas preventivas y de mitigación para lograr un eficiente uso del agua durante este periodo de escasez.

Muchas propuestas se han escuchado en estos últimos meses, desde revivir el cancelado proyecto Monterrey VI hasta bombardear las nubes con químicos para provocar la lluvia, pasando por la negativa de trasvasar agua de la Presa el Cuchillo hacia el estado vecino de Tamaulipas.

Tan grave es la realidad que vivimos en Nuevo León que el Gobernador del Estado emitió una Declaratoria de Emergencia por Sequía publicada en el Periódico Oficial del Estado el pasado miércoles 2 de febrero, con lo cual se busca garantizar la disminución de la demanda de agua y, sobre todo, hacer comprender a la sociedad el papel fundamental de sus acciones de prevención para abordar esta delicada situación.

Sin embargo, estoy seguro de que los integrantes de esta Legislatura coincidimos en que para estar a la altura de las circunstancias actuales debemos ir más allá. Para eso necesitamos asegurarnos de que se erradique cualquier posibilidad de desperdicio del agua de las presas, ante el riesgo de solo depender del agua subterránea y, en consecuencia, que la prioridad sea solo garantizar el uso doméstico.

Por eso, desde esta soberanía hago un llamado urgente para que se investigue y se diseñen alternativas que se traduzcan en la solución de este grave problema; acciones que se sumarán a las impulsadas desde el Congreso local de Nuevo León en donde se ha solicitado determinar la suspensión temporal de cualquier trasvase programado o que se esté llevando a cabo, en específico el que se realiza al amparo del Acuerdo celebrado en 1996 por los gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas, la Comisión Nacional del Agua, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y los usuarios del Distrito de Riego 26 para el aprovechamiento de las aguas de la cuenca del Río San Juan, ya que no podemos esperar a los próximos meses para que la Comisión Nacional del Agua revise la disponibilidad de la Presa El Cuchillo y determine qué trasvases hacer, pues para entonces se corre el riesgo de que el nivel de restricciones en el uso público urbano sea crítico para el Área Metropolitana de Monterrey.

En este contexto, hay que recordar que la Ley de Aguas Nacionales establece que los Consejos de Cuenca son órganos colegiados de integración mixta; que serán instancia de coordinación y concertación, apoyo, consulta y asesoría, entre la Comisión Nacional del Agua (Conagua), incluyendo el Organismo de Cuenca que corresponda, así como las dependencias y entidades de las instancias federal, estatal o municipal y los representantes de los usuarios de agua y de las organizaciones de la sociedad, los cuales se establecerán por cada cuenca hidrológica o grupo de cuencas hidrológicas. En el caso que hoy nos ocupa, se encuentra debidamente constituido el Consejo de Cuenca del Río Bravo.

En este sentido, conforme al citado Acuerdo, también se propuso en el Congreso local exhortar al Consejo de Cuenca del Río Bravo para que sesione de manera urgente y a la brevedad, previa invitación a un representante de este Congreso del Estado con derecho a voz, para que, de acuerdo a las facultades que a los Consejos de Cuenca les otorga la vigente Ley de Aguas Nacionales, y en forma particular, conforme a la fracción II del artículo 13 Bis 3 de la citada Ley, que establece que “en todos los casos tendrá prioridad el uso doméstico y el público urbano”, se pronuncie y solicite a la Conagua la suspensión temporal del trasvase del agua almacenada en la Presa de El Cuchillo que se destina al Distrito de Riego 26 en Tamaulipas, hasta que se solucione la escasez de agua en Nuevo León, así como también se determinen acciones inmediatas para enfrentar la situación de emergencia por sequía extrema en la que se encuentra la región y en particular el abasto a los habitantes de la entidad.

No podemos pensar en una solución de largo plazo para el aprovechamiento integral y sustentable del agua en la región, si no se convoca al Consejo de Cuenca del Río Bravo para que realice una revisión integral del acuerdo de 1996 y emita su análisis respectivo que se adapte a las necesidades de los estados de Nuevo León y Tamaulipas.

Vale la pena mencionar que el acuerdo tiene más de 25 años y no podemos seguir determinando trasvases en un acuerdo tan antiguo.

Todo reglamento se reforma, toda ley se modifica, todo tratado se actualiza, todo contrato evoluciona y este convenio no puede ser la excepción.

En virtud de ello, y considerando necesario sumar esfuerzos desde esta Cámara de Diputados, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que, en el marco de sus atribuciones, colabore en la determinación de las causas que originan la sequía en el estado de Nuevo León que motivó la declaratoria de emergencia emitida por el titular del Ejecutivo en dicha entidad; debiendo implementar las acciones emergentes que garanticen el suministro del vital líquido para sus habitantes y los ecosistemas que dependen del recurso hídrico; así como para definir los mecanismos de solución a largo plazo para evitar futuras contingencias.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2022.

Diputado Andrés Pintos Caballero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Jucopo de esta soberanía a crear una comisión especial para investigar los crímenes contra periodistas y defender la libertad de expresión de la prensa, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las y los diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a la siguiente

Exposición de Motivos

I. El 27 de enero de 2022, Carlos Loret de Mola reveló que el hijo del presidente de la República habitó una mansión que, en aquel momento, era propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hughes, empresa petrolera a la cual Petróleos Mexicanos le adjudicó contratos por, inicialmente, más de 151 millones de dólares.1

Sin embargo, la periodista Peniley Ramírez evidenció múltiples ampliaciones de los montos originalmente asignados a Baker Hughes. De acuerdo con Ramírez y con información oficial obtenida del portal “Pemex + Transparente”, la empresa productiva del Estado mexicano decidió ampliar un contrato adjudicado a la empresa Baker Hughes en cinco ocasiones. El contrato en mérito pasó de 66 millones de dólares a 343 millones de dólares en noviembre del 2021.2

Es importante señalar que la mansión que habitó José Ramón López Beltrán no coincide con el discurso de “austeridad republicana” predicado por su propio padre, Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior en virtud de que dicho inmueble cuenta con 2 mil 500 metros cuadrados de terreno, cuatro habitaciones, bar, sala de juegos, cine privado y una alberca al aire libre de 23 metros de largo.3

II. El pasado viernes 11 de febrero de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó fuertemente durante su habitual conferencia de prensa al periodista Carlos Loret de Mola por no haber informado cuánto dinero gana de manera mensual. Cabe mencionar que el periodista, al no ser un servidor público ni recibir recursos públicos, no está obligado legalmente a transparentar sus ingresos.

No obstante, el titular del Ejecutivo federal lo calificó de “mercenario, golpeador y corrupto”4 y exhibió que presuntamente gana 35 millones de pesos al año. Asimismo, señaló que pedirá al Servicio de Administración Tributaria y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que le certifiquen los datos sobre los ingresos del comunicador. En este sentido, queda en evidencia el uso faccioso de las instituciones, así como el abuso de autoridad por parte del presidente de la República para perseguir a los periodistas críticos que han exhibido posibles esquemas de corrupción y conflicto de interés de sus familiares directos. Las instituciones públicas no deben de ser utilizadas de manera política, deben de utilizarse para servir a las y los ciudadanos.

III. Tras las diversas posturas que se realizaron ante las evidencias presentadas por medios de comunicación, Carmen Aristegui comparó el reportaje sobre los lujos de José Ramón López Beltrán comparándola con la investigación de la casa blanca del expresidente Enrique Peña Nieto y señalando que existe una gran contradicción entre su discurso del presidente de austeridad con la vida que lleva su hijo y que era necesario disipar con transparencia e información que clarifiquen las acusaciones.

En este se sentido, es preciso señalar que tras dicha postura de Carmen Aristegui y como derecho a la libre expresión, el titular del Ejecutivo federal emprendió una serie de ataques en contra de la periodista señalando que siempre beneficio a los conservadores y ser una simuladora, incluso en contra de sus colaboradores y personal de su programa, sin embargo, hasta el día de hoy no existe ninguna información que desmienta o contradiga la investigación de la inexplicable riqueza de José Ramón López Beltrán.

IV. Ahora bien, resulta necesario hacer referencia al terrible clima de violencia que enfrentan las personas periodistas en nuestro país. Según Reporteros Sin Fronteras, México es el país “más mortífero del mundo para la prensa”.5

En los escasos dos meses que van de 2022, han sido asesinados cinco comunicadores en nuestro país. El 10 de enero de 2022 José Luis Gamboa fue asesinado en Veracruz. Tan sólo una semana después, Margarito Martínez fue privado de la vida en Tijuana y unas horas más tarde Lourdes Maldonado fue cruelmente asesinada cuando llegaba a su casa del velorio de su compañero Margarito. Por su parte, Roberto Toledo, quien colaboraba en el portal Monitor Michoacán, fue baleado en Zitácuaro, Michoacán; cabe señalar que Toledo utilizó en múltiples ocasiones su portal para denunciar casos de corrupción en este municipio. Asimismo, Heber López Vásquez, fue asesinado con un arma de fuego en su propia casa.7

En este sentido, resulta evidente que los constantes ataques a periodistas y comunicadores desde la Presidencia de la República abonan al clima de violencia actual. Por ello, resulta crucial que el titular del Ejecutivo federal deje de emitir insultos, descalificaciones y críticas a periodistas que realizan su labor de informar.

V. En cuanto al marco jurídico, el actuar del presidente de la República en torno a las investigaciones periodísticas en las que se expusieron múltiples indicios de conflictos de interés y de actos de corrupción, violentó múltiples disposiciones legales y constitucionales, así como derechos fundamentales tales como la libertad de prensa y libertad de expresión.

En primer lugar, el artículo 6o. de la Carta Magna refiere que la libertad de expresión no podrá ser objeto de inquisición judicial o administrativa. Dicho artículo refiere que:

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.”

De igual forma, se violó el artículo 16o. de la Carta Magna mismo que refiere que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales. A la letra el texto constitucional refiere lo siguiente:

“Artículo 16. (...)

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

(...)”8

Lo anterior, en virtud de que se expuso presuntamente información sobre los ingresos del comunicador obtenidos por su labor dentro de la iniciativa privada.

Por su parte, el titular del Ejecutivo Federal también violentó el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en virtud de que cometió un abuso de funciones lo que constituye una falta grave. Textualmente dicha disposición refiere lo siguiente:

“Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios , para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público; así como cuando realiza por sí o a través de un tercero, alguna de las conductas descritas en el artículo 20 Ter, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.”9

Asimismo, se infringió el secreto fiscal contenido en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Esto pues las y los servidores públicos tienen la obligación de guardar absoluta reserva en las declaraciones y datos proporcionados por las y los contribuyentes. A la letra se menciona lo siguiente:

“Artículo 69. El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación. Dicha reserva no comprenderá los casos que señalen las leyes fiscales y aquellos en que deban suministrarse datos a los funcionarios encargados de la administración y de la defensa de los intereses fiscales federales, a las autoridades judiciales en procesos del orden penal o a los Tribunales competentes que conozcan de pensiones alimenticias o en el supuesto previsto en el artículo 63 de este Código. Dicha reserva tampoco comprenderá la información relativa a los créditos fiscales firmes de los contribuyentes, que las autoridades fiscales proporcionen a las sociedades de información crediticia que obtengan autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad con la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, ni la que se proporcione para efectos de la notificación por terceros a que se refiere el último párrafo del artículo 134 de este Código, ni la que se proporcione a un contribuyente para verificar la información contenida en los comprobantes fiscales digitales por internet que se pretenda deducir o acreditar, expedidos a su nombre en los términos de este ordenamiento.”10

Finalmente, también se violentó el artículo 7 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados dado que no se está garantizando la privacidad de los individuos por parte del Estado. A la letra dicho precepto refiere lo siguiente:

“Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.”11

Por lo expuesto, y considerando la imperante necesidad de proteger la libertad de expresión y de prensa, así como la integridad de las personas periodistas en nuestro país es que sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Que en términos del artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que, con base en sus atribuciones, realice los trámites necesarios para la creación de la Comisión Especial que tendrá como objeto de la defensa, promoción y protección de la libertad de prensa y de expresión así como la investigación de crímenes en contra de personas periodistas en nuestro país quienes han sufrido intimidaciones, hostigamiento, amenazas y agresiones por el ejercicio de sus funciones.

Segundo. La Comisión Especial se integrará por el número de diputados y diputadas que así lo determine la Junta de Coordinación Política y de manera proporcional a la representación de cada una de las fracciones parlamentarias con representación en la Cámara de Diputados y tendrá como funciones las siguientes:

A. Dar seguimiento oportuno a las investigaciones y denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República y Fiscalías Estatales en virtud de las intimidaciones, hostigamiento, amenazas y agresiones sufridas por personas periodistas.

B. Analizar y, en su caso, proponer, políticas públicas enfocadas a garantizar la salvaguarda de la libertad de libertad de prensa y de expresión así como la integridad de las personas que ejercen el periodismo.

C. Promover el diálogo con la Secretaría de Gobernación, víctimas, academia y organizaciones de la sociedad civil a fin de fortalecer los mecanismos de protección para personas periodistas de nuestro país que sufren intimidaciones, hostigamiento, amenazas y agresiones a fin de garantizar su integridad plena.

D. Promover las acciones pertinentes para fortalecer los mecanismos de protección para personas periodistas de nuestro país que sufren intimidaciones, hostigamiento, amenazas y agresiones a fin de garantizar su integridad plena.

Tercero. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados tendrá vigencia a partir del día de publicación de su creación en la Gaceta Parlamentaria hasta que se termine la LXV Legislatura o bien se haya cumplido o agotado su objeto.

Cuarto. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados contará con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la realización de sus atribuciones que para tal efecto autorice el Comité de Administración con sujeción a la normatividad aplicable de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Notas

1 El Financiero. (2022). Escándalo de casa en Houston: accionista de Baker Hughes pide investigar conflicto de interés. El Financiero. Recuperado de: <https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/02/12/escandalo-de-ca sa-en-houston-accionista-de-baker-hughes-piden-investigar-conflicto-de- interes/>

2 Staff Oil & Gas Magazine. (2022). Contratos entre Pemex y Baker Hughes pasaron de 66 a 343 mdd con AMLO. Staff Oil & Gas Magazine. Recuperado de:

https://www.oilandgasmagazine.com.mx/
contratos-entre-pemex-y-baker-hughes-pasaron-de-66-a-343-mdd-con-amlo%EF%BF%BC/

3 Ayala, Olmos y Gutiérrez. (2022). Así vive en Houston el hijo mayor de AMLO. Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Recuperado de: <https://contralacorrupcion.mx/asi-vive-en-houston-el-hijo-mayor-de- amlo/>

4 Aristegui Noticias. (2022). Muestra AMLO presunto sueldo de Loret de Mola; “está fuera de sí”, le responde. Aristegui Noticias. Recuperado de: <https://aristeguinoticias.com/1102/mexico/muestra-amlo-presunto-sue ldo-de-loret-de-mola-son-datos-falsos-le-responde-enterate/>

5 Deutsche Welle. (2022). México: el país “más mortífero del mundo para la prensa”. Deutsche Welle. Recuperado de: <https://www.dw.com/es/méxico-el-pa%C3%ADs-más-mort%C3%ADfero-del-mu ndo-para-la-prensa/a-60540855>

6 Rodríguez, D. (2022). Asesinado en Oaxaca el periodista Heber López Vásquez, el quinto crimen contra la prensa de México en 2022. El País. Recuperado de: <https://elpais.com/mexico/2022-02-11/asesinado-en-oaxaca-el-periodi sta-heber-lopez-vasquez-el-quinto-crimen-contra-la-prensa-de-mexico-en- 2022.html>

7 Barragán, A. (2022). La última historia de don Rober, reportero asesinado en Michoacán. El País. Recuperado de: <https://elpais.com/mexico/2022-02-07/la-ultima-historia-de-don-robe r-el-reportero-asesinado-en-michoacan.html>

8 Cámara de Diputados. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. Recuperado de: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

9 Cámara de Diputados. (2016) Ley General de Responsabilidades Administrativas. Cámara de Diputados. Recuperado de:

<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pd f>

10 Cámara de Diputados. (1981). Código Fiscal de la Federación. Cámara de Diputados.

11 Cámara de Diputados. (2017). Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Cámara de Diputados. Recuperado de:

<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPS O.pdf>

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 17 de febrero de 2022.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Seguridad mexiquense a cumplir su plan de desarrollo en materia de seguridad respecto a las preceptorías juveniles, a cargo de la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Elizabeth Perez Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXV Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1 y 2 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Estado de México y a la Secretaria de Seguridad de dicha entidad y los municipios del Estado de México den cumplimiento al Plan de Desarrollo del Estado de México, en materia de seguridad, relativo a las preceptorías juveniles, de conformidad con la siguiente

Exposición de motivos

La prevención del delito, debe ser un trabajo conjunto entre acciones que el gobierno y la ciudadanía realizan de forma coordinada, el principal objetivo de esta debe ser diseñar y ejecutar políticas integrales de reinserción, que sean tendientes a prevenir comportamientos ilícitos principalmente en niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situaciones vulnerables, haciéndolos susceptibles de la manifestación de conductas delictivas.

Es indispensable que la prevención del delito se realice atendiendo las causas y consecuencias de la antisocialidad, impulsando estrategias tendientes a prevenirlo, así como considerar la integración familiar y social de la población de riesgo con conducta antisocial y en readaptación de las personas privadas de su libertad.

La reinserción social es la obligación que tiene el Estado de garantizar a los individuos privados de su libertad, los mecanismos que les permitan reintegrarse a la sociedad mediante el trabajo, la cultura, la capacitación, la educación, la salud y el deporte.

Es por ello que el Sistema Penitenciario a través de las preceptorías juveniles se vuelve la columna vertebral de la administración pública, pues es ésta última la que se encarga del seguimiento de medidas cautelares y de ejecutar las medidas de sanción no privativas de la libertad, cuya atención se lleva a cabo a través de un enfoque multidisciplinario constituido por las áreas de medicina, psicología, trabajo social y pedagogía; ya que al tratarse en lo particular de las y los adolescentes, y de las personas jóvenes resulta indispensable atender los aspectos no solo jurídico-penal sino la parte humana, es decir los aspectos psicosociales que las o los llevaron a determinadas conductas.

Al respecto, me permito citar lo señalado por la suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 31/2013 (10a.), con registro digital 2005105, Pleno, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, diciembre de 2013, Tomo I, página 124, lo siguiente:

REINSERCIÓN DEL SENTENCIADO A LA SOCIEDAD. SU ALCANCE CONFORME AL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Con la reforma al indicado precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se sustituyó el término “readaptación social” por el de “reinserción del sentenciado a la sociedad” el cual, a diferencia del primero, reconoce a la delincuencia como un problema social y no individual, de forma que el fin de la prisión cambia radicalmente, pues ya no se intentará readaptar sino regresar al sujeto a la vida en sociedad, a través de diversos medios que fungen como herramienta y motor de transformación, tanto del entorno como del hombre privado de su libertad. Así, en tanto se asume que quien comete un acto delictivo se aparta de la sociedad porque no se encuentra integrado a ella, para su reinserción se prevé un conjunto de actividades y programas que se diseñan y aplican para permitir a las personas condenadas a pena privativa de la libertad en los establecimientos de reclusión su regreso a la sociedad , cuestión que, como reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 18, no es posible sin una instrucción previa, creadora o revitalizadora de habilidades y hábitos laborales, así como la atención de la salud, la educación y el deporte. *Énfasis añadido

El Estado mexicano, reconoce la importancia de hablar acerca de la inserción, pues una vez que se ha cumplimentado la pena impuesta por un delito, es menester que la persona que ha delinquido cuente con los elementos necesarios para reintegrarse a la sociedad; no obstante es indispensable la existencia de programas que les permitan trabajar psicosocialmente en su persona y en la adaptación de las normas sociales; dicha circunstancia cobra mayor relevancia al tratarse de personas jóvenes o adolescentes, al encontrarse en pleno desarrollo cognitivo y de su personalidad, tal y como lo refiere la tesis I.9o.P.7 P (11a.), con registro digital 2023472, Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, agosto de 2021, Tomo V, página 4785, bajo el rubro y texto siguientes:

ACCESO A LA JUSTICIA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES INVOLUCRADOS EN EVENTOS DELICTIVOS. PARA GARANTIZARLO ES NECESARIO IDENTIFICAR LA ETAPA DEL DESARROLLO COGNITIVO EN QUE SE ENCUENTRAN, A FIN DE DETERMINAR EL IMPACTO DE SU DICHO EN LA VALORACIÓN PROBATORIA.

Hechos: En el evento delictivo que fue materia de análisis, se encontraron relacionados dos menores de edad, uno como sujeto activo de la conducta y otro como víctima directa. Una parte del estudio se centró en determinar si la diferencia de edad existente entre uno y otro fungió como un factor que debía ser ponderado por la autoridad jurisdiccional, al momento de la valoración probatoria.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para garantizar el acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes involucrados en eventos delictivos, es indispensable que los operadores jurídicos tengan en cuenta las características y estructuras del tipo de pensamiento de los menores de edad involucrados, a fin de adaptar el sistema legal a sus necesidades y no al contrario. Para lograr dicha tarea, es necesario identificar en qué etapa del desarrollo cognitivo se sitúan, para comprender la estructura de su razonamiento y evitar la invisibilización de sus particularidades. Así, en atención a la etapa en que se encuentren, la autoridad judicial deberá determinar el impacto de su dicho en la valoración probatoria.

Justificación: El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de toda persona al acceso auténtico a la justicia, el cual involucra a los menores de edad, quienes cuentan con el derecho a participar en el proceso del cual son parte. Para materializar esta prerrogativa, es necesario hacer uso, como apoyo y herramienta orientadora, de la doctrina especializada en materia de psicología, la cual revela que el desarrollo cognitivo en las distintas etapas de los infantes es abismal entre cada una de ellas, a pesar de que el lapso que las comprende y distingue sea breve. De manera específica, el Doctor Jean Piaget distinguió cuatro etapas principales (sensoriomotora, preoperacional, de operaciones concretas y de operaciones formales) que deben tenerse como referencia al momento de valorar lo declarado por un menor de edad, con el objeto de comprender lo que desea expresar, de una manera empática y auténtica, esto es, desde su posicionamiento, a fin de evitar administrar justicia desde una perspectiva estrictamente adultocentrista.

Es decir, tratándose de justicia para menores o que involucre menores de edad, deben considerarse elementos particulares, como lo realizan las PRECEPTORIAS JUVENILES, cuya función estriba:

Artículo 12. Las Preceptorías Juveniles tendrán las atribuciones siguientes:

I. Desarrollar y ejecutar los Programas de Prevención de la Antisocialidad y de Reintegración de Adolescentes.

II. Detectar y atender a los adolescentes y/o adultos jóvenes que debido a su problemática personal son vulnerables a cometer alguna conducta antisocial.

III. Aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que determine el Juez de Adolescentes, bajo la supervisión del Juez de Ejecución y Vigilancia.

IV. Supervisar e informar el cumplimiento de las reglas de conducta solicitadas por el Juez de Adolescentes.

V. Valorar los avances en relación con el tratamiento que se aplica a cada adolescente y/o adulto joven.

VI. Coordinar sus acciones con instituciones públicas y privadas, a fin de coadyuvar en el desarrollo y aplicación de los programas de Prevención de la Antisocialidad y de Reintegración de Adolescentes.

VII. Dar cumplimiento a las metas proyectadas por los Departamentos de Prevención y Reintegración para Adolescentes, de acuerdo a lo establecido en el Programa Operativo Anual.

VIII. Brindar atención y orientación al público en general.

IX. Garantizar que la información pública gubernamental incluyendo las estadísticas que elaboren, no contravenga la confidencialidad de los datos personales en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

X. Las demás inherentes al área de su competencia.

*Reglamento de las preceptorías juveniles regionales de reintegración social del Estado de México.

Por las consideraciones vertidas resulta de vital importancia dotar de los recursos correspondientes a las Preceptorías Juveniles del Estado de México, mismas que tienen un papel indispensable, ya que como hemos señalado la justicia para adolescentes y adultos jóvenes no refiere a un proceso punitivo sino a la “reinserción” en el tejido social, lo que se logra atiendo a los factores internos y externos de atención y cuidado.

Es por ello, que cobra especial atención la falta de atención y recursos que sean omitido entregar a las Preceptorías Juveniles Regionales, incumpliendo así con lo dispuesto en el Plan de desarrollo del Estado de México 2017-2023, en su apartado

“4.4 Objetivo: Fortalecer y mejorar el sistema penitenciario.

4.4.2. ESTRATEGIA: Implementar mecanismos para la reinserción social.

• Operar preceptorías juveniles para atender a la población en condición de riesgo para la comisión de delitos.”

Por lo expuesto someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. - Se exhorta al gobierno del Estado de México y a la Secretaria de Seguridad de dicha entidad y los municipios del Estado de México den cumplimiento al Plan de Desarrollo del Estado de México, en materia de seguridad, relativo a las Preceptorías Juveniles, otorgando recursos suficientes y adecuados para la reinserción social en adolescentes, jóvenes adultos y atender a dicho sector de la población en condición de riesgo para la comisión de delitos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2022

Diputada Elizabeth Pérez Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa, la Conagua y el gobierno de Jalisco a hacer públicas las medidas que toman para evitar el aumento de muertes por enfermedades renales derivadas de la contaminación de la cuenca Lerma-Chapala, a cargo de la diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortés, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Cecilia Márquez Alkadef Cortés, el Grupo Parlamentario de Morena, diputada a la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua y al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, a hacer públicas las medidas que están tomando para evitar que el número de muertes por enfermedades renales derivadas de la contaminación de la cuenca Lerma-Chapala siga en aumento, a hacer públicos los informes de la periodicidad con la que se da mantenimiento a las plantas tratadoras de agua en la misma cuenca, al tenor de las siguientes

Consideraciones

“Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad.”

Nelson Mandela

El señor Candelario Magallón Sanabria, habitante de Mezcala de la Asunción, en Poncitlán, se convirtió en la primera persona del año 2022 en fallecer a causa de la contaminación del lago de Chapala, en su caso por insuficiencia renal, padecimiento que afecta a miles de personas en los alrededores del cuerpo de agua.

Hay estudios científicos que relacionan contaminantes presentes en cuerpos de agua, como el lago de Chapala y el río Santiago, como mercurio, arsénico, plomo o tungsteno, con problemas renales y cáncer, al estar en el agua de uso y consumo humano.

Estudios multidisciplinarios comprobaron que el epicentro de las enfermedades renales en México (que ocupa el segundo lugar mundial en este tipo de padecimientos) se localiza en varias de las rancherías más marginadas de Poncitlán, en la ribera del lago de Chapala, donde a la pobreza y altas tasas de natalidad se suman el abandono de todos los niveles de gobierno, la contaminación del agua y el uso de agroquímicos como glifosato, entre otras variables.

Expertos demostraron también, con base en un seguimiento iniciado el año pasado, que en localidades de Poncitlán como Aguacaliente y Chalpicote, existe un evidente deterioro neurocognitivo entre los niños en edad escolar directamente relacionado con los factores anteriores, a los que hay que sumar la desnutrición y metales pesados detectados en sus organismos.

La cara más visible de esta ribera es la que abarca el corredor que va de Jocotepec a Chapala, donde habitan y tienen propiedades miles de extranjeros (sobre todo estadunidenses y canadienses) y donde el valor de la tierra se ha disparado y hay decenas de proyectos inmobiliarios de lujo con el consiguiente deterioro ambiental, existe también la “parte oscura”, que va de Chapala hacia Ocotlán, principalmente Poncitlán.

“Esta población no se ve, no es importante para las autoridades; vive sin drenaje, en exclusión social, con servicios médicos de baja calidad y casi sin agua, pues apenas tiene 20 litros de agua por día, pero además ésta es de baja calidad; asimismo, hay inequidad de género, vivienda pésima, tienen usos y costumbres especiales, uso de agroquímicos peligrosos, problemas alimentarios y nutricionales y sobreviven de agricultura y pesca de subsistencia”.

Los expertos dieron a conocer que en Poncitlán los marcadores de daño renal entre los menores estudiados son diez veces mayores que en el resto del estado.

El municipio tiene una población de 53 mil 659 personas, según datos del censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2020, pero 17 mil 565 de ellas (casi 33 por ciento) no están afiliadas a algún servicio de salud. Además, el promedio de hijos por familia es uno de los más altos del estado.

Pero en algunas comunidades como San Pedro Itzicán, la fecundidad se dispara hasta una media de 3 hijos por familia o 3 en Chalpicote. Además, en la primera demarcación hay 6 mil 686 habitantes, de los cuales 3 mil 67 (45 por ciento) no están afiliados a algún servicio de salud y 135 padecen algún “problema o condición mental” de nacimiento.

Un estudio de daño renal realizado por la Universidad de Guadalajara (UdeG) y la Secretaría de Salud Jalisco que incluyó a 463 menores de entre seis y 17 años encontró que 47 por ciento de aquellos a quienes se aplicaron pruebas para diagnosticar estos padecimientos presentó algún grado de insuficiencia. También se hizo una batería de análisis para encontrar pesticidas en la orina y se hizo una evaluación cognitiva.

La falta de recursos obligó a que los científicos se concentraran en 15 niños de los 199 que mostraron mayor deterioro renal y quienes pueden llegar a presentar insuficiencia renal grave.

A este grupo se le ha dado seguimiento con vigilancia alimentaria, se le entregan alimentos orgánicos y se trabaja con las familias para que no sólo reciban la comida, sino también para cerciorarse de que la ingieran. En menos de un año, el deterioro ha ido disminuyendo de forma notable, “excepto en un paciente, que ya tenía daño renal avanzado.

Entre octubre pasado y enero se hizo un estudio para detectar pesticidas y se comprobó que cuando es tiempo de cosecha y, por ende, de autoconsumo, aumentan las concentraciones de agroquímicos en la sangre, en especial de glifosato y glufosinato.

Respecto al agua, se encontraron en el líquido de uso corriente concentraciones mayores a las permitidas de litio, sodio, manganeso, calcio, estroncio, bario y mercurio, entre otros, lo cual seguirá vigilándose para determinar su influencia en la alta tasa de padecimientos renales e incluso mentales.

Una evaluación neurocognitiva demostró que entre los niños de Poncitlán hay una menor capacidad para la relación de ideas y conceptos. “Dicho por los profesores”, es la zona con menor aprendizaje en la ribera y donde se observa una mayor tasa de reprobación.

El problema renal es grave, pero es mucho menor que el de desarrollo cognitivo. Son niños que serán mano de obra barata para el futuro, ya que además sus tasas de natalidad son altísimas.

El estudio ha detectado que el daño renal y neurocognitivo puede revertirse en forma suficiente y en corto tiempo con la mejora de la alimentación, por lo cual es urgente una reconfiguración agroalimentaria y hacer sustentable la vida de los habitantes para sacarlos de la exclusión social.

El nefrólogo Guillermo García, con 40 años de experiencia en el hospital civil de Guadalajara, planteó que, aunque en Poncitlán la prevalencia de diabetes y obesidad (factores principales para la insuficiencia renal) es menor que en el resto del estado, la desnutrición llega casi a 33 por ciento de la población. Mientras, la prevalencia de enfermedades renales es dos veces mayor comparada con la de otros municipios de Jalisco, estado que además tiene mayor porcentaje de enfermos de estos males en el país.

Hay factores que contribuyen a este problema, como la lejanía de los proveedores de salud, la falta de recursos económicos, bajo peso al nacer, predisposición genética, nutrición inadecuada y factores medioambientales, en particular la carencia de agua limpia y drenaje.

Resulta necesario atender los problemas de contaminación y desecación que afectan al Lago de Chapala, porque este es una de las fuentes de trabajo más importantes en la región y abastece de agua potable a la zona metropolitana de Guadalajara.

Las aguas residuales no tratadas de los centros de población y la industria, los agroquímicos y los desechos de la ganadería, son conducidos hacia los ríos tributarios del lago de Chapala, ubicado en el estado de Jalisco y Michoacán. Estos residuos líquidos constituyen las causas principales del problema que enfrenta este cuerpo de agua.

