Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al rector de la UNAM a proponer ante el Consejo Universitario modificaciones del EPA para reconocer definitividad a los técnicos académicos contratados por artículo 51 que cumplan los requisitos, a cargo de la diputada María Bertha Espinoza Segura, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, María Bertha Espinoza Segura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, eleva a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al rector de la UNAM, doctor Enrique Graue Wiechers, a proponer ante el Consejo Universitario la adición del artículo 20, la reforma del artículo 80 y la adición de un artículo transitorio al Estatuto del Personal Académico, con el propósito de reconocer definitividad a los técnicos académicos contratados por artículo 51 cuando cumplan el procedimiento establecido en el EPA o por tener 20 o más años de antigüedad académica al servicio de la UNAM y haber desempeñado en su dependencia de origen, con manifiesta distinción en su especialidad, el cargo de técnico académico, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. Que los técnicos académicos que alcanzan una antigüedad ininterrumpida en el puesto de 20 o más años de servicio confirman que sus labores han sido y son útiles al cumplimiento de las funciones de investigación y docencia de la Universidad;

Segundo. Que el artículo 19 del EPA establece: “Los técnicos académicos al cumplir tres años de servicio ininterrumpido en una misma categoría y nivel, sin perjuicio de participar en cualquier concurso que se convoque, tendrán derecho a que se abra un concurso de oposición para promoción, con objeto de que se resuelva si es procedente otorgarles la definitividad o promoverlos”. No obstante, en la Universidad un número importante de técnicos académicos alcanzan una antigüedad superior a 20 años de servicio y que aún se encuentran sujetos a la firma de un contrato anual de servicios. La definitividad a este grupo de académicas y académicos, sería un acto de reconocimiento a su trayectoria y de justicia académica por parte de la Universidad a que sirven.

Tercero. Que el artículo 80 del EPA consigna lo siguiente: “El Consejo Universitario, a propuesta de los consejos técnicos, podrá acordar que excepcionalmente, personas de manifiesta distinción en una especialidad, acreditada por varios años de labor y por la realización y publicación de obras, aun cuando no satisfagan alguno o algunos de los requisitos estatutarios, presenten concurso de oposición para ingreso como profesores o investigadores”.

La presente proposición con punto de acuerdo busca que el Consejo Universitario a propuesta del rector de la UNAM modifique este artículo para quedar como sigue: “El Consejo Universitario, a propuesta de los consejos técnicos, podrá acordar que excepcionalmente, personas de manifiesta distinción en una especialidad, acreditada por varios años de labor y por la realización y publicación de obras, aun cuando no satisfagan alguno o algunos de los requisitos estatutarios, presenten concurso de oposición para ingreso como profesores o investigadores. Y, en el caso de técnicos académicos, podrá reconocer definitividad en razón de los años de servicio prestados a la Universidad, que en ningún caso podrán ser menores a 20 años ininterrumpidos”.

Cuarto. Esta proposición con punto de acuerdo propone la adición de un artículo transitorio al Estatuto del Personal Académico que establezca: “Los técnicos académicos contratados por artículo 51, con una antigüedad mayor o igual a 20 años, serán reconocidos como definitivos, a más tardar el 31 de diciembre de 2022”.

Con base a los considerandos anteriores se formula la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Enrique Graue Wiechers, a proponer ante el Consejo Universitario la adición del artículo 20, la reforma del artículo 80 y la adición de un artículo transitorio al Estatuto del Personal Académico, con el propósito de reconocer definitividad a los técnicos académicos contratados por artículo 51, cuando cumplan el procedimiento establecido en el EPA o por tener 20 años o más de antigüedad académica al servicio de la UNAM y haber desempeñado en su dependencia de origen, con manifiesta distinción en su especialidad, el cargo de técnico académico.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2022.

Diputada María Bertha Espinoza Segura

Con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos y gobiernos locales a legislar e implantar programas dirigidos a regularizar la situación laboral del personal de los Cuerpos de Bomberos del país, a cargo del diputado Francisco Javier Castrellón Garza, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputado Francisco Javier Castrellón Garza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 6 y las fracciones I y V del Apartado 2 del artículo 79, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar a los Congresos y Gobiernos de las Entidades Federativas a legislar e implementar programas, para regularizar la situación laboral del personal que presta sus servicios en los Heroicos Cuerpos de Bomberos de todo el país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La heroica y comprometida labor que prestan diariamente, los cuerpos de bomberos en todo el país, en beneficio de los mexicanos, es incuestionable, por desgracia solo unos pocos gozan del equipo adecuado para atender las emergencias que les surgen, y son todavía menos quienes gozan de un sueldo y prestaciones de ley adecuadas y acordes con lo arriesgado de la profesión.

Los heroicos cuerpos de bomberos no solo están encargados de controlar y consumir los incendios que se presenten en los hogares, fábricas o edificios, ésta es solo una de las innumerables funciones y emergencias que atienden cotidianamente; además están a cargo, en materia de prevención, de asesorar, informar y capacitar a la comunidad sobre la seguridad y prevención en materia de incendios y uso de sustancias tóxicas o peligrosas; igualmente, están encargados de llevan a cabo inspecciones de rutina para verificar en las instalaciones industriales, edificios, centros comerciales, auditorios, estadios, etcétera; que existan vías de evacuación adecuadas, detectores de humo, extinguidores, bombas y cisternas para combatir incendios y demás equipo reglamentario para hacer frente a cualquier emergencia.

Algunas otras funciones que desempeñan son: la atención de incendios forestales, el control de fugas de gas o sustancias tóxicas, derrames de químicos, accidentes de carretera y ferrocarril, inundaciones, terremotos, huracanes y cualquier otra emergencia que amerite su pronta intervención; es importante señalar, que todas estas acciones implican un alto riesgo y nivel de profesionalización en el desempeño de su trabajo.

Como ya se dijo, se trata de una profesión altamente especializada que no solo requiere de una permanente capacitación e instrucción, también requieren de contar con el equipo adecuado para su labor, por lo que dedican gran parte de su tiempo a dar mantenimiento preventivo al mismo. No es opción atender una emergencia con una bomba de agua, un tanque de oxígeno o una manguera dañada.

Debido a lo anterior, nuestros bomberos se encuentran todo el tiempo ocupados, ya sea atendiendo una emergencia, capacitándose o dándole mantenimiento a sus equipos. Se trata pues de una profesión de tiempo completo.

Por desgracia, son contados los Heroicos Cuerpos de Bomberos de nuestro país, que pueden contar con instalaciones, equipo y prestaciones laborales de ley para sus integrantes, existen infinidad de cuerpos de bomberos que operan con equipos de segunda mano, trajes dañados, sin tanques de oxígeno, con camiones y bombas en mal estado, y con personal que no tiene, en muchos de los casos, un sueldo por el desempeño de su labor. La operación de estos cuerpos de bomberos en tan precarias condiciones, solo es posible gracias a la valentía y espíritu de servicio de sus integrantes.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México por su importancia es uno de los cuerpos de bomberos que puede presumir adecuadas condiciones laborales para sus integrantes, incluso cuentan con su propio sindicato que se encarga de negociar anualmente su contrato colectivo de trabajo; lo cual, les asegura mejores condiciones de trabajo para sus integrantes y seguridad para sus familias, aunado a un mejor servicio en beneficio de los capitalinos.

El camino para la consolidación de un cuerpo de bomberos, que desde la época de la colonia ha venido atendiendo las emergencias de la principal ciudad del país, ha sido muy largo y penoso. Fue hasta el 20 de marzo de 1871, que se publico en el Diario Oficial, las normas para la formación de una Compañía de Bomberos profesional para la ciudad de México; sin embargo, todo quedó en un decreto que no tuvo aplicación.

Dos años después de la iniciativa para crear el cuerpo de bomberos de la ciudad de México, en 1873, el puerto de Veracruz, formó oficialmente el primer Cuerpo de Bomberos para atender a aquella ciudad, considerado oficialmente, el primer cuerpo de bomberos de nuestro país.

Fue hasta el 20 de diciembre de 1887, que se fundó el Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal. Su fundación fue solo el inicio de otra larga lucha para conseguir su consolidación e independencia administrativa, como se documenta en la página web de tan digna institución.

En 1983, el Departamento del Distrito Federal delega a la Secretaría de Protección y Vialidad la prevención de siniestros y catástrofes, a través de la Dirección de Siniestros y Rescate, estructura dónde queda ubicado el Heroico Cuerpo de Bomberos como un agrupamiento policiaco.

Después de más de 15 años, de obstáculos y decisiones burocráticas que restaron eficacia y eficiencia al Heroico Cuerpo de Bomberos y después de más de 100 de supeditación a estructuras policíacas que difieren enormemente de las funciones de un cuerpo de bomberos, la corporación con un espíritu histórico e institucional alcanza su madurez como un servicio público urbano de alta especialización.

La Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, elabora la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal y finalmente el 24 de diciembre de 1998, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal publica en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, decreto que entra en vigor el 24 de marzo de 1999; así mismo es creado por la Dirección General del Heroico Cuerpo de Bomberos, el Reglamento del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 13 de Abril del 2000 entrando en vigor el día 14 del mismo, con lo que se inicia una nueva etapa para el Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal y para la ciudad a la que se debe.

Con un marco jurídico que le permite actuar profesionalmente como un órgano descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, el reto para la corporación es mejorar sus servicios en los albores del siglo XXI y después de 111 años de existencia.

Hoy los sueldos y las condiciones y prestaciones laborales en las que opera el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, son el anhelo de la mayoría del resto de los cuerpos de bomberos que operan a lo largo y ancho de nuestro país.

En este sentido, es necesario que los congresos locales y gobiernos del resto de las entidades federativas, trabajen en crear los ordenamientos legales y administrativos para allegar a estas nobles y heroicas instituciones, de los recursos necesarios para regularizar la situación laboral de los miles de bomberos mexicanos que prestan sus servicios en las más precarias condiciones laborales, es decir, sin sueldos adecuados, sin seguro de vida para protección de sus familias, sin capacitación, sin equipo adecuado, sin representación sindical ni un contrato colectivo e individual de trabajo; es sumamente penoso que en el siglo XXI, sigan operando en México cuerpos de bomberos en tan paupérrimas condiciones de trabajo, la mayoría de forma voluntaria.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . - La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a los Congresos y Gobiernos de las Entidades Federativas a legislar e implementar programas, para regularizar la situación laboral del personal que presta sus servicios en los Heroicos Cuerpos de Bomberos de todo el país.

Referencias:

https://www.bomberos.cdmx.gob.mx/historia/heroico-cuerpo -de-bomberos

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero del 2022.

Diputado Francisco Javier Castrellón Garza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a efecto de exhortar a la SICT a analizar los títulos de concesión otorgados para instalar casetas telefónicas en la vía pública y autorizar el retiro inmediato de las que han perdido su finalidad, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Marcela Guerra Castillo , diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del gobierno federal para que analice los títulos de concesión otorgados para la instalación de casetas telefónicas en la vía pública y autorice el retiro inmediato de aquellas que han perdido el fin para el que fueron instaladas, así como, para que se abstenga de prorrogar u otorgar nuevas concesiones para tales efectos y por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que realice las acciones que estime necesarias para el retiro de dichas casetas, por constituir aparatos inservibles y obsoletos , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En la década de los años 60, se introdujo a nuestro país la instalación de grandes y ostentosas cabinas telefónicas en las calles de las principales ciudades de México. Pocos años después, fueron sustituidas por otras menos vistosas que son el antecedente de las que conocemos en la actualidad. Así las cosas, hace poco más de 50 años, en 1967, ya se habían instalado un millón de aparatos distribuidos por todas las colonias de la ahora Ciudad de México.1

Retomando un poco de historia, observamos que, el 19 de agosto de 1958, se anunció en el país que la compañía telefónica Ericsson, que había operado en México por más de 50 años, cesaría sus funciones. Teléfonos de México regresó a manos de capital mexicano y con mucha motivación, se apostó por el desarrollo tecnológico y de comunicaciones. Tanto así que para 1962, la American Telephone and Telegraph Co (ATT) dijo que “México ocupaba el séptimo lugar de importancia en cuanto a desarrollo tecnológico y el primero en todo el continente americano”.2

Es así como, el teléfono se adentró en la vida cotidiana de las y los mexicanos, luc cual, además de ser significativo para sus habitantes, también constituyó un cambio relevante al paisaje de las ciudades. Tan es así, que el diseño de éstas cabinas fue cambiando a través del tiempo, uniendo diferentes estilos y materiales como fueron lámina, vidrio, acrílicos y múltiples tipos y colores de plásticos.

Posteriormente, ya en la década de los ochenta, una vez ocurrido el terremoto de 1985, los teléfonos públicos pasaron a ser gratuitos para que las familias pudieran estar comunicadas. Así, el uso de estos teléfonos, se volvió habitual para realizar llamadas personales por familias que no tenían la posibilidad de tener un teléfono fijo en casa.

Ahora bien, en la actualidad las casetas telefónicas han quedado únicamente para fines anecdóticos, los teléfonos de hoy en día son todo en uno: teléfono, cámara, computadora, tableta, reproductor de video, de audio, etc. por lo que, el uso de las casetas es totalmente obsoleto.

Al respecto, es necesario hacer notar que las condiciones actuales de las casetas son deplorables, ya que en su mayoría están rotas, inservibles, rayadas, llenas de basura, o bien, sólo sirven para fines publicitarios, tanto de las propias empresas de telefonía como para colocar volantes de ventas, créditos, promoción de algún negocio o incluso para las campañas electorales actuales.

Ante ello, existe una demanda social contundente para que las casetas telefónicas sean retiradas por completo, ya que se trata de aparatos obsoletos, estorbosos y que dan un pésimo aspecto a las ciudades, incluso, existen alguna de ellas que por su ubicación, sirven para que ladrones las utilicen como escalón para ingresar a robar a casas y negocios desde los techos.

Sin embargo, pese al notorio desuso y problemas que causan las casetas telefónicas, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en cinco años sólo desaparecieron 21 por ciento de estas cabinas, de las 25,048 que existían en 2015 a las 19,682 registradas en 2020. Destacándose que, de este mercado, Telmex tiene el 72 por ciento; ACE Telcom con el 12.9 por ciento; Logística Industrial el 7.6 por ciento, Maxcom con 0.5 por ciento y Megacable con 0.2 por ciento.3

La Ciudad de México es la entidad que cuenta con el mayor número de casetas de telefonía pública, con un promedio de 17 por cada mil habitantes, lejos de las cuatro líneas por cada mil habitantes que en promedio tiene el Estado de México, sin embargo, ninguna entidad federativa se salva de este problema.

Ahora bien, me permito hacer referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que fueron enmarcados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, particularmente porque la suscrita fui nombrada como Coordinadora del Grupo de Trabajo para la Implementación de la Agenda 2030 en la Cámara de Diputados; objetivos que constituyen acuerdos interdependientes y progresivos adoptados como un compromiso en común por la Asamblea General de las Naciones Unidas, los cuales buscan el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar el general del planeta y de todos sus habitantes.

En esa virtud, la presente proposición con punto de acuerdo busca la atención de los objetivos siguientes: 3 “Salud y Bienestar”, 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles”, 12 “Producción y Consumos Responsables”, 13 “Acción por el Clima” y 15 “Vida de Ecosistemas Terrestres”, puesto que prevé beneficios como la disminución de la contaminación terrestre, al evitar conglomeraciones de desechos en las casetas, buscar el aprovechamiento de los espacios para mejorar las calles con postes de luz, jardines o árboles, etc.; buscar la reutilización de los materiales con los que fueron realizadas las casetas; además de prevenir la comisión de delitos y, en consecuencia, incrementar la seguridad de las personas que transitan por las calles.

Pese a lo anterior, es de señalarse que el retiro de estas casetas, según los títulos de concesión otorgados, no puede realizarse de manera unilateral por parte de las empresas de telecomunicaciones, ya que estas empresas se encuentran obligadas a mantener la operación, hasta en tanto la ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes autorice el retiro de las casetas, bajo la supervisión del IFT.

En esa virtud, la suscrita realiza el presente exhorto a fin de que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes analice los títulos de concesión otorgados y autorice el retiro inmediato de aquellas casetas telefónicas que han perdido el fin para el que fueron instaladas, así como, para que no otorgue nuevas concesiones para tales efectos. Además, debemos hacer lo propio para que la IFT, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales del país, realice las acciones que estime necesarias para el retiro de las multicitadas casetas telefónicas públicas.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, elevo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del gobierno federal para que analice los títulos de concesión otorgados para la instalación de casetas telefónicas en la vía pública y autorice el retiro inmediato de aquellas que han perdido el fin para el que fueron instaladas, así como, para que se abstenga de prorrogar u otorgar nuevas concesiones para tales efectos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales del país, realice las acciones que estime necesarias para el retiro de casetas telefónicas públicas que constituyan aparatos inservibles y obsoletos para los fines que fueron instaladas.

Notas

1 “En 1960 se instaló la primera caseta de teléfonos públicos” Mejía Guerrero, Angelina, El Universal, Ciudad de México, 8 de enero de 2008 ubicable en la siguiente liga electrónica: https://archivo.eluniversal.com.mx/notas/472836.html Consultada el 17 de enero de 2022.

2 “El tiempo repentino. Crónicas de la ciudad de México en el siglo XIX”, De Mauleón, Héctor, ISBN: 968-771-145-0, Ediciones Cal y Arena.

3 ¿Desaparecerán las cabinas telefónicas?, Gutiérrez Ana Luisa, Expansión, 16 de noviembre de 2021, ubicable en la siguiente liga electrónica: https://expansion.mx/empresas/2021/11/16/desapareceran-las-cabinas-tele fonicas Consultada el 17 de enero de 2022.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2022.

Diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar SFP a investigar posibles conflictos de interés y actos de corrupción cometidos por José Ramón López Beltrán, Carolyn Adams y la empresa petrolera Baker Hughes, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. La organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicó una investigación en la que José Ramón López Beltrán, hijo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y su esposa Carolyn Adams habitaron una lujosa mansión en el condado de Conroe, Texas cuyo valor se calcula es superior al millón de dólares. La vivienda cuenta con un terreno de 2,500 cuadrados, sala de cine, bar, una lujosa alberca de 23 metros de largo, y está ubicada en el exclusivo fraccionamiento Jacobs Reserve.1

Este inmueble fue propiedad de Keith Schilling, uno de los más altos directivos de la empresa Baker Hughes, una de las compañías petroleras más grandes de Estados Unidos y de todo el mundo, y que además tiene contratos vigentes con PEMEX por más de 151 millones de dólares.2

Mientras Schilling fue director comercial de la empresa Baker Hughes de julio de 2017 a noviembre de 2018, obtuvo contratos por 66 millones de dólares con PEMEX. Posteriormente, Schilling fue ascendido como uno de los presidentes de la compañía petrolera hasta diciembre de 2019. El 5 de agosto de dicho año, en Villahermosa, Tabasco, también PEMEX le asignó a Baker Hughes un contrato por 85 millones de dólares con vigencia hasta diciembre de 2022.3

En la investigación anteriormente citada, se refiere también que la esposa de López Beltrán, Carolyn Adams, posee a su nombre una Mercedes Benz GLE-Class la cual fue adquirida a un precio de 68,675 dólares, lo que equivale a poco más de 1.4 millones de pesos.4

El hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, en el ámbito laboral se ha desempeñado en múltiples cargos partidistas dentro del partido político MORENA, y hace más de catorce años, dentro de la entonces Procuraduría del Distrito Federal, cuando su padre fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Actualmente dirige la empresa de Chocolates Rocío, la cual ha sido acusada de ser beneficiada por el programa del Gobierno Federal, Sembrando Vida.5

La lujosa vida de López Beltrán no sólo resulta altamente cuestionable en términos de posibles actos de corrupción y conflictos de interés, sino que también, resulta tremendamente incongruente con el discurso de austeridad que pregona el propio Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha referido en múltiples ocasiones la importancia de la austeridad republicana en la vida pública y privada. López Obrador incluso ha llegado a cuestionar el uso de lujos en la vida cotidiana, como para él lo representan más de un par de zapatos. En mayo de 2020 el propio titular del Ejecutivo Federal refirió lo siguiente:

“No al lujo, que lo que tengamos se use para lo indispensable, para lo básico. Si ya tenemos zapatos, ¿para qué más? (...) Si se puede tener un vehículo modesto para el traslado, ¿por qué el lujo?”6

II . En el sexenio 2012-2018, la periodista Carmen Aristegui, expuso en una investigación especial que el entonces Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, poseía una casa en Las Lomas, con un valor superior a los 7 millones de dólares y que era propiedad de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una empresa que a su vez pertenecía a Grupo Higa, una de las empresas ganadoras múltiples licitaciones cuando Enrique Peña Nieto fue gobernador del Estado de México y además ganadora de la licitación para construir el tren de alta velocidad México-Querétaro.7

Tras darse a conocer el escándalo de la llamada Casa Blanca, Angélica Rivera, entonces primera dama, refirió que “no tiene nada que esconder” y que ha trabajado toda su vida lo que le ha permitido “construir un patrimonio con total honestidad”.8 Después de la controversia, los resultados de la licitación del tren México-Querétaro fueron revocados.

El reportaje de Mexicanos contra la Corrupción e impunidad de la casa a nombre de la empresa petrolera Baker Hughes, la asignación de contratos por más de 151 millones de dólares y que en ella habite José Ramón López Beltrán así como su familia, recuerda el conflicto de interés que existió entre la “Casa Blanca” y la contratación de empresas del Grupo Higa dentro de licitaciones públicas.

III . La respuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador a la información derivada de la investigación referida, fue la que cotidianamente obtienen las y los mexicanos: el ataque al medio periodístico de que se trate.

Efectivamente, en su conferencia matutina del 31 de enero de 2021, al referirse a esta información dada a conocer como parte de una investigación no sólo de un medio periodístico, sino también de una de las asociaciones civiles con más datos de corrupción revelados, únicamente el mandatario señaló que en su gobierno no tienen influencia sus hijos; que no se le da contrato a ningún recomendado -afirmación que mediante múltiples investigaciones de esta naturaleza se ha demostrado que es falsa-, y que en el asunto del matrimonio de uno de sus hijos no se metería, pues al parecer la esposa de José Ramón López Beltrán tiene dinero, pero que supuestamente no tiene nada que ver con el gobierno, ni un contrato ni una recomendación.

Al pronunciarse sobre esta información, el Presidente, en tono de mofa y entre risas, señaló que “Carmen Aristegui lo comparaba con la casa blanca”.

También, lejos de centrarse en la veracidad de la información, nuevamente dedicó su discurso a descalificar a los periodistas que dieron a conocer la información. Al respecto señaló:

“Pero este señor Loret de Mola es un mercenario, hizo un escándalo porque cree que somos iguales... Él estaba y sigue estando al servicio de la mafia del poder y fue capaz de participar en un montaje de televisión de una señora francesa. Era muy amigo de García Luna, desde luego de Calderón. Son de ese equipo. Fue capaz de inventar, cuando el terremoto, lo de la niña Frida Sofía, ¡imagínense eso! Él inventó en contubernio con malos funcionarios que ni siquiera les llamo servidores públicos de la Secretaría de Marina.”

“Cuando trabajaba en Televisa y era una potencia. Tenían casi de rodillas a todos los servidores públicos. Entonces se quedó con eso, más Brozo que hasta me llama la atención porque no era así cuando lo conocí. Además, es una gente preparada, más inteligente que Loret de Mola. Loret de Mola ya lo dije es un golpeador, un mercenario, sin ideales, sin principios... ¿Pero Brozo? Tenía preparación. Me acuerdo que cuando estaba en Televisa tuvo la gentileza de mandarme avisar un día antes cuando iban a dar a conocer lo del maestro Bejarano con Ahumada...”9

Esto viene a reiterar la descalificación de los medios de información que ha venido realizando durante su gestión, cuando se difunden temas incómodos o sensibles para la presente administración, que lejos de abonar al derecho a la información de las y los mexicanos, así como la libertad de prensa, viene a incentivar ese ambiente de polarización y repudio hacia los medios de comunicación.

Lamentablemente, esta descalificación se da en el marco de uno de los momentos más violentos contra la prensa y la libertad de expresión. Esto es así, en razón de que la primera mitad de la Administración de Andrés Manuel López Obrador fue la más cruenta contra la prensa de los últimos cuatro Gobiernos.

Así lo ha revelado una investigación de la Asociación Artículo 19, en la que se detalla que tan sólo en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, 28 personas periodistas han sido asesinadas.10

En tanto, el Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) ha registrado 13 periodistas asesinados entre 2019 y 2021. Si bien la cifra es menor a la registrada por Artículo 19, esto se debe a que en los registrados por el CPJ se ha confirmado que el crimen fue resultado de su labor periodística, pero la gravedad se hace énfasis en la gravedad de la presente administración, pues en esa misma medida, en todo el sexenio de Peña Nieto el CPJ documentó 18 homicidios de periodistas, con Calderón registró 15 y con Fox 7.11

Es decir, la presente administración federal es el peor escenario para que un funcionario de tan alto rango lleve a cabo una continua estrategia de descalificación y polarización contra los medios de comunicación y las y los periodistas. En el contexto de violencia hacia las personas que ejercen el periodismo en que nos encontramos, estas afirmaciones son insostenibles.

IV. En cuanto al marco legal, la Ley General de Responsabilidades Administrativas reconoce la posibilidad de que los particulares puedan cometer faltas administrativas graves. El artículo 66 de dicho ordenamiento refiere que incurre en soborno, el particular que entregue cualquier beneficio indebido directamente o a través de terceros a los servidores públicos a fin de que realicen o se abstengan de realizar un acto relacionado con sus funciones o bien abusen de su influencia para que un tercero obtenga un beneficio. A la letra dicho artículo refiere lo siguiente:

“Artículo 66. Incurrirá en soborno el particular que prometa, ofrezca o entregue cualquier beneficio indebido a que se refiere el artículo 52 de esta Ley a uno o varios Servidores Públicos, directamente o a través de terceros, a cambio de que dichos Servidores Públicos realicen o se abstengan de realizar un acto relacionado con sus funciones o con las de otro servidor público, o bien, abusen de su influencia real o supuesta, con el propósito de obtener o mantener, para sí mismo o para un tercero, un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación o recepción del beneficio o del resultado obtenido.” 12

Por su parte, el artículo 68 también de la Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla al tráfico de influencias como una falta administrativa grave dado que un particular utiliza su influencia, poder económico o político sobre algún servidor público a fin de que se obtenga para sí o para un tercer algún beneficio o ventaja.

“Artículo 68. Incurrirá en tráfico de influencias para inducir a la autoridad el particular que use su influencia, poder económico o político, real o ficticio, sobre cualquier servidor público, con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio o ventaja, o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público, con independencia de la aceptación del servidor o de los Servidores Públicos o del resultado obtenido.”13

De igual manera, el artículo 70 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas refiere que la colusión existe cuando, en una contratación pública, se impulsen acciones que impliquen tener un beneficio o ventaja indebida. Textualmente dicho artículo refiere lo siguiente:

“Artículo 70 . Incurrirá en colusión el particular que ejecute con uno o más sujetos particulares, en materia de contrataciones públicas, acciones que impliquen o tengan por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebidos en las contrataciones públicas de carácter federal, local o municipal.

También se considerará colusión cuando los particulares acuerden o celebren contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre competidores, cuyo objeto o efecto sea obtener un beneficio indebido u ocasionar un daño a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos.

