Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al INE a ejecutar medidas urgentes para inscribir a decenas de millones de mexicanos radicados en el extranjero en la lista nominal, a efecto de que voten en el proceso de revocación de mandato del 10 de abril de 2022 y los comicios por celebrarse en diversas entidades, a cargo de la diputada Olga Leticia Chávez Rojas, del Grupo Parlamentario de Morena

Olga Leticia Chávez Rojas , diputada de la LXV legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, como de urgente u obvia resolución , el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. Según los datos del Censo General de Población y Vivienda 20201 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi la población residente en México era de 126 millones 14 mil 24 (ciento veintiséis millones catorce mil veinticuatro) personas, de ellos 51 por ciento son mujeres y 49 por ciento hombres.2

En 2020, siete estados concentran el 49 por ciento de la población del país: México (14 por ciento), Ciudad de México y Jalisco (7 por ciento cada una), Veracruz (6 por ciento), Guanajuato, Nuevo León y Puebla (5 por ciento cada una).

Estos mismos datos arrojan que la población total inmigrante, emigrante y saldo neto migratorio en 20203 era de 21 millon 611 mil 963 (Veintiún millones seiscientos once mil novecientos sesenta y tres) de mexicanos.

De acuerdo con las cifras de migración internacional del Censo de Población y Vivienda 2020, entre marzo de 2015 y marzo de 2020, se fueron a vivir a otro país 802 mil 807 (ocho cientos dos mil ocho siete) personas.4

Las entidades de mayor expulsión de población son Guanajuato (7.8 por ciento), Jalisco (7.5 por ciento) y Michoacán (6.3 por ciento).

Los hombres (537 mil 149) migran más que las mujeres (265 mil 658). Para las tres primeras entidades expulsoras, los hombres superan a las mujeres en Guanajuato y Michoacán, pero en Jalisco salen más mujeres (8.4 por ciento) que hombres y además, es la que más mujeres expulsa en el país; le siguen la Ciudad de México (7.5 por ciento) y Michoacán (6 por ciento).

Segunda. Por otra parte, de acuerdo a los datos publicados por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, dependiente de la Secretaria de Relaciones Exteriores, para 2019, solo en los Estados Unidos de América había 37 millones 447 mil (treinta y siete millones cuatros cientos cuarenta y siete mil)5 mexicanos de los cuales 11 millones 750 mil correspondían a la primera generación,6 13 millones 694 mil (trece millones seiscientos noventa y cuatro mil) eran de la segunda generación7 y 12 millones 3 mil (doce millones tres mil) a la tercera generación.8

El número total de hispanos en radicados en los Estados Unidos de América, en 2019 era de 60 millones noventa y cinco mil. La distribución por edades de los más de 37 millones de mexicanos residentes en los Estados Unidos en el año 2019 puede observarse en la siguiente tabla:

2019. Población Hispana por sexo, edad y origen. 9

Con base en estos datos podemos concluir que, en 2019, en los Estados Unidos de América había 24 millones 847 mil (veinticuatro millones ochocientos cuarenta y siete mil) mexicanos de 18 años y más, es decir, que ya contaban con edad para poder votar.

Una vez descontando los mexicanos que viven en los Estados Unidos de América, en el mundo radican 370 mil 633 mexicanos,10 aproximadamente. De ellos 201 mil 896 se encuentran en los países del continente americano, excluyendo la población mexicana establecida en Estados Unidos, la cual asciende al 97 por ciento de los mexicanos fuera del país; 140 mil 820 connacionales se encuentran en Europa; 17 mil 323 compatriotas están en Asia; 9 mil 511 se asentaron en Oceanía y 1,083 en África.11

Tercera. En contraste con las decenas de millones de mexicanas y mexicanos radicados en el extranjero, la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero del Instituto Nacional Electoral cerró, en 2021, con 32 mil 305 ciudadanas y ciudadanos,12 quienes residen en 89 países distintos, de los cuales el 67 por ciento, es decir 21 mil 585 eligió la modalidad electrónica por internet para la emisión de su voto y el 33 por ciento, que son 10 mil 720, optó por la vía postal.

Así pues, considerando que en 2019 había 24,847,000 (veinticuatro millones ochocientos cuarenta y siete mil) radicados fuera de México en edad de votar, y que para las elecciones federales y locales de 2021 el Instituto Nacional Electoral tenía apenas 32 mil 305 mexicanos inscritos en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, tenemos que únicamente el 0.1300156960598865 por ciento del total de mexicanos en el exterior estaba en condiciones de ejercer su derecho a votar, lo que equivale a 130 milésimas de punto de un punto porcentual, o a trece mil ocho diezmilésimas de un punto porcentual. En otras palabras, prácticamente ninguno de los mexicanos en el exterior está empadronado y por tanto no puede ejercer su derecho a votar.

El problema que significa tener un pequeñísimo número mexicanas y mexicanos incluido en la lista nominal de mexicanos radicados en el extranjero, se ve agravado si se observa que solo 17,920 (diecisiete mil novecientos veinte) personas residentes en el extranjero votaron.

De los votos emitidos, 5 mil 623 (cinco mil seiscientos veintitrés) se recibieron mediante sobres postales con votos de mexicanos en el extranjero, lo que representa el 52.45 por ciento de las 10 mil 720 personas inscritas en esta modalidad; y 12 mil 297 (doce mil doscientos noventa y siete) votos fueron a través del Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVE), lo que represento el 56.97 por ciento de las 21 mil 585 personas que se registraron para votar por esta modalidad de votación.

Durante ese proceso electoral, los residentes en el exterior eligieron a distancia a quien habría de encabezar las gubernaturas de Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, así como la Diputación Migrante de la Ciudad de México y la diputación de representación proporcional de Jalisco.

En resumen, los datos proporcionados por la autoridad electoral demuestran, al menos, dos cosas:

1) El derecho a votar para los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero prácticamente no se ejerce;

2) Que no existe una política seria y efectiva por parte del instituto nacional electoral ni para empadronar a los millones de mexicanos residentes en el extranjero ni para facilitar el ejercicio del sufragio.

Más allá de las dificultades que enfrentan nuestras connacionales en el extranjero, como la persecución de las autoridades migratorias, miedo a la deportación, falta de acceso a la información, desconfianza en las autoridades, aunadas a las condiciones de precariedad y pobreza, es evidente que las autoridades electorales, encargadas de velar por ejercicio del derecho al voto de los mexicanos, incluido el de los resientes en el extranjero, han incumplido, en el ámbito de sus competencia, con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos político electorales de los mexicanos en el exterior, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, establecido en el párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos.

Es dable señalar que conforme a lo establecido en el artículo 41, fracción V, del Código Político fundamental, “La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta Constitución.” y que en ese mismo artículo en su apartado B, inciso a), numeral 3, se señala que “corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen esta Constitución y las leyes”, “para los procesos electorales federales” la preparación del “padrón y la lista de electores”.

En este orden de ideas, resulta totalmente inaceptable e incomprensible que aun cuando el derecho al voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero este reconocido en la Constitución Federal y en las leyes electorales, y que además exista un órgano autónomo encargado de función estatal de organizar las elecciones, que tiene como obligación, entre otras, la organización del padrón electoral y las listas de electores, solo se encuentre dentro del padrón de mexicanos residentes en el exterior una proporción minúscula de la población mexicana radicada fuera de México.

Esto representa un claro incumplimiento al mandato Constitucional y legal y una violación directa a los derechos de millones de conciudadanos por parte de la autoridad electoral.

Adicionalmente, es doblemente preocupante que este hecho sea del pleno conocimiento del Instituto Nacional Electoral, y que no se tomen medidas urgentes y efectivas para empadronar a los millones de mexicanos radicados en el exterior.

Cuarta. Peor aún, parece que, en lugar de facilitar el empadronamiento de las y los mexicanos residentes en el extranjero, el Instituto Nacional Electoral pone todas las barreras administrativas que le son posibles para impedir el pleno ejercicio del derecho político de votar.

En este orden de ideas el INE ha dispuesto que las y los mexicanos residentes en el extranjero tienen hasta el 10 de marzo de 2022 para registrarse y participar en comicios locales,13 y mediante un simple comunicado de prensa publicado en su página de Internet destaca la fecha límite para que los residentes en el extranjero puedan participar en los comicios locales y a la letra señala:

“Las y los mexicanos residentes en el extranjero tienen hasta el 10 de marzo de 2022 para registrarse y participar en comicios locales

Las y los mexicanos residentes en el extranjero oriundos de Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas tienen hasta el 10 de marzo del 2022 para registrarse y participar en la renovación de sus gubernaturas el próximo año...

“El 10 de marzo es una fecha clave porque es cuando se hace el corte y las personas que tengan su credencial van a poder participar y para algunos será la primera vez que el voto desde el extranjero será realidad y por eso deben apropiarse de ello”.

Durante el primer conversatorio virtual “La participación política de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Procesos Electorales Locales 2021-2022”, se aseguró que la autoridad electoral trabaja para garantizar el ejercicio pleno de derechos de las y los mexicanos con independencia de su residencia.

“En materia del voto desde el extranjero se han celebrado cerca de 40 elecciones con participación de la ciudadanía residente en el extranjero y durante cada proceso se han implementado mejoras, ampliando los cargos de elección y las modalidades para que la ciudadanía emita sus votos”, agregó.

El INE trabaja -dijo- en los análisis y diagnósticos que permitan la implementación de una tercera modalidad de votación que contempla la participación presencial en embajadas y consulados de México en todo el mundo.

La consejera Zavala atendió las dudas y cuestionamientos formulados por representantes de las organizaciones de mexicanos residentes en el extranjero que coincidieron en la necesidad de facilitar los procesos, tanto para la credencialización como para el ejercicio del voto.

Aguascalientes y Durango ya registran interesados en participar en los comicios locales del 2022.

Luis Fernando Landeros, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, recordó que el voto de las y los hidrocálidos que radican en el extranjero se implementó por primera vez en el 2016, con la renovación de todos los cargos en la entidad con grandes retos y diferencias al proceso que se tendrá el próximo año.

Informó que actualmente ya se cuenta con el registro de 448 ciudadanas y ciudadanos que han manifestado su intención de participar en la elección de gobernador, de los cuales 261 han elegido la modalidad electrónica y 187 solicitaron votar por la vía postal.

Por su parte, el consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación del estado de Durango, Roberto Herrera Hernández, refirió que en su entidad el registro asciende ya a mil 376 duranguenses residentes en el extranjero con una preferencia significativa por participar electrónicamente.

En este sentido, señaló que mantendrán las acciones necesarias para lograr superar el registro durante los comicios de 2018, cuando se logró la participación de casi 2 mil votantes en su entidad, a la par que puntualizó que desde el Instituto que preside se han implementado una serie de medidas afirmativas para garantizar la presencia de este grupo poblacional en las listas de Regidurías.

IME trabaja en el reforzamiento de la credencialización y en el impulso de la participación

Al tomar la palabra, Luis Gutiérrez Reyes, titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores refrendó el compromiso del gobierno para incentivar el empoderamiento de los connacionales, así como su participación política, por lo cual se impulsa activamente entre la comunidad para promover la binacionalidad.

Asimismo, indicó que ya se trabaja con el área de consulados para agilizar la credencialización en el extranjero a través de jornadas exclusivas para este trámite y anticipó una estrategia conjunta con el INE para mejorar el proceso de entrega de las credenciales para votar, así como encontrar mecanismos para hacer más fácil el voto ante la importancia que ello tiene para promover una agenda migrante desde sus estados.

En este sentido, evidenció la necesidad de que a nivel estatal existan reformas que amplíen los derechos de los migrantes en sus estados de origen al considerar que existe interés de las y los mexicanos residentes en el extranjero de participar e incidir en las decisiones de sus lugares de origen.”

Debe quedar claro que no es con discursos como se va a solucionar el problema de incumplimiento del Instituto Nacional Electoral en sus obligaciones legales en materia de empadronamiento de los mexicanos en el exterior y la negación del derecho al voto para millones de mexicanos.

Las cifras demuestran un evidente abandono de sus responsabilidades de la autoridad electoral en su trabajo para garantizar el empadronamiento de los mexicanos radicados en el exterior y con ello ejercicio pleno sus derechos, al no facilitar ni los procesos para la credencialización ni para el ejercicio del voto.

Quinta. Cabe mencionar que a nivel normativo el derecho al voto de las y los mexicanos que residen en el exterior se dio a partir de una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al artículo 36 fracción III en 1996,14 eliminando la condición de ejercer dicha prerrogativa dentro del distrito de residencia.

Adicionalmente, la reforma constitucional en materia política electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014,15 y la posterior reforma a la Carta Magna publicada en el Diario Oficial dela Federación el 20 de diciembre de 2019,16 en materia de consulta popular y revocación de mandato, por la que se reformo el artículo 35 de la Carta Magna para introducir como derecho de los mexicanos el de poder votar en los procesos de Consulta Popular y de Revocación de Mandato., han ampliado el espectro de derechos de los mexicanos, incluyendo a todas y todos los que radican en el extranjero.

Por su parte, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se estatuyeron, en su Libro Sexto, las bases para el Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, y que, entre otros puntos, señala:

“Artículo 329.

1. Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y senadores, así como de Gobernadores de las entidades federativas y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, siempre que así lo determinen las Constituciones de los Estados o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

2. El ejercicio del voto de los mexicanos residentes en el extranjero podrá realizarse por correo, mediante entrega de la boleta en forma personal en los módulos que se instalen en las embajadas o consulados o, en su caso, por vía electrónica, de conformidad con esta Ley y en los términos que determine el Instituto.

3. El voto por vía electrónica sólo podrá realizarse conforme a los lineamientos que emita el Instituto en términos de esta Ley, mismos que deberán asegurar total certidumbre y seguridad comprobada a los mexicanos residentes en el extranjero, para el efectivo ejercicio de su derecho de votar en las elecciones populares.

Artículo 330.

1. Para el ejercicio del voto los ciudadanos que residan en el extranjero, además de los que fija el artículo 34 de la Constitución y los señalados en el párrafo 1 del artículo 9 de esta Ley, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Solicitar a la Dirección Ejecutiva del Registro Nacional de Electores, cumpliendo los requisitos a través de los medios que apruebe el Consejo General, su inscripción en el padrón electoral y en el listado nominal de los ciudadanos residentes en el extranjero;

b) Manifestar, bajo su más estricta responsabilidad y bajo protesta de decir verdad, el domicilio en el extranjero al que se le harán llegar la o las boletas electorales o, en su caso, el medio electrónico que determine el Instituto, en el que podrá recibir información en relación al proceso electoral, y c) Los demás establecidos en el presente Libro.

Artículo 331.

1. Los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos señalados enviarán la solicitud a que se refiere el inciso a) del párrafo 1 del artículo anterior entre el 1o. de septiembre y el 15 de diciembre del año previo a la elección de que se trate.

2. La solicitud será enviada a la Dirección Ejecutiva del Registro Nacional de Electores, por vía postal, electrónica, o en forma presencial en los módulos que para tal efecto se instalen en las embajadas o consulados y dentro de los plazos que determine el Instituto.

3... al 5...

Artículo 332.

1. La solicitud de inscripción en la sección del padrón electoral de los ciudadanos residentes en el extranjero, tendrá efectos legales de notificación al Instituto de la decisión del ciudadano de votar desde el extranjero en la elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores, y de Gobernadores de las entidades federativas y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, siempre que así lo determinen las Constituciones de los Estados o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Para tal efecto el respectivo formato contendrá la siguiente leyenda: “Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que por residir en el extranjero:

a) Expreso mi decisión de votar en el país en que resido y no en territorio mexicano;

b) Solicito votar por alguno de los siguientes medios: i) correo, ii) mediante entrega de la boleta en forma personal en los módulos que se instalen en las embajadas o consulados, o iii) por vía electrónica, en la próxima elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Senador, Gobernador o Jefe de Gobierno, según sea el caso;

c) y...d) ...

Artículo 333.

1. Las listas nominales de electores residentes en el extranjero son las relaciones elaboradas por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores que contienen el nombre de las personas incluidas en el padrón electoral que cuentan con su credencial para votar, que residen en el extranjero y que solicitan su inscripción en dichas listas.

2. Las listas nominales de electores residentes en el extranjero serán de carácter temporal y se utilizarán, exclusivamente, para los fines establecidos en este Libro.

3.... al 5...

Artículo 334.

1...

2. El Instituto convendrá con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en su caso, los mecanismos para la inscripción a la lista nominal de los ciudadanos residentes en el extranjero a través de las sedes diplomáticas, en los términos de los convenios de colaboración establecidos entre ambas Instituciones.

3. El Instituto firmará los convenios necesarios con las instancias correspondientes de la administración pública federal y local, para impulsar el voto de los mexicanos residentes en el extranjero.

4. Los mexicanos residentes en el extranjero podrán tramitar su credencial para votar, debiendo cumplir con los requisitos señalados en el artículo 136 de esta Ley.

5. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores establecerá en las embajadas o en los consulados de México en el extranjero, los mecanismos necesarios para el trámite de credencialización. El Instituto celebrará con la Secretaría de Relaciones Exteriores los acuerdos correspondientes.

6. Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se abrirá un plazo de noventa días para el trámite de credencialización que el Instituto determinará para cada proceso electoral antes de que inicie el plazo de incorporación a la lista nominal de electores de los mexicanos residentes en el extranjero a que se refiere el párrafo 1 de este artículo.

Artículo 340.

1...

2. La Dirección Ejecutiva del Registro Nacional de Electores pondrá a disposición de la Junta General Ejecutiva los sobres con el nombre y domicilio en el extranjero de cada uno de los ciudadanos que hayan optado por la modalidad de voto postal, inscritos en las listas nominales correspondientes, ordenados conforme a la modalidad establecida en el inciso a) del párrafo 2 del artículo 336 de esta Ley.

3. La Junta General Ejecutiva o el órgano que corresponda en las entidades federativas realizarán los actos necesarios para enviar, a cada ciudadano, a través del medio postal, con acuse de recibo, la boleta electoral, la documentación y demás material necesarios para el ejercicio del voto. En el caso de los ciudadanos que hayan optado por la modalidad de voto electrónico, remitirán las instrucciones precisas de los pasos a seguir para que puedan emitir su voto.

4. El envío de la boleta electoral, número de identificación, mecanismos de seguridad, instructivos y demás documentación electoral concluirá, a más tardar, el 20 de abril del año de la elección.

Artículo 341.

1. Recibida la boleta electoral por los ciudadanos que eligieron votar por vía postal, o en forma presencial en los módulos que se instalen en las embajadas o consulados, o recibidos los números de identificación y demás mecanismos de seguridad para votar por vía electrónica, el ciudadano deberá ejercer su derecho al voto, de manera libre, secreta y directa, marcando el candidato o candidata de su preferencia.

2. Cada modalidad de voto deberá de tener un instructivo aprobado por el Consejo General del Instituto.

3. El Instituto deberá asegurar que el voto por vía electrónica cuente con al menos los elementos de seguridad que garanticen: a) Que quien emite el voto, sea el ciudadano mexicano residente en el extranjero, que tiene derecho a hacerlo; b) Que el ciudadano mexicano residente en el extranjero no pueda emitir más de un voto, por la vía electrónica u otra de las previstas en esta Ley; c) Que el sufragio sea libre y secreto, y d) La efectiva emisión, transmisión, recepción y cómputo del voto emitido.

Artículo 356.

1. El Consejo General y los Consejos de los Organismos Públicos Locales en cada entidad federativa proveerán lo conducente para la adecuada aplicación de las normas contenidas en el presente Libro.

2. Son aplicables, en todo lo que no contravenga las normas del presente Libro, las demás disposiciones conducentes de esta Ley, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y las demás leyes aplicables.

3. En los casos en que se lleven a cabo procesos electorales únicamente en las entidades federativas, las normas del presente libro se aplicarán en lo conducente.”

Sexta. Cabe señalar que la Convocatoria para el proceso de revocación de mandato del presidente de la república electo para el periodo constitucional 2018-2024, emitida en sesión del Consejo General del 4 de febrero de 2020, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 2020,17 en su base Séptima. Reglas para la participación de las ciudadanas y los ciudadanos en el proceso de revocación de mandato, se establece que:

“Las personas ciudadanas mexicanas que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto en la revocación de mandato, aplicándose en lo conducente lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Para estos efectos, se específica que:

a) La modalidad para ejercer su derecho al voto en la revocación de mandato, será de manera electrónica por Internet.

b) A partir de las 20:00 horas, tiempo del centro de México, del 1 de abril de 2022 dará inicio el periodo de votación, y concluirá a las 18:00 horas del día 10 del mismo mes y año.”

Con lo que el Instituto Nacional Electoral violenta su deber de facilitar la votación de los ciudadanos radicados en el extranjero, toda vez que restringe el derecho del sufragio a que se realice vía internet con lo que de facto se cancela la posibilidad de que sea efectuado mediante correo postal o de manera presencial en embajadas y consulados., tal y como se establece en el artículo 329 numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual a la letra reza:

“Artículo 329.

1...

2. El ejercicio del voto de los mexicanos residentes en el extranjero podrá realizarse por correo, mediante entrega de la boleta en forma personal en los módulos que se instalen en las embajadas o consulados o, en su caso, por vía electrónica, de conformidad con esta Ley y en los términos que determine el Instituto.”

Violentando con ello el principio de legalidad, rector en materia electoral, y de cumplimiento obligatorio para las autoridades electorales.

Esto introduce, incluso, un elemento adicional de desconfianza hacia los mexicanos residentes en el extranjero que quieran hacer uso de su derecho de votar en el proceso de revocación de mandato, en razón de que quieran optar por la opción de voto presencial en consulados y embajadas de México o del voto vía correo postal que esta previsto en la ley.

Por las consideraciones y fundamentos arriba expresados, someto a consideración de esta soberanía, como de urgente u obvia resolución, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta al Instituto Nacional Electoral para que, en pleno ejercicio de sus atribuciones y facultades, ejecute medidas urgentes e inmediatas para la inscripción de decenas de millones de mexicanas y mexicanos radicados en el extranjero, en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, a efecto de que puedan ejercer su derecho a votar en el proceso de revocación de mandato del próximo 10 de abril de 2022 así como en los comicios de carácter local que se llevaran a cabo en diversas entidades federativas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta al órgano de control interno del Instituto Nacional Electoral a que cumpla con lo establecido en el artículo 329 numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y que, el ejercicio del voto de los mexicanos residentes en el extranjero se pueda realizar por correo, mediante entrega de la boleta en forma personal en los módulos que se instalen en las embajadas o consulados o, en su caso, por vía electrónica.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta al órgano de control interno del Instituto Nacional Electoral para que realice una investigación exhaustiva y, en su caso, aplique las sanciones correspondientes por la falta de cumplimiento de la obligación de empadronar a los ciudadanos mexicanos en el exterior e incorporarlos a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, que será utilizada en el proceso de revocación de mandato de 2022 y en los procesos electorales locales de diversas entidades federativas.

Notas

1 [1] Inegi. Censo de Población y Vivienda 2020. https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/

2 [1] Inegi. Comunicado de prensa núm. 378/21. 8 de julio de 2021. Estadísticas a propósito del día mundial de la población. Datos nacionales.

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/apropos ito/2021/EAP_POBLAC21.pdf

3 [1] Población total inmigrante, emigrante y saldo neto migratorio por entidad federativa, años censales de 2000, 2010 y 2020. https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?px=Migracion_01&bd=Migracion

4 Inegi: Comunicado de prensa núm. 378/21. 8 de julio de 2021.

Estadísticas a propósito del día mundial de la población datos nacionales. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_PO BLAC21.pdf

5 [1] SER. Mexicanos residentes en Estados Unidos 2020. Fecha de elaboración: 13 de julio de 2021.

https://nextcloud.sre.gob.mx/index.php/s/jQPPfHfP2QNErQj ?dir=undefined&path=%2FPoblacion_Mexicana_en_el_Mundo%2FContinente% 2FAmerica%2FAmerica_2020&openfile=776128 La población total y género se obtiene de U.S. Census Bureau, Current Population Survey, Annual Social and Economic Supplement, 2019.

6 [1] Se considera a la población mayor de 15 años.

7 [1] Se considera a la población mayor de 16 años.

8 Se considera a la población mayor de 25 años.

9 [1] [1] United States Census Bureau. The Hispanic Population in the United States: 2019. Table 2. Population by Sex, Age, and Hispanic Origin Type: 2019 https://www.census.gov/data/tables/2019/demo/hispanic-origin/2019-cps.h tml

10 [1] Población mexicana en el mundo 2020. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/684223/mundo_sitioweb202 0.pdf

11 [1] Ibid. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/684223/Mundo_sitioweb202 0.pdf

12 [1] INE. Central Electoral. 6 de junio de 2021.Comunicado de prensa Número: 296. Más de 17 mil connacionales emitieron su voto desde el extranjero.

13 INE. Central Electoral. Comunicado de prensa No. 576. 10 de diciembre de 2021. Las y los mexicanos residentes en el extranjero tienen hasta el 10 de marzo de 2022 para registrarse y participar en comicios locales.

https://centralelectoral.ine.mx/2021/12/10/las-y-los-mex icanos-residentes-en-el-extranjero-tienen-hasta-el-10-de-marzo-de-2022- para-registrarse-y-participar-en-comicios-locales/

14 DOF. 22/08/1996. Decreto mediante el cual se declaran reformados diversos artículos de la Constitución Polí­tica de los Estados Unidos Mexicanos.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4896725&fecha=22/08/1996

15 DOF. 10 de febrero de 2014. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_r ef_216_10feb14.pdf

16 [1] DOF: 20/12/2019. Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5582486&fecha=20/12/2019

17 INE. Convocatoria para el proceso de revocación de mandato del presidente de la república electo para el periodo constitucional 2018-2024.

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/han dle/123456789/126857/CGex202202-04-ap-2-Convocatoria.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2022.

Diputada Olga Leticia Chávez Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobernador de Puebla a destinar recursos que permitan el mantenimiento adecuado de la ciclovía en el bulevar Hermanos Serdán, a cargo de la diputada Carolina Beauregard Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

Carolina Beauregard Martínez, diputada en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al gobernador del estado de Puebla para que destine los recursos suficientes que permitan el mantenimiento adecuado de la ciclovía en el boulevard Hermanos Serdán. Lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

Todas las personas tenemos el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para nuestro desarrollo y bienestar, siendo el cuidado al ambiente una responsabilidad compartida entre los diversos niveles de gobierno y la ciudadanía.

Dicho derecho humano ha sido reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar” y que el Estado garantizará el respeto a este derecho.

Asimismo, en dicho artículo se estipula que “toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”

En este orden de ideas, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, suscrita por el Estado mexicano y que constituye una hoja de ruta para erradicar la pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad para todos sin comprometer los recursos para las futuras generaciones, contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con metas específicas, que constituyen una agenda integral y multisectorial, y ha sido incorporada a la agenda nacional de nuestro país.

Es así como en el Objetivo 11 denominado “Ciudades y comunidades sostenibles” de dicha Agenda se plantea como meta 11.2, “... proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad...”.

Con respecto al derecho a la movilidad, en su publicación del 2016 titulada “Movilidad, vivienda y derechos humanos”, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que “el derecho a la movilidad está relacionado con diversas necesidades básicas de las personas como la alimentación, pues necesitan desplazarse de un lugar a otro para proveerse de sus víveres, ya sea al campo, los mercados locales o grandes centros de abastecimiento; el derecho a la salud para acudir al servicio médico de manera oportuna; derecho al trabajo para llegar al lugar donde se labora de manera eficiente; derecho a la educación para acudir a la escuela; derecho a un medio ambiente sano al utilizar medios de transporte sostenibles, entre otros.

Dada esta relación, el Estado tiene la obligación de proporcionar los mecanismos adecuados para el goce del derecho de todos al libre tránsito, propiciando que los distintos medios de transporte, públicos o privados sean de calidad, eficientes, con criterios ambientales; garantizando con ello un lugar seguro para transitar, vivir en paz y con dignidad.”

No obstante lo anterior, es importante precisar que los factores que años atrás impulsaron el uso de los automóviles han evolucionado, y las prioridades de los ciudadanos han cambiado, por lo que la tendencia actual de movilidad se encamina a la disminución de los vehículos automotores particulares, creando alternativas más eficientes y sustentables como un transporte público de calidad y movilidad no motorizada.

En relación con esto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de ONU-Hábitat, ha expresado sobre nuestro país que:1

“En algunas zonas metropolitanas como en el Valle de México las emisiones generadas por vehículos representan hasta un 60 por ciento de la contaminación total por partículas suspendidas gruesas”.

Y también que:

“Paradójicamente, para atender la movilidad urbana, se han destinado cuantiosos recursos públicos a la construcción de infraestructura vial en beneficio del transporte en automóvil privado, que contrariamente, han agravado el problema hoy”.

Dicha situación ha derivado en que, de conformidad con la “Encuesta de Movilidad y Transporte” elaborada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la media nacional de tiempo de traslado en México sea de 43.6 minutos, siendo en las zonas metropolitanas de 57.1; en el centro del país de 48.1; en el norte de 43.6 y en el sur de 25.7; mientras que la media para las zonas urbanas consiste en 44.5 minutos, y en zonas rurales de 37.6. Lo anterior, además de las problemáticas en salud, sociales, ambientales y de circulación, ocasiona pérdidas económicas, en virtud de que si los tiempos de traslado en México se lograran reducir a una media de 38 minutos, se podría generar una producción extra de entre 11 mil 500 y 33 mil millones de pesos anuales.

Es así como, bajo el concepto rector de la movilidad sustentable basado en las personas, se deben formular políticas de movilidad que incorporen los principios de asequibilidad, seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión, igualdad, equidad, modernidad e innovación tecnológica.

Sin embargo, vemos con preocupación como continúan estableciéndose políticas que atentan contra el bienestar de las personas, lesionando su derecho humano a un medio ambiente sano. Tal es el caso del estado de Puebla, estado al cual represento, toda vez que el pasado 5 de diciembre de 2020 El gobernador de dicha entidad Miguel Barbosa Huerta dio a conocer que tenía un plan para el “mejoramiento” del boulevard Hermanos Serdán, que incluía retirar la ciclovía elevada y utilizar las estructuras de acero que la sostienen para el mejoramiento de escuelas en el estado pero que su ejecución dependía del aval del gobierno municipal de la ciudad de Puebla de Zaragoza.

Esta determinación constituye un contrasentido a lo dispuesto en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Puebla 2019-2024, el cual establece en su Eje 3 “Desarrollo Económico para Todas y Todos”, dentro de la estrategia transversal infraestructura, como línea de acción: “Impulsar sistemas de transporte eficientes, accesibles, intermodales e interconectados para el traslado de personas, productos y servicios, que incrementen la productividad de las regiones.”

En respuesta a tal anuncio, colectivos ciclistas en la capital poblana convocaron a rodadas para solicitar al gobierno del estado que no retire la ciclovía, sino que atienda las siguientes necesidades:

• Hacer estudios del uso que se le da a la estructura

• Invertir en políticas de seguridad

• Iluminación en el espacio

• Infraestructuras ciclistas a nivel de calle

• Instalar programas preventivos para reducir las velocidades

• Operativos contra “arrancones”

• Mantenimiento de la estructura

O en su defecto, que invierta en la en la construcción de una ciclovía a nivel de calle, antes de que sea retirada la ciclopista elevada de referido boulevard.

Al respecto, el mandatario estatal mantuvo su postura para que la obra sea eliminada, justificando su decisión en que, entre otras cosas, la estructura “daña la imagen urbana”, y respondiendo a los activistas con prepotencia:

“Yo les haría una especie de reto, que la usen del diario y a lo mejor así no se quita, que la usen, porque la prueba es que no la usan, que la usen del diario por dos meses y que no solamente salgan a decir cosas cuando ni siquiera usan ese lugar”.

El medio ambiente sano y la movilidad son derechos humanos que se constituyen por la capacidad, facilidad y eficiencia de tránsito o desplazamiento de las personas y bienes en el territorio, priorizando la accesibilidad universal y la sustentabilidad.

La nueva visión de movilidad implica que el concepto rector en este tema sea la movilidad sustentable, entendiendo por ello a la suma de desplazamientos que se presentan en el territorio, con un enfoque en las personas. Este concepto implica la utilización de sistemas integrados de transporte, priorizando los sistemas de transporte alternativos a los vehículos automotores.

Además, como refuerzo a esta propuesta, resulta importante destacar que la bicicleta ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el transporte más seguro para evitar contagios de la Covid-19 en el entendido que suprime las aglomeraciones, mantiene la sana distancia entre las personas, activa y mejora la salud física, coadyuba en el combate de la mala calidad del aire y el cambio climático, por lo que de acuerdo a los datos de la OMS poco más de mil 800 ciudades en el mundo han implementado acciones encaminadas a la instalación, ampliación y permanencia de la movilidad activa a través de las ciclovías.

En consecuencia, es necesario salvaguardar los derechos humanos de las personas, colocando en el centro de las políticas públicas al ser humano.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Puebla para que instruya a la Secretaría de Movilidad y Transporte del estado, destine los recursos suficientes que permitan proporcionar el mantenimiento adecuado a la ciclovía ubicada en el boulevard Hermanos Serdán, en la Heroica Ciudad de Puebla de Zaragoza, así como la construcción de carriles exclusivos que permitan la interconectividad vial para los usuarios de bicicletas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador del estado de Puebla para que instruya a la Secretaría de Movilidad y Transporte del estado, destine los recursos suficientes que permitan la construcción estratégica de ciclopuertos para el aparcamiento de bicicletas, frente a áreas con gran tránsito peatonal, plazas y frente a edificios gubernamentales, en la Heroica Ciudad de Puebla de Zaragoza.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de su competencia, analicen la viabilidad de ampliar la red de ciclovías y biciestacionamientos en los municipios y alcaldías con mayor nivel de población, así como destinar los recursos suficientes que permitan mantener como permanentes las ciclovías creadas como emergentes.

Nota

1 https://onuhabitat.org.mx/index.php/contaminacion-automoviles-y-calidad-del-aire#:~:text=
En%20algunas%20zonas%20metropolitanas%20como,en%20nuestro%20pa%C3%ADs%2014%2C700%20personas

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 15 de febrero de 2022.

Diputada Carolina Beauregard Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la STPS a revisar las Reglas de Operación de Jóvenes Construyendo el Futuro para considerar que a quienes hayan sido sujetos del apoyo y decidan continuar los estudios se les continúe otorgando hasta la conclusión de éstos, a cargo del diputado Yericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Yericó Abramo Masso, diputado por Coahuila de Zaragoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta honorable soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que realice una exhaustiva revisión de las Reglas de Operación del Programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” a efecto de considerar que los jóvenes que hayan sido sujetos del apoyo de este programa y que decidan continuar sus estudios se les considere en el programa con el mismo apoyo hasta la conclusión de estos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con el Censo Nacional de Población del Inegi 2020, en México hay un total de 31 millones 221 mil 786 de jóvenes de 15 a 29 años, 25 por ciento del total nacional, de los cuales 15 millones 732 mil 348 son mujeres y 15 millones 489 mil 438 son hombres.1

Como consecuencias por la crisis provocada por el Covid-19, la Organización Internacional de Trabajo (OIT) estima que uno de cada seis jóvenes se encuentra sin trabajo.

En el mundo, uno de cada cinco jóvenes no trabaja ni participa en ningún programa de enseñanza o de formación. De éstos tres de cada cuatro son mujeres (OIT: 2019).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la población de 20 a 29 años es la que tiene un mayor número de personas desocupadas. Al tercer trimestre de 2021, casi 913 mil personas de este rango de edad que antes de la pandemia tenían un empleo no habían regresado al mercado laboral. La primera causa por la que no están trabajando es porque perdieron su empleo o éste terminó, en segundo lugar, porque renunciaron. Por falta de experiencia laboral es el tercer motivo para este grupo, pero es el que más se menciona en comparación con poblaciones de mayor edad.2

Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)3 en México ningún financiamiento se orienta en exclusiva a incrementar la relevancia y los resultados de la educación superior en el mercado laboral. Además de que la eficacia del financiamiento extraordinario se ve reducida por la fragmentación de los programas, el solapamiento y la falta de claridad de los objetivos, y la complejidad de los procedimientos de aplicación.

En la actualidad, México tiene la proporción más baja entre los países de la OCDE de adultos (25-64 años) con un título de educación superior (17 por ciento), una cifra muy inferior al promedio de la OCDE (37 por ciento), y por debajo de otros países de la región, tales como Chile (23 por ciento), Colombia (23 ciento), Costa Rica (23 por ciento) o Argentina (21 por ciento).

El programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” es una estrategia del gobierno federal que pretende conjugar esfuerzos entre el sector público y el privado a fin de generar oportunidades de empleo para este sector vulnerable de nuestro país.

Este programa está dirigido a jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan, la dependencia encargada de operar este programa es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que se encarga de vincular a las y los becarios con empresas, instituciones públicas u organizaciones sociales para que se capaciten laboralmente y adquieran “competencias, aptitudes, conocimientos y valores” que les ayudarán en el futuro a conseguir un empleo.

Este programa consistente en una beca equivalente a un salario mínimo empezó a operar en enero del 2019, año en que los becarios recibieron 3 mil 600 pesos mensuales, para 2020 se incrementó a 3 mil 748 pesos, durante 2021 fue de 4 mil 310 pesos y para 2022 se contempla que aumente a 5 mil 258 pesos mensuales4 .

De acuerdo con la STPS hasta el momento el programa ha beneficiado a 1.8 millones de jóvenes y se espera que para 2022 se inscriban 400 mil jóvenes más, para lo cual la dependencia cuenta con 21 mil 696 millones de pesos.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su fracción XLV define a las Reglas de operación como las disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos.

Por otra parte, el artículo 77 de la misma Ley establece que la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas.

Asimismo, señala que son las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas las responsables de emitir las reglas de operación de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Los principales criterios que deben considerar las reglas de operación son entre otros:

Contener los lineamientos, metodologías, procedimientos, manuales, formatos, modelos de convenio, convocatorias y cualesquiera de naturaleza análoga; establecer los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o localidades objetivo. Estos deben ser precisos, definibles, mensurables y objetivos; debe describirse completamente el mecanismo de selección o asignación, con reglas claras y consistentes con los objetivos de política del programa, para ello deberán anexar un diagrama de flujo del proceso de selección; definir con precisión los plazos que tiene el supuesto beneficiario, para realizar su trámite, así como el plazo de prevención y el plazo máximo de resolución de la autoridad, especificar las unidades administrativas ante quienes se realiza el trámite o, en su caso, si hay algún mecanismo alterno, publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 31 de diciembre anterior al ejercicio y finalmente las reglas de operación deberán ser simples y precisas con el objeto de facilitar la eficiencia y la eficacia en la aplicación de los recursos y en la operación de los programas.

Cabe destacar que hasta el Ejercicio Fiscal de 2018, el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para ese año, establecía en la fracción II del artículo 28 que la Cámara de Diputados, a través de la comisión ordinaria que en razón de su competencia corresponda, emitirá opinión sobre las reglas de operación publicadas por el Ejecutivo Federal en los términos del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Dicha opinión deberá fundarse y motivarse conforme a los criterios a que se refiere el último párrafo de dicho artículo.

En caso de que las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados no emitan su opinión a más tardar el 31 de marzo, se entenderá como opinión favorable.5

A partir del Ejercicio Fiscal de 2019 se eliminó la facultad de opinión sobre las Reglas de Operación que tenían las comisiones de la Cámara de Diputados, eliminando con ello la oportunidad que los diputados tenían de acompañar los esfuerzos que el ejecutivo realiza para la atención de los principales problemas de nuestro país.

Estamos convencidos de que los Diputados federales tenemos una visión más completa de la realidad de todas las regiones de nuestro país y que podemos coadyuvar a hacer una mejor distribución de los recursos y a hacer un mejor diseño de las reglas de operación de los programas sujetos a éstas en virtud del conocimiento de las condiciones que imperan en cada una de nuestras regiones.

Por ello y con la finalidad de coadyuvar a mejorar los resultados del Programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” consideramos que éste se puede ampliar para los jóvenes que después de haber sido beneficiarios del mismo, deseen continuar con sus estudios, se les pudiera otorgar el mismo apoyo hasta concluir con el grado académico, ya sea prepa, o una carrera profesional.

Por todo lo anteriormente expuesto, y con el fin de participar de los esfuerzos que encabeza el Ejecutivo federal para con este sector vulnerable, acudo a esta Tribuna para solicitar su respaldo para la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que realice una exhaustiva revisión de las Reglas de Operación del Programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” a efecto de considerar que los jóvenes que hayan sido sujetos del apoyo de este programa y que decidan continuar sus estudios se les considere en el programa con el mismo apoyo hasta la conclusión de estos.

Notas

1 https://www.asf.gob.mx/uploads/698_equidadActividades/Dia_Internacional _de_la_Juventud_12-08-21.pdf

2 https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/
Beca-para-Jovenes-Construyendo-el-Futuro-subira-a-5258-pesos-mensuales-en-2022-20211212-0011.html

3 https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/educacion_superior_en_mexico .pdf

4 https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/

5 file:///C:/Users/Usuario/Documents/PEF_2018_orig_29nov17.pdf

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2022.

Diputado Yericó Abramo Masso (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CFE a dar apoyo para revisar las tarifas eléctricas en Sonora, a cargo de la diputada Shirley Guadalupe Vázquez Romero, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Shirley Vázquez Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración de esta honorable soberanía la presente proposición con punto de acuerdo exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad a que brinde su valioso apoyo para que sean revisadas las tarifas de energía eléctrica, ya que son demasiado elevadas en los municipios de Naco, Nacozari, Fronteras, Bacoachi, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Agua Prieta, así como todos los municipios del estado de Sonora, ya que derivado a la crisis sanitaria por Covid-19 que vive nuestro país y el mundo, muchos habitantes de dichos municipios se han atrasado en los pagos de energía eléctrica y quedado sin este suministro, bajo las siguientes

Consideraciones

El primer caso de coronavirus por Sars-Cov-2 o Covid-19 se dio a finales de diciembre del 2019, en Wahum, provincia de Hubei, China y aunque se detectó oficialmente hasta el 7 de enero del 2020.

Sin embargo, fue hasta el 11 de marzo de 2020 que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente al coronavirus o Covid-19 como una pandemia por lo que Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS hizo un llamado a que los gobiernos tomarán medidas urgentes y agresivas para combatir el brote.

Recordemos que en nuestro país el primer caso oficial por covid-19 se presentó el 28 de febrero y se trataba de un adulto de 25 años, residente de la Ciudad de México, el cual viajo a Italia unas semanas antes.

Lamentablemente el 19 de marzo del 2020, se confirmaba la primera muerte por covid-19, por lo que el 23 de marzo el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud declaraba el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, donde el objetivo principal era tomar medidas y acciones previas a la transición de fase 1 a 2 y así reducir los casos de Covid-19.

Asimismo, el pasado 30 de marzo del mismo año, en el Diario Oficial de la Federación de publicaba el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19).

Donde se mandataba que se suspendieran las clases a nivel nacional en todos los diversos niveles, así como las actividades no esenciales, obligando a la población a mantenerse en cuarentena en sus hogares.

Lo cual orilló a que miles de personas perdieran su empleo en nuestro país, muchas otras trabajaran en la modalidad de “home office” (trabajo en casa) así como las niñas, niños y jóvenes tener clases de manera virtual.

En nuestro estado de Sonora, según datos del Inegi el 48% presenta un clima seco y semi seco en la Sierra de la Madre Occidental, el 46.5% presenta clima muy seco, localizado en las Llanuras Costeras del Golfo y Sonorense, el 4% es templado subhúmedo y se encuentra hacia el este del estado, mientras que el 1.5% restante presenta un clima cálido subhúmedo localizado hacia el sureste.

La temperatura media anual es alrededor de 22°C, la temperatura máxima es de 38°C y se presenta generalmente en el mes de junio y julio, la temperatura mínima promedio es de 5°C y se presenta en el mes de enero.

Como podemos observar, es necesario que en los hogares sonorenses tengan que contar con sistema de calefacción cuando las temperaturas son bajas, así como con un sistema de aire acondicionado cuando las temperaturas son aún más altas.

Sumándole a esto, que para presentarse en las clases virtuales las y los niños y adolescentes requieren como mínimo una computadora, celular o tableta, así como para realizar trabajo de “home office” por parte de las y los padres sonorenses.

Lo que genera y genero la alta demanda y alza a los precios por el servicio de electricidad en el Estado.

Pero debemos ser conscientes de la realidad y tener en cuenta que lamentablemente no todos los habitantes de nuestro Estado cuentan con la oportunidad de tener un calefactor, calentador o sistema de aire acondicionado en su casa, ni mucho menos una computadora, tableta o celular.

Por las consideraciones antes expuestas, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad a que brinde su valioso apoyo para que sean revisadas las tarifas de energía eléctrica, ya que son demasiado elevadas en los municipios de Naco, Nacozari, Fronteras, Bacoachi, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Agua Prieta, así como todos los municipios del Estado de Sonora, ya que derivado a la crisis sanitaria por Covid-19 que vive nuestro país y el mundo, muchos habitantes de dichos municipios se han atrasado en los pagos de energía eléctrica y quedado sin este suministro.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 15 de febrero del 2022.

Diputada Shirley Vázquez Romero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SFP a investigar posibles conflictos de interés y actos de corrupción cometidos por José Ramón López Beltrán, Carolyn Adams y la empresa Baker Hughes y entre Grupo Vidanta y Kei Partners, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. El pasado 20 de agosto de 2020, el periodista Carlos Loret de Mola difundió en el portal de noticias LatinUs diversos videos en los que se aprecia a Pío López Obrador, hermano del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, recibiendo grandes cantidades de dinero en efectivo para la campaña presidencial del hoy titular del Ejecutivo federal.1 El dinero fue entregado por David León, quien fungió como coordinador nacional de Protección Civil en la actual administración.

Ante la difusión de dichos videos, Andrés Manuel López Obrador apuntó que se trató de “aportaciones al movimiento en un momento en el que la gente lo financiaba”. Asimismo, comparó el escándalo de corrupción de su hermano con lo sucedido en la Revolución y en el Maderismo.2

Posteriormente, Carlos Loret de Mola reveló que el hijo del Presidente de la República habitó una mansión que, en aquel momento, era propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hughes, empresa petrolera a la cual Petróleos Mexicanos le adjudicó contratos por, inicialmente, más de 151 millones de dólares.3

Sin embargo, la periodista Peniley Ramírez evidenció múltiples ampliaciones de los montos originalmente asignados a Baker Hughes. De acuerdo con Ramírez y con información oficial obtenida del portal “Pemex+Transparente”, la empresa productiva del Estado mexicano decidió ampliar un contrato adjudicado a la empresa Baker Hughes en cinco ocasiones. El contrato en mérito pasó de 66 millones de dólares a 343 millones de dólares en noviembre del 2021.4

Asimismo, es importante señalar que la mansión que habitó José Ramón López Beltrán no coincide con el discurso de “austeridad republicana” predicado por su propio padre, Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior en virtud de que dicho inmueble cuenta con 2 mil 500 metros cuadrados de terreno, cuatro habitaciones, bar, sala de juegos, cine privado y una alberca al aire libre de 23 metros de largo.5

II. El pasado viernes 11 de febrero de 2022, el Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó fuertemente durante su habitual conferencia de prensa al periodista Carlos Loret de Mola por no haber informado cuánto dinero gana de manera mensual. Cabe mencionar que el periodista, al no ser un servidor público ni recibir recursos públicos, no está obligado legalmente a transparentar sus ingresos.

No obstante, el titular del Ejecutivo federal lo calificó de “mercenario, golpeador y corrupto”6 y exhibió que presuntamente gana 35 millones de pesos al año. Asimismo, señaló que pedirá al Servicio de Administración Tributaria y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que le certifiquen los datos sobre los ingresos del comunicador. Textualmente, el titular del Ejecutivo federal apuntó lo siguiente:

“Entonces, me entregaron un informe. Nada más voy a solicitarle, para darle trabajo también, al Instituto de la Transparencia, que cobran y no hacen mucho que digamos, porque fueron de estos aparatos que crearon para simular de que se combatía la corrupción, ya saben que yo tengo diferencias también con ellos ¿no?, pero formalmente les voy a pedir que soliciten al SAT, a Hacienda, para que me certifiquen los datos.