Además de esto, los gobiernos locales tienen dificultades para sanear el agua debido a la inexistencia, inoperancia o mal funcionamiento de las plantas de tratamiento. La desecación es consecuencia de la expansión de la frontera agrícola en la sección oriente del lago, a través de la construcción de un bordo de contención construido a principios del siglo XX para desecar la Ciénega de Chapala.

Esto, en temporada de estiaje, provoca sequías, por lo que es necesario extraer agua del lago para utilizarla en el riego de los cultivos. Por otro lado, cuando es temporada de lluvia, “se debe bombear el agua de la Ciénaga al lago”, para evitar inundaciones en los mismos.

Hay preocupación sobre la nula gestión territorial de la cuenca, pues no hay quién oriente a los agricultores y a los demás sectores relacionados en el territorio para implementar mecanismos de sustentabilidad en el uso del agua que proviene del lago. Junto con ello, se menciona que “aunque existen organizaciones establecidas directamente desde la federación, eso tampoco significa que funcionen”.

Parte de la problemática social es la desigualdad en el acceso de agua “gracias al cambio en los patrones de cultivo”. Esta situación afecta porque se cultivan frutillas con alto consumo de agua del subsuelo, dejando a algunos habitantes sin acceso a la misma. Además, el proceso de invasión de la ribera lacustre para promover el turismo afecta la función natural del lago.

Los daños son catastróficos y se miden ya por un significativo número de muertes, de pérdida de vidas de personas que en muchos casos son niños que no tenían ni culpa o mucho menos responsabilidad alguna, sobre lo que les arrebató su entorno y finalmente su vida.

Por lo anteriormente expuesto, no podemos ser indiferentes ante esta situación, en donde la población jalisciense se está viendo afectada, en la Cuarta Transformación estamos comprometidos con el pueblo y con los que más nos necesitan. Es por eso que, como diputada federal y representante del pueblo de Jalisco, preocupada, y aún más, ocupada por nuestro estado, me permito proponer el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional del Agua y al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, a hacer públicas las medidas que están tomando para evitar que el número de muertes por enfermedades renales derivadas de la contaminación de la cuenca Lerma-Chapala siga en aumento, y hacer públicos los informes de la periodicidad con la que se da mantenimiento a las plantas tratadoras de agua en la misma cuenca.

Fuentes

- https://www.gaceta.unam.mx/la-problematica-detras-del-lago-de-chapala/

- https://lider919.com/lamentan-primera-muerte-del-ano-por-contaminacion- del-lago-de-chapala

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2022.

Diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortés (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal, la SRE y la Ssa a realizar las acciones pertinentes por las afectaciones del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico para vacunar a niños y adolescentes contra el Covid-19, a cargo de la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, la diputada federal Cecilia Anunciación Patrón Laviada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en las fracciones I del artículo 6 y I y V del Apartado 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las personas titulares del Ejecutivo federal, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Salud Pública a realizar las acciones pertinentes, derivado de las afectaciones del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, en el marco de sus competencias, para vacunar a niñas, niños y adolescentes contra el Covid-19, al tenor los siguientes

Antecedentes

• No hay duda de que el Covid-19 nos tomó por sorpresa no solo en México, sino en todo el mundo. Existen problemas, desastres y demás virus y enfermedades que no podemos controlar cuándo van a suceder, pero sí podemos actuar de cierta manera antes, durante y después. Antes, mediante la preparación para futuros problemas, catástrofes, teniendo un fuerte sistema de salud y un efectivo plan de acción contra desastres naturales, por ejemplo. Durante el problema, en el ejemplo de la pandemia, se puede actuar cerrando fronteras, o teniendo filtros más estrictos. En el futuro, lo mejor que se puede hacer es apoyar a la gente y aprender de lo sucedido; de los errores y aciertos.

• Derivado de los estragos provocadas por el Covid-19, cientos de personas que han contraído la enfermedad han manifestado gran variedad de efectos, estragos y consecuencias a corto, mediano y largo plazo, en razón de diversos factores como la vulnerabilidad del cuerpo ante otro tipo de enfermedades ajenas al Covid-19.

• El síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico (conocido como MIS-C por sus siglas en inglés) es un nuevo síndrome que se encuentra relacionado con el Covid-19, pues se trata de un síndrome que se presenta a las tres o cuatro semanas después de lograda la recuperación del infante post-Covid.

• El MIS-C es un síndrome, lo que significa que es un cuadro patológico determinado o conjunto de síntomas que se presentan juntos y son característicos de una enfermedad provocada, en ocasiones, por la concurrencia de más de una enfermedad; el MIS-C es una complicación del Covid-19, debido a que el sistema inmune de los niños reacciona de forma excesiva a la enfermedad, dando lugar al síndrome advertido, lo cual puede llevar hasta las peores consecuencias.1

• Los síntomas provocados por el MIS-C son fiebre que dura más de 24 horas, agrandamiento de los ganglios linfáticos, ojos rojos, dolor de estómago, vómito, enrojecimiento o hinchazón en las manos o los pies, los labios y la lengua, dolor de cabeza, mareos o aturdimiento, respiración acelerada y latidos rápidos del corazón. Los síntomas con mayor gravedad son dolor intenso de estómago, dificultad para respirar, piel, labios o lecho de las uñas de color pálido, grisáceo o azulado, según el tono normal de la piel, confusión repentina e incapacidad para despertarse o permanecer despierto.2

• Dicho lo anterior, no debemos olvidar que a pesar de que la infección por el virus SARS-CoV-2 no afectó tanto a la población infantil en los primeros meses de la pandemia, por lo que son limitados los datos y evidencia científica sobre posibles secuelas, ahora se ha presentado nuevas complicaciones para los menores, pues con las nuevas variantes del virus en el territorio nacional, los menores pueden verse con más riesgo susceptible de tener un contagio y una recuperación tardía donde incluso puedan ser lo síntomas post-Covid aún más graves.

• La manera más efectiva para prevenir el MIS-C es vacunarse contra el Covid-19. La vacuna es útil tanto para reducir las posibilidades de contagio como de adquirir síntomas graves o perjudiciales. Ante una respuesta inmune más efectiva contra el Covid-19, se reduce a la vez la posibilidad de que los niños padezcan de MIS-C.

• La vacuna Pfizer-BioNTech contra el Covid-19, ya se encuentra disponible para niños de 5 años en adelante, por lo que para cooperar en el combate al Covid-19 y las consecuencias que produce como lo es el MIS-C, debe realizarse una campaña de vacunación para niñas y niños.

• Asimismo, reforzando lo anterior, cabe recalcar que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention) de Estados Unidos de América, recomiendan la vacuna de ARN mensajero (ARNm) Covid-19 de Pfizer/BioNtech para niñas y niños de entre 5 y 11 años.

• El MIS-C puede llegar a ser mortal en caso de que no sea diagnosticado ni tratado a tiempo, por lo tanto, en adición a garantizar un esquema completo de vacunación a los niños para evitar contraer el Covid-19 y las consecuencias derivadas que resultan en el MIS-C, es importante brindar servicios de salud para todos los niños que requieran de atención médica para combatir el síndrome.

Consideraciones

Primera.- La Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 24 lo siguiente:

“1. Los Estados parte reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud, así como los Estados parte se esforzará por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.

2. Los Estados parte aseguren la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;

b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud;

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente;

d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal a las madres;

e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos;

f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en materia de planificación de la familia.

3. Los Estados parte adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños.

4. Los Estados parte se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional con miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el presente artículo.”3

A este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. También habría que agregar que nuestra propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce estos mismos principios, y en su artículo 4o. establece lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud [...] En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral [...] Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”4 (CPEUM).

De este precepto constitucional, se desprenden los derechos a que alude la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, misma que reconoce en su artículo 50 el de la protección de la salud y a la seguridad social, y establece que:

“Los Sistemas Nacional y estatales de Salud deberán garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la salud atendiendo al derecho de prioridad, al interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva y la no discriminación, así como establecer acciones afirmativas a favor de niñas, niños y adolescentes”5 (LGDNNA).

Segunda. Datos del Censo de Población y Vivienda 2020 indican que en México residen 31.8 millones de niñas y niños de 0 a 14 años de edad, que en términos relativos representan 25.3 por ciento de la población total. “En plena cuarta ola de coronavirus, los contagios y decesos entre menores a causa de la Covid-19 siguen sin dar tregua en el país. Hasta el 16 de enero se reportaron 826 muertes de niñas, niños y adolescentes, y 86 mil 586 menores de edad contagiados.”6 Frente a toda la evidencia científica, 22 países ya han decidido aplicar la vacuna contra el Covid-19 a niñas, niños y adolescentes. En Inglaterra y Suecia por ejemplo, la aplican a personas de 16 años en adelante; mientras que en Honduras lo hacen a partir de los 15 años de edad; en Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Alemania, España, Australia, Francia, Italia, Noruega, Suiza, Japón e India aplican la vacunación a partir de los 12 años; en Chile desde los 6 años; en China, Emiratos Árabes e Israel, a partir de los 3 años de edad, y en Cuba incluso desde los 2 años de edad.

Tercera. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) reveló que, de esos casos, 595 han terminado con la vida de esas personas. Se trata de 595 personas menores de edad que han fallecido porque no se ha dimensionado adecuadamente que ellas y ellos son también posibles víctimas de esta terrible enfermedad. Ya es hora de tener en cuenta que a ellas y ellos también les afecta, y hasta les puede costar la vida.

Cuarta. Esto no es un asunto menor ni mucho menos, estamos hablando de la salud del sector de la población que representa el futuro de nuestro país. Debemos tener en cuenta que, entidades como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, de los Estados Unidos de América, también conocidos como COC, ya desde hace algunos meses han recomendado la vacunación del grupo etario que va de los 12 a los 18 años.

Más de 30 países están activamente vacunando a niñas, niños y adolescentes contra el Covid. No obstante, en la Política Nacional de Vacunación solo está considerado vacunar a los menores a partir de los 15 años, y con el fármaco de Pfizer que es el único que ha sido aprobado para uso de emergencia por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- El honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las personas titulares del Ejecutivo federal, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Salud Pública a realizar las acciones pertinentes, derivado de las afectaciones del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, en el marco de sus competencias, para vacunar a niñas, niños y adolescentes contra el Covid-19.

Notas

1 https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/mis-c-in-kids-covid-19/symptoms-causes/
syc-20502550#:~:text=El%20s%C3%ADndrome%20inflamatorio%20multisist%C3%A9mico%20pedi%C3%A1trico,
tienen%20apenas%20una%20enfermedad%20leve.

2 www.mayoclinic.org

3 Convención sobre los Derechos del Niño.

4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

6 https://elpais.com/mexico/2022-01-21/
los-contagios-de-covid-en-menores-se-multiplican-en-mexico-en-las-primeras-semanas-del-2022.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2022.

Diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de esta soberanía a dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 61 y adiciona el 51 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrita por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez y Lorena Piñón Rivera, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez y Lorena Piñón Rivera, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a escrutinio de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Entre las tres causas principales de defunciones de personas de 5 a 44 años figuran los traumatismos causados por el tránsito.

2. De acuerdo con estos antecedentes, la Organización de las Naciones Unidas estima que sin medidas inmediatas y eficaces, dichos traumatismos se convertirán en la quinta causa mundial de muerte.

3. Se ha estimado que las colisiones de vehículos de motor tienen una repercusión económica del 1% al 3% en el Producto Nacional Bruto.

4. El tipo de frenos que tienen los tráilers no son aptos para detener de forma oportuna el peso que trasladan, pues estudios realizados por académicos indican que el segundo remolque tarda hasta 7 segundos en comenzar con la activación del mecanismo, con una fuerza de fricción que contrarresta que se detenga el automotor y el primer contenedor.

5. En México la mayor parte de los accidentes ocasionados, se deben a aquellos vehículos de carga; ya sea de semirremolque, remolque y doble remolque. Estos últimos causan en el país más de mil 600 accidentes al año y aproximadamente más de mil decesos.

6. En 2017 la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico hizo una revisión a la regulación mexicana en materia de transporte de carga. De acuerdo a su análisis se refiere que la fatiga de los conductores es una causa preponderante en accidentes.

7. Hay empresas que abusan de las condiciones laborales de los traileros y demás vehículos de carga, obligándolos a cubrir jornadas extenuantes sin adecuado descanso, lo que necesariamente se traduce en accidentes que traen desgracias personales.

8. Las ventas de vehículos pesados en México son usados e importados particularmente de EUA, y con frecuencia son vehículos con varios años de uso y que probablemente estén equipados con estándares más bajos en términos de seguridad y control de emisiones.

9. México tiene uno de los récords más bajos en seguridad de carreteras dentro de los países de la OCDE, en términos de fallecimientos y lesiones graves per cápita por vehículo.

10. Los traileros no siempre tienen la culpa de los accidentes, sino que la ley les debe garantizar un periodo de descanso y contar con el apoyo de un co-conductor que los releve.

11. La prohibición del doble remolque redundará en más oportunidades de trabajo para los choferes y en más seguridad al reducir por ende los accidentes.

12. En 2019 la Guardia Nacional reportó 12,056 siniestros en carreteras federales. Ese mismo año INEGI registró 362 mil 596 accidentes automovilísticos en carreteras estatales y calles de municipios, en donde participaron 15 mil 65 vehículos de carga.

13. En México hay doble remolque de 31 m. de largo con cargas de hasta 75.5 toneladas. En contraste, en EEUU tienen un máximo de 24 m. de largo sin exceder 40 toneladas de carga y en Canadá un límite máximo de 50 toneladas de carga con 25 m. de longitud máxima.

14. En enero de 2022 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ante la ausencia de especificaciones legales en la materia, publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación por el que se concede la prórroga para que los vehículos de autotransporte articulado de doble remolque circulen por lo que resta de la presente anualidad.

Con todos estos antecedentes y considerando que la finalidad de la iniciativa presentada el 12 de octubre de 2021, es eliminar el uso del transporte de doble remolque, como una condición de seguridad para las personas que viajan en otras unidades y los transeúntes, así como de los mismos operadores de dichas unidades.

Por lo expuesto someto a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los integrantes de la Comisión Ordinaria de Comunicaciones y Transportes para que realicen la dictaminación correspondiente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 61 y adiciona el 51 bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentada el 12 de octubre de 2021.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero del 2022.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica), Diputada Lorena Piñón Rivera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la STPS a llevar a cabo acciones y acuerdos dirigidos a considerar la actualización de las Reglas de Operación de Jóvenes Construyendo el Futuro para incluir en él al personal médico que realiza interinatos y pasantías en el sistema nacional de salud, a cargo del diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La reciente crisis sanitaria que atraviesa la sociedad en todo el globo, por el SARS-CoV-2, ha repercutido con impactos negativos de índole económico, social, familiar y humano, en general, exhibiendo también las debilidades del andamiaje operativo de los sistemas de salud de todos los países.

Específicamente en México la gestión de la pandemia se ha constituido en un reto complejo donde el Estado mexicano ha iniciado un sinfín de acciones con el propósito de establecer las condiciones óptimas para la gestión de los recursos con que se cuenta y así solventar las necesidades que esta crisis presenta.

En este sentido, el personal médico se ha constituido en la columna vertebral para dar atención en la primera línea a todos los mexicanos y mexicanas que han sido afectados por el virus del SARS-CoV-2, donde dicha labor ha sido fundamental para el abatimiento en los índices de mortandad, y desafortunadamente, muchos de estos profesionales han perdido la vida en el ejercicio de su profesión.

El personal médico de primera línea, incluye también a los profesionales de la medicina y enfermería, quienes ingresan al sistema nacional de salud para contribuir en él, realizando el interinato y la pasantía; dado que aún no son personal adscrito a alguna plaza en el sistema, este personal recibe una beca que otorga la Secretaría de Salud con el fin de contar con ayuda para el desempeño de sus labores y, en algunos casos, para material didáctico de manera trimestral.

El último tabulador disponible de las becas otorgadas refleja las siguientes cantidades:

Fuente: Secretaría de Salud, “Tabulador de becas para los internos de pregrado y pasantes”

Si bien dichas cantidades únicamente son un “apoyo”, existe la posibilidad de acceder a un monto mayor como reconocimiento a la labor que este personal realiza en beneficio de todas y todos los mexicanos.

Es el caso del apoyo que el Gobierno Federal, por medio de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ha impulsado desde el principio de esta administración a través de un noble programa que busca vincular a jóvenes que no tienen empleo con diversos empleadores, con el fin de que realicen actividades propias del sector del que se trate y así obtengan habilidades que los califiquen para tener mayores posibilidades de empleabilidad en el futuro; me refiero al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” , el cual se constituye como una alternativa formativa y de ingreso para un grupo que se vislumbra ya como vulnerable.

El programa referido otorga becas de apoyo mensual por un monto de $5,258.13 pesos, según la información de la Secretaría,1 y/o de $3,748.00 pesos, según las Reglas de Operación2 del mismo, así como un seguro médico que cubre incidentes por enfermedad, maternidad y riesgos de trabajo.

Dada la naturaleza de los beneficiarios, jóvenes de entre 18 y 29 años, se propone actualizar las reglas de operación con los siguientes elementos.

• Crear un apéndice en dichas reglas de operación donde se establezca al sector del personal médico que cumpla con la condición de edad, entre los 18 y 29 años, como beneficiarios del programa.

• Que el personal mencionado colabore con el Sistema Nacional de Salud en calidad de internos y pasantes de medicina y enfermería.

• Que el monto de beca que se otorgue a este personal como parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro sea adicional a la beca que reciben por parte de la Secretaría de Salud.

• Que la beca que se otorgue al personal de salud se acredite como un “reconocimiento y dignificación” a su labor.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que lleve a cabo las acciones y acuerdos necesarios a efecto de contemplar una actualización a las Reglas de Operación del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” , a fin de incluir en él al personal médico que realiza interinatos y pasantías en las dependencias del Sistema Nacional de Salud.

Notas

1 Véase, “Jóvenes construyendo el futuro”, Gobierno de México. Consultado en: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/

2 Véase, Reglas de Operación “Programa Jóvenes Construyendo el Futuro”, Diario Oficial de la Federación de fecha 23/12/2020.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2022.

Diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Jucopo de esta soberanía a crear una comisión especial para investigar los posibles conflictos de interés, tráfico de influencias y actos de corrupción generados por Grupo Vidanta, Kei Partners y el megaproyecto Tren Maya, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las y los diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a la siguiente

Exposición de Motivos

I. El 27 de enero de 2022, Carlos Loret de Mola reveló que el hijo del presidente de la República habitó una mansión que, en aquel momento, era propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hughes, empresa petrolera a la cual Petróleos Mexicanos le adjudicó contratos por, inicialmente, más de 151 millones de dólares.1

Sin embargo, la periodista Peniley Ramírez evidenció múltiples ampliaciones de los montos originalmente asignados a Baker Hughes. De acuerdo con Ramírez y con información oficial obtenida del portal “Pemex + Transparente”, la empresa productiva del Estado mexicano decidió ampliar un contrato adjudicado a la empresa Baker Hughes en cinco ocasiones. El contrato en mérito pasó de 66 millones de dólares a 343 millones de dólares en noviembre del 2021.2

Es importante señalar que la mansión que habitó José Ramón López Beltrán no coincide con el discurso de “austeridad republicana” predicado por su propio padre, Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior en virtud de que dicho inmueble cuenta con 2,500 metros cuadrados de terreno, cuatro habitaciones, bar, sala de juegos, cine privado y una alberca al aire libre de 23 metros de largo.3

II. El pasado viernes 11 de febrero de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó fuertemente durante su habitual conferencia de prensa al periodista Carlos Loret de Mola por no haber informado cuánto dinero gana de manera mensual. Cabe mencionar que el periodista, al no ser un servidor público ni recibir recursos públicos, no está obligado legalmente a transparentar sus ingresos.

No obstante, el titular del Ejecutivo federal lo calificó de “mercenario, golpeador y corrupto”4 y exhibió que presuntamente gana 35 millones de pesos al año. Asimismo, señaló que pedirá al Servicio de Administración Tributaria y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que le certifiquen los datos sobre los ingresos del comunicador. En este sentido, queda en evidencia el uso faccioso de las instituciones, así como el abuso de autoridad por parte del presidente de la República para perseguir a los periodistas críticos que han exhibido posibles esquemas de corrupción y conflicto de interés de sus familiares directos. Las instituciones públicas no deben de ser utilizadas de manera política, deben de utilizarse para servir a las y los ciudadanos.

III. Tras las diversas posturas que se realizaron ante las evidencias presentadas por medios de comunicación, Carmen Aristegui comparó el reportaje sobre los lujos de José Ramón López Beltrán comparándola con la investigación de la casa blanca del expresidente Enrique Peña Nieto y señalando que existe una gran contradicción entre su discurso del Presidente de austeridad con la vida que lleva su hijo y que era necesario disipar con transparencia e información que clarifiquen las acusaciones.

En este se sentido, es preciso señalar que tras dicha postura de Carmen Aristegui y como derecho a la libre expresión, el titular del Ejecutivo federal emprendió una serie de ataques en contra de la periodista señalando que siempre beneficio a los conservadores y ser una simuladora, incluso en contra de sus colaboradores y personal de su programa, sin embargo, hasta el día de hoy no existe ninguna información que desmienta o contradiga la investigación de la inexplicable riqueza de José Ramón López Beltrán.

IV. Ahora bien, resulta necesario hacer referencia al terrible clima de violencia que enfrentan las personas periodistas en nuestro país. Según Reporteros Sin Fronteras, México es el país “más mortífero del mundo para la prensa”.5

En los escasos dos meses que van de 2022, han sido asesinados cinco comunicadores en nuestro país. El 10 de enero de 2022 José Luis Gamboa fue asesinado en Veracruz. Tan sólo una semana después, Margarito Martínez fue privado de la vida en Tijuana y unas horas más tarde Lourdes Maldonado fue cruelmente asesinada cuando llegaba a su casa del velorio de su compañero Margarito. Por su parte, Roberto Toledo, quien colaboraba en el portal Monitor Michoacán, fue baleado en Zitácuaro, Michoacán; cabe señalar que Toledo utilizó en múltiples ocasiones su portal para denunciar casos de corrupción en este municipio. Asimismo, Heber López Vásquez, fue asesinado con un arma de fuego en su propia casa.6

En este sentido, resulta evidente que los constantes ataques a periodistas y comunicadores desde la Presidencia de la República abonan al clima de violencia actual. Por ello, resulta crucial que el titular del Ejecutivo Federal deje de emitir insultos, descalificaciones y críticas a periodistas que realizan su labor de informar.

V. El domingo 13 de febrero de 2022, José Ramón López Beltrán apuntó que desde 2018 trabaja para la empresa KEI Partners como asesor legal, por cierto, sin tener licencia para hacerlo. Cabe señalar que la empresa KEI Partners pertenece a los hijos de Daniel Chávez, quien actualmente funge como supervisor del megaproyecto del Tren Maya.

Ahora bien, es de mencionar que Daniel Chávez, a su vez, es dueño de Grupo Vidanta, una empresa prominente del sureste de México que originalmente se había ofrecido a participar en el financiamiento del Tren Maya. En este sentido, es clara la existencia de un conflicto de interés entre el Tren Maya, los dueños de Grupo Vidanta y José Ramón López Beltrán.8

Por su parte, Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, mencionó que todo lo publicado referente a Baker Hughes es falso y afirma que desconocían la identidad del propietario del lujoso inmueble que rentaron. No obstante, también reconoce que colaboró ampliamente en el sector energético pues laboró en los Emiratos Árabes Unidos y con la familia Real de Emiratos.9 Asimismo, afirma que trabajó en el mismo sector, es decir el energético, en México. 10

VI. Ahora bien, resulta claro que Daniel Chávez, padre de Érika e Iván Chávez, quienes a su vez fungen como jefes de José Ramón López Beltrán en la empresa KEI Partners, ha prosperado junto con Grupo Vidanta durante la presente administración encabezada por Andrés Manuel López obrador ya que dicho grupo ha recibido más de 100 concesiones, licencias, permisos y autorizaciones.11

Según documentos públicos de la Plataforma Nacional de Transparencia, dichas concesiones, licencias, permisos y autorizaciones han sido otorgadas a Grupo Vidanta por parte de la Secretaría de Turismo, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua.12 Dichas concesiones se otorgaron en los estados de Nayarit, Baja California Sur, Quintana Roo, Colima y Sonora.

La relación de Grupo Vidanta no sólo es con el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que también, con gobernadores emanados de Morena. En este sentido, Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, confirmó que Grupo Vidanta donó un terreno de 2 mil hectáreas en Puerto Peñasco para construir el Parque Solar. El gobernador Durazo mencionó lo siguiente:

“Dónde íbamos a conseguir esa tierra en Puerto Peñasco, que tiene una ubicación para conectarse con Baja California... La verdad que encontrarse con empresarios con esa generosidad es extraordinario.”13

Cabe señalar que el inmueble se encuentra a lado de múltiples propiedades de Grupo Vidanta lo que les generará plusvalía y certeza energética ya que se construirá un parque solar. Asimismo, según algunos analistas políticos, con esta operación existirán múltiples beneficios para la empresa Vidanta Energy, propiedad del mismo Grupo Vidanta.

VII. En cuanto al marco jurídico, el actuar del presidente de la República en torno a las investigaciones periodísticas en las que se expusieron múltiples indicios de conflictos de interés y de actos de corrupción, violentó múltiples disposiciones legales y constitucionales.

En primer lugar, el artículo 6o. de la Carta Magna refiere que la libertad de expresión no podrá ser objeto de inquisición judicial o administrativa. Dicho artículo refiere que:

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.”

De igual forma, se violó el artículo 16o. de la Carta Magna mismo que refiere que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales. A la letra el texto constitucional refiere lo siguiente:

“Artículo 16. (...)

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

(...)”14

Lo anterior, en virtud de que se expuso presuntamente información sobre los ingresos del comunicador obtenidos por su labor dentro de la iniciativa privada.

Por su parte, el titular del Ejecutivo Federal también violentó el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en virtud de que cometió un abuso de funciones lo que constituye una falta grave. Textualmente dicha disposición refiere lo siguiente:

“Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios , para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público; así como cuando realiza por sí o a través de un tercero, alguna de las conductas descritas en el artículo 20 Ter, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.”15

Asimismo, se infringió el secreto fiscal contenido en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Esto pues las y los servidores públicos tienen la obligación de guardar absoluta reserva en las declaraciones y datos proporcionados por las y los contribuyentes. A la letra se menciona lo siguiente:

“Artículo 69. El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación. Dicha reserva no comprenderá los casos que señalen las leyes fiscales y aquellos en que deban suministrarse datos a los funcionarios encargados de la administración y de la defensa de los intereses fiscales federales, a las autoridades judiciales en procesos del orden penal o a los Tribunales competentes que conozcan de pensiones alimenticias o en el supuesto previsto en el artículo 63 de este Código. Dicha reserva tampoco comprenderá la información relativa a los créditos fiscales firmes de los contribuyentes, que las autoridades fiscales proporcionen a las sociedades de información crediticia que obtengan autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad con la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, ni la que se proporcione para efectos de la notificación por terceros a que se refiere el último párrafo del artículo 134 de este Código, ni la que se proporcione a un contribuyente para verificar la información contenida en los comprobantes fiscales digitales por Internet que se pretenda deducir o acreditar, expedidos a su nombre en los términos de este ordenamiento.”16

Finalmente, también se violentó el artículo 7 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados dado que no se está garantizando la privacidad de los individuos por parte del Estado. A la letra dicho precepto refiere lo siguiente:

“Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.”17

Ahora bien, en cuanto a los múltiples hechos de corrupción, conflictos de interés y tráfico de intereses, resulta preciso hacer mención a múltiples disposiciones de nuestro marco jurídico que prohíben dichas conductas. En primer lugar, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los recursos públicos deben de ser utilizados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Dicho precepto constitucional menciona lo siguiente:

“Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.”18

Por su parte, la Ley General de Responsabilidades Administrativas define en su artículo 58 al conflicto de interés. A la letra el artículo 58 refiere lo siguiente:

“Artículo 58. Incurre en actuación bajo conflicto de interés el servidor público que intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflicto de interés o impedimento legal.

Al tener conocimiento de los asuntos mencionados en el párrafo anterior, el servidor público informará tal situación al jefe inmediato o al órgano que determine las disposiciones aplicables de los entes públicos, solicitando sea excusado de participar en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de los mismos.

Será obligación del jefe inmediato determinar y comunicarle al servidor público, a más tardar 48 horas antes del plazo establecido para atender el asunto en cuestión, los casos en que no sea posible abstenerse de intervenir en los asuntos, así como establecer instrucciones por escrito para la atención, tramitación o resolución imparcial y objetiva de dichos asuntos.”19

Por su parte, se estima que también se incurrió en tráfico de influencias ya que resulta evidente la relación entre el hijo del presidente de la República, José Ramón López Beltrán, con empresarios que tienen más de concesiones, contratos, permisos y autorizaciones otorgadas por el gobierno federal y el gobierno local. En este sentido, el artículo 68 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas refiere lo siguiente:

“Artículo 68. Incurrirá en tráfico de influencias para inducir a la autoridad el particular que use su influencia, poder económico o político, real o ficticio, sobre cualquier servidor público, con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio o ventaja, o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público, con independencia de la aceptación del servidor o de los servidores públicos o del resultado obtenido.”

De igual manera, los múltiples beneficios indebidos que han recibido Grupo Vidanta, así como Daniel Chávez, Iván Chávez y Érika Chávez, evidencian que también se vulnera el artículo 70 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas mismo que establece lo siguiente:

“Artículo 70. Incurrirá en colusión el particular que ejecute con uno o más sujetos particulares, en materia de contrataciones públicas, acciones que impliquen o tengan por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebidos en las contrataciones públicas de carácter federal, local o municipal.

También se considerará colusión cuando los particulares acuerden o celebren contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre competidores, cuyo objeto o efecto sea obtener un beneficio indebido u ocasionar un daño a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos.

Cuando la infracción se hubiere realizado a través de algún intermediario con el propósito de que el particular obtenga algún beneficio o ventaja en la contratación pública de que se trate, ambos serán sancionados en términos de esta ley.

Las faltas referidas en el presente artículo resultarán aplicables respecto de transacciones comerciales internacionales. En estos supuestos la Secretaría de la Función Pública será la autoridad competente para realizar las investigaciones que correspondan y podrá solicitar a las autoridades competentes la opinión técnica referida en el párrafo anterior, así como a un estado extranjero la información que requiera para la investigación y substanciación de los procedimientos a que se refiere esta ley, en los términos previstos en los instrumentos internacionales de los que ambos estados sean parte y demás ordenamientos aplicables.

Para efectos de este artículo se entienden como transacciones comerciales internacionales, los actos y procedimientos relacionados con la contratación, ejecución y cumplimiento de contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios de cualquier naturaleza, obra pública y servicios relacionados con la misma; los actos y procedimientos relativos al otorgamiento y prórroga de permisos o concesiones, así como cualquier otra autorización o trámite relacionados con dichas transacciones, que lleve a cabo cualquier organismo u organización públicos de un estado extranjero o que involucre la participación de un servidor público extranjero y en cuyo desarrollo participen, de manera directa o indirecta, personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.”20

Asimismo, posiblemente el C. José Ramón López Beltrán podría caer en el supuesto del Código Penal Federal en su fracción IV del artículo 221 señala lo siguiente:

“Artículo 221.- Comete el delito de tráfico de influencia:

IV. Al particular que, sin estar autorizado legalmente para intervenir en un negocio público, afirme tener influencia ante los servidores públicos facultados para tomar decisiones dentro de dichos negocios, e intervenga ante ellos para promover la resolución ilícita de los mismos, a cambio de obtener un beneficio para sí o para otro.”

Finalmente, el Estado Mexicano suscribió y ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción a fin de combatir las prácticas de corrupción en nuestro país. Dicha convención refiere que es aplicable a actos de corrupción tales como el otorgamiento de beneficios a cambio de realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas.

