Proposiciones

• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la SSPC para que articule esfuerzos de la Guardia Nacional y los elementos de seguridad estatal y municipal de Zacatecas en pro de mejorar la seguridad, a cargo del diputado Marco Antonio Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SE, la Conamer y el Conacyt a dar a sus actividades un enfoque de derechos humanos y una perspectiva de género, y realizarlas respecto a la propuesta de modificación del Reglamento de Becas para el Fortalecimiento de la Comunidad de Humanidades, Ciencias Tecnologías e Innovación, a cargo del diputado Carlos Madrazo Limón, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de NL a terminar con la problemática de transporte de pasajeros que afecta a los neoleoneses, y publicitar las acciones llevadas a cabo para renovar e implantar el transporte público de gas natural y eléctrico en el estado, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a SICT y la Profeco a realizar acciones para que las aerolíneas nacionales y las internacionales atiendan con eficiencia y fácil comprensión a quienes se haya cancelado o retrasado el vuelo, a cargo de la diputada Celeste Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del PT
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Cultura a restablecer la sucursal de la librería Educal en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a cargo de la diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob a establecer cooperación con el gobierno de BC para implantar mecanismos que garanticen la vida, integridad y seguridad de las personas en riesgo por ejercer la libertad de expresión y el periodismo, a cargo de la diputada Leslie Estefanía Rodríguez Sarabia, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua a emitir opinión técnica sobre la sequía severa en NL; y al Ejecutivo federal, a emitir, en su caso, declaratoria de desastre natural, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a corregir los subejercicios presupuestarios de la INSHAE y resolver la falta de atención médica y fármacos en las instituciones de tercer nivel, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a nombrar titular del Sipinna, a cargo de la diputada Adriana Campos Huirache, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a construir e implantar por la Subsecretaría de Educación Media Superior el marco curricular común del nivel medio superior, a cargo del diputado Alfredo Femat Bañuelos, del Grupo Parlamentario del PT
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Banjercito a establecer sucursales en las embajadas y los consulados de México en EUA y Canadá, a cargo de la diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la GN, la Sedena y la SSP de Guerrero a fortalecer las acciones de seguridad en Buenavista de la Salud y coordinar esfuerzos con los grupos de seguridad internos; y a la Fiscalía General de la entidad, a realizar las investigaciones pertinentes, a cargo del diputado Manuel Vázquez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a garantizar la vacunación de niños y adolescentes contra el SARS-Cov2, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conade a elaborar un plan de deporte social, a cargo del diputado Brasil Alberto Acosta Peña, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al consejero presidente del INE a desistirse de las acciones legales promovidas ante el Poder Judicial federal para mantener su salario y prebendas, y –en su caso– renunciar al cargo, a cargo de la diputada Celeste Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del PT
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la FGJ de Guerrero a continuar las investigaciones pertinentes para garantizar el acceso a la justicia de los tres jóvenes quemados en Chilpancingo de los Bravo el 29 de enero de 2022; y a distintas autoridades, a fortalecer las acciones de seguridad en el municipio, a cargo del diputado Manuel Vázquez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sener a incluir el hidrógeno verde en la estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios, a cargo del diputado Enrique Godínez del Río, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader a actualizar y publicar por el Inapesca la Carta Nacional Pesquera, a cargo de la diputada Nelida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a decretar la creación del telebachillerato comunitario, a cargo del diputado Alfredo Femat Bañuelos, del Grupo Parlamentario del PT
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Legislativo de BC a designar fiscal especializado en Combate a la Corrupción, a cargo del diputado Juan Isaías Bertín Sandoval, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SE a agilizar la publicación para consulta pública de la NOM-043-SEMARNAT-1993, parte del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad correspondiente a 2021, a cargo del diputado Héctor Israel Castillo Olivares, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Insabi a publicitar las acciones llevadas a cabo para garantizar la cobertura universal de los servicios de salud a los habitantes de NL, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGJ de Oaxaca a investigar con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos y de interés superior de la niñez el caso de la adolescente violada en San Juan Colorado, y considerar la destitución de funcionarias de la dependencia, suscrita por los diputados Maribel Martínez Ruiz y Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PT
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sader a considerar Oaxaca en el programa de fertilizantes de 2022 para impulsar la economía y la producción agrícola locales, a cargo del diputado Azael Santiago Chepi, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a considerar la destitución del subsecretario de la dependencia y ampliar el esquema de vacunación a niñas y niños de 5 a 11 años, a cargo de la diputada Itzel Josefina Balderas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a reauditar a Nochixtlán, Oaxaca, sobre el ejercicio fiscal de 2021, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a intervenir y vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por las autoridades judiciales de Puebla, que afectan el derecho humano a la educación de la comunidad estudiantil de la Udlap, a cargo del diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a garantizar que aumenten los tabuladores salariales de los profesores, a cargo de la diputada Martha Estela Romo Cuéllar, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Cultura, la Sectur y la Secretaría de Bienestar a implantar apoyos a los voladores de Papantla, a cargo de la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal y la Ssa a encabezar una campaña universal y oportuna de vacunación contra el SARS-Cov2 para menores de 18 años, a cargo de la diputada Martha Estela Romo Cuéllar, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Cultura y la SEP a fomentar el desarrollo de habilidades universales y cognitivas basadas en los marcos internacionales para la inclusión digital ante la evidente aceleración de la transformación de las TIC en México, a cargo de la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo de Zacatecas a pagar a los docentes jubilados afiliados al Issstezac y concretar la federalización de la nómina magisterial del estado, a cargo del diputado Miguel Ángel Varela Pinedo, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a distintas autoridades energéticas y ambientales, y la CNPC a realizar las acciones pertinentes de peritaje y deslinde de responsabilidades en los acontecimientos de la semana pasada en Matamoros, Tamaulipas, a cargo de la diputada Adriana Lozano Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a atender y resolver la problemática que se presenta para obtener el certificado de vacunación anticovid, a cargo de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a incorporar en el PAA relativo a la Cuenta Pública de 2021 a Amatlán de los Reyes, Córdoba y Fortín, Veracruz de Ignacio de la Llave, a cargo de la diputada Martha Rosa Morales Romero, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la SE y la SRE a informar a la opinión pública si se negociará y, en todo caso, cómo va el TLC con Turquía, a cargo de la diputada Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a dar una explicación sobre el impacto ambiental y la autorización en la extracción del litio de empresas extranjeras en territorio nacional, a cargo de la diputada María del Rosario Merlín García, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la Ssa a implantar medidas para vacunar contra el Covid-19 a menores de entre 5 y 17 años ante el riesgo que Ómicron representa, a cargo de la diputada Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades de Puebla con relación a la Universidad de las Américas Puebla, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

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Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la SSPC para que articule esfuerzos de la Guardia Nacional y los elementos de seguridad estatal y municipal de Zacatecas en pro de mejorar la seguridad, a cargo del diputado Marco Antonio Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

Fundamento Legal

El que suscribe diputado Marco Antonio Flores Sánchez , del Grupo Parlamentario de Morena de la Cámara de Diputados, en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción III; y de más aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de este pleno de la honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a que instruya a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a articular esfuerzos de la Guardia Nacional, los elementos de seguridad estatal y municipal del estado de Zacatecas con el fin de mejorar la seguridad del estado , al tenor de las siguientes:

Exposición de Motivos

Zacatecas ha sido azotado desde varios años por una fuerte ola de violencia; los homicidios y desapariciones se han hecho una estampa cotidiana de los noticieros y diarios que circulan en la estado, colocándose entre las cinco entidades del país con más homicidios dolosos.

Zacatecas ofrece una ubicación estratégica que lo ha convertido en una zona altamente codiciada para el transporte de sustancias ilícitas, ya que conecta al Pacífico con la frontera de Estados Unidos. Por su territorio cruzan tres rutas para el tráfico ilegal, así como el tráfico de armas y el traslado de personas con situación migratoria irregular o destinadas a la trata.

En lo que fue enero, en Zacatecas los asesinatos han ido en aumento, suman al menos 37.

Para octubre pasado, se contabilizaron 62 asesinatos; al mes siguiente fueron 84 y en diciembre reciente, 99. El total fue de 789 casos, 279 homicidios dolosos más que en 2020.

Durante el 2021 en Zacatecas se cometieron mil 652 homicidios dolosos, lo que ubicó a la entidad entre las cinco del país con mayor tasa de asesinatos por cada 100 mil habitantes; mientras, en los primeros cuatro días de enero suman 20 ejecuciones, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

El 6 de enero del presente año fueron abandonados, frente a Palacio de Gobierno, los cuerpos de 10 personas sin vida. Con ello suman 37 los crímenes cometidos en aquella entidad.

Los municipios donde han ocurrido esos crímenes son Zacatecas, Fresnillo, Jerez, Guadalupe, Calera y Vetagrande. De acuerdo con las autoridades la mayoría de estos crímenes está relacionada con la disputa entre organizaciones delictivas.

En el estado de Zacatecas, dentro de sus municipios, viven momentos complicados, el crimen organizado trae consigo agudas consecuencias como lo son el incremento de homicidios dolosos, la pérdida de paz y sentimiento de inseguridad en las y los ciudadanos, así como la terrible pérdida de vidas por un enfrentamiento interminable.

Por esta razón es necesario articular los esfuerzos de la Guardia Nacional, las policías estatales y municipales y los requerimientos del Ministerio Público de manera lógica y racional para mejorar la realidad y la percepción de seguridad con el fin de reconstruir una convivencia armónica entre los zacatecanos.

Sabemos bien que la policía municipal es uno de los actores del estado con mayor interacción directa con la población. Sin embargo, actualmente este vínculo se encuentra seriamente deteriorado.

Para que la acción policial tenga como resultado la pacificación del estado de Zacatecas, y que se muestre en la reducción del delito y la violencia, así como en mejoras sensibles en la percepción de la seguridad y la confianza en esta autoridad, debe lograrse la alineación de los esfuerzos de los diferentes niveles de gobierno para construir la paz y seguridad que Zacatecas demanda.

En el Grupo Parlamentario de Morena estamos comprometidos en priorizar la seguridad de las y los ciudadanos, por lo que desde nuestro espacio hacemos un llamado urgente a las autoridades federales para que brinden su apoyo para combatir y terminar con esta creciente ola de violencia.

En Morena trabajamos por “salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como favorecer a la generación y preservación del orden público y la paz social”, sin embargo, en Zacatecas necesitamos generar una alianza sólida para cumplir con este objetivo propuesto desde el Ejecutivo federal y expresado dentro de nuestras leyes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo federal, a que instruya a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, a articular esfuerzos de la Guardia Nacional, los elementos de seguridad estatal y municipal del estado del Zacatecas con el fin de mejorar la seguridad del estado.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al gobierno federal para que instruya a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a coordinar acciones para inhibir, prevenir y combatir la violencia en el Zacatecas, por medio de la Guardia Nacional en todo el estado, donde la actividad criminal de la delincuencia organizada ha incrementado el número de homicidios y desapariciones, con el objetivo de devolver la paz, la tranquilidad y garantizar la seguridad de las y los zacatecanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero del 2022.

Diputado Marco Antonio Flores Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SE, la Conamer y el Conacyt a dar a sus actividades un enfoque de derechos humanos y una perspectiva de género, y realizarlas respecto a la propuesta de modificación del Reglamento de Becas para el Fortalecimiento de la Comunidad de Humanidades, Ciencias Tecnologías e Innovación, a cargo del diputado Carlos Madrazo Limón, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo con lo siguiente:

Consideraciones

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza, el derecho a la educación, en su artículo tercero, en su párrafo cuarto, con enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva; la igualdad ante la ley y el derecho a la familia en su artículo cuarto, párrafo primero; el derecho a la libertad de expresión en su artículo sexto, párrafo primero; que la Ley de Ciencia y Tecnología en su artículo sexto establece la obligación de la perspectiva de género en las acciones de promoción de la ciencia y tecnología por parte del Estado Mexicano y artículo 12 de la Ley de Igualdad para el Hombre y la Mujer; los artículos 3, fracción X y 6, párrafo primero, de la Ley General de Desarrollo Social, establecen a la educación como un derecho social y a la perspectiva de género como principio de la Política Social.

2. Con fecha 21 de enero el Conacyt envió a la Conamer una solicitud de exención de análisis de impacto regulatorio del Reglamento de Becas para el Fortalecimiento de la Comunidad de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.1

3. Que la propuesta de reglamento en su artículo 16 establece como causalidad de suspensión o cancelación de beca, la participación en actividades o manifestaciones, conculcando el derecho de libertad de expresión.2

4. Que la propuesta de reglamento en su artículo 20 establece como causalidad de suspensión o cancelación de beca, situación de embarazo, parto, puerperio, maternidad y paternidad, hecho que conculca el derecho a la vida, viola nuestra Constitución y viola la ley de Ciencia y Tecnología al no promover la perspectiva de género.

5. Que en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación se ha logrado un consenso en torno de la promoción democrática de la ciencia, tecnología e innovación con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Exhortamos respetuosamente a la Directora del Conacyt, Ciudadana. María Elena Álvarez-Buylla a realizar sus acciones como funcionaria pública con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, que se abstenga de la promoción de prácticas autoritarias que conculquen o promuevan derechos constitucionales como los derechos de libertad de expresión, maternidad o paternidad, y que retire la solicitud de exención de análisis regulatorio relativa a su propuesta de modificaciones al Reglamento de Becas para el Fortalecimiento de la Comunidad de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Segundo. Exhortamos respetuosamente a la Secretaría de Economía, Ciudadana. Tatiana Clouthier y al Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria, Ciudadano Alberto Montoya Martin del Campo a que expresen su dictamen relativo a la propuesta de modificación del reglamento de becas previamente citado, con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, con el fin de evitar la conculcación de derechos constitucionales.

Notas

1 Disponible en: https://cofemersimir.gob.mx/mirs/53172

2 Disponible en: https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/53172?s=08

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2022.

Diputados: Carlos Madrazo Limón, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ignacio Loyola Vera (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de NL a terminar con la problemática de transporte de pasajeros que afecta a los neoleoneses, y publicitar las acciones llevadas a cabo para renovar e implantar el transporte público de gas natural y eléctrico en el estado, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Marcela Guerra Castillo, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobierno de Nuevo León para que, de manera urgente, tome las medidas que estime pertinentes, a fin de acabar con la problemática de transporte de pasajeros que afecta a las y los neoleoneses y publicite las acciones llevadas a cabo para la renovación e implementación del transporte público de gas natural y eléctrico en el estado, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el estado de Nuevo León cuenta con una extensión de 3 por ciento del territorio nacional, conformada por 51 municipios y una población de 5 millones 784 mil 442 habitantes que representa 4.6 por ciento del total del país; y se encuentra distribuida de la siguiente forma: 96 por ciento en comunidades urbanas y 4 por ciento en rurales.1

Tan sólo en la capital del estado y su zona metropolitana (Apodaca, Cadereyta Jiménez, El Carmen, García, San Pedro Garza García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey , Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina y Santiago)2 se concentra una población de 5 millones 3 mil 597 personas.3

Nuevo León tiene una aportación al producto interno bruto (PIB) nacional de 8 por ciento y es el estado con segunda mayor captación de inversión extranjera directa (IED) a nivel nacional.

Entre las principales actividades productivas que se llevan a cabo en el estado se encuentran: el comercio, la construcción, la manufactura, la fabricación de maquinaria y equipo, el transporte, las comunicaciones y los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles; dentro de las cuales, destaca el capital humano como uno de sus motores principales.

Dado que la mayor parte de la población en la entidad utiliza el transporte público, este constituye un sector clave para el desarrollo y la economía de la entidad, según datos de la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros del Inegi:

“El transporte público en Monterrey movilizó a 11.5 millones de personas en el mes de mayo, lo que representó un incremento de 5.8 por ciento en el número de pasajeros respecto a lo reportado en el mes anterior. A nivel nacional ocupó el tercer lugar en transporte urbano detrás de Ciudad de México (97 millones de personas) y Guadalajara (12.3 millones)”.4

A pesar de su importancia, durante las administraciones pasadas este sector no ha sido un eje primordial de las políticas implementadas, donde ahora encontramos muy pocas unidades y las que operan son antiguas y contaminantes.

El estado durante un periodo ya extenso de tiempo, ha enfrentado una crisis en el transporte público y medio ambiente, afectando a la población y diversos sectores productivos por la contaminación, las condiciones en las que se encuentran las unidades, los costos y su operatividad en general.

En los últimos días la crisis se ha incrementado, por lo que, en el mes de octubre de 2021, el gobierno de Nuevo León anunció una reestructuración del transporte público para hacer frente a estas crisis.5 Dentro de este plan se encuentra retomar el control, la conformación de nuevo esquema de cobros y la compra de nuevo transporte para reducir las unidades que se encuentran fuera de norma, que de acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad, generan la emisión de 165 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2) anuales.6

Hoy en día, las y los neoloneses se enfrentan a la frecuencia muy amplia y dispar en la que el transporte circula, lo cual afecta a la población en el plano laboral, causando ausentismo y retrasos, además en sus horarios y tareas. La economía familiar también se ve impactada ya que la población es obligada a utilizar el transporte privado que tiene un costo mayor, generando gastos no programados, innecesarios e imprevistos.

De igual forma, a principios del presente año, los medios informaron sobre una alta aglomeración en los espacios designados para espera de transporte en la capital del estado y periodos para abordar mayores a una hora; que además de las afectaciones antes mencionadas generan riesgos para las personas durante esta pandemia; esto con unidades abarrotadas y filas de espera llenas de personas, exponiendo a la población a contagios por Covid-19.7

Otro punto muy relevante, como lo indica la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Nuevo León, es que el mayor número de unidades de transporte público se encuentran en el centro de la zona metropolitana, dificultando el acceso a los municipios más alejados y provocando el aumento en las tarifas.8

De acuerdo con proyecciones del Inegi y del Consejo Nacional de Población (Conapo), se espera que para 2030 la población de Nuevo León llegue a superar los 6 millones 300 mil pobladores,9 por lo cual es importante que se atiendan urgentemente las necesidades actuales y se prevea un mejor panorama futuro para la entidad, por lo cual, atender la crisis del transporte generará beneficios en el medio ambiente y será un escalón primordial para salvaguardar la economía y salud de las y los neoleoneses.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, elevo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Nuevo León para que, de manera urgente, tome las medidas que estime pertinentes, a fin de acabar con la problemática de transporte de pasajeros que afecta a las y los neoleoneses.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Nuevo León para que haga de conocimiento público las acciones llevadas a cabo para la renovación e implementación del transporte público de gas natural y eléctrico en el estado.

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (s.f.). Nuevo León. 4 de enero de 2021, de Instituto Nacional de Estadística y Geografía Sitio web: http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/NL/

2 Héctor Morales. (s.f.). El desorden territorial. 4 de enero de 2021, de Secretaría General de Gobierno de Nuevo León Sitio web: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/104954/4._Nuevo_Le_n.pdf

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020). Nuevo León: División Municipal. 4 de enero de 2021, de Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sitio web: http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/nl/territorio/ div_municipal.aspx?tema=me&e=19

4 Lourdes Flores. (2021). Transporte público de Monterrey movilizó 11.5 millones de personas en mayo. 5 de enero de 2021, de El Economista Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/estados/Transporte-publico-de-Monterrey -movilizo-11.5-millones-de-personas-en-mayo-20210714-0110.html

5 Lourdes Flores. (2021). Gobierno de Nuevo León retomará el control del servicio de transporte público: Samuel García. 5 de enero de 2021, de El Economista Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobierno-de-Nuevo-Leon-retomara -el-control-del-servicio-de-transporte-publico-Samuel-Garcia-20211017-0 042.html

6 Lourdes Flores. (2021). Gobierno de Nuevo León retomará el control del servicio de transporte público: Samuel García. 5 de enero de 2021, de El Economista Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobierno-de-Nuevo-Leon-retomara -el-control-del-servicio-de-transporte-publico-Samuel-Garcia-20211017-0 042.html

7 Consuelo López. (2022). Las diferentes paradas de camiones del área metropolitana lucieron un tanto aglomeradas, pues la espera fue larga. 5 de enero de 2021, de El Porvenir Sitio web: https://elporvenir.mx/local/y-regios-sufren-por-falta-de-camiones/34514 3

8 Lourdes Flores. (2021). Transporte público de Monterrey movilizó 11.5 millones de personas en mayo. 5 de enero de 2021, de El Economista Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/estados/Transporte-publico-de-Monterrey -movilizo-11.5-millones-de-personas-en-mayo-20210714-0110.html

9 Consejo Nuevo León. (2020). Marco demográfico de Nuevo León. 5 de enero de 2021, de Consejo Nuevo León Sitio web: https://participa.conl.mx/pub/demografia/release/4

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2022.

Diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a SICT y la Profeco a realizar acciones para que las aerolíneas nacionales y las internacionales atiendan con eficiencia y fácil comprensión a quienes se haya cancelado o retrasado el vuelo, a cargo de la diputada Celeste Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Celeste Sánchez Romero , diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, para exhortar respetuosamente a los titulares de la SCT y la Profeco a fin de realizar las acciones pertinentes de acuerdo a sus respectivas competencias para que las aerolíneas nacionales e internacionales atiendan de manera eficiente, de forma sencilla y expedita a los pasajeros que se les haya cancelado o retrasado su vuelo , al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. Sin duda, la ola de contagios de enero de 2022 se propagó de manera exponencial en todo el mundo, en México no fue la excepción.

El pasado 7 de enero de 2022, derivado de los contagios por Covid-19 entre pilotos y sobrecargos, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), a través de su cuenta de Twitter, informó que tuvieron el registro de cuatro casos positivos en Aeromar, 69 de Aeroméxico y 14 de Aeroméxico Connect, a lo anterior, derivado a los protocolos de salud y así ofrecer seguridad a sus pasajeros, la tripulación de la aeronave debe aislarse hasta descartar la enfermedad, esto provocó que las aerolíneas anunciaran el retraso y cancelaciones de los vuelos.1

El portal Flight Aware, especializado en proporcionar datos en tiempo real sobre el tráfico aéreo, informó de que al menos 50 vuelos de la aerolínea mexicana Aeroméxico fueron cancelados. Es decir, un 16 por ciento de todos los viajes previstos para ese día. Desde la capital mexicana, por ejemplo, se han suspendido 16 vuelos hacia Tijuana, Monterrey, Mexicali, Guadalajara, Mérida, Chihuahua, Puerto Vallarta, Cancún, Ciudad Juárez o Villahermosa, de acuerdo a la información reportada en la página web del Aeropuerto Benito Juárez.2

Sin embargo, estos anuncios por parte de las aerolíneas fueron poco claros, Aeroméxico en un aviso invitó a sus clientes “a mantenerse pendientes del estatus de su vuelo por los canales oficiales”;3 lo que esto generó incertidumbre y caos dentro y fuera del aeropuerto; las quejas no se hicieron esperar, pues pasajeros exponen que hicieron largas filas desde el exterior del aeropuerto, señalando que estuvieron entre 6 y 8 horas esperando información acerca de los cambios.4

Los derechos de los pasajeros de aviación civil comercial han cobrado relevancia debido al aumento en la demanda de los servicios de transporte aéreo; en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó en 2021 la salida de 9 millones 38 mil turistas internacionales de México al exterior lo que significó 2 mil 920 turistas más respecto al número de turistas que salieron en mismo periodo de 2020, equivalente a un incremento del 47.7 por ciento;5 por otra parte, se transportaron cerca de 25 millones 883 mil pasajeros en vuelos nacionales por las principales aerolíneas mexicanas, un aumento del 58 por ciento respecto al mismo periodo de 2020; siendo los aeropuertos que recibieron el mayor número de visitantes: Cancún y Cozumel, en Quintana Roo; Ciudad de México (AICM); Los Cabos, Baja California Sur; Puerto Vallarta y Guadalajara, en Jalisco; Silao, Guanajuato; y Monterrey, Nuevo León. De acuerdo con la siguiente gráfica:

II. Por otro lado, para el gobierno de México, el turismo representa el 8.7 del PIB,6 es una de las actividades económicas preponderantes para el desarrollo de las y los mexicanos, las principales actividades están relacionadas con esparcimiento, convenciones, negocios, congresos, eventos deportivos, procedimientos médicos, visitar conocidos, creencias religiosas, así como realizar compras o estudios; a lo largo del país genera empleos formales a través de los diferentes servicios, pues los visitantes requieren de transporte, alimento, hospedaje, servicios de comunicación, y esparcimiento.

México posee un territorio con una gran diversidad cultural, natural y biocultural que lo hace único entre las naciones. Su riqueza es motivo de admiración para los visitantes de otros países y orgullo para los mexicanos.7

Si bien la pandemia ha afectado a diversos sectores económicos, el turismo se apoya en la transportación aérea, pues es uno de los principales medios de transporte para la movilización de personas a los diferentes puntos del país, por lo que es necesario vigilar que se cumpla con los estándares mínimos que la ley provee, de forma que se fortalezca y se consolide la actividad turística en nuestro país.

III. El Partido del Trabajo, que se encuentra comprometido con el pueblo de México para que a través de las políticas públicas y el reordenamiento de la administración pública sea posible cumplir con los objetivos prioritarios, que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto en marcha en toda su administración.

Por ello es necesario fortalecer las capacidades institucionales para promover una administración responsable, incluyente, eficiente, honesta y transparente, que se proteja los derechos de las y los mexicanos y de las personas que por cualquier motivo utilizan este medio para transportarse, garantizando básicamente que las aerolíneas cuenten con la asistencia básica para entregar información clara e inmediata a los pasajeros.

Consideraciones

La Ley de Aviación Civil, en artículo 47 Bis, establece que, el pasajero tiene derecho a un trato digno y a contar con un alto nivel de información, que le permita conocer sus opciones y tomar alternativas en caso de requerirlas.

Además de las compensaciones suscritas en los numerales V y VI que establecen lo siguiente:

“V. En caso de que exista retraso en relación con la hora de salida estipulada en el boleto y la causa sea atribuible al concesionario o permisionario, el pasajero será indemnizado y/o compensado por el proveedor del servicio de acuerdo a los siguientes criterios:

a) Cuando la demora sea superior a una hora e inferior a cuatro, se compensará conforme las políticas de compensación de cada permisionario o concesionario.

Las políticas de compensación deberán incluir como mínimo, descuentos para vuelos en fecha posterior hacia el destino contratado y/o alimentos y bebidas, de acuerdo a lo establecido por los permisionarios y concesionarios y conforme al principio de competitividad.

Si la demora es mayor a dos horas pero menor a cuatro, los descuentos incluidos en las políticas de compensación no podrán ser menores al 7.5 por ciento del precio del boleto.

El permisionario o concesionario deberá presentar y registrar cada seis meses, ante la Secretaría y la Procuraduría, las políticas de compensación, las cuales serán públicas.

b) Si la demora es mayor a cuatro horas, el pasajero será compensado conforme a este artículo, además accederá a las opciones y, en el caso, a la indemnización establecida por esta Ley para la cancelación del vuelo, cuya responsabilidad sea atribuible al concesionario o permisionario.

En todos los casos, el proveedor del servicio deberá poner a disposición de los pasajeros en espera acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos.

VI. En caso de producirse la cancelación del vuelo por responsabilidad atribuible al concesionario o permisionario, éste, a elección del pasajero, deberá:

a) Reintegrarle el precio del boleto o billete de pasaje o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje.

b) Ofrecerle, con todos los medios a su alcance, transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos; alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo; alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernocta y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

c) Transportarle en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto del cual haya sido cancelado el vuelo.

En los casos de los incisos a) y c) anteriores, el concesionario o permisionario deberá cubrir, además, una indemnización al pasajero afectado que no será inferior al veinticinco por ciento del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.

Artículo 47 Bis 2. Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones señaladas en este capítulo, los concesionarios o permisionarios de servicio al público de transporte aéreo deberán de contar con un módulo de atención al pasajero en cada una de las terminales en donde operen. La Procuraduría deberá establecer mecanismos para regular estos módulos y garantizar que los procedimientos que ahí se realicen se hagan de forma sencilla y expedita.

El concesionario o permisionario podrá implementar procedimientos electrónicos con el fin de agilizar los procesos de atención al pasajero y su seguimiento, siempre y cuando informe de manera clara y oportuna sobre su funcionamiento al pasajero y, en caso de que este lo requiera, le brinde el apoyo necesario para su uso.

En caso de que los concesionarios o permisionarios incumplan con estos procedimientos, la Procuraduría impondrá sanciones de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 47 Bis 3 de esta Ley, las cuales se aplicarán independientemente de las compensaciones previamente señaladas para el pasajero.”

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía los siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Procuraduría Federal de Consumidor a vigilar y supervisar, a través de sus respectivas competencias, para que se garantice a los usuarios la atención e información expedita, clara y sencilla conforme a la ley, respecto a los cambios y modificaciones que se realicen en su itinerario, por parte de las concesionarias y permisionarias de transporte aéreo, mediante la disposición suficiente de módulos respectivos.

Notas

1 Disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/01/07/descontrol-en-el-ai cm-cancelaciones-y-demoras-en-vuelos-por-culpa-del-covid/

2 Disponible en: https://elpais.com/mexico/2022-01-07/el-contagio-de-140-tripulantes-de- aeromexico-con-covid-afecta-las-operaciones-de-la-aerolinea.html

3 Disponible en: https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/08/covid-19-sigue-el-cao s-en-el-aicm-por-cancelacion-y-retrasos-de-vuelos-de-aeromexico/

4 Disponible en: https://elpais.com/mexico/2022-01-07/el-contagio-de-140-tripulantes-de- aeromexico-con-covid-afecta-las-operaciones-de-la-aerolinea.html

5 Disponible en: https://www.datatur.sectur.gob.mx/RAT/RAT-2021-10(ES).pdf

6 Disponible en: https://www.gob.mx/shcp por ciento7Cgacetaeconomica/articulos/la-actividad-turistica-represento-8-7 -del-pib-nacional-en-2018

7 Disponible en: http://sistemas.sectur.gob.mx/SECTUR/PROSECTUR_2020-2024.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2022.

Diputada Celeste Sánchez Romero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Cultura a restablecer la sucursal de la librería Educal en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a cargo de la diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

“En 1982 Educal se constituyó legalmente, según escritura pública número 21086, como una empresa de participación estatal mayoritaria, para diseñar, fabricar, importar y exportar material didáctico de conformidad con los sistemas y programas del sector educativo.”

En 2016 al crearse la Secretaría de Cultura, encargada del ámbito cultural y artístico de México, Educal queda formalmente dentro de su sector paraestatal.

Dentro de sus funciones se encuentra: “Promover y apoyar la cultura a través de la comercialización de libros y productos culturales de la Secretaría de Cultura y de otras instituciones públicas y privadas, fortaleciendo los canales de distribución en México y en el extranjero”.

Ser la mayor comercializadora de libros y productos culturales, mejorando permanentemente nuestro desempeño, con una arraigada cultura de servicio.

Todas las decisiones y acciones deben estar dirigidas a la satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares.

Una librería propiamente dicha no es un establecimiento comercial cualquiera, es ante todo un escaparte de la cultura. Desde esta perspectiva las librerías no se conforman con ser meramente tiendas en las que se venden libros. Muchas librerías quieren ir más allá y apuestan por jugar un papel importante en el desarrollo del hábito lector de los ciudadanos y en la vida cultural de la comunidad a la que prestan servicio.

Pues bien, derivado de la actual pandemia coronavirus SARS-CoV2, la librería Educal ubicada en la Cámara de Diputados ha permanecido cerrada sin que se tenga conocimiento de próxima reapertura, consideramos que es un espacio de gran importancia y que debe ser abierto a la brevedad posible.

La importancia de las obras históricas y de análisis es un material de primera mano que es necesario para la labor legislativa pues su acervo permite conseguir obras –que por su temática– es complicado conseguir al interior de la República.

También se convierte en un sitio de visita de los distintos actores que visitan cotidianamente el Palacio Legislativo de San Lázaro, pues también la citada librería es promotora de otros materiales culturales.

Es importante destacar la labor editorial que realiza el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados y que cuenta con una magnífica promoción al distribuirse el material impreso por medio de la librería Educal.

Como referente tenemos el ejemplo de la Biblioteca del Congreso que por iniciativa de un legislador se abrió al público:

“En 1935 el diputado Carlos A. Calderón presentó una iniciativa con el objeto de que la Biblioteca de la honorable Cámara de Diputados sea puesta al servicio del público, en bien de la cultura popular ”.

La comisión de diputados que dictaminó la iniciativa, propuso crear la Biblioteca del Congreso de la Unión, conjuntando los acervos de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y de la Contaduría Mayor de Hacienda, y solicitando al Poder Ejecutivo la donación del ex Templo de Santa Clara, local equidistante, en ese entonces, a ambas Cámaras. La Biblioteca Pública del honorable Congreso de la Unión fue inaugurada el 4 de septiembre de 1936, recibiendo valiosas donaciones de distintos parlamentos internacionales.

El Palacio Legislativo de San Lázaro contiene a su interior servicios de banca comercial, agencias de viajes, biblioteca, servicios en actual funcionamiento, es una cuestión de voluntad política rehabilitar la librería Educal que opera al interior de la Cámara de Diputados.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía el presente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta atenta y respetuosamente a la Secretaría de Cultura del gobierno federal para que, en el ámbito de sus atribuciones, reestablezca la sucursal de la librería Educal que se encuentra al interior del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Fuentes

- https://www.educal.com.mx

- https://www.senado.gob.mx/comisiones/bibliotecas_congreso/docs/Programa _LXIII.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2022.

Diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob a establecer cooperación con el gobierno de BC para implantar mecanismos que garanticen la vida, integridad y seguridad de las personas en riesgo por ejercer la libertad de expresión y el periodismo, a cargo de la diputada Leslie Estefanía Rodríguez Sarabia, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Leslie Estefanía Rodríguez Sarabia, diputada a la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La libertad de expresión es concebida como un derecho humano fundamental de toda persona, reconocido por diversas declaraciones y tratados internacionales de los que México forma parte, tales como la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra en su artículo 6 que “toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”. Consecuentemente el artículo 7 de nuestra Carta Magna concibe como “inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio”.1

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Geografía (Inegi), tan sólo en 2020 México contaba con 44 mil 364 personas ocupadas como periodistas o en la locución.2 Por lo tanto, la libertad de expresión representa una función social de interés público, un elemento esencial en la sociedad que fortalece las instituciones democráticas, una actividad cuya causa es informar y brindar los elementos necesarios para que cada persona ejerza su derecho de libre pensamiento y toma de decisiones siempre que estas no constituyan algún delito.

Bajo esa tesitura, nuestro país cuenta con un marco normativo amplio sobre el reconocimiento del derecho a la libertad de expresión y el libre ejercicio de la actividad periodística, de modo que, si bien es cierto, el Estado no solamente está obligado de abstenerse a censurar y violar el libre ejercicio de esta libertad, sino que también se encuentra obligado a garantizar e implementar aquellas medidas, así como aquellos mecanismos que garanticen de manera oportuna la integridad de toda persona que manifieste que se encuentre en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de este derecho, ya sea por parte del Estado mismo o de otras personas.

Sin embargo, el ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo en México, ha sido uno de los derechos más vulnerados y recriminados en nuestro país durante los últimos días, pues a pesar de la existencia de un marco normativo nacional e internacional en la materia, así como una ley específica que contempla diversas medidas y mecanismos para la prevención y protección de la integridad de las personas que ejercen esta profesión o actividad, se ha evidenciado la nula respuesta de efectividad de los mismos, así como de la opacidad por parte de los tres niveles de gobierno ante sucesos lamentables que han trascendido en contra de periodistas y comunicólogos en México.

Tan sólo en los primeros 23 días de este año, han sido asesinados tres periodistas en México, José Luis Gamboa, fue asesinado el pasado 10 de enero en el Puerto de Veracruz, Margarito Martínez Esquivel fue privado de la vida durante la mañana del pasado 17 de enero y Lourdes Maldonado López privada de su vida el pasado 23 de enero, estos dos últimas personas, solicitantes de los Mecanismos para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno federal, no obstante ante las evidentes amenazas y riesgo fueron privadas de la vida afuera de sus domicilios en la ciudad de Tijuana.

De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de este sexenio suman 28 personas privadas de la vida cuya profesión era la actividad periodística, sin embargo, resulta sumamente alarmante las condiciones en que se han suscitado y, sobre todo, la opacidad ante la obligación del gobierno federal para robustecer la cooperación para fortalecer los mecanismos de respuesta de los estados y municipios a efecto de garantizar el derecho de la libre expresión y de difusión de ideas.

Ante tales circunstancias, es importante considerar que el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad tiene como objetivo crear un entorno libre y seguro para los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, tanto en situaciones de conflicto como no conflictivas, con miras a fortalecer la paz, la democracia y el desarrollo en todo el mundo.

Sus medidas incluyen, entre otras iniciativas, el establecimiento de un mecanismo interinstitucional coordinado para tratar cuestiones relacionadas con la seguridad de los periodistas, así como ayudar a los países a elaborar legislación y mecanismos favorables a la libertad de expresión e información, y apoyar sus esfuerzos por aplicar las normas y principios internacionales existentes.

Para reforzar aún más la prevención, el Plan de Acción de las Naciones Unidas recomienda trabajar en cooperación con los gobiernos, los medios de comunicación, las asociaciones profesionales y las organizaciones no gubernamentales (ONG) para llevar a cabo campañas de sensibilización sobre una amplia gama de cuestiones, como los instrumentos y convenciones internacionales existentes, los crecientes peligros que plantean las amenazas emergentes para los profesionales de los medios de comunicación, incluidos los actores no estatales, así como varias guías prácticas existentes sobre la seguridad de los periodistas.

En ese contexto, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas prevé en su artículo 13 “la cooperación entre la federación y las entidades federativas para implementar y operar las medidas de prevención, medidas preventivas y medidas urgentes de protección” a efecto de que se garantice la protección y salvaguarde la integridad de aquellas personas que se encuentren en situaciones de riego derivado de su activad periodística.

Ahora bien, no obstante, a que la ley en cuestión exige una cooperación entre diversas Secretarías del Ejecutivo federal con las diversas entidades federativas y demás autoridades de la administración pública federal, es evidente que deja entredicho la voluntad política y seriedad de las autoridades competentes para atender de manera oportuna y eficiente esta grave situación, en cuanto a la exigencia de la cooperación que exige esta última ley, pareciera que solamente ha sido letra muerta, subsanada mediante un discurso de opacidad y excusas detrás de una conferencia. Los miles de periodistas en México, así como las familias bajacalifornianas de las víctimas recriminadas por ejercer esta noble profesión, demandan acciones y resultados que frenen esta ola de inseguridad para quienes a diario se exponen a potenciales riesgos derivado de sus actividades periodísticas.

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita somete a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a efecto de establecer la urgente cooperación con el gobierno del estado de Baja California con el objeto de implementar, así como de operar oportunamente las medidas de prevención, medidas preventivas y medidas urgentes de protección, así como aquellos mecanismos que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo en el estado de Baja California.

Notas

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos DOF-29-01-2016.pdf (www.gob.mx)

2 LibertadPrensa2020_Nal.pdf (inegi.org.mx)

3 Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (diputados.gob.mx)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2022.