(...)

En total, en bruto –hay que ver si paga impuestos, todo esto lo voy a pedir en el informe– 35 millones 200 mil.

Pero para que la gente tenga una idea, que me da hasta pena, si lo comparamos, porque gana más que yo, pero me da pena porque yo gano muchísimo si se compara con lo que gana la mayoría del pueblo de México.

Pero miren cuánto gano yo, bruto anual, dos millones 11 mil y él gana 35 millones 200, o sea, que él gana como 15 veces más que yo.

(...)

Y vámonos adelante, a la confrontación de ideas, al diálogo, al debate y todo a transparentarlo.

¿Ustedes creen que los mexicanos sabían de esto antes? Nadie, porque había un contubernio de poder. La mayoría de la gente que nos está viendo, si hacemos una encuesta y le preguntamos a los mexicanos ¿tú sabías que un periodista ganaba 30, 32 millones de pesos o que ganaba el equivalente a dos millones de pesos al mes o dos millones y medio de pesos al mes? ¿Sabías?

La mayoría, no. Se imaginaba, desde luego, de la corrupción y demás, pero información de esta no había, no se podía tocar al intocable, eso era la impunidad, no se garantizaba el derecho a la información. Pero, en fin, ya se cierra”.

En este sentido, queda en evidencia el uso faccioso de las instituciones así como el abuso de autoridad por parte del Presidente de la República para perseguir a los periodistas críticos que han exhibido posibles esquemas de corrupción y conflicto de interés de sus familiares directos. Las instituciones públicas no deben de ser utilizadas de manera política, deben de utilizarse para servir a las y los ciudadanos.

III. Ahora bien, resulta necesario hacer referencia al terrible clima de violencia que enfrentan las personas periodistas en nuestro país. Según Reporteros Sin Fronteras, México es el país “más mortífero del mundo para la prensa”.7

En los escasos dos meses que van de 2022, han sido asesinados cinco comunicadores en nuestro país. El 10 de enero de 2022, José Luis Gamboa fue asesinado en Veracruz. Tan sólo una semana después, Margarito Martínez fue privado de la vida en Tijuana, y unas horas más tarde Lourdes Maldonado fue cruelmente asesinada cuando llegaba a su casa del velorio de su compañero Margarito. Por su parte, Roberto Toledo, quien colaboraba en el portal Monitor Michoacán , fue baleado en Zitácuaro, Michoacán; cabe señalar que Toledo utilizó en múltiples ocasiones su portal para denunciar casos de corrupción en este municipio. Asimismo, Heber López Vásquez, fue asesinado con un arma de fuego en su propia casa.8

En este sentido, resulta evidente que los constantes ataques a periodistas y comunicadores desde la Presidencia de la República abonan al clima de violencia actual. Por ello, es crucial que el titular del Ejecutivo federal deje de emitir insultos, descalificaciones y críticas a periodistas que realizan su labor de informar.

IV. El domingo 13 de febrero de 2022, José Ramón López Beltrán apuntó que desde 2018 trabaja para la empresa KEI Partners como asesor legal, por cierto, sin tener licencia para hacerlo. Cabe señalar que la empresa KEI Partners pertenece a los hijos de Daniel Chávez, quien actualmente funge como supervisor del megaproyecto del Tren Maya.

Ahora bien, es de mencionar que Daniel Chávez, a su vez, es dueño de Grupo Vidanta, una empresa prominente del sureste de México que originalmente se había ofrecido a participar en el financiamiento del Tren Maya. En este sentido, es clara la existencia de un conflicto de interés entre el Tren Maya, los dueños de Grupo Vidanta y José Ramón López Beltrán.10

Por su parte, Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, mencionó que todo lo publicado referente a Baker Hughes es falso y afirma que desconocían la identidad del propietario del lujoso inmueble que rentaron. No obstante, también reconoce que colaboró ampliamente en el sector energético pues laboró en los Emiratos Árabes Unidos y con la familia Real de Emiratos.11 Asimismo, afirma que trabajó en el mismo sector, es decir el energético, en México. 12

V. En cuanto al marco jurídico, el actuar del Presidente de la República en torno a las investigaciones periodísticas en las que se expusieron múltiples indicios de conflictos de interés y de actos de corrupción, violentó múltiples disposiciones legales y constitucionales.

En primer lugar, el artículo 6o. de la Carta Magna refiere que la libertad de expresión no podrá ser objeto de inquisición judicial o administrativa. Dicho artículo refiere que:

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.”

De igual forma, se violó el artículo 16 de la Carta Magna mismo que refiere que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales. A la letra el texto constitucional refiere lo siguiente:

“Artículo 16. (...)

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

(...)”.13

Lo anterior, en virtud de que se expuso presuntamente información sobre los ingresos del comunicador obtenidos por su labor dentro de la iniciativa privada.

Por su parte, el titular del Ejecutivo federal también violentó el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en virtud de que cometió un abuso de funciones lo que constituye una falta grave. Textualmente dicha disposición refiere lo siguiente:

“Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios , para generar un beneficio para si? o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público; así como cuando realiza por si? o a través de un tercero, alguna de las conductas descritas en el artículo 20 Ter, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.14

Asimismo, se infringió el secreto fiscal contenido en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Esto pues las y los servidores públicos tienen la obligación de guardar absoluta reserva en las declaraciones y datos proporcionados por las y los contribuyentes. A la letra se menciona lo siguiente:

“Artículo 69. El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación. Dicha reserva no comprenderá los casos que señalen las leyes fiscales y aquellos en que deban suministrarse datos a los funcionarios encargados de la administración y de la defensa de los intereses fiscales federales, a las autoridades judiciales en procesos del orden penal o a los Tribunales competentes que conozcan de pensiones alimenticias o en el supuesto previsto en el artículo 63 de este Código. Dicha reserva tampoco comprenderá la información relativa a los créditos fiscales firmes de los contribuyentes, que las autoridades fiscales proporcionen a las sociedades de información crediticia que obtengan autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad con la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, ni la que se proporcione para efectos de la notificación por terceros a que se refiere el último párrafo del artículo 134 de este Código, ni la que se proporcione a un contribuyente para verificar la información contenida en los comprobantes fiscales digitales por Internet que se pretenda deducir o acreditar, expedidos a su nombre en los términos de este ordenamiento”.15

Finalmente, también se violentó el artículo 7 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dado que no se está garantizando la privacidad de los individuos por parte del Estado. A la letra dicho precepto refiere lo siguiente:

“Artículo 6. El Estado garantizara? la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitara? por razones de seguridad nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros”.16

Por lo expuesto, y considerando la imperante necesidad de proteger la libertad de expresión; la necesidad de investigar posibles actos de conflicto de interés así como posibles actos de corrupción por José Ramón López Beltrán, Carolyn Adams, la empresa Baker Hughes y las ampliaciones de contratos hasta por 343 millones de dólares otorgadas por Petróleos Mexicanos; así como la necesidad de investigar posibles actos de conflicto de interés y de corrupción entre las empresas Grupo Vidanta, Kei Partners, las personas físicas Daniel Chávez, Iván Chávez, Érika Chávez, José Ramón López Beltrán y el megaproyecto denominado Tren Maya, es que sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar el posible conflicto de interés, así como los posibles actos de corrupción cometidos por José Ramón López Beltrán, Carolyn Adams, la empresa Baker Hughes y las ampliaciones de contratos hasta por 343 millones de dólares otorgadas por Petróleos Mexicanos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a que, en el contexto de inminente violencia hacia las personas periodistas, garantice su integridad física así como el pleno ejercicio del derecho humano a la libertad de prensa y de expresión; y, a no difundir datos personales de ciudadanas o ciudadanos, ni violentar el secreto fiscal de ninguna persona.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al director general de Petróleos Mexicanos a rescindir los contratos adjudicados a Baker Hughes por existir posibles elementos de conflictos de interés y de corrupción.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar posibles actos de conflicto de interés y de corrupción entre las empresas Grupo Vidanta, Kei Partners, las personas físicas Daniel Chávez, Iván Chávez, Érika Chávez, José Ramón López Beltrán y el megaproyecto denominado Tren Maya.

Notas

1 Loret, C. (2020). Los videos de Pío López Obrador recibiendo dinero para la campaña de su hermano. LatinUs. Recuperado de: <https://latinus.us/2020/08/20/videos-pio-lopez-obrador-recibiendo-d inero-para-campana-de-su-hermano/>

2 Aristegui Noticias. (2020). Pío recibió “aportaciones” en un momento en que la gente financió el movimiento: López Obrador. Aristegui Noticias. Recuperado de:

https://aristeguinoticias.com/2108/mexico/pio-recibio-aportaciones-en-un-momento-en-que-la-gente
-financio-el-movimiento-lopez-obrador-enterate/

3 El Financiero. (2022). Escándalo de casa en Houston: accionista de Baker Hughes pide investigar conflicto de interés. El Financiero. Recuperado de: <https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/02/12/escandalo-de-ca sa-en-houston-accionista-de-baker-hughes-piden-investigar-conflicto-de- interes/>

4 Staff Oil & Gas Mazagine. (2022). Contratos entre PEMEX y Baker Hughes pasaron de 66 a 343 mdd con AMLO. Staff Oil & Gas Mazagine. Recuperado de: <https://www.oilandgasmagazine.com.mx/contratos-entre-pemex-y-baker- hughes-pasaron-de-66-a-343-mdd-con-amlo%EF%BF%BC/>

5 Ayala, Olmos y Gutiérrez. (2022). Así vive en Houston el hijo mayor de AMLO. Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Recuperado de: <https://contralacorrupcion.mx/asi-vive-en-houston-el-hijo-mayor-de- amlo/>

6 Aristegui Noticias. (2022). Muestra AMLO presunto sueldo de Loret de Mola; “está fuera de sí”, le responde. Aristegui Noticias. Recuperado de: <https://aristeguinoticias.com/1102/mexico/muestra-amlo-presunto-sue ldo-de-loret-de-mola-son-datos-falsos-le-responde-enterate/>

7 Deutsche Welle. (2022). México: el país “más mortífero del mundo para la prensa”. Deutsche Welle. Recuperado de: <https://www.dw.com/es/méxico-el-pa%C3%ADs-más-mort%C3%ADfero-del-mu ndo-para-la-prensa/a-60540855>

8 Rodríguez, D. (2022). Asesinado en Oaxaca el periodista Heber López Vásquez, el quinto crimen contra la prensa de México en 2022. El País. Recuperado de: <https://elpais.com/mexico/2022-02-11/asesinado-en-oaxaca-el-periodi sta-heber-lopez-vasquez-el-quinto-crimen-contra-la-prensa-de-mexico-en- 2022.html>

9 Barragán, A. (2022). La última historia de Don Rober, reportero asesinado en Michoacán. El País. Recuperado de: <https://elpais.com/mexico/2022-02-07/la-ultima-historia-de-don-robe r-el-reportero-asesinado-en-michoacan.html>

10 Munguía, A. (2022). José Ramón López Beltrán trabaja en empresa de hijos de Daniel Chávez, asesor del Tren Maya. El Financiero. Recuperado de: <https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/02/14/jose-ramon-lope z-beltran-trabaja-en-empresa-de-hijos-de-daniel-chavez-asesor-del-tren- maya/>

11 Barragán, S. (2022). Carolyn Adams niega relación con Baker Hughes y revela Whatsapp con agente inmobiliario. Aristegui Noticias. Recuperado de: <https://aristeguinoticias.com/1302/mexico/carolyn-adams-niega-relac ion-con-baker-hughes-y-revela-whatsapp-con-agente-inmobiliario/>

12 Ídem.

13 Cámara de Diputados. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. Recuperado de: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

14 Cámara de Diputados. (2016) Ley General de Responsabilidades Administrativas. Cámara de Diputados.

15 Cámara de Diputados. (1981). Código Fiscal de la Federación. Cámara de Diputados.

16 Cámara de Diputados. (2017). Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Cámara de Diputados. Recuperado de: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf>

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2022.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Jucopo de esta soberanía a crear una comisión especial de seguimiento a la devolución de los montos retenidos ilegalmente a los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco, México, a cargo del diputado Marcelino Castañeda Navarrete, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Marcelino Castañeda Navarrete, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXV Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 2 y 3, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política la creación de una Comisión especial que analice y de seguimiento para que el H. Ayuntamiento de Texcoco, Estado de México, devuelva los montos que ilegalmente les retuvieron a las y los trabajadores de dicho municipio, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Los artículos 5 y 123, de nuestra Constitución Política, establecen y salvaguardan el derecho humano de las y los mexicanos, de dedicarse al trabajo, profesión, comercio o industria digno y socialmente útil que desee; por lo tanto, resulta obligatorio que esta Soberanía realice todas y cada una de las actuaciones que estén a su alcance para garantizar el ejercicio irrestricto de este derecho humano para todas y todos los mexicanos.

De igual forma, proteger y garantizar los derechos político-electorales, es una tarea que se construye todos los días en todos los procesos de participación ciudadana y de construcción democrática; “Una democracia requiere que haya ejercicio pleno y real del derecho al voto y la existencia de la competencia libre y justa entre distintas opciones políticas. Para que esto sea posible, los ciudadanos deben gozar de un amplio conjunto de derechos y libertades ”1

Pues de la protección permanente de estas y de todos los derechos de los ciudadanos es que se construye el cambio y las transformaciones verdaderas, aquellas que se erigen como verdaderos pilares y ejes de las revoluciones democráticas, pero sobre de todo de la garantía de derechos; es por ello que es inaudible que se presenten conductas de acoso laboral o de presiones burocráticas para favorecer a un determinado político o candidato político.

El veintiocho de abril de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral inició el procedimiento sancionador bajo el expediente INE/Q-COF-UTF/44/2017/EDOMEX, resolviendo el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante resolución INE/CG1499/2021, de fecha tres de septiembre de dos mil veintiuno, determino:

Confirmando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por unanimidad de votos, la determinación realizada por el INE, en el expediente SUP-RAP-403/2021 Y ACUMULADOS.

Como señale con anterioridad, garantizar el derecho humano al trabajo y el ejercicio de los derechos político-electorales, es no solo un mandato Constitucional e internacional de México, sino una obligación de esta legislatura erradicar y eliminar todas y cada una de las conductas clientelares que buscan denigrar la política en México, es tiempo de actuar y de no seguir apapachando a quienes trabajan en lo oscurito.

De lo anterior, resulta imperante resaltar que la justicia en su máxima expresión busca no solo castigar sino también reparar los daños perpetrados, esto es, ante la desdeñable conducta de quienes abusando de su encargo como servidores públicos y de la relación de supra subordinación que guardaban con el personal del Ayuntamiento de Texcoco, Estado de México, es necesario devolver a los trabajadores, los montos que les fueron sustraídos.

Pues ello, representará una muestra innegable de la reparación que se busca otorgar a aquellas y aquellos que han sido víctimas de seudo políticos disfrazados de ladrones, quienes supuestamente investidos de un oficialismo, se aprovecharon de las y los trabajadores para sustraerles el dinero que con tanto esfuerzo se ganaron.

Es por ello y al tenor de los hechos narrados, solicito a este pleno la creación de una Comisión Especial que analice y de seguimiento para que el H. Ayuntamiento de Texcoco, Estado de México, devuelva los montos que ilegalmente les retuvieron a las y los trabajadores de dicho municipio , la cual contará con la facultad y atribución de revisar y cuantificar los montos que le fueron sustraídos a las y los trabajadores, a fin de que les sea devuelto íntegramente, el dinero que se les exigió; la cual tendrá como duración hasta que se dé cabal cumplimiento al objeto por el que fue creada.

Lo anterior, porque estaríamos hablando de justicia restaurativa, la conformación de esta Comisión representaría un avance en el cumplimiento de las violaciones en materia electoral y laboral de las que fueron objeto las y los trabadores del municipio de Texcoco, lo que de igual forma permitiría reconocer que ninguna persona ni ningún partido se encuentra por encima de la ley, todas y todos somos sujetos de derecho y es nuestra imperante obligación como legisladores no solo crear la ley sino y por sobre todo cumplirla.

Lo anterior conllevaría además de cerrar la brecha en la aplicación de justicia, transparentar los procesos judiciales otorgando con ello una justicia pronta y expedita.

Por lo expuesto someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que:

Por lo expuesto someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. - Se solicita a la Junta de Coordinación Política la creación de una Comisión Especial que analice y de seguimiento para que el H. Ayuntamiento de Texcoco, Estado de México, devuelva los montos que ilegalmente les retuvieron a las y los trabajadores de dicho municipio.

Segundo. – La presente comisión tendrá por analizar, dar seguimiento y en cuando así se acredite verificar que el H. Ayuntamiento de Texcoco, Estado de México, realiza la devolución de los montos que les fueron sustraídos a las y los trabajadores del municipio de Texcoco.

Tercero. – Se solicita que dicha Comisión esté integrada por un diputado o diputada perteneciente a cada uno de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados, siendo presidia por el grupo parlamentario diverso a la afiliación política del actual gobierno del municipio de Texcoco.

Cuarto. – La Comisión de referencia tendrá una duración desde su conformación a la conclusión de la presente legislatura o bien podrá concluir antes de dicho plazo cuando se haya logrado el objetivo que le dio origen.

Quinto. - Una vez cumplimentado el objeto para el cual fue creada la presente comisión Especial, está presentará un informe al Pleno de este H. Congreso con los resultados obtenidos durante su gestión.

Nota:

1. (Dahl 1989 y 1999; Vázquez y Serrano 2011, 41).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2022

Diputado Marcelino Castañeda Navarrete (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los grupos parlamentarios de esta soberanía a sensibilizar a los partidos políticos a efecto de renunciar a un porcentaje del financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes del ejercicio de 2022 y canalizar los recursos al sector salud, con enfoque especial en la adquisición de medicamentos oncológicos, a cargo de la diputada Merary Villegas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Merary Villegas Sánchez, integrante de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Uno de los sectores más afectados por esta pandemia Covid-19 sin duda alguna es el sector salud, los recursos presupuestados no han sido suficientes para atender un problema sistémico que presenta su mayor crisis en este momento, los factores son diversos como la deteriorada e insuficiente infraestructura de los hospitales, los precarios salarios otorgados al personal dedicado a la salud en comparación con otros profesionales y la inexistencia de un servicio de salud público que cubra de manera eficiente y con calidad la atención medica de cualquier ciudadano.

La posibilidad de recibir atención médica oportuna y tener un acceso inmediato a medicamentos, estudios médicos y tratamientos en general se volvió una quimera para la mayoría de la población que habita en las ciudades y no se diga para quienes habitan regiones serranas o comunidades indígenas, el sistema neoliberal implantado abrió una brecha muy grande entre los servicios públicos y los servicios privados de salud, de tal manera que solo los de mayor poder adquisitivo podían acceder a un tratamiento adecuado además de poder costear medicamentos y cuidados especiales.

Todos conocimos casos de ciudadanos que no eran atendidos en el hospital público más próximo por no estar afiliados a ese servicio de salud, violentándose de manera flagrante el derecho a la salud consagrado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Queda muy claro que a las políticas neoliberales no les convienen sistemas de salud fuertes y a cargo del Estado, porque la salud era un negocio para unas cuantas empresas que monopolizaban el servicio y la venta de medicamentos, sin embargo con esta pandemia Covid-19 nos quedó claro que fue el Estado mexicano quien asumió la responsabilidad, con todo lo que implica no contar con un sistema de salud que estuviera preparado para atender esta contingencia, la irresponsabilidad del pasado nos cobra ahora una factura que tardaremos años en pagar o que incluso no podremos pagar por la cantidad de familia afectadas.

Por ello, presento este punto de acuerdo con el objetivo de contribuir con lo establecido en el artículo cuarto constitucional que garantiza el derecho de toda persona a la protección de la salud, y cuya última reforma a este artículo estableció que, cito textualmente, la Ley definirá un sistema de salud para el bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social, ante esta obligación constitucional como legisladores se les exhorta atentamente a los grupos parlamentarios que integran la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados a sensibilizar a los partidos políticos, según corresponda su afiliación, para que renuncien a un porcentaje del financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes de los ejercicios 2021 y 2022, con el objetivo de que esos recursos sean canalizados al sector salud con enfoque especial a la adquisición de medicamentos oncológicos.

Con ello se busca atender la problemática del desabasto de medicamentos, particularmente aquellos de uso oncológico, porque apremia la toma de decisiones urgentes que coadyuven para que a corto plazo los enfermos de cáncer reciban el tratamiento adecuado, esto es así porque durante todo este tiempo que ha sido imperiosa la necesidad de atender la pandemia Covid-19 y la infraestructura hospitalaria existente resultó insuficiente para seguir atendiendo con la misma regularidad los padecimientos existentes.

Por citar algunos datos que sustentan este punto de acuerdo respecto de la importancia de apoyar en la adquisición de medicamentos oncológicos, menciono que en México de acuerdo a los datos del Inegi, en 2019 se registraron 747 mil 784 defunciones, de las cuales 12 por ciento se deben a tumores malignos (88 mil 683), la distribución porcentual por sexo indica que hay más fallecimientos en mujeres (51 por ciento) que en los hombres (49 por ciento) por esta causa. Entre enero y agosto de 2020 se registraron 683 mil 823 defunciones, de las cuales 9 por ciento se deben a tumores malignos (60 mil 421), la distribución porcentual por sexo indica que en este periodo (enero-agosto de 2020) hay más fallecimientos en mujeres (51 por ciento) que en hombres (49 por ciento) por esta causa, lo que ubica a los tumores malignos en la cuarta causa de muerte para este periodo.

Asimismo, el cáncer de mama es la principal causa de morbilidad hospitalaria por tumores malignos entre la población de 20 años y más, con 24 de cada 100 egresos hospitalarios para este grupo de edad; en las mujeres, estos tumores malignos representan 37 de cada 100 egresos. En los datos más recientes proporcionados por el Inegi a nivel nacional, la tasa de mortalidad por tumores malignos para el año 2019 es de 70 defunciones por cada 100 mil habitantes y las entidades federativas donde se ubican las tasas de defunciones por tumores malignos más altas (73.48 a 97.10) son: la Ciudad de México, Sonora, Chihuahua, Veracruz, Nuevo León, Sinaloa y Nayarit. Siendo las entidades que registran las tasas más bajas (50.93 a 62.44): Quintana Roo, Guerrero, Tlaxcala, estado de México, Guanajuato, Chiapas, Tabasco, Aguascalientes y Puebla.

Este es el contexto del México actual en cuanto a algunas cifras de este padecimiento que es el cáncer, ahora bien, sabemos que como legisladores la única forma de hacer posible la disminución del presupuesto a partidos políticos es una reforma constitucional, pero el tiempo apremia compañeras y compañeros, por ello pido que apoyen este punto de acuerdo.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los grupos parlamentarios que integran la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados a que, en conjunto, acudan a sensibilizar a los partidos políticos, según corresponda su afiliación, para que renuncien a un porcentaje del financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes del ejercicio 2022, con el objetivo de que esos recursos sean canalizados al sector salud con enfoque especial a la adquisición de medicamentos oncológicos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2022.

Diputada Merary Villegas Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a cesar e inhabilitar a los responsables de los actos de violencia contra niños en el albergue San Bernabé, y fincarles responsabilidad penal, a cargo de la diputada Diana María Teresa Lara Carreón, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Diana María Teresa Lara Carreón, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a que a la brevedad cese e inhabilite a los funcionarios responsables de los actos de violencia contra niñas y niños en el albergue San Bernabé, y se les finque responsabilidad penal, al tenor de las siguientes

Antecedentes

Es necesario tener presente que el noveno párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”

El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que dicha ciudad “garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.”

Entre otros elementos, establece que la Ciudad garantizará: El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia. Así mismo establece que “las autoridades deberán actuar con debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, tomando en cuenta la situación y condiciones de vulnerabilidad de cada grupo.”

Dicho artículo establece en su letra “D”, denominada Derechos de las niñas, niños y adolescentes, que ellos son titulares de derechos y gozan de la protección de la Constitución. Prescribe que la actuación de las autoridades atenderá los principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su adecuada protección a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.

La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México establece que las autoridades deberán garantizar en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno, un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos, género y niñez.

Asimismo, establece que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social. Tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.

Dicha ley establece que las autoridades y los órganos político-administrativos, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por el descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual. También lo están para adoptar las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la restitución de derechos.

Aunque el gobierno de la Ciudad de México opera 41 albergues, no se tiene certeza de cuántas niñas, niños y adolescentes se encuentran en ellos. No obstante que el marco jurídico de protección del menor exige mayor transparencia en el manejo y protección de sus derechos. Se estima que más de 29 mil niños, niñas y adolescentes viven en orfanatos o albergues y cerca de 5 millones de niños mexicanos están en riesgo de perder el cuidado de sus familias por causas como pobreza, adicciones, violencia intrafamiliar y procesos judiciales.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el maltrato infantil es una causa de sufrimiento para los niños y las familias. Puede tener consecuencias a largo plazo causándoles estrés y trastornos del desarrollo cerebral temprano.

En un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) del año 2021, las niñas, niños y adolescentes que han pasado por centros de asistencia social y albergues públicos y privados en el país, frecuentemente son víctimas de desaparición, maltrato y, abuso sexual.

En el mes de noviembre del año 2021, se divulgó que los niños que se encontraban alojados en el albergue del Gobierno de la Ciudad de México, “San Bernabé”, sufrieron agresiones de carácter grave y que se registraron en material fotográfico. Ello ha sido reprobado por los diputados de oposición del Congreso de la Ciudad de México.

Consideraciones

La idea de que los funcionarios, que se encuentran obligados a proteger a las niñas y niños en condición de completa vulnerabilidad, hayan permitido que se llevaran a cabo acciones de maltrato tan abominables como el que fueran atados desde el cuello hasta los pies, como medida irracional para castigar un supuesto mal comportamiento; resulta indignante.

Se afirma que en las minutas de trabajo se describe que algunos menores fueron sometidos, siendo tomados del cuello o pateándolos. A una menor le suministraban una sustancia, aparentemente para mantenerla dormida.

Cuando los niños se orinaban encima, los obligaban a bajarse los pantalones y lavar su ropa y a realizar labores de limpieza, lo que resulta apropiado para el personal de limpieza que debería ser contratado y no para niños menores de edad.

Es necesario señalar, que Natalia Troncoso Arriaga, directora ejecutiva del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP), ha sido señalada como incitadora y responsable de los actos de violencia inhumana contra las niñas y niños, que dada la naturaleza de su cargo; está obligada a proteger.

Es necesario poner énfasis en que los niños que se encuentran en albergues del IAPP, han sido ubicados en ellos, en virtud de que previamente fueron víctimas de abandono, maltrato familiar y en algunos casos, también de abuso sexual. Por ello los actos resultan aún más graves e inadmisibles, porque potencian de manera probablemente irremediable su condición de víctimas.

Se han documentado actos de simulación ante la visita del secretario de Inclusión y Bienestar Social, Carlos Alberto Ulloa Pérez, quien de cualquier manera estaba obligado a constatar de manera exhaustiva la situación en que funcionan los albergues y a realizar acciones para verificar de manera efectiva la condición de salud física y mental de los menores.

El 11 de enero los diez niños que se encontraban en San Bernabé fueron reubicados en el Centro de Asistencia e Integración Social “La Coruña”, ubicado en la alcaldía Iztacalco, lugar en el que se afirma, también existen condiciones deplorables.

Los trabajadores denunciantes, que poseen antigüedad en el servicio, de hasta 13 años, afirman que nunca habían visto trato tan inhumano hacia los menores, como el que se les proporciona en la actual administración.

No resulta suficiente que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-CDMX), encabezado por Edith Hernández Segura, directora de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad, en Situación de Riesgo o Desamparo, y de Centros de Asistencia Social, instancia adscrita a la Dirección Ejecutiva de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, se esté haciendo cargo de investigar los hechos. Es necesario que la jefa de gobierno realice acciones inmediatas para brindar justicia y protección a las niñas y niños que han sido las víctimas indiscutibles.

Los acontecimientos del albergue San Bernabé resultan sumamente preocupantes para las y los legisladores de Acción Nacional. Los ciudadanos residentes en la Ciudad de México tenemos la obligación de contribuir a la protección de las niñas, niños y adolescentes. Por ello resulta urgente que los miembros de esta Cámara de los Diputados actuemos para exigir que se haga justicia a los niños que han sido víctimas del maltrato, agravando su condición de vulnerabilidad.

Con base en los argumentos aquí expuestos, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.- Respetuosamente se exhorta a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a que a la brevedad se investigue al secretario de Inclusión y Bienestar Social, Carlos Alberto Ulloa Pérez, así como de la directora ejecutiva del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP), Nadia Troncoso Arriaga, y demás funcionarios presuntamente involucrados en los actos de abuso y maltrato grave de niñas y niños en situación de vulnerabilidad y abandono, en albergues del gobierno de la Ciudad de México; particularmente en el denominado “San Bernabé” y se apliquen las sanciones administrativas y penales que correspondan.

A efecto de dotar de eficacia a dicha investigación, es procedente la imposición de las medidas cautelares correspondientes como lo es la suspensión en el empleo de los servidores públicos referidos, en tanto se esclarecen los hechos.

Dado en la Ciudad de México, a 15 de febrero del 2022.

Diputada Diana María Teresa Lara Carreón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua a emitir la declaratoria de emergencia por sequía en NL; y a los servicios de agua y drenaje de Monterrey, a atender la crisis de agua y evaluar la reactivación de proyectos de infraestructura hídrica, suscrita por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez, Andrés Mauricio Cantú Ramírez y Juan Francisco Espinoza Eguía e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez, Andrés Mauricio Cantú Ramírez, Juan Francisco Espinoza Eguía, María de Jesús Aguirre Maldonado, Karina Marlen Barrón Perales, Marcela Guerra Castillo, José Luis Garza Ochoa e Ildefonso Guajardo Villarreal, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En los últimos días, el gobierno de Nuevo León emitió una declaratoria de emergencia ante la situación de sequía que se vive en la entidad, debido a que las fuentes de abastecimiento de agua potable no presentan una capacidad suficiente de llenado para lograr cubrir las necesidades de agua de distintos municipios.

De acuerdo con datos oficiales el volumen total de llenado de las presas es de 44.1 por ciento; sin embargo, de forma particular la presa Cerro Prieto presenta un nivel de 9.88 por ciento, la presa La Boca de 25.28 por ciento y la presa El Cuchillo del 53.98 por ciento. Ante estos números y de acuerdo con los parámetros que establece la propia declaratoria de emergencia, Nuevo León se encuentran en una tercera etapa denominada de sequía extrema.

Bajo esta condición, estamos hablando de que aproximadamente 2 millones de personas en la entidad se ven afectadas por esta situación, esto, sin mencionar las empresas y unidades económicas de diferentes sectores que se ven afectados por la escasez de agua.

Las afectaciones ante la escasez de agua en la entidad provocan desequilibrios económicos en distintos sectores y mercados, toda vez que este recurso permite la ejecución de distintas actividades primarias principalmente las asociadas al campo, así como las de nivel secundario que requieren de este líquido para operar.

En esencia, la situación que vive el estado no es algo menor, y requiere de la mayor atención, cuidado e intervención posible, pues al tratarse de una de las principales ciudades y estados del país, detener la actividad y su dinamismo puede llegar a ocasiones desaceleraciones considerables que permean a nivel nacional.

Para explicar la situación en la que se encuentra Nuevo León, el director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey Juan Ignacio Barragán Villareal, señaló que la causa que provoca la escasez de agua en el estado esta relacionada a la baja en el número de lluvias al sur del estado, las cuales ayudan al llenado de las presas Cerro Prieto y La Boca.

La condición de sequía no es un problema que afecte únicamente a la zona metropolitana de Nuevo León, sino que este problema se ha extendido a municipios como Mier y Noriega, Iturbide, Galeana Zaragoza, Doctor Arroyo y Aramberri, solo por mencionar algunos.

Bajo esta condición, el director Ignacio Barragán, refirió que para hacer frente al problema de escasez, será necesario abrir alrededor de 50 pozos de emergencia en tanto los niveles de lluvia vuelven a la normalidad.

Ante la declaratoria de emergencia emitida por las autoridades estatales, se decretó la suspensión de toda actividad que amerite el uso excesivo de agua, por lo que se buscará evitar el uso de cualquier infraestructura hidráulica para el uso de agua.

Asimismo, la declaratoria señala algunas recomendaciones dirigidas a la ciudadanía para hacer un uso responsable y medido del agua en tanto se recuperan las presas que abastecen de este liquido a los municipios nuevoleoneses, entre estos se encuentran regular el uso de agua en baños, lavanderías, cocina, espacios exteriores y lavado de automóviles.

Como otra acción que contempló el estado, fue la instrucción al Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey de fortalecer los mecanismos del programa de vigilancia permanente de verificación del cuidado y uso del agua en todos los sectores de la actividad estatal.

Con esta declaratoria, y con los números oficiales de la situación de las presas en la entidad, con la que ya se cataloga la sequía de tipo extrema, es evidente que se esta enfrentando una condición de crisis de agua que requiere de una mayor intervención de parte del Estado mexicano para reducir las afectaciones a las familias, comercios y empresas de la entidad.

Esta no es la primera vez que Nuevo León afronta una situación de sequía tan grave como la actual, en octubre del año pasado el Monitor de Sequía de Conagua, reveló que al menos la mitad de la entidad tenía índices bajos de escases al presentarse 48 por ciento del territorio en situación de sequía “anormalmente seca”.

En junio de 2021, la ausencia de lluvias avivó el problema de embalse del río San Juan y que ha llevado a una disputa entre Tamaulipas y Nuevo León por el acceso al agua. La situación crítica llegó al extremo qué durante este mes de 2021, nuestro entonces gobernador electo Samuel García señaló que no haría entrega de agua al estado vecino, sin embargo, debemos señalar que este río está bajo la administración de la Conagua y corresponde a esta dependencia determinar el uso y aprovechamiento para los estados colindantes.

De lo anterior, nuevamente hacemos un llamado a las autoridades tanto del nivel federal como estatal a focalizar atención y recursos al desarrollo de proyectos de obras e infraestructura hídrica que ayuden a resolver el problema de desabasto de agua en nuestro estado, y en su caso a acelerar el desarrollo de los ya existentes como es el caso de la presa Libertad.

En este mismo orden de ideas y ante la situación de crisis de agua en el estado, voltear a ver los proyectos del pasado y reactivarlos resultaría en una estrategia inteligente que ayude a reforzar la capacidad de acción y atención de las autoridades para garantizar el acceso al agua para sus distintos usos y aprovechamientos.

En este sentido, proyectos como Monterrey VI el cual consistía en la construcción de un acueducto de aproximadamente 380 kilómetros de largo que buscaba conectar la Cuenca del Río Pánuco con el estado de Nuevo León, resulta en una alternativa viable que puede ayudar a solucionar el abastecimiento de agua en la entidad y evitar condiciones de sequías extremas como las que estamos viviendo.

Si bien, en su momento proyectos como el anterior señalado enfrentó retos que lo llevaron a su suspensión, la estrategia planteada para llevar agua hasta el estado, no está alejada de lo que en realidad se necesita para garantizar el derecho humano al acceso al agua.

La discusión del presupuesto federal para el Ejercicio Fiscal de 2022 dejó sin ningún margen de negociación en el que se pudieron redirigir recursos para el fortalecimiento de proyectos de infraestructura de esta naturaleza, no obstante, pese a esto, la Conagua recibirá en 2022 poco menos de 34 mil millones de pesos, los cuales solicitamos recursos de su presupuesto puedan dirigirse de forma focalizada a atender la problemática de escases en nuestro estado norte del país.

Asimismo, una vez realizada la declaratoria de emergencia por la entidad del estado, es momento de que las autoridades a nivel federal hagan lo propio y a través de los mecanismos con los que cuentan como es el Programa Nacional contra la Sequía (Pronacose) atienda y destina los recursos que estime necesarios que ayuden a la entidad a combatir la escases de agua.

De forma coordinada, tanto autoridades estatales como federales pueden lograr coincidir en la aplicación de acciones estratégicas que atiendan esta situación, promover la reactivación de proyectos hidráulicos y acelerar los ya existentes para que, en conjunto los efectos que estos puedan traer consigo, sean en beneficio de las y los nuevoleoneses y de ser el caso, pudieran extenderse estos beneficios y atenciones a los estados del norte que se encuentran en las mismas condiciones.

El abasto de agua en la entidad es un tema que no solo atañe a los hogares y las familias, sino que sus consecuencias son de magnitudes macro que afectan a distintos sectores y entorpecen el desarrollo y el crecimiento de la entidad y el país.

En el Grupo Parlamentario del PRI apostamos por una participación activa entre los distintos niveles de gobierno del Poder Ejecutivo, los cuales favorecerán únicamente a la población que lo requiere y necesita para tener la mejor calidad de vida posible.

Por lo expuesto y fundado sometemos a consideración de este pleno, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua para que, en la medida de sus respectivas atribuciones y competencias acelere y emita la declaratoria de emergencia por sequía en el estado de Nuevo León y destinen los recursos correspondientes para la atención del problema de desabasto de agua en la entidad.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Nuevo León para que, a través de sus respectivas atribuciones y competencias, amplíen a la declaratoria de emergencia emitida el 2 de febrero de 2022 en la que se incluyan los municipios afectados por esta sequía de la zona citrícola y del sur del estado.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizar acciones de desazolve de los vasos y el mantenimiento de los sistemas hidráulicos y de drenaje para evitar reducciones en el suministro de agua de las presas del estado de Nuevo León, principalmente las presas de La Boca y Cerro Prieto.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua y al gobierno del estado de Nuevo León a evaluar la reactivación del proyecto de infraestructura hídrica denominado Monterrey VI con el objetivo de reforzar la capacidad instalada para la atención del abasto de agua en el estado de Nuevo León.

Suscrito el 15 de febrero de 2022, en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados.

Diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdéz, Andrés Mauricio Cantú Ramírez, Juan Francisco Espinoza Eguía, María de Jesús Aguirre Maldonado, Karina Marlen Barrón Perales, Marcela Guerra Castillo, José Luis Garza Ochoa e Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE a prorrogar los pagos de adeudos por Los Usuarios Unidos por Sonora, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Ana Laura Bernal Camarena, diputada integrante de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho a la energía eléctrica por su naturaleza debería ser un derecho humano, el cual debe comprender el acceso, otorgamiento y garantía del servicio de luz para una vida digna de las personas.

La electricidad es un recurso natural fundamental que no puede hacer falta en los hogares de los mexicanos debido a su suministro, y más ahora por las necesidades laborales y escolares debido a la pandemia a causa del Covid-19.

La Organización Internacional de Trabajo (OIT) menciona lo siguiente: “Los servicios públicos de suministro (agua, electricidad y gas) son fundamentales y desempeñan un papel esencial en el desarrollo económico y social. Los gobiernos son responsables en último término de asegurar el acceso fiable y universal a los servicios en unos marcos normativos que prevean la rendición de cuentas”.1

Conforme al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual menciona lo siguiente:

“Artículo 8o.

Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario”.2

El artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica menciona:

“Artículo 25.

La Comisión Federal de Electricidad deberá suministrar energía eléctrica a todo el que lo solicite, salvo que exista impedimento técnico o razones económicas para hacerlo, sin establecer preferencia alguna dentro de cada clasificación tarifaria”.3

De acuerdo a lo anterior, en mi carácter de Diputada Federal en atención a la ciudadanía y a petición de un oficio con fecha diez de enero de 2022 por parte de los “Usuarios Unidos por Sonora” mediante su representante José Luis Hernández Rivera, se hace un atento llamado al Director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la negociación de las deudas que se tienen con dicha comisión por parte de los “Usuarios Unidos por Sonora” que cuenta con afiliados en la región norte de Sonora que comprende varios municipios donde se incluye Nogales, los cuales tienen la voluntad de pagar su deuda mediante los siguientes plazos:

Los deudores con más de $20,000 puedan tener plazo para liquidar hasta por 10 mensualidades; y los deudores con menos de $20,000 se les pueda dar la facilidad de pago por 8 meses, todos ellos con un anticipo del 25% sobre su deuda total.

Todo esto con el fin de evitar cortes en el suministro de la energía eléctrica en los hogares de las familias de Nogales y demás municipios que integran los “Usuarios Unidos por Sonora”.

Ya existe un antecedente reciente de condonación de pagos de electricidad en el país en donde CFE perdonó una deuda histórica de luz al Estado de Tabasco: “En donde el gobierno de Tabasco y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acordaron la condonación total de la deuda que mantenían por el servicio de energía eléctrica cerca de 607 mil 165 usuarios domésticos, la cual asciende a poco más de 11 mil millones de pesos; además se otorgará la tarifa 1F a los tabasqueños, con un subsidio único todo el año”.4

La actual pandemia ha afectado el ingreso económico de las familias sonorenses, por ende, se debe tener empatía con el pago de los usuarios de servicios básicos como lo es la electricidad.

Cabe señalar el principio general de derecho que dice “Impossibilium nulla obligatio est”, dado que nadie está obligado a lo imposible; de tal forma, “Los Usuarios Unidos por Sonora” no piden una condonación de pagos de electricidad, pero si solicitan plazos de 10 meses para deudores con más de $20,000 y 8 meses para deudores con menos de $20,000 con un pago inicial del 25% de la deuda total para finiquitar los adeudos con la Comisión Federal de Electricidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este pleno de la honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados, exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a otorgar una prórroga de los pagos por las deudas del suministro del servicio de electricidad por parte de “Los Usuarios Unidos por Sonora”.

Notas

1 Organización Internacional de Trabajo (OIT). Servicios públicos (agua; gas; electricidad).
https://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/utilities-water-gas-electricity/lang—es/index.htm

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2022.

3 Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 2022.

4 El Universal. 03/02/2021. CFE perdona deuda histórica de luz a Tabasco. https://www.eluniversal.com.mx/estados/cfe-perdona-deuda-historica-de-l uz-tabasco

Dado en el Palacio de San Lázaro, a los quince días del mes de febrero de 2022.

Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SRE a impulsar la incorporación del Acuerdo de París en el T-MEC para que sea reconocido y se garantice el cumplimiento de los compromisos adquiridos en él, así como promover acciones, estrategias y políticas comerciales y ambientales dirigidas a proteger el ambiente y prevenir problemas de salud humana, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El T-MEC es el nuevo acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos de América (EUA) que sustituyó al TLCAN, el cual entró en vigor en junio de 2020, mismo que incorporó nuevas disposiciones bajo la premisa de atender los grandes desafíos económicos y comerciales, luego de la llegada de la pandemia de Covid-19.

Mucho se ha hablado de la conexión que existe entre el clima y la política comercial a nivel mundial, por lo que el rol que juegan los acuerdos comerciales para impulsar el cambio climático han adquirido gran importancia. De acuerdo a investigadores del Intergovernmental Panel on Climate Change, el 25 por ciento de la contaminación global de gases de efecto invernadero (GEI) proviene de operaciones productivas que han sido relocalizadas, y los productos fueron luego importados.1

Cabe destacar que EUA es el importador número uno de productos con emisiones integradas y a su vez, es el socio comercial más cercano a México. Asimismo es importante resaltar que el T-MEC integra un mercado norteamericano para sectores con uso progresivo de combustibles fósiles como la energía, la agricultura y la silvicultura, entre otros, por lo que resulta necesario vigilar y cuidar el aceleramiento del cambio climático durante dichas operaciones comerciales.

Por otro lado, el comercio mundial se triplicado desde que el TLCAN entró en vigencia en 1994. Durante ese mismo tiempo, las emisiones globales anuales de carbono aumentaron en más de 60 por ciento de acuerdo a un estudio del Global Carbon Project,2 sin embargo, hoy la realidad ambiental es distinta y se tiene que ser atendida como un problema que debe ser resuelto a la brevedad.

Si bien es cierto el T-MEC incluye un capítulo al medio ambiente, es importante que éste considere expresamente algunos acuerdos internacionales que buscan enfrentar de manera global el cambio climático e intensificar las acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono.

Uno de esos acuerdos, es el Acuerdo de París, el cual es un tratado internacional jurídicamente vinculante, que busca que todos los países se unan en una causa común para emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos, y fue en abril de 2016 que a través del Senado de la República, México ratificó el compromiso de que 35 por ciento de la energía generada para 2024, y 43 por ciento para 2030, sería limpia,3 asimismo, se comprometió a reducir 25 por ciento de sus emisiones de GEI y de contaminantes climáticos de vida corta, es decir 22 por ciento de GEI y 55 por ciento de carbono negro.4

El objetivo principal del Acuerdo de París, es limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de 2, preferiblemente a 1.5 grados centígrados, en comparación con los niveles preindustriales, y para alcanzar este objetivo de temperatura a largo plazo, los países se proponen alcanzar el máximo de las emisiones de gases de efecto invernadero lo antes posible para lograr un planeta con clima neutro para mediados de siglo.5

Para varios expertos, el capítulo de medio ambiente dentro del T-MEC, resulta considerablemente más débil que el original,6 y varias de las críticas a los acuerdos comerciales se refieren a la falta de acciones que no protegen al medio ambiente, así como a las actividades que permiten el desvío de fondos de las compañías de petróleo y gas, y que no abordan el cambio climático, lo cual genera mayores emisiones de gases de efecto invernadero y complican la crisis climática.

Es de mencionar que el artículo 24.7 del T-MEC refiere lo siguiente:

“Evaluación de Impacto Ambiental

1. Cada parte mantendrá procedimientos apropiados para evaluar los impactos ambientales de proyectos propuestos que estén sujetos a una acción del nivel central del gobierno de esa Parte y que puedan causar efectos significativos sobre el medio ambiente con el fin de evitar, minimizar o mitigar efectos adversos.

2. Cada parte asegurara? que dichos procedimientos dispongan la divulgación de información al público y, de conformidad con su ordenamiento jurídico, permitan la participación del público”.7

Asimismo, el artículo 24.8 dice:

Acuerdos Multilaterales de Medio Ambiente

1. Las partes reconocen el importante papel que los acuerdos multilaterales de medio ambiente pueden jugar en la protección del medio ambiente y como una respuesta de la comunidad internacional a los problemas ambientales globales o regionales.

2. Cada parte afirma su compromiso para implementar los acuerdos multilaterales de medio ambiente de los que es parte.

3. Las partes se comprometen a consultar y cooperar, según sea apropiado, con respecto a asuntos ambientales de interés mutuo, particularmente en asuntos relacionados con el comercio, relativos a acuerdos multilaterales de medio ambiente pertinentes. Esto incluye intercambiar información sobre la implementación de acuerdos multilaterales de medio ambiente de los que una Parte es parte; negociaciones en curso de nuevos acuerdos multilaterales de medio ambiente; y, las respectivas opiniones de cada parte sobre convertirse en parte de acuerdos multilaterales de medio ambiente adicionales.8

Lo anterior, hace evidente que dentro del capítulo de medio ambiente es fundamental que se contemplen de manera más específica aquellas acciones, estrategias y políticas para reducir las emisiones de GEI y adaptarse al cambio climático, asimismo el reconocimiento y cumplimiento al Acuerdo de París antes referido, esto con la finalidad de mitigar el impacto que tiene el tratado en las emisiones de GEI y el cambio climático que puede representar aspectos ambientales negativos para los tres países en un futuro.

Por otro lado, de acuerdo al último informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, el T-MEC no cumple con los objetivos que se tienen de realizar cambios rápidos, de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad para evitar los impactos graves y costosos del cambio climático.

Es por eso que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano considera importante que México, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores impulse la incorporación del Acuerdo de París dentro del T-MEC, para que éste sea reconocido y se implementen acciones, estrategias y políticas que fortalezcan la participación de América del norte que garantice el cumplimiento de los compromisos planteados por las partes en virtud del Acuerdo de París.