“Artículo VI Actos de corrupción

1. La presente Convención es aplicable a los siguientes actos de corrupción:

a. El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas;

b. El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas;

c. La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero;

d. El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo; y

e. La participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo. 2. La presente Convención también será aplicable, de mutuo acuerdo entre dos o más Estados parte, en relación con cualquier otro acto de corrupción no contemplado en ella.”

Por lo expuesto, y considerando la imperante necesidad de proteger la libertad de expresión; la necesidad de investigar posibles actos de conflicto de interés así como posibles actos de corrupción por José Ramón López Beltrán, Carolyn Adams, la empresa Baker Hughes y las ampliaciones de contratos hasta por 343 millones de dólares otorgadas por Petróleos Mexicanos; así como la imperante necesidad de investigar posibles actos de conflicto de interés, tráficos de influencias y de corrupción entre las empresas Grupo Vidanta, KEI Partners, las personas físicas Daniel Chávez, Iván Chávez, Érika Chávez, José Ramón López Beltrán y el megaproyecto denominado Tren Maya; es que sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Que en términos del artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que, con base en sus atribuciones, realice los trámites necesarios para la creación de la Comisión Especial que tendrá como objeto investigar los posibles conflictos de interés y actos de corrupción generados por las empresas Grupo Vidanta, KEI Partners, las personas físicas Daniel Chávez, Iván Chávez, Érika Chávez, José Ramón López Beltrán, la empresa productiva del Estado Petróleos Mexicanos y el megaproyecto denominado Tren Maya.

Segundo. La Comisión Especial se integrará por el número de diputados y diputadas que así lo determine la Junta de Coordinación Política y de manera proporcional a la representación de cada una de las fracciones parlamentarias con representación en la Cámara de Diputados y tendrá como funciones las siguientes:

A. Dar seguimiento oportuno a las investigaciones y denuncias presentadas ante la Secretaría de la Función Pública con relación a los posibles conflictos de interés, tráfico de influencia y actos de corrupción generados por las empresas Grupo Vidanta, KEI Partners, Baker Hughes; las personas físicas Daniel Chávez, Iván Chávez, Érika Chávez, José Ramón López Beltrán; la empresa productiva del Estado Petróleos Mexicanos; y el megaproyecto denominado Tren Maya.

B. Promover las acciones que se requieran para que Petróleos Mexicanos rescinda los contratos con la empresa petrolera Baker Hughes por existir indicios de posibles actos de corrupción, conflicto de interés y tráfico de influencias.

C. Promover las acciones que se requieran para que la Secretaría de Turismo, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Comisión Nacional del Agua, revisen las más de 100 concesiones, licencias, permisos y autorizaciones que se han asignado a Daniel Chávez y a Grupo Vidanta durante el sexenio 2018-2024. Asimismo, a que, en caso de encontrar irregularidades, conflictos de interés, tráfico de influencias o actos de corrupción cancelen dichas concesiones, licencias, permiso y autorizaciones.

D. En caso de encontrar irregularidades, conflictos de interés, tráfico de influencias o actos de corrupción, dar parte a las autoridades jurisdiccionales competentes para iniciar el o los procedimientos que conforme a Derecho correspondan.

Tercero. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados tendrá vigencia a partir del día de publicación de su creación en la Gaceta Parlamentaria hasta que se termine la LXV Legislatura o bien se haya cumplido o agotado su objeto.

Cuarto. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados contará con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la realización de sus atribuciones que para tal efecto autorice el Comité de Administración con sujeción a la normatividad aplicable de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Notas

1 El Financiero. (2022). Escándalo de casa en Houston: accionista de Baker Hughes pide investigar conflicto de interés. El Financiero. Recuperado de: <https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/02/12/escandalo-de-ca sa-en-houston-accionista-de-baker-hughes-piden-investigar-conflicto-de- interes/>

2 Staff Oil & Gas Magazine. (2022). Contratos entre Pemex y Baker Hughes pasaron de 66 a 343 mdd con AMLO. Staff Oil & Gas Magazine. Recuperado de:

https://www.oilandgasmagazine.com.mx/
contratos-entre-pemex-y-baker-hughes-pasaron-de-66-a-343-mdd-con-amlo%EF%BF%BC/

3 Ayala, Olmos y Gutiérrez. (2022). Así vive en Houston el hijo mayor de AMLO. Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Recuperado de: <https://contralacorrupcion.mx/asi-vive-en-houston-el-hijo-mayor-de- amlo/>

4 Aristegui Noticias. (2022). Muestra AMLO presunto sueldo de Loret de Mola; “está fuera de sí”, le responde. Aristegui Noticias. Recuperado de: <https://aristeguinoticias.com/1102/mexico/muestra-amlo-presunto-sue ldo-de-loret-de-mola-son-datos-falsos-le-responde-enterate/>

5 Deutsche Welle. (2022). México: el país “más mortífero del mundo para la prensa”. Deutsche Welle. Recuperado de: <https://www.dw.com/es/méxico-el-pa%C3%ADs-más-mort%C3%ADfero-del-mu ndo-para-la-prensa/a-60540855>

6 Rodríguez, D. (2022). Asesinado en Oaxaca el periodista Heber López Vásquez, el quinto crimen contra la prensa de México en 2022. El País. Recuperado de: <https://elpais.com/mexico/2022-02-11/asesinado-en-oaxaca-el-periodi sta-heber-lopez-vasquez-el-quinto-crimen-contra-la-prensa-de-mexico-en- 2022.html>

7 Barragán, A. (2022). La última historia de Don Rober, reportero asesinado en Michoacán. El País. Recuperado de: <https://elpais.com/mexico/2022-02-07/la-ultima-historia-de-don-robe r-el-reportero-asesinado-en-michoacan.html>

8 Munguía, A. (2022). José Ramón López Beltrán trabaja en empresa de hijos de Daniel Chávez, asesor del Tren Maya. El Financiero. Recuperado de: <https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/02/14/jose-ramon-lope z-beltran-trabaja-en-empresa-de-hijos-de-daniel-chavez-asesor-del-tren- maya/>

9 Barragán, S. (2022). Carolyn Adams niega relación con Baker Hughes y revela Whatsapp con agente inmobiliario. Aristegui Noticias. Recuperado de: <https://aristeguinoticias.com/1302/mexico/carolyn-adams-niega-relac ion-con-baker-hughes-y-revela-whatsapp-con-agente-inmobiliario/>

10 Ídem.

11 Muédano, M. (2022). Familia Chávez, empleadora de José Ramón, suma más 100 concesiones con la 4T. La silla rota. Recuperado de: <https://lasillarota.com/nacion/familia-chavez-empleadora-de-jose-ra mon-suma-mas-de-100-concesiones-con-la-4t/617394>

12 ídem .

13 Expansión. ¿Quién es Daniel Chávez: el empresario hotelero cercano a López Obrador? Expansión. Recuperado de: <https://expansion.mx/empresas/2022/02/14/quien-es-daniel-chavez-lop ez-obrador-tren-maya>

14 Cámara de Diputados. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. Recuperado de: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

15 Cámara de Diputados. (2016) Ley General de Responsabilidades Administrativas. Cámara de Diputados. Recuperado de: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf>

16 Cámara de Diputados. (1981). Código Fiscal de la Federación. Cámara de Diputados.

17 Cámara de Diputados. (2017). Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Cámara de Diputados. Recuperado de: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf>

18 Cámara de Diputados. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. Recuperado de: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

19 Cámara de Diputados. (2016) Ley General de Responsabilidades Administrativas. Cámara de Diputados. Recuperado de: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf>

20 Cámara de Diputados. (2016) Ley General de Responsabilidades Administrativas. Cámara de Diputados. Recuperado de: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf>

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 17 de febrero de 2022.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a difundir los acuerdos y compromisos del gobierno de México en la convención de la ONU sobre el cambio climático COP26, a cargo de la diputada Edna Gisel Díaz Acevedo, del Grupo Parlamentario del PRD

Edna Gisel Díaz Acevedo, diputada a la LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante de Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, Fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo

Exposición de Motivos

La COP26, es la mayor y más importante conferencia relacionada con el clima del planeta. Su origen se remonta a 1992, cuando la ONU organizó un gran evento en Río de Janeiro, bajo el nombre de la Cumbre de la Tierra, en el que se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc).

En este tratado, las naciones acordaron “estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera” para evitar la peligrosa interferencia de la actividad humana en el sistema climático.

Desde 1994, año en que entró en vigor el tratado, la ONU reúne cada año a casi todos los países del mundo en cumbres mundiales sobre el clima, conocidas como las “COP”, que se refiere a “Conferencia de las Partes”1 .

Estas conferencias resaltan dos que ha logrado establecer acuerdos mundiales con objetivos concretos de reducción de emisiones como COP3, 1997 y el Protocolo de Kioto que acordó el objetivo de reducir en 5% las emisiones de los países. O la COP21, 2015 y el Acuerdo de París que estableció disminuir la temperatura a nivel global a no más de 2°C al 2100.

Además de los ya mencionados las demás conferencias han acordado: Relevar temas existentes e incorporar nuevos tópicos, Adoptar decisiones de implementación, revisión y monitoreo de los dos acuerdos tomados.

Para el caso de la celebración de la COP26 nuestro país asistió a la Cumbre del Clima de Naciones Unidas envuelto en una serie de contradicciones y sin nuevos compromisos de reducción de emisiones todo esto a pesar de que México, forma parte de un selecto grupo de países considerados como megadiversos, el principal criterio para pertenecer al grupo de los países megadiversos es el endemismo. Para ser megadiverso, un país debe tener por lo menos 5,000 especies endémicas de plantas y animales además de la diversidad de ecosistemas.

México es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, como consecuencia, actualmente se pueden observar los siguientes impactos:

México se ha vuelto más cálido desde la década de los años sesenta del siglo pasado.

Las temperaturas promedio a nivel nacional aumentaron en 0.85°C y las temperaturas invernales en 1.3°C.

Se ha reducido la cantidad de días más frescos desde los años 60 del siglo pasado y hay más noches cálidas.

La precipitación pluvial ha disminuido en la región sureste del país desde hace medio siglo.

Así como el aumento de huracanes, sequías, deslaves, temperaturas extremas y lluvias torrenciales, inundaciones e incendios que hasta hoy han ocasionado altos costos económicos y sociales. 2

Actualmente hay 2 mil 583 especies que están en peligro o riesgo de extinción, debido a la transformación y degradación de los ecosistemas afectan a la mayoría de éstos, sobre todo, a los bosques tropicales.

Al rededor del 67% de los bosques en nuestro país están fragmentados, por lo tanto, hay una reducción en la calidad y cantidad de los hábitats silvestres; a partir de evaluaciones globales se estima, que la fragmentación de bosques es más severa en los estados del sur, incluyendo Veracruz, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Michoacán y Chiapas.

Los manglares mexicanos cubren 742 mil hectáreas, 55% de ellas se ubican en la península de Yucatán; este tipo de ecosistema ayuda a mitigar los efectos del cambio climático. En 2016 la tasa estimada de deforestación de manglar generó alrededor del 10% de las emisiones globales de carbono por año.

El Instituto Nacional de Cambio Climático (Inecc) ha encontrado que de los 2 mil 456 municipios en los que se divide el país, 480 (20%) tienen un nivel de vulnerabilidad al cambio climático muy alto o alto, además, de acuerdo con el Banco Mundial y la OECD se estima que alrededor del 68% de la población y el 71% del PIB de México están expuestos a los efectos negativos del cambio climático.

El gas más abundante que se emite en México es el bióxido de carbono con 71% de las emisiones, seguido del metano con 21%, del total de estas emisiones 64% provienen del consumo de combustibles fósiles; 10% se originan por los sistemas de producción pecuaria; 8% provienen de los procesos industriales; 7% se emiten por el manejo de residuos; 6% por las emisiones fugitivas por extracción de petróleo, gas y minerías, y 5% se generan por actividades agrícolas.

A pesar de los datos anteriores para este gobierno el cambio climático y sus repercusiones en el medio ambiente, basta con reflexionar a sobre la escuálida estrategia referida en El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) el cual establece, en el Objetivo 3.3, la importancia de impulsar el uso de tecnologías limpias, fomentar esquemas innovadores de producción y consumo, como la producción orgánica de alimentos, así como favorecer los sistemas de producción que previenen el deterioro ambiental.

La estrategia 3.10.3 menciona la necesidad de “Fomentar instrumentos económicos y de mercado que impulsen la reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero en sectores estratégicos”.

Lo plasmado en el plan nacional de desarrollo refleja el interés del actual gobierno en materia de cambio climático, y se refrenda con lo aprobado para 2020 cuando el gobierno actual en cumplimiento de los acuerdos internacionales realizo la actualización obligada de la Contribución Determinada a nivel Nacional de la que a continuación resaltamos las cuestiones más sobresalientes

Para finales de diciembre de 2020, México presentó su NDC actualizada3 , misma que debería de haber sido mucho más ambiciosa que la anterior. Sin embargo, se limita a sólo refrendar dichos compromisos en 2015 además de carecer de una descripción de acciones encaminadas a la consecución de los compromisos antes mencionados,

Ante la Realización de la COP26 el pasado mes de noviembre y frente a los compromisos de reducción de emisiones de México, mismos que, el Gobierno de López Obrador mantuvo idénticos a los presentados cinco años antes, en 2015: (una reducción del 22% en las emisiones para 2030), y fundamentalmente en el marco de una postura de no importancia frente al cambio climático de esta administración.

Es entonces para el grupo parlamentario del PRD indispensable que la dependencia responsable de la atención y mitigación del cambio climático. Y dado que según la ley cambio climático corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la responsabilidad de realizar las actividades de protección ambiental, consideramos necesario que la dependencia rinda un informe de los compromisos y tareas derivadas de los mismos a implementar como consecuencia de la asistencia a la COP26 ante esta soberanía.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito someto a consideración de este honorable Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a difundir, de manera pública, los acuerdos y compromisos adquiridos por el gobierno de México en la 26 conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP26, celebrada en Glasgow en 2021.

Notas:

1. Ruth Zavala Hernández, La COP26 y la crisis climática, En: GACETA POLÍTICAS. no. Nº 281, (diciembre 2021). México: UNAM,

https://www.politicas.unam.mx/gacetas/gaceta%20281.pdf.

2. Efectos de Cambio Climático México, https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/
efectos-delcambioclimatico#:~:text=El%20pa%C3%ADs%20se%20ha%20vuelto,y%20hay%20m%C3%
A1s%20noches%20c%C3%A1lidas.

3. https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Mexico%20Fi rst/NDC-Esp-30Dic.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2022

Diputada Edna Gisel Díaz Acevedo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar tanto al gobierno como a la FGJ de Oaxaca y el ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza a investigar y sancionar a los responsables de los homicidios de familias consumados en las últimas dos semanas y fortalecer las estrategias de seguridad en el municipio, a cargo del diputado Irán Santiago Manuel, del Grupo Parlamentario de Morena

El diputado Iran Santiago Manuel, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, perteneciente a la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo solicitando se considere de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, zona del Istmo de Tehuantepec, se han ejecutado 81 homicidios dolosos y 5 feminicidios en el transcurso de los años 2020 y 2021.

Las estadísticas sobre la incidencia en este municipio de la región del Istmo de Tehuantepec, mencionaron que en 2020 se registraron 29 homicidios dolosos cometidos con arma de fuego, 2 con arma blanca y 4 con otro elemento, un total de 35 homicidios, además de un feminicidio.

En el año 2021, en Juchitán, estos delitos representaron un alza, con el registro de 46 homicidios dolosos, de los que 37 se cometieron con arma de fuego, 7 con arma blanca y 2 con otro elemento, así como 4 feminicidios, de los que dos fueron con arma de fuego.

2022, no ha sido la excepción para la muerte de hombres, mujeres y menores de edad. Estas cifras continúan en notable alza, durante el mes de enero y febrero al menos 32 personas han perdido la vida de manera violenta: 20 hombres y 12 mujeres.

Los más recientes hechos fueron tres homicidios consumados a inicios del presente mes, la primera ocurrida el pasado 2 de febrero, donde fueron asesinadas tres personas, dos de ellas mujeres. Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en el callejón Francisco Villa, de la Novena Sección, donde hombres armados mataron a un ama de casa y a sus hijos gemelos.

El segundo, ocurrido al día siguiente, el 3 de febrero, donde fueron ultimadas a balazos tres mujeres, entre ellas una menor de edad.

Los hechos ocurrieron en el interior de una casa de la colonia Daniel López Nelio, fueron ejecutadas tres mujeres: una hermana de un policía municipal y las dos hijas de éste.

El tercero y más reciente, ocurrido el domingo 6 de febrero, donde fue ejecutada dentro de su domicilio una familia conformada por cuatro integrantes, entre ellos tres mujeres, de ellas una niña de 3 años y un hombre.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del gobierno estatal, al fiscal general de Justicia del estado de Oaxaca y al municipio de Juchitán de Zaragoza, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, investiguen y sancionen a los responsables de los homicidios de las familias, consumados los días 2, 3 y 6 de febrero del presente año en el municipio mencionado.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del gobierno estatal, al fiscal general de Justicia del estado de Oaxaca y al municipio de Juchitán de Zaragoza, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, fortalezcan las estrategias de seguridad en el municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, a fin de detener los homicidios que se han incrementado en los últimos meses.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2022.

Diputado Iran Santiago Manuel (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SE a publicar los proyectos de las NOM y los proyectos para consulta pública contenidos en el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2021, relacionados con el uso de materiales utilizados en el empaque, embalaje, reciclaje y compostaje, a cargo del diputado José Luis Báez Guerrero, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado José Luis Báez Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6o., numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La Cámara de Diputados debe vigilar que, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente en el territorio nacional y las zonas sobre las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción, se cumpla1 ya que es obligación del Estado garantizar el derecho a un medio ambiente sano. Este deber obliga a realizar las acciones necesarias a fin de cumplir con dicho mandato constitucional, por ello debemos tener en cuenta lo siguiente:

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente reglamenta toda disposición Constitucional referente a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente. Tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar; define los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación; previene y controla la contaminación del aire, agua y suelo; garantiza la participación corresponsable de las personas , en forma individual o colectiva, entre otras.2

En el capítulo IV denominado “Prevención y Control de la Contaminación del Suelo” obliga a considerar que corresponde al Estado y la sociedad prevenir la contaminación del suelo; que se deben controlar los residuos al constituir la principal fuente de contaminación de los suelos; que es necesario prevenir y reducir la generación de residuos sólidos, municipales e industriales; se deben incorporar técnicas y procedimientos para su reuso y reciclaje , así como regular su manejo y disposición final eficientes; entre otros.

Precisa, en el diverso artículo 141 que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con las Secretarías de Economía y de Salud, expedirán las Normas Oficiales Mexicanas3 para la fabricación y utilización de empaques y envases para todo tipo de productos, cuyos materiales permitan reducir la generación de residuos sólidos.

Sin embargo, para mayor precisión la Ley de Infraestructura de Calidad4 que abrogó la diversa Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), establece que corresponde a la Secretaría de Economía encabezar las acciones de política pública para fortalecer el Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, conducir la integración del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad,5 a través del Secretariado Ejecutivo de la Comisión con los temas y propuestas de Proyectos de Normas Oficiales Mexicanas, Estándares, Normas Mexicanas, Patrones Nacionales de Medida y Materiales de Referencia que se pretendan elaborar anualmente.6

Así, en términos de lo dispuesto en el artículo 29 de dicha ley, el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad es un instrumento de planeación, conducción, coordinación e información de las actividades de normalización, estandarización y metrología a nivel nacional, que debe alinearse con el Plan Nacional de Desarrollo , así como con los programas sectoriales de las Autoridades Normalizadoras. El actual Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de julio de 2019, es el documento en el que el gobierno de México explica cuáles son sus objetivos prioritarios durante el sexenio.7 Es un instrumento de planificación estratégica, de alcance nacional, que tiene como finalidad establecer los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la Administración deberán regir la acción del gobierno, con la visión de hacer de México un país más próspero, justo e incluyente para todas y todos.8

Por su parte, el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad y su Suplemento coadyuvan a la consecución de los fines institucionales al ser los instrumentos idóneos para planificar, informar y coordinar las actividades de normalización nacional, por lo que se busca que el mismo sea un verdadero instrumento de información y difusión al público en materia de Infraestructura de la Calidad. Que la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad es el órgano colegiado que tiene la atribución de revisar, analizar y aprobar anualmente el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad y su Suplemento, vigilar su cumplimiento, y coadyuvar en la política de normalización y coordinación de las actividades que en esta materia corresponde realizar a las Autoridades Normalizadoras.9

Por lo que todo aquello que no esté contemplado dentro del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad deberá continuar en seguimiento de las autoridades normalizadoras , quienes Contribuyen a la integración y ejecución del Programa Nacional con las propuestas de Normas Oficiales Mexicanas y Estándares en el ámbito de su competencia,10 constituyen y presiden los Comités Consultivos Nacionales de Normalización, así como instauran y coordinan los subcomités y grupos de trabajo;11 elaboran las propuestas de normas oficiales mexicanas y las someten al conocimiento de los Comités Consultivos Nacionales de Normalización;12 Expiden las normas oficiales mexicanas en las materias relacionadas con sus atribuciones, determinan su fecha de entrada en vigor y verifican su cumplimiento;13 entre otras.

Sin embargo, respecto del tema vinculado a los empaques, embalajes y el material para reciclado, reúso o compostaje dentro del Programa Nacional de Infraestructura de Calidad 2021 existen diversas propuestas de creación y modificación a normas mexicanas sin que estás hayan sido publicadas a la fecha.14

Por lo anterior, se propone los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero . - La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Economía a que publique los proyectos de las normas oficiales mexicanas y/o normas mexicanas, así como los proyectos para consulta pública contenidos en el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2021, relacionados con el uso de materiales utilizados para el empaque y embalaje, el reciclaje y el compostaje.

Segundo. - La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades normalizadoras de la administración pública federal, a elaborar y actualizar las normas oficiales mexicanas que no estén contenidas en el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2021, relacionados con el tema antes mencionado con la finalidad cumplir con lo establecido las leyes vigentes en materia de cuidado al medio ambiente.

Notas

1 Artículo 1o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Al Ambiente

2 Artículo 2o. de la Ley General Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

3 Artículo 4, fracción XVI, de la Ley de Infraestructura de la Calidad que define a la norma oficial mexicana como la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las autoridades normalizadoras competentes cuyo fin esencial es el fomento de la calidad para el desarrollo económico y la protección de los objetivos legítimos de interés público previstos en este ordenamiento, mediante el establecimiento de reglas, denominación, especificaciones o características aplicables a un bien, producto, proceso o servicio, así como aquéllas relativas a terminología, marcado o etiquetado y de información. Las normas oficiales mexicanas se considerarán como reglamentos técnicos o medidas sanitarias o fitosanitarias, según encuadren en las definiciones correspondientes previstas en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

4 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020 y vigente hasta el 31 de agosto de 2020.

5 Artículo 2, fracción VIII, de la Ley de Infraestructura de la Calidad.

6 https://www.dof.gob.mx/2021/SEECO/ECONOMIA_250221.pdf

7 https://www.gob.mx/cenace/acciones-y-programas/plan-nacional-de-desarro llo-2019-2024-195029

8 https://www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEX-FAOC188915/

9 https://www.dof.gob.mx/2021/SEECO/ECONOMIA_250221.pdf

10 Artículo 3, fracción VI, y articulo 24, ambos de la Ley de Infraestructura de la calidad.

11 Ibídem, fracción VII

12 Ibídem fracción VIII

13 Ibídem fracción IX

14 Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2021, fojas 285 y 454, propuesta: (1) temas nuevos a ser iniciados como normas mexicanas: Requisitos generales para el uso de normas en el campo de empaque y embalaje plástico y el ambiente, entre otros. (2) Modificación a la Norma Mexicana NMX-E-273-NYCE-2019 Industria del plástico-Plásticos compostables-Especificaciones y métodos de prueba.

Dado en el salón de sesiones, a 17 de febrero de 2022.

Diputado José Luis Báez Guerrero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a agilizar por la SCT la rectificación del tramo Los Chorros, en la carretera federal 57, para prevenir accidentes fatales, a cargo del diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito diputado Jaime Bueno Zertuche del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración el siguiente documento

Consideraciones

En devenir de los años, se han realizado grandes obras de infraestructura carretera en nuestro país, con la finalidad de mejorar el tránsito de los automovilistas y garantizar su seguridad; sin embargo, durante la actual administración federal, el presupuesto destinado a este rubro, año con año ha ido disminuyendo, por lo que las carreteras del territorio nacional se encuentren deterioradas y en mal estado, complicando su circulación y provocando graves accidentes.

En Coahuila, específicamente en la región sureste, el mal clima y los accidentes en la carretera 57 van de la mano, cada año se registran accidentes sumamente graves y en muchas ocasiones, con víctimas mortales.

A principios del mes de diciembre del año anterior, alcé la voz en este recinto para solicitar que se tomaran las medidas necesarias para prevenir los percances en la carretera 57, en el tramo carretero conocido como “Los Chorros”, pero no existió respuesta alguna; hoy nuevamente hago lo propio, puesto que la situación y los accidentes en dicho tramo continúan. El pasado 8 de febrero se suscitó otro accidente donde un tráiler volcó y por el cual se cerraron ambos sentidos del tramo, las labores de atención por servicios de emergencia y de limpieza se extendieron por más de 15 horas, dejando varados a cientos de vehículos con todas las repercusiones que esto conlleva.

Es importante mencionar que la Carretera Federal 57 es una de las más importantes en México, ya que va desde la frontera de Estados Unidos con Piedras Negras, Coahuila, hasta la Ciudad de México, con una longitud de 1,152 Km; pasando por los Estados de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, México, Hidalgo y la Ciudad de México; y a su vez es una de las carreteras a nivel nacional con mayor índice de accidentes.

El tramo conocido como “Los Chorros”, se encuentra en el municipio de Arteaga, Coahuila, y se considera uno de los más peligrosos en el noreste del país, debido a las pendientes y la mala planeación de la carretera, en el cual desde el año 2006 hasta el día de hoy, los accidentes ascienden a más de 1,200 con 53 lamentables muertes en los últimos 10 años.

Diariamente, dicho tramo carretero es transitado con riesgo por miles de automovilistas y transportistas, quienes llegan a permanecer varados por muchas horas cuando se registra algún accidente, en los que generalmente se ven involucrados vehículos de carga y transportes pesados; donde no solo se ve afectada esa vía, sino también carreteras y autopistas aledañas, como es el caso de la Monterrey-Saltillo, que en uno de sus tramos se conecta con la 57.

Derivado de lo anterior, es sumamente urgente que se realicen trabajos de rectificación en el tramo denominado “Los Chorros”, mismos que desde 2017 se le han solicitado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y sin embargo, dicha vialidad federal no ha sido modificada hasta el día de hoy.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable asamblea, la siguiente proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta al Gobierno federal, para que por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se agilice la rectificación del tramo de “Los Chorros”, en la Carretera Federal 57, con el objetivo de que se prevengan accidentes fatales.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 17 de febrero de 2022

Diputado Jaime Bueno Zertuche (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS a esclarecer si hay relación laboral, en términos de la LFT, entre las plataformas digitales que brindan servicios de transporte mediante una aplicación móvil y los conductores, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Salvador Caro Cabrera, diputado a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral I, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

• Naturaleza jurídica de Uber

Uber es una empresa estadounidense, de plataforma digital que brinda servicio de transporte privado.1

Dara Khosrowshahi, director ejecutivo de Uber, publicó una carta en la página web de la empresa en la que dice:

“Uber nació en un momento decisivo de la tecnología. El auge de los teléfonos inteligentes, la llegada de las tiendas de aplicaciones y el deseo de trabajar bajo demanda impulsaron el crecimiento de Uber y crearon un estándar completamente nuevo de conveniencia para el consumidor. Lo que comenzó como “Toca un botón, obtén un viaje” se ha convertido en algo mucho más profundo: viajes compartidos; entrega y flete de comidas; bicicletas y scooters eléctricos; y vehículos autónomos y aviación urbana” .2

Mientras que los Términos y Condiciones que, podemos decir, son las reglas que tiene Uber, dicha empresa asegura que es una empresa que no presta servicios de transporte.3 En sentido contrario la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) considera que Uber, Cabify México y similares son empresas que prestan servicios de transporte, como respaldo a esto se presenta la siguiente tesis:

2 Décima Época. Registro digital: 2020306. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de tesis: Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, página 2139. Materias(s): Civil Tesis: I.12o.C.152 C (10a.).

Póliza de seguro. La aseguradora no puede liberarse de su obligación resarcitoria por el robo total del vehículo, si argumenta que el asegurado contravino aquélla, al no advertirse la exclusión expresa de un servicio de transporte privado o particular (Uber y/o Cabify México), pues ese hecho no se relaciona con una agravación y consecuente restricción de la obligación indemnizatoria.

La prestación de los servicios de transporte de las empresas denominadas “Uber” y/o “Cabify México”, es de carácter privado o particular, dado que las páginas de Internet o aplicaciones de éstas, así como la forma en que operan son conocidas por cierto sector de la sociedad, aunado a que de esas ligas electrónicas se advierte que se dedican al servicio de transporte privado mediante una conexión de Internet y, para su uso, el cliente o usuario debe, primero, registrarse desde la página de Internet o en la aplicación descargada en el dispositivo electrónico; y, segundo, ingresar datos generales, como son: nombre, correo electrónico, domicilio, número telefónico (celular), así como la tarjeta de débito o crédito, a la cual se le aplicarán los cargos por el servicio , en tanto que en la práctica común de este tipo de servicio de transporte privado el usuario debe señalar el punto de ubicación donde se encuentra y elegir el destino, mientras que el operador del vehículo de transporte privado recoge al cliente en el lugar indicado y lo lleva a su destino, punto y tiempo en los que se envía, al correo electrónico del usuario, un documento denominado “recibo” donde se detallan, la ruta y el tiempo realizado, el nombre del conductor o chofer y la tarifa cobrada, así como los últimos cuatro dígitos de la tarjeta de cargo. Luego, resulta incorrecto que un asegurado contravenga la póliza de seguro y que, por ende, no pueda ser indemnizado por la actualización del siniestro ocurrido (robo total del vehículo), cuando de la póliza de seguro no se advierte la exclusión expresa de un servicio de transporte privado o particular, pues ese hecho no se relaciona con una agravación y consecuente exclusión o restricción de la obligación indemnizatoria; de ahí que acorde con el artículo 55 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, la aseguradora no podrá liberarse de sus obligaciones cuando el incumplimiento no tenga influencia sobre el siniestro o sobre la extensión de sus prestaciones, es decir, que no exista una agravación esencial del riesgo, conforme al artículo 52 de la misma ley. Por tanto, si el legislador quiso que se demostraran indubitablemente las causas de liberación de la obligación resarcitoria y lo que se adecua a una agravación esencial es el uso del vehículo para servicio público, por así haberse pactado en la póliza de seguro, en tanto que el uso de transporte de “Uber” y/o “Cabify México”, es particular o privado , este último no actualiza una agravación esencial como causa de exclusión de la obligación resarcitoria, de manera que la defensa o excepción opuesta en esos términos debe desestimarse.

Llegado a este punto podemos decir que se tiene confusión sobre lo que es Uber debido a que, mientras dicha empresa asegura que no presta servicios de transporte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene lo contrario.

Otro punto de confusión es si los llamados socios conductores de verdad son socios que reciben utilidades de su empresa y participan en juntas directivas o sólo son trabajadores o empleados de Uber.

