Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a agilizar la federalización de la nómina de Zacatecas para regularizar la situación laboral del magisterio, a cargo de la diputada Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, del Grupo Parlamentario de Morena

La proponente, diputada Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, integrante de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I, II, Y III, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de Urgente Resolución , al tenor de las siguientes

Consideraciones

Al día de hoy, Zacatecas heredó al nuevo gobernante un desastre financiero por malos manejos en pasadas administraciones, no se diga en el tema de la nómina magisterial, en el que se ha estado buscando soluciones para sanear las finanzas y dar respuesta definitiva a los maestros y jubilados que, con justa razón, exigen el salario devengado.

A finales de octubre del 2021, luego de constantes gestiones del Gobernador y la ayuda del Ejecutivo, se resolvió la falta de pago para los meses de cierre del año; sin embargo, nuevamente el problema se repite.

Por ello, es que considero que, como poder legislativo, debemos hacer una reestructuración de la administración pública. Sé que esto es posible, considerando que el actual presidente ha demostrado la disposición de ayudar en este tema, al federalizar la nómina magisterial, como ocurrió en fecha reciente con los estados de Oaxaca y Michoacán.

En Zacatecas, el motivo del déficit del pago a docentes radica en la omisión de federalizar la nómina magisterial. Menciono omisión, ya que el gobierno estatal que estuvo en turno en el año de 2015, tuvo la oportunidad de adherir la nómina magisterial dentro del Fondo de Nómina Educativa, mejor conocido como “Fone”, esto, para que la Federación asumiera dicho gasto, tal cual sucede con la mayoría de los estados del país.

El gobierno estatal saliente, aparentemente no contrató nueva deuda, pero la realidad es que de 2016 a 2021, sí se contrató créditos a corto plazo por el orden de 6 mil 620 millones de pesos, reportados ante la SHCP.

En aquel entonces, Zacatecas llegó a recibir más de 5 mil millones de pesos de presupuesto extraordinario que pudieron haber sido para el desarrollo del estado; sin embargo, por la falta de recurso, se usó para el pago de nómina.

“Las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios o Ramo General 33, son el mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los estados y municipios recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno, por lo que se encuentran contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 26 señala que con cargo a este Fondo, los Estados y La Ciudad de México, recibirán los recursos económicos complementarios que les apoyen para ejercer las atribuciones en materia de educación básica y normal, así como gastos operativos que de manera exclusiva se les asignen, respectivamente en los artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación.

Los recursos de este Fondo se determinarán cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación y su distribución se realizará conforme a los elementos, criterios, lineamientos y fórmula señalados en los artículos 27, 27-A y 28 de la Ley de Coordinación Fiscal”1 .

Derivado de la decisión de no adherirse al Fone, en el año de 2016, Zacatecas tuvo la primera consecuencia, ya que dejó de recibir recursos extraordinarios y, en ese sentido, la entidad debió destinar 2 mil 901 millones de pesos para el pago de nómina magisterial; en 2017 fueron 2 mil 820; otros 2 mil 748 en 2018; mientras que en 2019 se destinó 2 mil 754; para 2020 fueron 2 mil 804 y, finalmente, en 2021 se requerían 2 mil 846 millones de pesos.

Estamos hablando que, por errores del pasado, de enero a agosto de 2021, Zacatecas destinó, de recursos propios, un total de 1 mil 245 millones de pesos a nómina educativa; y se tenía una petición para recibir apoyo vía U-080 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por 1 mil 028 millones de pesos para cubrir los meses de septiembre a diciembre.

El gobernador David Monreal, detalló que en 2021 la nómina educativa se cubrió de la siguiente manera:

Enero: 374 millones de pesos de dinero estatal y cero pesos de apoyo de la SHCP.

Febrero: 184 millones de pesos estatales y cero pesos de recurso federal.

Marzo: 61 millones de pesos estatales y 100 millones de pesos federales.

Abril: 187 millones de pesos estatales y cero apoyo de la SHCP.

Mayo: 228 millones de pesos estatales y cero apoyo de la SHCP.

Junio: 27 millones de pesos estatales y 200 millones de pesos de la SHCP.

Julio: 127 millones de pesos estatales y 83 millones de pesos federales.

Agosto: 57 millones de pesos estatales y 190 millones de pesos federales.

En tanto, explicó que lo que se requería para el año siguiente era: 167 millones de pesos. Octubre, 262 millones de pesos. Noviembre, 196 millones de pesos. Diciembre, 403 millones de pesos.

En total, Zacatecas ha recibido 573 millones de pesos de la Federación y aún estarían pendientes por transferir 669 millones de pesos , obligación que el estado ya no puede asumir, porque no tiene recursos para ello y, solicitar adelantos o pedir deuda, sólo sería agudizar más el problema que, reiteró, se generó por la administración gubernamental neoliberal de 2015.

En este contexto, se debe agilizar la federalización de la nómina para que el problema de falta de pago se resuelva de fondo. No es correcto que los maestros, o algún trabajador, deje de cobrar el salario con el que vive.

El gobierno actual ha demostrado su compromiso por tomar acciones a largo plazo que no dejen en la indefensión al magisterio de ninguna forma, por ello, es que solicito de manera urgente que las instituciones coadyuven con las secretarías y el gobierno federal, para resolver de manera conjunta la problemática, pues, insisto, el estado ya no puede asumir la nómina educativa y la salida tampoco puede ser endeudar más al estado, sino establecer soluciones definitivas como es la federalización de nómina, para evitar la falta o retraso de pagos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. - La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a que por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito público, así como la Secretaría de Educación pública, coadyuven a agilizar la federalización de la Nómina del Estado de Zacatecas, para regularizar la situación laboral del magisterio.

Nota:

1. https://inversionpublica.edomex.gob.mx/fone

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero del 2022

Diputada Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SHCP a establecer mecanismos y procedimientos institucionales para atender los reclamos de los ahorradores defraudados por Operadora de Recursos Reforma, a cargo de la diputada Berenice Montes Estrada, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Berenice Montes Estrada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete ante el pleno de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las cajas populares son un claro ejemplo de organización colectiva de ayuda mutua y de compromiso con la comunidad, ya que las personas afiladas a las cajas de ahorro y préstamos se asocian para ahorrar en conjunto, a fin de fomentar préstamos sencillos para resolver sus propios problemas.

Actualmente, el acceso que ofrecen al crédito para las familias mexicanas es una opción alejada de los costos del endeudamiento mediante créditos bancarios; más aún, para quienes no tienen ningún acceso a instituciones financieras y suelen guardar su dinero en casa o recurrir a otro tipo de opciones para aliviar sus necesidades, las cajas de ahorro popular se han perfilado tradicionalmente como una alternativa conveniente para obtener recursos crediticios a bajo costo.

Pero desafortunadamente, en los últimos años, el ahorro popular a través del sistema de cajas, ha enfrentado graves problemas de abuso, fraude y malversación, y en el estado de Guanajuato, es una situación que ha venido presentándose desde hace varios años, afectando a miles de personas que con tanto esfuerzo y sacrificio reunieron su dinero para buscar mejorar sus condiciones de vida.

La muestra más clara de esta situación es la preocupación que hoy enfrentan poco más de 30 mil guanajuatenses, ya que tienen su dinero ahorrado o invertido en nueve cajas populares, que de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, se encuentran en una situación irregular o con impedimento para captar recursos de sus socios ahorradores.

Estas nueve cajas de ahorro se encuentran impedidas de captar debido a que están en una situación clara de insolvencia o potencial quiebra, o bien no permitieron ser evaluadas en tiempo y forma en los plazos establecidos en la ley.

No obstante, un caso en particular aqueja a los ciudadanos del norte de Guanajuato. El 20 de noviembre de 2020, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió un comunicado en el que se daba aviso a los ahorradores de Operadora de Recursos Reforma, SA de CV que ésta había entrado en estado de disolución y liquidación derivado de la revocación de la autorización para funcionar y operar como sociedad financiera popular, por lo que se dieron a conocer las bases y el procedimiento que deberían atender los ahorradores para tramitar el pago de las obligaciones garantizadas.

Sin embargo, a poco más de un año del cierre de esta sociedad financiera popular, que contaba con varias sucursales en el norte de Guanajuato, muchos socios no han recibido el pago del capital que tenían ahorrado en cuentas individuales o colectivas, o no han recibido el monto total de su dinero.

El artículo 105 de la Ley del Ahorro y Crédito Popular establece que las sociedades financieras populares están obligadas a pagar un Fondo de Protección que tiene como fin primordial, procurar cubrir los depósitos de dinero de cada ahorrador, en caso de que se declare su disolución y liquidación, o se decrete su concurso mercantil.

Sin embargo, lo anterior es hasta por una cantidad equivalente a veinticinco mil Udi por persona física o moral, cualquiera que sea el número y clase de operaciones a su favor y a cargo de una misma sociedad financiera popular. Al valor actual de 7.141106 pesos, ello representa un máximo de 178 mil 527.65 pesos, lo que resulta en una grave afectación económica para varios ahorradores, pues el monto de su capital invertido supera esta cantidad.

Este tipo de casos, que también se han presentado en otros estados del país, pone en evidencia la fragilidad de un sector financiero poco regulado y poco observado por la autoridad, en el que se gestan las condiciones de fraudes o desfalcos con dinero ahorrado por los sectores sociales más desprotegidos.

La crisis que enfrentaron las cajas de ahorro popular mereció una intervención institucional a fondo que resultó entre otras cosas en la expedición de la Ley de Ahorro Popular. A partir de ese momento, se asumía que los fraudes en el sector eran cosa del pasado; que la norma sería efectiva, que la autoridad sería eficaz y que el dinero de los ciudadanos mexicanos que ahorraban a través de estos mecanismos se encontraba razonablemente protegido en la ley.

Nada más equivocado, pues se siguen presentando situaciones graves con las sociedades financieras populares, que captan el ahorro de los sectores de la población que menos recursos tienen, por lo que se vuelve a colocar este tema en el centro del debate sobre la regulación y la protección del ahorro popular.

Hoy, los reclamos de esos ahorradores representan un llamado de atención a la insuficiencia del marco jurídico vigente para regular a este sector, pero son también un reclamo de ayuda a las autoridades para poder recuperar, en la medida de lo posible, los recursos que muchas veces representan los ahorros de toda una vida.

En el caso de Operadora de Recursos Reforma, SA de CV, los acreedores han venido reclamando, tanto por la vía judicial como por la administrativa la reposición de sus recursos, sin que a la fecha se haya llegado a una solución para la recuperación de sus ahorros.

Por otro lado, han solicitado el apoyo de diversos actores políticos en el estado de Guanajuato, quienes hemos atendido dichas solicitudes realizando gestiones para la atención de las autoridades federales, sin que a la fecha se tengan resultados positivos.

Esta situación, representa una exigencia para que el Congreso de la Unión se involucre de nuevo y a fondo en un tema altamente sensible no sólo en lo financiero, sino sobre todo en lo social.

La preservación de los ahorros de los mexicanos, más aún cuando se trata de los más vulnerables económicamente y en un entorno económico adverso como el que enfrentamos, es una obligación legal y política de los legisladores federales.

En este sentido, es de fundamental importancia señalar lo siguiente: si bien no podemos negar que el sistema de las cajas de ahorro popular es un eficaz instrumento de fomento al ahorro y apoyo al poder adquisitivo de los ciudadanos que no participan de los servicios bancarios, la experiencia de los últimos años ha venido a demostrar que algunas entidades se prestan muy bien para defraudar a la gente y que a veces pueden funcionar al margen de la ley a causa de una regulación y supervisión oficial insuficiente.

Con los puntos de acuerdo que ahora proponemos, buscamos reforzar la atención del Poder Legislativo en este delicado asunto y buscamos que la autoridad competente establezca un compromiso con el apoyo a los ahorradores que ya sea por falta de rigidez oficial en la aplicación de la norma o por lagunas en ella, se han visto afectados.

En virtud de lo anterior y de la importancia de brindar la debida atención a este problema que perjudica de manera directa a los habitantes del Estado de Guanajuato, someto a consideración de esta asamblea del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer mecanismos y procedimientos institucionales en el marco de lo dispuesto en la ley a efecto de poder atender los reclamos de los ahorradores defraudados por Operadora de Recursos Reforma, SA de CV.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a evaluar la viabilidad de establecer los criterios jurídicos y financieros que permitan considerar un recurso destinado a resarcir el patrimonio de los ahorradores defraudados por Operadora de Recursos Reforma, SA de CV.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a hacer pública la información sobre el caso de Operadora de Recursos Reforma, SA de CV, así como de las nueve cajas de ahorro de Guanajuato que se encuentran impedidas de captar debido a que están en una situación clara de insolvencia o potencial quiebra, incluyendo los elementos en los que ha basado su intervención, así como su opinión sobre los procedimientos que podrían seguirse para resarcir a los ahorradores los fondos defraudados.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores, y para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a intensificar las supervisiones en todas las sociedades financieras populares.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2022.

Diputada Berenice Montes Estrada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a regularizar las condiciones laborales y administrativas de los docentes de los centros de atención para estudiantes con discapacidad, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Norma Angélica Aceves García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a regularizar las condiciones laborales y administrativas del personal docente de los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México viven aproximadamente 8 millones de personas con discapacidad y al menos 12 millones más tienen alguna complicación que les impide desarrollar alguna actividad cotidiana, en ese mismo tenor la medición de pobreza reportada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), revela que 49 por ciento de esta población vive en pobreza, 45 por ciento mantiene rezago educativo y 56 por ciento no tiene el ingreso necesario para adquirir una canasta básica.

Nuestro país firmó y ratificó desde 2008 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual bajo el mandato de los artículos 1o. y 133 de la norma suprema se convierte en un texto legal de observancia en la unión y las acciones afirmativas en materia de derechos humanos que ahí se enumeran deben ser promovidas, protegidas, respetadas y garantizadas para todas las personas que viven con esta condición social.

Así se considera necesario, a efectos de esta exposición de motivos, citar de forma conveniente el artículo 24 de la citada Convención, a fin de identificar las responsabilidades a las que está comprometido el Estado mexicano:

“Artículo 24

Educación

1. Los estados parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a:

a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana;

b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas;

c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre.

2. Al hacer efectivo este derecho, los estados parte asegurarán que:

a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad;

b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan;

c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;

d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva;

e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.

3. Los estados parte brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. A este fin, los estados parte adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:

a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares;

b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas;

c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social.

4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los estados parte adoptarán las medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas o Braille y para formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad.

5. Los estados parte asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los estados parte asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad”.

Ahora bien, de acuerdo al artículo 3o. de la Constitución general, uno de los principios rectores de la educación pública es precisamente la inclusión de los grupos que enfrentan una mayor vulnerabilidad para acceder con igualdad a este derecho, pero además establece la obligatoriedad de la educación media superior, tal como se lee:

“Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado –federación, estados, Ciudad de México y municipios– impartirá y garantizara? la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatoria”.

Es en este sentido que la proposición con punto de acuerdo tiene como intención hacer visible el escenario que enfrenta la comunidad escolar de los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad (CAED), quienes representan la única opción de educación pública para cursar y aprobar el nivel medio superior, con las acciones afirmativas y medidas de nivelación necesarias para los estudiantes con discapacidad, que tienen un conjunto diverso e incluso individualmente particular de necesidades educativas.

De acuerdo con datos de la propia Secretaría de Educación, existen en el país 291 planteles de CAED, con una población estudiantil de aproximadamente 23 mil alumnos, los cuales reciben servicios docentes de mil 500 asesores, quienes desarrollan contenidos incluso personalizados para corresponder a las necesidades educativas de la población escolar.

Sin embargo, desde hace tres años las condiciones laborales y administrativas de los más de mil 500 asesores del CAED han tenido disminuciones que impactan en sus derechos laborales, principalmente rezago o falta de pagos; negativa de contratación definitiva y ausencia de seguridad social. Situación que se agrava cuando al revisar las Reglas de Operación del Programa Atención de Planteles Federales de Educación Media Superior con Estudiantes con Discapacidad (PAPFEMS) se coloca a los asesores como figuras solidarias, dejándoles la autoridad educativa, bajo ninguna justificación legal, sin posibilidad de disfrutar y ejercer los derechos laborales reconocidos en nuestro marco jurídico.1

Estas condiciones afectan a la comunidad escolar en dos sentidos, en el primero a la plantilla docente, dado que sus condiciones laborales no son las mismas que tienen otros prestadores de servicios educativos, quienes sí cuentan con seguridad social y un contrato formal que asegure su permanencia; esto viola los principios de igualdad y proporcionalidad del artículo 1o. constitucional.

Y en segundo término violan los derechos de las personas con discapacidad de acceso a la educación, en los términos de los artículos 1o., 3o. y 4o. de la Constitución general, además del citado artículo 24 de la Convención, entre otros tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte y que igualmente garantizan el derecho universal a la educación, dado que los estudiantes sin discapacidad, tienen la oportunidad de acceso al nivel medio superior, sin que sus docentes se enfrenten a condiciones precarias de derechos laborales y por lo tanto no enfrentan restricciones de acceso.

Es por ello que es necesario que la autoridad responsable, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Educación Pública, establezca las acciones necesarias para que los asesores docentes de los CAED, tengan una garantía y protección de sus derechos laborales, en igualdad de condiciones que sus similares de educación media superior.

Por lo anteriormente expuesto y en los términos reglamentarios se presenta al siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente , a la Secretaría de Educación Pública a establecer las acciones necesarias para garantizar y proteger los derechos laborales de los asesores de los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad, a fin de que gocen, de acuerdo con la ley, las condiciones laborales correspondientes.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente , a la Secretaría de Educación Pública, a ejecutar de forma expedita los adeudos que actualmente resienten los asesores de los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad, en perjuicio de sus derechos humanos y laborales.

Nota

1 Reglas de Operación del Programa Atención de Planteles Federales de Educación Media Superior con Estudiantes con Discapacidad (PAPFEMS) para el ejercicio fiscal 2022, localizadas en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639911&fecha=31/12/ 2021 consultadas el 04 de febrero de 2022.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2022.

Diputada Norma Angélica Aceves García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS a actualizar las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de incapacidades permanentes, considerando enfermedad incapacitante el síndrome fibromiálgico, a cargo de la diputada Ciria Yamile Salomón Durán, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Ciria Yamile Salomón Durán, Diputada Federal por el Distrito 02 del Estado de Hidalgo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El término de “fibromialgia” se compone del latín fibra (tejido fibroso), del griego mio (músculos) y del griego algia (dolor)[1]. Médicamente se define como un padecimiento crónico que produce un severo agotamiento y un dolor intenso generalizado de pies a cabeza, que se acompaña en la mayoría de las ocasiones de síntomas como rigidez del cuerpo, trastornos del sueño, dolores de cabeza, trastornos digestivos, desequilibrio, trastornos cognitivos, hipersensibilidad, depresión y ansiedad.

La fibromialgia se incorporó a la clasificación internacional de enfermedades por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año de 1991, cuando se le clasificó como un padecimiento crónico que provoca dolor intenso musculoesquelético crónico generalizado, asociado a los múltiples síntomas antes descritos. También puede incluir indicios neurológicos como parestesias, visión borrosa, entumecimiento y debilidad muscular. Además, puede entrecruzarse con otras patologías de dolor funcionales como colon irritable, vejiga neurogénica, dolor pélvico crónico, vulvodinia o trastornos temporomandibulares.2 En términos concretos, “consiste en una anomalía en la percepción del dolor, de manera que se perciben como dolorosos, estímulos que habitualmente no lo son”.3

En países como España, el dolor musculoesquelético que provoca la fibromialgia, así como el conocido “síndrome de fatiga crónica” son dos de las principales causas de dolor no oncológico y, por tanto, de discapacidad laboral. De hecho, en Estados Unidos el 15% de los pacientes diagnosticados con esta enfermedad recibe una pensión de incapacidad. No obstante, según la OMS, el 30% de las personas diagnosticadas son incapaces de mantener su trabajo.

A nivel mundial, cada 12 de mayo se celebra el “Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de la Fatiga Crónica”, así como el “Día Internacional de la Enfermería”, en conmemoración de Florence Nightingale, mujer que luchó por los derechos de los incapacitados en la guerra de Crimea y fue precursora de la enfermería profesional moderna, quien sufrió también de fibromialgia durante décadas.

Los esfuerzos por reconocer a este padecimiento crónico como una enfermedad que ocasiona discapacidad laboral son cada vez mayores. Actualmente en Argentina se está a la espera de una ley que reconozca los derechos de casi 2 millones de personas que viven con fibromialgia. El 40% de los enfermos fueron despedidos de su empleo por el ausentismo causado por los dolores que impiden el cumplimento, desempeño y metas asignadas en los trabajos.

La fibromialgia es el desorden reumatológico más frecuente después de la osteoartritis, con una prevalencia de 2 a 8% de la población. Esta enfermedad tiene mayor incidencia en mujeres con un intervalo de 1:9; se presenta a cualquier edad, pero tiene más impacto entre los 25 y 50 años; afecta en diferentes países y culturas. En México no se cuenta con cifras oficiales respecto a esta enfermedad, sin embargo, se estimó que había una prevalencia de 4.8% en el Hospital General de México en la década de los años noventa del siglo XX y actualmente al menos 5% de los sujetos atendidos en un servicio de atención primaria presentan dolor crónico.4

La fibromialgia es una enfermedad compleja que implica para el sector salud un gasto considerable y afecta severamente la calidad de vida de los pacientes, sobre todo por su difícil diagnóstico. Estudios clínicos refieren que esta enfermedad puede llegar a afectar la calidad de vida del trabajador al grado de ser incapacitante, por tal motivo, aun cuando se trata de una enfermedad caracterizada por no tener hallazgos objetivos, y que a la fecha no se encuentra en el catálogo de enfermedades de trabajo contenidas en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, puede ser una condición incapacitante relacionada con el entorno laboral, más aún porque no hay protocolos y criterios suficientes para demostrar la relación causa-efecto-exposición y el paciente no tiene derecho a los beneficios de la invalidez.

Por ello, es de suma importancia hacer énfasis en la necesidad de que la autoridad competente, en este caso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realice las investigaciones y estudios pertinentes a fin de incluir a la fibromialgia en la referida Tabla de Enfermedades de Trabajo.

En ese sentido, de conformidad con los artículos 513, 514 y 515 de la Ley Federal del Trabajo, corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, realizar los estudios necesarios para actualizar las tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de las incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo.

La actualización de la tabla de enfermedades de trabajo es una labor que involucra a dos Poderes de la Unión. Por un lado, el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual debe realizar la parte técnica de investigación y actualización, y, por el otro, el Poder Legislativo al cual le corresponde iniciar el proceso de las reformas legales correspondientes a la Ley Federal del Trabajo.

Por otra parte, el 28 de abril de 2021 se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.5 La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa Alcalde Luján expresó que se tiene un avance de 90% en los trabajos de la Subcomisión para la Actualización de las Tablas de Enfermedades de Trabajo y de Valuación de Incapacidades Permanentes, luego de 50 años en los que el instrumento contenido en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo no había registrado cambios.

Los grupos de trabajo conformados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entre otros organismos, están incorporando nuevas enfermedades que tienen que ver con la afectación en la salud de los trabajadores en 12 áreas fundamentales:

1. Enfermedades infecciosas y parasitarias;

2. Cánceres de origen laboral;

3. Enfermedades del sistema circulatorio, de la sangre y órganos hematopoyéticos;

4. Trastornos mentales y enfermedades del sistema nervioso;

5. Enfermedades del sistema respiratorio;

6. Enfermedades del sistema digestivo;

7. Enfermedades de la piel y tejidos subcutáneos;

8. Intoxicaciones;

9. Enfermedades del ojo y del oído;

10. Enfermedades de endocrinología

11. Enfermedades del sistema genitourinario; y la

12. Tabla de Valuación de las Incapacidades Permanentes.

A decir verdad, en esta subclasificación no se aborda lo relativo a las “Enfermedades Reumáticas y Artritis”, por lo cual resulta un imperativo la actualización de la Tabla de Enfermedades del Trabajo y que se considere al síndrome fibromiálgico y al síndrome de agotamiento crónico dentro de las nuevas enfermedades del trabajo.

Al respecto, cabe señalar que las primeras tablas de Enfermedades de Trabajo y de Valuación de Incapacidades Permanentes surgieron en el año de 1931, en ellas se reconocían 40 distintos tipos de enfermedades, de las cuales 17 eran infecciosas y parasitarias, 3 de la vista y del oído, y 20 correspondían a otras afecciones.6 Posteriormente, en 1956 se modificaron 8 y se adicionaron 10 nuevos tipos de enfermedades. 14 años después se reformó de nueva cuenta la Ley Federal del Trabajo para describir 161 padecimientos, y señalar que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social debía realizar las investigaciones y estudios necesarios a fin de que el Presidente de la República pudiera iniciar, ante el Poder Legislativo, la adecuación periódica de las tablas junto con el progreso de la Medicina del Trabajo, referidas en los artículos 513 y 514 de la Ley Federal del Trabajo.

Finalmente, no fue sino hasta el año 2016 cuando de nueva cuenta la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobó la actualización de la Tabla de Enfermedades de Trabajo y la de Valuación de Incapacidades Permanentes, pasando de 161 a 185 enfermedades, entre las que destacaron el cáncer de origen laboral; los males infecciosos y parasitarios y enfermedades de tipo psicosocial, como el estrés.

Por ello, en virtud de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se encuentra realizando los trabajos de actualización de la Tabla de Enfermedades del Trabajo, consideramos oportuno que la Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a esa dependencia para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y estudios necesarios para incluir a la fibromialgia dentro de Tabla de Enfermedades de Trabajo al ser una enfermedad que puede llegar a ser incapacitante para el trabajador e impedir la realización y desempeño de sus actividades laborales cotidianas de trabajo.

La fibromialgia puede presentarse en centros de trabajo como factor consecuencial en donde el empleado al realizar sus labores diarias y agregando un porcentaje alto de estrés laboral finalmente desarrolla patológicamente la sintomatología de esta enfermedad.7

En términos del artículo 476 de la Ley Federal del Trabajo, son consideradas enfermedades de trabajo las que determine la Ley y la actualización que lleve a cabo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

En ese sentido, los trabajos que actualmente realiza la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo deben dar paso a la actualización de la tabla de enfermedades de trabajo, de modo que sea más completa, vanguardista y equitativa e incluya un catálogo más amplio de las enfermedades laborales, incluyendo enfermedades como la fibromialgia, dejando en claro que este padecimiento se está convirtiendo paulatinamente en un problema de salud pública. De ahí que se busque incorporar a las nuevas enfermedades que han sido sustentadas por su relación con el trabajo y la afectación a la salud del trabajador.