Cuando la infracción se hubiere realizado a través de algún intermediario con el propósito de que el particular obtenga algún beneficio o ventaja en la contratación pública de que se trate, ambos serán sancionados en términos de esta Ley.

Las faltas referidas en el presente artículo resultarán aplicables respecto de transacciones comerciales internacionales. En estos supuestos la Secretaría de la Función Pública será la autoridad competente para realizar las investigaciones que correspondan y podrá solicitar a las autoridades competentes la opinión técnica referida en el párrafo anterior, así como a un estado extranjero la información que requiera para la investigación y substanciación de los procedimientos a que se refiere esta Ley, en los términos previstos en los instrumentos internacionales de los que ambos estados sean parte y demás ordenamientos aplicables.

Para efectos de este artículo se entienden como transacciones comerciales internacionales, los actos y procedimientos relacionados con la contratación, ejecución y cumplimiento de contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios de cualquier naturaleza, obra pública y servicios relacionados con la misma; los actos y procedimientos relativos al otorgamiento y prórroga de permisos o concesiones, así como cualquier otra autorización o trámite relacionados con dichas transacciones, que lleve a cabo cualquier organismo u organización públicos de un estado extranjero o que involucre la participación de un servidor público extranjero y en cuyo desarrollo participen, de manera directa o indirecta, personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.”14

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar el posible conflicto de interés, así como los posibles actos de corrupción cometidos por José Ramón López Beltrán, Carolyn Adams y la empresa Baker Hughes a la cual le fueron asignados contratos por 151 millones de dólares por parte de la empresa productiva del Estado Petróleos Mexicanos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a que en el contexto de inminente violencia hacia las personas periodistas, garantice el derecho humano a la libertad de prensa y de expresión a quienes cubren la nota de posibles conflictos de interés o de posibles actos de corrupción.

Notas

1 Ayala, Olmos y Gutiérrez. (2022). Así vive en Houston el hijo mayor de AMLO. Mexicanos contra la corrupción. Recuperado de: <https://contralacorrupcion.mx/asi-vive-en-houston-el-hijo-mayor-de- amlo/>

2 ídem.

3 ídem.

4 ídem.

5 Carrillo, E. (2021). AMLO niega que empresa de sus hijos se beneficie de Sembrando Vida. Forbes México. Recuperado de: <https://www.forbes.com.mx/politica-amlo-niega-que-finca-de-chocolat es-rocio-se-beneficie-de-sembrando-vida/>

6 Ayala, Olmos y Gutiérrez. (2022). Así vive en Houston el hijo mayor de AMLO. Mexicanos contra la corrupción. Recuperado de: <https://contralacorrupcion.mx/asi-vive-en-houston-el-hijo-mayor-de- amlo/>

7 Redacción Aristegui Noticias. (2014). La casa blanca de Enrique Peña Nieto (investigación especial). Aristegui Noticias. Recuperado de: <https://aristeguinoticias.com/0911/mexico/la-casa-blanca-de-enrique -pena-nieto/>

8 Expansión. (2014). Angélica Rivera habla sobre la “Casa Blanca”. Expansión. Recuperado de:

<https://www.youtube.com/watch?v=_vb90kgyHcg>

9 Redacción Aristegui Noticias. (2022). “Al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno”: AMLO sobre la casa en Houston. Aristegui Noticias. Recuperado de: <https://aristeguinoticias.com/3101/mexico/al-parecer-la-senora-tien e-dinero-pero-no-tiene-nada-que-ver-con-el-gobierno-amlo-sobre-la-casa- en-houston-enterate/>

10 Artículo 19. (2022). Periodistas asesinadas/os en México, en relación con su labor informativa. Artículo 19. Recuperado de: < https://articulo19.org/periodistasasesinados/>

11 Martínez, C. (2022). Sufren periodistas asesinados récord. Reforma. Recuperado de: <https://www.reforma.com/sufren-periodistas-asesinados-record/ar2340 437>

12 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2016). Ley General de Responsabilidades Administrativas. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Recuperado de: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf>

13 Ídem.

14 Ídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2022.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob, la Secretaría de Cultura, el INPI y el Inali a realizar un parlamento abierto y de consulta a los pueblos indígenas que dé certeza al procedimiento y garantice su participación en el diseño de la iniciativa, a cargo de la diputada Fabiola Rafael Dircio, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Fabiola Rafael Dircio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente

Consideraciones

Que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) fue creado en 2005, luego del reconocimiento de la composición pluricultural de la nación, sustentada en sus pueblos originarios, se le han concedido los siguientes objetivos:

1. Promover el fortalecimiento, la preservación y el desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional;

2. Promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo del conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la nación; y

3. Asesorar a los tres órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias en la materia.

Que el Inali contribuye a la consolidación de una sociedad equitativa, incluyente, plural y favorecedora del diálogo intercultural, a través de la asesoría proporcionada a los tres órdenes de gobierno para articular políticas públicas en materia de lenguas indígenas nacionales, con las que se promueven el multilingüismo, el ejercicio pleno de los derechos lingüísticos, el desarrollo de las lenguas indígenas nacionales y el fomento a su uso en todos los ámbitos de la vida social, económica, laboral, política, cultural y religiosa, principalmente en aquellos en que participan los pueblos indígenas; favorece el conocimiento y disfrute de la riqueza lingüística reconociendo la diversidad cultural a través del trabajo coordinado con las comunidades indígenas, con distintas instancias gubernamentales y con la iniciativa privada.1

Que el Inali tiene entre sus propósitos que la sociedad mexicana reconozca y valore los diferentes sistemas de pensamiento que hay en México, expresados en las 68 lenguas originarias que tenemos en territorio nacional.

Que, a través de una propuesta del ejecutivo, que tiene como tarea la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, se propone “transferir” las funciones del Inali al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

La propuesta en comento requiere de reformar las leyes de General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, la Ley General de Educación, la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

La propuesta del ejecutivo señala:

El propósito es fortalecer las instancias administrativas que fueron creadas en atención de los pueblos y comunidades indígenas, los cuales han vivido desde hace siglos la opresión, saqueo y discriminación; el gobierno orientará la correcta ejecución de las políticas públicas gubernamentales para lograr la redirección del gasto público.2

En anterior a lo señalado el Ejecutivo estima; proponer llevar a cabo una reordenación orgánica de las instituciones que ejercen competencia en la materia de modo tal que se ejerza el presupuesto federal de manera responsable, eficiente y eficaz, con base en el principio de austeridad republicana.3

Algunas voces se han manifestado en contra al señalar que la propuesta pone en riesgo la atención lingüística en la que se fundamenta la diversidad étnica y lingüística de nuestro país que es la tarea del Inali.

Algunas otras organizaciones han expresado que, de concretarse la propuesta, las lenguas de los pueblos originarios no podrían fortalecerse ni impulsarse como parte de una educación bilingüe a todos los niveles escolares, además de que no se podrían rescatar aquellas en riesgo de extinguirse.4

El propio titular del Inali se ha posicionado con reservas:

Se perdería un espacio muy importante desde la academia para ir avanzando en la construcción de un Estado pluricultural que establece el artículo 2o. de la Constitución.5

La organización de Escritores en Lenguas Indígenas, AC, que reúne a autores de lenguas originarias de 14 estados de la república, se expresó contra la propuesta del Ejecutivo, pues se considera un claro desconocimiento de la cultura de la lengua indígena.

La Coordinación Mundial de Creadores en Lenguas Originarias también se sumó a la negativa del ejecutivo, así mismo externó que la fusión sería una contradicción en el discurso presidencial de saldar la deuda histórica del gobierno con las naciones originarias.

La propuesta se realiza en vísperas de que, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el período comprendido entre 2022 y 2032 como el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas del Mundo, con el fin de llamar la atención del mundo sobre la difícil situación de muchas lenguas indígenas y movilizar a las partes interesadas y los recursos para su preservación, revitalización y promoción.6

El organismo dio a conocer que el objetivo del Decenio Internacional es, garantizar el derecho de los pueblos indígenas a preservar, revitalizar y promover sus lenguas, e integrar los aspectos de la diversidad lingüística y el multilingüismo en los esfuerzos de desarrollo sostenible.

A fin de garantizar el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, se debe solicitar y recibir las opiniones, propuestas y planteamientos sobre los criterios que habrán de dar contenido a la Iniciativa de reforma de transferir las atribuciones del Inali al INPI.

Con lo anterior se certifica la participación de los pueblos originarios en lo que compete a la conciencia de su identidad indígena que deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Así como al reconocimiento y garantizar el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación.

Por lo señalado, la suscrita presenta los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a realizar en el ámbito de competencias un parlamento abierto y de consulta a los pueblos indígenas que dé certeza al procedimiento y garantice su participación en la realización de la iniciativa con proyecto de decreto que propone trasladar las funciones del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a garantizar en el ámbito de sus alcances la disposición constitucional de preservar y enriquecer las lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan la cultura e identidad de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Notas

1 https://www.inali.gob.mx/

2 www.jornada.com.mx/

3 Ídem.

4 https://www.jornada.com.mx/

5 https://www.laprensademonclova.com/

6 https://es.unesco.org/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2022.

Diputada Fabiola Rafael Dircio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a autoridades de Puebla a realizar acciones tendentes a la conciliación entre las partes del conflicto político en Coyomeapan y logar condiciones de unidad y cohesión social que faciliten la gobernabilidad democrática, a cargo del diputado Armando Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Armando Contreras Castillo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo por los que la Cámara de Diputados exhorta al gobierno de Puebla a realizar acciones a fin de que se logre la conciliación entre las partes del conflicto político en Coyomeapan y puedan darse las condiciones de unidad y cohesión social que faciliten la gobernabilidad democrática; al Tribunal Electoral del Estado, a reponer el proceso electoral para elegir a un gobierno municipal indígena atendiendo a la libre determinación del pueblo indígena de Coyomeapan, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, a realizar en el ámbito de sus atribuciones las investigaciones correspondientes por posibles violaciones de los derechos humanos de las personas acusadas por los hechos acontecidos en Santa María Coyomeapan en septiembre de 2021; y a la Fiscalía General del Estado, a retirar los cargos contra las personas privadas de la libertad y brindar garantías que permitan esclarecer lo acontecido en Coyomeapan, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Los diputados federales de Morena y de la coalición Juntos Haremos Historia sabemos que nuestro movimiento se fundó en la necesidad de acabar con aquellas prácticas del gobierno hegemónico del PRIAN, donde el nepotismo era el pan de cada día, y las arbitrariedades en los procesos electorales eran parte del “sistema democrático y electoral” entonces instaurado.

Quienes hemos recorrido los municipios de nuestros distritos y nuestras circunscripciones, conocemos las quejas de la ciudadanía, conocemos sus necesidades, y hemos sido testigos innumerables veces, del hartazgo de la gente respecto a las prácticas de “cacicazgo político” que mayormente se da en comunidades rurales, donde los que en algún momento detentaron el poder gracias a las filas del PRIAN, ahora lo defienden con gran recelo, tienen miedo a perder sus lugares de poder, lugares que ocupan sus esposos, esposas, hermanos, tíos, primos, sobrinos, etcétera.

En el Grupo Parlamentario de Morena somos conocedores de las diversas irregularidades que han enfrentado los procesos electorales a nivel local en los diferentes municipios, donde se ha violentado tajantemente el estado de derecho, y se ha hecho a un lado la voluntad de la militancia, por poner “a los de siempre”, a aquellos que, por haber tenido algún puesto de poder, siguen sobajando a la población y con artimañas han conseguido volver a posicionarse en el poder.

Segunda. Puebla, y muy específicamente Santa María Coyomeapan, no han sido la excepción, debido a los recientes conflictos derivados de las irregularidades en los últimos procesos electorales, donde incluso en julio de 2018 perdió la vida el joven Habath Sánchez Saval, quien en ese momento fungía como “representante de casilla” de nuestro movimiento.

Este municipio es uno de los 217 de Puebla. Se encuentra catalogado por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas como municipio indígena. Su tipología lo posiciona como una zona en la cual se encuentra asentado 70 por ciento o más de población indígena del total de su población náhuatl (en su mayoría) y mazateca.

Forma parte además de uno de los mil 565 municipios rurales que deben recibir atención prioritaria del gobierno federal, de acuerdo con la declaratoria de zonas de atención prioritaria 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2020, pues en él se concentra un alto grado de marginación, rezago y pobreza entre su población.

En el presente año se llevaron a cabo elecciones para el cambio de su ayuntamiento, correspondiente al periodo 2021-2024, en las cuales se vislumbró un conflicto político que al día de la fecha no ha tenido una solución, originado por lo que los pobladores llaman cacicazgo político, ya que entre familia la Celestino han mantenido el poder en el gobierno municipal; iniciando con David Celestino Rosas (2011-2014), Araceli Celestino Rosas (2014-2018), David Celestino Rosas (2017-2021) y Rodolfo García López (esposo de Araceli Celestino Rosas, 2021-2024).

En Morena siempre hemos peleado para que las prácticas de la vieja política que tanto daño le ha hecho a México desaparezcan, esos cacicazgos políticos donde el poder sólo rota entre una misma familia, tal como ahora sucede en aquella cabecera municipal, donde el expresidente municipal David Celestino Rosas ha ido colocando a su familia en puestos clave en la administración municipal, y que ahora han dado la espalda a la ciudadanía.

El domingo 6 de junio de 2021, fecha en que se llevó a cabo la elección del presidente municipal, un grupo de pobladores mantuvieron tomadas las oficinas del Consejo Municipal Electoral, pues aseguraban que durante las votaciones en donde resultó ganador Rodolfo García López, él y su equipo de campaña compraron votos y días antes recurrieron a la intimidación de los habitantes, por lo que exigían el recuento voto por voto. Por esta razón, los habitantes del municipio de Santa María Coyomeapan no aceptaron los resultados y como consecuencia de ello el 22 de agosto del presente año tomaron las instalaciones del Ayuntamiento y otros edificios públicos de la cabecera. No hubo vandalismo en esos hechos y los bienes públicos muebles e inmuebles permanecen en resguardo por parte de la comunidad.

Y que incluso han realizado calumnias y desprestigios a aquellos que no están de acuerdo con su gobierno, al grado que de acuerdo a diversas fuentes (https://m.e-consulta.com/opinion/2021-10-19/coyomeapan-caciquismo-y-mi seria) el pasado 22 de agosto, los habitantes, muchos de ellos, lamento decir que simpatizantes de nuestro movimiento, arremetieron contra la presidencia municipal en señal de protesta, sin realizar ningún destrozo ni daño a la propiedad pública, sino simplemente e señal de descontento, bloquearon entradas y salidas.

Inclusive al Movimiento Anticaciquil se le ha dicho que es un movimiento Antorcha Campesina, situación que no es verdad, son calumnias, que tal como lo ha dicho nuestro presidente de la república, “la calumnia no mancha, pero cómo tizna”.

Tercera. Derivado de los puestos de poder que ocupa la familia de David Celestino Rosas, se han liberado diversas órdenes de aprehensión contra diversos integrantes de este movimiento, bajo la integración de carpetas de investigación por hechos delictivo que nada tienen que ver, hechos que han sido manipulados para violentar los derechos de debido proceso y de presunción de inocencia de personas como Basilisia Montaño Gutiérrez, Eruviel Aguilar Gómez, Adán Anastasio González, Gonzalo Martínez Herrera. Por ello no podemos permitir que en pleno 2021 se sigan utilizando instituciones como lo es el Ministerio Público, y la Fiscalía General del Estado de Puebla para cometer semejantes atropellos.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno de Puebla a realizar de acuerdo con su competencia y facultades acciones a fin de que se logre la conciliación entre las partes del conflicto político en Santa María Coyomeapan y puedan darse las condiciones de unidad y cohesión social que faciliten la gobernabilidad democrática de ese territorio.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Tribunal Electoral del Estado de Puebla a reponer de acuerdo con su competencia y facultades el proceso electoral para elegir a un gobierno municipal indígena atendiendo a la libre determinación del pueblo indígena de Santa María Coyomeapan.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla a realizar de acuerdo con su competencia y facultades las investigaciones correspondientes por las posibles violaciones a los derechos humanos de las personas acusadas por los hechos acontecidos en Santa María Coyomeapan.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Puebla a retirar de acuerdo con su competencia y facultades los cargos contra de las personas privadas de su libertad y brinde garantías que permitan esclarecer los hechos acontecidos en Santa María Coyomeapan.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2022.

Diputado Armando Contreras Castillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP y diversas autoridades culturales a informar a la opinión pública sobre la metodología empleada para elaborar el libro México. Grandeza y diversidad, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado en la LXV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Cultura, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Fondo de Cultura Económica, a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, y a la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, a que en uso de sus facultades y atribuciones informen a la opinión pública la metodología empleada para La elaboración del libro “México, Grandeza y Diversidad”, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 12 de febrero de 1959, el Presidente Adolfo López Mateos, crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), en el decreto de creación se encomienda a los responsables de la comisión: “Cuidar que los libros cuya edición se les confía tiendan a desarrollar armónicamente las facultades de los educandos, a prepararlos para la vida práctica, fomentar en ellos la conciencia de la solidaridad humana, a orientarlos hacia las virtudes cívicas y, muy principalmente, a inculcarles el amor a la patria, alimentado con el conocimiento cabal de los grandes hechos históricos que han dado fundamento a la evolución democrática de nuestro país”.

La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos es el organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal que para cada ciclo escolar produce y distribuye de manera gratuita los libros de texto que requieren los estudiantes inscritos en el Sistema Educativo Nacional, así como otros libros y materiales que determine la Secretaría de Educación Pública.

En cantidad suficiente, con oportunidad, usando sus recursos de manera transparente y eficiente, y con la calidad de materiales, procesos y acabados adecuada para el uso al que están destinados.

De acuerdo con el Estatuto Orgánico De La Comisión Nacional De Libros De Texto Gratuitos, en su artículo 5°, determina que la administración de la comisión recae en la Junta Directiva y en él o la Directora General, los miembros de la junta son los siguientes;

• La Secretaria de Educación Pública, quien la presidirá;

• El Representante de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública;

• El Representante de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal;

• El Representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

• El Representante del Fondo de Cultura Económica;

• El Representante de la Universidad Pedagógica Nacional;

• El Representante del Instituto Nacional de Antropología e Historia;

• El Representante de El Colegio de México;

• El Representante del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Referente al actuar de la comisión en la elaboración de los libros, la fracción I del artículo 1 del citado ordenamiento delimita que la comisión podrá, editar, imprimir y distribuir los libros de texto gratuitos de toda clase de materiales didácticos similares, en sus propias instalaciones, a través de los procedimientos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables.

A lo largo de los años estos libros han acompañado a una gran cantidad de mexicanas y mexicanos, de ellos se adquirieron los conocimientos que les permitieron avanzar por los diversos grados educativos correspondientes a la educación básica.

Dichos libros de texto son diseñados con base al plan de estudios a nivel básico autorizado por la Secretaría de Educación Pública, el contenido de los libros era ajeno a cualquier ideología partidista o propagandística. En apego a que la educación en nuestro país de conformidad con nuestra Carta Magna es ajena a este tipo de conceptos.

Lo anterior se encuentra en riesgo, debido a que el pasado 13 de enero, durante la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, fue presentado el libro “México Grandeza y Diversidad”, editado en conjunto por la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Cultura, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Fondo de Cultura Económica, Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito y la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México.

Se mencionó que dicho ejemplar recopila y reseña la amplia historia de México desde la época precolonial hasta nuestros días, con la salvedad de que el último capítulo de dicha obra es mera propaganda para la llamada cuarta transformación. El referido capitulo no hace más que enaltecer el triunfo electoral de la actual administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador y por el partido que representa Morena.

El capítulo XX redactado por Armando Bartra y que se titula “Una Nueva Esperanza” abarca la “lenta caída” que tuvo México con gobiernos anteriores al de AMLO, el autor realiza recuento de toda la actividad política del hoy mandatario, así como los “fraudes” electorales que sufrió en varias ocasiones y su desafuero.

Con frases tales como; “En 2006 no fue suficiente, tampoco en 2012, en 2018 por fin se pudo. Y es que el revertido desafuero proyectó a López Obrador como la cabeza de un amplio movimiento ciudadano, como el líder más destacado de las izquierdas y, para muchos, como el futuro salvador de la nación”.

Es tal la propaganda hecha por el autor al gobierno de López Obrador que una de las citas del libro relata la reacción que, a su juicio, la sociedad mexicana se encontraba en “Éxtasis societario, epifanía, trance... la celebración del triunfo deviene multitudinaria vivencia desnuda; experiencia a raíz, de esas que traspasan los filtros conceptuales, valorativos y emocionales que en tiempos normales aplanan los acontecimientos volviéndolos simples sucedidos. Pero estos no son tiempos normales sino excepcionales, tiempos en que en un presente perfecto se apelotonan el pasado y el futuro, lo que fue y lo que será, la memoria histórica y los sueños guajiros”.

El primer tiraje de este libro consta de 120,000 ejemplares, que serán repartidos en escuelas públicas para que el alumnado pueda acceder a su información. También señaló que el libro se encuentra en formato digital para que pueda ser descargado de manera gratuita por cualquier persona, de acuerdo con lo declarado por Diego Prieto Hernández, director general del INAH.

La parte más delicada es que se pretende usar este libro con evidentes tintes propagandísticos, en la educación básica de las niñas y los niños, ya que de acuerdo con la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, la colección de libros Biblioteca Centenaria (al que pertenece el libro México Grandeza y Diversidad) busca fomentar la lectura en la niñez y adolescencia.

Sin embargo, no precisó si dicha colección de libros será utilizada como material en la enseñanza a nivel básico, lo que sólo causa incertidumbre de si el libro será empleado como parte del contenido de enseñanza de la materia de historia a nivel primaria en nuestro país.

Por lo anterior, surgen diversas interrogantes respecto a la publicación de este ejemplar, la primera es que se utilizó presupuesto público para la publicación de un libro que hace propaganda a un partido político.

En segunda instancia, no se conoce la metodología para su realización y publicación, lo que llevó a que se destinara un capítulo a un hecho supuestamente histórico, que más allá de eso, es un hecho político que enaltece a un personaje político y que a todas luces pareciera que su finalidad es llenar el ego del presidente.

Por último, resulta preocupante no tener pleno conocimiento respecto a que si la Secretaría de Educación busca emplearlo en el nivel básico, pues como ya se mencionó esto generaría un conflicto con lo que establece la legislación respecto a los fundamentos en los que se basa la educación en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de la H. Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. –La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, de Cultura, Alejandra Fraustro Guerrero, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández, del Fondo de Cultura Económica, Francisco Ignacio Taibo Mahojo, de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, Victoria Guillén Álvarez, y de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, Eduardo Villegas Megías, a que informe a la opinión pública la justificación técnica y la metodología empleada en la elaboración del libro “México, Grandeza y Diversidad”.

Segundo.- La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las titulares de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez y de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, Victoria Guillén Álvarez, a que informe a la opinión pública, los planes de distribución de las 120,000 copias del libro “México, Grandeza y Diversidad”, así como también, si se tiene planeado emplearlo en la educación básica, en la impartición de clases de historia como libro de texto.

Palacio Legislativo, a 1 de febrero de 2022

Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Conacyt a garantizar que en el nuevo Reglamento de Becas para el Fortalecimiento de la Comunidad de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación se establezcan acciones afirmativas en apoyo de las becarias embarazadas y evitar establecer cualquier disposición discriminatoria por esa condición, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada federal Ana Lilia Herrera Anzaldo , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Las y los investigadores que pertenecen al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y aspiran a contar con alguna beca deben seguir lo establecido en el “Reglamento de Becas del Programa de Fomento, Formación y Consolidación de Capital Humano de Alto Nivel”, mismo que se encuentra vigente desde el 16 de febrero de 2018, y el cual tiene por objetivo establecer los requisitos para poder aspirar a una beca, las cuales son de 6 tipos de modalidades de conformidad con lo establecido el artículo 4 del reglamento anteriormente señalado:1

“Artículo 8 . Las modalidades de beca podrán ser:

I. Beca de Fomento: El apoyo para promover y fomentar vocaciones científicas y tecnológicas en los diversos niveles de educación, en coordinación con las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno, y organizaciones públicas o privadas, en los términos que se establezcan en las Convocatorias y Convenios de Colaboración correspondientes.

II. Becas para Estancias Técnicas: Aquella que se otorga para realizar estancias menores a un año dentro de programas de intercambio, en los términos que al efecto se establezcan en la Convocatoria o Convenio correspondiente.

III. Beca de Formación: Aquella que se otorga para la generación de capital humano de alto nivel, consistente en apoyos económicos y asistenciales para cursar programas de estudios de posgrado en el país, que cuenten con el reconocimiento del Conacyt por su alta calidad, y en el extranjero en programas de prestigio internacional. Las becas de formación nacionales podrán otorgarse a extranjeros inscritos en programas que pertenezcan al PNPC o su equivalente, si la institución u organismo así lo determina, en los términos que al efecto se establezcan en la convocatoria o convenio correspondiente.

IV. Beca de Consolidación: Apoyo que se otorga al capital humano de alto nivel ya formado para llevar a cabo estancias académicas en los términos que al efecto se establezcan en la Convocatoria o Convenio correspondiente, promoviendo la creación y fortalecimiento de grupos de investigación, la consolidación de los programas nacionales de posgrado e incrementando la capacidad científica y tecnológica de los sectores público, privado, social y académico, a través de diferentes modalidades, entre otras: Estancias posdoctorales, en México y en el extranjero, Repatriación y retención de capital humano de alto nivel, Estancias sabáticas nacionales y en el extranjero.

V. Beca de Movilidad: El apoyo económico complementario que se otorga al becario y no becario que pertenece a un programa de posgrado registrado en el PNPC, para la realización de una estancia académica en otra institución, empresa u organismo nacional o en el extranjero, a fin de que complemente o fortalezca su formación científica y/o tecnológica en los términos que al efecto se establezcan en la Convocatoria o Convenio correspondiente.

VI. Beca Específica: Aquellas que se otorgan con base en Convenios de Colaboración suscritos por el Conacyt con entidades federativas, con instituciones o personas físicas o morales de los diferentes sectores, para el fomento, la formación y consolidación de capital humano, en áreas, temas, o acciones con perspectiva de género, inclusión y vinculación específicamente establecidos en tales instrumentos.”

Asimismo, la función de este reglamento es establecer el mecanismo de evaluación y selección de los aspirantes, la cobertura y vigencia de las becas otorgadas a los aspirantes, sus derechos y obligaciones, así como lo referente a la suspensión o cancelación de las becas a quienes incumplen lo establecido en el reglamento.2

Ahora bien, en los últimos días se ha dado a conocer que el (Conacyt), a través de un anteproyecto de dictamen, busca derogar el actual “Reglamento de Becas del Programa de Fomento, Formación y Consolidación de Capital Humano de Alto Nivel”, con la finalidad de expedir un nuevo “Reglamento de Becas para el Fortalecimiento de la Comunidad de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación”; Sin embargo, este nuevo reglamento, atenta contra los derechos de la comunidad académica del (Conacyt) y particularmente contra las mujeres toda vez que, se pretende establecer en el artículo 20 establecer como causas de suspensión de las becas o apoyos que:3

“Artículo 20. Serán causas de suspensión de la Beca o del Apoyo, las siguientes:

I. a III. ...

IV. Cuando alguna becaria que se encuentre embarazada, en parto o puerperio, así como a los becarios que sean padres, presentando la documentación que lo acredite.”