Según la Real Academia Española socio significa “Persona asociada con otra u otras para algún fin”4 , otra definición que podemos usar es la que señala:

“Se denomina socio a la persona física o jurídica que, cumpliendo los requisitos impuestos por la ley en relación a cada tipo jurídico, adquiere derechos y contrae obligaciones que le dan status de existencia ideal, constituida como sociedad”.5

Dara Khosrowshahi asegura lo siguiente respecto de la situación de Uber y de sus socios:

“Nuestra red abarca decenas de millones de consumidores y socios y representa una de las plataformas más grandes del mundo para el trabajo independiente . Nuestros equipos de ingeniería y productos están resolviendo algunos de los problemas más difíciles en la intersección de los mundos físico y digital. Y nuestros equipos de operaciones regionales nos permiten construir y administrar nuestro negocio como verdaderos ciudadanos de las ciudades a las que servimos”.6

Tomando en cuenta lo que asegura el director ejecutivo de Uber y lo que significa la palabra socio, podría pensarse que la mencionada empresa tiene millones de socios alrededor del mundo, sin embargo, estos supuestos socios no tienen voz ni voto en el máximo órgano de gobierno de la empresa, que es la junta directiva.

Aunado a esto debemos tomar en cuenta la excelente situación financiera de la empresa, pues sólo hasta el 30 de septiembre de 2021 registró 23.1 mil millones en reservas brutas, con un aumento de 57 por ciento, mientras que los ingresos aumentaron 72 por ciento interanual a 4.8 mil millones.7

Dara Khosrowshahi, director ejecutivo de Uber, asegura que la empresa tiene socios en todo el mundo y tomando en cuenta el éxito de su compañía y su excelente salud financiera, por decir lo menos, dichos socios serian millonarios. El mundo que plantean los directivos de Uber en el que tienen socios alrededor del mundo suena cautivador y hasta seductor, pero es irreal.

Se supone que Uber tiene reglas las cuales son los Términos y Condiciones, que señalan lo siguiente:

Los Servicios constituyen una plataforma de tecnología que permite a los usuarios de aplicaciones móviles de Uber o páginas web proporcionadas como parte de los Servicios (cada una, una “Aplicación”) organizar y planear el transporte y/o servicios de logística con terceros proveedores independientes de dichos servicios, incluidos terceros transportistas independientes y terceros proveedores logísticos independientes , conforme a un acuerdo con Uber o algunos afiliados de este (“Terceros proveedores”), así como organizar y programar el acceso y uso de vehículos eléctricos ligeros, incluyendo, sin limitar: bicicletas, bicicletas eléctricas o asistidas por motor, monopatines, monopatines eléctricos y cualquier otro medio de transporte individual o de movilidad compartida (...).8

A no ser que Uber lo acepte mediante un contrato separado por escrito con usted, los Servicios se ponen a disposición sólo para su uso personal, no comercial. Usted reconoce que Uber no presta servicios de transporte o de logística o funciona como una empresa de transportes y que dichos servicios de transporte o logística se prestan por terceros contratistas independientes, que no están empleados por Uber ni por ninguna de sus afiliados.9

En sus términos y condiciones no mencionan a “socios conductores” sino a terceros proveedores independientes, terceros transportistas independientes, terceros proveedores logísticos independientes y terceros contratistas independientes que son quienes prestan el servicio. Mientras que Uber señala claramente que no presta servicios de transporte. Esta situación es confusa ya que los miembros de la junta directiva e incluso la publicidad de esta plataforma llaman a quienes trabajan en esta aplicación “Socios Conductores, dando como resultado que las persona que trabajan como conductores de automóviles en esta empresa no sepan con claridad la calidad en la cual prestan el servicio; esta confusión favorece a Uber ya que cuando quieren violentar la relación laboral que tienen con sus conductores (quienes logran que la compañía funcione) los llaman socios, pero al repartir las ganancias solo son terceros proveedores independientes, terceros transportistas independientes, terceros proveedores logísticos independientes y terceros contratistas independientes.

La Ley Federal del Trabajo establece a que se le considera trabajador en su artículo 8, de la siguiente forma:

Artículo 8o. Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado.

Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio.10

El mismo ordenamiento establece quienes tienen el carácter de patrón, de la siguiente forma:

Artículo 10. Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores.

Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquél, lo será también de éstos.11

Ante esto se concluye lo siguiente:

• En términos del artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, el patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores.12 En este caso, Uber utiliza los servicios de los conductores.

• De acuerdo con el Artículo 10 de la misma Ley, el trabajador es toda persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. En este caso, el trabajo que brindan los mal llamados socios conductores es conducir el vehículo.

Claramente Uber intenta burlar la Ley Federal del Trabajo, y para lograrlo llama a los conductores “socios”, los cuales no reciben ganancias de lo que Uber gana y menos tienen acciones de la empresa, pero que sí prestan sus servicios a Uber, a quien además le rinden cuentas, por lo tanto, son trabajadores no socios.

Otro punto que genera confusión son las leyes que regulan a Uber y en general a este tipo de plataformas. Partiendo de los Términos y Condiciones de esta plataforma cabe destacar lo siguiente:

6. Legislación aplicable; Resolución Directa y Arbitraje. (...)

Mediación y Arbitraje

Salvo que aquí se especifique lo contrario, las presentes Condiciones se regirán e interpretarán exclusivamente en virtud de la legislación de los Países Bajos , con exclusión de sus normas sobre conflicto de leyes.

La Convención de Viena sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías de 1980 (CISG) no se aplicará. Cualquier disputa, conflicto, reclamación o controversia, del tipo que sea , que resulte de las presentes

Condiciones o que se relacione en gran parte con ellas, incluyendo las relativas a su validez, interpretación y exigibilidad (cualquier “Disputa”), deberán someterse forzosamente a procedimientos de mediación en virtud del Reglamento de Mediación de la Cámara de Comercio Internacional (“Reglamento de Mediación de la CCI”). Si dicha disputa no fuese solucionada en un plazo de sesenta (60) días desde la fecha en la que se formalice la solicitud de mediación en virtud del Reglamento de Mediación de la CCI, se hará referencia a dicha disputa y se solucionará exclusiva y definitivamente mediante arbitraje en virtud del Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (“Reglamento de Arbitraje de la CCI”).

Las disposiciones sobre Proceso Expedito y del Árbitro de Emergencia del Reglamento de la CCI no se aplicarán. La disputa será resuelta por un (1) árbitro nombrado a tal fin en virtud del Reglamento de la CCI. El lugar tanto para la mediación como para el arbitraje será Ámsterdam, Países Bajos, sin perjuicio de cualquier derecho que usted pudiera tener según el artículo 18 del Reglamento Brussels I bis (OJ EU 2012 L351/1) y/o el artículo 6:236n del Código Civil holandés. El idioma de mediación y/o arbitraje será el inglés, a no ser que usted no hable inglés, en cuyo caso la mediación y/o el arbitraje se llevarán a cabo en inglés y en su idioma materno.

La existencia y el contenido de los procedimientos de mediación y arbitraje, incluidos los documentos e informes presentados por las partes, la correspondencia de la CCI, la correspondencia del mediador y la correspondencia, los pedidos y los laudos emitidos por el único árbitro deberán permanecer en estricta confidencialidad y no deberán ser revelados a ningún tercero sin el consentimiento expreso por escrito de la otra parte, a menos que:

(i) La revelación al tercero sea razonablemente necesaria para llevar a cabo el procedimiento de mediación o arbitraje; y

(ii) El tercero acepte incondicionalmente por escrito estar sujeto a la obligación de confidencialidad estipulada en el presente documento.13

Partiendo de los Términos y Condiciones antes enunciados la compañía asegura que no le aplica la legislación mexicana e ignora el principio de Supremacía Constitucional, plasmado en el artículo 133 de nuestra Carta Magna, que señala lo siguiente:

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.14

El principio de supremacía constitucional debe prevalecer por encima de cualquier de cualquier convenio, tratado, estatuto, términos y condiciones, etc., los cuales deberán someterse a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como respaldo a esto presento la siguiente tesis:

Época: Decima. Registro Digital: 2001942. Instancia: T.C.C., Tipo de Tesis: Aislada Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, p. 2601. Materia(s): Administrativa. Tesis: II.8o.(I Región) 13 A (10a.)

Indemnización prevista en los artículos 6o., cuarto párrafo, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 34, séptimo párrafo, fracción II, de la Ley Del Servicio de Administración Tributaria. Es improcedente declararla, mediante una “interpretación conforme”, cuando en la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo se aplicó un artículo declarado inconstitucional, si la autoridad se allanó al contestar la demanda y dejó sin efectos en su totalidad el acto controvertido, al respetarse el principio de supremacía constitucional.

De acuerdo al principio de supremacía constitucional, sobre cualquier acto de autoridad, ley o reglamento, deben prevalecer los valores, principios y reglas contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que es el máximo ordenamiento de la nación, lo cual expresamente se reconoce en su artículo 133. Lo anterior significa que cuando un precepto admita dos o más interpretaciones que sean diferentes y opuestas, debe recurrirse a la “interpretación conforme”, es decir, de entre varias posibles siempre deberá prevalecer y preferirse aquella que mejor se ajuste a las exigencias constitucionales. Por otro lado, los artículos 6o., cuarto párrafo, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 34, séptimo párrafo, fracción II, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, regulan el derecho que el particular tiene a que la autoridad demandada lo indemnice por los daños, gastos o perjuicios que haya sufrido en su patrimonio, en aquellos casos en que ésta cometa falta grave al dictar la resolución impugnada y no se allane al contestar la demanda, al ser su determinación contraria a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de legalidad.

En estas condiciones, es improcedente declarar la indemnización prevista en los invocados preceptos secundarios, mediante una “interpretación conforme”, cuando en la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo se aplicó un artículo declarado inconstitucional, si la autoridad se allanó al contestar la demanda y dejó sin efectos en su totalidad el acto controvertido. Lo anterior es así, en tanto que la interpretación no recae sobre los numerales que establecen la posibilidad de indemnización, sino en aquel calificado como contrario a la Constitución, por lo que el principio de supremacía constitucional se respetó al allanarse la demandada a las pretensiones del demandante y dejar insubsistente su resolución.

Las siguientes tesis respaldan lo señalado anteriormente:

Décima Época. Registro digital: 2002065. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3, página 2038. Materias(s): Constitucional. Tesis: 2a. LXXV/2012 (10a.)

Supremacía constitucional. La reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, respeta este principio.

La reforma al artículo 1o. de la Carta Magna, publicada el 10 de junio de 2011, en modo alguno contraviene el principio de supremacía constitucional consagrado desde 1917 en el artículo 133 del propio ordenamiento, que no ha sufrido reforma desde el 18 de enero de 1934, y en cuyo texto sigue determinando que “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión”, lo cual implica que las leyes y los tratados internacionales se encuentran en un plano jerárquicamente inferior al de la Constitución, pues en el caso de las leyes claramente se establece que de ella emanan y en el de los tratados que estén de acuerdo con la misma ”. Por otra parte, la reforma de 2011 no modificó los artículos 103, 105 y 107 constitucionales, en la parte en que permiten someter al control constitucional tanto el derecho interno, como los tratados internacionales, a través de la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional y el juicio de amparo. Además, el propio artículo 1o. reformado dispone que en nuestro país todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, pero categóricamente ordena que las limitaciones y restricciones a su ejercicio sólo pueden establecerse en la Constitución, no en los tratados; disposición que resulta acorde con el principio de supremacía constitucional. Principio que también es reconocido en el ámbito internacional, en el texto del artículo 46 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales , al prever la posibilidad de aducir como vicio en el consentimiento la existencia de una violación manifiesta que afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno.

Época Decima. Registro Digital: 2006224. Instancia: Pleno. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Tomo I Página: 202. Tipo de Tesis: Aislada. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 20/2014 (10a.)

Derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquéllos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional.

El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano.

De lo vertido anteriormente se concluye que Uber tiene que obedecer lo dispuesto en la Carta Magna, pero que en sus Términos y Condiciones se niega a hacerlo. La solución es que la Dirección de Inspección Federal del Trabajo y la Dirección de Supervisión y Seguimiento de la Inspección del Trabajo hagan un análisis respecto de la relación de trabajo que existe entre Uber y los llamados socios conductores.

Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Artículo 2 (...)

a) Dirección General de Inspección Federal del Trabajo:

b) Dirección de Inspección;

c) Dirección de Supervisión y Seguimiento de la Inspección del Trabajo;

d) Inspectores Federales del Trabajo Calificados, e

e) Inspectores Federales del Trabajo;

Artículo 6. Las Subsecretarías tendrán las atribuciones genéricas siguientes: (...)

VI. Someter a la aprobación del Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social los estudios y proyectos relevantes que se elaboren en las unidades administrativas que tengan adscritas, y presentar al Titular de la Unidad de Administración y Finanzas las propuestas de innovación, calidad, descentralización, desconcentración y simplificación administrativas, así como de reorganización que pudieran implementarse en dichas unidades administrativas;

Artículo 18. La Dirección General de Inspección Federal del Trabajo tiene las atribuciones siguientes:

I. Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados o acuerdos internacionales celebrados conforme a la misma, en la Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos, normas oficiales mexicanas, instructivos, convenios, acuerdos y contratos de trabajo, así como de todas aquellas disposiciones dictadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en ejercicio de sus atribuciones, y solicitar por escrito o a través de medios electrónicos, directa o indirectamente, a los patrones, trabajadores e integrantes de las comisiones a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, la información y documentación necesaria para el cumplimiento de esta atribución; (...)

III. Elaborar el programa de inspección con las unidades administrativas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social e instancias competentes, así como solicitar opinión a las principales organizaciones de patrones y trabajadores, a efecto de tomar en cuenta las sugerencias y prioridades que, en su caso, formulen;

(...)

V. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Federal del Trabajo a cargo de los patrones, así como asesorarlos a fin de que contribuyan al fomento de las actividades educativas, culturales y deportivas entre sus trabajadores y proporcionen a éstos los equipos y útiles indispensables para el desarrollo de tales actividades;

VI. Programar, ordenar y practicar, por conducto de los inspectores federales del trabajo y de los inspectores federales del trabajo calificados, las inspecciones ordinarias y extraordinarias, en los centros de trabajo sujetos a la jurisdicción y competencia federal, para verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia laboral;

VII. Ordenar la práctica de inspecciones que tengan por objeto la supervisión de las actividades realizadas por los inspectores federales del trabajo e inspectores federales del trabajo calificados;

VIII. Ejercer, cuando lo estime pertinente, la atracción de los asuntos en materia de inspección a cargo de las Oficinas de Representación Federal del Trabajo en las entidades federativas, en sus respectivas circunscripciones territoriales, así como solicitar a estas el auxilio para el seguimiento y desahogo de los asuntos iniciados por esta Dirección General;

(...)

X. Certificar, por medio de los inspectores federales del trabajo y de los inspectores federales del trabajo calificados, los padrones relacionados con las elecciones de representantes obreros y patronales ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, y de otras elecciones que en el ámbito laboral requieran esa formalidad; (...)

XIII. Analizar y, cuando sea procedente, autorizar la adopción de las medidas de seguridad de aplicación inmediata en caso de peligro inminente para la vida, la salud o la integridad de las personas, cuando lo soliciten los inspectores del trabajo adscritos a los gobiernos de las entidades federativas y los inspectores federales del trabajo e inspectores federales del trabajo calificados;

XIV. Resolver, directamente o a través de las Oficinas de Representación Federal del Trabajo en las entidades federativas, la determinación de ampliación o levantamiento de medidas precautorias que hayan sido decretadas por los inspectores locales o federales del trabajo o inspectores federales del trabajo calificados;

XV. Solicitar el auxilio de las autoridades laborales en las entidades federativas, para la promoción, aplicación y vigilancia de la normatividad laboral en empresas sujetas a la jurisdicción local;

XVI. Ordenar la práctica de las investigaciones encaminadas a averiguar qué personas dependían económicamente de un trabajador fallecido, en ejercicio o con motivo de su trabajo; (...)

La Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, sin perjuicio del ejercicio directo de las atribuciones señaladas en el presente artículo y del apoyo que reciba de otros subordinados, podrá auxiliarse por:

a) La Dirección de Inspección, que ejercerá las atribuciones previstas en las fracciones VI, VII, XIII, XIV, XVI, XXIV, XLI y XLII, y

b) La Dirección de Supervisión y Seguimiento de la Inspección del Trabajo que ejercerá las atribuciones previstas en las fracciones VI, VII, IX, XXX y XXXVI.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que, en el ámbito de sus competencias y a través de la Dirección de Inspección Federal del Trabajo y la Dirección de Supervisión y Seguimiento de la Inspección del Trabajo, a que realicen inspecciones a efecto de definir la relación laboral, en términos de la Ley Federal del Trabajo, entre las plataformas digitales que brindan servicios de transporte con conductor por medio de una aplicación móvil y los conductores y se publique el resultado.

Notas

1 Uber. (2015). Pero al fin de cuentas, ¿Qué es Uber y cómo se usa? 2 de febrero de 2022, de Uber Sitio web:

https://www.uber.com/es-CL/blog/que-es-uber/

2 Dara Khosrowshahi. (2019). Una carta de Dara Khosrowshahi, director ejecutivo. 5 de noviembre de 2021, de Uber Sitio web:

https://investor.uber.com/a-letter-from-our-ceo/?uclick_id=0688d192-c2e2-4958-a415-30b547290348

3 Uber. (14 de febrero de 2021). Términos y Condiciones. 5 de diciembre de 2021, de Uber Sitio web: https://www.uber.com/legal/es/document/?name=general-terms-of-use&c ountry=mexico&lang=es

4 Real Academia Española. (2021). Diccionario de la lengua española. 5 de diciembre de 2021, de Real Academia Española Sitio web: https://dle.rae.es/socio

5 Enciclopedia Jurídica. (2021). Socio. 5 de diciembre de 2021, de Enciclopedia Jurídica Sitio web: http://www.enciclopedia-juridica.com/d/socio/socio.htm

6 Ibíd.

7 Uber Investor. (4 de noviembre de 2021). Uber anuncia resultados para el tercer trimestre de 2021. 5 de diciembre de 2021, de Uber Investor Sitio web:

https://investor.uber.com/news-events/news/press-release-details/2021/
Uber-Announces-Results-for-Third-Quarter-2021/default.aspx

8 Uber. (2022). Términos y Condiciones. 2 de febrero de 2022, de Uber Sitio web:

https://www.uber.com/legal/es/document/?country=mexico&lang=es&name=general-terms-of-use

9 Uber. (14 de febrero de 2021). Términos y Condiciones. 5 de diciembre de 2021, de Uber Sitio web:

https://www.uber.com/legal/es/document/?name=general-ter ms-of-use&country=mexico&lang=es

10 Ley Federal del Trabajo, art. 8

11 Ley Federal del Trabajo, art. 10

12 Ley Federal del Trabajo, art. 10

13 Uber. (14 de febrero de 2021). Términos y Condiciones. 5 de diciembre de 2021, de Uber Sitio web: https://www.uber.com/legal/es/document/?name=general-terms-of-use&c ountry=mexico&lang=es

14 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art 133

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2022.

Diputado Salvador Caro Cabrera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para ampliar el programa de fertilizantes de 2022, con atención prioritaria a entidades con pueblos originarios, y comunidades indígenas y afromexicanas, a cargo del diputado Roberto Valenzuela Corral, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Roberto Valenzuela Corral, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo para que se amplíe a todo el país la cobertura del Programa de Fertilizantes para el ejercicio de 2022, con atención prioritaria en aquellas entidades que tengan pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los artículos 25, 26 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se señala que es responsabilidad del Estado la rectoría del desarrollo nacional de una forma integral y sustentable, así como la planeación democrática con competitividad, permanencia y equidad, encaminada a promover las condiciones que requiere el desarrollo rural integral.

Con ello se pretende generar empleo y garantizar a la población campesina su bienestar e incorporación en el desarrollo nacional. El fin de esto es fomentar la actividad agropecuaria, con un uso óptimo de la tierra y acceso a insumos, créditos, y asistencia técnica.

Lo anterior se reitera en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable,1 que en su artículo 5 establece como un objetivo prioritario el atender y corregir las desigualdades en el desarrollo regional, implementado programas y acciones que ayuden a disminuir los rezagos en algunas regiones. Se busca impulsar su transformación y la reconversión tanto productiva como económica, con un enfoque de desarrollo rural sustentable.

Todo ello se refrenda en los considerandos incluidos en las reglas de operación (RO) del Programa de Fertilizantes para el ejercicio de 2022, en la Agenda 2030, aprobada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024,2 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 12 julio de 2019, en el cual se establece que su objetivo principal es “lograr el bienestar de la población”.

En las citadas RO también se precisa que estos esfuerzos se encuadran en lo establecido en la Agenda 2030 y particularmente en lo que implica el objetivo 2 Hambre Cero, en el que se puntualiza la importancia de “duplicar la productividad agrícola de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, entre otras cosas mediante un acceso a insumos, entre otros...” .3

Asimismo, en dichas RO también se enfatiza:

“Que las acciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se vinculan con el eje tres del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 Economía en particular con el objetivo que consiste en alcanzar la autosuficiencia alimentaria y rescate del campo.

Que en el mismo Plan Nacional de Desarrollo en materia de economía se establece que se buscará la autosuficiencia alimentaria, rescate del campo y se identifica la acción específica para la implementación de un programa de entrega de fertilizantes en beneficio de las productoras y los productores agrícolas y, asimismo, se ve expuesta a la necesidad de impulsar la producción, distribución y consumo de fertilizantes nacionales...”.

Si se considera que “los fertilizantes contribuyen al mejoramiento de la productividad, permitiendo hacer frente a la demanda de alimentos, forrajes, fibras y energéticos...”,4 este programa se torna prioritario para avanzar en la autosuficiencia alimentaria y el rescate del campo mexicano, pero también para apoyar a la población de pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas, quienes son de los grupos más vulnerables y desprotegidos del país.

Sin embargo, en la RO se restringe su cobertura de atención a una mínima parte del territorio nacional y se deja fuera a la mayoría del país:

“Artículo 3. Cobertura

El Programa atenderá el estado de Guerrero y zonas de atención estratégica en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala conforme a suficiencia presupuestaria y a lo publicado en la Convocatoria respectiva”.5

Si consideramos que el precio de los fertilizantes impacta drásticamente los costos de producción agrícola y, por tanto, las inversiones que tienen que hacer los campesinos, resulta de vital importancia y también de la mayor urgencia el implementar mecanismos y ampliar la cobertura actual del Programa de Fertilizantes.

Ello resulta indispensable para hacer posible que los pequeños y medianos productores, sobre todo en los pueblos originarios y las comunidades indígenas y afromexicanas, puedan disponer de fertilizantes a bajo costo o como apoyo subsidiado para incrementar sus cosechas y así caminar, verdaderamente, juntos hacia la autosuficiencia alimentaria.

Con el incremento asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2022 (PEF 2022), cuya partida aprobada por esta Cámara de Diputados para el Programa de Fertilizantes asciende a 5 mil 200 millones de pesos, es posible redirigir esfuerzos y ampliar los apoyos para incluir a nuestros hermanos de pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas de todo el país, para así avanzar más pronto hacia la autosuficiencia alimentaria.

Por las razones anteriormente expuestas, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se amplíe a todo el país la cobertura del Programa de Fertilizantes para el ejercicio 2022, con atención prioritaria en aquellas entidades que tengan pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas con un bajo nivel de desarrollo económico.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se fortalezcan los programas de apoyo encaminados a promover la autosuficiencia alimentaria en los pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas en nuestro país.

Notas

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ldrs.htm

2 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019

3 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609032&fecha=28/12/2 020

4 https://www.gob.mx/fertilizantesparaelbienestar

5 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609032&fecha=28/12/2 020

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2022.

Diputado Roberto Valenzuela Corral (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a abstenerse de utilizar las instituciones del Estado para perseguir, presionar y hostigar a periodistas, a cargo de la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción 2, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a efecto de que se abstenga de utilizar a las instituciones del Estado mexicano para perseguir, presionar y hostigar a los periodistas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las conferencias matutinas que día a día el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza para supuestamente “informar” al pueblo de México sobre sus acciones de gobierno, se han convertido en un espacio que utiliza para difamar, presionar y hostigar a quienes no coinciden con sus posturas y a quienes se atreven a cuestionar cualquiera de sus acciones y dichos.

Uno de los sectores que más ataques han recibido por parte de López Obrador son los periodistas y los medios de comunicación; según sus dichos, los medios de comunicación supuestamente difunden noticias falsas y no dan a conocer todas las acciones y apoyos que su gobierno proporciona a la población más pobre.

Sin embargo, ha quedado demostrado que la información que difunde en las conferencias matutinas es, en la mayoría de las veces, falsa. Esta situación ha dificultado y dañado la libertad de expresión que tienen las y los ciudadanos, la única verdad es la de él.

Eso ha provocado una persecución por parte de sus seguidores y, aún más grave, la utilización de las instituciones del Estado, en contra de todas las personas que no piensan igual que él, y que no han permitido que su derecho a la libre expresión sea vulnerado. Es por ello que ha iniciado una persecución y hostigamiento hacia los periodistas que no acatan sus mandatos y se resisten a no difundir su información falsa.

El presidente López Obrador ha llegado al extremo, en su afán de evitar que las evidencias de la corrupción y los malos resultados en su administración salgan a la luz, que el día viernes 11 de febrero del año en curso, durante su conferencia rebasó todos los límites y reveló datos relacionados con los supuestos ingresos que percibe una persona física por su labor periodística.

El Poder Legislativo no puede ni debe ser omiso ante la situación de vulnerabilidad y riesgo en la que se está colocando a los periodistas de nuestro país; del primero de diciembre de 2018 al 14 de febrero de 2022 han sido asesinados 30 periodistas, según el más reciente reporte de la organización internacional Artículo 19 capítulo México, y el presidente de la República destina sus conferencias para atacar a los periodistas.

Desafortunadamente, la situación se va agravando semana tras semana. La organización Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión en el mundo, contabiliza sólo aquellos casos en los que se presume que el crimen de comunicadores deriva de su labor periodística; pero la cifra de periodistas asesinados es mayor, según el propio subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, declaró el 27 de enero de este año que en lo que va de la presente administración han sido asesinados 52 periodistas, con el 90 por ciento de impunidad.

Tan solo en lo que va de este 2022 han sido asesinados cinco periodistas. Por otro lado, el reporte de la mencionada organización también advierte que son 16 los estados del país los que concentran la totalidad de asesinatos de periodistas en la actual administración, 11 de ellos gobernados por Morena.

La violencia en contra de los periodistas, y la estigmatización que se ha hecho de la labor informativa, desde las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya provocó una protesta pacífica por parte de periodistas en la Cámara de Diputados el pasado martes 15 de febrero; se manifestaron por la indignación que tienen ante los asesinatos de comunicadores sin que se lleve a la justicia a los responsables, dando la espalda a los legisladores de Morena que se encontraban en la tribuna.

Todo esto es el resultado de la violación a la libertad de expresión, a la libre manifestación de las ideas, y a la libertad de difundir opiniones e información, a través de cualquier medio; libertades previstas en los artículos 6 y 7 constitucionales.

Lo cual, aunado a la facilitación de la violencia en contra de los periodistas, y de todo aquel ciudadano que piense diferente al presidente y a sus seguidores, ha permitido, además, que se ignore la ley y se difunda información de carácter personal sin el consentimiento autorizado.

Es importante tener en cuenta que los servidores públicos están obligados a cumplir de forma irrestricta los principios y obligaciones que establece la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En ese sentido, es claro que, en el sector público, el derecho a la protección de datos personales está regulado por dicho ordenamiento.

Esta Ley define como datos personales cualquier información relacionada a una persona física identificada o identificable y prevé que, para su tratamiento, se deben observar, entre otros, los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad.

Es por todo ello, que el presidente López Obrador, y cualquier autoridad o persona física o moral, tienen la obligación de tratar los datos personales de acuerdo con los principios y deberes contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y, además, abstenerse de dar a conocer datos personales e información confidencial que se encuentre bajo su custodia, o a los que se tenga acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión.

En este contexto, es que se presenta esta proposición con punto de acuerdo para que el titular del Poder Ejecutivo federal garantice y respete la libertad de expresión, y a que no utilice las instituciones del Estado mexicano para perseguir, presionar y hostigar a los periodistas.

Además, es preciso realizar el exhorto para que también respete el derecho a la protección de los datos personales, del que gozan constitucionalmente todos los ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que garantice y respete la libertad de expresión, y a que no utilice las instituciones del Estado mexicano para perseguir, presionar y hostigar a los periodistas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en estricto apego a la legislación aplicable, respete el derecho a la protección de los datos personales, del que gozan constitucionalmente todos los ciudadanos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 17 de febrero de 2022.

Diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Tlaxcala a fortalecer sus programas de seguridad pública y estrategias de protección de la población, y salvaguardar los derechos humanos para atender, contener y prevenir el incremento de los delitos, a cargo del diputado Mariano González Aguirre, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Mariano González Aguirre, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes:

Consideraciones

La ingobernabilidad y el clima de inseguridad prevaleciente durante los últimos meses en el estado de Tlaxcala, ha hecho que se posicione rápidamente como una de las demarcaciones más peligrosas del país debido, entre otros aspectos, a la falta de una estrategia integral ocasionando que se eleven sustancialmente los hechos delictivos, entre ellos robos a mano armada, homicidios, extorsiones, cobro de piso y asaltos carreteros.

La actual administración carece de medidas oportunas y efectivas que garanticen la seguridad pública, protejan el patrimonio de las familias y aseguren el respeto a los derechos humanos, por el contrario, es evidente la ausencia de coordinación y la carencia de presupuestos públicos específicos encaminados a la contención y prevención de los delitos.

Para poner en perspectiva esta situación, basta señalar que el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (Sesnsp) arrojó que durante el año pasado en Tlaxcala se denunciaron un total de 4 mil 527 delitos, de los cuales, por lo menos 3 mil 301 fueron contra el patrimonio, 494 contra la vida y la integridad corporal, además de 502 contra otros bienes jurídicos afectados entre ellos narcomenudeo, amenazas y allanamiento de morada.1

Durante el mismo periodo, múltiples organizaciones de la sociedad civil como “Causa en Común”, documentaron que los eventos de alto impacto en dicho estado se incrementaron en 148 por ciento, al pasar de 27 registrados en 2020 a 67 en 2021.2

Es una realidad que la inseguridad se ha incrementado de manera exponencial, así lo comprueban los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) al Cuarto Trimestre de 2021, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la que Tlaxcala de Xicohténcatl incrementó su percepción negativa al pasar de 41.9 al 49.1.3

Lamentablemente uno de los sectores más afectados es el del autotransporte público y de carga, que diariamente moviliza productos de la canasta básica, los cuales, resultan necesarios para la subsistencia de las familias. En todo el estado, pero principalmente en la zona sur, son objeto de robos, asaltos, secuestros y extorsiones por parte de organizaciones del crimen organizado quienes presuntamente al amparo de las autoridades cometen actos contrarios al marco jurídico vigente.

Ante la ausencia de una estrategia de seguridad eficaz y eficiente durante la pandemia, han crecido 39 por ciento las denuncias de cibera coso entre personas de entre 12 y 17 años, poniendo en riesgo la integridad física, psicológica y en el peor de los casos la vida. Dicho dato la ubica entre las 10 entidades con el mayor número de sucesos, por arriba de la media nacional.

Tampoco, debemos olvidar que en agosto de 2021 Tlaxcala se sumó, tardíamente, a las entidades con alerta por violencia de género, casi dos años después de presentarse la solicitud por parte de colectivos y organizaciones civiles, y que no es un secreto que en la entidad opera desde hace años una de las redes de prostitución infantil y trata de personas más grandes a nivel global y que cuenta con un alcance internacional.