Finalmente, se menciona que el presente exhorto se realiza a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en virtud de las facultades legales y reglamentarias que le confiere los artículos 513, 514 y 515 de la Ley Federal del Trabajo, así como el artículo 22, fracción XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de octubre de 2019, que a la letra dice:

Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Artículo 22.- La Dirección General de Previsión Social de dicha dependencia, tiene entre sus atribuciones:

I. a XXXIII. ...

XXXIV. Promover la realización de estudios e investigaciones para la actualización de las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de incapacidades permanentes a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, con la participación de los sectores público, social y privado, así como de las unidades administrativas competentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

XXXV. a LII.

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente se somete a consideración de la Asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que actualice las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de las incapacidades permanentes resultante de los riesgos de trabajo y considere al síndrome fibromiálgico como una enfermedad crónica que, eventualmente, ocasiona incapacidad de los trabajadores que la padecen.

Segundo.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo a que conjunte la opinión de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, especialistas en la materia y aquellas organizaciones nacionales de trabajadores y de patrones que estime pertinentes la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a efecto de coadyuvar en la formulación de la política nacional de salud en el trabajo en materia del síndrome fibromiálgico.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2022

Notas

[1] “Fibromialgia”. Ferro JBJM. Revista Médica Elsevier; España, 2014.

[2] “Dolor Músculo Esquelético: Fibromialgia y Dolor Miofascial”. Velasco, Maritza, Revista Médica Clínica Las Condes. volumen 30, número 6, noviembre-diciembre de 2019, Santiago de Chile. Visto en: https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-20 2-articulo-dolor-musculoesqueletico-fibromialgia-y-dolor-S0716864019300 860

[3] “Fibromialgia en los trabajadores, ¿es una enfermedad laboral?”, Polo Rojas, Indira Eugenia. Tesis, Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo, Universidad Libre Seccional de Barranquilla, Colombia 2017.

[4] “Fibromialgia”. Guzmán Silahua Sandra, Revista Médica El Residente. Volumen 13, número 2, mayo-agosto de 2018. Visto en: https://www.medigraphic.com/pdfs/residente/rr-2018/rr182d.pdf

[5] Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Boletín 050/2021, 30 de abril de 2021. Visto en: https://www.gob.mx/stps/prensa/fortalecer-la-seguridad-y-salud-en-el-tr abajo-abona-a-sentar-las-bases-para-un-trabajo-digno

[6] Seguridad y Salud en el Trabajo en México. Avances, retos y desafíos, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, México, octubre 2017. Visto en: https://oiss.org/wp-content/uploads/2018/11/11-Seguridad_y_salud_en_el_ trabajo_en_Me_xico-Avances__retos_y_desafios.pdf

[7] Op. cit. “Fibromialgia en los trabajadores, ¿es una enfermedad laboral?”

Diputada Ciria Yamile Salomón Durán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar tanto al gobierno y la FGJ de la Ciudad de México como al SNDIF a investigar malos tratos y humillaciones contra niños y adolescentes y, en su caso, sancionar a servidores públicos por su presunta omisión ante lo ocurrido en albergues del IAPP local, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. El pasado 6 de febrero, el periódico La Crónica publicó una nota periodística1 que muestra la lamentable situación de vulnerabilidad en la que se encuentran niñas, niños y adolescentes que habitan los albergues del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias de la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México.

En dicha nota periodística se asegura que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, recibió desde el pasado mes de noviembre, una denuncia (expediente 21/7575) que alertaba de la situación, advirtiendo los presuntos maltratos y violencias que sufren niñas, niños y adolescentes por parte del personal de los albergues, a tal punto de ser amarrados del cuello a los pies, golpeados y luego fotografiados, así como una serie de irregularidades que se encuentran documentadas?, tales como que niñas, niños y adolescentes habitantes de estos albergues tienen que hacerse responsables de lavar su ropa, así como de otras labores de limpieza ante la falta de presupuesto para contratar personal de aseo, según los demandantes.

Asimismo, dicha denuncia contiene fotografías de las niñas, niños y adolescentes siendo violentados, y documentos oficiales como minutas de trabajo realizados por los empleados de los albergues, mismo que han afirmado y señalado a Nadia Troncoso, quien funge como directora de dicho organismo, como la principal incitadora de violencia contra las y los niños.

Por su parte, Nadia Troncoso declaró hace 2 meses que existía un buen funcionamiento en las instalaciones de los albergues, así como en el cuidado de los menores, no obstante, las personas trabajadoras del organismo aseguran lo contrario y retratan una realidad totalmente distinta.

Los demandantes afirman que es la directiva de los albergues quien ordena por esos mensajes telefónicos a realizar las fotografías a las niñas, niños y adolescentes con los pantalones abajo, o en el escusado, porque son la prueba de que se cumplieron sus órdenes; de la misma forma, las fotos muestran a las niñas, niños y adolescentes en labores de limpieza y con manchas de orina.

Cabe destacar que las niñas, niños y adolescentes que habitan en los albergues del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias de la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México provienen de situaciones de abandono, maltrato familiar o incluso abuso sexual y en muchas ocasiones llegan a estos albergues públicos luego de ser rechazados de los privados.

Entre las pruebas y declaraciones que se adjuntan en la denuncia destacan:

1. Una foto titulada “Albergue San Bernabé”, que muestra a un menor maniatado porque se portó mal. Asimismo, se adjunta una conversación de WhatsApp y en la que un técnico del lugar pregunta si ya lo puede desamarrar para que desayune.

2. Testimonios de trabajadores y ex trabajadores del Instituto, quienes refieren: “los niños que teníamos en Azcapotzalco nunca se hacían pipi; se los llevaron a San Bernabé y se empezaron hacer pipí en las noches. Luego de eso los obligaban a lavar sus cobijas a mano”.

3. Otra declaración, asegura: “No llevo un año, llevo 13 en estos temas y se me hace frustrante el trato que tienen los niños en esta administración de la maestra Nadia Troncoso, nunca había visto esto; cómo creer que es digno tomarle una foto a un menor porque se hizo pipi, es frustrante para nosotros ver a diario todas las injusticias”.

4. Uno más de los trabajadores denunciantes dijo: “Las fotos son mandadas en el chat y de ahí se mandan a la dirección, no sabemos qué hacen con las fotos de los menores, es un delito tomarles fotos, inclusive tememos por nosotros ya que todo lo hacemos desde nuestro celular privado”.2

Derivado de la nota periodística antes mencionada, la Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, informó que se encuentra en investigación el caso y se atiende la denuncia presentada, sin embargo, resulta evidente la omisión por parte de las autoridades correspondientes luego de casi 4 meses de que se presentó la denuncia sin que exista un avance y una clarificación de los hechos.3

Además, a casi 4 meses de conocido este hecho tan lamentable y tan sensible de violación a los derechos humanos de las personas más vulnerables, es grave la omisión y el silencio cómplice de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y de todo su gabinete.

Finalmente, la situación ocurrida en los albergues es un claro ejemplo de cómo el Gobierno de la Ciudad de México, de manera constante ha desmantelado la política de protección a los Derechos Humanos, dejando a un lado la impartición de justicia y el cuidado de las y los más vulnerables.

II. En cuanto al marco jurídico, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la prohibición de toda forma de discriminación que atente contra la dignidad humana mediante la anulación o el menoscabo de los derechos y libertades de las personas. A la letra el artículo 1 constitucional refiere lo siguiente:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. ”4

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, instrumento internacional firmado y ratificado por el Estado Mexicano también reconoce la dignidad humana como un derecho humano. Textualmente dicho documento señala en su artículo 1° lo siguiente:

“Artículo 1o.

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.”5

III. Las diputadas y los diputados integrantes de la Bancada Naranja estamos en contra del maltrato, la discriminación y el menoscabo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sobre todo aquellos que se encuentran en una situación vulnerable, por lo que solicitamos a la Secretaría de la Contraloría Interna de la Ciudad de México, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, realicen con base a sus respectivas atribuciones, una investigación de manera exhaustiva con respecto de los malos tratos y humillaciones en contra de niñas, niños y adolescentes en albergues del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, con la finalidad de impartir justicia y garantizar el acceso a la reparación del daño integral de las víctimas.

Asimismo, solicitamos a la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México a que investigue y en su caso se sancione a los servidores públicos ante la presunta omisión por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ante la denuncia con número de (expediente 21/7575) y presentada en el mes de noviembre de 2021 de los abusos, humillaciones y maltratos cometidos hacia menores de edad de los albergues ya mencionados.

El maltrato infantil debe ser denunciado y castigado conforme a las normas mexicanas, dejar pasar este tipo de acciones sin ningún tipo de consecuencias para quien las lleva a cabo, sólo muestra la debilidad y la poca empatía de nuestras autoridades a la hora de impartir justicia y de hacer valer los derechos de las mexicanas y los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto someto consideración de esta cámara la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaria de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México, a fin que investigue de manera exhaustiva los malos tratos y humillaciones en contra de niñas, niños y adolescentes, y en su caso se sancione a los responsables de la presunta omisión por parte de servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ante la denuncia con número de expediente (21/7575) en albergues del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México.

Segundo . La Cámara de Diputados exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias, a fin que investigue de manera exhaustiva los malos tratos y humillaciones en contra de niñas, niños y adolescentes en albergues del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México

Tercero . La Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a que investigue de manera exhaustiva los malos tratos y humillaciones en contra de niñas, niños y adolescentes en albergues del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, así como impartir justicia y garantizar el acceso a la reparación del daño integral de las víctimas.

Notas

1 Liliana Gómez, “Amarran y toman fotos humillantes a niños en albergues, el DIF investigará el caso” La Crónica. Recuperado de: amarran-estrangulan-toman-fotos-humillantes-ninos-albergues-gobierno.ht ml

2 Liliana Gómez, “Amarran y toman fotos humillantes a niños en albergues, el DIF investigará el caso” La Crónica. Recuperado de: amarran-estrangulan-toman-fotos-humillantes-ninos-albergues-gobierno.ht ml

3 Redacción, “DIF-CDMX investiga presunto maltrato de niños en albergue “San Bernabé”, Infobae. Recuperado de:https://www.infobae.com/america/mexico/2022/02/07/dif-cdmx-investiga -presunto-maltrato-de-ninos-en-albergue-san-bernabe/

4 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Recuperado de:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

5 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Recuperado de:

<https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Transla tions/spn.pdf>

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2022.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a regularizar la relación laboral con el personal del programa TAOC, a cargo de la diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El Programa Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares), implementado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México se encuentra dedicado para que, quienes son considerados talleristas promotores de la educación, la cultura y el deporte cuenten con un ingreso fijo y que puedan realizar sus labores en favor de la comunidad. Las líneas de acción de este programa contemplan el impulso del programa de Cultura Comunitaria, la consolidación de la red FAROS, la conformación de la red de cultura y centros culturales comunitarios, promover el arte en los Pilares y estimular las iniciativas culturales independientes.

Según denuncias, los facilitadores han señalado que, durante el año pasado tuvieron que realizar labores que no se especificaban en las Reglas de Operación del programa TAOC (Talleres de Artes y Oficios Comunitarios para el Bienestar, debiendo dedicar su tiempo a las jornadas de vacunación (como pudimos constatar personalmente), la verbena navideña, las actividades de Día de Muertos, sin ninguna prestación adicional. Según los propios facilitadores, no tienen ninguna relación laboral con la Secretaría de Cultura o cualquier otra instancia de gobierno y, adicionalmente, el pago mensual que recibían se ha reducido de 12 mil a solo 6 mil pesos en 2022.

Es por ello que la Comunidad Cultural de la Ciudad de México ha denunciado la precarización de estos puestos, se siente violentada en sus derechos e ignorada por las autoridades responsables quienes, en voz del Director del programa, Xavier Aguirre,

se negó al diálogo al rechazar mesas de trabajo en conjunto con Talleristas, Artistas y Servidores de la Cultura porque “sería buscar que se hagan trajes a la medida”. Anunció que las reglas se cambiarán solo en los errores de redacción. Los argumentos para los drásticos cambios en las Reglas de Operación fueron que el programa TAOC tiene (tenía) los ingresos más altos y que debe homologarse con otros programas (hacia abajo), ya que, en palabras textuales de Xavier: “el programa está pensado para quienes, por ejemplo, saben tocar guitarra y viven en la comunidad y no para quienes tienen expertise, oficio, conocimiento, profesionalidad, etc. es decir y en ese sentido reafirmamos que esto no es un trabajo”. Confirmó el número de horas planteadas en las Reglas de Operación, que son 120 horas mensuales entre las que destacan 16 horas destinadas a Servicio Comunitario (Como Brigadas de Vacunación y otras actividades que tiene preparadas la Jefatura de Gobierno para hacerlas efectivas, y que pierden el carácter de voluntario), con la misma reducción del apoyo percibido y sin posibilidad alguna de aumento, pues (de nuevo en palabras textuales de Xavier Aguirre) “no se puede permitir que un Tallerista de la Secretaría de Cultura gane más de $12,000 al mes porque eso ya lo convertiría en alguien de clase media. Imagínense si nos vamos a $15,000 pesos, serían ya de clase alta, y deben comprender que este programa está dirigido a personas vulnerables y que menos recursos tengan”. Al cuestionamiento de la reducción de la figura de Monitores y desaparición de Facilitadores, respondió que así lo ordena Jefatura de Gobierno por cuestiones presupuestales y que los Monitores ahora sólo tendrán perfil administrativo, se ocuparán de 6 sedes y llevarán el seguimiento de las listas de asistencia, y para quienes tengan un perfil más de Gestores Culturales les invitó a postularse en el rubro de Promotores Culturales. 1

Como respuesta, los talleristas organizaron la Asamblea de Cultura Comunitaria, Artes y Oficios Comunitarios, FAROS y PILARES de la Ciudad de México, de donde surgieron las siguientes demandas:

+Exigimos la continuidad de todos los Talleristas y Monitores que participan en el programa desde 2019, así como la reinserción de quienes fueron removidos por motivos injustos, como negarse a acudir a las brigadas de vacunación.

+Exigimos que la gobernanza de FAROS Y PILARES sea votada por Talleristas y Comunidad cultural con el fin de evitar que Monitores y Coordinadores vuelvan a ser figuras de acoso y represión por parte de las autoridades de la Secretaría de Cultura.

+Exigimos que las participaciones en Servicios Comunitarios sean totalmente libres, voluntarias y consensuadas.

+Exigimos diálogos justos, abiertos y públicos para evitar coaccionar a los representantes de la Asamblea, que en su turno, hagan presencia. 2

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de

Acuerdo

Único. La H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para regularizar la relación laboral con el personal del programa TAOC (Talleres de Artes y Oficios Comunitarios para el Bienestar) y generar los mecanismos para su profesionalización.

Notas:

1 https://www.reversos.mx/precarizacion-del-trabajo-de-agentes-culturales -en-la-cdmx/

2 https://libreenelsur.mx/vivir-o-subsistir/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2022.

Diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la UIF a investigar a los integrantes del autodenominado Grupo Una de la Ciudad de México para prevenir enriquecimiento ilícito de sus integrantes, a cargo de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, integrante del Grupo Parlamentario Morena de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El enriquecimiento ilícito de gobernantes del PRI y PAN ha sido uno de los actos de corrupción mas recurrentes en la historia de México, la Cuarta Transformación está decidida a acabar con esa lacerante corrupción que afecta a los más pobres, es por ello que, sobre quien tiene antecedentes se debe tener mayor vigilancia y cuidado, ese sería el caso de los alcaldes integrantes de la llamada UNA en la Ciudad de México que pertenecen a los referidos partidos políticos.

Incluso el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se le han acercado este tipo de personajes ha dicho “Voy a cuidar mi cartera... se me está acercando mucho ”, pero de lo que se trata es de cuidar la cartera de los ciudadanos, tal y como lo señalamos previamente estos personajes históricamente han incurrido en actos de corrupción y saqueo de las arcas del gobierno, de ahí el cuidado y observación sobre si incurren en actos de enriquecimiento y conocer cómo ha evolucionado su patrimonio de ellos mismos y de personas cercanas a ello, ya que comúnmente usas testaferros o prestanombres, de ahí que pidamos que sean investigados y fiscalizados por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Morena ganó en las urnas bajo el principio de “no robar ” y de “primeros los pobres ”, y debemos estar atentos de aquellos, cuyas prácticas y costumbres políticas no han sido las más benévolas con el Pueblo de México.

El denominado grupo UNA, alude a la unión de alcaldes de los partidos de la minoría en la Ciudad de México, donde no participan la mayoría de los alcaldes por lo que no representan ninguna unión más que los de sus intereses, además se desconoce la naturaleza y validez jurídica de dicho grupo, ya que las alcaldías son órganos político-administrativos que se integran por un alcalde o alcaldesa y un concejo, es decir no son unipersonales, de tal manera que las alcaldías reúnen la voluntad colectiva y la diversidad política y social de las demarcaciones.

Por otro lado, se precisa que los integrantes de este grupo en lugar de gobernar se han encargado de entorpecer al Gobierno de la Ciudad alegando supuesta falta de recursos, su argumento ha sido la obstaculización y la falta de dialogo con el gobierno local, y se han dedicado a impugnar judicialmente, entre quienes integran ese grupo

En efecto, los integrantes de la UNA han promovido controversias constitucionales en contra de acuerdos del Gobierno de la Ciudad de México para facilitar la construcción de viviendas, espacios para la salud, escuelas y vías rápidas, pero afortunadamente fueron desechadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , como se aprecia están en contra de la vivienda social, de la salud y la educación, lo que ellos quieren es controlar los recursos públicos.

Recientemente mostraron renuencia a que la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Ciudad de México los investigará, aunque deben entender que es necesario el trabajo de estas instituciones y mecanismos para hacer frente a la lucha contra la delincuencia organizada, la corrupción y el amplio margen del flujo de recursos ilícitos que tienen su origen precisamente en estas conductas ilícitas, de ello se quejaron los munícipes de Álvaro Obregón, Lia Limón; de Benito Juárez, Santiago Taboada; de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y de Coyoacán, Giovani Gutiérrez.

En efecto, las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica en las entidades federativas se encargan de combatir las estructuras financieras de redes criminales desde el ámbito local, con investigaciones que cuenten con información de calidad, por lo que no debiesen tener preocupación alguna si en efecto su patrimonio es claro y transparente, y en el ámbito federal tenemos la Unidad de Inteligencia Financiera que es a quien exhortamos para que realice un trabajo de investigación más exhaustivo, ya que como hemos afirmado por lo regular las personas con acceso ilícito a fuentes de recursos, usan testaferros y crean tramas complejas para ocultar el dinero.

La opacidad es la regla en estos personajes políticos, por ejemplo, si se revisa la declaración patrimonial de dos de las integrantes de este grupo cuando ocuparon una Subsecretaria de Estado y una Jefatura de Departamento, en sus declaraciones dice: “el servidor público no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales ”2


O bien al buscar las declaraciones patrimoniales de la Alcaldía Benito Juárez en la Plataforma Nacional de Transparencia se tiene que hay “cero” registros3 , veamos:

Como se aprecia, si los ciudadanos no pueden acceder a conocer el patrimonio de quien los gobierna ni su evolución da pie a la suspicacia de que tratan de ocultar algo, eso es precisamente, lo que quiere acabar la Cuarta Transformación.

Al parecer las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Ciudad de México ya están dando resultados, una de las integrantes de la organización UNA declaró que “yo solamente quiero decirles, uno, que no me dan miedo y, dos, que voy a ser más precavida ”, que bueno que va a cuidarse más si antes no lo hacían, pero en realidad no deberían cuidarse de nada si han actuado con honestidad y transparencia.

Como señalamos al principio, algunos políticos de los conservadores entran ricos al ejercicio de un cargo público y salen millonarios, es por ello, que deben ser investigados y se debe conocer una evolución de su patrimonio y de su entorno.

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno federal a efecto de que investigue a los integrantes del autodenominado “Grupo UNA” de la Ciudad de México a fin de prevenir cualquier acto de enriquecimiento ilícito de sus integrantes.

Notas:

1. https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/26/capital/
desecha-scjn-dos-recursos-de-alcaldia-bj-contra-normas-del-gcdmx/

2. https://servidorespublicos.gob.mx/

3. https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica .xhtml#tarjetaInformativa

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2022.

Diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Conacyt sobre el desarrollo de la vacuna Quivax 17.4 contra el Covid-19, diseñada por investigadores, alumnos y docentes de la UAQ, a cargo del diputado Ignacio Loyola Vera, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Ignacio Loyola Vera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura federal, y suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

En el artículo 1o. de la Ley de Ciencia y Tecnología se establece lo siguiente:

Artículo 1o. La presente ley es reglamentaria de la fracción V del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tiene por objeto

I. Regular los apoyos que el gobierno federal está obligado a otorgar para impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en general en el país;

II. Determinar los instrumentos mediante los cuales el gobierno federal cumplirá la obligación de apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación;

III. Establecer los mecanismos de coordinación de acciones entre las dependencias y entidades de la administración pública federal y otras instituciones que intervienen en la definición de políticas y programas en materia de desarrollo científico, tecnológico e innovación, o que lleven a cabo directamente actividades de este tipo;

IV. Establecer las instancias y los mecanismos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, así como de vinculación y participación de la comunidad científica y académica de las instituciones de educación superior, de los sectores público, social y privado para la generación y formulación de políticas de promoción, difusión, desarrollo y aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como para la formación de profesionales en estas áreas;

V. Vincular a los sectores educativo, productivo y de servicios en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación;

VI. Apoyar la capacidad y el fortalecimiento de los grupos de investigación científica y tecnológica que lleven a cabo las instituciones públicas de educación superior, las que realizarán sus fines de acuerdo a los principios, planes, programas y normas internas que dispongan sus ordenamientos específicos;

VII. Determinar las bases para que las entidades paraestatales que realicen actividades de investigación científica y tecnológica sean reconocidas como centros públicos de investigación, para los efectos precisados en esta ley;

VIII. Regular la aplicación de recursos autogenerados por los centros públicos de investigación científica y los que aporten terceras personas; y

IX. Fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación de las empresas nacionales que desarrollen sus actividades en territorio nacional, en particular en los sectores donde hay condiciones para generar nuevas tecnologías o lograr mayor competitividad.1

Como se lee en las fracciones I a IX del artículo 1o. de la Ley de Ciencia y Tecnología, y sujetos a lo dispuesto en el artículo 3o., fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Ciencia y Tecnología en su primer artículo, establece la importancia del impulso, respaldo, fomento y apoyo a la investigación científica, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, las políticas rectoras y, los lineamientos para establecer los mecanismos oportunos que permitan dar cumplimiento a lo dispuesto y establecido en el marco jurídico y legal mexicano en materia de ciencia, tecnología, investigación e innovación.

La fracción V del artículo 3o. de la Constitución, que sirve como pilar fundamental al desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología, establece lo siguiente:

Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia; además alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;2

Desde el inicio de la Pandemia de Covid-19, todo el planeta ha volcado esfuerzos multidisciplinarios a través de sus universidades, centros de investigación, empresas privadas, gobiernos, instituciones, etcétera. A la búsqueda exhaustiva de un combate frontal a través de la ciencia, tecnología, innovación e investigación científica, que permita a los humanos hacer frente a esta histórica y descomunal pandemia que ha afectado a todos los países del planeta.

Durante años completos, los científicos de todo el mundo, incluso de pequeños países y economías, han aportado sus resultados por el bien de la humanidad. México, no ha mostrado el mismo compromiso y, es por esta razón, que se elabora este llamado a través de este punto de acuerdo, donde se establece la importancia de respaldar a nuestras instituciones, dando cumplimiento de lo establecido en las leyes mexicanas. Les invitamos a cumplir la ley.

La Universidad Autónoma de Querétaro, como muchas universidades públicas y privadas del país, ha realizado esfuerzos extraordinarios en materia de investigación para el desarrollo de biológicos que permitan hacer frente al Covid-19. Muchas universidades han innovado a través de la investigación y la experimentación en resultados favorables que nos colocan en la dinámica internacional.

Se resalta que en los laboratorios de la UNAM fue descifrado el código genético del Covid-19, un paso importante para el desarrollo de las vacunas. Éste es un logro importante del cual, como mexicanos debemos de sentirnos orgullosos.

La Universidad Autónoma de Querétaro se encuentra en las fases finales del desarrollo de la primera vacuna mexicana contra el Covid-19. Los recursos económicos han sido insuficientes y, esta universidad ha tocado diversas puertas para la búsqueda de fondos que les permitan terminar el proceso de investigación. Esta universidad, en sus laboratorios y, con el trabajo de investigadores, alumnos, docentes y, la cooperación social local, ha logrado grandes avances en la vacuna que han llamado Quivax 17.4.

La Ley de Ciencia y Tecnología es clara, es precisa y no deja espectros de interpretación. Lo que se desarrolla en la Universidad de Querétaro es investigación científica, innovación tecnológica, ciencia y tecnología. Cumple todos los requerimientos para que ustedes, desde el Conacyt, puedan intervenir con el respaldo a este proyecto científico que se encuentra en sus etapas finales.

La Dra. Teresa García Gasca, Rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro ha informado de los avances de la investigación y, los resultados son favorables y alentadores y, lo único que les hace falta son recursos económicos para terminar con este gran avance científico mexicano.

En declaraciones en foros y conferencias de prensa, gran parte del equipo involucrado han destacado los resultados obtenidos:

Al explicar la parte científica y técnica de la vacuna Quivax 17.4, el líder del Laboratorio de Inmunología y Vacunas de la UAQ y principal autor del proyecto, doctor Juan Joel Mosqueda Gualito, señaló que la disponibilidad de vacunas en la República Mexicana depende de las ventas de las compañías trasnacionales; y resaltó la viabilidad de que México invierta en su propia vacuna, tomando en cuenta que –de acuerdo con cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores– se han invertido, por ejemplo, cerca de 802 millones de dólares tan solo en adquirir 40 millones de dosis de la farmacéutica Pfizer.

Con respecto al proceso que lleva actualmente la vacuna Quivax 17.4, el doctor Mosqueda Gualito indicó que se rediseñó la molécula de la vacuna original para que incluyera los péptidos (proteínas) de las cuatro variantes de preocupación: Alfa, Beta, Gama y Delta, además de la cepa original del virus de Wuhan.

La función de la Quivax, explicó el científico, quien cuenta con más de dos décadas de experiencia en el desarrollo de vacunas, es bloquear el acceso del virus a las células humanas para que no las pueda infectar.

Además, como parte del proceso, se mezcla la proteína del virus con una sustancia conocida como “adyuvante” que incrementa la respuesta inmunológica, esto es, la producción de anticuerpos en los sujetos inoculados.

De acuerdo con las pruebas realizadas en cabras, ovejas y cerdos, durante la etapa de la fase preclínica de Quivax 17.4, la vacuna no les produjo ningún daño ni reacción; y, por el contrario, se detectó que los animales sí generaron altos niveles de anticuerpos, incluso en las mediciones hechas después de cinco meses de haber sido inoculados.