Por lo anteriormente expuesto someto consideración de esta cámara la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de que impulse la incorporación del Acuerdo de París dentro del Tratado entre México, Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC), para que sea reconocido y así garantizar el cumplimiento de las partes respecto a los compromisos adquiridos en dicho acuerdo internacional.

Segundo . La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de que promueva acciones urgentes, estrategias y políticas comerciales y ambientales que permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como mitigar el cambio climático con el propósito de proteger al medio ambiente y prevenir problemas de salud humana.

Notas

1 Intergovernmental Panel on Climate Change. Summary for Policymakers of the Special Report on Global Warming of 1.5°C.

2 Global Carbon Project. Recuperado de: https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/

3 Los compromisos climáticos de México. WRI. Recuperado de: <https://wrimexico.org/news/los-compromisos-climáticos-de-méxico>

4 Artículo “México ratifica el Acuerdo de París sobre el cambio climático”. IMCO. Recuperado de: <https://imco.org.mx/mexico-ratifica-el-acuerdo-de-paris-sobre-el-ca mbio-climatico/>

5 Redacción “¿Qué es el Acuerdo de París?” Onu Habitat. Recuperado de: https://onuhabitat.org.mx/que-es-el-acuerdo-de-paris

6 USMCA. Chapter 28 Good Regulatory Practices. Recuperado de:
https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreements/FTA/USMCA/28%20Good%20Regulatory%20Practices.pdf

7 T-MEC. Textos finales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) Recuperado de:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465806/24 ESPMedioAmbiente.pdf

8 Ídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2022.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a iniciar el proceso legislativo conducente a expedir el decreto para establecer la autonomía de los centros públicos de investigación del país, a cargo de la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada Olga Luz Espinoza Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXV Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 2 y 3, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la Honorable Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Primera.- La transformación de la vida científica y tecnológica pasará necesariamente por dos procesos:

Uno. La expedición de una nueva ley de ciencia, tecnología e innovación- CTI-; y

Dos. Por una estrategia que garantice la autonomía y libertad de catedra e investigación de los Centros Públicos de Investigación-CPI-.

Sin estas dos premisas armonizadas y planificada la CTI retrasarán su desarrollo en comparación con el resto del mundo.

De acuerdo con la Sociedad Mexicana de Física (SMF), e 2019 México únicamente contaba con 23 investigadores por cada 100 mil habitantes. Esta Sociedad afirma que, para llegar a ser un país de primer mundo, se tiene que multiplicar por 17 el número de científicos que había ese año1 .

La media del número de investigadores en el mundo es de 1.080,8 por millón de habitantes2 . La lista la encabeza Finlandia con 70707.

Finlandia 7,707

Islandia 7,315

Singapur 6,088

Dinamarca 5,670

Japón 5,573

Noruega 5,468

Suecia 5,239

Luxemburgo 4,748

Estados Unidos 4,663

Korea 4,627

Nueva Zelanda 4,365

Reino Unido 4,269

Canadá 4,260

Australia 4,224

Austria 4,123

Portugal 3,799

Alemania 3,532 3,302

Francia 3,496 3,319

Eslovenia 3,490 2,625

Suiza 3,436

Belgica 3,435 3,182 3,331

Federación Rusa 3,191

Irlanda 3,090 2,767

Holanda 3,089

Jordania 3,030

Estonia 2,966

España 2,944

República Checa 2,886
China 2,650

La pandemia de Covid19 ha demostrado el abandono a nuestra CTI, ha mostrado que México no tiene proyectos que enfrenten con eficiencia esta pandemia.

Vacuna que desde hace dos años se prometió, y no llega, respiradores que se entregan con excesiva propaganda y nula efectividad, por un lado. Por el otro, investigadores y científicos de universidades públicas con proyectos muy definidos y claros para paliar los estragos de esta pandemia que ha enlutado a millones de mexicanos.

En esta Cámara, recientemente se aprobó una reforma que por decreto establece la soberanía científica, sin que se den los pasos jurídicos, políticos y presupuestarios necesarios para conseguir la independencia científica y tecnológica. Por decreto no se alcanzará la soberanía científica.

Esta Proposición busca que el Ejecutivo de la Unión llevé a los CPI a otro nivel, al nivel de la autonomía jurídica, que les dote de personalidad jurídica y patrimonio propios, autogobierno y uso de sus recursos propios.

Segunda.- La Ley de Ciencia y Tecnología3 establece que los Centros Públicos de Investigación son las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal que de acuerdo con su instrumento de creación tengan como objeto predominante realizar actividades de investigación científica y tecnológica; que efectivamente se dediquen a dichas actividades; que sean reconocidas como tales por resolución conjunta de los titulares del Conacyt y de la dependencia coordinadora de sector al que corresponda el centro público de investigación, con la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectos presupuestales, y que celebren el convenio de administración por resultados que establece el presente Capítulo, para evaluar su desempeño y el impacto de sus acciones. Dicha resolución deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación. El Conacyt tomará en cuenta la opinión del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

La misma Ley prevé que los centros públicos de investigación gozarán de autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa. Asimismo, dichos centros regirán sus relaciones con las dependencias de la Administración Pública Federal y con el Conacyt

La Ley prevé que el personal académico de los Centros Públicos de Investigación se regirá de conformidad con los Estatutos de Personal Académico que expidan sus órganos de gobierno. Asimismo señala que el Conacyt será la entidad autorizada para dictaminar y resolver sobre aspectos científicos y tecnológicos.

En relación con los ingresos que generan los centros públicos de investigación son destinados a los proyectos autorizados por sus órganos de gobierno.

La autonomía de gestión presupuestaria de los centros públicos de investigación queda establecida de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones legales aplicables.

Estos son los aspectos legales de los CPI, con el decreto de autonomía el estatus jurídico de los Centro tendrán una configuración distinta.

Tercera.- Las autonomías de las universidades públicas han sido parteaguas en la historia de la educación superior en México, y los presidentes que las han decretado las autonomías se les ha dado un lugar en la historia de la educación pública en México

La gaceta de la UNAM4 da cuenta en el artículo “1929: autonomía, ya” que el 10 de julio Portes Gil promulga la Ley Orgánica de la Universidad, que entra en vigor el día 26.

La Gaceta da cuenta que la huelga estudiantil de 1929, movimiento de alumnos universitarios originado como protesta por los cambios en los exámenes escolares en la Universidad Nacional de México fue iniciada por estudiantes de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales (antigua Escuela de Jurisprudencia) y derivó en el otorgamiento de una limitada autonomía universitaria.

El 27 de mayo se presentó al presidente el memorial de los estudiantes. Constaba de 10 considerados y seis peticiones, se pedía, la renuncia de un gran número de funcionarios y la mayor participación estudiantil, con voz y voto, en el Consejo Universitario, de tal manera que los estudiantes pudieran realizar “una verdadera conquista” que resolviera “con justicia y equidad problemas presentes y futuros”. Portes Gil, contestó al día siguiente el pliego de peticiones, manifestando:

“Profundamente convencido de todo lo que antes digo, hoy mismo he formulado un proyecto de decreto convocando al Congreso de la Unión a sesiones extraordinarias para el estudio de la ley mediante la cual quedará resuelto el establecimiento de la Universidad Autónoma .”

La tesis de que la autonomía estaba emparentada con las ideas de la Revolución aparece en el tercero de los considerandos del decreto del presidente Portes Gil; ahí se dice que un ideal de los gobiernos revolucionarios y de las clases universitarias mexicanas era la autonomía de la Universidad Nacional. En efecto, los gobiernos del presidente Madero y de la Convención habían considerado la idea de la autonomía universitaria, y no deben omitirse el otorgamiento de la autonomía a la Universidad Michoacana en 1917.

El 10 de julio de 1929 el presidente Emilio Portes Gil promulgó la Ley Orgánica de la Universidad Nacional de México, Autónoma, la cual se publicó el 22 de julio en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor el día 26.

El caso de la Universidad Autónoma Metropolitana5 UAM.

La UAM, surge, a partir de que el Presidente de la República, Luis Echeverría solicita a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior un estudio sobre la demanda de educación del nivel medio superior y superior, así como propuestas para su solución. Como resultado de dicho estudio se toman decisiones sobre algunos aspectos de la educación superior en el país, destacando entre ellas, la creación de una nueva Universidad para la zona metropolitana.

El 10 de octubre de 1973, el Presidente somete a la consideración de la Cámara de Senadores, la iniciativa de ley para la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana. El día 13 de diciembre, la Cámara de Diputados emite su dictamen y se aprueba el proyecto de Ley. El 17 de diciembre de 1973 se publica en el Diario Oficial la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana, la cual entra en vigor a partir del primero de enero de 1974.

El establecimiento de esta Universidad obedece a dos criterios importantes: el primero, resolver el problema de la alta demanda educativa en la zona metropolitana; y el segundo, poner en práctica nuevas formas de organización académica y administrativa. Se crea la Universidad Autónoma Metropolitana

Cuarta.- Como se puede desprender de la anterior consideración; las autonomías han surgido como respuesta a movimientos y necesidades sociales de una educación superior de calidad.

La UNAM, presidida su autonomía de un movimiento estudiantil; y la UAM como una respuesta a la sobresaturación de estudiantes en el Valle de México en la UNAM y el IPN.

Hoy, la situación en la que se encuentran los CPI con la desaparición de los fideicomisos de CTI, la reforma constitucional del 15 de mayo de 2019 al artículo Tercero constitucional que en sus artículos transitorios prevé la expedición de una nueva ley de ciencia y tecnología representan una oportunidad para que el Titular del Ejecutivo Federal de un paso a la autonomía de los CPI.

Las principales modificaciones por las que pasarán los CPI, serán

• Son entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. Se convertirán en Centro Autónomos de Investigación

• Regirán sus relaciones con las dependencias de la Administración Pública Federal y con el Conacyt. Sus órganos de autogobierno determinará que relación guardaran con otros entes públicos que realizan CTI

• El Conacyt será la entidad autorizada para dictaminar y resolver sobre aspectos científicos y tecnológicos. Ya no dependerán del Conacyt para su gobierno, presupuesto y libertades de investigación y de academia.

• Los centros públicos de investigación se regirán por esta Ley. Contarán con su propia ley orgánica y su propio marco jurídico

• Los ingresos que generen los centros públicos de investigación. Estos deberán de estar en el Presupuesto de Egresos de la Federación, los que los Centro lo determinarán en libertad.

• La autonomía de gestión presupuestaria de los centros públicos de investigación queda establecida de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Podrán establecer sus propios esquemas de financiamiento, entre ellos el uso de sus autogenerados.

La evolución es total para los CPI, depende del Titular del Poder Ejecutivo que los Centros, en libertad, den más y mejores resultados para el bien de la CTI.

El artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga en su fracción I al Presidente de la República el derecho de iniciar leyes o decretos, por lo que la voluntad del Jefe del Ejecutivo es esencial para otorgar autonomía a los CPI.

Por lo expuesto y de conformidad con los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 2 y 3, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la Honorable Asamblea la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular del Poder Ejecutivo a iniciar el proceso legislativo para expedir decreto por el que establece la autonomía de los Centros Públicos de Investigación del país.

Notas:

1. De la nota “México tiene 23 investigadores por cada 100 mil habitantes” publicada en la revista Universo el día 23 de octubre de 2019 de la reportera Claudia Peralta Vázquez; disponible en: https://www.uv.mx/prensa/ciencia/mexico-tiene-23-investigadores-por-cad a-100-mil-habitantes/

2. De la nota: Número de investigadores por millón de habitantes por país en 2019, publicada en Universo Abierto Blog de la biblioteca de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. Disponible en:

https://universoabierto.org/2019/06/10/numero-de-investi gadores-por-millon-de-habitantes-por-pais-en-2019/

3. Artículo 47 de la Ley de Ciencia y Tecnología. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/242_061120.pdf

4. Gaceta de la UNAM Suplemento No. 13 de Jul 22, 2019, disponible en: https://www.gaceta.unam.mx/1929-autonomia-ya/

5. https://www.uam.mx/sah/pre-pa/tema01/indice-t01.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2022

Diputada Olga Luz Espinosa Morales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía expresa su preocupación por el incremento de tensiones entre la Federación Rusa y Ucrania, y se pronuncia para que, con pleno respeto de la Carta de Naciones y al Derecho Internacional, solucionen sus diferencias por la vía diplomática; y exhorta a la SRE a plantear ante la ONU una salida diplomática al conflicto, suscrita por las diputadas María Guadalupe Chavira de la Rosa y Claudia Delgadillo González, de los Grupos Parlamentarios de Morena y PVEM, respectivamente

María Guadalupe Chavira de la Rosa y Claudia Delgadillo González , en nuestra calidad de diputadas federales de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, como de urgente u obvia resolución , la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

Primero. Desde 2014 existe un conflicto entre Rusia y Ucrania que no han cesado, y que, por el contrario, desde finales de 2021 y a comienzos de 2022, se ha incrementado la tensión entre ambas naciones.

Esto disputa ocurrió después de que un levantamiento popular en Kiev llevara a la destitución del presidente Víktor Yakunóvich. En medio de ese vacío de poder, el 16 de marzo de 2014 la península de Crimea, celebró un referéndum en el que los votantes para decidir si querían separarse de Ucrania y unirse a Rusia. Cabe mencionar que la Unión Europea rechazo el referéndum y Estados Unidos asegura que nunca será aceptado.1

Dos días después, el 18 de marzo de 2014, Moscú firmó la incorporación de Crimea a su territorio. Como respuesta a este acto, el 24 de marzo de 2014, los líderes del Grupo de los 7, formado por Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Canadá, Reino Unido y Japón, decidieron suspender la participación de Rusia en el Grupo de los Ocho (G8) por la anexión de Crimea.2 Desde ese momento la pugna no ha cesado.

En abril de 2014, los acontecimientos en la península de Crimea provocan el surgimiento de un movimiento separatista armado en la región de Donbás, en el este de Ucrania. Los grupos armados toman parte de las regiones de Donetsk y Lugansk, en la frontera con Rusia.

El 12 de mayo de 2014, tras la celebración de sendos referendos, Lugansk y Donetsk se declaran “repúblicas independientes” de Ucrania.

Segundo. Cabe recordar que el 5 de febrero de 2014, los miembros del grupo de contacto, formado por representantes de Ucrania, Rusia y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), celebraron una reunión en Minsk (Bielorrusia) y acordaron un plan de solución del conflicto, ahora llamado “El Protocolo de Minsk”.3 Entre los puntos del Protocolo estaban:

“1. Asegurar el cese bilateral inmediato del uso de armas;

2. Asegurar el seguimiento y verificación por parte de la OSCE del régimen de no uso de armas;

3. Implementar la descentralización del poder, incluso mediante la promulgación de la Ley de Ucrania “Con respecto al estatus temporal de autogobierno local en ciertas áreas de las regiones de Donetsk y Lugansk” (Ley sobre estatus especial);

4. Asegurar el monitoreo permanente en la frontera estatal entre Ucrania y Rusia y la verificación por parte de la OSCE, junto con la creación de un área de seguridad en las regiones fronterizas de Ucrania y la Federación Rusa;

5. Liberar inmediatamente a todos los rehenes y personas detenidas ilegalmente;

6. Promulgar una ley que prohíba el enjuiciamiento y castigo de personas en relación con los hechos que tuvieron lugar en ciertas áreas de las regiones de Donetsk y Lugansk de Ucrania;

7. Llevar a cabo un diálogo nacional inclusivo;

8. Adoptar medidas destinadas a mejorar la situación humanitaria en Donbass;

9. Garantizar la celebración de elecciones locales anticipadas de conformidad con la Ley de Ucrania “Con respecto al estatus temporal de autogobierno local en ciertas áreas de las regiones de Donetsk y Lugansk” (Ley sobre estatus especial);

10. Retirar formaciones militares ilegales, equipo militar, así como militantes y mercenarios del territorio de Ucrania;

11. Adoptar un programa para la reactivación económica de Donbass y la recuperación de la actividad económica en la región;

12. Brindar garantías de seguridad personal a los participantes de las consultas.”

En 2015 dirigentes de Francia, Alemania, Ucrania y Rusia, el denominado “Cuarteto de Normandía”,4 acordaron un nuevo alto el fuego y un paquete de medidas para la aplicación de los acuerdos de Minsk, el Acuerdo de Minsk II.5

Tercero. El pasado 28 de diciembre de 2021, el portal Global Times , del Partido Comunista Chino, en su editorial señaló: “Estados Unidos y Rusia ya se han culpado mutuamente de la situación en Ucrania. Estados Unidos exclama que los ejercicios militares de Rusia cerca de las fronteras de Ucrania pueden ser el preludio de una “invasión” a Ucrania, mientras Rusia arguye que tiene el derecho de movilizar a su ejército en su propio territorio y exigió una promesa de que la OTAN no desplegaría a sus fuerzas en Ucrania”.6

El 6 de febrero de 2022, tropas del Ejército de Estados Unidos, pertenecientes a la 82 División Aerotransportada, llegaron desde Fort Bragg al aeropuerto de Rzeszow-Jasionka en el sureste de Polonia, a unos 90 kilómetros de la frontera con Ucrania.7

La noticia coincide con las declaraciones del exministro de Defensa de Ucrania quien advirtió que Rusia cuenta con suficientes tropas para apoderarse de Kiev.

Anteriormente, el presidente estadounidense, Joe Biden, había ordenado el envío de unos 3 mil efectivos adicionales a Polonia y Rumania como parte de los esfuerzos de Washington para tranquilizar a los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en medio de la tensión entre Rusia y Occidente por Ucrania.

De acuerdo con el Pentágono, unos 1 mil 700 militares, principalmente de la 82 División Aerotransportada, serían desplegados desde Fort Bragg, en Carolina del Norte, a Polonia.

En este orden de ideas, el 7 de febrero de 2022, se reunieron los presidentes de Rusia y Francia, Vladimir Putin, y Emmanuel Macron, en búsqueda de una fórmula que permita iniciar una desescalada de la tensión en la frontera entre Rusia y Ucrania.7

Putin hizo un recuento de sus demandas en los años recientes, culpó a Estados Unidos de alterar el equilibrio estratégico en el mundo, lamentó que ni Washington ni sus aliados hayan aceptado satisfacer sus exigencias, reiteró que Crimea es y será parte de Rusia y si alguien trata de cambiar esto por la vía militar habrá de modo inevitable una guerra nuclear en la que no habrá ganador.

El mandatario ruso reiteró que no hay alternativa a los acuerdos de Minsk, que son la única base posible para un arreglo político del conflicto del sureste ucraniano y dijo que el presidente francés trajo algunas ideas que hay que estudiar y aún es prematuro hacerlas del dominio público.

Macron reconoció que Rusia tiene preocupaciones que hay que respetar, pero aseveró que es imposible pedir que se abandonen principios básicos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Acusó a Rusia de incumplir el compromiso asumido de respetar la integridad territorial (de Ucrania) como ejemplo de que otros países tienen también preocupaciones que hay que tomar en cuenta.

Subrayó que hay que respetar la soberanía de Ucrania, Moldavia y otros países del espacio postsoviético y habló de la necesidad de construir un nuevo mecanismo de seguridad para todos en Europa, que considere las preocupaciones rusas y las que tienen los países de la OTAN, así como Ucrania, Georgia o cualquier otro país de la región.

El mandatario galo se mostró optimista de que la vía política y diplomática harán posible encontrar un equilibrio de intereses que aleje de Europa el riesgo de una guerra y enfatizó que las próximas semanas será decisivas para poder avanzar.

Cuarto. Por su parte los aliados de la OTAN están poniendo fuerzas en estado de alerta y enviando barcos y aviones de combate adicionales a los despliegues de la OTAN en Europa del Este, reforzando la disuasión y la defensa aliadas mientras Rusia continúa su desarrollo militar en Ucrania y sus alrededores.9

En los últimos días, varios aliados han hecho anuncios sobre despliegues actuales o futuros. Dinamarca enviará una fragata al mar Báltico y desplegará cuatro aviones de combate F-16 en Lituania en apoyo de la misión de vigilancia aérea de la OTAN en la región. España está enviando barcos para unirse a las fuerzas navales de la OTAN y está considerando enviar aviones de combate a Bulgaria. Francia ha expresado su disposición a enviar tropas a Rumanía bajo el mando de la OTAN.

Los Países Bajos enviarán dos aviones de combate F-35 a Bulgaria a partir de abril para apoyar las actividades de vigilancia aérea de la OTAN en la región, y pondrán un barco y unidades terrestres en espera para la Fuerza de Respuesta de la OTAN. Estados Unidos también ha dejado claro que está considerando aumentar su presencia militar en la parte este de la Alianza.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo: “Doy la bienvenida a los aliados que contribuyen con fuerzas adicionales a la OTAN. La OTAN seguirá tomando todas las medidas necesarias para proteger y defender a todos los Aliados, incluso reforzando la parte oriental de la Alianza. Siempre responderemos a cualquier deterioro de nuestro entorno de seguridad, incluso mediante el fortalecimiento de nuestra defensa colectiva”.

Quinto. El pasado 20 de enero de 2022, el Boletín de Científicos Atómicos, fundado en 1945 por el Albert Einstein y los científicos de la Universidad de Chicago que ayudaron a desarrollar las primeras armas atómicas en el Proyecto Manhattan, en su declaración del “Reloj del Juicio Final”10 2022, intitulada “A las puertas de la perdición: faltan 100 segundos para la medianoche”,11 señaló, entre otros puntos, que:

“... el cambio en el liderazgo de EU por sí solo no fue suficiente para revertir las tendencias negativas de seguridad internacional que habían tardado en desarrollarse y continuaron en el horizonte de amenazas en 2021.

Las relaciones de EU con Rusia y China siguen siendo tensas, y los tres países participan en una serie de esfuerzos de expansión y modernización nuclear, incluido el aparente programa a gran escala de China para aumentar su despliegue de misiles nucleares de largo alcance basados en silos; el impulso de Rusia, China y Estados Unidos para desarrollar misiles hipersónicos; y las continuas pruebas de armas antisatélite por parte de muchas naciones. Si no se restringen, estos esfuerzos podrían marcar el comienzo de una nueva y peligrosa carrera de armamentos nucleares. Otras preocupaciones nucleares, incluida la expansión nuclear y de misiles sin restricciones de Corea del Norte y los (hasta ahora) intentos fallidos de revivir el acuerdo nuclear con Irán, contribuyen a aumentar los peligros. Ucrania sigue siendo un posible foco de tensión, y los despliegues de tropas rusas en la frontera con Ucrania aumentan las tensiones cotidianas. Para muchos países todavía existe una gran brecha entre las promesas de reducción de gases de efecto invernadero a largo plazo y las acciones de reducción de emisiones a corto y mediano plazo necesarias para lograr esos objetivos. Aunque el rápido regreso de la nueva administración de EU al Acuerdo de París dice las palabras correctas, aún no se ha combinado con políticas procesables.

Los países desarrollados mejoraron sus respuestas a la continua pandemia de Covid-19 en 2021, pero la respuesta mundial siguió siendo totalmente insuficiente. Los planes para una rápida distribución global de vacunas colapsaron esencialmente, dejando a los países más pobres en gran parte sin vacunar y permitiendo que nuevas variantes del virus SARS-CoV-2 se afianzaran. Más allá de la pandemia, los preocupantes lapsos de bioseguridad y bioprotección dejaron en claro que la comunidad internacional debe prestar mucha atención a la gestión de la empresa mundial de investigación biológica. Además, el establecimiento y la búsqueda de programas de armas biológicas marcaron el comienzo de una nueva carrera de armas biológicas.

...

En vista de este entorno de amenazas mixtas, con algunos desarrollos positivos contrarrestados por tendencias negativas preocupantes y aceleradas, los miembros de la Junta de Ciencia y Seguridad consideran que el mundo no es más seguro que el año pasado en este momento y, por lo tanto, deciden establecer el Día del Juicio Final. Reloj una vez más a los 100 segundos para la medianoche. Esta decisión no sugiere, de ninguna manera, que la situación de seguridad internacional se haya estabilizado. Por el contrario, el Reloj sigue siendo lo más cerca que ha estado del apocalipsis que acaba con la civilización porque el mundo sigue atrapado en un momento extremadamente peligroso. En 2019 lo llamamos el nuevo anormal y, lamentablemente, ha persistido.

...

Nuestra decisión de mantener el Reloj del Juicio Final a 100 segundos para la medianoche es una clara advertencia para el mundo: debemos alejarnos del umbral de la perdición. Se necesitan pasos prácticos e inmediatos para proteger a la humanidad de las principales amenazas globales que hemos descrito:

-Los presidentes de Rusia y EU deben identificar límites más ambiciosos y completos sobre las armas nucleares y los sistemas vectores para fines de 2022. Ambos deben acordar reducir la dependencia de las armas nucleares al limitar sus funciones, misiones y plataformas, y reducir los presupuestos en consecuencia.

-Estados Unidos y otros países deberían acelerar su descarbonización, haciendo coincidir las políticas con los compromisos. China debería dar ejemplo siguiendo vías de desarrollo sostenible, no proyectos intensivos en combustibles fósiles, en la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

-Los líderes de EU y otros países deberían trabajar a través de la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones internacionales para reducir los riesgos biológicos de todo tipo a través de un mejor control de las interacciones entre animales y humanos, mejoras en la vigilancia y notificación de enfermedades internacionales, una mayor producción y distribución de suministros médicos y un hospital más amplio. Capacidad.

-Estados Unidos debería persuadir a aliados y rivales de que no ser los primeros en usar armas nucleares es un paso hacia la seguridad y la estabilidad y luego declarar tal política en concierto con Rusia (y China).

-El presidente Biden debería eliminar la autoridad exclusiva del presidente de EU para lanzar armas nucleares y trabajar para persuadir a otros países con armas nucleares para que establezcan barreras similares.

-Rusia debería reincorporarse al Consejo OTAN-Rusia y colaborar en la reducción de riesgos y medidas para evitar la escalada.

-Corea del Norte debería codificar su moratoria sobre las pruebas nucleares y las pruebas de misiles de largo alcance y ayudar a otros países a verificar una moratoria sobre la producción de plutonio y uranio enriquecido.

-Irán y Estados Unidos deben volver a cumplir conjuntamente el Plan de Acción Integral Conjunto e iniciar conversaciones nuevas y más amplias sobre la seguridad en Oriente Medio y las restricciones de misiles.

-Los inversores privados y públicos deberían redirigir los fondos de los proyectos de combustibles fósiles a inversiones respetuosas con el clima.

-Los países más ricos del mundo deberían brindar más apoyo financiero y cooperación tecnológica a los países en desarrollo para emprender una acción climática fuerte. Las inversiones de recuperación de Covid-19 deben favorecer los objetivos de mitigación y adaptación climática en todos los sectores económicos y abordar la gama completa de posibles reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, incluidas las inversiones de capital en desarrollo urbano, agricultura, transporte, industria pesada, edificios y electrodomésticos, y energía eléctrica.

-Los líderes nacionales y las organizaciones internacionales deberían idear regímenes más efectivos para monitorear los esfuerzos de investigación y desarrollo biológicos.

-Los gobiernos, las empresas de tecnología, los expertos académicos y las organizaciones de medios deben cooperar para identificar e implementar formas prácticas y éticas de combatir la información errónea y la desinformación habilitada por internet.

-En cada oportunidad razonable, los ciudadanos de todos los países deben responsabilizar a sus funcionarios políticos locales, regionales y nacionales y a los líderes empresariales y religiosos preguntando “¿Qué están haciendo para abordar el cambio climático?”

Cuando el Reloj marca los 100 segundos para la medianoche, todos estamos amenazados. El momento es peligroso e insostenible, y el momento de actuar es ahora.”

Sexto. El pasado 31 de enero de 2022, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró un debate sobre la escalada de tensión en Ucrania durante el cual la secretaria general de la ONU para Asuntos Políticos y Construcción de la Paz, Rosemary DiCarlo, reiteró la necesidad de que encontrar una solución por medios diplomáticos12 y expresó preocupación por la “peligrosa acumulación militar en el corazón de Europa” e hizo votos para que las conversaciones que tienen lugar entre Rusia, Estados Unidos, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Unión Europea logren una distensión.

António Guterres, secretario general de la ONU, ha sido explícito en que cualquier intervención militar sería contraria al derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Su expectativa es que todos los Estados contribuyan a evitar el enfrentamiento militar y a crear las condiciones para una salida diplomática que termine con esta crisis.

De ahí la importancia de que la comunidad internacional apoye plenamente los esfuerzos del Formato de Normandia, para la mediación en el caso de Ucrania, con base en los Acuerdos de Minsk, al igual que otras iniciativas por asegurar la implementación de esos acuerdos respaldados por el Consejo de Seguridad.

Séptimo. El 12 de febrero de 2022, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones, publicó un aviso a personas mexicanas que viven en Ucrania y a turistas con planes de viaje a ese país,13 el que señala:

“A la luz de la reducción de la conectividad aérea en Ucrania, se invita a las personas mexicanas que visiten Ucrania por turismo o negocios a evitar viajar a ese país en este momento, ante el creciente riesgo de quedar varados. Asimismo, se sugiere a la comunidad mexicana residente en la adscripción a tomar las rutas comerciales aún disponibles si su deseo es abandonar el país.

Se recomienda mantenerse informados sobre el estatus de operaciones de las líneas aéreas que dan servicio a Ucrania.

Asimismo, se sugiere seguir oportunamente las instrucciones de las autoridades ucranianas.

Lleva siempre una copia de tu pasaporte mexicano y una identificación oficial con fotografía, conserva una copia electrónica de los mismos.

Cuando una persona mexicana viaja al extranjero, a cualquier país, o si reside fuera de México, es altamente recomendable que incluya o actualice sus datos en el Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior (Sirme) https://sirme.sre.gob.mx (es necesario utilizar Internet Explorer actualizado para poder llenar el formulario). Esto permite a la SRE brindar información oportuna y localizarte en caso de emergencia.

En caso de requerir asistencia o protección consular inmediata, ponte en contacto con la embajada de México en Ucrania.”

En tanto, la embajada de México en Ucrania, que encabeza Olga Beatriz García Guillén, ha pedido a los connacionales en territorio ucraniano que se pongan en contacto con la delegación diplomática para ser incorporados en el registro de la comunidad mexicana en aquel país.

En el perfil de Facebook de la embajada mexicana, usuarios informaron que se ha creado un grupo de WhatsApp de mexicanos en Ucrania, para mantenerse informados y puso a disposición el teléfono local de atención 38 044 280 2025, así como un teléfono de emergencias con marcación local 0 952811171 e internacional 00 380 952811171.

Octavo. En lo que se refiere a nuestro régimen interno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 89, fracción X, establece, entre otros puntos, que en la política exterior el titular del Ejecutivo federal deberán observar los principios de autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales, y a la letra reza:

“Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I... a IX...

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

XI... a XX...”

Sin embargo, aun cuando se encuentran insertos en el texto constitucional, estos principios de política exterior, “no son la política exterior” en sí misma, “sí son uno de sus elementos fundamentales”14 y “proporcionan el marco de referencia para determinar, en ese contexto, objetivos, estrategias, intereses e instrumentos.”15

A manera de explicación podemos señalar que el Principio de Autodeterminación de los Pueblos, se sustenta, entre otros, en diversos instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales16 de 1966, mismo que establece:

“Parte I

Artículo 1

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.

2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.

3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.”

Por su parte, el Principio de No Intervención implica: “...la obligación que tiene todo Estado o grupo de Estados, de no inmiscuirse ni interferir, directa o indirectamente y sean cuales fuere el motivo y la forma de injerencia, en los asuntos internos o externos de los demás Estados”.17

En referencia a este Principio de No Intervención, la Carta de las Naciones Unidas18 establece, en su artículo 2, numeral 7, que:

“Artículo 2.

Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 1, la Organización y sus Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios:

1... al 6...

Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los Miembros a someter dichos asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII”.

A su vez, el Principio de Solución Pacífica de Controversias “es el principio de derecho internacional que obliga a los Estados a buscar una solución a sus controversias, mediante mecanismos de arreglo pacífico de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad ni la justicia...

El artículo 33 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas19 re refiere específicamente al arreglo pacífico de las controversias y señala:

“Capítulo VI

Arreglo Pacífico de Controversias

Artículo 33

l. Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección.

2. El Consejo de Seguridad, si lo estimare necesario, instará a las partes a que arreglen sus controversias por dichos medios.”

Con respecto al Principio de Proscripción de la Amenaza o del Uso de la Fuerza de las Relaciones Internacionales, la comunidad internacional incorporó el principio de la proscripción de la amenaza o del uso de la fuerza de las relaciones internacionales, con la celebración de la Carta de las Naciones Unidas20 en el que se incorpora como tal en el artículo 2, párrafo 4 donde se establece:

“Artículo 2

Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 1, la Organización y sus Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios:

1... a 3...

4. Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.

5... a 7...”

El Principio de Igualdad Jurídica de los Estados tiene como significación primera, que no obstante las diferencias de poder, de adelanto o industrialización de los Estados, todo Estado como sujeto de derecho internacional, es titular de los mismos derechos y de las mismas capacidades, a la par de cualquier Estado tercero.

Este principio encuentra sustento en los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, como una de las ideas clave para la realización de los propósitos de cualquier organización, como se establece en el artículo 2, primer párrafo:

“Artículo 2

Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 1, la Organización y sus Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios:

1. La Organización esta basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros.

2. ...”

Ahora bien, de acuerdo con José Luis Siqueiros, el término de “igualdad soberana” significa el status jurídico internacional de las entidades políticas que son miembros de la Organización; es decir, se establece que los Estados son iguales –como soberanos independientes en el intercambio internacional- en que son participantes, independientemente de su realidad política, económica, militar y de otros niveles. Y afirma que: el concepto de igualdad jurídica constituye un elemento esencial e indivisible del concepto de igualdad soberana.21

Así mismos, la Declaración de Principios de Amistad y Cooperación entre los Estados,22 que estipula:

“El principio de la igualdad soberana de los Estados

Todos los Estados gozan de igualdad soberana. Tienen iguales derechos e iguales deberes y son por igual miembros de la comunidad internacional, pese a las diferencias de orden económico, social, político o de otra índole.

En particular, la igualdad soberana comprende los elementos siguientes: a) los Estados son iguales jurídicamente; b) cada Estado goza de los derechos inherentes a la plena soberanía; c) cada Estado tiene el deber de respetar la personalidad de los demás Estados; d) la integridad territorial y la independencia política del Estado son inviolables; e) cada Estado tiene el derecho a elegir y a llevar delante libremente sus sistema político, social, económico y cultural; f) cada Estado tiene el deber de cumplir plenamente y de buena fe sus obligaciones internacionales y de vivir en paz con los demás Estados.”

En razón de lo anterior, el principio de igualdad jurídica implica la paridad de los Estados dentro de la comunidad internacional.

El Principio de Cooperación Internacional para el Desarrollo está establecido en el artículo 1o., fracción 3, de la Carta de Naciones Unidas, relativo a los propósitos de esa organización, entre los que establece:

“Artículo 1

Los Propósitos de las Naciones Unidas son:

1... a 2...

3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión; y

4...”

El Principio de Lucha por la Paz y la Seguridad Internacional, México como uno de los fundadores de las Naciones Unidas aceptó soberanamente un sistema de monopolio del uso de la fuerza a favor de un auténtico órgano supranacional.

Este principio supone su desarrollo dentro del marco de un sistema de seguridad colectiva, regido por el derecho internacional, en el que la comunidad internacional organizada adopta acciones colectivas para hacer frente a los problemas que afectan el mantenimiento de la paz y la seguridad mundial o regional.

La violación a este principio se da mediante un acto de agresión o un quebrantamiento de la paz, generalmente en el contexto de un conflicto entre Estados. Así tenemos que esta Carta, en su artículo 2o., párrafo 4, consagra la prohibición de recurrir al uso de la fuerza.

Por los argumentos antes mencionados y con los fundamentos señalados ponemos a consideración de esta asamblea, como de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión expresa su profunda preocupación por el incremento de tensiones entre la Federación Rusa y Ucrania, y se pronuncia para que con pleno respeto a la Carta de Naciones y al derecho internacional, puedan solucionar sus diferencias por la vía diplomática.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, en el conflicto existente entre la Federación Rusa y Ucrania, plantee ante la Organización de Naciones Unidas, una salida diplomática al conflicto, en apego a los principios de autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

Notas

1 [1]Rtve. 27 de enero 2022. Crisis en Ucrania Cronología del conflicto entre Ucrania y Rusia: de la caída de Yanukóvich a la amenaza de una posible invasión.

https://www.rtve.es/noticias/20220127/cronologia-entende r-crisis-rusia-ucrania/2270961.shtml

2 Ibid

3 [1] Mission of Ukraine to the European Union. Protocol on the results of consultations of the Trilateral Contact Group (Minsk, 05/09/2014). https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/en/news/27596-protocolon-the-results-of-c onsultations-of-the-trilateral-contact-group-minsk-05092014

4 El Cuartero de Normandía es un grupo integrado por cuatro países europeos, Alemania, Rusia, Ucrania y Francia, para resolver el conflicto bélico en el este de Ucrania. El nombre proviene de la reunión que los aliados sostuvieron por vez primera el 6 de junio de 2014 en el castillo de Bénouville en Normandía (Francia), con motivo de la conmemoración del 70 aniversario del famoso desembarco de la II Guerra Mundial. En esa cita estuvieron también presentes el ruso Vladimir Putin y el ucraniano Petro Poroshenko.

5 Parlamento Europeo. Pleno – Marzo I de 2020. Ucrania: Los Acuerdos de Minsk cinco años después.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/ 646203/EPRS_ATA(2020)646203_ES.pdf

6 [1] Global Times. 28 de diciembre de 2022. US making calculating move in dangerous game of Ukraine crisis: Global Times editorial. https://www.globaltimes.cn/page/202112/1243541.shtml

7 [1] El Financiero. 6 de febrero de 2022. Conflicto Rusia-Ucrania: Tropas de EU llegan a Polonia.

https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/02/06/conflic to-rusia-ucrania-tropas-de-eu-llegan-a-polonia/

8 La Jornada, 7 de febrero de 2022. Necesario “iniciar una desescalada” de crisis en Ucrania: Macron.

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/02/07/mundo/necesa rio-iniciar-una-desescalada-de-crisis-en-ucrania-macron/

9 [1] NATO – OTAN. NATO Allies send more ships, jets to enhance deterrence and defence in eastern Europe. 24 de enero de 2022.

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_191040.htm?utm_source=twitter&utm_medium=
smc&utm_id=220125%2Ballied%2Bcontrib

10 [1] El “Reloj del Juicio Final” lo establece cada año la Junta de Ciencia y Seguridad del Boletín en consulta con su Junta de Patrocinadores, que incluye a 11 premios Nobel. El Reloj se ha convertido en un indicador universalmente reconocido de la vulnerabilidad del mundo a las catástrofes provocadas por las armas nucleares, el cambio climático y las tecnologías disruptivas, entre otros aspectos.

11 [1] Bulletin of the Atomic Scientists. 20 de enero de 2022. Boletín de la Junta de Ciencia y Seguridad de los Científicos Atómicos. Declaración del reloj del fin del mundo de 2022. A las puertas de la perdición: faltan 100 segundos para la medianoche. https://thebulletin.org/doomsday-clock/current-time/

12 [1] Naciones Unidas. Noticias ONU. Ucrania: La ONU reitera que la diplomacia debe ser la solución a las tensiones. 31 de enero de 2022. https://news.un.org/es/story/2022/01/1503332

13 [1] Secretaria de Relaciones Exteriores. Publicado el 12 de febrero de 2022. SRE - Guía del Viajero.

https://guiadelviajero.sre.gob.mx/103-ficha-de-paises/43 9-ucrania

14 [1] Rabasa, Emilio O.-Coordinador-, “Los siete principios básicos de la Política Exterior de México, Instituto

de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Serie Doctrina Jurídica, Núm. 219, Primera edición, México, 2005.

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1588

15 Idem

16 ONU. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966.

Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27. https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx

17 Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas.”Diccionario Jurídico Mexicano”. Tomo I-O. Editorial Porrúa. Sexta edición. 1993. Pág. 2190–2193.

18 [1] Carta de las Naciones Unidas. https://www.un.org/es/about-us/un-charter/chapter-1

19 [1] Ob cit.

20 Idem

21 [1] Siqueiros, José Luis, en: Rabasa, Emilio O.- coordinador-, Los siete principios básicos de la Política Exterior de México, Versión electrónica, Op. Cit.

22 [1] Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2022.

Diputadas María Guadalupe Chavira de la Rosa y Claudia Delgadillo González (rúbricas)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México a revisar el cumplimiento de los protocolos de actuación policial en cuanto a los derechos humanos en las acciones realizadas por los elementos de la SSC local durante la manifestación de habitantes de La Magdalena Contreras, a cargo de la diputada Diana María Teresa Lara Carreón, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Diana María Teresa Lara Carreón, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al licenciado Martí Batres Guadarrama, titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, a revisar el cumplimiento de los protocolos de actuación policial en cuanto a los derechos humanos, en las acciones realizadas por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, durante la manifestación de los habitantes de Magdalena Contreras, en oposición a la instalación de una sucursal del Banco del Bienestar, conforme a los siguientes

Antecedentes

El 15 de julio del presente año de 2021, el licenciado Martí Batres Guadarrama fue nombrado secretario de gobierno de la Ciudad de México. En dicha ocasión, declaró lo siguiente:

“Mi labor en el gobierno de la ciudad se desarrollará con institucionalidad, ánimo conciliador, entrega al trabajo, austeridad personal y espíritu republicano”. “Vamos a dialogar con todas las clases sociales, poniendo el acento en la atención de la gente con más necesidad, mantendremos una relación de comunicación y de respeto con el Congreso, con las alcaldías, con los partidos políticos, tanto de gobierno como de oposición, es decir, con todas las fuerzas políticas con toda la pluralidad de la ciudad”.

No obstante, su paso por la Secretaría de Gobierno ha dejado una profunda duda acerca de lo declarado al inicio de su gestión. No ha dado muestras claras de poseer ánimo conciliador. Tampoco ha sido clara la intención de mantener una relación de comunicación y de respeto con las alcaldías; prueba de ello, lo sucedido a la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón García, que fue agredida por elementos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México.

El 22 de septiembre del presente año de 2021, aproximadamente 200 habitantes del pueblo de la Magdalena Contreras se reunieron para manifestar su oposición a que se construya una sucursal del Banco del Bienestar.

Los vecinos argumentan que no están de acuerdo con que se construya la sucursal en un espacio público para el que precisamente ellos presentaron a las autoridades, un proyecto para que se construyera una central forestal con servicio médico; que serviría de apoyo a la comunidad y que refuerza las acciones del pueblo, por generar un medio ambiente propicio para el desarrollo de todas las familias del pueblo de Magdalena Contreras.

Los manifestantes expresaron que su oposición a la construcción de la sucursal del Banco del Bienestar, también se deriva de su preocupación de que cuando hay alguna emergencia, ya sea un incendio o un accidente tardan más de dos horas en llegar y en ocasiones ni siquiera hay respuesta sobre todo a los incendios.

Lo que resultó reprobable, entre los acontecimientos que ocurrieron en torno a la manifestación pública de los vecinos del pueblo de Magdalena Contreras, fue la actitud de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, pues realizaron acciones violentas, a fin de retirarlos y disolver la reunión.

Considerandos

El Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024) del gobierno de México propone un supuesto cambio de paradigma en seguridad. Para efectos de la presente proposición con punto de acuerdo, es importante su reproducción textual: “El Ejecutivo federal ha emprendido un cambio de paradigma en materia de seguridad nacional y seguridad pública. Entre 2006 y 2018 los gobernantes pretendieron resolver la inseguridad y la violencia delictiva mediante acciones de fuerza militar y policial y el llamado “populismo penal”, consistente en endurecer los castigos a las acciones delictivas. El resultado fue catastrófico y esa estrategia dejó un saldo pavoroso de muertos, desaparecidos, lesionados, una crisis de derechos humanos, una descomposición institucional sin precedentes y un gravísimo daño al tejido social. Se recurrió al empleo de las Fuerzas Armadas en su configuración de cuerpos de combate, se omitió la profesionalización de las corporaciones policiales y se entregó el manejo de la seguridad a autoridades extranjeras. Actualmente el país padece aún las consecuencias de esa política equivocada.

Con la convicción de que la violencia engendra más violencia , y tomando en cuenta el justificado reclamo ciudadano por la inseguridad, el actual gobierno decidió cambiar las medidas de guerra por una política de paz y seguridad integral que ataque las raíces mismas del descontrol delictivo y de la pérdida de seguridad y que tenga como objetivo inmediato la reducción de los índices delictivos.”

El artículo 90 de nuestra Constitución Política establece que “no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.”

En Acción nacional reprobamos el abuso de poder. No estamos de acuerdo con que se pretenda anteponer la fuerza pública, a la fuerza de la razó, al diálogo franco y al respeto frente al disenso.

La acción gubernamental debe promover la unificación de fuerzas para la construcción de una realidad democrática en la que todos contemos con la libertad de manifestar nuestras ideas; sin temor a ser reprimidos con la fuerza de los elementos de seguridad ciudadana. La construcción de los mecanismos de diálogo con la ciudadanía es una responsabilidad que recae principalmente en quienes gobiernan.

Es necesario considerar que de conformidad con el artículo 27, fracción XXXV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México, al secretario de gobierno de la Ciudad de México le corresponde “coordinar, en el ámbito de sus atribuciones, la actuación de las autoridades de la Ciudad de México ante las manifestaciones públicas, a fin de garantizar la protección de las personas, la convivencia pacífica y el ejercicio de los derechos, de acuerdo con lo que determinen las normas y protocolos en la materia.”

Resulta evidente que el secretario de gobierno ha sido omiso en el cumplimiento del citado precepto y por ello de la obligación que le impone; al permitir que los elementos de seguridad ciudadana hayan utilizado la fuerza contra los manifestantes.

La meta de construcción de sucursales del Banco del Bienestar es de dos mil setecientas; al cierre del año 2021, se contará con mil sucursales.

No nos oponemos a que se otorguen las facilidades necesarias para que las personas beneficiarias de los programas de gobierno reciban el apoyo económico al que tengan derecho legalmente. Pero resulta procedente exigir que el gobierno federal otorgue las garantías necesarias al ejercicio de los derechos de los ciudadanos. El cumplimiento de metas para la dispersión de apoyos, por parte del gobierno federal, no debe vulnerar los derechos de las personas y de su medio ambiente.

Los vecinos de la demarcación Magdalena Contreras tienen derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. De igual manera tienen derecho a que a manifestarse libremente, en los términos que establece la Constitución Política. Tal como lo establecen el artículo 4o. y el artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con base en los argumentos aquí expuestos, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXV Legislatura, exhorta respetuosamente a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; al titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, y al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar Hamid García Harfuch, para que atiendan las denuncias realizadas por ciudadanas y ciudadanos en contra de la actuación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la manifestación llevada a cabo durante la instalación de una sucursal del Banco del Bienestar en la alcaldía Magdalena Contreras, el día 22 de septiembre del presente año de 2021, en su caso, imponer las sanciones y medidas preventivas correspondientes a los elementos que hayan incumplido los respectivos protocolos y procedimientos del uso de la fuerza.

Segundo. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXV Legislatura exhorta respetuosamente a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, y al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar Hamid García Harfuch, a que realicen las acciones necesarias en el ámbito de su competencia para que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se conduzcan con pleno respeto de los derechos humanos y cumplan con lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, así como en los protocolos y procedimientos del uso de la fuerza, particularmente en el caso de manifestaciones y reuniones públicas.

Referencias

1 Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024). Gobierno de México.
https://framework-gb.cdn.gob.mx/landing/documentos/PND.pdf

2 Ley Ambiental de Protección de la Tierra del Distrito Federal.

3 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2022.

Diputada Diana María Teresa Lara Carreón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal, mediante la SRE y la Semarnat, con relación a las “Reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por buques”, a cargo del diputado Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, integrante del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como del artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones IV, V y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía.