Diputada Leslie Estefanía Rodríguez Sarabia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua a emitir opinión técnica sobre la sequía severa en NL; y al Ejecutivo federal, a emitir, en su caso, declaratoria de desastre natural, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscribimos, diputados federales Esther Berenice Martínez Díaz, Olga Leticia Chávez Rojas, Karla Estrella Díaz García y Mauricio Cantú González , integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión y, con fundamento en lo dispuesto por el Reglamento de la Cámara de Diputados en sus artículos 6, numeral 1, fracción I, 65, numeral 4, 79, numeral 2, fracción III, sometemos a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El agua como elemento vital y como derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida se torna esencial para la supervivencia de todas las especies del planeta. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4o., establece que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.

A su vez, la Organización de las Naciones Unidas, en su Resolución 64/292, reconoce oficialmente el derecho humano al agua y al saneamiento y asume que el agua potable pura y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos, y afirmamos que es también un derecho que se extiende a todos los seres vivos.

El derecho al agua y el acceso a esta brindan la posibilidad de desarrollo de las sociedades mediante las actividades sociales y productivas, por ende, el progreso de nuestras comunidades depende, esencialmente, del acceso al líquido vital en cantidades suficientes.

El rápido deterioro del ambiente y el acelerado ritmo de contaminación al que la humanidad ha llevado a nuestro planeta ha tenido un impacto negativo en los nuestros mantos acuíferos, ríos, lagos, arroyos, haciendo que los procesos de captación y almacenamiento del agua no sean suficientes ante la demanda de consumo. La ausencia de lluvias, la contaminación y el uso desmedido de los recursos hídricos ha ido acercando peligrosamente a al menos 15 entidades de nuestro país al llamado Día Cero.

Uno de los estados que ha sido impactado por la falta de agua y las sequías es el de Nuevo León. Actualmente, Nuevo León está pasando por una sequía que está presente en al menos 33 municipios de la entidad; ha sido consecuencia de la escasez de lluvias en la temporada y la falta de un sistema sostenible de captación y reutilización del agua.

A lo largo del tiempo, la problemática por la falta de suministro de agua ha ido creciendo a niveles catastróficos, aunado a ello la falta de medidas preventivas y acciones encaminadas a hacer frente a esta situación han tenido para los neoleoneses efectos devastadores, desde el estancamiento de la actividad económica, el estancamiento en la actividad productiva, hasta la incapacidad de abastecer el agua a los hogares para el consumo diario.

El 11 de agosto de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo de Carácter General de inicio de emergencia por ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para el año 2021”. En los considerandos se menciona que “nuestro país está expuesto a diferentes eventos hidrometeorológicos severos, tales como sequías, fenómenos impredecibles que pueden presentarse en cualquier zona del territorio y cuya ocurrencia reduce drásticamente los volúmenes de agua almacenados en las presas, poniendo en riesgo el abastecimiento de agua potable. En ese sentido, la Autoridad del Agua concertó en el seno de los Consejos de Cuenca, que los 26 Programas de Medidas Preventivas y de Mitigación de la Sequía, contengan las medidas transitorias que podrán implementar ante tal situación”.1

Ante la situación que estamos viviendo en Nuevo León, es preciso que conozcamos qué medidas se están implementando para hacer frente a esta situación que nos afecta a todos los neoloneses, quienes cada día sentimos la falta del vital líquido, los recortes de agua son continuos y constantes derivados de la falta de mantenimiento a la infraestructura hidráulica de los tanques que abastecen a la zona metropolitana. Así como a la falta de un sistema de potabilización y reutilización del agua. No es nada nuevo la suspensión de servicio por falta de mantenimiento, ya se han presentado afectaciones e interrupciones en el suministro, basta mencionar, por ejemplo, lo ocurrido en septiembre del 2021 donde más de 30 colonias del municipio de García se quedaron sin el servicio debido a la falla del Tanque Valle Verde y Mitras.2

De acuerdo con el Monitor de Sequía de México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua),3 la entidad presenta afectación en al menos el 36 por ciento de su territorio, al 15 de enero del 2022. En este sentido, el 30.1 por ciento del territorio se encuentra dentro de la categoría “anormalmente seco”, el 5.9 por ciento del territorio del Estado sufre de “sequía moderada”. Bajo estas condiciones son las zonas rurales las más afectadas por los efectos de la sequía y la desertificación la cual es la degradación de la tierra en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, causada fundamentalmente por la actividad humana y las variaciones climáticas.

Otro dato de alarma es el nivel de las principales presas de nuestro estado, según datos del Sistema Nacional de Información de Monitoreo de las Principales Presas de México,4 se encuentran en niveles alarmantes la Presa El Cuchillo, que es la de mayor capacidad de almacenamiento se encuentra en un 53 por ciento de su capacidad; por su parte la Presa Salinillas cuenta con tan solo 39 por ciento de su capacidad, por otro lado la Presa Rodrigo Gómez cuenta con un 24 por ciento de su capacidad, pero el dato más preocupante lo tenemos en la Presa José López Portillo (Cerro Prieto), la cual no llega ni el 10 por ciento de su capacidad.

De acuerdo con el último informe de la Conagua,5 el Monitor de Sequía de México registró que al menos 29 municipios de Nuevo León se encuentran en la categoría de “anormalmente secos” y otros 4 municipios sufren de “sequía moderada”. El reporte señala que se observaron lluvias por debajo del promedio, la falta de precipitación es una de las causales del incremento de áreas anormalmente secas y del aumento de la sequía moderada.

Los niveles de almacenamiento de las presas en Nuevo León no han mejorado con las lluvias que se han presentado en los últimos días, pues se nota incluso una disminución en cuanto a los niveles de las presas respecto a los niveles que se reportaron al inicio del año. Es un tema de emergencia que debe encender las alarmas. Es hora de actuar y unir esfuerzos para contar con un plan integral del agua en la entidad, paralelo con la incorporación de medidas para el uso óptimo del agua.

Es urgente atender de manera integral el problema de sequía que impacta a Nuevo León, se requiere de la atención y colaboración de todos los niveles de gobierno. Se deben incluir acciones de prevención y previsión que garanticen el acceso al agua potable, se requieren estrategias diseñadas desde una perspectiva sostenible a largo plazo, que se mantengan en equilibrio con nuestro ecosistema, además de que se precisa de una educación ambiental urgente, los ciudadanos debemos involucrarnos en los procesos de gestión del líquido vital, así no solo garantizaremos el acceso, sino también el cuidado de nuestra agua.

Al solicitar la intervención del Ejecutivo federal y de la Comisión Nacional del Agua, se busca garantizar el suministro de agua para todos los hogares de Nuevo León. La puesta en marcha de la declaratoria de emergencia conlleva beneficios trascendentales, mediante la implementación de soluciones suficientes, que logren optimizar los procesos de captación, las labores de mantenimiento, limpieza, rehabilitación, desazolve y también promover el uso consciente del agua en el estado, y así satisfacer las necesidades de la población.

Es preciso construir mayor infraestructura para la captación, almacenamiento y uso eficiente del agua, como son los bordos, presas, sistemas de riego presurizado, saneamiento y reutilización. El estado debe contar con infraestructura hidráulica de calidad, con programas de mejora en la cultura del buen uso y tratamiento del agua, en su aprovechamiento y conservación de este recurso, mediante la aplicación de procesos de captación, potabilización y reutilización, es decir una política hídrica acorde a los requerimientos de equidad, sostenibilidad y eficiencia.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua a emitir una opinión técnica sobre el fenómeno natural perturbador de sequía que está presente en el estado de Nuevo León.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal para que en el ejercicio de sus atribuciones emita la Declaratoria de Desastre Natural por la presencia de sequía severa en el estado de Nuevo León.

Notas

1 Datos obtenidos de DOF - Diario Oficial de la Federación

2[1] Datos obtenidos de Cortan agua potable en 30 colonias de Monterrey y García (info7.mx)

3 https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/monitor-de-sequia-en-mexico

4 http://sina.conagua.gob.mx/sina/almacenamientoPresas.php

5 https://smn.conagua.gob.mx/tools/DATA/Climatolog%C3%ADa/Sequ%C3%ADa/
Monitor%20de%20sequ%C3%ADa%20en%20M%C3%A9xico/Seguimiento%20de%20Sequ%C3%ADa/MSM20220115.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero del 2022.

Diputados: Esther Berenice Martínez Díaz, Olga Leticia Chávez Rojas, Karla Estrella Díaz García y Mauricio Cantú González (rúbricas)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a corregir los subejercicios presupuestarios de la INSHAE y resolver la falta de atención médica y fármacos en las instituciones de tercer nivel, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba, integrante del Grupo Parlamentario del PAN en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:

Consideraciones

Ante el embate de la pandemia de Covid-19, en el paquete económico 2021, el Ejecutivo Federal señaló que la prioridad era preservar la salud pública, las vidas y el bienestar de la población; para ello propuso a la Cámara de Diputados promover una reactivación rápida y sostenida del empleo y de la economía, así como continuar con la reducción de la desigualdad.

El gobierno de la cuarta transformación, al eliminar la certeza que otorgaba el Seguro Popular a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que proporcionaba protección financiera contra altos gastos en salud que empobrecían a las familias; se comprometió a proporcionar todos los servicios y todos estudios y medicamentos asociados a la atención médica. En esos términos Lo estableció la mayoría de Morena en el Congreso.

Sin embargo, a tres años de gobierno y de que el presidente, AMLO se comprometió a establecer para todos las mexicanas y mexicanos un sistema de salud nórdico, que atendiera con los más altos estándares de calidad y de manera gratuita todas las enfermedades; la realidad es otra.

Miles de familias en las cuales algún o algunos de sus integrantes enfrentan un enfermedad de alta complejidad o también conocida como enfermedad que genera gastos catastróficos,1 acuden a las instituciones públicas de tercer nivel con la esperanza de encontrar la atención pertinente a sus necesidades; desafortunadamente se enfrentan a un calvario, pues estas instituciones no cuentan ni con el personal suficiente y con los insumos, equipos e infraestructura necesarios para brindar una atención digna.

No obstante, que la Ley General de Salud vigente, en su artículo 77 bis 1, establece de manera textual que todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención, de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.

Y que, además, el gobierno federal, en su Programa Sectorial de Salud 2019 – 2024, señala en sus Estrategias y acciones puntuales, en el punto 1.4 Atención especializada para población no derechohabiente; que se garantiza la atención especializada de la población no derechohabiente priorizando a grupos en situación de vulnerabilidad, marginación o discriminación.

Asimismo, que entre las acciones a realizar por el gobierno federal están:

• Analizar las necesidades de servicios de atención especializada requeridos por la población sin seguridad social laboral y redefinir los alcances en el acceso efectivo de dichos servicios.

• Coordinar los Institutos, Hospitales de Alta Especialidad para definir los mecanismos que garanticen la gratuidad en instancias de tercer nivel de atención para población no derechohabiente.

• Impulsar las propuestas o modificaciones al marco normativo que rige al sector salud para ampliar la obligación de todas las instituciones en brindar atención especializada.

• Realizar un Censo de Capacidad Instalada de Servicios de Alta Especializada bajo un enfoque territorial que identifique y garantice la cobertura y correspondencia con las necesidades de la población.

Para ello, dentro de la estructura de la Secretaría de Salud federal se estableció la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, CCINSHAE, la cual se encarga de diseñar e implementar políticas, estrategias y modelos innovadores para propiciar que los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad generen conocimiento científico de vanguardia y formen recursos humanos especializados, que contribuyen a mejorar la salud de la población mediante el uso óptimo de los recursos institucionales disponibles.

Dicha Comisión Coordinadora tiene como misión conformar una unidad administrativa de vanguardia que propicie el cumplimiento de los objetivos de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad a través de la generación de conocimiento científico y la formación de recursos humanos, que garantice el acceso equitativo de la población a servicios de salud de alta especialidad eficientes y de alta calidad.

Dentro de sus múltiples objetivos se encuentra el conducir las políticas públicas para la prestación de los servicios de salud a su cargo y, en todas las materias de atención médica de alta especialidad, investigación en salud y educación de postgrado, y desarrollar temporalmente acciones en las entidades federativas, previa solicitud que al efecto presenten, de conformidad con los acuerdos de coordinación que se celebren para los efectos; entre muchos otros.

Además de conducir nuevos esquemas de organización, administración, gestión y financiamiento para hacer más eficiente la operación de los Institutos Nacionales de Salud, de los Hospitales de Alta Especialidad, Hospitales Federales de Referencia, así como de los centros nacionales de Trasplantes y de la Transfusión Sanguínea.

También, aprobar los sistemas de planeación financiera, administrativa, organizacional, de indicadores de gestión, de control, evaluación y seguimiento, así como autorizar los instrumentos jurídico-administrativos que al efecto se expidan, de conformidad con las disposiciones aplicables, y emitir los lineamientos correspondientes para implantar una red de comunicación y

Finalmente, aprobar anualmente el anteproyecto de presupuesto de la Comisión que le proponga el titular de la Unidad de Gestión Administrativa, así como de las instituciones coordinadas por la Comisión y remitirlos una vez aprobados, al secretario de Salud para su inclusión en el anteproyecto de presupuesto de egresos del ramo. Establecer las políticas y los programas generales de la Comisión que le presenten los titulares de las áreas y unidades administrativas adscritas a ésta.

La CCINSHAE, para cumplir con sus responsabilidades recibió mediante el Presupuesto aprobado para el Ramo 12 Salud en el año 2020 un total de 1,182.1 millones de pesos (mdp) los cuales se distribuyeron en los programas presupuestarios de Actividades de apoyo administrativo 65.7 mdp; para el programa de Atención a la Salud, se destinaron 1,087.6 mdp; para Formación y capacitación de recursos humanos para la salud, fueron 510,322 pesos y para Investigación y desarrollo tecnológico en salud 28.2 mdp.

Para el año 2021 el presupuesto de la CCINSHAE, se incrementó sustantivamente ante las necesidades de la población no derechohabiente por acceder a servicios de salud de alta especialidad, dicho presupuesto se incrementó en 6,330.5 mdp; es decir que, el presupuesto aprobado para 2021 fue de 7,512.6 mdp; los cuales se distribuyeron de la siguiente forma: para Actividades de apoyo administrativo 66 mdp; para el programa Atención a la Salud se destinaron 7,416.9 mdp; para Formación y capacitación de recursos humanos para la salud 525,998 pesos, y para Investigación y desarrollo tecnológico en salud se destinaron 29 mdp.

La Secretaría de Salud ha señalado que el programa Atención a la Salud, tiene como propósito atender a la población con padecimientos de alta complejidad que recibe atención médica especializada con calidad en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad mejora sus condiciones de salud.

La estrategia programática del Presupuesto de Egresos de la Federación PEF, para 2021, señala que el Programa presupuestario “Atención a la Salud” (E023), está a cargo de la CCINSHAE y que en el 2021 se incorpora el Insabi, lo cual permite destinar financiamiento al primer y segundo nivel de atención médica, contribuyendo con la prestación gratuita de servicios de salud a las personas sin seguridad social, además de los servicios de tercer nivel que ya atendía la CCINSHAE.

Señala también que, en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales Regionales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud Federal, se continuará dando énfasis en la atención con calidad y calidez en las unidades médicas, para mejorar la efectividad de la atención hospitalaria para lo cual se dará seguimiento al porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación. Además, para fortalecer la detección de enfermedades crónicas en el primer nivel de atención, se llevarán a cabo tamizajes para el diagnóstico de Diabetes Mellitus a la población de 20 años y más, sin seguridad social. De igual manera, se fortalece el primer nivel de atención, mediante la aplicación de biológicos o vacunas a niñas y niños menores de 5 años sin seguridad social.

Sin embargo, en el Informe del tercer trimestre de 2021 sobre las Finanzas Públicas, que el gobierno federal presenta al Congreso, en el anexo XIV. Saldos de los Subejercicios Presupuestarios, del Informe sobre la Situación económica, las finanzas públicas y la deuda Pública,2 correspondiente al tercer trimestre de 2021, se reporta un subejercicio en el Ramo 12 Secretaría de Salud por 3,826.9 mdp; de los cuales en el sector central el subejercicio fue de 1,881.3 mdp.

En el sector central la Unidad Responsable con el mayor subejercicio, para este tercer trimestre de 2021, fue la CCINSHAE, con 1,203.9 mdp, dicho subejercicio se presenta en el programa E023 Atención a la Salud. En este programa se tenía un presupuesto para el tercer trimestre de 1,962.4 mdp y solo ejerció 759.1 mdp.

Resulta inaudito que ante las necesidades de atención especializada que han tenido miles de familias, el gobierno federal haya sido incapaz de atenderla, no obstante contar con recursos suficientes. Existen múltiples evidencias sobre la falta de atención e insumos necesarios para la atención médica en los Institutos de Alta especialidad, a lo largo del año 2021 diversas investigaciones periodísticas y medios de comunicación han dado cuenta del desabasto de medicamentos, por ejemplo, la falta de atención médica, el desabasto de medicamentos y de otros insumos necesarios para la atención; por lo que son los familiares de los enfermos quienes tienen que asumir el gasto de bolsillo que ello implica.

Además de los subejercicios en el CCINSHAE, en las Entidades Apoyadas del Ramo 12, se presenta un subejercicio de 143.8 millones de pesos, de éstas destacan los subejercicios del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” por 121.4 millones de pesos; el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas por 85.5 millones de pesos; el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez por 62.4 millones de pesos; el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes por 57 millones de pesos; el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán por 55.2 millones de pesos y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca por 44.9 millones de pesos.

La incapacidad del actual gobierno para garantizar el derecho constitucional de protección de la salud, aun contando con los recursos públicos necesarios se convierte en un acto criminal que debe castigarse; así se establece en nuestra legislación vigente, en particular la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, establece que será responsabilidad de los servidores públicos salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público.

Que todo servidor público tendrá entre sus obligaciones: cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; y sobre todo utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le hayan sido atribuidas para el desempeño de su empleo, cargo o comisión y rendir cuentas sobre dichos recursos y facultades.

Por ello, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoria Superior de la Federación deben revisar el ejercicio de atribuciones y de recursos respectivamente de la CCINSAHE, de manera que se corrijan los problemas existentes y que quienes demanden servicios especializados de salud en las diferentes instituciones públicas a cargo de esta Comisión reciban la atención oportuna y de calidad que merecen.

La atención de calidad se traduce en egresos de pacientes por mejoría o curación de las causas que pudieran requerir de los diferentes servicios, documentando que los procesos se han llevado de acuerdo con lo establecido por las mejores prácticas del conocimiento médico y la aplicación de la medicina a favor de la población, contribuyendo con la prestación gratuita de servicios de salud a las personas sin seguridad social.

La atención de las enfermedades no espera, máxime que existen los recursos necesarios para ello, por ello no es justo el incremento en el diferimiento de la atención especializada: consulta, hospitalización, diagnóstico y rehabilitación; pues con ello se da el incremento en las complicaciones y muertes potencialmente evitables.

Hoy nuestro país enfrenta una cuarta ola de la pandemia de Covid-19 y, sin embargo, el sector público de salud no termina por entender y atender sus responsabilidades, su incapacidad sigue costando vidas

Dejar de ejercer recursos públicos destinados a la atención de la salud de todas y todos los mexicanos en plena emergencia sanitaria, es inconcebible; por ello me permito presentar a esta asamblea las siguientes proposiciones con

Punto de Acuerdo

Primero . Por el que exhorta al titular de la Secretaría de Salud federal, a corregir los subejercicios presupuestales de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, CCINSHAE, y a atender con oportunidad, calidad y de manera gratuita, la demanda de atención especializada en las instituciones del tercer nivel de atención para la población no derechohabiente.

Segundo . Por el que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a revisar el cumplimiento de las funciones y atribuciones de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, CCINSHAE, durante el ejercicio fiscal de 2021, y a establecer las sanciones correspondientes al incumplimiento de las responsabilidades legales de los servidores públicos responsables.

Tercero. Por el que exhorta respetuosamente la Auditoria Superior de la Federación a fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos asignados a la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, CCINSHAE, durante el ejercicio presupuestal de 2021, en particular el ejercicio del presupuesto del Programa E023 Atención a la Salud y a en su caso a establecer las sanciones correspondientes.

Notas

1 Los gastos catastróficos se dan cuando disminuyen los ingresos disponibles de los individuos y, por lo tanto, su capacidad para comprar otros bienes esenciales por culpa de algún evento adverso de salud. Un gasto de empobrecimiento ocurre cuando un hogar cae por debajo de los umbrales de pobreza debido a los gastos en medicamentos, consultas, estudios de laboratorios, tratamientos, etcétera.

2 https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Infor mes_al_Congreso_de_la_Union

Palacio Legislativo de San Lázaro del honorable Congreso de la Unión, a 3 de febrero de 2022.

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a nombrar titular del Sipinna, a cargo de la diputada Adriana Campos Huirache, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Adriana Campos Huirache, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México residen casi 32 millones de niñas y niños de 0 a 14 años de edad, que en términos relativos representan 25.3 por ciento de la población total. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 12 por ciento de las niñas y niños en el país carecen de drenaje, energía eléctrica, agua entubada y piso firme en sus viviendas; porcentaje que es mayor para el caso de las niñas y niños en cuyos hogares se habla alguna lengua indígena (61.0 por ciento). Asimismo, el matrimonio y el trabajo infantil aumentaron en 2020 respecto a 2010 en el país y actualmente, 6 de cada mil niñas de 12 a 14 años se han unido o casado, y 122 de cada mil niños y niñas trabajan. Por otra parte, 6.5 por ciento de la niñez en México tiene alguna discapacidad, condición mental o limitación para caminar, subir o bajar, ver aun usando lentes, hablar o comunicarse, oír aun usando aparato auditivo, vestirse, bañarse o comer, recordar o concentrarse.1

Las anteriores cifras muestran que existen entre las niñas, niños y adolescentes condiciones de vulnerabilidad que se traducen en falta de oportunidades, discriminación y pobreza que inciden negativamente en su desarrollo, por lo que es necesaria la elaboración de políticas públicas dirigidas a revertirlas. En atención a lo anterior, el 4 de diciembre de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tiene como objeto reconocerlos como titulares de derechos, con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte; crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados, y establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en la materia, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; y la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos.

El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a que se hace referencia es la instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y tiene dentro de sus atribuciones i) generar los mecanismos necesarios para garantizar la participación de este sector de la población en los procesos de elaboración de programas y políticas para la garantía y protección integral de sus derechos; ii) promover, en los tres órdenes de gobierno, el establecimiento de presupuestos destinados a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; iii) impulsar la incorporación de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la planeación nacional del desarrollo; iv) garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la elaboración de programas, así como en las políticas y acciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal, y v) aprobar, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras.

El referido sistema es presidido por el Presidente de la República y lo conforman, por parte de la administración pública federal, dependencias como las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de Salud, de Educación Pública, de Bienestar y de Trabajo y Previsión Social, así como por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. A efecto de involucrar a los tres niveles de gobierno y a la sociedad civil en el diseño de aquellas políticas públicas relacionadas con las niñas, niños y adolescentes, la ley en la materia prevé que se integren a dicho sistema de protección los ejecutivos de las treinta y dos entidades federativas, al igual que a representantes sociales y de organismos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

El Sistema Nacional de Protección Integral se reunirá cuando menos dos veces al año y para el mejor cumplimiento de sus funciones, podrá constituir comisiones encargadas de atender asuntos o materias específicas y emitirá los lineamientos para su integración, organización y funcionamiento, las cuales deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

La coordinación operativa del Sistema Nacional de Protección Integral recaerá en un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que ejercerá las funciones de Secretaría Ejecutiva, misma que tendrá entre sus atribuciones las siguientes:

“I. Coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la Administración Pública Federal;

II. Elaborar el anteproyecto del Programa Nacional para someterlo a consideración de los miembros del Sistema;

III. Llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de la ejecución del Programa Nacional;

IV. Elaborar y mantener actualizado el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Integral;

V. Compilar los acuerdos que se tomen en el Sistema Nacional de Protección Integral, llevar el archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos que deriven, y expedir constancia de los mismos;

VI. Apoyar al Sistema Nacional de Protección Integral en la ejecución y seguimiento de los acuerdos y resoluciones emitidos;

VII. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales;

VIII. Administrar el sistema de información a nivel nacional;

IX. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones en favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes con el fin de difundirlos a las autoridades competentes y a los sectores social y privado para su incorporación en los programas respectivos;

X. Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en general los resultados de los trabajos que realice, así como toda aquella información pública que tienda a la generación, desarrollo y consolidación de perspectiva en la materia, desagregada por lo menos, en razón de edad, sexo, entidad federativa, escolaridad y discapacidad;

XI. Asesorar y apoyar a los gobiernos de las entidades federativas, así como a las autoridades federales que lo requieran para el ejercicio de sus atribuciones;

XII. Informar cada cuatro meses al Sistema Nacional de Protección Integral y a su Presidente, sobre sus actividades;

XIII. Proporcionar la información necesaria al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), para la evaluación de las políticas de desarrollo social vinculadas con la protección de niñas, niños y adolescentes;

XIV. Fungir como instancia de interlocución con organizaciones de la sociedad civil, academia y demás instituciones de los sectores social y privado, y

XV. Coordinar con las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas de las Entidades la articulación de la política nacional, así como el intercambio de información necesaria a efecto de dar cumplimiento con el objeto de esta ley”.

El artículo 131 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes estipula que el titular de la Secretaría Ejecutiva será nombrado y removido libremente por el Presidente del Sistema y deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Tener ciudadanía mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II. Tener más de 30 años de edad;

III. Contar con título profesional de nivel licenciatura debidamente registrado;

IV. Contar con al menos cinco años de experiencia en las áreas correspondientes a su función, y

V. No haber sido sentenciado por delito doloso o inhabilitado como servidor público.

A pesar de la importancia que reviste la Secretaría Ejecutiva dentro del Sistema Nacional de Protección Integral, éste no ha sido nombrado. Desde el 5 de febrero de 2021, la Secretaría de Gobernación mediante comunicado, hizo público que el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Ricardo Bucio Mújica, culminó su etapa al frente de este órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en mutuo acuerdo con la titular de la Secretaría de Gobernación.

Como vemos ya ha pasado casi un año y dicho sistema aún no cuenta con un secretario ejecutivo y actualmente su titularidad recae en una encargada de despacho, la licenciada María Constanza Tort San Román (cuya capacidad profesional, logros y compromiso con las niñas, niños y adolescentes no cuestionamos), situación que nos parece anómala y por tanto debe ser enmendada por el Presidente de la República, quien es el facultado para hacer el nombramiento correspondiente, de conformidad con el artículo 127 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Este nombramiento es necesario con la finalidad de continuar con los trabajos que permitan la implementación de la política pública con perspectiva de derechos humanos de la infancia y adolescencia en los órganos, entidades, mecanismos, instancias, leyes, normas, políticas, servicios y presupuestos a nivel nacional, local y municipal para respetar, promover, proteger, restituir y restablecer los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, elevo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de que nombre a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

Nota

1 Consultado en < https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_Ni no21.pdf>, el 11 de enero de 2022 a las 7:46 horas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2022.

Diputada Adriana Campos Huirache (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a construir e implantar por la Subsecretaría de Educación Media Superior el marco curricular común del nivel medio superior, a cargo del diputado Alfredo Femat Bañuelos, del Grupo Parlamentario del PT

Suscribe, diputado Alfredo Femat Bañuelos , integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, conforme a lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, 78 y 79, fracción II; 80, 82, punto 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración de esta honorable soberanía el presente punto de acuerdo, debido a la trascendencia que reviste, de mandatar a la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior, a construir e implementar el Marco Curricular Común del Nivel Medio Superior, entre todas las opciones educativas del nivel referido, acompañado de una tabla de equivalencias que facilite el tránsito de los jóvenes, de un nivel a otro , conforme lo siguiente:

Antecedentes

Sin duda, la educación es uno de los factores que más influencia ejercen en el desarrollo de las sociedades, impactando de manera directa en las condiciones de vida de la población. A través de ella es posible lograr mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico, siendo sumamente eficiente en lo referente al cierre de brechas sociales, en la promoción de movilidad social, generación de condiciones para acceder a mejores niveles de empleo, incrementar el nivel cultural de la población, ampliar las oportunidades para los jóvenes y afianzar los valores cívicos, la democracia y el estado de derecho.

No podemos explicarnos sin el fortalecimiento de la educación los significativos avances registrados en la ciencia, la tecnología y la innovación, los cuales han marcado la diferencia entre las distintas economías del mundo, donde el conocimiento se ha arraigado como uno de los factores más importantes de la producción, por lo que resulta sumamente importante visualizarlo no sólo desde la perspectiva de su aplicación, sino además desde lo referente a su generación y transmisión en los ámbitos escolares y centros de investigación científica y tecnológica. Sin duda, la educación representa un sólido soporte para que toda nación se inserte de manera adecuada, oportuna y eficiente, a la denominada sociedad del conocimiento.

Sin duda, un sistema educativo sólido habrá de abonar a la generación de condiciones y posibilidades de alcanzar niveles y expectativas de futuro para la población.

En esta lógica se resalta lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo tercero, respecto a considerar a la educación como un derecho humano, mismo que debe ser accesible para todos, bajo criterios de calidad y equidad, donde el Estado debe generar las condiciones requeridas para que ello se exprese a plenitud.

Es sumamente conocido que la presente emergencia sanitaria trastocó todos los aspectos de la vida humana, impactando de manera por demás directa en el referente a la educación, ante esto, el 14 de marzo de 2020, el secretario de Educacio?n Pu?blica del país, Esteban Moctezuma Barraga?n, emitió un anuncio referente al adelanto de las vacaciones de semana santa como medida preventiva para mitigar los contagios generados por la Covid-19; este acto representó el preámbulo de la nueva dinámica que adoptaría el proceso educativo en México, en lo subsecuente.

A partir de lo anterior, las instituciones educativas se vieron obligadas a implementar de manera remota sus procesos educativos, potenciando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), a fin de dar continuidad a los ciclos lectivos y mantener la relación entre los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje.

I) Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver

El escenario disruptivo, provocado por la pandemia, se presentó cuando estaba por iniciar a fondo la discusión de las diferentes experiencias, estrategias y políticas en materia de innovación pedagógica y de gestión del conocimiento, en el contexto de la definición de una gran reforma educativa, a fin de mejorar la calidad socio-educativa; promover la innovación y realizar mejoras pedagógicas sustanciales; impulsar la nueva gestión de la política pública; movilizar a los millones de maestros, profesores e investigadores con los que cuenta el país, como una fuerza de tarea para impulsar la reforma educativa (como lo mandata el nuevo tercero constitucional); y, hacer valer la idea de empezar a construir “la nueva escuela mexicana”.1

Esta nueva escuela mexicana (NEM) ha sido planteada como un modelo que deberá alinearse a los cambios registrados al artículo 3o. constitucional, con una visión regionalizada, que habrá de considerar las diferentes realidades económicas, geográficas, sociales y culturales prevalecientes y enfatizando la perspectiva de género en los planes y programas de estudio.

Los principios rectores de la nueva escuela mexicana y los Objetivos de la Agenda 2030 habrán de girar en torno a la inclusión social, el crecimiento económico y la protección del medio ambiente.

Se trata de dejar atrás prácticas de enseñanza sustentadas en la memorización, además fortalecer los diversos instrumentos de acceso al conocimiento, promoviendo la pasión por el aprendizaje permanente y significativo.

La tarea de construir un proyecto educativo nacional ha sido ardua y se ha abordado en diferentes momentos de la historia del país, para ello es importante resaltar los aportes de grandes educadores como Gabino Barreda, Justo Sierra, José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet, Agustín Yáñez, entre otros, que hicieron grandes contribuciones a la conformación de un proyecto educativo nacional, con una identidad propia y capaz de cohesionar a nuestra nación.

Téngase presente que el carácter cambiante de la sociedad ha provocado que todo proyecto educativo esté sujeto a permanentes ajustes, de modo tal que habrá de registrar cambios cualitativos, que a su vez sirvan de soporte a la trasformación social conducida por el nuevo modelo de desarrollo del país, tratando de mantener consistentes sus principios pedagógicos, filosóficos, éticos y sociales y en estricto apego a lo constitucionalmente establecido.

En esta lógica es que se debe rescatar lo planteado desde la perspectiva de nación enarbolada por la cuarta transformación, específicamente en el ámbito educativo, rubro considerado sumamente trascendente, toda vez que las condiciones actuales de nuestra realidad demandan la construcción de un nuevo proyecto educativo basado en una educación de excelencia y equidad, acorde con la transformación emprendida por este gobierno.

Con este alto propósito se realizó un ejercicio sumamente incluyente, a través de los denominados “Foros Estatales por un Acuerdo Nacional sobre Educación”, del 27 de agosto al 29 de octubre de 2018, coordinados por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), a fin de construir el proyecto educativo requerido.

Derivado de lo anterior, el 29 de octubre del mismo año, se llevó a cabo el Foro de Consulta sobre Educación Media Superior y Educación Superior, gracias a la coordinación entre el equipo de transición encargado de estos niveles educativos y la Camara de Diputados.

De estos ejercicios de consulta, democráticos e incluyentes, donde prevaleció el diálogo fluido y propositivo, emergió un documento base que se puso a consideración de expertos especialistas en materia de educación media superior, a fin de ser analizado y desprender de ello las políticas públicas requeridas para este sector.

Cabe considerar que la nueva escuela mexicana (NEM), derivada del Acuerdo Nacional por la Educación, dio lugar a la reforma constitucional de los artículos 3o., 31 y 73, teniendo como centro la formación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, siendo su objetivo promover el aprendizaje de excelencia, inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo a lo largo del trayecto de su formación. Se trata de desterrar prácticas sustentadas en la memorización, fortaleciendo los diversos instrumentos que permiten acceder al conocimiento, al aprendizaje pemanente y significativo.

Se trata de “una educación humanista, integral y para la vida, que no sólo enseñe asignaturas tradicionales, sino que considere el aprendizaje de una cultura de paz, activación física, deporte escolar, arte, música y, fundamentalmente, civismo e inclusión”.2

Een efecto, esta nueva escuela mexicana se concibe como una comunidad inclusiva, que busca la equidad y la excelencia, sustentada en un plan de 23 años, a fin de reforzar la educación en todos los grupos de edad para los cuales ésta es obligatoria; se fundamenta en los siguientes principios:

A. Fomento de la identidad con México.

B. Responsabilidad ciudadana.

C. La honestidad es el comportamiento fundamental para el cumplimiento de la responsabiliodad social, que permite que la sociedad se desarrolle con base en la confianza y en el sustento de la verdad de todas las acciones para permitir una sana relación entre los ciudadanos.

D. Participación en la transformación de la sociedad.

E. Respeto de la dignidad humana.

F. Promoción de la interculturalidad.

G. Promoción de la cultura de paz.

H: Respeto por la naturaleza y cuidado del medio ambiente.

I. Revalorización del magisterio.

Será en el contexto de esta nueva escuela mexicana, enarbolada como plan de trayectoria educativa que considera la formación de las y los alumnos de manera integral desde que nacen hasta la universidad, donde se retome la agenda pendiente del bachillerato, y que ahora representa un gran reto, como lo es la construcción del Marco Curricular Común del Nivel Medio Superior Universitario, cuyo rediseño deberá responder al Plan SEP 0-23, plasmado en el contexto arriba referido.

Adquiere importancia resaltar que, según información de la Secretaría de Educación Pública, en México, la Educación Media Superior cuenta con una diversidad de Subsistemas, con sostenimiento: Federal, Privado y Autónomo. En este nivel se atienden 5 millones 144 mil 673 estudiantes en la modalidad escolarizada y 399 mil 935 en la no escolarizada, a través de 21 mil 47 escuelas y 412 mil 353 docentes.

Según la misma fuente, en los últimos seis ciclos escolares, el número de escuelas de Educación Media Superior creció 31 por ciento al pasar de más de 15 mil en el ciclo escolar 2012-2013, a más de 21 mil escuelas en el cicilo escolar 2018-2019, siendo las escuelas estatales las que registraron el mayor incremento, con un 46 por ciento, al pasar de casi 8 mil en 2012-2013, a 11 mil 693 en el ciclo escolar 2018-2019.

En cuanto al Telebachillerato Comunitario, se señala que éste creció 16.6 veces el número de escuelas (1,661 por ciento), al pasar de 188 escuelas en 2013-2014 a 3, 310 en el ciclo escolar 2018-2019.

Un aspecto que debe llamar la atención es el hecho de que la matrícula total en Educación Media Superior disminuyó en los dos últimos ciclos escolares, al pasar de 5 millones 608 mil 220 estudiantes en el ciclo 2018-2019 a 5 millones 544 mil 608 para el ciclo 2019-2020, representando una reducción del -1.1 por ciento, en el último ciclo escolar.

Para el ciclo 2018/2019, la matrícula escolarizada se redujo en un -1.8 por ciento, pasando de 5 millones 239 mil 675 a 5 millones 144 mil 673 en el ciclo 2019/2020, en tanto que la matrícula no escolarizada, corerespondiente a Prepa en Linea y Abierta creció un 8.5 por ciento, pasando de 368 mil 545 en el ciclo 2018/2019, a 399 mil 935 para el ciclo correspondiente a 2019/2020.

Respecto al abandono escolar, para el nivel medio superior se estimaba en un 13 por ciento, para el ciclo 2019/2020, lo que se refleja en poco más de 718 mil estudiantes, de los 5.5 millones matriculados, que abandonarían sus estudios.

Se considera que entre los principales factores se encuentran la falta de aulas en varias localidades con la necesidad de atención en Educación Media Superior, el reconocimiento de escuelas irregulares por falta de recursos, el abandono por baja calidad en las principales áreas académicas, el embarazo adolecente, los problemas familiares, económicos y de relaciones internas.

Cabe señalar que que en lo referente a la situación económica, este factor se ha reducido con la Beca Universal Benito Juárez, toda vez que, según datos de la Coordinación Nacional del Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez, en la actualidad son 4.1 millones de alumnos beneficiados con este apoyo.

En cuanto a la planta docente, para el ciclo escolar 2018-2019, la Educación Media Superior albergaba 418 mil 893 maestras y maestros, registrándose el 39 por ciento en el ámbito estatal, 26 por cientoen el particular, 24 por ciento en el federal y 11 por ciento en el autónomo.

Para la Subsecretaría de Educación Media Superior, una de las prioridades estrategicas 2021-2024 contempladas en el documento “Líneas de Política Pública para la Educación Media Superior”,3 considerado como eje rector de cada uno de los subsistemas y que ha servido de guía para los organismos, lo es la transformación del Marco Curricular Común, mismo que a partir de acuerdos secretariales deberá brindar a los alumnos la misma calidad académica y la posibilidad de la movilidad entre planteles de este nivel, de tal manera que la experiencia de aprendizaje acumulada sea considerada y avalada, independientemente de donde se haya cursado.

Esta encomienda demanda la participación de diversas instituciones y del cuerpo docente, de tal modo que el modelo educativo que resulte pueda expresarse en una mejor formación para los estudiantes, impactando ello en el mejoramiento de sus condiciones de vida y de sus familias, así como en el desarrollo de la comunidad.

Lograr transformar y cambiar de paradigma educativo, permitirá obtener una visio?n integral de trayecto escolar, la cual demanda un redisen?o curricular producto del consenso, donde el sector docente debe actuar como el principal actor del cambio, lo que permitirá que la requerida transformación nazca desde la aulas, de manera ascendente, independientemente del subsistema al que se pertenezca, incluso si corresponden al sector público o privado.