Entre los más recientes avances del proyecto, indicó el doctor Mosqueda Gualito, se encuentra el establecimiento de convenios con instituciones y terceros autorizados para efectuar las pruebas que requiere la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), como el Cinvestav, la Secretaría de Defensa Nacional, el Laboratorio de Especialidades Inmunológicas y Unidad de Desarrollo e Investigación en Bioprocesos)-IPN.

Actualmente también se evalúan adyuvantes de uso humano para agregarlos a la molécula de la vacuna y se está estableciendo un sistema de gestión de calidad en el Laboratorio de Inmunología y Vacunas y en el Bioterio de la Facultad de Ciencias Naturales.

Los datos de los ensayos de la Quivax 17.4 rediseñada serán presentados a mediados del 2022 a la Cofepris para su aprobación; para, entonces, poder iniciar finalmente la fase clínica, es decir, las pruebas en humanos, apuntó el doctor Mosqueda.

Respecto a los recursos que la UAQ ha invertido en el proyecto de este candidato vacunal, la rectora de la máxima casa de estudios presentó asimismo un reporte detallado.

Para la primera versión de la vacuna, se invirtieron 3 millones 57 mil 876 pesos de recursos propios en materiales y reactivos (586 mil 549 pesos), equipamiento (2 millones 470 mil 244) y mil 83 pesos en servicios complementarios. Adicionalmente, se recibió, por gestión de la SRE, 3 millones 333 mil 333 pesos por parte de la Amexid; de los cuales se invirtieron 895 mil 54 pesos en materiales y reactivos; 1 millón 298 mil 173 pesos en equipamiento; 136 mil 129 pesos en instalación y mantenimiento de equipo de laboratorio; 205 mil 396 pesos en servicios complementarios y se comprometió un recurso de 798 mil 579 pesos para más equipo de laboratorio necesario.

Para la segunda versión de la vacuna, la UAQ organizó el Vacunatón, el Ecovacunatón, así como eventos culturales y deportivos, en los que la sociedad, el gobierno Estatal, empresas y algunos ayuntamientos, aportaron un total de 8 millones 183 mil 279 pesos. De los cuales se han invertido 1 millón 613 mil 713 pesos en materiales y reactivos; 114 mil 820 pesos en instalación y mantenimiento de equipo de laboratorio; 292 mil 457 pesos en honorarios profesionales; y 109 mil 603 pesos en servicios complementarios.

A esto se le suman los pagos en curso, para las adecuaciones físicas y mobiliario del laboratorio de Vacunas, con un costo aproximado de 1 millón 300 mil pesos; 50 mil pesos para efectuar las pruebas del adyuvante; y un millón 400 mil pesos para las pruebas certificadas de inmunogenicidad y seguridad.

Al respecto del destino de las aportaciones, el secretario particular de Rectoría, maestro Luis Alberto Fernández García, reiteró que todas las aportaciones entran a la Tesorería Universitaria y se utilizan bajo las reglas que implica usar recursos públicos, con auditorías, comprobantes y supervisión.

Para terminar las pruebas preclínicas, dijo la doctora García Gasca, se necesitarán aproximadamente 2 millones de pesos adicionales, ya que, a partir de ahí, la empresa Neolpharma, farmacéutica mexicana con la que se firmó el convenio de colaboración, se hará cargo de los costos de las etapas I y II de la fase clínica.

Sin embargo, la doctora Teresa García Gasca también observó que para la tercera etapa de la fase clínica se necesitará forzosamente del apoyo de Gobierno Federal y Estatal, pues los costos de estas pruebas pueden ubicarse entre 300 y 400 millones de pesos.

Durante la conferencia de prensa, las autoridades universitarias destacaron el trabajo colaborativo entre las instancias en la UAQ, pero también con instituciones externas, como el Tecnológico de Monterrey, el Cinvestav, la UNAM, BrunckLab, el Laboratorio de inmunología CIAB, Kansas State University, Sartorius, Detección Molecular y Asesoría Analítica, la UDIBI, la CPA y, por supuesto, el grupo farmacéutico Neolpharma.3

Los recursos económicos que requieren para culminar este gran avance científico son menores de 20 millones de pesos, una cantidad ridícula para el beneficio que generará en la sociedad mexicana y el mundo.

Es momento de que ustedes cierren filas con los investigadores mexicanos y, se haga valer el derecho constitucional de los mexicanos de gozar los frutos de la investigación científica como se establece en la fracción V del artículo 3o. de la Constitución.

No se están solicitando acciones imposibles, y es obligación del Estado mexicano, así lo establecen las leyes en la materia, el fomento, desarrollo e impulso a este tipo de acciones.

Por lo expuesto e invocado en el proemio someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El pleno de la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura federal exhorta de manera respetuosa a la ciudadana María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora del Conacyt, a establecer en la facultad de sus competencias los mecanismos oportunos y necesarios con objeto de apoyar y respaldar el proceso de investigación del desarrollo de la vacuna Quivax 17.4, desarrollada por la Universidad Autónoma de Querétaro.

Notas

1 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lct.htm Transcripción textual del artículo 1o. de la Ley de Ciencia y Tecnología vigente para los Estados Unidos Mexicanos para enero de 2022.

2 http://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.diputados.gob.mx
%2FLeyesBiblio%2Fpdf%2FCPEUM.pdf&clen=2698505&chunk=true
Transcripción textual de la fracción V del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de investigación científica.

3 http://www.anuies.mx/noticias_ies/presenta-uaq-avances-de-la-vacuna-qui vax-174-contra-sars-cov-2 Transcripción textual de la nota de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, con fecha de 29 de noviembre 2021.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2022.

Diputado Ignacio Loyola Vera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al INM a respetar los derechos humanos de los extranjeros al tratar de ingresar en territorio nacional, a cargo de la diputada Sofía Carvajal Isunza, del Grupo Parlamentario del PRI

La diputada Sofía Carvajal Isunza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del honorable Congreso de la Unión punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El pasado miércoles 19 de enero de 2022, en el Aeropuerto Internacional de Cancún, fueron retenidos por autoridades migratorias cerca de 80 extranjeros venezolanos que deseaban ingresar al país con motivos turísticos y de visita familiar. Dentro de los requisitos de ingreso, los agentes del Instituto Nacional de Migración solicitaban la presentación de un visado cuya disposición aun no entraba en vigor, por lo que la exigencia de su presentación se encontraba fuera de toda norma. Pese a ello, los ciudadanos venezolanos fueron retenidos por las autoridades migratorias durante varias horas sin conocer el motivo de su detención y mucho tiempo después las autoridades determinaron la deportación de varios de ellos de manera ilegal, sin que pudieran conocerse de manera concreta los motivos de esta decisión.

Otro hecho similar ocurrió el pasado 19 de diciembre de 2021, cuando decenas de turistas venezolanos que venían de visita con sus familiares por Navidad, denunciaron haber sido retenidos durante varios días en oficinas migratorias del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sin que se le hiciera saber el motivo de su detención, ni se les permitiera mostrar sus documentos, pese a traer los documentos y requisitos de ingreso a nuestro país.1

Los anteriores no han sido actos aislados, sino actuaciones sistemáticas de parte de las autoridades migratorias mexicanas, enfocadas específicamente sobre las personas procedentes de Venezuela. El 6 de septiembre de 2021 se hizo público, a través de un medio de comunicación impreso, la determinación de la Agencia Federal de Aviación Civil Mexicana (AFAC) de reducir los vuelos procedentes de Venezuela, bajo el argumento de que al menos un tercio de las personas que proceden de ese país se mantienen en México de manera ilegal.2

El reconocimiento y protección de los derechos humanos de toda persona se encuentra establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo tanto, en nuestro territorio las autoridades tienen la obligación de garantizar su respeto y protección hacía cualquier persona no importando su origen o nacionalidad, más aún, en el último párrafo del mismo precepto constitucional, se establece de manera expresa la prohibición de discriminación por nacionalidad. Bajo estos supuestos, las medidas adoptadas por las autoridades migratorias en los aeropuertos, enfocadas especialmente hacía un grupo de determinada nacionalidad, pueden ser consideradas como acciones xenofóbicas de no encontrar un basamento de legalidad debidamente fundado y motivado que respalde sus determinaciones. El acoso sistemático y el establecimiento de criterios generales más estrictos hacia las personas de Venezuela por su sólo origen nacional, son actos violatorios de los derechos humanos.

En el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece lo que se conoce como el principio de legalidad, el cual implica la obligación de toda autoridad de fundar y motivar debidamente cualquier acto de molestia hacía la libertad, posesiones, papeles, familia o domicilio de las personas. Es gracias al principio de legalidad que se establecen límites concretos a la discrecionalidad con que cuentan los servidores públicos para el ejercicio de sus facultades. Si bien es cierto toda autoridad administrativa cuenta con un ámbito de discrecionalidad que le permite determinar la procedencia o no de cierto trámite u acción bajo su responsabilidad, también es cierto que toda determinación debe estar debidamente fundado y motivado, pues de esta manera se puede garantizar el derecho humano al debido proceso, que implica el derecho de toda persona a ser oído y vencido en un proceso.

El artículo 2o. de la Ley de Migración establece los principios que rigen a las autoridades migratorias, entre ellos, el respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria; el principio de congruencia, de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de extranjeros en su territorio; el principio de unidad familiar; el principio de integración social y cultural entre nacionales y extranjeros residentes en el país y el principio de convencionalidad, que garantiza el trato digno de toda persona migrante.

En México, de acuerdo con cifras del Censo de Población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se encuentran actualmente cerca de 83 mil venezolanos, mismas personas que tienen derecho a la unidad familiar y al mantenimiento de sus lazos sociales y culturales, establecer limitante generales a priori , por el temor infundado a la migración irregular, implicaría la violación sistemática hacía personas de esa nacionalidad y perpetuaría un estereotipo hacía nacionales de ese país, por lo que el precedente de este tipo de criterios es peligroso.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Instituto Nacional de Migración a respetar de manera irrestricta los derechos humanos de los extranjeros que tratan de ingresar a nuestro territorio.

Segundo. Se exhorta al Instituto Nacional de Migración a respetar los principios de legalidad y debido proceso en los trámites de ingreso de extranjeros al territorio nacional, brindándoles en todo momento información sobre su estatus legal, respuestas fundadas y motivos que amparen sus determinaciones y la posibilidad de defenderse y ser oídos durante los trámites de ingreso al país.

Tercero. Se exhorta al Instituto Nacional de Migración a erradicar toda discriminación motivada por la nacionalidad de quienes desean ingresar a nuestro territorio.

Notas

1 Televisa , Turistas venezolanos denuncian extorsión de oficinas migratorias del AICM para garantizar ingreso a México, consultado el 3 de febrero de 2021 en https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/turistas-venezolanos-d enuncian-extorsion-de-oficinas-migratorias-del-aicm-para-garantizar-ing reso-a-mexico/

2 El Sol de México , Un tercio de venezolanos que viaja a Cancún no regresa a su país, consultado el 3 de febrero de 2021 en https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/un-tercio-de-venezolan os-que-viaja-a-cancun-no-regresa-a-su-pais-7180411.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2022.

Diputada Sofía Carvajal Isunza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la creación de una comisión especial encargada de realizar los trabajos preparatorios para que se conmemore el 150 aniversario de la muerte del presidente Benito Juárez García, a cargo de la diputada Shirley Vázquez Romero, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita Shirley Guadalupe Vázquez Romero, diputada de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, someto a la consideración de este Honorable pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados apruebe la creación de una Comisión Especial encargada de realizar los trabajos preparatorios para que a lo largo y ancho del país se conmemore el 150 aniversario de la muerte del Presidente Benito Juárez García, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Sin lugar a dudas el Licenciado Benito Juárez García es uno de los hombres más importantes en la historia de nuestro país. Quizás nadie como él tuvo que enfrentar la adversidad y superar todos los obstáculos que a lo largo de su vida enfrentó.

Nacido en una familia muy humilde en San Pablo Guelatao, en el hoy estado de Oaxaca, el 21 de marzo de 1806, no habló el español sino hasta la edad de 13 años abandona su pueblo natal para llegar a la ciudad de Oaxaca y se coloca en la casa de Don Antonio Sala Nueva, quien fue su primer mentor.

En 1821, casi un mes después de la consumación de nuestra Independencia, ingresa al Seminario Pontificio de la Santa Cruz a estudiar. En 1831 concluye sus estudios de jurisprudencia y se integra a la participación en la vida pública de su Estado.

Sirve en el Poder Judicial de su Estado, Diputado Local, Juez de primera instancia, Gobernador Constitucional de su Estado.

En 1847 es electo diputado al Congreso de la Unión y le corresponde aprobar la ocupación de los bienes eclesiásticos, decretada por el presidente Valentín Gómez Farías por 15 millones de pesos, recursos que se usarían para la defensa del territorio nacional invadido ya, por los ejércitos de Estados Unidos de Norteamérica, tras la cual nuestro país perdería poco más del territorio nacional.

Se afilia a las ideas políticas del neoliberalismo y en consecuencia es enemigo del dictador Antonio López de Santa Anna, en cuyo gobierno es deportado por lo que sale de México a la Habana y de ahí a New Orleans, donde trabaja forjando puro para subsistir.

Ahí conoce a quienes serían en el futuro sus compañeros de lucha como: Don Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga y José María Mata, entre otros.

En 1854, al estallar la Revolución de Ayutla, regresa a la República Mexicana y se pone a las órdenes del General Juan Álvarez.

Al ser designado Don Juan Álvarez presidente de la República forma parte de su gabinete como Secretario de Instrucción Pública y Negocios Eclesiásticos y en tal carácter en noviembre de 1855 emite la Ley Juárez, en la que se eliminan los fueros eclesiásticos y militares generando gran irritación entre estos sectores.

En 1857, es electo Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cargo del que solicita licencia para separarse, ocupando el cargo de Secretario de Gobernación.

Al negarse a secundar el golpe de estado del presidente Ignacio Comonfort bajo el Plan de Tacubaya del 17 de diciembre de 1857, es encarcelado en Palacio Nacional.

Liberado en enero de 1858 asume la Presidencia de la República el día 19 de ese mismo mes. Con este hecho da inicio a la llamada guerra de Reforma o de los 3 años que se libró entre el Gobierno Legítimo de la República y los facciosos clericales encabezado por Miguel Miramón.

En 1859, se dictan desde Veracruz las Leyes de Reforma, cuyo propósito fueron la regulación de aspectos importantes de la vida nacional y, fundamentalmente, poner en circulación la riqueza del clero.

Entre estas leyes destacan la: Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, Ley de Matrimonio Civil, Ley Orgánica de Registro Civil, Ley sobre libertar de cultos y el Decreto por el que se extinguen en toda la República las comunidades religiosas.

Una vez que las armas nacionales vencen a los conservadores el 22 de diciembre de 1860, regresa el Gobierno Legítimo de la República a la Ciudad de México.

De 1862 a 1867, enfrenta la Invasión Francesa y la imposición de un Gobierno ilegítimo por parte de Imperio Francés que culmina con la ejecución de Maximiliano de Habsburgo de 1867 en el cerro de las Campanas en Querétaro.

Después de cinco años de intentar pacificar al país y rencausarlo en las actividades productivas para generar los trabajos que la sociedad mexicana demandaba, el Presidente de la República, Benito Juárez García fallece en sus habitaciones del ala norte de Palacio Nacional el 18 de julio de 1872.

Al morir, cruzo el umbral de la vida terrenal a la inmortalidad y obtuvo el reconocimiento de múltiples gobiernos e intelectuales extranjeros por su Fe inquebrantable por la defensa de la libertad y soberanía de nuestra Patria.

En el año de 1972, en el centenario de su fallecimiento, el gobierno de la República declaró a ese año, como el “Año de Juárez” y se le realizaron múltiples homenajes en todo el país. Inclusive se realizaron ediciones de obras de la época como la de Justo Sierra, “Juárez, su obra y su tiempo” que esta Cámara de Diputados ha editado al igual que el de Martín Quirarte: “Las relaciones entre Juárez y el Congreso”.

Por ello propongo que esta soberanía, a través de la Comisión especial que se apruebe y en coordinación con el Comité Editorial realicen las publicaciones correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el Artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acuerda la creación de una Comisión Especial encargada de llevar a cabo los trabajos que resulten necesarios para conmemorar el 150 aniversario del fallecimiento del Licenciado Benito Juárez García, quien fuera Presidente de la República en diferentes períodos que van del 19 de enero de 1858 al 18 de julio de 1872.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero del 2022.

Diputada Shirley Guadalupe Vázquez Romero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a ASF a investigar el posible conflicto de intereses por el otorgamiento de contratos petroleros a la empresa Baker Hughes por Pemex, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. El 19 de agosto de 2019, Baker Hughes firmó un contrato con Petróleos Mexicanos por 85 millones de dólares, lo cual ocurrió al mismo tiempo que el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán ocupaba la casa de Keith Schilling ubicada en el estado de Texas en Estados Unidos de América, uno de los ejecutivos pertenecientes a la empresa petrolera privada.1

Según la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, desde ese momento, los contratos ganados por Baker Hughes comenzaron a incrementarse llegando a generar entre agosto de 2019 a enero de 2020, 194 millones de dólares por asignaciones de Pemex, el equivalente a poco más de 3.9 mil millones de pesos mexicanos.2

De acuerdo a declaraciones emitidas por parte de Keith Schilling, él desconocía el parentesco de su inquilino y el actual Presidente de la República. Sin embargo, esto resulta ser contradictorio, ya que, al ser una casa con un costo muy elevado, las agencias inmobiliarias llevaban a cabo investigaciones con la finalidad de saber la solvencia moral y económica de los inquilinos, todo ello antes de firmar cualquier tipo de contratos para evitar todo tipo de riesgo que tenga que ver con insolvencia o conflicto de intereses.3 Lo anterior deja en duda las declaraciones emitidas por el ejecutivo de la petrolera, pues el hijo del Presidente, así como su esposa son personas políticamente expuestas, algo que debió ser advertido para evitar este tipo de situaciones.

II. Para febrero de este año, se descubrió que sumado a los contratos por 85 millones de dólares que otorgó Pemex a Baker Hughes, se tenían ampliaciones adicionales de más de 100 millones de dólares de un contrato con Petróleos Mexicanos. La primera de dichas ampliaciones se dio en septiembre de 2019, justo cuando el hijo de Andrés Manuel y su nuera se mudaron a la residencia de uno de los ejecutivos de Baker; la segunda se dio en 2020 cuando, Keith. L Schilling, abandonó la petrolera. Estas ampliaciones se hicieron sin ningún tipo de licitación y sin la aprobación por parte del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos.4

De acuerdo a la investigación que reveló las ampliaciones de los contratos en comento, durante una sesión extraordinaria del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, que se llevó a cabo el 24 de junio de 2019, se cambió la estructura operativa de la empresa productiva del estado, en la cual se creó una dirección encargada de la administración exclusiva de los contratos de perforación para pozos marinos.5

Dicha dirección entro en operaciones de manera inmediata, el 01 de julio de ese año y para su primera semana de actividades solicito hacer modificaciones a uno de los contratos entre Pemex y Baker Hughes, específicamente uno que se firmó en marzo de 2018 para perforación en la zona de Campeche, donde se realizó una ampliación del 75% adicional al monto original, es decir un incremento de 49 millones de dólares.6

Además de lo anterior, este incremento del 75% adicional a lo estipulado en el contrato de la Zona de Campeche, no cuenta con la justificación técnica requerida en otros contratos, pues este únicamente se justifica que ellos 49 millones adicionales se están gastando para acelerar la incorporación de reservas, sumando a esto que las modificaciones se dieron en menos de un mes.7

Asimismo, para diciembre de 2019, Pemex volvió a aprobar un nuevo aumento de 60 millones de dólares en el mismo contrato de la Zona de Campeche, utilizando nuevamente la justificación de que esto se llevaría a cabo para la aceleración en la incorporación de reservas, ello tan solo en unos cuantos días y sin la aprobación del Consejo de Administración de Pemex; lo cual convirtió a dicho contrato en una asignación de 176 millones de dólares, es decir 167% más de lo establecido en un principio.8

Por lo anteriormente expuesto someto consideración de esta cámara la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a investigar el posible conflicto de intereses generado por los contratos para perforación de pozos marinos, entre Petróleos Mexicanos y la empresa petrolera Baker Hughes.

Segundo . La Cámara de Diputados exhorta a Petróleos Mexicanos a hacer pública la justificación técnica para realizar incrementos con un valor total de 109 millones de dólares en el contrato de perforación marina en la Zona de Campeche, llevado a cabo entre Petróleos Mexicanos y la empresa Baker Hughes, en marzo de 2019.

Tercero . La Cámara de Diputados exhorta a Petróleos Mexicanos a hacer público un informe detallado donde se dé a conocer la justificación del porqué se realizaron incrementos con un valor total de 109 millones de dólares, sin ningún tipo de licitación y sin la aprobación por parte del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, en el contrato de perforación marina en la Zona de Campeche, llevado a cabo entre Petróleos Mexicanos y la empresa Baker Hughes, en marzo de 2019.

Notas

1 “Baker Hughes recibió $3,900 millones en primeros 5 meses en que hijo de AMLO ocupó casa de directivo”, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. 2022. Recuperado de: https://contralacorrupcion.mx/baker-hughes-recibio-3900-millones-en-pri meros-5-meses-en-que-hijo-de-amlo-ocupo-casa-de-directivo/

2 Ibídem.

3 “Exejecutivo de Baker Hughes no sabía que su inquilino era hijo de AMLO”, Blomberg, 2022. Recuperado de: https://www.bloomberglinea.com.mx/2022/02/05/exejecutivo-de-baker-hughe s-no-sabia-que-su-inquilino-era-hijo-de-amlo/

4 “Los otros millones de Baker”, El Mural, 2022. Recuperado de: https://www.mural.com.mx/los-otros-millones-de-baker-2022-02-05/op22071 0?referer=—7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a—

5 Ibídem.

6 Ibídem.

7 Ibídem.

8 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2022.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a emitir el acuerdo secretarial pertinente para el reconocimiento pleno del telebachillerato comunitario, a cargo de la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada Olga Luz Espinosa Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I; 79 numeral 2, fracción III y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El año pasado medios de comunicación del estado de Chiapas informaron sobre el asunto que ocupa esta proposición. En los encabezados de los diarios, se podia leer: “En riesgo educación de 14 mil jóvenes de telebachillerato, gobierno podría cerrarlos” 1

Alerta Chiapas informa que “docentes y padres de familia de diversas localidades de Chiapas, denunciaron el cierre arbitrario de planteles de Telebachillerato y exigen la no conversión de los mencionados a modelos de Prepa en Línea, así como el adeudo de sueldos”.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, los Telebachilleratos Comunitarios son una opción educativa creada por la Secretaría de Educación Pública para ofrecer servicios de Educación Media Superior a comunidades rurales más apartadas del país que cuentan con menos de 2,500 habitantes, y que no disponen de servicio de bachillerato en un radio de 5 kilómetros.

Desde 2013 este modelo funciona en 31 Entidades Federativas por lo que es imperante que la Cámara de Diputados haga un llamado al gobierno federal a que dote de estabilidad legal, económica y operativa a los telebachilleratos e impida el cierre de estos centros, que en muchas comunidades son el máximo grado que los jóvenes pueden aspirar.

Fuente: Telebachilleratos Comunitarios. Subsecretaría de Educación Media Superior: Telebachilleratos Comunitarios (sems.gob.mx)

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza la educación, la igualdad de la mujer, entre otros.

En este sentido, cabe destacar que en el año 2013, surge el programa denominado Telebachillerato Comunitario a través de una fase piloto en distintas Entidades del país siendo el principal objetivo la cobertura total de la Educación Media Superior y teniendo como mejor argumento que la atención de otros Subsistemas destinados a este apartado de la Educación, había sido rebasado, en más del 30%, desatendiendo a más del 45% de la población entre 15 a 17 años: provenientes de comunidades altamente marginadas y con una población menor a 2,500 habitantes.

Actualmente existen aproximadamente más de 3,323 planteles con una matrícula de 142,193 estudiantes y 10,000 docentes, modificando de manera positiva los índices educativos propuestos, como objetivo al momento de su creaciónn.

Fuente: Telebachilleratos Comunitarios. Subsecretaría de Educación Media Superior: Telebachilleratos Comunitarios (sems.gob.mx)

Al día de hoy, el Telebachillerato Comunitario se ha posicionado como un modelo educativo alternativo para las comunidades más alejadas de las ciudades, cabe destacar que las mismas cuentan con un enorme rezago de desarrollo social, justo es decir que este sistema educativo se encuentra actualmente con un mayor crecimiento a nivel nacional. Esto ha ocurrido principalmente porque es una opción que no genera un gran gasto excesivo al Estado en materia educativa, dado que funciona con una planta docente reducida y a pesar de que los gobiernos tanto estatales como el federal no asignan inversión de los recursos públicos en infraestructura a los planteles educativos: muchas comunidades por medio de los padres de familia de los propios estudiantes han invertido recursos propios tanto económicos como de mano de obra para desarrollar la infraestructura necesaria para estas escuelas, por lo tanto, es un sistema factible para acercar el servicio de educación media superior a poblaciones pequeñas altamente marginadas y en condiciones vulnerables en las que, por sus características los jóvenes tienen pocas o nulas oportunidades del derecho constitucional de acceso a la educación.

El Telebachillerato Comunitario opera a través de convenios financieros firmados entre los Estados y la Federación, sin embargo, algunos Estados no cumplen con todas las prestaciones de ley a las que tienen derecho toda la plantilla de trabajadores, violentando con ello los derechos laborales de los trabajadores.

En el 2019 el Telebachillerato Comunitario fue reconocido legalmente en el artículo 45 de la Ley General de Educación como un servicio educativo, pero, dentro de la estructura orgánica de la Secretaría de Educación Pública no figura como un subsistema educativo en el nivel Medio Superior, por lo tanto no se cuenta con un techo financiero asignado en el marco legal del Presupuesto de Egresos de la Federación exclusivamente para este servicio educativo, los recursos con los que opera son a través de subsidios U006.

La mayoría de las entidades federativas no tiene los mecanismos claros del cómo operar lo que ha generado lacerar y cometer una serie de atropellos a los derechos legales de los trabajadores, desde ocultarles o negarles la ruta académica, hasta llegar a lo más nefasto que es transgredir con ello hasta sus propios derechos humanos, el privar o negar el pagar los salarios ganados a los docentes, sus prestaciones de seguridad social, o hasta lo más mínimo como son sus prestaciones básicas a las que tiene derecho todo trabajador, transgrediendo con ello hasta sus derechos humanos.

Ante esta situación los docentes de los diferentes Telebachilleratos Comunitarios a nivel nacional se han visto en la necesidad de organizarse y el pasado 3 de diciembre del 2020 con el amestro Esteban Moctezuma Barragán ex titular de la SEP, se generó una minuta de acuerdos en la cual se estipulo que se trabajará para garantizar los derechos laborales de los casi 10,000 trabajadores de la educación comunitaria.