Por si esto no fuera suficiente, la presente gestión ha consolidado a Tlaxcala como la cuarta entidad del país más corrupta, esto a decir de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Entre las cifras que lo sustenta está que 42.6 por ciento de sus afiliados han sido víctimas de corrupción y 53.7 por ciento de algún delito, entre ellos cobro de piso y robo de mercancía o vehículos.4

Ante la ausencia de las autoridades, se han dado conatos de justica con propia mano, ejemplo de ello es el acontecido el pasado 10 de febrero en la comunidad de Tlacochcalco del municipio de Tepeyanco, donde habitantes intentaron linchar a un presunto asaltante o la muerte de dos supuestos asaltantes sobre la carretera México- Veracruz a la altura del municipio de Xaloztoc.5

Ante este grave panorama, organizaciones de la sociedad civil han hecho un enérgico llamado para que el gobierno estatal fortalezca sus programas de seguridad, de protección a la población y de respeto a los derechos humanos, en un marco de coordinación con el Gobierno federal y de los municipios a efecto de atender, contener y prevenir actos contrarios a la ley.

Llama la atención que en lugar de destinar mayores recursos para la atención de los delitos, la prevención de actos antijurídicos y la coordinación con las autoridades de procuración e impartición de justicia, se hayan destinado presupuestos públicos para la compra de softwares de espionaje que intervienen celulares y acceden a sus micrófonos y cámaras. Al respecto, deben transparentar los montos totales, las licitaciones realizadas, las empresas beneficiadas y los contratos pactados para dicho fin pero, sobre todo, sancionar su uso inadecuado, debido a que podrían vulnerarse derechos fundamentales de cualquier persona, como el de la intimidad.

Después de poco más de tres años de haber sido implementada la “estrategia” de seguridad de “abrazos no balazos”, ni el Gobierno federal, ni los gobiernos estatales afines han podido demostrar con evidencia empírica que haya avances en la materia, al contrario, el importante aumento de los asesinatos y de la violencia en sus diferentes formas son evidencia clara de su fracaso.

Diariamente la población es testigo del incremento en los índices de criminalidad en las diferentes entidades del país, y Tlaxcala no es la excepción. En este estado no sólo no ha funcionado dicha estrategia, sino que no se ha logrado articular una política coherente que frene la violencia, la cual atenta contra la tranquilidad e integridad de los habitantes.

Asimismo, debemos recordar que el Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala en la actual administración, Alfredo Álvarez Valenzuela, abandonó su cargo desde el 21 de noviembre del 2021, ante los señalamientos en su contra por acoso sexual y desaparición de personas. A menos de tres meses de arrancar el nuevo periodo de gobierno, ya teníamos un Secretario prófugo de la justicia, y no cualquier Secretario, el encargado de la seguridad de las y los tlaxcaltecas.

Las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI, no podemos ser omisos a la debacle en materia de seguridad por la que está pasando el estado de Tlaxcala y su población. No toleraremos que la incompetencia de un gobierno sea la causa del sufrimiento de miles de tlaxcaltecas.

Bajo estas consideraciones, es imperativo y urgente fortalecer los programas de seguridad pública a fin de atender, contener y prevenir el incremento de los delitos, así como auditar los contratos, licitaciones y adquisiciones realizadas durante la presente administración, para revisar que los recursos públicos se ejerzan en el marco de la Ley, de no ser así, interponer las sanciones administrativas y penales correspondientes.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. - La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno del estado de Tlaxcala para que, en el marco de sus atribuciones constitucionales, fortalezca sus programas de seguridad pública, estrategias de protección a la población; así como las medidas de respeto y salvaguarda de los derechos humanos a efecto de atender, contener y prevenir el incremento de los delitos registrados en la entidad, los cuales durante la presente administración han puesto en riesgo la vida, integridad y patrimonio de las personas.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala para que, en el marco de sus atribuciones auditen los contratos, licitaciones y adquisiciones realizadas durante la gestión de la actual administración en materia de seguridad pública, para revisar que los recursos públicos se hayan ejercido con apego a la legislación y, en su caso, se establezcan las sanciones administrativas y penales conforme a derecho procedan.

Notas:

1. https://drive.google.com/file/d/1FlWG0HzAu5pCFakexgzyp36VPFAkeEeS/view

2. Puebla-Tlaxcala suma 321 hechos de extrema violencia cometidos durante 2021, Urbano, en:

https://www.urbanopuebla.com.mx/gobierno/noticia/
79085-puebla-tlaxcala-suma-321-hechos-de-extrema-violencia-cometidos-durante-2021.html

3. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2021_diciemb re_presentacion_ejecutiva.pdf

4. https://www.urbanopuebla.com.mx/economia/noticia/
77737-un-50-de-empresarios-en-puebla-tlaxcala-es-v%C3%ADctima-de-corrupcion-e-inseguridad.html

5. https://www.eluniversal.com.mx/estados/trailero-justiciero-mata-dos-asa ltantes-en-tlaxcala

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la H. Cámara de Diputados, a 17 de febrero de 2022.

Rúbrica

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Profeco a verificar que los proveedores del sector farmacéutico y de salud participantes en el mercado de bienes y productos preventivos de higiene y salud, así como de medicamentos para tratar el Covid-19, no incrementen injustificadamente los precios ante la contingencia sanitaria, a cargo de la diputada María Guadalupe Ortega de la Cruz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que vigile y verifique que los proveedores del sector farmacéutico y de salud que participan en el mercado de bienes y productos preventivos de higiene y salud, así como de los medicamentos para tratar el Covid-19, no incrementen injustificadamente los precios con motivo de la contingencia sanitaria, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. En el último trimestre de 2019, el gobierno de China detectó los primeros casos de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), en pacientes de la provincia de Hubei, Wuhan.1

II. El 27 de febrero de 2020 se registró en la Ciudad de México el primer caso de Covid-19 y para el 18 de marzo del mismo año, se tenía un registro de 118 casos confirmados (Fase 1).2

Por lo anterior, el 23 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia”3 ; y siete días después, el mismo Consejo publicó el acuerdo por el que se declara emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor.

No obstante, a pesar de las medidas sanitarias y acciones implementadas en materia de salubridad por el gobierno federal, al martes 25 de enero de 2022, el gobierno federal registró un estimado de 4 millones 983 mil 728 casos positivos, 317 mil 649 defunciones y 293 mil 602 casos activos.4

III. El Covid-19 no sólo ha aumentado la tasa de morbilidad y de mortalidad, también ha traído severas afectaciones a la economía a nivel mundial.

En el caso particular de México, pese a la caída del producto interno bruto (PIB) en 20195 y los constantes desaciertos en materia económica por parte del actual gobierno federal; los factores externos como la inflación global y los efectos del Covid-19 han traído graves consecuencias, entre ellas:

a) Caída del PIB en el año 2020.6

b) Impactos en el sector productivo.

c) Aumento de 3.8 millones de personas en pobreza y 2.1 millones de personas en pobreza extrema en el año 2020.7

d) De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU, 2020), si no se adoptan medidas prontas, será inminente una emergencia alimentaria mundial con impactos a largo plazo para cientos de millones de personas.

e) De acuerdo con el Modelo de Identificación del Riesgo y del Trabajo Infantil (Cepal-OIT, 2020), se estima que el trabajo infantil podría aumentar entre 1 y 3 puntos porcentuales en la región (México, Perú y Costa Rica).

f) 2.1 millones de población desocupada que representa una tasa de 3.5 por ciento de la población económicamente activa en el año 2021.8

Esta situación disminuyó el acceso a instituciones de salud pública o privada brindada por un empleador.

g) Afectación a los grupos de población más vulnerables.

h) Aumento de la desigualdad social.

i) Aumento en los precios de insumos preventivos de higiene y salud como cubrebocas, alcohol, toallitas, gel antibactereal, así como de los medicamentos para tratar Covid-19.

Aunado a lo anterior, debido a que en la actualidad no existe una cura y los contagios cada vez aumentan más, la mejor estrategia es implementar acciones para reducir y mitigar dichos contagios.

De no implementar estrategias adecuadas, los impactos no sólo serán a mediano plazo.

Entre las medidas sanitarias desplegadas se encuentra el uso permanente de mascarillas, uso de gel antibacterial, limpieza y sanitización de espacios físicos, etcétera.

IV. En este contexto, en el que ha aumentado el número de pobres, el desempleo en México y en el que la economía familiar se ha visto afectada severamente; el gobierno federal tiene la obligación de generar las condiciones necesarias, para que los productos preventivos de higiene y salud, así como los medicamentos para tratar Covid-19 no continúen afectando la economía de las y los mexicanos.

V. La Secretaría de Economía es una dependencia integrante de la administración pública centralizada del Poder Ejecutivo federal y cuenta con 34 atribuciones9 establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), entre ellas: a) regular, promover y vigilar la comercialización, distribución y consumo de bienes y servicios; y, b) regular, orientar y estimular las medidas de protección al consumidor.

VI. Para el desempeño de sus funciones la Secretaría de Economía se auxilia, entre otros, de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), organismo descentralizado, encargado de promover, proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.10

En ese sentido, la Ley Federal de Protección al Consumidor en su artículo 10 Bis establece que los proveedores no podrán aplicar injustificadamente precios por fenómenos naturales, meteorológicos o contingencias sanitarias.

En ese orden de ideas, si en el ejercicio de sus atribuciones, previstas en el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Profeco identifica aumentos de precios, restricciones en la cantidad ofrecida o divisiones de mercados de bienes o servicios derivados de posibles prácticas monopólicas en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica, ésta podrá presentar ante la Comisión Federal de Competencia Económica la denuncia que corresponda.

VIII. Finalmente, visto el aumento en insumos preventivos de higiene y salud, así como de los medicamentos para tratar el Covid-19, la Profeco tiene la obligación de vigilar y sancionar el aumento injustificado de precios.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que vigile y verifique que los proveedores del sector farmacéutico y de salud que participan en el mercado de bienes y productos preventivos de higiene y salud (cubrebocas, alcohol, toallas, gel antibacterial, pruebas para diagnóstico de Covid-19, etcétera.), así como de los medicamentos para tratar el Covid-19, no incrementen injustificadamente los precios con motivo de la contingencia sanitaria.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que, en el caso de identificar aumentos de precios, derivados de posibles prácticas monopólicas, presente ante la Comisión Federal de Competencia Económica la denuncia que corresponda en representación de los consumidores, con el objetivo de proteger sus derechos e intereses al adquirir bienes y productos preventivos de higiene y salud (cubrebocas, alcohol, toallas, gel antibacterial, pruebas para diagnóstico de Covid-19, etcétera.), así como de los medicamentos para tratar el Covid -19.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud. Covid-19: Cronología de la actuación de la OMS. https://www.who.int/es/news/item/27-04-2020-who-timeline—-covid-19 Consultado: 24 de enero de 2022.

2 Dirección de Información Epidemiológica. 31° Informe epidemiológico de la situación de Covid-19. 13 de septiembre de 2021. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/668356/Informe_COVID-19_ 2021.09.13.pdf Consultado el 08 de febrero de 2022-

3 Diario Oficial de la Federación.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/
2020#:~:text=ACUERDO%20por%20el%20que%20el,y%20respuesta%20ante%20dicha%20epidemia Consultado: 24 de enero de 2022.

4 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. COVID-19. Información General nacional. https://datos.covid-19.conacyt.mx/#DOViewhttps://datos.covid-19.conacyt .mx/#DOView Consultado: 24 de enero de 2022.

5 Inegi. Producto Interno Bruto por entidad federativa 2019.

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletin es/2020/OtrTemEcon/PIBEntFed2019.pdf Consultado: 24 de enero de 2022.

6 Inegi. Producto Interno Bruto por entidad federativa 2020.

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletin es/2021/pibe/PIBEntFed2020.pdf Consultado: 24 de enero de 2022.

7 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Medición de la Pobreza. https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx Consultado: 24 de enero de 2022.

8 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta nacional de ocupación y empleo. https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7099 Consultado: 24 de enero de 2022.

9 Cámara de Diputados. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Artículo 34. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf Consultado: 22 de diciembre de 2021.

10 Cámara de Diputados. Ley Federal de Protección al Consumidor. Artículo 24.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/113_241220. pdf Consultado: 22 de diciembre de 2021.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2022.

Diputada Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader a exponer el cumplimiento de los lineamientos de operación, y los avances y resultados de la operación de distintos programas de bienestar en Veracruz, a cargo de la diputada Rosa María Alvarado Murguía, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Rosa María Alvarado Murguía, del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Durante muchos años, los gobiernos en turno del estado de Veracruz, en teoría, han suministrado recursos financieros e insumos a los ganaderos locales.

Dichos recursos, en realidad, siempre han formado parte del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a cada periodo de ejercicio.

En todo ese tiempo, los resultados no han incidido de manera preponderante en el desarrollo de los productores ganaderos del estado de Veracruz.

Ello, a pesar de que al inicio del Gobierno del Cambio Verdadero, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), resaltó que el gobierno federal, por instrucciones presidenciales, impulsaría proyectos a través de los Programas del Bienestar en esta entidad, para distribuir de manera pronta y expedita, oportuna y transparente, los recursos e insumos derivados de la federación e incrementar, no sólo el fomento y desarrollo, sino ampliarlos a la productividad inmediata de la ganadería, “sin intermediarios y sin cuotas ”, para propiciar la pronta recuperación económica por la devastación financiera y social provocada por la pandemia del Covid-19.

El titular de la Sader, destacó que, con los nuevos procedimientos del suministro de recursos, se cumpliría con el principal objetivo que es el de incorporar a los pequeños productores de la región, la disponibilidad financiera oportuna para contribuir a mejorar la productividad ganadera en localidades de alto y muy alto grado de marginación del estado de Veracruz.

La ganadería en esta entidad se maneja desde sistemas modernos y competitivos hasta los más tradicionales que se practican en la economía campesina, de igual forma, se caracteriza por su manejo extensivo y por ser de producción estacional, la mayor parte de la alimentación del ganado se basa en agostaderos operados con un sistema de libre pastoreo.

Siendo la actividad primaria más importante del estado, ocupa 51 por ciento de la superficie de la entidad federativa y por su importancia en la producción, destaca el ganado bovino de doble propósito, produce carne y leche, donde lo relevante es la situación que por región abarca esta actividad.

Por tanto, someto a esta soberanía este punto de acuerdo para exhorto, con el objeto de generar gobiernos eficientes, transparentes y eficaces, que rindan cuentas claras, públicas y honestas y que permitan practicar políticas basadas en evidencias y credibilidad, para que la ciudadanía pueda evaluar resultados en forma objetiva y confiable.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a exponer el cumplimiento de los Lineamientos de Operación y Resultados de los Programas del Bienestar: Crédito Ganadero a la Palabra y Crédito para la Productividad de Pequeños Productores de Ganado en el estado de Veracruz.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a simplificar y/o modificar las bases de los requisitos que solicita a los productores ganaderos ubicados en localidades de alto y muy alto grado de marginación del estado de Veracruz, para obtener los apoyos financieros de los Programas del Bienestar: Crédito Ganadero a la Palabra y Crédito para la Productividad de Pequeños Productores de Ganado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2022.

Diputada Rosa María Alvarado Murguía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a no generar actos de intromisión, intimidación, acoso y abuso de autoridad contra particulares, a cargo de la diputada María Teresa Castell de Oro Palacios, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada federal María Teresa Castell de Oro Palacios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que no genere actos de intromisión, intimidación, acoso y abuso de autoridad en perjuicio de particulares, en términos de las siguientes

Consideraciones

Derivado de los hechos suscitados el día 9 de febrero del presente año, donde el titular del Ejecutivo Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia matutina, pidió al periodista Carlos Loret de Mola transparentar sus ingresos, excediendo sus atribuciones como funcionario público y haciendo uso de los espacios informativos oficiales para fines distintos a los que fueron diseñados.

En este sentido, cabe señalar que la conferencia matutina que se realiza en Palacio Nacional fue establecida con la finalidad de mantener a la población informada con temas de interés público y con el propósito de transparentar las acciones de gobierno, sin embargo, el espacio de difusión estatal se está usando para fines personales, sin justificación o sentido alguno.

Más aún, porque no es la primera vez que sucede, ya que el presidente en otras ocasiones ha usado este espacio para desprestigiar, mofarse o amedrentar a otras personas, como el caso del martes 08 de febrero, burlándose de Gilberto Lozano, al mostrar el video de una caída de dicho sujeto ante los medios o al evidenciar tweets de López Dóriga, Diego Fernández de Ceballos y amedrentando constantemente a medios de información o periodistas como Carmen Aristegui.

De lo que se puede concluir, que se esta haciendo mal uso de recursos gubernamentales y transgrediendo los derechos de los particulares.

En el caso del periodista Loret de Mola, una solicitud como la que realiza López Obrador, viola distintas disposiciones consagradas en nuestro marco jurídico que requieren inmediata atención.

De conformidad con el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estas acciones exceden las facultades del presidente, representando actos de intromisión en la vida particular del periodista, lejos de algún sustento o justificación que ampare su solicitud.

En este sentido, también se vulnera lo establecido en el artículo 14 constitucional, párrafo segundo, que a la letra señala:

“Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.”

Y lo establecido en el artículo 16 constitucional en sus dos primeros párrafos:

“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.”

Además de constituir una conducta que claramente es un abuso de funciones de acuerdo con el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que estipula:

“Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público; así como cuando realiza por sí o a través de un tercero, alguna de las conductas descritas en el artículo 20 Ter, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”

Por otra parte, atenta contra lo que dispone el artículo 8 segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

“Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa por el ejercicio del derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este derecho por vías o medios directos e indirectos”

A sabiendas de la naturaleza del trabajo que realiza el periodista en cuestión y del material crítico que ha publicado en fechas recientes analizando el actuar del gobierno federal, puede dar lugar a represalias o intimidación de aquellos a los que no favorece la información que comparte, acciones que podrían incluso podrían presumirse como delictuosas en términos del artículo 219 del Código Penal Federal:

“Artículo 219.- Comete el delito de intimidación:

I.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona, utilizando la violencia física o moral, inhiba o intimide a cualquier persona para evitar que ésta o un tercero denuncie, formule querella o aporte información relativa a la presunta comisión de una conducta sancionada por la Legislación Penal o por la Ley General de Responsabilidades Administrativas,” y

Por último, es menester garantizar que el artículo 7 constitucional sea respetado en especial atención cuando se trate de periodistas y medios de comunicación, además de dar cumplimiento al protocolo de actuación para la protección de los derechos de las personas que ejercen el periodismo.

Haciendo hincapié en que estamos atravesando una crisis de seguridad y viviendo uno de los periodos mas violentos en materia de protección a periodistas, con 5 informadores asesinados en lo que va del año y 52 en todo el sexenio, por lo que debe ser indispensable la observancia del estado de derecho desde el titular del Ejecutivo federal.

En este sentido, y ante los argumentos antes vertidos, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que no genere actos de intromisión, intimidación, acoso y abuso de autoridad en perjuicio de particulares.

Dado en salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2022.

Diputada María Teresa Castell de Oro Palacios (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob, la STPS, la Ssa y el INM a fortalecer las acciones de atención y reconocimiento de refugiados en México, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Instituto Nacional de Migración, a fortalecer las acciones de atención y reconocimiento de refugiados en México con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las consecuencias a causa de la pandemia por Covid-19 fue el impacto en la migración de caravanas provenientes de Centro y Sudamérica en su desplazamiento en territorio nacional. En el año de 2020 debido a que nuestro país se declaró en emergencia sanitaria, los desplazamientos disminuyeron.

Sin embargo, las cifras aumentaron de enero a junio de 2021 debido a conflictos, violación de derechos o eventos que perturbaron el orden público en sus lugares de origen, entre otros.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidos para los Refugiados (ACNUR) informó que para el año 2022 se estima una creciente demanda de solicitudes de refugio en México, con cifra récord de 130 mil pedimentos; debido al impacto de la pobreza, la crisis económica, los conflictos sociales y el aumento de la violencia en Centroamérica y Sudamérica.

La Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político reconocen a los refugiados por diversas razones en donde se otorga protección complementaria por el Estado mexicano en tanto, se resuelva su situación migratoria. Si las solicitudes resultan positivas se otorgará la estancia de residente permanente, en términos del artículo 54 de la misma ley.

En dicha legislación se reconoce a la persona refugiada como “a todo extranjero que se encuentre en territorio nacional que sea reconocido como refugiado por parte de las autoridades competentes, conforme a los tratados y convenios internacionales de que es parte el Estado mexicano”.

En este ordenamiento, también se establece que se podrán autorizar estancias de visitantes por razones humanitarias a los extranjeros cuando exista una causa humanitaria o de interés público que haga necesaria su internación o regularización en el país.

Nuestro país ha firmado diversos instrumentos internacionales, entre los que se encuentra la Declaración de Tlatelolco en 1999, la Convención de Ginebra en 1951, la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, Convención sobre Asilo, Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Declaración Universal de los Derechos Humanos.1 Al respecto corresponde a la Secretaría de Gobernación evaluar y reconocer las solicitudes de refugio, así como a coordinar acciones, estrategias y programas orientados a la asistencia de los mismos. Atribuciones establecidas en el Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria expedida en el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero de 2012.

Conforme a las cifras oficiales, las solicitudes de refugio en nuestro país aumentaron 300 por ciento en comparación con 2020, lo que demuestra que se triplicaron las solicitudes pasando de 41 mil 230 en 2020 a 123 mil 187 en 2022.

Lo anterior amerita una mayor capacidad de atención y por ende mayor presupuesto. No obstante, la implementación de políticas en materia laboral y sanitaria para preservar la salud de las personas refugiadas así como de los propios mexicanos requieren de un esfuerzo institucional, además de asegurar la protección de las y los menores y de cualquier individuo en situación vulnerable.

Es importante mencionar que de acuerdo con los datos de la ACNUR, tanto Estados Unidos de América (EUA) como México están entre los primeros países con mayor migración en el mundo: en junio de 2021, el país vecino registró 72 mil 900 solicitudes, Alemania 58 mil 900 y México 52 mil 700.

Para dar solución a esta situación, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) apoyó con recursos, personal y 230 plazas en 2021, sin embargo señaló que de no controlarse o atender los flujos irregulares de personas, la eficiencia del organismo tendría severas consecuencias.

Las causas de la saturación de solicitudes de refugiados identificadas por la ACNUR son:

1) Las presiones generadas por el regreso y demanda del programa Quédate en México, ya que hay más de 65 mil migrantes devueltos al país, sin que dicho programa garantice el asilo o estancia legal en sus dos años de vigencia.

2) De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración, las expulsiones bajo el título 42 han ocasionado miles de deportados en México por vía aérea. Tapachula, Chiapas, es la ciudad que concentra 70 por ciento de las solicitudes de refugio.

Bajo estos datos se tiene información de que la ONU, la ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), apoyan a las poblaciones locales y a los migrantes en la localidad.

3) Deportaciones por detenciones, en donde el reporte del INM señala que a inicios de septiembre de 2021 habían alcanzado las 5 mil 985, de las cuales no existe reporte de dónde provienen o si fueron deportados a su país de origen.

4) Migrantes que llegan de estados fronterizos solicitando asilo o cruzando la frontera.

5) Extranjeros que entran por la frontera sur sin control en caravanas.

Nuestra legislación ha sido pionera en Latinoamérica pues desde su promulgación en 2011 se contemplan disposiciones que promueven políticas humanitarias para quienes abandonan sus lugares de origen.

Por otra parte, un informe del Instituto para las Mujeres en Migración, AC (IMUIM) destacó a su vez que las mujeres migrantes que buscan refugio en México son víctimas de una doble violación de sus derechos humanos, como la transnacionalización de la violencia, en la que sus victimarios localizan nuevamente a sus víctimas a pesar de su llegada a México, por lo que es importante que las medidas que se implementen aseguren que la atención incluya acciones con perspectiva de género.

No olvidemos el accidente de los 55 migrantes que murieron y 107 resultaron heridos por la volcadura de un tráiler en Chiapas, comparable con las muertes de migrantes sirios en botes improvisados en el Mediterráneo, ya que casos como estos denotan la falta de seguridad, coordinación y atención para el sector de refugiados.

Es fundamental fortalecer la atención y medidas que reciben las personas, además de dar seguimiento a las solicitudes de protección humanitaria.

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a revisar y actualizar el Reglamento de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a diseñar e implementar un programa emergente para los refugiados en nuestro país.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a promover la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para las y los migrantes extranjeros que solicitan refugio en nuestro país.

Cuarto. Se exhorta al Instituto Nacional de Migración, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para que se establezca un monitoreo del flujo migrante de los menores solicitantes de refugio.

Quinto. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración a revisar las solicitudes de las personas refugiadas y conceder aquellas visas humanitarias para proteger a la población mayormente vulnerable.

Bibliografía

1 Butrón, J. (22/12/2021). Alerta ACNUR más impacto de migración en México en 2022. La Razón. Alerta ACNUR más impacto de migración en México en 2022 (razon.com.mx)
comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/221221_N_RAZON_1.3_NACIONAL_ALERTAACNUR_.pdf

2 Fragoso, M. (07/01/2022). Falta personal y recursos a la Comar. 24 Horas El diario sin límites. Faltan personal y recursos a la Comar - 24 Horas (24-horas.mx)

3 Chávez, V. (20/09/2021). México inicia vacunación contra COVID a migrantes que cruzan por el país. El Financiero. México inicia vacunación contra COVID a migrantes que cruzan por el país – El Financiero

4 (18/12/2021). Un proyecto piloto ayudará a integrar a los migrantes haitianos en México. Noticias ONU. Un proyecto piloto ayudará a integrar a los migrantes haitianos en México | Noticias ONU

5 (14/12/2021). Reitera INM atención migratoria a integrantes de caravana que se encuentra en Ciudad de México. INM. Reitera INM atención migratoria a integrantes de caravana que se encuentra en Ciudad de México | Instituto Nacional de Migración | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)

6 (14/12/2021). Ofrecen INM visas humanitarias a migrantes dados de alta en hospitales de Chiapas. INM. Ofrece INM visas humanitarias a migrantes dados de alta en hospitales de Chiapas | Instituto Nacional de Migración | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)

7 (16/11/2021). Entrega INM mil 574 tarjetas a integrantes de caravana migrante que salió de Chiapas. INM. Entrega INM mil 574 tarjetas a integrantes de caravana migrante que salió de Chiapas | Instituto Nacional de Migración | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)

8 Arroyo, L. (16/12/2021). La ONU trabaja para mejorar las condiciones de vida de los migrantes y las poblaciones locales en México. Noticias ONU. La ONU trabaja para mejorar condiciones de vida de los migrantes y las poblaciones locales en México | Noticias ONU (un.org)

9 Instituto Nacional de Migración. (31/02/2022).Tema Migratorio 2212211. INM. Tema Migratorio 221221 | Instituto Nacional de Migración (inm.gob.mx)

10Instituto Nacional de Migración. (31/02/2022). Información Migratoria Nacional, tarjeta migratoria matutina 03 de enero de 2022. INM. Tarjeta-Migratoria-030122.pdf (inm.gob.mx)

11 Soler, E. (31/02/2022). El mundo en 2022: diez temas que marcarán la agenda internacional. CIDOB. CIDOB - El mundo en 2022: diez temas que marcarán la agenda internacional

12 Instituto Nacional de Migración. (31/02/2022). Información Migratoria Nacional, tarjeta migratoria matutina 04 de enero de 2022. INM. Tarjeta-Migratoria-040122.pdf (inm.gob.mx)

13 Portal de datos sobre migración. (31/02/2022). Migración forzosa o desplazamiento forzoso. Portal de datos sobre migración. Migración forzosa o desplazamiento forzoso | Portal de Datos sobre Migración (migrationdataportal.org)

14 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR ACNUR). (31/02/2022). 2019 Principales resultados ACNUR México. 6007120b4.pdf (acnur.org)

15 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR ACNUR). (31/02/2022). Datos básicos. ACNUR - Datos básicos

Nota

1 Quórum Legislativo

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2022.

Diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Educación y Deporte de Chihuahua a garantizar el retorno seguro a clases en nivel básico, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena y PT

Los que suscriben, diputados Andrea Chávez Treviño, Susana Prieto Terrazas, Daniel Murguía Lardizábal, Jesús Roberto Briano Borunda, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, y Lilia Aguilar Gil, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Es evidente que todos los aspectos de la forma de vida de la población mundial se vieron afectados a partir del surgimiento de la epidemia por la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19). El caso de México y el sistema educativo nacional en el que prevalecen la asistencia presencial a las instituciones educativas como parte del modelo educativo, no fue la excepción.

De tal forma que uno de los aspectos más notorios de afectación a la vida cotidiana de las familias mexicanas fue la necesidad de adecuarse a la implementación progresiva de modalidades semipresenciales y virtuales en los sistemas educativos del nivel de educación básica mediante el uso de tecnologías,1 a fin de resguardar la salud e integridad de las alumnas y alumnos de México y al mismo tiempo buscando dar continuidad al desarrollo de sus actividades escolares, procurando que éstas se realizaran desde sus hogares.

Esta nueva realidad generó retos diversos a nivel nacional para las autoridades y familias, especialmente gravosos para aquellas familias del estado de Chihuahua. Los padres de familia chihuahuenses se vieron en la necesidad de procurar internet y computadoras para garantizar que sus hijas e hijos pudieran acceder a las modalidades virtuales de clases; se debieron adecuar horarios coordinados entre quienes se encontraban trabajando desde casa o en modelos escalonados de trabajo semipresencial, de forma que el que no estuviere trabajando, se encargaría de supervisar que cumplieran con los horarios de clase y tareas puntualmente; inclusive, en los casos de las familias con menores ingresos, tuvieron que hacerse cargo de garantizar los desayunos de sus hijas e hijos –beneficio normalmente proporcionado en las escuelas estatales a partir del Programa de Desayunos Escolares–; lo anterior, generando una reorganización de su forma de vida y costos adicionales para estas familias.

Entre estos elementos destacan la inaccesibilidad de las clases vía remota pues representó un factor crucial de complicación, ya que la carencia de computadora, otros dispositivos o conexión de internet fueron una condición sumamente marcada; también lo fue el que las clases a distancia tuvieron como un presupuesto no dicho, la existencia de capacidad técnica o pedagógica de los padres o tutores para transmitir los conocimientos, sin que esta condición necesariamente existiera en los hechos.2 Es así que resulta evidente que la transición a la modalidad virtual trajo consigo complicaciones para familias enteras, en Chihuahua y en todo el país.

De esta realidad se desprenden los datos recogidos en el Informe de las Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional en el que se señala que de 2019 a 2020, la cantidad de estudiantes de nivel básico en el estado de Chihuahua –en la modalidad escolarizada– era un total de 745 mil 414, para el año posterior, es decir de 2020 a 2021, reporta un total de 726 mil 605 alumnos. Esto representa una cifra de 18 mil 809 alumnos que desertaron a raíz de la crisis por Covid-19.3 De tal forma que algunos de los efectos de las nuevas modalidades de educativas virtuales o a distancia para los chihuahuenses, se tradujeron desafortunadamente en un incremento importante del porcentaje de deserción escolar.4 A todo esto, se sumó la falta de dinero o recursos que resultó un impedimento en la mayoría de los casos para atender estas nuevas necesidades, especialmente cuando una gran cantidad de padres quedaron desempleados, también como consecuencia de la pandemia.

Es así que, ante este escenario de fuerza mayor que representó la pandemia, la Secretaría de Educación Pública emitió la Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a Clases Presenciales en las Escuelas de Educación Básica 2020-2021;5 asimismo, en 2021, con la Secretaría de Salud, expidió la Guía de Orientación para la reapertura de las escuelas ante Covid-19,6 documento elaborado conjuntamente por ambas dependencias que incorpora aportaciones de organizaciones internacionales y nacionales. Este último representa una guía para facilitar insumos a las autoridades educativas locales, como lo es la Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del Estado de Chihuahua, a fin de facilitar elementos para el diseño de sus estrategias para mitigar el riesgo de contagio en las escuelas en el proceso de retorno a clases presenciales.

Por su parte, la Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del Estado de Chihuahua emitió en el ámbito de su competencia en 2020, el documento titulado Estrategia Chihuahua para el sector educativo del nivel básico,7 que define a nivel local las modalidades para el retorno seguro a clases presenciales, entre otros aspectos. No obstante, la realidad es que las niñas y niños chihuahuenses al día de hoy en el nivel de educación básica han visto frenado su regreso regular al salón de clases.