Ahora, más que nunca, se deben redoblar esfuerzos para brindar a los adolescentes y jóvenes una educacio?n de calidad en el Nivel Medio Superior, de tal modo que ello se pueda reflejar en necesarias y adecuadas herramientas para continuar su formacio?n en el nivel superior o bien integrarse al mercado laboral con mayores perspectivas de inserción exitosa.

Se trata de construir un nuevo pradigma educativo que forme jóvenes capaces de desarrollar proyectos de vida, dotados de herramientas para el aprendizaje a lo largo de su existencia y que egresen como ciudadanos integrales, responsables socialmente y deseosos de involucrarse en los procesos democráticos del país.

Es decir, promover un proceso educativo sustentado en una opción que permita entender y aprender, a través del uso de diferentes métodos de enseñanza, del aprendizaje virtual, de la adopción de nuevas tecnologías y de mejorar la gestión del aprendizaje, entre otros, un proceso dinámico que articule las capacidades entre las y los estudiantes de bachillerato, para aprender a lo largo de la vida.

Hacer del nivel medio superior un espacio atrayente y alentador para los jóvenes mexicanos, representa un gran reto en la actualidad, por lo que se deben implementar las acciones necesarias para coadyuvar, desde las instancias correspondientes, al logro de una trayectoria escolar exitosa, toda vez que este segmento de la población, ubicado entre los 15 y 18 años, enfrentan una realidad sumamente compleja, al encontrarse expuestos a diversos factores de riesgo, que pueden incidir negativamente en su futuro.

Según la Secretaría de Educación Pública, “la trayectoria de preescolar a superior, de la cohorte 2001-2018, revela abandono en cada transicio?n de nivel. De cada 100 nin?as y nin?os que entran a primaria, ocho no terminan y solo 88 se registran en secundaria; 70 ingresan al tipo de media superior, terminan 45 y acceden a licenciatura solo 34, terminan estudios 24. La mayor pe?rdida se nota en el tra?nsito de secundaria a media superior y durante la media”.4 Este escenario de abandono debe atenderse de manera urgente, por lo que es recomendable se haga una seria revisión de los diversos factores que en ello influyen, como lo es la edad, el desarrollo socio-afectivo, los logros escolares, hábitos de estudio, situación económica, estado de salud, infraestructura educativa física o virtual, entre otros, a fin de detectar los obstáculos que propician la deserción, reprobación y/o el rezago escolar.

Por tanto, se deberá innovar en lo referente a las estrategias orientadas al rescate de estudiantes en riesgo de deserción, reprobación y/o atraso académico, toda vez que, según el subsecretario de Educación Media Superior, “ cada inicio de ciclo escolar, la Secretaria de Educación Pública (SEP) registra una deserción escolar de cerca de 20 de cada 100 estudiantes en el nivel bachillerato”,5 debido a problemas familiares, personales y otros, pero principalmente por la situación económica, por lo que se debe considerar no sólo la implementación de mecanismos remediales, apoyo psicopedagógico, económico y acompañamiento institucional, sino incluso valorar la flexibilizacio?n de criterios escolares.

Considerando que el nivel medio superior es la antesala de la formación universitaria o tecnológica, éste requiere ser atendido con fundamentos y estrategias adecuadas, para así lograr mejores resultados manifiestos en una adecuada preparación académica y cultural que permita visualizar con mayores perspectivas de éxito, la formación de los futuros profesionistas que el país demanda.

Además, este nivel educativo es el idóneo para desarrollar diversas habilidades sociales que inciden en la formación integral del estudiante, toda vez que en él se define el qué ser y hacer en la vida, así como el continuar con su formación académica o tratar de insertarse en el mercado laboral, desempeñando en este momento un papel crucial la orientación vocacional.

En este espacio del nivel medio superior es cuando el estudiante se autonomiza, adquiere referentes éticos, siendo además fundamental para la conformación de la ciudadanía, toda vez que los jóvenes se integran en el grupo de edad en que se adquieren derechos y obligaciones ciudadanas.

Para favorecer la formación integral de los estudiantes, el nuevo marco curricular común del nivel medio superior deberá hacerse acompañar de la necesaria capacitación de los docentes a través de un sistema permanente de actualización y formación continua, contribuyendo esto a la conformación de una planta académica de calidad, lo cual es determinante para el fortalecimiento del aprendizaje de las y los alumnos, agregando a lo anterior el gran reto que representa para la actividad docente la incertidumbre generada por la pandemia, que nos debe conducir a revisar las estrategias hasta ahora implementadas, en materia de enseñanza. A lo anterior es importante agregar lo referente a la mejora laboral, toda vez que el trabajo docente se ha precarizado de manera alarmante.

Se avizora un futuro sumamente desafiante que se expresa en escenarios más allá de los escolares, como los de caracter ambiental, sanitario, econo?mico, laboral, político, social, cultural, entre otros, lo cual obliga a sostener los esfuerzos que hasta el momento han rendido buenos resultados, reorientando aquellos que no han funcionado adecuadamente, de tal modo que se puedan implementar las innovaciones requeridas para poder alcanzar el perfil ciudadano que se pretende formar.

Desafortunadamente, en la actualidad, causa una gran preocupación el que exista una mínima coordinación entre los Subsistemas del Nivel Medio Superior, lo que límita la posibilidad de concretar grandes aspiraciones como lo es el compartir un Marco Curricular Común, hasta el garantizar la movilidad o tránsito de los estudiantes, de un subsistema a otro, con el pleno reconocimiento de los estudios realizados en la institución de origen, lo que demanda debe existir la debida correspondencia, así como la relación adecuada , de tal modo que en el momento en que el estudiante decida por alguna opción profesional cuente con los elementos necesarios para lograr un mejor rendimiento y aprovechamiento académico en la opción profesional que haya elegido.

Si se pretende otorgar una educación incluyente y de calidad, se debe atender el hecho de que el modelo educativo vigente considera a los más de treinta diferentes subsistemas del nivel medio superior como si registraran “las mismas condiciones de operación, infraestructura y administación, lo cual está muy alejado de la realidad; no observo? la heterogeneidad dentro del sistema educativo y no considero? las diferencias entre niveles, entornos, edades y condiciones socioecono?micas de los jo?venes que asisten a los subsistemas de la educacio?n media superior; no tomo? en consideracio?n que estas disparidades pueden ahondar la inequidad, incluso promover la paulatina privatizacio?n de parte importante de la educacio?n; tampoco considero? las razones acade?micas y escolares del abandono escolar y el rechazo por exclusio?n educativa”.6

Por tanto, el nivel medio superior debe atenderse considerando su complejidad y carácter diverso, definiendo intereses académicos y formativos comunes entre los distintos subsistemas, generando condiciones para adecuar el currículo y los métodos de enseñanza y aprendizaje acorde al desarrollo del conocimiento científico y humanístico.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía popular la presente proposición con::

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Sexagésima Quinta Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para mandatar a las autoridades de la Subsecretaría de Educación Media Superior a construir e implementar el Marco Curricular Común del Nivel Medio Superior, acompañado de una tabla de equivalencias que facilite el transito de las y los estudiantes de un nivel a otro.

Notas

1 [1]Didriksson T. Axel, et al. Educación superior y pandemia: ¿innovamos, dilatamos el riesgo o perecemos? Reflexiones desde América Latina. El Universal, México. 08/06/2020

2 [1] PDG (2009, 24 abr.). Civismo y humanismo, materias para la nueva escuela mexicana: Moctezuma. Recuperado de: https://www.youtube.com/ watch?v=LjUt1mwa8zk&feature=emb_title.

3 [1] Arroyo Ortíz, Juan Pablo. Líneas de Política Pública para la Educación Media Superior. Secretaría de Educación Pública. Subsecretaría de Educación Media Superior, SEP. México, 2019.

4 [1] Secretaría de Educación Pública (SEP), La Nueva Escuela Mexicana: principios y orientaciones pedagógicas. México, 2019

5 [1] Periódico La jornada, Cada inicio de ciclo desertan 20 de cada 100 del bachillerato: SEP.03/09/2020. México.

6 [1] Arroyo Ortíz, Juan Pablo, Ibid.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero del 2022.

Diputado Alfredo Femat Bañuelos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Banjercito a establecer sucursales en las embajadas y los consulados de México en EUA y Canadá, a cargo de la diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En el mes de marzo de 2021 se publicó el convenio de colaboración entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Mexicano del Seguro Social con el que se pretende que los trabajadores independientes mexicanos radicados en el exterior puedan afiliarse al Instituto.

Así lo menciona el referido convenio:

“I. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que trabajadores independientes mexicanos radicados en el exterior puedan afiliarse al Instituto y contar con seguridad social extensiva a sus familiares, además de reactivar su Fondo de Ahorro para el Retiro.

Con este nuevo esquema de aseguramiento los trabajadores independientes tendrán acceso a los cinco seguros con que cuenta el IMSS: enfermedades y maternidad; riesgos en el trabajo; invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; guarderías y prestaciones sociales.

Entre los objetivos del convenio de colaboración está crear las bases para fortalecer la atención a la salud preventiva a través de capacitación y orientación en temas de alud con el apoyo de promotores de salud de la red consular de México en el exterior.

Además de los servicios de salud y seguridad extensiva a familiares, otro beneficio que tendrán los trabajadores independientes es la reactivación de su Fondo de Ahorro para el Retiro si es que durante su estancia en México tienen historial de cotizaciones.

Para reactivar su fondo de ahorro tendrán que registrar los datos de identificación, el reporte de ingresos mensuales y una línea de captura para realizar el pago de sus cuotas”.1

En Estados Unidos de América (EUA) hay una amplia población de mexicanos que trabajan y que en 2021 enviaron remesas por 50 mil millones de dólares.

Desde 2002 las Secretarías de Relaciones Exteriores y la de Salud han hecho esfuerzos para atender a mexicanos en el exterior a través de Ventanillas de Salud.

En la actualidad México cuenta con más de medio centenar de ventanillas de salud en EUA y desde su creación han atendido a más de 12 millones de connacionales.

El convenio de colaboración se firmó durante la segunda reunión de la Mesa Intersectorial para la Atención Integral a Familias Mexicanas en Retorno, realizado en la sede de la SRE.

II. El artículo 4 de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada menciona textualmente

“Artículo 4o. El domicilio del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, será el que se fije en su Reglamento Orgánico, pero podrá, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establecer o clausurar en el país sucursales, agencias o cualquier otra clase de oficinas y nombrar corresponsales en el país o en el extranjero.

III. Sólo una pequeña cantidad de mexicanos en el exterior cuentan con la aplicación del Afore móvil, por lo cual se torna indispensable que cuenten con una sucursal bancaria donde puedan ser orientados y también realizar depósitos si así lo desean.

En la actualidad México cuenta con más de 50 consulados dentro de los EUA de América y Canadá, lo cual es una oportunidad para que el Banco del Ejército actúe en beneficio de los connacionales.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al director general del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, SNC a considerar la posibilidad de abrir corresponsales de Banjercito al interior de las embajadas y consulados de México en los Estados Unidos de América y Canadá.

Nota

1 http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202103/132

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2022.

Diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la GN, la Sedena y la SSP de Guerrero a fortalecer las acciones de seguridad en Buenavista de la Salud y coordinar esfuerzos con los grupos de seguridad internos; y a la Fiscalía General de la entidad, a realizar las investigaciones pertinentes, a cargo del diputado Manuel Vázquez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Manuel Vazquez Arellano , diputado federal integrante del Grupo Parlamentario Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como demás relativos y aplicables, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La historia del estado de Guerrero está marcada por las represiones contrainsurgentes más severas del país, durante el periodo de la Guerra Sucia, en las décadas de 1960 y 1970, así como una de las peores atrocidades en la historia mexicana: la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa en el 2014.

Hoy, Guerrero se ha convertido en el epicentro de la violencia y las organizaciones criminales, cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional la clasifican como la novena entidad con más homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en México.1

El principal problema de la región es el incremento de organizaciones criminales. A medida que la “guerra contra las drogas” se extendió desde el 2006, éstos se han dividido en grupos más pequeños y, lo que es peor, más violentos. Al menos 40 grupos luchan por un diverso portafolio criminal, que incluye la producción y el tráfico de drogas, sobre todo heroína para el mercado estadounidense y varios tipos de actividades criminales que han aparecido recientemente, principalmente la extorsión.2

La infiltración, colusión y en muchos casos control de las organizaciones criminales con los gobiernos municipales, así como con las policías, hacen complicada la protección y la seguridad de la ciudadanía en esta región.

Frente a esta situación es que surgen las llamadas autodefensas, con una larga trayectoria, tanto en Guerrero, como otras entidades del país. La gente que habita en territorios inmersos en la violencia decidió armarse para poder protegerse. El asedio de la delincuencia organizada, la falta de soluciones efectivas por parte de las autoridades, y en muchos casos, la alianza entre estos dos actores, ha convertido a estas patrullas locales en fuerzas de defensa que cada año pierden vidas en medio de ataques por parte del narco.

Con respecto a la libre determinación que se ejerce por medio de sistemas de justicia y seguridad propios, en Guerrero se emitieron decisiones que reconocen esta facultad de los pueblos y el actuar de las autodefensas, así como su jurisdicción para procesar y sancionar a delincuentes.

El 26 de enero del presente año hubo un ataque con armas de fuego contra el grupo de autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) por parte de un grupo de la organización delictiva de Los Ardillos, en la comunidad de Buenavista de la Salud, del municipio de Chilpancingo, a sólo 30 minutos de la capital, dejando un saldo de siete personas muertas y al menos tres heridas.

En el ataque murió el profesor Mario Zamora, militante de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (Ceteg) y comandante de las autodefensas de su pueblo. Según las versiones de los vecinos de Buenavista de la Salud, la balacera empezó alrededor de las 17 horas y continuó por más de una hora. El grupo que atacó a las autodefensas detuvo un camión torton, le ponchó las llantas y lo atravesó en la vía federal.3

Ese mismo día, al poblado de Buenavista de la Salud llegaron policías, militares y marinos, todos una vez que había concluído el enfrentamiento. Sin embargo, habitantes de esta zona indican que también hubo presencia de estas corporaciones un día antes del enfrentamiento, donde confiscaron las armas que las autodefensas utilizan para mantenerse seguros ante los ataques de las organizaciones criminales. Al retirarles las armas, las autoridades no proporcionaron ningún otro recurso para su protección, dejándoles en una situación de desventaja frente a los grupos del crimen organizado y propiciando hechos como los ocurridos el pasado 26 de enero.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Guardia Nacional, la Secretaría de Defensa Nacional y a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guerrero a fortalecer las acciones de seguridad en la comunidad de Buenavista de la Salud, así como en las comunidades aledañas, a fin de garantizar protección a sus habitantes ante los ataques de las organizaciones criminales.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del estado de Guerrero a realizar las investigaciones pertinentes para capturar a los responsables del ataque a la comunidad de Buenavista de la Salud el 26 de enero del presente.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Guardia Nacional, la Secretaría de Defensa Nacional y a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guerrero a realizar estrategias de manera coordinada con los grupos de autodefensa del estado a fin de garantizar la seguridad de sus habitantes.

Notas

1 [1] Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, “Cifras de delitos y víctimas por cada 100 mil habitantes, 20 de enero del 2022.

https://drive.google.com/file/d/138I3MI2M8r7LrM3NPHD6vZU jbLlZuC4B/view

2 [1] International Crisis Group, “La historia cotidiana: Guerrero y los retos a la paz en México”. 2020.

https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/m exico/80-mexicos-everyday-war-guerrero-and-trials-peace

3 Enfrentamiento entre autodefensas y “Los Ardillos” deja 7 muertos en Chilpancingo, Guerrero, El Universal, 27 de enero de 2022.

https://www.eluniversal.com.mx/estados/
enfrentamiento-entre-autodefensas-y-los-ardillos-deja-7-muertos-en-chilpancingo-guerrero

Terror en Guerrero: enfrentamiento entre Los Ardillos y autodefensas dejó cinco muertos en Chilpancingo, Infobae, 27 de enero de 2022. https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/27/terror-en-guerrero-en frentamiento-entre-los-ardillos-y-autodefensas-dejo-cinco-muertos-en-ch ilpancingo/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2022.

Diputado Manuel Vázquez Arellano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a garantizar la vacunación de niños y adolescentes contra el SARS-Cov2, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a garantizar la vacunación de niños y adolescentes contra el virus SARS CoV-2, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a toda persona el derecho a la protección de la salud,1 es un derecho para todos y su acceso debe ser sin discriminación de ningún tipo. La Ley General de Salud2 LGS, reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona, señala que las finalidades de este derecho son, entre otros, el bienestar físico y mental de la persona, la prolongación y mejoramiento de la calidad de vida y el disfrute de servicios de salud.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante tesis jurisprudencial, ha definido el alcance y contenido de este derecho como una responsabilidad ineludible del Estado; por lo que debe establecer mecanismos para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, desarrollar políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud; así como, identificar los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras.3

Por otro lado, con la reforma de 2011 en materia de derechos humanos se abrió una nueva etapa en el reconocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes. El interés superior de la niñez, como el principio rector a la hora de decidir, se elevó como un derecho de rango constitucional.; así, los derechos de los niños se visualizan bajo un nuevo marco constitucional, favoreciéndolos en todo momento con la protección más amplia, y todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, deben proteger y garantizar tales derechos.

En nuestro país, residen alrededor de 40 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años. Aunque en los últimos años habíamos avanzado en la protección de sus derechos, la errática gestión, la falta de apoyos y la inacción por parte del gobierno federal ante la pandemia por Covid-19, representó un serio retroceso de las condiciones en que vive y se desarrolla nuestra niñez y adolescencia.

Desafortunadamente, en nuestro país, 20 millones de niños viven en condiciones de pobreza, 3.3 millones tienen que trabajar y 4.5 millones dejaron la escuela a causa del coronavirus, pandemia que ha acentuado la violación de sus derechos humanos.

El incremento de la pobreza infantil restringe el desarrollo y crecimiento sano de los menores; limita su acceso a sus derechos asociados a la supervivencia, el desarrollo y a vivir en condiciones de bienestar; además de la pobreza y la necesidad de laborar, los niños enfrentan un escenario de violencia.

En 2020, más de 11 mil niñas y niños ingresaron a hospitales debido a lesiones, mayormente ocurridas en el hogar y provocadas por familiares. En ese año, 1,900 niñas, niños y adolescentes fueron asesinados, alertó la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM). Además de la invisibilidad, de la población infantil, hubo un grave retroceso en la agenda de infancia.

A lo anterior se suma la falta de respuesta o bien la respuesta tardía del gobierno federal ante la crisis sanitaria y sus efectos económico-sociales, lo que generó un impacto importante en el deterioro de la protección y ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; los cuales quedaron invisibilizados al disminuir presupuestalmente los recursos públicos destinados a su atención.

La desaparición del programa de guarderías infantiles, el programa de Salud SXXI, el programa de escuelas de tiempo completo, la prevención de embarazo adolescente, la alfabetización digital, la atención a primera infancia y la atención de adolescentes en conflicto con la ley, entre otros, tuvieron un impacto negativo en la atención que debió recibir la población; lo anterior en un evidente retroceso a principio constitucional de progresividad de sus derechos.

Además, los niños y adolescentes, aunque fueron poco afectados directamente en su salud por la enfermedad ocasionada por el virus SARS CoV 2, los impactos se expresan en el rezago educativo, aumento en niveles de estrés y ansiedad, violencia doméstica y problemas de mala nutrición por la reducción del ingreso en el hogar, entre otros.

El prolongado cierre de las escuelas ha afectado negativamente el proceso educativo de más de 30 millones de alumnas y alumnos de educación básica y media superior, lo que aumentó en el riesgo de abandono escolar; además de comprometer su bienestar actual y sus oportunidades de desarrollo hacia el futuro.

Resultados de la Encuesta de Inegi sobre la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación 2020, señala que 2.2% (738.4 mil personas) no concluyeron el ciclo escolar 2019-2020, por motivos relacionados con la Covid-19 o a la falta de recursos económicos; además que 5.2 millones de estudiantes no se inscribieron en el actual ciclo escolar de 2020-2021, por los mismos motivos.4

También señala que entre los principales motivos para no inscribirse en el ciclo escolar vigente 2020-2021, el 26.6% considera que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje; el 25.3% señala que algunos de sus padres o tutores se quedaron sin trabajo y el 21.9% carece de computadora, otros dispositivo o conexión de internet.

En este contexto, es evidente el rezago educativo que se ha generado la mayoría de nuestras niñas y niños en educación básica y media superior no alcanzan los aprendizajes esperados, situación que afecta con mayor gravedad a los sectores más vulnerables y aumenta el riesgo de abandono escolar.

Por otro lado, los problemas de salud mental que afectan el crecimiento y el desarrollo, el rendimiento escolar y las relaciones familiares y entre pares, además de incrementar el riesgo de suicidio; que ha generado la pandemia ha alterado de forma drástica la vida niños, niñas y adolescentes que conforman una población especialmente vulnerable a las crisis sociales.

La atención de la salud mental para niñas y niños deberá enfrentar varios retos, particularmente la accesibilidad o disponibilidad insuficiente de servicios, ya que ésta sigue siendo una de las mayores demandas de salud insatisfecha.

Es importante destacar que los hogares con niñas, niños o adolescentes presentan los mayores impactos por perdida de ingreso, lo que ha representado un impacto negativo en la satisfacción de las necesidades básicas de la familia y un deterioro de sus condiciones de vida.

La falta de ingresos en los hogares con población infantil y adolescente se reflejan en una disminución en sus niveles de seguridad alimentaria, que pasó de 27.8% en mayo a 21.1% en julio.5 Además, 1 de cada 3 hogares con niñas y niños experimentó inseguridad alimentaria moderada o severa, es decir, se quedaron sin alimentos o pasaron hambre por falta de dinero o recursos.

El confinamiento derivado de las medidas para enfrentar la pandemia, han agudizado los riesgos ante violencia contra niñas, niños y adolescentes, han aumentado las discusiones y tensiones en el hogar y se ha registrado un importante incremento en las llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia familiar.

En síntesis, la niñez y adolescencia en México, es otras de las víctimas de la incapacidad del gobierno federal para gestionar el control de la pandemia y para generar lo programas y apoyos necesarios para aliviar sus efectos.

Las niñas, niños y adolescentes conforman una población especialmente vulnerable a las crisis sociales; y si bien inicialmente notamos una escasa morbimortalidad por la infección de SARS CoV2, en las últimas semanas los casos se han incrementado considerablemente, por lo que los efectos de la pandemia y del estado de alarma social repercuten negativamente en su bienestar mental y emocional.

La pandemia por Covid-19 ha alterado de forma drástica los modos de vida de nuestra sociedad y de la población especialmente vulnerable a estos cambios, las niñas, niños y adolescentes, quienes han visto seriamente vulnerados sus derechos.

Es evidente que el gobierno federal ha sido incapaz de cumplir con su obligación constitucional de proteger la salud de todas y todos los mexicanos, sin discriminación de ningún tipo y poniendo a disposición de estas todos los recursos que sean necesarios. En este contexto, las niñas, niños y adolescentes no solo han sido víctimas de las malas decisiones de gobierno, sino que ahora se les discrimina y excluye de la protección de su salud a la que tienen derecho.

El presidente y el responsable de la estrategia de vacunación contra el SARS CoV-2, los excluyeron de la vacunación ratificando que la vida de los niños no tiene valor para ellos; como lo han hecho al negar el desabasto de medicamentos oncológicos y culpando a sus padres de “golpistas” en contra del gobierno de la 4T.

El discurso de AMLO reconoce de manera fáctica lo que el “científico” López-Gatell asume como cierto, o bien se somete al pensamiento enfermo de su mesías: “Tenemos que priorizar y no estar sometidos como sujetos, subordinados a que las farmacéuticas sean las que nos digan: falta una tercera dosis, falta una cuarta dosis, falta que se vacunen los niños; hay que ver lo que dicen los organismos internacionales y ver que opinan los científicos”.

Como ha sido el actuar del gobierno federal frente a la pandemia, la minimiza y desestima las evidencias científicas y toma decisiones con base en ocurrencias y experiencias personales. Se afirma desde el gobierno que: “los menores de edad tienen muy bajo riesgo de enfermar y de morir por Covid-19”, y “no hay evidencias suficientes para vacunar a este segmento de población”.

El propio secretario de salud federal ha señalado que para los niños que se contagien por SARS CoV2, solo será necesario tés, vaporub y paracetamol; que él a sus nietos no los vacunaría ni, aunque tuviera dosis de Pfizer de más en las bodegas. Una actitud totalmente reprobable.

La Organización Mundial de la Salud OMS, ha respaldado las estrategias de vacunación de los países a los que no les sobran dosis, al señalar que lo mejor es que todos estén vacunados.

Hay evidencia robusta respecto de que la población infantil y adolescente está exenta de tener problemas por Covid y de que la vacuna en niños es segura y no sólo los protege a ellos sino también a sus familiares y a la población en general.

Aunque el sistema inmunológico de los menores es más eficiente ante el virus, el 80% de los niños que contraiga la enfermedad no tendrá síntomas o no tendrá síntomas graves; sin embargo, un 20% lo puede pasar mal y un 5% necesitará oxígeno. Cuántos niños tienen que llegar a la gravedad para que se entienda esto o, pero aún cuántas muertes de menores.

Para el gobierno no importan los contagios ni muertes en la población infantil, los considera como sacrificables, pues dice que lo verdaderamente importante es el regreso a clases presenciales.

Reitera que no hay evidencia respecto de que la vacuna sea eficaz para este grupo de población de niños y adolescentes; desconoce que desde el mes de marzo pasado la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos amplió la autorización de uso de emergencia de la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer-BioNTech para incluir a los niños de 12 a 15 años de edad. La FDA modificó la autorización emitida originalmente el 11 de diciembre de 2020 para su administración en personas de 16 años en adelante.

Desde marzo de 2021, los laboratorios BioNTech y Pfizer informaron que su vacuna contra el coronavirus demostró una eficacia del 100% en niños y adolescentes de entre 12 y 15 años; la vacuna de Pfizer y BioNTech tiene ya la autorización de uso de emergencia en niños de 12 años en adelante en Europa, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Chile.

En nuestro país, el jueves 24 de junio de 2021, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) también se autorizó el uso de emergencia del fármaco desarrollado por Pfizer y BioNTech para ser administrado a mayores de 12 años. Desde el pasado 11 de junio de 2021, el Comité de Moléculas Nuevas (CMN) y Subcomité de Evaluación de Productos Biotecnológicos (SEPB) sesionaron para emitir una opinión técnica favorable unánime, por parte de expertas y expertos, sobre la ampliación del grupo etario a partir de los 12 años, para la aplicación de la vacuna BNT162b2 (Pfizer-BioNTech Covid19 vaccine).

Las declaraciones del Dr. Gatell, respecto de que, “vacunar a un menor de edad que recurre a un amparo significa quitarle la dosis a una persona con mayor riesgo ante el Covid-19”, es negligencia, desconocimiento de la evidencia científica que advierte de lo indispensable y seguro que es vacunar a los menores y se ha convertido en un pretexto absurdo para que el gobierno federal se ahorre el dinero de esos millones de dosis.

En diciembre de 2021 el Dr. Gatell, volvió a reiterar la negativa del gobierno federal a vacunar niñas y niños mayores de 12 años. El funcionario señaló que la cepa Ómicron, tiene mayor transmisibilidad, pero no peligrosidad; de ahí que aseguró un bajo índice de hospitalizaciones si México entrara en una cuarta ola por el Covid-19. Por lo que no consideró incluir a la población infantil en el programa de vacunación contra Covid-19.

De acuerdo con el reporte del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), integrado con información de la base de datos de la Secretaría de Salud federal sobre casos de Covid-19 en México, en las dos primeras semanas de enero de 2022, entre el 1 y el 16 de este mes, se registraron 3 mil 609 casos de Covid-19 en menores de edad, confirmados por resultado positivo a la prueba; mientras que en la primera quincena de diciembre de 2021 se contabilizaron 668; es decir, de un mes a otro, en el mismo periodo, los casos se quintuplicaron.6

De acuerdo con cifras oficiales, más de 800 menores de edad han muerto a causa del virus, sin duda, muchas de ellas evitables de haber contado con un esquema de vacunación.

En ese contexto, la organización internacional Save the Children7 ha declarado que vacunar a niñas y niños es fundamental para garantizar su derecho a la protección en salud. Además, favorece el control de la pandemia, al prevenir que una niña o niño se convierta en fuente de contagios en sus hogares y círculos cercanos. En ese sentido, ha hecho un llamado a las autoridades federales a que cumplan con 3 puntos:

1. Incluir a niñas y niños desde los 5 años a los esquemas de vacunación contra Covid-19, sin condicionar la aplicación a la existencia de comorbilidades

2. Establecer, publicar y difundir para toda la población, los lineamientos con los que se incluirá y ejecutará el Plan de Vacunación contra Covid-19 entre las niñas, niños y adolescentes sin importar su condición de salud, así como mantener una permanente rendición de cuentas sobre el avance de las coberturas.

3. Garantizar que el incremento al Presupuesto Federal contemplado para el PVU en 2022, asigne fondos para cubrir las vacunas contra Covid-19 para niñas, niños y adolescentes, así como para un plan emergente que permita abatir el rezago que tenemos como país en la aplicación de vacunas para otras enfermedades que también pueden ser graves.

Los niños y adolescentes de nuestro país tienen derecho a la protección de la salud y no se le puede excluir de la vacunación contra el SARS CoV 2, no se les puede exponer a regresar a clases presenciales sin la protección que implica la vacuna, máxime cuando existe vacunas autorizada en nuestro país para aplicarse a partir de los 12 años de edad.

Según cifras oficiales hay más de 40 millones de dosis en el país de diversas vacunas, ¿porque no aceleran su aplicación?

El gobierno federal no debe escatimar recursos para salvar vidas, debe atender el principio constitucional del interés superior de la niñez y los derechos reconocidos para las niñas, niños y adolescentes de nuestro país y garantizar la vacuna para toda la población en edad de recibirla. Por ello, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a realizar la compra de dosis de vacunas autorizadas por la Cofepris, necesarias para incluir dentro de la estrategia nacional de vacunación contra el virus SARS CoV-2, a toda la población a partir de los 12 años de edad; e iniciar los estudios correspondientes para definir una estrategia de vacunación para los menores de 12 años, de conformidad con la evidencia científica reciente.

Notas

1 Ver, párrafo segundo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud ...”,

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, 28 de mayo de 2019.

2 Ver, Ley General de Salud en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgs.htm

3 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tesis: 1a./J. 8/2019 (10a.), Jurisprudencia Primera Sala, Décima Época, Libro 63, febrero de 2019, Tomo I.

4 Ver, https://www.inegi.org.mx/contenidos/investigacion/ecovided/2020/doc/eco vid_ed_2020_presentacion_resultados.pdf

5 Ver, https://www.unicef.org/mexico/media/4501/file/Resumen%20de%20resultados .pdf

6 https://www.animalpolitico.com/2022/01/casos-covid-quintuplican-ninos-a dolescentes/

7 https://www.savethechildren.mx/enterate/noticias/la-vacuna-contra-covid -19-es-un-derecho-de-las-nin

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro del Congreso de la Unión, a los 3 días del mes de febrero de 2022.

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conade a elaborar un plan de deporte social, a cargo del diputado Brasil Alberto Acosta Peña, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Brasil Alberto Acosta Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, de conformidad con lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo que exhorta a la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara Espinoza, a que dicho organismo elabore un Plan Nacional de Deporte Social.

Antecedentes

La actividad deportiva en México tiene un origen popular, en la práctica, los deportistas nacen en las masas, en los municipios, el deporte mexicano es de la ciudadanía de a pie, las justas deportivas se llevan a cabo no en ligas organizadas por alguna federación o por el gobierno si no por la propia gente que está interesada en promover las competencias deportivas en un ejercicio de comunidad, estas ligas no registradas se mantienen a sí mismas, a veces sin estatutos claros.

Desafortunadamente el Estado no ha podido generar los mecanismos suficientes para que exista un mínimo de reglas y condiciones que deban operar en estas formas de organización deportiva.

Esta falta de normalización ha ocasionado que las ligas no organizadas permitan actitudes antideportivas así como ha retrasado la superación del nivel deportivo por parte de los ciudadanos.

Si bien es cierto que es valioso como un ejercicio de comunidad, también es necesario reconocer que el Estado puede dotar de algunas herramientas para que estas ligas, conservando su esencia y autonomía, puedan desarrollarse bajo una mejor conducción deportiva que a la larga pueda brindar mayor desarrollo y tenga mejores beneficios sociales.

En este sentido, la Organización Internacional de Árbitros, misma que se compone de ex jueces de diferentes deportes, ha señalado que el sector de arbitraje amateur en el futbol se ha visto seriamente afectado por las constantes agresiones hacía los jueces del deporte, mismas que van desde actitudes que podrían configurarse como delito –lesiones– hasta homicidios, y que, por falta de un adecuado seguimiento por parte de las instituciones de justicia y del deporte ha resultado en impunidad y en una práctica cada vez más frecuente.

Dentro de algunos de los casos más relevantes, ejemplo de lo hasta ahora expuesto se encuentran:

Que como se puede notar, comprende sólo las lesiones físicas, pero además, hay una serie de lesiones psicológicas y de amenazas al no poder desempeñarse en su profesión. Esta situación denota al mismo tiempo la violación sistemática de derechos humanos a la que son sometidos.

Exposición de Motivos

Para conseguir un mejor desarrollo social es fundamental que la ciudadanía, el pueblo, esté cerca de la actividad deportiva que le hace bien no sólo a la salud, sino a la prevención del delito, a la educación, etcétera; una formación integral humana es lo mínimo que debemos buscar desde este Congreso para nuestro pueblo.

En atención a los datos señalados por la Organización Internacional de Árbitros, creemos que es necesario que la Conade preste atención en estas problemáticas y brinde servicios de manera oportuna para atender la violencia en el sector amateur, así como para buscar una mejor capacitación del sector no organizado de las justas deportivas.

Somos conscientes de que la tarea no es sólo de la institución encargada del deporte en el Estado, sino también de los actores que participan en ello. Por esta razón, este punto de acuerdo está orientado a buscar un acercamiento entre las instituciones estatales y las organizaciones de la sociedad civil a efecto de que se establezcan convenios de colaboración en que ambas partes puedan desarrollar la labor deportiva con mayor satisfacción.

En este punto, esta soberanía debe, en su función de representación, exhortar a la Conade a que elabore un Plan Nacional de Deporte Social que incluya programas de colaboración con la sociedad civil, así como que establezca una defensoría de justicia deportiva, que pueda sancionar a las ligas no organizadas cuando éstas permitan agresión, al mismo tiempo que, con apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo la Federación de Árbitros, se faciliten espacios para que éstas a su vez puedan otorgar capacitaciones, cursos, etcétera. A las ligas pequeñas y que éstas a su vez puedan contar un mejor marco deportivo.

Asimismo, la Conade deberá establecer estatutos marco para que las ligas informales puedan retomar de manera local y así, conseguir un mejor desarrollo deportivo. Y en la medida de sus posibilidades, la Conade colaborará con los municipios y alcaldías a efecto de poner en marcha las capacitaciones y también de regularizar la actividad deportiva.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto y fundado, ponemos a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara Espinoza, a que dicho organismo elabore un Plan Nacional de Deporte Social que incluya, al menos, la elaboración de programas que trabajen de manera conjunta con las organizaciones de arbitraje amateur, con la finalidad de lograr la capacitación y asistencia a los jueces del deporte amateur. Así como contenga programas de normalización y que establezca una defensoría del deporte que brinde asistencia a los jueces deportivos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2022.

Diputado Brasil Alberto Acosta Peña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al consejero presidente del INE a desistirse de las acciones legales promovidas ante el Poder Judicial federal para mantener su salario y prebendas, y –en su caso– renunciar al cargo, a cargo de la diputada Celeste Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Celeste Sánchez Romero , diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, para que en el marco de respeto a la ley y de conformidad con el principio de austeridad que rige el servicio público, se desista de sus acciones legales promovidas ante el poder judicial federal para mantener su salario y prebendas; asimismo, para que por respeto a la democracia a la que está obligado a observar y de conformidad con el principio de imparcialidad, renuncie a su cargo para en caso, afiliarse a alguno de los partidos políticos con los cuales evidentemente simpatiza , al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

I. Política de austeridad republicana

El 19 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana; se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a través del cual, entre otros rubros, se fijan las bases para la aplicación de la política de austeridad republicana de Estado y los mecanismos para su ejercicio.

El artículo primero de la Ley Federal de Austeridad Republicana señala su objeto:

Regular y normar las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, conforme lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus disposiciones son aplicables a todas las dependencias, entidades, organismos y demás entes que integran la Administración Pública Federal.

Por su parte el artículo 4 nos dice lo que se debe entender por austeridad republicana: conducta republicana y política de Estado que los entes públicos así como los Poderes Legislativo y Judicial, las empresas productivas del Estado y sus empresas subsidiarias, y los órganos constitucionales autónomos están obligados a acatar de conformidad con su orden jurídico, para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.

De conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Apartado “I. Política y Gobierno” “Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad”, el Ejecutivo federal señala que: ningún servidor público pueda beneficiarse del cargo que ostente, salvo en lo que se refiere a la retribución legítima y razonable por su trabajo, así como terminar con la asignación abusiva de oficinas, vehículos, mobiliario, equipos de comunicación, viáticos, entre otras medidas, con la finalidad de reorientar los presupuestos dispersos a los programas significativos y de alto impacto social y económico.

Finalmente, 18 de septiembre de 2020 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos en materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública Federal, los cuales de conformidad con su artículo primero, tienen por objeto: regular y establecer las medidas aplicables en materia de austeridad en el ejercicio del gasto público federal, primordialmente para gasto corriente, para lo cual se deberán sujetar a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, de forma tal que de las erogaciones destinadas a las actividades y funciones que corresponden a la Administración Pública Federal, se obtengan ahorros, debiendo dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 6 y 7, tercer párrafo, fracciones I, II y III, de la Ley Federal de Austeridad Republicana.

II. Instituto Nacional Electoral, salarios y gastos excesivos

No obstante, lo establecido en las normas jurídicas señaladas con anterioridad, diversos órganos autónomos han ejercido acciones legales para evitar la aplicación de las medidas de austeridad; entre ellos, está el Instituto Nacional Electoral, que, de acuerdo con información publicada en diversos medios de comunicación, tiene los siguientes gastos con cargo al erario público:

-Cada uno de los 11 consejeros del órgano electoral recibe una bolsa mensual de 722 mil pesos para asesores; el consejero presidente cuenta con 11, cinco de los cuales ganan más que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En total hay 117 asesores para los 11 consejeros.

-Los consejeros cuentan con un fondo de 143 mil pesos al año para comer fuera de las instalaciones del Instituto.

-Por concepto de “difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales” el INE destinó 134 millones; por “servicios de lavandería, limpieza e higiene” se gastaron 95 millones y en “gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria” otros 54 millones de pesos.

-En 2021 el INE erogó mil 228 millones de pesos en arrendamiento de edificios y locales, vehículos, bienes informáticos, maquinaria, equipos de comunicaciones e inmobiliario.