Exposición de Motivos

El transporte marítimo internacional representa aproximadamente 90 por ciento de transporte de mercancías y servicios entre las naciones de todo el mundo1 , se caracteriza por ser el más eficiente, rentable, seguro y de bajo costo, contribuyendo a fomentar mayor comercio, y por ende, prosperidad mundial, esto se puede notar en las exportaciones mundiales que hacienden a 17.6 billones de dólares anuales.

México se caracteriza por ser un país bioceánico, cuenta con 11 mil 122 kilómetros de costas, con más de 3 millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva y 102 puertos. Además, es el número 14 a nivel global con mayor desempeño de cargas y buques para petróleos.2 Asimismo, el puerto Lázaro Cárdenas ocupa el lugar 25,3 dentro de los mejores puertos de manejo de carga portuaria y rendimiento, otorgado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

Es importante señalar que los puertos nacionales operaron 39 mil 508 naves contando buques y transbordadores, lo cual representa un alza de 7.8% respecto al año 2018, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).4

No obstante, una cuestión que también es importante visibilizar del transporte marítimo es la cantidad de emisiones que se generan en este medio de transporte, en el cual principalmente se emite dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx), monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC) y partículas, las cuales constituyen sustancias tóxicas e irritantes, que conllevan a la producción de ácidos y elevados niveles de PM25 en el ambiente, con el tiempo y en contacto con el aire y humedad se caracterizan por tener buena solubilidad en agua.5 Al precipitarse generan reacciones como lluvia ácida, provocando la destrucción de bosques, vida salvaje y la acidificación de aguas superficiales principalmente en los océanos.

De conformidad con las cifras del “Informe del Medio Ambiente de 2018” elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en nuestro país fueron expulsados al aire 3.2 millones de toneladas de CO, 1.3 millones de toneladas de bióxido de azufre SO2 y casi 1 millón de toneladas de NOx durante 20146 . Es por ello, que ante la creciente preocupación sobre el problema de la contaminación atmosférica ocasionada por buques y el lograr la reducción la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) que estos producen, en el ámbito de la Organización Marítima Internacional (OMI) se adoptó el Anexo VI del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques Marpol7 (Convenio de Marpol), concerniente a las Reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por los buques, el cual entró en vigor el 1 de enero de 2020.

En este anexo se establecen los límites de las emisiones de NOx –responsable de generar esmog, agravar los problemas de asma y síntomas respiratorios y aumentar la mortalidad de las personas–, exigen el uso de combustible de ultra bajo azufre (que reduce la producción de ozono contaminante) e incluye requisitos aplicables a la manufactura, certificación y operación de buques y motores.8

Conforme a los estatutos de la OMI, los países que han ratificado el Anexo VI del Convenio Marpol pueden optar por establecer una zona de control de emisiones (ZCE) con estándares más rigurosos respecto del control de emisiones de NOx, SOx y partículas (PM).9 Derivado de ello, tanto Canadá y Estados Unidos propusieron al comité de la OMI establecer una ZCE para buques en operación en aguas canadienses y estadounidenses, así como para los que operen dentro de las 200 millas náuticas de sus costas.10 Esta ZCE América del Norte entró en vigor en agosto de 2011 y ha obligado a que todos los buques que operen dentro de la ZCE usen combustible cuyo contenido de azufre no supere 1 por ciento en peso (10 mil ppm), y después de enero de 2015, el contenido de azufre no supera 0.1 por ciento en peso del combustible (1,000 ppm).11

Con relación al SOx, se estableció un límite global del 4.5 por ciento masa/masa (m/m), de azufre en aceite de combustible; en 2012, se redujo a 3.5 por ciento m/m; luego, en 2015, el límite de la ZCE se redujo al 0.10 por ciento; en 2020, el límite de la ZCE se mantiene, pero el límite global se reduce a 0.50 por ciento.

Es importante resaltar que este Convenio ha desarrollado otros cinco anexos previos, de los cuales el Estado mexicano forma parte, en los que se establecen respectivamente “las reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos”; “las reglas para prevenir la contaminación por sustancias nocivas líquidas transportadas a granel”; “las reglas para prevenir la contaminación por sustancias perjudiciales transportadas”; “las reglas para prevenir la contaminación por las aguas sucias de los buques”; y “las reglas para prevenir la contaminación ocasionada por las basuras de los buques”.

No obstante, el Estado mexicano aún no ha suscrito el Anexo VI, lo cual ha sido criticado por diversas organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Se ha realizado una modelación sobre la influencia que tendría este Anexo en México, en alcance y magnitud, de las emisiones de las embarcaciones de gran tamaño en la calidad del aire de México, y sobre las mejoras en la calidad del aire que resultarían de la ratificación del Anexo VI del Convenio Marpol y del establecimiento de una ZCE en México. Este estudio de modelización incluyó tres escenarios hacia el 2030: a) El primero un escenario base, b) escenario Marpol (que considera sólo la ratificación por México del Anexo VI del Convenio Marpol), y c) y un escenario Marpol + ZCE (que incluye la ratificación del Anexo VI del Convenio Marpol más el establecimiento de una ZCE en México).

Se considera que si se cumpliera este tercer escenario, es decir, que se adoptara el Anexo VI y que se establecieran las ZCE con límites más estrictos; en México se atendería de manera frontal la crisis climática que actualmente padece México; así como se generaría mejoras a la salud humana, se reducirían las emisiones de gases contaminantes y gases efecto invernadero (GEI); se contribuirá a proteger la biodiversidad marina, la seguridad en ecosistemas, la protección de las poblaciones ribereñas; mejoría calidad de aire, la conservación de los bienes económicos de las zonas costeras y marinas, las áreas protegidas, así como la disminución en la acidificación de los océanos, como está establecido en diferentes compromisos internacionales en materia de cambio climático. Asimismo, se reduciría la deposición seca de SO2 en áreas costeras, que específicamente representaría una reducción de SO2 entre 10 y 20% menor en general para el territorio del golfo de México (tierra), y entre 10 y 450 por ciento menor en áreas costeras del Pacífico.12

Por otro lado, un estudio realizado sobre los efectos en la salud humana por las emisiones contaminantes procedentes de los buques, presentado al Comité de Protección del Medio Marino (MEPC), argumenta los benéficos de reducir a 2030 los límites de SOx y NOx, como la prevención de 570 mil muertes prematuras en todo el mundo;13 además se evitarían 125 mil admisiones hospitalarias por enfermedades respiratorias y cardiovasculares. De manera similar en los ecosistemas también tendrían beneficios, por ejemplo, como la reducción de 80 por ciento de SOx y NOx, así como 70 por ciento de PM25 en zonas costeras, beneficiándose así las áreas naturales protegidas y zonas arqueológicas; además se reduciría la cantidad de GEI a la atmosfera ralentizando así el cambio climático.

De la misma manera, la suscripción de este anexo contribuiría al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo 14 de Desarrollo Sostenible, concerniente a la conservación y utilización sostenible de los océanos, mares y recursos marinos.14 Así como al cumplimiento de los compromisos de mitigación presentadas por el gobierno mexicano a través de las contribuciones determinadas a nivel nacional, en donde México se comprometió a reducir 22 por ciento de gases efecto invernadero y 51 por ciento de carbono negro.

Aunado a lo anterior, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, (T-Mec), en el capítulo 24 establece el compromiso de observar y respetar los diversos acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente de los que son parte; deberán promover políticas y prácticas, comerciales y ambientales, que se apoyen mutuamente, promoviendo altos niveles de protección ambiental y una aplicación efectiva de leyes ambientales, así como mejorar las capacidades de las partes para abordar los asuntos relacionados con el comercio.

Particularmente, en el artículo 24.10 del T-Mec concerniente a la “protección del Medio Marino de la Contaminación por Buques” se establece el compromiso de las partes para cooperar en los asuntos de interés mutuo con respecto a la contaminación del medio marino por buques, en la que se incluye las emisiones de los buques.

Es por ello que, a fin de cumplir con estos compromisos internacionales, resulta sustancial que el gobierno federal continue con el procedimiento respectivo para la suscripción del referido Anexo VI. Cabe destacar que el gobierno mexicano ya había firmado una Carta de Intención para adherirse a los Anexos III, IV y VI de Marpol durante el cuarto Congreso Nacional de la Marina Mercante celebrado el 21 de octubre de 2014.15

Además, en la XI Sesión Ordinaria de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (Cimares), realizada el 19 de agosto de 2016; se abordó el proceso de adhesión de México al Anexo VI y el establecimiento de un “Área de Control de Emisiones” (ACE) en aguas marinas de jurisdicción nacional, bajo el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por Buques MARPOL, en coordinación y con el apoyo técnico y económico de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA). Esta iniciativa fue reconocida en la Cumbre de Líderes de América del Norte en Ottawa, Canadá, y forma parte de los acuerdos hacia una economía competitiva y baja en carbono.16

Para cumplir con este compromiso, la Semarnat, así como la CCA, en coordinación con representantes del gobierno de Estados Unidos y Canadá, han realizado diversas acciones para involucrar a las dependencias federales y representantes de la industria del transporte marítimo en la prevención de la contaminación marina por buques. La más reciente de estas actividades fue el “Taller sobre la adhesión al Anexo VI del Convenio Marpol y el establecimiento en México de una Zona de Control de Emisiones”, celebrado en mayo de 2019.

Conforme a lo anterior, se considera sustancial exhortar al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones y a la Semarnat, a continuar con el proceso de suscripción del Anexo VI del Convenio de Marpol, con el objeto de limitar las emisiones de óxidos de azufre, nitrógeno y materias partículadas de los buques mejorará la calidad del aire y protegerá el medio ambiente.

Considerando lo antes expuesto, me permito ante esta soberanía, presentar la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, se suscriba a la brevedad el Anexo VI, concerniente a las “Reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por buques” del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por Buques, y en su caso se proceda a la ratificación en el Senado de la Republica.

Notas

1 Oceana, Contaminación por la Industria Naval, consultada el 27 de enero de 2022. Disponible en: https://europe.oceana.org/es/contaminacion-por-la-industria-naval-0

2 Ídem.

3 UNCTAD, Review of Maritime Transport, United Nation, Geneva, página 99.

4 T21MX, México recibe 6.1 por ciento más barcos en sus puertos en 2019, consultada el 27 de enero de 2022. Disponible en:

http://t21.com.mx/maritimo/2020/02/05/mexico-recibe-61-m as-barcos-sus-puertos-

5 Gobierno de España, Registrado Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, NOX (ÓXIDOS DE NITRÓGENO), consultada el 27 de enero de 2022. Disponible en: https://prtr-es.es/NOx-oxidos-de-nitrogeno,15595,11,2007.html#:~:text=S e%20trata%20de%20una%20sustancia,PM2%2C5%20en%20el%20ambiente.

6 Semarnat, Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, Informe del Medio Ambiente, consultada el 27 de enero de 2022. Disponible en:

https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe18/tema/ cap5.html

7 Este Convenio internacional tiene como objetivo proteger el medio marino de cualquier derrame accidental, negligente o deliberado de hidrocarburos y otras sustancias. Fue adoptado por diferentes naciones el 2 de noviembre de 1973 en la sede de la Organización Marítima Internacional (OMI). México depositó su instrumento de adhesión y ratificación ante el Secretario de la OMI el 23 de abril de 1992; lo anterior fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 y 8 de julio de 1992, y. OMI, Organización Marítima Internacional, Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL), consultada el 27 de enero de 2022. Disponible en: https://www.imo.org/es/About/Conventions/Pages/International-Convention -for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx

8 Comisión para la Cooperación Ambiental (2018). Reducción de emisiones generadas por el movimiento de bienes en el transporte marítimo en América del Norte: Evaluación de los efectos de las emisiones de buques en México. Montreal, Canadá. Página 2.

9 Ibídem.

10 Ídem.

11 Ídem.

12 Página 26

13 IMO, International Maritine Organization, Air Pollution And Energy Efficiency, consultada el 27 de enero de 2022, Disponible en: https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/
Finland%20study%20on%20health%20benefits.pdf

14 ONU, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos), consultada el 27 de enero de 2022. Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/

15 Semarnat, Trabaja gobierno mexicano en el control de emisiones del sector marítimo, consultada el 27 de enero de 2022. Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/prensa/trabaja-gobierno-mexicano-en-el-cont rol-de-emisiones-del-sector-maritimo

16 Semarnat, Se suma México al convenio internacional para prevenir contaminación por buques, consultada el 27 de enero de 2022. Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/prensa/se-suma-mexico-al-convenio-internaci onal-para-prevenir-contaminacion-por-buques

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2022.

Diputado Eduardo Enrique Murat Hinojosa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua a dar a conocer a la sociedad el estado que guardan los avances y tiempos que supondrán los trabajos de saneamiento y rescate del río Atoyac, en atención de la recomendación 10/2017 de la CNDH, a cargo del diputado Jaime Baltierra García, del PT

Quien suscribe, Jaime Baltierra García, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La cuenca del río Atoyac forma parte de la Región Hidrológica del río Balsas, una de las 37 regiones hidrológicas de México. Esta cuenca a su vez se conforma por cuatro subcuencas; Atoyac, Zahuapan, Alseseca y la presa Manuel Ávila Camacho, mejor conocida como Valsequillo. Esta subcuenca cubre un área de alrededor de cuatro mil kilómetros cuadrados sobre 70 municipios de los estados de Puebla y Tlaxcala.

Particularmente la subcuenca Atoyac se extiende principalmente sobre el estado de Puebla en torno del río Atoyac, el cual nace en Puebla con dirección sureste, penetrando brevemente en Tlaxcala, donde confluye con el río Zahuapan, cuyo cauce se localiza a lo largo del estado de Tlaxcala.

Después de este punto el cauce del río Atoyac continúa a través del Estado de Puebla hacia el sur de su ciudad capital, donde es depositado para formar la presa Manuel Ávila Camacho. Después de la presa, el río Atoyac continúa su recorrido hacia el estado de Guerrero, donde se forma el río Balsas, el cual desemboca en el Océano Pacífico.

De acuerdo con cifras oficiales, en la sección de la cuenca correspondiente al estado de Puebla, en esa zona habitan aproximadamente 2.8 millones de personas en alrededor de 598 mil viviendas,

Ahora bien, en algún momento la calidad del agua de los principales cuerpos de agua de la cuenca era óptima, siendo el hábitat de fauna acuática y distintas variedades de peces comestibles, ajolotes, acociles, ranas, sapos, nutrias, tortugas, serpientes e insectos algunos de ellos comestibles.

Sin embargo, durante el siglo pasado, a medida que la actividad industrial, el tamaño de la población y la densidad urbana aumentaron, la contaminación también aumentó y se diversificó.

En particular la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales inició un proceso rápido de deterioro, mientras que la industrialización generó un proceso de urbanización salvaje que provocó que decenas de comunidades, anteriormente dedicadas a la agricultura, tuvieran que abandonarla para dedicarse a otras actividades laborales.

Las consecuencias de la falta de tratamiento de aguas residuales arrojadas al río Atoyac se han manifestado hasta alcanzar niveles críticos. Además de los consecuentes problemas de salud entre la población que vive en la ribera contaminada por esos residuos.

Por otra parte, existen algunos temas ambientales relacionados con la contaminación que no han sido considerados, tales como la pérdida de biodiversidad de animales y plantas acuáticas, la contaminación atmosférica causada por los químicos, un manejo inadecuado de residuos peligrosos, y el daño a la composición natural del agua, entre otros.

La cuenca del río Atoyac es una de las más estudiadas de México, lo que hace factible realizar acciones que conduzcan a su saneamiento, además de lograr su restauración ecológica y lo que ello conlleva como; la reforestación, recuperación de suelos, impulso a actividades productivas sustentables, conservación de la biodiversidad, entre otras, que permitan su recuperación como ecosistema.

A este respecto es pertinente apunar que desde el gobierno del Estado de Puebla y del gobierno federal por conducto de la Conagua se han realizado esfuerzos encaminados al saneamiento tendientes a disminuir enfermedades entre la población cercana a la ribera del río Atoyac, además de evitar la contaminación de cultivos y abonar a la protección y recuperación de los mantos acuíferos.

Adicionalmente, derivado de la recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se instaló, en septiembre pasado, el grupo de trabajo específico para el Saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac, coordinado precisamente por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca Balsas.

El grupo se integra por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, las Comisiones Estatales del Agua de los Estados de Puebla y Tlaxcala, el Centro de Servicio Integral para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala, los organismos operadores de los municipios de Huejotzingo, Puebla y San Martín Texmelucan, de Puebla, así como Nativitas, Ixtacuixtla y Tepetitla, del estado de Tlaxcala.

De acuerdo a lo informado al respecto, el objetivo general del grupo es “impulsar las acciones de saneamiento de la cuenca, mediante la planeación, instalación y operación de infraestructura eficiente, en el ámbito de las atribuciones de las dependencias que lo integran y en el marco de la normatividad y reglas de operación de los programas en la materia, vigentes”.

Como una buena noticia, también se informó que, si bien el convenio fue firmado solo por los municipios involucrados en la recomendación de la CNDH, el grupo tendrá como ámbito territorial toda la cuenca del Alto Atoyac.

“Así, se dijo, el grupo se tendrá un mayor impacto y se irá mucho más allá de la exigencia del organismo, ya que el interés primordial de la Conagua y, sobre todo el gobierno de México, es mejorar las condiciones hídricas en todas las comunidades, especialmente las que han sido abandonadas o desatendidas históricamente, como ocurre con muchas de las colindantes con este emblemático cuerpo de agua”1

También es oportuno mencionar que anteriormente, en agosto pasado, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México conformó el Comité Técnico de Seguimiento, financiado por Fundación Coca-Cola, que tiene como objetivo reducir la vulnerabilidad hídrica de personas y medios de vida en cuencas prioritarias, específicamente el río Santiago y río Zula en Jalisco, y el río Alto Atoyac en Tlaxcala y Puebla.

El comité está constituido por la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco y la Dirección de Consejos de Cuenca, Gestión Social y Atención a Emergencias de Tlaxcala; la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la misma Fundación Coca-Cola.

Dicho comité, de acuerdo con lo informado, tiene como objetivos; Dar acompañamiento a la implementación de los proyectos piloto, como un órgano de consulta y orientación. Dar seguimiento a la implementación de Soluciones basadas en la Naturaleza en las cuencas prioritarias definidas (Río Santiago y río Zula en Jalisco, y el río Alto Atoyac en Tlaxcala y Puebla).2

Así mismo también se destacó, como parte de sus propósitos, “Compartir experiencias y conocimientos que contribuyan a enfrentar retos en la implementación de las soluciones basadas en la naturaleza definidas para las cuencas intervenidas y forjar vínculos con otras instituciones y sectores hacia el fortalecimiento de la gobernanza y la mejora de las cuencas intervenidas”.

La suma de esfuerzos descritos, tanto a nivel institucional como a nivel de organizaciones de la sociedad y particulares, es de aplaudirse y destacarse, en un tema en materia ecológica de particular relevancia. La demanda del rescate y saneamiento del río Atoyac es un acto de beneficio no solo para los habitantes de la zona sino, además, para el país por su valor medioambiental.

Así también es congruente con el debate en ámbito internacional sobre la legítima demanda de acciones en favor de vivir en un medio ambiente sano, sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. Es decir, el derecho humano a vivir en un ambiente sano.

Demanda que es acorde con la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprobada en octubre pasado, que resolvió que vivir en un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible es un derecho humano sin el cual difícilmente se pueden disfrutar de otros derechos, como a la salud o incluso a la vida.3

Esta resolución supone un paso más hacia un reconocimiento de este derecho como un derecho universal y se incluya en la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que supondría la primera ampliación a la Declaración Universal de Derechos Humanos desde que se creó en 1948 siendo esta resolución un paso más en este sentido.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), como dependencia coordinadora del grupo de trabajo específico para el Saneamiento de la Cuenca del Alto Atoyac, haga del conocimiento de la sociedad el avance y resultados hasta ahora obtenidos de las acciones implementadas para el saneamiento y rescate del Rio Atoyac, derivado de la Recomendación 10/2017 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Segundo. Se solicita respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, considere la participación de diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la LXV Legislatura, en el grupo de trabajo específico para el Saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac que da seguimiento a la Recomendación 10/2017 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Notas

1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/669977/Comunicado_de_pre nsa_0759-21.pdf

2 https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/presscenter/articles/2021/08/
conformacion-del-comite-tecnico-de-seguimiento-del-proyecto-resi.html

3 https://news.un.org/es/story/2021/10/1498132

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2022.

Diputado Jaime Baltierra García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a reforzar a escala nacional las acciones de protección de la integridad personal de periodistas, a cargo de la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Amalia Dolores García Medina, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Las agresiones contra periodistas se han incrementado potencialmente en los últimos años; de 2000 a 2018, fueron asesinados 121 periodistas, de 2018 a 2021 se tienen reportados 28 homicidios y en enero del año 2022 ya se han registrado 4 asesinatos de periodistas en la República Mexicana.1

El 23 enero de 2022 fue asesinada Lourdes Maldonado, la periodista había denunciado en la conferencia matutina del Presidente de la República a principios de 2019 temer por su vida. A este caso se suman los asesinatos de Margarito Martínez Esquivel, José Luis Gamboa y Roberto Toledo, también en enero del mismo año.2

Desde 2010 se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle); y en 2012 el Estado mexicano estableció el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Pese a estos esfuerzos, México tiene una de las tasas de impunidad más elevadas del mundo, ya que la Feadle desde su creación ha registrado 94 asesinatos de periodistas y hasta 2021. En sólo seis se habían dictado sentencia, lo que nos indica que 93.4 por ciento de los crímenes contra los periodistas siguen impunes.3

Es lamentable y preocupante la vulnerabilidad en la que están los periodistas, lo que ha trascendido a nivel internacional, como ha sucedido en el Congreso norteamericano, donde los senadores estadounidenses Tim Kaine y Marco Rubio, enviaron una carta al secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, en la que expresan su preocupación por los asesinatos contra periodistas en territorio mexicano y al mismo tiempo, le solicitan respaldar a la prensa y urgir al Estado mexicano para que mejore las medidas de protección para los periodistas.4

Por su parte, Enrique Irazoque, titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y responsable del Mecanismo, mencionó en un comunicado que es responsabilidad del Estado en los tres órdenes de gobierno velar por la protección de los periodistas. Indicó que los estados donde hay más periodistas que han recibido apoyo son de Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Quintana Roo y Veracruz, además de contar hasta enero de 2022 con mil 508 personas beneficiarias, de los cuales 495 son periodistas (155 mujeres y 360 hombres) y mil 23 defensores de derechos humanos (551 mujeres y 472 hombres). Al mismo tiempo mencionó que entre 40 y 45 por ciento de las agresiones contra periodistas “provienen de autoridades locales y municipales, y el otro porcentaje lo representan las agresiones y amenazas procedentes del crimen organizado”.5

El 25 de enero de 2022, periodistas de más de 30 ciudades de la República Mexicana de diferentes medios de comunicación se manifestaron por los asesinatos de sus colegas, frente a Palacio Nacional en la Ciudad de México, en el Monumento a la Libertad de Expresión en Monterrey, en la Plaza de Armas de Cuernavaca, Morelos, y en las capitales de los estados de San Luis Potosí, Campeche, Veracruz, Tamaulipas, Estado de México, Chihuahua, Guerrero, Zacatecas, Sinaloa, Michoacán, Puebla, Jalisco, Nayarit, Yucatán y Guanajuato, con pancartas y consignas como: “No se mata la verdad matando periodistas”, “Periodismo en Riesgo”, “Ni silencio, ni olvido”, “Somos prensa, no disparen”; y al mismo tiempo exigiendo a las autoridades de todos los niveles, garantías de seguridad, libertad de expresión y justicia.6

La organización Reporteros Sin Fronteras, dentro de su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021, posiciona a México en el puesto 143 de 180 países, catalogándolo como uno de los más mortíferos y peligrosos para ejercer el periodismo. También menciona que los periodistas sufren de amenazas e intimidaciones, y en ocasiones pueden ser asesinados a sangre fría. Menciona que son numerosos los periodistas que han desaparecido en el país más los que se han visto obligados a exiliarse para mantenerse a salvo.7

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados emite un atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo para que refuerce las acciones de protección de la integridad personal de periodistas a nivel nacional, y la seguridad del gremio periodístico.

Segundo. La Cámara de Diputados emite un atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo para que implemente nuevas políticas públicas que garanticen la libertad de prensa y dignifiquen y generen condiciones para el ejercicio seguro del periodismo.

Notas

1 Aristegui Noticias . (2022) Asedio, amenaza y ataque” en redes; documenta Signa Lab el caso Carmen Aristegui. https://aristeguinoticias.com/0902/mexico/asedio-amenaza-y-ataque-en-re des-documenta-signa-lab-el-caso-carmen-aristegui/?utm_source=aimtell&utm_medium=push&utm_campaign=campaign-2091

2 El Universal . (2022). Preocupa a legisladores de EU “retórica belicosa de AMLO contra la prensa”; urgen a mejorar esfuerzos. https://www.eluniversal.com.mx/mundo/preocupa-legisladores-de-eu-retori ca-belicosa-de-amlo-contra-la-prensa-urgen-mejorar-esfuerzos

3 El Financiero . (2022). Caso Lourdes Maldonado: 93% de crímenes contra periodistas quedan impunes. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/01/26/caso-lourdes-maldon ado-93-de-crimenes-contra-periodistas-quedan-impunes/

4 El Universal . (2022). Preocupa a legisladores de EU “retórica belicosa de AMLO contra la prensa”; urgen a mejorar esfuerzos. https://www.eluniversal.com.mx/mundo/preocupa-legisladores-de-eu-retori ca-belicosa-de-amlo-contra-la-prensa-urgen-mejorar-esfuerzos

5 The San Diego Union Tribune . (2022). México tiene 495 periodistas adscritos a Mecanismo de protección del Gobierno. https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/mexico/articul o/2022-01-27/mexico-tiene-495-periodistas-adscritos-a-mecanismo-de-prot eccion-del-gobierno

6 El Financiero . (2022). #PeriodismoEnRiesgo: Periodistas se manifiestan por asesinatos de colegas en México. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/01/25/periodismoenriesgo- periodistas-salen-a-manifestarse-por-asesinatos-en-mexico/

7 El Economista . (2021). México sigue en rojo en el mapa de Reporteros Sin Fronteras sobre libertad de prensa. https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-sigue-en-rojo-en-el-map a-de-Reporteros-Sin-Fronteras-sobre-libertad-de-prensa—20210420-0051.ht ml

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2022.

Diputada Amalia Dolores García Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Tlaxcala a salvaguardar el patrimonio cultural del Museo de Arte de la entidad e iniciar las investigaciones para deslindar las responsabilidades derivadas de la apertura de un bar en el segundo piso del recinto, a cargo de la diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXV Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los pasados días 4 y 5 de febrero se llevó a cabo la inauguración del Bar La Terraza de Tlaxcala , el cual –según su propia cuenta de Instagram—se encuentra ubicado en el segundo piso del Museo de Arte de Tlaxcala. Este museo se encuentra ubicado en un inmueble histórico que data del siglo XIX, protegido por el INAH y el Gobierno del Estado y, ahora, fue adaptado para albergar una de las más valiosas colecciones de pinturas de la artista Frida Kahlo, correspondientes a los años entre 1923 y 1927.

Según la página electrónica del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, este Museo albergará otras dos magnas exposiciones, Manifiestos del arte mexicano , 1921-1958 , que contiene valiosas proclamas de los escritos que marcaron el arte mexicano y lo revolucionaron ya que, según la Directora General del INBAL,

Si bien la mayor parte de ellos fueron dados a conocer en la primera mitad del siglo XX —algunos publicados en revistas, otros como hojas volantes, periódicos, programas de acción colectiva o proyectos gráficos—, los argumentos que enunciaron son un referente para las ideas y prácticas artísticas que se desarrollarían en años posteriores .1

Adicionalmente, el Museo pondrá a disposición del público la exposición Mirada Oblicua: Lectura contemporánea del acervo artístico del estado, la cual

reúne 59 obras representativas del arte contemporáneo en México de las últimas tres décadas, la cual establece un diálogo con creadores jóvenes de la escena artística contemporánea de Tlaxcala, abarcando pintura, escultura, dibujo, instalación, fotografía y video .2

Según asistentes,

Pese a las restricciones sanitaras, en la terraza convivieron decenas de jóvenes con bebidas alcohólicas, bailes, música a todo volumen y algunas bailarinas performance; el antro presuntamente pertenece a un político de origen en el PRI y ahora con Morena .3

En redes sociales, se dio a conocer el evento lo que produjo la reprobación de gran parte de la población debido a que, además de poner en riesgo el patrimonio artístico que alberga el Museo, las modificaciones estructurales arriesgan la integridad del propio inmueble y se violan las disposiciones sanitarias emitidas por el propio Consejo Estatal de Salud en las que se señala que

Queda prohibido el funcionamiento y operación de centros nocturnos como antros, karaokes, bares y salones de fiesta, además de la venta de alcohol después de las 22 horas .4

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal para que, en coadyuvancia con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Tlaxcala, resguarden el patrimonio artístico que se encuentra en el Museo de Arte de Tlaxcala.

Segundo . La H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala y a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Tlaxcala para iniciar las investigaciones correspondientes a fin de deslindar las responsabilidades derivadas de la autorización para la operación de un Bar en el segundo piso del Museo de Arte de Tlaxcala, realizando modificaciones estructurales a un inmueble histórico y poniendo en riesgo el patrimonio artístico resguardado por el Museo.

Notas:

1. https://inba.gob.mx/prensa/15850/reabre-sus-puertas-el-museo-de-arte-de -tlaxcala-con-tres-magnas-exposiciones

2. Ídem.

3. https://www.eluniversal.com.mx/estados/inauguran-antro-en-azotea-del-mu seo-de-arte-de-tlaxcala

4. https://gentetlx.com.mx/2022/02/08/muy-cinicos-o-muy-torpes/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2022.

Rúbrica

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Conagua a hacer pública la información sobre la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales Atotonilco; y a la Profepa, a realizar de inmediato un análisis de lodos y biosólidos para verificar el cumplimiento de los límites máximos permisibles de contaminantes, a cargo del diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura, del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que haga pública la información sobre la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco, y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar de manera inmediata un análisis de sus lodos y biosólidos, con objeto de verificar el cumplimiento de los límites máximos permisibles de contaminantes, ya que actualmente representan un riesgo a la salud de los habitantes de la región, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Proyecto de Saneamiento para el Valle de México, fue diseñado principalmente para resolver los problemas de inundaciones que ocurren en la Ciudad de México y su área metropolitana, mediante un sistema general de desagüe que regula y desaloja las aguas residuales y pluviales, conducidas a través del Emisor Central y del Túnel Emisor Oriente. Todas estas aguas residuales desembocan en el Estado de Hidalgo y alimentan al río Tula.

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco (PTAR Atotonilco), ubicada en el municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, inició operaciones el 1 de diciembre de 2017, con el objetivo de tratar y limpiar éstas aguas residuales generadas en el Valle de México, las cuales son descargadas al río El Salto y al canal de riego El Salto-Tlamaco y, en consecuencia aprovechar la totalidad de las aguas crudas que solían ser vertidas sin mayor tratamiento al Valle del Mezquital.

Sin lugar a dudas, la planta fue diseñada para generar diversos beneficios sociales, principalmente para la salud y el medio ambiente de los 700 mil habitantes que se encuentran en las cercanías de la Presa Endhó, así como dar para dar cumplimiento a la normatividad ambiental en materia de las Condiciones Particulares de Descarga (CPD) para que de esta forma se pueda acceder a cultivos más rentables, al intercambiar el uso de aguas negras por aguas de primer uso.

Adicionalmente, tenía como propósito sanear los cauces y prever la formación de bancos de materiales sépticos en los canales de riesgo y disminuir las incidencias de enfermedades causadas por el contacto con las aguas residuales.

Finalmente, y no menos importante, es la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero, al emplear el gas metano producido por la digestión anaerobia de los lodos, para generar energía eléctrica que consume la propia PTAR Atotonilco.

En consecuencia, el correcto funcionamiento de la planta de tratamiento de estas aguas residuales es fundamental para mejorar las condiciones de calidad del agua para el uso en distritos agrícolas aledaños, estableciendo condiciones acorde con la normatividad vigente y buscando la protección de la población que habita y trabaja en la zona.

Sin embargo, en fechas recientes se han presentado múltiples denuncias por parte de habitantes de las comunidades de San Antonio y San José de Atotonilco de Tula, pues han emanado de ella olores fétidos insoportables que provocan daños a la salud de la población y que han obligado que algunas familias hayan tenido que abandonar temporalmente su hogares.

Además, se ha detectado un incremento exponencial en la atracción de vectores, es decir presencia de fauna nociva como ratones, moscas, mosquitos y otros organismos capaces de transportar agentes infecciosos. Incluso se ha detectado presencia de larvas en la piel de niños y animales.

Lo anterior, es consecuencia de un deficiente proceso de estabilización de los lodos, así como de su disposición final. Cabe recordar que en la operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales se generan volúmenes de lodos, que en caso de no darles una disposición final adecuada, contribuyen de manera importante a la contaminación de la atmósfera, de las aguas y de los suelos, afectando los ecosistemas del área donde se depositen.

En México, la Norma Oficial Mexicana NOM-004-Semarnat-2002 es la normatividad encargada de establecer los límites máximos permisibles de contaminantes en los lodos y biosólidos. Se ha considerado que los lodos por sus características propias o por las adquiridas después de un proceso de estabilización pueden ser susceptibles de aprovechamiento siempre y cuando cumplan con los límites máximos permisibles de contaminantes establecidos por la NOM-004 o, en su caso, se dispongan en forma definitiva como residuos no peligrosos para atenuar sus efectos contaminantes para el medio ambiente y proteger a la población en general.

Sin embargo, la evidencia en campo como la acumulación y permanecía de lodos en partes altas de la planta origina una primera contaminación atmosférica que afecta a las poblaciones vecinas de manera grave. Adicionalmente, tales lodos al ser rehidratados por las lluvias hospedan un proceso de eclosión de los huevos de muy diversos insectos que incluyen moscos y moscas chupadoras de sangre, afectando no solo al ganado sino a la población humana, particularmente la niñez.

Esta situación, denunciada en múltiples ocasiones por la población cercana, muestra deficiencias en la operación de la planta y muy posiblemente incumplimiento a la NOM-004-Semarnat, por lo que es imperante una revisión por parte de la autoridad ambiental para que de manera urgente se corrija la problemática que pone en riesgo la salud de miles de personas.

Por todo lo anteriormente expuesto y, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo con lo siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. - Se exhorta respetuosamente se exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que haga pública la información sobre la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco, y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar de manera inmediata un análisis de sus lodos y biosólidos, con objeto de verificar el cumplimiento de los límites máximos permisibles de contaminantes (NOM-004-SEMARNAT), ya que actualmente representan un riesgo a la salud de los habitantes de la región.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2022

Diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández (Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México y la Sedema a realizar acciones de protección de las barrancas Anzaldo y Coyotera, en La Magdalena Contreras, a cargo de la diputada Diana María Teresa Lara Carreón, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Diana María Teresa Lara Carreón, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y a la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, doctora Marina Robles García, a realizar acciones de protección de las barrancas Anzaldo y Coyotera, ubicadas en la demarcación territorial Magdalena Contreras, conforme a los siguientes

Antecedentes

De acuerdo con el artículo 5o. de la Ley Ambiental de Protección de la Tierra del Distrito Federal, una barranca es una “depresión geográfica que por sus condiciones topográficas y geológicas se presentan como hendiduras y sirven de refugio de vida silvestre, de cauce de los escurrimientos naturales de ríos, riachuelos y precipitaciones pluviales, que constituyen zonas importantes del ciclo hidrológico y biogeoquímico.”

La presencia de los seres humanos se ha registrado en el territorio que hoy corresponde a la alcaldía Magdalena Contreras, desde hace aproximadamente 2 mil 500 años. El centro ceremonial Cuicuilco, de origen Tolteca, es una prueba del paso histórico del hombre por tan especial ecosistema.

Magdalena Contreras ha realizado, a lo largo de su historia, una gran aportación al proceso de industrialización del país y en particular de la zona metropolitana. La fábrica textil de esa región, fundada en sociedad con inversionistas mexicanos; su principal socio fue don Antonio de Garay, quien tenía a su cargo la Dirección de Colonización e Industria.

El proceso de industrialización iniciado en Magdalena Contreras a principios del siglo XIX trajo al mismo tiempo la creación de asentamientos humanos en la región, los cuales iniciaron con la construcción de las viviendas de los obreros de la fábrica y continuaron con los del ferrocarril del Balsas.

El paisaje montañoso que distingue a la zona de los dinamos, además de ser un deleite para la vista, ha favorecido el encauce de la fuerza de la naturaleza, la cual fue aprovechada por la industria textil en la región.

Es ampliamente conocido el permanente y abundante caudal que poseen los ríos Magdalena y Eslava, que han extendido sus bondades hasta las zonas de San Ángel en donde, gracias a ello, se crearon las factorías textiles: “La Hormiga”, “La Alpina” y “Puente de Sierra”.

En el año 1900, Magdalena Contreras contaba con 8 mil 150 habitantes. Diez años después ya había duplicado su población, pues contaba con 16 mil 734 habitantes. Para el año de 1960 contaba con 40 mil 724 habitantes. De 1990 al 2000 la población se incrementó a 222, 50 habitantes, de los cuales 106, 469 son hombres (48 por ciento) y 115, 581 son mujeres (52 por ciento).

Los asentamientos en la región han generado nuevos retos para los vecinos de Magdalena Contreras. La disposición de residuos sólidos es uno de ellos. Tan solo en el 2020, se calcula que en las barrancas Anzaldo y la Coyotera, se removieron 380 toneladas de residuos sólidos.

Otro reto lo constituye el impacto ecológico y de saneamiento básico que generan las descargas domiciliarias. Ello puede ser un claro precursor de zoonosis. Se trata de una zona que requiere de un plan urgente de saneamiento básico; que evite el estado insalubre de las barrancas y le devuelvan su estado prístino.

Considerandos

Es necesario considerar que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente, no incluye en su contenido normativo a las barrancas, no hace mención al respecto; no obstante que, como es el caso de las barrancas Anzaldo y Coyotera en Magdalena Contreras, forman parte evidente del desarrollo de la urbe. Deberían ser consideradas en las acciones gubernamentales de planificación en materia ambiental, derechos civiles, seguridad, ordenamiento y vivienda.

Las barrancas son afluentes de un sistema que integra una cuenca hidrográfica. Son proveedoras de servicios ecosistémicos; por lo que llevan a cabo el proceso de infiltración de agua y recarga del acuífero, regulación del balance hídrico, fijación de carbono, retención de partículas contaminantes, son refugio de vida silvestre y forman parte del paisaje del medio ambiente.

De conformidad con la fracción VIII del artículo 10 de la Ley Ambiental de Protección de la Tierra del Distrito Federal, las delegaciones (ahora alcaldías) deben etiquetar un porcentaje de su presupuesto anual que garantice el mantenimiento, la protección, la preservación, la vigilancia de las áreas verdes y barrancas de su demarcación.

La cuenca del río Magdalena genera 20 millones de metros cúbicos de agua. Su bosque almacena 50 toneladas de carbono por hectárea. Ha resultado evidente que en la zona se ha sufrido un proceso acelerado de deforestación, desertificación y crecimiento desordenado de la población.

Resulta indiscutible que la protección del ecosistema propio de la región de las Barrancas y en general de Magdalena Contreras resulta fundamental para la protección y el bienestar de los seres humanos.

El crecimiento de la mancha urbana, las grandes precipitaciones que han desbordado el río Magdalena, y el gran número de incendios que tan solo en el periodo que va de los años 1995 al 2004, llegó a 157; conforman un grupo preocupante de fenómenos que reclaman la aplicación de medidas urgentes.

En el año de 1932, se emitió una declaratoria de Zona Protectora Forestal del Bosque de la Cañada de Contreras. En el año de 1947, se emitió un decreto presidencial que declaró zona de protección forestal del río Magdalena “a una faja de 12 kilómetros de longitud desde el nacimiento del río hasta aguas abajo en la parte urbana, cubriendo 500 metros a cada lado del cauce (mil 200 hectáreas)”. No obstante lo anterior, la zona no se ha librado de los conflictos legales de tenencia de la tierra, entre vecinos de las comunidades que la integran.

El 21 de diciembre del año 2011, el gobierno del entonces Distrito Federal emitió un decreto que declara Áreas de Valor Ambiental a las barrancas Anzaldo y Coyotera, ubicadas en la delegación Magdalena Contreras, y Echánove, en Cuajimalpa. Dicho decreto fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Derivado de tal decreto, se estableció el “principio de precaución”, en materia de protección, preservación y conservación de los recursos naturales.

Quedó prohibida la construcción de cualquier tipo de edificación, construcción u obra dentro de la poligonal que las conformen.

No se permitía, en las barrancas, el uso de suelo para vivienda, habitacional, no habitacional y mixto; industria, comercio.

Los recursos naturales en el sitio deberían estar sujetos a acciones y actividades de protección, preservación, forestación, reforestación, prevención, control, rescate, conservación, restauración, rehabilitación, investigación, educación ambiental y aprovechamiento sustentable y controlado.

Los vecinos de la demarcación Magdalena Contreras, en particular quienes viven en los linderos de las barrancas Anzaldo y Coyotera; tienen derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Tal como lo establece el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es responsabilidad del Estado garantizar el respeto a este derecho.

Con base en los argumentos aquí expuestos, someto a consideración del pleno de la cámara de diputados, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.- El pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y a la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, doctora Marina Robles García, a que en el ámbito de sus facultades, realicen las acciones necesarias para concretar los objetivos señalados en el decreto que declara las barrancas Anzaldo y Coyotera, como áreas de valor ambiental, publicado el 21 de diciembre, del año 2011, en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal. Asimismo que se realicen acciones de protección, preservación, forestación, reforestación, prevención, control, rescate, conservación, restauración, rehabilitación, investigación, educación ambiental y aprovechamiento sustentable y controlado de las barrancas.

Segundo.- El pleno de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión exhorta a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y a la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, doctora Marina Robles García, a que en el ámbito de sus facultades, divulguen entre los habitantes de la demarcación Magdalena Contreras, las acciones programáticas y financieras que llevarán a cabo para evitar la acumulación de residuos sólidos en las barrancas Anzaldo y Coyotera. Asimismo, para garantizar las acciones permanentes de saneamiento básico, tendientes a disminuir considerablemente, el impacto de las descargas domiciliarias.

Referencias

1 Demografía y geografía de Magdalena Contreras. https://mcontreras.gob.mx/mi-alcaldia/demografia-geografia/

2 Servicios Ecosistémicos en la Cuenca del Río Magdalena, Distrito Federal, México. Lucía Almeida Leñero y otros. Gaceta ecológica número especial, julio-diciembre de 2007 84-85 (2007): 53-64 D.R.© Instituto Nacional de Ecología, México.

3 Ley Ambiental de Protección de la Tierra del Distrito Federal.

4 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

5 Sistema de Barrancas de la Ciudad de México: Importancia hidrológica y retos en su manejo socioambiental. Doctora Lucía Almeida Leñero. LUCIA_Almeida_Galvan_PAOT.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2022.

Diputada Diana María Teresa Lara Carreón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Imjuve a cumplir la obligación de remitir al Congreso de la Unión al inicio de los periodos ordinarios de sesiones los estudios y las investigaciones relativos a la problemática y las características juveniles, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Hace 23 años fue creado el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, mismo que de acuerdo con la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, tiene como objetivo el crear políticas públicas en favor de los derechos de las y los jóvenes mexicanos, derechos como la educación, la salud, la participación en la vida pública, el emprendimiento, el fomento al empleo y el empoderamiento de este sector poblacional.1

De acuerdo con la ley anteriormente señalada, se consideran jóvenes, a las personas que se encuentran en un rango de edad de entre 12 a 29 años.2 Sin embargo, este criterio puede cambiar de acuerdo con cada estado que conforma la comunidad internacional, así como las organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), misma que considera como una persona joven a las personas con rango de edad de 15 a 24 años,3 y de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), actualmente existen 1 mil 200 millones de personas jóvenes en el mundo, mismas que representan 16 por ciento de la población mundial, y se estima que en 8 años, la cantidad de personas jóvenes represente 23 por ciento de la población mundial, es decir casi 1 mil 300 millones de personas jóvenes.4

En ese sentido, la ONU ha realizado diversas observaciones ante las exigencias de las personas jóvenes a oportunidades más justas, equitativas y progresivas en sus respectivos estados, por lo que ha señalado que los diversos países deben atender con urgencia todos los desafíos que se presentan para este sector de la población, garantizando sus derechos de acceso a la educación, salud, empleo, e igualdad de género, entre otros más, por lo cual el estado mexicano, mismo que forma parte de la ONU, se ha comprometido que al año 2030 cumplirá con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los que se encuentran el mejoramiento de cuatro áreas fundamentales para garantizar las necesidades de la juventud, tales como el empleo juvenil, el reconocimiento de los derechos de los adolescentes, la educación y los deportes por la paz5 .

Cabe señalar que el establecimiento de una ley que contempla las necesidades y preocupaciones de las personas jóvenes no se dio por algún error, sino todo lo contrario, ya que era necesario establecer un Instituto que velara por la protección y empoderamiento de la juventud, misma que actualmente representa casi el 30% de la población en nuestro país, por lo que tan solo las personas que se encuentran en un rango de edad de 15 a 29 años suman un total de 30.7 millones.6 Asimismo, de acuerdo con un estudio realizado por “Visual Capitalist”, tomando cifras de la (ONU), se registró que México es uno de los países que cuentan con mayor población de personas jóvenes en el continente americano, con una edad media de 29 años, siendo la edad más baja en comparación con Canadá con una edad media de 41 años y Estados Unidos de América con una edad media de 38 años.7

A pesar de que la población joven en nuestro país es una de las más grandes, no se le han brindado las acciones necesarias para satisfacer sus demandas y necesidades, ya que de acuerdo con Encuesta de jóvenes en México 2019, elaborada por el Observatorio de la Juventud en Iberoamérica (OJI), ha informado de cifras alarmantes, tales como las siguientes:8

• El 41 por ciento de las personas jóvenes viven en un hogar con ingresos de entre 3 mil 500 pesos a 8 mil 700 pesos, y 20.49 por ciento viven en un hogar con un máximo de ingresos mensuales de $3 mil 500 pesos;

• El 56 por ciento de las viviendas en las que habitan son hechas de cemento;

• A pesar del avance tecnológico a nivel internacional, sólo 62.4 por ciento de las personas jóvenes tienen acceso a internet y solo 53.2 por ciento cuentan con una computadora;

• El 17 por ciento no cuenta con ninguna institución de atención médica, ya sea pública o privada;

• El 56.6 por ciento de las personas mayores de 18 años no se encuentran estudiando;

• Más de 80 por ciento de las personas jóvenes que cursan la educación primaria, secundaria y preparatoria, lo hacen en escuelas públicas, y

• La mayor razón por la que los jóvenes dejan de estudiar, es debido a la necesidad de contar con un trabajo para aportar con los gastos familiares.