Esta modificación no obliga al Conacyt a entregar a la o el becario, los recursos comprometidos en el convenio de asignación de becas. Cabe señalar que hasta el momento esto no es vigente, sin embargo el texto cuenta con el reconocimiento de Anteproyecto, mismo que fue enviado por el (Conacyt) a la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer), con la finalidad de llevar a cabo la revisión del texto y su posterior aprobación.

Cabe señalar que de acuerdo con el artículo 1o. de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra prohibida cualquier tipo de discriminación motivada por el género:4

“Artículo 1o. ...

...

...

...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Por su parte, el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el contenido del ante proyecto visibiliza una discriminación contra la mujer, ya que, por el hecho de estar embarazada, se le eliminará el apoyo ya obtenido:5

“Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a II. ...

III. Discriminación contra la mujer. Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera;”

Aunado a lo anterior, el anteproyecto presentado por el Conacyt va en contra de lo establecido por el artículo 26 de la Ley General de Educación Superior, referente a la tarea de las autoridades educativas para fomentar la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica en nuestro país:6

“Artículo 26. Las autoridades educativas fomentarán la creación de programas de posgrado enfocados en la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica.

Para contribuir a la formación de especialistas en las disciplinas científicas, humanísticas y tecnológicas e incrementar la matrícula de esos programas de posgrado, las autoridades educativas y las instituciones de educación superior, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, fomentarán el otorgamiento de becas para el estudio de los programas a los que se refiere este artículo.”

Por último, la Ley de Ciencia y Tecnología, establece dentro de los principios para la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, la “participación equilibrada y sin discriminación entre mujeres y hombres”.7

Por estas razones y ante la presión de los medios de información, el Conacyt se pronunció al respecto, señalando que se trata de una propuesta de reglamento de becas, misma que se encuentra en un proceso de análisis en la (Conamer),8 siguiendo con lo establecido por la Ley General de Mejora Regulatoria, por lo que el público puede hacer comentarios para su fortalecimiento respecto del contenido establecido en el anteproyecto de reglamento, por lo que se indicó que “...retomara? los comentarios recibidos para mejorar la propuesta siempre con la guía del respeto irrestricto de los derechos y libertades de las y los estudiantes, así? como con el cabal cumplimiento de los mandatos constitucionales acerca del acceso universal a la educación superior y de posgrado y de la obligación de dar apoyos en términos de la normativa aplicable”.9

Es importante destacar que el Conacyt señaló que los medios de comunicación tergiversaron la información y afirmó que los artículos que se están referenciando en la nota del periódico para manipular la información “son disposiciones que han estado contempladas en los reglamentos de becas del Consejo, al menos desde 2008”.10

En este sentido, para efecto de salir de cualquier duda respecto de esta información, se revisó el Reglamento anterior publicado en el DOF del 16 de febrero de 2018 con el nombre de “Modificaciones al Reglamento de Becas del Programa de Fomento, Formación y Consolidación de Capital Humano de Alto Nivel”11 y se hizo la comparación con el proyecto publicado en Conamer respecto de las causales de la suspensión de la beca y apoyos, del cual se desprende lo siguiente:

Como se puede observar, la disposición que establece la suspensión de la beca cuando alguna becaria que se encuentre embarazada, en parto o puerperio es una nueva disposición nueva y que no esta contemplada en los anteriores reglamentos, motivo por el cual lo afirmación del Conacyt es falsa y es el proyecto de Reglamento de esta administración la que busca incorporar esta adecuación discriminatoria en la nueva normatividad.

Cabe señalar que en los últimos meses, la comunidad académica del Conacyt se ha visto inconforme debido a diversas circunstancias que han acontecido, y ahora con el conocimiento del contenido del anteproyecto, no existe la garantía a las becarias para eliminar de este contenido la propuesta en la que se suspende el apoyo por estar embarazadas; En ese sentido es fundamental que el Conacyt en conjunto con el (Conamer) puedan garantizar que no se genere una discriminación en contra de las becarias embarazadas, en parto o puerperio, ante la probable eliminación de estos apoyos.

Debemos entender que el embarazo no puede ser el factor para eliminar los derechos de las mujeres, o para pretender que es la excusa para diferenciar la entrega de estímulos y apoyos para incentivar el desarrollo profesional, académico y social, por lo que en todo caso el Conacyt debería plantear la protección de mujeres embarazadas, buscando su permanencia y no su deserción. Por ello, es fundamental que el nuevo reglamento establezca acciones afirmativas como ampliar los plazos en los tiempos de entrega para apoyar a las mujeres investigadoras embarazadas.

Finalmente, es importarte revisar a fondo las disposiciones del Reglamento mencionado toda vez que la comunidad científica ha denunciado que su artículo 16 mantiene la redacción del anterior ordenamiento que establecía que “la o el Becario que realice sus estudios o proyecto fuera del país, así como la o el Becario extranjero que realice sus estudios en México, deberán respetar la legislación y normativa del país anfitrión, así como abstenerse de participar en cualquier tipo de evento o manifestación de carácter político”.

Esta disposición sin duda alguna debe ser revisada a la luz de nuestro marco constitucional ya que participar en cualquier evento o manifestación e imponer una sanción por hacerlo violenta los derechos humanos de libertad de expresión, asociación y reunión. Ningún reglamento puede estar por encima de los derechos reconocidos en nuestra Constitución y corresponde a las autoridades rectificar normas que vulneren los derechos de las y los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para que, en el nuevo “Reglamento de becas para el fortalecimiento de la comunidad de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación”, se eviten establecer disposiciones discriminatorias que transgredan los derechos de las becarias por el hecho de estar embarazadas, en parto o puerperio.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para que, en el nuevo “Reglamento de becas para el fortalecimiento de la comunidad de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación”, se establezcan acciones afirmativas para apoyar a las becarias embarazadas, en parto o puerperio con la finalidad de que puedan culminar sus investigaciones sin verse afectadas por dicha condición.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para que, en el nuevo “Reglamento de becas para el fortalecimiento de la comunidad de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación”, se eviten establecer disposiciones violatorias a los derechos humanos de libertad de expresión, asociación y reunión reconocidos en nuestra Constitución.

Notas

1 [1] Cámara de Diputados. Reglamento de Becas del Programa de Fomento, Formación y Consolidación de Capital Humano de Alto Nivel. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n567.pdf

2 Idem

3 [1] El Universal. Conacyt suspenderá becas por participar en protestas; también por embarazarse. Disponible en:

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/conacyt-suspendera -becas-por-participar-en-protestas

4 [1] Cámara de Diputados. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

5 [1] Cámara de Diputados. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH.pdf

6 [1] Cámara de Diputados. Ley General de Educación Superior. Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGES_200421 .pdf

7 [1] Cámara de Diputados. Ley de Ciencia y Tecnología. Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/242_061120. pdf

8 [1] El Universal. Tras polémica, Conacyt dice que retomará comentarios para mejorar Reglamento de Becas. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tras-polemica-conacyt-dice-que-re tomara-comentarios-para-mejorar-reglamento-de-becas

9 [1] Aristegui Noticias. Conacyt afirma que no suspenderá becas por participar en protestas o por embarazo. Disponible en: https://aristeguinoticias.com/2601/mexico/conacyt-afirma-que-no-suspend era-becas-por-participar-en-protestas-o-por-embarazo/

10 [1] https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/27/la-verdad-detras-de-l a-supuesta-suspension-de-becas-del-conacyt/

11 [1] http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n567.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2022.

Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a cumplir los compromisos realizados en torno a las inversiones para la obra Mi Macro Periférico, en Jalisco, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno de la H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. Garantizar la movilidad de todas las personas se ha convertido en un reto importante para los distintos gobiernos tanto a nivel federal, estatal y municipal, debido a que representa una llave de acceso a todos los derechos humanos, y debe ser garantizada en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

Al respecto, el gobierno de Jalisco ha dado grandes pasos, convirtiéndose en uno de los estados de la República Mexicana con mayor avance en la materia. Recientemente, en el marco del Tercer Informe de Gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, Jalisco dio a conocer los avances en movilidad y transporte en los últimos años, entre los que destacan, la construcción de la ciclovía más extensa de México con 80 kilómetros en ambos sentidos, la cual tiene un 35 por ciento de avance, misma que beneficiará a municipios como Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque; y conectará con Tlajomulco y Tonalá.1

Asimismo, la Tarjeta Mi Movilidad que ya opera al cien por ciento, la cual funciona como un sistema de pago integrado para usarse en las unidades de transporte del Área Metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta, Tepatitlán y Ciudad Guzmán y actualmente se encuentran activas dos millones 242 mil tarjetas de ese sistema.2

De la misma forma, el Gobernador de Jalisco, mencionó que se encuentra gestionando recursos para la construcción de la Línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara y confirmó que ya se cuenta con los primeros estudios de demanda, análisis costo beneficio, impacto ambiental y la liberación de derecho de vía, gracias a los acuerdos entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Ferromex.3

Respecto al programa Mi Macro Periférico destacó que éste alcanza 41.5 kilómetros lineales y más de 40 estaciones que beneficiará a 300 mil personas al día aproximadamente.4

II. El arranque de operaciones de Mi Macro Periférico se dio el pasado 29 de enero, con la presencia del Gobernador de Jalisco, quien aseguró que este proyecto es “la gran apuesta de transformación urbana que cambiará la forma en que las y los ciudadanos se mueven en la ciudad,” por lo que se convierte en el sistema de movilidad más grande de todo México que permitirá la transformación del transporte público en toda el Área Metropolitana de Guadalajara.5

Cabe destacar que Mi Macro Periférico se convierte en un proyecto que logra cumplir con los estándares de sustentabilidad, eficacia y calidad, y que luego de dos años de trabajos y esfuerzos presupuestales propios de la entidad y recursos pendientes del Gobierno Federal, actualmente es una realidad y se une a la agenda de Mi Movilidad, presentada por el actual Gobierno, al inicio de su administración.6

Es de mencionar que el proyecto incluye un corredor de autobuses articulado, con 42 estaciones, que recorrerán 41.5 kilómetros, desde Belisario Domínguez, en Guadalajara, hasta la Carretera a Chapala, en Tlaquepaque, y su red de rutas complementarias y alimentadoras conectará con Tonalá y Tlajomulco, y el ahorro de tiempo para las y los usuarios se traduce en menos de una hora de camino a sus hogares y centros de trabajo.7

Las estaciones cuentan con internet gratuito de calidad gracias a la Red Jalisco y cuentan con 4 mil 200 paneles solares que impulsarán el uso de energías limpias. En términos de seguridad, las estaciones están equipadas con cámaras de videovigilancia que serán monitoreadas por el Sistema de Tren Eléctrico Urbano y el C5, mismas que brindarán seguridad a las y los pasajeros en sus trayectos y en los tiempos de espera de abordaje o descensos del sistema.8

Además, el proyecto es una obra integral que considera al peatón, al usuario del transporte público, al ciclista y al automovilista, y busca generar un modelo de calle completa, por lo que las obras complementarias continuarán por los siguientes dos años, las cuales se enfocarán en inversiones para finalizar las laterales y entornos de las estaciones.9

Al respecto, desde que dio inicio la construcción de la obra, el gobierno del estado se encuentra a la espera de que el gobierno federal cumpla con el envío de mil 500 millones de pesos correspondientes a los fondos de 2020 y de 2021 para poder construir las laterales de Mi Macro Periférico, y con eso garantizar en un cien por ciento el traslado seguro, justo e igualitario de todas las personas que transiten por la zona.

Fue así que en el marco de la inauguración de dicho proyecto, el Senador Clemente Castañeda, coordinador de la Bancada de Movimiento Ciudadano, aseguró que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha cumplido con su palabra con las y los jaliscienses de entregar los recursos suficientes para desarrollar las obras lateral de Mi Macro Periférico, y destacó que el Presidente solo le da atención y seguimiento a proyectos como Tren Maya y Refinería Dos Bocas, dejando de lado proyectos de movilidad que garantizan condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, calidad, inclusión e igualdad.10

Asimismo, Clemente Castañeda comentó que el gobierno federal se comprometió a entregar los recursos económicos para la construcción de la Línea 4 del Tren Ligero, resaltando que “Jalisco ha hecho su parte, la federación debe cumplir la suya.”

III. Cabe destacar que de acuerdo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere:

“Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.”11

Por su parte, la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco en su artículo 2 menciona:

“ I. Son principios rectores de la movilidad:

a) La accesibilidad, como el derecho de las personas a desplazarse por la vía pública sin obstáculos y con seguridad, independientemente de su condición;”12

Es así que el gobierno federal no puede ser omiso en atender a la movilidad como un derecho humano, mismo que está reflejado en la Constitución a través de la inversión en proyectos que la garanticen, además de participar en el esfuerzo de publicar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que sentará las bases de la política de movilidad y seguridad vial, bajo un enfoque sistémico y de sistemas seguros, así como formular los mecanismos de coordinación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y la sociedad en materia de movilidad y seguridad vial, y establecer las bases para priorizar los modos de transporte de personas, bienes y mercancías, con menor costo ambiental y social, la movilidad no motorizada, vehículos no contaminantes y la intermodalidad.

Por lo anteriormente expuesto someto su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al Titular del Poder Ejecutivo Federal a cumplir con los compromisos adquiridos respecto de las inversiones relativas al proyecto de infraestructura Mi Macro Periférico, a fin de garantizar el derecho a la movilidad de los y las jaliscienses.

Segundo.- La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al Secretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cumplir con los compromisos adquiridos respecto de las inversiones relativas al proyecto de infraestructura Mi Macro Periférico, a fin de garantizar el derecho a la movilidad de los y las jaliscienses.

Notas

1. Redacción, “Jalisco reporta avances en movilidad y transporte” SDP Noticias. Recuperado de: https://www.sdpnoticias.com/estados/jalisco/jalisco-reporta-avances-en-movilidad-y-transporte/

2. Redacción, “Jalisco reporta avances en movilidad y transporte” SDP Noticias. Recuperado de: https://www.sdpnoticias.com/estados/jalisco/jalisco-reporta-avances-en-movilidad-y-transporte/

3. Ídem

4. Ídem

5. Gobierno del Estado de Jalisco, “ENRIQUE ALFARO ARRANCA MI MACRO PERIFÉRICO, EL PROYECTO DE MOVILIDAD MÁS GRANDE DE MÉXICO” Recuperado de: https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/138904

6. Ídem

7. Gobierno del Estado de Jalisco, “ENRIQUE ALFARO ARRANCA MI MACRO PERIFÉRICO, EL PROYECTO DE MOVILIDAD MÁS GRANDE DE MÉXICO” Recuperado de: https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/138904

8. Ídem

9. Ídem

10. Redacción. “Clemente Castañeda exige a AMLO cumplir con recursos para Mi Macro Periférico” SDP Noticias. Recuperado de: https://www.sdpnoticias.com/estados/jalisco/clemente-castaneda-exige-a-amlo-cumplir-con-recursos-para-mi-macro-periferico/ https://www.sdpnoticias.com/estados/jalisco/clemente-castaneda-exige-a-amlo-cumplir-con-recursos-para-mi-macro-periferico/

11. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recuperado de: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

12. Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. Recuperado de: https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Ley%20de%20Movilidad%20y%20Transporte%20del%20Estado%20de%20Jalisco_2.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2022

Diputado Jorge Álvarez Máynez

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob, la SSPC y la Comisión Intersecretarial para Reinserción Social y Servicios Postpenales a garantizar a todas las personas privadas de la libertad los derechos humanos y las libertades fundamentales consagradas en la CPEUM, a cargo de la diputada Fabiola Rafael Dircio, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, la diputada Fabiola Rafael Dircio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que, el artículo 1o. constitucional reza:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.1

Por otra parte, en el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su último párrafo del apartado B, se señala que:

“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas o las legislaturas de éstas”.

Para dar atención a lo anteriormente señalado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), tiene como misión la defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos reconocidos en la Constitución mexicana, las leyes de la nación y los tratados internacionales.

Asimismo, la CNDH expone como máxima el respeto total de los derechos humanos: La CNDH está para proteger los derechos humanos de todas las personas, tanto de las personas que son víctimas de conductas delictivas, como de aquéllos que son indiciados o acusados de cometer un delito.

Los derechos humanos deben ser respetados en todo momento por las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia. La misión de la CNDH es defender a todas las personas que consideren que sus derechos humanos han sido violentados.2

No obstante, en los centros penitenciarios del país, las personas privadas de su libertad se ven afectadas en su derecho a un nivel de vida adecuado, la alimentación, el agua potable, el alojamiento, el vestido.

Se carece de un adecuado derecho al disfrute del adecuado estado de salud física y mental, no existen tratamientos médicos necesarios, mucho menos se les posibilita de una segunda opinión médica, no se cuenta en general con una atención oportuna en el tema psiquiatra o dental.

También, las prisiones se han convertido en lugares inseguros tanto para los reclusos, el personal que labora en ellas y para los visitantes.

Se carece de las condiciones laborales y educativas que permitan a los reclusos desarrollarse y participar en el sustento de sus familias, el propio o el ahorro.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria del año 2020 elaborado por la CNDH, forma un importante diagnóstico que permite conocer las condiciones actuales en las que se encuentran los centros penitenciarios del país.

Es importante los datos arrojados por este diagnóstico en el cual se puede observar que, las irregularidades que mayor prevalecen son: la deficiente separación entre procesados y sentenciados. Situación que se ha acentuado con el crecimiento de la prisión preventiva oficiosa, que lejos de dar resultados favorables a la seguridad social, ha venido a perjudicar la vida interna de los centros carcelarios, este mecanismo se utiliza como un componente de falsa respuesta a las exigencias de seguridad de la sociedad.

Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad, lo cual ocurre en casi 60 por ciento de los centros carcelarios supervisados por la CNDH.

Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas, que ocurre en más de 40 por ciento de las cárceles.

Deficiencias en los servicios de salud, en casi 40 por ciento de las prisiones, esto sin considerar los medicamentos, una segunda opinión médica o atención a personas con discapacidad o VIH.

Otra situación que aqueja a los centros penitenciarios es el de autogobierno, el resultado del Diagnóstico 2020 de la CNDH, indica la existencia de que muchos centros penitenciarios las personas privadas de la libertad realizan o participan en actividades propias de la autoridad, este tipo de mecanismo propicia la perpetración de ilícitos que van desde la extorsión hasta el homicidio.

En 2020, se dio cuenta de 70 homicidios lo que significa un incremento de 70 por ciento en comparación con 2019, cuando se cometieron 41.

Asimismo, en 2020 también se presentaron tendencias al alza de los suicidios, al registrarse 114 casos contra los 60 que se suscitaron un año previo; además de 926 riñas; 8 motines; 183 incidentes de desorden y 48 casos de abuso, dando un total de mil 349 incidentes violentos al interior de los centros penitenciarios del país.3

Es tarea de este Legislativo velar por el respeto del debido proceso y de los derechos humanos tutelados en nuestra Carta Magna con base en lo anterior y por lo expuesto y fundado someto a consideración del pleno de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Comisión Intersecretarial para Reinserción Social y Servicios Postpenales, para que, en sus ámbitos de competencia, garanticen a todas las personas privadas de su libertad, todos los derechos humanos y las libertades fundamentales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con excepción de las limitaciones inevitables que no se puedan generar por el proceso de encarcelamiento.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Consejo de la Judicatura Federal y a los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas, para que se estudien y, en su caso, se procesen de manera prioritaria mecanismos de aplicación de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva oficiosa, con la finalidad de respetar el principio de presunción de inocencia y generar progresos en el sistema penitenciario mexicano.

Notas

1 www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

2 www.cndh.org.mx/cndh/

3 www.eleconomista.com.mx/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2022.

Diputada Fabiola Rafael Dircio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía General de Puebla a llevar a cabo las investigaciones necesarias con arreglo a la eficacia, la debida diligencia y perspectiva de género en el feminicidio ocurrido en Zoquitlán, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Julieta Kristal Vences Valencia, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El lunes 17 de enero de 2022 fue privada de la vida la menor María Isabel “N”, de 10 años, en Zoquitlán, Puebla. Después de haber reportado su desaparición ante las autoridades, su cuerpo fue lamentablemente encontrado sin vida y con indicios de violencia y agresión sexual.

De acuerdo con declaraciones de habitantes de la comunidad indígena de la Sierra Negra de Puebla, la menor fue reportada como desaparecida el día lunes y se tenía conocimiento de que se trasladaría caminando de su domicilio al de una vecina, sin embargo, nunca llegó a su destino.

En 2012, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Puebla documentó la situación de violencia existente en Zoquitlán, donde destacó que una de cada dos mujeres había padecido violencia física, y que una de cada seis mujeres conocía a alguna mujer que había fallecido por causa de la violencia.1

A estos hechos, se suma también la desaparición de Alexis, un niño menor de tres años que también fue reportado como desaparecido desde diciembre de 2021, sin embargo, las autoridades estatales no han dado información sobre su posible paradero.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que Puebla fue la undécima entidad federativa con mayor número delitos de feminicidio registrados durante 2021. De las víctimas reportadas, existe un porcentaje importante de menores de edad que han sido víctimas de feminicidio en el estado como se muestra en la siguiente gráfica:

Fuente: Tomada de Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2022). Información sobre violencia contra las mujeres, Disponible en https://drive.google.com/file/d/1-AqE7zgLlRJH2q0FzvP5Q8q7ZJlYoRtj/view

Lamentablemente, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla ha indicado que en Puebla más de 80 por ciento de los feminicidios ocurridos en el estado no son esclarecidos, ya que en la mayor parte de ellos no se inician las correspondientes carpetas de investigación o la fiscalía estatal no brinda la información oportuna a los familiares de las víctimas.2

La CDH de Puebla ha documentado la inadecuada procuración de justicia e ineficiente aplicación del protocolo de feminicidios, razón por la cual emitió a la Fiscalía General del estado la recomendación 32/2021, para que la institución brinde un seguimiento oportuno, eficiente y transparente a los casos de violencia en razón de género.

La violencia feminicida debe considerarse como la forma más extrema de violencia de género en contra de las mujeres, niñas y adolescentes, la cual es impulsada por las estructuras sociales que promueven conductas homicidas y misóginas. El fenómeno de la violencia de género se mantiene en el estado, a pesar de la alerta de violencia de género declarada por la autoridad federal en abril de 2019.

Las autoridades de procuración de justicia en Puebla no deben permitir la impunidad, y garantizar el derecho de las mujeres a la justicia, la garantía de acceso a la verdad, y la protección integral de los derechos de la niñez, atendiendo a los mecanismos de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres existentes.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla a llevar a cabo las investigaciones necesarias con arreglo a la eficacia, la debida diligencia y perspectiva de género en el feminicidio ocurrido en Zoquitlán, Puebla.

Notas

1 Observatorio de Violencia Social y de Género de Puebla, Diagnóstico situacional de la violencia de género en el Municipio de Zoquitlán, México, gobierno de Puebla, 2012.

2 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, recomendación 32/2021. Disponible en

https://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/2021/Recomendaci%C3 %B3n%2032-2021.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2022.

Diputada Julieta Kristal Vences Valencia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a implantar acciones y medidas contra el aumento de casos de Covid-19, a cargo de la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Mariana Gómez Del Campo Gurza integrante del Grupo Parlamentario del PAN, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta Cámara, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a implementar las acciones y medidas necesarias para combatir el aumento de casos por el virus SARS-CoV-2 (COVID 19), conforme a los siguientes

Antecedentes

I. La Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo del 2020, debido a los niveles alarmantes de propagación y gravedad, declaró que el virus SARS-CoV-2 (COVID 19), tenía las características de una pandemia y que se consideraba ya un problema de salud pública mundial. La enfermedad causada por el coronavirus 2019 ha cobrado hasta el momento la vida de aproximadamente 5,5 millones de personas a nivel mundial.

II. Desde el inicio de la enfermedad, el gobierno mexicano, ha subestimado la pandemia y ha implementado políticas públicas en materia de salud que han resultado ineficientes para combatir dicho fenómeno. Como resultado de las decisiones tomada, a finales del 2021, México se ubicó con 296,721 muertes como el cuarto país con mayor número de defunciones en todo el mundo.

III. A casi dos años de la declaratoria de emergencia de salud pública y pandemia, el escenario no es nada alentador, ya que la OMS ha detectado en este tiempo al menos 8 variantes de preocupación.

IV. El 24 de noviembre del 2020, la OMS tuvo conocimiento por primera vez de la existencia de la variante Ómicron (B.1.1.529), la cual presenta un gran número de mutaciones y que según pruebas iniciales presenta los siguientes cambios:

• Aumento en la transmisibilidad del virus

• Aumento en la virulencia y variaciones en la presentación clínica de la enfermedad

• Disminución de la eficiencia de las medidas sociales y de salud pública, medios de diagnóstico, vacunas y los tratamientos.

V. Al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante el desarrollo de la conferencia de prensa del día 29 de noviembre del 2021, se le realizaron diversos cuestionamientos sobre la variante ómicron (B.1.1.529) y las políticas públicas en materia de salud que implementaría el Ejecutivo federal para evitar escenarios adversos. A lo que él respondió lo siguiente:

“Decirles a todos los mexicanos que estamos llevando a cabo un seguimiento, que no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo, de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas.

Que si hay mucha información en los medios, que no debemos de espantarnos, porque hay bastante incertidumbre, información no confirmada, eso es lo que puedo decir, no hay todavía información solida si esta variante es más peligrosa que las otras variantes, no existe eso, nada más que se detectó en Sudáfrica, pero no se sabe más: si va ampliarse, si va a llegar a todos los países, pero sobre todo el grado de peligro que represente, es decir, en cuanto a contagios y fallecimientos no hay todavía información ...”

VI. Ante esta situación, el Ejecutivo federal ha subestimado la peligrosidad del virus SARS-CoV-2 (COVID 19) y en específico la de la variante ómicron (B.1.1.529). Lo anterior, ha ocasionado que al mes de enero de 2022 en México se han contagiado más de 4 millones de personas y se han perdido 300 mil vidas.

VII. La Ciudad de México, se ha ubicado como la entidad federativa con mayor número de casos confirmados del todo el país. Ante ello, diversos medios de comunicación han evidenciado la escasez de pruebas para diagnosticar el SARS-CoV-2 (COVID 19) y la falta de implementación de acciones y medidas necesarias para evitar la propagación virus.

VIII. Por lo anterior, y ante el notorio incremento de casos positivos de la enfermedad, resulta indispensable que el gobierno de la Ciudad de México refuerce las medidas existentes para evitar la propagación del SARS-CoV-2 (COVID 19) y a su vez la necesidad de crear nuevas acciones nuevas para garantizar a los ciudadanos capitalinos su derecho a la salud.

Considerandos

I. El artículo 6, fracción I, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de las y los diputados.

II. El artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos debe cumplir con su obligación de garantizar el derecho humano a la protección de la salud de todas las personas.

III. El artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece que todos los Estados parte se comprometen a reconocer a la salud como un bien público y a su vez tomar las medidas necesarias para garantizar este derecho.

IV. El artículo 25, apartado 1, de la Declaración Universal De Los Derechos Humanos, establece que los Estados parte deberán brindar acceso a toda persona un nivel de vida adecuado que le asegure para sí mismo salud, alimentación, atención médica, servicios sociales, entre otros.