-Por concepto de “renta de vehículos”, el INE tuvo un gasto asignado de 373 millones de pesos.

-Pago de consultas psicológicas en caso de contraer Covid-19; en el contrato del INE con la aseguradora para 2019-2021, las consultas psicológicas solo incluían enfermedades graves, accidentes, sufrir un robo o un asalto. Para el 2022, los altos directivos plantean ampliar todavía más esta póliza para que incluya también coberturas psicológicas en caso de contraer Covid-19.

-En bonos de productividad para el personal del Servicio Profesional Electoral (más de mil 827 trabajadores), el INE gastó en 2021 13 millones 184 mil pesos, según información proporcionada por la oficina de Comunicación Social del mismo Instituto.

-Entre 2019 y 2021, “la élite del INE se regaló una cobertura de seguros médicos privados que costó nada más que 253 millones 400 mil pesos”, un privilegio al que solamente tienen acceso “los altos puestos del Instituto, tales como los consejeros, sus asesores, directores de área, vocales de juntas distritales y otros puestos altos”.

-El sueldo de los consejeros, con todas las prestaciones, asciende a 263 mil pesos mensuales brutos, que además incluyen un seguro médico privado y otro de separación individualizada, que cuesta unos 270 millones de pesos anuales.1

III. Acciones legales para preservar prebendas

Contrario a lo que establece la Ley Federal de Austeridad Republicana, la mayoría de los consejeros del órgano electoral se ha amparado desde enero de 2019 para mantener los excesivos gastos, sus prebendas, ingresos, e incluso para incrementarlos.

El 15 de marzo de 2019, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, presentó una demanda de amparo para impugnar la reducción de su salario, como señala la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir 108 mil pesos mensuales.

Asimismo, entre otras acciones, el consejero presidente presentó una demanda de amparo para impugnar el Presupuesto de Egresos, que implicaba una reducción a su salario, así como por el pago a los servidores públicos con salarios superiores a los del presidente.

A través del amparo 204/2021 se impugnó la promulgación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021 en la que se expide la reducción salarial. Ante este procedimiento, el juez receptor se declaró incompetente declinando ante un juzgado de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. Con la acción legal se busca impugnar posibles investigaciones penales o administrativas en su contra, por la persistencia en dicho órgano del pago de salarios superiores a los del presidente de la república.

El consejero presidente del órgano electoral de México ha mantenido su salario íntegro a base de amparos, en lo que va del actual gobierno federal no ha sufrido reducciones salariales bajo el argumento que, un trabajador que ha desempeñado un mismo puesto bajo cierta remuneración no puede percibir un monto menor si continúa realizando las mismas operaciones.

La Corte no ha aclarado si es constitucional reducir salarios a los órganos autónomos, pero durante estos tres años, sus Salas han permitido a varios de ellos mantener percepciones superiores a las del presidente.2

Ante estas acciones, nuestro compañero diputado presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, presentó una iniciativa a fin de que no proceda el amparo para aquellos servidores públicos que buscan seguir percibiendo un sueldo mayor al primer mandatario.

Los consejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama han abusado de la figura jurídica del amparo para seguir violando las disposiciones que prohíben a los funcionarios ganar más que el presidente; Asimismo, se considera que el consejero presidente del INE debe renunciar porque ha dejado de ser árbitro electoral y se convirtió en actor de oposición. Lo correcto, es que, en su caso, renuncie a su cargo y se afilie a algún partido político con los cuales evidentemente simpatiza.

Adicional a lo anterior, el pasado 27 y 28 de enero el consejero presidente acudió como servidor público a las plenarias de los grupos parlamentarios del PAN y PRD respectivamente, estamos en año electoral, y con ello, Lorenzo Córdova ha faltado de manera clara al principio de imparcialidad y de respeto a la democracia a la que está obligado a observar, y que debe prevalecer en todos sus actos como servidor público y presidente del INE; por ello, se debe requerir su renuncie al cargo, para en su caso, afiliarse a alguno de los partidos políticos con los cuales evidentemente simpatiza.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, para que en el marco de respeto a la ley y de conformidad con el principio de austeridad que rige el servicio público, se desista de sus acciones legales promovidas ante el Poder Judicial federal para mantener su salario y prebendas; asimismo, para que por respeto a la democracia a la que está obligado a observar y de conformidad con el principio de imparcialidad, renuncie a su cargo para, en su caso, afiliarse a alguno de los partidos políticos con los cuales evidentemente simpatiza.

Notas

1 Nuevos casos de despilfarro y lujos en el INE, Hernán Gómez Bruera, 2020.

Disponible en: https://hernangomez.com.mx/nuevos-casos-de-despilfarro-y-lujos-en-el-in e

2 [1] Disponible en: https://aristeguinoticias.com/1003/mexico/lorenzo-cordova-se-ampara-ant e-posibles-investigaciones-por-pago-de-salario-superior-al-del-presiden te.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2022.

Diputada Celeste Sánchez Romero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la FGJ de Guerrero a continuar las investigaciones pertinentes para garantizar el acceso a la justicia de los tres jóvenes quemados en Chilpancingo de los Bravo el 29 de enero de 2022; y a distintas autoridades, a fortalecer las acciones de seguridad en el municipio, a cargo del diputado Manuel Vázquez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Manuel Vazquez Arellano , diputado federal integrante del Grupo Parlamentario Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como demás relativos y aplicables, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El estado de Guerrero ha vivido estructural e históricamente, violencia, inseguridad e impunidad. En 2021 se posicionó como la novena entidad con más homicidios dolosos del país. Si bien, la violencia en la zona se encuentra en disminución, según afirma el actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guerrero, Evelio Méndez Gómez, aún es urgente implementar acciones de manera coordinada con las instancias federales, y fortalecer las instituciones de seguridad local para garantizar una vida libre de violencia a las y los guerrerenses.

Los jóvenes muchas veces son los principales afectados por la violencia que genera la prevalencia del crimen organizado en la región. Tal es el caso de tres jóvenes que fueron golpeados, amarrados y quemados vivos por sujetos armados el pasado sábado 29 de enero, en su domicilio en la colonia Loma Bonita, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. Los servicios de emergencia no lograron llegar a tiempo y un joven de 21 años murió en el sitio. Dos más fueron hospitalizados, uno se encuentra en coma y el otro tiene quemaduras de segundo y tercer grado. Los familiares de las víctimas señalan que el grupo armado volvió al domicilio cuando ya se encontraba vacío y le prendió fuego. La Fiscalía General del estado de Guerrero (FGE) informó que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio simple por quemaduras en agravio de Mario Cristian “N” y que investiga las causas que originaron el incendio en el inmueble. Detalló que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y su reconocimiento.

Es importante que el caso de estos jóvenes no quede en la impunidad. De acuerdo con el Inegi, Guerrero es el estado con mayor cifra negra del país, es decir 97.3 por ciento de los delitos cometidos no se denuncian. Esto puede deberse a los altos índices de impunidad y a la falta de resultados condenatorios. Aunado a esto, la sociedad tiene miedo de las represalias que existirán si acuden a denunciar. Por ello, es fundamental fortalecer las instituciones de justicia de la entidad, para incrementar la denuncia, terminar con la impunidad y garantizar justicia a la sociedad guerrerense.1

De la misma manera es importante mencionar que, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, el 76.5 por ciento de la población de Chilpancingo manifestó no sentirse segura en su ciudad, lo que lo coloca 10 puntos por arriba de la media nacional que es de 64.5 por ciento. Es fundamental que los tres órdenes de gobierno realicen acciones coordinadas que coadyuven al fortalecimiento de la seguridad en este municipio.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del estado de Guerrero a continuar con las investigaciones pertinentes para garantizar el acceso a la justicia de los tres jóvenes golpeados y quemados el pasado sábado 29 de enero en Chilpancingo, Guerrero.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Guardia Nacional, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guerrero, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal de Chilpancingo de los Bravo, a fortalecer las acciones coordinadas de seguridad en el municipio de Chilpancingo de los Bravo, a fin de garantizar el bienestar y la seguridad de sus habitantes.

Nota

1 [1] Envipe 2021, Inegi,

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/202 1/doc/envipe2021_presentacion_nacional.pdf

Referencias

-Agustín Esteban, Rogelio. Secretario de Seguridad de Guerrero asegura que violencia va a la baja en Chilpancingo. Milenio. 04 de enero de 2022. https://www.milenio.com/estados/violencia-baja-chilpancingo-afirma-secr etario-seguridad

-Reforma. Queman vivos a tres jóvenes en Chilpancingo. 29 de enero de 2022
https://www.reforma.com/queman-vivos-a-tres-jovenes-en-chilpancingo/gr/
ar2340459?md5=45db7cf920488f56cd69372ed2185960&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm_
source=elemento_web&utm_medium=email&utm_campaign=promocion_suscriptor

-Aristegui Noticias. Queman vivos a tres jóvenes en Chilpancingo, Guerrero; uno muere. 30 de enero de 2022. https://aristeguinoticias.com/3001/mexico/queman-vivos-a-tres-jovenes-e n-chilpancingo-guerrero-uno-muere/

-Animal Político. Golpean y queman a tres jóvenes en Chilpancingo, Guerrero; uno muere. 29 de enero de 2022. https://www.animalpolitico.com/2022/01/golpean-queman-tres-jovenes-chil pancingo-guerrero/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2022.

Diputado Manuel Vázquez Arellano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sener a incluir el hidrógeno verde en la estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios, a cargo del diputado Enrique Godínez del Río, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Enrique Godínez del Río, diputado federal por el estado de Michoacán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Energía a incluir el hidrógeno verde en la estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios, lo anterior al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Una de las constantes críticas que han hecho funcionarios de la administración pública federal actual es que las energías renovables, en especial la eólica y la fotovoltaica, no son confiables al ser variables porque que dependen de condiciones meteorológicas y, por lo tanto, no son tecnologías que puedan generar todo el tiempo. Este ha sido el pretexto bajo el cual han buscado dar prioridad a centrales que funcionan a base de combustibles fósiles como son el gas natural y el combustóleo, este último siendo altamente contaminante por tener un alto contenido de azufre y generar emisiones de sustancias dañinas para la salud y el ambiente, por lo que es una solución muy inconveniente.

La política energética debe tener un enfoque más acertado e innovador para encontrar soluciones social, económica y ambientalmente sostenibles y utilizar la tecnología para afrontar los retos del sector.

La solución a esta “intermitencia” es el almacenamiento de energía. Es la forma de garantizar el suministro cuando la generación no es suficiente para cubrir la demanda y hay una serie de tecnologías disponibles en el mercado para almacenar energía renovable, como energía hidroeléctrica bombeada, aire comprimido, condensadores, baterías e hidrógeno.1

El hidrógeno como fuente de energía

El hidrógeno es un gas químico que se puede comprimir o licuar y almacenar en diferentes tamaños y tipos de recipientes. Las baterías y el hidrógeno se comparan comúnmente porque ambos son procesos electroquímicos. En el almacenamiento de energía de la batería, los electrones se almacenan directamente en una sustancia química, mientras que el hidrógeno se transforma de energía eléctrica a química.

El hidrógeno no es una fuente de energía primaria sino un portador de energía. Las energías renovables de plantas fotovoltaicas, eólicas, geotérmicas o hidroeléctricas se pueden almacenar y transportar como hidrógeno a partir de moléculas de agua divididas (electrólisis).2

Además de las aplicaciones de almacenamiento de energía del hidrógeno, la electrólisis podría utilizarse

para servicios de red en redes de alto contenido de energía renovable variable. Los electrolizadores y las celdas de combustible son tecnologías clave para la nueva economía del hidrógeno ya que permiten almacenar energía renovable variable en forma de hidrógeno, y luego se utilizan como tal (para aplicaciones industriales o de transporte) o se convierten de nuevo en electricidad para inyectarse en la red eléctrica. En consecuencia, el hidrógeno es una opción viable cuando el volumen de energía a almacenar es alto, y la energía debe almacenarse durante largos períodos.

Es por estas características que, hasta el mes de julio de 2021, más de 20 países han publicado una hoja

de ruta o estrategia para promover e integrar hidrógeno en sus sistemas energéticos. En américa latina, Chile, Costa Rica, Colombia, Uruguay y Argentina están tomando medidas y preparando el desarrollo del hidrógeno verde.

Hidrógeno verde

Con el fin de identificar fácilmente la fuente de energía, la tecnología de producción y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) relacionadas con la producción de hidrógeno, la comunidad internacional ha asignado “colores” al hidrógeno, siendo el hidrógeno verde el más limpio de todos en términos de potencial de reducción de emisiones, así como en la generación de subproductos.

El hidrógeno verde es un tipo de energía renovable producido mediante electrólisis y con al menos un 60% menos de emisiones de GEI en comparación con el obtenido con gas natural. Es la tecnología de hidrógeno más limpia y la mejor opción para alcanzar los objetivos de mitigación del cambio climático.

Su desventaja es que es entre un 50 y un 300% más caro que el hidrógeno gris y otros combustibles fósiles. Algunas de las razones son que todavía no hay producción en masa de electrolizadores y deben optimizarse las cadenas de suministro. Sin embargo, existe el potencial de reducir los costos de los materiales y mejorar la eficiencia de la electrólisis, por lo que se espera que sus costos disminuyan hasta un 60% en los próximos 10 años, como ha pasado con otras tecnologías como los paneles fotovoltaicos, que en los últimos años alcanzaron precios altamente competitivos.

El hidrógeno verde será más competitivo en mercados con altos impuestos al carbono, escasos recursos de combustibles fósiles y altos potenciales de energía renovable. La región de América Latina tendrá un promedio de 2 a 2.5 USD por kg.

¿Por qué debemos apostarle a esta tecnología?

Sólo el hidrógeno verde permitiría una descarbonización completa del sistema energético mundial.

Los países que impulsan las tecnologías de hidrógeno tienen en común una o más de las siguientes características:

1. Planes de descarbonización ambiciosos (acuerdos políticos)

2. Necesidad de independencia energética (aplicable a México)

3. Necesidad de diversificación del suministro energético (aplicable a México)

4. Necesidad de flexibilidad en la red al tiempo que se introducen las energías renovables aplicable a México)

5. Planes para el desarrollo de nuevas cadenas de valor en el sector energético

6. Planes para una recuperación verde de la economía

México tiene un alto potencial renovable y una amplia extensión territorial que podría permitir el desarrollo de hidrógeno verde en el país, destacando las siguientes ventajas:

1. Hay una infraestructura energética bien desarrollada que podría permitir el desenvolvimiento exitoso del hidrógeno verde.

2. Hay al menos un par de empresas internacionales que han visto el potencial de desarrollos de hidrógeno verde y tiene pilotos.

3. El marco regulatorio energético existente permite el uso del hidrógeno como vector de energía.

4. México tiene la capacidad técnica para aprovechar el desarrollo de proyectos industriales de hidrógeno verde al contar con investigación académica.

Hay al menos un par de empresas internacionales que han visto el potencial de desarrollos de hidrógeno verde en México, y que ya están conceptualizando sus primeros proyectos piloto en el país.

De igual forma, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que arrancará, en el año 2023, la etapa de operación de un proyecto de producción de hidrógeno verde con objetivo de ir reduciendo la dependencia de gas natural, principalmente de los Estados Unidos. Actualmente el proyecto se encuentra en etapa piloto y aprovecharía la capacidad instalada de energía renovable de la central fotovoltaica de Cerro Prieto, propiedad de la CFE, ubicada en el estado de Baja California.3

Las universidades y centros de investigación mexicanos han estado trabajando en tecnologías de hidrógeno desde la década de 1990. Aquello significa que México tiene capacidad técnica para aprovechar el desarrollo de proyectos industriales de hidrógeno verde.

La principal barrera para el hidrógeno verde es la actual política energética que ha ocasionado condiciones adversas para la inversión en proyectos renovables y de innovación tecnológica, así como la falta de regulaciones encaminadas a cumplir con los compromisos internacionales de reducción de emisiones como es el Acuerdo de París y con las metas de la Ley de Transición Energética y la Ley General de Cambio Climático.

Algunas de las acciones que se consideran necesarias a corto plazo son desarrollar una hoja de ruta o estrategia nacional del hidrógeno y desarrollar proyectos piloto.

Marco regulatorio

El marco regulatorio mexicano ya considera algunos usos energéticos del hidrógeno; sin embargo, se requiere una inclusión formal, definición y regulación. No hay planes de adopción ni incentivos para las tecnologías del hidrógeno.

El programa sectorial de energía 2020-2024 en su Objetivo prioritario 6: Fortalecer al sector energético nacional para que constituya la base que impulse el desarrollo del país como potencia capaz de satisfacer sus necesidades básicas con sus recursos, a través de las empresas productivas del Estado, las sociales y privadas menciona que se deberá explorar la utilización de otras fuentes de energía como el hidrógeno.

La Ley de la Industria Eléctrica considera como energía limpia a la energía generada por el uso de hidrógeno a través de su combustión o su uso en pilas de combustible.

La Ley de Transición Energética señala que corresponde a la Secretaría de Energía, entre otras cosas:

• Incorporar la instalación de Centrales Eléctricas con Energías Limpias en la planeación indicativa del crecimiento de la infraestructura eléctrica.

• Identificar las mejores prácticas internacionales en cuanto a programas y proyectos de transición energética y promover, cuando así se considere, su implementación en el territorio nacional.

En su artículo séptimo, la Ley señala que los generadores que producen electricidad con energías fósiles estarán obligados a sustituir gradualmente y en forma programada sus instalaciones de generación que excedan los límites establecidos por las normas emitidas por SEMARNAT, por instalaciones de generación que cumplan con la normatividad de emisiones contaminantes.

En este sentido, es relevante destacar que, en los últimos cinco años, el hidrógeno se ha posicionado como una alternativa viable y una prioridad en la agenda energética de muchos países debido a su potencial de descarbonización, la preparación tecnológica a la que ha llegado y la disminución acelerada de los costos de infraestructura.

Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios

Uno de los instrumentos de planeación de la Secretaría es la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios , que constituye el instrumento rector de la política nacional en el mediano y largo plazo en materia de obligaciones de energías limpias, aprovechamiento sustentable de la energía y mejora en la productividad energética en su caso, de reducción económicamente viable de emisiones contaminantes de la industria eléctrica, cuyos objetivos principales son:

I. Establecer las metas y la Hoja de Ruta para la implementación de dichas metas;

II. Fomentar la reducción de emisiones contaminantes originadas por la Industria Eléctrica, y

III. Reducir, bajo criterios de viabilidad económica, la dependencia del país de los combustibles fósiles como fuente primaria de energía.

La Ley de Transición Energética señala que la Estrategia deberá establecer metas a fin de que el consumo de energía eléctrica se satisfaga mediante un portafolio de alternativas que incluyan a la eficiencia energética y una proporción creciente de generación con Energías Limpias, en condiciones de viabilidad económica y que a través de ellas la Secretaría promoverá que la generación eléctrica proveniente de fuentes de energía limpias alcance los niveles establecidos en la Ley General de Cambio Climático para la industria eléctrica. Además, establecerá políticas y medidas para impulsar el aprovechamiento energético de recursos renovables y para la sustitución de combustibles fósiles en el consumo final.

El capítulo segundo de la Ley señala que los instrumentos de planeación, como es la Estrategia, deberán ser evaluados obligatoriamente en forma periódica para identificar oportunidades de mejora y ser revisados de forma anual. La Estrategia deberá contener un componente de largo plazo para un periodo de 30 años que defina los escenarios propuestos para cumplir las metas de energías limpias y la meta de eficiencia energética y también incluirá un componente de planeación de mediano plazo para un período de 15 años que deberá actualizarse cada tres años.

El componente de mediano plazo deberá contener un diagnóstico exhaustivo de la evolución tecnológica en materia de generación eléctrica y reducción de costos, así como otros elementos de tecnología que puedan aportar un valor añadido al Sistema Eléctrico Nacional y establecer propuestas para reducir la dependencia del país de los combustibles fósiles como fuente primaria de energía en el mediano plazo.

Dentro de sus líneas de acción de la Estrategia vigente, publicada el 7 de febrero del 2020, está la línea de acción Energías limpias y contempla siete sectores, considerando uno como la atención al desarrollo e impacto social:

a. Bioenergía.

b. Energía eólica.

c. Energía solar.

d. Geotermia.

e. Hidroenergía y energías del océano.

f. Captura y almacenamiento de carbono.

g. Desarrollo e impacto social.

La estrategia sólo menciona al hidrógeno dentro de una tabla con las principales tecnologías eficientes para el aprovechamiento de bioenergía.

En conclusión, se debe incorporar el hidrógeno verde en la matriz energética al ser una excelente opción para la transición energética en planes a mediano y largo plazo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Energía a incluir el hidrógeno verde en las líneas de acción de la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Energía a desarrollar una hoja de ruta o una estrategia nacional del hidrógeno con acciones en el mediano y largo plazo.

Notas

1 Hidrógeno verde en México: el potencial de la transformación

https://www.energypartnership.mx/fileadmin/user_upload/m exico/media_elements/reports/Hidro%CC%81geno_AE_Tomo_I.pdf

2 Ídem

3 En 2023 arrancará CFE primera producción de Hidrógeno Verde

https://energiaadebate.com/en-2023-arrancara-cfe-primera -produccion-de-hidrogeno-verde/

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el 3 de febrero de 2022.

Diputado Enrique Godínez del Río (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader a actualizar y publicar por el Inapesca la Carta Nacional Pesquera, a cargo de la diputada Nelida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, Fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados; someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente Proposición con Punto de acuerdo mediante el cuál la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que, por conducto de Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 29 fracción V, 32, 33, 34 Y 35 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, se actualice y publique la Carta Nacional Pesquera, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La correcta y sustentable explotación de los mares y costas de México forman parte esencial del modelo de desarrollo nacional pues constituye una fuente relevante de empleo, alimento, recreación y bienestar económico para la población. Además, la actividad pesquera y el consumo de pescado en México forman parte importante de la cultura gastronómica y económica de muchas regiones en el territorio nacional. Por ello, es fundamental contar con instrumentos de información pública confiables y certeros que permitan orientar la política en esta materia.

Datos del Censo Económico de 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señalan que en nuestro país existen más de 23 mil 293 establecimientos dedicados a las actividades pesqueras y acuícolas dentro de los cuales laboran 213 mil 246 personas.1 Este contexto se encuentra cimentado en las condiciones favorables con las que cuenta nuestro país, pues se tiene acceso a aguas marítimas de diferente temperatura y salinidad que habilitan la existencia de una gran diversidad biológica, muchas de ellas con un alto interés comercial.

Además de las bondades geográficas, ambientales y climáticas, México se ubica como el décimo segundo país con mayor extensión de litorales y superficie marina del mundo toda vez que cuenta con una extensión territorial de un millón 964 mil 920 kilómetros cuadrados (km2), sistemas costeros y marinos de 12, 500 km2, una zona económica exclusiva de 3 millones 149 mil 920 km2, un litoral de 11 mil 592 kilómetros (km), compuestos por 8 mil 475 km de litoral del Pacífico y 3 mil 117 km en litoral del Atlántico, además de contar con 6 mil 500 km2 de aguas interiores, lo que permite oportunidades para un desarrollo en la materia. A pesar de los amplios accesos con los que cuenta nuestro país, resulta fundamental asegurar la protección de los ecosistemas marinos y el uso sostenible de los recursos biológicos y pesqueros con los que cuenta nuestro país.

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), la producción pesquera y acuícola en los últimos años se ha mantenido en un promedio de 1.4 millones de toneladas ubicando a México dentro de los veinte principales países de mayor producción pesquera y acuícola a nivel mundial.

En cuanto a los recursos pesqueros nacionales, es necesario entender su distribución, dividiendo sistemáticamente su ubicación, para efecto de optimizar su estudio y aprovechamiento, en este sentido los recursos pesqueros en México se distribuyen en cinco zonas:

Océano Pacífico

Zona 1 Desde las costas de la península de Baja California hasta las del estado de Nayarit.

Zona 2 Comprende las costas de Jalisco hasta Chiapas.

Golfo de México

Zona 3 Abarca las costas de Tamaulipas y las de Veracruz.

Zona 4 Se extiende desde las costas de Tabasco hasta las de Quintana Roo, en el Mar de las Antillas.

Zona 5 Comprende los recursos pesqueros de ríos, lagos, lagunas y represas.

Atendiendo a esta división y a la población y distribución de pescadores, datos señalan que en lo que respecta a los recursos del Pacífico mexicano es más numerosa y productiva la zona 1 en el noroeste de nuestro país, es decir, en las costas de Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit, y menor en el resto del litoral del océano Pacífico, en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En lo que respecta al Atlántico, el mayor número de pescadores se encuentra en la zona 3 que incluye a los estados de Tamaulipas, Veracruz y Campeche, y el menor en Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Sin embargo, pese al aumento en la capacidad pesquera nacional en los últimos años, la captura mundial de recursos pesqueros se ha estabilizado desde hace más de una década, lo que ha propiciado el agotamiento de bancos pesqueros y el colapso de pesquerías que, hasta hace medio siglo, se consideraban inagotables.

El excesivo crecimiento acompañado por las capturas incidentales de especies no objetivo, la poca atención a la problemática ambiental por parte de los países con flotas distantes y, especialmente, la indefinición general de regímenes de propiedad de los recursos pesqueros, han ocasionado que éstos se vean profundamente afectados a nivel mundial y en nuestro país, demeritando la capacidad productiva y dañando los ecosistemas locales.

Dadas las condiciones en las que se encuentra México y frente a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en materia medioambiental y de desarrollo sostenible, resulta fundamental la consolidación de un marco jurídico sólido y capacidades robustas que permitan la correcta implementación de las normas que habiliten y garanticen el uso y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, la conservación y protección de las zonas marinas y costeras, y se contrarreste la sobreexplotación de los recursos marinos y pesqueros, así como las prácticas de pesca ilegal que dañan al país y ponen en riesgo el disfrute de dichos recursos para las siguientes generaciones. Un paso necesario para lograr esto es que las autoridades tomen decisiones con base en información sustentada en elementos técnicos y científicos.

Es por lo anterior que resulte fundamental que nuestro país elabore y publique de manera anual la Carta Nacional Pesquera (CNP), conforme lo dispone la legislación vigente. Este documento creado y actualizado por el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (Inapesca) con la participación de otras instituciones gubernamentales, académicos y del sector dedicado a la actividad pesquera, proporciona información que permite conocer dónde, cuándo y cuánto se permite pescar, sin alterar el equilibrio ecológico y la forma más adecuada para extraer especies susceptibles de aprovechamiento. Además, es un documento vinculante que indica las estrategias y acciones que se deben cumplir para regular la pesca en México.

En lo que respecta a la evolución de la CNP, ésta tuvo su primera edición en el año 2000, cuando incluyó información sobre 250 especies y mostró que 31 por ciento de las pesquerías tenían potencial para ser desarrolladas, mientras que 50 por ciento estaban en un grado de explotación máximo, y 19 por ciento restante se encontraba sobreexplotados. Diez años más tarde, la CNP incluyó casi el doble de especies (477) mostrando que sólo 16 por ciento de las pesquerías tenían potencial de desarrollo, mientras que 67 por ciento se encontraban a su máxima capacidad y 17 por ciento estaban sobreexplotadas.

De conformidad con los datos analizados por la organización Oceana en su estudio Auditoría Pesquera: pescando a ciegas ,2 para la gestión y extracción de las 735 especies que se pescan en México, incluidas en la última versión publicada en el año 2018, la CNP las agrupa en 83 fichas informativas, una por cada pesquería en el país. De las 83 pesquerías, 52 son aprovechadas a su máxima capacidad, lo que representa 63 por ciento del total. Por otro lado, hay 14 pesquerías (17 por ciento) en deterioro por sobreexplotación. Únicamente 11 (13 por ciento) tienen potencial para incrementar su aprovechamiento y otras seis (7 por ciento) presentan un estatus desconocido.

Además, este informe destaca la preocupación de que alrededor de 99 por ciento de las fichas de la CNP tiene un resumen incompleto y parcial de cada pesquería (problemática, estado y situación particular), lo que hace que la información no sea confiable y ponga en riesgo la extracción de recursos por falta de información. Incluso, se señala que “existe un problema de categorización de las especies, lo que podría tener consecuencias fatales si se llegara a colocar una especie sobreexplotada en una categoría que sí permita su explotación” lo que resulta alarmante y pone en riesgo a un número de especies protegidas por la legislación nacional.

Vale la pena destacar que de conformidad con lo previsto en el artículo 32 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS), la CNP es un instrumento fundamental pues es la presentación cartográfica y escrita que contiene el resumen de la información necesaria del diagnóstico y evaluación integral de la actividad pesquera y acuícola, así como de los indicadores sobre la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas, en aguas de jurisdicción federal, cuyo contenido tiene carácter informativo para los sectores productivos y es vinculante en la toma de decisiones de la autoridad pesquera durante la adopción e implementación de instrumentos y medidas para el control del esfuerzo pesquero, en la resolución de solicitudes de concesiones y permisos para la realización de actividades pesqueras, y en la implementación y ejecución de acciones y medidas relacionadas con dichos actos administrativos, por ello la necesidad de contar con información veraz y permanentemente actualizada en la materia.

Al ser un esfuerzo multidisciplinario, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en el artículo 34, confiere a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), por conducto del Inapesca la facultad para la elaboración y actualización de la Carta Nacional Pesquera, mediante la participación que les corresponda a las demás unidades administrativas de la Secretaría y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con la finalidad de contar con la visión técnica especializada en la materia.

Adicionalmente, la CNP es uno de los instrumentos base para el programa de ordenamiento pesquero definido en el artículo 4o. fracción XXV de la LGPAS, que transparenta la toma de decisiones de la autoridad para garantizar que prevalezca, ante todo, el interés público de la nación para el aprovechamiento, protección y conservación de los recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Conforme a lo previsto en el artículo 33 de la LGPAS, la CNP debe contener:

“I. El inventario de los recursos pesqueros que se encuentran en aguas de jurisdicción federal, susceptibles de aprovechamiento;

II. El esfuerzo pesquero susceptible de aplicarse por especie o grupo de especies en un área determinada;

III. Los lineamientos, estrategias y demás previsiones para la conservación, protección, restauración y aprovechamiento de los recursos pesqueros, para la realización de actividades productivas y demás obras o actividades que puedan afectar los ecosistemas respectivos y las artes y métodos de pesca;

IV. Las normas aplicables en materia de preservación, protección, aprovechamiento de los recursos pesqueros, incluyendo las relativas a la sanidad, calidad e inocuidad de los productos pesqueros, y

V. La demás información que se determine en el Reglamento de la presente Ley”.

No obstante en la última versión publicada se adicionaron diversos apartados con la intención de contar con un instrumento más completo y descriptivo que incluye contenidos en materia de cambio climático.

En atención a lo establecido en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y dada la relevancia que el contenido de la Carta Nacional Pesquera y sus actualizaciones tiene en la política nacional en la materia, se debe aprobar, expedir y publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en forma anual, así como las respectivas actualizaciones de las fichas individuales. Sin embargo, la última actualización corresponde al año 2017, misma que fue publicada el 11 de junio de 2018 en el DOF, es decir, hace más de tres años.

Por lo anteriormente expuesto se presenta la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que, por conducto de Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura y, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 29, fracción V, 32, 33, 34 y 35 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, se actualice y publique la Carta Nacional Pesquera.

Notas

1 Inegi. Censos económicos 2019. Pesca y acuicultura. Disponible en:

https://inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/cont enidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825198978.pdf

2 Oceana. Auditoría Pesquera: pescando a ciegas . Junio 2019. Disponible en:
https://mx.oceana.org/wpcontent/uploads/sites/17/cuadernillo_auditoria_p

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2022.

Diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a decretar la creación del telebachillerato comunitario, a cargo del diputado Alfredo Femat Bañuelos, del Grupo Parlamentario del PT

Suscribe, diputado Alfredo Femat Bañuelos , integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, conforme a lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, 78 y 79, fracción II; 80, 82, punto 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración de esta honorable soberanía el presente punto de acuerdo, en atención a la trascendencia que reviste, mandatar a la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior, a decretar la creación del Telebachillerato Comunitario, con su respectiva asignación de recursos federales , conforme lo siguiente:

Antecedentes

Es de suma conocido que la cimentación sobre la cual se construye el futuro de los pueblos está conformada por dos grandes soportes como lo son la educación y el desarrollo científico, lo cual sin duda demanda contar con un sistema educativo vigoroso y de calidad.

Hoy por hoy, la educación y el conocimiento científico y tecnológico representan la mejor guía hacia un mejor porvenir, representando mayores posibilidades para que México se inserte de manera exitosa en la sociedad y la economía basada en el conocimiento, además de ser uno de los instrumentos de inclusión y equidad más eficaces que existen.

Lo anterior demanda fortalecer y diversificar nuestra oferta educativa, garantizando además el acceso de la población a ésta, imprimiéndole un marcado carácter incluyente.

Por lo antes expuesto, considerando además la forma como se imponen la innovación y el cambio permanente, es que nuestro sistema educativo debe estar atento a los nuevos matices que adopta nuestra sociedad, para estar en condiciones de satisfacer las expectativas que ésta ha cimentado en él, por lo que los espacios escolares habrán de desempeñar un papel cada vez más protagónico, dado que son los ámbitos en que se gestan las posibilidades de concretar los perfiles ciudadanos deseables, así como las perspectivas reales de desarrollo para el futuro, lo que obliga a considerar a la educación, en todos sus niveles, como de alta prioridad nacional y centro del interés público.

La ruta es clara, si pretendemos ser mejores, apostemos a la educación, si queremos enriquecer la vida de las y los ciudadanos, debemos fortalecer a la educación, toda vez que a través de ella se accede al conocimiento, a la cultura, y a la formación de capacidades, destrezas, habilidades y competencias.

Por tanto, ante la pretensión de impulsar un nuevo modelo social que transforme la realidad prevaleciente, sin duda el fortalecimiento de la educación se presenta como la estrategia más eficiente, por lo que se requiere contar con un paradigma educativo sustentado en la excelencia y equidad, en concordancia con el proceso transformador de la cuarta transformación.

En este contexto adquiere gran relevancia el hecho de que “ El gobierno de la república, mediante la Secretaría de Educación Pública, propone la formación de la nueva escuela mexicana, con el objetivo de alcanzar una educación equitativa y de excelencia a través de la mejora continua, con un carácter democrático, nacional, que contribuya a una mejor convivencia social, inclusiva, intercultural e integral, y cuya prioridad sea el interés superior de niñas, niños, adolescentes, jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación de conformidad con el artículo 3o. constitucional y la Ley General de Educación”.1

Es importante señalar que del 27 de agosto al 29 de octubre de 2018, se realizó la denominada consulta nacional, a través de los “Foros Estatales por un Acuerdo Nacional sobre la Educación”, bajo la Coordinación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de la Educación Superior, Anuies, donde a través de 32 foros presenciales y el registro, a través de plataforma, de más de 60 mil propuestas de maestros mexicanos, se pudieron delinear las iniciativas que guiarán el trabajo del sector educativo en la construcción de la nueva escuela mexicana.

Es así como en el contexto de la denominada nueva escuela mexicana, cuyos cimientos son la equidad e inclusión, se vive un momento crucial para el Nivel Medio Superior, toda vez que éste está desarrollando un ejercicio nacional, incluyente y participativo, orientado a definir su Marco Curricular Común, lo que no solamente saldará un adeudo pendiente en esta materia, sino además permitirá definir una carta de navegación, que impactará de manera favorable en la formación de millones de jóvenes mexicanos.

Para el logro de lo antes señalado, se replantearán modelos educativos implementados con anterioridad, como el de 2008, con la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) y lo referente al Nuevo Modelo Educativo de 2017.

Cabe señalar que actualmente se está considerando a la educación media superior a partir de su heterogeneidad y las especificidades tan diversas de la población que cuenta con matrícula, en los más de treinta subsistemas que le componen, mismos que a su vez registran particularidades de diversa índole, que impide se le considere como algo homogéneo.

I) Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver

Abordar lo referente a la educación media superior es sumamente pertinente en este momento, toda vez que la agenda nacional mantiene como una de sus prioridades atender el tema educativo, mismo que quedó en ciernes debido a la pandemia del SARS-Covid-19, y dentro del cual asume trascendental importancia el nivel medio superior, toda vez que, como se plantea desde la Subsecretaría de Educación Media Superior, “deben considerarse los siguientes aspectos:

-Se atiende al grupo poblacional de jóvenes entre 15 y 18 años de edad, quienes se encuentran en tránsito a la edad adulta, -etapa en la que comienzan a desarrollar una vida autónoma y a ejercer sus derechos como ciudadanos-, como también a mayores de 18 años que por diversas causas no concluyeron sus estudios y desean hacerlo.

-Los desafíos que enfrentarán los jóvenes en el siglo XXI, tales como: los cambios tecnológicos, la rápida transformación de las exigencias del ámbito laboral, la desaparición y aparición de campos de trabajo y profesiones, el auge del aprendizaje flexible a través de medios electrónicos o plataformas virtuales, entre otros.

-La diversidad de formaciones y perfiles de egreso de los más de treinta planes de estudio en el bachillerato, tanto de técnicos profesionales como propedéuticos.

-La necesidad de diseñar una política pública general para el nivel educativo y diferenciar las orientaciones de esta con arreglo a los distintos modelos educativos, formas de sostenimiento y necesidades de atención que requiere de cada subsistema para su implementación.2

Por lo anterior, y considerando la amplia gama de subsistemas existentes en este nivel, así como la gran diversidad de condiciones existentes en torno a la actividad académica y administrativa presentes en la educación media superior, se habrá de hacer alusión a la situación que guarda el Telebachillerato Comunitario (TBC), toda vez que éste registra una serie de particularidades que demandan atención urgente.

Es importante señalar que desde sus orígenes, el Telebachillerato Comunitario fue concebido para garantizar la Educación Media Superior a las y los jóvenes de las comunidades más alejadas y marginadas del país, representando un significativo detonante de oportunidades educativas y de progreso para aquellos lugares en que se ha instalado.

Su oferta educativa ha crecido de manera exponencial, pasando de 253 planteles y 4,500 estudiantes en 2013, a 3 mil 310 planteles y 144 mil 399 alumnos para el ciclo escolar 2019-2020, ubicándose el 20.99 por ciento del total de su matrícula en los estados del sur (Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas).

Es importante reiterar como este sistema ha incrementado su cobertura, toda vez que creció su presencia 16,6 veces en cuanto al número de escuelas, es decir, el 1,661 por ciento, del ciclo 2013-2014 al ciclo escolar 2018-2019, según datos del formato 911, de Educación Media Superior de la SEP, lo cual se traduce en una cantidad cada vez más significativa de alumnas y alumnos beneficiados con su servicio.

Por justicia social y verdadero compromiso con la educación y los sectores más marginados de la sociedad, se debe formalizar su reconocimiento, por lo que se requiere que esta soberanía acuerde emitir el decreto correspondiente, haciendo énfasis en lo referente a su financiamiento y marco legal requerido, con sus respectivas reglas de operación, y además lo concerniente a las condiciones laborales de su personal docente, garantizando la certeza laboral y la debida valorización que se requiere.

Asimismo, se debe conminar a las diferentes entidades federativas a conjuntar esfuerzos y recursos para la operación del servicio educativo denominado Telebachillerato Comunitario, apoyándolo financieramente, de manera bipartita y renovada con el gobierno federal, a partir de las necesidades de los planteles, para su adecuada operación.