El gobierno sustenta su estrategia educativa en la entrega de becas que no garantizan la permanencia de los alumnos en las escuelas, tan solo el año pasado abandonaron cerca de 5.5 millones de estudiantes sus estudios, dejando de asistir a los centros escolares.

Cabe señalar que para este gobierno lo que si tiene validez y legalidad son las Universidades Benito Juárez, las cuales se encuentran acéfalas ya que no cuentan con instalaciones educativas, docentes preparados, en algunos caso lo peor es la falta de ellos, ah pero eso sí, se les asignan millones de pesos y dejan en el olvido a los telebachilleratos, cuyos profesores trabajan prácticamente de manera gratuita, porque el Estado al pagarles a través de una beca no es más que el ser miserables con la educación de nuestro país, no sin agregar que tienen que impartir clases en instalaciones educativas deplorables.

Del Resumen Ejecutivo, denominado: “Sistema de Operación y Seguimiento de Telebachilleratos Comunitarios2 ” elaborado por Coral Berenice Pérez Amaya se señala que el sostenimiento financiero de los telebachilleratos involucra la participación de la Federación aportando el 100% de los recursos en el primer ciclo escolar para la operación de cada plantel. A partir del segundo año, prosigue Pérez Amaya, las aportaciones son 50% federales y 50% estatales. Desde la apertura de cada servicio, las entidades federativas son responsables de la contratación de los 3 docentes en cada plantel.

La autora exhibe que las autoridades locales deben garantizar las mínimas condiciones de infraestructura, equipamiento y servicios para albergar a los alumnos y docentes.

Los capítulos presupuestales que contempla el convenio financiero respecto a la aportación federal son:

• Servicios Personales

• Materiales y Suministros

• Servicios Generales, y

• Bienes Muebles e Inmuebles.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública Federal a emitir el acuerdo secretarial pertinente para el reconocimiento jurídico, financiero y operativo del Telebachillerato Comunitario, como Subsistema de Educación Media Superior.

Notas:

1 En riesgo educación de 14 mil jóvenes de telebachillerato, gobierno podría cerrarlos (alertachiapas.com)

2 sistema_de_operacion_y_seguimiento_de_telebachilleratos_comunitarios.pd f (sep.gob.mx)

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 9 días del mes de febrero del 2022

Diputada Olga Luz Espinosa Morales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los congresos locales aún carentes de un programa como Mi Beca para Empezar a legislar al respecto e incorporarlo a las leyes respectivas, a cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como los demás aplicables.

Someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por la que se exhorta a los Congresos de los Estados que aún no cuentan con un programa como el de “Mi Beca para Empezar” a que legislen al respecto para incorporarlo a sus legislaciones respectivas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero. Como parte de la perspectiva social que tiene el gobierno de la Ciudad de México encabezado por la Doctora Claudia Sheinbaum es que se instituyó e programa “Bienestar para Niñas y Niños de la Ciudad de México, Mi Beca para Empezar”, con el fin de contribuir en el proceso educativo de todos los menores inscritos en la Ciudad de México en niveles de educación básica.

Segundo. Con anterioridad se otorgaba la beca llamada “Niños y niñas talento”, sin embargo, ese programa social no cumplió con su objetivo primordial que era el de incentivar el estudio y la educación, generando una segregación entre niños que recibían el apoyo y los que no.

Tercero. Con el fin de evitar ese fenómeno, es que el gobierno de la Doctora Claudia Sheinbaum decidió universalizar el programa. Al respecto, expresó la Jefa de Gobierno: “... son 1.2 millones de niños y niñas que reciben este apoyo mensual; y, en esta beca, que ahora le llamamos beca del “Bienestar para Niñas y Niños” de la ciudad reciben este apoyo mensual, que ahora tiene un incremento del 15 por ciento respecto a lo que se recibía a principios de año; el Apoyo de “Útiles y Uniformes Escolares”, que este año lo recibieron en dos partes, una parte en enero y otra parte en septiembre, pero que en el próximo –una parte en agosto–, pero que el próximo año también va a tener un ligero incremento.”1

Cuarto. Las estadísticas revelan la importancia de dicho programa en el impulso y promoción de la educación en nuestra ciudad: “...se han entregado 546 mil 186 nuevas tarjetas del programa Mi Beca para Empezar, lo que significa un avance del 45.51% de la meta programada (...) Con esta tarjeta, reciben los de preescolar 400 pesos, primaria y secundaria 435 pesos y Centros de Atención Múltiple, 500 pesos.”2

Quinto. Este programa se torna aún más relevante si vemos los datos de la deserción escolar en México: “...5.2 millones de niños, adolescentes y jóvenes entre los 3 y los 29 años de edad, no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021 por motivos económicos y por causas de la COVID-19. (...) de esos 5.2 millones, 3 millones pertenecen a educación básica, y de esos 3 millones, 1.3 abandonó la escuela a causa de COVID-19 y 1.6 por falta de recursos económicos. Además de esos 5.2 millones que tampoco terminaron el ciclo escolar 2019-2020, 3.6 millones no se inscribieron al ciclo siguiente porque tenían que trabajar.¨”3

Por lo tanto, fundado y motivado en lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta, de manera respetuosa, a los Congresos de los Estados que aún no cuentan con un programa como el de “Mi Beca para Empezar” a que legislen al respecto a fin de incorporarlo a sus legislaciones respectivas.

Notas:

1. CDMX. (2021). Mensaje de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la visita la Escuela Primaria “Fuerzas Armadas de México”, como parte del Programa “Bienestar Para Niñas y Niños, Mi Beca Para Empezar”. x, de Gobierno de la Ciudad de México Sitio web: https://cutt.ly/rOPboV5

2. Camila Ayala Espinosa. (2021). Sheinbaum destaca avances del programa Mi Beca para Empezar en CDMX. X, de El Financiero Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/estados/Sheinbaum-destaca-avances-del-p rograma-Mi-Beca-para-Empezar-en-CDMX-20211026-0114.html

3. Isabel Pérez Solís. (2021). Millones de niños dejaron sus estudios y hoy su futuro es incierto, de UNAM Sitio web: https://cutt.ly/iOPON6i

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2022.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Jucopo de esta soberanía que considere la celebración de una sesión solemne con motivo de la conmemoración del 200 aniversario del Congreso Constituyente de 1822 de México, a cargo de la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN

Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en las fracciones I del numeral 1 del artículo 6 y III del numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política que considere la celebración de una sesión solemne con motivo de la conmemoración de los 200 años de aniversario del Congreso Constituyente de 1822 de México, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 24 de febrero de 1822, a un año de la promulgación del Plan de las Tres Garantías en la villa de Iguala, primer fundamento constitucional de la Consumación de nuestra Independencia, los mexicanos acudimos a la inauguración del Congreso mexicano, cuyo encargo fue redactar y aprobar, conforme al propio Plan y a los Tratados de Córdoba, la primera Constitución del país independiente. Aunque discutió varios proyectos, no cumplió con ese cometido, pero asumió de inmediato la representación de la Nación y el ejercicio del Poder Legislativo en toda su extensión: fue, sin lugar a duda, el primer Congreso de los diputados del México independiente. La fecha en que se reunió y quedó establecido no debe pasar desapercibida.

Conforme a la Unión, la tercera de las garantías (y la más importante) del Plan de Iguala, la Soberana Junta Provisional Gubernativa logró reunir un Congreso –este Congreso en el que estamos, precisamente el de la Unión– con criterios igualitarios, no estamentales ni corporativos, como pretendía la Regencia del Imperio, presidida por Agustín de Iturbide. Se trató de un Congreso unicamaral, además, contra el deseo de Iturbide que buscaba dividirlo en Cámara y Senado.

El triunfo de la Junta Provisional se tradujo en la celebración de elecciones conforme al esquema de la Constitución de Cádiz, todavía por entonces vigente entre nosotros, y en la inauguración de los trabajos del Congreso hace 200 años, en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, hoy Museo de las Constituciones de nuestra Universidad que, precisamente por entonces había comenzado a llamarse “Nacional” por oposición a “Real”.

Por todo lo anterior presento ante el pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Junta de Coordinación Política que el próximo 24 de febrero considere celebrar una sesión solemne con motivo de los 200 años del Congreso de la Unión.

Ciudad de México, a 9 de febrero de 2022.

Diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y la Cofepris a implantar medidas para facilitar la aplicación a todos los mayores de cinco años las vacunas gestionadas por diversas entidades federativas con gobiernos de EUA, a cargo del diputado Juan Francisco Espinoza Eguía, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Juan Francisco Espinoza Eguía, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones escrutinio

Primera. De acuerdo con cifras oficiales, lamentablemente, la pandemia por Covid-19 ha significado la muerte de más de 306 mil mexicanas y mexicanos de marzo de 2020 a la fecha.1 Asimismo, oficialmente se han reconocido prácticamente cinco millones de casos confirmados, de los cuales 217 mil están activos en este momento.

Las cifras lucen totalmente alejadas de la realidad que se percibe en los municipios, y es que durante toda la pandemia, las recomendaciones han sido de aislamiento voluntario en casa y no de confirmar el contagio mediante pruebas, atender la enfermedad y revisar posibles secuelas en órganos vitales. México se ha distinguido por ser de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que menos pruebas aplica.

La plataforma Our World in Data , de la Universidad de Oxford, documentó que mientras en Reino Unido se realizan 20 mil pruebas por cada millón de habitantes, en México, al 1 de enero de 2022, se realizaban sólo 122 pruebas.2

De ahí que en buena medida las estadísticas oficiales hayan dejado de reflejar lo que retrata el territorio; todos hemos vivido o conocemos historias de contagios, de recontagios, de secuelas y de pérdidas humanas.

Segunda. En los primeros meses de la pandemia, la letalidad en México llegó a ser de hasta 22 por ciento, una de las tasas más altas del mundo; es decir por cada 100 personas que se contagiaban, 22 fallecían. El punto de quiebre fue el avance en la vacunación, ahora el promedio de letalidad ronda 2 por ciento.3 De ahí la enorme importancia de la vacunación.

Los avances en la vacunación han sido enormemente significativos. México ha logrado vacunar a 60 por ciento de su población con un esquema completo. No obstante, y sin desconocer estos esfuerzos, pero también sin ignorar áreas de oportunidad, la estrategia nacional de vacunación implementada ha tenido, en muchos casos, decisiones incomprensibles, contrarias incluso a las recomendaciones de organismos internacionales, expertos y a lo que ocurre en otros países líderes globales.

Prueba de lo anterior fue haber decidido inmunizar a los maestros y al personal educativo con la vacuna CanSino, la cual a la fecha no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), o el retraso en las aplicaciones de dosis de refuerzo frente a la rápida propagación de las nuevas variantes.

Inexplicable, también, ha sido la enorme resistencia del gobierno federal para iniciar con la vacunación de todos los menores de edad entre 12 y 17 años. No obstante que en todo el país se siguen promoviendo amparos y órdenes judiciales para que sean vacunados.

Recientemente, la OMS ha recomendado administrar a menores de entre 5 y 11 años la dosis contra covid-19 de Pfizer-BioNTech, con la única observación de aplicar 10 microgramos en lugar de los 30 que se aplican a mayores de 12 años, y aunque ya ocurre en países como los Estados Unidos de América (EUA), México ha ido a otro ritmo y con otra metodología en la atención de la pandemia.

Tercera. La atención de la pandemia de conformidad con el marco jurídico ha estado a cargo de la Secretaría de Salud federal; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que a ella corresponde la rectoría de la política nacional en materia de servicios médicos y de salubridad en general y también le corresponde coordinar y normar a las entidades públicas que presten servicios de salud.

Sin embargo, la falta de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno ha estado presente en toda la pandemia, a pesar de que era evidente que estados y municipios enfrentarían duros retos en materia de salud se les excluyó de la toma de decisiones y ello ha llevado a decisiones particulares.

La investigación del Instituto de Ciencias de la Salud Global de la Universidad de California, documenta esa falta de coordinación cuando señala: “para cuando las autoridades federales anunciaron la suspensión de clases, por ejemplo, 10 estados ya lo habían hecho” (marzo 2020).4

Aunque la coordinación ha mejorado en algunos rubros, el inicio de la vacunación fue otro punto de contraste, el citado reporte advierte: “ha habido exclusión de los gobiernos estatales y locales en los esfuerzos de implementación del programa de vacunación y falta de apoyo financiero a esos gobiernos subnacionales para hacer frente a la pandemia”.5

Ahora mismo, entidades federativas como Baja California, Tamaulipas y Nuevo León han llevado a cabo programas de vacunación transfronteriza, en el caso de Nuevo León recientemente el gobernador del estado, anunció la donación de 500 mil vacunas por parte del estado de Texas, EUA, para inmunizar a todos los menores neoleoneses de 5 a 14 años contra el Covid-19. Se trata de la segunda etapa del programa de vacunación que ha gestionado el gobierno del estado y que en su primera etapa inmunizó a más de 110 mil habitantes del estado, prácticamente 50 por ciento de ellos, menores de edad.

Pero la falta de coordinación y de una visión que priorice lo verdaderamente importante que es vacunar a la mayor cantidad de población en el menor tiempo posible para disminuir la carga de la enfermedad y las defunciones, hoy obligan a estados como Nuevo León a implementar logísticas de movilización hacia la frontera, para que las personas y especialmente, las y los niños sean inmunizados en un puente internacional.

Hablamos de 500 mil seres humanos que serán movilizados desde sus lugares de origen, con todas las medidas posibles, pero enfrentando peligros propios de la carretera y de la inseguridad que se vive en el país. Diariamente de tres mil a cinco mil niños viajarían a vacunarse, implicaría hasta 125 autobuses diarios de 40 pasajeros, que insisto, tienen que viajar porque en su país todavía no hay para cuándo sean siquiera considerados.

El 25 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el que se establece como una acción extraordinaria en materia de salubridad general, que los gobiernos de las entidades federativas, en su calidad de autoridades sanitarias, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, integrantes del Sistema Nacional de Salud, coadyuven con la Secretaría de Salud federal en la implementación de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19 en México.

Señalando lo siguiente:

Artículo Segundo. Los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, integrantes del Sistema Nacional de Salud, deberán realizar ante la Secretaría de Salud federal lo siguiente:

I. Presentar los contratos que suscriban con las farmacéuticas autorizadas en México, para la adquisición de vacunas contra el virus SARS-CoV-2.

II. Informar la cantidad de dosis de vacunas adquiridas contra el virus SARS-CoV-2 y las aplicadas a la población en general, con información desagregada conforme a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19 en México;

III. Respetar el calendario, así como la prioridad por grupos de personas, establecidos en la citada Política Nacional de Vacunación, para evitar duplicidad;

IV. Instrumentar las medidas de prevención y control pertinentes conforme a los criterios que emita la Secretaría de Salud Federal, y

V. Garantizar, en el ámbito de su competencia, la trazabilidad del proceso de vacunación a su cargo, e informar a la Secretaría de Salud federal sobre su seguimiento, con la periodicidad que la propia dependencia establezca.

Este acuerdo no permite las donaciones gestionadas, además señala que deberá observarse lo dispuesto por la Política Nacional de Vacunación que hoy prohíbe vacunar a niñas y niños de entre 5 a 11 años y en el caso de la población de 12 a 15 años, sólo son considerados en caso de padecer alguna enfermedad de riesgo.

Son estas trabas de la Secretaría de Salud, la falta de autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para vacunar menores, aún y cuando ya ocurre en otros países y lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, entre otros factores administrativos y legales lo que obliga a entidades como Nuevo León a una logística sin precedentes y de riesgo.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión LXV Legislatura la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a implementar todas las medidas necesarias para facilitar la aplicación a todas las personas mayores de 5 años de las vacunas gestionadas por diversas entidades federativas con gobiernos de los Estados Unidos de América.

Notas

1 https://datos.covid-19.conacyt.mx/, 1 de febrero de 2022.

2 Cfr. https://www.animalpolitico.com/2022/01/pruebas-covid-mexico-demanda-cua rta-ola/

3 https://elpais.com/mexico/2021-07-27/la-vacunacion-baja-la-letalidad-de -la-tercera-ola-de-covid-en-mexico-a-menos-del-2.html

4 https://globalhealthsciences.ucsf.edu/sites/globalhealthsciences.ucsf.e du/files/la_respuesta_de_mexico_al_covid_esp.pdf

5 Cfr. ídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2022.

Diputado Juan Francisco Espinoza Eguía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SRE a iniciar un diálogo con el gobierno de EUA para diseñar una ruta que permita acelerar el proceso de solicitud y renovación de visas, a cargo del diputado Brígido Ramiro Moreno Hernández, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Brígido Ramiro Moreno Hernández, diputado integrante al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de esta LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a iniciar un diálogo con el Gobierno Estadounidense con la finalidad de diseñar una ruta que permita acelerar el proceso de solicitud y renovación de visas Americanas en nuestro país.

Consideraciones

La pandemia por Covid-19 ha traído afectaciones para todo el mundo en diversos aspectos, su desarrollo ha requerido que, para reducir o evitar contagios, algunas actividades sean suspendidas o restringidas. Tal fue el caso de los servicios consulares por parte de la Embajada de Estados Unidos en México, que en marzo de 2020, y durante 5 meses, suspendió los trámites de expedición y renovación de visas1 .

Debido a esa pausa por parte de la Embajada y Consulados estadounidenses, actualmente existe un importantísimo rezago en tramitación de solicitudes de renovación y obtención de visas que se traduce en tiempo de espera de hasta dos años para ser atendidas, es decir, si en estos momentos alguien inicia su proceso de obtención de visa podría ser atendido hasta el 2024. Esta situación es mucho más compleja de lo que pudiera parecer a simple vista, ya que no sólo se suspenden viajes de turismo a Estados Unidos sino que se suspenden compromisos académicos, laborales y comerciales que tienen implicaciones considerables para ambos países.

Esta situación perjudica a miles de personas de todo el país que al no poder renovar o tramitar por primera vez su visa, ven afectados sus planes y compromisos en Estados Unidos, pero en mayor medida afecta a los habitantes de la franja fronteriza norte, ya que, debido a su cercanía, gran número de sus actividades cotidianas las desarrollan en el país vecino y, al tener vencida su visa, o al estar próxima a vencer, no podrán continuar desempeñando sus actividades con normalidad como hasta ahora, sino que tendrán que esperar meses, e incluso años, para poder renovarla y les sea permitido acceder a territorio americano.

Esta situación no solo afecta la movilidad de los mexicanos sino también repercute en la economía de los Estados Unidos debido a que menos mexicanos acudirán a vacacionar y consumir en ese país. Especialmente los comercios estadounidenses que se encuentran cerca de la frontera con México se verán afectados debido a que verán disminuidas sus ventas al no recibir al mismo flujo de mexicanos, debido a que sus principales clientes son habitantes de la frontera norte de nuestro país que acuden con mucha frecuencia a realizar sus compras.

Ambos países, México y Estados Unidos, ya conocen las repercusiones de la parálisis de movilidad, recordemos que durante 20 meses la frontera que divide a estos dos países se mantuvo cerrada, ocasionando afectaciones de diversos tipos, principalmente económicas, además del profundo impacto que tuvo en las familias que fueron separadas por este cierre2 . Con esta situación podríamos vivir algo parecido, aunque en menor escala, pero igual de impactante para miles de mexicanos que al no poder tramitar su visa durante un largo periodo, no podrán ingresar a territorio estadounidense.

En ese sentido, consideramos necesario que ambos gobiernos, el mexicano y el estadounidense, dialoguen a fin de encontrar una solución que permita acelerar el proceso de solicitud y renovación de visas, y de esta manera evitar las afectaciones económicas y sociales que esta situación podría implicar para ambos países. En el mismo tenor, y con la finalidad de aminorar el impacto de esta situación, consideramos pertinente que a aquellas personas que ya iniciaron con su proceso de renovación de visa, pero que su cita la tienen agendada para una fecha alejada, se le deba permitir el acceso a territorio americano hasta que puedan concluir con su trámite.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a iniciar un diálogo con el gobierno estadounidense con la finalidad de diseñar una ruta que permita acelerar el proceso de solicitud y renovación de visas americanas en nuestro país, y de esta manera evitar las afectaciones que esta situación podría implicar para ambas naciones. En el mismo sentido, se exhorta a la Secretaría a solicitar que las personas que ya iniciaron su trámite de renovación de visa, pueda seguir ingresando a territorio americano hasta que puedan concluir su tramitación.

Notas:

1. El financiero, Estados Unidos suspende trámite de visas por Covid , consultado el 10 de enero de 2022, disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/estados-unidos-suspende-tramit e-de-visas-por-coronavirus/

2. CNN, La frontera entre México y EE. UU. reabre después de 20 meses por Covid-19 , consultado el 10 de enero de 2022, disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2021/11/08/la-frontera-entre-mexico-y-ee-uu- reabre-despues-de-20-meses-de-cierre-por-covid-19/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2022

Diputado Brígido Ramiro Moreno Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE y la SHCP a difundir cuántas y cuáles propiedades del gobierno mexicano en el extranjero han sido vendidas, a cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como los demás aplicables.

Someto a consideración de esta Honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por la que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que hagan público cuántas y cuáles propiedades del Gobierno mexicano en el extranjero han sido vendidas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero. Por ley, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene la obligación de cuidar y conservar los bienes Del Gobierno Mexicano en el Extranjero; así está regulado por el artículo 28 fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que a la letra prescribe:

Artículo 28.- A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

[...]

II.- Dirigir el servicio exterior en sus aspectos diplomático y consular en los términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y, por conducto de los agentes del mismo servicio, velar en el extranjero por el buen nombre de México; impartir protección a los mexicanos; cobrar derechos consulares y otros impuestos; ejercer funciones notariales, de Registro Civil, de auxilio judicial y las demás funciones federales que señalan las Leyes, y adquirir, administrar y conservar las propiedades de la Nación en el extranjero;

[...]

Segundo. Sin embargo, con el fin de acabar con la política del dispendio, en 2020 el Presidente López Obrador anunció que se venderán las propiedades que se tengan en el extranjero “para devolverle al pueblo esos recursos”.1

Tercero. Mencionó también que: “Acerca de las propiedades va hacer una revisión la Secretaría de Hacienda. Ya tiene la relación de todos los bienes que se tienen tanto en México como en el extranjero. Para devolverle al pueblo esos recursos en obras, servicios, en mejorar la calidad educativa, en mejorar los sistemas de salud y bienestar”2

Cuarto. Señaló también que “... la venta de oficinas mexicanas en el extranjero comenzó con el cierre de representaciones del programa turístico Pro México, que promovía al país en diversas ciudades del mundo...”

Quinto. Por ello, es necesario que tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se expresen al respecto y hagan público qué bienes inmuebles se han vendido, cuáles faltan por vender, en qué se ha invertido el dinero obtenido por la venta de los inmuebles.

Sexto. Como ejemplo, se puede señalar que en Chicago hay un condominio de un millón de dólares para uso del cónsul en turno. Este tipo de dispendios no los podemos permitir, se acabó la etapa de los lujos de los servidores públicos a costa del erario.

Por lo tanto, fundado y motivado en lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta, de manera respetuosa, a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que haga público cuántas y cuáles propiedades del Gobierno mexicano en el extranjero han sido vendidas.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta, de manera respetuosa, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que haga público cuántas y cuáles propiedades del Gobierno mexicano en el extranjero han sido vendidas.

Notas:

1. Forbes Staff. (2020). Gobierno de AMLO venderá propiedades en el extranjero, de Forbes Sitio web:

https://www.forbes.com.mx/gobierno-de-amlo-vendera-propi edades-en-el-extranjero/

2. Idem

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2022.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a investigar las irregularidades en los contratos otorgados por la administración de la ex presidenta municipal de Puebla y un probable daño patrimonial en la remodelación del Teatro de la Ciudad, a cargo del diputado Mario Gerardo Riestra Piña, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Mario Gerardo Riestra Piña, integrante de la Sexagésima Quinta Legislatura de la Cámara de Diputados, así como los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a investigar cada una de las irregularidades en los contratos otorgados por la administración de Claudia Rivera Vivanco, ex presidenta municipal, así como un probable daño patrimonial en la remodelación del Teatro de la Ciudad de Puebla, al tenor de los siguientes

Considerandos

Que el Teatro de la Ciudad de Puebla, Puebla es uno de los más emblemáticos, el cual tiene más de 150 años de construcción, su construcción fue concluida en 1868. El 16 de septiembre de 1869 se inauguró y su apertura corrió a cargo del presidente, Benito Juárez como parte de los festejos patrios y también para celebrar el inicio de operaciones de la línea ferroviaria México- Puebla.

Durante años fue centro de reuniones de la elite poblana; ha sido un escenario artístico de gran importancia, pisado por músicos, cantantes, actores de talla nacional e internacional.

Ha sido remodelado e intervenido en diferentes ocasiones, sobre todo tras el incendio que sufrió a finales del siglo XIX y tras los sismos de 1999 y 2017. La última remodelación que tuvo fue en la administración pasada, de Claudia Rivera Vivanco.

El gobierno de la administración pasada invirtió más de 9 millones de pesos para remodelar de forma integral el teatro en cuestión, inversión y remodelación que presenta más de 50 irregularidades.

En primera instancia, es importante mencionar que se realizaron diversos contratos para la obra, fraccionando la remodelación en nueve contratos, lo cual representa una irregularidad.

a) Contrato IMACP/66-2019, por 834 mil 715 pesos, a Homeland and Polithan Corporativo, SA de CV, para mantenimiento menor especializado para rehabilitar espacios en el Teatro de la Ciudad y galerías del palacio.

b) Contrato IMACP/61-2019, por 846 mil 863.23 pesos, a Kermicomer, SA de CV, para mantenimiento, adquisición e instalación de equipo de sonido y de iluminación para el Teatro de la Ciudad.

c) Contrato IMACP/67-2019, por 861 mil 744.33 pesos, a Terracerías y Caminos de la Sierra, SA de CV, para tratamiento de grietas y humedades en el Teatro de la Ciudad y galerías del palacio.

d) Contrato IMACP/63-2019, por 1 millón 20 mil 684 pesos, a Construcción, Asesoría y Diseño Especializado Angelópolis, para mantenimiento eléctrico en el Teatro de la Ciudad y galerías del palacio.

e) Contrato IMACP/60-2019, por 1 millón 49 mil 304.79 pesos, a Ecología y Planeación Urbana, SRL de CV, para suministro y colocación de alfombra principal de palco y pasillos, piso euzcola, cortinas telón para el teatro de la ciudad.

f) Contrato IMACP/64-2019 por 850 mil 29.13 pesos, nombre de Jean Paul Pinzón González, para proyecto ejecutivo para el mantenimiento menor y equipamiento integral del teatro de la ciudad y de galerías del palacio (suministro y aplicación de pintura).

g) Contrato IMACP/62-2019 para servicio de supervisión de los trabajos de mantenimiento menor y equipamiento integral, elaboración del plan de protección civil y restauración de estructuras metálicas del teatro de la ciudad, a Diambesp, SA de CV.

h) Contrato IMACP/59-2019 para el servicio de retapizado de butacas y suministro y colocación de butacas, a Co-work Construction, SRL de CV.

i) Contrato IMACP/68-2019, por 523 mil 746.14 pesos a Retza Estudios, SA de CV, para mantenimiento, suministro y colocación de herrería y cristalería en el teatro de la ciudad y galerías del palacio.