V. El artículo 12, punto 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece que se reconoce el derecho de que toda persona disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a su vez obliga al Estado para que adopte medidas necesarias para asegurar el derecho a la salud.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, con el siguiente resolutivo

Punto de Acuerdo

Único. - Se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para implementar las acciones y medidas necesarias para hacer frente a la cuarta oleada de contagios del virus SARS-CoV-2 (COVID 19), reforzando e incrementando los puntos en los que se realizan pruebas COVID 19, así como, agilizar la aplicación de la dosis de refuerza de la vacuna a toda la población, e iniciar la campaña de vacunación a los menores de 12 a 17 años de edad con el propósito de evitar la masiva propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID 19).

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el 1 de febrero del 2022.

Diputada Mariana Gómez Del Campo Gurza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP, a realizar las gestiones jurídicas, presupuestarias y organizacionales necesarias con la finalidad de crear una unidad responsable que tenga como función específica la coordinación de las universidades politécnicas en el país, a cargo de la diputada Sayonara Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Sayonara Vargas Rodríguez , diputada federal indígena del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Las universidades politécnicas (UP) inician operaciones en 2001 en San Luís Potosí, actualmente se encuentran operando 63 universidades en 27 entidades federativas, de las cuales, el 75 por ciento se encuentran ubicadas en zonas de alta marginación. Cabe señalar que, a septiembre del 2021, registran una matrícula de 105 mil 207 alumnos.

Las UP han sido concebidas para dar atención a necesidades específicas de educación superior en regiones del país donde no existían instituciones de este nivel educativo. Estas universidades están orientadas a formar cuadros profesionales con una orientación humanista y con perspectiva de genero, que les permita tener un alto compromiso social para impulsar una sociedad mas justa e igualitaria. Cabe señalar, que las UP son instituciones con una alta relevancia social, ya que el 73 por ciento de los egresados representan la primera generación con educación superior en su familia, mientras que un 20 por ciento de los alumnos de estas universidades no hubieran tenido la oportunidad de ingresar a otro IES de no existir la UP. Finalmente, señalar que el 10 por ciento de su matrícula provienen de comunidades indígenas.

La formación que ofrecen las UP debe permitir a los egresados incorporarse a los mercados de trabajo, muestra de ello, es que el 73 por ciento de ellos se emplean a los 6 meses concluido sus estudios. Asimismo, los egresados cuentan con las competencias necesarias para llevar a cabo procesos de investigación y desarrollo tecnológico, por lo que al momento se han publicado 464 artículos en revistas arbitradas, se han desarrollado 139 libros especializados y se han registrado 253 patentes. Es importante señalar que las UP cuentan con condiciones para llevar a cabo la formación de nuevos científicos e investigadores, por lo que se tienen registrados 189 cuerpos académicos que tienen una alta producción científica y tecnológica. En este sentido, los perfiles docentes permiten favorecer la formación científica de los alumnos, ya que las UP son las IES con el mayor porcentaje de profesores de tiempo completo con estudios de posgrado (88 por ciento).

Las UP ofrecen los niveles de licenciatura/ingeniería, profesional asociado, maestrías y doctorados. Los programas de nivel licenciatura son intensivos, tienen una duración de 10 cuatrimestres, los cuales se dividen en tres ciclos anuales y se cuenta con una salida lateral al sexto cuatrimestre, para aquellos estudiantes que no puedan continuar con sus estudios y obtener el título de profesional asociado. Estas universidades cuentan con una oferta educativa innovadora, entre los programas que se ofrecen están Energías Renovables, Terapia Física, Aeroespacial, Ciencia de Datos, Geofísica Espacial, Biomédica, Robótica, entre otras.

Problemática

La Coordinación de Universidades Politécnicas inicia operaciones en febrero de 2003, ante la necesidad de orientar, impulsar y supervisar el crecimiento y consolidación de estas universidades. Cabe señalar que la Coordinación era una Dirección de Área adscrita a la Subsecretaría de Educación Superior y el personal estaba contratado por honorarios. Desde su creación, hasta el año 2012, el Subsistema había crecido a razón de cinco universidades por año, a la par con su presupuesto, matrícula y capacidad instalada. Sin embargo, debido a los ajustes en la estructura de SEP, el 11 de diciembre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual las universidades politécnicas quedan adscritas a la Unidad Responsable 514 “Coordinación General de Universidades Tecnológicas”.

Al incorporar a las UP a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas (CGUT) no se consideró la creación de las condiciones institucionales mínimas acordes a las necesidades generadas por las características del modelo educativo de las UP, lo que provocó problemas estructurales en la operación de las UP:

-Se violentaron los procesos académicos de las UP, forzando su operación hacia las prácticas existentes en las UT;

-Se entorpeció el proceso de planeación estratégica para impulsar y consolidar los procesos de investigación y desarrollo tecnológico;

-Se violentó el proceso de construcción y equipamiento de los talleres y laboratorios, característica esencial de estas universidades, para tratar de que fuera similar a las UT;

-Se dejaron de crear y desarrollar estrategias y acciones académicas acordes y pertinentes con el modelo de estas universidades, encaminadas al fortalecimiento y mejoramiento de la calidad de los servicios ofrecidos por estas universidades, tales como programas de tutorías, programas remediales y de inducción, programas de formación docente, acciones de apoyo a la reprobación, entre otras;

-Se violentó el modelo curricular, lo cual afectó los procesos de contratación de docentes debido al incremento en el recurso necesario para ello;

-Se entorpeció la planeación y asignación del recurso necesarios para la operación de estas universidades, ya que no se cuentan con criterios claros y equitativos, lo cual es esencial debido a que el recurso de operación se encuentra concentrado en el programa presupuestario U006 “Subsidios Federales Para Organismos Descentralizados Estatales”, dicho recurso se distribuye entre todos los organismos creados bajo la modalidad Descentralizada, por lo que se ha dado preferencia en la asignación a las universidades tecnológicas sobre las politécnicas, lo que implicó el estancamiento en su operación y funcionamiento, ejemplo de ellos es que desde el 2013, no han sido autorizados los incrementos en proporción a la matrícula de las UP. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que realice las gestiones jurídicas, presupuestarias y organizacionales necesarias con la finalidad de crear una unidad responsable que tenga como función específica la coordinación de las universidades politécnicas en el país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2022.

Diputada Sayonara Vargas Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SE y la CFE a elaborar un plan de desarrollo para la conversión de la central termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, de Tula, Hidalgo, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

I. La central termoeléctrica ubicada en el municipio de Tula en el estado de Hidalgo, es una planta con capacidad de más de 1500 Mega-Watts, la cual cuenta con 5 unidades de generación. Dicha Central, utiliza combustóleo en un 80%, mismo que desde hace varios años viola la normatividad oficial mexicana, en específico la nom-016-cre-2016, toda vez que el combustóleo que se utiliza para producir electricidad, cuenta con un porcentaje de azufre superior al 4%, sin embargo, la norma en comento establece un contenido máximo de azufre total de 2% en masa.1 Aunado a ello, la quema de combustóleo tiende a duplicar las emisiones de azufre permitidas por la NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, para zonas críticas, que es como se encuentra considerado el municipio de Tula, y que no solo es esto, ya que es considerado como uno de los lugares más contaminados del mundo.2

A pesar de que el diseño actual de la Termoeléctrica cuenta con la posibilidad de operar mediante gas natural, es la propia Comisión Federal de Electricidad la que continúa operando con combustóleo, ya que esto sirve para dar salida al combustóleo que es producido por las refinerías más obsoletas de Pemex. Tan solo en 2019, según un estudio de Iniciativa Climática de México, la termoeléctrica quemó un 69% de combustóleo y solo un 31% de gas natural.3

De acuerdo a un informe de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el uso de este tipo de combustible para generar electricidad, hace que la central de Tula emita más de 130 mil toneladas de dióxido de azufre, así como de otro tipo de contaminantes, además de que es la responsable del 10% de los gases contaminantes que se llegan a la ciudad de México.

II. Si bien el uso del combustóleo se ha mantenido a la baja en los últimos años, las termoeléctricas que son propiedad de Comisión Federal de Electricidad aún continúan con su uso, ello a pesar de que muchas de ellas estaban programadas para dejar de estar en operaciones, sin embargo, debido a los cambios que se han dado en el sector energético en los últimos años estas se han mantenido, aun cuando los efectos negativos al medio ambiente y a la salud son evidentes.

Para 2020, el actual director de Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, había hecho un compromiso para dar cabida y favorecer a las energías limpias y renovables, además, dijo que el uso de combustóleo como fuente de generación eléctrica disminuiría.4

En este sentido, el uso de fuentes energéticas alternativas traería consigo un sinfín de beneficios, lo que ayudaría en demasía a disminuir la contaminación ambiental no solo en la ciudad de México, sino en todo el país.

El uso de combustóleo en la central termoeléctrica de Tula es un mal que debe ser erradicado, ya que los gases nocivos que emite merman la salud de los habitantes de este municipio, pues exponerse a contaminantes aumenta los síntomas de enfermedades agudas, como trastornos respiratorios y cardiovasculares, además de complicaciones neuropsiquiátricas, irritación de los ojos o enfermedades de la piel, e incluso una exposición a largo plazo a estos llega a generar enfermedades crónicas más graves como el cáncer.5

Por lo anteriormente expuesto someto consideración de esta cámara la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, a que de manera conjunta elaboren un plan de desarrollo para la conversión de la central termoeléctrica “Francisco Pérez Ríos” ubicada en el municipio de Tula, Hidalgo, con la finalidad de cambiar la tecnología para la producción de energía eléctrica por una menos contaminante.

Notas

1 “Termoeléctrica de Tula, el Chernóbil mexicano”, El Economista, 2020

Recuperado de: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/
Termoelectrica-de-Tula-el-Chernobil-mexicano-20200515-0020.html

2 “Respirando azufre: PROFEPA investiga termoeléctrica de Tula por alta emisión de contaminantes”, Animal Político, 2021

Recuperado de: https://www.animalpolitico.com/2021/05/profepa-investiga-termoelectrica-tula-
emision-contaminantes/#:~:text=La%20central%20de%20Tula%20emite,seg%C3%BAn%20un%20informe%
20de%20SEMARNAT.&text=En%202019%2C%20seg%C3%BAn%20un%20estudio,un%2031%25%20de%20gas%20natural.

3 “Estudio sobre la influencia de la central termoeléctrica de Tula, Hidalgo, en la calidad del aire regional”, Iniciativa Climática de México, 2021.

Recuperado de: https://www.iniciativaclimatica.org/wp-content/uploads/2021/03/Central- Termoele%CC%81ctrica-Tula.pdf

4 “Manuel Bartlett asegura que CFE usará menos combustóleo en la generación de energía”, El Economista, 2020

Recuperado de: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Manuel-Bartlett-asegura-que-CF E-usara-menos-combustoleo-en-la-generacion-de-energia-20200522-0074.htm l

5 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2022.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Dirección General del IPN a instalar una mesa de diálogo, con una representación de 855 trabajadores de apoyo y asistencia a la educación afectados, a fin de que revisen las posibilidades de aplicar el incremento de 3.9 por ciento correspondiente a la revisión salarial de 2021, a cargo de la diputada Lidia Pérez Barcenas, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Lidia Pérez Barcenas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, párrafo 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) es una gran institución que ha contribuido al desarrollo del país a través de su oferta educativa. Su origen hunde sus raíces en los gobiernos posrevolucionarios y cristaliza en 1936 durante el mandato del general Lázaro Cárdenas del Río, quien, junto con Juan de Dios Bátiz, da vida a este generoso proyecto. De sus aulas han egresado cientos de profesionistas que se han incorporado a las diversas actividades productivas y de servicios del país, cumpliendo la misión para la que fue concebida.

Como establece su ley orgánica, el IPN es la institución educativa del Estado creada para consolidar, a través de la educación, la independencia económica, científica, tecnológica, cultural y política para alcanzar el progreso social de la nación, de acuerdo con los objetivos históricos de la Revolución, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.1

Su misión es formar integralmente a técnicos, profesionistas e investigadores a través de programas pertinentes en distintas áreas del conocimiento; realizar investigación científica y tecnológica; promover la innovación y fomentar la vinculación y extensión con los sectores productivos y social, para contribuir al desarrollo tecnológico, económico, político, social y cultural del país.2

El Poli, como coloquialmente se le conoce, hoy hace realidad el derecho a la educación de 211 mil 839 alumnas y alumnos para el ciclo escolar 2020-2021, distribuidos de la siguiente manera: 6 mil 354 en el nivel de posgrado; 127 mil 485 en el nivel superior y 78 mil en el nivel medio superior. Imparte 164 programas académicos de posgrado, 46 doctorados, 80 maestrías, 38 especialidades, 78 programas académicos de licenciatura y 57 programas académicos de nivel medio superior.3

En cuanto a su planta laboral, tiene 16 mil 175 docentes y 9 mil 448 trabajadoras y trabajadores de apoyo.

Actualmente, el IPN ejerce un presupuesto superior a 18 mil millones de pesos, autorizados por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal de 2022.

A esta representación popular se ha acercado personal de apoyo y asistencia a la educación del IPN para denunciar que 855 trabajadoras y trabajadores, ubicados en el rango D del tabulador horizontal de salarios, fueron excluidos del incremento salarial del 3.9 por ciento que las autoridades de la institución pactaron con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 11, y que se pagó el 9 de junio de 2021. Ese aumento no fue reflejado, indebidamente, en el salario tabulado de los mencionados 855 trabajadoras y trabajadores pertenecientes al sector.

Dicho incremento forma parte de una negociación bilateral en torno a las Condiciones Generales de Trabajo, y que antes de esa fecha ya se les había reconocido. Manifiestan que el mencionado aumento directo al salario les ha sido negado sin explicación alguna, constituyendo un acto violatorio del derecho humano a la igualdad de oportunidades laborales.

El ajuste salarial demandado se desprende de un convenio histórico suscrito por autoridades de la SEP y el IPN con la Sección 11 del SNTE: el convenio de homologación firmado en 1980. En la presentación del citado documento tripartita, el entonces director general, doctor Héctor Mayagoitia Domínguez, escribe lo siguiente:

De esta manera, autoridades educativas y delegados sindicales al dar a conocer los derechos y obligaciones de los trabajadores y de los funcionarios, tratan de crear conciencia entre los trabajadores para afirmar la responsabilidad de cada uno de ellos en el cumplimiento de los puntos de este Convenio. Así se responde a la demanda sindical de nivelación salarial al personal administrativo, técnico y manual del Politécnico con los sueldos y obligaciones de otras instituciones de enseñanza como lo son la UNAM y la UAM.4

Además, en el mencionado convenio se establece en la cláusula XII:

Las condiciones salariales del personal no docente del IPN se revisarán anualmente a partir del mes de febrero a efecto de mantener la nivelación de los nuevos tabuladores los cuales no serán menores con respecto a los de las demás Instituciones Educativas similares de tipo superior en el área metropolitana...5

Es un compromiso de esta representación popular coadyuvar a la solución de los problemas de los sectores más desprotegidos de la sociedad y, en este caso, de las y los trabajadores de la educación. A ninguna institución educativa conviene un clima de conflicto laboral y de inconformidad de su personal de apoyo, quienes, indebidamente, han recibido un incremento salarial menor al de otras instituciones de educación superior, incumpliendo lo establecido en el convenio de homologación firmado en 1980. Las y los legisladores estamos obligados a velar porque el Instituto Politécnico Nacional siga cumpliendo con su misión educativa en bien de la patria.

Máxime que a pesar de la pandemia provocada por el Sars-Cov2, el IPN incrementó su matrícula para el Ciclo 2022, en un 4.35 por ciento, es decir 9 mil 208 estudiantes más.

Además de que su aporte al combate a este flagelo quedó de manifiesto en varias acciones como su participación en la Comisión Internacional de Expertos, convocada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, para contribuir en los trabajos globales en el desarrollo de una vacuna contra el Covid-19.6

Hoy cuando las autoridades han anunciado que regresarán a las clases presenciales el 31 de enero del año en curso, se requerirá de sus trabajadoras y trabajadores de apoyo y asistencia a la educación, todo su compromiso con esta noble institución.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional a instalar una mesa de diálogo, con una representación de las 855 personas trabajadoras de apoyo y asistencia a la educación afectadas, con objeto de que revisen las posibilidades de aplicar al salario base el incremento de 3.9 por ciento, correspondiente a la revisión salarial de 2021, que fue asignado al salario tabular de las y los trabajadores del IPN, a partir del 1 de febrero de 2021.

Notas

1 Artículo 1 de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

2 https://www.institutopolitecniconacional.com/historia (fecha de consulta: 6 de enero de 2022).

3 https://ipn.mx/assets/files/main/docs/Transparencia/2020-Agenda-ene-dic .pdf

4 Convenio SEP-IPN-SNTE-Sección XI, mimeografiado, página 3.

5 Ibídem, página 5.

6 https:www.ipn.mx/assets/ccs/comunicados/2021/12/c-256-2021pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2022.

Diputada Lidia Pérez Barcenas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de la Ciudad de México a implantar acciones para preservar la seguridad pública y combatir la delincuencia en el transporte público, a cargo de la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Mariana Gómez Del Campo Gurza integrante del Grupo Parlamentario del PAN, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de esta Cámara, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a implementar acciones para preservar la seguridad pública y combatir la delincuencia dentro del transporte público, conforme a los siguientes

Antecedentes

I. La incidencia delictiva en México ha aumentado en los últimos años, tan solo en el año 2021 los delitos aumentaron 10.9 por ciento en comparación con el año anterior. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a noviembre del 2021, se registraron 1,871,808 delitos, en tanto que en el mismo periodo de 2020 fueron 1,687,660 delitos, es decir, una diferencia de 558 delitos más por día.

II. Conforme a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicada en septiembre de 2021, el 64.5 por ciento de la población en México mayor de 18 años, manifestó que vivir en su ciudad es inseguro.

III. De igual forma, se reportó que los principales lugares en los que se siente insegura la ciudadanía son en los cajeros automáticos con el 75 por ciento, el transporte público con el 68. 7 por ciento y dentro de las instalaciones de instituciones bancarias con el 61.4 por ciento.

IV. Ahora bien, en relación con los asaltos dentro del transporte público, hasta noviembre del 2021, el Estado de México y la Ciudad de México, ocupaban los dos primeros lugares de denuncias presentadas por este delito. Lo anterior, ya que se denunciaron 5 mil 395 robos en el Estado de México, y 2 mil 757 en la Ciudad de México.

V. Uno de los principales focos rojos de este delito, se encuentra en los Centros de Transferencia Modal (Cetram) y paraderos de la Ciudad de México, donde convergen diversos medios de transporte. De acuerdo con un análisis realizado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) publicado en el boletín 062 del 10 de febrero del 2021, se percibe una alta inseguridad en los Cetram. Las mujeres usuarias de transporte público son principalmente las víctimas de diversas conductas delictivas y ocho de cada diez no sabe cómo realizar una denuncia por acoso sexual en el transporte público.

VI. El mencionado estudio refiere que una investigación realizada en el año 2019 con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo puntualizó que, dentro de este tipo de Centros de Transferencia, las mujeres son víctimas de acoso sexual. En el Cetram Pantitlán el 49 por ciento de las usuarias señalaron que han sido objeto de piropos obscenos y ofensivos; en Indios Verdes, 40.8 por ciento y en Taxqueña 44.7 por ciento.

VII. En diciembre del año 2021, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch mencionó que en coordinación con el Estado de México se han realizado operativos de seguridad en el transporte público para reducir los asaltos. Sin embargo, los llamados paraderos que conectan con entidades federativas aledañas continúan con cifras muy altas de inseguridad.

VIII. Las personas usuarias del transporte público salen de los Cetram y/o abordan las unidades con miedo de ser víctimas de delitos que ponen en riesgo ente otras cosas, su integridad, su salud física, mental y su economía. Por lo anterior, resulta indispensable reforzar los operativos e implementar mayor seguridad en todos los paraderos de la Ciudad de México.

Considerandos

I.- El artículo 6, fracción I, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de las y los diputados.

II.- Conforme al artículo tercero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

III.- Conforme al artículo 21, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia

IV.- Conforme al artículo 41 primer párrafo de la Constitución Política de la Ciudad de México, la seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, con el siguiente resolutivo

Punto de Acuerdo

Único. - Se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que implemente acciones para preservar la seguridad pública y combatir la delincuencia en el transporte público, paraderos y Centros de Transferencia Modal. De igual forma, para que, en coordinación con el gobierno del Estado de México, se implementen medidas tendientes a reforzar la seguridad y realicen operativos en los puntos colindantes entre ambas entidades.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el 1 de febrero del 2022.

Diputada Mariana Gómez Del Campo Gurza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de NL a instaurar mecanismos que garanticen que el “impuesto verde” lo paguen las empresas contaminantes y no se traslade a los ciudadanos, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Marcela Guerra Castillo , diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Nuevo León para que instrumente los mecanismos necesarios que garanticen que el “impuesto verde” lo paguen las empresas que contaminen y no se traslade a los ciudadanos, ya que esto ha provocado un alza de precios en los materiales con que se construyen las viviendas, afectando a los sectores más vulnerables de la población, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El problema de la contaminación afecta a las grandes metrópolis de todo el mundo, por lo que corresponde a los gobiernos de los países suscribir compromisos internacionales para mitigar la contaminación y sus afectaciones, mientras que los gobiernos locales deben dictar las regulaciones aplicables de acuerdo a las necesidades de cada región. Y desde luego, corresponde a todos los ciudadanos hacer las acciones más sencillas como cuidado del agua, de la energía eléctrica o usar menos los autos. Solo con la suma de todos estos esfuerzos, podremos ver, respirar y disfrutar de los resultados de un medio ambiente saludable.

Técnicamente, la contaminación ambiental es la presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) en lugares, formas y concentraciones que sean nocivos para la salud, la seguridad o el bienestar de la población, o que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal.1 Los principales agentes contaminantes del aire son:

-Monóxido de carbono (CO). Se produce por la quema de combustibles como el gas, la gasolina, el petróleo, el tabaco y la madera de chimeneas. Es casos extremos, la inhalación de este gas puede causar la muerte por envenenamiento en pocos minutos, al sustituir el oxígeno en la sangre.

-Óxidos de Nitrógeno (NO, NO2, NOx). Surge por los procesos de combustión como la calefacción, generación de electricidad y motores de vehículos y barcos. Puede causar bronquitis en personas asmáticas y reduce la función pulmonar.

-Dióxido de azufre (SO2). Se genera como resultado de la quema de combustibles fósiles (carbón y petróleo). Afecta a las funciones pulmonares, causa irritación ocular, inflama el sistema respiratorio provocando tos, secreción mucosa y bronquitis crónica.

-Materia Particulada (PM). Son partículas orgánicas e inorgánicas de sulfatos, nitratos, amoníaco que se están suspendidas en el aire. Pueden penetrar y alojarse profundamente en los pulmones y entrar en el sistema sanguíneo. La exposición crónica a materia particulada contribuye al riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como cáncer de pulmón.

-Ozono (O3). Procedentes de las emisiones de vehículos o la industria. Sus niveles son especialmente elevados en época de calor. Puede causar problemas respiratorios, provocar asma, reducir la función pulmonar y dar lugar a enfermedades pulmonares.

De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación atmosférica en las ciudades y zonas rurales de todo el mundo provoca cada año 4.2 millones de defunciones prematuras. Un 91 por ciento de esas defunciones prematuras se producen en países de bajos y medianos ingresos. Mediante la disminución de los niveles de contaminación del aire, los países pueden reducir la carga de morbilidad derivada de accidentes cerebrovasculares, cánceres de pulmón y neumopatías crónicas y agudas.2

La capital de mi estado, Nuevo León, enfrenta un problema de contaminación del aire que se ha incrementado año con año. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, en 2018 se reportaron 204 días de alta contaminación en la zona metropolitana de Monterrey; en 2019 fueron 181 días; en 2020 se registraron 179; y hasta noviembre de 2021 se contabilizaron 194 días de mala calidad del aire, y a reserva de que se publiquen los datos oficiales de diciembre, seguramente 2021 habrá sido el año de más alta contaminación.

Son muchas las fuentes de contaminación en Monterrey y el área conurbada. Se estima que al menos el 50 por ciento3 proviene del transporte público4 que da servicio a los 5 millones de personas que viven en Monterrey y sus alrededores, y de los 2.5 millones de autos registrados en el padrón vehicular.

Sin embargo, durante la contingencia por Covid-19 se redujo la movilidad hasta un 60 por ciento pero no se reflejó en una disminución de la contaminación, por lo que habría que replantear las fuentes que la generan.

La otra parte de la contaminación es generada por las pedreras, la refinería de Cadereyta, las termoeléctricas y otras industrias.

Las pedreras son las empresas dedicadas a la extracción de rocas para elaborar diversos materiales esencialmente para la construcción. Su problemática radica principalmente en 4 situaciones:

-La cantidad de contaminantes que vierten en el aire;

-El uso constante de químicos empleados para dinamitar las rocas, que propicia fallas geológicas y que además contamina el suelo;

-No hay programas de mitigación para regenerar la zona en la que se asentó la empresa, una vez que ha extraído todo el material y se ha retirado del lugar;

-Están devastando las montañas de Nuevo León. Las pedreras han dañado los cerros y la zona serrana cercana a la capital, afectando gravemente a los ecosistemas de la región.

Alrededor de 48 pedreras cuentan con registro oficial en Nuevo León, sin embargo, la Asociación de Extractores de Caliza del estado tiene agremiadas a 65 empresas. Lo que significa que varias de ellas podrían estar operando en la clandestinidad.

A inicios de noviembre pasado, el gobernador Samuel García propuso la creación del llamado “impuesto verde”, que tiene varios fines: en primer lugar, es gravar las actividades contaminantes de las empresas y fabricas para que paguen un impuesto que ayude a mitigar el daño ecológico que causan; y en segundo lugar se busca que las empresas inviertan en tecnologías y prácticas que sean amigables con el medio ambiente para que estén exentas de pagar el impuesto verde.

La citada propuesta del Ejecutivo local entró en vigor el primer día de este 2022, sin embargo, en un acto de total abuso, las pedreras decidieron encarecer sus productos para que el consumidor final sea quien verdaderamente pague el impuesto verde.

Si consideramos que las pedreras venden materiales de construcción, el aumento en el precio de estos productos ha provocado que las viviendas se encarezcan y que el ciudadano de a pie termine pagando un impuesto que le corresponde pagar a las empresas que contaminan su medio ambiente y que además le provocaran afectaciones a la salud como las mencionadas anteriormente, las cuales terminaran siendo atendidas por los servicios de salud del estado y con recursos del gobierno. Es decir, ciudadanos y cobierno terminarán pagando los daños que ocasionan estas empresas, pues la contaminación del aire no solo representa un problema ambiental, sino también de salud y a mediano plazo presupuestal, para atender las afectaciones médicas.

Algunos medios de comunicación refieren que las pedreras de Nuevo León han comunicado a sus clientes que sus precios subirán hasta 183 por ciento debido al impuesto verde, por lo que se ven obligados “a aplicar un aumento de precios generalizado a todos los materiales que manejamos”.5

En este orden de ideas, el gobierno de Nuevo León debe implementar medidas para evitar que los ciudadanos paguen un impuesto que no les corresponde, y para que, los que están obligados a pagarlo no evadan su responsabilidad.