Se requiere una inversión sin precedentes e impostergable, a fin de dotar a este subsistema de los recursos presupuestales requeridos para abrir y mantener abiertas las puertas a un cada vez mayor número de jóvenes que ven a esta opción como aquella que les puede proporcionar nuevos aprendizajes y por tanto conocimientos; como una posibilidad real de movilidad social, de formación con espíritu crítico y con valores, donde se les acerque a la cultura, haciéndolos mejores ciudadanos.

Es importante señalar que si se pretenden implementar transformaciones de gran calado, a través de la denominada nueva escuela mexicana, esperando que éstas impacten de manera favorable en el desarrollo humano e integral del educando, así como en la mejora de sus condiciones de vida y en una mayor certeza en lo que al desarrollo nacional se refiere, partiendo de una educación equitativa e incluyente y con calidad, se debe considerar al sector docente como aliado estratégico.

Recordemos que históricamente, las maestras y maestros de México han dado muestras de entrega y compromiso, fortaleciendo a la nación, a través de su noble labor. A pesar de la condición tan diversa que les caracteriza, han hecho patente una permanente preocupación por su formación, a fin de adquirir mejores herramientas didáctico-pedagógicas y tecnológicas, para fortalecer los aprendizajes de calidad, transformando la enseñanza en las aulas, asumiendo de manera plena su compromiso por la educación y por el nuevo paradigma educativo, mismo que no les es ajeno, pues han participado en su conformación, pudiendo seguir haciéndolo para mejorarlo y adaptarlo, acorde a las condiciones y contexto en que se desempeñan.

De lo anterior se desprende la imperiosa necesidad de reivindicar al trabajo que desempeñan los docentes del sistema de Telebachillerato Comunitario; de revalorizarlo, de fortalecerlo a través de acciones que impacten en su formación, profesionalización y mejoramiento de sus condiciones laborales, sin dejar de lado la generación de condiciones adecuadas para su actividad, considerando lo referente a la dotación de servicios, infraestructura, conectividad y equipamiento.

Sin duda, lo antes argumentado se conjunta en la generación de condiciones para hacer del Telebachillerato Comunitario, una opción educativa que promueva una actitud activa de las y los estudiantes en su proceso formativo, asumiendo un compromiso personal con el aprendizaje permanente y fortalecedor de su desarrollo, dejando atrás la enseñanza sustentada en la memorización y adquisición de conocimientos parcializados, limitantes de su progreso.

El Telebachillerato Comunitario es una opción educativa que por su propia naturaleza impacta de manera efectiva en la vida comunitaria, toda vez que por su arraigo y los conocimientos teóricos-metodológicos que desarrolla puede construir alternativas de solución a los problemas de las comunidades, desde el interior de las mismas, y con los agentes sociales que en ellas conviven.

Coincidiremos en que los espacios de alta marginación, demandan atención, y la educación representa el instrumento más eficaz, para ello. Si se pretende incidir de manera favorable en el desarrollo comunitario, se debe voltear la vista hacia el sistema de Telebachillerato Comunitario, pues representa un espacio escolar orientador, donde se pueden formar jóvenes comprometidos, analíticos, propositivos y protagonistas de la transformación social, a partir de aprendizajes y experiencias que refuerzan su desarrollo, les brinde la capacidad de construir responsablemente sus proyectos de vida, de ejercer de manera comprometida su ciudadanía, promover la democracia y fortalecer, dignificando, el entorno en que se desenvuelven.

Es importante comentar que el Telebachillerato Comunitario (TBC) es un programa de ampliación a la cobertura de educación media superior creado por iniciativa del gobierno federal en el año 2013, derivado de la reforma constitucional que determina la obligatoriedad del Estado para brindar el acceso a toda la población en edad de estudiar el bachillerato, al incluirse como parte de la educación obligatoria.

Se diseñó para acercar una opción educativa a las comunidades de mayor rezago y aislamiento del país, por lo que el proyecto y su implantación se fundamentaron en la atención a poblaciones de menos de 2 mil 500 habitantes, que en un radio de 5 kilómetros a la redonda que no contaran con otra opción de nivel educativo de carácter público.

Pero es una realidad que las comunidades en donde se brinda el servicio del telebachillerato comunitario ha logrado incorporar a los grupos en condiciones de vulnerabilidad, ya que son las poblaciones rurales, indígenas, con discapacidad, de alta marginación y aquellas pertenecientes al nivel de ingreso más bajo, las que tienen mayores limitaciones para estar dentro del sistema educativo (INEE, 2018e).

Con el telebachillerato comunitario se ha venido reduciendo esta brecha de inequidad y desigualdad en la vida de las personas que integran estos grupos comunitarios en relación con sus contrapartes de la zonas urbanas, lo cual es un indicador de que el Telebachillerato Comunitario se constituye en las poblaciones con mayores problemas, solucionando no sólo el problema de acceso, sino también de permanencia y logro.

La Secretaría de Educación Pública determinó que, para impulsar una rápida expansión del programa y dadas las condiciones de inicio para que éste no demandara mayor inversión, se estableciera de forma preferente a contra-turno en las Telesecundarias del país y así aprovechar su capacidad instalada.

El modelo operativo de los Telebachilleratos Comunitarios es el resultado de un esfuerzo de colaboración y corresponsabilidad entre el gobierno de la república y los gobiernos estatales. Éste servicio es coordinado de manera directa para su operación por la instancia que determinan los gobiernos de los estados, y su creación depende de la solicitud del servicio por parte de las autoridades estatales, previo estudio de factibilidad.

Situación tal que se ha visto limitada dado que aun y cuando, año con año se realizan solicitudes para la creación de nuevos planteles del Telebachillerato Comunitario en distintas zonas donde no se cuenta con un servicio de educativo de media superior, esto se ve truncado por la falta de recursos y financiamiento, ya que dicho sistema no cuenta con una partida presupuestal.

El modelo educativo, sus planes y programas de estudio son otorgados por la Dirección General del Bachillerato y obedecen al modelo del bachillerato general de tres años de carácter presencial, más un componente de desarrollo comunitario y formación para el trabajo.

El objetivo es brindar una opción educativa que evite el desplazamiento de los estudiantes a otras comunidades o centros urbanos, además de incidir en el desarrollo productivo, cultural y de aprovechamiento de los recursos naturales de las regiones, ya que primordialmente el Telebachillerato Comunitario atiende a estudiantes que provienen de familias de jornaleros agrícolas, migrantes, y en ciertos estados, de población indígena.

Es el único sistema de bachillerato que cuenta con libros de texto gratuitos. Desde el 2013, inició la fase piloto y desde entonces, ante la fuerte demanda de atención a la población más marginada del país, el servicio ha tenido un crecimiento exponencial en todos sus ámbitos de acuerdo con las peticiones de las entidades federativas, fundadas en sus estudios de factibilidad.

Considerando que en el 2013 se arrancó sólo una fase piloto, el gobierno toma como arranque real el 2015. En la página de la Dirección General del Bachillerato de la SEP se registra que en la generación 2015-2018, se graduaron de los TBC sólo 27 mil 179 estudiantes.

El sistema educativo de Telebachillerato Comunitario actualmente opera en 31 entidades, salvo en la Ciudad de México, y el número de planteles pasó de 253 en el 2013, a 3,143 en el primer semestre del 2017, y al finalizar el ciclo escolar 2018-2019 sumaron ya un total de 3 mil 306 planteles activos, dando atención a un total de 127 mil alumnos, de los cuales 69 mil 209 son mujeres y 69 mil 984 son hombres, y donde a su vez laboran cerca de 9 mil 722 docentes.

Por sus características de operación y situación contextual, en el segmento de población que tiene el Telebachillerato Comunitario confluyen grupos sociales y étnicos de muy diversas características, lo que lo configura como un proyecto multicultural y plurilingüístico, que cuenta con más de 20 mil alumnos hablantes de alguna de las lenguas originarias de nuestro país, lo que representa el 16 por ciento de su matrícula.

Se cuenta con más de 8 mil alumnos que laboran de manera informal o formal, tanto en trabajos fijos como de temporal. Entre su matrícula, poco más de 4 mil 500 jóvenes son padres y madres de familia, de los cuales el 80 por ciento son mujeres, además personas en edad adulta y adultos mayores que decidieron retomar sus estudios.

De las aulas de Telebachilleratos Comunitarios han egresado cerca de 60 mil alumnos que difícilmente hubieran podido cursar su educación media superior dadas sus condiciones socioeconómicas, pero que con el programa han logrado contar con sus estudios de bachillerato, con lo que se ha convertido en una de las opciones educativas de mayor envergadura y relevancia para el desarrollo educativo en amplias comunidades del país.

No obstante la expansión y evolución del servicio educativo del Telebachillerato Comunitario, éste continúa operando como programa bajo los mismos preceptos académicos y de funcionamiento establecidos desde su fase piloto, basando su normatividad y operatividad en lo que se conoce como Documento Base del Telebachillerato Comunitario, lo que ha conducido a una crisis en su debida implantación, ya que actualmente ante la falta de un marco normativo acorde y la asignación presupuestal, se ha afectado la eficiencia y calidad de la enseñanza, así como los derechos laborales de quienes fungen como docentes en este servicio educativo.

Los docentes que laboran en el Telebachillerato Comunitario implementan un modelo de educación rural, basado en un currículo adaptado a la organización escolar y contextualizada, que incluso es pionero en la conformación del nuevo marco curricular común para la educación media superior, basado en el sistema de enseñanza modular, mismos docentes formados con licenciatura y estudios de postgrado, con calidad de idóneos derivado de los exámenes de oposición para el ingreso al servicio profesional docente, que más allá de cumplir cabalmente con su función pedagógica, realizan actividades extraordinarias para la atención a estudiantes con alguna discapacidad o con trastornó de aprendizaje, de igual manera realizan actividades artísticas, deportivas, y culturales, así como trabajo y gestión para buscar condiciones dignas de infraestructura y equipamiento en sus planteles.

A pesar de que cada docente en servicio tiene que laborar el equivalente a 30 horas-clase por semana, de acuerdo a lo que marca el programa de estudios y el plan de clases que se establecen en el documento base del Telebachillerato, las autoridades educativas locales de manera arbitraria e ilegal únicamente pagan el equivalente a 20 horas-clase a cada docente, y 30 únicamente a quien funja a la vez como responsable del plantel, justificándose con el argumento de que eso es lo que marca la normativa aplicable. (Documento base).

Solo por mencionar, el equivalente de lo que gana un docente del Telebachillerato Comunitario, que se le paga únicamente 20 horas clase, cuando en realidad labora 30 horas por semana, es de $4,488.00 (cuatro mil, cuatrocientos ochenta y ocho pesos) por quincena, es decir un pago de $112.20 (ciento doce peos 20/100) por hora clase, cuando en otros subsistemas educativos un docente con la misma carga de trabajo percibe el doble o hasta el triple de salario.

En cuanto al financiamiento, desde el inicio de este sistema educativo existen incontables inconsistencias en el cumplimiento de los convenios anuales del Apoyo Financiero, suscritos entre la Federación y las entidades, las cuales impactan de forma directa a los trabajadores del servicio educativo y a la operación de los centros escolares.

Se definió que el financiamiento fuera de carácter bipartito y renovado mediante convenios anuales de apoyo financiero entre la SEP y cada entidad federativa donde se presta el servicio educativo, pero es el caso que diversas entidades federativas han declarado abiertamente que no les es posible mantener el esquema bipartito de financiamiento, y sostienen el sistema de Telebachillerato Comunitario únicamente con la partida federal, además de reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos correspondientes a prestaciones de ley por motivo del no ejercicio, debido a que nunca se han generado las plazas para los docentes del Telebachillerato Comunitario, bajo el argumento general de las secretarías de educación de cada entidad, de que al no existir el marco normativo que regule este sistema educativo, no tiene sustentabilidad jurídica la creación de las plazas correspondientes, ni la expedición de nombramientos para los docentes, así como tampoco la homologación salarial correspondiente como la de otros subsistemas de educación media superior.La operación de los Telebachillerato Comunitario se decidió que se realice a través de la suscripción de convenios de coordinación entre la Secretaría de Educación Pública y las entidades federativas, mismos que establecen que el gobierno federal brindará el modelo de enseñanza, planes y programas de estudio, y demás criterios de aplicación académica para su funcionamiento.

Los Telebachilleratos Comunitarios garantizan un modelo educativo incluyente; permiten ahorrar tiempo y gastos de transporte a los estudiantes, facilitan su aceptación en las comunidades y contribuyen al aumento de la cobertura nacional con eficiencia y calidad; permitiendo al mismo tiempo aprovechar la infraestructura ya instalada en las secundarias o telesecundarias.

El principal objetivo de este modelo educativo es la cobertura total de la educación media superior, ya que la atención de otros subsistemas destinados a este apartado de la educación había sido rebasada en más de 30 por ciento, desatendiendo a más de 45 por ciento de la población de 15 a 17 años, provenientes de comunidades altamente marginadas, por lo tanto el Telebachillerato Comunitario se ha posicionado como un modelo educativo alternativo para las comunidades más alejadas de las ciudades, las cuales presentan un enorme rezago de desarrollo social. Justo es decir que este sistema educativo se encuentra actualmente con un mayor crecimiento a nivel nacional, esto ha ocurrido principalmente porque es una opción que no genera un gran gasto excesivo al Estado en materia educativa en comparación con otros subsistemas de educación media superior, dado que funciona con una planta docente reducida, a pesar de que los gobiernos tanto estatales como el federal aun y cuando es una obligación, no invierten recursos públicos en infraestructura en este sistema educativo.

El Telebachillerato Comunitario se basa en el plan y programas de estudio del bachillerato general, utilizados en diversas instituciones del país donde se forman más de un millón de alumnos, y está evaluado favorablemente por el Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo Medio Superior, Copeems, por lo que cumple con los preceptos de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), incluso con la participación activa de los docentes del Telebachillerato Comunitario en la construcción de marco curricular común, el programa de estudios de este nivel educativo, ha sido pionero en la implementación del sistema de enseñanza modular para otros subsistemas de educación media superior.

Aplica un enfoque moderno (por competencias) e interdisciplinario que integra saberes de las distintas áreas del programa de estudio, que se basa en los Acuerdos secretariales 444, 486 y 656 que indican que las competencias disciplinares básicas y extendidas se organizan en torno a cinco campos de conocimiento: Matemáticas, Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales, Humanidades, y Comunicación.

Debido a sus características, en el TBC los cinco campos se reagrupan en tres áreas disciplinares: 1. Matemáticas y Ciencias Experimentales, 2. Ciencias Sociales y Humanidades, 3. Comunicación; así como dos componentes complementarios que son desarrollo comunitario (componente de formación para el trabajo) y educación socioemocional (programa construye-T) complementos que con una visión articulada de los campos disciplinares definidos no representa un menoscabo de la posibilidad del desarrollo de las competencias pretendidas, pero sí una organización diferente y por tanto flexible.

En cada área del conocimiento se contrata un docente, que debe cubrir el perfil adecuado, y una carga laboral de 30 horas-clases semanales, para cumplir lo planteado en los planes y programas de estudio de este modelo educativo, según lo establecido por el propio documento base y los acuerdos secretariales, que se establece con marco normativo impuesto por la Dirección General de Bachillerato, dependiente de la Secretaría de Educación Pública. Mismos planes de estudio que se dividen en las tres áreas de conocimientos ya citados en párrafo que antecede, y cuya implementación se basa en el nuevo sistema modular que se ilustra de manera siguiente:

Cabe resaltar que, mediante la aplicación de pruebas estandarizadas, se ha corroborado que los alumnos de Telebachilleratos Comunitarios registran un logro escolar semejante al de los estudiantes adscritos a planteles localizados en los ámbitos semiurbanos o urbanos. De este sistema proviene el 18 por ciento del incremento de la oferta escolarizada de educación media superior, por lo que dicho sistema se consolida como el de mayor relevancia para atender las necesidades educativas de la población con mayor grado de marginación en el país.

La modalidad educativa es escolarizada, se asiste a clases en jornadas diarias de 6 horas y la duración es de 3 años. El 80 por ciento de las actividades de aprendizaje los estudiantes las realizan con el apoyo de un docente plenamente capacitado, y 20 por ciento las hacen de forma independiente. El modelo educativo de los Telebachilleratos Comunitarios se apoya en materiales impresos y audiovisuales elaborados expresamente para este servicio, por la Dirección General de Televisión Educativa.

Es de comentar que en el mes de agosto del 2019, se constituyó ante la fe notario público, la Asociación Civil del Frente Único Nacional de Trabajadores de Telebachillerato, sin fines de lucro, con miras de lograr la certidumbre laboral de los docentes adheridos, y por lo tanto el reconocimiento y la basificación de todos aquellos que pertenecen a este sistema educativo a nivel nacional, considerando además gestionar ante las instancias correspondientes la expedición del decreto de creación del sistema de Telebachillerato Comunitario, como un subsistema educativo descentralizado, primordialmente de carácter federal.

También es de mencionar que el 26 de junio de 2019, el Frente Único de Trabajadores del Telebachillerato solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, que se incorporara en el orden del día de la sesión de la Comisión Permanente que se realizó en la misma fecha, una proposición con punto de acuerdo para solicitar al titular del Ejecutivo federal, que emitiera el decreto de creación del subsistema de Telebachillerato Comunitario, además la asignación de los recursos necesarios para su funcionamiento, punto de acuerdo que fue debidamente aprobado el seis de agosto del 2019, por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

De igual manera, en el año 2019, en un esfuerzo coordinado y legítimo, para contemplar dentro de la nueva Ley General de Educación, a fin de proteger y dar certeza jurídica al subsistema educativo del Telebachillerato Comunitario, las diputadas de la LXIV Legislatura federal María Alemán Muñoz Castillo y Ana Lilia Herrera Anzaldo propusieron a la honorable Cámara de Diputados, una iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 3, 12, 19, 32, 33 y 47 de la Ley General de Educación, con el fin de fijar una base normativa que sirviera de sustento operativo al Telebachillerato Comunitario, logrando que dentro de lo que fue la reforma educativa próxima pasada, que se estableciera, mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, en fecha del treinta de septiembre de 2019, el instituir dentro de nueva Ley General de Educación, en su fracción VI, del artículo 45, al sistema del Telebachillerato Comunitario como una modalidad educativa de la educación media superior.

Actualmente, el Telebachillerato Comunitario es reconocido legalmente como modalidad educativa del nivel medio superior, pero sigue operando con grandes carencias de infraestructura y equipamiento, sin certeza laboral y jurídica respectivamente para sus docentes, esto, por no contar con la normatividad reglamentaria acorde a su contexto y operatividad; sin embargo, y ante la indiferencia de las autoridades educativas de diversas entidades, se ha hecho frente a estas condiciones de desatención y adversidad, logrando con el apoyo de las propias comunidades, el edificar cerca de 700 planteles propios, gracias a las gestiones de los mismos docentes y padres de familia, en colaboración con las autoridades municipales de cada comunidad.

Actualmente, los docentes del Telebachillerato Comunitario están sujetos a condiciones laborales y salariales deplorables. Su situación dista mucho de lo que corresponde a un profesor del nivel medio superior, adoleciendo de seguridad social en varias entidades, con contrataciones ajustadas a esquemas temporales que impiden generar derechos básicos, registrando altas cargas de trabajo, y quedando en una situación de indefensión ante abusos y arbitrariedades por parte de las autoridades estatales.

Según datos proporcionados por el extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, los docentes del Telebachillerato Comunitario son los menos pagados por la prestación de sus servicios, en comparación con los de la mayoría de los subsistemas de educación media superior, agregando a lo anterior las condiciones deplorables en que desempeñan su labor, prácticamente sin personal de apoyo tanto en el área administrativa, como de intendencia, y sin ningún acompañamiento técnico-pedagógico, enfrentando gastos de traslado y/o manutención en la comunidad, así como para adquirir por cuenta propia materiales e insumos para su labor docente.

Además, es de mencionar que en año 2015, derivado de la reforma al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, fue que por requerimiento obligatorio de la Secretaría de Educación Pública, se estableció que todo el personal docente tenía la obligación de someterse a un proceso de evaluación de desempeño e ingreso, en cuyas convocatorias se estipuló que aquel docente que no aprobara dicha evaluación vería rescindida su relación laboral, y que para los que si aprobaran dichas evaluaciones, ingresarían o seguirían siendo contratados, y haciéndose meritorios de un nombramiento y asignación plaza definitiva, así como al beneficio de incrementos salariales. Pero fue el caso que para los docentes del Telebachillerato Comunitario, que no acreditaron dicha evaluación les fue rescindida su relación laboral, mientras que para los docentes que si aprobaron y obtuvieron su calidad de ser idóneos, no recibieron ninguno de los beneficios y estímulos prometidos.

Es el caso del estado de Zacatecas, que en fecha de 13 de abril de 2016, docentes del Telebachillerato de esa entidad interpusieron una queja formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, toda vez que no se les reconoció, por parte de la Secretaría de Educación de esa entidad, su calidad de idóneos, a pesar de haber obtenido resultado favorable en la evaluación de ingreso y permanencia que sustentaron, en base a la convocatoria emitida en el mes de agosto de 2015, y que ante lo cual no recibieron los beneficios ofrecidos, argumentando por parte de las autoridades educativas, de que el sistema de Telebachillerato Comunitario era un programa piloto, y de carácter federal; por lo que la instancia defensora de los derechos humanos en Zacatecas determinó que este asunto se debería turnar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para su debido seguimiento y determinación, misma instancia que falló a favor de los docentes demandantes, requiriendo al titular del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, (ahora extinto), que atendiera los requerimientos planteados por los quejosos. Hecho tal, que nunca se le dio acatamiento por la autoridad.

En fin, revisar la travesía que ha registrado el sistema de Telebachillerato Comunitario, desde su creación hasta la fecha, da cuenta de lo escabroso que ha sido su implementación y desarrollo, lo cual demanda de esta soberanía un posicionamiento que le otorgue certeza y viabilidad, considerando la importancia que representa al hacer una realidad la educación media superior en lugares sumamente apartados y de extrema marginación.

De igual manera en un acto de justicia social, y con el compromiso que conlleva la responsabilidad de nuestra función legislativa por el bien y el progreso de nuestra nación exhorto a esta honorable LXIV Legislatura federal, para que ante las omisiones y apatía de las autoridades tanto locales como federales para resolver la problemática por la que atraviesa el sistema educativo del Telebachillerato Comunitario, no sigamos siendo parte del problema, sino que seamos las instancia que definitivamente dé una solución al mismo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía popular, el presente:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Sexagésima Quinta Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública:

I). Elaborar y expedir el Decreto de Creación del Subsistema del Telebachillerato Comunitario, con su debido marco legal y reglas de operación.

II). Consolidar un presupuesto federalizado que garantice la provisión de los recursos necesarios para el adecuado financiamiento, funcionamiento y expansión del Telebachillerato Comunitario.

III). Exhortar a las entidades federativas, con pleno respeto a su soberanía, al cumplimiento óptimo de la parte que les corresponde, en el marco del esquema bipartito de financiamiento del Telebachillerato Comunitario, a fin de garantizar la permanencia y fortalecimiento, y expansión de esta opción educativa.

IV). Dotar de la infraestructura y equipamiento necesario a los diversos planteles, a fin de que puedan desempeñar su labor, de manera adecuada.

V). Atender las justas demandas laborales del personal docente del Telebachillerato Comunitario, a fin de que exista certeza laboral, con el reconocimiento de los derechos previamente ya adquiridos, a través de una digna retribución salarial y procesos de basificación y promoción laboral.

VI). En su defecto se realice la transición de la nóminas estatales correspondientes del personal que ocupa actualmente las plazas en el sistema de telebachillerato comunitario para que sean transferidas al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y gasto Operativo, por sus siglas FONE, mediante el cual la Federación garantice el pago digno y justo del personal docente, que realicen funciones destinadas a educación media superior, en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación.

Notas

1 [1]Secretaría de Educación Pública. Revisión del marco currícular de la EMS, (Plan de 0a 23 años). Versión marzo 1 de 2020. México.
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=
2ahUKEwjEnJ7XxtL1AhXkJEQIHSezDZQQFnoECAYQAQ&url=http%3A%2F%2Fdesarrolloprofesionaldocente.
sems.gob.mx%2Fconvocatoria1_2021%2FRevisi%25C3%25B3n%2520Marco%2520Curricular
%2520EMS-_JPAO%2520010320.pdf&usg=AOvVaw2Q4URpPJ6eON6cLxyTZYfc Consulta 27 de enero de 2022.

2 [1] Arroyo Ortíz, Juan Pablo. Líneas de Política Pública para la Educación Media Superior. Secretaría de Educación Pública. Subsecretaría de Educación Media Superior, SEP. México, 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero del 2022.

Diputado Alfredo Femat Bañuelos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Legislativo de BC a designar fiscal especializado en Combate a la Corrupción, a cargo del diputado Juan Isaías Bertín Sandoval, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado federal Juan Isaías Bertín Sandoval , integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como otras disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo que se motiva en la siguiente

Exposición de Motivos

Con la reforma constitucional de 2015 se dio un paso importante en materia de combate a la corrupción con el establecimiento de políticas y ordenamientos legales que se aplicarían por la coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción. El cual serviría para erradicar este malestar que causa estragos en distintos ámbitos de la vida pública y privada, trayendo consecuencias tanto económicas como sociales.

Existen diversos niveles y formas de corrupción, sin embargo, es evidente que durante años la más perjudicial ha sido la de aquellos funcionarios públicos que han trabajado por beneficiar a cierto grupo de privados y afectando con ello a las mayorías que se sumían en la miseria por la riqueza de los pocos. Razón por la que se realizó esta reforma constitucional para erradicar estas conductas, aunque esta no ha terminado de consolidarse.

De acuerdo con lo establecido por el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que el Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

Por otra parte, en este mismo precepto se señala que las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

En la Ley de la Fiscalía General de la República se determina la facultad que tiene la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, en la investigación y persecución de los delitos contenidos en el Código Penal Federal en materia de hechos de corrupción.

Tal es el caso del enriquecimiento ilícito, cohecho, abuso de autoridad o peculado. Estas disposiciones federales han sido retomadas en los ordenamientos estatales como la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción del estado de Baja California y del Código Penal para el estado de Baja California.

De modo que la falta de designación del titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Baja California trae como consecuencia un vacío legal que impide el Sistema Estatal Anticorrupción funcione con efectividad y no asegura que se combata otro de los grandes males como el de la impunidad, puesto que se necesita de un sistema de justicia que garantice el castigo a los delitos por hechos de corrupción a fin de evitar la repetición de estas conductas.

Al tenor de esta reforma constitucional, en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, se establecieron artículos transitorios donde se señalan las obligaciones que debieran asumir las entidades federativas en la materia. Como ejemplo está el artículo séptimo donde se estipula que los sistemas anticorrupción de las entidades federativas deberán conformarse de acuerdo con las leyes generales que resulten aplicables, las constituciones y leyes locales.

Lo que nos remite a la Constitución Política del estado libre y soberano de Baja California, misma que establece como uno de los derechos reconocidos por ese ordenamiento el que toda persona tiene el derecho humano a vivir libre de corrupción. Además de reformarse el artículo 27, fracción XLII, de la Constitución de Baja California para facultar al Congreso estatal para designar al titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, mediante convocatoria pública y conforme al procedimiento que establezca la Ley.

Ambos preceptos constitucionales son de aplicación obligatoria y su ejercicio fortalece el estado de derecho, por lo que la omisión legislativa del Congreso de Baja California en la designación del Fiscal de combate a la corrupción podría considerarse inconstitucional, además de ser violatoria de derechos humanos como el de vivir libre de corrupción reconocido en la Constitución local.

Por otra parte, es importante mencionar el precedente legislativo realizado por la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados en su LXV Legislatura, con la aprobación del dictamen de la proposición con punto de acuerdo presentado por la diputada Lidia Pérez Bárcenas, del Grupo Parlamentario de Morena. Su fin es el de exhortar al Congreso de Baja California Sur, con pleno respeto a su autonomía, a fin que designe a su fiscal anticorrupción, de conformidad con lo que establecen la Constitución y la Ley Estatal del Sistema Anticorrupción.

De acuerdo al dictamen consensuado por las y los legisladores de la comisión, se consideró que el Congreso de Baja California Sur debería tomar las acciones necesarias a fin de designar al Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción, de conformidad con lo que establece la Constitución Política del estado.

Por lo que esta soberanía podría apegar su estudio al precedente legislativo y el resto de los argumentos versados para aprobar la siguiente roposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Legislativo del estado de Baja California para que designe al fiscal especializado en Combate a la Corrupción.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, con pleno respeto a su autonomía, a la XXIV Legislatura del Poder Legislativo del estado de Baja California para que, en atención a lo establecido por el artículo 27, fracción XLVI, de la Constitución Política del estado libre y soberano de Baja California, designe al fiscal especializado en Combate a la Corrupción.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2022.

Diputado Juan Isaías Bertín Sandoval (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SE a agilizar la publicación para consulta pública de la NOM-043-SEMARNAT-1993, parte del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad correspondiente a 2021, a cargo del diputado Héctor Israel Castillo Olivares, del Grupo Parlamentario del PAN

Héctor Israel Castillo Olivares, Diputado Federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente Proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La contaminación del aire es uno de los principales problemas ambientales y de salud pública, que enfrenta la mayoría de las naciones y por esta causa, anualmente 3 millones de personas fallecen de enfermedades no transmisibles y aproximadamente, una persona de cada diez, vive en una ciudad que cumple con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).1

En México, si bien la problemática derivada de la mala calidad del aire por ozono y partículas suspendidas, representa un importante riesgo medioambiental para la salud, ésta no es exclusiva de las zonas metropolitanas de nuestro país, ya que se presenta en un mayor número de ciudades, incluyendo ciudades medias y pequeñas en términos de población; en los últimos años el aumento de enfermedades asociadas a los altos niveles de contaminación en el ambiente se ha agudizado desde marzo de 2020, cuando el Consejo de Salubridad General, reconoció como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad grave de atención prioritaria por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).2

En este marco, el Área Metropolitana de Monterrey (AMM), conformada por los municipios de Apodaca, Cadereyta Jiménez, El Carmen, García, San Pedro Garza García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina y Santiago del estado de Nuevo León, enfrenta una de las mayores crisis de salud pública derivado de la mala calidad del aire y, si a esta situación, sumamos que actualmente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), cuenta con apenas 10 inspectores en Nuevo León para vigilar las emisiones de la industria regulada por la Federación que, de acuerdo con el inventario estatal, son las que más contaminan el aire. De 20 inspectores que tenía la Profepa en Nuevo León al inicio de la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, a finales del 2018, sólo quedaron 10.3 El periódico EL NORTE, publicó el domingo 30 de enero de 2022, que la Refinería de Pemex en Cadereyta arroja casi la mitad de la contaminación por dióxido de azufre que ensucia el aire de la Ciudad y cerca del 20 por ciento de las partículas PM10 y PM2.5, de acuerdo con el nuevo inventario estatal de emisiones atmosféricas.4

De acuerdo con el Neumólogo Uriel Chavarría Martínez, Coordinador del Centro de Prevención y Rehabilitación de Enfermedades Pulmonares Crónicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el problema ambiental puede agudizar o desencadenar ciertas enfermedades respiratorias tales como la rinitis, el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva (EPOC) o la fibrosis pulmonar.

“El aire contaminado también puede ocasionar otros problemas de salud

De acuerdo con el neumólogo de la UANL, diversos estudios reportan que las partículas en suspensión de menos de 2.5 micras (PM2.5) son más dañinas para la salud, debido a que tienen la capacidad de absorberse a la sangre y ocasionar problemas en el aparato circulatorio y corazón.

Incluso, también se ha reportado que estas mismas partículas pueden llegar al cerebro, causar aumento en trastornos cognitivos y ocasionar una degeneración en el cerebro.

Principales enfermedades respiratorias a causa de la contaminación

Rinitis: es una reacción alérgica que se presenta cuando la persona inhala polvo o polen.

Asma: enfermedad crónica que se caracteriza por ataques recurrentes con dificultad para respirar y producción de un sonido chillón.

EPOC: es una enfermedad pulmonar que designa diversas dolencias pulmonares crónicas, que limitan el flujo de aire en los pulmones; además es potencialmente mortal ya que conduce de forma progresiva a la muerte.

Fibrosis pulmonar: es una enfermedad en los pulmones, que se produce cuando el tejido se daña y provoca cicatrices.”5

Desde 1992 cuando empezó a operar el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA), los especialistas advirtieron que la contaminación es un riesgo grave a la salud y representa, la quinta causa de muertes a nivel mundial.6

Han transcurrido aproximadamente tres décadas desde la instalación del SIMA, –herramienta que permite conocer, con niveles aceptables de confiabilidad, la calidad del aire con respecto a contaminantes específicos y formular, con base en los datos obtenidos, las estrategias de control y las medidas oportunas y adecuadas para una efectiva gestión ambiental–.7 Sin embargo, el AMM continúa padeciendo altos niveles de contaminación del aire debido al incremento en las concentraciones de partículas menores a 10 micrómetros (PM10), situación que ha motivado la activación en diversas ocasiones de la alerta del Programa de Respuesta a Contingencias Atmosféricas por altas concentraciones de partículas en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.8

Si bien, las acciones previstas en el Programa de Respuesta a Contingencias para evitar emisiones de partículas contaminantes, prevenir exposiciones de la población y disminuir considerablemente, los niveles de contaminación del aire involucra al sector productivo y a la población en general -como las fuentes fijas (industria); empresas de competencia federal, estatal y municipal; construcciones; actividad de transporte de materiales de construcción; manejo de residuos sólidos urbanos y/o de manejo especial; limitación de actividades al aire libre y tratándose de grupos sensibles como niños y niñas menores de 12 años, adultos mayores de 65 años, mujeres embarazadas y personas con padecimientos bronco-respiratorios y cardiovasculares para mantenerse en interiores; abstenerse de realizar ejercicio al aire libre; no usar pirotecnia y abstenerse del encendido de fogatas- estoy convencido como habitante y Diputado Federal del Distrito 01 de San Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo León, considero que es urgente transitar a un nuevo modelo con enfoque preventivo de contingencias atmosféricas por altas concentraciones a partir de una perspectiva o visión garantista del derecho a la salud y a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas.

En este marco, es necesario no perder de vista que, desde septiembre del 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Las referencias centrales a la contaminación del aire en la Agenda se hacen bajo la meta 3.9 (reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo), 7.1 (garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos) y 11.6 (reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo).9

Por lo anterior, resulta urgente impulsar el proceso de actualización y modificación de la NOM-043-SEMARNAT-1993, que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas; mismo que forma parte del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2021, en el que se reconoce la necesidad de actualizar la mencionada regulación para contribuir a mejorar la calidad del aire que respira la población, en los siguientes términos:

“II. Normas vigentes a ser modificadas.

B. Temas reprogramados.

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública.

14. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SEMARNAT-1993 , que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas.

Objetivo y Justificación: La NOM-043-SEMARNAT-1993, vigente, fue expedida hace 25 años , por lo que requiere actualizarse para que contribuya a mejorar la calidad del aire que respira la población . En la actualidad, la norma establece niveles máximos permisibles de emisión que están muy por arriba de los establecidos en otros países y regiones. La modificación de la NOM permitirá incorporar el conocimiento sobre sus efectos y las nuevas alternativas para prevenirlas y controlarlas . Por ejemplo, en la actualidad existen procesos más eficientes y materiales que permiten prevenir y/o reducir las emisiones de estas partículas. Asimismo, es necesario diferenciarlas por su diámetro equivalente, pues este determina si éstas pueden ser inhaladas cuando se encuentran en el aire ambiente, así como su tiempo de residencia en la atmósfera. También es necesario considerar las diferencias entre las propiedades de los distintos materiales de los que están formadas y de los procesos que las generan, puesto que esto influye en los efectos que las partículas pueden ocasionar sobre los seres vivos y los componentes no vivos de los ecosistemas. Es preciso actualizar las zonas críticas del país, incorporar condiciones de referencia para la corrección de los datos reportados, la referencia a protocolos de prueba actualizados, procedimientos de aseguramiento y control de calidad, así como incluir un apartado con el procedimiento de evaluación de la conformidad , que permita vigilar y determinar el cumplimiento de la norma .

Este tema se encontraba inscrito en el Programa Nacional de Normalización 2020 bajo el numeral 12 en el Subcomité II, de Energía y Actividades Extractivas; con el fin de dar continuidad a la modificación de este tema, se reprograma en el Subcomité III, de Industria, a fin de optimizar el procedimiento interno para ello.

Grado de avance: 10 %.

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2021.

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2017.”10

Ante la emergencia sanitaria que enfrenta el Área Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, por los altos niveles de contaminación del aire, es indispensable que la Secretaría de Economía, instancia responsable de las acciones de política pública para fortalecer el Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, garantice que el mismo sea un verdadero instrumento de información y difusión al público en materia de Infraestructura de la Calidad, agilice los procesos internos de actualización la NOM-043-Semarnat-1993, inscritos por primera vez en el Programa Nacional de Normalización de 2017.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente Proposición

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Economía, para que, en el ámbito de sus atribuciones, agilice la publicación para consulta pública de la NOM-043-SEMARNAT-1993, que forma parte del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2021.

Notas

1 Ambient air polution: A global assessment of exposure and burden of disase. World Health Organization. Conclusion and way forward. p. 49 (PDF)

2 Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Diario Oficial de la Federación, Edición vespertina. Lunes 30 de marzo de 2020.

3 https://www.elnorte.com/quitan-a-la-profepa-50-de-inspectores/

4 http://laprensa.mx/notas.asp?id=676583

5 https://www.uanl.mx/noticias/contaminacion-eleva-enfermedades-respirato rias-uanl/

6 https://tec.mx/es/noticias/monterrey/salud/sabes-como-impacta-en-tu-sal ud-el-aire-que-se-respira-en-monterrey

7 https://www.gob.mx/inecc/es/articulos/estado-de-la-calidad-del-aire-en- mexico

8 https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/leon-activa-alerta-mala-calidad -aire

9 https://www.paho.org/es/temas/calidad-aire

10 Diario Oficial de la Federación, el 25 de febrero de 2021, p. 93 (PDF)

Dado en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a 3 de febrero de 2022.

Diputado Héctor Israel Castillo Olivares (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Insabi a publicitar las acciones llevadas a cabo para garantizar la cobertura universal de los servicios de salud a los habitantes de NL, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Marcela Guerra Castillo, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de Salud para el Bienestar para que publicite las acciones llevadas a cabo para garantizar la cobertura universal de los servicios de salud a todas las personas que habitan el estado de Nuevo León, así como para que transparente el uso y destino del presupuesto asignado, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El primer día del mes de enero del año 2020 entró en vigor el decreto por el que se llevó a cabo la desaparición del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), conocido popularmente como el Seguro Popular, así como de sus unidades médicas y módulos; y en ese mismo decreto se confirmaba la creación del Instituto Salud para el Bienestar (Insabi) que lo sustituiría.

El Insabi se creó eliminando tres de los cuatro programas presupuestarios de los que dependía el SPSS e iniciando con un programa de medicamentos gratuitos; todo con el objetivo de proveer y garantizar la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos para la población que no contaba con servicios médicos ni seguridad social; a pesar de que esta labor ya era realizada por el Seguro Popular.