Entonces nos encontramos en este escenario en el que sostener el cierre de escuelas en Chihuahua recrudece8 la pobreza y, sin duda, suma a la desigualdad intergeneracional que ha generado la pandemia y que provoca un grado de estudio cada vez menor en promedio;9 lo que a su vez se traduce en que las niños y niños que no están asistiendo a clases, sean carne de cañón para la maquila, la delincuencia y el reclutamiento por parte de grupos narcotraficantes en nuestro estado, que históricamente se ha visto afectado por estos fenómenos.

Es por todo este rezago –tanto económico, social y educativo– que significa la educación a distancia, que padres y alumnos en el estado de Chihuahua han levantado su voz para decir que es momento de regresar a clases presenciales.10 Los padres señalan ya incluso que la falta de clases presenciales –y de la convivencia que esto conlleva– ha afectado emocionalmente a sus hijos con trastornos como ansiedad y depresión.

Es en este contexto, si bien en un primer momento de la pandemia las autoridades educativas establecieron los mecanismos necesarios para crear estas modalidades de educación a distancia y estas acciones fueron indispensables y necesarias; lo cierto, es que a dos años de iniciada la pandemia, hoy la Secretaría de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua cuenta con las herramientas técnicas para guiarse en su labor y escuchar a las madres y padres y a las propias niñas y niños chihuahuenses, que nos piden actuar ya para que el regreso a clases presenciales para sus hijas e hijos sea una realidad en Chihuahua.

Es por lo anteriormente expuesto que se somete a su consideración la siguiente proposición con

Punto Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del Estado de Chihuahua para que, en el marco de sus atribuciones, implemente las acciones y estrategias necesarias para garantizar el retorno seguro a clases presenciales de forma continua y sostenida en el estado de Chihuahua para las alumnas y alumnos del nivel de educación básica, tomando en cuenta las observaciones de las autoridades de salud que correspondan.

Notas

1 Cfr. ACUERDO PRIMERO, numeral 5 del ACUERDO SIPINNA/EXT/01/2020 por el que aprueban acciones indispensables para la atención y protección de niñas, niños y adolescentes durante la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 2020.

2 Cfr. https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/23/sociedad/por-covid-19-y-fal ta-de-dinero-desertaron-5-2-millones-de-estudiantes/

3 Cfr. http://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principa les_cifras/principales_cifras_2020_2021_ bolsillo.pdf

4 Cfr. https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/se-dieron-de-baja-mas-de- cinco-mil-alumnos-por-la-pandemia-chihuahua-entidad-estudiantes-poblaci on-nivel-estudiantil-educativo-nacional-6749102.html

5 Cfr. https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202105/
202105-RSC-qOIksgis3w-ESTRATEGIANACIONAL_REGRESO_CLASES.pdf

6 Cfr. https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/06/
Guia-orientacion-para-la-apertura.-28-mayo-2021-SALUD.pdf

7 Cfr. http://educacion.chihuahua.gob.mx/sites/default/files/estrategia_chihua hua_seyd.pdf

8 Cfr. https://laopcion.com.mx/opinion/regreso-a-clasesya-20220207-373257.html

9 Cfr. https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/ninos-y-jovenes-mexica nos-tendran-hasta-tres-anos-de-rezago-escolar-7355848.html

10 Cfr. https://www.omnia.com.mx/noticia/208196/piden-padres-y-ninos-regreso-a- clases-presenciales;

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2022.

Diputados: Andrea Chávez Treviño, Susana Prieto Terrazas, Daniel Murguía Lardizábal, Jesús Roberto Briano Borunda, Lilia Aguilar Gil (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Órgano Superior de Fiscalización mexiquense a incluir Toluca de Lerdo en el programa anual de auditorías respecto al ejercicio fiscal de 2021, a cargo de la diputada María Teresa Castell de Oro Palacios, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada federal María Teresa Castell de Oro Palacios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México a que, acorde a sus atribuciones legales, incluya al municipio de Toluca de Lerdo en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización del Ejercicio Fiscal de 2021, en términos de las siguientes

Consideraciones

La rendición de cuentas en los tres ámbitos de gobierno es, sin duda, un deber de todo servidor público, ya que a través de ella se puede coadyuvar con la erradicación de la impunidad y la corrupción, males que desafortunadamente aún se encuentran presentes en la administración pública mexicana.

Por ello, es menester que los entes encargados de vigilar el correcto uso de los recursos públicos que le son otorgados a las distintas entidades de la administración pública, como es el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, actúen acorde con sus responsabilidades legales cuando exista la mínima sospecha de que alguna autoridad está haciendo mal uso del dinero de los ciudadanos, sin importar filiación política ni partidista.

En consecuencia, se hace un llamado respetuoso, pero enérgico, para que se comiencen las averiguaciones respecto a los señalamientos de malos manejos de las finanzas públicas durante la administración municipal de Toluca de Lerdo 2019 - 2021, ya que, entre otras inconsistencias, se dejó sin sueldo, prima vacacional y demás prestaciones a centenas de trabajadores y funcionarios y se infló el precio de arrendamiento de vehículos para seguridad pública.

Por lo anterior, se detallan a continuación algunas de las situaciones que mayor alarma causaron a los ciudadanos mexiquenses y que han llevado a la promovente a realizar el exhorto en comento.

1. El expresidente municipal de Toluca de Lerdo durante el periodo 2019 – 2021, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, fue señalado por un posible desvío de recursos en el contrato otorgado por concepto de arrendamiento de patrullas sedán y pick up, por un monto de 411 millones de pesos más IVA. No obstante, el funcionario declaró que únicamente se habían invertido 200 millones de pesos, por lo que existe un excedente que hasta la fecha no se ha aclarado.1

2. Respecto a los trabajadores del Ayuntamiento de Toluca, se registró una interrupción en el pago del sueldo que por ley les corresponde, adeudando salarios, primas vacacionales y aguinaldos a más de 1,100 funcionarios, aunado a los 340 sindicalizados a quienes se les pagó a destiempo. Por lo anterior, los trabajadores han expuesto sus inquietudes ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial.2

3. Durante la administración municipal en comento, aunado a las irregularidades administrativas antes señaladas, se tiene constancia de tres casos de nepotismo, donde documentos oficiales del Ayuntamiento indican que se contrató a las esposas de tres directores de área cercanos a Juan Rodolfo Sánchez Gómez, cuyos sueldos ascendieron a los 80 mil pesos mensuales.3

4. Finalmente, se detectaron a poco más de mil personas que fungían como aviadores en la nómina municipal durante el periodo 2019 – 2021, mismas que se encontraban en todas las áreas del municipio, con sueldos muy por encima del puesto que supuestamente desempeñaban. Incluso la administración entrante a iniciado con la baja de estos individuos.4

Es por los puntos antes vertidos, así como por la inquietud de los ciudadanos y trabajadores de Toluca, que resulta urgente instar a las distintas dependencias de la administración pública, tanto a nivel local como federal, a investigar los dichos que ponen en tela de juicio la actuación del ciudadano Juan Rodolfo Sánchez Gómez y esclarecer a la brevedad las acusaciones que pesan en su contra.

Claramente son muchos los señalamientos en contra del exfuncionario, por lo que debe privilegiarse la atención de este caso por parte de la autoridad local encargada del escrutinio de las finanzas, a través de los mecanismos legalmente constituidos para este fin, de tal suerte que sea posible aclarar, o en dado caso fincar las sanciones correspondientes, a todo aquel que abuse del cargo que le ha encomendado la voluntad popular.

En este sentido, y ante los argumentos antes vertidos, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México a que, acorde a sus atribuciones legales, incluya al municipio de Toluca de Lerdo en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización del Ejercicio Fiscal de 2021.

Notas

1 El Sol de Toluca (2021). El alcalde de Toluca fue denunciado en “la mañanera” por supuestos actos de corrupción. Consultado en: https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/el-alcalde-de-toluca-juan-rodolf o-sanchez-gomez-fue-denunciado-en-la-mananera-de-amlo-por-supuestos-act os-de-corrupcion-6534293.html

2 El Sol de Toluca (2021). Trabajadores sindicalizados de Toluca denunciarán penalmente a Juan Rodolfo Sánchez. Consultado en: https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/trabajadores-sindicalizados-de-t oluca-denunciaran-penalmente-a-juan-rodolfo-sanchez-7674817.html

3 Report3 Estado de México (2021). Denuncian tres casos de nepotismo autorizados por Juan Rodolfo Sánchez Gómez. Consultado en: https://www.reporte3.mx/denuncian-tres-casos-nepotismo-autorizados-juan -rodolfo-sanchez-gomez/

4 ADNoticias (2022). Tenía Juan Rodolfo más de mil aviadores en el ayuntamiento. Consultado en: https://adnoticias.mx/aviadores-administracion-de-juan-rodolfo/

Dado en salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2022.

Diputada María Teresa Castell de Oro Palacios (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado mexiquense a realizar acciones tendentes a sumarse al programa IMSS-Bienestar del gobierno federal y hacer públicos los avances de la construcción de los diez hospitales en los municipios de la ZMVM, a cargo de la diputada Susana Cano González, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Susana Cano González, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que la honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, a que realice todas las acciones tendientes para adherirse al programa de IMSS-Bienestar del gobierno federal y que haga públicos los avances que ha tenido la construción de los diez hospitales que están ubicados en los municipios de la zona metropolitana del Valle de México como: Acolman, Aculco, Chicoloapan, Coacalco, Zumpango, Tepotzotlán, Zinacantepec, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Ecatepec, haciendo público el tiempo que tardará en concluir cada obra, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El programa IMSS-Bienestar ya venía proyectándose desde años atrás, cómo la evolución y la reivindicación del modelo de salud en nuestro país, se anunció que sería un programa para dar cobertura de salud a personas sin seguridad social, es decir aquellas que no son asalariadas o que no cuentan con suficiente capacidad contributiva, por ello este programa atiende a un gran sector de la población para garantizarle su derecho humano de acceso a la salud, a través de unidades médicas de carácter “ambulatorio” y “hospitalario”.

“ El IMSS-Bienestar ofrece servicios de salud a la población no protegida por los sistemas de seguridad social, especialmente en zonas rurales donde el programa es el referente para la atención a la salud, desde una perspectiva comunitaria, lo que contribuye a la inclusión social y a hacer efectivo el derecho constitucional a la protección de la salud. Dentro de los beneficiarios también se incluye a los migrantes que necesitan atención durante su tránsito por el país, a quienes el programa otorga servicios mediante la estrategia de Atención a la Salud de los Migrantes”.1

Actualmente el programa “cuenta con 4 mil 71 establecimientos médicos: 3 mil 622 unidades médicas rurales, 184 brigadas de salud, 140 unidades médicas móviles, 80 hospitales rurales y 45 centros de atención rural obstétrica”.2

Adicionalmente a esto, operan con 68 albergues comunitarios anexos a los hospitales en los cuales se otorga alojamiento, IMSS-Bienestar proporciona atención médica a 11.6 millones de personas en 19 entidades federativas del país.

Su fuerza de trabajo está constituida por más de 26 mil 500 trabajadores entre personal médico, enfermería, acción comunitaria, servicios generales y administrativo. En zonas indígenas, el personal operativo habla 31 lenguas, entre las que destacan náhuatl, mixteco, tzeltal y zapoteco.

Cuenta con una infraestructura de tres mil 622 unidades médicas rurales, 184 brigadas de salud, 140 unidades médicas móviles, 45 centros de atención rural obstétrica y, en el segundo nivel de atención, 80 hospitales rurales que ofrecen las especialidades de mayor demanda social.3

Están en funcionamiento más de tres mil 700 Centros de Atención Rural al Adolescente (CARA), donde se imparten pláticas con un enfoque educativo, integral y preventivo, a pesar de que este programa ha tenido un gran alcance y buenos resultado, todavía falta que siga ampliándose a las zonas marginadas del Estado de México, donde tanta falta nos hace, y que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, busque adherir los hospitales, unidades médicas y de seguridad social de nuestro estado, a este programa federal y pueda incentivar el crecimiento del mismo, a través de la concurrencia del gobierno estatal, en favor de todas y todos los mexiquenses.

Segunda. El 24 de diciembre de 2021 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo mediante el cual se establecen las Reglas de Operación del Programa IMSS-Bienestar para el ejercicio fiscal de 2022.4 Del citado acuerdo, podemos observar de forma clara que se establece el objeto del Programa IMSS-Bienestar, el cual establece:

“tiene por objeto contribuir a garantizar, el derecho constitucional a la protección de la salud, mediante el otorgamiento de servicios de salud, en los diferentes niveles de atención, considerando para ello la implementación y aplicación del Modelo de Atención Integral a la Salud (MAIS) que vincula la prestación de servicios de salud con la participación activa de la comunidad para el autocuidado de su salud, a favor de la población sin seguridad social”.5

Este programa nace de la mano del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de sus direcciones de Prestaciones Médicas, de Finanzas y de Administración, de sus Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS, y tal como podemos observar por la descripción de su objeto, es un programa que busca proteger a la población que no cuenta por el respaldo de un sistema de seguridad social, este programa es innovador ya que parte de una perspectiva comunitaria, con un enfoque de interculturalidad de la salud, los recursos de este programa provienen del Ramo 19 “Aportaciones a Seguridad Social”, y constituyen tal como se puede leer de sus Reglas de Operación “un subsidio federal”, independientemente de los requisitos administrativos de siempre, el único requisito que se le solicita a la población para que pueda adscribirse a este programa, de acuerdo al numeral 3.3 de sus Reglas de Operación, es:

• Registrarse en el Padrón de Población Adscrita mediante la presentación de su Clave Única de Registro de Población (CURP), acta de nacimiento o identificación oficial.

Este programa promueve la atención primaria, privilegiando el enfoque preventivo del que tanto se ha hablado recientemente como medio innovador de nuestro Sistema de Salud, también este programa sigue persiguiendo alianzas estratégicas con otras instituciones de salud y asistencia social, facilitando una atención integral a la salud mediante el irrestricto respeto a los derechos humanos, la igualdad de género y la no discriminación con un excelente enfoque de interculturalidad de la salud.

Tercera. Muchos gobernadores de diferentes entidades federativas han visto los grandes beneficios que acarrea la integración de los hospitales, unidades médicas, y en general la adhesión de diversos aspectos del Sistema de Salud estatal al Sistema de Salud federalizado, que ha puesto en marcha el Presidente de la República, y con gran razón, al estar todo este sistema federalizado, sería mucho más sencillo y efectivo atender y mejorar los problemas del Sistema de Salud que tanto aquejan a la ciudadanía.

El caso más reciente al respecto, fue el del gobernador de Sinaloa, doctor Rubén Rocha Moya, quien recientemente anunció que el gobierno de Sinaloa y el IMSS realizarán diagnóstico de unidades médicas para incorporarlas a IMSS-Bienestar, donde mencionó que el Hospital Pediátrico de Sinaloa, el Hospital General de Culiacán y el Hospital Integral del Valle de El Carrizo, podrían incorporarse al IMSS-Bienestar y que se revisarían las condiciones de 304 unidades médicas de primer nivel y 28 de segundo nivel.6

El caso de nuestro estado de México es preocupante, ya que si bien algunos hospitales y unidades médicas forman parte del programa IMSS-Bienestar, no son suficientes y este programa no tiene la amplitud que debería en nuestra entidad, y esto parece no ha sido preocupación para nuestro titular del Ejecutivo estatal, ni de sus predecesores, ya que históricamente el Estado de México, una entidad con 16. 99 millones de habitantes, que en su mayoría viven por debajo de los indicadores de bienestar, y que ha mermado su crecimiento debido a la mala gobernanza de los gobiernos neoliberales que han saqueado nuestro hermoso Estado de México.

El tema de la salud en nuestro Estado de México es un tema que deja mucho a deber a los mexiquenses, quienes han sido testigos de hospitales que han tardado 20 años en construirse (y que por supuesto siguen sin terminarse), tal es así que el hartazgo ha llegado a mis compañeros legisladores de Morena en el Congreso del Estado de México, quienes evidenciaron los hospitales de la zona metropolitana del Valle de México, que están en obra negra desde hace varios años,7 y que no se sabe dónde han ido a parar los recursos asignados para su terminación, en razón de ello aplaudo las acciones encaminadas a la limitación del presupuesto para el endeudamiento del Estado de México, y donde se estableció de forma precisa, que esa parte del presupuesto que se autorizó para el endeudamiento, debe ser destinada para terminar esos hospitales que no han sido concluidos y que tanta falta le hacen a nuestra entidad, más ahora, que nos encontramos en una emergencia sanitaria por Covid-19, y que sin duda alguna, si esos hospitales hubiesen estado en funciones como debe de ser, la carga y la ocupación hospitalaria hubiese tenido una mejor y más eficiente atención en nuestra entidad.

Como diputada representante del Estado de México y enfermera de profesión, es mi obligación alzar la voz para que las autoridades de mi estado realicen acciones en favor de la salud de los mexiquenses, por ello es imperativo que el gobernador del Estado de México, nos explique el porqué no ha realizado acciones tendientes a generar convenios que permitan la incorporación de los hospitales y unidades médicas y de seguridad social, al programa IMSS-Bienestar, siendo que según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) de 2020,8 más de 50 por ciento de la población ocupada en nuestro estado, no cuenta con acceso a la seguridad social.

El gobierno de la Cuarta Transformación de la vida pública de nuestro país, ha demostrado que la salud es un eje rector y prioritario para el desarrollo y bienestar de los mexicanos, prueba de ello es el anuncio que nuestro presidente dio el 3 de febrero de este año en La Mañanera en el cual anunció la construcción de un Hospital del Bienestar,9 en el terreno adquirido durante el gobierno de Felipe Calderón, en el cuál sólo pudo construir una barda, en cambio, durante esta administración federal, se está limpiando todo ese desorden que propició impunidad y corrupción beneficiando a los políticos neoliberales.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, a que realice todas las acciones tendientes para adherirse al programa de IMSS-Bienestar del gobierno federal, y que haga públicos los avances que ha tenido la construción de los diez hospitales que están ubicados en los municipios de la zona metropolitana del Valle de México como: Acolman, Aculco, Chicoloapan, Coacalco, Zumpango, Tepotzotlán, Zinacantepec, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Ecatepec, haciendo público el tiempo que tardará en concluir cada obra.

Notas

1 IMSS-Bienestar: ¿qué es, cómo funciona y en qué hospitales opera? Expansión Política. 21 de septiembre de 2021, Consultado el 12 de febrero de 2022 de: https://politica.expansion.mx/mexico/2021/09/21/quees-imss-bienestar-co mo-funciona

2 Ibídem

3 Ibídem.

4 Acuerdo mediante el cual se establecen las Reglas de Operación del Programa IMSS-Bienestar para el ejercicio fiscal 2022. Consultado de: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639354&fecha=24/12/ 2021

5 Ibídem.

6 Espejo las Cosas Como Son. Gobierno de Sinaloa e IMSS realizarán diagnóstico de unidades médicas para incorporarlas a IMSS-Bienestar. Consultado el 13 de febrero de 2022, de: https://revistaespejo.com/2022/02/14/gobierno-de-sinaloa-e-imss-realiza ran-diagnostico-de-unidadesmedicas-para-incorporarlas-a-imss-bienestar/

7 El Sol de México . Terminarán Hospitales Abandonados en EDOMEX. 31 de enero de 2022. Consultado el

14 de febrero de 2022 de: https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/valle-de-mexico/terminaranho spitales-olvidados-en-edomex-7801480.html

8 Coneval. Nota Técnica Sobre Acceso a la Seguridad Social. Consultado de:

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_201 8_2020/Notas_pobreza_2020/Nota_

tecnica_sobre_la_carencia_por_acceso_a_la_seguridad_soci al_2018_2020.pdf

9 El Financiero . Terreno que era para refinería de Tula será Hospital de IMSS Bienestar, anuncia AMLO 3 de febrero de 2022, consultado el 13 de febrero de 2022 de:

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/02/03/
terreno-que-era-para-refineria-de-tula-serahospital-de-imss-bienestar-anuncia-amlo/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2022.

Diputada Susana Cano González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Estado mexicano a sumarse al Convenio sobre la Ciberdelincuencia, Convenio de Budapest, a cargo de la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Estado mexicano a que se adhiera al convenio sobre la ciberdelincuencia: Convenio de Budapest, conforme a los siguientes

Antecedentes

Los profundos cambios sociales provocados por la digitalización, la convergencia y la globalización, se reflejan en la utilización y el desarrollo de las tecnologías de la información, configuran un riesgo sobre la información electrónica, derivado de este medio son utilizadas para cometer delitos y de que las pruebas relativas a dichos delitos sean almacenadas y transmitidas por medio de dichas redes.

El Consejo de Europa estableció el convenio sobre la ciberdelincuencia como Convenio de Budapest, con la intención de implementar un enfoque cooperativo y uniforme para el procesamiento penal frente a la ciberdelincuencia, en particular mediante la adopción de una legislación adecuada y la mejora de la cooperación internacional. El instrumento internacional fue firmado en Budapest Hungría el 23 de noviembre de 2001 y entró en vigor el 1 de julio de 2004, actualmente cuenta con 65 estados miembros. Es el primer instrumento multilateral jurídicamente vinculante para regular el ciberdelito.

El incremento de los ciberdelitos representan un reto para la política internacional, existen diferentes normas que intentan regular el alcance y las consecuencias del intercambio de información, de los actos que pongan en peligro la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas, redes y datos informáticos, con el Convenio de Budapest se busca facilitar la detección, investigación y sanción, tanto a nivel nacional como internacional, estableciendo disposiciones materiales que permitan una cooperación internacional rápida y fiable.

Teniendo presente la necesidad de garantizar el debido equilibrio entre los intereses de la acción penal y el respeto de los derechos humanos fundamentales consagrados en el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Derechos Humanos y de las libertades Fundamentales (1950), el Pacto de la Protección de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (1966) y otros tratados internacionales aplicables en materia de derechos humanos, que reafirman el derecho a defender la propia opinión sin interferencia, el derecho a la libertad de expresión, incluida en la libertad de buscar, obtener y comunicar información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, así como el respeto a la vida privada.1 .

El Convenio de Budapest es el primer tratado internacional sobre delitos cometidos a través de internet y otras redes informáticas, se ocupa especialmente de las infracciones de los derechos de autor, el fraude informático, la pornografía infantil y las violaciones de la seguridad de la red. Su principal objetivo establecido en el preámbulo es aplicar una política común destinada a la protección de la sociedad contra los ciberdelitos, especialmente mediante la adopción de la legislación adecuada y el fomento de la cooperación internacional.

En general, el Convenio de Budapest desempeña tres funciones principales: La primera es la de una base sustancial para criminalizar la ciberdelincuencia; la segunda es la de una base para recolectar y usar pruebas electrónicas; y la tercera, la de una base para la asistencia legal mutua formal y requiere que los miembros proporcionen un punto de contacto todos los días a todas horas, para que la comunicación internacional rápida e informal.

Actualmente México se encuentra como observador del Convenio de Budapest, de manera formal ha sido invitado a ascender y adherirse al mismo, y a la fecha no lo ha hecho. México debe adherirse y tomarlo como una guía para establecer políticas públicas referentes a la cibercriminalidad, conceptualizar y tipificar delitos y entender desde otro punto al ciberespacio, la política exterior que adopte debe estar comprometida con los retos y amenazas propios y actuales.

Considerandos

I.- El artículo 6, fracción I, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de las y los diputados.

II.- Conforme al artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

III.- Conforme al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas que se encuentren dentro del país gozarán de los derechos humanos reconocidos tanto en la constitución, como en los tratados internacionales. “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así? como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá? restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.”

Asimismo, en el párrafo segundo se establece:

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

IV.- Conforme a la fracción primera, artículo setenta y seis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo federal con base en los informes anuales que el presidente de la República y el secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso. Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así? como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;

V.- Que conforme al artículo ciento treinta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.

VI.- Conforme a la Ley Sobre la Celebración de Tratados, dentro de los principios que deberá sustanciarse para la celebración y coordinación de tratados en su artículo quinto: La Secretaría de Relaciones Exteriores, sin afectar el ejercicio de las atribuciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal, coordinara? las acciones necesarias para la celebración de cualquier tratado y formulara? una opinión acerca de la procedencia de suscribirlo y, cuando haya sido suscrito, lo inscribirá? en el registro correspondiente.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, con el siguiente resolutivo:

Punto de Acuerdo

Único. - Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que lleve a cabo las acciones necesarias para que el Estado mexicano se adhiera al Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia y a su protocolo adicional.

Nota

1 Convenio sobre la ciberdelincuencia. https://www.oas.org/juridico/english/cyb_pry_convenio.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 17 de febrero de 2022.

Diputada Mariana Gómez Del Campo Gurza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a ponderar en conmemoración de los 10 años de la firma del TLC con Centroamérica su actualización para fomentar la relación comercial con la zona, a cargo de la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal para que en conmemoración de los diez años de la firma del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, promueva su actualización para fortalecer las relaciones comerciales de la región, incorporando las nuevas tecnologías, la migración, el medio ambiente, la protección a los derechos humanos y los demás temas relevantes de la agenda común centroamericana, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Objeto

El presente punto de acuerdo tiene como objetivo el fortalecer y actualizar las relaciones comerciales de México con los países de Centroamérica y consolidar la economía de la región, esto en el marco del décimo aniversario del Tratado de Libre Comercio México-Centroamérica

De la importancia de la cooperación internacional y los tratados comerciales

Los países centroamericanos comparten condiciones naturales similares y procesos históricos vinculados. Desde la presencia de culturas prehispánicas hasta los movimientos migratorios actuales, los países de la región tienen retos y problemáticas similares que han requerido la elaboración de políticas comunes, una de ellas es la de lograr el desarrollo económico de la región de manera conjunta y equilibrada como parte de la solución a los problemas conjuntos, por ello la creación de un bloque comercial centroamericano, desde su inicios, constituye un paso importante para lograr ese objetivo de desarrollo común.

Para México es importante consolidar la región, principalmente para las entidades federativas del sur del país, pues son los vecinos naturales con los que se comparten tanto frontera como cultura, tradición, condiciones económicas, condiciones naturales y de biodiversidad, así como corredores económicos y comerciales con flujo constante de mercancías.

Más aún, hoy con los proyectos regionales estratégicos en marcha como son el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, la economía de la región se verá potenciada tanto en el sector turístico como en el energético favoreciendo a los productores artesanales, a los campesinos y a los pequeños y medianos productores de insumos para estos sectores principalmente, por lo que se abre una oportunidad para fortalecer los lazos culturales y la economía de la región.

En ese sentido y considerando la interconexión global, se hace cada vez más necesario establecer estrategias de competencia y cooperación internacional que le permita a las naciones integrarse en las cadenas de valor y en el mercado mundial de manera más competitiva para impulsar su desarrollo económico y el bienestar de su población.

Dentro de este tipo de cadenas se encuentran los acuerdos comerciales, y aunque los tipos son diversos, la forma predilecta de intercambio a nivel internacional se materializa a través de la celebración de un Tratado de Libre Comercio (TLC).

Así, un TLC consiste fundamentalmente en un convenio celebrado entre dos o más países que busca primordialmente reducir o eliminar las tasas impositivas del comercio de productos y servicios entre las naciones firmantes, lo que permite aumentar la capacidad económica de los países firmantes al incrementar el comercio, actividad que representa una fuente importante de los ingresos de los países, favoreciendo además la integración productiva, la creación de cadenas de valor global y la generación de bloques económicos que posteriormente pueden transformarse en alianzas estratégicas en diversos rubros, tal y como sucedió en un inicio con la Unión Europea.

México tiene una amplia y larga historia de cooperación económica con otras naciones, destacándose entre otros, el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM), el reciente Tratado entre México, Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC), el cual entró en vigor el 1 de julio de 2020 y constituye un esfuerzo trilateral para la modernización del anterior Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), así como el Tratado de Libre Comercio México-Centroamérica, firmado el 22 de noviembre de 2011, por México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua y en vigor en nuestra República desde el 1 de septiembre de 2012.1

TLC con Centroamérica, sus antecedentes

Este último constituye el principal instrumento multilateral que ha coadyuvado al desarrollo de las relaciones comerciales entre los estados firmantes, consolidándose como el resultado de la unificación de los tratados que el Estado mexicano había celebrado de manera particular con las partes centroamericanas en los años noventa; originalmente denominado como Tratado México-Triángulo Norte, contó con la participación de México, El Salvador, Guatemala y Honduras, y fue signado en Palacio Nacional de la Ciudad de México2 el 29 de junio de 2000 por los presidentes de dichas naciones, entrando en vigor en marzo de 2001.

Sin embargo, ante el avance del Mercado Común Centroamericano y tras los acuerdos comerciales con América del Norte, México tuvo la oportunidad de dinamizar y expandir los mercados internacionales a la vez de revitalizar y afianzar sus relaciones internacionales con sus pares centroamericanos, los que además, poseían la cualidad de tener una historia económica y social similar,3 además de compartir determinadas agendas por su vecindad geográfica.

Ello resulta evidente en los indicadores de inversión extranjera de salida, que entre 1990 y 2000 se multiplicaron 209.6 por ciento, siendo que en 1990 la inversión mexicana en el extranjero ascendía a 2 mil 672 millones de dólares, y para el año 2000 aumentó a 8 mil 273 millones de dólares.4

Ilustración 1 Martha Cordero, basado en datos proporcionados por UNCTAD. La inversión mexicana en Centroamérica. p. 24. Consultado en: https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/44912/S1900 979_es.pdf

Como se muestra en la gráfica anterior, la creciente inversión extranjera de salida a partir del año 2000 permitió que empresas mexicanas que tenían un mercado nacional consolidado, expandieran sus capitales financieros a regiones como Centroamérica, cuyos stocks representaban 1.5 por ciento del mercado mexicano.

Durante este periodo los flujos de inversión favorecieron a empresas mexicanas especializadas en sectores como la construcción, las telecomunicaciones o la industria alimentaria. Destacando los casos de: “Cemex, Grupo Vitro, Femsa, América Móvil, Grupo Bimbo, Grupo Gruma, Televisa y Grupo México”.5

TLC con Centroamérica hoy

Asimismo, un nuevo enfoque en la política exterior permitió que además del crecimiento económico, México optara por incluir en la renovación de dicho tratado económico elementos como el cuidado al medio ambiente, la inclusión o el progreso social por mencionar algunos aspectos, direccionando su política exterior al concepto de “desarrollo humano sostenible.6

En ese esfuerzo, el Estado mexicano desplegó su interés en la innovación, actualización y homologación de un Tratado de Libre Comercio con la región centroamericana, en el cual se plasmaran las preocupaciones de las partes, de tal manera que en su primera modernización se agregaron temas vinculados con: “los compromisos de los acuerdos previos en el tema de comercio de bienes, contratación pública, inversión, comercio de servicios, comercio electrónico, propiedad intelectual, administración del tratado y mecanismos de solución de controversias”.7

De esta forma, el Tratado México-Centroamérica contiene una serie de principios y acuerdos que se han adaptado a un contexto internacional caracterizado por la globalización y el intercambio comercial entre los proveedores y usuarios de los servicios e inversiones, mismo que se ha visto potenciado gracias a la desgravación de aranceles a diversos productos conforme a los principios enmarcados en el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés); el cual ha promovido entre las partes suscritas desde 2011 y hasta 2017, última fecha en la que se tiene registro, la liberalización del comercio en 21 por ciento;8 incentivando la Inversión Extranjera Directa mexicana en territorio centroamericano, que de acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) asciende a 5.6 por ciento9 ; a cual, durante el periodo comprendido entre 1999-2017 sumó un total de 898 millones de dólares10 ; distribuida de la siguiente manera:

Ilustración 2 Elaboración propia basada en datos de Martha Cordero, Relaciones comerciales entre México y Centroamérica. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 2019

Las exportaciones en números

A la fecha este Tratado ha facilitado el comercio entre los países firmantes, particularmente para México, que desde 2014 ha incrementado el número de exportaciones a dicha región, mismas que si bien no han sido constantes, si demuestran un crecimiento generalizado en la mayoría de los casos, tal y como se comprueba de las siguientes tablas:

A pesar del crecimiento fluctuante, se advierte que durante el periodo comprendido entre 2016 y 2019 el crecimiento se tornó estable y en términos generales, el comercio con dicha región es positivo para México, viéndose afectado durante los últimos años, probablemente a causa de la pandemia provocada por Covid-19:

Destacando que durante el periodo comprendido entre 2011 y 2019, la tasa media de crecimiento fue la siguiente:

Las importaciones en números

Respecto a las importaciones del resto de estados firmantes a México, se advierten comportamientos diferenciados; por un lado Honduras y El Salvador han incrementado su presencia en México, mientras que Guatemala ha sido estable y en el otro extremo de la balanza se encuentra Nicaragua y Costa Rica quienes han disminuido sus exportaciones hacia México; destacando que a pesar de lo anterior, este último tuvo un importante incremento durante 2020:

Destacando que durante el periodo comprendido entre 2011 y 2019, la tasa media de crecimiento fue la siguiente:

Principales importaciones y exportaciones de la región

De los siguientes cuadros se advierte que muchos de los productos comercializados entre estados forman parte de un régimen complementario que surte a industrias complejas, como en el caso de las manufacturas eléctricas y electrónicas; por lo que la necesidad mutua de insumos ha fortalecido la presencia de estas industrias en la región y ha atraído más inversión extranjera.