Y es que, como coordinadora del “Grupo de Trabajo para dar seguimiento a la implementación de la Agenda 20306 de la Cámara de Diputados”, mi compromiso es legislar en favor de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible,7 y esta proposición con punto de acuerdo, junto con el impuesto verde, abonan a los siguientes objetivos:

Vivir en un medio ambiente sano reduce diversas afectaciones a la salud, algunas de ellas las menciono en párrafos anteriores.

Que las empresas contaminantes de Nuevo León inviertan en tecnología para reducir sus emisiones en sus procesos, es uno de los objetivos del impuesto verde, y desde luego, de esta proposición.

La extracción de rocas que están haciendo las pedreras, está afectando y devastando a los cerros y montañas aledañas a Monterrey, dañando gravemente a los ecosistemas de la región.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honrable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas, exhorta al gobierno de Nuevo León para que instrumente los mecanismos necesarios que garanticen que el “impuesto verde” lo paguen las empresas que contaminen y no se traslade a los ciudadanos, ya que esto ha provocado un alza de precios en los materiales con que se construyen las viviendas, afectando a los sectores más vulnerables de la población.

Notas

1 [1] ¿Qué es la contaminación del aire?. Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México. Disponible en: https://rama.edomex.gob.mx/que_es

2 [1] Contaminación del aire ambiente. Organización Mundial de la Salud. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-a ir-quality-and-health

3 [1] La contaminación en Monterrey. Disponible en: https://www.milenio.com/opinion/efren-vazquez-esquivel/no-hay-derecho/l a-contaminacion-en-monterrey

4 [1] Al respecto, en la Sesión de la Comisión Permanente del 12 de enero de 2022, presente Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno de Nuevo León a tomar de manera urgente las medidas que estime pertinente para acabar con el problema del transporte de pasajeros. Además de que rinda un informe sobre las acciones implementadas para la renovación e implementación del transporte público de gas natural y eléctrico.

5 [1] El Debate. A partir del 1 de enero las pedreras de Nuevo León subirán hasta 183% los precios de sus productos por el nuevo “impuesto verde” del Gobierno estatal. Disponible en: https://www.debate.com.mx/economia/Pedreras-de-Nuevo-Leon-subiran-preci os-hasta-183-por-nuevo-impuesto-verde-20211219-0039.html

6 [1] Resumen de la Instalación del Grupo de Trabajo de la Agenda 2030: https://www.youtube.com/watch?v=L21Y48YkAsY&feature=youtu.be Video completo:

https://www.youtube.com/watch?v=6GJfQ3hIfC4

7 [1] Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-so stenible/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2022.

Diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE y la CFE a respaldar la creación de plantas de carbonización hidrotermal en Guadalajara, Jalisco; y Monterrey, NL, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. Antecedentes

La tecnología de carbonización hidrotermal fue desarrollada a principios del siglo XX por el químico alemán Freidrich Bergius. Se trata de un proceso termoquímico en el que la materia orgánica (biomasa), con alto contenido de humedad, se sujeta a condiciones de temperatura y presión medias (entre 180 y 250 °C y entre 10 y 14 Atm, respectivamente) que propician su descomposición en carbón estructurado y agua, primordialmente. El carbón resultante, denominado hidro-carbón, es hidrofóbico, por lo que está suspendido en el agua y deben emplearse procesos mecánicos y térmicos para secarlo, para posteriormente formar gránulos (pellets).

La biomasa que entra al proceso HTC puede provenir de diferentes fuentes como la madera y residuos forestales, residuos agrícolas, residuos sólidos urbanos, entre otros. La gran ventaja que plantea el proceso HTC es que el proceso ocurre en medio acuoso, por lo que la humedad de biomasa de origen no resulta ser ningún problema. El proceso permite, por un lado, concentrar el poder energético de la biomasa de origen en un biocombustible sólido, y por otro, generar un agua fertilizada que puede ser reaprovechada en riego. Aunado a ello, la biomasa puede ser de utilidad debido a que, en su procesado, la huella de carbono es neutra.1

II. Las plantas de carbonización hidrotermal, son las encargadas de convertir residuos orgánicos húmedos en biocarbón. Esto se hace a través de calentar la materia orgánica para eliminar el agua contenida en esta (misma que puede utilizarse nuevamente en el proceso de lavado de los residuos orgánicos) o, hasta obtener el carbón por medio de la deshidratación.

El biocarbón es utilizado para la generación de electricidad como sustituto menos contaminante y con características físicas similares que el carbón mineral, ya que, por un lado, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y por otro cuenta con la misma capacidad calorífica (un kilo de biocarbón genera el mismo calor que un kilo carbón) que el carbón convencional.

Desde la década de los 90, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) opera la central termoeléctrica “Presidente Plutarco Elías Calles” en la comunidad de Petacalco, en el municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero.2

La central termoeléctrica de Petacalco produce más del 5% de la energía eléctrica generada en el país y cuenta con 6 unidades generadoras carboeléctricas en operación con una capacidad nominal de 350 Megawatts cada una, haciendo una capacidad instalada total de 2,100 Megawatts.

Las 3 plantas carboeléctricas que hay en México producen el 25% de los gases de efecto invernadero que genera el sector eléctrico.

Ahora bien; ¿Qué requieren las plantas de carbonización hidrotermal?

• Un depósito donde se muele la materia orgánica para homogeneizar su tamaño,

• Un depósito donde se lava la materia orgánica molida,

• Reactores con sistemas de presión y temperatura, los cuales son los lugares donde se introducen los residuos orgánicos para realizar su carbonización.

• Centrífugas o filtradores, para eliminar el líquido sobrante de la materia carbonizada.

III . Cabe recordar que el actual Director de CFE, Manuel Bartlett Díaz, se comprometió públicamente en una entrevista de mayo del 2020, a favorecer las energías limpias y reducir el uso de combustóleo como fuente de generación de electricidad.3

Por ello, solicitamos la creación de más plantas de carbonización hidrotermal, como la recién creada por el Gobierno de la Ciudad de México en coordinación con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, con la finalidad de generar fuentes de energía que disminuyan los efectos de gases invernadero en beneficio de la salud de las y los mexicanos.

Asimismo, solicitamos la urgente implementación de un programa de reducción de compra de combustóleo, ya que la CFE es hoy es la empresa que más lo consume en el país.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cada año la contaminación del aire genera cerca de 7 millones de muertes prematuras. Tan sólo en México, se estima que anualmente alrededor de 9,300 personas pierden la vida por causas asociadas a la contaminación del aire.4

De ahí que resulte urgente reducir el uso de combustóleo y aumentar la generación de energía con fuentes renovables a fin de combatir el cambio climático y cumplir los compromisos realizados por el Estado Mexicano en el Acuerdo de París.

IV . En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que necesitamos energías limpias, que nos ayuden a disminuir los efectos de gases invernaderos en beneficio de la salud de las y los mexicanos y para proveer un mejor futuro a nuestras infancias, estamos comprometidos con poner a las personas al centro y sus causas al frente es por ello que de la mano de la academia, sociedad civil, el sector público y el sector privado, podemos convertir a México en una potencia mundial en energías limpias y renovables.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Energía para que, dentro de sus competencias y atribuciones legales, respalde la creación de Plantas de Carbonización Hidrotermal, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, así como en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Comisión Federal de Electricidad a que implemente de manera inmediata un Programa para reducir la utilización de combustóleo en sus centrales eléctricas.

Notas

1 Tesis El proceso de carbonización hidrotermal aplicada a la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. Estefanía Ponce Ballester, julio de 2012

2 Basura orgánica de CDMX producirá electricidad en termoeléctrica de la CFE, Revista Forbes, recuperado de: https://www.forbes.com.mx/noticias-basura-organica-cdmx-electricidad-te rmoelectrica-cfe/

3 Pz. Magazine. “Energías Renovables no es un mercado, es un atraco a la nación”: Manuel Bartlett, Director General de la Comisión Federal de Electricidad. Recuperado de: https://www.pv-magazine-mexico.com/2020/05/27/energias-renovables-no-es -un-mercado-es-un-atraco-a-la-nacion-manuel-bartlett-director-general-d e-la-comision-federal-de-electricidad/

4 OPS. OMS estima que 7 millones de muertes ocurren cada año debido a la contaminación atmosférica. Recuperado de: https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9406:2014-7-million-deaths-annually-linked-air-pollution&Ite mid=135&lang=es

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 01 de febrero de 2022.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Jucopo de esta soberanía a valorar la creación de una subcomisión encargada de estudiar, analizar y atender el desabasto de medicamentos en el sector público de salud, a cargo de la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Carmen Patricia Armendáriz Guerra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta de manera respetuosa a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a valorar la creación de una subcomisión para estudiar, analizar y atender el desabasto de medicamentos en el sector público de salud, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El funcionamiento del Estado, como ente de organización política, siempre se encuentra sujeto a la utilización de recursos limitados para la consecución de sus objetivos. Esta premisa, que generalmente se rige por principios como la eficiencia y la eficacia presupuestaria, permite que las instituciones del Estado operen de manera continúa abarcando las necesidades de la población.

Determinados sectores como el sector salud, requieren de aumentos constantes y significativos año con año para surtir las demandas de la ciudadanía; sin embargo, un aumento presupuestario no siempre constituye la única solución para alcanzar los objetivos constitucionales del Estado y sus instituciones.

Por ello, las propuestas y demás soluciones de carácter administrativo y logístico, coadyuvan a garantizar que los principios presupuestales de eficiencia y eficacia en el gasto público sean debidamente atendidos.

No obstante, en algunas ocasiones estas medidas son insuficientes para configurar un estado de bienestar para todas y todos, tal y como ha quedado de manifiesto con la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2, comúnmente conocido como Covid-19, en donde una amplia presión en el uso del sistema de salud público ha reducido la capacidad de atender de manera universal a toda persona que lo necesite y, con ello poder satisfacer su derecho a la salud.

El gobierno federal, en la búsqueda de mejores mecanismos para dar eficacia y efectividad al sistema, ha implantado un nuevo modelo para la adquisición de medicamentos y material de curación; a través de la celebración de un convenio entre el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS),1 como resultado del convenio marco entre el gobierno mexicano y la UNOPS,2 donde por medio de la cooperación técnica se realizarían procesos de licitación internacional a fin de abastecer a las instituciones del sector salud.

Sin embargo y a pesar de la efectividad de este mecanismo, al día de hoy continúa existiendo una queja constante de quienes recurren a las instituciones de salud pública para garantizar su bienestar físico.

La que suscribe, ha recibido a través de las redes sociales, diversas quejas relativas a la escasez de medicamentos y material de curación al interior de las instituciones del sector salud, que permiten suponer fallas en la cadena de distribución bienes, lo cual, impide que los pacientes reciban los insumos necesarios para satisfacer su derecho a la salud.

Sin embargo, la complejidad del sector salud es tal, que resulta imposible ofrecer una solución única para abordar su problemática, toda vez que no se pueden generalizar ni las causas ni los resultados derivados de este aparente desabasto.

Por ello es convicción de quien suscribe este punto de acuerdo, atender la necesidad de revisar cada uno de los casos de denuncias por desabasto de medicamentos e insumos del sector salud, a fin de obtener un diagnóstico preciso que ayude a solventar los problemas del Sistema Nacional de Salud. Revisión de casos que no sólo pretende documentarlos sino, a su vez, buscar soluciones en la vía legislativa para apoyar al sector salud que al día de hoy y derivado de la pandemia, se encuentra ampliamente presionado.

Por tanto, se propone crear una subcomisión de investigación y análisis de desabasto de medicamentos en la que participen las y los integrantes de las Comisiones de Salud, y de Seguridad Social por ser las que engloban a las instituciones de salud a nivel nacional, para que a través de la revisión de casos específicos, el Congreso de la Unión y concretamente la Cámara de Diputados, cuenten con elementos que le permitan elaborar un diagnostico preciso, que se enfoque en ofrecer soluciones de carácter legislativo e incluso, de ser necesario, se aproveche de los mecanismos legales de control político con los que cuenta, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la gestión en el sistema de salud.

Dicha subcomisión se encargaría de revisar las denuncias relacionadas al suministro de medicamentos e insumos de las instituciones de salud pública, que cualquier ciudadano, bajo su propia responsabilidad, formule por escrito ante la Cámara de Diputados.

Por lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, numeral 4, de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 152 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía y de la Junta de Coordinación Política el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . Se exhorta de manera respetuosa a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a valorar la creación de una subcomisión para estudiar, analizar y atender el desabasto de medicamentos en el sector público de salud, formada por integrantes de las Comisiones de Salud, y Seguridad Social.

Notas

1 Secretaría de Salud. Acuerdo específico entre el Instituto de Salud para el Bienestar de los Estados Unidos Mexicanos y la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, para la ejecución del proyecto de implantación del denominado “Adquisición de medicamentos y material de curación”, 39 páginas. Consultado en

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/626390/AE _UNOPS_INSABI_08112020113928__1_.pdf

2 Secretaría de Relaciones Exteriores. Acuerdo marco entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, 15 páginas. Consultado en

https://transparencia.sre.gob.mx/transparencia-categorias/category/
392-fracc-vi-i-los-acuerdos-interinstitucionales?download=68391:1-mx-unops-13-feb-19&start=80

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2022.

Diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a implantar acciones en apoyo de la economía ante la nueva oleada de contagios de Covid-19, que ha provocado cierre de empresas y pérdida de empleos, a cargo de la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Mariana Gómez Del Campo Gurza integrante del Grupo Parlamentario del PAN, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de esta Cámara, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno federal a implementar acciones de apoyo a la economía ante la nueva oleada de contagios causados por COVID-19 que ha provocado el cierre de empresas y pérdida de empleos, conforme a los siguientes:

Antecedentes

I En México derivado de la pandemia más de un millón de negocios han cerrado de forma permanente, es decir uno de cada cinco, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De los casi cinco millones de negocios micro, pequeños y medianos, han podido permanecer 3.85 millones.

II. Como consecuencia de lo anterior, se han perdido más de 13 millones de empleos. Estas personas, se encuentran frente a una situación complicada, a causa de la grave crisis económica y la falta de planeación y apoyo del Gobierno federal.

III. En los pasados meses, el Gobierno federal, ha implementado programas de recuperación de empleos, los cuales no han sido de calidad, ni suficientes. La incertidumbre provocada por la falta de estabilidad y acceso al trabajo, ha provocado grandes niveles de subocupación, alta precariedad, salarios bajos, incluso personas que buscan un segundo empleo, para poder cubrir sus necesidades básicas.

IV. Es de resaltar, que nuestro país se vive un aumento de la pobreza, de acuerdo con cifras del Inegi, en 2020 hubo un incremento de 15.6 millones de mexicanos que no tienen acceso a los servicios de salud, 3.8 millones más en situación de pobreza y 2.1 millones más en pobreza extrema.

V. Nos encontramos frente a una disyuntiva, por una parte, el gran número de casos nuevos provocados por la variante Ómicron de Covid-19, y por otra imponer nuevamente restricciones, tendría consecuencias negativas para el comercio. En los últimos días, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) señaló la necesidad de ser conscientes en las medidas que se tomaran para el seguimiento de la pandemia, ya que el panorama es delicado por las repercusiones económicas que puedan tener.

VI. La falta de apoyos por parte del gobierno ha causado que miles de establecimientos mercantiles hayan tenido que cerrar definitivamente. Por lo anterior, frente a esta nueva ola de casos de Covid-19, los comercios y negocios prefieren arriesgarse a contagios, que volver a cerrar o reducir sus aforos.

VII. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hay países implementando diversas políticas para atender la crisis laboral ocasionada por la pandemia, todas encaminadas a la protección de los trabajadores en el lugar del trabajo, el fomento de la actividad económica y el apoyo al empleo.

VIII. Diversos países como Italia y Japón han destinado recursos con el fin de promover el empleo a distancia. China solicitó que el salario de los empleados que no puedan trabajar por situación de cuarentena o enfermos sea pagado. En Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos, los bancos centrales han reducido las tasas de interés.

En Italia se han ejecutado reducciones fiscales, exención del pago de cuotas de la seguridad social e incluso se ha ampliado el plazo para el pago de hipotecas. En Filipinas se han ampliado las prestaciones por desempleo para aquellos susceptibles de perder su trabajo ya sea por despidos o cierres de empresas.

IX. En el caso de América Latina, los países han dedicado parte de su Producto Interno Bruto (PIB) para contener el impacto económico de la crisis por el COVID, conforme a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en el 2020 México fue uno de los cinco países que menos PIB destinó para tal efecto dando solo el 1.1 por ciento, cuando el promedio en la región fue del 3.2 por ciento, siendo Haití con el menor de 0.2 por ciento y El Salvador donde más se destinó, hasta el 11.1 por ciento.

X. Asimismo, la Cepal mencionó que si bien, se ha elevado la estimación de crecimiento promedio para la región, esto no alcanzara para tener un crecimiento sostenido “ya que los impactos sociales de la crisis y los problemas estructurales de la región se han agudizado”.

XI. Ante la nueva oleada de contagios que se está viviendo en México, es indispensable se ejecuten programas de apoyos para negocios y empresas, con el fin de sobrellevar los impactos económicos y evitar sean orillados al cierre definitivo de sus establecimientos.

Considerandos

I.- El artículo 6, fracción I, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de las y los diputados.

II.- Conforme al artículo 25, primer párrafo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, con el siguiente resolutivo

Punto de Acuerdo

Único. – Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Economía a implementar acciones, tales como el otorgamiento de apoyos fiscales a micro, pequeñas y medianas empresas, así como a industrias, así como fijar una tarifa preferente en el pago de servicios, con el fin de sobrellevar los impactos económicos y evitar sean orillados al cierre de sus establecimientos, lo cual traería consigo pérdidas económicas y de empleo.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el 1 de febrero del 2022.

Diputada Mariana Gómez Del Campo Gurza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de NL a evaluar la viabilidad de construir un centro comunitario en Monterrey, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI

Honorable asamblea, quien suscribe, Marcela Guerra Castillo, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobierno de Nuevo León para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, evalúe la viabilidad de la construcción de un centro comunitario en el municipio de Monterrey, Nuevo León, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde las primeras clases de trabajo social impartidas en las universidades de los Estados Unidos de América en el siglo XIX a lo que representa hoy en día, este se ha constituido como una profesión para promover los deberes básicos de la sociedad como el cambio, el desarrollo social, el fortalecimiento y la liberación de las personas.

Esta disciplina y tarea común, observa principios fundamentales como la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad.

Del trabajo social emanan diversos grupos, lugares y asociaciones que realizan diversas actividades, sin embargo, siempre buscan los mismos objetivos.

Una categoría de estas actividades es el servicio comunitario, el cual y busca atender las necesidades y resolver las contingencias que suceden en la comunidad.

“Por lo general, estas actividades son desarrolladas por estudiantes que cursan carreras profesionales. Pues, logran aplicar los conocimientos que han desarrollado durante su formación, con la intención de cooperar y alcanzar el bienestar social en las zonas rurales.

Las comunidades en las que cumplen con estas actividades tienen una particularidad, y es que requieren de esta ayuda debido a incapacidades o desventajas de las que sufren las personas que la conforman”.1

Además de los beneficios a la comunidad, estos servicios concientizan a sus participantes sobre su importancia y el papel que desempeñan en la sociedad e integran a los ciudadanos a la vida comunitaria. También contribuye a la formación social y cultural, a través de actividades y experiencias que desarrollan los valores en los participantes.

Asimismo, los trabajos en servicio de la comunidad brindan entre otros beneficios, el fortalecimiento a la estructura social y familiar, y principios como el de responsabilidad, pertenencia, satisfacción personal y social, y habilidades para la vida en sociedad.

Estas actividades no representan una competencia o contrariedad para las tareas, trabajos, obligaciones y servicios que realiza el estado, sino son auxiliares y complementarias para el bienestar de la sociedad, por lo que tienen gran relevancia para el desarrollo y la relación existente estado–población, así como para el cumplimiento de objetivos que comparten ambos.

Para que estas actividades puedan ser realizadas, el estado debe proveer de espacios, recursos e infraestructura y asegurar un entorno adecuado para que se cumplan con los propósitos de las actividades como de los centros.

Para ilustrar, podemos mencionar a los centros comunitarios, que son inmuebles y espacios diseñados para realizar actividades educativas, culturales, deportivas y sociales, para el beneficio de la sociedad. Las áreas pueden comprender bibliotecas, salones de lectura, comedores populares, gimnasios, canchas para realizar deportes, salones para impartir talleres, entre otras.

Otro ejemplo de los beneficios que brindan estos espacios son los 394 comedores comunitarios existentes a inicios de 2021 en la Ciudad de México, los cuales repartían entre 65 y 70 mil comidas diarias y cuya demanda aumenta cada vez más.2 Estos brindan comida a un costo muy bajo o nulo; brindando al menos una comida a quienes no pueden asegurarla.

Diversos medios refieren que, en noviembre del año pasado, el gobernador Samuel García prometió una inversión de 56 millones para la reactivación y rehabilitación de 40 centros comunitarios en el estado. Asimismo, la titular de la Secretaría de Igualdad e Inclusión del estado refirió que “son centros de convivencia, centros de diálogo, en donde realmente buscamos reconstruir el tejido social para lograr que Nuevo León sea el mejor lugar para nacer, para crecer, para educarse y para vivir”.3

En mayo del año pasado, Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, presentó propuestas para la creación de dos centros comunitarios y de salud en el municipio, estos con una inversión de 160 millones de pesos; sosteniendo que “este tipo de proyectos son para atacar de raíz problemas de inseguridad, de desigualdad, de injusticia... porque a la inseguridad se le ataca con oportunidades”.4

Nuestro trabajo como legisladores es apoyar con trabajo y acciones para el bienestar y desarrollo de la sociedad a la que representamos; en este sentido, es importante apoyar propuestas como la de los vecinos de la colonia Tanques de Guadalupe, en Monterrey, que busca crear un centro comunitario en las instalaciones de un comedor inaugurado en el 2017, que se encuentra actualmente en estado de abandono.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, elevo a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Nuevo León para que, en el ámbito de sus atribuciones, evalúe la viabilidad de la construcción de un centro comunitario en el predio ubicado en la colonia Tanques de Guadalupe, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno municipal de Monterrey para que implemente los mecanismos a que haya lugar, a fin de asegurar la utilización del predio ubicado en la colonia Tanques de Guadalupe, para su uso como centro comunitario.

Notas

1 Euroinnova. (s.f.). ¿Qué son los servicios comunitarios? 6 de enero de 2021, de Euroinnova. Sitio web: https://www.euroinnova.edu.es/blog/que-son-los-servicios-comunitarios/a mp

2 Efrén Argüelles. (2021). Aumenta 30% demanda de comedores comunitarios en CDMX. 6 de enero de 2021, de Excélsior. Sitio web: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/aumenta-30-demanda-de-comedores- comunitarios-en-cdmx/1431595

3 Rosalinda Tovar. (2021). Anuncia Samuel inversión para reactivar centros comunitarios. 7 de enero de 2021, de El Horizonte. Sitio web: https://www.elhorizonte.mx/gobernador-samuel-garcia/anuncia-samuel-inve rsion-para-reactivar-centros-comunitarios/4053596

4 Notired.mx. (2021). Proyecta Colosio dos centros comunitarios y de salud. 6 de enero de 2021, de Notired.mx. Sitio web: https://www.notired.mx/nota.pl?id=1458

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 1 de febrero de 2022.

Diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Conacyt a retomar el análisis del anteproyecto de Reglamento de Becas para el Fortalecimiento de la Comunidad de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, a cargo del diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley de Ciencia y Tecnología establece en el artículo 1, fracción I, que tiene por objeto, entre otros: “Regular los apoyos que el Gobierno Federal está obligado a otorgar para impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en general en el país”.1

Dicha Ley fija también, en el artículo 2, fracción I, el establecimiento de las bases de una política de Estado que sustente la integración del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, entre las que incluye: “Incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y la formación de investigadores y tecnólogos para resolver problemas nacionales fundamentales, que contribuyan al desarrollo del país y a elevar el bienestar de la población en todos sus aspectos”.2

Por su parte, el mismo ordenamiento legal señala en el artículo 12, fracción IV, como unos de los principios que regirán el apoyo que el Gobierno Federal está obligado a otorgar para fomentar, desarrollar y fortalecer en general la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, así como en particular las actividades de investigación que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, el siguiente:

“Los instrumentos de apoyo no afectarán la libertad de investigación científica y tecnológica, sin perjuicio de la regulación o limitaciones que, por motivos de seguridad, de salud, de ética o de cualquier otra causa de interés público determinen las disposiciones legales”

Mediante el acuerdo 04-07/2021 de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en su Cuarta Sesión Ordinaria, aprobó la expedición del Reglamento de Becas para el Fortalecimiento de la Comunidad de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, el cual de acuerdo con su artículo 1, tiene por objeto: “regular los procedimientos de asignación, modificación, suspensión, cancelación y terminación de becas y otros apoyos que otorgue el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para el fortalecimiento de la comunidad de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, así como establecer sus modalidades, términos y condiciones, incluyendo las sanciones para el caso de incumplimiento”.

A través de su expedición se deroga el Reglamento de Becas del Programa de Fomento, Formación y Consolidación de Capital Humano de Alto Nivel publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de febrero de 2018.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley de Mejora Regulatoria, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), hizo público con fecha 21 de enero de 2022, el expediente 20/0003/210122, el cual contiene el Anteproyecto del Reglamento de Becas para el Fortalecimiento de la Comunidad de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.3

Consideramos necesario, hacer notar las disposiciones que se establecen en el artículo 20, fracción IV, del Anteproyecto mencionado, que a la letra determina:

Artículo 20. Serán causas de suspensión de la Beca o del Apoyo, las siguientes:

I. a III. ...

IV. Cuando alguna Becaria que se encuentre embarazada, en parto o puerperio, así como a los Becarios que sean padres, presentando la documentación que lo acredite.”

En lo que hace al contenido de este numeral, al considerar como una causa de suspensión de la Beca o del Apoyo: “Cuando alguna Becaria que se encuentre embarazada, en parto o puerperio, así como a los Becarios que sean padres, presentando la documentación que lo acredite”, razonamos que este puede ser susceptible de revisión, debido a que, en una primera presunción, puede resultar oscuro e impreciso, y en otro supuesto, podría revestirse de inconstitucionalidad y llegar a ser violatorio de derechos humanos.

En el primer supuesto, es posible que exista una redacción errónea respecto al sentido que se pretende dar al contenido de la fracción IV, y que el espíritu de esta sea para que las o los becarios que se encuentren en los supuestos de estar embarazada, en parto o puerperio, o que sean padres, puedan solicitar la suspensión de la Beca o Apoyo, por decisión propia.

En el segundo, la interpretación puede conducir a que se limite y restrinja el otorgamiento de la Beca o Apoyo a quienes se ubiquen en los casos previstos en el numeral en cuestión.

En relación con este último supuesto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 4º párrafo segundo, que:

“Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”.

Esto es, nuestra Carta Magna, dispone de forma clara e inequívoca el derecho y la libertad que tiene toda persona para decidir de manera “libre, responsable e informada” sobre el número de hijos que desee tener, así como el espaciamiento con el que decida hacerlo. Así también el artículo 1º de nuestra Constitución fija que:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

...