Los datos revelan que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para la última parte de 2018, 15 años después de su creación, el SPSS había logrado afiliar a más de 53.5 millones de personas, que representaban 78.6 por ciento de las personas sin seguridad social en nuestro país,1 siendo este el programa de cobertura de salud más amplio del país.

El SPSS en uno de sus objetivos principales buscaba combatir uno de los problemas que origina la informalidad, el cual es la falta de servicios médicos y seguridad social.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2020,2 existían 31 millones de trabajadores en el sector informal; quienes no contaban con el acceso a la seguridad social, y a las instituciones de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y este programa pretendía atender a esta población.

El Seguro Popular daba atención a no beneficiarios de las instituciones además de brindar costos bajos y medicamentos.

Sin embargo, en México también observamos que el bajo acceso a la salud y seguridad social no sólo es consecuencia de la informalidad, sino que incluso tiene una relación estrecha con el nivel socioeconómico; donde las clases sociales en niveles más bajos que la media y grupos vulnerables son quienes menor acceso a estos derechos tienen; por lo que el Seguro Popular tenía como tarea la atención a los grupos desventajados.

Caso contrario es que para el año 2018 solamente 13.7 por ciento de la población rural no contaba con acceso a los servicios de salud, y que con esta administración aumentó hasta 30.5 por ciento en 2020, y en las zonas urbanas de 17 a 27.4 por ciento.3 Dejando desprotegidos a estos pobladores en su derecho a la salud.

Otro sector gravemente afectado con la eliminación del Seguro Popular fueron las mujeres, quienes a pesar de que en los últimos han sido uno de los ejes primordiales de la política nacional en cualquiera de los poderes, no fueron tomadas en cuenta en la toma de decisiones y es que, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se observaba que las mujeres representaban el mayor porcentaje dentro de las personas afiliadas al SPSS, y eran las de menores recursos quienes hacían uso de este servicio y sus beneficios. La estadística mostraba que en las regiones de mayor segregación social y pobreza, 9 de cada 10 mujeres se encontraban afiliadas, mientras que en las zonas de mayores recursos, solamente 5 de cada 10 se encontraban afiliadas a este programa.4

Esto deja claro que los objetivos del SPSS se estaban cumpliendo y que los sectores más necesitados podían acceder a la salud a través de este mecanismo.

A pesar de esto, fue considerado como “ineficiente” por el gobierno federal, asegurando que el Insabi cumpliría con los objetivos planteados y lograría proveer de atención médica gratuita a los mexicanos sin la necesidad de afiliarse. Sin embargo, con la llegada de éste, las cuotas en los hospitales aumentaron en lugar de desaparecer y miles de personas dejaron de tener acceso a los servicios médicos.

Posterior a esto, la pandemia dejó en evidencia las carencias y necesidades de nuestro sistema de salud; la falta de infraestructura, hospitales, equipos médicos y hasta insumos fue un común denominador en todas las entidades de nuestro país; cuyo plan del gobierno federal fue la creación del Insabi quien contrarrestaría estos problemas, en caso contrario el año pasado, se registraron más de 35.7 millones5 de personas en todo el país quienes no contaron con atención médica.

La población desconoce qué es el Insabi, cómo afiliarse, a dónde acudir o cómo acceder a estos servicios, lo cual va en sentido contrario a sus objetivos y principios de salud para todos. No se cuenta con los recursos, personal e infraestructura adecuada, para hacer frente a estas necesidades a ya casi un año de su implementación. No podemos dejar en estado de indefensión el derecho a la salud de las y los mexicanos.

No es un tema presupuestario, sino un tema de trabajo y correcta aplicación de los programas para la cobertura de salud y aseguramiento de este derecho. Desde la creación del Instituto, la tendencia ha sido aumentarle su presupuesto, y tan sólo para este año se tiene contemplado un incremento de 11.6 por ciento, que representa una cantidad total de más de 103 mil millones de pesos.

Es necesario trabajar en la creación de programas, módulos, clínicas y servicios para la población de manera inmediata. La inacción, omisión y escasos resultados del Insabi deja sin protección a la salud a los sectores más vulnerables como adultos mayores, personas de escasos recursos y mujeres, quienes eran los principales beneficiarios del Seguro Popular, y al día de hoy siguen sin recibir cuando menos la atención que les fue quitada.

La Constitución en su artículo 4o. párrafo cuarto y los tratados internacionales de los que esta nación forma parte, obligan al Estado a proporcionar y garantizar el derecho a la salud de todas y todos los mexicanos; el Instituto ya cuenta con los recursos y nuestra voluntad de legislar, apoyar y trabajar por el bien de la población, por lo cual es primordial continuar con las estrategias, programas y trabajos que agilicen el cumplimiento de este derecho a la salud, el abasto de medicamentos y el apoyo a la población vulnerable.

Ahora bien, para el caso específico de mi estado, Nuevo León, es necesario resaltar que el 4 de agosto de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo de coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social en los términos previstos en el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, que celebran el Instituto de Salud para el Bienestar y el estado de Nuevo León”.

Así, dicho acuerdo tuvo por objeto establecer los compromisos a que se sujetarían el estado de Nuevo León y el Insabi, a fin de garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social, en dicha entidad federativa.

En esa virtud, el Insabi se obligó a transferir con oportunidad al estado de Nuevo León los recursos presupuestarios federales que le correspondan para la prestación de los servicios de salud, mientras que el Estado se obligó a llevar a cabo dichos servicios a las personas que no gozan de seguridad social, de manera gratuita, sin poder cobrar cuotas de recuperación.

Sin embargo, según datos del Coneval la falta de acceso a la atención médica pasó de 16.7 por ciento en 2015 a 21.5 por ciento en 2020, el primer año que operó el organismo que sustituyó al Seguro Popular, lo cual claramente no garantiza una cobertura universal en los servicios de salud en el estado de Nuevo León.

Pese a los compromisos acordados, el subdirector de Recursos Financieros en Servicios de Salud estatal, Noé Emmanuel del Real García, ha informado a la ciudadanía que, para pasivos contingentes, el gobierno de Nuevo León ha invertido 155 millones de pesos, mientras que el Insabi no ha entregado las ministraciones mensuales correspondientes.

Así las cosas, no debemos olvidar que el Presupuesto de Egresos para Salud este año fue de 6 mil 868 millones de pesos, de los cuales se ha comprometido 91 por ciento y sólo se ha devengado 55 por ciento.

Consecuentemente, es necesario que el Insabi informe qué es lo que ha hecho para garantizar la cobertura universal de los servicios de salud a todas las personas que habitan el estado de Nuevo León que no cuentan con seguridad social y además que remita pormenorizadamente el uso y destino de los recursos destinados a mejorar la infraestructura de los centros hospitalarios, dotar de medicamentos, insumos y material de curación, así como de personal médico a todas las unidades de salud del estado de Nuevo León.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, elevo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto de Salud para el Bienestar para que haga de conocimiento público las acciones llevadas a cabo para garantizar la cobertura universal de los servicios de salud a todas las personas que habitan el estado de Nuevo León.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto de Salud para el Bienestar para que efectué las acciones necesarias que permitan transparentar el uso y destino del presupuesto asignado para mejorar la infraestructura de los centros hospitalarios, dotar de medicamentos, insumos y material de curación, así como de personal médico a todas las unidades de salud del estado de Nuevo León.

Notas

1 Ariadna Ortega. (2020). El Seguro Popular dejó sin atención a 14.5 millones de personas, revela ASF. 26 de octubre de 2021, de Expansión Sitio web: https://politica.expansion.mx/mexico/2020/02/27/el-seguro-popular-dejo- sin-atencion-a-14-5-millones-de-personas-revela-asf

2 Cristian Téllez. (2021). Se genera mucho trabajo en México... pero informal. 26 de octubre de 2021, de El Financiero Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/08/20/trabajo-informal-ag rupa-78-de-plazas-generadas-en-12-meses/

3 Belén Saldívar. (2021). Sin acceso a servicios de salud, 28.2% de la población en pandemia. 26 de octubre de 2021, de El Economista Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Sin-acceso-a-servicios-de-salu d-28.2-de-la-poblacion-en-pandemia-20210806-0008.html

4 Georgina Jiménez. (2020) ¿Quiénes están en riesgo con la llegada del Insabi?: Lo que sabemos sobre el extinto Seguro Popular. 26 de octubre de 2021, de Nexos Sitio web: https://datos.nexos.com.mx/quienes-estan-en-riesgo-con-la-llegada-del-i nsabi-lo-que-sabemos-sobre-el-extinto-seguro-popular/

5 Belén Saldívar. (2021). Sin acceso a servicios de salud, 28.2% de la población en pandemia. 26 de octubre de 2021, de El Economista Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Sin-acceso-a-servicios-de-salu d-28.2-de-la-poblacion-en-pandemia-20210806-0008.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2022.

Diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGJ de Oaxaca a investigar con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos y de interés superior de la niñez el caso de la adolescente violada en San Juan Colorado, y considerar la destitución de funcionarias de la dependencia, suscrita por los diputados Maribel Martínez Ruiz y Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PT

Los suscritos, diputada Maribel Martínez Ruiz y diputado Benjamín Robles Montoya , integrantes del Grupo Parlamentario del PT a la LXV Legislatura, de conformidad con lo establecido por los artículos 62, numeral 3, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La violencia contra las mujeres y las niñas en México es una lamentable constante, desafortunadamente no hemos logrado generar políticas públicas que verdaderamente impacten en la erradicación de esta otra pandemia social. Y Oaxaca no es la excepción. Según las cifras oficiales más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el estado de Oaxaca cerramos el año 2021 con 43 feminicidios, 60 homicidios dolosos de mujeres; 6 mil 891 casos de violencia familiar, 732 violaciones y 31 casos de abuso sexual;1 cifras que se tornan aún más preocupantes si tomamos en consideración que estas sólo representan los casos que lograron ser denunciados.

En las últimas semanas, periodistas feministas como Citlalli López y otros medios de comunicación han visibilizado el caso de Ana, como la han nombrado para resguardar su identidad y proteger sus datos personales.

Ana tiene 17 años, padece una discapacidad cognitiva, es originaria de San Juan Colorado, Jamiltepec, Oaxaca, y fue violada, obligada a continuar con su embarazo y a parir en condiciones poco dignas e incluso violentas.

De acuerdo con lo señalado por las personas y organizaciones feministas que dan acompañamiento a Ana y a su familia, entre las que destacan la maestra Nelly Martínez Echartea y Vilma Kat Ulloa, después de haber sido víctima de violación, Ana fue entregada por su hermana a una vecina y esta, sin razón aparente, la entregó a un señor de la comunidad de La Soledad, de ese mismo municipio.

Cuando intervienen sus demás familiares y al interponer una denuncia en la sindicatura municipal, la persona que tenía a Ana exigió la cantidad de catorce mil pesos para devolvérselas, expresando además que en caso de que la menor diera a luz a un niño, se lo quedaría, pero si fuera niña pedía un pago económico para entregarles a ambas menores.

El día 12 de enero Ana dio a luz en el hospital de Pinotepa Nacional y su hermano, quien asistió para acompañarla, fue corrido del hospital por el sujeto que se siente dueño de Ana y su bebé, a menos que pagara cinco mil pesos como “derecho a quedarse” en el hospital.

Después de las gestiones de la familia, que en todo momento han sido acompañadas por personas y organizaciones feministas, el 19 de enero Ana fue trasladada por parte de la Fiscalía Local de Santiago Pinotepa Nacional al Centro de Justicia para Mujeres, conocido como CEJUM, en la ciudad de Oaxaca, sin aplicar ningún protocolo de seguridad, violando además el derecho al cuidado de la integridad de las menores y a un intérprete... Ana y su familia hablan mixteco.

Desde entonces, a sus familiares se les ha negado todo tipo de información y obligados a firmar documentos de los cuales desconocen su contenido, ya que no se les ha facilitado ningún intérprete ni traductor. Hasta el momento no se les ha permitido verla, únicamente se les ha dicho que Ana se encuentra en un refugio junto a su hija y que se encuentran bien.

Aunado a lo anterior, en la Fiscalía no se ha dado seguimiento a la denuncia por la violación de Ana, incluso ninguna autoridad le informó que era su derecho interrumpir el embarazo si así lo deseaba, colocándola reiteradamente en un grave estado de indefensión.

Desafortunadamente, en Oaxaca casos como el de Ana no son aislados, recurrentemente las autoridades tanto del orden municipal como estatal violentan los derechos de las víctimas, por lo que urge una estrategia de coordinación en ambos niveles para dar atención pronta, integral y ética a las niñas y mujeres que como Ana, han sido víctimas de algún delito.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de este pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía General del estado de Oaxaca a investigar con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, los hechos denunciados en la carpeta de investigación 21708/FCOS/PINOTEPA/2021, ponderando el interés superior de ambas menores.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular de la Fiscalía General del estado de Oaxaca a revisar la actuación y, en su caso, remover de sus cargos a la fiscal de Género de la Costa, Maribel Nicolás Melo; a la directora del CEJUM, Tania Albarrán, y a la visitadora general, Jenny de los Ángeles Gamboa Velázquez.

Nota

1 [1]Información sobre violencia contra las mujeres (Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1), diciembre 2021, consultable en https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/informacion-sobre-violencia-contra- las-mujeres-incidencia-delictiva-y-llamadas-de-emergencia-9-1-1-febrero -2019?idiom=es

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2022.

Diputados: Maribel Martínez Ruiz y Benjamín Robles Montoya (rúbricas)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sader a considerar Oaxaca en el programa de fertilizantes de 2022 para impulsar la economía y la producción agrícola locales, a cargo del diputado Azael Santiago Chepi, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Azael Santiago Chepi , diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Es de recordar la gran aportación y contribución de los fertilizantes frente al importante incremento de la población mundial en los últimos años, pues este incremento exige un constante reto a la agricultura para proporcionar un mayor número de alimentos, tanto en cantidad como en calidad.

En 1950 se estimaba que la población mundial era de 2 mil 600 millones de personas. En 1999 se alcanzaron 6 mil millones. En octubre del 2011 se estimaba que la población mundial era de 7 mil millones de personas y, se espera que la población mundial aumente 2 mil millones en los próximos 30 años, pasando de los 7 mil 700 millones actuales a los 9 mil 700 millones en 2050.i

Con una población mundial en constante crecimiento, es importante producir suficientes cultivos cada año para proporcionar alimentos, ropa y otros productos agrícolas, por ello, para alcanzar estas metas existen dos factores posibles:

-Aumentar las superficies de cultivo.

-Proporcionar a los suelos fuentes de nutrientes adicionales en formas asimilables por las plantas, para incrementar los rendimientos de los cultivos.

Los fertilizantes garantizan la productividad y calidad nutricional de los cultivos, ofreciendo seguridad alimenticia e incremento en el contenido de nutrientes de las cosechas, evitan la necesidad de incrementar la superficie agrícola mundial y conservan el suelo evitando su degradación.ii

México es el décimo país más poblado del mundo, con una cifra de 127.8 millones de personas,iii donde la actividad agrícola representa el 3 por ciento del PIB y se estima que el 13 por ciento de la población está empleada en la agricultura.iv

Las actividades primarias han tenido un papel relevante para el abasto y la seguridad alimentaria de México durante la pandemia por Covid-19 El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) pronosticó para 2021 un incremento en la producción del 3.2 por ciento respecto al año anterior.

La política agroalimentaria del gobierno de México asume el principio de economía para el bienestar, sustentada en la relevancia de los productores de pequeña y mediana escala, quienes constituyen el 85 por ciento del total de productores agroalimentarios, generan más del 60 por ciento del empleo contratado y son poseedores y garantes de la agrobiodiversidad.

En el gobierno de la cuarta transformación, y de cara a la necesidad de reducir las desigualdades, se emprendió una política diferenciada para atender a los distintos grupos de productores y regiones del país considerando el potencial de los territorios y las necesidades diferenciadas de los productores agropecuarios.v Por lo que reconoce la importancia de la productividad agrícola como una forma de elevar el bienestar de las familias.

En México cinco estados: Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Chihuahua y Sinaloa, concentran la mayor producción agrícola, distribuidos a lo largo del territorio nacional. En conjunto producen 114 millones 24 mil 954 toneladas de productos agrícolas en un total de 6 millones 512 mil 626 hectáreas que se siembran y cosechan en los diferentes ciclos de cultivo. Oaxaca ocupa el tercer lugar de los estados de la república en producción agrícola del país, con 19,337,368 toneladas de productos agrícolas al año, según cifras otorgadas por la Sader.vi

Construir un sector agropecuario productivo que garantice la seguridad alimentaria es un objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, con el objetivo específico de alcanzar la autosuficiencia alimentaria y rescate al campo; como acciones específicas para alcanzar estos objetivos, establece la implementación de un programa de entrega de fertilizantes en beneficio de las productoras y productores agrícolas y asimismo se expone la necesidad de impulsar la producción, distribución y consumo de fertilizantes nacionales.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 25, que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

En el mismo sentido, el artículo 27, fracción XX, del citado ordenamiento, se dispone que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria para el óptimo uso de la tierra con insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su artículo 5, establece como uno de sus objetivos: corregir disparidades de desarrollo regional a través de la atención diferenciada a las regiones de mayor rezago, mediante una acción integral del Estado que impulse su transformación y la reconversión productiva y económica, con un enfoque productivo de desarrollo rural sustentable.

La Agenda aprobada por Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) establece los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que, entre otros, plantea como objetivo 2 “Hambre Cero”, en donde en su meta 2.3 esta duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, respetando el medio ambiente y la biodiversidad de cada región.

Asimismo, en el Objetivo 1, se establece la meta 1.5 para fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables, el programa contribuye mediante el acceso a un insumo estratégico como es el fertilizante para lograr mejorar la producción en zonas vulnerables y reforzar los sistemas de autoconsumo de granos básicos.

La atención al sector rural es una prioridad diseñada e instrumentada por la actual administración del Ejecutivo federal, atendida fundamentalmente por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en materia de fertilizantes, en el artículo 11 de su Reglamento Interno establece las facultades de la Coordinación General de Agricultura, a fin de impulsar las acciones en materia de normalización para los sistemas de riego, fertilizantes químicos y biológicos, así como de los productos y tecnologías que mejoren la fertilidad, conservación y regeneración de los suelos agrícolas.

Para el desempeño de esta función, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, el Ramo 08 Agricultura asignó $1,912,000,000 (mil novecientos doce millones de pesos) al programa S292 Fertilizantes, con el propósito de apoyar la adquisición nacional de fertilizantes nitrogenados y fosfatados como asunto de interés nacional para la seguridad y soberanía alimentaria, asegurando las productoras y productores agrícolas de pequeña escala los fertilizantes a precios accesibles, disminuyendo la dependencia de fertilizantes importados y apoyando con ello su capacidad de producción.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022vii el programa S292 Fertilizantes tiene una asignación de $2,500,000,000 (dos mil quinientos millones de pesos), con un aumento de 4.1? por ciento en términos reales; lo que permite que programas de apoyo a los productores de pequeña y mediana escala, en condiciones de incrementar la producción de alimentos en las comunidades rurales como el Programa de Fertilizantes, tenga un incremento real del 26.5 por ciento.

Así lo establece las Reglas de Operación del Programa de Fertilizantes para el ejercicio 2021, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2020, que contribuye mediante el apoyo a los productores de pequeña y mediana escala, quienes estarán en condiciones de incrementar la producción de alimentos en las comunidades rurales de los estados y zonas prioritarias. Sin embargo, la cobertura de este Programa sólo atiende el estado de Guerrero y zonas de atención estratégica en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala conforme a suficiencia presupuestaria y a lo publicado en la Convocatoria respectiva.

El estado de Oaxaca tiene una importante producción agrícola, en su territorio se siembra: maíz, frijol, cacahuate, trigo, sorgo, café, limón, mango, maguey mezcalero (que es la bebida tradicional de la región), copra y hule, siendo éstos los cultivos más representativos. Además, cuenta con frutales que le han dado fama a Oaxaca, por ejemplo la piña de Loma Bonita y el chicozapote de la región de la Cañada.

En 2016 creció la demanda de alimentos oaxaqueños en los mercados internacionales, impulsados por su excelente calidad y cumplimiento con los estándares de sanidad e inocuidad internacionales, lo que facilita su comercialización.viii

En 2017 la producción agrícola oaxaqueña se colocó en el ranking nacional con el cultivo de 22 frutos y hortalizas, siendo la papaya, piña y limón el primer, segundo y tercer lugar nacional, respectivamente. La fruticultura, una actividad que se desarrolla en más de 59 mil hectáreas del campo oaxaqueño, considerando 29 cultivos. Cada año agrícola, se destinan alrededor de un millón 384 mil hectáreas de tierra para la agricultura, lo que sitúa a Oaxaca entre las entidades de México con más aportación agrícola al volumen nacional.ix

El pasado 17 de noviembre de 2021, nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció en su conferencia de prensa matutina, la ampliación del programa para entregar fertilizantes gratuitos en los estados de Guerrero, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Morelos y Oaxaca, gracias al incremento aprobado de 588 millones de pesos al Programa de Fertilizantes para el Bienestar. Así también, el 2 de diciembre, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor Víctor Villalobos Arámbula, en reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado de la Republica, mencionó que para el año 2022, el programa de Fertilizantes para el Bienestar abarcaría nueve entidades del país, al incluir a Durango, Zacatecas, Nayarit, Oaxaca y Chiapas.

Sin embargo, pese a lo anterior, Oaxaca no se encuentra integrado en el programa de fertilizantes para el bienestar, en el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fertilizantes para el ejercicio 2022, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2021, establece la cobertura del Programa en la atención estratégica en los estados de Chiapas, Guerrero, Morelos, Puebla, y Tlaxcala y a la población objetivo en la población productora agrícola de pequeña escala, dedicados a la producción de cultivos prioritarios, ubicados en los estados de Chiapas, Guerrero, Morelos, Puebla, y Tlaxcala conforme a la convocatoria correspondiente.

Con esta exclusión se está imposibilitando a los pequeños agricultores la adquisición de estos fertilizantes en un contexto del alza en sus precios de hasta el 80 por ciento,x estimando una baja en la producción del sector agrícola para el 2022. Dicho programa solo considera a los estados de Guerrero, zonas estratégicas de Tlaxcala, Morelos y Puebla, lo que condiciona el programa e imposibilita el acceso de productores de importantes zonas productivas del país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, como instancia responsable del “Programa de Fertilizantes”, pueda ser considerado el estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2022 como zona de atención estratégica, y posibilitar a la población productora agrícola de pequeña escala, dedicados a la producción de cultivos prioritarios en el estado de Oaxaca a poder ser beneficiados con los apoyos del Programa, a fin de impulsar la economía y la producción agrícola de la entidad.

Notas

i [1] Una población en crecimiento, Paz, dignidad e igualdad en un planeta sano, ONU. Disponible en:
https://www.un.org/es/global-issues/population#:~:text=Se%20espera%20que%20la%20poblaci%C3%B3n,
de%2011.000%20millones%20para%202100.

ii [1] Fertilizantes, Chemical Safety Facts.org, disponible en: https://www.chemicalsafetyfacts.org/es/fertilizantes/

iii [1] México en una mirada, FAO en México, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Disponible en: https://www.fao.org/mexico/fao-en-mexico/mexico-en-una-mirada/es/

iv [1] La Agricultura en Oaxaca, INEGI, VII Censo Agropecuario 1991. Disponible en:
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/
productos/historicos/1329/702825112882/702825112882_1.pdf

v [1] Ibidem, México en una mirada.

vi [1] Cinco estados con cinco estrellas en producción agrícola, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 11 de julio de 2021 https://www.gob.mx/agricultura/articulos/cinco-estados-con-cinco-estrel las-en-produccion-agricola

vii [1] DOF 29 de Noviembre de 2021. Disponible en:
https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/aVbnZty0/PEF2022/kgp8l9cM/docs/08/r08_ppcer.pdf

viii [1] Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural. Disponible en: https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/oaxaca-solido-productor-agr icola-y-gastronomico

ix [1] “22 productos agrícolas oaxaqueños en el ranking nacional: Economía”, Gobierno del Estado de Oaxaca. Disponible en: https://www.oaxaca.gob.mx/comunicacion/22-productos-agricolas-oaxaqueno s-en-el-ranking-nacional-economia/

x [1]“Encarece gas 80% a los fertilizantes”, Moisés Ramírez; Monterrey, México;11 octubre de 2021; Diario El Norte. Disponible en: https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=
https://www.elnorte.com/encarece-gas-80-a-los-fertilizantes/ar2275062?referer=—
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a—

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2022.

Diputado Azael Santiago Chepi (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a considerar la destitución del subsecretario de la dependencia y ampliar el esquema de vacunación a niñas y niños de 5 a 11 años, a cargo de la diputada Itzel Josefina Balderas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Itzel Josefina Balderas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El primer caso de Covid-19 llegó a México el 27 de febrero del 2020, posteriormente, el 30 de abril de ese mismo año el número se incrementó a un total de 19.224 casos confirmados.

Del 28 de febrero al 23 de marzo del 2020 comienza la Fase 1 de la pandemia en México y el 18 de marzo se registra la primera defunción por coronavirus.

El 23 de marzo la Secretaría de Salud hace la declaratoria de la Jornada Nacional de Sana distancia.

El 25 de enero del 2022, México sumo 4 millones 730 mil 669 casos y, 303 mil 776 muertes por covid-19.1

Con el objetivo de informar a la población mexicana sobre el panorama nacional del coronavirus, la Secretaría de Salud a través de Hugo López Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, encabezó distintas conferencias, desafortunadamente ha generado fuertes contradicciones entre sus mismas declaraciones, afectando el buen manejo de la pandemia en nuestro país.

El 27 de abril del 2020, López-Gatell sostuvo que el uso de cubrebocas “tenía pobre utilidad o una nula utilidad” lo cual, influencio a la población a eliminar esta medida de prevención de contagios.

Sin embargo, para el 25 de mayo de ese mismo año acepto que “en el tránsito a la nueva normalidad, el cubrebocas será una medida auxiliar para evitar la propagación”.

Desde el primer caso de coronavirus en nuestro país, se tuvieron fuerte contradicciones incluso con las cifras que se presentaban.

Durante el mes de mayo, la Organización Mundial de la Salud, reporto que México alcanzó las 93,435 infecciones y los 10,167 fallecimientos por el virus, para mantenerse como el séptimo lugar mundial en ese rubro. Su tasa de letalidad era de 10.8 por ciento y la curva epidemiológica seguía en ascenso.

Sin embargo, Gatell, dijo: “Sobre la estimación de mortalidad, ahorita tenemos dos mil 271 personas que han perdido la vida por Covid-19 y estamos cerca del punto medio de la curva epidémica. En el descenso de la curva podemos tener otras más o menos dos mil o tres mil, y con ello ya tendríamos casi seis mil o cinco mil 271 si lo ponemos nada más así, simplemente agregando tres mil más”

Por otra parte, el modelo denominado “Centinela”, se originó como el sistema de vigilancia epidemiológico con el fin de monitorear la pandemia, el cual, no era conforme al modelo recomendado internacionalmente.

Alejandro Macías Hernández, quien encabezo la Comisión Nacional para la Atención de la Influenza en 2009, declaró que dicho modelo no es un sistema que este probado para una pandemia y aún menos como para la que enfrentamos.

Hugo López-Gatell, insistió que seguiría ocupando este modelo e incluso afirmo que las pruebas rápidas para la detección de anticuerpos no tienen validez.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, advirtió que la pandemia del covid-19 podría ir empeorando si la población y sus gobiernos no tomaban en serio dicha enfermedad, situación que no fue escuchada por el gobierno federal.

Debido entonces a las omisiones y negligencias del gobierno mexicano a través del Subsecretario Hugo López Gatell, México, con base a los datos ofrecidos por la Universidad Johns Hopkins, está dentro de los cinco países con mayor número de muertes por Covid-19 reportando en enero 2022, 299,544 defunciones.

Si bien, la pandemia fue algo que nadie esperaba, como representantes debemos actuar con responsabilidad y ética, aún más, cuando se trata de proteger la vida de las personas, situación que con el Doctor Hugo López Gatell no se privilegió, por el contrario, sus omisiones causaron pérdidas y dolor a nuestras familias mexicanas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a fin de destituir al Doctor Hugo López Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, derivado de su falta de profesionalismo para el correcto manejo de la pandemia causada por el Covid-19 y por sus constantes omisiones que costaron la vida de miles de personas.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a agilizar la vacunación de la niñez y adolescencia mexicana, así como, promover lo necesario a fin de que México cuente con un esquema de vacunación completo que incluya a niñas y niños de 5 a 11 años.

Nota

1 https://lopezdoriga.com/nacional/mexico-covid-19-coronavirus-pandemia-e pidemia-25-01-2022/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de enero del 2022.

Diputada Itzel Josefina Balderas Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a reauditar a Nochixtlán, Oaxaca, sobre el ejercicio fiscal de 2021, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García , diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta la Auditoría Superior de la Federación realice una nueva auditoría al municipio de Nochixtlán, en el estado de Oaxaca del Ejercicio Fiscal 2021 , al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El estado de Oaxaca está conformado por 570 municipios, entre ellos se encuentra Asunción Nochixtlán, el cual fue fundado en 1527 por Francisco de Orozco, se le conoció como “el pueblo de los comerciantes”. Este municipio se encuentra en la región mixteca del estado de Oaxaca, es una zona árida, con clima templado y bastos recursos hidrográficos.

Como bien sabemos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados con autonomía técnica y de gestión, el cual es encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión, órganos constitucionales y autónomos, estados y municipios, y de cualquier entidad física o moral, pública o privada que capten, recauden, administren, manejen o ejerzan recursos públicos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 115, fracción IV, inciso b), lo siguiente:

“b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la federación a los municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los estados.”

Así también cada año se establece en el Presupuesto de Egresos de la Federación se establece un monto destinado a estados y municipios, por medio del Ramo 33 conforme el artículo 3, fracción XVIII, así como lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal en donde se aportan recursos por medio del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, también conocido como Fortamun.

Como podemos observar las leyes federales establecen el otorgarle a los municipios recursos para su crecimiento y desarrollo, por lo tanto conforme lo que establece la ASF es un ente que debe ser auditado, tal es el caso que para el año 2020 fue la primer auditoría que se realizó a este municipio, siendo la auditoría numero: 2020-D-200006-19-1104-2021 1104-DE-GF, la cual se realizó durante el gobierno de Lizbeth Victoria Huerta.

En esta auditoría se estableció que durante los recursos federales asignados durante el ejercicio fiscal 2020, por el Concepto de Participaciones Federales al Municipio de Asunción de Nochixtlán fue de 26,583.3 miles de pesos lo que se revisó por parte de la ASF fueron 18, 336.9 de miles de pesos lo que representa el 69 por ciento del total asignado.

Dentro del Informe Individual en el cuadro de fortalezas y debilidades se encontraron como debilidades que el municipio no contó con las normas generales, lineamientos , acuerdos o decretos en materia de Control Interno de observancia obligatoria; tampoco con un Plan de Desarrollo Municipal por lo que no se tuvieron parámetros para la medición de indicadores de cumplimiento de objetivos; ni con Manuales de Procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos, tampoco contó con responsables de elaboración de información sobre la gestión para cumplir con las obligaciones de presupuesto y responsabilidad hacendaria, o de contabilidad gubernamental, ni tampoco personal asignado para atender el tema de transparencia y acceso a la información pública de fiscalización y rendición de cuentas.

Además de lo anterior, el municipio no autoevaluó el cumplimiento de los objetivos establecidos, no conto con auditorías internas ni externas, ni estableció controles de supervisión para las actividades susceptibles a actos de corrupción.

Se comprobó el ingreso de lo asignado por la federación de 26,583.3 miles de pesos por medio de comprobantes de registro, pólizas de ingreso y estados de cuentas bancarios, esta auditoría termino el 31 de diciembre de 2020.

*Cuadro obtenido de la auditoría realizada al municipio de Nochixtlán por la ASF.

En la parte que se relaciona a servicios personales, el municipio proporciono la información y documentación correspondiente a los contratos de honorarios, listas de raya y oficios de que no contrataron con bajas y licencias sin goce de sueldo, corrección de nóminas de honorarios, al revisar esta información la ASF determina que 270.6 miles de pesos no se ajustaron a lo establecido en los contratos correspondientes por lo solventado, por lo que se le solicitó al municipio una Solicitud de Aclaración número 2020-D-20006-19-1104-03-001 para que se proporcione documentación que justifique y compruebe los 270,603.00 (doscientos setenta mil seiscientos tres pesos 00/100 M.N.)por pagos que no se ajustaron a lo establecido en los Contratos Individuales de Trabajo por Tiempo Indeterminado con periodo de prueba.

Como podemos observar, dentro del gobierno municipal de Nochixtlán falta por aclarar en donde quedaron los 270 mil 603, además de que recordemos que la presidenta municipal Lizbeth Victoria Huerta se encuentra en el reclusorio ya que se encuentra acusada de desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a que realice una nueva auditoría al municipio de Asunción de Nochixtlán del Ejercicio Fiscal 2021.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a que se haga del conocimiento de la sociedad el avance del expediente número MUN.NOCH/C.I.M/001/09/2021 en donde ese inició el procedimiento para determinar responsabilidades administrativas de servidores públicos iniciado por el municipio de Asunción de Nochixtlán.

Bibliografía

- Página oficial del INAFED http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM20oaxaca/municipios/20006 a.html

- Página Oficial de la ASF

https://www.asf.gob.mx/Section/45_Acerca_de_la_ASF

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

- Presupuesto de Egresos de la Federación

- Ley de Coordinación Fiscal

- Auditoría de Cumplimiento 2020-D-200006-19-1104-2021-1104-DE-GF

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2022.

Diputada Margarita García García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a intervenir y vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por las autoridades judiciales de Puebla, que afectan el derecho humano a la educación de la comunidad estudiantil de la Udlap, a cargo del diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Mario Miguel Carrillo Cubillas , diputado federal del Grupo Parlamentario Morena a la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo con el Banco Mundial “la educación es un derecho humano, un importante motor del desarrollo y uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza, mejorar la salud, lograr la igualdad de género, la paz, la estabilidad y constituye el factor más importante para garantizar la igualdad de oportunidades”.1

El mismo organismo señala que a nivel personal fomenta el empleo y los ingresos; se considera que los ingresos por hora aumentan un 9 por ciento por cada año adicional de escolarización.2

De hecho, en un estudio realizado en 16 países entre los que se encontraba México, se apreció que existe una relación positiva entre el nivel de ingreso por habitante y el porcentaje de población en edad de estar en educación superior que efectivamente atienden las universidades.3

A nivel social, la educación es fundamental para el progreso y desarrollo de las naciones, en específico “la educación superior se considera uno de los pilares del desarrollo en el contexto de las sociedades nacionales en proceso de transformación, inmersas en una sociedad global que presenta nuevos retos y desafíos”.4 En palabras de la Unesco, “´la educación superior es uno de los pilares fundamentales para el despertar y desarrollo de las naciones”.5

En concreto la relevancia de la educación superior se sustenta en que es “el medio de la sociedad para generar, difundir y socializar el conocimiento científico y humanístico, generar los profesionales y el capital humano que atienda con eficiencia los problemas del desarrollo social y económico; contribuir en la investigación científica y a la innovación tecnológica que requiere el desarrollo interno y la competitividad económica frente al exterior”.6

En el caso específico de México, se llevó al cabo un estudio para determinar la relación entre la educación superior y el crecimiento económico, entre las conclusiones destacaron que la educacón superior es un elemento de reducción de la desigualdad y que es un mecanismo que cointegra con el PIB por lo que se debe considerar como medio de crecimiento.7

Sin embargo, de acuerdo con el Panorama de la Educación 2020,8 el nivel de educación superior en nuestro país sigue siendo bajo, ya que únicamente el 24 por ciento de los jóvenes de entre 25 y 34 años de edad obtuvieron un título de estudios superiores en el 2019, en comparacio?n con el promedio de 45 por ciento en los pai?ses que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).

Ante esta información queda claro que todo empeño por impulsar la educación superior en México debe ser impulsado y apoyado desde las autoridades ya que constituye un esfuerzo por incrementar los índices de este tipo de educación y en consecuencia buscar elevar las condiciones de vida de la población desde un nivel personal traducido en mejor empleo, ingresos, salud y un nivel social entendido en desarrollo y bienestar.

De forma contraria todo acto, que inhiba o dificulte el acceso a este nivel de educación es un atentado grave en contra del bienestar de la población además de un acto en contra de los derechos humanos.

Ya que con base en “la Declaracio?n Universal de los Derechos Humanos (Asamblea General de la Organizacio?n de las Naciones Unidas, 1948, art. 26.1) y el Pacto Internacional de Derechos Econo?micos, Sociales y Culturales (Pidesc, Asamblea General de la Organizacio?n de las Naciones Unidas, 1966, art. 13.2) ambos documentos reconocen de forma expli?cita a la educacio?n superior como un nivel de estudios que se integra en el derecho a la educación”.9

De igual manera, el artículo 3o. Constitucional, en el párrafo X, estipula que la autoridad federal establecera? poli?ticas para fomentar la inclusio?n, permanencia y continuidad respecto de la educación superior por lo que resulta pertinente hacer del conocimiento de la autoridad y pedir su apoyo para garantizar la permanencia de miles de estudiantes universitarios en el estado de Puebla.

Por lo que a continuación se hace una breve descripción de la siutación que actualmente vive la comunidad universitaria del estado antes mencionado a quien las autoridades judiciales en el estado están afectando en su derecho humano a la educación:

1. El 29 de junio de 2021, el juez vigésimo cuarto de lo civil de la Ciudad de México dictó medidas cautelares para desposeer al patronato de la familia Jenkins de la administración y campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y entregar su administración a un patronato espurio designado por la Junta de Asistencia de Puebla.

2. El 16 de julio de 2021, el juez tercero de Distrito de Amparo Civil de Puebla concedió la suspensión provisional (hoy ya concedió la suspensión definitiva) de la medida cautelar, ordenando al juez vigésimo cuarto realizar todos los actos necesarios para revertir las medidas cautelares para que el patronato espurio entregara el campus a la Fundlap, representada por el patronato de la familia Jenkins.

3. El mismo mes se designó a Armando Ríos Piter como rector de la UDLAP, cabe mencionar que en el artículo 8o. de los Estatutos Orgánicos10 de la institución se menciona como requisito para ser nombrado rector, contar con el grado acade?mico ma?ximo en su especialidad, después de una búsqueda exhaustiva en el Registro Nacional de Profesionistas no se encontró registro de maestría ni doctorado para el ciudadano Armando Ríos Piter, por lo que es evidente que no cumple con los requisitos minimos para ocupar el honorable cargo que ejerce.

4. Después de una resistencia del juez vigésimo cuarto a acatar la suspensión, éste al advertir que tenía el riesgo de incurrir en delito, ordenó a un juez en Cholula que devolviera el campus de la Universidad al patronato de la familia Jenkins.

5. Después de 7 meses, el patronato de la familia Jenkins logró recuperar la administración de las cuentas bancarias, pero no ha podido lograr que se le devuelvan las instalaciones de la UDLAP para reiniciar las clases, pues siguen ocupadas por la policía estatal toda vez que el juez del juzgado segundo civil de Cholula evade ejecutar la orden judicial y, con ello, se impide que se puedan reanudar las clases para beneficio de los estudiantes al mantenerse cerrado el campus. Es fundamental señalar que esta inacción del juez de Cholula constituye un claro desacato a la autoridad.