Es lamentable, que a pesar que nuestro país cuente con un gran porcentaje de personas jóvenes, no se realizan las acciones y políticas públicas necesarias para garantizar el acceso de estos a sus derechos fundamentales, Aunado a lo anterior, es difícil lograr un progreso cuando las autoridades de las instituciones que aparentemente buscan velar los derechos de las personas jóvenes, no cumplen lo mandatado por la ley, tal es el caso del director general del Imjuve, que ha incumplido con lo establecido por el artículo 12 de la Ley del Imjuve, de conformidad con lo siguiente:

Artículo 12. El director general del instituto , además de las facultades y atribuciones que le confiere el artículo 22 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, tendrá las siguientes:

I. a VIII. ...

IX. Remitir a las Mesas Directivas de ambas Cámaras del honorable Congreso de la Unión , al inicio de los periodos ordinarios de sesiones de cada año legislativo , los estudios e investigaciones relativos a la problemática y características juveniles previstos en la fracción VII del artículo 4;

En ese sentido, hasta el momento y después de realizar una búsqueda exhaustiva en los registros parlamentarios, se desprende que dicho instituto ha sido omiso con su obligación de remitir a las mesas directiva del Congreso de la Unión los “estudios e investigaciones relativos a la problemática y características juveniles”, mismos que se contemplan en la fracción VII del artículo 4 de la Ley anteriormente señalada:

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones :

I. a VI. ...

VII. Realizar, promover y difundir estudios e investigaciones de la problemática y características juveniles ;

Con base en lo anterior y de conformidad con la Ley, una de las atribuciones del Imjuve es la realización, promoción y difusión de los estudios e investigaciones, referentes a las problemáticas de las personas jóvenes; Sin embargo, esta facultad no ha sido promovida ni informada al Congreso de la Unión, con lo cual denota la política de nuestro gobierno, ya que es difícil hacer que las autoridades implementen acciones y políticas en favor de la atención de las necesidades de la juventud, y parece ser que las instituciones que velan por el respeto de estos derechos, tampoco cumplen con lo mandatado por la ley, por lo que es necesario que el Imjuve cumpla con su tarea de remitir estos estudios e investigaciones al Congreso de la Unión, sin excepción alguna.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano de la Juventud, para que de conformidad con el artículo 12, fracción IX de su Ley, cumpla con su obligación de remitir al inicio de los periodos ordinarios de sesiones de cada año legislativo a las Mesas Directivas de ambas Cámaras del honorable Congreso de la Unión, los estudios e investigaciones relativos a la problemática y características juveniles con la finalidad de que estos puedan ser tomados en consideración para el fortalecimiento del marco jurídico y de las políticas públicas encaminadas a atender las necesidades de este grupo poblacional.

Notas

1 Diario Oficial de la Federación (DOF), ley del instituto mexicano de la juventud, disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4943094&fecha=06/01/1 999

2 Cámara de Diputados, ley del instituto mexicano de la juventud, disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/87_020415.p df

3 organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura (unesco), la unesco y la juventud – estrategia. disponible en:

https://www.un.org/es/events/observances/alfabetizacion/ youthandeducation.html#:~:text=seg%c3%ban%20el%20criterio%20de%20las,15 %20y%20los%2024%20a%c3%b1os.

4 organización de las naciones unidas (onu), juventud, disponible en:

https://www.un.org/es/global-issues/youth#:~:text=situac i%c3%b3n%20mundial%20de%20la%20juventud,as%c3%ad%20a%20casi%201.300%20m illones.

5 ídem.

6 instituto nacional de estadística y geografía (inegi), estadísticas a propósito del día internacional de la juventud, disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/juvent ud2020_nal.pdf

7 invertia, población: ¿qué países son los más jóvenes?, disponible en: https://www.elespanol.com/invertia/opinion/20200717/poblacion-paises-jo venes/505829414_13.html

8 observatorio de la juventud en iberoamérica (oji), encuesta de jóvenes en méxico 2019, disponible en: https://drive.google.com/file/d/1qnrughusmsov3ky2fapho6otntforskk/view

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el 15 de febrero de 2022.

Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a modificar la NOM-046-SSA2-2005, “violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y atención”, suscrita por los diputados Maribel Martínez Ruíz y Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PT

Los suscritos, diputada Maribel Martínez Ruiz y diputado Benjamín Robles Montoya, integrantes del Grupo Parlamentario del PT a la LXV Legislatura, de conformidad con lo establecido por los artículos 62, numeral, 3 y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La violencia contra las mujeres y las niñas en México es una lamentable constante, desafortunadamente no hemos logrado generar políticas públicas que verdaderamente impacten en la erradicación de esta otra pandemia social y Oaxaca no es la excepción. Según las cifras oficiales más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a nivel nacional cerramos el año 2021 con 21,189 casos de presunta violación,1 cifra que se torna aún más preocupante si tomamos en consideración que estas sólo representan los casos que lograron ser denunciados, pero que, además, tampoco han sido judicializados.

La Organización Mundial de la Salud señala que: “La sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales”.

En México, el combate efectivo de los delitos de carácter sexual ha requerido de normas claras, incluso de cooperación internacional, destacando la eliminación de la violencia sexual y sus consecuencias desde que el Estado Mexicano ratificó diversos instrumentos internacionales como la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Conferencia Internacional del Cairo y la Conferencia de Beijing.

Estos esfuerzos han redundado, en primera instancia, en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos de las personas; por otro lado, se ha exigido que estos derechos no sólo sean tratados como derechos en el ámbito privado sino también en el ámbito público y, en este sentido, se cuente con una descripción jurídica sobre violencia sexual desde una perspectiva de derechos humanos y género.

Los delitos sexuales son acciones que afectan a personas de cualquier edad y sexo, contra su consentimiento y que perturban su desarrollo sexual. 2 Son conductas reprobadas social y jurídicamente.

En la legislación penal vigente se denominan: Delitos contra la libertad, la seguridad y el normal desarrollo psicosexual, y contiene los delitos específicos de hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro, violación e incesto.

De manera general, este Título del Código Penal Federal comprende los actos verbales o físicos de contenido sexual que se cometen contra una persona de cualquier edad o sexo sin su consentimiento y, en el caso de los menores de edad, con engaño y afectación a su desarrollo psicosexual.

Para la atención de casos de violencia sexual en México contamos con la “Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres. Criterios Para La Prevención y Atención”, la cual establece el protocolo para la atención de las víctimas de estos delitos, no obstante, ha sido insuficiente debido a que, en primera instancia, de manera generalizada, únicamente las unidades de segundo nivel atienden estos casos, lo que revictimiza a las víctimas que se encuentran lejos de una de estas unidades o que tienen que ser referidas luego de haber sido sometidas a ciertos estudios en la unidad que brindó el primer contacto.

Aunado a ello, estas unidades únicamente cuentan con anticonceptivos y retrovirales para profilaxis de VIH, sometiendo a la víctima a una revictimización al no tomar en ese momento las evidencias de la agresión sexual, canalizándola para que, otra vez, la víctima tenga que narrar los hechos al agente del ministerio público y que otro médico legista le realice el examen forense por violación.

En este sentido, vemos la urgencia de que se genere una coordinación más estrecha entre las autoridades en materia de salud y procuración de justicia, a efecto de garantizar los derechos humanos de las víctimas, los cuales incluyen la no revictimización, la toma de evidencias a la brevedad posible y su adecuada preservación, además de atención médica que incluya la psicológica y mecanismos para salvaguardar su integridad.

Por ello, urge la creación de mecanismos que sean capaces de atender las denuncias sin largo tiempo de espera, sin archivar o ignorar los casos de violencia verbal, física y sexual hacia las mujeres y niñas con la implementación de una caja, cajón o kit de emergencia para atención de casos de delitos sexuales en todas y cada una de las unidades médicas de salud en el país, incluidas las clínicas de salud de las comunidades, las cuales deben contener, además de los anticonceptivos de emergencia y los retrovirales, como mínimo lo siguiente:

• Bolsas y hojas de papel para la recolección de evidencia

• Peinilla

• Formularios para la documentación

• Sobres

• Instrucciones

• Materiales para tomar muestras de sangre

• Hisopos

Aunado a ello, deberá capacitarse al personal médico, a las y los elementos de la policía estatal y municipal, así como al personal de las agencias del ministerio público para actuar de forma coordinada, atendiendo los estándares para la atención de delitos sexuales con perspectiva de género y de derechos humanos.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de este pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que modifique la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención, a efecto de que las instituciones prestadoras de servicios de atención médica que conozcan de un caso de violación no únicamente den aviso al ministerio público, sino que, previo el consentimiento de la víctima, obtengan y preserven las muestras médico legales y sean remitidas junto con el aviso al ministerio público.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud y a las Fiscalías Generales de Justicia de las treinta y dos entidades federativas, implementen la utilización de una caja, cajón o kit de emergencia para casos de delitos sexuales en todas y cada una de las unidades médicas de salud, la cual servirá para la toma y preservación de muestras médico legales para un examen forense por violación.

Dado en el Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Diputados a los quince días del mes de febrero de dos mil veintidós.

Notas

1 Información sobre violencia contra las mujeres (Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1), diciembre 2021, consultable en https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/informacion-sobre-violencia-contra- las-mujeres-incidencia-delictiva-y-llamadas-de-emergencia-9-1-1-febrero -2019?idiom=es

2 Cavada Herrera, Juan Pablo. “Concepto y catálogo de delitos sexuales”. Chile, 2020. Consultable en

https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/29603/2/
BCN_Concepto_y_cata__logo_de_delitos_sexuales_edit_GW.pdf

Diputada Maribel Martínez Ruiz (rúbrica)

Diputado Benjamín Robles Montoya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la Fieidepfp de la Ciudad de México a tomar medidas que esclarezcan la desaparición de Irma Galindo Barrios, a cargo de la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada Amalia Dolores García Medina, integrante de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y a la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas (FIEIDEPFP) de la Ciudad de México, a tomar medidas que esclarezcan el caso de la desaparición de Irma Galindo Barrios, con base en las siguientes

Exposición de Motivos

Irma Galindo Barrios, indígena mixteca de 38 años, originaria de San Esteban Atatlahuaca, Oaxaca, presentó en 2019 denuncias ante la Procuraduría Federal de Medio Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión Nacional Forestal ante la incesante tala ilegal en su comunidad. Por lo que fue blanco constante de acoso e intimidación. A pesar de las amenazas recibidas por su activismo en defensa del medio ambiente, ella continuó con su labor en defensa de los bosques de pino, encino y oyamel que rodean Atatlahuaca. En 2021 fue designada como beneficiaria para el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.1

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca. Irma fue vista por última vez el 27 de octubre de 2021 en la Ciudad de México, cuando iba a recoger algunas donaciones para el acopio que había montado en beneficio de su comunidad. Sus últimas conexiones en redes sociales también coinciden con esa fecha, a las 8 de la noche, de acuerdo con los informes. El 29 de octubre de 2021 ella tenía una cita con el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas a los que les había solicitado protección anteriormente. Sin embargo, nunca llegó a esa reunión.2 Después circuló en diversos medios informativos la noticia de un probable hallazgo de restos humanos que podrían ser de Irma Galindo Barrios, pero, a la fecha de presentación de este exhorto, esta hipótesis no ha sido confirmada.3

La Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de Naciones Unidas define a una defensora o un defensor como cualquier persona que trabaja por la promoción y la protección de los derechos humanos de manera pacífica.4

De acuerdo con Amnistía Internacional, América Latina es la región más peligrosa para la defensa de los derechos humanos,5 aunado a que en México se agudizaron los problemas de violencia y pobreza también como consecuencia de la pandemia mundial provocada por el SARS-CoV2. En diciembre de 2021, la Secretaría de Gobernación reconoció que durante la actual administración han sido asesinadas al menos 68 personas defensoras de derechos humanos.6

En este contexto, también las personas que son defensoras del derecho humano al medio ambiente sano y sustentable, de la tierra y el territorio continúan siendo objeto de todo tipo de agresiones en nuestro país, las cuales se han ido incrementando.7

De acuerdo con el Informe del Comité Cerezo México, nuestro país es uno de los más peligrosos para ser defensor del medio ambiente ya que se ubica como el segundo territorio con más crímenes hacia activistas y a escala global, ya que entre 2019 y 2020 sumaron 33 asesinatos.8

A pesar de que en México se cuenta con la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que brinda a los beneficiarios un mecanismo nacional de protección y prevención con el fin de garantizar “la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos”,9 lamentablemente no se cumple con la obligación internacional de fomentar un entorno seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos.

A más de tres meses de la desaparición de Irma Galindo Barrios es necesario que las instancias gubernamentales, federales y locales, informen por qué razones no fueron aplicadas de manera inmediata las medidas de protección para Irma Galindo Barrios; e implementen o refuercen de manera inmediata la búsqueda y localización de la ambientalista y defensora de derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a reforzar la aplicación inmediata del mecanismo de protección, para que no se repita lo ocurrido con Irma.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México a implementar o reforzar de manera inmediata la búsqueda y localización de Irma Galindo Barrios.

Notas

1 De Miguel, Teresa. “Desaparecida Irma Galindo Barrios, la voz contra la deforestación en la mixteca oaxaqueña”. El País, 11 de noviembre 2021. https://elpais.com/mexico/2021-11-12/desaparecida-irma-galindo-barrios- la-voz-contra-la-deforestacion-en-la-mixteca-oaxaquena.html

2 Hernández, Fernanda. “Se cumplen 3 meses de la desaparición de Irma Galindo Barrios, activista mixteca”. Somos el medio, 27 de enero 2022. https://www.somoselmedio.com/2022/01/27/se-cumplen-3-meses-de-la-desapa ricion-de-irma-galindo-barrios-activista-mixteca/

3 “Red de Defensoras pide a fiscalías de Oaxaca y CDMX no revictimizar a Irma Galindo, desaparecida”. Aristegui Noticias, 21 de enero de 2022. https://aristeguinoticias.com/2101/mexico/red-de-defensoras-pide-a-fisc alias-de-oaxaca-y-cdmx-no-revictimizar-a-irma-galindo-desaparecida-vide o/

4 Amnistía Internacional, América 2019,

https://www.amnesty.org/es/countries/americas/report-ame ricas/

5 Ídem.

6 Forbes Staff, “ONU pide a México ‘no criminalizar’ a defensores de derechos humanos”, Forbes México, 14 diciembre 2021, https://www.forbes.com.mx/noticias-onu-pide-a-mexico-dejar-de-criminali zar-a-los-defensores-de-derechos-humanos/

7 Alejandra Leyva, Gabriela Yarely Sánchez, Jesús Alberto Mejí, José Carlos Juárez, Luz Coral Hernández y Yoatzin Popoca, Informe sobre la situación de las personas defensoras de los Derechos Humanos Ambientales en México, 2020, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC (CEMDA), 1ª Edición, 2021, pp. 6

8 Infobae, “2021 cierra sin esclarecer las desapariciones de ambientalistas”, Infobae, 31 de diciembre de 2021, https://www.infobae.com/america/mexico/2021/12/31/2021-cierra-sin-escla recer-las-desapariciones-de-ambientalistas/

9 Demetrio Romeo, “La defensa de los derecho humanos ambientales en México: Un enfoque a la violencia estructural,” Democracia Abierta, https://www.opendemocracy.net/es/democraciaabierta-es/defensa-derechos- humanos-ambientales-mexico-violencia-estructural/, 10 de septiembre 2020.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2022.

Diputada Amalia Dolores García Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Conacyt a establecer una mesa de diálogo con trabajadores, profesores y alumnos del CIDE, a cargo de la diputada Lidia García Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Lidia García Anaya, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) María Elena Álvarez-Buylla, a establecer una mesa de diálogo con trabajadores, profesores y alumnos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 3 de febrero de 2022, una comisión de trabajadores, profesores y alumnos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), fue recibido por Diputados Federales de diversos partidos políticos en la Cámara de Diputados, con la finalidad de solicitar el apoyo de los legisladores para ser mediadores en el conflicto en el CIDE.

El profesor e investigador Jean Meyer, expuso durante la reunión la problemática que enfrenta el CIDE, ante designación del director del Centro, José Romero Tellaeche.

Dentro de la solicitud de Meyer, estableció “necesitamos una ayuda de mediación política por parte de los diputados y senadores. Jamás, en la historia del CIDE, que se fundó en 1974, habíamos vivido una crisis semejante. Jamás habíamos vivido la imposición de un director, la violación de la legalidad, y, por lo mismo, jamás hubo un movimiento estudiantil ”1 .

El historiador comentó que “los trabajadores y los profesores hemos seguido a los estudiantes que nos han dado el ejemplo de la resistencia a una imposición totalmente ilegal (...) venimos a pedir ayuda al Congreso para la defensa de la legalidad, es lo único que pedimos, ni más ni menos ”2 .

Durante la reunión en comento, se expusieron las alternativas legales que han implementado los miembros del CIDE, con las cuales no han logrado avances significativos en la resolución del conflicto.

Factor clave en este problema, ha sido la negativa por parte de la directora del Conacyt en participar en reuniones con de la delegación del CIDE, ya que desde diciembre del año 2021, algunos medios de comunicación hicieron público que Álvarez-Buylla dijo que no entablaría diálogo con los estudiantes que exigen la renuncia del director Romero Tellaeche, argumentando que “no asistiría debido a las condiciones inaceptables que pretenden imponer algunos miembros de la comunidad ”3 .

Resulta indispensable establecer los mecanismos de diálogo necesarios entre los miembros del CIDE, así como con la titular del Conacyt, para abordar de manera integral la problemática que presenta la Institución, con la finalidad llegar a acuerdos que permitan que el CIDE continúe siendo un Colegio de gran prestigio a nivel nacional e internacional.

Expuesto lo anterior, me permito someter a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. – La Cámara de Diputados exhorta a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) María Elena Álvarez-Buylla, a establecer una mesa de diálogo con trabajadores, profesores y alumnos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Notas:

1. https://politica.expansion.mx/congreso/2022/02/03/
profesores-y-alumnos-piden-mediacion-del-congreso-en-el-conflicto-en-el-cide.

2. https://politica.expansion.mx/congreso/2022/02/03/
profesores-y-alumnos-piden-mediacion-del-congreso-en-el-conflicto-en-el-cide.

3. https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/12/13/
alvarez-buylla-cancela-dialogo-con-alumnos-del-cide-denuncia-chantaje-del-estudiantado-277416.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2021

Diputada Lidia García Anaya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF y la UEC de esta soberanía a informar a la opinión pública sobre las modificaciones metodológicas empleadas en las estimaciones del costo económico de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado federal en la LXV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, a que en uso de sus facultades y atribuciones informen a la opinión pública sobre las modificaciones metodológicas empleadas en las estimaciones del costo económico de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Tras ganar las elecciones presidenciales de 2018, Andrés Manuel López Obrador convocó a una consulta popular informal, para que el pueblo decidiera si se continuaba o procedía a cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), dicho proyecto era una de las insignias de su antecesor, Enrique Peña Nieto, cuya intención era sustituir el saturado aeropuerto Benito Juárez de la capital.

El resultado de dicho ejercicio que fue vendido como un avance democrático, es de todos conocido, se procedió a cancelar el proyecto del NAIM, y se puso en marcha el proyecto que había anunciado el presidente López Obrador, el aeropuerto de Santa Lucía.

Derivado de la cancelación se generó una afectación presupuestal, debido a que se tenían que rescindir y pagar compensaciones económicas a las empresas involucradas en el proyecto que se pretendía extinguir. Por lo que era necesario que se realizaran las estimaciones y estudios pertinentes para poder tener el dato concreto de cuánto dinero costaría a los mexicanos la decisión de dar marcha atrás al NAIM.

Ahora bien, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) es el órgano especializado de la Cámara de Diputados que cuenta con autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su organización interna, funcionamiento, resoluciones y manejo de los recursos presupuestales que le son asignados. Su actuación se rige por un conjunto de disposiciones jurídicas, técnicas y éticas.

La ASF desde que se canceló el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ha dado 3 estimaciones del costo de dicha acción por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, de acuerdo a la ASF, al momento de su cancelación, el NAICM tenía un avance de 53 por ciento para finalizar la fase 1.

En ese sentido, han pasado más de tres años de la cancelación del NAICM, y hasta la fecha, no se sabe a ciencia cierta cuánto fue el costo total por la cancelación de este proyecto, toda vez, que la Auditoría Superior de la Federación ha dado tres estimaciones diferentes.

Primera cifra emitida por la Auditoría Superior de la Federación – Auditoría 1394-DE de la Cuenta Pública de 2019.

Recordemos que el primer cálculo de la Auditoría Superior de la Federación se hizo en la tercera entrega de la Cuenta Pública de 2019, en el cual, se informó que cancelar el NAICM en Texcoco tendría costos de cuando menos 331 mil 966 millones de pesos , cifra superior en 232 por ciento a lo calculado por el gobierno federal al tomar la decisión de suspender la obra y construir el nuevo aeropuerto en Santa Lucía.

Dicho costo estaría conformado por los dos conceptos siguientes:

• 163 mil 540.72 millones de pesos (49.3 por ciento) por gastos ya erogados a 2019, lo cual incluye:

a) los costos no recuperables de la inversión ejercida en el periodo 2014-2018 (70 mil 497.35 millones de pesos), y de la terminación anticipada de los contratos y convenios de obra, adquisiciones y servicios (7 mil 629.86 millones de pesos);

b) los costos derivados del esquema de financiamiento para la construcción del proyecto, relativos a la recompra del 30.0 por ciento de los bonos emitidos (50 mil 887.78 millones de pesos), y a la liquidación de certificados bursátiles de la Fibra-E (34 mil 027.21 millones de pesos);

c) los costos legales derivados de la cancelación del proyecto (498.50 millones de pesos).

• 168 mil 455.79 millones de pesos (50.7 por ciento) restantes son costos adicionales que se derivan de obligaciones pendientes para la cancelación (la liquidación de la totalidad de los bonos emitidos, contratos pendientes de liquidar, así como juicios y demandas en proceso).

En el documento “Razones para la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto en Texcoco”, publicado el 26 de abril de 2019, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes señaló que los costos por la construcción y la cancelación del NAICM serían de 100 mil millones de pesos, inferiores en 231 mil 996.51 millones de pesos, en comparación con los 331 mil 996 millones de pesos estimados, toda vez que la dependencia solo consideró la inversión ejecutada y el valor de la terminación anticipada de los contratos, sin incluir las implicaciones derivadas del esquema de financiamiento definido para la construcción, ni los costos por representación legal.

Segunda cifra emitida por la Auditoría Superior de la Federación – “Costo del esquema de financiamiento, construcción y terminación anticipada de contratos del NAICM al 31 de diciembre de 2019 ”

Posterior a la cifra emitida por la ASF, el Ejecutivo salió a criticar estos números, considerando exagerado el cálculo. Ante esta situación, la ASF emitió un comunicado en el que se informó que había errores.

Asimismo, suspendió temporalmente hasta el fin de las aclaraciones, al auditor especial de desempeño, Agustín Caso Raphael, y se formó un grupo especial para revisar el caso, ahora liderado por Lozano Dubernard.

A partir de ese momento, Lozano Dubernard y su equipo especial emplazaron a los directivos del Grupo Aeroportuario de Ciudad de México (GACM), así como a diversos funcionarios de la Secretaría de Hacienda para revisar los números relativos al costo de la cancelación. Las minutas referidas por el entonces secretario Herrera son las que contienen la información relativa a este ejercicio de intercambio de datos entre las partes involucradas.

La ASF publicó el informe “Costo del esquema de financiamiento, construcción y terminación anticipada de contratos del NAICM al 31 de diciembre de 2019 ”, tras la información obtenida de las diversas reuniones de trabajo entre la Auditoría Especial que encabeza Lozano Dubernard y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en el que, en mayo de 2021, ajustó el monto a 113 mil 327.7 millones de pesos el costo de cancelación, la segunda cifra dada a conocer por el organismo.

En el documento se explica que los costos derivados de la aplicación de recursos ascienden a 127 mil 89.3 millones de pesos, de los cuales 93 mil 204.0 millones de pesos corresponden a la “inversión ejercida en la construcción del proyecto y terminación anticipada de los contratos” y 33 mil 885.3 millones de pesos corresponden a los costos asociados a la “liquidación, recompra, prepago, gastos de operación, pérdidas en cambios y otros”.

Este monto, descontado de 15 mil 6.4 millones de pesos de “ingresos financieros” obtenidos de las inversiones de los recursos captados, arroja un costo neto de construcción del NAICM y terminación anticipada de los contratos de 112 mil 082.9 millones de pesos, que sumados a mil 244.8 millones de pesos de “intereses por pagar devengados” al 31 de diciembre de 2019, que corresponde a un costo devengado, pero no pagado, determina el monto de 113 mil 327.7 millones de pesos.

Esta cifra de 113 mil millones de pesos es 218 mil millones de pesos menor a la que la misma ASF informó en febrero pasado.

La diferencia de estos 218 mil millones de pesos es el resultado del que solamente se tomó a consideración al 31 de diciembre del 2019, a diferencia de la auditoría dada a conocer hace unos meses, en la que se incluyeron estimaciones de futuro.

En este documento se explica que en la auditoría consideró los “flujos pasados y futuros” para llevar a cabo la cancelación de las obligaciones contraídas para la construcción del aeropuerto, “que no representan un costo, pero sí un flujo de salida”.

La auditoría 1394-DE también incorporó los “Bonos en Circulación” que ya estaban incluidos “dentro del costo de la inversión ejercida y la terminación anticipada de los contratos suscritos”.

Igualmente, tomó en cuenta “intereses de vencimientos futuros que no representan un costo actual y que se materializarán en la medida que dichos bonos no sean rescatados, siendo que, hasta entonces, en su caso, formarán parte del costo de cancelación”.

Tercera cifra emitida por la Auditoría Superior de la Federación – Memoria de la Fiscalización del Aeropuerto Internacional de México en Texcoco y su Proceso de Cancelación (2014-2019)

De acuerdo a este tercer documento emitido por la ASF, el costo de la cancelación rondaría los 184 mil 600 millones de pesos considerando, por una parte, los recursos aplicados para la construcción del proyecto aeroportuario cancelado y, por el otro, la compra de una parte de la deuda emitida por el Estado mexicano para financiar el difunto proyecto del NAICM.

Entre los recursos aplicados destacan los servicios de obra, arrendamiento y adquisiciones, así como los gastos no recuperables incurridos por los contratistas de obra. También se incorporaron ahí las erogaciones de otras dependencias del gobierno federal tales como Conagua, Sedatu y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

Así mismo, en este documento se toma en consideración montos desde el 2011 hasta 2019, en el cual, las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, los fideicomisos privados y los no paraestatales 80726 y FONADIN, así como GACM aplicaron recursos para el proyecto del Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, como se detalla a continuación:

La discrepancia de los números radica en que los 184 mil 600 millones de pesos no son en realidad un resultado de los costos de cancelación; se refiere, de acuerdo con fuentes del GACM, a los recursos que aplicaron al proyecto total tanto las entidades de la administración pública federal como los fideicomisos.

De esta manera, comparando la auditoría 1394-DE con la Memoria 2014-2019 del proceso de cancelación aparecen algunos rubros que el segundo documento no contempló. Por ejemplo, los préstamos pendientes de cubrir, así como, diversas erogaciones relacionadas con la terminación anticipada de contratos y convenios.

A lo anterior, podríamos agregarle los costos de la remodelación del actual AICM, ya que se destinó recurso a este proyecto toda vez que el NAICM fue cancelado. De igual manera, se podría contemplar la inversión que el gobierno tendrá que realizar en infraestructura para conectar a los aeropuertos Benito Juárez y Felipe Ángeles.

En virtud de lo manifestado se desprende la importancia de que la ASF aclare el cambio drástico en las estimaciones, con la intención de no afectar la imparcialidad y autonomía con la que cuenta este organismo, además, de conocer cuál es el monto total real que trajo consigo la cancelación de este proyecto.

Al respecto, el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la ASF tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones.

La fracción primera de dicho artículo determina lo siguiente:

“I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a empréstitos de los Estados y Municipios; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley”.

Por ello se desprende que es sumamente grave que el actuar de la ASF sea únicamente para tener contento al señor presidente. Su misión no es darle la razón a quien se incomodó con los hallazgos que resulten de sus auditorías, su autonomía no puede verse afectada con tal de no hacer enojar a los involucrados en las mismas. Los órganos autónomos están para crear contrapesos y evitar que se regrese a los tiempos en que el poder se detentaba en una sola persona.

Quien también debería estar involucrada en esta investigación es la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de esta honorable Cámara (UEC), debido a que es la encargada de vigilar el actuar de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación en el desempeño de sus funciones y que se sujeten a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables.

Pero su pasividad ante la falta de certeza en los criterios metodológicos empleados por la ASF, no hacen más que generar suspicacias, de que su encargo no es conforme a lo mandatado en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Las observaciones que se señalan puntualmente en este documento al parecer no fueron advertidas por la UEC, y de esta manera pareciera que no está fungiendo el papel y las funciones que esta Unidad se encuentra obligada a realizar en aras de la transparencia y rendición de cuentas.

Tanto la ASF y la UEC son dos de los pilares con los que se cuenta para la lucha contra la corrupción y el despilfarro por parte de los servidores públicos, pero su pasividad para actuar de manera concreta al estudio del impacto monetario y a la hacienda pública que tuvo la cancelación del NAIM parece enfocado en tratar de minimizar el daño y proteger a quienes tomaron la decisión.

Es necesario que se precise el costo real de la cancelación, pues al día de hoy las y los mexicanos no saben cuánto costó al erario público esta decisión. Además que la ASF aclare el porqué de las constantes modificaciones y la aparente inacción por parte de la UEC.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. – La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoria Superior de la Federación , a que informe a la opinión pública respecto a los cambios en las estimaciones del costo por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y así como las diversas metodologías empleadas para las tres estimaciones que ha publicado. Así como, si planea dar a conocer más informes respecto al costo por la cancelación de dicho proyecto.

Segundo. - Se exhorta respetuosamente al titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, que informe a la opinión pública si ha realizado observaciones a la Auditoria Superior de la Federación referentes a su actuar respecto a las constantes modificaciones en las estimaciones del costo por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y de no ser así dé a conocer los motivos del porqué no se realizaron.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2022.

Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Norma Angélica Aceves García, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), cada 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil, a través de una campaña colaborativa para crear conciencia y expresar el apoyo a niñas, niños y adolescentes con cáncer, los supervivientes y sus familias1 .

Al respecto, en 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó la Iniciativa mundial contra el cáncer infantil, con el objetivo de lograr, al menos 60 por ciento de supervivencia de los niños con cáncer para 2030, por lo que esta iniciativa busca2 :

• Aumentar la capacidad de los países para brindar servicios de calidad a niñas, niños y adolescentes con cáncer.

• Priorizar el cáncer infantil a nivel nacional, regional y mundial para impulsar la acción.

De conformidad con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el cáncer es una de las principales causas de muerte de niñas, niños y adolescentes en todo el mundo, con un número de más de 400 mil casos diagnosticados3 .

En el continente americano, se estima que en 2020 hubo 32 mil 65 (treinta y dos mil sesenta y cinco) nuevos casos de cáncer en niñas, niños y adolescentes de 0 a 14 años, de los cuales 20 mil 855 (veinte mil ochocientos cincuenta y cinco casos ocurrieron en países de América Latina y el Caribe. En cuanto a índices de mortalidad se refiere, se estima que 8 mil 544 (ocho mil quinientos cuarenta y cuatro) niñas, niños y adolescentes menores de 15 años fallecieron por esta causa en 2020; de ellos, 7 mil 76 (siete mil setenta y seis) vivían en América Latina y el Caribe4 .

2. En México, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), hasta el 2018 la población de niñas, niños y adolescentes entre los 0 y los 19 años era de 44 millones 697 mil 145 (cuarenta y cuatro millones seiscientos noventa y siete mil ciento cuarenta y cinco)5 .

De conformidad con el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, con base en los datos del Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes (RCNA), tenemos las siguientes tasas de incidencia por cada millón de niñas, niños y adolescentes6:

• Hasta 2017 fueron: 89.6 Nacional, 111.4 en niñas y niños (0 a 9 años) y 68.1 en adolescentes (10-19 años).

• Por grupo de edad: el grupo de 0 a 4 años presentó la mayor tasa de incidencia con 135.8, mientras que el grupo de adolescentes entre los 15 y los 19 años tuvo la menor incidencia con 52.6

• Los estados de la República con mayor tasa de Incidencia por cáncer en la infancia (0 a 9 años): Durango (189.53), Colima (187.42), Aguascalientes (167.36), Sinaloa (163.44) y Tabasco (158.94).

• En la adolescencia (10 a 19 años), las entidades con mayor tasa de Incidencia son: Campeche (149.56), Colima (117.27), Aguascalientes (106.29), Nuevo León (99.79) y Morelos (98.73).

• Respecto a las tasas de mortalidad, tomando como base cada 100,000 habitantes , los adolescentes entre los 15 y los 19 años de edad tuvieron la mayor tasa de mortalidad con 6.88, mientras que la menor tasa de mortalidad fue para el grupo de edad entre los 0 y los 4 años con 4.35.

- Entre los 5 y los 14 años las tasas se mantuvieron similares entre ambos grupos con 4.60 (5 a 9 años) y 4.54 (10 a 14 años).

- Las entidades federativas con mayor tasa de mortalidad en niños (0 a 9 años) son: Campeche (6.3), Chiapas (6.2), Aguascalientes (6.0), Colima y Tabasco (5.6). En adolescentes (10 a 19 años) la mayor tasa de mortalidad corresponde a: Campeche (8.6), Tabasco (7.6), Chiapas (7.0), Oaxaca (6.5) e Hidalgo (6.4).

- Por sexo, 56 por ciento de los casos registrados corresponde a varones y 44 por ciento a mujeres.

- La mayor tasa de mortalidad (6.79) ocurrió en adolescentes hombres.

- La mayoría de los casos del RCNA fueron: Leucemias (48 por ciento), Linfomas (12 por ciento) y Tumores del Sistema Nervioso Central (9 por ciento).

• Entre el primero y el cuarto año de vida predominan: los tumores del Sistema Nervioso Simpático, Retinoblastoma, Tumores Renales y Tumores Hepáticos.

• A partir de los 10 y hasta los 19 años los tipos de cáncer que ocurren con mayor frecuencia son similares a los que se presentan en la edad adulta y debido a que el cáncer en adolescentes suele ser más agresivo, el tratamiento condiciona un mayor riesgo de inmunosupresión y de infección que puede desencadenar la muerte.

Dentro de las problemáticas que enfrenta nuestro país en este tema, tenemos que7 :

• 26 millones 493 mil 673 (veintiséis millones cuatrocientos noventa y tres mil seiscientos setenta y tres) niñas, niños y adolescentes no cuentan con ningún tipo de seguridad social.

• Existen en México 264 oncólogos pediatras certificados.

• Existe el problema de la detección tardía.

• Hay poca inversión en proyectos de investigación.

• Desabastecimiento de medicamentos oncológicos pero también de insumos para aplicar las quimioterapias.

• Sólo existen 33 cirujanos pediatras oncólogos en el país8 .

Estás problemáticas se han traducido en una serie de desventajas que viven niñas, niños y adolescentes, que lamentablemente padecen cáncer, en nuestro país, que hace más compleja su situación y limita exponencialmente las expectativas de superar la enfermedad.

Así, la sobrevida nacional en niñas, niños y adolescentes registrados en el Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes (RCNA) es de 57 por ciento, en comparación con la de países con altos ingresos donde la probabilidad de que una niña, niño o adolescente con cáncer sobreviva es del 90 por ciento9 .

Ello, por debajo de la media que señala que 70 por ciento de los casos de cáncer infantil son curables si se detectan a tiempo, por lo que a diferencia del cáncer en adultos, la presencia de esta enfermedad en niñas, niños y adolescentes es curable en la mayoría de los casos10 .

3. El cáncer se ha constituido en uno de los principales padecimientos, que por su naturaleza y sintomatología silenciosa, hace que su detección sea en etapas avanzadas, cuando resulta más complicada su atención y disminuye considerablemente las posibilidades de vencerlo.

En México, como demuestran las cifras, el cáncer en niñas, niños y adolescentes es un problema de salud pública que constituye la segunda causa de muerte y la primera por enfermedad en niños de cinco a 14 años de edad, que cada año produce el fallecimiento de más de dos mil personas menores de 18 años de edad, de acuerdo con cifras del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (CENSIA)11 .

Por eso, es importante que desde esta Cámara de representación popular, insistamos en cada oportunidad para impulsar la atención, prevención y tratamiento de cáncer en niñas, niños y adolescentes, a lo más alto de la agenda con la finalidad de reiterar a las autoridades, la necesidad de fortalecer la política pública dirigida a la atención de la salud de niñas, niños y adolescentes.

Es por lo anterior, que en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil, se somete a consideración de la asamblea, los presente:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a:

a) Reforzar los programas destinados a la prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento del cáncer en niñas, niños y adolescentes, y

b) Impulsar la formación, especialización y capacitación de médicos especialistas en oncología pediátrica.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal para qué a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, otorgue los recursos necesarios para que se garantice la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento del cáncer en niñas, niños y adolescentes.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que:

a) Investigue posibles violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes con cáncer, de conformidad con los artículos 1o. y 4o. de la Constitución federal,

b) Emita la recomendación correspondiente y,

c) En su caso, denuncie ante las autoridades competentes a quienes sean responsables de las citadas violaciones.

Notas

1 Visto en: https://www.paho.org/es/campanas/dia-internacional-cancer-infantil-2021#:~:text=
Cada%2015%20de%20febrero%2C%20la,los%20supervivientes%20y%20sus%20familias consultado el 11 de febrero de 2022.

2 Visto en:
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer-in-children.consultado el 11 de febrero de 2021.

3 Visto en: https://www.paho.org/es/campanas/dia-internacional-cancer-infantil-2021#:~:text=
Cada%2015%20de%20febrero%2C%20la,los%20supervivientes%20y%20sus%20familias consultado el 11 de febrero de 2022.

4 Ibídem.

5 Visto en: https://www.gob.mx/salud%7Ccensia/articulos/cancer-infantil-en-mexico-1 30956 consultado el 11 de febrero de 2022.

6 Ibídem.

7 Ibíd.

8 Visto en: https://contralinea.com.mx/en-mexico-apenas-33-cirujanos-pediatras-onco logos/ consultado el 11 de febrero de 2022.

9 Visto en: https://lideresmexicanos.com/noticias/cancer-infantil-en-mexico/ consultado el 11 de febrero de 2022.

10 Ibídem.

11 Ibíd.

Dado en el pleno de la honorable, a 15 de febrero de 2022.

Diputada Norma Angélica Aceves García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a incorporar educación cooperativa en planes y programas de estudios de nivel básico, a cargo de la diputada Araceli Celestino Rosas, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Araceli Celestino Rosas, diputada federal en la LXV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta asamblea, la proposición con punto de acuerdo, por la que la Honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública a incorporar los esquemas de educación cooperativa dentro de los planes y programas de estudios de educación básica, con base a las siguientes

Consideraciones

A lo largo de la historia, el ser humano ha hecho frente a continuos problemas de adaptación al medio para satisfacer sus necesidades, y de tal forma lograr sus metas y triunfos. Desde el origen de los tiempos, el ser humano, ha buscado ayuda, colaboración y refugio en los seres de su igual semejanza, para obtener un beneficio y el bien común. Es así como surge el concepto de cooperación”, entendida como una unión de semejantes para beneficio de la colectividad. En otras palabras, se realizan las tareas en grupo; la motivación y el sentimiento de pertenencia a este grupo hace que todo vaya más fluido hacia el camino a la meta.

Autores como Dini y Stumpo (2004), consideran que la cooperación persigue la unión de recursos y experiencias de las personas para hacer frente a la realidad que se plantea, y que, de manera individual, no sería posible combatir la situación, ni alcanzar los objetivos marcados. La cooperación es entendida como un acto que se realiza de manera voluntaria y con el deseo recíproco de las personas, las cuales mantienen relaciones basadas en la confianza mutua y en la cual se comparten recursos, conocimientos y experiencias para lograr ser más competitivos como entidad en la sociedad (Sáez & Cabanelas, 1997).1

El cooperativismo por el tamaño y amplitud de su movimiento representa posiblemente la forma de organización socioeconómica de carácter universal más grande del mundo. Han sido más de 167 años de historia, desde su nacimiento oficial. No obstante, es menester anotar que, desde el comienzo de las organizaciones sociales, los seres humanos han trabajado en la cooperación, especialmente para defenderse de las fuerzas de la naturaleza y de otros animales, buscar dominio territorial, preservar la existencia y fortalecerse.2

El Cooperativismo es un sistema económico y social, basado en la libertad, la participación, la igualdad y la solidaridad. Es el resultado de un largo proceso histórico, en el que el hombre ha demostrado el espíritu asociativo. Consiste en la unión libre de un grupo de personas que realizan aportes para hacer frente a necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales.

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI, 2013) define cooperativismo “como una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para satisfacer sus necesidades comunes y aspiraciones económicas, sociales y culturales por medio de una empresa de propiedad conjunta, democráticamente gobernada”.

Los Pioneros de Rochdale, son el referente a nivel mundial de una sociedad cooperativa; en la época, había pocos puestos de trabajo para los tejedores; la vida era muy ardua, la gente tenía hambre y la esperanza de vida era muy baja. En principio, fue una tienda fundada por 28 trabajadores y aportes de 28 libras; quienes querían, podían tener la posibilidad de comprar a precios honestos, con mejor calidad de los productos como harina, mantequilla, avena, azúcar y velas, entre otros. Transportaron los productos en carretilla desde Manchaster. Podía vincularse a la cooperativa, cualquier hombre o mujer independientemente de religión, raza, sexo, con aporte de una libra. Un año después, contaba con 78 miembros, en 1860 contaba con 3450 miembros y seis tiendas. Los principios cooperativos de Rochdale, se extendieron de Europa a Norte América, y en general, a todo el mundo.3

Los valores básicos del cooperativismo son autoayuda, responsabilidad propia, democracia, igualdad, equidad y solidaridad.

Es importante destacar que los valores que rigen la organización interna del cooperativismo impactan positivamente tanto en sus miembros como en la sociedad.

El concepto de educación cooperativa es un concepto polisémico, que incluye una dimensión axiológica (los valores de autonomía y responsabilidad, participación, democracia, ayuda mutua y solidaridad, igualdad y equidades), así como una dimensión profesional y técnica, referida a la capacidad para la gestión de una empresa (Comtois, Beaulieu y Humérez-Comtois, 1982).

La educación cooperativa puede ser dirigida hacia los miembros, el personal y los dirigentes de la organización, y hacia el público en general, para difundir las ventajas del modelo cooperativo y las realizaciones de las cooperativas presentes en las diferentes comunidades.

Para el movimiento cooperativo, la educación cooperativa de los jóvenes es importante para asegurar una generación de relevo para las organizaciones y para el movimiento en su conjunto. Pero también la cooperación puede ser considerada como un medio para construir una sociedad distinta, más participativa e igualitaria. Por los valores y las competencias que forma en los individuos, el cooperativismo constituye una importante escuela de responsabilidad, autonomía, solidaridad, creatividad, favoreciendo la formación de mejores ciudadanos, y de trabajadores más productivos. En esta perspectiva, el proceso de aprendizaje de la cooperación es una dimensión de la educación para la ciudadanía, y debe iniciarse en etapas tempranas de la vida.4

En Canadá, Quebec es la provincia donde el sector cooperativo es el más importante. La principal organización cooperativa es el Movimiento de las Cajas Desjardins, iniciado en 1900 y que hoy tiene más de 5 millones de socios1 y emplea 36.139 personas. Fuera del sector financiero, existen en Quebec más de 2.500 cooperativas, que agrupan más de un millón de socios y generan 39.558 empleos (Arteau, Brassard y Malo, 2006: 44). Existen diversas generaciones de cooperativas, desde las más antiguas (sector financiero y sector agrícola) hasta las más recientes (cooperativas de trabajo asociado, vivienda, alimentación natural, servicios), incluyendo nuevas fórmulas cooperativas como las cooperativas de solidaridad, las cooperativas de trabajadores accionistas y las cooperativas de desarrollo regional. Se trata entonces de un movimiento social caracterizado por un gran dinamismo y capacidad de innovación frente a nuevos contextos y nuevas necesidades.

La preocupación del movimiento cooperativo quebequense por la educación cooperativa de los jóvenes no es reciente, como lo demuestra la creación de cajas de ahorro y crédito en las escuelas primarias desde el inicio del siglo XX, la creación de cooperativas escolares, la semana del relevo cooperativo, y otros programas como Joven Coop y la Cooperativa Joven de Servicios. En los años noventa, el CCQ en el marco de una importante reforma del currículo de la escuela quebequense, tomó la iniciativa de formar una alianza estratégica con otros actores para el desarrollo de competencias de cooperación entre los alumnos de nivel primario.

Esta alianza se ha materializado en acciones concretas como el programa Juntos hacia el Éxito, construido a partir del trabajo conjunto de actores del movimiento cooperativo, maestros y docentes universitarios, y difundido en el conjunto del sistema educativo de nivel primario y secundario, a partir de una demanda de los docentes de herramientas pedagógicas para la enseñanza de la cooperación.

En este método, el aprendizaje cooperativo se inscribe en una visión socio-constructivista del aprendizaje, que requiere de la interacción entre pares y de la realización de tareas cooperativas por los alumnos, lo que permite el diálogo, la confrontación de puntos de vista y el trabajo cooperativo. En una etapa ulterior de la formación de los alumnos, programas como Joven Coop, las Cooperativas Jóvenes de Servicios, la participación en las cooperativas escolares, etc., les permiten experimentar la fórmula cooperativa en proyectos concretos de generación de bienes o servicios. A largo plazo, la difusión de estos programas, que permiten vivir la cooperación en un aula de clase, en la escuela o durante las vacaciones, favorecerá la formación de una generación de relevo ya sensibilizada a la cooperación. Además, esta formación cooperativa contribuye a la formación de adultos responsables que asuman su futuro económico y el mejoramiento de sus condiciones de vida mediante la ayuda mutua y la cooperación.5

La educación cooperativa es una opción que tienen los individuos, hoy para desarrollarse tanto a nivel personal como a nivel laboral. Inclusive, ha sido considerado un modelo alternativo de desarrollo a la economía de mercado y a la economía de Estado.6

La educación cooperativista es importante en la formación del ser humano, el cooperativismo es el modelo de desarrollo socioeconómico más humano, donde todos los que intervienen usan recursos y capacidades, y donde no los hay, las generan, recurren a la asociación con miras a lograr fines comunes.7

Por lo que consideramos imprescindible que nuestros niños y jóvenes conozcan y practiquen el modelo cooperativo desde la edad temprana, por ello se hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Educación Pública a que incorpore educación cooperativa dentro de los planes y programas de estudio de educación básica.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública a incorporar educación cooperativa dentro de planes y programas de estudios de educación básica.

Notas

1 Belmonte, Jesús López., Moreno Guerrero, Antonio José., Fuentes Cabrera, Arturo. La Evolución del movimiento cooperativo desde su origen hasta la actualidad a través de su máximo exponente: La Sociedad Cooperativa. European Scientific Journal October 2018 edition Vol.14, No.29. p. 54 Recuperado de https://doi.org/10.19044/esj.2018.v14n29p53.

2 Ramírez-Díaz, L. F., Herrera-Ospina, J. J., Londoño- Franco, L. F. (2016). El Cooperativismo y la Economía Solidaria: Génesis e Historia. Cooperativismo & Desarrollo, 24(109), p.2 Doi: 10.16925/co.v24i109.1507

3 Universidad Tecnología y Pedagógica del Colombia, FESAD. Romero Alvarado, Luz Marina. Recuperado

https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/3497/1/Uni dad_1.pdf

4 St-Pierre, Isabelle, Richer Madeleine. La educación cooperativa en la escuela: El caso Québec. Recuperado de

http://ve.scielo.org/pdf/edu/v12n40/art13.pdf

5 Ibídem

6 Ibídem

7 López Q, Víctor M. Revista Faeco sapiens. El cooperativismo como un modelo de desarrollo socioeconómico más humano. Recuperado

http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/221/2211235008/ html/index.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 15 de febrero de 2022.

Diputada Araceli Celestino Rosas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a realizar por la SRE acciones encaminadas a derogar el artículo 15 del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad de Viaje, respecto a la obtención del pasaporte en caso de registro extemporáneo, a cargo de la diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío, diputada a la LXV Legislatura por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores derogue el artículo 15 del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad de Viaje, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En nuestro país, desde el tiempo de la Reforma y la separación Iglesia-Estado, el estado civil de las personas se acredita mediante las actas expedidas por la institución del Registro Civil.