...

...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

“Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en leyes nacionales, documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos aprobados por consenso. Estos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y a disponer de la información y de los medios para ello, así como el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones o violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos.”4

“Los Estados tienen tres niveles de obligación: tienen que respetar el derecho, protegerlo y cumplirlo... Respetar un derecho generalmente significa que el Estado no debe violarlo directamente y debe reconocerlo como derecho humano”.5

Aunado a lo anterior, la Ley de Ciencia y Tecnología, en el artículo 2, establece como una de las bases de la política de Estado que debe sustentar la integración del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la de: “Promover la inclusión de la perspectiva de género con una visión transversal en la ciencia, la tecnología y la innovación, así como una participación equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”.

En adición a lo ya expuesto, en el cuerpo del artículo 20 del Anteproyecto del Reglamento, no se prevé la temporalidad para la reanudación de la Beca o Apoyo, o en su caso, la duración del plazo de suspensión para la fracción IV, en comento, contrario a las fracciones I, I y III, donde sí se especifica.

Derivado de lo que se ha expresado, es prudente concluir que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en el ejercicio de sus atribuciones debe retomar el estudio y análisis del Anteproyecto del Reglamento de Becas del Programa para el Fortalecimiento de la Comunidad de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, para modificar, y en su caso, eliminar, las disposiciones contenidas en el artículo 20, fracción IV, de dicho ordenamiento, para definir la intencionalidad y demás elementos que desea establecer en dicho precepto.

En ocasión de la observación que se hace al artículo 20, se considera oportuno hacer también alguna observación respecto al artículo 16, fracción II, del mismo Anteproyecto, el cual establece:

“Artículo 16. A la o el Becario le corresponderá, además de cumplir con el objetivo para el cual se le asigna la Beca o Apoyo complementario, lo siguiente:

I. ...

II. Obligaciones de becarios en el Extranjero:

a) La o el Becario que realice sus estudios o proyecto fuera del país, así como la o el Becario extranjero que realice sus estudios en México, deberán respetar la legislación y normativa del país anfitrión, así como abstenerse de participar en cualquier tipo de evento o manifestación de carácter político.

En necesario precisar que dicha disposición se encuentra contemplada actualmente en el artículo 19, fracción VII, del Reglamento de Becas del Programa de Fomento, Formación y Consolidación del Capital Humano de Alto Nivel vigente, el cual establece que: “Al becario le corresponderá, además de cumplir con el objetivo para el cual se le asigna la beca o apoyo: [...] VII. En caso de que el becario realice sus estudios o proyecto fuera del país o el becario extranjero que realice sus estudios en México, deberá respetar la legislación, normatividad, usos y costumbres del país anfitrión, así como abstenerse de participar en cualquier tipo de evento de carácter político o manifestación”

El anteproyecto objeto de la presente, al retomar esta disposición, si bien contempla algunas modificaciones, presenta también algunas inconsistencias que pueden ser fortalecidas, pues en su redacción presenta cierta oscuridad al no describir de manera clara y precisa los alcances de la misma, esto es, no especifica los casos en que se prohíbe a los becarios, “participar en cualquier tipo de evento o manifestación de carácter político”.

Es necesario precisar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunado al artículo 1º antes referido, garantiza el derecho a la libertad de expresión, así como a la libertad y reunión pacífica, tal como podemos observar en lo dispuesto por los artículos 6º, 7º y 9º de la Carta Magna:

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

Artículo 7o . Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.”

Artículo 9o . No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar. No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.

De acuerdo con lo anterior, no se puede condicionar la entrega de los recursos a las y los becarios mexicanos que realicen sus estudios o proyecto fuera del país, en el caso de que participen en eventos o manifestaciones de carácter político, cuando estas refieran a la política interna de México y se respete la legislación del país en donde se encuentren radicados.

En el caso de las y los estudiantes extranjeros en México, si bien deben actuar en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 33 de nuestra Constitución, tampoco les puede ser prohibido reunirse o manifestarse en los temas de carácter político que se susciten en sus respectivos países.

La redacción de este artículo, tal como se contempla en el Anteproyecto del Reglamento que se propone, permite un amplio margen de discrecionalidad administrativa en cuanto a su aplicación, con lagunas en cuanto hace a la determinación de si las y los becarios cumplen o no con dicha disposición.

Por lo anterior, se observa la necesidad de que el Conacyt proceda también en este supuesto, a retomar el análisis de la redacción, para establecer de manera clara y precisa, la intencionalidad que se pretende al conservar dicha disposición en el Reglamento.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley de Mejora Regulatoria, “Cuando los Sujetos Obligados elaboren Propuestas Regulatorias, las presentarán a la Autoridad de Mejora Regulatoria correspondiente, junto con un Análisis de Impacto Regulatorio que contenga los elementos que ésta determine, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 69 de esta Ley, cuando menos treinta días antes de la fecha en que pretendan publicarse en el Medio de Difusión o someterse a la consideración del Titular del Ejecutivo Federal, de la entidad federativa, municipal, alcaldía, según corresponda”.

Como se mencionó en los primeros párrafos del presente documento, el Conacyt, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley, remitió a la Conamer el Anteproyecto del Reglamento de Becas objeto de la presente, a fin de que ésta última emita el Dictamen que autorice su publicación en el Medio de Difusión (Diario Oficial de la Federación)

Según el artículo 8 de la Ley General de Mejora Regulatoria, son objetivos de la política de mejora regulatoria, los siguientes:

“Artículo 8. ...

IV. Generar seguridad jurídica, claridad y transparencia en la elaboración y aplicación de las Regulaciones, Trámites y Servicios;

VI. Fomentar una cultura que ponga a las personas como centro de la gestión gubernamental;

XI. Facilitar a las personas el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones;”

Como se ha expresado anteriormente, el Anteproyecto del Reglamento de Becas para el Fortalecimiento de la Comunidad de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, aprobado por el Conacyt, presenta en sus artículos 16 y 20, falta de claridad respecto a lo que se pretende establecer en los mismos.

Es por ello que, la Conamer, en el ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley que lo rige, debe hacer las observaciones pertinentes al Consejo, a fin de que una vez que éste proceda a un segundo análisis, de las disposiciones en comento, estas sean modificadas, o en su caso, eliminadas.

Las observaciones que realice la Comisión son fundamentales, debido a que el Anteproyecto del Reglamento no puede ser publicado en sus términos sino se emite el Dictamen correspondiente; esto de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Mejora Regulatoria, el cual señala:

Artículo 76. La Secretaría de Gobernación u homóloga en el ámbito de las entidades federativas, municipios y alcaldías únicamente publicará en el Medio de Difusión las Regulaciones que expidan los Sujetos Obligados cuando éstos acrediten contar con una resolución definitiva de la Autoridad de Mejora Regulatoria respectiva. La versión que publiquen los Sujetos Obligados deberá coincidir íntegramente con la contenida en la resolución antes señalada, salvo en el caso de las disposiciones que emite el Titular del Ejecutivo Federal u homólogos en el ámbito de las entidades federativas, municipios y alcaldías, en cuyo caso la Consejería Jurídica u homólogos resolverán el contenido definitivo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que, en el ámbito de sus atribuciones, retome el estudio y análisis del Anteproyecto del Reglamento de Becas del Programa para el Fortalecimiento de la Comunidad de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, para modificar, y en su caso, eliminar, las disposiciones contenidas en los artículos 16, fracción II, y 20, fracción IV, de dicho ordenamiento.

Segundo . La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria para que en el ejercicio de sus atribuciones y respecto al expediente 20/0003/210122, emita el Dictamen correspondiente, donde se observen las disposiciones contenidas en los artículos 16, fracción II, y 20, fracción IV del Anteproyecto del Reglamento de Becas del Programa para el Fortalecimiento de la Comunidad de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Notas

1 Ley de Ciencia y Tecnología, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/242_061120.pdf

2 Ídem

3 Disponible en: https://cofemersimir.gob.mx/expedientes/26872

4 Naciones Unidas Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado, México. Derechos sexuales y reproductivos. Disponible en: https://hchr.org.mx/historias-destacadas/derechos-sexuales-y-reproducti vos-2/

5 Los derechos reproductivos son derechos humanos. pág. 68. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/24841.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 28 de enero de 2022.

Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a cumplir el esquema básico de vacunación en niños y adolescentes, y garantizar su cobertura en zonas marginadas con limitados servicios de salud, a cargo del diputado Mario Gerardo Riestra Piña, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Mario Gerardo Riestra Piña, diputado integrante de la Sexagésima Quinta Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, para exhortar, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Salud para que cumpla con el esquema básico de vacunación en las niñas, niños adolescentes, además de garantizar su cobertura en zonas marginadas con limitados servicios de salud, con la finalidad de evitar la propagación de enfermedades en infantes por las interrupciones en programas de vacunación; al tenor de los siguientes

Considerandos

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2020, 23 millones de niños no recibieron las vacunas básicas a través de los servicios de inmunización sistemática1 . La cifra representa un aumento de 3.7 millones de niños no vacunados respecto del 2019 y se desprende de los datos más recientes publicados por la OMS y Unicef.

Asimismo, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2018-2019 reveló que solamente 18.5% de menores de un año de edad cuentan con su esquema completo de vacunación, es decir, ocho de cada 10 menores no están protegidos contra enfermedades para las que ya existen vacunas2 .

En estados como Morelos, Baja California y Chiapas, se estima que no hay un solo niño que tenga su esquema completo. Además, la pandemia ha agravado esta situación: cuatro de cada 10 hogares de los estratos económicos más desprotegidos reportaron interrupciones en la aplicación de las vacunas. La OMS destaca también la probabilidad de que hasta 17 millones de niñas y niños no recibieron ni una sola vacuna3 . Lo cual resulta por demás alarmante.

En este sentido, México está en el primer lugar en América y en el quinto lugar a nivel mundial entre los países con mayor caída en su tasa de vacunación infantil, en el contexto de pandemia de Covid-19.

La inmunización es la forma más simple y eficaz de reducir la propagación de enfermedades infecciosas graves y de proteger a la población; por lo que los programas de vacunación integrales son la clave para lograr la prevención.

Sin duda, el programa de vacunación de la Secretaría de Salud del gobierno mexicano es un beneficio gratuito, y que se otorgue en todas las instituciones públicas del Sector Salud, ha traído grandes beneficios al país; sin embargo, aún falta mucho trabajo por hacer.

México cuenta con el Esquema Nacional de Vacunación para Niños y Adolescentes en el que se contemplan vacunas como la de la Hepatitis B, Rotavirus, influenza, pentavalente, neumococo conjugada, entre otras. El esquema de vacunación ideal de la Asociación Mexicana de Vacunología (AMV) contempla estas vacunas y otras como la varicela, hepatitis A, meningococo, dosis adicionales de neumococo, virus del papiloma y más.

Durante los últimos años se han registrado 7.746 casos de Hepatitis B, según datos de la Secretaría de Salud. Incluso, actualmente, la hepatitis constituye un problema de salud pública a nivel mundial que afecta a millones de personas cada año causando discapacidad y muerte. Se estima que 57% de los casos de cirrosis hepática y 78% de los casos de cáncer primario de hígado son debidos a infecciones por los virus de la hepatitis B o C. En bebés y niños, el 80 a 90% de los lactantes infectados con Hepatitis B durante el primer año de vida desarrollan infecciones crónicas, la probabilidad de desarrollar esta etapa de daño se debe a la edad de infección, incluso puede causar enfermedades agudas en el hígado4 .

El esquema de vacunación ideal que recomienda la Asociación Mexicana de Vacunología es un verdadero reto, además de ser recomendable que se cumpla a cabalidad y en todas las edades para estar protegidos contra enfermedades infecciosas prevenibles por vacunación.

Es importante cumplirlo con el esquema de vacunación en nuestros infantes, ya que no se están logrando las coberturas deseables para prevenir brotes en México, como lo podemos observar en el reporte de 2020 de México de la WHO-Unicef donde se observan coberturas de bajas para 2019 de BCG (56%), hepatitis B (56%), Sarampión y rubéola (73%), difteria, tosferina y tétanos (82%) y otras más.

Estas cifras son preocupantes, y explica el incremento en los casos de tosferina y parotiditis o paperas reportados en México, además del resurgimiento de casos de sarampión, que necesita coberturas de más del 95% para prevenir brotes.

Por tal motivo, las interrupciones en los programas de vacunación podrían traer repercusiones importantes, millones de niños quedarían expuestos a enfermedades mortales que pueden ser prevenibles por vacunación.

La posible aparición de múltiples brotes de enfermedades significaría un grave problema para las comunidades y los sistemas de salud que se encuentran combatiendo actualmente la Covid-19, por lo que es urgente invertir en la vacunación infantil y garantizar que se atienda a todos los niños, niñas y adolescentes.

Por lo que, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Salud para que cumpla con el esquema básico de vacunación en las niñas, niños y adolescentes, además de garantizar su cobertura en zonas marginadas con limitados servicios de salud, con la finalidad de evitar la propagación de enfermedades en infantes por las interrupciones en programas de vacunación.

Segundo . Se exhorta, respetuosamente, a los titulares del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE) para que de forma coordinada realicen una campaña de sensibilización y brinden información a la población sobre la importancia de las vacunas, las enfermedades y secuelas que previenen, así como fomentar el acceso a las vacunas, con una adecuada y eficiente atención.

Notas:

1. En 2020, 23 millones de niños sin vacunas básicashttps://amiif.org/en-2020-23-millones-de-ninos-sin-vacunas-basic as/?fbclid=IwAR0ftM7EfNRLc_HglHfIuVi11a-3VUQHmlWLuo508CJZcNTdeFQ4qYnSR2 8

2. Sólo el 18.5% de niños menores de un año de edad tienen completo su esquema de vacunación en México

https://enfarma.lat/index.php/noticias/4091-solo-el-18-5-de-ninos-menores-de-un-ano-de-edad-tienen
-completo-su-esquema-de-vacunacion-en-mexico?fbclid=IwAR1VMNDGuK_
qv0BzG7EeFWbAMhJTr3dRPTweFAalaVpNl9plEneaEagM104

3. Cae la tasa de vacunación infantil en México

https://vacunacion.org/ver_entrada/
51Esquema+de+vacunaci%C3%B3n+ideal+por+la+Asociaci%C3%B3n+Mexicana+de+Vacunolog%C3%ADa

4. ESQUEMA DE VACUNACIÓN IDEAL POR LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE VACUNOLOGÍA

https://vacunacion.org/ver_entrada/51-Esquema+de+vacunaci%C3%B3n+ideal+por+la+Asociaci%C3%B3n+
Mexicana+de+Vacunolog%C3%ADa?fbclid=IwAR0qLtQhVJHwwoitjMb-s0RudJ3Z9FPb8YZZ6s9VOny_OGoqkY6NxaveCng

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero del 2022.

Diputado Mario Gerardo Riestra Piña (rúbrica)

Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (rúbricas)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de NL a garantizar la materialización del principio de paridad total, derechos de la mujer a una vida libre de violencia política y los derechos político-electorales de los ciudadanos, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI

Honorable asamblea, quien suscribe, Marcela Guerra Castillo, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Nuevo León para que, en la substanciación de sus procesos legislativos, garantice la materialización del principio de paridad total, derechos de la mujer a una vida libre de violencia política y los derechos político-electorales de las y los ciudadanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La paridad de género se refiere a una participación y representación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de poder y de toma de decisiones en todas las esferas de la vida (política, económica y social). Es importante resaltar que funge como un indicador para medir la calidad democrática de todos los países.1

Desde la reforma constitucional de junio de 2014, la paridad de género es un principio que se refiere a la participación equilibrada, justa, y legal, que asegura que al igual que los hombres, las mujeres en toda su diversidad tengan una participación y representación igualitaria en la vida democrática de nuestro país.

Sin embargo, fue hasta la reforma constitucional de junio del año 2019 que se aprobaron reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incorporar la paridad total .

Este avance constituye un logro sin precedentes que permitió a las mujeres participar equilibradamente en todos los cargos públicos y puestos de mando y toma de decisiones del país, lo cual claramente impacta en aspectos políticos, económicos y sociales de la vida de las y los ciudadanos. Asimismo, permite ser un referente nacional e internacional de democracia en México.

Con la reforma constitucional de mérito, especialistas, colectivos de mujeres, legisladoras y ex legisladores coinciden en que es un avance transcendental hacia la consolidación de una verdadera democracia representativa, participativa e incluyente, pues implicó un momento histórico que colocó nuevos horizontes para las mujeres mexicanas, al establecer que la mitad de los cargos de decisión sean para las mujeres en los tres órdenes de gobierno, en los organismos autónomos, en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, así como en la elección de representantes en los municipios con población indígena. La primera vez que fue implementada esta reglamentación fue en el proceso electoral de 2014-2015; así, constituyó una medida permanente que logró la inclusión de mujeres en los espacios de decisión pública.

Para el Instituto Nacional Electoral, las cuotas de género son un concepto fundamental para la vida política y democrática de nuestro país, ya que buscan la paridad política entre los géneros. Con estas cuotas se pretende producir un cambio de cultural para evitar el predominio de un solo género en la esfera política.2 No obstante, para lograr esto se requirió de un cambio cultural y actitudinal, tanto en la ciudadanía en general como en las instituciones, a todos los niveles.

Surgieron como una medida en el ámbito nacional e internacional para encontrar un equilibrio en la participación de mujeres y hombres en los órganos de toma de decisiones.

Las mujeres hemos obtenido importantes logros que nos han permitido demostrar con hechos que tenemos la preparación y las capacidades necesarias para participar en todos los ámbitos y tomar voz en la solución de los grandes desafíos que México enfrenta.3

Sin embargo, aún existen múltiples factores que fungen como resistencia a la participación de las mujeres en los puestos de elección popular, o bien, en los cargos que implican toma de decisiones en nuestro país; particularmente, pensamientos arraigados en la sociedad mexicana, derivados de una herencia ideológica machista y patriarcal, en la que persisten roles y estereotipos discriminatorios que se convierten en violencia política contra las mujeres por razón de género.

Consecuentemente, desde este Poder Legislativo y como representantes de la población, en todas sus formas de diversidad, y particularmente de las mujeres, debemos impulsar y desarrollar todas aquellas acciones afirmativas y mecanismos que permitan una real y eficaz igualdad de género, ya sea desde la aprobación de reformas constitucionales y legales; así como, en la implementación de políticas públicas que permitan que las mujeres puedan participar en la toma de decisiones sin ningún tipo de discriminación ni violencia.

Una vez precisado lo anterior, es importante hacer notar los siguientes antecedentes en la materia:

• El 6 de junio de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad entre géneros.

• El transitorio cuarto del decreto estableció que las legislaturas de los estados debían realizar las reformas correspondientes para procurar la observancia del principio de paridad de género.

• Posteriormente, el 13 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación otro decreto por el que se reformaron y adicionaron distintos artículos en diversas leyes generales, a fin de establecer reglas para combatir la violencia política de género en contra de las mujeres.

• Pese al mandato constitucional y legal, el Congreso de Nuevo León no realizó las reformas que permitieran armonizar su legislación, en materia de paridad y violencia política en razón de género en el ámbito electoral; por ello, el 5 de agosto de 2020, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al resolver el expediente SUP-JRC-14/2020, determinó que se actualizaba una omisión legislativa.

• La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León (CEENL) para que emitiera acciones afirmativas como pudieran ser lineamientos o normas de carácter reglamentario, a fin de materializar los derechos de paridad, derechos de la mujer a una vida libre de violencia política y derechos político-electorales.

• Ante dicha determinación, el 23 de febrero de 2021, el Comisión Estatal Electoral de Nuevo León (CEENL) emitió los lineamientos para garantizar la paridad de género en las elecciones de diputaciones locales y ayuntamientos para el proceso electoral 2020-2021.

Problemática

El 15 de diciembre de 2021, se presentó al interior de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Nuevo León un proyecto de dictamen por el que se pretende armonizar la Constitución y la legislación local con los mandatos de la Constitución Federal y de las Leyes Generales; sin embargo, diversas organizaciones civiles, colectivos, ciudadanas, legisladoras y ex legisladoras rechazaron las reformas constitucionales y legales pues aseguran que atentan contra la paridad total en la elección de candidaturas para ayuntamientos.

Se argumenta el proyecto de dictamen prevé que los partidos políticos y coaliciones cumplan con la paridad de forma vertical, horizontal y transversal en la postulación para los ayuntamientos. Pero, establece reglas más laxas que las emitidas en los Lineamientos de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León (CEENL).

Lo anterior, ya que, si bien establece la postulación del 50 por ciento de candidatas mujeres, no se determinan requisitos para asegurar que compitan en municipios competitivos.

El problema, acusan las agraviadas, es que los partidos políticos postulan mujeres en municipios donde tiene pocas oportunidades de ganar la elección, o bien, en municipios poco competitivos.

Bajo esas acusaciones, la suscrita considera que en todo proceso electoral deben estar garantizados los principios constitucionales de paridad, así como los derechos político-electorales de las mujeres, con el fin de que nuestro país consolide una verdadera democracia incluyente, plural e igualitaria.

Por ello, es necesario hacer referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, de entre los cuales se destaca aquel enfocado en asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. Ya que empoderar a las mujeres y promover la igualdad de género es fundamental para acelerar el desarrollo sostenible.

Lo anterior, cobra especial relevancia, ya que, aunque hay más mujeres que nunca en el mercado laboral, todavía hay grandes desigualdades en algunas regiones, y sistemáticamente a las mujeres se les niegan los mismos derechos laborales que tienen los hombres, particularmente tratándose de cargos de elección popular o puestos de mando y decisión.

La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres debe posicionarse en el centro de nuestros esfuerzos para acelerar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al potenciar directamente a las mujeres y al incorporar una perspectiva de género en todos los trabajos de desarrollo, podemos construir un futuro más equitativo y sostenible para todos.4

En esa virtud, el Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, prevé que la igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible.5

Como se mencionó en líneas anteriores, en México, se han logrado avances considerables en esta materia; tan es así que ya hay más mujeres en cargos de elección popular y en posiciones con nivel de mando y decisión, gracias a legislación que fomenta la paridad de género. Sin embargo, a pesar de estos logros, todavía existen muchas dificultades: las leyes y las normas sociales discriminatorias continúan siendo generalizadas, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas a todos los niveles de liderazgo político.

Por todo lo anteriormente expuesto, se analizaron los lineamientos emitidos por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León (CEENL), y se advirtió que en ellos se contempla que los partidos políticos deben registrar un 50 por ciento de la totalidad de postulaciones que realicen de candidaturas a las presidencias municipales con géneros distintos. Salvo que se trate de un número impar, en cuyo caso, la candidatura excedente será para el género femenino. Así, para garantizar la regla establecida en el párrafo anterior, los partidos políticos y coaliciones deben observar las reglas siguientes:

I. Bloques poblacionales. Se dividirán los 51 municipios del estado en 3 bloques poblacionales conforme al número de regidurías que les corresponda de acuerdo con la tabla siguiente:

II. Sub-bloques de competitividad electoral. Se dividirá cada bloque generado con motivo de la fracción I, en 3 sub-bloques de la forma siguiente: porcentajes de votación alta; porcentajes de votación media; y porcentajes de votación baja.

Esta división se realizará para cada partido político de la forma siguiente:

a. Los porcentajes de votación se obtendrán conforme a los resultados de la votación obtenida por el proceso electoral inmediato anterior, y se enlistarán dentro de cada bloque poblacional en porcentajes de mayor a menor.

b. En aquellos municipios en los que el partido político no haya postulado candidaturas en la elección inmediata anterior, se enlistarán al final del bloque que corresponda considerando de mayor a menor el número de población conforme al último censo poblacional emitido por autoridad competente.

En el caso de las coaliciones, se considerará la votación del partido que presente el mayor número de candidaturas en la elección de ayuntamientos para dicha coalición.

III. Principios para garantizar la paridad. Los partidos políticos deben garantizar la paridad de género en cada bloque poblacional y sub-bloques de competitividad electoral, bajo los siguientes principios:

a. Prelación. Los partidos políticos deberán iniciar la asignación correspondiente en el bloque de mayor población, y así sucesivamente hasta agotar los bloques siguientes.

b. Competitividad. Los bloques poblacionales se dividirán en sub-bloques de competitividad alta, media y baja.

c. Transversalidad. Las postulaciones deberán de garantizar la paridad de género en cada bloque y sub-bloque, evitando que las mujeres conformen de manera mayoritaria el sub-bloque de más baja competitividad; y en este último caso, procurando la alternancia de género en el resto de los sub-bloques con baja competitividad.

d. Paridad sustantiva. La totalidad de las postulaciones deberán tener el 50 por ciento para cada género, salvo que la suma de la totalidad de las postulaciones resulte impar, en este supuesto la candidatura excedente se deberá asignar al género femenino.

IV. Coaliciones. Las candidaturas que registren individualmente como partido, no serán acumulables a las de la coalición para cumplir el principio de paridad, y consecuentemente, las que registren como coalición, no serán acumulables a las que registren individualmente como partido político.

En el caso de una coalición parcial los partidos políticos que integren la coalición deberán cumplir con la paridad en la coalición, así como de forma individual en aquellos municipios no coaligados, conforme a las reglas de las fracciones I, II, III y IV.

V. Partidos políticos de nueva creación . Deberán cumplir con la paridad transversal únicamente en términos de la división de bloques poblaciones señalada en la fracción I del presente artículo.

En ningún caso, la totalidad de postulaciones dentro de los 3 bloques poblacionales deberá tener más del 50 por ciento a favor de un solo género, salvo que la suma de la totalidad de las postulaciones resulte impar, en cuyo caso, la candidatura excedente se deberá asignar al género femenino.

Los partidos políticos que hayan conservado únicamente su registro local de la elección anterior, solamente para garantizar la paridad de género, deberá sujetarse a lo previsto en las fracciones I, II y III.

Una vez apuntado lo anterior, es claro para la suscrita que la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León (CEENL), por mandato judicial, tuvo que adentrarse al estudio y determinó, en el marco de sus atribuciones, la forma en que se implementaría la paridad de género en la Ley Electoral local; sin embargo, corresponde al Congreso de Nuevo León analizar, discutir, proponer y aprobar las reformas constitucionales y legales que estime pertinentes para acatar sus obligaciones legislativas.

En esa virtud, sin prejuzgar en el fondo del asunto, como legisladora federal hago un llamado a la unidad y a la pluralidad, respecto de que la legislación local debe atender irremediablemente al orden constitucional federal y a las legislaciones generales; por lo que, con pleno respeto a la autonomía de las entidades federativas, se exhorta al Congreso local a garantizar el principio de paridad total, derechos de la mujer a una vida libre de violencia política y los derechos político-electorales de las y los ciudadanos, dentro de la sustanciación de los procesos legislativos que desarrolle, en pleno uso de su autonomía y facultades constitucionales y conforme a su normatividad interna.

Que quede muy claro, es el Congreso del estado de Nuevo León quien, con plena autonomía constitucional, debe analizar, discutir y aprobar las reformas pretendidas bajo las normas internas que rigen sus actuaciones, pero siempre bajo el más estricto apego a la Carta Magna y a las Leyes Generales aprobadas por el honorable Congreso de la Unión.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, elevo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la autonomía de las entidades federativas, exhorta al Congreso del estado de Nuevo León para que, en el desarrollo y deliberación de sus procesos legislativos, garantice el principio de paridad total, derechos de la mujer a una vida libre de violencia política y los derechos político-electorales de las y los ciudadanos, en estricto apego a la Constitución Federal y a las Leyes Generales.