La situación antes descrita ha ocasionado que la matrícula haya tenido una pérdida de más del 25 por ciento aproximadamente, equivalente a los niveles que tenía en el 2008. Es decir, en 6 meses se destruyó un trabajo de 12 años.

Las pérdidas económicas de dicha matrícula equivalen a más de 200 millones de pesos. Se prevé que los estudiantes continúen abandonando la UDLAP en el semestre de otoño de 2022 por la incertidumbre de no poder regresar a clases y que las pérdidas se magnificarán gravemente poniendo en peligro la viabilidad de la UDLAP

Además, el patronato de la UDLAP de la familia Jenkins venía otorgando becas a estudiantes de la UDLAP con un valor mayor a 300 millones de pesos al año. Los becados están en riesgo de perder ese beneficio. Ya que antes de la ilegal ocupación las finanzas de la UDLAP eran muy sanas, sin embargo, hoy se están deteriorando aceleradamente por el desacato de la suspensión del amparo.

Es fundamental señalar que la fundación Mary Street Jenkins, controlada por la familia Jenkins es dueña del campus de la UDLAP (más de 90 hectáreas y un valor que supera los 350 millones de dólares), pero le aporta a la UDLAP el uso del campus a través de un comodato. Es decir, a título gratuito.

La situación antes descrita podria ocasionar daños irreparables y el cierre definitivo de las puertas de la UDLAP con lo que se ocasionaría un grave problema de permanencia de educación superior para miles y miles de estudiantes provenientes de todos los estados de la república.

Es por ello que urge la intervención de la autoridad federal conforme a lo estipulado en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública federal referente a las atribuciones de la Secretaría de Gobernación en materia de “facilitar acuerdos sociales, para que, en los te?rminos de la Constitucio?n y las leyes, se mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesio?n social”. De igual manera con base en el reglamento al interior de la Secretaría de Gobernación11 se hace mención a la tarea de defensa y protección de los derechos humanos por lo que se confirma la pertinencia de la participación de esta Secretaría para apoyar en las acciones necesarias para resolver el asunto aquí descrito.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación del gobierno federal para que, con apego a sus facultades, intervenga y vigile el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades judiciales del estado de Puebla, quienes han faltado en el cumplimiento de las sentencias dictadas y con ello están afectando el derecho humano a la educación de la comunidad estudiantil de la UDLAP.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente y con pleno respeto a sus atribuciones al juez del juzgado segundo de lo civil en Cholula para que cumpla con la sentencia del juzgado federal.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Judicial a realizar una revisión exhaustiva del comportamiento del juez del juzgado segundo civil de Cholula quien se encuentra en evidente desacato de la resolución dictada por el juez tercero de Distrito de Amparo Civil de Puebla.

Notas

1 [1]Banco Mundial, disponible en:
https://www.bancomundial.org/es/topic/education/overview#1, [consultado el 28 de enero de 2022]

2 Idem

3 [1] López Contreras, Aracely; disponible en:

https://docplayer.es/25730380-Universidad-tecnologica-de -la-mixteca.html [consultado el 28 de enero de 2022]

4 Idem

5 [1] Señalin Morales, Luis Octavio, disponible en: https://www.revistaespacios.com/a17v38n55/a17v38n55p07.pdf [consultado el 29 de enero de 2022]

6 [1] López Contreras, Aracely; disponible en:

https://docplayer.es/25730380-Universidad-tecnologica-de -la-mixteca.html [consultado el 28 de enero de 2022]

7 [1] Acosta Insunza, Ramón; disponible en: https://revista.unsis.edu.mx/public/numero1/A2_Educ_Superior.pdf [consultado el 28 de enero de 2022]

8 [1] OCDE, disponible en https://gpseducation.oecd.org/Content/EAGCountryNotes/EAG2020_CN_MEX_es .pdf [consultado el 29 de enero de 2022]

9 [1] Jongitud Zamora, Jacqueline, disponible en: http://www.scielo.org.mx/pdf/resu/v46n182/0185-2760-resu-46-182-45.pdf [consultado el 29 de enero de 2022]

10 [1] Esttuto Orgánico FUDLAP, disponible en:

https://www.udlap.mx/files/varios/estatuto-organico-FUDL AP.pdf [consultado el 1 de febrero de 2022]

11 [1]Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5561631&fecha=31/05/ 2019 [consultado el 29 de enero de 2022

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2022.

Diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a garantizar que aumenten los tabuladores salariales de los profesores, a cargo de la diputada Martha Estela Romo Cuéllar, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Martha Estela Romo Cuéllar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Educación Pública para que haya un aumento en los tabuladores salariales de las y los profesores, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el México hay 1.2 millones de individuos cuya ocupación es la docencia, de los cuales el 69.9% son mujeres y el 30.1% hombres. Los dos laboran aproximadamente 31 horas a la semana; pero a pesar de ello, cada maestro tiene una paga distinta.

Basado en la información del Inegi, el 26% de los docentes de educación básica en México ganan aproximadamente 2 salarios mínimos al día, o sea unos 8 mil pesos mensuales. Por lo tanto, el otro 70% de las y los docentes que se dedican a ofrecer clases a grado preescolar, primaria, secundaria y enseñanza particular reciben un salario de más de 2 salarios mínimos al mes.

En este sentido, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo informó que, durante el cuarto trimestre del 2020, sólo una mínima cantidad de docentes en México ganan más de cinco salarios mínimos al mes.

Según cifras del primer trimestre de 2020 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental de la SEP, el salario de los maestros se puede clasificar en tres grandes grupos:

Salario de maestros de preescolar

• En México 257 mil profesores enseñan a los más pequeños del nivel básico, es decir, el preescolar, cuentan con plaza y perciben un sueldo mensual que va de los 8 mil 401 pesos a los 10 mil 962 pesos.

Salario de maestros de primaria

• Se estima que en México hay cerca de 644 mil docentes a nivel primaria, la mayoría tienen una plaza y su sueldo base bruto va de los 8 mil 401 pesos hasta los 10 mil 948.24 pesos.

Salario de maestro de secundaria

• A diferencia de los otros dos casos, al personal educativo de secundaria oscila entre los 314 mil y se les paga por hora de clase impartida. Por cada 60 minutos el maestro puede cobrar entre 422 y 570 pesos, según sea el tipo de enseñanza o adiestramiento.1

Consideraciones

La Secretaría de Educación Pública (SEP) hizo oficial el incremento en remuneraciones que otorgan a docentes en el país e integran el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). La decisión oficial quedó plasmada a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que algunos de los puntos más importantes sobre el aumento de salarios son los siguientes:

Se otorga un incremento del 3.4% al Sueldo Tabular (C. 07), en los tabuladores regionales de las zonas económicas II y III vigentes en el país, con efectos al 1° de enero del año en curso, de todas las categorías del catálogo y tabulador de sueldos del personal docente de educación básica, especial e inicial, a las categorías docentes de los servicios educativos de las Misiones Culturales, así como las del personal docente de educación básica de tiempo completo.2

Una vez anunciado el incremento a los docentes para el año 2021 de parte de la Secretaria de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Enseñanza (SNTE) que va a ser este año del 3.9 % directo al sueldo base y de 1.8% en prestaciones al personal de Enseñanza elemental, media preeminente, preeminente y personal de apoyo y ayuda a la enseñanza, está claro un retroceso en el sueldo del personal educativo que, comparado con la tasa de alteración anual del Índice de Costos al Consumidor (IPC) en México, en abril de 2021 registró un 6.1%, y la inflación acumulada en 2021 es del 2.7% (primer cuatrimestre del año).

El Índice de Precios al Consumidor incluye entre otros a la alimentación y bebidas no alcohólicas, artículos de vestir, alquiler de viviendas, medicinas, transporte, ocio y cultura, hoteles, cafés y restaurantes, así como bienes y servicios.

En el año 2020, el aumento salarial fue del 3.4% al salario base y 2.59% a las prestaciones y el IPC para este año fue del 2.82% y la inflación del 3.15%, haciendo hincapié en que la actividad económica bajó a consecuencia de la pandemia del Covid 19.

Con estos datos estadísticos se muestra que el personal de la educación ha dejado de percibir un salario digno y que en los próximos meses se hará más evidente esta crisis, ante ello, ninguna expresión sindical ha hecho el reclamo necesario en defensa del salario digno a las maestras y maestros.

Las maestras y maestros en esta pandemia por el Covid 19 estuvieron en el frente de batalla para brindar apoyo a sus alumnos y, en muchos casos, de padres y madres de familia, aún sin contar con equipo, conexión y capacitación, para aminorar el daño de la falta de las clases no presenciales, se esforzaron al máximo, demostrando su compromiso con la educación y ahora se les paga con un aumento salarial inferior al IPC y a la inflación.3

A medida que la urgencia de llevar a cabo cambios en la enseñanza en todo el mundo se instala sin contrapeso como el asunto más importante para la mayor parte de los habitantes, la baja remuneración de los profesores todavía es el enorme motor olvidado del debate.4

Aunado de lo anterior, y ante la imperiosa necesidad de que las y los profesores reciban mejores salarios, se presenta el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. - Se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Educación Pública para que haya un aumento en los tabuladores salariales de las y los profesores.

Notas

1 Adn40, R. (2021, 15 mayo). Cuánto gana un maestro o profesor en México. ADN40. Recuperado 26 de enero de 2022, de https://www.adn40.mx/mexico/maestro-gana-mexico-deps-especial

2 A. (2021, 2 julio). SEP: cuál es el aumento de salarios para maestros del SNTE. infobae. Recuperado 26 de enero de 2022, de https://www.infobae.com/america/mexico/2021/07/02/sep-cual-es-el-aument o-de-salarios-para-maestros-del-snte/

3 de Cuernavaca, S. E. B. A. J. |. (2021, 20 mayo). Aumento, insuficiente para los maestros de México en 2021. El Sol de Cuernavaca. Recuperado 26 de enero de 2022, de https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/cultura/aumento-insuficiente-para- los-maestros-de-mexico-en-2021-6738167.html

4 Cmf, W. D. M. (2021, 22 agosto). No puede haber educación de calidad con maestros mal pagados. Web del Maestro CMF. Recuperado 26 de enero de 2022, de

https://webdelmaestrocmf.com/portal/sueldo-docente-prome sa-pendiente-no-olviden-que-tambien-tenemos-una-familia-que-educar-y-al imentar/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2022.

Diputada Martha Estela Romo Cuéllar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Cultura, la Sectur y la Secretaría de Bienestar a implantar apoyos a los voladores de Papantla, a cargo de la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada federal María Eugenia Hernández Pérez , integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura, a la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Bienestar, a que, en el ámbito de sus competencias, implementen una estrategia coordinada para brindar apoyos sistemáticos en materia de ingresos, servicios de salud, seguro de vida, vestimenta, equipo y logística, a las personas y asociaciones que participan en la expresión cultural conocida como “Voladores de Papantla” , al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La expresión cultural conocida como los Voladores de Papantla constituye un patrimonio fundamental de la cultura mexicana, que remonta sus raíces a la época prehispánica y, por lo tanto, es portadora de la riqueza y la diversidad cultural sustentada en la presencia y la aportación de los pueblos indígenas, como se reconoce en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nuestra identidad nacional es la suma de diversas culturas y cosmovisiones, razón por la cual es imperioso llevar a cabo todas las acciones necesarias para preservarlas y difundirlas.

La política cultural del Estado mexicano, por lo tanto, debe incluir acciones encaminadas a brindar apoyos a las personas y asociaciones que de forma cotidiana se dedican a reproducir y mantener vivos los ritos y expresiones culturales de las distintas regiones del país y de los distintos tiempos que confluyen en el presente mexicano.

Segunda. El 30 de septiembre de 2009, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró a la “Ceremonia ritual de los voladores”, como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La Unesco, para llegar a esa decisión, consideró que dicha ceremonia es un rito que data de la época prehispánica, asociado a la fertilidad y que lo practican diversos pueblos indígenas desde México hasta Centroamérica. Asimismo, se tomó en cuenta que se tiene evidencia de la existencia de este ritual desde el año 600 aC. Que se trata de ceremonias que expresan principios y valores fundamentales de la cosmovisión indígena que, de acuerdo a la tradición totonaca, en épocas lejanas, durante un periodo de sequía y hambruna, los sabios ancianos enviaron a mensajeros-sacerdotes (los voladores) para brindar ofrendas a los dioses y pedirles la lluvia que fecundaría la tierra.

La leyenda se originó en “la región del Totonacapan, ubicada a lo largo de la costa veracruzana y la Sierra Norte de Puebla, donde se observa esta práctica con mayor arraigo, principalmente en el municipio de Papantla, Veracruz, que es reforzada por su cercanía con la zona arqueológica El Tajín, aunque diversos pueblos originarios, como los totonacas, nahuas, otomíes y mayas quichés, entre otros, realizan la danza del volador con variaciones. El vuelo es la parte final de la ceremonia, que se inicia desde la vestimenta (muchas veces elaborada por los mismos voladores) y una preparación espiritual previa, que requiere de alguien que se juega la vida. El proceso incluye la búsqueda del palo sagrado, su corte, arrastre y levantamiento, la danza previa, la petición de perdón al bosque y el montaje de un altar.”i

La Unesco abunda en la valoración de la ceremonia en comento: “En el transcurso de la ceremonia, cuatro jóvenes trepan por un mástil de 18 a 40 metros de alto fabricado con el tronco de un árbol recién cortado en el bosque tras haber implorado el perdón del dios de la montaña. Sentado en la plataforma que remata el mástil, un quinto hombre, el caporal, toca con una flauta y un tambor melodías en honor del sol, así como de los cuatro vientos y puntos cardinales.

Después de este acto de invocación, los danzantes se lanzan al vacío desde la plataforma a la que están atados por largas cuerdas, giran imitando el vuelo de los pájaros mientras la cuerda se desenrolla, y van descendiendo paulatinamente hasta el suelo. Cada variante de la danza ritual de los voladores representa un medio de hacer revivir el mito del universo, de modo que esta ceremonia expresa la visión del mundo y los valores de la comunidad, propicia la comunicación con los dioses e impetra la prosperidad. Para los ejecutantes de esta danza y todas las personas que comulgan con la espiritualidad del rito en calidad de espectadores, la ceremonia de los voladores constituye un motivo para enorgullecerse de su patrimonio y de su identidad culturales, al mismo tiempo que suscita un sentimiento de respeto por ambos.”ii

Tercera. Si bien la ceremonia de los Voladores de Papantla cuenta con reconocimiento dentro y fuera de México, incluyendo, como ya se dijo, la deferencia de la Unesco de declararla como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, lo cierto es que, en la actualidad, en el día a día de quienes practican este ritual, éstos presentan una serie de carencias que los ponen en una situación de vulnerabilidad y precariedad. La ceremonia de los Voladores de Papantla no solo se realiza en la región del Totonacapan, sino en prácticamente todo el territorio nacional, e incluso en numerosos países de todos los continentes. Por lo tanto, es importante que el Estado asuma el compromiso de preservar esta expresión cultural del México Profundo y que binde apoyos a sus practicantes.

Los practicantes de esta ceremonia en Veracruz, precisamente en la región del Totonacapan, son los más organizados, sin embargo, ellos mismos tienen diversas carencias y demandas. A través de un Consejo, llevan a cabo la coordinación de aproximadamente 600 voladores de 15 municipios del Totonacapan y la implementación de cinco escuelas que la fecha cuenta con 200 alumnos con 50 maestros tradicionales, además de seguro de vida de 400 miembros. Sin embargo, están lejos de lograr el objetivo de que el Estado se comprometa a “promover el reconocimiento, valoración y preservación del patrimonio cultural que constituye esta práctica ritual, procurando la continuidad de su transmisión, la divulgación de sus valores universales y la diversidad cultural de México y el mundo. Los ejes de dicho objetivo son: la valoración, conservación, transmisión, divulgación, protección e investigación de la ceremonia.”iii

Los logros de los Voladores de Papantla de Veracruz son insuficientes, y los de los practicantes del resto del país son todavía más escasos. Las necesidades son muy grandes para preservar esta expresión cultural y brindarles protección social a los practicantes de la misma. Es una práctica sujeta a múltiples riesgos, como lo es la posibilidad de caer de las alturas y provocar hasta la muerte de la persona. Cabe señalar un testimonio de los numerosos casos que se conocen a lo largo del tiempo: “Un gran susto para esos hombres que han dado fama a Papantla en el país y en todo el mundo, y que pese a que está ceremonia ritual fue declarada en el 2009 como Patrimonio Cultural de la Humanidad, no tienen seguridad social con todo y sus familias, les pagan lo que la autoridad considera suficiente, y tienen que vivir “del boteo”, porque de otra forma pasarían penurias para dar lo que sus hijos merecen.”iv

Cuarta. Si bien el Consejo antes referido coordina a aproximadamente 600 voladores, se estima que solo en Veracruz hay alrededor de 2 mil personas que se dedican a esta expresión cultural, y solo una minoría de ellos tiene seguro de vida. En el país, se estima que son varios miles más las personas que se dedican a este ritual.v

De este modo, los testimonios recogidos de primera mano, así como a través de diversos diarios y redes sociales, se puede constatar que las personas que practican la ceremonia de los voladores de Papantla están expuestos a serios riesgos consustanciales a la naturaleza del ritual. Pero, además, la inmensa mayoría carecen de seguro de vida, seguridad social para ellos y sus familias, sobre todo atención médica; de igual forma sus ingresos son insuficientes e inciertos, pues dependen mayoritariamente del “boteo”, de la voluntad de la gente que presencia la ceremonia. Derivado de ello, les es sumamente difícil cubrir los gastos necesarios para poner en escena la ceremonia, tales como el equipo, el palo, las cuerdas, toda la logística, la vestimenta, los instrumentos musicales, el terreno necesario, etcétera. Por eso, es importante que las Secretarías de Cultura, de Turismo y de Bienestar, desplieguen una estrategia coordinada para apoyar a los voladores de Papantla.

Con base en lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Cultura, a la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Bienestar, a que, en el ámbito de sus competencias, implementen una estrategia coordinada para brindar apoyos sistemáticos en materia de ingresos, servicios de salud, seguro de vida, vestimenta, equipo y logística, a las personas y asociaciones que participan en la expresión cultural conocida como “Voladores de Papantla”.

Notas

i [1] “Refrendan declaratoria de la “Ceremonia ritual de los voladores” como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”, consultado el 3 de enero de 2022, disponible en https://www.inah.gob.mx/boletines/7865-refrendan-declaratoria-de-la-cer emonia-ritual-de-los-voladores-como-patrimonio-inmaterial-de-la-humanid ad

ii [1] “La ceremonia ritual de los Voladores”, consultado el 4 de enero de 2022, disponible en

https://ich.unesco.org/es/RL/la-ceremonia-ritual-de-los- voladores-00175#video

iii [1] “Se trabaja en la conservación de los Voladores de Papantla”, consultado el 5 de enero de 2022, disponible en https://www.miambiente.com.mx/comunitarias/se-trabaja-en-la-conservacio n-de-los-voladores-de-papantla/

iv [1] “Voladores de Papantla sin apoyo”, consultado el 3 de enero de 2022, disponible en https://elheraldodeveracruz.com.mx/estado/xalapa/74392-voladores-de-pap antla-sin-apoyo.html

v [1] “Rescatarán seguro de vida de voladores de Papantla”, consultado el 4 de enero de 2022, disponible en https://jornadaveracruz.com.mx/estado/rescataran-seguro-de-vida-de-vola dores-de-papantla/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2022.

Diputada María Eugenia Hernández Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal y la Ssa a encabezar una campaña universal y oportuna de vacunación contra el SARS-Cov2 para menores de 18 años, a cargo de la diputada Martha Estela Romo Cuéllar, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Martha Estela Romo Cuéllar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las personas titulares del gobierno federal y de la secretaría de salud a encabezar una campaña universal y oportuna de vacunación contra el virus SARS-COV-2 para menores de 18 años, al tenor de los siguientes

Antecedentes

A partir de que comenzó la enfermedad pandémica, comprendemos que las y los menores de edad tienen la posibilidad de contagiarse. La Covid-19 además entra en sus organismos; pero por diversos mecanismos que se estudian hasta esta época se conoce en los menores los indicios son más leves, que la mayor parte son asintomáticos y las consecuencias son mínimas, aunque su capacidad de contagio es igual a la de un adulto.

Sin embargo, hay niños que han muerto por coronavirus, la mayoría de los decesos están relacionados con otras enfermedades como leucemia, diabetes, asma, padecimientos cardiovasculares o renales. En otros casos los infantes no tenían ninguna otra enfermedad y fallecieron. ¿Por qué? Hasta el momento no hay respuestas certeras, pues la información va surgiendo y todo se va descubriendo conforme la pandemia avanza.

¿Qué ha sucedido en México? Las cifras del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) indican que los contagios acumulados de Covid-19 en esta población es de 76 749 casos de abril de 2020 al 03 de octubre de 2021: 18.6% de ellos corresponde a niños de 0 a 5 años, 24.1% a infantes de 6 a 11 años y 57.2% a jóvenes de 12 a 17 años.

De este total, 737 niños han fallecido a causa de la Covid-19. Los cinco estados con mayor número de contagios en niñas, niños y adolescentes son: Ciudad de México (17 825), Tabasco (10 211), Guanajuato (6 482), Estado de México (5 210) y Nuevo León (4 128).

Además, la variante Ómicron afecta en gran parte a los niños que aún no reciben la vacuna, es por ello por lo que las autoridades recomiendan fortalecer las medidas sanitarias.1

En México, algunos otros niños y niñas han sido vacunadas gracias a amparos legales que han conseguido para obtener la vacuna. Además, se anunció que se aplicaría un millón de vacunas a menores de entre 12 a 17 años con factores de riesgo como cáncer, insuficiencia renal o hepática, enfermedades congénitas, entre otras.

El 20 de septiembre de 2021 Pfizer/BioNTech anunciaron, mediante un comunicado de prensa, los resultados de un ensayo de fase 2/3 que su vacuna contra Covid-19 es segura y que hay una respuesta sólida de anticuerpos en niños de 5 a 11 años.2

Consideraciones

Una vacuna contra la Covid-19 puede evitar que un menor contraiga y propague el virus que causa la Covid-19.

Si un niño o una niña se contagia con la Covid-19, la vacuna contra la Covid-19 podría evitar que se enferme gravemente o que sufra complicaciones a corto o largo plazo. Los niños con otras afecciones médicas, como obesidad, diabetes y asma, podrían tener un mayor riesgo de enfermarse de gravedad por la Covid-19.

En Estados Unidos, hay vacunas contra la Covid-19 disponibles para los niños según el grupo etario:

• De 5 a 11 años. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos autorizó el uso de emergencia de una vacuna contra la Covid-19 de Pfizer-BioNTech para este grupo de edad. Esta vacuna requiere dos inyecciones, que deben administrarse con un intervalo de tres semanas. Contiene una dosis más baja que la vacuna contra la Covid-19 de Pfizer-BioNTech que se usa para personas de 12 años y mayores. Las investigaciones muestran que esta vacuna tiene aproximadamente una eficacia del 91 % en la prevención de la Covid-19 en niños de 5 a 11 años.3

Los impactos que también ha tenido esta pandemia en la población infantil han sido psicológicos. Si pensamos que los adultos dejamos de ir a nuestros lugares de trabajo, a reuniones sociales, a un concierto, y que muchas de esas actividades hoy nos causan añoranza, en los niños esto no ha sido distinto.

De un día a otro dejaron de ir a la escuela, algunos ni siquiera conocen a sus compañeros de salón, se les ha dejado de festejar sus cumpleaños, no se les permitía ver a sus abuelos y a sus amigos, y algunos, además, perdieron a un ser querido.

Esto ha ocasionado un impacto en las emociones de los menores. Algunos lo han soportado de mejor manera que otros, o han tenido mayor acompañamiento por parte de sus padres que otros.

La doctora Teresa Monjaras Rodríguez, de la Facultad de Psicología de la UNAM, explica que la depresión y la ansiedad son de las afectaciones que más se han observado en los menores durante esta pandemia, aunque también dijo que depende de la etapa en la que se encuentren.4

Los funcionarios federales de salud autorizaron una dosis de refuerzo para todos los niños mayores de 12 años. Se recomienda encarecidamente a cualquier persona elegible que haya recibido dos dosis de la vacuna de ARNm contra el Covid al menos hace 5 meses, que reciba una dosis de refuerzo de la vacuna. Solo la vacuna Pfizer-BioNTech puede usarse como refuerzo en niños y adolescentes elegibles.

Se recomienda una tercera dosis sumada a la serie primaria para niños de 5 a 11 años de edad que padecen determinadas afecciones médicas o toman medicamentos que debilitan el sistema inmunológico.

Para los niños de 5 años o más que tienen el sistema inmunológico debilitado, los CDC recomiendan también una tercera dosis como parte de la serie primaria. La tercera dosis es para ayudarlos a desarrollar la mayor protección posible contra el SARS-CoV-2, el virus que causa Covid-19.

Las vacunas son nuestra mejor esperanza para poner fin a la pandemia de Covid-19. Ahora hay una vacuna disponible para niños de 5 a 11 años y se autorizaron las dosis de refuerzo (en inglés) para los mayores de 12 años. Las vacunas para niños de 6 meses a 4 años podrían autorizarse a continuación, ya que se están realizando ensayos clínicos para ese grupo etario.5

Derivado de lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a las personas titulares del gobierno federal y de la Secretaría de Salud a encabezar una campaña universal y oportuna de vacunación contra el virus Sar-CoV-2 para menores de 18 años.

Notas

1 Claro, R. M. (2022, 12 enero). Vacunación Covid-19 para niños en CDMX: ¿Si aún no tiene 15 años tu hijo puedes registrarlo para primera dosis. Marca. Recuperado 26 de enero de 2022, de https://www.marca.com/claro-mx/trending/coronavirus/2022/01/12/61def7a5 268e3e3d4d8b457f.html

2 Córdova, D. E. G. N. F. (s. f.). Coronavirus en niños: particularidades, diagnóstico y consecuencias. Ciencia UNAM. Recuperado 26 de enero de 2022, de http://ciencia.unam.mx/leer/1175/coronavirus-en-ninos-particularidades- diagnostico-y-consecuencias

3 Vacunas contra la Covid-19 para niños: esto es lo que necesitas saber. (2021, 16 noviembre). Mayo Clinic. Recuperado 26 de enero de 2022, de https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/coronavirus/in-dep th/covid-19-vaccines-for-kids/art-20513332

4 Cordova, D. E. G. N. F. (s. f.). Coronavirus en niños: particularidades, diagnóstico y consecuencias. Ciencia UNAM. Recuperado 26 de enero de 2022, de http://ciencia.unam.mx/leer/1175/coronavirus-en-ninos-particularidades- diagnostico-y-consecuencias

5 ¿Cuándo podrán los niños vacunarse contra el Covid-19 o recibir la dosis de refuerzo? (s. f.). HealthyChildren.org. Recuperado 26 de enero de 2022, de https://www.healthychildren.org/Spanish/tips-tools/ask-the-pediatrician /Paginas/when-can-children-get-the-Covid-19-vaccine.aspx

Cámara de Diputados, a 3 febrero de 2022

Diputada Martha Estela Romo Cuéllar

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Cultura y la SEP a fomentar el desarrollo de habilidades universales y cognitivas basadas en los marcos internacionales para la inclusión digital ante la evidente aceleración de la transformación de las TIC en México, a cargo de la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada federal María Eugenia Hernández Pérez , integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura, y a la Secretaría de Educación del gobierno de México para que, en el ámbito de sus competencias, fomenten el desarrollo de habilidades universales y capacidades cognitivas basadas en los marcos internacionales para la inclusión digital ante la evidente aceleración de la transformación de las tecnologías de las comunicaciones y la información en México, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. En los últimos años, ha aumentado de manera importante la preocupación por los impactos del cambio tecnológico exponencial, la automatización y la digitalización. Se cree que estamos transitando hacía un futuro sin trabajo, al menos como los conocemos ahora. El debate ha sido detonado por estudios para EU y Europa que argumentan que una parte sustancial de los puestos de trabajo está en “riesgo de informatización”. Estos estudios siguen un enfoque basado en la ocupación propuesto por Frey y Osborne (2013), el cual considera que, las ocupaciones completas en lugar de solo las tareas laborales estarán automatizadas por la tecnología.

En diversos estudios respecto al futuro del trabajo, la OCDE1 ha matizado que el riesgo de automatización del trabajo es mucho mayor en algunas regiones de los países que en otras, lo que implica que, durante los siguientes años, los gobiernos tendrán que atender cualquier aumento de desigualdad laboral entre una zona y otra. Ante ello, se propone que los gobiernos nacionales comiencen a desarrollar habilidades y competencias digitales que les permitan a sus ciudadanos ir transitando hacía los nuevos perfiles laborales basados en conocimiento y desarrollo de tareas computacionales.

Segunda. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), publicó la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih) 2020.2 Las estimaciones de la Endutih nos muestran el nivel de disponibilidad y uso de las TIC a nivel nacional, ámbito urbano y rural, con las cuales podemos ver claramente que a pesar de las brechas de disponibilidad sobre todo para las poblaciones rurales y de escasos recursos el acceso a recursos digitales a través de internet es cada día más recurrente en México.

Esta disponibilidad de acceso debe ir acompañada de las habilidades digitales que le permitan a los mexicanos no solo el uso de las nuevas tecnologías para su día a día, si no que logren una apropiación eficaz de los mismos para generar bienestar cotidiano.

En 2019, la consultora Accenture presentó el estudio New Skills Now ,3 el cual tuvo como propósito central, analizar y proponer mecanismos de gestión del impacto del desarrollo de una era digital de transformación categorizando las habilidades universales y las capacidades cognitivas que serán vitales para el transito hacía el futuro digital.

Accenture se planteó que en un plazo de 5 a 10 años, los roles laborales y las habilidades requeridas para estos, evolucionarán al mismo ritmo que la tecnología y tendrán un mayor grado de adaptación entre sí.

Por esta razón, se plantearon seis categorías de competencias, que incluyen las competencias se presume que los colaboradores deberían desarrollar para enfrentar las nuevas tendencias laborales:

1. Aprender a ganar: que consiste en desarrollar habilidades de emprendimiento y empleabilidad básicas.

2. Crear Know–How de tecnología: que implica utilizar y trabajar y/o crear tecnologías y datos.

3. Aplicar We’Q: que se relaciona con el desarrollo de habilidades para interactuar, generar relaciones y mostrar autoconocimiento para trabajar eficazmente con los demás, en persona o virtualmente.

4. Crear y resolver: que implica el aprendizaje de habilidades para abordar la resolución de problemas de manera creativa, usando la empatía, la lógica y el pensamiento innovador.

5. Cultivar una mentalidad de crecimiento: que concierne a las habilidades para mantenerse vigente y ser ágil y curioso, en un continuo aprendizaje y adaptación al ritmo del cambio.

6. Especializarse para el trabajo: que implica desarrollar destrezas relevantes especializadas para atender las prioridades del mercado local y las necesidades específicas de la industria

Tercera. Por otro lado, la actual pandemia de Covid-19 ha desencadenado una carrera mundial hacia la transformación digital en casi todos los aspectos de la vida diaria. Dado el ritmo de estos cambios, la alfabetización digital y las habilidades digitales se han convertido en una parte obligatoria de la educación y la formación de todas las personas. Es fundamental que las naciones desarrollen e incorporen rápidamente programas de educación y capacitación en alfabetización digital y habilidades digitales de alta calidad en todos los grupos de edad.

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) es una asociación mundial de ingenieros dedicada a la normalización y el desarrollo en áreas técnicas. En el año 2018, impulsado por la Coalición para la Inteligencia Digital (CDI), con sus organizaciones miembros de la OCDE, IEEE SA y DQ Institute en asociación con el Foro Económico Mundial, se comprometió a promover la alfabetización digital y las habilidades digitales en todo el mundo a través de un lenguaje común de alfabetización digital y habilidades digitales creando así el Marco DQ o Marco IEEE 3527.1.4

El marco DQ de la IEEE se define como “un conjunto integral de competencias técnicas, cognitivas, metacognitivas y socioemocionales que se basan en valores morales universales y que permiten a las personas enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades de la vida digital.”

Este marco establece un lenguaje, una estructura y una taxonomía comunes en torno a la alfabetización, las habilidades y la preparación digitales que se pueden comparar, referenciar y adoptar en todas las naciones y sectores de todo el mundo. Se enfoca en 8 áreas sustantivas de la vida digital: identidad, uso, seguridad, inteligencia emocional, alfabetización, comunicación y derechos.

Estas 8 áreas pueden desarrollarse cada una en tres niveles: ciudadanía, creatividad y competitividad.

-La ciudadanía se enfoca en los niveles básicos de habilidades necesarias para usar las tecnologías de manera responsable, segura y ética.

-La creatividad permite la resolución de problemas a través de la creación de nuevos conocimientos, tecnologías y contenidos.

-La competitividad se centra en las innovaciones para cambiar las comunidades y la economía para un amplio beneficio.

La implementación y adecuación del Marco DQ en nuestro país como guía para las practicas digitales hacía el logro del bienestar individual y social en las diversas áreas de la vida diaria dar podría hacer de las tecnologías digitales un aliado estratégico para el gobierno en la atención de los grandes problemas nacionales.

Con base en lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de Educación del gobierno de México para que, en el ámbito de sus competencias, fomenten el desarrollo de habilidades universales y capacidades cognitivas basadas en los marcos internacionales para la inclusión digital ante la evidente aceleración de la transformación de las tecnologías de las comunicaciones y la información en México.

Notas

1 [1]OCDE. (2018). Los riesgos de automatización del trabajo varían mucho entre las diferentes regiones de los países, afirma la OCDE. Febrero 2022, de OCDE Sitio web:

https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/losriesgosdeautomatizaciondeltrabajovarianmuchoentrelasdiferentes
regionesdelospaisesafirmalaocde.htm#:~:text=En%20estudios%20previos%20de%20la,
probabilidades%20de%20experimentar%20cambios%20importantes.

2 [1]Inegi. (2021). En México hay 84.1 millones de usuarios de internet y 88.2 millones de usuarios de teléfonos celulares: Endutih 2020. Febrero 2022, de Inegi sitio web:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletin es/2021/otrtemecon/endutih_2020.pdf

3 [1]Accenture. (2019). New Skills Now - Inclusion in the digital economy. Febrero 2022, de Accenture Sitio web: https://www.accenture.com/_acnmedia/pdf-63/accenture-new-skills-now-inc lusion-in-the-digital.pdf

4 [1] IEEE SA Working Groups. (2020). New Standard Will Help Nations Accelerate Digital Literacy and Digital Skills Building. Febrero 2022, de IEEE Sitio web:

https://beyondstandards.ieee.org/new-standard-will-help- nations-accelerate-digital-literacy-and-digital-skills-building/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2022.

Diputada María Eugenia Hernández Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo de Zacatecas a pagar a los docentes jubilados afiliados al Issstezac y concretar la federalización de la nómina magisterial del estado, a cargo del diputado Miguel Ángel Varela Pinedo, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Miguel Ángel Varela Pinedo, integrante de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo en Zacatecas para que se realicen los pagos atrasados a maestros y pensionados del ISSSTE y para que con las autoridades federales correspondientes se resuelva federalizar la nómina magisterial.

Consideraciones

A principios de septiembre del año pasado, y derivado del cambio de administración estatal, los maestros del estado de Zacatecas dejaron de recibir de manera regular el pago de su nómina.

Como consecuencia de lo anterior, cientos de maestros tomaron las principales vialidades, plazas públicas e incluso las presidencias municipales de diversos municipios del estado para exigir el pago de su sueldo, muchos tuvieron que esperar hasta mes y medio para recibir su salario, mientras otros aún siguen esperando por el mismo.

El gobierno estatal argumento la falta de recursos económicos para poder realizar la dispersión correspondiente y prometió gestionar los recursos necesarios ante las instancias federales para poder cumplir el compromiso con los maestros.

Mientras tanto el 15 de octubre de 2021, la maestra Delfina Gómez Álvarez secretaria de Educación Pública del gobierno federal, en reunión con representantes de los 15 estados que iniciaban un nuevo gobierno estatal conmino a los gobernadores a “ejercer de manera exclusiva y transparente el recurso destinado para el pago de maestras y maestros a este fin, y no destinarlo a otros rubros”, con lo cual coincidimos plenamente, los recursos que se encuentran presupuestados para los profesores zacatecanos deben llegar a ellos, pues muchos son jefas y jefes de familia y requieren su salario para poder mantener a sus familias.

Posteriormente, el pasado 25 de noviembre durante una gira por el estado de Zacatecas el presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a federalizar la nómina magisterial, lo que implicaría que los maestros pudiesen cobrar directamente sus salarios como lo hacen ya en el estado de Michoacán.

Sin embargo, a la fecha el problema persiste, inclusive se ha agudizado aún más, puesto que más de 4 mil 600 derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) aún no han recibido su aguinaldo 2021, por lo que 200 de ellos, han interpuesto un amparo en contra de la falta de pago.

En el mismo sentido, los líderes sindicales del sector educativo estatal han convocado a partir de este día 2 de febrero a un paro indefinido de labores por el incumplimiento de pago de bonos, salarios de la segunda quincena de enero y de la Compensación Única que les corresponde, situación que dejara a miles de niños zacatecanos sin clases, afectando su derecho humano a la educación.

Es por ello que es apremiante que el gobierno estatal resuelva este asunto, pues miles de familias zacatecanas están siendo afectadas por la falta de capacidad del gobierno estatal de administrar las finanzas estatales.

Además, es urgente que el gobernador David Monreal Ávila realce las acciones tendentes a federalizar la nómina magisterial zacatecana para que los maestros en activo y jubilados de Zacatecas puedan tener la certeza de su pago puntual y completo, ya que de ello depende poder cubrir las necesidades básicas de sus familias.

En ese sentido es que propongo a esta soberanía se exhorte al titular del Poder Ejecutivo de Zacatecas, a la titular de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que concreten la federalización de la nómina magisterial del estado de Zacatecas y al Ejecutivo estatal para que realice el pago del aguinaldo correspondiente a los derechohabientes del Issstezac.

Por lo expuesto someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Zacatecas a realizar el pago de nómina que se adeuda a los maestros zacatecanos y a los jubilados del Issstezac.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo del estado de Zacatecas, a la titular de la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público concretar la federalización de la nómina magisterial del estado de Zacatecas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 3 de febrero de 2022.

Diputado Miguel Angel Varela Pinedo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a distintas autoridades energéticas y ambientales, y la CNPC a realizar las acciones pertinentes de peritaje y deslinde de responsabilidades en los acontecimientos de la semana pasada en Matamoros, Tamaulipas, a cargo de la diputada Adriana Lozano Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita Adriana Lozano Rodríguez , diputada del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En México, la concesión de la distribución de gas natural está regulada por las instancias federales CRE, ASEA y Cenegas, a fin de poder brindar un servicio a la población que así lo requiera. La Ley de Hidrocarburos, en su título tercero, capítulo primero, nos expone la metodología para la obtención de la concesión, así como las causales de la pérdida de la misma.