Dicha remodelación fue entregada el 6 de marzo de 2020. Sin embargo, la Subcontraloría de Auditoría a Obra Pública y Servicios de la propia Contraloría Municipal del ayuntamiento de Puebla, realizó una revisión el 25 de septiembre de ese año, en la cual se detectaron irregularidades; sin embargo, no se realizaron las sanciones correspondientes.

Con base en lo detectado por la Contraloría Municipal, en diversos contratos por más de 4.7 millones de pesos, 59.3 por ciento del recurso fue ejercido con irregularidades; es decir, un total de 2 millones 832 mil 952.26 pesos del erario.

En total, suman 53 irregularidades en la remodelación del Teatro de la Ciudad del municipio de Puebla, obtenidas tras una revisión a los contratos y las minutas de la Contraloría Municipal, de entre las cuales podemos encontrar:

a) Contrato IMACP/66-2019

• No se hizo el retiro de piso del escenario del teatro de la ciudad

• Se realizó de manera incompleta el pulido y brillado de a máquina de mosaicos en interiores

• No se realizó el pulido y brillado de pisos de mosaicos en interiores en el primer nivel del sótano (no existe) del teatro

• No se hizo el desmontado y retiro de cuadros de pintura

• Se realizó parcialmente (áreas indefinidas) la rehabilitación y pulido en muros y plafones del escenario del teatro de la ciudad

• No se realizó la rehabilitación y pulido en muros y plafones en el sótano (inexistente) del teatro de la ciudad

• No se hizo la adecuación en muro de los palcos y gradas del teatro

• No se hizo el mantenimiento de mueble de recepción a galerías del palacio

• No se hizo el mantenimiento de mueble de recepción al teatro

• No se hizo el desmontaje y retiro de muebles sanitarios del segundo nivel, lobby y vestíbulo del teatro

• No se hizo el suministro y colocación del baño en lobby y vestíbulo de acceso a palcos del teatro

• No se hizo el desmontaje de muebles sanitarios en el sótano (inexistente) del teatro

b) Contrato IMACP/67-2019

• Se hizo parcialmente el retiro de repellados en muros en escenario del teatro de la ciudad

• Se hizo parcialmente el retiro de repellados en muros en el escenario del teatro

• No se hizo el retiro de escalones en el escenario del teatro

• No se hizo el mantenimiento de escalones en palcos y gradas generales del teatro

• No se hizo el retiro de repellados en muros de los palcos del teatro

• Se hizo parcialmente el resane en muros en el sótano (inexistente) del teatro

• No se hizo la rehabilitación del piso en el sótano (inexistente) del teatro

• No se hizo la renivelación de piso en el sótano (inexistente) del teatro

• No es comprobable el mantenimiento de aplanados en grietas y humedades del teatro

• No es comprobable la liberación de aplanados del teatro

• No es comprobable el mantenimiento de aplanados del teatro

• No es comprobable la reparación de grietas y humedades en muros del teatro, primer nivel

• No es comprobable el retiro de impermeabilizante en mal estado de la azotea

• No se ubicó el recubrimiento en la azotea del teatro

• No se ubican áreas de rehabilitación de pulido en muros y plafones en la azotea del teatro

c) Contrato IMACP/63-2019

• Material incompleto de contactos del teatro

• Material incompleto de saludas de lámparas de plafón

• Material incompleto salida de lámpara de emergencia del teatro

• No se entregó tablero q42 del teatro

• No se instalaron de forma correcta las salidas de luminaria de gabinete del teatro

• No se instaló la línea de alimentación trifásica del teatro

• Instalación incompleta del circuito de distribución en el teatro

• Instalación incompleta para circuitos minisplit en el teatro

• Instalación incompleta de contactos de acceso al teatro

d) Contrato IMACP/64-2019

• Suministro y aplicación incompleta de pintura hidrofugante para sótano (inexistente) del teatro

• Suministro y aplicación incompleta de pintura para interiores del sótano del teatro

Los documentos de la auditoría realizada por la Contraloría Municipal detallan las irregularidades en las obras de remodelación del Teatro de la Ciudad y las galerías del palacio.

Es necesario que la Auditoría Superior de la Federación investigue cada una de las irregularidades, el desvío de recursos, así como un probable enriquecimiento ilícito a raíz de la remodelación del Teatro de la ciudad de Puebla.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a investigar cada una de las irregularidades en los contratos otorgados por la administración de Claudia Rivera Vivanco, ex presidenta municipal, así como un probable daño patrimonial en la remodelación del Teatro de la ciudad del municipio de Puebla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2022.

Diputado Mario Gerardo Riestra Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CNDH a atraer las denuncias sobre violación de derechos humanos contra niños y adolescentes en albergues del IAPP de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI

Las que suscriben, diputadas Ana Lilia Herrera Anzaldo, Norma Angélica Aceves García y Laura Barrera Fortoul, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Silva Hernández Dulce María, del Grupo Parlamentario de Morena; Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, Paulina Aguado Romero y Wendy Maricela Cordero González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Eunice Monzón García, Alexis Rocío Gamiño García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y María del Rocío Banquells Núñez, del Partido de la Revolución Democrática, en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El domingo 6 de febrero una nota de Liliana Gómez, publicada en La Crónica ,1 hizo pública una alarmante y grave situación que sucede en los albergues del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias del Gobierno de la Ciudad de México, quienes tienen a su cargo a niñas y niños que provienen de diferentes procesos de abandono, maltrato familiar o incluso abuso sexual.

La nota publicada muestra un escenario de terror en el cual las niños y niños que deberían estar protegidos por las autoridades de dicho instituto, son objeto de abusos físicos y humillaciones. El reportaje muestra fotografías y evidencias de menores siendo sometidos, amarrados y expuestos a sanciones que atentan contra su salud y dignidad.

Lo más delicado de esta situación es que en el reportaje se menciona que funcionarios de áreas especializadas fueron denunciados ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cuidad de México y ésta no realizó ningún tipo de gestión para investigar esta situación.

“La documentación fue hecha llegar a La Crónica después de dos meses de silencio de la Comisión de Derechos Humanos de la Cuidad de México (CDHCDMX) que recibió en noviembre la denuncia en torno a esta situación (expediente 21/7575) y ante la necesidad, sostienen los denunciantes, de desmentir a la directora de IAPP que alega un buen funcionamientos de los albergues.

También están en poder de este diario las copias de otros documentos oficiales, internos del IAPP, en los que técnicos y brigadistas expusieron la situación y señalaron abiertamente a Nadia Troncoso, la directora del organismo, como incitadora de una violencia francamente abierta contra quienes deberían ser protegidos”.2

Ayer, el DIF de la Ciudad de México publicó un comunicado para responder ante la nota de La Crónica , en el cual manifiestan que ya se encuentran atendiendo la denuncia por lo que se instauró un equipo multidisciplinario del DIF-Ciudad de México, la Dirección Ejecutiva de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, piscologías y trabajadores sociales quienes entrevistaron a cada uno de los diez niñas y niños que se encontraban en el Centro de Asistencia Social San Bernabe.3

Los hechos denunciados son graves y muestran que el funcionamiento de los albergues requiere especial atención, además preocupa que las autoridades encargadas de proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes no están cumpliendo con su función, ya sea por violentar sus derechos o por omisión al no investigar las denuncias correspondientes.

Además, surge la preocupación respecto de la supervisión de estos albergues por parte de las autoridades correspondientes que de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 112 establece que:

“Artículo 112. Las procuradurías de protección de las entidades federativas en coordinación con la Procuraduría de Protección Federal , serán las autoridades competentes para autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social destinados a brindar los servicios descritos en el presente Capítulo, para lo cual conformarán el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social”.

Mientras que el artículo 113 establece:

“Artículo 113. Sin perjuicio de las atribuciones que las disposiciones aplicables establezcan a otras autoridades, corresponderá a las procuradurías de protección, la supervisión de los centros de asistencia social y, en su caso, ejercitarán las acciones legales que correspondan por el incumplimiento de los requisitos que establece la presente ´ley y demás disposiciones aplicables.

Las procuradurías de protección de las entidades federativas serán coadyuvantes de la Procuraduría de Protección Federal en la supervisión que realice a las instalaciones de los centros de asistencia social, en términos de lo previsto en la Ley de Asistencia Social”.

Por ello, resulta relevante conocer desde cuándo están sucediendo estos hechos y por qué las autoridades correspondientes no habían detectado esta situación, además preocupa el hecho de conocer por qué las personas que trabajan en los albergues no cuentan con la capacitación adecuada para brindar la atención debida a las niñas y niños que se encuentran en estado de vulnerabilidad.

Es importante resaltar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en octubre de 2019, publicó el Informe especial sobre la situación de los derechos de niñas niños y adolescentes en centros de asistencia social y albergues públicos y privados en la República Mexicana”, 4 en el cual realizan las siguientes recomendaciones:

“Primera. Realizar las gestiones necesarias para implementar acciones encaminadas a la mejora de los sistemas de recopilación de información estadística sobre las denuncias y delitos que se cometen contra de niñas, niños y adolescentes y especialmente, contra quienes residentes en CAS, e implementar registros sistematizados, unificados y con datos desagregados de las personas menores de edad canalizados a CAS y albergues públicos y privados, a efecto de facilitar su localización, identificación, y seguimiento puntual a su situación jurídica por parte de las Procuradurías de Protección.

Tercera. Implementar estrategias para capacitar al personal de las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia en materia de derechos humanos, y de derechos de niñas, niños y adolescentes incluyendo el marco internacional de protección en esa materia, a efecto de que cuenten con elementos teóricos y técnicos que les permita adoptar decisiones conforme al marco jurídico de protección a sus derechos vigente, y se valore adecuadamente la pertinencia del internamiento como la mejor medida de cuidado alternativo. Será indispensable, establecer mecanismos que permitan evaluar el desarrollo de las competencias adquiridas por el personal y el impacto de la capacitación en la atención de los asuntos que involucran a personas menores de edad.

Cuarta. Impulsar la generación de condiciones que permitan dar prioridad a la investigación y determinación de carpetas de investigación y asuntos relacionados con niñas, niños y adolescentes que requieren del ingreso a un CAS como medida de cuidado temporal, para evitar su estancia prolongada e innecesaria en ellos. Las investigaciones, además, deberán atender al principio de debida diligencia, y tener como consideración primordial el interés superior de la niñez .

Quinta. Implementar las medidas que se estimen convenientes para que se investiguen con la mayor diligencia, prontitud y eficacia, las denuncias por delitos cometidos contra personas menores de edad residentes en centros de asistencia social y albergues públicos y privados.

Sexta. Generar los mecanismos para facilitar el intercambio de información sobre su actuación en la protección de niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia social y albergues públicos y privados, con los Sistemas Estatales DIF, las Procuradurías de Protección, los Sistemas de Protección Integral o instancias competentes, así como sobre el trámite de las diligencias de su competencia, siempre con salvaguarda de sus datos personales, con la finalidad de agilizar la determinación de su situación jurídica y la elaboración de planes de restitución de derechos para cada caso en concreto”.

En México derivado del Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS) 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se estimó que en septiembre de 2015 había 33 mil 118 niñas, niños y adolescentes menores de 17 años en centros de asistencia social (CAS) y albergues públicos y privados, 51 por ciento hombres y 49 por ciento mujeres. Las cinco entidades federativas con mayor población albergada fueron: Baja California 4 mil 124, Jalisco 2 mil 955, Ciudad de México 2 mil 922, Chihuahua 2 mil 137 y Estado de México mil 650.

Las niñas, niños y adolescentes deben ser prioridad para el Estado mexicano y las autoridades deben cumplir con el mandato constitucional de garantizar en todo momento el interés superior de la niñez. La situación de los albergues en la Ciudad de México es una alarma que debe ocuparnos, por ello, se requiere la intervención de las autoridades para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables involucrados con todo el peso de la ley.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que atraiga las denuncias relacionadas con la violación de derechos humanos cometidos contra niñas, niños y adolescentes en albergues del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias del Gobierno de la Ciudad de México.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, en el ámbito de su competencia, revise la omisión de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México de investigar estos hechos a pesar de haber recibido las denuncias correspondientes.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que, en el ámbito de sus atribuciones, y en coordinación con las autoridades de la Ciudad de México, realicen las investigaciones correspondientes de manera pronta y expedita para efecto de que se presenten las denuncias y se determinen las sanciones penales y administrativas que correspondan a las y los funcionarios involucrados en estos actos violatorios de derechos humanos y sean separados del cargo de manera inmediata.

Notas

1 https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3AgZhLzgkGm-QJ%3A
https%3A%2F%2Fwww.cronica.com.mx%2Fmetropoli%2Famarran-estrangulan-toman-fotos-humillantes-
ninos-albergues-gobierno.html%20&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx&s=08

2 https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3AgZhLzgkGm-QJ%3A
https%3A%2F%2Fwww.cronica.com.mx%2Fmetropoli%2Famarran-estrangulan-toman-fotos-humillantes-
ninos-albergues-gobierno.html%20&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx&s=08

3 https://twitter.com/DIFCDMX/status/1490520852441415683/photo/1

4 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/IE-ninas -ninos-adolescentes-centros-albergues.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2022.

Diputadas: Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), Norma Angélica Aceves García, Laura Barrera Fortoul, Dulce María Silva Hernández, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, Paulina Aguado Romero, Wendy Maricela Cordero González, Eunice Monzón García, Alexis Rocío Gamiño García, María del Rocío Banquells Núñez.

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SE y la Profeco a hacer valer las medidas para garantizar los requisitos que respondan a los aspectos de seguridad e información comercial de las funerarias en el país, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Ana Karina Rojo Pimentel integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Que a la Secretaría de Economía corresponde formular y conducir las políticas generales de industria, que regulen, promuevan y vigilen la comercialización, distribución y consumo de los bienes y servicios; estableciendo tarifas para la prestación de aquellos servicios de interés público que considere necesarios que regulen, orienten y estimulen las medidas de protección al consumidor.

Que la Procuraduría Federal del Consumidor, como órgano auxiliar de la Secretaria de Economía, tiene como objetivo, promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Que con fecha 3 de mayo de 2016, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaria de Economía aprobó por unanimidad la Norma oficial Mexicana NOM-036-SCFI-2016 que contiene los requisitos necesarios con el fin de garantizar los aspectos de seguridad e información comercial para lograr una efectiva protección al consumidor, establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización como de observancia obligatoria dentro del territorio nacional.

Que es responsabilidad del Gobierno federal procurar las medidas necesarias que garanticen los productos que se comercializan dentro de nuestro país, para que el consumidor, cuente con la información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que representen; protegiéndolo contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios; por lo tanto, se cuente con facultades para establecer tarifas, precios, derechos o cuotas para los servicios funerarios en México.

El cadáver propicia el encuentro entre dos mundos: el mundo del dolor, la despedida, el duelo, y el mundo de la transacción comercial e intercambio de servicios funerarios. Se encuentran así la familia y su cadáver con la empresa funeraria. Se motiva una relación de intercambio comercial donde las partes están representadas, por un lado, el oferente, la empresa funeraria, y por el otro, la familia del difunto, los demandantes, y su cadáver. Bajo el orden de una relación de intercambio monetario, la empresa prestadora de estos servicios, como entidad comercial, se ve regida por un fundamento mercadológico, como es la búsqueda de satisfacción de las tensiones existentes que suscitan a la familia a pactar servicios y a pagar por ellos.i

De lo anterior, y derivado de datos del Inegi, se muestran las estadísticas de defunciones generales registradas 2020 que integra la información de 1 millón 086 mil 743 defunciones a nivel nacional. Así también, en comparación con el año 2019 en México se contabilizaron, mediante los registros administrativos generados a partir de los certificados de defunción suministrados por las oficialías del Registro Civil, los Servicios Médicos Forenses y de los cuadernos estadísticos suministrados por las Agencias del Ministerio Público, un total de 747 mil 784 muertes.ii

Las empresas funerarias dentro de sus metas organizacionales requieren cumplir con ciertas necesidades que tengan como fin la satisfacción y el logro de una relación permanente entre el cliente y la organización, en donde la meta es conseguir una posición preferencial en las decisiones de compra y por ultimo; alcanzar una actividad comercial rentable, así como una fuente de ganancias.

Por lo anterior, es necesario señalar la problemática a la que se está enfrentando las familias que requieren de este servicio, ya que la empresa funeraria presencia la muerte de los otros bajo una perspectiva económica, la sociedad misma nos ha conducido a ser objeto de transacción comercial, donde muchas veces hacen a un lado el merecimiento a un trato digno del fallecido.

Que a raíz de la pandemia los precios de los servicios funerarios registraron su mayor alza en los últimos diez años, lo que ha motivado la proliferación de negocios informales que ofrecen paquetes hasta en un 67 por ciento más económicos, frente a los formales.iii

De ahí, que la regulación de los servicios funerarios, es un asunto que ha pasado a segundo término, por ello, es urgente realizar una regulación de estas empresas de prestación de servicios funerarios, procurando un catálogo que contenga los precios y servicios que se ofrezcan, se debe adaptar al crecimiento de la población, los fenómenos naturales que han azotado a la metrópoli, como el sismo de 2017, sin hacer a un lado la pandemia de coronavirus.

Otra problemática que persiste es sin duda la aplicación de tarifas y servicios adicionales al servicio funerario, que son muchas veces desconocidos por el consumidor, de manera que, al ser sorprendidos con estos costos extra, ya sea por la ausencia de contratos de adhesión o por el coyotaje para agilizar los trámites de traslado que, finalmente son toleradas por las familias, derivado de las circunstancias que causa el luto por la pérdida del ser querido para así, evitar aventurarse en alguna otra opción por la necesidad que atraviesan en esos momentos.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detalló que en lo que va del año ha realizado un total de 315 visitas de verificación a funerarias del país, observándose algún tipo de incumplimiento a la Ley Federal de Protección al Consumidor en 31 por ciento de ellas, siendo la falta de contratos de adhesión una de las principales carencias; así mismo informó que en la zona metropolitana del Valle de México y en algunas ciudades del país, se detectó la presencia de intermediarios, “coyotes”, que encarecen los costos de los servicios funerarios.iv

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno, la siguiente, proposición con

Punto de Acuerdo

Único. - Se exhorta a los titulares de la Secretaria de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones hagan valer las medidas para garantizar los requisitos necesarios que respondan a los aspectos de seguridad e información comercial que ofertan las funerarias en el país, que logren una real protección al consumidor

Notas:

i. (PDF) Hacia una humanización de la empresa funeraria | Jorge Rodríguez - Academia.edu

ii. Características de las defunciones registradas en México durante 2020 (inegi.org.mx)

iii. Cementerios y servicios funerarios serán regulados en la CDMX - El Sol de México | Noticias, Deportes, Gossip, Columnas (elsoldemexico.com.mx)

iv. “Coyotes” encarecen servicios funerarios, alerta Profeco | El Heraldo de México (heraldodemexico.com.mx)

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 9 de febrero 2022

Diputada Ana Karina Rojo Pimentel (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los organismos públicos electorales locales y las autoridades jurisdiccionales y de procuración de justicia de las entidades federativas a garantizar el cumplimiento de los formatos 3 de 3 contra la violencia en los comicios locales de 2021-2022, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Julieta Kristal Vences Valencia, diputada de la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Durante los procesos electorales locales 2021-2022, se llevarán a cabo elecciones en 6 entidades federativas del país: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, en las cuales se votará un total de 456 cargos de elección popular, entre ellos gubernaturas, diputaciones locales, presidencias municipales, regidurías y sindicaturas.1

En términos de la legislación electoral de los estados, el inicio del periodo electoral en cada entidad federativa dio inicio de acuerdo con las siguientes fechas:

Fuente: Elaboración propia.2

Resulta importante destacar que, como parte de las etapas de todo proceso electoral, durante la preparación de la elección se lleva a cabo el registro de las personas aspirantes a una candidatura a cargo de elección popular, en donde la autoridad electoral deberá revisar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad.

Dicho lo anterior, resalta que en el marco de la implementación de la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género de 2020, así como de la solicitud realizada por diputadas de la LXIV Legislatura y organizaciones feministas, el Consejo del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó y emitió los Lineamientos para que los partidos políticos nacionales, y en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género.

De acuerdo con esta normatividad, los partidos políticos nacionales y locales deben solicitar a sus aspirantes a una candidatura la firma del formato conocido como “3 de 3 contra la violencia”, el cual debe ser signado de buena fe y bajo protesta de decir verdad que no se encuentran en ninguno de los siguientes supuestos:

I. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.

II. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.

III. No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios.3

Esta medida busca evitar que las personas violentadoras de las mujeres y de los derechos familiares accedan a cargos de elección popular, toda vez que los partidos deben considerar la idoneidad de sus candidatos en términos de su trayectoria y su compromiso con los valores de todo Estado democrático, ya que como que como posibles futuras autoridades deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Algunas entidades federativas como Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Oaxaca y Puebla ya han contemplado en sus marcos normativos algunos requisitos de elegibilidad que son coincidentes con los planteados por la 3 de 3 contra la violencia.

Tanto los partidos políticos, como las autoridades en materia electoral son responsables de hacer valer el ejercicio y protección de los derechos de las mujeres. Por ello, es que tanto la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como las leyes de las entidades federativas en la materia, consideran que los institutos electorales deben formar parte de su sistema local o nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

A su vez, el Comité Cedaw en su Recomendación General No. 35 sobre violencia de género instó a los Estados partes a lo siguiente:

“Adoptar y aplicar medidas legislativas y otras medidas preventivas adecuadas para abordar las causas subyacentes de la violencia por razón de género contra la mujer, en particular las actitudes patriarcales y los estereotipos, la desigualdad en la familia y el incumplimiento o la denegación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la mujer, y promover el empoderamiento, la capacidad de acción y las opiniones de las mujeres”.4

De acuerdo con un informe generado por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias del INE para conocer la prevalencia de la violencia contras las mujeres durante el proceso electoral federal 2020-2021, destaca que de una muestra de 1,177 candidaturas se encontró que tres personas contaban con sentencias firmes en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.5

A pesar de que la implementación de la reforma de 2020 ha permitido generar instrumentos normativos y estadísticos importantes para sumar a una política transversal en la materia, es importante mencionar que si bien los organismos públicos locales electorales adecuaron sus reglamentos o lineamientos para establecer el formato 3 de 3, la realidad es que solamente 8 de ellos llevaron a cabo acciones para verificar la veracidad de la información de aquellas personas aspirantes a candidaturas en los procesos locales, es decir, no se pudo constatar la efectividad de la norma.

Por otro lado, para el proceso electoral federal 2020-2021, el INE realizó distintos requerimientos de información, a algunas autoridades federales como la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y el Consejo de la Judicatura Federal, con la finalidad de que informaran si existían archivos en los que obrara antecedente alguno de que las personas enlistadas en la muestra aleatoria hubieran sido condenadas o sancionadas en términos de los supuestos marcados por el formato 3 de 3 contra la violencia, sin embargo, ninguna respondió de manera favorable a ningún requerimiento.

En el mismo sentido, el INE realizó el mismo requerimiento a 156 autoridades de las entidades federativas, en donde 144 respondieron a algún requerimiento, y se encontraron los siguientes hallazgos:

• 102 autoridades reportaron la inexistencia de hallazgos o coincidencias;

• 8 autoridades señalaron que otra autoridad detentaba la información; y

• 6 autoridades respondieron que no eran competentes para atender a la solicitud.6

Dicho lo anterior, es importante resaltar la relevancia que tiene la coadyuvancia de las autoridades jurisdiccionales y de procuración de justicia para conocer información relativa a condenas o sanciones en materia de violencia de género con la finalidad de contrastarla con lo manifestado en el formato 3 de 3 por las personas aspirantes a candidaturas y conocer si incurrieron en alguna falsedad o supuesto de inelegibilidad.

El Estado mexicano está obligado a reafirmar su compromiso con los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, por ello es que resulta relevante la participación de las autoridades electorales y otras instituciones para contribuir a erradicar conductas que reproduzcan una cultura machista y las desigualdades estructurales entre mujeres y hombres.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los organismos públicos locales electorales, a llevar a cabo las acciones correspondientes con la finalidad de verificar el cumplimiento de los formatos 3 de 3 contra la violencia en los procesos electorales locales 2021-2022.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las autoridades jurisdiccionales y de procuración de justicia de las entidades federativas, a que en el ámbito de sus atribuciones, coadyuven a la verificación de la información contenida en los formatos 3 de 3 contra la violencia en los procesos electorales locales 2021-2022.

Notas:

1. Instituto Nacional Electoral, Calendario Electoral 2022, Consultado en https://ine.mx/wp-content/uploads/2021/11/001-Mapa-Calendario-Electoral -2022-V2.pdf

2. Repositorio Documental, Resolución INE/CG1601/2021, 20 de octubre de 2021.

3. Repositorio Documental, Lineamientos para que los partidos políticos nacionales, y en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, 20 de octubre de 2021.

4. CEDAW, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Consultado en https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11405.pdf

5. UNAM e INE, Diseño de una metodología triangulada de indicadores cualitativos y cuantitativos, que evalúe la prevalencia de la Violencia Política por Razón de Género en México y su impacto en el ejercicio de los derechos políticos de las Candidatas a puestos de elección popular, México, INE.

6. Repositorio Documental, Resolución INE/CG514/2021, 26 de mayo de 2021.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero del 2022.

Diputada Julieta Kristal Vences Valencia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a atender la gran accidentalidad de la autopista México-Puebla, a cargo de la diputada Carolina Beauregard Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

Carolina Beauregard Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados; somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a atender la alta accidentalidad que presenta la autopista México-Puebla, en particular los accidentes registrados en la plaza de cobro número 7, del kilómetro 33, en San Marcos Huixtoco, Chalco, México, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El sábado 6 de noviembre de 2021 se registró un choque en la caseta de cobro San Marcos Huixtoco, de la autopista México-Puebla, el cual dejó 19 muertos y 3 heridos. El accidente se registró alrededor de las 13:00 horas, a la altura de Chalco, en las inmediaciones del kilómetro 33.