Notas

1 Gráfico de una balanza equilibrada, por una parte con el peso de una mujer y del otro lado por un hombre ¿Qué es la paridad de género?, Instituto Nacional de las Mujeres, 21 de septiembre de 2020. Ubicable en la siguiente liga electrónica:

https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/la-paridad-de-gen ero-un-asunto-de-igualdad-y-de-justicia?idiom=es

2 Paridad de Género. Participar y votar en igualdad. Instituto Nacional Electoral. Ubicable en la siguiente liga electrónica: https://igualdad.ine.mx/paridad/ Consultado el 12 de enero de 2022.

3 Gráfico de una balanza equilibrada, por una parte con el peso de una mujer y del otro lado por un hombre ¿Qué es la paridad de género?, Instituto Nacional de las Mujeres, 21 de septiembre de 2020. Ubicable en la siguiente liga electrónica:

https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/la-paridad-de-gen ero-un-asunto-de-igualdad-y-de-justicia?idiom=es Consultado el 12 de enero de 2022.

4 Objetivo 5: Igualdad de género, Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ubicable en la siguiente liga electrónica: https://www.sdgfund.org/es/objetivo-5-igualdad-de-g%C3%A9nero Consultada el 13 de enero de 2022.

5 La Agenda para el Desarrollo Sostenible, Organización de las Naciones Unidas, ubicable en la siguiente liga electrónica: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/ Consultada el 13 de enero de 2022.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 1 de febrero de 2022.

Diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se invita a reunión de trabajo a diversas autoridades respecto al uso de las “tarjetas del bienestar” por el crimen organizado y las acciones por emprender para evitarlo, a cargo de la diputada Patricia Terrazas Baca, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Patricia Terrazas Baca, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II; 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que invita a reunión de trabajo a los Titulares de la Secretaría de Bienestar, de la Unidad e Inteligencia Financiera y del Servicio de Administración Tributaria; a efecto de que expliquen la utilización de las denominadas “Tarjetas del Bienestar” por parte del crimen organizado y cuáles serán las acciones que emprenderán para evitarlo. Además de que se solicita a la Secretaria de la Función Pública inicie las investigaciones correspondientes a efecto de que se establezcan las sanciones administrativas o incluso denuncias penales, en contra de aquellos servidores públicos que comercializan dichas tarjetas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 8 de mayo de 2020 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que elevó a rango social los programas sociales.

Mediante dicha reforma se estableció la obligación del Estado de garantizar la entrega de un apoyo económico a las personas con discapacidad permanente; a las personas mayores de 68 años, y mayores de 65, tratándose de personas indígenas y afromexicanas; además de que se creó un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación.

Dicha reforma tuvo dentro de sus objetivos el combatir la desigualdad y ofrecer acceso a una vida digna, libre de discriminación o racismo, a las personas más desprotegidas.

De acuerdo con el Tercer Informe del Gobierno federal, los programas que se encuentran funcionando actualmente son:

• Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores;

• Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente; Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras;

• Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez;

• Jóvenes Construyendo el Futuro;

• Jóvenes Escribiendo el Futuro; Sembrando Vida;

• Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural;

• Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, en Atención a la Población Migrante en la Frontera Sur;

• Programa Nacional de Reconstrucción; Desarrollo Urbano y Vivienda, y Tandas para el Bienestar.

Si bien, algunos de estos programas han sido criticados por considerar que se trata de programas político-clientelares, que no abonan al crecimiento económico y no ayudan a las personas a salir de la pobreza, ahora preocupa el uso de las denominadas “Tarjetas del Bienestar”, que se emplean para la entrega de dichos apoyos, por parte de grupos delictivos.

Las Tarjetas del Bienestar, son utilizadas por parte de los beneficiarios de los programas sociales y es en estas donde se depositan los recursos públicos con los cuales se apoya a las personas, se entregan muy fácilmente y ocasionalmente solo requieren credencial de elector para recibirlas.

Incluso, algunos medios refieren que para activarla solo debes comunicarte al 800 900 2000 elegir la tecla 1; después seleccionar los 16 dígitos de tu Tarjeta del Bienestar y por último el año en el que naciste, con lo cual estará funcionando.

Dicha preocupación deviene de la investigación del periodista Carlos Loret de Mola quien el 27 de enero de 2022, publicó un artículo denominado “Los Narcos del Bienestar”1 , mediante el cual hizo público el desorden que opera en los programas sociales del gobierno federal, lo que ha abierto una opción para las organizaciones criminales, mediante las denominadas “tarjetas del bienestar”.

En dicho artículo refiere que hay más de 10 millones de estas tarjetas en circulación y que se reparten muy fácilmente, lo que impide a autoridades bancarias, fiscales y de anti lavado de dinero fiscalizar los recursos de los depósitos que se realizan a las mismas.

Comenta Loret de Mola que dichas tarjetas están siendo utilizadas por los cárteles del narcotráfico para hacer los depósitos de nómina a sus empleados de más bajo rango, entre ellos los denominados “halcones”.

Incluso, dicho artículo refiere que han surgido despachos de abogados fiscalistas que tratan de conseguir en la administración federal paquetes de 200 o 500 “tarjetas del bienestar” para poder lavar dinero con ellas.

La utilidad de estas tarjetas de acuerdo con lo que se indica, es que las cuentas de los beneficiarios no son personales, sino que están agrupadas en la Tesorería de la Federación. Las tarjetas se reparten por correo y lo único que tiene que hacer el usuario para activarlas es ir al banco y poner un número secreto, cuando mucho mostrando una identificación. Por lo que el banco no está obligado a guardar copias de la documentación del cliente porque la cuenta no se abre en la sucursal bancaria: sólo van a la sucursal a activar la tarjeta.

Se refiere también que, dichas cuentas permiten depósitos mensuales de aproximadamente 20 mil pesos, y el dinero que ahí se mueve no entra bajo la supervisión estricta de los mecanismos antilavado, antievasión, etcétera. Por eso los recursos se vuelven fácilmente irrastreables.

Como ejemplo, señalan que las organizaciones pueden hacer depósitos a los “halcones”, que suelen ser chavos que a cambio de 2 mil o 3 mil pesos se dedican a vigilar una zona y reportar a sus superiores si ven algo raro. Estas personas pueden inscribirse al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro y obtener su tarjeta solo con esa finalidad.

Las organizaciones delictivas han encontrado en las tarjetas del bienestar un buen mecanismo, para que dinero en efectivo pase desapercibido para las autoridades fiscales y antilavado.

Resulta preocupante lo que el periodista ha señalado en su artículo y evidentemente es necesario invitar a una mesa de trabajo a los titulares de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez; Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Jesús de la Fuente Rodríguez y del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez, acudan a esta Honorable Asamblea con la finalidad de que expliquen la utilización de las denominadas “Tarjetas del Bienestar”, por parte del crimen organizado y las acciones que emprenderán para evitarlo.

Además de ello, es importante exhortar a la Secretaría de la Función Pública para que se inicien las investigaciones correspondientes a efecto de que se establezcan las sanciones administrativas o incluso denuncias penales, en contra de aquellos servidores públicos que comercializan paquetes de “tarjetas del bienestar” para poder lavar dinero con ellas.

Es evidente que nadie puede estar en contra de poner mayores candados al uso de las tarjetas que se emplean para proporcionar apoyos sociales y no podemos ser omisos en la investigación de estos hechos.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, invita a una mesa de trabajo al titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; con la finalidad de que explique las acciones que implementará la dependencia a su cargo para evitar el uso de las denominadas “Tarjetas del Bienestar” por parte del crimen organizado y los candados que se implementarán para su entrega.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, invita a una mesa de trabajo al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, con la finalidad de que explique cuáles son los avances que se tienen en las investigaciones del uso de las denominadas “Tarjetas del Bienestar” por parte del crimen organizado y cuáles serán las acciones que se implementarán para evitarlo.

Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, invita a una mesa de trabajo al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jesús de la Fuente Rodríguez, con la finalidad de las acciones que ha realizado la dependencia a su cargo para supervisar a las entidades financieras emisoras de las denominadas “Tarjetas del Bienestar” y que estás no sean utilizadas por parte del crimen organizado para la introducción de dinero al Sistema Financiero Mexicano y y cuáles son las acciones que se implementarán para evitarlo.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a una mesa de trabajo a la titular del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez, a efecto de que exponga las acciones realizadas por la dependencia a su cargo, en el ámbito de su competencia, respeto al uso indebido de las denominadas “Tarjetas del Bienestar” por parte del crimen organizado y, en su caso, cuantas denuncias ha presentado al día de hoy al respecto.

Quinto. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública que inicie las investigaciones correspondientes a efecto de que se establezcan las sanciones administrativas o incluso denuncias penales, en contra de aquellos servidores públicos que comercializan paquetes de “tarjetas del bienestar”, sin importar el uso que se les dé.

Nota:

1. Loret de Mola, Carlos, “Los Narcos del Bienestar ”, El Universal , 27 de enero de 2022, en https://www.el universal.com.mx/.opinion/carlos-loret-de-mola/los-narcos-del-bienes tar

Palacio legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2022

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a hacer públicos los estudios que garanticen la seguridad de las nuevas rutas, las llegadas y salidas consideradas en el rediseño del espacio aéreo en el valle de México, y el estudio de impacto ambiental y efectos del ruido excesivo en la salud, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD

Quienes suscriben, diputados Ana Lilia Herrera Anzaldo, Cristina Ruiz Sandoval y Xavier González Zirión, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Éctor Jaime Ramírez Barba, Mariana Gómez del Campo Gurza, Gabriel Ricardo Quadri de la Torre y Diana María Teresa Lara Carreón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Salomón Chertorivski Woldenberg, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; y Edna Gisel Diaz Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 25 de marzo la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes puso en marcha la primera fase del rediseño del espacio aéreo en el Valle de México, que contempla las operaciones de los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México (AICM) y Toluca.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes mediante un comunicado informó que desde diciembre de 2018, la SICT, a través de los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), ha desarrollado un plan rector para la modernización y reestructura del espacio aéreo mediante la Navegación Basada en la Performance (PBN, por sus siglas en inglés), mismo que permite evolucionar la navegación aérea mediante el uso actual y futuro de la infraestructura en tierra, aprovechando también la tecnología satelital y digital, así como los sistemas tecnológicos avanzados en las cabinas de vuelo, a fin de que las aeronaves puedan navegar en rutas más precisas, directas y eficientes.

Para la reestructuración del espacio aéreo la SCT menciona que ha contado con el apoyo de NavBlue y la participación activa de especialistas, profesionales y académicos representantes de organizaciones aeronáuticas como la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO), el Colegio de Pilotos Aviadores, el Colegio de Ingenieros en Aeronáutica, representantes de líneas aéreas y propietarios de aeronaves, operadores de aviación general, aviación militar y colegios de especialistas.

Además, hace referencia a que el nuevo diseño del espacio aéreo ha sido probado en diferentes escenarios y simuladores de vuelo por pilotos nacionales y extranjeros, a fin de asegurar el cumplimiento de los criterios de calidad, eficiencia y seguridad que garantizan la viabilidad operacional de los aeropuertos internacionales Benito Juárez de la CDMX, Toluca y Felipe Ángeles. Y a que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) otorgó la certificación correspondiente a la primera fase de los procedimientos de vuelo de las aeronaves y el rediseño del espacio aéreo, tomando como base la normatividad de la OACI.

Las denuncias, riesgos y afectaciones ciudadanas del nuevo rediseño del espacio aéreo en el Valle de México

A seis meses de este nuevo rediseño, especialistas han alertado de diversos riesgos respecto de esta nueva reestructuración del espacio aéreo ya que existe una cercanía peligrosa entre los diversos aviones que operan en el Valle de México, toda vez que esta primera fase trajo consigo un cambio de rutas con el agravante de un tiempo mucho mayor de vuelo sobre la Ciudad de México en comparación con los procedimientos que se utilizaron desde hace más de 30 años.

El colectivo Más Seguridad Aérea y Menos Ruido ha denunciado que los aviones pasan más cerca de lo adecuado por la orografía de México y menciona que “acercamientos entre aeronaves no previstos en el proyecto, inadecuada separación entre aviones, mayores demoras y sobrevuelos constantes en zonas peligrosas están elevando el riesgo de incidentes, alertaron expertos. Por ello, sugirieron dar marcha atrás al rediseño del espacio aéreo, que fue desarrollado y aplicado para que operen simultáneamente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles (AIFA) en Santa Lucía, y mejor retomar el antiguo esquema que demostró ser seguro por años.”

Los especialistas han considerado que el rediseño es inseguro, inflexible e ineficiente. Es inflexible para los controladores de tráfico aéreo porque quieren obligarlos a respetar las llegadas como están publicadas. Es ineficiente porque hay demoras, patrones de espera y una serie de maniobras para demorar los tráficos en aeropuertos de origen, lo que ha hecho que aerolíneas están incumpliendo con sus horarios de salida o llegada. Es inseguro porque la nueva posición rompe la estructura de aproximación segura.

Se ha señalado que Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) no siguió todos los lineamientos y reglas establecidos por la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) sobre el tema al hacer el residen, ni tampoco consultó a organismos expertos. Existe opacidad con la que se maneja Seneam con los reportes de incidentes que controladores y aerolíneas realizan por las rutas que se plantearon para aproximarse al AICM

Adicionalmente debido a que hay menor tráfico aéreo por la pandemia y el aeropuerto opera a 70 por ciento de su capacidad, no ha habido un suceso grave, pero conforme se recupere la demanda de vuelos el riesgo de incidentes crecerá y se calcula que se están haciendo 900 operaciones al día, cuando en su periodo máximo eran mil 400.

Todo lo anterior, genera diversas preocupaciones entre colectivos ciudadanos y comités vecinales quienes ven riesgos en esta nueva reestructuración destacando un aumento considerable de riesgo del sobrevuelo sobre la capital y su zona conurbada del Valle de México derivado de las nuevas rutas.

Las aeronaves vuelan más hacia el poniente y muy cerca de la zona montañosa de esa parte de la ciudad, además de que las condiciones meteorológicas que prevalecen en el Valle de México durante más de cuatro meses en el verano y en el invierno, con tiempos prolongados de visibilidad reducida y turbulencia propia de esa estación.

Adicionalmente este nuevo rediseño ha generado afectaciones ciudadanas como:

• Se generó un mayor problema de demoras y sobrevuelos cercanos a la Ciudad de México.

• Varias rutas del rediseño implican por lo menos 40 millas más de vuelo antes de llegar al AICM, y la consecuencia son mayores costos y mayor tiempo de utilización de la aeronave lo que encarece el costo de los vuelos.

• Quienes habitan en el Valle de México han sufrido un aumento muy preocupante en cuanto a la contaminación ambiental provocada por el insoportable ruido que provocan los aviones las 24 horas del día.

Roció Álvarez en su nota “Polémica por el rediseño del espacio aéreo en el Valle de México” recogió diversos comentarios relacionados con el tema, destacando lo postura del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta) que refirió que el rediseño aumenta el riesgo de incidentes en los vuelos hacia la Ciudad de México y que las personas son afectadas por la contaminación auditiva debido al incremento del ruido por las nuevas rutas de aterrizaje en el AICM y denunciaron que en hace unos días dos aviones estuvieron a punto de chocar al viajar en direcciones encontradas a la misma altitud, así mismo, que detectaron riesgos debido al mal manejo de los procedimientos que obligan a los controladores a realizar ‘diferentes maniobras’.1

Por su parte, María Larriva, controladora de tráfico aéreo con 27 años de experiencia, consultora académica, ha denunciado que el nuevo rediseño hace rutas más largas provocando que se vuele más tiempo sobre la ciudad, se gasta más combustible afectando directamente la operación de las aerolíneas. Destacó que en el nuevo aeropuerto no se han hecho pruebas, está fuera de la norma y no es compatible con el aeropuerto de la CDMX.

La especialista Larriva mencionó que los dos aeropuertos, Santa Lucía y AICM son compatibles, pero no podrán actuar a su máxima capacidad y ni al mismo tiempo pues se generarían demoras incalculables, además de que ya se han registrado algunos incidentes, incluso menciona que existen estudios internacionales que así lo demuestran y que con este rediseño solo se generan riesgos de acercamientos y de colisiones.

El reclamo ciudadano ante los tribunales

Esta problemática no es menor y ya ha generado que quienes habitan en la CDMX y en el Valle de México se vean obligados a exigir sus derechos mediante juicios de amparo los cuales hasta el momento son los siguientes:2

Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México

1. Amparo contra actos omisivos, silencio administrativo. – respecto a la petición 6 de abril de 2021 relativa al rediseño del espacio aéreo de la Ciudad de México. Número de expediente: 371/2021. Fue presentado recurso de queja. Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito- Recurso de Queja 285/2021 – Fue turnado a magistrado ponente Óscar Fernando Hernández Bautista.

2. Amparo contra leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general – Cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Radicado con el número de expediente: 569/2021. Fueron presentados diversos recursos de queja. Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

- Recursos de Queja 94/2021, 95/2021, 101/2021, 102/2021, 103/2021, es procedente y fundado: “Es improcedente otorgar la suspensión provisional respecto del rediseño del espacio aéreo del Valle de México, porque no se satisfacen el requisito contenido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, toda vez que la ponderación entre el derecho que tienen los particulares y el interés social inmerso, lleva a concluir que en el caso concreto, se debe privilegiar, por encima del interés particular, el bien común, en tanto que la colectividad tiene interés en la regulación y mejoramiento en la prestación de los servicios de transporte aéreo civil y de Estado.”

- Recurso de Queja 141/2021 – Se desecha el recurso de queja – Es improcedente el recurso, del acuerdo reclamado no se ubica en ninguno de los supuestos del artículo 97, fracción I de la Ley de Amparo.

- Recurso de Queja 143/2021 – Es procedente pero infundado – Admisión de demanda que debió desecharse por falta de interés y de igual forma, desecharse respecto de los Comunicados 045-2021 y 046-2021, ambos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y rediseño del espacio aéreo en el Valle de México, al no constituir actos de autoridad susceptibles de reclamarse en la instancia constitucional.

- Amparo en Revisión 171/2021 – Se remiten los autos a la SCJN para que ejerza la facultad de atracción sobre la inconstitucionalidad del acto reclamado. La Primera Sala resolvió en el sentido de no ejercer el ejercicio de la facultad de atracción

3. Amparo contra leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general - Rediseño del espacio aéreo en el Valle de México. – Omisión sobre el cumplimiento de la NOM-036-SCT3-2017 por parte de AFAC y Seneam.

4. Resolución de declaratoria de utilidad pública (Rediseño del espacio aéreo en el Valle de México). Se encuentra con el número de expediente: 703/2021. Fue desechada la demanda de amparo.

Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México

1. Actos fuera de juicio (rediseño del espacio aéreo en el Valle de México). Se encuentra con el número de expediente: 465/2021. Se remitieron los autos al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, radicado bajo el número de expediente 593/2021.

Desgraciadamente ninguno de estos recursos ha prosperado por lo que ahora el colectivo Más Seguridad Aérea, Menos Ruido recurrirá a instancias internacionales, como el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Lo anterior toda vez que consideran que existe un sesgo en el Poder Judicial ya que todos los amparos y juicios están siendo concentrados en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la CDMX y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, los cuales ya tienen un criterio previo a los amparos porque son lo que han conocido de los juicios del Nuevo Aeropuerto en Texcoco y del de Santa Lucia.

Además, se ha denunciado que la Seneam en los juicios presenta una serie de quejas sin fundamento para retrasar el avance del procedimiento, por ello a pesar de haber presentado más de 30 amparos y 7 recursos aún no han podido obtener una solución a esta problemática.

Una problemática sin respuesta que afecta a 150 colonias y comités vecinales

El nuevo rediseño del espacio aéreo está afectando a más de millón y medio de personas por las nuevas rutas de los aviones, lo que representa riesgos de seguridad, de su patrimonio y daños a la salud, dentro de las colonias afectadas, las cuales se han unido al colectivo antes citado son:

Lomas de San Ángel Inn

El Pedregal

San Miguel Tecamachalco

La Herradura

Lomas de Tecamachalco, Naucalpan y Huixquilucan

Bosques de las Lomas Miguel Hidalgo y Cuajimalpa

Bosques de las Lomas Cuajimalpa

Lomas de Vista Hermosa

Las Águilas

Lomas de Chapultepec

Bosques de las Lomas

Independencia

Tlacopac

Parques de la Herradura

Bosques de la Herradura

Manuel Ávila Camacho

Jardines del Pedregal

Lomas Altas

Tepepan

Xochimilco

Villa Olímpica

Olivar del Conde

Lomas de Santa Fe

Lomas de Reforma

Merced Gómez

Mixcoac

La contaminación acústica del nuevo rediseño del espacio aéreo

La contaminación acústica es una de las mayores preocupaciones para la población que habita en las zonas urbanas, debido a que es un tipo de contaminación difícil de medir y cuantificar, que no es perceptible con la vista, no deja residuos y, sin embargo, puede causar serios daños a la salud humana. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que, debido a su rango de impacto, la contaminación acústica es la segunda causa de enfermedad por motivos ambientales, sólo por detrás de la contaminación atmosférica, y que representa una amenaza para la salud pública.

La OMS recomienda que el ruido del ambiente no debe sobrepasar los 65 decibeles, aunque en las ciudades más grandes se han llegado a registrar picos de hasta 80 decibeles. En general, los ruidos superiores a los 60 decibeles suelen considerarse como molestos, aunque también dependerá del momento del día en el que se genera, ya que es durante la noche, cuando las personas intentan conciliar el sueño, que más molestos resultan los ruidos.

El impacto ambiental, principalmente en términos de contaminación acústica no está previsto en el proyecto del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía, según especialistas, el transporte aéreo tiene un impacto negativo en el sentido de la sensibilidad de los efectos sonoro, principalmente para sectores vulnerables.3

La contaminación acústica en la Zona Metropolita del Valle de México aumentó a 82 decibles de 45 tolerables, tras el rediseño del espacio aéreo, que provocan las llegadas y salidas de aviones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)4

El ingeniero civil y consultor de transporte Pablo Ortiz Haro Barrera, publicado en ArchDaily, a través de una comparación de la ruta de 30 vuelos comerciales que se aproximaron al AICM con el diseño anterior y 30 vuelos con el rediseño del espacio aéreo actual, advirtió que el impacto de la contaminación acústica en la capital aumentó un 180 por ciento para los sonidos de una intensidad entre 61 y 64 decibeles.

Diversas organizaciones civiles en el Valle de México han declarado públicamente que el rediseño de las rutas aéreas ha incrementado los niveles de ruido en múltiples vecindarios, y que hasta un millón de personas en toda la capital estarían expuestas a ruidos superiores a los 60 decibeles provocados por la aviación comercial. Respecto al tema, la OACI creó una estrategia llamada “Enfoque equilibrado para la gestión de ruido de las aeronaves”, adoptado durante el 33o. periodo de sesiones de su asamblea en 2011, que consiste en identificar los problemas de contaminación acústica en los aeropuertos y analizar las medidas disponibles para reducir el ruido. El organismo pide directamente que se considere a la comunidad que vive cerca de los aeropuertos en el proceso de establecer estrategias para mitigar los efectos medioambientales de la industria aérea. 5

El artículo 4o. constitucional establece que “toda persona tiene derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar y que el Estado garantizará el respeto a este derecho, por lo que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”, mientras el artículo 76 de la Ley de Aviación Civil establece que: “las aeronaves que sobrevuelen, aterricen o despeguen en territorio nacional, deberán observar las disposiciones que correspondan en materia de protección al ambiente; particularmente, en relación a homologación de ruido y emisión de contaminantes”.

El “Estudio de la inmisión acústica del ruido en tierra, producida por el sobrevuelo de aeronaves” en el espacio aéreo del Valle de México, realizado por el colectivo ciudadano “Más Seguridad Aérea, Menos Ruido”, determinó que estamos frente a una grave amenaza de salud pública por el rediseño de las rutas de llegada y salida al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque las mediciones realizadas en las distintas horas del día “excede para todos los puntos el valor recomendado” de decibeles de ruido decretados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).6

La problemática y el Poder Legislativo

Las denuncias presentadas y las alertas de los especialistas no son un tema menor y tampoco son un tema nuevo en el Poder Legislativo ya que en la LXIV Legislatura se presentaron diversos puntos de acuerdo sobre el tema:

• Punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a las autoridades de aeronáutica civil se revise el rediseño del espacio aéreo del Valle de México, a fin de considerar las afectaciones a la población por contaminación acústica generada por las aeronaves. Presentado por el GPPRI.

• Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Agencia Federal de Aviación Civil y a la de Servicios para la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, para que remitan a esta soberanía un informe detallado sobre el plan de rediseño del espacio aéreo en el Valle de México. Presentado por la diputada Lorena Villavicencio Ayala Silvia (Morena).

Estos asuntos no fueron dictaminados por la legislatura pasada y los exhortos que se pretendían realizar para buscar una solución a la problemática denunciada por los vecinos del Valle de México, por las organizaciones civiles y los especialistas, continúa pendiente.

Adicionalmente, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, el pasado 25 de noviembre, presentó una iniciativa para adicionar un artículo 76 Ter a la Ley de Aviación Civil para establecer que medidas, a fin de reducir o evitar el ruido producido por aeronaves, para evitar afectaciones a la salud de las poblaciones del país y afectaciones negativas al medio ambiente por las actividades de navegación aérea, principalmente cumpliendo con los umbrales máximos admisibles del máximo umbral permitido de ruido, mecanismos de monitoreo y seguimiento permanente del ruido aeronáutico para la mitigación del ruido ambiental.

Como legisladoras y legisladores tenemos la responsabilidad de dar seguimiento a los asuntos presentados en las pasadas legislaturas y más cuando las problemáticas denunciadas no han sido resueltas. La preocupación está justificada y se requiere conocer la realidad del nuevo rediseño del espacio aéreo.

Por ello, recogemos las inquietudes de quienes alzan la voz en esta problemática para construir soluciones, por tal motivo someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. – La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y a la Agencia Federal de Aviación Civil para que hagan públicos los estudios que garanticen la seguridad de las nuevas rutas, llegadas y salidas consideradas en el rediseño del espacio aéreo en el Valle de México, el estudio de impacto ambiental que detalle los efectos de la contaminación acústica y los efectos en la salud respecto del ruido excesivo provocado por las nuevas rutas aéreas, así como las medidas llevadas a cabo para mitigar la contaminación acústica generada.

Segundo. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a la Agencia Federal de Aviación Civil y a la de Servicios para la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, para que hagan público un informe sobre el plan de rediseño del espacio aéreo en el Valle de México que contenga las opciones de rutas aéreas que fueron consideradas y su viabilidad.

Tercero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a la Agencia Federal de Aviación Civil y a la de Servicios para la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, a instalar mesas de trabajo con especialistas, asociaciones de la sociedad civil y vecinos de las colonias de la Ciudad de México y del estado de México que se ven afectadas por el rediseño del espacio aéreo, con la finalidad de construir un espacio de diálogo institucional que permita atender las quejas y afectaciones ciudadanas, así como prevenir futuros accidentes derivados de las problemáticas denunciadas.