El gas natural, al ser un combustible fósil, es tóxico e inflamable, lamentablemente el 26 de enero del año en curso en Matamoros, Tamaulipas, sucedió una tragedia en el cuál se reportó una fuerte explosión por el Deportivo Bancario, específicamente en una tienda de conveniencia que se encontraba semidestruida, resultando dos personas heridas. Lamentablemente uno de ellos, un joven de nombre José Orlando Hernández Arvizu, de 21 años, que trabajaba de cocinero, falleció a causa de la explosión y Jair Alexis Acatecatl Mendoza, de 21 años, estudiante del Tec de Matamoros que trabajaba en la mencionada tienda, fue trasladado a Monterrey.

Al día de hoy se han reportado 177 reportes de fugas de gas natural, de las cuales destacan 4 en las cuales se han visto afectadas universidades, maquiladoras y zonas habitacionales.

Poco a poco se ha convertido en un riesgo latente para todos los habitantes del municipio, con el fin de evitar una tragedia mayor, es importante que la CRE, Cenegas, ASEA y la Comisión Nacional de Protección Civil agilicen el trabajo de revisión a la red de gas natural de la empresa Engie que tiene la concesión en Matamoros, Tamaulipas, y se haga un peritaje para deslindar responsabilidades y actuar conforme a lo estipulado en la Ley.

En tal virtud, conmino a esta soberanía para que le otorguemos a esta proposición un tratamiento de urgente resolución, así como para que votemos de manera unánime y de forma responsable en favor de la presente proposición.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía(CRE), a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente(ASEA), al Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenegas) y a la Coordinación Nacional de Protección Civil a realizar las acciones pertinentes de peritaje y deslinde de responsabilidades en los acontecimientos de la semana pasada en Matamoros, Tamaulipas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2022.

Diputada Adriana Lozano Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a atender y resolver la problemática que se presenta para obtener el certificado de vacunación anticovid, a cargo de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Noemí Berenice Luna Ayala e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguiente:

Consideraciones

A casi dos años de la aparición del virus SRAS-CoV-2, cuya expansión mundial provocó la pandemia de Covid-19, ha traído consigo grandes problemas de salud, sociales y económicos.

La nueva ola que azota nuevamente al mundo es la nueva cepa del virus llamada “ómicron” que, si bien es cierto es altamente contagiosa, también es menos letal y peligrosa producto de la vacunación y el esquema completo de la aplicación de las 2 primeras dosis.

La Secretaría de Salud informó que México inició el 2022 con 89.1 millones de personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19, destacó que 72 millones 849 mil 124 personas cuentan al momento con su esquema completo de vacunación, lo que representa un 89 por ciento de mexicanos inmunizados y 9 millones 67 mil 271 personas han recibido una dosis de la vacuna, a espera que en 2022 se complete su esquema1 .

Según datos publicados por Expansión, 2 para el 27 de enero de 2022, las dosis administradas alcanzan casi 163 millones con 83 millones 439 mil 107 personas vacunadas y 76 millones 805 mil 979 personas con un esquema completo de vacunación.

Sin duda, aunque la estrategia de vacunación que se ha aplicado en México no es la óptima, ni una de las mas eficaces del mundo, se avanza a paso lento respecto de la aplicación de dosis a los ciudadanos. Sin embargo, ahora las y los mexicanos nos enfrentamos a nuevos retos como es el de adquirir el Certificado de Vacunación Covid (Certificado) que expide la Secretaría de Salud.

Si bien es cierto, el Certificado no es obligatorio en las localidades, algunas empresas y negocios lo solicitan para el acceso del personal, como en hospitales y clínicas que lo solicitan también a los pacientes con el objetivo de prevenir contagios.

El Certificado es un comprobante oficial que tiene el objetivo de avalar que la población ya ha sido inmunizada contra el virus SARS-CoV-2, particularmente para las personas que requieren viajar al extranjero, debido a que otros países solicitan el comprobante de vacunación para permitirles la entrada a su territorio.

Contiene un Código QR que permite la verificación en tiempo real por parte de cualquier autoridad migratoria de cualquier país a raíz de las restricciones impuestas por varios países para entrar.

El Certificado es un documento oficial que expiden las autoridades de diversas naciones que permite el libre tránsito de las personas.

En México, para obtener el Certificado hay que seguir los siguientes pasos:

• Entrar a la página https://cvcovid.salud.gob.mx/

• Ingresar la Clave Única de Registro de Población (CURP)

• Marca que no eres un robot en el recuadro ReCAPTCHA

• Dar clic en buscar

• El sistema buscará tus datos registrados cuando realizaste tu registro para la vacunación

• El sistema notificará que la información fue enviada al correo electrónico registrado anteriormente para tu vacunación

• En el correo que recibas encontrarás dos enlaces; deberás dar clic en el primero para ver el certificado de vacunación.

En caso de errores sugieren lo siguiente:

• Deberás dar clic en la segunda liga de “aclaración” que llegó a tu correo electrónico

• El sistema te pedirá que llenes los datos requeridos y que adjuntes la papeleta de vacunación.

• Una vez completados los campos, deberás dar clic en enviar.

No obstante, en nuestro país, miles de personas viven un verdadero viacrucis para obtener el Certificado debido a errores en los datos capturados o porque simplemente no aparece la segunda dosis aún cuando ya está aplicada.

Las fallas o errores en la captura del certificado han derivado en casos como: la perdida de citas médicas a derechohabientes, que también se les ha negado la atención y pases a algunas especialidades médicas o estudios de seguimiento en sus clínicas familiares del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y que varias personas no puedan viajar al extranjero o participar en algunas actividades recreativas por causas fuera de su alcance.

Las inconsistencias que se han encontrado son diversas, algunas de ellas son: el nombre o el apellido del titular, el biológico suministrado, el número de dosis aplicadas o la fecha de aplicación.

Según datos de una nota periodística del primero de noviembre de 20213 ; la Secretaría de Salud se declaró incompetente para realizar las adecuaciones a los certificados y procedió a remitir a los ciudadanos afectados a otras dependencias u organismos como a la Secretaría del Bienestar o al IMSS en las que la negativa la respuesta a las y los afectados.

Esta polémica se terminó con el fallo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) que puso fin a la discusión y confirmó que la Secretaría de Salud es la autoridad competente para corregir los Certificados, según la misma nota informativa.

El Inai señaló que existe omisión de responsabilidades por parte de la autoridad sanitaria por ser el órgano que expide dichos certificados.

Y que esta competencia está respaldada por los artículos 43 y 45 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y, por tratarse de un documento relevante en la vida de las personas que quieren hacer trámites o viajar al extranjero.

Dicha publicación relata textualmente4 :

La dependencia federal por su parte defendió su postura e insistió en que no es responsable “del tratamiento de datos personales dado que no resguarda, modifica, supervisa, evalúa o administra la información generada por los sistemas institucionales y estadísticos relacionados con las acciones de vacunación”, sino que esto lo hace la Secretaría de Bienestar.

Tras analizar el caso, el Inai determinó que la Secretaría de Salud sí es la instancia competente para corregir los datos erróneos en los certificados de vacunación que se almacenan en la plataforma mivacuna.salud.gob.mx, tal y como se desprende del Aviso de Privacidad Integral para la aplicación del suero contra el SARS-CoV-2, que se encuentra disponible cuando los interesados realizan el registro.

“Por unanimidad, el pleno del Inai revocó las respuestas que dio la Secretaría de Salud para la corrección de datos de las personas vacunadas contra la Covid-19 y le instruyó asumir su competencia para corregir los datos personales solicitados, además de realizar una búsqueda en sus unidades administrativas que sean competentes y proporcionar los certificados de vacunación con los datos rectificados a las personas recurrentes”, concluyó el organismo.

Lamentablemente, a más de 90 días del comunicado, las fallas en el sistema y las correcciones a los Certificados siguen siendo un dolor de cabeza para las y los ciudadanos.

Los problemas para obtenerlo persisten.

En varios casos la página https://cvcovid.salud.gob.mx/ no funciona o no responde; solicita “esperar unos minutos y volver a intentar”.

Y como se puede observar en la imagen, ofrece la alternativa de solicitar el certificado a través de whatsApp.

Al ingresar al chatbot de esta aplicación de whatsApp, después de seguir las instrucciones como ingresar la Clave Única de Registro de Población (CURP), el enlace para descargar el certificado de vacunación envía lo siguiente:

Siendo la respuesta final después de intentar varias veces:

Se puede aludir que si las y los ciudadanos corren con suerte y logran acceder al certificado; y el certificado tiene algún error el viacrucis continúa, la página solicita: la CURP del vacunado, correo electrónico, teléfono, adjuntar copia del comprobante de vacunación y señalar el dato incorrecto, para poder realizar la corrección pertinente y posteriormente emitir el comprobante corregido o bien hacerlo mediante envío de la misma documentación por correo electrónico.

Por lo anterior, en respuesta a las necesidades de las ciudadanas y los ciudadanos y con el objetivo de dar solución y respuesta a la problemática que se presenta en la plataforma, así como para realizar y agilizar las adecuaciones correspondientes en la obtención de su certificado y para los fines que le sean necesarios.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud federal, a fin de mejorar e implementar los mecanismos necesarios para agilizar el proceso de expedición del Certificado de Vacunación Covid.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud federal con el objeto de mejorar y agilizar el sistema de corrección de datos en los Certificados de Vacunación Covid

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud federal a dar respuesta rápida y eficaz de las correcciones en un lapso no mayor a cinco días a partir de la recepción de la solicitud.

Notas

1 https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2022/01/02/
mexico-inicia-2022-con-891-millones-de-mexicanos-vacunados-contra-covid-19/

2 https://datosmacro.expansion.com/otros/coronavirus-vacuna/mexico

3 https://www.infobae.com/america/mexico/2021/11/01/
certificado-de-vacunacion-cual-es-la-instancia-responsable-de-corregir-los-errores-en-el-documento/

4 https://www.infobae.com/america/mexico/2021/11/01/
certificado-de-vacunacion-cual-es-la-instancia-responsable-de-corregir-los-errores-en-el-doc umento/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2022.

Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a incorporar en el PAA relativo a la Cuenta Pública de 2021 a Amatlán de los Reyes, Córdoba y Fortín, Veracruz de Ignacio de la Llave, a cargo de la diputada Martha Rosa Morales Romero, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Martha Rosa Morales Romero, diputada federal integrante de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para que incorpore en su Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021 a los municipios de Amatlán de los Reyes, Córdoba y Fortín, todos del estado de Veracruz , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Algunos municipios del estado de Veracruz se han caracterizado por la opacidad en la declaración de sus cuentas y más aún cuando se trata de fondos provenientes de participaciones federales, motivo por el cual, en la legislatura pasada, Juan Martínez Flores, diputado federal por el distrito que hoy represento, ha presentado el punto de acuerdo que en esta Legislatura me permito retomar para su consideración.

El artículo 74 constitucional, fracción VI, establece como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados revisar la Cuenta Pública del año anterior con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar que se ha ajustado a los criterios señalados en el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos de los programas. Esta revisión se realiza a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ente regulado en el artículo 79 de nuestra Constitución Política, el cual tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.

La ASF se encarga de fiscalizar, de manera externa, el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales; conforme a sus estatutos, la función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

La ASF ha contribuido a mejorar los procedimientos administrativos, introducir mejoras para el cumplimiento de objetivos, evaluar el cumplimento de los programas y promover una cultura de rendición de cuentas.

El resultado de las auditorías que lleva a cabo la ASF adquiere diversas formas: la constatación del cumplimiento eficaz, eficiente y económico de los mandatos de los entes auditados, la definición de áreas de oportunidad para mejorar la gestión pública, la detección de errores en el registro de las operaciones que se llevan a cabo, o la existencia de desviaciones o irregularidades. Esta última vertiente tiene consecuencias para el ente auditado.

De igual manera, en la pasada legislatura, el Congreso de la Unión ha legislado para crear un Sistema Nacional Anticorrupción, una Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios, así como reformas en materia de contabilidad gubernamental, particularmente en materia de transparencia y rendición de cuentas, sin olvidar los tipos penales de responsabilidad de funcionarios públicos que incurran en desvió de recursos públicos para el enriquecimiento personal.

Es de suma importancia que la ASF incorpore en su Programa Anual de fiscalización 2021 a los municipios de Amatlán de los Reyes, Córdoba y Fortín, principalmente en los rubros de Participaciones Federales a Municipios y en lo concerniente a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

De esta manera, se busca generar confianza en la ciudadanía en la medida en que fortalece una cultura gubernamental de transparencia y rendición de cuentas; es de vital importancia fiscalizar los recursos públicos para prevenir prácticas irregulares y contribuir al buen gobierno.

Ante lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para que incorpore en su Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021 a los municipios de Amatlán de los Reyes, Córdoba y Fortín, todos del estado de Veracruz.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2022.

Diputada Martha Rosa Morales Romero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la SE y la SRE a informar a la opinión pública si se negociará y, en todo caso, cómo va el TLC con Turquía, a cargo de la diputada Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Saraí Núñez Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de está soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que instruya a las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores informen a la opinión publica si se negociará y en todo caso cómo va el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Turquía, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En los tratados de libre comercio se establecen reglas para realizar el intercambio de productos y de servicios, eliminando los obstáculos (arancelarios, impuestos, etcétera) en las importaciones y las exportaciones. Estos tratados comerciales ofrecen las siguientes ventajas:

• Acceso a mercados más amplios

• Competitividad y acceso a una mayor diversidad de productos y servicios

• Eliminación de condiciones y barreras comerciales

• Intercambio de tecnología

Según datos del propio gobierno federal actualmente México cuenta con 14 tratados comerciales internacionales vigentes, siendo el firmado con Estados Unidos de América y Canadá el más amplio y antiguo, ya que se firmó en 1992 y entró en vigor en 1994.

Asimismo, México ha ampliado sus mercados a naciones de difícil acceso como pueden ser las asiáticas y las de medio oriente, esto gracias a que en nuestro país existen una amplia gama de sistemas de producción que cuentan con certificaciones reconocidas en mercados internacionales tales como la otorgada a productos orgánicos, productos de mercado justo, Tipo Inspección Federal, así como certificaciones técnico-religiosas (Kosher y Halal) para los mercados que así lo demandan1 .

La geolocalización y la posición estratégica en México es un punto comercial que cada vez toma mayor fuerza, muestra de ello son todos los tratados que México a firmado durante los años.

El Estado mexicano en los últimos años se negocio el futuro de un TLC con Turquía, el cual se firmó una declaración conjunta para establecer un Marco de Cooperación Estratégica y Asociación para el siglo XXI.

Los dos mandatarios en aquel tiempo atestiguaron la firma de 12 documentos orientados a fortalecer la relación; por ejemplo, un memorándum de entendimiento para instalar una comisión binacional de alto nivel como mecanismo de diálogo para temas políticos, comerciales y de cooperación, entre otros.

Los objetivos a impulsar fueron la cooperación para combatir la delincuencia organizada y el terrorismo; otro en materia de cooperación para el combate al tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y delitos conexos; un acuerdo para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, así como un acuerdo sobre transporte aéreo que impulse vuelos directos entre Turquía y México.

A través de una declaración conjunta, las dos naciones consideraron que la actual relación económica y el volumen de comercio bilateral no corresponde al tamaño de sus mercados.

“México y Turquía iniciarán la negociación de un tratado de libre comercio (TLC) integral. Los gobiernos de ambos países coincidieron en que la conclusión y el buen funcionamiento de un TLC es esencial para alcanzar el verdadero potencial económico de la relación. En este sentido, los presidentes instruyeron la celebración de la primera reunión de negociaciones de dicho tratado durante el primer trimestre de 2014”, reza la declaración2 .

Es por lo anterior que es imperante tomar la renegociación de comercio entre México y Turquía ya que el potencial de intercambio comercial entre ambas naciones es bastante alto, pues estas se complementan en características similares que pueden potenciar su presencia en el mundo.

Así lo manifestó Melisa Tokgöz, directora de la Asociación Turca de Exportadores de Frutas y Verduras. “Si miramos a Turquía y México, tenemos muchas características en común. Ambos países tienen una alta población. Incluso somos países conservadores, creemos en la república y ambos países prefieren ser gobernados por la república. Turquía y México son como gemelos debido a que tienen muchas similitudes. Como exportadores pensamos que México es muy importante para Turquía con el fin de extender el negocio para Sudamérica y Estados Unidos, a partir del T-Mec”, comentó la directiva.

Asimismo, destacó la directora que actualmente, México tiene el segundo mercado automotriz más grande de América Latina y el décimo más grande del mundo, y la producción local de autopartes sólo puede proporcionar 25 por ciento de la demanda total. Existe un potencial de mercado similar en la industria de maquinaria, especialmente en la máquina herramienta, como en los subsectores de maquinaria comercial y de construcción y textil”, detalló la especialista3 .

Es por lo anterior que la información es que existe de esta negociación economía es poca y la Secretarías de Relaciones Exteriores y la de Economía han dado poca información al respecto, y las y los mexicanos queremos saber como va esa negociación y si ya se llego a la firma del TLC con Turquía.

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que instruya a las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores informen a la opinión publica si se negociara y en todo caso como va el tratado de libre comercio (TLC) con Turquía.

Notas

1 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social, https://www.gob.mx/agricultura/articulos/tratados-comerciales-un-punto- a-favor-de-mexico

2 Revista digital Logicom 2018 Nuevo tratado de libre comercio con Turquía, recuperado el 26 de nero de 2022 de la página web https://www.logycom.mx/blog/nuevo-tratado-de-libre-comercio-turquia
#:~:text=%E2%80%9CM%C3%A9xico%20y%20Turqu%C3%ADa%20iniciar%C3%A1n%20la,
potencial%20econ%C3%B3mico%20de%20la%20relaci%C3%B3n.

3 El Sol de México, Mario Alavez 2020, Acuerdo comercial fortalecerá economías de México y Turquía: Tokgöz, recuperado el 26 de nero de 2022 de la página Web

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/acuerdo-comercial-fortalecera-economias-de-mexico-y-turquia
-tokgoz-industria-automotriz-desarrollo-comercio-relaciones-internacionales-6047950.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2022.

Diputada Saraí Núñez Cerón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a dar una explicación sobre el impacto ambiental y la autorización en la extracción del litio de empresas extranjeras en territorio nacional, a cargo de la diputada María del Rosario Merlín García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, María del Rosario Merlín García , integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Una de las reservas de litio más grandes del mundo colocará a México sin duda alguna a la cabeza en la explotación de este valioso mineral, si bien su extracción puede tener un impacto ambiental de grandes costos, en el norte de México, específicamente en el estado de Sonora, donde la empresa Bacanora Lithium prepara un megaproyecto de 100 mil hectáreas para la producción del llamado mineral del futuro, que se pondrá en marcha en septiembre de este año y debería empezar a producir en 2022.

El llamado “oro blanco” es clave para hacer frente al cambio climático en la transición a energías renovables, pero sus impactos a la salud, la biodiversidad y el medio ambiente, pues proyectos como el de Sonora lamentablemente van a ser como un experimento, un conejillo de indias, que nos va a mostrar un poco todo lo que puede pasar con la minería.

Esta reserva estimada de más de 243 millones de toneladas de litio elemento vital para las baterías de teléfonos móviles, ordenadores portátiles y vehículos eléctricos el proyecto ubicado en la Sierra Madre Occidental supone la mina más grande del mundo, según un estudio publicado en agosto de 2019 por Mining Technology.

La extracción del litio sólo será posible durante dos décadas, antes de que se terminen las reservas, pero los impactos a futuro no tienen fecha de término, el primer impacto a considerar es la pérdida de biodiversidad en la zona donde se hará el desmonte para construir la planta, incluso se pueden llegar a perder especies que no sabíamos que tenemos y eso ya tiene un impacto ambiental directo a la biodiversidad, este impacto fragmenta el hábitat que es zona de distribución del jaguar.

En segundo lugar, se debe tomar en cuenta el estrés hídrico al que se será sometida la cuenca del río Yaqui, ya que para hacer los filtrados y la extracción de las arcillas (que están sedimentadas al litio) se va a tener que utilizar una gran cantidad de agua importante. Que desafortunadamente se está agotando.

El tercer impacto va a ser la salud ambiental porque se va a producir carbonato de litio, que se utiliza en psiquiatría para enfermedades mentales, en donde el cuerpo humano tiene alrededor de 7 miligramos de litio y a partir de 15 ya es altamente tóxico, por lo que “si existe contaminación por litio en los mantos acuíferos o en los ríos, ese litio puede llegar a las comunidades y si llega vamos a tener problemas de toxicología y salud ambiental.

Destaca el Informe técnico sobre el estudio de viabilidad para el proyecto de litio Sonora México, emitido en enero de 2018 por Bacanora Lithium, el cual indica que no se han identificado “significativos” problemas ambientales o sociales en la zona.

Pero, según este reporte, los estudios de referencia ambientales y sociales fueron realizados por la consultora Solum y con base en las normas mexicanas. La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto fue presentada en mayo y aprobada en octubre de 2017 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Es importante mencionar que el proceso de aprobación generalmente toma de 12-18 meses, pero se puede lograr en 6 meses con la documentación debidamente completada, señala el documento, donde la empresa Bacanora Lithium no ha dado ningún tipo de información acerca del posible impacto ambiental de la mina.

Cabe mencionar que los MIA son vitales para evitar el mayor daño posible en el área a explotar, y por lo menos, “un buen estudio de impacto ambiental, debería considerar todo un año de monitoreo de condiciones”.

La problemática de estas minas a gran escala es que son muy grandes y la velocidad de reacción es constante, por lo que te pueden quedar drenajes contaminados por cientos de miles de años”, en América Latina desafortunadamente existe el concepto de “impactos a perpetuidad”, que sí se contempla en Estados Unidos desde los años sesenta y contempla proyectos cuyos “impactos van a durar por milenios”.

Y al día de hoy no existe un organismo o legislación internacional que obligue a los países a considerar los impactos a perpetuidad que los desechos de las minas pueden dejar en el planeta, pues hay antecedentes que las compañías mineras no han demostrado ser muy éticas en Sonora, pues en 2014 Grupo México creó una contingencia ambiental al liberar 40 mil metros cúbicos de una solución de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora, anunciando a sus inversionistas que ya recaudó el dinero para iniciar el proyecto, y que las obras están por realizarse con la extracción de metal, llamado el oro blanco.

Por otro lado, la empresa británica de capital canadiense Bacanora Lithium anunció el inicio de la construcción de su planta de litio en Sonora, luego de que consiguió recaudar los recursos que le faltaban para financiar el proyecto extractivo que tiene en sociedad con la compañía china Ganfeng, así mismo detallo que logró una recaudación de 65 millones de dólares para sumar a las porciones no utilizadas de su línea de financiamiento y aportaciones de asociados los 450 millones de dólares que necesitaba para poner en marcha la etapa uno del proyecto, así como la contratación de una firma local especialista en servicios ecológicos para avanzar en las obras de remoción de la cubierta vegetal y la capa superior del suelo en el área donde se instalará la planta procesadora.

En ese sentido, es increíble cómo una empresa extranjera anuncia con bombo platillos el inicio de los trabajos iniciales del Proyecto de Litio de Sonora. Este hito consolida la transición de la empresa, que busca cumplir su ambición de convertirse en un productor del metal en 2023”.

Este proyecto “Sonora Litio” está ubicado en el municipio de Bacadehuachi, en la Sierra Madre Occidental de Sonora. Según Mining Technology, en ese lugar se encuentra el mayor yacimiento de litio en el mundo, con reservas estimadas en 243.8 millones de toneladas.

Hasta donde vamos a estar aguantando este tipo de invasiones a nuestro territorio nacional nuestra soberanía una vez más se ve mancillada por unos cuantos en donde este tipo de operaciónes comerciales, solo aseguran de manera importante que el único foco de Bacanora estará ahora en Sonora y que toda la energía de la compañía se dirigirá a hacer realidad la etapa 1 de Sonora.

Es necesario que el gobierno mexicano dé una explicación sería y detallada sobre la existencia del yacimiento en Sonora y en donde está en marcha este proyecto de explotación del consorcio denominado Sonora Lithium, formado por la empresa británica con capital canadiense Bacanora Lithium, con 77.5 por ciento de las acciones, y la empresa china Ganfeng Lithium, con el otro 22.5 por ciento. Ganfeng es la productora de litio más grande del mundo y la proveedora de Tesla, la empresa estadounidense de vehículos eléctricos.

El proyecto tiene 8.8 millones de toneladas de recursos equivalentes de carbonato de litio, con una vida útil aproximada de 250 años, según su Estudio de Viabilidad de diciembre de 2017.

Se trata de una mina a cielo abierto que, en la primera fase, prevé producir al menos 17 mil toneladas de litio anuales. Y en una siguiente etapa, que requeriría una nueva inversión de 350 millones de dólares, Sonora Litio prevé concretar una producción de carbonato de litio de 35 mil toneladas toneladas anuales.

Sonora Lithium es el holding operativo del proyecto y posee el 100 por ciento de la concesión La Ventana y el 70 por ciento de las concesiones de El Sauz y Fleur. Según la propuesta, al finalizar los primeros 19 años de vida útil, en los que se extraería la mayor cantidad del metal, Sonora Litio será la propietaria de la mitad de las participaciones de Bacanora y Ganfeng.

Los riesgos que tendremos es que el litio es el mineral de más interés para la era tecnológica, algunos especialistas lo llaman “el petróleo blanco del siglo XXI”, y esto se debe a que se usan para baterías, herramientas tecnológicas, aparatos móviles y autos eléctricos que están revolucionando la industria automotriz. Sin embargo, un solo vehículo eléctrico requiere lo equivalente de hasta 10 mil baterías de celulares.

En este contexto, y a través de una investigación realizada por Violeta Núñez, especialista de la Universidad Autónoma Metropolitana, advierte que la ley minera permite a las empresas extranjeras la explotación ventajosa del litio en México, entonces es necesario llevar a cabo cambios estrictos en la Ley Minera y no permitir este tipo de explotación.

Entre otras cosas, la académica sostiene que el argumento de las energías limpias “es tramposo”, porque los autos son vendidos como una opción amigable con el ambiente, aunque “poco se dice de los contextos donde se extraen estos minerales, y en particular, el litio”.

El litio se encuentra en pegmatitas, salmueras, pozos petrolíferos, campos geotérmicos, arcillas y océanos y la demanda de litio se ha vuelto más grande, pues los gobiernos de Francia, China, Taiwán y Reino Unido han establecido el fin de la venta de automóviles que utilizan combustible para el año 2040. Eso generará un aumento de la demanda de vehículos eléctricos que requieren enormes cantidades de litio.

“Se proyecta que pasemos de los 2 millones a 49 millones de vehículos para el 2030”, explicó la investigadora. “Antes fue plata, oro y cobre, donde México se colocó como uno de los países con mayores minerales, pues ahora se está colocando como uno de los siete mayores productores de litio”. Este informe detalla que el litio es la nueva disputa comercial dinamizada por el falso mercado verde”, elaborado por GeoComunes, Minning Watch Canadá y la Red Mexicana de Afectados por la Minería, que se presentó hace unos días, destaca otros dos proyectos de extracción de litio, además del de Sonora.

Uno de ellos es el de Organimax, empresa que tiene cinco concesiones en los límites de Zacatecas y San Luis Potosí por una superficie total de 22.1 mil hectáreas y que “pretende explotar 15 salares con métodos similares a los que se utilizan en Sudamérica de extracción de salmuera para extraer primero potasio (para fabricar fertilizantes orgánicos) y litio”.

Este informe explica que las empresas mineras juniors se caracterizan por tener muy poco capital, no tener fuentes de ingresos productivos, “y así depender de la especulación para generar inversiones en las bolsas de valores”. Es decir, llegan a comercializar acciones en la Bolsa de Valores de Toronto-Ventura, “bolsa criticada por tener pocos controles y mecanismos de rendiciones de cuenta contra empresas responsables de publicar reservas exageradas y, en casos más serios, de violaciones ambientales y a los derechos humanos”. La empresa tiene apenas 2.5 millones de dólares en bienes y activos, y maniobra con pérdidas operativas todos los años.

En México existen actualmente 36 proyectos mineros de capital extranjero destinados a la extracción de litio que son controlados por 10 empresas. Estos proyectos representan 97 mil hectáreas concesionadas y hay 537 mil más en trámite. De hecho, el 84 por ciento de las concesiones asociadas con la extracción del litio están en trámite.

“Examinando de cerca la información disponible sobre dichos proyectos y empresas, se observa que en su mayoría son proyectos mineros sin actividad que están controlados principalmente por pequeñas empresas canadienses al borde de la quiebra, quienes dependen del proceso de especulación para generar recursos en las bolsas de valores de Canadá.

Existen solamente tres empresas realmente activas para avanzar sus proyectos de extracción (Bacanora Lithium, Organimax y One World Lithium). Sin embargo, y a pesar de la promoción especulativa de la producción de litio en México, existen presiones geopolíticas que nos obligan a considerar el posible futuro de México dentro del mercado de litio mundial. No hay duda de que el litio de México es de gran importancia para el futuro inmediato de los EU, por lo tanto, no es casual que esto se vea reflejado en la imposición de ciertos términos en los nuevos acuerdos multilaterales firmados con este país, como es el caso del T-MEC

Derivado de lo anterior, se exhorta a la Semarnat a que informe detalladamente el motivo por el cual empresas extranjeras invadan nuestro territorio nacional en su propio beneficio, afectando para empezar el medio ambiente, así como a la flora y fauna.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Semarnat a dar una explicación sobre la autorización para que empresas extranjeras lleven a cabo la extracción de litio en nuestro territorio nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero del 2022.

Diputada María del Rosario Merlín García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la Ssa a implantar medidas para vacunar contra el Covid-19 a menores de entre 5 y 17 años ante el riesgo que Ómicron representa, a cargo de la diputada Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Saraí Núñez Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de está soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de Salud, establecer medidas urgentes para aplicar la vacunación contra el Covid-19 a menores de 5 a 17 años ante el riesgo que representa ómicron, la nueva variante del SARS-COV2, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Ante una situación como la vivida en los últimos años, la vacunación es una medida de seguridad sanitaria de “inmediata ejecución” contemplada por la legislación mexicana, a la par de otras que ya se han actualizado debido a la emergencia, tales como el aislamiento, la cuarentena, la suspensión de actividades o servicios y la emisión de mensajes que adviertan peligros a la salud.

La Ley General de Salud (LGS) es el principal ordenamiento que rige la vacunación en México. Esto es producto de la amplia reforma que sufrió en 2017, cuando se adicionó todo un capítulo para regular este tema.1 De acuerdo con el Artículo 5 de la Ley General de Salud “el Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud.2

En este tenor el Artículo 157 Bis 1.- establece lo siguiente: Toda persona residente en el territorio nacional tiene derecho a recibir de manera universal y gratuita en cualquiera de las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, del sistema nacional de Salud, las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación Universal, de conformidad con esta ley, independientemente del régimen de seguridad social o protección social al que pertenezca.

Las personas que ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o, en términos generales, sean responsables de menores o incapaces, estarán obligados a tomar todas las medidas necesarias para que éstos reciban las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación Universal.3

Es por lo antes mencionado, que es imperante implementar medidas urgentes para aplicar la vacunación contra el covid-19 a menores de 5 a 17 años ante el riesgo que representa ómicron, la nueva variante del SARS-COV2, este sector no ha sido vacunado desde que inicio la pandemia ya que organizaciones internacionales y el gobierno federal de nuestro país mencionan que este sector el de la niñez son inmunes y en los hechos es todo lo contrario, hoy en día en pleno año 2022 siguen sin vacunarlos poniéndolos en riesgo su salud y su vida .

“México es de los países con mayores muertes de menores de edad entre 15 y 17 años por Covid-19, hasta el día de hoy en nuestro país, de acuerdo con datos de la Secretaría o Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, van 595 menores de edad fallecidos por Covid-19 del 12 de abril de 2020 al 25 de julio de 2021.

“Y poco o nada se ha hecho al respecto, el Gobierno ha sido indolente con nuestras niñas y niños bajo la falsa creencia de que a ellos no les pasa nada, de hecho, es una grave irresponsabilidad haberlos mandado a clases presenciales aún sin haberlos vacunado”.

Varios países empezaron a vacunar a sus niños, luego de que algunos fabricantes de vacunas confirmaron que son seguras para los menores. En Estados Unidos, llevan meses vacunando a menores de 12 años con la vacuna Pfizer, y según datos de la Administración de Alimentos y Medicamentos la vacuna tuvo 90.7 por ciento de efectividad en la prevención del Covid-19, en el grupo etario de entre 5 a 11 años. Fizer probó su vacuna con éxito en menores a partir de los 12 años, y las dos vacunas chinas, Sinovac y Sinopharm, se aprobaron para mayores de 3 años.

Proponer que los menores de edad a reciban la vacuna está fundamentado en el artículo 4o. constitucional y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como en la Convención sobre los Derechos del Niño; asimismo existen dos precedentes judiciales concretos que ordenan que se vacune a menores de 5 a 11 años.

La vacunación a los infantes no es un tema de moda o una bandera política el objetivo de la vacunación contra la Covid-19 están orientados a: 1) prevenir la muerte; 2) evitar la hospitalización; y 3) reducir la transmisión del virus.

La vacunación es un derecho de las y los niños de este país y como madre de familia estoy preocupada por el lento proceso de aplicación de vacunas en el país y la incorporación al sector educativo de las y los niños propagando el virus entre los menores e infectando a sus familias.

Datos del Financiero Bloomberg menciona en un articulo publicado el 11 de agosto de 2021 lo siguiente:

Los casos de niñas, niños y adolescentes con SARS-CoV-2, el virus causante del Covid-19, son ya 60 mil 928, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud dados a conocer por el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

Los casos de coronavirus en menores de edad pasaron de 84 a 60 mil 928 del 12 de abril de 2020 al 8 de agosto de 2021, según un comunicado del Sipinna.

El documento detalla que hasta esa fecha se tienen registrados 169 mil 707 casos no positivos, dos mil 311 con resultado pendiente, 10 mil 400 “con resultado no adecuado” y 289 mil 232 con “no aplica”.

Asimismo, el Sipinna señala que, al 8 de agosto, se habían registrado 613 fallecimientos de niños, niñas y adolescentes que dieron positivo al SARS-CoV-2. De estas defunciones, 278 corresponden al sexo femenino y 335 al masculino.

Las entidades federativas con más defunciones son el estado de México, con 93; Baja California, con 44; Puebla y Nuevo León, con 42 cada una, y la Ciudad de México, con 41. En conjunto, en estos estados se ha registrado el 42.7 por ciento de muertes en menores.

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de Salud, implementar medidas urgentes para aplicar la vacunación contra el Covid-19 a menores de 5 a 17 años ante el riesgo que representa ómicron, la nueva variante del SARS-COV2.

Notas

1 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de vacunación en el DOF 19-06-2017. En línea: https://bit.ly/3dyk8Uv

2 Ley General de Salud Cámara de Diputados del honorable Congreso De La Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Última Reforma DOF 22-11-2021, recuperado el 18 de enero de 2022, de la pagina Web

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf

3 Loc. Cit.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2022.

Diputada Saraí Núñez Cerón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades de Puebla con relación a la Universidad de las Américas Puebla, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Las suscritas y los suscritos, Ana Teresa Aranda Orozco, Carolina Beauregard Martínez, Genoveva Huerta Villegas, Mario Gerardo Riestra Piña y Marco Humberto Aguilar Coronado, diputadas y diputados por el estado de Puebla del Grupo Parlamentario de Acción Nacional a la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracciones I, III, IV y VI, así como 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta a los tres Poderes del Estado Libre y Soberano de Puebla a abstenerse de intervenir en el ser y quehacer de la Universidad de las Américas Puebla y a proveer a la pronta restitución del estado de derecho y el acatamiento de las resoluciones del Poder Judicial federal, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

La educación, como evento social que prepara a las personas para vivir una vida mejor y más digna, a través de la reflexión en la acción y el servicio a los demás, encuentra en su nivel superior la fuente de los conocimientos, habilidades, actitudes profesionales y valores que, además de favorecer la movilidad social, facilitan un desarrollo integral del individuo y su entorno.

La educación privada , por lo demás, representa una experiencia virtuosa por medio de la cual la sociedad civil, el mercado y la academia aportan sus mejores competencias y recursos para coadyuvar subsidiariamente con el estado en su obligación de proveer del servicio a la sociedad en las mejores condiciones de accesibilidad, adaptabilidad, disponibilidad y aceptabilidad.

El estado de Puebla cuenta con una vasta oferta educativa de nivel superior, pública y privada que atrae y prepara el talento de otras entidades como Veracruz,Chiapas, Guerrero y Oaxaca, entre otras, además del que proviene de otras nacionalidades.

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), a través de la investigación, docencia y difusión es un referente educativo y social que incide en la esfera personal y familiar de sus estudiantes, académicos y resto del personal; del mismo modo, colabora con la vida cultural, económica e incluso turística de los municipios de San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y alrededores, lo que representa dinámicas edificantes para Puebla y provechosas para México.

Como es del conocimiento de la opinión pública, desde junio de 2021, en medio de una profunda crisis sanitaria y económica que ha distorsionado la experiencia educativa nacional como no se había visto, la UDLAP se encuentra paralizada y envuelta en un berenjenal judicial, policiaco y administrativo.

Lo anterior, según se ha difundido,derivado de una estrategia legal cuidadosamente diseñada para que el gobierno de la entidad opere contra el patronato de las Fundaciones Mary Street Jenkins y Universidad de las Américas Puebla, aparentemente persiguiendo hacerse de un patrimonio tasado en más de 720 millones de dólares.

Como sea, a la vez que se han designado autoridades del patronato y educativas espurias, el poder judicial y el ejecutivo locales, a través de jueces de control y la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada, órgano desconcentrado del gobierno local, han desplegado medidas y omisiones que, lo mismo exhiben una orientación para favorecer a la contraparte de las fundaciones y patronato, resultan en desacatos a resoluciones del Poder Judicial de la federación.

Después de un ríspido debate en el congreso local en que se retó a la verdad en torno del cierre del campus, quedó de manifiesto que, lejos de coadyuvar a crear escenarios de negociación y exhortos al cumplimiento de la ley, las bancadas oficialistas están dispuestas a acompañar el atropello al estado de derecho, lo que lesiona la vida pública y académica de Puebla, sus habitantes y comunidad universitaria.

Instituciones educativas como la Universidad Iberoamericana, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Anáhuac, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y la Universidad Madero, entre otras, se han unido al llamado a la reapertura de la UDLAP, pues la intervención hacia la UDLAP es un indicio de los alcances que una intervención del estado puede configurar.

Una apertura física que no va acompañada de herramientas legales y académicas sólidas no garantiza sino mayor cerrazón y ánimo invasor por parte del estado en asuntos de particulares.

Por lo expuesto sometemos, a consideración de esta soberanía, la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los tres Poderes del Estado Libre y Soberano de Puebla a abstenerse de intervenir en el ser y quehacer de la Universidad de las Américas Puebla y a proveer a la pronta restitución del estado de derecho y el acatamiento de las resoluciones del Poder Judicial federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2022.

Diputadas y diputados: Ana Teresa Aranda Orozco (rúbrica), Carolina Beauregard Martínez, Genoveva Huerta Villegas, Mario Gerardo Riestra Piña y Marco Humberto Aguilar Coronado.