La Fiscalía General del Estado de México informó a medios locales que el conductor supuestamente perdió el control y se vertieron bidones de más de 200 litros de un líquido blanco inflamable que pronto provocó una pequeña explosión y grandes llamas, causando la muerte de 19 personas y tres heridos, según los informes preliminares.

Al respecto, conviene señalar que hace un mes en esta misma caseta de cobro sucedió algo similar, ya que un camión de 20 toneladas sin frenos impactó con la caseta de peaje y mató a dos personas que trabajaban.

Por las características propias de México, en relación a sus relieves y tipos de suelo, es muy frecuente que los vehículos de carga transiten por carreteras con pendientes de longitudes considerables e inclinaciones un tanto elevadas. Todo esto, en conjunto con otras condiciones como cansancio, altas temperaturas, entre otras, se puede traducir en condiciones poco favorables para la conducción de un vehículo.

Además, en los caminos con pendientes largas y elevaciones los vehículos están expuestos a constantes cambios de velocidad y al uso permanente o constante de los frenos, lo cual puede propiciar fallas inesperadas.

Por ello, a fin de evitar estos siniestros se han implantado diversas medidas de seguridad, como la creación de rampas de frenado que constituyen una medida de seguridad permanente en la carretera para los conductores de transporte de mercancías, vehículos pesados o para automovilistas particulares frente a alguna falla en el sistema de frenos; o el establecimiento de horarios para el transporte y distribución de mercancías.

Las rampas de frenado deben situarse o construirse próximas a un carril auxiliar, el cual debe permitir el acceso a camiones de remolque o grúas para poder retirar los vehículos que tuvieron algún percance.

Los señalamientos de la rampa son trascendentales, ya que previenen y guían al conductor para que pueda utilizarla en caso de emergencia.

Las condiciones mínimas que debe cumplir el diseño de una rampa de frenado son las siguientes:

• Contar con un acceso amplio y una buena visibilidad de toda la rampa la mayor cantidad de tiempo posible.

• Tener una longitud suficiente para que se logre el frenado.

• Colocar los materiales adecuados y contar con el carril auxiliar para remover vehículos y permitir su mantenimiento.

Según datos de Caminos y Puentes Federales, hay 20 rampas de frenado en los principales ejes carreteros del país, las cuales tienen la función se proteger la seguridad de los conductores.

Se considera que las rampas de frenado deben formar parte del diseño integral de una carretera o autopista, sobre todo de aquellas obras cuyo proyecto incluya pendientes con longitudes considerables.

Establecer horarios para transporte, manejo y descarga de mercancías, particularmente de los vehículos de carga pesada, disminuye el riesgo de accidentes como el citado anteriormente, toda vez que evita los momentos de tránsito concentrado y el desgaste de los transportistas.

Así, en algunos lugares, como en la Ciudad de México, la Asociación Nacional de Transporte Privado y la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos realizaron una mesa de trabajo en dónde dieron a conocer una publicación de restricciones en cuanto a la circulación del transporte de carga en esta entidad federativa.

El documento señala que el transporte de carga cuyo peso sea mayor a 3.8 toneladas que tengan una configuración igual o superior a C2, con dos ejes y 6 ruedas no podrán circular ni realizar maniobras de carga y descarga en un horario de 6:00 a 10:00.

El objetivo principal de la restricción es ordenar y regular la circulación del transporte de carga y la distribución de mercancías.

Sin embargo, a pesar de las medidas de seguridad establecidas, diversos medios de comunicación exponen que, según trabajadores y personas que viven en la zona del siniestro ocurrido el 6 de noviembre de 2021, han sido muchos los accidentes en ese sector, ya que, especularon, desde más de 10 kilómetros antes de la caseta hay pendiente descendente y algunos camiones no comprueban sus frenos, aunque hay rampas de frenado.

Por ello es necesario que se implanten de manera efectiva las disposiciones de seguridad orientadas a salvaguardar la integridad de los conductores, sin menoscabo de la logística correspondiente a los vehículos de carga pesada.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos para que en el ámbito de sus atribuciones legales implementen las medidas necesarias que permitan regular los horarios de tránsito de transporte, manejo, carga y descarga de mercancías de los vehículos de carga pesada.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que presenten ante opinión pública a través de sus páginas electrónicas, un informe detallado sobre el estado que guardan las rampas de frenado de la red de carreteras federales, ante la alta siniestralidad en los vehículos de carga.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos para que, en el marco de sus atribuciones, verifique la viabilidad y funcionamiento de las rampas de frenado de toda la red de carreteras de Caminos y Puentes Federales, a fin de evitar accidentes como el ocurrido el 6 de noviembre de 2021 en la autopista México-Puebla.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetosamente a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos para que a la brevedad se indemnice a los lesionados y a los familiares de quienes desafortunadamente perdieron la vida en el accidente del pasado 6 de noviembre del presente en la autopista México-Puebla, registrado en la plaza de cobro número 7, ubicada en el kilómetro 33 en San Marcos Huixtoco, Chalco, México.

Quinto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado de la República para que agilicen los trabajos de aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que permita garantizar su derecho constitucional a la movilidad de forma segura.

Sexto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que en coordinación con el organismo Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos realicen los estudios necesarios para que reubiquen la plaza de cobro derivado de los frecuentes accidentes que han cobrado vidas humanas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2022.

Diputada Carolina Beauregard Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las autoridades federales encargadas de las obras de conectividad terrestre con el AIFA a realizar acciones para garantizar la seguridad de quienes habitan y transitan en las zonas donde se ejecutan aquéllas, suscrita por los diputados Sue Ellen Bernal Bolnik y Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados Sue Ellen Bernal Bolnik y Rubén Ignacio Moreira Valdez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2 y 65, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta a las autoridades federales encargadas de las obras de conectividad terrestre con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a realizar las acciones pertinentes para garantizar la seguridad de las personas que habitan y transitan en las zonas donde se ejecutan dichas obras, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 17 de octubre de 2019, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el inicio de los trabajos de construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, en la Base Aérea Militar de Santa Lucía.1 El 10 de febrero de 2021 informó que la inauguración de dicho aeropuerto se llevaría a cabo el 21 de marzo de 2022 y que se trabajaba en la construcción de nuevas vías de comunicación y obras de conectividad para “... crear nuevos accesos al aeropuerto”.2

Además de la distancia de 45 kilómetros (km) entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la falta de vialidades de interconexión y medios de transporte rápidos, eficientes y que permitan el flujo masivo de pasajeros entre ambos, ha llevado a la improvisación de obras que cubran esta problemática.

El gobierno federal informó el 19 de marzo de 2020 que se realizarían diversas obras para conectar el Aeropuerto Felipe Ángeles con la Ciudad de México,3 dentro de las cuales se encuentran un distribuidor vial de tres niveles, la ampliación de la autopista México-Pachuca, una vialidad principal de seis kilómetros que conecte el AIFA con el Circuito Exterior Mexiquense por una autopista de cuatro carriles, una vialidad de 10.5 kilómetros y 10 carriles que será el acceso principal al AIFA, la ampliación del Tren Suburbano de Buenavista a Santa Lucía (que se estimó esté listo para el segundo semestre de 2023), entre otras.4

La gran cantidad de obras que se requieren para dar acceso al nuevo aeropuerto y el poco tiempo para realizarlas, ha implicado que se lleven a cabo de forma desorganizada y sin la planeación adecuada, provocando además de quejas y daños severos a la movilidad, accidentes que ponen en riesgo la vida de los habitantes, las personas que transitan por la zona y los mismos trabajadores que laboran ellas.

Por ejemplo, la mañana del lunes 30 de agosto de 2021, cinco trabajadores perdieron la vida y dos más resultaron heridos al desplomarse una grúa que cargaba una estructura de varillas de acero en una de estas obras de conexión al AIFA, en el tramo ubicado en la avenida 1o. de Mayo y Lechería-Texcoco, a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.5 La zona donde tuvo lugar este desafortunado accidente y se realiza esta obra, es un punto de gran movilidad, tanto vehicular como de peatones, por lo que pudo haber resultado en una tragedia mayor ya que la estructura de acero de 30 metros de largo, cayó a unos metros de la avenida, como la propia Secretaría lo mencionó: “... el accidente presuntamente ocurrió cuando la pluma de la guía falló al realizar el izaje del acero de refuerzo para una pila de cimentación (...) El acero de refuerzo cayó paralelo a la vialidad (la prolongación de la avenida 1o. de Mayo), sin que haya daños a terceros ni a vehículos particulares”.6

El pasado 19 de enero, una viga de acero que se retiraría del puente vehicular ubicado en la zona conocida como “Gallineros”, estuvo a punto de caer, provocando la caída de concreto y tierra, sin lesionados afortunadamente, según informó la propia Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.7 La vialidad y el horario en el que se registró este incidente, también es de alta afluencia, incluso pasan vehículos por debajo el puente donde se realizó dicha maniobra.

Aunado a los accidentes provocados por las maniobras de construcción, se han generado diversos accidentes viales8 derivados de la falta de señalización y las medidas de protección correspondientes, incumpliendo la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SCT2-2015 “Señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales”.9

Asimismo, la falta de planeación en la ejecución de las obras ha estrangulado la movilidad de la zona,10 lo que afecta directamente a habitantes de los municipios de Ecatepec, Jaltenco, Nextlalpan, Tecámac, Tizayuca, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán y Zumpango y contraviene al artículo 4o. constitucional que establece que “...toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”.11

Además, se ha violentado el derecho humano y constitucional a una vivienda adecuada, en la que se pueda “...vivir con seguridad, dignidad, paz y un ambiente saludable tanto en la condición física como en la condición psicológica”,12 ya que se ha puesto en riesgo el patrimonio e integridad de los habitantes que se han visto afectados por las obras. Por ejemplo, los daños a las viviendas ubicadas en las secciones Flores y Bosques del Conjunto Urbano Héroes Tecámac causados por las vibraciones constantes de la maquinaria utilizada para la ampliación de la autopista México-Pachuca.13 Actualmente, con el avance de dicha obra, podemos constatar los graves riesgos a los que quedan expuestos un gran número de casas a lo largo de la vialidad, que están literalmente a un paso de la autopista, ya que el derecho de vía, es inexistente al igual que las medidas básicas de protección que establece la Norma Oficial Mexicana NOM-037-SCT2-2020 “Barreras de protección en carreteras y vías urbanas”.14

Al acercarse la fecha límite para la inauguración del Aeropuerto Felipe Ángeles, los trabajos de las primeras tres obras de conexión (de 24 proyectadas) son cada vez más desesperados. El 31 de enero, Jorge Nuño, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, afirmó que los accesos al AIFA que operarán para el 21 de marzo son por la autopista México-Pachuca y por la carretera libre México-Pachuca, que entrarán por la zona militar y la de carga, así como el acceso denominado Tonanitla, mientras que Tren Suburbano operará hacia el segundo semestre de 2023.15 Diversos medios han documentado el retraso en estas obras y los trabajos apresurados para concluirlas,16 lo cual representa un peligro permanente, presente y futuro, para habitantes, población en tránsito y trabajadores, por lo que es urgente se lleven a cabo acciones que protejan su seguridad y reduzcan los riesgos derivados de la construcción de todas las obras de conectividad proyectadas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a las autoridades federales encargadas de las obras de conectividad terrestre con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a realizar las acciones pertinentes para garantizar la seguridad de las personas que habitan y transitan en las zonas donde se ejecutan dichas obras.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a implementar las medidas de seguridad correspondientes para proteger las viviendas que con la ampliación de la autopista México-Pachuca, han quedado en riesgo en caso algún accidente automovilístico.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las y los titulares de los dependencias correspondientes, a realizar las acciones necesarias para garantizar la movilidad de las personas que habitan y transitan en las zonas afectadas por la obras de conectividad terrestre con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Notas

1 https://presidente.gob.mx/presidente-anuncia-inicio-de-construccion-de- aeropuerto-en-santa-lucia/

2 https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conferencia-de-
prensa-del-presidenteandres-manuel-lopez-obrador-del-10-de-febrero-de-2021

3 Forbes. https://www.forbes.com.mx/noticias-conectividad-nuevo-aeropuerto-santa- lucia-cdmx-edomex/

4 “Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México. Con énfasis en el Proyecto

Aeroportuario de Santa Lucía”. https://www.gob.mx/sedatu/documentos/programa-territorial-operativo-de- la[1]zona-norte-del-valle-de-mexico-con-enfasis-en-el-proyecto-aeroport uario-de-santa-lucia?idiom=es

5 La Jornada. https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/31/estados/se-desploma-grua-de -pluma-enecatepec-y-mata-a-cinco-trabajadores/

6 https://twitter.com/SCT_mx/status/1432387876931649551?ref_src=twsrc%5Et fw%7Ctwcamp%5Etweetembe

d%7Ctwterm%5E1432387876931649551%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_ &ref_url=https%3A%2F%2F

7 El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/se-desprende-viga-de-acero-de- un-puente-vehicular[1]en-rehabilitacion-en-la-carretera-federal-mexico- pachuca

8 La Silla Rota. https://lasillarota.com/metropoli/ampliacion-de-autopista-mexico-pachuc a-dana-casas-de[1]vecinos/537334

9 Diario Oficial de la Federación.

https://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/ Normas_Oficiales_Mexicanas/sct2a_24jun16.pdf

10 La Jornada. https://lajornadahidalgo.com/accidente-y-obras-en-mexico-pachuca-genera n-retrasos-este-fin[1]de-semana/

11 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

12 Hábitat para la Humanidad México. https://www.habitatmexico.org/vivienda-derecho

13 Imagen Noticias.

https://www.youtube.com/watch?v=sIl1nEh1nLw

14 Diario Oficial de la Federación.

https://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/ Normas_Oficiales_Mexicanas/NOM-037-SCT2-

2020.pdf

15 La Razón. https://www.razon.com.mx/mexico/acceso-aifa-100-garantizado-asegura-sic t-469296

16 Forbes. https://www.forbes.com.mx/politica-premura-por-inaugurar-estrangula-con ectividad-del-aifa/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2022.

Diputados: Sue Ellen Bernal Bolnik, Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbricas)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de NL a remover a la titular de Amar a Nuevo León y dejar el cargo al Ejecutivo local mientras se realizan las investigaciones correspondientes por la extracción de un menor del DIF Capullos, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, diputada del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de esta Soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Nuevo León a remover a la titular de “Amar a Nuevo León”, así como a dejar su cargo como gobernador mientras se realizar las investigaciones correspondientes por la extracción de un menor del DIF Capullos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Sistema Nacional DIF (Sndif) es un organismo descentralizado encargado de coordinar el Sistema nacional de Asistencia Social Pública y Privada, el cual promueve la protección integral de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes, siempre cuidando el interés superior de la niñez, así como del desarrollo integral del individuo, la familia y la comunidad, principalmente en quienes por su condición física, mental o social enfrentan una situación de vulnerabilidad.

Dentro de sus programas tiene el de Adopciones, ya que es el medio por el cual las niñas, niños y adolescentes que han terminado el vínculo con su familia biológica tienen la oportunidad de integrarse a un ambiente armónico, bajo la protección y el cariño de una familia; la adopción es una figura jurídica que traslada a un menor a una familia adoptiva que vele por su bienestar, es un instrumento que busca el interés superior del menor, así como el pleno ejercicio de todos sus derechos en un tiempo y lugar determinados.

Para poder adoptar se debe pasar por medio de un Comité Técnico de Adopción es un órgano colegiado que evalúa a las y los solicitantes de adopción, así como de la asignación de niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción, emiten opinión respecto de la expedición de Certificado de Idoneidad, así como la autorización de los organismos acreditados, está conformado por el Titular del Sndif, el Titular de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Pfpnna), el Director General de Integración Social, El Director de Centros de Asistencia Social para Niñas, Niños y Adolescentes, la Dirección General de Representación Jurídica y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Dirección de Adopciones.

Dentro del mismo DIF existe la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes es la institución creada para procurar una efectiva protección y restitución de los derechos de la niñez y la adolescencia en México, establece contacto y trabajo en conjunto con autoridades administrativas de asistencia social, servicios de salud, educación, protección social, cultura, deporte y todas aquellas actividades necesarias para garantizar el Interés Superior de la Niñez.

Los centros de adopción se encuentran en los diferentes Estados y en ocasiones son visitados por funcionarios para saber en qué estado se encuentran, tal es el caso del pasado fin de semana del 15 y 16 de enero en el DIF de Monterrey el Gobernador Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez tuvieron el atrevimiento de sacar a un niño del DIF Capullos para convivir con él un fin de semana, a pesar de que no existen adopciones por días o permisos para que los menores puedan ser sacados de las instalaciones por ningún motivo.

EL gobernador y su esposa alegan haber tenido los permisos necesarios para poder tener al niño durante el fin de semana, aunque legalmente no hay ningún tipo de permiso legal que otorgue este tipo de concesión, además de que tomaron fotos y las publicaron en redes sociales sin los cuidados que marca la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, conforme se especifica en el artículo 76:

“Artículo 76. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus datos personales.

Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación.

Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, deberán orientar, supervisar y, en su caso, restringir, las conductas y hábitos de niñas, niños y adolescentes, siempre que atiendan al interés superior de la niñez.”

Al afectar los intereses de los menores podrá la autoridades suspender las cuentas o usuarios de medios electrónicos conforme se establece en el artículo 81 de esta ley, a saber:

“Artículo 81. En los procedimientos ante órganos jurisdiccionales, se podrá solicitar que se imponga como medida cautelar la suspensión o bloqueo de cuentas de usuarios en medios electrónicos, a fin de evitar la difusión de información, imágenes, sonidos o datos que puedan contravenir el interés superior de la niñez.

El órgano jurisdiccional, con base en este artículo y en las disposiciones aplicables, podrá requerir a las empresas de prestación de servicios en materia de medios electrónicos que realicen las acciones necesarias para el cumplimiento de las medidas cautelares que ordene.”

Por la manera de actuar del Gobernador y su esposa se hizo un mal uso de los datos personales de un menor, además de violentar los derechos de un niño que podría ser adoptado e incurrir en prácticas relacionadas con trata, ya que

De hecho en el Código Penal para el estado de Nuevo León contiene un Capítulo VI denominado “Delitos Contra las Niñas, Niños y Adolescentes ingresados en una Institución Asistencial” en el cual se menciona que se castigara a los encargados de las instituciones por cometer delitos en contra de las niñas, niños y adolescentes, como es el caso de haber permitido la salida de un menor sin haber sido adoptado, a saber:

“TÍTULO DECIMO OCTAVO DELITOS CONTRA LA LIBERTAD

CAPÍTULO IVDELITOS CONTRA LAS NIÑAS, NIÑOS O ADOLESCENTES INGRESADOS A UNA INSTITUCIÓN ASISTENCIAL

Artículo 363 Bis 4.- Comete el delito contra las niñas, niños y adolescentes ingresados a una institución asistencial, el director, representante, encargado o cualquier persona responsable del funcionamiento o despacho de una institución pública o privada, dedicada a la guarda, cuidado o custodia provisional o temporal, de niñas, niños o adolescentes, que traslade a uno o varios niños, niñas o adolescentes a otra institución dentro o fuera del Estado, o bien a establecimientos de la propia Institución que se encuentren fuera del Estado sin la autorización de la autoridad competente.

Artículo 363 Bis 5.- Al responsable del delito contra las niñas, niños y adolescentes ingresados a una institución asistencial, se le sancionará con prisión de cuatro a veinte años y multa de cien a mil quinientas cuotas.

Artículo 363 Bis 6.- Al responsable del delito contra las niñas, niños o adolescentes ingresados a una institución asistencial descrito en el artículo 363 Bis 4 de este Código, el juez deberá de condenarlo además al pago de la reparación del daño a favor de la víctima, el que incluirá:

I. Costos del tratamiento médico y psicológico;

II. Costos de la terapia y rehabilitación física y ocupacional;

III. En su caso los gastos del traslado de las víctimas a su lugar de origen;

IV. Indemnización por daño moral, y

V. Resarcimiento derivado de cualquier otra pérdida sufrida por la victima que haya sido generada por la comisión del delito.”

Del mismo modo la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en su artículo 89 en donde las dependencias integrantes de la Comisión intersecretarial tiene sus propias facultades como el Sndif quien se encargad de:

“Artículo 89. ...

XI. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia se encargará de la protección y atención antes, durante y después del proceso, de todas aquellas víctimas del delito menores de 18 años cuidando que sus necesidades especiales sean satisfechas en los albergues para víctimas del ilícito de trata de personas;

...”

Como podemos observar las acciones llevadas a cabo por el Gobernador de Nuevo León Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez no son las correspondientes a las que marca la ley ni a las normas para adopción de un menor, por lo que se considera que estos funcionarios públicos cayeron en un delito al sacar a un menor bajo la protección del Sndif, sin haber realizado una adopción formal y no haber respetado las leyes de protección a menores, por lo que se incumple también con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ya que el otorgar y dar un permiso administrativo para sacar a un menor de un centro de adopción del DIF.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- La H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Gobernador del estado de Nuevo León a destituir de su cargo a la Titular de Amar a Nuevo León, y dejar su cargo mientras se realizan las investigaciones correspondientes a la extracción de un menor del DIF Capullos.

Segundo.- La H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Sistema Nacional DIF, trabajar en conjunto con la Secretaria de la Función Pública para que los funcionarios involucrados en otorgar los permisos para sacar al menor del DIF Capullos y funcionarios que solicitaron el permiso sean sancionados conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Bibliografía

- Página Oficial del DIF https://www.gob.mx/difnacional

- Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

- Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos..

- Código Penal para el Estado de Nuevo León

- https://www.milenio.com/politica/dif-revisa-salida-nino-mariana-rodrigu ez-samuel-garcia

- https://www.milenio.com/sociedad/mariana-rodriguez-cedhnl-pide-detalles -permiso-convivencia-menor-dif

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2022.

Diputada Margarita García García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a ampliar por distintas secretarías de Estado los criterios para incorporar a los vehículos de países terceros, a cargo del diputado Daniel Murguía Lardizábal, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Daniel Murguía Lardizábal, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1 fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones1

1. Los autos denominados “chocolate”, son vehículos que se adquieren en el extranjero y son ingresados al país de manera ilegal; no cuentan con la documentación oficial, situación por la cual y derivado de su estatus, no generan ingresos fiscales por su circulación y estancia en el país. Aunque no existe con exactitud un registro sobre el número de unidades de procedencia extranjera en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía refiere que son más 18 millones de vehículos.

Disponible en: https://www.razon.com.mx/negocios/amda-analiza-amparos-regulacion-autos -chocolate-455972

2. El uso de los autos de procedencia extranjera en la comisión de un delito, ha sido una práctica frecuente en los últimos años, toda vez que al mantener una estancia irregular y no contar con la documentación requerida, es muy difícil realizar las investigaciones conducentes y sancionar a los culpables. Los delincuentes han aprovechado el gran vacío prevaleciente logrando consumar delitos como el secuestro, homicidios, robos, por mencionar algunos. “Estadísticas de seguridad pública de la federación arrojan que hasta 85 por ciento de los delitos cometidos en la región fronteriza involucran el uso de automóviles irregulares”2 .

3. Por otro lado, los autos de procedencia extranjera de igual manera, se han convertido en una opción para cientos de familias que no pueden acceder fácilmente a algún crédito vehicular o que por la priorización de sus necesidades más inmediatas, no cuentan con los recursos suficientes para adquirir alguna unidad de años recientes o seminuevos, por lo que, los automotores con más de diez años de antigüedad se convierten en una alternativa de patrimonio o una herramienta de trabajo para estas familias.

4. El pasado 14 de octubre, el Presidente de México anunciaba la firma de un acuerdo para regularizar automóviles con estancia irregular en México en los estados fronterizos del norte. Dos días después en Baja California, se firmó el acuerdo para regularizar automotores que están internados y circulando en México.

En el acto oficial, se estableció el monto correspondiente a 2 mil 500 pesos para realizar el trámite de regularización, haciendo hincapié que los recursos obtenidos, serían reservados para mejorar la infraestructura de vialidades en las entidades fronterizas de Baja California, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California Sur.

5. En el Acuerdo por el que se instruyen diversas acciones a las dependencias que se indican, en relación a la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre del 2021, establece en su apartado de CONSIDERACIONES de que “que las condiciones que motivaron la emisión del Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2011, aún se encuentran presentes y que el Gobierno de México continuaría implementando estrategias que permitan mejorar el bienestar de la población, la seguridad y proteger el patrimonio familiar, por lo que en el artículo primero transitorio del citado Decreto se determinó ampliar su vigencia hasta el 30 de septiembre de 2024”3 .

En el contenido del ACUERDO se establece las atribuciones que tendrán la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el diseño de un programa que incentive a las personas físicas a regularizar vehículos automotores usados de procedencia extranjera.

A la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana le competerá “implementar acciones tendientes a identificar y registrar la circulación de vehículos automotores usados que no cumplan con su legal importación” (artículo 3), así como de coordinarse con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía para que “una vez realizada la importación definitiva de los citados vehículos, sean inscritos en el Registro Público Vehicular a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”4 (artículo 3).

Al Servicio de Administración Tributaria, le corresponderá “expedir las disposiciones de carácter general que sean necesarias para la correcta y debida aplicación del presente instrumento, con independencia de las disposiciones específicas que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”5 (artículo 4).

6. La Cámara de Diputados y el Senado de la República en marco de la discusión de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022 aprobaron en un décimo transitorio que a la letra establece:

“Los ingresos que se obtengan en la región fronteriza norte, que para efectos del presente artículo comprende a los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California Sur, por la regularización de la importación definitiva de vehículos usados, a que se refiere el Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2011 y sus posteriores modificaciones, no se incluirán en la recaudación federal participable prevista en el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal y tendrán el carácter de ingresos excedentes.

Los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para acciones de pavimentación en los municipios que correspondan, conforme a una distribución porcentual basada en el número de vehículos regularizados y registrados de acuerdo con el domicilio con el que se haya realizado el trámite respectivo, en términos de las disposiciones que emita dicha Secretaría.

Para efectos de lo anterior, las secretarías de Economía y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como el Servicio de Administración Tributaria deberán proveer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información necesaria ”6 .

Cabe mencionar que, en días previos a la aprobación de la LIF2022, Diputados Federales de estados fronterizos se pronunciaron positivamente en rueda de prensa el 20 de octubre del 2021 respecto del tema de regularizar automotores que están internados y circulando en México.

Entre los argumentos vertidos, se encuentra que, “ no se afectará la economía ni el comercio nacional, ya que este tipo de autos sólo abarca el 13% de los vehículos en la zona norte”7 .

De igual manera y como acto de justicia social para todas las familias se presentó el 18 de octubre del 2021 punto de acuerdo mediante el cual se exhortaba a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, en su caso, al Servicio de Administración Tributaria, para que una vez que se establezcan las bases para la regularización de los autos importados desde Estados Unidos a México denominados “autos chocolates”, los ingresos generados por este concepto sean reintegrados a los mismos municipios de los 7 estados fronterizos para los fines que señaló el Ejecutivo federal .