A través de una concreta ordenación jurídica en donde convergen distintos ordenamientos como son la Constitución política, las leyes federales, las leyes locales, reglamentos y otras disposiciones administrativas de carácter general y que certifican el nombre y la nacionalidad del individuo, además de su situación civil presente.

Este instrumento es producto del ejercicio de la función pública concedida a los jueces del Registro Civil, y se trata de un documento público destinado a acreditar el estado civil de las personas.

Este documento es de carácter oficial, puesto que es elaborado por un funcionario público, dotado de fe pública y en ejercicio de su competencia y desempeño de sus atribuciones y, sobre todo, está revestido de formalidades y requisitos exigidos por la normativa jurídica aplicable.

En ese contexto, su expedición y validez cuentan con la defensa legal que da su propio levantamiento y da garantías a su contenido.

En ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 121, fracción IV señala a la letra que:

“Los actos del estado civil, ajustados a las leyes de un Estado, tendrán validez en los otros”.1

Y en el artículo 130 constitucional se dispone que:

“Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las autoridades administrativas en los términos que establezcan las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan. Las autoridades federales y de los estados y de los municipios tendrán en esta materia las facultades y responsabilidades que determine la ley”.

El Código Civil Federal , les otorga a las actas registrales plena validez al señalar que “el estado civil, sólo se comprueba con las constancias relativas del Registro Civil, ningún otro documento, ni medio, es admisible para comprobarlo salvo los casos expresamente exceptuados por la ley”.2

Por su parte, el artículo 50 del mencionado código, señala que “las actas extendidas conforme a las disposiciones que establece el propio código, hacen prueba plena en todo lo que el juez del Registro Civil, en el desempeño de sus funciones da testimonio de haber pasado en su presencia, sin perjuicio de que el acta pueda ser redargüida de falsa”.

Lo anterior significa que el contenido de las actas del Registro Civil, en primer término, determina el estado civil de una persona, su identidad y su nacionalidad, la cual como requisito debe asentarse y en segundo que tiene plena validez por realizarse frente a una autoridad como lo es un juez u oficial.

Ciertamente no es una presunción concluyente, pero su valor verificador es pleno en tanto no se compruebe lo contrario.

En cuestiones de materia civil es una competencia local.

El registro extemporáneo no existe en el Código Civil Federal, sin embargo, los estados se han reservado el derecho

Un registro extemporáneo, es aquel que se da después de los seis meses de ocurrido el nacimiento y que se menciona en los códigos civiles y se regula con mayor profundidad en los reglamentos, (como en el de la expedición de pasaportes) solicitando para su realización requisitos precisos y escrupulosos que certifiquen la inexistencia de registro previo o la inexistencia de un acta previa.

Las consideraciones sobre el Código Civil Federal y su espejo en los Códigos Civiles locales, lo referimos porque en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicitan previa solicitud para obtener el pasaporte, y sólo en los casos de registro extemporáneo, documentos adicionales a los que se requieren a una persona con registro normal.

Es otras palabras la Secretaría de Relaciones Exteriores pretende que el solicitante le confirme la “extemporaneidad”, ya sea a través de la copia del apéndice que obra en las oficinas del Registro Civil, o bien, a través de la solicitud de búsquedas de inexistencia de registro demasiado amplias o de documentos que acrediten la extemporaneidad , dichos documentos son una fuente indirecta, pero se les exigen a los ciudadanos.

La autenticidad del acta de nacimiento se encuentra avalada por el registro civil, sin embargo, no ocurre así para la Secretaría de Relaciones Exteriores en el caso de extemporaneidad.

En el artículo 15 del “Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje”.3 Expedido en el año 2001 y reformado en 2013, el interesado en obtener un pasaporte y que por desgracia su acta de nacimiento sea “extemporánea” deberá presentar además del acta una lista de 6 posibles documentos extra.

Esto deriva en criterios ambiguos, puesto que al señalar que el solicitante podrá exhibir pruebas, éstas pueden ser desde el documento más sencillo, hasta el más complicado y si no lo obtuviesen podrían encontrarse en la posibilidad de no obtener el pasaporte.

El trámite se sextuplica en el caso de nuestros migrantes que desean obtener un pasaporte mexicano lo cual crea una situación de discriminación.

Esta situación no puede respaldarse en un artículo reglamentario que implica una mejor jerarquía que la Constitución y el Código Civil Federal.

Un pasaporte no debe ser negado, por el simple hecho de un registro extemporáneo, porque adicionalmente las actas de nacimiento se encuentran respaldadas por la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Es necesario garantizar a los ciudadanos el paso fácil, económico y eficiente sobre los servicios que presta el Estado y no ser presa de un camino intrincado y sinuoso de trámites burocráticos.

Es verdad que un acta debe ser inválida cuando sea falsa, cuando no cumpla con los requisitos exigidos por las autoridades registrales para su levantamiento, pero no por carecer de información que el propio Registro Civil avala que no se incluya y que aun así garantiza la identidad y la nacionalidad de las personas.

El pasaporte es simplemente un documento de viaje que la Secretaría de Relaciones Exteriores expide a los mexicanos para acreditar su nacionalidad e identidad y solicitar a las autoridades extranjeras permitan el libre paso, proporcionando ayuda y protección y, en su caso, para solicitar se dispensen las cortesías e inmunidades que correspondan al cargo o representación del titular del mismo.

Adicionalmente los mexicanos en el exterior que carecen de documentación migratoria encuentran serias dificultades al momento de iniciar los trámites de estancia legal, en especial en los Estados Unidos de América (EUA), pues el primer documento que es requerido es el acta de nacimiento y si ésta contiene la leyenda de “extemporánea”, ocasionará un severo retraso o el rechazo de sus trámites de residencia legal.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el ejercicio de sus facultades, realice las acciones necesarias para derogar el artículo 15 del “Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad de Viaje”, respecto a la obtención del pasaporte en caso de registro extemporáneo.

Notas

1 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

2 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_110121.pdf

3 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/norma/reglamento.htm

Secretaria de Relaciones Exteriores

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje. DOF, a 17 de agosto de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2022.

Diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profepa a evaluar con su homóloga de QR la revocación de la última concesión otorgada a la empresa SAC Tun, antes Calizas Industriales del Carmen, a cargo de la diputada Alma Anahí González Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Alma Anahí González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Quintana Roo, un Estado ícono del turismo en nuestro país, puerta al Gran Caribe que, por ubicación y naturaleza, destacan en nuestra orografía: manglares, selvas, cenotes, ríos subterráneos, lagunas, hermosas playas y el característico mar turquesa, galardonados en el mundo.

En función de la conservación ambiental descrita, resulta fundamental revisar y derivar las operaciones de la empresa Sac-Tun, antes conocida como Calizas Industriales del Carmen (Calica) hacia otro fin productivo, que ayude a preservar la naturaleza del lugar que han puesto en riesgo tras la tremenda devastación por explotación de sascab que realizan.

Las operaciones de esta empresa consisten en la explotación de yacimientos de materiales pétreos de tipo calcáreo, a fin de producir piedra caliza triturada para su exportación vía marítima.

Desde 1986 iniciaron las actividades de Calica en la de zona Playa del Carmen, con la autorización de las autoridades federales, estatales y municipales conforme a sus atribuciones legales de aquel entonces.

La renovación del permiso de extracción de caliza en Playa del Carmen se otorgó en el año 2000, el último día del gobierno de Ernesto Zedillo. Y en 2015 a través de la Cuarta Modificación del Título de Concesión, publicada en el Diario Oficial de la Federación, se otorgó una más, a favor de la empresa Calica para poder continuar con la explotación del terreno hasta el 2037.

A un ritmo de explotación de cerca de 6 millones de toneladas de piedra caliza que exporta Sac Tun (antes Calica) anualmente hacia los Estados Unidos, se han causado daños irreparables a la flora, provocando el desplazamiento de toda la fauna del lugar, una atrocidad sin precedentes por la voraz extracción del sascab que se hace mediante detonaciones en zonas vírgenes de la selva de nuestro Estado, trastocando el manto freático, sin que ninguna autoridad en la materia pudiera poner un alto a la actividad que realiza la empresa en mención.

Y qué decir del daño a los vestigios arqueológicos que han aparecido por toda la zona de la Riviera Maya y que son patrimonio invaluable de la humanidad.

Sac Tun, conocida empresa estadounidense ha sido señalada por sobreexplotar los bancos de material pétreo, incluso, en 2018 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dio a conocer que la empresa rebasó la superficie de explotación autorizada que es de 7 hectáreas anuales, lo cual da un total de 140 al año 2020, y se constató que la superficie excedente es por 2.15 hectáreas, es decir, a la fecha de la visita complementaria, tiene una superficie de 142.15 hectáreas, por lo cual agotó la superficie de explotación, esto solo en una parte de los predios sometidos a la extracción. De modo que, fueron clausuradas de manera parcial temporal las actividades de explotación del proyecto “Aprovechamiento de roca caliza por debajo del manto freático” de la empresa Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V., en los predios El Corchalito y La Adelita, en Solidaridad, Quintana Roo1 .

A cuatro años de esa clausura parcial, la empresa Sac Tun, antes Calizas Industriales del Carmen (Calica), continúa la extracción de material pétreo, por lo que el Ejecutivo Federal informó en días pasados que ya no tenían permiso.

Ambientalistas independientes han documentado la gran devastación causada por la intensa actividad minera, como se puede ver en el video denominado “Trailer Erosión Documental” en YouTube2 .

Son más de mil hectáreas explotadas a través de cuatro concesiones en distintos momentos: son tres predios, y para mayor entendimiento, de la extensión y afectación de los terrenos por la devastación de dicha área, se pueden apreciar en las siguientes imágenes satelitales de Google Earth, que nos compartió la ambientalista Araceli Domínguez, presidenta del Grupo Ecologista del Mayab (Gema)


Se trata de una explotación que lleva más de 30 años, en la que, a través de los gráficos, se nos permite observar la alteración del paisaje natural y la fragmentación de los ecosistemas únicos en el mundo que se encuentran en nuestro paradisiaco destino turístico de Quintana Roo.

Numerosas son las expresiones de ambientalistas que desde hace varios años piden el cese de los trabajos de explotación del suelo; se ha sustentado que la flora y la fauna afectadas por la extracción del material jamás se recuperarán debido a que como se aprecia en las ortofotografías destruyen toda la capa vegetal.

De acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4, que a la letra establece que: Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Es por lo anterior descrito que el Estado mexicano se encuentra en todo su derecho de velar por que, en nuestro territorio, se haga cumplir la normatividad ambiental para goce y disfrute de la riqueza natural con que cuenta México.

Al valorar la biodiversidad característica del Estado de Quintana Roo, resulta imperante detener su destrucción. Es urgente analizar los permisos para ver hasta qué punto es aceptable que sigan explotando sus recursos naturales de la forma en que lo hace Calica, ahora bajo el nombre Sac-Tun, hoy somos conscientes de que afectan al destino turístico, las bellezas naturales e incluso la vida marina en el litoral.

Por lo anteriormente expuesto, solicito se someta a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que en coordinación con su homóloga de la delegación de Quintana Roo, se evalué llevar acabo la posible revocación de la última concesión otorgada a la empresa Sac Tun, antes Calizas Industriales del Carmen (Calica), de acuerdo con las condicionantes establecidas en la autorización, lo anterior con el fin de detener la depredación ambiental que se encuentra ocasionando, en la zona de Playa del Carmen, en el municipio de Solidaridad, en Quintana Roo.

Notas:

1. https://www.gob.mx/profepa/prensa/clausura-profepa-banco-de-materiales- propiedad-de-calizas-industriales-del-carmen-s-a-de-c-v-en-solidaridad- quintana-roo

2. https://www.youtube.com/watch?v=oq6d4j3o8CI

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 15 de febrero de 2022.

Diputada Alma Anahí González Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SFP a informar a la opinión pública sobre sus actuaciones respecto a la denuncia contra la ex directora del DIF Nacional, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado federal en la LXV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a que informe a la opinión pública sobre sus actuaciones respecto a la denuncia en contra de Rocío García Pérez, exdirectora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Además de las acciones que están llevando a cabo para combatir diversos actos de corrupción, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La corrupción es uno de los males que más han aquejado a nuestro país a lo largo de la historia, inclusive la lucha contra la corrupción ha sido uno de los pilares para promover el proyecto político de quienes prometían tener la solución a todos los problemas de México.

Bajo el lema de que la corrupción se barría como las escaleras, “de arriba para abajo”, el presidente López Obrador asumió el compromiso de erradicar la problemática generada por la corrupción desde el primer día de su gobierno, hoy en los hechos solo vemos que fueron palabras vacías.

Una de las más grandes críticas de Andrés Manuel López Obrador al periodo “neoliberal”, era que los encargados de la administración pública en diversas dependencias pedían “moches” o “diezmo” a sus trabajadores y que esta práctica era algo ruin y deleznable.

Tristemente en este sexenio se siguen dando diversas situaciones donde un superior jerárquico solicita a sus trabajadores proporcionen una parte de su salario, y la más clara muestra de esta problemática es el caso de la exdirectora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, María del Rocío García Pérez. Lo más preocupante, es que, a pesar de existir señalamientos en su contra por parte de sus subordinados, fue nombrada como la nueva subsecretaria de la Secretaría de Bienestar.

García Pérez fue acusada por 5 trabajadores del DIF, de requerir entre el 3 y 4 por ciento del salario del personal adscrito a la dependencia, esto para supuestamente solventar las necesidades del DIF que no se cubrían con el presupuesto público debido a la política de austeridad.

De acuerdo con la investigación realizada por el portal animalpolitico.com,1 las aportaciones solicitadas iban desde la gente de soporte administrativo que debían dar 500 pesos mensuales, hasta titulares de área con entregas de 3 mil pesos, la estructura del DIF se trata de mil plazas que sumarían 658 mil pesos mensuales.

García Pérez, con tal de ejercer presión a sus subordinados, les comentaba que tiene una relación muy cercana con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.

La investigación recopila 6 testimonios, sumados a los 5 que denunciaron a través de la plataforma “alertadores”2 que opera la Secretaría de la Función Pública (SFP) y coinciden los afectados que narraron que debían entregar el dinero en efectivo al entonces director de Finanzas, Alfredo Anguiano. Él o alguno de sus subalternos se encargaba de depositar el dinero en tarjetas “Saldazo”, obtenidas en tiendas de conveniencia que no requieren hacer trámites bancarios ni registro alguno para personalizarlas.

Las denuncias fueron interpuestas desde julio de 2020, pero la dependencia comenzó a investigarlas nueve meses después, en los últimos días de abril de 2021. En julio del año pasado y a través de la plataforma, los 5 denunciantes recibieron la notificación por parte de la SFP que había archivado el caso porque no había encontrado elementos para continuar con la investigación.

Para sustentar el carpetazo, la Secretaría sustentó su actuar de la siguiente forma:

• Pidió a los denunciantes que fueran proporcionados los números de cuenta bancaria donde supuestamente se hacían los depósitos denunciados (lo cual era imposible ya que ellos no realizaban los depósitos).

• La dependencia entrevistó a los funcionarios señalados, pero estos desconocieron los hechos (evidentemente al ser cuestionados, los implicados rechazarían las acusaciones).

La investigación realizada por animal político detalla que la Función Pública dejó pasar por alto una solicitud de información con el número de folio 1236000032820 en la que el director de Asuntos Jurídicos, Ociel Lua, y el jefe del Departamento de Transparencia, Enrique García Calleja, dejaba de manifiesto que en el DIF se hacían peticiones de aportar recursos.

Es así que resulta cuestionable la actuación de la SFP, pues la misma dependencia en primera instancia ignoró la denuncia y no profundizó en la investigación. Es evidente la falta de compromiso por parte de la Secretaría en el combate de la corrupción, y un actuar laxo y conveniente con tal de proteger a García Pérez.

El día 11 de enero, García Pérez fue nombrada subsecretaria de Bienestar, lo que significa que, en el gobierno de AMLO, se premia el compadrazgo, “el cochupo” y la tranza, y queda de manifiesto que la corrupción solo se castiga si los implicados no son allegados al presidente o no forman parte de la cuarta transformación.

Es sumamente delicado que una entidad como la Secretaría de la Función Pública actúe parcialmente con el afán de proteger funcionarios públicos que realizan actos de corrupción, cuando su función es totalmente contraria a lo que han realizado en la investigación en contra de García Pérez, por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. – La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, a que informe a la opinión pública el estatus de las denuncias interpuestas en el portal alertadores en contra de la exdirectora del DIF, María del Rocío García Pérez. Además, de que exponga si estas investigaciones se han realizado de manera exhaustiva y apegada a los procedimientos en materia de combate a la corrupción, protegiendo los derechos humanos de los denunciantes.

Segundo.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, a que informe a la opinión pública si la entidad a su cargo esta llevando a cabo acciones para combatir la corrupción, en el sentido de que funcionarios públicos que ocupan altos cargos, soliciten a sus subordinados aportaciones de su salario para apoyar el funcionamiento de las dependencias de las que forman parte.

Notas

1 https://www.animalpolitico.com/2022/01/sfp-exonera-exdirectora-dif-obli gaba-empleados-entregar-salario/

2 https://alertadores.funcionpublica.gob.mx/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2022.

Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Cultura a fortalecer los programas de desarrollo de fomento de la lectura en formato digital entre la población abierta, a cargo de la diputada Araceli Celestino Rosas, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Araceli Celestino Rosas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura, y de conformidad con lo previsto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Cultura a fortalecer los programas de desarrollo de fomento a la lectura a la población abierta en formato digital con base en las siguientes

Consideraciones

La lectura es una actividad fundamental en la formación de los seres humanos, leer amplía el vocabulario, ejercita la memoria, estimula la imaginación y el pensamiento analítico.

La lectura habilita a los lectores para que identifiquen los rasgos sociales, históricos, lingüísticos, profesionales y culturales de los autores y de los personajes de los libros y, por eso, pone condiciones para que piensen en su propia pertenencia social, en su lengua, en su cultura, en su oficio y en el lugar que ocupan en la línea del tiempo, con todos sus legados.

La lectura hace que estalle en formas, texturas y colores el vocabulario. Lo amplía y permite a los lectores abrir cada palabra en busca de lo que sabe, de lo que recuerda, de lo que intuye y anticipa.

La lectura pone ante la vista, el intelecto y el corazón maneras plurales de relacionarse con el mundo, de resolver problemas, de responder a los otros, de pensar en uno mismo, de reconstruir el pasado, de imaginar el futuro.1

Para el gobierno de la cuarta transformación es prioritario hacer de México un país de lectores, a través de la Estrategia Nacional de Lectura se busca:

• Recuperar el placer de la lectura, promoviendo la difusión y consumo de libros mexicanos y globales.

• Participar en la construcción de la paz, creando nuevos espacios de convivencia a través del diálogo que genera la lectura.

• Estimular el hábito de la lectura y la escritura desde edades tempranas.

• Fomentar el desarrollo de la lectura de comprensión.

• Recuperar el hábito de la lectura como manera de adquirir y enriquecer conocimientos y, así ensanchar nuestra conciencia.2

En este sentido, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE y a la UNESCO indican que México ocupa el lugar 107 de 108 países con hábito de la lectura, el promedio de libros leídos por persona es de 2.9 libros al año, mientras que en Canadá el promedio de libros leídos por persona es de 17.5.

Sin embargo, los resultados del INEGI del Módulo sobre Lectura (MOLEC) levantado en febrero de 2021 indican que:

• Entre 2016 y 2021, el porcentaje de población lectora de libros en formato digital pasó de 6.8 a 21.5%; los lectores de revistas aumentaron de 2.6 a 21.6% y los de periódicos digitales, de 5.6 a 21.3 por ciento.

• Que la población adulta lectora durante la contingencia sanitaria de COVID-19 fue de 3.7 ejemplares, cifra que no se alcanzaba desde 2017.

• Para 2021 el porcentaje de personas adultas lectoras que prefieren la lectura de libros en formato digital se triplica en relación con lo declarado por la población en 2016 (21.5% contra 6.8%) y resulta casi el doble de 2020, que fue de 12.3 por ciento.

• En formato digital, la lectura de revistas aumentó de 2.6% en 2016 a 22.6% en 2021. En cuanto a la lectura de periódicos en formato digital se registró un incremento de 5.6 a 21.3% entre 2016 y 2021.3

En síntesis, la lectura a través de medios digitales se ha incrementado de manera significativa, por lo que es imperativo facilitar el acceso a los libros y la lectura a la población abierta en formato digital.

La OCDE ha manifestado al respecto que la lectura debe ser considerada prioritariamente por todos sus países miembros como un indicador importante del desarrollo humano de sus habitantes.

México debe convertirse en un país de lectores, por lo que debemos crear los mecanismos necesarios de fomento a la lectura, transformándonos y evolucionando hacia a la era digital.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la cámara de diputados, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Cultura a fortalecer los programas de desarrollo de fomento a la lectura a la población abierta en formato digital.

Notas

1 Cuadernos de Salas de Lectura. La lectura. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. (enero 2012) p. 41

2 Gobierno de México. Leer nos transforma. Recuperado de https://www.gob.mx/leertransforma

3 Inegi. La lectura en formato digital de libros, revistas y periódicos registra los incrementos más altos desde 2016: Molec 2021. Comunicado de prensa número. 215/21. (22 ABRIL 2021) Recuperado de https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSoci odemo/MOLEC2020_04.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2022.

Diputada Araceli Celestino Rosas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Cofece a investigar y sancionar posibles conductas anticompetitivas de agentes económicos participantes en el mercado de insumos preventivos de higiene y salud, así como de los medicamentos para tratar el Covid-19, a cargo de la diputada Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica para que investigue y sancione posibles conductas anticompetitivas realizadas por agentes económicos que participan en el mercado de insumos preventivos de higiene y salud, así como de los medicamentos para tratar el Covid-19 con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. En el último trimestre de 2019, el gobierno de China detectó los primeros casos de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), en pacientes de la provincia de Hubei, Wuhan.1

II. El 27 de febrero de 2020, se registró en la Ciudad de México el primer caso de Covid-19 y para el 18 de marzo del mismo año, se tenía un registro de 118 casos confirmados (Fase 1).2

Por lo anterior, el 23 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el “Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia”;3 y siete días después, el mismo Consejo publicó el acuerdo por el que se declara emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor.

No obstante, a pesar de las medidas sanitarias y acciones implementadas en materia de salubridad por el gobierno federal, al martes 25 de enero de 2022, el gobierno federal registró un estimado de 4 millones 983 mil 728 casos positivos, 317 mil 649 defunciones y 293 mil 602 casos activos.4

III. El Covid-19 no sólo ha aumentado la tasa de morbilidad y de mortalidad, también ha traído severas afectaciones a la economía a nivel mundial.

En el caso particular de México, pese a la caída del producto interno bruto (PIB) en 20195 y los constantes desaciertos en materia económica por parte del actual gobierno federal; los factores externos como la inflación global y los efectos del Covid-19 han traído graves consecuencias, entre ellas:

a) Caída del PIB en el año 2020.6

b) Impactos en el sector productivo.

c) Aumento de 3.8 millones de personas en pobreza y 2.1 millones de personas en pobreza extrema en el año 2020.7

d) De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU, 2020), si no se adoptan medidas prontas, será inminente una emergencia alimentaria mundial con impactos a largo plazo para cientos de millones de personas.

e) De acuerdo con el Modelo de Identificación del Riesgo y del Trabajo Infantil (CEPAL-OIT, 2020), se estima que el trabajo infantil podría aumentar entre 1 y 3 puntos porcentuales en la región (México, Perú y Costa Rica).

f) 2.1 millones de población desocupada que representa una tasa de 3.5 por ciento de la población económicamente activa en el año 2021.8

Esta situación disminuyó el acceso a instituciones de salud pública o privada brindada por un empleador.

g) Afectación a los grupos de población más vulnerables.

h) Aumento de la desigualdad social.

i) Aumento en los precios de insumos preventivos de higiene y salud como cubre bocas, alcohol, toallitas, gel anti bacterial, así como de los medicamentos para tratar Covid-19.

Aunado a lo anterior, debido a que en la actualidad no existe una cura y los contagios cada vez aumentan más, la mejor estrategia es implementar acciones para reducir y mitigar dichos contagios.

De no implementar estrategias adecuadas, los impactos no sólo serán a mediano plazo.

IV. En este contexto, en el que ha aumentado el número de pobres y el desempleo en México y en el que la economía familiar se ha visto afectada severamente; el gobierno federal tiene la obligación de generar las condiciones necesarias, para que los productos preventivos de higiene y salud, así como los medicamentos para tratar Covid-19 no continúen afectando la economía de los mexicanos.

V. El 11 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación,9 el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica.

Por lo que respecta a las modificaciones al artículo 28 constitucional, se señalan de manera enunciativa más no limitativa:

• Se crea la Comisión Federal de Competencia Económica (en adelante Cofece) como órgano constitucionalmente autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

• La Cofece tiene por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.

Se otorgan nuevas facultades a la Cofece para eliminar efectos anticompetitivos, tales como:

- Ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia.

- Regular el acceso a insumos esenciales.

- Ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de agentes económicos.

• Independencia en sus decisiones y funcionamiento, profesional en su desempeño e imparcial en sus actuaciones.

• Separación de la autoridad que conoce de la etapa de investigación y la que resuelve en los procedimientos que se sustancien en forma de juicio.

VI. Derivado de la reforma constitucional, el 23 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), Reglamentaria del Artículo 28 Constitucional, es de orden público e interés social, aplicable a todas las áreas de la actividad económica y de observancia general en toda la República.

Dicha ley tiene por objeto promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 12 de la LFCE, entre las atribuciones de la Cofece se encuentran:

• Garantizar la libre concurrencia y competencia económica; prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, e imponer las sanciones derivadas de dichas conductas, en los términos de esta ley.

• Ordenar medidas para eliminar barreras a la competencia y la libre concurrencia; determinar la existencia y regular el acceso a insumos esenciales, así como ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos.

• Promover el estudio, la divulgación y la aplicación de los principios de libre concurrencia y competencia económica, así como participar en los foros y organismos nacionales e internacionales que tengan ese fin.

• Realizar u ordenar la realización de estudios, trabajos de investigación e informes generales en materia de libre concurrencia y competencia económica, en su caso, con propuestas de liberalización, desregulación o modificación normativa, cuando detecte riesgos al proceso de libre concurrencia y competencia económica, identifique un problema de competencia o así se lo soliciten otras autoridades públicas.

VII. Entre las conductas anticompetitivas que la Cofece se encarga de combatir a través de la investigación y sanción, se encuentran las prácticas monopólicas definidas por ésta como “...conductas que realizan las empresas, profesionistas, comerciantes, negocios y personas para impedir o dañar el proceso de competencia...”.

La LFCE las clasifica en tres tipos de conductas:

• Prácticas monopólicas absolutas (colusiones).

• Prácticas monopólicas relativas.

• Concentraciones ilícitas.

Para erradicar las conductas anticompetitivas, la Cofece también se encarga de ordenar medidas y realizar recomendaciones para eliminar barreras a la competencia o que impidan el acceso a insumos esenciales y con esto corregir problemas estructurales en los mercados. Asimismo, emite declaratorias de condiciones de competencia efectiva en los mercados o de existencia de poder sustancial que impidan la competencia.

VIII. En ese sentido y visto el aumento en insumos preventivos de higiene y salud (cubrebocas, alcohol, toallitas, gel antibacterial, etcétera.), así como de los medicamentos para tratar el Covid-19, la Cofece tiene la obligación de investigar posibles conductas anticompetitivas.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica, para que conforme a su autonomía constitucional y atribuciones legales, investigue de oficio, a través de la autoridad investigadora y, en su caso, sancione las posibles conductas anticompetitivas realizadas por agentes económicos del sector farmacéutico y de salud que participan en el mercado de insumos preventivos de higiene y salud (cubrebocas, alcohol, toallitas, gel antibacterial, etcétera), así como de los medicamentos para tratar el Covid-19.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica, para que conforme a su autonomía constitucional y atribuciones legales, realice un estudio o análisis para identificar posibles prácticas monopólicas absolutas (colusiones para fijar precios de venta) de agentes económicos del sector farmacéutico y de salud que participan en el mercado de insumos preventivos de higiene y salud (cubrebocas, alcohol, toallitas, gel antibacterial, etcétera), así como de los medicamentos para tratar el Covid-19.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica, para que conforme a su autonomía constitucional y atribuciones legales, realice un estudio respecto a la factibilidad de fijar precios máximos a bienes y servicios en términos del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud. COVID-19: Cronología de la actuación de la OMS. https://www.who.int/es/news/item/27-04-2020-who-timeline—-covid-19 Consultado: 24 de enero de 2022.

2 Dirección de Información Epidemiológica. 31° Informe epidemiológico de la situación de Covid-19. 13 de septiembre de 2021.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/668356/In forme_COVID-19_2021.09.13.pdf Consultado el 08 de febrero de 2022-

3 Diario Oficial de la Federación.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020#:~:text=ACUERDO%20por%20el%
20que%20el,y%20respuesta%20ante%20dicha%20epidemia Consultado: 24 de enero de 2022.

4 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. COVID-19. Información General nacional. https://datos.covid-19.conacyt.mx/#DOViewhttps://datos.covid-19.conacyt .mx/#DOView Consultado: 24 de enero de 2022.

5 INEGI. Producto Interno Bruto por entidad federativa 2019.

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletin es/2020/OtrTemEcon/PIBEntFed2019.pdf Consultado: 24 de enero de 2022.

6 INEGI. Producto Interno Bruto por entidad federativa 2020.

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletin es/2021/pibe/PIBEntFed2020.pdf Consultado: 24 de enero de 2022.

7 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Medición de la Pobreza. https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx Consultado: 24 de enero de 2022.

8 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta nacional de ocupación y empleo. https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7099 Consultado: 24 de enero de 2022.

9 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_208_11jun13.p df

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2022.

Diputada Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Administración General de Aduanas a ajustar las actuaciones administrativas del personal adscrito a la garita Subteniente López, a cargo de la diputada Alma Anahí González Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Alma Anahí González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Gobierno de Belice hasta el 31 de enero del 2022, tuvo cerradas sus fronteras terrestres y puertos marítimos, situación que de forma representativa afectó las relaciones comerciales, deportivas y sociales que históricamente tenemos los habitantes de la región sur de Quintana Roo con ese país centroamericano, especialmente Chetumal.

Previo a la pandemia y gracias al constante esfuerzo por mejorar los servicios comerciales de lado mexicano, de acuerdo a información oficial del INM se registraron poco más de 500,000 cruces fronterizos en 2019, cifra que anualmente venía en ascenso; esto permitía a Chetumal generar un ingreso aproximado de 350 millones de pesos anuales, en empresas generadoras de empleo, tanto departamentales como pymes y familiares de diversos giros, incluyendo empresas locales de hoteles y restaurantes, servicios médicos, talleres automotrices, etc.

En fecha reciente el Gobierno de Belice anunció la reapertura de la frontera, la cual desde el día 7 de febrero del presente año ya permite en horario de 6:00 am a 10:00 pm el cruce fronterizo a México (Chetumal). Desde el primer día se mostró un ánimo muy importante de recuperación al punto de 384 cruces en el primer día, lo que puede equivaler a más de 10 mil cruces durante el mes de febrero, para un impacto económico de 7.7 millones de pesos en beneficio de la economía local.

Diversas son las manifestaciones expresadas por parte de pequeños y grandes empresarios, y entre ellos el del presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Chetumal quien, en representación de este importante gremio, demanda la intervención de la autoridad competente ante un cúmulo de irregularidades que afectan a aquella región fronteriza del país.

La economía local de la frontera sur de nuestro país, de por si lastimada tras dos años del cierre de fronteras, a causa de la pandemia por el virus COVID -19, está luchando por su propia resiliencia, apoyemos a la comunidad chetumaleña.

La problemática compartida por el Consejo Coordinador Empresarial de Chetumal y diversos comerciantes de la región versan en los siguientes asuntos:

1. El instituto nacional de Migración acorde a sus facultades en frontera, expide gratuitamente las Tarjetas de Visitante Regional (TVR) que permiten a los beliceños la posibilidad de permanecer en México hasta 7 días. Sin embargo, éste servicio no está funcionando, lo cual genera una afectación directa a la dinámica fronteriza pues Belice solo permite la salida con pasaporte o con la TVR vigente. El servicio en su mejor momento ofrecía hasta 50 TVR diarias, situación que era insuficiente y ahora sin las TVR, se presenta evidente reducción de cruces diarios. Las TVR representan el 45% de los cruces.

2. La Aduana Mexicana de Subteniente López no está siendo facilitadora del retorno de los beliceños a su país, pues los detienen para revisarlos al salir del país, y en caso de haber hecho compras legales en tiendas de Chetumal de manera incorrecta los obligan a tramitar pedimentos de exportación cuando las leyes en la materia permiten compras hasta por 1,000 dólares con artículos lícitos de consumo personal, este costo solo debe aplicar para operaciones de exportación y no para comercio fronterizo entre comunidades vecinas. Los artículos pueden ir desde ropa, calzado, ferreterías, mantenimiento del hogar, autopartes, equipos de cómputo, electrodomésticos, etc. mismos que por su poder adquisitivo los beliceños encuentran mejores opciones del lado mexicano. Cabe mencionar que esto se ha hecho de conocimiento al administrador de la aduana local y han hecho caso omiso de las sugerencias, situación que ha sido corroborada incluso por funcionarios de alto nivel de Belice.

El comercio internacional con Belice es de suma importancia para México, por lo que su operatividad es fundamental para generar economías[1], desarrollo económico, social, deportivo, cultural y tecnológico en la frontera sur. Son más de 41 años de relación bilateral amistosa, de cooperación sin graves problemas fronterizos, viendo hacia adelante, hay que fomentarla para bien de ambos países.

Por lo que resulta necesario que las autoridades aduaneras vigilen la actuación de los funcionarios en la garita Subteniente López, ya que el trato que se dé a los beliceños, se reflejará en un menor o mayor número de cruces diarios que en consecuencia se verían reflejado en la derrama económica del lado mexicano (Chetumal principalmente).

Por otro lado, es imperante hacer un llamado a las autoridades migratorias a fin de que se restablezca el servicio de emisión de las TVR, para beneficio de las operaciones de comercio que se desarrollan con los visitantes beliceños.

Por lo anteriormente expuesto, es que se somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con pleno respeto a la división de Poderes de la Unión, exhorta al Titular del Instituto Nacional de Migración, a subsanar la carencia de Tarjetas de Visitante Regional (TVR) y procurar incrementar, la entrega de las TVR en la frontera de Chetumal con Belice.

Segundo. La H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al Titular de la Administración General de Aduanas, para que realice en el marco de sus facultades, un ajuste en las actuaciones administrativas del personal adscrito a la garita Subteniente López, dado que no facilita el retorno de los beliceños a su país, pues de manera incorrecta, detienen a los visitantes para revisarlos y en caso de haber hecho compras legales en tiendas de Chetumal, los obligan a tramitar pedimentos de exportación, cuando las leyes en la materia, permiten compras hasta por mil dólares de artículos lícitos de consumo personal.

Nota:

1. https://fundacioncibei.org/la-importancia-del-comercio-internacional-un a-breve-referencia-descriptiva/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 15 de febrero de 2022.

Diputada Alma Anahí González Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CNDH a formular las recomendaciones necesarias sobre el anteproyecto del reglamento de becas del Conacyt que prevé suspender los apoyos a sus estudiantes embarazadas, a cargo del diputado Mario Gerardo Riestra Piña, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Mario Gerardo Riestra Piña, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Sexagésima Quinta Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, así como por las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que emita las recomendaciones necesarias al anteproyecto del reglamento de becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que contempla suspender los apoyos a sus estudiantes embarazadas, a los que sean padres y a quienes participen en protestas, con la finalidad de garantizar el respeto a los derechos humanos; al Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres) para que intervengan en la elaboración del anteproyecto del reglamento de becas del Conacyt, con la finalidad de que se respecte y privilegie la perspectiva de género; y al Conacyt para que modifique su propuesta de reglamento de becas, a fin de garantizar el respeto a los derechos humanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La maternidad en la sociedad mexicana es de suma importancia, pese a que la mujer ha tenido grandes avances en todos los ámbitos, sin duda, ejercer la maternidad continúa teniendo un peso considerable. Hablar de maternidad, de la decisión de tener uno, dos o más hijos, de culpas por dejarlos demasiado tiempo, de trabajar fuera de casa, implica considerar el contexto en el que hoy se encuentra la mujer. (Hernández y Prieto, 2017, página 116)

Considerando lo anterior, se define la maternidad como la vivencia que tiene una mujer por el hecho biológico de ser madre, la cual se desarrolla a partir del nacimiento de un hijo bajo una perspectiva muy íntima, pues se trata de un conjunto de emociones personales que no son uniformes, sino que presentan todo tipo de matices relacionados con el amor y la protección.

En México, el artículo 123 de la Constitución, establece las bases para la protección de la maternidad y las obligaciones de los empleadores; así mismo el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo y las leyes de los seguros sociales, establecen la protección de la madre y su hijo en la gestación o lactancia. Las mujeres trabajadoras aseguradas, tienen garantizada la atención médica, el descanso para su recuperación, su ingreso y la conservación de su empleo, en cambio, quienes no cuentan con esta protección tienen que recurrir a otras alternativas para resolver estos temas relacionados con la maternidad y por tanto implica un mayor riesgo

Es así que la maternidad de acuerdo con su propio concepto permite de manera primordial la sobrevivencia del ser humano, además de significar muchas cuestiones culturales, sociales, entre otras, por lo que todo Estado moderno ha considerado o debe considerar necesario proteger esta relación, en todos los aspectos, formas o escenarios, desde el momento en que la mujer desea quedar embarazada o en su caso recibe la noticia.

La procreación es un derecho tanto para hombres como para mujeres que se fundamenta en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el estado tiene como obligación principal velar por este derecho primordial, pero, sobre todo, en ninguna circunstancia debe violarse este derecho fundamental, por lo que, como legisladores, debemos velar por salvaguardar este derecho, que debe ser protegido en cualquier sociedad.

Derivado de lo anterior es importante señalar que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en recientes días, propuso un anteproyecto al Reglamento de Becas para el Fortalecimiento de la Comunidad de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, enviado a la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer), donde manifiesta la suspensión de becas a las y los ciudadanos que estudien en el extranjero y aquellos becarios extranjeros que estén en México, en el caso de participar en manifestaciones políticas en cualquier parte de la República.

Sin embargo, no contentos con estas arbitrariedades autoritarias el anteproyecto sanciona, también, que cuando una becaria se encuentre embarazada, en parto o puerperio se le suspenderá la beca que recibe en ese lapso, señalando que el Conacyt no está obligado a entregar a los becarios los recursos comprometidos en el convenio de asignación, anteponiendo a su vez, que la beca o apoyo se reanudará una vez que se acredite ante el consejo el cumplimiento de las obligaciones omitidas, sin efectos retroactivos, en el periodo académico posterior a través de los procedimientos establecidos.

Asimismo, cuando la o el becario acredite que la suspensión no fue por causas imputables a ella o él, el consejo podrá restituir el monto correspondiente al periodo de la suspensión, sujeto a disponibilidad presupuestaria, al final de la vigencia de la beca, sin sobrepasar la vigencia establecida. Si bien es cierto, en el reglamento de 2018 ya se contemplaba la suspensión de las becas por participar en protestas, pero nunca lo relativo a los embarazos, lo cual es totalmente discriminatorio.

Dicho proyecto de articulado se pretende de la siguiente manera:

“Artículo 20. Serán causas de suspensión de la beca o del apoyo, las siguientes (...) cuando alguna becaria que se encuentre embarazada, en parto o puerperio, así como a los becarios que sean padres, presentando la documentación que lo acredite”.

Queda claro que el Conacyt ha olvidado no solo los principios rectores de la maternidad, sino también de la educación en nuestro país, toda vez que el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “Toda persona tiene derecho a la educación”, la cual además se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, tal y como lo establece dicho artículo.

Como podemos observar esta intransigente propuesta, merma y viola a todas luces la constitución, es discriminatoria y totalmente autoritaria, ya que para el Conacyt los estudiantes que participan en protestas, que están embarazadas o se encuentren con incapacidad temporal, se les puede privar de el apoyo o beca que se les brinda, por lo entonces sí se puede notar quiénes son los conservadores que limitan la libertad de expresión y niegan los derechos de las mujeres y los hombres.

En conclusión, la obligación de participar en eventos y manifestaciones de carácter político viola flagrantemente la libre manifestación, expresión y reunión, más cuando se hace de manera pacífica y con fundamento, por lo que es una aberración, como lo manifiesta la doctora Ximena Medellín Urquiaga, profesora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, coincidiendo que aun así suceda esto en la actualidad, cuando “supuestamente” se tiene un marco constitucional fortalecido en materia de derechos y libertades.

Respecto a la suspensión por embarazo, concluimos que es totalmente arbitrario contra las mujeres, por lo que cercena la inclusión justa en todos los ámbitos, además de ser ambigua y retrograda para todo el país, demostrando solo un retroceso para los derechos las mujeres, viendo a todas luces que brilla una imposición del estado, dejando indefensos a las y los estudiantes que tienen este derecho y que sobre todo fue ganado gracias a su esfuerzo.

Por tal motivo y toda vez que, el Conacyt ha mencionado que la propuesta de reglamento se encuentra en un proceso abierto de análisis en la Conamer, en el cual la comunidad y el público en general pueden emitir comentarios para mejorar y fortalecer su contenido; no solo exhortamos al Conacyt para que garanticen el respecto de los derechos humanos, sino que además solicitamos respetuosamente la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Instituto Nacional de la Mujeres para que se garanticen los derechos humanos y se privilegie la perspectiva de género.

Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.- Se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que emita las recomendaciones necesarias al anteproyecto del reglamento de becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que contempla suspender los apoyos a sus estudiantes embarazadas, a los que sean padres y a quienes participen en protestas, con la finalidad de garantizar el respeto a los derechos humanos.

Segundo.- Se exhorta al Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres) para que realice el análisis correspondiente al anteproyecto del reglamento de becas del Conacyt con la finalidad de que se respecte y privilegie la perspectiva de género

Tercero.- Se exhorta, respetuosamente, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para que modifique su propuesta de reglamento de becas, a fin de garantizar el respeto a los derechos humanos; o su caso justifique de manera clara y específica la propuesta discriminatoria y autoritaria de la suspensión de becas a los estudiantes que participan en protestas, que están embarazadas o se encuentren con incapacidad temporal.

Cuarto.- Se solicita se turne a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación para estudio, análisis y dictaminación correspondiente.

Referencia

Hernández, L., y Prieto, P. (2017). El ejercicio de la maternidad de las mujeres profesionales académicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Pensamiento Americano, 10(18), 115-131. doi: 10.21803/pensam. v10i18.48.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2021.

Diputado Mario Gerardo Riestra Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos estatales asistentes a la Fitur de 2022 a hacer del conocimiento de la sociedad el informe sobre las actividades llevadas a cabo ahí, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de esta Soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Gobiernos de los Estados que asistieron a la Fitur 2022, hacer público el informe sobre las actividades que se llevaron a cabo en este evento, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El turismo es uno de los principales motores económicos de gran importancia a nivel internacional el cual se ha visto afectado por el confinamiento debido a la pandemia por covid-19, por lo que es prioridad la recuperación de este sector no solo en México sino a nivel internacional.

Cabe señalar que cada uno de los países realiza sus programas internos para reactivar el turismo, México no es la excepción, tal es el caso que la Secretaria de Turismo (Sectur) tiene diversos programas como la Revista digital, Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos, Turismo Sustentable, Programa Sectorial de Turismo 2020-2024, además de contar con la Ley General de Turismo.

Para México los ingresos que recibía provenientes de Turismo para 2018 representaba el 8.7%, como podemos apreciar en la siguiente gráfica:

*Cuadro obtenido del Programa Sectorial de Turismo 2020-2024. Página 27

También se cuenta con el Consejo de Diplomacia Turística, en la que participa Sectur y la Secretaria de Relaciones Exteriores, el sector privado, académico y social para la planeación, diseño y la implementación de estrategias de promoción turístico de México en el ámbito internacional, los estados más visitados por turistas internacionales para 2018 fueron los Estados de Baja California Sur, Sinaloa, Jalisco, Ciudad de México y Quintana Roo.

*Cuadro obtenido del Programa Sectorial de Turismo 2020-2024. Página 28

A nivel local existen estados que han tomado sus propias medidas para seguir incentivado el turismo dentro de sus territorios.

Tal es el caso de que a nivel internacional una de las maneras de incentivar el turismo es por medio del Fitur, que es una feria líder para los profesionales del turismo mundial, un foro en donde se promocionan marcas, presentar nuevos productos, tendencias, contactos y nuevas perspectivas, organizado por la Organización Mundial del Turismo, a este evento son invitados todos los países del mundo, este evento fue llevado a cabo este año en Madrid del 19 al 23 de enero.

El pasado mes de enero a solicitud del Presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados nos hicieron llegar a los integrantes de esta Comisión el informe del Secretario de Turismo sobre las actividades que se llevaron a cabo en la Feria Internacional de Turismo Fitur 2022, en el recinto Ferial Ifema Madrid, con fotografías del evento incluidas.

En este informe el Secretario dio a conocer las reuniones que llevo a cabo como con la Ministra de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España, con el Secretario General de la Organización Mundial del Turismo, con personajes del Sector Turístico Español y Global, informo sobre su participación en la XXV Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios del Turismo donde le fue entregada la Medalla al Mérito por la Internacionalización del Turismo Español en Iberoamérica y donde informe sobre los planes de Desarrollo Turístico en México, entre otras.

Al final de su informe hace mención de que los Estados invitados a este evento fueron: Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Yucatán; y que “todos los estados presentes en el pabellón de México tuvieron agendas completas y atendieron sus citas de negocio de miércoles a viernes como lo marca la dinámica de trabajo de la feria.”

Sin embargo, de las actividades específicas de cada uno de los Estados no se tiene conocimiento, el problema surge cuando por medio de redes sociales se envían fotos y videos en donde los estantes correspondientes a los Estados se encuentran vacíos, por lo que es preocupante para la ciudadanía y les indigna el no saber en qué se utilizó el erario público con el que viajaron los representantes estatales a la Fitur 2022.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales que asistieron a la Fitur 2022 hacer del conocimiento de la sociedad el informe sobre las actividades que llevaron a cabo en este evento.

Bibliografía

- Página Oficial de la Secretaria de Turismo https://www.gob.mx/sectur/

- Programa Sectorial de Turismo 2020-2024. Recuperado de: http://sistemas.sectur.gob.mx/Sectur/PROSectur_2020-2024.pdf

- Página Oficial de Fitur https://www.ifema.es/fitur

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2022.

Diputada Margarita García García

Con punto de acuerdo, para exhortar a Semarnat a reforzar con las respectivas instancias estatales y municipales campañas informativas en los medios disponibles sobre el manejo correcto de residuos como cubrebocas u otros insumos de protección contra el Covid-19, a cargo del diputado Daniel Murguía Lardizábal, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Daniel Murguía Lardizábal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1 fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Con el surgimiento del SARS-CoV-2 y su velocidad de propagación; el 2020 representó para el mundo un año que marcó una de las crisis sanitarias más complejas a las que se ha enfrentado la humanidad. El denominado coronavirus, fue declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS en lo subsecuente) el 11 de marzo1 .

Al diez de febrero, la Covid-19 registra un total de 404 millones 431 mil 058 casos confirmados; 5 millones 798 mil 613 defunciones y 322 millones 204 mil 137 personas recuperadas. Y aun cuando el avance de vacunación completo en el mundo supera el 54%; aún el virus continúa presionando a los sistemas de salud de todo el mundo.

A más de dos años de los primeros casos detectados; se han mantenido las medidas para contener su propagación; medidas fundamentales para una convivencia social. Entre las recomendaciones generales se encuentra el distanciamiento, el lavado constante de manos o uso de gel antibacterial y el uso correcto de cubrebocas.