Asimismo se identifican ramos de especialización entre estados; en el caso de México ello se advierte de la exportación de vehículos automotores y sus partes, maquinarias y equipo, así como productos químicos de higiene y farmacéuticos; mientras que la mayoría de sus importaciones en la región corresponden a textiles, manufacturas de alimentos e insumos de manufacturas medias:

México-Costa Rica

México-Guatemala

México-El Salvador

México-Honduras

México-Nicaragua

Así, después de prácticamente diez años de tratado, la región mantiene su dinamismo y complementariedad productiva a pesar de la falta de actualización para traer al presente los rubros del Tratado, lo que sin lugar a dudas permitiría consolidar de manera sostenida y estable el comercio, además de generar una estructura industrial que permita lograr una mayor integración y por tanto una mayor fortaleza de los estados parte.

TLC con Centroamérica, los retos

De las anteriores tablas, así como de la revisión que se realice a los indicadores nacionales e internacionales se advertirá que en materia de comercio exterior, el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica reportó que entre 2009 a 2019, la actividad comercial bilateral entre México y Costa Rica aumentó 5.1 por ciento, y además, las importaciones y exportaciones sumaron un total de mil 459 millones de dólares.11 Asimismo, en 2014 se había convertido en el segundo proveedor de importaciones representando 17 por ciento del mercado latinoamericano.12

Sin embargo, el Ministerio de Economía de Guatemala señala que su balanza comercial es deficitaria, pues ha importado más productos de los que ha exportado, ya que hasta abril de 2018 tenía un saldo comercial de -513.3 millones de dólares.13 Con todo, fue el cuarto destino de las exportaciones mexicanas, ocupando el 7.1 por ciento14 del mercado en América Latina.

Por otra parte, la Secretaría de Economía reporta que las relaciones comerciales con El Salvador de 1999 al 2020 ascendieron a 296 por ciento del comercio total por valores anuales; las exportaciones aumentaron 242 por ciento y las importaciones mil 61 por ciento, y también, ocupó el lugar cuarenta y uno del comercio total para México.15

Respecto a las relaciones comerciales con Honduras, hasta 2015 habían sumado 888.8 millones dólares, además de constituirse como el cuarto socio comercial de México.16 De forma similar, México en 2021 era el cuarto mercado de destino para Nicaragua, con 4.2 por ciento del valor de sus exportaciones totales.17

De todo lo anterior se advierte que si bien es cierto que el Tratado de Libre Comercio México-Centroamérica ha sido favorable para México, debido a un balance comercial superavitario; así como a mayores flujos de Inversión Extranjera Directa, los cuales han promovido la internacionalización de empresas mexicanas en territorios centroamericanos, no menos cierto es que aún existen áreas de oportunidad para generar una mayor derrama económica para los Estados parte, aprovechando las nuevas tecnologías y los avances científicos y tecnológicos de la última década, todo ello, con la finalidad de avanzar un paso más en la integración e inclusión social que esta Cuarta Transformación representa.

A pesar, de que en el Plan Sectorial de la Secretaría de Relaciones Exteriores 2020-2024 se consideraba como el interés nacional: “(...) fortalecer el desarrollo nacional y acrecentar el bienestar del pueblo de México”18 , las condiciones en el escenario internacional derivadas de la pandemia de Covid-19 han replanteado en gran manera el direccionar de la política exterior de los Estados, pues diversos actores internacionales han posicionado en el centro de sus objetivos la recuperación económica, en las que se incluyen estrategias como la cooperación de los estados.

Áreas de oportunidad en la modernización del TLC con Centroamérica

Bienestar común

En ese sentido, el interés nacional de la administración encabezada por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se delinea a través de acciones, objetivos y estrategias que traen consigo la recuperación económica de México sin dejar de lado el bienestar y la inclusión social, particularmente en las regiones del sur de México, las cuales colindan territorialmente con diversas naciones de Centroamérica y se alinean perfectamente con las políticas públicas del Presidente de la República.

Mipymes

Por lo cual, la coyuntura enmarcada se constituye como una oportunidad importante para modernizar el Tratado México-Centroamérica para adecuar y ampliar la participación de las empresas mexicanas incluyendo a las pequeñas y medianas, que de acuerdo a datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, AC, generan 72 por ciento de los empleos a nivel nacional.19

Comercio electrónico

Esta es un área que a nivel mundial y debido a la Pandemia de Covid-19 se ha potenciado, de acuerdo a datos de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 2020 tuvo un aumentó de 16 a 19 por ciento en las ventas de minoristas en comercio digital; mientras que durante 2019 estas ventas alcanzaron los 26.7 billones de dólares.20 En este contexto tener reglas claras y consensadas entre los miembros del tratado comercial permitirá el buen desarrollo de estas formas de comercio.

Paralelamente, la modernización de este instrumento podría ser un catalizador para la balanza comercial mexicana, ya que en la actualidad hay una amplia cartera de empresas exportadoras que contribuyen a la recuperación económica nacional, pues tal como Alfonso Ramírez Jiménez, consultor asociado de la firma consultora especializada en comercio internacional ALIADOS señaló: “(...) un total de 3 mil 540 compañías mexicanas envían productos a Guatemala, mientras que 2 mil 637 lo hacen a Costa Rica; 2 mil 23 exportan a El Salvador; mil 716 a Honduras, y solo mil 277 envían mercancías hacia a Nicaragua”.21

Asimismo, UNCTAD ha señalado que en América Latina en 2019 existían 346 millones de usuarios en internet, de los cuales se estimó que 21 por ciento de los usuarios eran activos en el comercio digital.22 En México las ganancias por las ventas por comercio digital ascendían a 31 mil millones de dólares en 2019; además, como se ejemplifica en la siguiente gráfica, el porcentaje de participación de los usuarios en los mercados de comercio digital mexicano, costarricense, hondureño, salvadoreño y nicaragüenses fue de 22, 18, 2, 3 y 3 por ciento.23

En este contexto, en donde los pronósticos respecto al número de usuarios que participan en el comercio digital es superado, se hace indispensable la creación de un capítulo especializado en comercio y plataformas digitales para acceder a bienes y servicios; así como el de las partes que los proveen; lo cual no se contiene en el TLC vigente, de 2011.

Medio ambiente y protección animal

Otro de los motivos para actualizar este Tratado se encuentra en el artículo 3.6 inciso C, relativa a la importación temporal de animales de circo, el cual, va en contra de lo establecido en la actual legislación mexicana, toda vez que el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2015, particularmente en la modificación al artículo 78 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, señala expresamente que en México está prohibido el uso de ejemplares de vida silvestre en los circos.24

Otros temas a considerar

Una posible actualización a este tratado comercial puede detonar la creación de estrategias comunes en términos de movilidad de personas e incluso de trabajadores temporales, así como fomentar la cooperación en proyectos económicos que generen las oportunidades de desarrollo local en cada uno de los países involucrados, como actualmente se está buscando lograr con el programa Sembrando Vida, que ahora ya se aplica en El salvador, Honduras y Guatemala y que ahora el gobierno de los Estados Unidos de América adoptó como modelo para atender la migración en la región.

Control migratorio y de fronteras

En ese sentido, el tema actual de la región fronteriza del sur de México es el relativo a la migración. Por ello, al renovarse el TLC de referencia, se pueden impulsar nuevos mecanismos e instrumentos que permitan incluir apartados relativos al tema, para crear estrategias comunes en materia de control migratorio y de fronteras, considerando las nuevas tendencias en materia de movilidad humana, en búsqueda de generar oportunidades de desarrollo local en cada uno de los países firmantes.

Conclusiones

Sin lugar a dudas, el Estado mexicano tiene la posibilidad de posicionarse como un actor que lidere el fortalecimiento de las relaciones comerciales de cooperación en la región, ya que ante el dinamismo y crecimiento exponencial del Mercado Común Centroamericano es un imperativo la modernización y actualización de un Tratado de Libre Comercio, que a diez años de su firma, ha demostrado ampliamente las ventajas de su celebración para las empresas mexicanas y la economía de la región.

Ante el vigor de las relaciones internacionales, México atraviesa un momento de retos y oportunidades excepcionales para afianzar la recuperación económica de la ciudadanía. Asimismo, los efectos multiplicadores que deriven de una renovación de este instrumento, se verían reflejados en los niveles de empleabilidad de nuestros conciudadanos y países hermanos y, en las cadenas de valor de las pequeñas y medianas empresas, manteniendo los altos principios de solidaridad y cooperación entre naciones.

Por todo lo antes expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que en conmemoración de los diez años de la firma del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, promueva su actualización para fortalecer las relaciones comerciales de la región, incorporando las nuevas tecnologías, la migración, el medio ambiente, la protección a los derechos humanos y los demás temas relevantes de la agenda común centroamericana.

Notas

1 Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/224505/2.4.6_Mx-Centroam _rica.pdf

2 http://internacionales.pri.org.mx/SabiasQue/Sabias.aspx?y=5180#:~:text=A%20partir%20de%
20entonces%20se%20logr%C3%B3%20la%20firma,Senado%2C%20entr%C3%B3%20en%20vigor%20en%20marzo%20de%202001.

3 Aderak Quintana Estrada. Acuerdo Comercial entre México y Centroámerica. Observatorio del Desarrollo. p. 26. Consultado en: https://estudiosdeldesarrollo.mx/observatoriodeldesarrollo/wp-content/u ploads/2019/05/OD1-6.pdf

4 Martha Cordero Sánchez. La inversión mexicana en Centroamérica. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 2019. p. 24. Consultado en: https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/44912/S1900 979_es.pdf

5 Ídem

6 Centro de Estudios de Finanzas Públicas. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Cámara de Diputados. LX Legislatura. p. 26. Consultado en:

https://cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp096200 7.pdf

7 Martha Cordero. Relaciones comerciales entre México y Centroamérica. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 2019. p. 15. Consultado en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44347/4/S1900018_e s.pdf

8 Secretaría de Economía. Tratado de libre de Comercio México-Centroamérica. Consultado en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/224505/2.4.6_Mx-Centroam _rica.pdf

9 Óp. cit. Martha Cordero

10 Ídem

11 Ministerio de Comercio Exterior de la República de Costa Rica. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Guatemala. Consultado en:

https://www.comex.go.cr/tratados/centroamerica-y-mexico/

12 ProMéxico. Ficha técnica. 2014. p. 2. Consultado en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/43882/MEX _Ficha_resumen.pdf

13 Ministerio de Economía de la República de Guatemala. Relación comercial Guatemala-México. p. 6. Consultado en: https://www.mineco.gob.gt/sites/default/files/Integracion%20y%20comerci o%20exterior/gua-mexico_5.pdf

14 Óp. cit. ProMéxico.

15 Secretaría de Economía. El Salvador. p. 3. Consultado en:

https://www.economia.gob.mx/files/gobmx/comercioexterior /fichas/slv.pdf

16 Secretaría de Relaciones Exteriores. México fortalecen sus relaciones bilaterales. Consultado en: https://www.gob.mx/sre/articulos/mexico-y-honduras-fortalecen-relacion- bilateral

17 Banco Central de Nicaragua. Informe de Comercio Exterior. II Trimestre de 2021. p. 4. Consultado en:

https://www.bcn.gob.ni/publicaciones/comercio_exterior

18 DOF. Programa Sectorial de la Secretaría de Relaciones Exteriores derivado del PND. Consultado en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596023&fecha=02/07/2020

19 IMCO. Desarrollando PyMES que el país requiere. Consultado en:
https://imco.org.mx/pymes_que_requiere_mexico_2009/

20 Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. El comercio electrónico mundial alcanza los 26,7 billones de dólares mientras COVID-19 impulsa las ventas en línea. Consultado en: https://unctad.org/es/news/el-comercio-electronico-mundial-alcanza-los- 267-billones-de-dolares-mientras-covid-19-impulsa

21 Víctor Vázquez. Centroamérica, oportunidad de negocios para la industria mexicana. Enero de 2021. Consultado en: https://mexicoindustry.com/noticia/centroamerica-oportunidad-de-negocio s-para-la-industria-mexicana

22 UNCTAD. The UNCTAD B2C e-commerce index 2020. Spotlight on Latin America and the Caribbean. 2021. p. 9. Consultado en:

https://unctad.org/system/files/official-document/tn_unc tad_ict4d17_en.pdf

23 Ídem

24 DOF 09/01/15. Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5378251&fecha=09/01/2015

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2022.

Diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar una reunión con el INM, la Segob y la CNDH para que informen a la opinión pública sobre la situación de los migrantes en territorio nacional, a cargo del diputado Mario Gerardo Riestra Piña, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Mario Gerardo Riestra Piña, diputado integrante de la Sexagésima Quinta Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita citar a reunión de trabajo a los titulares del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que informen a la opinión pública, sobre la situación de los migrantes que se encuentran en el territorio nacional; al tenor de los siguientes

Considerandos

Que toda persona tiene la libertad de elegir dònde vivir y cuándo cambiar de residencia, incluso, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que “...Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado y a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país...”

El concepto de migración en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se considera como conjunto de habitantes de un país que trasladan a su domicilio a otro por un tiempo ilimitado, o en ocasiones temporalmente, distinguiéndose de migraciones, aunque ambas tienen la misma raíz latina de migrator, el que cambia de domicilio, pues estas últimas se definen como acción y efecto de pasar de un país a otro para establecerse en él. Dícese hablando de las históricas que han hecho las razas o los pueblos enteros. En otras palabras, parecería que, para la academia, y en el caso de América Latina, habría emigración y no migración. (Términos Latinoamericanos para el diccionario de ciencias sociales, 1976.)

La migración siempre ha existido, la cual puede entenderse como el desplazamiento poblacional que implica cambio de residencia de un contexto geográfico o político-administrativo a otro, incluyendo las relaciones económicas y socioculturales capaces de transformar gradual y paulatinamente las tendencias del lugar de salida y de llegada.

En nuestro País, el tema migratorio es muy delicado, complejo y requiere de nuestra atención, ya que en Mèxico se dan diversos tipos migratorios, ademàs que diariamente cientos de migrantes circulan por nuestro territorio.

En los últimos años, la migración en nuestro país se ha convertido en un reto, ya que ha existido un aumento significativo en el flujo de personas migrantes que huyen de su país de origen, ya sea por situaciones de violencia social, guerra, por temor de que su vida esté en peligro, simplemente por el clima, mejores condiciones de vida, entre muchas razones màs.

Según información de la Organización Internacional para la Migraciones (OIM), el corredor migratorio México-Estados Unidos es el más transitado del mundo, al ser Estados Unidos de América el principal destino de la migración mundial.

De acuerdo con lo reportado por la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación (Segob) durante el año 2018: 138 mil 612 personas de distintas nacionalidades estuvieron detenidas en estaciones o estancias migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM), cifra que, en el año 2017, era de 93 mil 846. Mientras que en el 2019 fue de 186 mil 750; en 2020 fue de 83 mil 379 y hasta octubre 2021 de 228 mil 115.

La Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación también reportó que en el año 2018: 31,717 niñas, niños y adolescentes migrantes fueron presentados ante el INM, de los cuales mil 202 viajaban no acompañados (sin papá, mamá o tutor). En el 2019, 51 mil 999; en el 2020 fueron 11 mil 262 y hasta octubre 2021 presentó un aumento de 48 mil 707 en total.

Aunque la migración, en nuestro país, siempre ha existido, es indispensable y trascendente reconocer que es una forma de vida, en la que se requiere cubrir las necesidades básicas y vitales de los migrantes.

Por tal motivo, es necesario que en nuestro país se garanticen los derechos y la atención de los migrantes, en tal virtud es necesario una reunión de trabajo con las áreas competentes para que den a conocer la situación de los migrantes en el territorio nacional.

Por lo que, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita citar a reunión de trabajo a los titulares del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que informen a la opinión pública sobre la situación de los migrantes que se encuentran en el territorio nacional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2022.

Diputado Mario Gerardo Riestra Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a solicitar orden de aprensión contra Ricardo Anaya Cortés ante la negativa a presentarse voluntariamente a la audiencia inicial en el proceso iniciado en su contra, a cargo de la diputada Julieta Ramírez Padilla, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Julieta Ramírez Padilla, diputada del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de la República para que solicite orden de aprehensión en contra de Ricardo Anaya Cortés, ante la evidente negativa a presentarse voluntariamente a la audiencia inicial en el proceso incoado en su contra, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 12 de diciembre de 2013, la Cámara de Diputados votó la reforma constitucional en materia energética por la que los neoliberales debilitaron a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en favor de empresas privadas nacionales y extranjeras.1

Era evidente que los motivos que orillaron a los legisladores del PAN y del PRI no fueron otros más que fajos de dinero, como soborno, lo cual quedó comprobado con los videos dados a conocer años después.

El 16 de agosto de 2020 las sospechas se hicieron realidad, en las redes sociales circularon los videos2 desde un perfil supuestamente de Jesús Lozoya Austin, hermano del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en donde se observa la entrega bolsas de billetes con denominación de 200 y 500 pesos a Rafael Caravero, secretario del senador panista José Luis Lavalle Maury, mismas que a decir del hoy detenido Emilio Lozoya, formaron parte de los 52 millones de pesos que fueron repartidos como sobornos a senadores de Acción Nacional para votar a favor de la reforma energética.

En el video también se observa a Guillermo Gutiérrez Badillo, secretario particular del entonces senador Francisco Domínguez Servién, quien a la postre se convertiría en gobernador del estado de Querétaro, nombrando como su secretario particular nuevamente a Guillermo Gutiérrez Badillo.3

El 11 de agosto de 2020, el ex director de Pemex y principal operador de los sobornos para “convencer” a legisladores de votar a favor de la reforma energética de Enrique Peña Nieto declaró:

“Luis Videgaray Caso me instruyó recibir a Ricardo Anaya Cortés en las oficinas de Pemex y a Ernesto Cordero Arroyo, con quien desayuné en el hotel Four Seasons. En específico, Luis Videgaray Caso me instruyó entregarle 6 millones 800 mil pesos , a Ricardo Anaya Cortes”. 4 Mismos que fueron entregados en el estacionamiento de la Cámara de Diputados, de acuerdo a la narración del hoy detenido.

Para 2016, Ricardo Anaya realizó una supuesta venta de una nave industrial a una empresa fantasma perteneciente a Manuel Barreiro, acusado posteriormente del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero.5

Ante estos hechos, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación el 26 de agosto de 2021, y por el que, el 8 de noviembre de 2021, un juez federal determinó que Ricardo Anaya Cortés tendría que presentarse presencialmente a la audiencia inicial para escuchar las imputaciones que la Fiscalía General del República señala en su contra por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Es el caso que el 14 de febrero del presente año se pretendió desahogar por cuarta ocasión la audiencia de apertura a la cual nuevamente Ricardo Anaya Cortés no asistió.

Ya que es evidente su responsabilidad en los delitos que se le imputan al rehuir una y otra vez a su derecho constitucional de acudir por voluntad propia a escuchar la audiencia inicial en el juicio que se le inició en uno de los juzgados del reclusorio norte.

Es indudable que al saberse responsable de los delitos quiera evadirse, por ende, es urgente la orden de aprehensión para posteriormente iniciar el trámite ante la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), la emisión de la ficha roja con fines de localización en el extranjero de uno de los traidores a la patria, que mediante una reforma constitucional y que por 6. 8 millones entregó a manos privadas la riqueza nacional de Pemex y la CFE.

Siendo que la Fiscalía General de la República es el órgano autónomo al que le corresponde la investigación y la persecución de los delitos del orden federal, en representación de los intereses de la sociedad, tal como lo establece el artículo 5 de la Ley de la Fiscalía General, le corresponde solicitar al juzgado la orden de aprehensión en contra del ex candidato presidencial panista.

En razón de lo antes expuesto y fundado, someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República para que solicite orden de aprehensión en contra de Ricardo Anaya Cortés ante la evidente negativa a presentarse voluntariamente a la audiencia inicial en el proceso incoado en su contra.

Notas

1 https://www.jornada.com.mx/2013/12/13/politica/004n1pol

2 https://www.youtube.com/watch?v=-xA1hCymFqs

3 https://www.youtube.com/watch?v=-xA1hCymFqs

4 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/se-dieron-6-8-mdp-a-ricardo-an aya-por-orden-de-videgaray-asegura-lozoya/

5 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/22/traicion-y-fortuna-la -controvertida-trayectoria-de-ricardo-anaya-el-chico-maravilla-que-inte nta-resurgir-de-las-cenizas/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2022.

Diputada Julieta Ramírez Padilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobernador de Zacatecas y las secretarías de la APF a hacer públicos los avances en los resultados del plan de rescate de la entidad, a cargo del diputado Miguel Ángel Varela Pinedo, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Miguel Ángel Varela Pinedo, integrante de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Zacatecas y a los titulares de las secretarias de Estado del gobierno federal a hacer públicos los avances en los resultados del “Plan de rescate a Zacatecas”, implementado el pasado mes de noviembre.

Consideraciones

El pasado 24 de noviembre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió al estado de Zacatecas a presentar en conjunto con los secretarios de estado del gobierno federal el “Plan para rescatar Zacatecas”, ello debido al alza de violencia e inseguridad que, desde que entró en funciones, el actual gobierno estatal se ha presentado en el estado afectando a miles de zacatecanos.

En dicha conferencia mañanera el secretario de la Defensa Nacional confirmó el incremento de distintos delitos como homicidio doloso y secuestro y proporciono datos de los elementos del ejército y guardia nacional que en ese momento se encontraban operando y la propuesta de reforzamiento de elementos de ambas corporaciones en apoyo a la seguridad del estado. Asimismo, anuncio que dicho plan se aplicaría 30 días y posteriormente se haría una revisión del mismo y de ser necesario se modificaría y reforzaría de acuerdo a los resultados obtenidos.

En el mismo sentido, los demás secretarios de estado que se encontraban presentes como la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Educación, de Bienestar, del Trabajo, Sader, Salud, Medio Ambiente, Turismo, rindieron un informe del presupuesto ejercido en el año anterior, pero no señalaron las próximas acciones a ejecutarse en el estado por parte de las dependencias, lo cual es lamentable pues no quedo completamente claro cuál sería su participación en dicho plan de apoyo, sin duda se necesitan hechos, no solo discursos.

Zacatecas, ha enfrentado unos meses muy complicados, entre los diversos hechos violentos que han ocurrido en el estado de Zacatecas en los últimos meses se encuentra el acontecido la primera semana de septiembre en la comunidad de Ermita de los Correa, ubicada en el municipio de Jerez, en donde miles de habitantes fueron desplazados de sus hogares sin siquiera poder tomar con ellos sus pertenencias más mínimas.

Aunado a lo anterior, se tienen conocimiento por los medios de comunicación de homicidios diarios en todo el territorio estatal, desaparición de personas, ataques armados, entre otros sucesos que han generado intranquilidad entre los zacatecanos.

Sumado a lo anterior, diversos elementos de las policías estatales y municipales han perdido la vida en el cumplimiento de su deber, muchos de ellos jefes de familia, quienes han dejado viudas y huérfanos, que necesitan atención, no solo económica con un seguro de vida suficiente para poder enfrentar los gastos de la familia que dejan, becas para las y los hijos que quedan huérfanos, así como el otorgamiento de programas sociales como las “Tandas de Bienestar” para que la familia pueda emprender un negocio y salir adelante con los gastos familiares.

En cuanto al número de efectivos de la guardia nacional y del ejército que tan amablemente el secretario de la Defensa ofreció incrementar en el estado, debo señalar que considero son muy pocos para el nivel de intensidad de violencia que se manifiesta en la entidad, por lo que solicitaría que se reconsiderara, poder destinar más elementos para los municipios prioritarios. Me permito ilustrar con la tabla compartida el pasado 24 de noviembre de 2021 por el secretario de la Defensa, en donde se destaca que solo se aumentaron 460 elementos más, 210 del Ejercito y 250 de la Guardia Nacional, los cuales, en virtud de los resultados obtenidos a la fecha, han sido insuficientes, pues la violencia no cesa.

En cuanto hace al gobernador del estado, solo se ha limitado a decir que la violencia e inseguridad han ido a la baja y responsabiliza a los gobiernos anteriores de haber dejado una “herencia maldita”, pero no informa de manera puntual cuales han sido los resultados del Plan y las acciones realizadas por parte del gobierno estatal al respecto, pues la realidad es que los Zacatecanos no se sienten más seguros, ni consideran que se esté gestionando de manera adecuada el problema.

Es por ello que solicito a esta soberanía exhortar a los titulares del poder Ejecutivo del estado de Zacatecas y a los demás funcionarios señalados a hacer públicos los resultados obtenidos del “Plan de rescate a Zacatecas” a la fecha, así como reconsiderar el número de elementos del ejército y Guardia Nacional destinados a la entidad, implementar seguro de vida y becas a los hijos de los policías fallecidos en el cumplimento de su deber y otorgar de manera directa el programa “Tandas del Bienestar” a sus deudos.

Así también, se haga público de manera detallada las acciones y el presupuesto que se destinara por dependencia al estado de Zacatecas, pues en el Presupuesto de Egresos de la Federación no se encuentra contemplado para el estado una inversión considerable que logre mitigar los efectos de la violencia e inseguridad por lo que debe exhortarse también al Secretario de Hacienda y Crédito Público a realizar las adecuaciones presupuestales pertinentes para poder apoyar verdaderamente a las familias zacatecanas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo estatal de Zacatecas, y a los titulares de las secretarías de Estado del gobierno federal a hacer públicos los resultados del avance del “Plan de rescate a Zacatecas”, y reconsiderarlo, ampliando el número de efectivos destinados a la entidad, así como la implementación de un seguro de vida, becas escolares y el otorgamiento del “programa Tandas de Bienestar” a los deudos de los policías caídos en el cumplimento de su deber.

Segundo: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las secretarías de Estado del gobierno federal a publicar a detalle las acciones a implementarse en el estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal de 2022 para el cumplimiento de los objetivos del “Plan de rescate a Zacatecas”, así como el presupuesto para ello.

Tercero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar las adecuaciones presupuestarias pertinentes para destinar el presupuesto adecuado y suficiente al estado de Zacatecas que le permitan enfrentar el grave problema de inseguridad en la entidad.

Dado en el pleno de la Cámara de Diputados, a 17 de febrero de 2022.

Diputado Miguel Ángel Varela Pinedo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CNDH a formular una recomendación al gobierno de NL por las violaciones de los derechos de las personas privadas de la libertad en el centro de reinserción social número 1 en Apodaca, suscrita por las diputadas Mariana Mancillas Cabrera, Annia Sarahí Gómez Cárdenas y Wendy Maricela Cordero González, del Grupo Parlamentario del PAN

Mariana Mancillas Cabrera, Annia Sarahí Gómez Cárdenas y Wendy Maricela Cordero González, en su carácter de diputadas federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, en el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir una recomendación al gobernador constitucional del estado de Nuevo León, por las violaciones a los derechos de las personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social número 1, ubicado en Apodaca.

Consideraciones

1. El 7 de enero del año en curso, se suscitaron disturbios en el Centro de Reinserción Social número 1, ubicado en Apodaca, Nuevo León. La revuelta dejó a 56 reos lesionados, 29 fueron trasladados a revisión médica y 8 requirieron hospitalización.

2. El sábado 9 de enero, el secretario de Seguridad del estado, Aldo Fasci Zuazua, señaló en rueda de prensa:

“La riña, fue resultado de las acciones que implementa el estado para acabar con las extorsiones reportadas. Se tomó la decisión de cambios radicales en el sistema penitenciario y eso tiene sus consecuencias”.

Fasci Zuazua explicó que en el penal hay siete maquiladoras y todos los viernes se les paga a los internos por su trabajo, pero hay un grupo que los extorsiona y les quita dinero de su sueldo. Ahora lo que se hizo, sostuvo, es pagarles junto con organizaciones ciudadanas y las maquiladoras de otra manera para que no sean extorsionados.

El funcionario declaró que el incidente inició por un tema de 70 pesos, momento que aprovecharon otros internos para quemar un colchón. “Para incitar a los demás se juntó un grupo a tratar de agredir a otro grupo de extorsionadores, entonces empezaron las agresiones, pero la excusa fue esa”.1

3. Después de las versiones antes expuestas por las autoridades encargadas de los Centros de Reinserción Social, en diversos medios de comunicación se dio a conocer que “los incidentes se presentaron horas después de que el gobernador, Samuel García, en una reunión sobre seguridad, afirmó que a partir de hoy el estado retomaría el control de los penales.”2 Las causas que dieron origen a la riña no son claras, si bien es cierto, existe una versión oficial no conocemos a detalle las condiciones y consecuencias que dieron origen a la violencia que se presentó en el penal.

4. Los Centros de Reinserción Social en Nuevo León tienen antecedentes preocupantes, en 2016 en el Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico, perdieron la vida 49 internos y 34 heridos con lesiones contusas; producto de un motín provocado por el enfrentamiento entre internos del penal, en consecuencia, el 29 de noviembre de 2016, la CNDH emitió la Recomendación 55/2016 sobre el caso del Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico. El Penal de Topo Chico, dejo de funcionar, sin embargo, mostró el alarmante estado en el que se encontraban los internos y las condiciones en las que operaba el penal.

En 2018 en el Centro de Reinserción Social de Cadereyta, perdieron la vida 18 personas internas y 93 lesionadas producto de en un motín. El 9 de julio del mismo año, la CNDH emitió la Recomendación No. 20/2018, en las Recomendaciones que realizó al Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, se detalla:

“Tercera. Se tomen las medidas conducentes a efecto de que en un plazo máximo de seis meses se diseñe e implemente un programa integral en materia penitenciaria, con estrategias y acciones que permitan, funcional, material y presupuestalmente consolidar en la entidad un sistema respetuoso de los derechos humanos, eliminando entre otros problemas la sobrepoblación, hacinamiento, clasificación inadecuada y autogobierno, que generan ambientes de violencia, remitiendo las constancias que acrediten su cumplimiento.3

Los problemas de autogobierno y constantes conflictos entre los internos son el reflejo de las ineficientes políticas que han implementado los gobiernos estatales. En la anterior administración estatal, se intentó cambiar la inercia de violencia que persiste en los penales. Sin embargo, no se logró modificar, existen diversos problemas que siguen poniendo en riesgo la vida de los internos. Las Recomendación número 55/2016 correspondiente al caso del Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico y número 20/2018 del Centro de Reinserción Social de Cadereyta, contribuyen a visibilizar de mejor manera la problemática y ayudan a buscar soluciones a la constante violación de los derechos humanos que enfrentan los internos. Exponen un panorama completo de los conflictos y condiciones en las personas privadas de su libertad.