7. El día 19 de enero del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, mismo que contiene 9 artículos, en los que se establecen los estados en los que se aplicará el beneficio; tipos de vehículos; requerimientos; monto; exclusiones y aplicación de los recursos obtenidos por el trámite de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera.

En el artículo 2 del referido Decreto8 se establece a la letra que:

ARTÍCULO 2.- Los vehículos usados cuyo Número de Identificación Vehicular corresponda al de fabricación o ensamble del vehículo en México, Estados Unidos de América o Canadá y se clasifiquen en las fracciones arancelarias que se señalan en el siguiente párrafo, que al 19 de octubre de 2021 se encontraban en el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas y no cuenten con el documento que acredite su legal estancia en el país, para efectos de su regularización en territorio nacional, podrán ser importados definitivamente sin que se requiera certificado de origen, permiso previo de la Secretaría de Economía, ni inscripción en el Padrón de Importadores .

No obstante, de lo establecido en el artículo segundo, respecto de la procedencia de los vehículos, diversas voces, entre ellas la Unión Independiente de Vendedores de Autos y Camiones Usados9 , se han pronunciado por la inclusión en el decreto de importación de autos de países terceros, al argumentar que, de no atenderse esa petición, representaría para las entidades fronterizas, una importante problemática por el uso de estos vehículos en la comisión de algún delito o en su defecto, la imposibilidad de brindarle certeza jurídica a cientos de familias mexicanas.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto a la consideración de esta Honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. - La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a que en el marco de sus atribuciones y de conformidad al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2022, se amplié los criterios previstos en el artículo 2 para incorporar a los vehículos de países terceros en los términos del citado artículo.

Notas:

1. Se retoman las consideraciones del numeral 1 al 6 de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a que en el marco de sus atribuciones y de conformidad al Decreto publicado en el Diario de la Federación el 18 de octubre del 2021, se establezcan las mesas de trabajo que permitirán diseñar y construir las disposiciones de carácter general para regular la importación definitiva de vehículos usados y/o en su caso, se expidan a la brevedad los lineamientos correspondientes, publicada en Gaceta Parlamentaria, año XXV, número 5944-IV, miércoles 19 de enero de 2022.

2. “Será anual la regularización de “autos chocolate”. 16 de agosto 2021. Infobaja. [en línea]. [Consultado el 20 de diciembre de 2021]. Disponible en: https://www.infobaja.info/sera-anual-la-regularizacion-de-autos-chocola te/

3. Diario Oficial de la Federación. 18/10/2021 [en línea]. [Consultado el 20 de diciembre de 2021]. Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5633045&fecha=18/10/2021

4. Id.

5. Id.

6. Diario Oficial de la Federación. 12/11/2021 [en línea]. [Consultado el 20 de diciembre de 2021]. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5635285&fecha=12/11/ 2021

7. Morena aplaude ingreso y regularización de “autos chocolate”. IDC. Online. [en línea]. [Consultado el 20 de diciembre de 2021]. Disponible en:

https://idconline.mx/fiscal-contable/2021/10/20/morena-a plaude-ingreso-y-regularizacion-de-autos-chocolate

8. Diario Oficial de la Federación. 19/01/2022 [en línea]. [Consultado el 30 de enero de 2022]. Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5640965&fecha=19/01/2022

[1] Piden vendedores inclusión de 15 mil autos ‘chuecos’. El Diario. [en línea]. [Consultado el 30 de enero de 2022]. Disponible en: https://www.eldiariodechihuahua.mx/estado/piden-vendedores-inclusion-de -15-mil-autos-chuecos-20220130-1892116.html

Dado en el Palacio Legislativo, el 9 de febrero de 2022.

Diputado Daniel Murguía Lardizábal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y la SEP a diseñar programas especiales de prevención y atención de salud mental centrados en niños y adolescentes de educación básica, a cargo del diputado Juan Carlos Maturino Manzanera, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Juan Carlos Maturino Manzanera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La pandemia denominada en el ámbito científico como SARS-Cov2 y conocida como Covid-19 fue declarada en enero de 2020 por la Organización Mundial de la Salud como “emergencia de salud pública de importancia internacional” (OMS, 2020). Datos de organismos nacionales e internacionales revelan el conjunto de alteraciones en los diferentes renglones de la vida pública que ha sufrido el orden mundial.

En México, la Secretaría de Salud estimó, el 21 de enero de 2022, más de 4.5 millones de contagios acumulados, 300 mil muertes y 353 mil casos activos. Las cifras que presenta son alarmantes en todos los sectores del país. Estamos hablando de una crisis sanitaria sin precedentes que ha afectado la vida de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas mayores, es decir, de todas y todos.

En el sistema educativo nacional, la Secretaría de Educación Pública implantó medidas de distanciamiento y confinamiento desde los días 23 y 30 de marzo de 2020 que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación.1 Desde ese momento, estudiantes y docentes comenzaron sus actividades académicas a través de internet, la aplicación WhatsApp y la televisión pública y privada.

Ya transcurrieron dos años de distanciamiento social, tiempo en el que han surgido otras variantes del Covid-19 como Delta y Ómicron. Las secuelas que ha dejado en las personas no solamente son físicas sino también psicológicas. Familias enteras han sido sacudidas social, económica y psicológicamente por esta pandemia.

En el ciclo escolar 2020-2021, la matrícula registrada en la SEP a escala nacional fue de 35 millones 588 mil 589 estudiantes, en todos los niveles. En educación básica –que comprende preescolar, primaria y secundaria–, la matrícula fue de 24 millones 597 mil 234 estudiantes.2 Al analizar la trayectoria educativa de los estudiantes en este nivel, los datos que encontramos son preocupantes.

Para el ciclo escolar 2020-2021, ya no se inscribieron 175 mil 281 alumnos en escuelas de sostenimiento público, mientras que el número de estudiantes que dejó de asistir a escuelas privadas fue de 480 mil 791; el número de planteles que desaparecieron fue de 1 mil 223 y 12 mil 698 docentes perdieron su empleo, de acuerdo con las cifras publicadas por la SEP (tabla 1). Estos datos nos hablan de los efectos causados por la pandemia en el sector educativo.

Ante la política de distanciamiento social, el confinamiento y el desarrollo de las actividades escolares desde casa, la salud mental de niñas, niños y adolescentes puede afectarse significativamente, ya que su estado socioemocional, los niveles de estrés y ansiedad se pueden ver afectados por una reducción en la cantidad y calidad de interacciones, socialización y contacto personal con sus compañeros de clase, educadores y maestros.3

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, por salud mental debe entenderse un estado de bienestar en el que el individuo realiza sus capacidades, supera el estrés normal de la vida, trabaja de forma productiva y fructífera, y aporta algo a su comunidad, los factores socioeconómicos que la pueden afectar deben abordarse mediante estrategias de carácter integral, de promoción, prevención, tratamiento y recuperación que involucran a todo el aparato gubernamental.4

En el presente ciclo escolar, las clases empezaron a impartirse en la modalidad híbrida, con la participación de autoridades educativas, docentes y padres de familia. Sin embargo, ante la nueva ola de contagios derivados de la variante ómicron, al 9 de enero de 2022, 12 entidades federativas pospusieron el regreso a los planteles y anunciaron el desarrollo de actividades académicas de manera virtual: Aguascalientes, Baja California Sur, Baja California, Chihuahua, Coahuila, estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas y Zacatecas.5

El gobierno federal, a través de las dependencias de Salud y Educación, deben analizar a profundidad el actual ambiente en el que se encuentran docentes y alumnos, es decir, los principales actores en el proceso enseñanza-aprendizaje. Recordemos que esta situación genera estrés y ansiedad y si a ello se añade la situación socioeconómica en la que se encuentran miles de familias, dadas las condiciones de desempleo originado por la misma pandemia, la salud de niñas, niños y adolescentes se multiplica gravemente.

El UNICEF manifiesta que, ante la pandemia, muchos niños están sumidos en la tristeza, el dolor o la ansiedad. Algunos se preguntan hacia dónde se dirige este mundo y cuál es su lugar en él, lo más lamentable, añade que la angustia psicosocial y la mala salud mental afligen a un número excesivo de niños, incluidos los millones que cada año se ven obligados a abandonar sus hogares, marcados por conflictos y graves adversidades y privados de acceso a la escolarización, la protección y el apoyo que necesitan. Por eso, el organismo apunta que esta pandemia lo que ha logrado es mostrar la punta del iceberg de los problemas de salud mental. Cuando se deja de lado la salud mental de niñas, niños y adolescentes, lo que se está haciendo es socavar su capacidad de aprender, trabajar, establecer relaciones significativas y hacer contribuciones al mundo.6

La Ley General de Salud define la salud mental como el estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación (artículo 72, párrafo segundo). Señala que la salud mental es materia de salubridad general (artículo 3o., fracción VI).

En tal virtud, el Estado tiene la obligación de atender esta problemática de manera inmediata. Es oportuno subrayar que el gobierno mexicano tiene el compromiso adquirido en 2015 ante la ONU, con motivo de la firma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030,7 en el cual se comprometió a garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades, garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos (objetivos 3 y 4).

Por lo expuesto, fundado y motivado pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los secretarios de Salud, y de Educación Pública del gobierno federal a diseñar de manera coordinada programas especiales de prevención y atención de salud mental centrados en niños y adolescentes que cursen educación básica.

Referencias

1 Segob (2020). Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el SARS-Cov2 (Covid-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia. Diario Oficial de la Federación, 30 de marzo. Recuperado de

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020

Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor la epidemia de enfermedad generada por el SARS-Cov2 (Covid-19). Diario Oficial de la Federación, 30 de marzo. Recuperado de

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/2020

2 SEP. Principales cifras del sistema educativo nacional 2020-2021. México, 2021, página 12. Recuperado de https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/princip ales_cifras/principales_cifras_2019_2020_bolsillo.pdf y http://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principa les_cifras/principales_cifras_2020_2021_bolsillo.pdf

3 Hincapié, Diana, Florencia López-Boo y Marta Rubio-Codina (2020). El alto costo del Covid-19 para los niños. Estrategias para mitigar su impacto en América Latina y el Caribe. Documento para discusión número IDB-DP-00782. BID. Junio. páginas 3-4. Recuperado de https://publications.iadb.org/es/el-alto-costo-del-covid-19-para-los-ni nos-estrategias-para-mitigar-su-impacto-en-america-latina-y

4 OMS (2013). Plan de acción integral sobre salud mental 2013-2020, sexagésima sexta Asamblea mundial de la salud, página 3. Recuperado de

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_R8-sp. pdf

5 Expansión Política. Revista Digital. “Doce estados suspenden regreso a clases presenciales programado para este lunes”. Recuperado de https://politica.expansion.mx/estados/2022/01/09/doce-estados-suspenden -regreso-a-clases-presenciales-para-este-lunes

6 UNICEF. Estado mundial de la infancia. En mi mente. Promover, proteger y cuidar la salud mental de la infancia. Resumen ejecutivo, 2021. Recuperado de https://www.unicef.org/lac/media/28671/file/EMI2021-Resumen-ejecutivo.p df

7 ONU. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Septuagésimo periodo de sesiones. Temas 15 y 116 del programa. Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. Recuperado de

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development -agenda/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2022.

Diputado Juan Carlos Maturino Manzanera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a crear el registro nacional de personas fallecidas no identificadas, a cargo de la diputada Araceli Celestino Rosas, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Araceli Celestino Rosas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura, y de conformidad con lo previsto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, por lo que la Honorable Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía General de la República a crear el Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas, con base en las siguientes

Consideraciones

La Ley General de Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, fue creada para dar una respuesta gubernamental integral y coordinada con las acciones búsqueda y reparación a las víctimas.

A cuatro años después de la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas los retos siguen siendo enormes para atender los más de 96 mil casos de personas oficialmente reconocidas como desaparecidas, así como las más de 52 mil personas cuyos restos permanecen sin identificar en los servicios forenses y panteones públicos.1

La fracción XXI del artículo 4 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, define como:

Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas: al Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas que concentra la información forense procesada de la localización, recuperación, identificación y destino final de los restos tanto de la Federación como de las Entidades Federativas, cualquiera que sea su origen.

Sin embargo dicho registro no existe en la Fiscalía General de la República, ni en las Fiscalías Estatales, en este sentido la ONU-DH ve con preocupación que el Registro Nacional de Personas Fallecidas y no identificadas no se encuentre implementado, así mismo la ONU-DH señala que en la mayoría de entidades federativas aún carecen de una política pública en materia de desaparición de personas e incluso algunas no han armonizado sus marcos legislativos con los contenidos de la Ley General ni han dotado a sus comisiones estatales de búsqueda de los recursos mínimos indispensables para cumplir con su importante labor por lo que estas omisiones, incumplimientos y retrasos de los actores estatales repercuten negativamente en los derechos de las víctimas.2

Por lo que esta Soberanía hace un respetuoso exhorto a la Fiscalía General de la República a implementar Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas a fin de lograr acciones de coordinación entre las entidades federativas y cumplimentar lo dispuesto por la Ley General de Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Por lo anterior expuesto someto a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Honorable Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía General de la República a crear el Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas.

Notas:

1. Recuperado de ONU-DH: a cuatro años de su vigencia formal, la Ley General sobre Desaparición de personas aún presenta retos significativos para su plena y efectiva implementación | ONU-DH (hchr.org.mx)

2. Recuperado de ONU-DH: a cuatro años de su vigencia formal, la Ley General sobre Desaparición de personas aún presenta retos significativos para su plena y efectiva implementación | ONU-DH (hchr.org.mx)

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2022.

Diputada Araceli Celestino Rosas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía rechaza las acciones del bloqueo económico, comercial y financiero de EUA contra Cuba, a cargo del diputado Manuel Vázquez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Manuel Vazquez Arellano, diputado integrante del Grupo Parlamentario Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como demás relativos y aplicables, someto a la consideración de esta Honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hasta finales de la década de 1950, Cuba enfrentaba una situación de extrema desigualdad, la mayor parte de las tierras estaban en manos de un grupo muy reducido y el comercio exterior era controlado por el mercado de Estados Unidos de América. Carmelo Mesa-Lago, un reconocido economista, señala que la mortalidad infantil era el doble en el campo que en la ciudad. Si el analfabetismo en la ciudad era del 11%, en el campo era del 40%, la mortalidad infantil también era el doble en el campo. La situación era tal que, más de 10 mil cubanas se dedicaban a la prostitución por falta de oportunidades laborales.1

El 26 de julio de 1953 inicia una movilización social, en respuesta a la grave situación creada por el entonces presidente golpista, Fulgencio Batista, y ante la urgente necesidad de transformar la realidad económica y social causada por el control estadounidense en la isla. Casi seis años después, el 1º de enero de 1959, triunfa la Revolución Cubana, marca la derrota del dictador y se libera de ser la “neocolonia” y “burdel” de Estados Unidos.

En respuesta, EEUU implementa una serie de medidas de agresión y coacción económica con la intención de aislar, asfixiar e inmovilizar a Cuba para debilitar su decisión de ser soberanos y continuar con un modelo económico socialista. El bloqueo comenzó cuando el presidente Dwight Eisenhower impuso un embargo parcial y rompió relaciones diplomáticas con la isla. Posteriormente, el presidente John F. Kennedy prohibió totalmente la importación de mercancías de origen cubano. El bloqueo no sólo ha continuado por 60 años, sino que se ha endurecido. Durante el gobierno de Donald Trump se adoptaron adicionalmente 243 medidas contra Cuba, entre ellas, la eliminación de los viajes de los cruceros y de vuelos de aerolíneas estadounidenses a toda la Isla, exceptuando a La Habana; cancelación de los servicios consulares en Cuba y su ubicación en terceros países; impedimento de transacciones bancarias; limitación primero y cese después de las transferencias bancarias de ciudadanos (privados) y el cierre ulterior de las operaciones de la empresa Western Unión; las sanciones a empresas cubanas; la persecución de petroleras, aseguradoras, navieras e, incluso, tripulaciones que transportaran gas licuado o petróleo a la Isla; y la inclusión de Cuba en una lista arbitraria y unilateral de estados que, según Washington, patrocinan el terrorismo internacional.2

La Asamblea General de las Naciones se pronunció una vez más este miércoles de forma abrumadora contra el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba y exigió que se ponga fin a esas medidas coercitivas unilaterales. La resolución de rechazo al embargo a Cuba obtuvo esta vez 184 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y tres abstenciones (Colombia, Brasil y Ucrania). El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, afirmó que el bloqueo es una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano y agregó que según la Convención de Ginebra de 1948, “constituye un acto de genocidio. Nos ha privado de ingresos indispensables como los derivados del turismo”. Precisó que los daños acumulados en las seis décadas ascienden a 147 mil 853 millones de dólares. Rodríguez Parrilla aseveró que el bloqueo “es un acto políticamente motivado” que llama a poner en práctica “todos los medios posibles para debilitar la vida económica, negándole a Cuba dinero y suministros” para provocar inestabilidad política y social en el contexto de las dificultades económicas causadas por su propia política de castigo al pueblo cubano.3

Entre los daños ocasionados por el bloqueo económico se encuentran la escasez de alimentos, combustibles y medicinas, la falta de ingresos por exportaciones y servicios, el deterioro de la producción y los servicios internos, y dificultad para acceder a tecnologías de punta. Además, de los daños ocasionados por la difamación mediática.4

No se trata de un embargo, es en realidad un acto de guerra que contraviene los principios fundamentales del Derecho Internacional sobre igualdad soberana, no intervención en asunto internos de los Estados, el respeto a la libre determinación. Además de violar de forma masiva y sistemática los derechos humanos del pueblo cubano.

Resulta urgente ponerle fin al embargo estadounidense a Cuba, particularmente en la emergencia que vive el mundo frente a la pandemia de COVID-19. Es ponderante la manera en que la isla caribeña ha sorteado la crisis sanitaria:

• Desarrollo de vacunas contra el coronavirus.

• Cuenta con el 87.9% de la población vacunada.

• Cuba tiene un índice de contagio del 1%, frente al 2% mundial y el 2.6% de América Latina.

Pese a los obstáculos que le representa este bloqueo a Cuba, desde el triunfo de la Revolución también se ha logrado reducir la mortalidad infantil, de 60 por cada mil nacidos vivos, a 4,2; asimismo, la esperanza de vida incrementó 15 años para ambos sexos, y actualmente, las mujeres constituyen el 65% de la fuerza técnica del país.5 También cabe mencionar que la Organización Mundial de la Salud reconoció en varias ocasiones la excelencia del sistema sanitario cubano, es de destacar que los servicios médicos en el país son totalmente públicos y gratuitos para la población, y cuenta con el mayor número de médicos del mundo: más de siete por cada 1.000 habitantes. En 2015, se convirtió en el primer país en eliminar la transmisión de VIH y sífilis de madre a hijo. Igualmente es conocida la labor de sus misiones de brigadas de médicos en el extranjero. Además, toda la población tiene acceso a educación, independientemente de la situación económica familiar, y la isla fue declarada el primer territorio libre de analfabetismo en América Latina por la Unesco.6

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión rechaza categóricamente las medidas de bloqueo económico por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, en contra de la República de Cuba

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Comisionado de las Naciones Unidas en México, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores para que continúe con las medidas y pronunciamientos pertinentes en contra del bloqueo económico por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, en contra de la República de Cuba.

Notas:

1. BBC News Mundo. Revolución cubana. 30 dic 2018. Consultado febrero 2022 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46532629

2. CLACSO. El bloqueo estadounidense contra Cuba. Una actualización. 16 de julio de 2021. Consultado en febrero de 2022. https://www.clacso.org/el-bloqueo-estadounidense-contra-cuba-una-actual izacion/

3. Noticias ONU. La Asamblea General rechaza una vez más de forma abrumadora el embargo a Cuba. 23 de junio de 2021. Consultado en febrero de 2022.

https://news.un.org/es/story/2021/06/1493662

4. CLACSO. El bloqueo estadounidense contra Cuba. Una actualización. 16 de julio de 2021. Consultado en febrero de 2022. https://www.clacso.org/el-bloqueo-estadounidense-contra-cuba-una-actual izacion/

5. Vincent, Mauricio. Guerra de cifras entre defensores y detractores de Fidel Castro. El país. 28 de noviembre de 2016. Consultado en febrero de 2022.

https://elpais.com/internacional/2016/11/27/actualidad/1 480259892_372554.html

6. González Díaz, Marcos. 60 años de la Revolución Cubana. BBC Mundo. 31 de diciembre de 2018. Consultado en febrero de 2022. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46575032

CNDH. Día de la Rebelión Nacional en Cuba: “Movimiento 26 de julio” para derrocar el régimen golpista dictatorial de Fulgencio Batista. Consultado en febrero de 2022.

https://www.cndh.org.mx/noticia/dia-de-la-rebelion-nacio nal-en-cuba-movimiento-26-de-julio-para-derrocar-el-regimen

Palacio legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2022

Diputado Manuel Vazquez Arellano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a esclarecer los hechos derivados de la aparición de un centro de vacunación privado en Atizapán de Zaragoza; y a la Ssa, a dar seguimiento al estado de salud de los menores inmunizados, a cargo de la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Mariana Gómez del Campo Gurza, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de la República a esclarecer los hechos derivados de la aparición de un centro privado de vacunación en Atizapán de Zaragoza; y a la Secretaría de Salud del gobierno federal, a dar seguimiento al estado de salud de los menores vacunados, conforme a los siguientes

Antecedentes

I. El gobierno del estado de México y el Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, al informar la actualización del comportamiento de Covid-19 en la entidad, ello, al 17 de enero del presente año, señala que en el caso de las mujeres menores de 19 años la cifra asciende a 13 mil 542 casos positivos y, respecto a hombres menores de 19 años, la cifra asciende a 14 mil 114 casos positivos. Lo anterior confirma la urgente necesidad de vacunar a la población infantil en general, pues como se constata los casos de menores de edad contagiados ascienden a miles.

II. Los organismos citados en el párrafo anterior señalan que la cantidad de defunciones en el estado de México derivadas de Covid-19 asciende a 146 mujeres menores de 19 años, así como 157 hombres al 17 de enero del presente año.

III. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Censo de Población y Vivienda de 2020, en el estado de México viven 4 mil 421 mil 644 niñas y niños de 0 a 15 años, quienes representan 26 por ciento de la población de la entidad.

IV. En el portal de información oficial de las Naciones Unidas México se da a conocer la actualización de recomendaciones emitidas el 21 de enero del presente año el Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización (SAGE) de la Organización Mundial de la Salud respecto a la vacunación contra el Covid-19.

Los cambios en las recomendaciones del SAGE destacan que los países deben considerar los beneficios individuales y poblacionales de la vacunación de los niños, aunque el Covid-19 grave es poco frecuente en los niños, se produce ocasionalmente, y la vacunación de los niños tiene el beneficio adicional de minimizar la interrupción de su educación, mejorando así su bienestar en general.

V. Por medio de una publicación en el periódico La Jornada, el 25 de enero del año en curso se hizo saber que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México concedió suspensiones de oficio y de plano para que 2 menores de 12 años sean vacunados contra el Covid-19 sin importar su estado de salud. En el mismo comunicado se destaca que expertos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Secretaría de Salud del gobierno federal y el coordinador del Programa Covid-19 del Centro Médico ABC, avalan la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech Covid-19, en menores de 5 a 11 años. Aunado a lo anterior tales expertos también resaltan que la variante Ómicron del SARS-Cov2 tan presente hoy en día es más contagiosa. Lo anterior debe llevar al estado mexicano a velar y cumplir con el derecho fundamental a la salud de un menor de edad, así como el interés superior del menor, basado en que todas las decisiones y actuaciones del estado deberán cumplir con este principio de rango constitucional, garantizando de manera plena sus derechos.

VI. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios recalcó que la comercialización de vacunas contra el Covid-19 es un delito y representa múltiples riesgos a la salud, dado que recibir un tratamiento biológico que no cuenta con información sobre su procedencia, fabricación, almacenamiento o caducidad no ofrece ninguna veracidad sobre su efectividad.

VII. Recordemos que el pleno del Senado avaló establecer en diciembre de 2021 sanciones por robo de vacunas y medicamentos, castigando a quien sustraiga vacunas que formen parte del sistema nacional de salud, incluyendo las que se aplican contra el Covid-19.

Lo anterior, ya que presuntamente el negocio instalado en Atizapán de Zaragoza consiguió de manera apócrifa las vacunas que aplicaba. Se dio a conocer en medios de comunicación que dicho negocio cobraba 150 dólares para la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 fuera de toda norma sanitaria. Se sabe que el medicamento biológico provenía de Texas, Estados Unidos de América.

Considerandos

I. El artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados establece que la presentación de proposiciones es un derecho de las y los diputados.

II. Conforme al artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá? las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá? la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La ley definirá? un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

III. Conforme al artículo 4o., párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velara? y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

Por lo expuesto someto el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, con los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al fiscal general de la República a investigar y esclarecer en su facultad de atracción los hechos suscitados en el establecimiento clandestino de aplicación de vacunas contra el Covid-19 en Atizapán de Zaragoza, así como el modus operandi para la obtención de dichos tratamientos biológicos.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al secretario de Salud del gobierno federal a dar seguimiento del estado de salud de los menores de edad que fueron vacunados en el centro clandestino de Atizapán de Zaragoza.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2022.

Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de NL a no violentar los derechos fundamentales de los menores de edad del estado, a cargo de la diputada Araceli Celestino Rosas, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Araceli Celestino Rosas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura, y de conformidad con lo previsto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, por lo que la Honorable Cámara de Diputados exhorta al Gobernador del estado de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda y a Mariana Rodríguez Cantú, Titular de la Oficina Amar a Nuevo León, a no violentar los derechos fundamentales de los menores de edad del estado de Nuevo León con base en las siguientes

Consideraciones

Hace un par de semanas Mariana Rodríguez Cantú esposa del Gobernador del estado de Nuevo León y Samuel Alejandro García Sepúlveda gobernador del Estado de Nuevo León mediante sus redes sociales, hicieron del conocimiento público que adoptaron por un fin de semana a un menor de edad del DIF Capullos de Guadalupe Nuevo León, a través de un permiso especial.

Si bien existe un programa dentro del Sistema para el Desarrollo Integral de Nuevo León, denominado Familias de Acogida, Mariana Rodríguez Cantú no cuenta con la certificación para poder ser parte del programa, así mismo lo indica ella misma a través de sus redes sociales.

Para precisar Mariana Rodríguez Cantú sustrajo un menor de edad del DIF Capullos de Guadalupe Nuevo León sin cumplir con el procedimiento establecido violentando así el derecho del menor a su seguridad jurídica, y además lo exhibió en fotografías junto a su esposo el Gobernador del estado de Nuevo León Samuel Alejandro García Sepúlveda en redes sociales sin proteger su identidad violentado su derecho a intimidad.