La OMS a través de diferentes espacios, ha subrayado la importancia del uso de los cubrebocas en los espacios públicos, como una medida esencial para reducir la transmisión y propagación del virus. Un insumo que se ha convertido en un artículo infaltable y de uso personal diario, sin embargo, es importante enfatizar que, el ciclo de vida de éstos, es muy corto; situación misma que, ha ocasionado un problema de contaminación inherente, principalmente, derivado por la ausencia de las medidas o protocolos adecuados para su manejo como artículo desechable.

El Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), refirió que los cubrebocas pueden “volverse a usar hasta cinco veces. Para que esto sea posible, debe de seguir un esquema de rotación de cubrebocas, en el que se use uno distinto por cada día [...], pero que muy poca gente sigue este esquema de uso, desechando los cubrebocas indiscriminadamente”2 .

En este mismo sentido, la OMS ha declarado que el “70% de las 87 mil toneladas de equipo médico que envió la OMS a los países por el brote de COVID-19, terminaron en el mar, principalmente los cubrebocas”3 , adicionalmente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat por sus siglas en lo subsecuente) detalló que a nivel mundial se utilizan 129 millones de cubrebocas al mes en todo el mundo, cifras alarmantes por la alta generación de desechos.

A finales del año 2020, “el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) aconsejaba no tirar los cubrebocas en la calle sino en un centro de reciclaje, de lo contrario 10 millones de mascarillas estarían en el medio ambiente cada mes”4 . Desafortunadamente, no sólo son los cubrebocas los que han terminado en los mares, también han sido guantes, botellas desinfectantes y otros productos que, adicional a las toneladas métricas de contaminación de plásticos que ya prevalecían antes de la pandemia por Covid-19.

La contaminación a causa de una gestión deficiente de estos residuos, ha escalado a niveles preocupantes que impactan al medio ambiente comprometiendo los ecosistemas y a la salud de las personas, y que, de no abordarse de manera integral, representará para las naciones en un corto plazo, un costo económico considerable.

En el caso de México, se estima que, el incremento de desechos médicos aumentó un 16%5 , lo que debe motivar a autoridades y ciudadanía a un accionar y una coparticipación que permita reducir el riesgo derivado por la contaminación.

La Semarnat, ha emprendido diversos esfuerzos informativos para dar a conocer en coordinación con diversas autoridades la importancia de darle una correcta disposición a los residuos en el marco de la Covid-19, situación por la cual, publicó la Cartilla de Mejores Prácticas para la Prevención del Covid-19 en el Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), misma que se convirtió en una guía responsable sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos durante la contingencia para los gobiernos federal, estatal y municipal, los prestadores de servicio de recolección y separación de estos y para la ciudadanía en general.

Hoy, resulta fundamental que se refuercen las labores informativas y de concientización respecto de la disposición de estos desechos, puesto que, la problemática actual ocasionada por su mal manejo, puede adquirir escenarios trágicos.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. - La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en el marco de sus atribuciones y en coordinación con las instancias estatales y municipales correspondientes, se refuercen campañas informativas en los medios disponibles sobre el manejo correcto de los residuos como los cubrebocas y otros insumos de protección contra el virus de COVID-19, toda vez que son desechos que representan un riesgo al medio ambiente y a la salud.

Notas:

1. Cronología de la respuesta de la OMS a la COVID-19?. OMS. [en línea]. [Consultado el 10 de febrero de 2022]. Disponible en: https://www.who.int/es/news/item/29-06-2020-covidtimeline

2. “Así es como toneladas de cubrebocas usados están afectando a la vida salvaje en todo el mundo” National Geographic en Español. [en línea]. [Consultado el 10 de febrero de 2022]. Disponible en: https://www.ngenespanol.com/ecologia/asi-es-como-toneladas-de-cubreboca s-usados-estan-afectando-a-la-vida-salvaje-en-todo-el-mundo/

3. “Los cubrebocas son ahora el principal enemigo del medioambiente” [en línea]. [Consultado el 10 de febrero de 2022]. Disponible en: https://www.adn40.mx/salud/cubrebocas-covid-19-contaminacion-lmo

4. “Selección Forbes 2020 | Cubrebocas: una nueva forma de contaminación mundial”. Forbes. [en línea]. [Consultado el 10 de febrero de 2022]. Disponible en: https://www.forbes.com.mx/noticias-mascarillas-nueva-forma-contaminacio n-mundial/

5. “Los cubrebocas son ahora el principal enemigo del medioambiente”. ADN 40. [en línea]. [Consultado el 10 de febrero de 2022]. Disponible en: https://www.adn40.mx/salud/cubrebocas-covid-19-contaminacion-lmo

Dado el Palacio Legislativo, a 15 de febrero de 2022.

Diputado Daniel Murguía Lardizábal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sectur, la Secretaría de Cultura y el INAH a realizar los trabajos de reconstrucción del ex convento de Huaquechula, en Puebla, a cargo del diputado Mario Gerardo Riestra Piña, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Mario Gerardo Riestra Piña, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Sexagésima Quinta Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, así como por las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta, respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Turismo (Sectur), de la Secretaría de Cultura y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que, en coordinación, realicen los trabajos necesarios para la reconstrucción del ex Convento de Huaquechula, en Puebla, con la finalidad de preservar su historia, legado y patrimonio, al tenor de los siguientes

Considerandos

El patrimonio cultural se define como los objetos tangibles muebles o inmuebles, propiedades, sitios, estructuras o grupos de estructuras, que tienen valor arqueológico, paleontológico, histórico, cultural, artístico o religioso; características naturales u objetos tangibles únicos que representan valores culturales, como los bosques, rocas, lagos y cascadas sagrados; y ciertas formas intangibles de cultura para las que se haya propuesto un uso con fines comerciales, como los conocimientos culturales, las innovaciones y las prácticas de comunidades que representan estilos de vida tradicionales. El patrimonio cultural ayuda a definir el sentido de identidad de un pueblo, hace parte de su historia y puede ser una fuente de cohesión social y orgullo colectivo. Además, puede convertirse en un activo económico vital que impulse el desarrollo sostenible.

La construcción del Monasterio de San Martin, en Huaquechula, Puebla, mejor conocido como el ex Convento de Huaquechula es un histórico edificio del siglo XVI por iniciativa de fray Juan de Alameda (sus restos yacen ahí), es uno de los exconventos franciscanos más importantes del país, que inició su construcción en 1531 y se fundó en 1562. La fachada principal de su templo es de estilo gótico, cuenta con decorados de hojarasca y el escudo franciscano sostenido por ángeles, un escudo mariano además de relieves de mano indígena (el relieve de San Martin Caballero, patrono del pueblo).

En el interior de su iglesia se guardan varios retablos y pinturas barrocas, así como un púlpito tallado en cantera, mantiene el diseño original de sus acabados arquitectónicos, así como pinturas, esculturas y retablos, cuya antigüedad data de los siglos XVI al XX. Resguarda entre sus tesoros las primeras pinturas de Cristóbal de Villalpando, además en Huaquechula la tradición del Día de Muertos es de las más representativas en México y, sobre todo, en la región mixteca, destacando por sus altares monumentales dedicados a los recién fallecidos, así como por ser uno de los puntos turísticos de mayor concentración en el estado de Puebla.

Sin embargo, el sismo del 19 de septiembre del 2017 provocó el más grande reto que ha enfrentado el patrimonio cultural de México, el antiguo Monasterio de San Martín, en Huaquechula, Puebla, uno de los inmuebles emblemáticos del estado se vio afectado. Los daños son severos, el muro que lo rodea presentó fracturas y colapsos; las vigas de su claustro cayeron por secciones; y sus capillas tienen grietas severas; la pintura mural colapsó y algunas secciones más corren este riesgo, son sus terribles afectaciones y la vulnerabilidad de su condición actual.

Con base en las declaraciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, “se colapsaron sus bóvedas, se cayó parte de la cúpula porque el remate de la torre se vino abajo sobre la bóveda del coro. Ahí se hizo un caos porque se cortó hacia la nave principal, por lo que el inmueble está colapsado en un alto porcentaje”.

A pesar de ser un lugar emblemático en la región y para el patrimonio poblano, la reconstrucción de inmuebles avanza a pasos lentos, incluso en la zona aún hay familias que siguen sin recuperar sus viviendas.

Es un caso de particular urgencia por su importancia extraordinaria, es un símbolo vivo de la conquista espiritual y uno de los testimonios más relevantes sobre la historia del siglo XVI en México. La historia, identidad y memoria están conectadas directamente al patrimonio edificado.

Por siglos, comunidades y regiones enteras han resguardado con orgullo sus edificios históricos, es un punto de reunión donde los habitantes celebran actividades cotidianas y festividades como el Día de Muertos, es importante porque alberga una pintura mural que sintetiza el mestizaje entre europeos y pobladores originarios, a la par que piezas de artistas del siglo XVII, como Cristóbal de Villalpando, cuya obra firmada más temprana se encuentra ahí.

El proceso de reconstrucción de estos bienes invaluables para nuestra historia y nuestra cultura generó un proceso complejo de aplicación de recursos materiales y financieros en los meses que siguieron a la catástrofe.

Por tal motivo, tomando en consideración la historicidad de los sucesos en diferentes países, resulta imperante la intervención de la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Cultura, así como del INAH para la protección y restauración del patrimonio cultural.

Por lo que someto a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta, respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Turismo (Sectur), de la Secretaría de Cultura y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que, en coordinación, realicen los trabajos necesarios para la reconstrucción del ex Convento de Huaquechula, en Puebla, con la finalidad de preservar su historia, legado y patrimonio.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2022.

Diputado Mario Gerardo Riestra Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se reconoce a los atletas representantes de México en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio de 2020 y se exhorta a la Jucopo a acordar la celebración de una sesión solemne para entregarles un reconocimiento por su destacada participación y preseas obtenidas, a cargo de la diputada Catalina Díaz Vilchis, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Catalina Díaz Vilchis, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados de honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3: 79, numerales 1, fracción II, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los deportistas mexicanos en diversas disciplinas olímpicas y paralímpicas, han salido avante a pesar de las inclemencias suscitadas por parte de los antiguos gobiernos y los apoyos que nunca llegaban a sus manos, por la conocida corrupción que vivíamos en todos los niveles del Deporte, aun así y con tanta deficiencia en el sistema, siempre han tratando de poner el nombre de México en alto.

Es importante reconocer que el 2020 fue un año, que tuvimos que pensar en algo más que solo la preparación física; que condicionó a todos los deportistas a utilizar sus propios medios y recursos para enfrentar una pandemia que imposibilitaba el acercamiento, tanto a instituciones, gimnasios, competencias de preparación y clasificación previos a los juegos olímpicos y paralímpicos Tokio 2020, esto con el fin de la supervivencia ante la emergencia sanitaria mundial del Virus SARS-CoV-2.

Las nuevas formas, la nueva adaptación ante lo inevitable e inesperado, hizo mella en muchos deportistas que tuvieron que adecuarse, mermando a veces el rendimiento o incluso siendo sobrevivientes de este virus; muchos con problemas pulmonares y secuelas pudieron representar a México con orgullo y dignidad dándonos momentos esperanzadores donde la gran mayoría tuvo un resultado muy positivo.

Como atleta paralímpica ganadora de dos medallas de bronce una en Atenas y otra en Rio de Janeiro 2016, en la disciplina de powerlifing tuve el evento desafortunado de sufrir una lesión meses antes que me imposibilitó asistir a estos juegos paralímpicos; como atleta de alto rendimiento, puedo expresar que es un esfuerzo sobre humano las situaciones en que a veces nos encontramos para lograr cumplir el sueño máximo de todos los que practicamos el deporte de manera profesional, que sentimos en viva piel el amor por nuestra nación y la responsabilidad de darlo todo por conseguir esa medalla para México.

Es todos los países del mundo se han entregado diferentes distintivos, así como apoyos económicos o en especie a los ganadores de medallas; en México tampoco ha pasado desapercibido, pero aun así no se ha hecho un verdadero homenaje que quede a la posteridad, recordando que el deporte es una de las disciplinas más importantes que existen para una salud física, mental, emocional y ahora de rehabilitación post COVID-19 según datos actuales de la Organización Mundial de la salud.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión hace un reconocimiento a las y los atletas que representaron a México en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 por su destacado desempeño y preseas obtenidas durante su participación.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de esta Soberanía a acordar la celebración de una Sesión Solemne a fin de entregar un reconocimiento a las y los atletas que representaron a México en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 por su destacable participación y preseas obtenidas.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 15 de febrero de 2022.

Diputada Catalina Díaz Vilchis (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SFP, el IFT y el INAI a investigar y hacer públicas las violaciones administrativas, de derechos de audiencia y de contenidos en que han incurrido el Sistema Público de Radiodifusión y Medios de Comunicación del Estado mexicano, a cargo de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Noemí Berenice Luna Ayala, así como las y los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72, inciso h), y 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6o., numeral 1, fracción I, y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía las siguientes

Consideraciones

El 14 de julio de 2014 se expide la nueva Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano,1 expresando en su artículo primero, primer párrafo, lo siguiente:

Artículo 1. Se crea el organismo público descentralizado de la administración pública federal, no sectorizado, denominado Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio , así como de autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión que tiene por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades federativas a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, independencia editorial y dar espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.

Por su parte, el artículo 7 de la misma ley señala sus principios rectores, entre ellos destacan:

I. Promover el conocimiento, los derechos humanos, libertades y difusión de los valores cívicos;

II. El compromiso ético con la información objetiva, veraz y plural , que se deberá ajustar plenamente al criterio de independencia profesional y al pluralismo político, social y cultural del país;

III al XIV ...

De igual forma, en su artículo 11, fracciones IV y XIII muestran:

Artículo 11. Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema tendrá las siguientes atribuciones:

I a III ...

IV. Realizar, promover y coordinar la generación, producción, difusión y distribución de materiales y contenidos audiovisuales que promuevan el respeto a los derechos humanos , el interés superior de la niñez, la igualdad y la no discriminación , por sí mismo o a través de terceros;

V a XII ...

XIII. En la prestación de los servicios de radiodifusión a cargo del Sistema, estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones , las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, y

XIV ...

Así mismo, el Capítulo VII de la misma ley otorga las atribuciones de vigilancia y control a la Secretaría de la Función Pública.

En lo que corresponde la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión,2 esta tiene por objeto:

Artículo 1. La presente ley es de orden público y tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva , los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos, los derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y libre concurrencia en estos sectores , para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 6o., 7o., 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el artículo 15 señala:

Artículo 15. Para el ejercicio de sus atribuciones corresponde al Instituto:

I a XXVI ...

XXVII. Vigilar el cumplimiento a lo dispuesto en los títulos de concesión otorgados en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y ejercer facultades de supervisión y verificación, a fin de garantizar que la prestación de los servicios se realice con apego a esta Ley y a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables , a los títulos de concesión y a las resoluciones expedidas por el propio Instituto;

XXVIII. Requerir a los sujetos regulados por esta ley y a cualquier persona la información y documentación, incluso aquella generada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, necesarios para el ejercicio de sus atribuciones;

XXIX. Coordinarse con las autoridades federales, del gobierno del Distrito Federal, estatales y municipales, así como con los órganos autónomos, a fin de recabar información y documentación necesaria para el ejercicio de sus atribuciones;

XXX. Imponer sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas; o por incumplimiento a lo dispuesto en los títulos de concesión o a las resoluciones, medidas, lineamientos o disposiciones emitidas por el Instituto, dictar medidas precautorias y declarar, en su caso, la pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la nación;

XXXI a LXIII ...

En cuanto a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,3 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, que tiene por objeto lo establecido el segundo párrafo del artículo primero:

Artículo 1. ...

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad , entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación , las Entidades Federativas y los municipios.

En su artículo 23 indica:

Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las entidades federativas y municipal.

Artículo 68. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en relación con éstos, deberán:

I a V ...

VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

Los sujetos obligados no podrán difundir , distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso , por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior, sin perjuicio a lo establecido por el artículo 120 de esta ley.

Como se ha expuesto anteriormente, los órganos competentes para cumplir y hacer cumplir los marcos jurídicos vigentes en relación a los medios públicos de comunicación y, en su caso, realizar una revisión de cumplimiento de obligaciones en la función pública, garantizar los contenidos así como la protección de datos personales y aplicar las sanciones correspondientes, de ser necesarias, son: La Secretaría de la Función Pública (SFP), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).

Entrando en materia del propósito del presente exhorto tiene como finalidad la intervención de las dependencias citadas para que investiguen y hagan públicas las violaciones administrativas, de derechos de audiencia y de contenidos en las que han incurrido el sistema público de radiodifusión y medios de comunicación a cargo del estado mexicano, producto de las declaraciones vertidas en las conferencias de prensa del Ejecutivo federal, también llamadas “mañaneras”, así como los procesos y las sanciones aplicadas.

El motivo de dicha solicitud es derivado de las constantes declaraciones hechas por el presidente de la República en las conferencias de prensa “mañaneras” en los distintos espacios del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano que se transmiten “íntegras” a partir de las 7 de la mañana sin hora determinada de conclusión.

Según el Ejecutivo federal, las “mañaneras” tenían el objetivo de dar a conocer temas de interés público con transparencia y rendición de cuentas; en suma, informar y responder a los cuestionamientos de la prensa nacional e internacional.

Sin embargo, desde su creación, este espacio ha perdido todo sentido de ser, lejos de informar a la ciudadanía y responder a las y los periodistas, se ha convertido en un arma mediática en la que el presidente, al parecer, solo permite el acceso a ciertos medios de comunicación, contesta los cuestionamientos que quiere o los que le hacen a modo, no responde preguntas que le incomoden.

El presidente elige quién le hace las preguntas y, a preguntas incomodas, desvía la atención con otros temas con gran habilidad.

Lamentablemente, el Ejecutivo federal ha utilizado esta plataforma mediática para imponer su agenda y sus proyectos; hacer su propia propaganda política y a favor de un partido político; para denostar y señalar a sus opositores; algunas empresas y empresarios; culpar de los errores a los gobiernos anteriores; golpear a la prensa independiente y no a fin a sus ideales; propagar discursos de odio y de división, en donde el único valor que existe es el decir y la palabra de una sola persona, que tiene “otros datos”, fuera de todo el contexto democrático que nuestro país necesita.

Se dice que la “mañanera” es un espacio de escrutinio público, de discusión abierta y sin censura. Apartado de este contexto, se ha convertido en un retroceso a un sistema autoritario en el cual lo que dice el presidente es ley sin discusión a la vieja usanza del presidencialismo del siglo pasado.

Muestra de ello, podemos citar varias declaraciones que han causado gran polémica e, incluso, representan posibles violaciones a los marcos jurídicos y protocolos vigentes:

El Economista, 4 21 de marzo 2020 . “El escudo protector es como el detente (...) El escudo protector es la honestidad, eso es lo que protege, el no permitir la corrupción (...) detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia matutina del 18 de marzo”.

El Financiero, 5 9 de septiembre 2021 . “El presidente Andrés Manuel López Obrador y su colaboradora Ana Elizabeth García Vilchis utilizaron el “Quién es quién en las mentiras” para posicionar a Morena, resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En sesión pública celebrada este jueves, la Sala Especializada del TEPJF dijo que:

“con dicha sección de la conferencia matutina del presidente, se configuró la indebida adquisición de tiempos en radio y televisión”.

El Financiero, 6 6 de enero 2022 . “Finalmente, sobre que la caída de los empleos formales en diciembre de 2021 dijo que esto se debe a que los patrones despiden a sus trabajadores para no pagarles sus prestaciones y recontratarlos en enero y advirtió que las empresas que despiden a sus trabajadores durante diciembre no pagan el ISR, acción que se revisará”.

Forbes, 7 27 de enero 2022 . “Incomoda a AMLO que medios invadan su intimidad”.

Aristegui Noticias, 8 4 de febrero 2022 . “El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a comunicadores a participar en la consulta de revocación de mandato y no hacer ‘guerra sucia’, como calificó a la difusión del reportaje sobre la casa de su hijo en Houston”

France 24, 9 10 de febrero 22 . “No hablé de romper: AMLO matiza el discurso que tensó las relaciones con España.”

Por último, no podemos dejar de citar la flagrante violación a los derechos de protección de datos personales en sus declaraciones públicas más recientes:

El Universal, 11 de febrero 2022 . “AMLO exhibe supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola; dice que solicitará más información a Hacienda”.

Este último dicho del presidente de la República presume varias transgresiones a preceptos legales tales como:

Lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos10 que a la letra dice:

“Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros”.

Por su parte, el Código Fiscal de la Federación,11 en su artículo 69, párrafo primero, mandata:

Artículo 69. El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación.

En lo que se refiere a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,12 en sus artículos 6o. y 31 señalan los siguientes derechos:

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.

Artículo 31. Con independencia del tipo de sistema en el que se encuentren los datos personales o el tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable deberá establecer y mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales, que permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Finalmente, la Ley de Instituciones de Crédito,13 en su artículo 142, párrafo noveno, señala la responsabilidad del servidor público:

Los documentos y los datos que proporcionen las instituciones de crédito como consecuencia de las excepciones al primer párrafo del presente artículo sólo podrán ser utilizados en las actuaciones que correspondan en términos de ley y, respecto de aquéllos, se deberá observar la más estricta confidencialidad, aun cuando el servidor público de que se trate se separe del servicio. Al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones, proporcione copia de las mismas o de los documentos con ellas relacionados, o que de cualquier otra forma revele información en ellos contenida, quedará sujeto a las responsabilidades administrativas, civiles o penales correspondientes.

Como se puede observar en los marcos jurídicos expuestos en el presente exhorto y en las distintas publicaciones de distintos medios informativos, se advierten posibles violaciones y transgresiones a las leyes vigentes.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para que, dentro de sus atribuciones, investigue y haga públicas las posibles faltas administrativas en las que pudieran haber incurrido servidores públicos y, en su caso, las sanciones impuestas producto de las transmisiones y difusión en medios de comunicación a cargo del estado mexicano de las conferencias de prensa matutinas realizadas en Palacio Nacional por el presidente de la República.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que, dentro de sus atribuciones, investigue y haga públicas las posibles violaciones a los marcos jurídicos, reglamentos y demás ordenamientos competentes en las que pudieran haber incurrido los concesionarios públicos y, en su caso, las sanciones impuestas producto de las transmisiones y difusión en medios de comunicación a cargo del estado mexicano de las conferencias de prensa matutinas realizadas en Palacio Nacional por el Presidente de la República.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Acceso a la Información para que, dentro de sus atribuciones, investigue y haga públicas las posibles violaciones a la protección de datos personales, a los marcos jurídicos, reglamentos y demás ordenamientos competentes en las que pudieran haber incurrido los servidores públicos y, en su caso, las sanciones impuestas producto de las transmisiones y difusión en medios de comunicación a cargo del estado mexicano de las conferencias de prensa matutinas realizadas en Palacio Nacional por el presidente de la República.

Notas

1 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSPREM_200521.pdf

2 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTR_200521.pdf

3 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP_200521.pdf

4 https://www.eleconomista.com.mx/politica/
AMLO-y-sus-polemicas-declaraciones-sobre-el-coronavirus-20200321-0001.html

5 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/09/09/
amlo-y-vilchis-usan-quien-es-quien-en-las-mentiras-como-propaganda-a-favor-de-morena-tribu nal/

6 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/01/06/una-mas-amlo-anunci a-nueva-seccion-mananera-sobre-desarrollo-economico/

7 https://www.forbes.com.mx/politica-incomoda-a-amlo-que-medios-invadan-s u-intimidad/

8 https://aristeguinoticias.com/0402/mexico/obvio-no-hay-nada-ilegal-con- la-casa-en-houston-amlo-enterate/

9 https://www.france24.com/es/programas/econom%C3%ADa/20220210-relaciones -mexico-espa%C3%B1a-amlo

10 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

11 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CFF.pdf

12 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf

13 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43_200521.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2022.

Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al INE a fomentar y difundir ejercicio democrático por la ciudadanía como parte fundamental para el funcionamiento de los mecanismos regulados por esa institución, a cargo de la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La Revocación de Mandato es definida por el Instituto Nacional Electoral (INE), como el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza.

El 14 de septiembre de 2021, se publicó en el DOF el Decreto mediante el cual se expide la Ley Federal para la Revocación de Mandato.

El 31 de enero de 2022, el Secretario Ejecutivo presentó al Consejo General el Informe Final elaborado por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, respecto del proceso de verificación del porcentaje de firmas de apoyo de la ciudadanía requeridas para la Revocación de Mandato y su identificación en la Lista Nominal de Electores.

“La democracia es considerada como una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía. En una democracia ideal la participación de la ciudadanía es el factor que materializa los cambios, por lo que es necesario que entre gobernantes y ciudadanos establezcan un diálogo para alcanzar objetivos comunes.

En ese sentido, solamente con la participación efectiva, la voluntad, así como con la sinergia entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad la democracia se puede tornar en una realidad ideal . ”

(https://www.gob.mx/inafed/articulos/la-democracia-es-e sencial-para-el-desarrollo-de-nuestros-municipios)

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 126 del Anexo Técnico para las Actividades relacionadas con la Captación y Verificación de las firmas de Apoyo de la Ciudadanía para la Revocación de Mandato, se da por cubierto el porcentaje de firmas de apoyo de la ciudadanía que se requiere para solicitar la petición de Revocación de Mandato, por lo que a partir del 27 de enero de 2022 quedaron suspendidas las actividades de la revisión, verificación y captura de los formatos físicos.

El INE conforme a la ley contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario y especializado para el ejercicio de sus atribuciones, el cual formará parte del Servicio Profesional Electoral Nacional o de la rama administrativa que se regirá por las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo, regulando las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 31, párrafo 4, de la LGIPE el INE, se regirá para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales relativas y las demás aplicables. Además, se organizará conforme al principio de desconcentración administrativa.

Derivado a lo anterior resulta forzoso y para fortalecer la participación en el proceso de difusión para la participación sobre la revocación del mandato, así como en todos los procesos regulados por el INE, que la ciudadanía tenga conocimiento y acceso a la información necesaria a través de todos y cada uno de los medios de comunicación, radio, televisión, redes sociales centros de información e incluso establecer módulos físicos de información así como implementar módulos en cada una de las comunidades de nuestro país con personal capacitado en donde puedan acudir los ciudadanos a para poder resolver todas y cada una de las dudas de los ciudadanos con la finalidad de generar conciencia democrática y la importancia de la participación de las y los ciudadanos en los procesos democráticos de nuestro país.

Lo anterior resulta notable, no sólo para dar legalidad a las y los ciudadanos, sino que además conozcan el compromiso con el país que todos tenemos para lograr un estado mexicano con mayor cultura democrática, también para que conozcan que, una vez fortalecida la difusión de la información sobre los ejercicios democráticos en nuestro país podremos tener certeza de una conciencia democrática en todas y todos los ciudadanos.

Es entonces que resulta necesario requerir al Instituto Nacional Electoral para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca y amplié las áreas de difusión informativa y de difusión masiva, para hacer del conocimiento a instituciones privadas y públicas, pero sobre todo de la ciudadanía que la participación de todas y todos es base fundamental de la expresión en el ejercicio democrático.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente la suscrita somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhortamos respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca y amplié las áreas de difusión informativa y de difusión masiva, para hacer del conocimiento a instituciones privadas y públicas, así como de la ciudadanía que se está ejecutando un ejercicio democrático que en este caso es la revocación de mandato, y cuáles son las leyes, derechos y obligaciones que todas y todos tenemos durante dicho ejercicio.

Nota:

1. https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/inicia-captacion-de-firmas-para- revocacion-de-mandato-7427769.html.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2022

Diputada Martha Azucena Camacho Reynoso (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y la SSP de Michoacán a tomar medidas para detener la violencia en Zamora, a cargo del diputado Enrique Godínez del Río, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Enrique Godínez del Río, diputado federal por el estado de Michoacán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Poder Ejecutivo federal y a la secretaría de protección ciudadana del estado de Michoacán a tomar medidas de forma urgente para detener la violencia en el municipio de Zamora, lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde hace varios años el estado de Michoacán ha sido fuertemente golpeado por la inseguridad y la violencia. En los últimos siete años Michoacán se ha mantenido entre los 8 estados más violentos de todo el país, siendo el 2021 el que más víctimas ha acumulado.1

De acuerdo con datos publicados por la Secretaría de Protección Ciudadana (SSP), Michoacán es el estado más violento y en el que más homicidios dolosos se han registrado en lo que va del 2022, pues hasta el pasado 25 de enero, se reportaron 193 ejecuciones en la entidad, es decir, cada día murieron 8 personas. Es de conocimiento público que no todos los delitos se reportan, por lo que la cifra podría ser mayor.

Desafortunadamente, este año no es la excepción. Durante el 2021, Michoacán se mantuvo entre segundo y tercer lugar nacional en homicidio.2 La entidad cerró el año como el tercer estado con más homicidios dolosos en todo el país, al registrar 2 mil 732 de enero a diciembre, siendo Zamora y Morelia el quinto y el séptimo puestos de los municipios con mayor incidencia de asesinatos, respectivamente.

Nuestra ciudad ya ha sido catalogada como “un foco rojo de inseguridad” y, a pesar de estar bajo el resguardo de las fuerzas federales desde el pasado mes de octubre, los homicidios han aumentado 66 por ciento.3 Se estima que 9 de cada 10 asesinatos están relacionados directa o indirectamente con asuntos de narcotráfico.

Entre enero y septiembre de 2021 se tenía un promedio mensual de 28 homicidios dolosos en Zamora, pero a partir de la llegada de las fuerzas federales para combatir a los narcotraficantes la media ascendió hasta las 45 muertes violentas por mes.4

Tristemente, las balaceras, las persecuciones y las ejecuciones, se han convertido en algo cotidiano para los habitantes del municipio que cuenta con alrededor de 200 mil habitantes.

Es momento de pedirle, de exigirle al gobierno federal que voltee su mirada y atención al municipio. El crimen en la entidad ya ha alcanzado a menores de edad y los zamoranos merecen vivir en paz y con la tranquilidad de saber que volverán con vida a sus casas casa día y que madres y padres no enterrarán a sus hijos.

El recurso económico que es enviado para la seguridad no está siendo suficiente, Zamora necesita una mejor estrategia para hacer frente a este problema. Las garantías de seguridad apoyarán a que la región zamorana recupere inversión, empleos y vuelva a ser la fuerza productiva de Michoacán.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lleve a cabo acciones de coordinación con el gobierno del estado de Michoacán, para detener y erradicar de manera urgente los diversos actos de violencia e inseguridad generados por grupos de la delincuencia organizada en el municipio de Zamora, por ser un asunto de seguridad nacional y de protección de los derechos humanos de las y los habitantes de dicho estado.

Segundo. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán a tomar medidas de forma urgente para detener la violencia en el municipio de Zamora.

Notas

1 https://www.lavozdemichoacan.com.mx/seguridad/violencia/michoacan-conti nua-con-tendencia-al-alza-en-homicidios-200-homicidios-en-lo-que-va-de- enero/

2 Ídem.

3 https://www.milenio.com/estados/zamora-michocan-foco-rojo-de-insegurida d

4 Ídem.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 15 de febrero de 2022.

Diputado Enrique Godínez del Río (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de crear la comisión especial conmemorativa de la Cámara de Diputados para las efemérides nacionales del periodo 2022-2024, a cargo del diputado Mauricio Cantú González, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe diputado Mauricio Cantú González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión y, con fundamento en lo dispuesto por el Reglamento de la Cámara de Diputados en sus Artículos 6°, numeral 1, Fracción I, 65°, Numeral 4, 79°, Numeral 2, Fracción III, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que los acontecimientos históricos del país son fundamentales para entender y comprender sus procesos de transformación social en la época contemporánea.

Que dichos acontecimientos han generado la organización y el ejercicio de procesos legislativos indispensables para el establecimiento de un Estado Nacional en nuestro país.

Que el análisis y difusión de estos acontecimientos y procesos van a servir para promover y fomentar la conciencia cívica de la sociedad y su cultura democrática.

Que en su devenir como nación los protagonistas y próceres de México merecen ser objeto de conmemoración.

Que el pueblo mexicano merece ser revalorado como protagonista de los cambios sociales.

Que en el periodo de 2022 a 2024 tendrán lugar las efemérides relativas a los acontecimientos siguientes:

• Bicentenario del Primer Congreso Mexicano 1822-2022;

• El 150 Aniversario del Nacimiento de Sara Pérez de Madero 1872-2022;

• El 150 Aniversario Luctuoso del Presidente Benito Juárez 1872-2022;

• El 175 Aniversario de la Culminación de la Defensa Nacional ante la Invasión de Estados Unidos 1847-2022;

• El Bicentenario del Supremo Poder Ejecutivo de la Nación Mexicana para el Establecimiento del Gobierno Constitucional 1823-2023;

• El Centenario Luctuoso de Francisco Villa 1923-2023;

• El 50 Aniversario de la Solidaridad México-Chile 1973-2023

• El 150 Aniversario del Nacimiento del Presidente Francisco I. Madero 1873-2023;

• El 150 Aniversario del Nacimiento y; Centenario Luctuoso de Felipe Carrillo Puerto, 1874-2024 y 1924-2024, respectivamente;

• El 250 Aniversario del Nacimiento de los Legisladores Insurgentes José María Cos y Carlos María de Bustamante 1774-2024 y

• El Bicentenario de la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos 1824-2024, principalmente.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero . Se crea la Comisión Especial Conmemorativa de la Cámara de Diputados para las Efemérides Nacionales 2022-2024.

Segundo . La Comisión entrará en funciones al día siguiente de la publicación de este Acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.

La Comisión mantendrá sus funciones hasta la culminación de la presente legislatura o las conmemoraciones en el año 2024.

Tercero. La Comisión tendrá como objetivo el análisis, difusión y promoción de los acontecimientos históricos que dan sustento a la misma. Para ampliar sus objetivos podrá convocar la colaboración del Poder Legislativo en otras entidades federativas, solicitar también la colaboración institucional que le puedan proporcionar en los tres órdenes de gobierno a nivel federal, estatal y municipal; así como en organismos internacionales de los que México sea parte, instituciones educativas, culturales y organizaciones de la sociedad civil, así como de personas físicas y morales acreditadas que puedan aportar conocimiento especializado y recursos que sirvan al objetivo de la Comisión.

Cuarto. La Comisión estará a cargo de un presidente, contará con un secretario técnico para sus funciones y estará integrada por cinco diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios, con un presidente y cuatro secretarios quienes participarán en los actos, presentaciones y actividades que ésta lleve a cabo.La Junta de Coordinación Política determinará la integración correspondiente.

Quinta. La comisión especial contará con los recursos necesarios para desarrollar adecuadamente sus actividades.

Sexta. El presidente de la Comisión tendrá a su cargo la aprobación del plan de trabajo anual y debe entregar un informe final de actividades y resultado.

Séptima. El secretario técnico de la Comisión tendrá entre sus atribuciones la elaboración del plan de trabajo anual de la misma, la coordinación, supervisión y asesoría de las actividades que de él se deriven.

Este plan deberá incluir los acontecimientos históricos que corresponda conmemorar, de acuerdo con su orden cronológico. Incluirá también un programa de actividades a desarrollar en el ámbito del análisis, difusión y promoción del objetivo de la Comisión, con base en los acontecimientos históricos que la sustentan.

En este programa se podrá incluir convocatorias e iniciativas relacionadas con estas actividades, para fomentar la cultura cívica; conferencias, publicaciones, exposiciones, producciones audiovisuales, electrónicas, y apoyarse en la cobertura del Canal del Congreso, en función de los recursos disponibles.

Octava: El perfil del secretario técnico de la Comisión, por la naturaleza de esta y para el adecuado desempeño de sus funciones, será un perfil especializado y, de preferencia, interdisciplinario, por lo cual deberá acreditar lo siguiente:

1) ser autor o coautor de obras publicadas o difundidas relativas a los periodos históricos que sustentan las efemérides de la Comisión.

2) tener reconocimiento institucional y profesional de su trabajo en la temática histórica, acreditable con diplomas, premios, medallas u otro tipo de documentos y referencias meritorias.

3) experiencia laboral en la administración pública, que puede incluir cargos en los ámbitos normativo u operativo.

Para este perfil del secretario técnico se valorará su participación y experiencia previa, por ejemplo, en:

a) la Comisión Especial Encargada de los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana, del Poder Legislativo federal (2007-2010), o el relativo al 175 Aniversario de la Independencia de México y 75 Aniversario de la Revolución Mexicana (1983-1985), del gobierno federal; o en programas conmemorativos similares en congresos de entidades federativas.

b) organizaciones de la sociedad civil cuya misión y objeto social sea el fomento de la cultura histórica, con reconocimiento legal federal.

c) la participación en proyectos de exposiciones y museos de historia de México.

d) conferencias, foros, coloquios, cursos, seminarios y actividades afines, en instituciones educativas y culturales, para mantener actualizada la especialización de su conocimiento histórico.

Novena. La Comisión dispondrá de un espacio físico para sus actividades en la infraestructura de la Cámara de Diputados, un espacio electrónico para la difusión de sus actividades, que puede ser incluido en una sección de su portal institucional, así como las facilidades que se le proporcionen para efecto de las exposiciones conmemorativas que correspondan en el Museo Sentimientos de la Nación y las transmisiones a que hubiera lugar en el Canal del Congreso.

Décima. La Comisión elaborará una Memoria de las actividades desempeñadas para su difusión nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero del año 2022.

Diputado Mauricio Cantú González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a revisar los recursos otorgados al ayuntamiento de Toluca de Lerdo en la administración 2019-2021, a cargo de la diputada María Teresa Castell de Oro Palacios, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada federal María Teresa Castell de Oro Palacios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a que, en apego a sus atribuciones, realice una revisión exhaustiva a los recursos otorgados al municipio de Toluca de Lerdo durante la administración 2019–2021, en términos de las siguientes:

Consideraciones

La administración del municipio de Toluca de Lerdo, en el periodo 2019 – 2021, se vio empañada por las inconsistencias, escándalos de nepotismo y corrupción, así como un trato inadecuado hacia los trabajadores.

Los dichos acerca de los probables actos cometidos por el ex presidente municipal de la entidad, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, atentan contra los intereses de la población mexiquense y van en sentido inverso al combate a la corrupción que afirma llevar a cabo el instituto político al cual pertenece.

Este tipo de prácticas lastiman el tejido social y pueden ir desde situaciones simples hasta aquellas con mayor complejidad, e incluso, debido al enorme perjuicio en contra de la ciudadanía es que los tipos de corrupción se han podido clasificar en elementos como el amiguismo, clientelismo, tráfico de influencias o en general cualquier desviación o uso indebido del poder. Sin embargo, los tipos de corrupción más comunes que los funcionarios podrían encontrar en el desarrollo de sus funciones incluyen: el cohecho, la malversación y la extorsión.1

En este tenor es que se detallan a continuación algunas de las situaciones que mayor alarma han causado entre los ciudadanos mexiquenses y que han llevado a la promovente a realizar el exhorto en comento no solo a la ASF, sino a diversas instituciones del gobierno local.

El ex presidente municipal de Toluca de Lerdo durante el periodo 2019 – 2021, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, fue señalado por un posible desvío de recursos en el contrato otorgado por concepto de arrendamiento de patrullas sedán y pick up, por un monto de 411 millones de pesos más IVA. No obstante, el funcionario declaró que únicamente se habían invertido 200 millones de pesos, por lo que existe un excedente que hasta la fecha no se ha aclarado.2

2. Respecto a los trabajadores del Ayuntamiento de Toluca, se registró una interrupción en el pago del sueldo que por ley les corresponde, adeudando salarios, primas vacacionales y aguinaldos a más de 1,100 funcionarios, aunado a los 340 sindicalizados a quienes se les pagó a destiempo. Por lo anterior, los trabajadores han expuesto sus inquietudes ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial.3

3. Durante la administración municipal en comento, aunado a las irregularidades administrativas antes señaladas, se tiene constancia de tres casos de nepotismo, donde documentos oficiales del Ayuntamiento indican que se contrató a las esposas de tres directores de área cercanos a Juan Rodolfo Sánchez Gómez, cuyos sueldos ascendieron a los 80 mil pesos mensuales.4

4. Finalmente, se detectaron a poco más de mil personas que fungían como aviadores en la nómina municipal durante el periodo 2019 – 2021, mismas que se encontraban en todas las áreas del municipio, con sueldos muy por encima del puesto que supuestamente desempeñaban. Incluso la administración entrante a iniciado con la baja de estos individuos.5

Es por los puntos antes vertidos, así como por la opinión propia de los ciudadanos de Toluca, que resulta urgente solicitar a las distintas dependencias de la administración pública, tanto a nivel local como federal, en apego a sus atribuciones legales, su intervención para investigar los dichos que ponen en tela de juicio la labor del ciudadano Juan Rodolfo Sánchez Gómez y esclarecer a la brevedad las acusaciones que pesan en su contra.

Lo anterior se combina con una preocupante falta de actuación por parte de la autoridad local encargada de la fiscalización de los recursos municipales, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, a cargo de Miroslava Carrillo Martínez, mismo que se ha mantenido al margen sin realizar las investigaciones correspondientes con sus funciones legales.

Por ello, es que se insta al órgano federal de escrutinio de las finanzas de gobierno, la Auditoría Superior de la Federación, para coadyuvar con los esfuerzos para aclarar el trasfondo de los recursos que aparentemente han sido objeto de un mal manejo por dicha administración municipal, toda vez que la ASF es un órgano técnico especializado que se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales.6

En este sentido, es imperante urgir a la Auditoría Superior de la Federación a reponerse a dos años en debacle, ya que desde 2019 ha disminuido de manera preocupante su desempeño, consiguió menos resultados y quedó lejos de su función contra la corrupción. Muestra de ello fueron las 1,830 auditorías que se generaron en 2018, durante el último año de la administración federal pasada, en contraposición con las 455 que se llevaron a cabo en 2019, primer año de gestión del actual gobierno.7

Resulta claro que, entre menos auditorías se lleven a cabo, será menos efectiva la lucha contra la corrupción y las malas prácticas de la administración pública en sus distintos ámbitos, ya que la probabilidad de que se detecten irregularidades también decrece.

La rendición de cuentas debe ser un proceso que permita evaluar el desempeño de las autoridades en los tres ámbitos de gobierno, por lo que es menester que el Estado finque las condiciones necesarias para llevar a cabo esta importante práctica, sin miramientos partidistas, personales ni de ninguna otra índole que puedan entorpecer los esfuerzos.

Aunado a que el fin último del proceso de fiscalización es velar por un uso adecuado de los recursos públicos, para favorecer así los intereses tanto de la ciudadanía como del Estado y las entidades federativas, de modo que se pueda constatar su adecuado empleo.

En este sentido, y ante los argumentos antes vertidos, se somete a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a que, en apego a sus atribuciones, realice una revisión exhaustiva a los recursos otorgados al municipio de Toluca de Lerdo durante la administración 2019–2021.

Notas

1 Organization of American States (2017). Manual para la detección de indicios de Cohecho o Corrupción durante procesos de control tributario. Consultado en:

http://portal.oas.org/en/sla/dlc/mesicic/docs/mesicic6_c r_anex1.pdf

2 El Sol de Toluca (2021). El alcalde de Toluca fue denunciado en “la mañanera” por supuestos actos de corrupción. Consultado en:

https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/el-alcalde-de-tol uca-juan-rodolfo-sanchez-gomez-fue-denunciado-en-la-mananera-de-amlo-po r-supuestos-actos-de-corrupcion-6534293.html

3 El Sol de Toluca (2021). Trabajadores sindicalizados de Toluca denunciarán penalmente a Juan Rodolfo Sánchez. Consultado en: https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/trabajadores-sindicalizados-de-t oluca-denunciaran-penalmente-a-juan-rodolfo-sanchez-7674817.html

4 Report3 Estado de México (2021). Denuncian tres casos de nepotismo autorizados por Juan Rodolfo Sánchez Gómez. Consultado en: https://www.reporte3.mx/denuncian-tres-casos-nepotismo-autorizados-juan -rodolfo-sanchez-gomez/

5 ADNoticias (2022). Tenía Juan Rodolfo más de mil aviadores en el ayuntamiento. Consultado en: https://adnoticias.mx/aviadores-administracion-de-juan-rodolfo/

6 Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué es la ASF? Consultado en: https://www.asf.gob.mx/Section/84_Preguntas_Frecuentes

7 Nexos (2021). La Auditoría Superior de la Federación: dos años de deterioro. Consultado en:

https://anticorrupcion.nexos.com.mx/la-auditoria-superio r-de-la-federacion-dos-anos-de-deterioro/

Dado en salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los quince días del mes de febrero de dos mil veintidós.

Diputada María Teresa Castell de Oro Palacios (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la presidencia municipal de Tula de Allende, Hidalgo, a publicar la ayuda brindada a los afectados por las inundaciones del río Tula en septiembre de 2021; y a la Auditoría Superior del estado, a practicar una revisión especial sobre los recursos estatales y municipales ejercidos con el mismo propósito, a cargo del diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura, del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Presidencia Municipal de Tula de Allende, Hidalgo de publique la ayuda que el municipio ha brindado a los afectados por las inundaciones del Río Tula, en septiembre de 2021 y, a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, para que realice una auditoría especial sobre los recursos estatales y municipales que se han ejercido para el mismo fin, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El día 7 de septiembre de 2021, quedará marcado en la historia trágica del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo, pues las inundaciones generadas por el desbordamiento del Río Tula ocasionaron el fallecimiento de 17 personas, incuantificables pérdidas en los hogares y patrimonio de cientos de familias y millones de pesos tirados a la basura en los negocios y empresas de la región.

Las trágicas inundaciones han marcado un parteaguas en la vida social y política de Tula. La sociedad civil se ha organizado para que, con todo derecho, sea tomada en cuenta en cada una de las decisiones que los gobiernos municipal, estatal y federal tomen para que esto no vuelva a pasar.

Sin embargo, han pasado cinco meses de la tragedia y a las familias afectadas no se les ha hecho justicia. Al día de hoy, no se ha hecho una investigación exhaustiva de las causas que ocasionaros el desbordamiento del río y las posibles responsabilidades en que incurrieron funcionarios de los tres niveles de gobierno, y los apoyos para las familias afectadas han sido limitados y van llegado a cuenta gotas.

Ejemplo de ello, son los colchones que la Presidencia Municipal de Tula de Allende entregó en pésimas condiciones a los afectados, situación que generó el enojo y protesta de la población, que terminó quemándolos en las puertas del Ayuntamiento con sobrada justificación, pues representó un atentado en contra de su dignidad.

Esto no se puede quedar así. Tiene que haber una investigación por parte de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, pues para la compra de estos colchones fueron usados recursos públicos y se debe determinar si hubo precios inflados y de quién fue la decisión de comprarlos en esas condiciones.

Pero la rendición de cuentas tiene que ser más amplia e incluir todos los recursos estatales y municipales que se han destinado a apoyar a los afectados desde septiembre, pues hasta el momento no se ha presentado ningún informe que detalle montos, tipo de apoyo, beneficiarios y demás información necesaria para estar seguros de su correcta aplicación y destino.

Por ello, consideramos necesario que la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo lleve a cabo una revisión exhaustiva de los recursos que el gobierno estatal, a través de todas sus dependencias y, el gobierno municipal han destinado para este fin.

Estamos convencidos de que la transparencia y la rendición de cuentas son pilares imprescindibles de la gestión pública y de que en la medida en que los gobiernos sean transparentes y rindan cuentas sobre el ejercicio del gasto público, entonces se generará mayor confianza entre los ciudadanos y se podrán tener mejores resultados.

El presupuesto gubernamental debe estar en constante escrutinio, favoreciendo el apego a la ley, a la honestidad y a la responsabilidad de las instituciones y de los servidores públicos.