Es importante considerar que, los acontecimientos que ocurren al interior de los penales repercuten en toda la sociedad, muchos de los problemas de inseguridad que afectan a los neoleoneses se encuentran relacionados con la actividad que se desarrolla en los Centros de Reinserción Social que son responsabilidad estantal. Por lo anterior, es de enorme importancia que la CNDH emita una recomendación correspondiente a los eventos que dieron origen a la revuelta en el Centro Reinserción Social número 1, ubicado en Apodaca, para tratar de darle solución a los enormes problemas que enfrentan los internos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Que exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir una recomendación al gobernador constitucional del estado de Nuevo León, por las violaciones a los derechos de las personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social número 1, ubicado en Apodaca.

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir una recomendación al gobernador constitucional del estado de Nuevo León, por las violaciones a los derechos de las personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social número 1, ubicado en Apodaca.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Nuevo León a diseñar e implementar estrategias y acciones en materia penitenciaria para el respeto de los derechos humanos en todos los Centros de Reinserción Social.

Notas

1 Animal Político Redacción. Riña en penal de Apodaca deja 56 heridos; “fue por problemas de extorsiones”, dicen autoridades, recuperado de: https://www.animalpolitico.com/2022/01/rina-penal-apodaca-por-problemas -de-extorsiones-autoridades-nuevo-leon/ revisión hecha el 18 de enero de 2022.

2 Carrizales David. “Motín en penal de Apodaca, Nuevo León, moviliza a equipos de seguridad” recuperado de: https://www.eluniversal.com.mx/estados/motin-en-penal-de-apodaca-nuevo- leon-moviliza-equipos-de-seguridad/ revisión hecha el 19 de enero de 2022.

3 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recomendación número 20/2018 sobre el motín que derivó en la muerte de 18 personas internas y 93 lesionadas del Centro de Reinserción Social de Cadereyta, Nuevo León. Recuperado de:

file:///C:/Users/ernes/Downloads/Rec_2018_020%20(1).pdf/ revisión hecha el 19 de enero de 2022.

Ciudad de México, a 17 de febrero de 2022.

Diputadas: Mariana Mancillas Cabrera, Annia Sarahí Gómez Cárdenas (rúbrica), Wendy Maricela Cordero González.

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de NL a informar a la opinión pública sobre las características del Programa de Vacunación Transfronterizo, suscrita por las diputadas Mariana Mancillas Cabrera, Annia Sarahí Gómez Cárdenas y Wendy Maricela Cordero González, del Grupo Parlamentario del PAN

Mariana Mancillas Cabrera, Annia Sarahí Gómez Cárdenas y Wendy Maricela Cordero González, en su carácter de diputadas federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, en el que se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Nuevo León, a informar a la opinión pública las características del Programa de Vacunación Transfronterizo.

Consideraciones

1. El 15 de noviembre de 2021 el gobernador constitucional del estado de Nuevo León dio el banderazo de salida a 18 autobuses hacia la frontera de Laredo, Texas, dando inicio al “Programa de Vacunación Transfronterizo para menores de 5 a 11 años”. Durante el evento, destacó:

“Somos el primer estado, como siempre poniendo el ejemplo, que vamos a vacunar a niños de 5 a 11 años. Hoy empieza el proyecto, salen de manera diaria entre 500 y mil niños”, agregó el mandatario estatal.”

“Desconozco si hay otro estado que esté haciendo esta vacunación en sus fronteras, lo que sí sé es que no hay otro que vacune a niños menores de edad y hoy Nuevo León va de 5 a 11 (años)”.1

2. A menos de un mes de dar inicio el Programa de Vacunación Transfronterizo, el gobernador anunció cambios; el 6 de diciembre de 2021, informó que el Programa de Vacunación tendría modificaciones:

“El proyecto de Vacunación Transfronteriza que ahorita lleva 85 mil vacunados, somos el estado con más menores vacunados de la República, 30 mil menores vacunados al día de hoy, el programa se modifica y ahora vamos a enviar a Texas a puros menores de 5 a 15, incentivando a los de 15 a 17 que vengan aquí a los Centros de Salud locales a vacunarse”.2

3. A prácticamente tres meses del inicio del Programa de Vacunación Transfronterizo, se conocen pocos detalles del mismo, el 5 de enero del año en curso, informó:

“Somos el estado que tiene la mayor cantidad de menores vacunados del país, y esto es porque aquí en Nuevo León siempre encontramos el cómo sí, aquí en Nuevo León no hay imposibles”, manifestó.

“Aquí en Nuevo León sí vamos a Estados Unidos, sí vamos a Texas, nos hermanamos con ciudades como Laredo, McAllen, Mission e Hidalgo, y hoy vamos a tener un total ya de 107 mil vacunados.

“Se dice fácil, pero es un trabajal, son tres rutas McAllen, Laredo, Colombia; tres horarios, cientos de camiones, choferes, personal de Salud, Guardia Nacional, Fuerza Civil, Tamaulipas”. Añadió que al igual que Estados Unidos, Nuevo León está hoy vacunando a niños de entre 5 y 15 años.3

4. La información que el gobierno del estado de Nuevo León ha proporcionado a la población a través de los boletines en la página de internet del gobierno y en redes sociales, no se puede contrastar con datos a los cuales podamos acceder, tampoco conocemos el detalle de las escuelas que se han visto beneficiadas del Programa Trasfronterizo, ni cuántas ni cuáles son los colegios que ya tienen vacunadas y vacunados a toda su población o en qué porcentaje.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Que exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Nuevo León, a informar a la opinión pública las características del Programa de Vacunación Transfronterizo.

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Nuevo León a informar a la opinión pública las características del Programa de Vacunación Transfronterizo.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Nuevo León a informar a la opinión pública cuántas y cuáles son las escuelas, secundarias y preparatorias que se han visto beneficiadas del Programa de Vacunación Transfronterizo.

Notas

1 Gobierno del estado de Nuevo León “Arranca Programa de Vacunación Transfronterizo para menores de 5 a 11 años”, recuperado de:

https://www.nl.gob.mx/boletines-comunicados-y-avisos/arr anca-programa-de-vacunacion-transfronterizo-para-menores-de-5-11 (revisión hecha el 13 de enero de 2022).

2 Gobierno del estado de Nuevo León “Vacunación de adolescentes cambiará el Programa Transfronterizo: Samuel García”, recuperado de: https://www.nl.gob.mx/boletines-comunicados-y-avisos/vacunacion-de-adol escentes-cambiara-el-programa-transfronterizo (revisión hecha el 13 de enero de 2022).

3 Gobierno del estado de Nuevo León “Protege vacunación transfronteriza a 107 mil; 50 mil son menores”, recuperado de: https://www.nl.gob.mx/boletines-comunicados-y-avisos/protege-vacunacion -transfronteriza-107-mil-50-mil-son-menores (revisión hecha el 13 de enero de 2022).

Ciudad de México, a 17 de febrero de 2022.

Diputadas: Mariana Mancillas Cabrera, Annia Sarahí Gómez Cárdenas (rúbrica), Wendy Maricela Cordero González

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE a hacer pública la información sobre las medidas del gobierno mexicano en apoyo de los connacionales y el personal diplomático en Ucrania, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales Juan Carlos Romero Hicks, Mariana Gómez del Campo Gurza, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Marco Humberto Aguilar Coronado, Lizbeth Mata Lozano, Krishna Karina Romero Velázquez, Daniela Soraya Álvarez Hernández, Saraí Núñez Cerón y Riult Rivera Gutiérrez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo por el que respetuosamente se exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a hacer pública la información relativa a las medidas que está adoptando el gobierno mexicano, en apoyo de nuestros connacionales y del personal diplomático que se encuentran en Ucrania, así como el papel que ha desempeñado México como integrante del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), respecto de la crisis diplomática que se ha presentado entre los países de Ucrania, la Federación de Rusia y Estados Unidos de América, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Nuevamente, la humanidad se encuentra frente a una crisis bélica que está siendo observada con temor y con cierta cautela por los ojos de todo el mundo, y que es protagonizada por un conflicto diplomático entre los países de Ucrania, la Federación de Rusia y Estados Unidos de América, que podría desembocar en acciones militares de proporciones desmedidas e incluso de un alto nivel bélico.

En este contexto, nuestro país desde que inició su vida diplomática se ha caracterizado por la implementación de una política exterior de no intervención y de solución pacífica de controversias entre Naciones.

Nuestra diplomacia se ha beneficiado de liderazgos con visión de Estado, con apego a principios basados en el Derecho Internacional y el despliegue de funcionarios profesionales y comprometidos con la defensa y la promoción de los intereses nacionales. La diplomacia mexicana ha conjuntado esos factores, en momentos históricos como en la negociación del Tratado de Tlatelolco que proscribe el uso de armas nucleares en América Latina y el Caribe o en la labor de mediación en las guerras civiles en Centroamérica de las décadas de 1980 y 1990.

Recientemente, los ojos del mundo volcaron sus miradas a la escalada de un antiguo conflicto de Europa del Este, teniendo como protagonistas a los países de Ucrania y la Federación de Rusia, y que recientemente ha comenzado a adquirir dimensiones importantes; por lo que, de continuar su avance podría traer consigo repercusiones internacionales en materia humanitaria, económica y política.

El crecimiento de esta crisis comenzó en 2008, cuando la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), declaró que admitirían como países miembros a Ucrania y Georgia, países que habían formado parte de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) hasta su disolución el 26 de diciembre de 1991.

Las tensiones entre Rusia y Ucrania han encendido las alarmas en muchos países alrededor del mundo, ya que se habla de la posibilidad de una guerra entre estos países, esto ha tenido mayor resonancia con la concentración de más de 100 mil soldados rusos junto a la frontera con Ucrania durante el mes de enero y los primeros días de febrero del presente año. Con la presencia del ejército ruso en las fronteras con Ucrania y constantes maniobras militares de Rusia diferentes líderes mundiales se han pronunciado sobre cualquier intento de invasión sobre Ucrania, incluso se han llevado a cabo reuniones que han intentado frenar el crecimiento de la crisis, como la acontecida el pasado 07 de febrero de 2022, entre el presidente francés, Emmanuel Macron, y el presidente ruso Vladimir Putin.1 Y la del canciller alemán, Olaf Scholz, con el mandatario ruso el martes 15 de febrero del año en curso.2

Sin embargo, recientemente las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, del pasado 10 de febrero de 2022 encendieron las alarmas, ya que aconsejó a los ciudadanos estadounidenses que residen en Ucrania que salieran a la brevedad del territorio europeo.

La reacción estadunidense propicio que diferentes países con representación en Ucrania, retiren a su personal diplomático no esencial como el caso propiamente de Alemania, Canadá, España, Estados Unidos y Gran Bretaña; así como, también han aconsejado a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente el país.3, 4

En éste contexto internacional no hay que olvidar la vocación diplomática que ha caracterizado a México, por lo que Secretaría de Relaciones Exteriores tiene como misión conducir la política exterior de México mediante el diálogo, la cooperación, la promoción del país y la atención a los mexicanos en el extranjero, así como coordinar la actuación internacional del gobierno de la República.

La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene como visión hacer de México un país con una presencia constructiva en el mundo, a través de una política exterior responsable y activa que promueva el cumplimiento de las Metas Nacionales desde una institución fortalecida e innovadora.5

Finalmente, México se ha distinguido y caracterizado en el escenario internacional, como un agente de paz y de promoción de buenas prácticas para el entendimiento entre las Naciones, y en esta ocasión no puede, ni debe ser distinto.

Es por lo antes expuesto, que me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a hacer pública la información relativa a las medidas que está adoptando el gobierno mexicano, en apoyo de nuestros connacionales y del personal diplomático que se encuentra en Ucrania, respecto de la crisis diplomática que se ha presentado entre los países de Ucrania, la Federación de Rusia y Estados Unidos de América.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a hacer pública la información relativa al papel que ha desempeñado México como integrante del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), respecto de la crisis diplomática que se ha presentado entre los países de Ucrania, la Federación de Rusia y Estados Unidos de América.

Notas

1 https://expansion.mx/mundo/2022/02/07/macron-putin-conflicto-ucrania

2 https://www.deutschland.de/en/news/scholz-and-putin-defuse-conflict

3 https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/24/mundo/eu-y-gb-retiran-parte -del-personal-de-sus-embajadas-en-ucrania/

4 https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/
diplomaticos-occidentales-abandonan-kiev-quejas-ucranianos_1_8745114.html

5 https://www.gob.mx/sre/que-hacemos

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 17 de febrero de 2022.

Diputados: Juan Carlos Romero Hicks, Mariana Gómez del Campo Gurza, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Marco Humberto Aguilar Coronado, Lizbeth Mata Lozano, Krishna Karina Romero Velázquez, Daniela Soraya Álvarez Hernández, Saraí Núñez Cerón, Riult Rivera Gutiérrez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al CNSP y el CNPC a coordinarse para incluir en los programas de la SSPC el fortalecimiento de las unidades de protección civil estatales, a cargo del diputado Francisco Javier Castrellón Garza, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputado Francisco Javier Castrellón Garza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 6 y en las fracciones I y V del Apartado 2 del artículo 79, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente por el que se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública y al Consejo Nacional de Protección Civil a coordinarse para incluir dentro de los programas con prioridad nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el fortalecimiento de las unidades de protección civil estatales, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024, publicado el 2 de julio de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, establece dentro de sus objetivos prioritarios el fortalecer la Gestión Integral del Riesgo para construir un país sostenible, seguro y resiliente.

6.- Objetivos prioritarios

El Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024 se integra por cinco objetivos prioritarios definidos a través de lo establecido en el PND 2019-2024 y en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno de la República para contribuir al cambio de paradigma en materia de seguridad.

Los objetivos prioritarios, estrategias y acciones puntuales se orientan a la atención del origen estructural de la delincuencia, el crimen organizado, la violencia y en general de todos los aspectos que puedan poner en riesgo a la ciudadanía para ofrecer seguridad y protección de manera coordinada entre los diferentes órdenes de gobierno.

Se generarán las condiciones para el bienestar de la población con el objetivo de impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional en un marco de paz y seguridad.

Así, el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024, en su Objetivo 5: Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos para construir un país sostenible, seguro y resiliente, se propone el combatir las causas estructurales de los desastres y fortalecer las capacidades de resiliencia de los mexicanos, bajo la premisa de: No dejar a nadie atrás y no dejar a nadie fuera.

En dicho documento, se reconoce que los fenómenos perturbadores ocasionan desastres que afectan la vida, integridad y salud de los mexicanos más vulnerables, alteran o inhabilitan los servicios públicos e infraestructura; además de perturbar las actividades económicas y sociales.

De igual manera, reconoce que la ubicación geográfica de nuestro país, al situarnos en algunas de las zonas tectónicas con mayor actividad sísmica y encontrarnos en una zona tropical, somos susceptibles de sufrir terremotos y fenómenos hidrometeorológicos de considerable magnitud.

En el Programa Sectorial, se hace mención a los datos del Cenapred, donde se señala que, los fenómenos hidrometeorológicos son los que mayor impacto negativo han tenido en nuestro país, en las últimas dos décadas.

Por lo que respecta a los sismos, se menciona que en nuestro territorio interaccionan cinco placas tectónicas, por lo que es necesario identificar las áreas más expuestas a daños, para estimar riesgos y adecuar los criterios de protección, para mitigar al máximo posible los riesgos.

Igualmente, se reconoce que, la limitada vinculación entre los sectores social, académico, privado y gubernamental; así como la nula coordinación interinstitucional y modulación de políticas públicas, un marco legal desactualizado y heterogéneo, la falta de mecanismos y fondos para la prevención, una posición reactiva ante el riesgo y la emergencia, el agravamiento del calentamiento global, imposibilita la resiliencia de nuestra sociedad.

Al respecto, se observa la necesidad de priorizar el fortalecimiento de las unidades de protección civil estatal y municipales, pues solo 15 por ciento de los municipios del país (383) cuentan con su atlas municipal de riesgos.

A la par, se deja ver la urgencia de poder contar con un Sistema de Alerta Temprana para avizorar peligros múltiples en el ámbito local, permitiendo la implementación de protocolos de acción oportuna.

A continuación, se transcribe el Objetivo 5: Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos para construir un país sostenible, seguro y resiliente, para su mejor comprensión:

El Objetivo 5: Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos para construir un país sostenible, seguro y resiliente , busca combatir las causas estructurales de los desastres y fortalecer las capacidades de resiliencia de la sociedad; conlleva un conjunto de acciones institucionales para cumplir con una de las atribuciones sustantivas conferidas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de acuerdo con el principio rector del PND 2019 - 2024: No dejar a nadie atrás y no dejar a nadie fuera.

Las características de nuestro país nos obligan, como sociedad, a estar informados y preparados. Los fenómenos perturbadores que pudieran ocasionar desastres afectan la vida, integridad y salud de las personas, principalmente de los más vulnerables, tienen un impacto directo en los bienes muebles e inmuebles de la sociedad, de los gobiernos, asociaciones, universidades, colegios; alteran o inhabilitan los servicios públicos e infraestructura, y afectan las actividades económicas y sociales.

Por su ubicación geográfica, México está sujeto a la influencia de diferentes fenómenos capaces de ocasionar desastres; de particular importancia son los efectos que el cambio climático tiene en los fenómenos hidrometeorológicos, tales como lluvias, vientos, mareas de tormenta, inundaciones, inestabilidad de laderas entre otros. De acuerdo con datos del Cenapred, estos fenómenos son los que han tenido mayor impacto en los últimos 20 años. El conocimiento de los principales aspectos de los fenómenos hidrometeorológicos, la difusión de la cultura de protección civil en la población y la aplicación de las medidas de prevención de desastres pueden contribuir de manera importante en la reducción de daños ante los fenómenos relacionados con el agua.

México es también, sísmico y volcánicamente activo. El territorio nacional tiene la interacción de cinco placas tectónicas. Todos los días se presentan sismos, por lo que es sumamente relevante llevar a cabo estudios para identificar las áreas más expuestas a daños en diferentes niveles y, con ello, estimar escenarios futuros, así como adecuar los criterios para la mitigación del riesgo.

La limitada vinculación entre los sectores social, académico, privado y gubernamental, aunada a la falta de coordinación interinstitucional y armonización de políticas públicas, con un marco legal desactualizado y heterogéneo, insuficientes mecanismos y fondos preventivos, una prevaleciente visión reactiva ante el riesgo de desastres, así como una degradación ambiental creciente, no permiten que el país sea resiliente, en temas relacionados con la seguridad y bienestar de la población y el eficiente manejo del entorno físico, sustentado en criterios de ordenamiento territorial y la inclusión social. La presencia de peligros en el territorio, aunada a las condiciones de exposición y vulnerabilidad creadas por la actividad humana, dan como resultado un incremento en los escenarios de riesgo, que de materializarse comprometen el desarrollo del país y acentúan las asimetrías en el bienestar social.

El conocimiento de los fenómenos naturales y actividades humanas, las vulnerabilidades de los sistemas expuestos, la difusión de la cultura de protección civil en la población y la aplicación de estas medidas pueden contribuir de manera importante en la prevención de riesgos y desastres. Para ello, es necesario contar con herramientas como los atlas de riesgos y los sistemas de alerta temprana.

Los atlas de riesgos son el marco de referencia para la elaboración de políticas públicas para la gestión del riesgo de desastres. México cuenta con un ANR y las 32 entidades federativas tienen su respectivo atlas, sin embargo, únicamente el 15 por ciento de los municipios (383) cuentan con su atlas municipal. Adicionalmente, la información contenida en estos instrumentos no es utilizada para la toma de decisiones en la planeación del desarrollo, el ordenamiento territorial, la implementación de medidas para la reducción del riesgo, la atención de emergencias o la reconstrucción.

La escasa planeación y articulación de programas de desarrollo urbano, de ordenamiento territorial, así como las debilidades en el marco normativo y en su observancia, favorecen el crecimiento de vulnerabilidades y limitan la operación de la política pública de protección civil. De ahí que existan mecanismos insuficientes de prevención de riesgos, falta de profesionalización y de coordinación entre los integrantes del SINAPROC, así como una vinculación débil con la población y los sectores social, privado y académico.

Los mecanismos para la transferencia y apropiación social del conocimiento sobre protección civil no han logrado tener el impacto deseado; la ausencia de un Sistema de Alerta Temprana con enfoque de peligros múltiples que permita la difusión de información en lo local, para llevar a cabo los protocolos de acción oportuna, es otra debilidad del SINAPROC. Estas circunstancias afectan el bienestar social y el desarrollo de la economía, pues al no contar con un modelo o sistema que integre en una misma plataforma los avisos generados por las diversas instituciones encargadas del monitoreo de los fenómenos perturbadores, que permita tomar medidas necesarias ante un fenómeno o una situación de emergencia, un bajo porcentaje de la población recibe alertas acompañadas de información oportuna, accesible e incluyente.

En este sentido, México enfrenta el reto de superar la falta de coordinación interdisciplinaria que favorezca la investigación aplicada para la solución de problemas por parte de las universidades e instituciones relacionadas a nivel local.

Por ello, es necesario fortalecer la prevención con un enfoque estratégico de la GIR, las capacidades institucionales y de cooperación internacional, los instrumentos financieros, el marco jurídico y la promoción del desarrollo de una sociedad resiliente.

Es decir, el diseño normativo e institucional requiere una clara alineación y congruencia, considerando los instrumentos internacionales existentes, que permitan seguir mejorando la construcción de la cultura de protección civil, en la que la ciudadanía esté empoderada con conocimiento y tenga la capacidad de identificar cualquier riesgo que la pudiera poner en peligro, reducirlo y responder efectivamente ante emergencias y desastres.

Necesitamos fortalecer los instrumentos normativos para tener un marco jurídico que construya un adecuado sistema de monitoreo de fenómenos naturales que traduzcan sus resultados en pronósticos puntuales, armonice las facultades en los tres órdenes de Gobierno y fortalezca la planificación urbana y ordenamiento territorial con un enfoque incluyente, generando factores que reduzcan sistemáticamente el riesgo de desastres.

Los sistemas de monitoreo deben formar parte de la GIR, al proveer información para la toma de decisiones en materia de protección civil, siendo herramientas necesarias para mejorar el conocimiento y análisis sobre los peligros, vulnerabilidades y riesgos, así como para coadyuvar en el diseño de medidas de reducción de riesgos, bajo un enfoque de respeto a los derechos humanos, inclusión y perspectiva de género, diferenciada e intercultural.

La coordinación en materia de protección civil, en su ánimo de sumarse a la transformación de México y participar en temas de inclusión y equidad en un marco de respeto a los derechos humanos, ha asumido compromisos internacionales, tales como el Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015 - 2030, adoptado durante la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, celebrada en la ciudad del mismo nombre en Japón, expresa la necesidad de comprender mejor el riesgo de desastres en todas sus dimensiones relativas a la exposición, la vulnerabilidad y características de las amenazas; el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres, incluidas las plataformas nacionales; la rendición de cuentas en la gestión del riesgo de desastres; la necesidad de prepararse para “reconstruir mejor” y el reconocimiento de las partes interesadas y sus funciones.

Igualmente, reconoce que la movilización de inversiones debe orientarse hacia el impedimento de nuevos riesgos; la resiliencia de la infraestructura sanitaria, del patrimonio cultural y de los lugares de trabajo; el fortalecimiento de la cooperación internacional y la elaboración de políticas de los donantes y programas que tengan en cuenta los riesgos, incluidos los préstamos y el apoyo financiero brindados por las instituciones financieras internacionales.

Asimismo, se alinea con seis de los ODS de la Agenda 2030 que son el fin de la pobreza; igualdad de género, diferenciada e intercultural; industria, innovación e infraestructura; reducción de las desigualdades; ciudades y comunidades sostenibles, y acción por el clima, encauzando sus acciones con el firme propósito de asegurar el progreso social y económico, garantizando los derechos humanos de todas las personas.

El Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024 busca fortalecer los mecanismos de coordinación; priorizar el uso de inteligencia sobre el uso de la fuerza; el fortalecimiento de capacidades institucionales; la intervención en regiones prioritarias; el desarrollo social y el respeto a los derechos humanos; el fortalecimiento tecnológico; impulsar el nuevo modelo nacional de policía y justicia cívica; el fortalecimiento del Sistema Penitenciario; erradicar la corrupción; reformular el combate a las drogas; articular la seguridad pública, la seguridad nacional y la paz; establecer la Guardia Nacional; y construir una sociedad más resiliente y sustentable ante los riesgos de fenómenos perturbadores.

La coordinación resulta un instrumento fundamental para la implementación de este programa, en virtud de que las acciones que en el mismo se prevén, deben ir alineadas a las diversas disposiciones que se vinculan con la seguridad pública, seguridad nacional, derechos humanos, protección civil, responsabilidad hacendaria, Sistema de Justicia Penal, instrumentos internacionales y todas aquellas relativas a las atribuciones de la administración pública federal.

El atraso que padecen las unidades de protección civil locales es enorme, así lo demuestran los propios datos del SINAPROC; no es ajeno al dominio público que, a partir de la inclusión de las corporaciones policiales en los Programas de Prioridad Nacional, se fortaleció el papel de las corporaciones de seguridad en las entidades federativas y a nivel nacional.

Asimismo, también es de dominio público que las unidades de protección civil en las entidades federativas, especialmente los departamentos de bomberos, subsisten con recursos muy limitados, donados, de segunda mano, o de plano obsoletos; dicho esto, ahora que el tema de protección civil ha pasado a ser parte de seguridad pública es necesario fortalecer las instituciones de protección civil y que por el papel que desarrollan en nuestra comunidad cuentan con el apoyo de la ciudadanía, la gente las reconoce en su justa dimensión; pero que, sin embargo, se han mantenido alejadas de los prepuestos institucionales.

La crisis económica de las unidades de protección civil se ha agravado con la desaparición del Fonden, por lo que, ahora, es necesario incluir estas instituciones, tan valiosas en materia de salvaguarda de la integridad, la vida y los bienes de los mexicanos, en los esquemas de financiamiento y fortalecimiento de los programas de Protección Civil, tanto en el orden federal como local y municipal.

Por todo lo expuesto, es urgente y necesaria la coordinación entre el Consejo Nacional de Seguridad Pública y al Consejo Nacional de Protección Civil para la inclusión de las unidades de protección civil, dentro de los programas de prioridad nacional por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Con su inclusión, como programa con prioridad nacional, se posibilita a los gobiernos estatales a poder destinar parte de los recursos que obtienen de la federación a través del programa Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para fortalecer dichas unidades de protección civil.

Actualmente existen 10 programas con Prioridad Nacional dependientes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, según los lineamientos publicados el 17 de julio del 2020, por ello a través de este exhorto solicitamos se someta a la consideración añadir como programa número 11.- El Fortalecimiento de las unidades de Protección civil en las Entidades Federativas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública y al Consejo Nacional de Protección Civil a coordinarse para incluir dentro de los programas con prioridad nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el fortalecimiento de las unidades de protección civil estatales y municipales, así como a gestionar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el otorgamiento de recursos específicos para tal fin,

Segundo. – La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los congresos locales de las 32 entidades federativas a que adecuen sus respectivos marcos normativos, con el objeto de incluir a las unidades, o direcciones, de protección civil en los esquemas presupuestales y con ello fortalecer el importante papel que desempeñan en la salvaguarda de la integridad, la vida y los bienes de los mexicanos.

Referencias

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596028&fecha=02/07/2020

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596911&fe cha=17/07/2020

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero 2022.

Diputado Francisco Javier Castrellón Garza (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 22 de febrero, 109 aniversario luctuoso de Francisco I. Madero, a cargo de la diputada Araceli Celestino Rosas, del Grupo Parlamentario del PT

Suscribe, Araceli Celestino Rosas, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, fracción XI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente efeméride.

Exposición de Motivos

Conocido como el apóstol de la democracia, Francisco Ignacio Madero González nació el 30 de octubre de 1873, en Parras de la Fuente, Coahuila.

Miembro de una de las familias más adineradas de Coahuila, incursiona en la política local en 1903, observando que había una clara imposición de candidatos por parte de Porfirio Díaz y que siempre ganaban estos candidatos impuestos, decide incursionar en la política nacional, teniendo como objetivo que las cosas cambiaran desde arriba del poder.

Hay que resaltar que apoyó económicamente por un tiempo al periódico Regeneración , de Ricardo Flores Magón, asimismo que fue conjuntando diferentes voces que se oponían a la dictadura de Díaz.

En 1908 publica su libro La Sucesión Presidencial en 1910 , el cual fue un hito para su tiempo, ya que expone las malas políticas hechas durante el Porfiriato, así como la exigencia de que hubiera elecciones justas y transparentes, con el propósito de encaminar a México hacia un estado democrático y con libertad de expresión.

Crea el Partido Nacional Antirreeleccionista, recorriendo el país y creando en cada ciudad un club, este recorrido es fundamental en la política mexicana, ya que será el antecedente que tenga Lázaro Cárdenas de querer recorrer y reconocer las necesidades del país.

En 1910 hay elecciones presidenciales, recordar, son indirectas, es decir, hay dos vueltas, en donde compite Madero contra Díaz, en esas elecciones plagadas de muchas irregularidades, gana Porfirio Díaz Mori y como vicepresidente Ramón Corral Verdugo.

Por ello en 1910 se busca encarcelar a Madero en San Luis Potosí, acusado de ultraje a las autoridades y conato de rebelión.

Promulga el Plan de San Luis, donde hace un llamado a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910, teniendo el gran lema “Sufragio Efectivo, No Reelección” estaba en Piedras Negras, Coahuila, cuando busca esta Revolución.

No tiene tanta fuerza el levantamiento, por ello parte hacia Ciudad Juárez, conforme va pasando el tiempo va teniendo fuerza el movimiento, hasta que hay levantamientos en 26 estados, haciéndose tan grande este movimiento, que es imposible para Díaz seguir controlando y apagando las rebeliones, por ello renuncia en mayo de 1911 a la Presidencia, exiliándose en París, Francia.

Ante esta renuncia, Madero no ingresa en la Presidencia provisional, deja que sea Francisco León de la Barra, el presidente provisional.

Francisco I. Madero marcó un antes y un después para la historia de nuestro país, ya que con su actuar en la política le puso fin a la dictadura porfirista.

Lamentablemente el cambio de un sistema de gobierno trajo consigo grandes choques con los poderes creados durante el Porfiriato, ya que el gobierno sólo duró 15 meses.

Inicia un golpe de estado comandado por los generales Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz, la madrugada del 9 de febrero de 1913, para derrocar el gobierno de Madero.

Madero confiara en Victoriano Huerta, ya que había sido herido el general Villar, comandante del Ejército, por ello dejó en manos de Huerta el mando, éste lo escoltaría desde el Castillo de Chapultepec, lo que se conocería como la Marcha de la Lealtad.

Esto fue un error, ya que Huerta lo traicionaría, ya que el 17 de febrero realizó una alianza con el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson.

El 18 de febrero triunfó el golpe de estado, ya que serían arrestados Francisco I. Madero, así como su vicepresidente, José María Pino Suárez, en Palacio Nacional.

Madero y Pino Suárez conscientes de no llevar a una guerra al país, así como a la tortura a la que fueron sometidos, el 19 de febrero renunciaron a los cargos de Presidente de la República y Vicepresidente.

Las renuncias fueron aceptadas por el Congreso, por lo cual fue nombrado provisionalmente presidente por 45 minutos Pedro Lascuráin, para después éste entregarle el poder a Victoriano Huerta.

El 22 de noviembre los golpistas no cumplieron su palabra de respetar las vidas de Madero y Pino Suárez, así como dejarlos que se exiliaran en Cuba; fueron asesinados a un costado del Palacio de Lecumberri.

Por tal motivo solicito a esta soberanía que consideren la presente efeméride, a tan ilustre y ejemplar personaje como es el apóstol de la democracia en México, Francisco Ignacio Madero González.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2022.

Diputada Araceli Celestino Rosas (rúbrica)