Debemos dejar en claro que nuestra obligación como servidores públicos es respetar, vigilar, garantizar, promover y ponderar los derechos fundamentales de niñas y niños en todas nuestras actuaciones.

En esta tesitura la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante Tesis con Registro digital: 2008547, ha señalado al respecto:

“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. CONSTITUYE UN PRINCIPIO RECTOR DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LOS PODERES PÚBLICOS RELACIONADOS CON MENORES.

Además de su carácter tuitivo, el principio de interés superior del menor constituye un elemento hermenéutico de primer orden para delimitar el contenido y alcance de los derechos humanos de los menores y los coloca como sujetos prevalentes de derechos. Se trata entonces de considerar la especial situación en que se encuentran ciertos derechos humanos cuando el titular es un menor, atendiendo a que el derecho básico de los menores de edad es el de ser atendidos con pleno respeto a sus derechos fundamentales. Desde esta óptica, los menores son destinatarios de un trato preferente, por su carácter jurídico de sujeto de especial protección, lo que implica que son titulares de un conjunto de derechos que deben valorarse de acuerdo con sus circunstancias específicas. De ahí que el interés superior del menor constituye un principio rector de todas las actuaciones de los poderes públicos relacionados con menores .”1

No debemos pasar por inadvertido este hecho inédito y reprochable en el Estado de Nuevo León, el Gobernador del estado León Samuel Alejandro García Sepúlveda y su esposa Mariana Rodríguez Cantú han dejado evidencia su falta de ética para gobernar, exhibir y utilizar menores de edad para generarse popularidad es un acto ruin.

Por lo anterior expuesto someto a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Honorable Cámara de Diputados exhorta al Gobernador del estado de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda y a Mariana Rodríguez Cantú, Titular de la Oficina Amar a Nuevo León, a no violentar los derechos fundamentales de los menores de edad del Estado de Nuevo León.

Nota:

1. Detalle - Tesis - 2008547 (scjn.gob.mx)

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2022.

Diputada Araceli Celestino Rosas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE y Pemex a informar a la opinión pública sobre la quema de combustóleo en la termoeléctrica y la refinería de Salamanca, Guanajuato, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Itzel Josefina Balderas Hernández, Román Cifuentes Negrete, Jorge Arturo Espadas Galván, Ana María Esquivel Arrona, Karen Michel González Márquez, Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, Esther Mandujano Tinajero, Berenice Montes Estrada, Saraí Núñez Cerón, Éctor Jaime Ramírez Barba, Juan Carlos Romero Hicks, Fernando Torres Graciano, José Salvador Tovar Vargas y Ricardo Villarreal García, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) a remitir un informe pormenorizado a la opinión pública relativo a la quema de combustóleo en la termoeléctrica y la refinería de Salamanca, Guanajuato, y a detener el uso de ese combustible en ambas instalaciones, conforme a los siguientes

Antecedentes

En Salamanca se respira veneno

En 2016, la Comisión Federal de Electricidad dejó de utilizar combustóleo para generar energía eléctrica en la termoeléctrica ubicada en Salamanca, Guanajuato, pero durante la presente Administración Federal, debido a que el combustóleo ya no puede ser exportado ni siquiera para ser utilizado como combustible para barcos, el gobierno federal determinó que la CFE volviera a quemar combustóleo para generar energía eléctrica.

Esto generó que durante 2020 y 2021, la calidad del aire de la cuenca atmosférica de Salamanca se deteriorara considerablemente.

De acuerdo con la información más reciente, hecha pública por la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) de Guanajuato, en Salamanca, cada dos días y medio se rebasa la norma de dióxido de azufre.

Esto ha ocasionado que, en 2021, en 146 días se haya superado el valor límite establecido en la norma oficial mexicana relativa al dióxido de azufre, lo que significa un incremento de 26 por ciento respecto de 2020, cuando se rebasó el valor límite en 116 días.1

La SMAOT adjudica este deterioro en la calidad del aire a la quema de combustóleo que se da tanto en la termoeléctrica de la CFE, como en la refinería de Pemex.

De acuerdo con la SMAOT, la NOM en dióxido de azufre se actualizó en 2019, quedando el tope máximo en 75 partes por billón, pero en Salamanca, durante estos últimos dos años, se ha llegado a picos de más de 460 partes por billón,2 lo que es una verdadera desgracia ambiental y una amenaza latente para la población.

Esto equivale a decir, sin temor a equivocarnos, que en Salamanca y en los municipios circunvecinos, la población está respirando veneno y que esto va a ser muy costoso en términos de las afectaciones al derecho a la salud que se darán con el paso del tiempo.

Quizá en estos años, la CFE, Pemex y el gobierno federal consideren que no se generan afectaciones graves e inmediatas, pero lo que va a suceder con el paso del tiempo es que una gran parte de la población va a resentir en su salud este incremento en los niveles de dióxido de azufre y de otros contaminantes.

Denuncias sin respuesta

Desde hace un año, la SMAOT ha denunciado públicamente y a través de las instancias legales correspondientes, este incremento de los niveles de dióxido de azufre en la cuenca atmosférica de Salamanca, sin que hasta el momento haya habido cambio alguno en la postura de la CFE y de Pemex respecto de la quema de combustóleo.

El 19 de febrero de 2021, la SMAOT anunció que solicitaría a la termoeléctrica de Salamanca de la CFE que le informara los detalles de la mezcla, así como los días que usarían combustóleo, ello con el objetivo de prevenir las afectaciones ambientales y para proteger, en la medida de lo posible, la salud de la población de la cuenca atmosférica de Salamanca, Irapuato y Celaya.3

El 20 de febrero de 2021, la misma SMAOT recomendó a la población no hacer actividades físicas al aire libre y atender a los altos niveles de contaminación ambiental en el aire de la región de Salamanca y ciudades aledañas, ello en razón de que se registraron concentraciones altas de dióxido de azufre y partículas PM2.5.4

El 21 de febrero de 2021, ante la falta de respuesta por parte de la termoeléctrica de la CFE a la solicitud de información relativa al aumento en la quema de combustóleo, la SMAOT reiteró su solicitud de información.5 Ese día, la SMAOT informó que, de nueva cuenta, se registraban picos de concentración de dióxido de azufre, en la región de Salamanca.6

El 23 de febrero de 2021, la SMAOT volvió a informar a la población que los índices de contaminación atmosférica eran muy altos y que se había incrementado de nueva cuenta las concentraciones de dióxido de azufre. La SMAOT publicó, en su cuenta institucional de Twitter, el comunicado por el que informa tal situación y en el que adjunta la gráfica que muestra el incremento de estos contaminantes en la cuenca atmosférica de Salamanca.

Finalmente, el 24 de febrero de 2021, la SMAOT volvió a informar a la población de Salamanca e Irapuato, que continuaban los incrementos en las concentraciones de dióxido de azufre, por lo que recomendó de nueva cuenta no realizar actividades al aire libre y cuidar su exposición al aire contaminado.

Por estas afectaciones, la SMAOT ha presentado denuncias ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la cual se limitó a informar mediante oficio que “llevarían a cabo acciones de supervisión, inspección y vigilancia en materia de seguridad industrial en la Termoeléctrica de Salamanca, así como seguridad operativa y protección al ambiente, “por lo que una vez realizadas dichas acciones se harán de conocimiento los resultados obtenidos”,7 pero esa respuesta no ha llegado.

Pero, aunque la autoridad en la materia no responda las quejas que ha presentado la SMAOT, lo cierto e innegable es que tanto la termoeléctrica ha aumentado la quema de combustóleo, como que la refinería de Salamanca, genera 80 por ciento de dióxido de azufre en el estado.8

Como diputado electo en el distrito octavo de Guanajuato, en el que se encuentra el municipio de Salamanca, debo elevar de nueva cuenta la voz para detener esta tragedia ambiental que está costando la salud y, quizá la vida de la población de Salamanca y de los municipios circundantes.

Cabe resaltar en este punto que la contaminación atmosférica por dióxido de azufre ha afectado a municipios como Irapuato o Celaya, lo que demuestra que, de no atenderse a la brevedad, este problema corre el riesgo de convertirse en una amenaza ambiental para una gran parte del Estado de Guanajuato e, incluso, para entidades cercanas, como Querétaro.

Por ello, esta proposición pretende que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorte respetuosamente a la CFE y Pemex a remitir un informe pormenorizado relativo al uso de combustóleo en la termoeléctrica y la refinería, ubicadas en Salamanca, Guanajuato, desde el año 2016 a la fecha, así como para que detengan el uso de ese combustible en ambas instalaciones, que está ocasionando el incremento de la contaminación atmosférica por el aumento de dióxido de azufre.

Por lo expuesto sometemos el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno, con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos a remitir con la mayor brevedad un informe pormenorizado a la opinión pública relativo al uso de combustóleo en la termoeléctrica y la refinería de Salamanca, Guanajuato, de 2016 a la fecha, y detener el uso de ese combustible en ambas instalaciones, que está ocasionando el incremento de la contaminación atmosférica por el aumento de dióxido de azufre.

Notas

1 “Rebasa Salamanca límites de dióxido de azufre cada dos días y medio”, en Periódico AM. Disponible en

https://www.am.com.mx/salamanca/Contaminacion-Rebasa-Sal amanca-limites-de-dioxido-de-azufre-cada-2.5-dias-por-uso-de-combustole o-20220205-0059.html

2 Ídem.

3 “Solicitan informe sobre funcionamiento de termoeléctrica en Salamanca”, en Contrapunto News. Disponible en

https://www.contrapuntonews.com/2021/02/19/solicitan-inf orme-sobre-funcionamiento-de-termoelectrica-en-salamanca/

4 Se reportan picos de concentración de contaminantes en Salamanca e Irapuato. Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato. Disponible en https://boletines.guanajuato.gob.mx/2021/02/20/se-reportan-picos-de-con centracion-de-contaminantes-en-salamanca-e-irapuato/

5 Se solicita nuevamente información a central termoeléctrica sobre condiciones de operación. Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato. Disponible en https://boletines.guanajuato.gob.mx/2021/02/21/se-solicita-nuevamente-i nformacion-a-central-termoelectrica-sobre-condiciones-de-operacion/

6 Nuevamente se registran picos de concentración de SO2 en Salamanca e Irapuato. Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato. Disponible en https://boletines.guanajuato.gob.mx/2021/02/21/nuevamente-se-registran- picos-de-concentracion-de-so2-en-salamanca-e-irapuato/

7 “Salamanca bajo contaminación: más de 100 días respirando dióxido de azufre”, en La Silla Rota Guanajuato. Disponible en https://guanajuato.lasillarota.com/estados/salamanca-bajo-contaminacion -mas-de-100-dias-respirando-dioxido-de-azufre/580320

8 “Refinerías mexicanas generan millones de toneladas de gases contaminantes y no van a parar”, en Cuestione. Disponible en https://cuestione.com/nacional/refinerias-mexicanas-genera-millones-ton eladas-gases-contaminantes/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2022.

Diputados: Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica), Jorge Arturo Espadas Galván, Itzel Josefina Balderas Hernández, Ana María Esquivel Arrona, Román Cifuentes Negrete, Karen Michel González Márquez (rúbrica), Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica), Esther Mandujano Tinajero, Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica), Berenice Montes Estrada, Fernando Torres Graciano, Saraí Núñez Cerón (rúbrica), José Salvador Tovar Vargas, Ricardo Villarreal García.

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a iniciar el proceso de designación del consejero presidente y dos consejeros titulares del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva, a cargo del diputado Héctor Israel Castillo Olivares, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Berenice Montes Estrada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete ante el pleno de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las cajas populares son un claro ejemplo de organización colectiva de ayuda mutua y de compromiso con la comunidad, ya que las personas afiladas a las cajas de ahorro y préstamos se asocian para ahorrar en conjunto, a fin de fomentar préstamos sencillos para resolver sus propios problemas.

Actualmente, el acceso que ofrecen al crédito para las familias mexicanas es una opción alejada de los costos del endeudamiento mediante créditos bancarios; más aún, para quienes no tienen ningún acceso a instituciones financieras y suelen guardar su dinero en casa o recurrir a otro tipo de opciones para aliviar sus necesidades, las cajas de ahorro popular se han perfilado tradicionalmente como una alternativa conveniente para obtener recursos crediticios a bajo costo.

Pero desafortunadamente, en los últimos años, el ahorro popular a través del sistema de cajas, ha enfrentado graves problemas de abuso, fraude y malversación, y en el estado de Guanajuato, es una situación que ha venido presentándose desde hace varios años, afectando a miles de personas que con tanto esfuerzo y sacrificio reunieron su dinero para buscar mejorar sus condiciones de vida.

La muestra más clara de esta situación es la preocupación que hoy enfrentan poco más de 30 mil guanajuatenses, ya que tienen su dinero ahorrado o invertido en nueve cajas populares, que de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, se encuentran en una situación irregular o con impedimento para captar recursos de sus socios ahorradores.

Estas nueve cajas de ahorro se encuentran impedidas de captar debido a que están en una situación clara de insolvencia o potencial quiebra, o bien no permitieron ser evaluadas en tiempo y forma en los plazos establecidos en la ley.

No obstante, un caso en particular aqueja a los ciudadanos del norte de Guanajuato. El 20 de noviembre de 2020, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió un comunicado en el que se daba aviso a los ahorradores de Operadora de Recursos Reforma, SA de CV que ésta había entrado en estado de disolución y liquidación derivado de la revocación de la autorización para funcionar y operar como sociedad financiera popular, por lo que se dieron a conocer las bases y el procedimiento que deberían atender los ahorradores para tramitar el pago de las obligaciones garantizadas.

Sin embargo, a poco más de un año del cierre de esta sociedad financiera popular, que contaba con varias sucursales en el norte de Guanajuato, muchos socios no han recibido el pago del capital que tenían ahorrado en cuentas individuales o colectivas, o no han recibido el monto total de su dinero.

El artículo 105 de la Ley del Ahorro y Crédito Popular establece que las sociedades financieras populares están obligadas a pagar un Fondo de Protección que tiene como fin primordial, procurar cubrir los depósitos de dinero de cada ahorrador, en caso de que se declare su disolución y liquidación, o se decrete su concurso mercantil.

Sin embargo, lo anterior es hasta por una cantidad equivalente a veinticinco mil Udi por persona física o moral, cualquiera que sea el número y clase de operaciones a su favor y a cargo de una misma sociedad financiera popular. Al valor actual de 7.141106 pesos, ello representa un máximo de 178 mil 527.65 pesos, lo que resulta en una grave afectación económica para varios ahorradores, pues el monto de su capital invertido supera esta cantidad.

Este tipo de casos, que también se han presentado en otros estados del país, pone en evidencia la fragilidad de un sector financiero poco regulado y poco observado por la autoridad, en el que se gestan las condiciones de fraudes o desfalcos con dinero ahorrado por los sectores sociales más desprotegidos.

La crisis que enfrentaron las cajas de ahorro popular mereció una intervención institucional a fondo que resultó entre otras cosas en la expedición de la Ley de Ahorro Popular. A partir de ese momento, se asumía que los fraudes en el sector eran cosa del pasado; que la norma sería efectiva, que la autoridad sería eficaz y que el dinero de los ciudadanos mexicanos que ahorraban a través de estos mecanismos se encontraba razonablemente protegido en la ley.

Nada más equivocado, pues se siguen presentando situaciones graves con las sociedades financieras populares, que captan el ahorro de los sectores de la población que menos recursos tienen, por lo que se vuelve a colocar este tema en el centro del debate sobre la regulación y la protección del ahorro popular.

Hoy, los reclamos de esos ahorradores representan un llamado de atención a la insuficiencia del marco jurídico vigente para regular a este sector, pero son también un reclamo de ayuda a las autoridades para poder recuperar, en la medida de lo posible, los recursos que muchas veces representan los ahorros de toda una vida.

En el caso de Operadora de Recursos Reforma, SA de CV, los acreedores han venido reclamando, tanto por la vía judicial como por la administrativa la reposición de sus recursos, sin que a la fecha se haya llegado a una solución para la recuperación de sus ahorros.

Por otro lado, han solicitado el apoyo de diversos actores políticos en el estado de Guanajuato, quienes hemos atendido dichas solicitudes realizando gestiones para la atención de las autoridades federales, sin que a la fecha se tengan resultados positivos.

Esta situación, representa una exigencia para que el Congreso de la Unión se involucre de nuevo y a fondo en un tema altamente sensible no sólo en lo financiero, sino sobre todo en lo social.

La preservación de los ahorros de los mexicanos, más aún cuando se trata de los más vulnerables económicamente y en un entorno económico adverso como el que enfrentamos, es una obligación legal y política de los legisladores federales.

En este sentido, es de fundamental importancia señalar lo siguiente: si bien no podemos negar que el sistema de las cajas de ahorro popular es un eficaz instrumento de fomento al ahorro y apoyo al poder adquisitivo de los ciudadanos que no participan de los servicios bancarios, la experiencia de los últimos años ha venido a demostrar que algunas entidades se prestan muy bien para defraudar a la gente y que a veces pueden funcionar al margen de la ley a causa de una regulación y supervisión oficial insuficiente.

Con los puntos de acuerdo que ahora proponemos, buscamos reforzar la atención del Poder Legislativo en este delicado asunto y buscamos que la autoridad competente establezca un compromiso con el apoyo a los ahorradores que ya sea por falta de rigidez oficial en la aplicación de la norma o por lagunas en ella, se han visto afectados.

En virtud de lo anterior y de la importancia de brindar la debida atención a este problema que perjudica de manera directa a los habitantes del Estado de Guanajuato, someto a consideración de esta asamblea del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer mecanismos y procedimientos institucionales en el marco de lo dispuesto en la ley a efecto de poder atender los reclamos de los ahorradores defraudados por Operadora de Recursos Reforma, SA de CV.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a evaluar la viabilidad de establecer los criterios jurídicos y financieros que permitan considerar un recurso destinado a resarcir el patrimonio de los ahorradores defraudados por Operadora de Recursos Reforma, SA de CV.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a hacer pública la información sobre el caso de Operadora de Recursos Reforma, SA de CV, así como de las nueve cajas de ahorro de Guanajuato que se encuentran impedidas de captar debido a que están en una situación clara de insolvencia o potencial quiebra, incluyendo los elementos en los que ha basado su intervención, así como su opinión sobre los procedimientos que podrían seguirse para resarcir a los ahorradores los fondos defraudados.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores, y para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a intensificar las supervisiones en todas las sociedades financieras populares.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2022.

Diputada Berenice Montes Estrada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a realizar un registro y estudio tanto de las casas de asistencia como de albergues infantiles públicos y privados del país, y supervisar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales protectoras de los menores de edad huérfanos, suscrita por diputadas del Grupo Parlamentario del PAN

Las suscritas, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, Martha Estela Romo Cuéllar, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Paulina Aguado Romero, Lilia Caritina Olvera Coronel, Wendy Maricela Cordero González, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, Mariela López Sosa y Mariana Gómez del Campo Gurza, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 7 de febrero, a través de diferentes medios de comunicación y periódicos, se dio a conocer una noticia alarmante y desgarradora sobre un caso de presunto maltrato en el albergue San Bernabé y Techo. Por medio de fotografías, videos, conversaciones de WhatsApp se expuso la situación de tortura y maltrato que los niños integrantes de esta casa hogar estaban o están viviendo. Aunque la directora del DIF, Esthela Damián, aseguró que ya se entrevistaron a niños de este albergue para ver si es verídica la historia, así como la jefa del gobierno, Claudia Sheinbaum, se negó que estos hechos sean reales. Nosotros los legisladores seguiremos preocupados y queremos exhortar a la autoridad para saber las condiciones de vida que hay para los menores de edad en este albergue y en el resto de las casas de asistencia, albergues infantiles privados y públicos.

En 2015, la representación en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia brindó apoyo técnico y financiero para presentar la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres en México de ese año. En esta encuesta se detectó que 63 por ciento de los niños y adolescentes de 1 a 14 años han experimentado al menos una forma de castigo psicológico. Y 7 de cada 10 personas forman parte de un entorno que hay violencia. En 2017, el Inegi calculó que más de 30 mil niños y adolescentes vivían en albergues u orfanatos públicos. Ese derecho se encuentra regulado en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Actualmente, de acuerdo con cifras oficiales, en México quedaron en orfandad 131 mil 325 niñas y niños, que perdieron padre, madre o ambos, por causa del Covid-19. De la cifra anterior, sólo 5 mil 300 menores recibieron la beca Leona Vicario otorgada por el gobierno de la Ciudad de México a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia local en 2021. Eso equivale a que sólo 4 por ciento recibe algún tipo de apoyo económico para subsanar la pérdida, consiste en 832 pesos mensuales.

Aunado a lo anterior, no se sabe las condiciones de vivienda de manera íntegra de los establecimientos de asistencia social en beneficio de las niñas, niños y adolescentes. Así como no se tiene una cifra exacta de niñas, niños y adolescentes en orfandad residentes de estos establecimientos. No hay evidencia empírica por parte de la Secretaría de Salud y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia sobre cantidad de menores de edad, situación de orfandad, condición de vida, padecimientos médicos, entre otros datos importantes.

La normativa del país señala en diversas disposiciones la protección de los menores de edad, y en específico aquellos que se encuentran en situación de orfandad:

Primero, México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, respecto al interés superior del Niño: “Todas las medidas respecto del niño deben estar basadas en la consideración del interés superior del mismo. Corresponde al Estado asegurar una adecuada protección y cuidado, cuando los padres y madres, u otras personas responsables, no tienen capacidad para hacerlo.”

Segundo, la Constitución protege los derechos de la niñez:

Artículo 4o.

[...]

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

[...]

Tercero, la Ley de Asistencia Social dice:

Artículo 65. La supervisión y vigilancia para el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas corresponden a la Secretaría de Salud a través del organismo y a las autoridades locales.

Artículo 66. Serán coadyuvantes del organismo en la supervisión, los Sistemas Estatales y del Distrito Federal para el Desarrollo Integral de la Familia y las Juntas de Asistencia Privada u órganos similares.

Cuarto, de acuerdo con el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia “es responsabilidad de ellos promover la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en los términos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tratados y convenciones internacionales de los que Estado mexicano sea parte y demás ordenamientos legales aplicables, tomando como imperativo de su actuar el interés superior de la niñez. Así como, promover el desarrollo individual del niño, de la familia y la comunidad, realizar acciones de apoyo educativo para la integración social, promover el sano crecimiento de las niñas, niños y adolescentes. Tiene como objetivo operar establecimientos de asistencia social en beneficio de las niñas, niños y adolescentes, con discapacidad o en situación de vulnerabilidad. A su vez, proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

Por ello, la supervisión y vigilancia del cumplimiento del estatuto orgánico y las demás disposiciones legales las hará la Secretaría de Salud a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Por todo lo anterior presento ante el pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, con apoyo de Instituto Nacional de Estadística y Geografía, un registro y estudio de las casas de asistencia y albergues infantiles privados y públicos que existen el país, así como de la cantidad de integrantes de estos centros, y las condiciones de vida que hay para los menores de edad, a fin de hacer un diagnóstico y sugerir protocolos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2022.

Diputadas: Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (rúbrica), Martha Estela Romo Cuéllar, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Paulina Aguado Romero, Lilia Caritina Olvera Coronel, Wendy Maricela Cordero González, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, Mariela López Sosa, Mariana Gómez del Campo Gurza.


Efemérides

Con motivo del 10 de febrero, Día de la Fuerza Aérea Mexicana, a cargo del diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN

El Ejército Mexicano representa “La Gran Fuerza de México”. Sin duda es la institución, junto con la Secretaría de la Marina Armada de México, más prestigiada y respetada en nuestro país, ya que sus valores que ostentan son, principalmente, disciplina y amor a México.

La Fuerza Aérea Mexicana, es una de las dos fuerzas armadas componentes una de las Fuerzas Armadas con que cuenta el Estado mexicano para la defensa del espacio aéreo nacional, así como para la salvaguarda de los mexicanos en casos de desastres y la seguridad del territorio nacional con el transporte de tropas y con tareas de vigilancia, entre muchos otros trabajos que desempeña desde 1915, año de su creación como arma de aviación.

El término Fuerza Aérea Mexicana se refiere tanto al equipo aéreo como al personal que lo asiste, que es utilizado por el Colegio del Aire, el Ejército, las unidades aéreas y demás dependencias. Al mando supremo de la Fuerza Aérea Mexicana se encuentra el presidente de la República.

Desde su origen, el Ejército y la Fuerza Aérea han sido garantes de la integridad del Estado mexicano. Han sido, también, baluartes en el esfuerzo de velar por la paz, la seguridad interior y la soberanía de nuestro territorio.

Además de custodiar el espacio aéreo nacional, este instituto armado cumple con una vocación social y humanista. Ante las emergencias y catástrofes naturales que ha padecido nuestra población, las Fuerzas Armadas son fundamentales para enfrentarlas y superarlas.

El 5 de febrero de 1915, el presidente Venustiano Carranza convencido de la importancia de la aviación creó por decreto constitucional el arma de Aviación Militar; así la Secretaría de Guerra y Marina de ese entonces fue designada para construir un local apropiado para establecer en él los talleres, mientras que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas consolidó el área de rodaje y levantó el primer hangar, fue así como nació el Aeródromo Nacional de Balbuena.

Durante el período armado de la Revolución, la incipiente aviación militar acudió en apoyo de los ejércitos de tierra, los aparatos aéreos eran desarmados, embarcados por ferrocarril y puestos en situación de vuelo al lado de las vías, mientras los soldados acondicionaban el terreno para hacer posible su operación. De ese modo, los campos de aviación se fueron multiplicando por todo el país.

Para el 10 de febrero de 1944 la aviación militar adquirió el carácter constitucional de Fuerza Armada, designándose Fuerza Aérea Mexicana, denominación respaldada por la destacada participación de los pilotos mexicanos durante la Segunda Guerra Mundial.

Desde entonces, cada año se conmemora esta significativa fecha, en la que los guardianes del espacio aéreo nacional refrendan su lealtad al Estado.

Sin embargo, no fue hasta el 10 de febrero de 1992, cuando por decreto presidencial se establece oficialmente el 10 de febrero de cada año como el día de la Fuerza Aérea Mexicana.

Esta institución armada es un gran símbolo de nuestro país y no sólo es reconocida por los mexicanos, sino también, más allá de nuestra nación.

De este modo, cada año se rinden honores a quienes valientemente representan a nuestro Ejército en el espacio aéreo. Por lo que, desde esta Cámara de Diputados, se otorga un sincero reconocimiento a cada uno de los miembros que integran el Ejército Mexicano, pero en esta fecha especialmente a los miembros de la Fuerza Aérea, por su entrega, disciplina, para quienes, desde el aire, se esfuerzan por brindarnos seguridad con la única finalidad de tener un país seguro.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 9 de febrero de 2022.

Diputado Ricardo Villarreal García (rúbrica)