Por todo lo anteriormente expuesto y, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo con lo siguiente

Punto de Acuerdo

Único. - Se exhorta respetuosamente la Presidencia Municipal de Tula de Allende, Hidalgo publique la ayuda que el municipio ha brindado a los afectados por las inundaciones del Río Tula en septiembre de 2021 y, a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, para que realice una auditoría especial sobre los recursos estatales y municipales que se han ejercido para el mismo fin.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2022

Diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a informar por la SEP y la SHCP sobre la estrategia para combatir la deserción escolar e implantar un programa de apoyo económico a las escuelas donde ha ocurrido vandalismo por el cierre a causa del Covid-19, a cargo de la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II; 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía proposición con “punto de acuerdo por la que la honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que, a través de los titulares de la Secretaría de Educación Pública, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informe cuál será la estrategia para combatir la deserción en todos los niveles educativos y para que se implemente un programa de apoyo económico a las escuelas que han sufrido actos de vandalismo derivado de su cierre a causa de la pandemia de Covid 19”, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 30 de marzo de 2020, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, un acuerdo mediante el cual se declaró emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid 19). Suspendiendo de manera inmediata las actividades no esenciales, tanto en el sector público como privado, entre ellas las clases presenciales.

Derivado de la suspensión de clases presenciales, se comenzaron a impartir clases virtuales y por televisión, sin embargo, lamentablemente un gran número de alumnos desertaron a causa de la crisis por la pandemia o por falta de recursos.

De lo anterior que hoy en día nos enfrentamos a un escenario muy complejo y enormes retos en materia educativa. Resulta preocupante que, luego de que el pasado 10 de enero algunas escuelas de distintas entidades federativas retomaran clases presenciales, la Secretaría de Educación Pública no haya diseñado una estrategia real de regreso seguro a las clases, pues sus propuestas se basan en decálogos y buenas intenciones.

Durante 2020 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicó la “Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación (ECOVID-ED)”, que de acuerdo con este Instituto se llevó a cabo con el objetivo de “Conocer el impacto de la cancelación provisional de clases presenciales en las instituciones educativas del país para evitar los contagios por la pandemia Covid-19 en la experiencia educativa de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 3 a 29 años, tanto en el ciclo escolar 2019- 2020, como en ciclo 2020-2021”.1

Los resultados de esta encuesta son verdaderamente preocupantes:

• Más de cinco millones de estudiantes no se inscribieron al ciclo escolar actual por razones relacionadas a la crisis desatada por la pandemia, por falta de dinero o de recursos.

• De los 33.6 millones de estudiantes en el ciclo escolar 2019-2020, 738.4 mil no concluyeron el ciclo escolar; de ellos 98.2 mil, son de preescolar; 146.1 mil de primaria, 219.2 mil de secundaria; 181.3 mil de educación media y 89.9 mil de superior.

• 58.9% (435 mil) no concluyeron el año escolar, principalmente por causas asociadas a la pandemia por Covid-19. Entre las principales razones por las que refieren no haber concluido el ciclo escolar, se encuentran que alguien de su vivienda se quedó sin trabajo o se redujeron sus ingresos; a que carecía de computadora, otro dispositivo o de conexión a internet; o bien a que considera que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje o que su padre, madre o tutor no pudo estar al pendiente de él o de ella.

• Y de manera adicional a los 435 mil estudiantes que no concluyeron el ciclo escolar por Covid-19; 66 mil estudiantes tampoco concluyeron por falta de recursos y 49 mil más porque tenían que trabajar.

Además de lo anterior, la encuesta de Inegi, señala que el cierre de las escuelas ha representado un gasto adicional para las familias, ya que el 28.6% de las viviendas con población de 3 a 29 años que sí se inscribió en el ciclo escolar hizo un gasto adicional para comprar teléfonos inteligentes para que los estudiantes siguieran con clases a distancia. Un 26.4% tuvo que contratar algún servicio de internet fijo y un 20.9% adquirió mobiliario o adecuó algún espacio para estudio.

Como si no fuera suficiente el enorme reto que se tiene a causa de la pandemia y para combatir la deserción escolar, el sector educativo presenta otros problemas como son el robo de computadoras, excusados, materiales escolares, vidrios rotos e inmuebles que han sufrido actos de vandalización que si bien, en su mayoría son menores, requieren de recursos para poder atenderles

Al respecto, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda Salas, señaló en una entrevista para el periódico Excélsior que entre 40 y 50 por ciento de los planteles a nivel nacional habían sido vandalizados o registraron robos durante los 14 meses de la contingencia sanitaria, lo que representa entre 86 mil y 108 mil escuelas públicas en dicha situación, de las 216 mil 130 escuelas públicas que existen en el país. “La delincuencia se llevó cables de electricidad para utilizar el cobre, ventanas, puertas, tazas de baño, computadoras o pantallas de televisión”.2

Por su parte, Mexicanos Primero, advirtió que “... Después de 422 días cerradas, 5 mil 493 escuelas fueron robadas, lo que implica 13 planteles al día en promedio [...] estimó que de manera conservadora costaría al menos 100 mil pesos reponer los artículos robados en cada plantel educativo, lo que implicaría aproximadamente 549 millones 300 mil pesos”.3

Lo anterior es importante ya que, en México, la infraestructura física educativa es uno de los componentes clave del Sistema Educativo Nacional y uno de los principales factores para el desarrollo de los estudiantes.

La búsqueda por conservar la calidad de los espacios y materiales educativos, ha generado un esfuerzo importante de los padres de familia, docentes, administrativos y directores; sin embargo, aunque sus esfuerzos son valiosos e importantes, resultan insuficientes. Por ello, necesitamos proporcionar recursos económicos suficientes para la infraestructura educativa de nuestras escuelas

A esta preocupación por la infraestructura educativa y la deserción escolar, debemos sumar la de algunos padres de familia que por todo lo que hemos referido, no ven las condiciones de salud e infraestructura para que sus hijos puedan regresar a clases, y ya no se les presta apoyo de manera virtual como se venía haciendo, por lo que sus hijos están perdiendo el ciclo escolar.

Pero por otro lado encontramos a los padres de familia que están alarmados porque sus hijos están acudiendo ocasionalmente a la escuela, una o dos horas y dos o tres días a la semana.

Por ello, urge diseñar una verdadera estrategia de regreso a clases, para que quien opte por mandar a sus hijos a la escuela, pueda hacerlo en las mejores condiciones que garanticen su salud y aprendizaje; pero esta estrategia también debe contemplar a quienes no desean acudir a clases presenciales, mediante apoyo pedagógico a distancia.

Esta estrategia, debe contemplar las mejores condiciones para alumnos, maestros, docentes, administrativos y padres de familia y solo podremos hacerlo si garantizamos las medidas sanitarias y de desinfección de las escuelas, si dotamos de cubrebocas, gel antibacterial, agua y jabón a la comunidad escolar, incluidos los planteles ubicados en las zonas más marginadas de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Educación Pública, informe a la opinión pública, que acciones implementará para combatir la deserción en todos los niveles educativos.

Segundo. Se solicita respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, para que a través de los titulares de las Secretarías; de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público, apoyen a las escuelas que han sido afectadas a causa del vandalismo en sus inmuebles.

Tercero. Se solicita respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Educación Pública se garanticen las condiciones de salud, como son la desinfección de las instalaciones escolares, cubrebocas para alumnos, maestros y personal de las escuelas, así como agua y jabón, para quienes acudan o decidan acudir de manera presencial a clases.

Cuarto. Se solicita respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Educación Pública se siga otorgando apoyo pedagógico para los alumnos que decidan tomar clases a distancia.

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía en: Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación (ECOVID-ED) 2020 (inegi.org.mx)

2 https://www.excelsior.com.mx/nacional/vandalizan-50-de-las-escuelas-del -pais-snte-deben-remozarse-antes-deregresar-a-las-aulas

3 https://www.excelsior.com.mx/nacional/
en-todo-el-pais-robaron-a-5-mil-493-escuelas-durante-pandemia-porcovid/1449446

Dado en salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de febrero de 2022.

Diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP, el INPI y sus homólogas de Oaxaca a establecer una estrategia de fortalecimiento de los centros de integración social, a cargo del diputado Azael Santiago Chepi, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Azael Santiago Chepi , diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La educación es la base para alcanzar mayores niveles de bienestar social y desarrollo individual, por ello se vuelve indispensable que el sistema educativo ofrezca oportunidades de aprendizaje permanente para todos, es decir, que existan condiciones de inclusión para todos los grupos de la población, independientemente de sus características, capacidades o circunstancias. Sin embargo, a pesar de la expansión de los servicios educativos y los altos niveles de cobertura alcanzados en la educación básica en el promedio nacional (94.6 por ciento), se estima que cerca de 14.9 por ciento de las niñas, niños y jóvenes indígenas de 3 a 17 años de edad no asiste a la escuela.1

Proporcionar una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral requiere la implementación de medidas para la igualdad que permitan combatir las brechas socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia en las diferentes trayectorias formativas de las y los estudiantes, lo que hace necesario que se identifiquen y eliminen las barreras al aprendizaje y a la participación.

En educación básica, preescolar, primaria y secundaria, se presentan importantes factores que desalientan la inclusión y equidad, ya sea por falta de acceso a un servicio o porque los educandos se ven orillados a abandonar la escuela por diversas causas, entre ellas, los bajos resultados de aprendizaje o la situación económica familiar, principalmente. Dicha exclusión ha afectado de manera persistente a los grupos históricamente discriminados como los pueblos indígenas, afrodescendientes, desplazados internos, migrantes y personas con necesidades educativas especiales.

Para el ciclo escolar 2016-2017, 17.8 por ciento de la población indígena, cifra superior a la media nacional de 5.5 por ciento. Adicionalmente, subsisten importantes disparidades regionales. La brecha entre las entidades federativas con mayor y menor cobertura de educación básica sobrepasa los 25 puntos porcentuales; mientras que en el país 31.2 por ciento de las personas jóvenes y adultas se encuentran en rezago educativo, donde Chiapas (47.9 por ciento), Oaxaca (45.4 por ciento) y Michoacán (44.2 por ciento) registran los mayores niveles.ii

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 (Inegi), en Oaxaca, la población total asciende a 3 millones 967 mil 889 personas, representa el 3.3 por ciento de la población total del país. De los cuales el 30.4 por ciento son población indígena.

Las niñas, niños y adolescentes de Oaxaca tienen mayor probabilidad de ver comprometido el ejercicio de sus derechos sociales básicos y con ello su sano desarrollo y construcción de capacidades que permitan su integración al mercado laboral en el futuro.

La medición de pobreza de 2018 muestra que el 49.6 por ciento de los niños y adolescentes en México viven en pobreza, es decir, casi la mitad de la población de este grupo. En Oaxaca, el porcentaje de menores de edad en pobreza fue 22.2 por ciento mayor que el porcentaje nacional en el mismo año, por lo que ocupó el 3er lugar nacional con 1 millón 5 mil 900 menores de edad en pobreza, y el porcentaje de pobreza de los niños y adolescentes en Oaxaca fue mayor al de los adultos por 8.4 por ciento.iii

En 2018, el porcentaje de la población con rezago educativo en Oaxaca fue 10.2 por ciento mayor que el porcentaje nacional, ocupando el segundo lugar en esta carencia.

Incidencia y número de personas en los componentes del indicador de rezago educativo en Oaxaca, 2008-2018iv

Componente 1: Población de 3 a 15 años

Componente 2: Población de 16 años o más nacida hasta 1981

Componente 3. Población de 16 años o más nacida a partir de 1982

El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 (IEPDS) que realizó el Coneval subraya las diversas razones por las que el derecho a la educación puede no ser efectivo. Hay diferentes condiciones económicas y no económicas que dificultan el acceso a la educación, además de que los medios, los procesos y los contenidos del sistema educativo pueden no ser los más adecuados; señala que para hacer efectivo el derecho a la educación se requieren las siguientes condiciones:

-Contar con una oferta educativa suficiente que abarque todos los niveles de educación obligatoria.

-Que los servicios educativos sean accesibles para personas con condiciones particulares (condición socioeconómica, pertenencia étnica, discapacidad, entre otras).

-Que los medios, los procesos de aprendizaje y los contenidos sean de calidad.

-Se sugiere explorar diferentes mecanismos para la inclusión educativa, focalizados a estos segmentos de la población.

En México el artículo 37 de la Ley General de Educación establece los servicios educativos que comprende la educación básica, entre los cuales se encuentran educación indígena y comunitaria. Entendiendo la reducción indígena como la que debe atender las necesidades educativas de las personas, pueblos y comunidades indígenas con pertinencia cultural y lingüística; además de basarse en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y de nuestras culturas.

Al interior de la educación indígena existen servicios educativos que hacen frente a las necesidades de la población en situación de dispersión social, migrante, desplazamiento, lengua, entro otras, sin embargo, estas se han ido quedando en la periferia de las prioridades programáticas presupuestales y de las políticas educativas, debido a la descentralización de los servicios educativos y los modelos educativos etnocentristas.

Los servicios con los que la educación indígena inició en el siglo pasado fueron atendiendo a la población con todas las carencias que impedían su educación, por ello una respuesta fue el diseño de los Centros de Integración Social, los Albergues Escolares Indígenas, la Educación Inicial Indígena y la Educación Especial Indígena.

Los Centros de Integración Social (CIS) son escuelas que funcionan como internados. Tienen como antecedente la Casa del Estudiante Indígena fundada en 1927 en la Ciudad de México y específicamente los 11 internados creados en 1933 bajo el nombre de Centros de Capacitación para jóvenes indígenas. El número de internados fue creciendo hasta llegar a 33 en 10 entidades federativas, ofreciendo alojamiento, alimentación, educación primaria y capacitación para el trabajo con becas individuales de 18 pesos diarios.v

Con la descentralización de 1992 estos servicios pasan a depender de las entidades federativas, de tal manera que los recursos para la alimentación y el hospedaje de los estudiantes se extraen de las economías del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).vi La fuente de financiamiento de estos Centros es de muy escasa claridad, por lo que tienen que sostenerse por ingresos autogenerados, y los estudiantes reciben una beca de alimentación por parte del gobierno estatal, sin embargo, es a través de sus talleres agroalimentarios que pueden obtener la suficiencia alimentaria que requieren alumnos y profesores. Dejándolos en una situación de desventaja y vulnerabilidad ya que no cuentan con recursos programáticos etiquetados para gasto de infraestructura y equipamiento.

Estos CIS atienden a niñas, niños y adolescentes de 6 a 14 años de edad, provenientes de comunidades dispersas y que no tienen acceso a servicios educativos en sus comunidades de origen, de escasos recursos e indígenas (en algunos casos se atienden a niñas y niños que han sido abandonados por su familia o que provienen de familias disfuncionales);vii brindando educación preescolar, primaria y secundaria con un enfoque intercultural bilingüe, en la modalidad de internado.

En el Sistema de Información y Gestión Educativa (Siged) tienen registros actualmente de 10 CIS provenientes de la estadística educativa de las autoridades educativas locales de 4 entidades federativas (Chiapas, Estado de México, Oaxaca y San Luis Potosí), con 763 alumnos atendidos en el ciclo escolar 2021-2022:

En la Ley General de Educación derogada en septiembre de 2019, contemplaba en su artículo 33, fracción III, a los “centros de desarrollo infantil, centros de integración social, internados, albergues escolares e infantiles y demás planteles que apoyen en forma continua y estable el aprendizaje y el aprovechamiento de los alumnos”; y en la Ley General de Educación vigente establece que la educación deberá ser equitativa, inclusiva e intercultural, posibilitando habilitar los modelos educativos que garanticen el derecho a la educación a todas y todos en nuestro país.

Estos centros, pueden ser detonadores de innovación para hacer realidad la inclusión y la equidad educativas desde la educación indígena hacia los otros tipos y modalidades.

En el estado de Oaxaca se atienden en el nivel de preescolar indígena a 72 mil 886 infantes en mil 903 escuelas; en primaria indígena a 117 mil 876 estudiantes en mil 788 planteles educativos y a 514 niñas, niños y adolescentes en seis albergues, ubicados en su mayoría, en comunidades de alta y muy alta marginación.viii Estos Centros son de gran importancia para la comunidad; el magisterio, autoridades municipales, madres y padres de familia y el gobierno del estado en colaboración conjunta los mantienen en funcionamiento.

Adicional a ello, han sido objeto de estudio y catalogados como “experiencia de éxito”.ix En un estudio realizado, concluyeron que en el CIS de Zoogocho, los profesores tienen iniciativa y creatividad, han diseñado un currículo flexible, de acuerdo con las necesidades y los intereses de los niños, los jóvenes y las comunidades de la zona zapoteca de Villa Alta, en Oaxaca. Sin un fuerte basamento en el quehacer de su comunidad de práctica, en este caso la música, y en los aportes de la teoría educativa y los procesos de enseñanza y aprendizaje, es difícil pensar que un maestro pueda proporcionar una educación de calidad con todas las carencias visibles en infraestructura, materiales y apoyos.

Asimismo, de 2004 a 2006 el CIS de Zoogocho emprendió un proyecto de salud, higiene y nutrición, mediante el cual consiguieron modificar la dimensión social y física de la salud y la nutrición de los profesores y estudiantes, e implementaron alianzas entre ellos con las autoridades municipales y las autoridades tradicionales, sin que ellos partieran explícitamente del marco conceptual de la Unesco o conocieran la estrategia de las Escuelas Promotoras de Salud, sus acciones cumplen con muchos de los criterios generales de una escuela saludable.x

Los gastos que se generan en estos Centros van desde alimentación, gas, camas, colchonetas, ropa de cama, lavandería, comburentes como base, que en un promedio entre 100 y 140 alumnos es de 250 mil pesos al bimestre, y los gastos acumulados ascienden a 8.2 millones anuales, como lo muestra la siguiente tabla de los CIS Oaxaca, presupuestados por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO):

La educación indígena, pese a los esfuerzos de las diferentes instituciones gubernamentales, entre ellas la Dirección General de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública y la academia, ha tenido muy pocos apoyos, por no tener un impacto en un gran número de alumnos como los servicios en centros urbanos, pero en cuanto a un impacto en la calidad de vida y en garantizar el derecho de las y los niños y adolescentes de comunidades y pueblos indígenas es de suma importancia para garantizar su derecho constitucional a la educación.

Esta situación de precariedad los coloca en una situación de desventaja para el acceso a la excelencia educativa (artículo 8 de la Ley General de Educación), materiales educativos, infraestructura, personal educativo y que labora en estos centros educativos, entre otras.

Los Albergues Escolares Indígenas creados en 1972 (ahora Casas y Comedores del Niño Indígena, como los denominó la CDI, ahora INPI) son espacios en los que niñas, niños y jóvenes de educación básica, media y superior reciben alimentación, hospedaje (con recursos que proporciona el INPI) y formación integral por parte de personal de la SEP. Desde la Dirección General de Educación Indígena de la SEP-Federal a través de las AEL se asignan a los docentes para estos centros educativos.

El Programa de Apoyo a la Educación Indígena tiene la finalidad de dar respuesta a las demandas de la población indígena y afromexicana, relacionadas con el acceso y la permanencia en los diferentes niveles educativos, así como para fortalecer la interculturalidad y establecer estrategias paralelas para mejorar los estados nutricionales de niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas y afromexicanos.

Este Programa complementa las acciones que instrumentan otros programas sociales de la Administración Pública Federal, y se enfoca a beneficiar a la población indígena y afromexicana que no cuenta con servicios educativos en sus comunidades y que se ubica en las comunidades o localidades cercanas a las Casas y Comedores de la Niñez Indígena. Para su operación, el Instituto se coordina con la Secretaría de Educación Pública mediante el Convenio de Colaboración correspondiente.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1o., establece las obligaciones del Estado mexicano para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, el artículo 2o. reconoce los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación y autonomía, así como la obligación de las autoridades de abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas; así también, en el apartado B fracción II establece:

“Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles.”

El artículo 4o. de la Constitución ordena que, en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Por su parte, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes establece:

Artículo 2.

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.

2. Esta acción deberá incluir medidas:

a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;

b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones;

c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.”

Artículo 7. ...

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.

Artículo 26. Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional.”

Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas señala:

Artículo 4. Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas.

Artículo 5. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

Artículo 14.

2. Los indígenas, en particular los niños, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación.

3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, conjuntamente con los pueblos indígenas, para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma.

Artículo 39. Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de los Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los derechos enunciados en la presente Declaración.

En el mismo sentido, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, establece:

Artículo IX. Personalidad jurídica. Los Estados reconocerán plenamente la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, respetando las formas de organización indígenas y promoviendo el ejercicio pleno de los derechos reconocidos en esa Declaración.

Artículo XV. Educación. 1. Los pueblos y personas indígenas, en particular los niños y niñas indígenas, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación, sin discriminación.

2. Los Estados y los pueblos indígenas, en concordancia con el principio de igualdad de oportunidades, promoverán la reducción de las disparidades en la educación entre los pueblos indígenas y los no indígenas.

4. Los Estados, en conjunto con los pueblos indígenas, adoptarán medidas eficaces para que las personas indígenas, en particular los niños y niñas, que viven fuera de sus comunidades puedan tener acceso a la educación en sus propias lenguas y culturas.

6. Los Estados, conjuntamente con los pueblos indígenas, deberán tomar medidas necesarias y eficaces para el ejercicio y cumplimiento de estos derechos.

Artículo XXXVII Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de los Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los derechos enunciados en la declaración.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes señala como parte de su objeto: “reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte; y establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración.

El artículo 2 de la esta Ley mandata que el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.

Por lo aquí expuesto es que se deben sumar todos los esfuerzos de política pública, a fin de poder establecer los espacios y modelos educativos que aseguren garantizar el derecho a la educación a la población indígena en las zonas de más alta marginación, y los Centros de Integración Social, son elementos educativos que para el estado de Oaxaca no solo son una experiencia de éxito en educación, si no son centros de convivencia, son centros que les dan una oportunidad de mejorar sus proyectos de vida, son centros que generan sinergias y crean un sentido de pertenencia y comunidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y a sus homólogos en el estado de Oaxaca, para establecer una estrategia de fortalecimiento a los Centros de Integración Social; estableciendo mecanismos de apoyo alimentario, materiales educativos acordes a los planes y programas de estudio en lengua materna y mejoramiento de la infraestructura de las aulas y de los internados, a fin de garantizar el derecho a la educación de los pueblos y comunidades indígenas bajo los criterios de equidad, inclusión e interculturalidad.

Notas

i [1]Programa Sectorial de Educación 2020-2024. DOF 6 de julio de 2020

ii Ibidem

iii [1] Informe de pobreza y evaluación 2020. Oaxaca. Coneval. pag. 23

iv Ibidem pág. 34

v [1] Modelo de Capacitación para el Trabajo del CIS 8, San Bartolomé Zoogocho Oaxaca, Dra. Mercedes de Agüero. Universidad Iberoamericana.

vi [1] Hernández Hernández Zenón, Los Centros de Integración Social, los Albergues Escolares Indígenas, la Educación Inicial y Especial Indígena en el marco de la equidad dentro de la Educación Indígena. Parlamento Abierto. Cámara de Diputados. 4 de febrero de 2019. Disponible en:http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/137485/6 87328/file/Ponente%2014%20Zen%C3%B3n%20Hern%C3%A1ndez.pdf.

vii Ibidem

viii https://enlacedelacosta.com.mx/2021/11/18/en-educacion-indigena-oaxaca- ha-logrado-avances-historicos-a-traves-del-ieepo/

ix [1]Una experiencia ejemplar de educación indígena, Mercedes de Agüero Servín, Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Disponible en:

http://revistas.ibero.mx/didac/articulo_detalle.php?pageNum_paginas=0&totalRows_paginas=
6&id_volumen=13&id_articulo=156&pagina=1&pagina=2&pagina=7

x [1]http://revistas.ibero.mx/didac/articulo_detalle.php?id_volumen=7&id_articulo=88

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero del 2022.

Diputado Azael Santiago Chepi (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profeco a verificar que en establecimientos como farmacias, tiendas de conveniencia, centrales camioneras, estacionamientos públicos y gasolineras se brinde un servicio de sanitarios dignos, a cargo de la diputada Yesenia Galarza Castro, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Yesenia Galarza Castro, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, 51 y 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracciones I y VIII, así como, 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría Federal del Consumidor, verifique que en establecimientos como farmacias, tiendas de conveniencia, centrales camioneras, estacionamientos públicos y gasolinerías, se brinde un servicio de sanitarios dignos, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, el día 19 de diciembre de 1975, expidió el decreto para promulgar la Ley Federal de Protección al Consumidor, misma que entró en vigor en fecha 5 de febrero del año 1976, de conformidad con el primer transitorio de la misma; dando origen al primer ordenamiento legal creado específicamente para protección de los derechos del consumidor en el país y uno de los primeros en Latinoamérica.

2. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) nace en 1976, como un organismo descentralizado de servicio social, con funciones de autoridad, personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de Ley Federal de Protección al Consumidor que le dio origen, siendo la primer Procuraduría Federal con esta naturaleza en toda América Latina, la Profeco es la encargada de defender los derechos de los consumidores, prevenir abusos y garantizar relaciones de consumo justas.

3. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobó en sesión de fecha 10 de agosto de 2016, la tesis de jurisprudencia 37/2016 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el 26 de agosto de ese mismo año, cuyo rubro señala que la dignidad humana constituye una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de las personas y no una simple declaración de ética.

Y refiere:

“La dignidad humana no se identifica ni se confunde con un precepto meramente moral, sino que se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más amplia protección jurídica, reconocido actualmente en los artículos 1o., último párrafo; 2o., apartado A, fracción II; 3o., fracción II, inciso c); y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . En efecto, el Pleno de esta Suprema Corte ha sostenido que la dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso , cuya importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. Así las cosas, la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida ésta -en su núcleo más esencial- como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada.”

Por lo tanto, la dignidad humana, al ser un derecho fundamental, que permite el disfrute de otros derechos y el desarrollo integral de las personas, evitando la humillación, degradación o cosificación de las personas; debe ser permanentemente protegida por todas las autoridades en el ámbito de su competencia, incluso en las relaciones entre proveedores y clientes, porque los consumidores tienen derecho a recibir los servicios por los que pagan, en un ámbito en el que se respete la dignidad humana.

4. La población de nuestro país sufre un grave problema de acceso a baños públicos dignos, dada su escasez y el poco o nulo interés de muchas empresas para facilitar a sus clientes un servicio de sanitario en condiciones dignas para el usuario.

Por ejemplo, en las cadenas de farmacias (Similares, San Pablo, Guadalajara, Del ahorro), así como en las cadenas de tiendas de conveniencia (Oxxo, 7Eleven, GoMart, Super City, Circle K, Extra), extendidas por todo el territorio nacional, no se ofrece el servicio de sanitarios, para que los clientes puedan hacer uso de un lavamanos, inodoros o mingitorios para atender sus necesidades básicas; sino que únicamente permiten el acceso a los empleados de dichos establecimientos, mientras que en otros países, las tiendas de conveniencia siempre tienen un sanitario público disponible, porque eso permite garantizar que tanto los clientes, como los empleados, observen las medidas mínimas de higiene necesarias en el desarrollo de las actividades del lugar, situación que es de vital importancia, en especial, si consideramos las condiciones de higiene indispensables, derivado de la pandemia que nos aqueja.

Además, los estacionamientos públicos, las centrales camioneras y las gasolinerías, son establecimientos mercantiles en donde, regularmente sí cuentan con sanitarios públicos en los que se cobra por el acceso a las personas, sean clientes o no. Pero por lo general, son espacios que no ofrecen las condiciones mínimas de salubridad, higiene, limpieza y que por ende no se puede afirmar que respeten la dignidad humana en la prestación de dicho servicio.

5. Los legisladores estamos obligados a atender este tipo de problemática, que afecta directamente a las necesidades más básicas de higiene de la población, y que debe ser revisada desde dos ángulos principales.

Por un lado, en establecimientos como farmacias y tiendas de conveniencia, donde por lo general sí se cuenta con un sanitario, pero el uso del mismo, está limitado únicamente a los empleados y, por lo tanto, no se permite el acceso a los clientes, situación que dificulta el acceso a las medidas de higiene necesarias, sin perjuicio de la satisfacción de necesidades básicas de los clientes. Y, por otro lado, en los estacionamientos públicos, las centrales camioneras y las gasolinerías del país, en donde en general cuentan con el servicio de baños públicos y se cobra a quien pretende hacer uso de ellos, pero en muchas ocasiones, esos espacios, no cumplen con las condiciones mínimas indispensables de salud e higiene, para considerarlos espacios dignos.

6. Los consumidores, deberán ser protegidos en sus derechos por la Procuraduría Federal del Consumidor, organismo que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, deberá procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Los proveedores por su lado, están obligados a suministrar los servicios proporcionados de acuerdo con los términos y condiciones ofrecidos o implícitos en la publicidad o información desplegados, salvo convenio en contrario o consentimiento escrito del consumidor, según se establece en los artículos 7 y 42 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La Procuraduría Federal del Consumidor, es el organismo encargado de realizar las verificaciones de los lugares donde los proveedores presten servicios a los consumidores, y en caso de detectar una afectación o una posible afectación contra la salud, la seguridad o la economía de una colectividad de consumidores, la referida procuraduría, podrá aplicar las medidas precautorias correspondientes, contempladas en el artículo 25 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con fundamento en la facultad establecida para tal efecto en los artículos 96 y 97 Quáter del mismo ordenamiento legal.

Así mismo, la Procuraduría Federal del Consumidor, cuando detecte violaciones a ley de protección al consumidor, podrá ordenar se informe a los consumidores individual o colectivamente, sobre las acciones de u omisiones de los proveedores que afecten sus intereses y derechos, así como la forma en que los proveedores los bonificarán, y solicitar a estos últimos acreditar el cumplimiento de dicha orden, según se dispone en el artículo 98 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Lo anterior es importante, porque significa que el Consumidor, deberá ser protegido en sus derechos por la Procuraduría Federal del Consumidor, y que este organismo cuenta con las facultades necesarias, para verificar que los consumidores reciban los servicios por los que pagan, en un ámbito en el que se respete su dignidad humana, incluyendo con ello, el servicio de sanitarios públicos, o el acceso a ellos, como un derecho inherente a la relación proveedor–consumidor.

Atención de la problemática

A efecto de atender la problemática descrita anteriormente, y en atención a lo dispuesto en los artículos 96, 97 Quáter, en relación con el artículo 25 BIS y 98 BIS de la Ley Federal de Protección al Consumidor, solicitamos que la Procuraduría Federal del Consumidor, a través del área facultada para tal efecto, lleve a cabo las visitas de verificación correspondientes, para atender las dos vertientes del problema que ha sido planteado.

La Procuraduría Federal del Consumidor, deberá en primer lugar, verificar si en las centrales camioneras, los estacionamientos públicos y en las gasolinerías que se cobra una tarifa determinada para poder hacer uso de los sanitarios, se cuenta con las condiciones mínimas de salubridad, higiene y equipamiento necesario (papel higiénico, jabón, artículos de limpieza, agua de la llave) para hacer uso en forma digna de esas instalaciones.

Por el otro lado, la Procuraduría referida, deberá verificar si en las farmacias y tiendas de conveniencia establecidas en buena parte del territorio nacional, se cuenta con sanitario, y de ser así, eliminar las restricciones al uso de esas instalaciones únicamente para el personal que labora en esos establecimientos. Sino que los clientes deberían estar en aptitud de hacer uso de ellos, toda vez, que hacer uso de un sanitario en buenas condiciones, limpio y con el equipamiento higiénico necesario, debe verse como parte del derecho la dignidad humana y la prohibición de acceder a esas instalaciones, como una limitante a una prerrogativa fundamental de los individuos, por lo que, se solicita que se realicen las visitas de verificación correspondientes en aras de atender los problemas planteados.

Considerando

1. Que en términos de lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción VIII, los diputados tenemos el derecho a solicitar cualquier información a los Poderes de la Unión o cualquier otra instancia federal, hacemos este requerimiento a las Autoridades Federales, para que, en el uso de sus atribuciones, realicen las gestiones necesarias a fin de contribuir a la solución de la problemática antes referida.

2. Que los artículos 7 y 42 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, señalan la obligación de los proveedores a suministrar el servicio de acuerdo con los términos y condiciones ofrecidos o implícitos en la publicidad o información desplegados, salvo convenio en contrario o consentimiento escrito del consumidor, se debe verificar que los establecimientos que proporcionen el servicio de sanitarios públicos y cobren por ese servicio, proporcionen en todo momento las condiciones mínimas de salubridad, higiene y equipamiento implícitas, para poder hacer uso en forma digna de ese servicio.

3. Que el Consejo de Salubridad General, en fecha 30 de marzo de 2020, emitió la declaración de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, con motivo de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), y reconoció a dicha enfermedad como grave de atención prioritaria; y en fecha 24 de marzo del mismo año, dicho consejo emitió el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), donde el inciso e) del artículo segundo, dispone:

“Artículo Segundo. Las medidas preventivas que los sectores público, privado y social deberán poner en práctica son las siguientes:

e) Cumplir las medidas básicas de higiene consistentes en lavado frecuente de manos , estornudar o toser cubriendo boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo; saludar aplicando las recomendaciones de sana distancia (evitar saludar de beso, de mano o abrazo) y recuperación efectiva para las personas que presenten síntomas de SARS-CoV2 (Covid-19) (evitar contacto con otras personas, desplazamientos en espacios públicos y mantener la sana distancia, durante los 15 días posteriores al inicio de los síntomas), y...”

4. Que al día de hoy, las farmacias y tiendas de conveniencia más importantes del país, a pesar de contar con sanitarios, no permiten su uso a los clientes de dichos establecimientos y únicamente está destinado para los empleados de esos lugares, situación que vulnera el derecho a la dignidad humana de los clientes de esos establecimientos, que requieren hacer uso de esa instalación y les es negada la entrada; interfiriendo incluso con una de las recomendaciones más importantes para hacer frente a la pandemia por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), consistente en el lavado de manos por más de 20 segundos y que conforme a los múltiples comunicados de la Secretaría de Salud y a la información contenida en la página web https://coronavirus.gob.mx/, donde señalan que el correcto y consistente lavado de manos, constituye una de las herramienta de prevención de contagios más importantes que existen. Por ello, es indispensable que el sector privado al que hemos aludido, participe de forma activa, facilitando el acceso a instalaciones sanitarias con las condiciones mínimas de salubridad, higiene y equipamiento, para que la población pueda realizar un lavado de manos adecuado en atención de la emergencia sanitaria en que nos encontramos.

5. Que entre los derechos fundamentales que tienen los consumidores, se encuentra el de recibir el servicio que brinden los proveedores, de acuerdo con los términos y condiciones ofrecidos o implícitos en la publicidad o información desplegados y que está implícito que para que servicio de sanitarios, pueda ser utilizado dignamente, debe contar con las condiciones mínimas de salubridad, higiene y equipamiento para que los consumidores puedan hacer uso de ese servicio.

6. Que el servicio de sanitarios públicos debe prestarse respetando en todo momento el derecho a dignidad humana del consumidor y que los proveedores de este servicio, generalmente no otorgan las condiciones mínimas de salubridad, higiene y equipamiento, para que estos puedan ser utilizados en condiciones a las que se les pueda calificar como dignas, y en esos casos, se debe considerar como un servicio violatorio de derechos fundamentales.

7. Que las farmacias y tiendas de conveniencia más conocidas en el país, cuentan con un sanitario, pero el acceso a ese servicio, está destinado para el uso exclusivo del personal que labora en esos establecimientos, lo que también resulta violatorio del derecho a la dignidad humana, tomando en consideración que en dichos establecimientos se venden y expenden alimentos o medicamentos, y que ahora más que nunca ambos productos deben ser manejados con medidas sanitarias adecuadas; los mencionados establecimientos, deberían facilitar a sus clientes el uso de sus sanitarios, toda vez, que hacer uso de un sanitario en buenas condiciones, limpio y con el equipamiento higiénico necesario, debe verse como parte inherente del derecho la dignidad humana y la prohibición de acceder a esas instalaciones, como una limitante a una prerrogativa fundamental de los individuos.

8. Que la Procuraduría Federal del Consumidor cuenta con las facultades necesarias para realizar las visitas de verificación correspondientes a los establecimientos comerciales antes aludidos, en términos de los artículos 96 y 97 Quáter de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

9. Que es evidente que la Procuraduría Federal del Consumidor al día de hoy, no ha realizado las visitas de verificación correspondientes, para revisar por un lado, que en las centrales camioneras, los estacionamientos públicos y en las gasolinerías donde se cobra una tarifa determinada para poder hacer uso de los sanitarios, se cuente con las condiciones mínimas de salubridad, higiene y equipamiento indispensable para hacer uso en forma digna de esas instalaciones; y por el otro lado, verificar que en las farmacias y tiendas de conveniencia, que cuentan con sanitario, los clientes estén en aptitud de hacer uso de ellos.

10. Que debería existir una campaña de información permanente a la ciudadanía, principalmente a los consumidores, sobre las condiciones mínimas de dignidad en que deberían de poder hacer uso de los derechos con los que cuentan.

11. Que la Procuraduría Federal del Consumidor debería facilitar a los consumidores la presentación de las denuncias correspondientes, cuando habiendo pagado por el servicio de sanitarios, se encuentren con que el proveedor de dicho servicio, no lo mantiene en condiciones mínimas de salubridad, higiene y equipamiento, pues dicha situación no sólo atenta contra su dignidad humana, sino contra la salud de los consumidores, pues en la emergencia sanitaria en que nos encontramos, la falta de higiene adecuada y constante en manos, representa un riesgo para la salud de la población en general.

Por lo anterior, expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero . Que la Procuraduría Federal del Consumidor por conducto del área encargada de verificación, realice las visitas de verificación correspondientes a los establecimientos como centrales camioneras, estacionamientos públicos y gasolinerías, que cobran por el acceso al servicio de baños, a fin de verificar que cuenten con las condiciones mínimas de higiene y dignidad humana de las personas.

Segundo . Que la Procuraduría Federal del Consumidor, a través del área de verificación, realice visitas de verificación correspondientes a establecimientos como farmacias y tiendas de conveniencia, que cuentan con sanitarios, pero tienen restringido su acceso al público, lo cual vulnera la dignidad humana de la persona; para que se verifique que su acceso sea garantizado a los clientes como un derecho inherente a la relación que existe entre el consumidor y el proveedor.

Tercero. Que la Procuraduría Federal del Consumidor, lleve a cabo una campaña de información sobre los derechos que tienen los consumidores en cuanto al acceso a baños públicos de cobro o aquellos que son de uso restringido; poniendo a disposición de la ciudadanía los teléfonos y datos de contacto, para que sean presentadas las quejas relacionadas con esta conducta.

Dado en el Palacio Legislativo a los 15 días del mes de febrero, del año 2022.

Diputada Yesenia Galarza Castro (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 15 de febrero, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, a cargo de integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

De acuerdo con la OMS (2020), el cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolada de células. Este puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. Los tumores acostumbran a invadir el tejido circundante de la célula y pueden provocar metástasis diferentes puntos del organismo, distantes al lugar de inicio.

En México, el cáncer es la principal causa de muerte por enfermedad entre los niños y niñas de 5 y 14 años y se estima que hay entre 5,000 6,000 casos nuevos al año. La prevalencia aproximada para la enfermedad de este grupo de edad es de 20,000 casos anuales (Secretaría de Salud, 2019).

De acuerdo al diagnóstico realizado en el Programa de Acción Específico de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia por el Gobierno de México (2014), el 75% del total de los diagnósticos se realizan en una etapa avanzada de la enfermedad. En particular, se observa que la mayoría de los tumores sólidos diagnosticados se encontraban en fases avanzadas (III o IV) en el momento del diagnóstico.

Lo anterior, nos lleva a un preocupante dato, y es que en México se estima una sobrevida a 5 años nacional menor al 40%, lo que representa más de 2.3000 vidas anuales (Shalkow, 2017). En el caso particular de los menores de 15 años con leucemia, se estima que la tasa de supervivencia a 5 años es del 52,6 %, cifra significativamente inferior a la supervivencia estimada para el mismo rubro de pacientes en países como Alemania, Austria o Canadá, que cuentan con tasas de supervivencia superiores al 90%.

En este sentido, no cabe duda de la importancia de garantizar el abasto y acceso de los tratamientos y medicamentos necesarios para superar esta enfermedad, sin embargo, además de eso, garantizar un estado nutricional óptimo es indispensable para afrontar el tratamiento y tener una posterior recuperación exitosa.

La desnutrición y pérdida de peso es un problema frecuente entre los pacientes oncológicos infantiles. Esta afectación se manifiesta de manera habitual a través del síndrome de caquexia-anorexia, incidiendo entre 4 y 8 de cada 10 pacientes durante el transcurso de su enfermedad, repercutiendo sobre su morbimortalidad y calidad de vida. Lo anterior, tiene una afectación en el pronóstico de la enfermedad, prolongando las estadías hospitalarias, encareciendo los costos y afectando la sobrevida (Camblor, et al., 2017).

Derivado de la alta incidencia de esta realidad, resulta de suma importancia la detección oportuna del riesgo de desnutrición a través de exámenes en el momento del diagnóstico, seguidos de una evaluación minuciosa y el correspondiente seguimiento.

El cáncer infantil aumenta de manera puntual los requerimientos nutrimentales de los pacientes. Estos incrementos dependen características asociadas con la enfermedad per se, así como con el estadío de la misma y es por ello que una nutrición adecuada se convierte en un factor indispensable a todo tratamiento aplicado en niños y niñas que padecen enfermedades tales como el cáncer.

Actualmente existe un vasto consenso en la comunidad científica internacional, que sostiene que los infantes que viven con una neoplasia maligna sufren consecuencias nutricionales adversas resultado tanto de la enfermedad y del tratamiento. Apuntan a que es precisamente la desnutrición el diagnóstico secundario más común en los pacientes con cáncer. (Echevarría, Guillén, Márquez, González, Cueto, 2017).

En los niños con cáncer, la balanza nutricional es más inestable que en la población adulta, derivado de su limitada capacidad para compensar las sobrecargas provocadas por la enfermedad y los efectos secundarios del tratamiento. Por ese motivo, mantener niveles de nutrición óptima es crucial para garantizar el cumplimiento de los protocolos terapéuticos y así evitar los efectos de la malnutrición, que por ella misma torna al paciente proclive a las recaídas, acortando la supervivencia.

Los tipos de cáncer que suelen presentarse en la edad pediátrica, a diferencia de los del adulto, acostumbran a tener una progresión rápida y una buena respuesta al tratamiento de quimioterapia, hecho que condiciona una mejor evolución. Dicha evolución, sin embargo, puede verse afectada por las complicaciones derivadas de una situación de malnutrición, una de las alteraciones más frecuentes en el niño debido a sus mayores necesidades de nutrientes para el crecimiento, la frecuencia y gravedad con que desarrolla malabsorción, y el mayor número de infecciones.

Gran parte de los factores asociados al desarrollo de malnutrición en pacientes con cáncer infantil se pueden dividir en dos grandes bloques, aquellos derivados de la enfermedad per se, y los causados a raíz del tratamiento, a los que se le puede añadir aquellos relacionados con el entorno del paciente, como puede ser la falta de apoyo familiar adecuado.

Cabe destacar que esta condición aumenta 14 veces la mortalidad de los pacientes e incrementa 3 veces las complicaciones. Se estima que actualmente un 66% de los pacientes desnutridos no reciben tratamiento, contando con tres veces menor calidad de vida que el resto de pacientes

Y lo que es aún más preocupante, aunque la desnutrición es una amenaza directa para la vida, a menudo no se trata.

Como respuesta a esta problemática, se ha estudiado que el uso de suplementos nutricionales orales puede reducir la mortalidad entre un 18 y un 34%. Estudios han comprobado que la toma de suplementación nutricional reduce las infecciones y las heridas abiertas en 70% y reduce el tiempo de estadías hospitalarias y reingresos. A lo anterior, se le puede atribuir un incremento de energía y nutrientes, por lo que, sin duda, se presentan mejoras significativas en calidad de vida en términos de movilidad y el hecho de mantener la autonomía.

Al reducir los reingresos en el hospital, disminuir las estancias en el hospital y reducir las visitas a los consultorios, a la fisioterapia y a la atención primaria, los tratamientos de toma de suplementos nutricionales orales pueden reducir también los costos financieros de la atención. En términos agregados, este tipo de intervención nutricional sugiere un ahorro en costos por paciente de hasta el 21,6%, en comparación con una atención médica estándar.

Dado el carácter catastrófico y devastador de esta enfermedad, hace hoy 21 años se declaró en Luxemburgo el 15 de febrero de cada año como El Día Internacional De La Lucha Contra El Cáncer Infantil. Se instauró este día para concientizar a la población sobre esta enfermedad, diagnosticar a tiempo y tener tratamientos efectivos.

Desde entonces, en esta fecha se impulsan alrededor del mundo campañas de concientización, que buscan alzar la voz sobre los obstáculos que esta enfermedad presenta en los niños, niñas y adolescentes y sobre los retos particulares que cada país enfrenta al respecto de este tema.

En México es imprescindible, por un lado, garantizar que los pacientes oncológicos cuenten con los tratamientos correspondientes, de manera inmediata y con los máximos estándares de calidad y seguridad, y, por otro lado, reconocer el importantísimo rol que juega la nutrición en la evolución de la enfermedad de vida y en la calidad de vida de estos pacientes, y actuar en consecuencia.

Además, la falta de acceso a medicamentos es muy grave, pues se genera un grave daño a la salud de los menores, porque se interrumpen los tratamientos de forma permanente o intermitente.

De acuerdo con la Ley vigente, todas las personas tienen derecho a la atención médica en los tres niveles de atención y a todos los medicamentos e insumos asociados necesarios para sus tratamientos. Por ello, los medicamentos, además de estar disponibles y ser accesibles, deben cumplir con los criterios de calidad, seguridad y eficacia.

Desafortunadamente, en los últimos años hemos visto que, en diversas instituciones públicas de todo el país, el desabasto de medicamentos se ha recrudecido; miles de pacientes que acuden a los servicios públicos de salud no reciben los medicamentos necesarios para su tratamiento o los reciben de manera incompleta.

Las familias han tenido que asumir el gasto de bolsillo para la compra de medicinas, lo que resulta totalmente reprobable, puesto que impacta en la economía de las familias, particularmente de aquellas que enfrentan condiciones socioeconómicas adversas ante la pandemia y la crisis económica.

Desde el 28 de enero de 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Secretaría de Salud garantizar la existencia y disponibilidad permanente de todos los medicamentos oncológicos necesarios para la atención de las niñas, niños y adolescentes, a fin de satisfacer plenamente su derecho a una atención médica oportuna. Sin embargo, la atención para las niñas y niños que enfrentan un cáncer se ha complicado, pues el gobierno federal tomó la decisión de desaparecer el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y el Programa Seguro Médico Siglo XXI.

Además, en el último año, la atención del cáncer se ha visto afectada por la pandemia ocasionada por el virus SARS CoV 2, que requirió dar prioridad en la reconversión de hospitalaria para atender la Covid 19; lo que originó la cancelación o reprogramación de cirugías y tratamientos contra el cáncer.

Por ello, resulta inadmisible que, a los pacientes, se les sigan postergando las citas para la atención especializada y negándoles el acceso oportuno a medicamentos oncológicos condenándolos, en muchos casos, a complicaciones y a una muerte inminente.

Requerimos fortalecer las acciones de coordinación entre las instituciones de salud, para impulsar acciones más efectivas; para promover acciones e inversiones en áreas como promoción de estilos de vida saludables, tamizaje y detección oportuna, mejoras en los tratamientos, y cuando sea necesario en cuidados paliativos.

En esta línea, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer infantil celebrado este 15 de febrero de 2022 y derivado de los hechos aquí expuestos, conmemorar este día implica hacer visible la enfermedad, la necesidad de una atención integral que incluya un apoyo nutricional, así como también implica hacer visible la necesidad de redoblar esfuerzos para garantizar el mejor estado de salud posible para todas nuestras niñas, niños y adolescentes que lidian contra el cáncer.

Debemos garantizar un apoyo nutricional para las niñas y niños con cáncer, es darles armas para la lucha!

Debemos garantizar el abasto de medicamentos oncológicos y la atención médica para las niñas y niños!

Palacio legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2022.

Grupo Parlamentario del PAN

(Rúbrica)