Notas

1 https://realestatemarket.com.mx/noticias/infraestructura-y-construccion /32917-polemica-por-rediseno-del-espacio-aereo-en-el-valle-de-mexico

2 Más Seguridad Aérea, Menos Ruido, documento para la difusión ante tomadores de decisión.

3 https://hgrupoeditorial.com/inseguridad-y-contaminacion-amenazas-para-v ecinos-del-aeropuerto-de-santa-lucia/

4 https://realestatemarket.com.mx/noticias/infraestructura-y-construccion /35111-aumento-contaminacion-acustica-por-rediseno-de-espacio-aereo

5 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Regulacion-aerea-responsabilid ad-de-Estado-OACI-20210510-0021.html

6 Más Seguridad Aérea, Menos Ruido, documento para la difusión ante tomadores de decisión.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 1 de febrero de 2022.

Diputados: Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), Xavier González Zirión, Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica), Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Gabriel Ricardo Quadri de la Torre, Diana María Teresa Lara Carreón, Salomón Chertorivski Woldenberg, Edna Gisel Diaz Acevedo (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades federales y estatales a iluminar el 4 de febrero con color naranja los sitios emblemáticos en el marco del día mundial contra el cáncer, a cargo del diputado Riult Rivera Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado Riult Rivera Gutiérrez, las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 6 y las fracciones I y V del Apartado 2 del artículo 79, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo de urgente resolución, mediante el cual se exhorta respetuosamente a las y los Titulares del Poder Ejecutivo, y a las Legislaturas de los Estados a iluminar el próximo 4 de febrero de color naranja los sitios emblemáticos en el marco mundial contra el cáncer, con base en los siguientes

Exposición de Motivos

Desde el año 2010 la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) establecieron el 4 de febrero como Día Mundial contra el Cáncer, con el objetivo de fomentar acciones de prevención y detección oportuna de los distintos tipos de cáncer para reducir los fallecimientos por esta causa a nivel mundial.1

En ese contexto mundial, la Organización Mundial de la Salud y otros organismos de las Naciones Unidas reconocieron la necesidad urgente de un compromiso mundial,2 ya que más de un tercio de los casos de cáncer se puede prevenir, otro tercio se puede curar si se detecta en forma temprana y se trata adecuadamente, aquí el objetivo es salvar millones de vidas por año al implementar estrategias con recursos apropiados para la prevención, la detección temprana y el tratamiento, toda vez que hoy sabemos mucho más del cáncer que antes.

En todo el mundo en el año 2020, casi 10 millones de personas, murieron a causa del cáncer, esta cifra superó las muertes por VIH/SIDA, malaria y tuberculosis en conjunto, para el año 2040, los expertos estiman que la cantidad de muertes por cáncer se elevará a 16,5 millones si no actuamos.3

En México, es sumamente importante seguir reforzando la conciencia para salvar más vidas, ya que cerca del 70% de las muertes por cáncer se registran en países de ingresos bajos y medianos. La detección del cáncer en una fase avanzada y la falta de acceso a medios de diagnóstico y tratamientos es algo común, particularmente en los países de ingresos bajos y medianos. Según diversos informes, el tratamiento integral de esta enfermedad está disponible en más del 90% de los países de ingresos altos, pero en menos del 15% de los países de ingresos bajos. El impacto económico del cáncer es sustancial y va en aumento. Según las estimaciones, el costo total atribuible a la enfermedad en 2010 ascendió a 1,16 billones de dólares.4

El Día mundial contra el cáncer no debería ser un día más en el calendario, es por ello que muchas asociaciones civiles, emprenden campañas pensadas para inspirar el cambio y llamar a la acción incluso mucho tiempo después del día señalado. Una campaña que visualmente genere conciencia y compromiso, impulsando también oportunidades de equidad, donde se propague el acceso igualitario a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el cuidado del cáncer para salvar vidas.

Reconocemos los esfuerzos por las autoridades de salud por prevenir el cáncer en México, sin embargo, la conciencia de la prevención y detección oportuna es tarea de todos, acatando recomendaciones como; no fumar, evitar una dieta alta en calorías, promover una dieta adecuada, protegerse del virus de papiloma humano (VPH), evitar la sobreexposición a la luz ultravioleta, aumentar la actividad física, mismas que debe ser responsabilidad de todos.5

Esta H. Cámara de Diputados no ha sido indiferente a las campañas de lucha contra el cáncer, ya que se ha sumado a iluminar de color naranja el recinto desde hace tres años consecutivos, cada 4 de febrero, con el propósito de visibilizar, sensibilizar y generar conciencia sobre esta enfermedad, además de compartir información relativa a los medios de prevención e inspirar la adopción de compromisos que ayuden a mejorar la calidad de vida de millones de personas diagnosticadas.6

En virtud de que la conmemoración del día mundial de lucha contra el cáncer está próxima, solicito que el presente asunto sea calificado como de urgente resolución.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de este Pleno, el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las y los Titulares del Poder Ejecutivo, y a las Legislaturas de los Estados a iluminar el próximo 4 de febrero de color naranja los sitios emblemáticos en el marco mundial contra el cáncer, con el propósito de visibilizar, sensibilizar y generar conciencia sobre esta enfermedad, además de compartir información relativa a los medios de prevención e inspirar la adopción de compromisos que ayuden a mejorar la calidad de vida de millones de personas diagnosticadas.

Notas:

1. https://www.who.int/es/news/item/03-02-2017-early-cancer-diagnosis-save s-lives-cuts-treatment-costs

2. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer

3. https://www.worldcancerday.org/es/por-que-el-cancer

4. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer

5. https://www.gob.mx/salud/articulos/evita-el-cancer-cambia-tu-estilo-de- vida

6. https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/bo letines/la-camara-de-diputados-se-ilumina-de-naranja-y-se-suma-a-la-luc ha-contra-el-cancer#gsc.tab=0

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 1 de febrero de 2022.

Diputado Riult Rivera Gutiérrez (rúbrica), y suscrita por las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Con punto de acuerdo, para exhortar tanto al gobierno como a la FGJ de BC y la Segob respecto a los homicidios de los periodistas Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado López, ocurridos en la entidad, a cargo de la diputada Lizbeth Mata Lozano, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Lizbeth Mata Lozano, diputada a la LXV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, 78 y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo por el que se exhorta a la gobernadora de Baja California, a la Fiscalía General del Estado de Baja California y a la Secretaría de Gobernación, con motivo de los homicidios de los periodistas Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado López, ocurridos en el estado de Baja California, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Desafortunadamente en Baja California hay dos ciudades consideradas de las más violentas del mundo, de conformidad al ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, Ensenada y Tijuana, la primera en la posición 6 y la segunda en la posición 2 respectivamente.

La ciudad de Tijuana, Baja California, es una ciudad fronteriza, la cual ha tenido una larga lista de violencia en contra de periodistas, tomando en cuenta que desde 1988 inició con el homicidio de Héctor Félix Miranda, luego en 1997 se dio un atentado armado a Jesús Blancornelas, quienes trabajaban en semanario Zeta . Posteriormente, en 2004, fue asesinado Francisco Ortiz Franco, y en 2017, en Playas de Rosarito, fue asesinado a balazos Luciano Rivera.

Sin embargo, en últimos años se había dado una relativa calma para los periodistas, en los cuales no se habían reportado atentados o actos violentos en contra de periodistas, hasta el pasado lunes 17 de enero, al conocerse que el fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel fue asesinado a tiros cuando pretendía salir de su casa para una cobertura informativa.

Aunado a esto, el pasado domingo 23 de enero fue asesinada la periodista Lourdes Maldonado, en la colonia Santa Fe de la ciudad de Tijuana, Baja California, un hecho sumamente aberrante. La periodista recientemente en 2021 se adhirió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, en consecuencia se le habían proporcionado medidas cautelares, aun así no estuvo a salvo.

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, pretende que sea una garantía de protección de derechos humanos, para salvaguardar la vida, la integridad, libertad y seguridad de quienes ejercen el periodismo, la defensa de derechos humanos y libertad de expresión.

Este mecanismo actualmente tiene registradas a 478 personas beneficiarias, de varias entidades federativas, pero solo seis entidades cuentan con organismos locales de protección, entre los que no está Baja California. Actualmente es la Secretaría de Gobernación la que opera este mecanismo protector.

De conformidad a las cifras derivadas del mecanismo de protección, se advierte que desde diciembre de 2018 a la fecha, se han asesinado a 43 periodistas y 68 personas defensoras de derechos humanos, de los cuales 7 periodistas y 2 personas defensoras eran beneficiarios del mecanismo de protección.

La situación en Baja California se ha visto rebasada en esta última semana de enero, al llevarse a cabo dos asesinatos de personas periodistas en la ciudad de Tijuana. Estos hechos han consternado a la prensa y a la ciudadanía, es una situación desafortunada y complicada, mostrando una terrible ingobernabilidad, pero sobretodo inseguridad para todos los periodistas de la entidad.

Esto deja en evidencia que existe la necesidad de que los periodistas tengan garantizada su seguridad durante el ejercicio de su labor, evitando poner en riesgo su vida o integridad, por lo que es urgente que el gobierno tome medidas inmediatas para lograr garantizar la seguridad de quienes trabajan en este ramo.

Si bien la gobernadora del estado anunció que se instalaría el Mecanismo Estatal de Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, todavía falta el proceso para que inicien las acciones en protección de periodistas, por ello se hace necesario el presente punto de acuerdo, para que se involucren diversos entes de gobierno en la protección de personas periodistas.

De este modo, se pretende exhortar a la Fiscalía del Estado de Baja California, para que realicen las investigaciones que permitan esclarecer los asesinatos recientes, todo esto con la intención de que se haga justicia para todos los afectados. Así también a la Secretaría de Gobernación, por ser quien actualmente opera el mecanismo de protección federal.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, para que se realicen las acciones que garanticen la seguridad de las y los periodistas en esa entidad federativa, así como el libre ejercicio la actividad periodística y de investigación.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta a la Fiscalía General del Estado de Baja California para que realice las investigaciones necesarias con la finalidad de esclarecer los homicidios de los periodistas Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado López y se sancione a los responsables intelectuales y materiales conforme a la legislación penal aplicable.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, en el ámbito de sus competencias y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, se garantice la seguridad de las y los periodistas en el país, especialmente aquéllas y aquéllos que se encuentran en el mecanismo de protección para periodistas. Asimismo, para garantizar el libre ejercicio la actividad periodística y de investigación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2022.

Diputada Lizbeth Mata Lozano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para que esta soberanía homenajee a los medallistas mexicanos de la XXXII edición de los Juegos Olímpicos y XVI de los Paralímpicos, celebrados en Tokio, Japón, a cargo del diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo y las y los diputados de la Comisión de Deporte, integrantes de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por parte del Grupo Parlamentario del Partico Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; en artículo 79, numeral 2, incisos I, II y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, desde el 2011, en su artículo 4o. que “Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia”.

Con la recién aprobada reforma constitucional en materia educativa del artículo tercero incluyó que los planes y programas de estudio deben tener una orientación integral que incluya la educación física y el deporte, para la promoción de estilos de vida saludables.

Derivado de lo anterior, es que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece que el Deporte es “salud, cohesión social y orgullo nacional”. Por ello, propone que los ejes rectores sean:

• Es una prioridad la activación física.

• El deporte para todos.

• Apoyo al deporte de alto rendimiento con transparencia.

Estos tres ejes del deporte mexicano permitirán que tenga “un país más sano, con una mejor convivencia social y con una niñez y una juventud plenas”.

En este mismo sentido el Programa Institucional 2021-2024 de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte cuenta con seis objetivos, que son:

1. Mejorar las condiciones de coordinación y comunicación con los miembros del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade), para promover, fomentar y estimular la cultura física y el deporte.

2. Incrementar la calidad y cantidad de los servicios de formación, acreditación, capacitación, certificación, investigación y difusión para contribuir al aumento, actualización y mejoramiento de los profesionales especialistas en cultura física y el deporte.

3. Fomentar la práctica regular de actividades físicas, deportivas y recreativas, coadyuvando a la disminución del porcentaje de sedentarismo en la población.

4. Promover la práctica del deporte de manera sistemática e incluyente desde la iniciación hasta la competencia deportiva de la población, principalmente en niñas, niños, adolescentes y jóvenes, como una herramienta para contribuir al desarrollo deportivo del país.

5. Incorporar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la formación hacia el deporte de alto rendimiento, a través de procesos de identificación, desarrollo y seguimiento técnico a partir de la participación en eventos multideportivos nacionales.

6. Mejorar los resultados en las participaciones de las y los deportistas de alto rendimiento en eventos del ciclo olímpico, paralímpico y campeonatos mundiales del deporte convencional y adaptado, a través de procesos de preparación, servicios médicos y asistenciales, así como apoyos económicos.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estable la importancia del deporte al decir que “El deporte es otro importante facilitador del desarrollo sostenible. Reconocemos que el deporte contribuye cada vez más a hacer realidad el desarrollo y la paz promoviendo la tolerancia y el respeto, y que respalda también el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, las personas y las comunidades, así como los objetivos en materia de salud, educación e inclusión social”.

II. La participación de México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrado este año, permitió que deportistas mexicanos obtuvieran 4 medallas de bronce.

Y un excelente desempeño de nuestros atletas de la delegación en las diferentes disciplinas.

También las mexicanas y los mexicanos que participaron en los Juegos Paralímpicos nos han dado 7 medallas de oro, 2 de plata y 13 de bronce.

Sabemos del esfuerzo que hacen los deportistas que nos representan en estas justas olímpicas, trabajo –arduo y constante– además de la energía diaria por dar lo mejor de sí para nuestro país.

También no debemos olvidar a entrenadores y equipo multidisciplinario que con su conocimiento preparan a nuestros deportistas, pues gracias a su trabajo y esfuerzo nos permiten dar resultados en los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos.

III. La Cámara de Diputados aprobó el 9 de febrero de este año el dictamen a la Ley General de Cultura Física y Deporte, para establecer que se otorgarán reconocimientos a las y los deportistas, técnicos y organismos de cultura física y deporte, que corresponde dar a la Comisión Nacional del Deporte.

En este mismo sentido la actual legislatura debe sumarse para reconocer a las mujeres y hombres deportistas, pero también a sus entrenadores, con el fin de reconocer sus esfuerzos y su dedicación por poner en alto a nuestro país en materia de deporte.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 79 del Reglamento, numeral 1, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito pone a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión felicita y reconoce públicamente a las y los jóvenes atletas y a toda la delegación mexicana por su destacada participación en los pasados Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020; y asimismo, solicita hacer en sesión solemne un reconocimiento especial a los deportistas acreedores de alguna medalla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2022.

Diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos locales a crear, implantar y, en su caso, reforzar programas, planes, proyectos y acciones de cultura física, activación física, recreativos y deportivos, dirigidos a los diversos grupos de la población, a cargo del diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y las y los diputados de la Comisión de Deporte de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 12 de octubre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una importante adición al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que “Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia”, lo que más adelante dio paso a la Ley General de Cultura Física y Deporte vigente, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2013, abrogando una ley anterior en esta misma materia, publicada el 24 de febrero de 2003, ante la necesidad de crear una ley que estuviera acorde con la realidad de nuestro país, dando vida a ese reciente precepto constitucional.

En esta Ley General de Cultura Física y Deporte vigente –aunque ha sido continuamente reformada por el Congreso de la Unión en diversas disposiciones–, se establece como una ley de orden público y de interés social, así como de observancia general en toda la República, y señala que corresponde su aplicación bajo el principio de la concurrencia entre los tres niveles de gobierno, previsto en la fracción XXIX-J del artículo 73 constitucional; lo que en consecuencia implica establecer las bases generales para la distribución de competencias, coordinación y colaboración entre el Ejecutivo federal por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), las autoridades estatales, las de la Ciudad de México y las municipales y, además, incluye a los sectores social y privado; siendo una ley que establece concretamente en las disposiciones contenidas en su capítulo primero, Del Sector Público; la Sección Segunda, De los Órganos Estatales, de la Ciudad de México y Municipales de Cultura Física y Deporte; así como su sección tercera, De la Concurrencia, Coordinación, Colaboración y Concertación, que señala la participación de las instancias públicas y lo relativo a la interrelación con las entidades federativas, sus municipios, y las correspondientes de la Ciudad de México, de tal manera que tanto la ley como la Constitución nos convoca a todos para que la cultura física y práctica del deporte sea un derecho de ejercicio pleno para toda la población.

Es claro que para las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, ejerzan sus facultades de expedir e iniciar leyes o decretos que establezcan las bases de coordinación con la federación, entidades, sus municipios y demarcaciones territoriales; leyes eficientes que garanticen, en el ámbito de su aplicación, un correcto desempeño, con homologación de criterios, que armonicen y estén acorde con la Carta Magna y la ley general, que distribuyan y precisen con claridad las responsabilidades y competencias, así como generar los mecanismos para una coordinación eficaz con pleno respeto a las atribuciones que a cada autoridad corresponda y, en consecuencia, ello implica la obligación primordial de legisladoras y legisladores para velar por el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos, así como la efectiva aplicación de la ley.

Con esta estructura normativa, no solamente el gobierno federal, sino que también los titulares de gobierno de las entidades federativas y de la Ciudad de México, tienen los elementos fundamentales para generar e implementar diversos planes, programas, proyectos y acciones de cultura física y práctica de deportes, que van dirigidos a la población, unos de orden estatal, y otros más, son del orden municipal y en las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, siendo entonces una ordenanza para todo gerente público de promover, fomentar y estimular a la población para adquirir hábitos de vida más saludables, donde la cultura física a través de la práctica de actividades recreativas y deportivas, aporten no solamente a la preservación de la salud física y mental de las personas, sino que también se motive a elevar el nivel de vida social y cultural promoviendo valores que refuerzan la convivencia y la cohesión del tejido social tanto para las personas en lo individual, como en familia y en comunidad, a la vez de aportar en la prevención de enfermedades o para rehabilitación, erradicar el uso de sustancias tóxicas y nocivas, generar lazos de convivencia e identidad para combatir la violencia, proteger y conservar nuestro medio ambiente y entorno social, entre otros beneficios que la cultura física y la práctica del deporte aporta a las personas sin distinguir edad, género o cualquier condición personal, social o económica.

Para los gobiernos federal y locales resulta imperativo que ante las circunstancias que enfrentamos por esta pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, Covid-19 y sus múltiples variantes, que ha afectado gravemente, sensiblemente y profundamente a toda la población sin distinciones, aunado a las condiciones de confinamiento, es entonces que resulta necesario y urgente que se creen y refuercen en su implementación los planes, programas, proyectos y acciones de cultura física y práctica de actividades recreativas y deportivas en todo el país, para participar en el combate de padecimientos relacionados a consecuencia del sedentarismo que ocasionó y agudizó el confinamiento social, y que implica innovar en adaptar y adoptar nuevas formas para proteger la salud y la vida de la población general.

Además, con las recientes elecciones y la conformación de gobiernos con nuevas autoridades en todo el país, y sin importar colores o partidos, es el momento y oportunidad propicios para innovar y mejorar toda acción de gobierno que, a través de promover, fomentar y estimular a la población en actividades de cultura física, recreativas y de deporte, se contribuya en poner al centro la protección de la integridad y la dignidad de todas las personas.

En consecuencia, se hace necesario propiciar las condiciones para incentivar y motivar a las autoridades estatales y municipales, así como las de la Ciudad de México, a crear, implementar o reforzar los programas, planes, proyectos y acciones de cultura física, activación física, deportivos y recreativos estatales y municipales, dirigidos a los diversos grupos de la población nacional, y que de manera permanente se aplique la ley en sus disposiciones tanto de concurrencia, así como reforzar la operación del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, teniendo como objetivo el alcance de su potencial pleno, motivo del presente exhorto.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los titulares de gobierno de las entidades federativas y de la Ciudad de México, a crear, implementar y, en su caso, reforzar programas, planes, proyectos y acciones de cultura física, activación física, recreativos y deportivos, dirigidos a los diversos grupos de la población nacional para contribuir en la protección de la salud, la integridad y la dignidad de todas las personas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2022.

Diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a una reunión sobre las acciones llevadas a cabo para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos, a cargo del diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario del PAN

El diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se convoca respetuosamente a los miembros de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; y al coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez, a efecto de sostener una reunión de trabajo con las Comisiones de Radio y Televisión y de Derechos Humanos, relativa a las acciones llevadas a cabo para la protección a periodistas y defensores de derechos humanos, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El 25 de junio de 2012 se publica en el Diario Oficial de la Federación, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de observancia general en toda la República Mexicana. En el cuerpo de dicho ordenamiento se define su objeto el cual es: “establecer la cooperación entre la federación y las entidades federativas para implementar y operar las medidas de prevención, medidas preventivas y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.”

Del mismo modo, esta ley crea el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el objetivo de que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos.

Con la entrada en vigor de esta ley se visibilizó la necesidad de mantener un entorno que propicie la libertad de expresión y el libre desarrollo de las personas defensoras de este y otros derechos humanos. Al mismo tiempo, se reconoce que lamentablemente en nuestro país, estas actividades representan un riesgo para la integridad y vida de las personas que las ejercen, por lo que se crea este ordenamiento y el mecanismo citado, para brindar protección sobre las diversas agresiones dirigidas a las personas a las que la ley otorga protección.

De acuerdo con el informe de actividades 2021 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), “la situación actual de agresiones de personas defensoras y periodistas se han producido en contextos de especial o extrema vulnerabilidad”.1

Añade el documento referido que: “las víctimas realizaban un periodismo de denuncia o periodismo crítico, así como actividades de defensa en temas relacionados con corrupción e inseguridad. (...) Esta circunstancia es preocupante ya que el Estado tiene una responsabilidad reforzada en sus obligaciones de prevención y protección cuando existe el riesgo de que se produzcan crímenes en contra de personas defensoras y periodistas por situaciones concretas en las que las autoridades saben o deberían haber sabido que hay un riesgo real e inmediato de que se cometan estos delito”.2

Como conclusión, en el informe se plasma que: resulta imprescindible que además de una estrategia de protección se adopte una política pública general de prevención.

Con lo que se visibiliza la necesidad de generar mejores mecanismos de respuesta ante las situaciones de riesgo que viven los periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Las medidas establecidas en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se clasifican en medidas de prevención, protección, y urgentes, las cuales responden a reducir los factores de riesgo que favorecen las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. En estas medidas citadas, el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y su Junta de Gobierno son responsables de las mismas.

A pesar del tiempo que ha pasado desde la entrada en vigor de este ordenamiento, el informe de la CNDH hace evidente que aún hay mucho por hacer.

En 2021 ocurrieron tres asesinatos en contra de periodistas, lo que representa claros atentados contra la libertad y el derecho a la información de la sociedad. La situación de vulnerabilidad de periodistas y defensores de derechos humanos abarca todo el país, por lo que se requiere un plan de respuesta para garantizar un entorno de seguridad y respeto a los derechos humanos.

Uno de los asesinatos fue de la periodista Lourdes Maldonado, que hizo público en una conferencia matutina encabezada por el Ejecutivo federal, que recibió amenazas derivadas de su actividad periodística, por lo que el presidente encomendó a Jesús Ramírez, coordinador general de Comunicación Social para atender este caso denunciado. Sin que se pudiera proteger la vida de la periodista hoy fallecida.

Por este motivo, se considera necesario que, de conformidad con la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en lo relativo a la cooperación entre autoridades, se incluya al Legislativo federal para conocer la situación actual, medidas implementadas y acciones para favorecer un entorno donde se respeten y garanticen los derechos a los periodistas y defensores de derechos humanos. Esto permitirá contar con más herramientas para generar acciones que permitan el libre ejercicio de estas profesiones de manera segura y con la protección de la ley y de las autoridades.

Derivado de lo anterior, se presentan los siguientes

Considerandos

Primero. Que la Constitución en su artículo 7, establece que “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio.”

Segundo. Que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tiene por objeto “establecer la cooperación entre la federación y las entidades federativas para implementar y operar las medidas de prevención, medidas preventivas y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.”

Tercero. Que la ley referida en el considerando anterior, crea el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos.

Cuarto. Que el artículo 2 de la ley citada define agresiones como: “daño a la integridad física o psicológica, amenaza, hostigamiento o intimidación que por el ejercicio de su actividad sufran las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.”

Quinto. En el artículo referido anteriormente se establece que las medidas de prevención son el “conjunto de acciones y medios encaminados a desarrollar políticas públicas y programas con el objetivo de reducir los factores de riesgo que favorecen las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como para combatir las causas que las producen y generar garantías de no repetición.”

Sexto. Del mismo modo la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas establece medidas preventivas que son “el conjunto de acciones y medios a favor del beneficiario para evitar la consumación de las agresiones”.

Séptimo. Que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas establece en su artículo 8 las atribuciones de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas entre los cuales se encuentra “Determinar, decretar, evaluar, suspender y, en su caso, modificar las Medidas Preventivas y las Medidas de Protección”.

Octavo. La propia ley referida, establece medidas urgentes de protección, definidas como el conjunto de acciones y medios para resguardar, de manera inmediata, la vida, la integridad y la libertad del beneficiario. Las cuales dependen de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado se somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión LXV Legislatura la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se convoca respetuosamente a los miembros de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y al coordinador general de Comunicación Social y vocero del gobierno de la República, Jesús Ramírez, a efecto de sostener una reunión de trabajo con las Comisiones de Radio y Televisión y de Derechos Humanos, relativa a las acciones llevadas a cabo para la protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

Notas

1 http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=40063

2 http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=40063

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2022.

Diputado Luis Mendoza Acevedo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobernador de Puebla a aclarar sus manifestaciones respecto a periodistas y defensores de derechos humanos, suscrita por las diputadas Paulina Rubio Fernández y Carolina Beauregard Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscritas, diputadas Paulina Rubio Fernández y Carolina Beauregard Martínez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I; 62, 76, fracción IV y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 25 de enero, durante la sesión de la Comisión Permanente, se presentaron diversos puntos de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades, a esclarecer y deslindar las responsabilidades correspondientes sobre los acontecimientos en el Centro de Reinserción Social de Lomas de San Miguel, Puebla, Puebla, sobre el hallazgo del cuerpo de un bebé en el referido Centro de Reinserción Social.

Con independencia de la línea de investigación del caso, resultan preocupantes las declaraciones del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, quien dijo que las personas que estaban siguiendo este caso lo hacen con el ánimo de desgastar, pero que estos hechos quedarán esclarecidos, refiriéndose a periodistas y defensores de derechos humanos, declarando “Alrededor de este asunto ha habido mucha especulación, especulaciones de buena fe y de mala fe, activistas que se dedican, para este asunto, a protagonizar y hacer aseveraciones sin sustento sólo para ganar protagonismo, un momento protagónico”.1

En un país con los niveles de violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas, como es nuestro caso, y donde recientemente fueron asesinados, al menos tres periodistas en lo que va de 2022, Lourdes Maldonado, José Luis Gamboa y Margarito Martínez,2 resultan preocupantes este tipo de descalificaciones por parte de la autoridad estatal.

Por tal motivo, diversas organizaciones de la sociedad civil, y personas físicas, como periodistas o defensores de derechos humanos, emitieron una carta abierta, fechada el 21 de enero de 2022 y que se reproduce a la letra:

“A las y los legisladores de todos los partidos políticos:

A raíz de la difusión de las noticias sobre el reciente hallazgo del cuerpo de un bebé encontrado en el Centro de Reinserción Social de San Miguel, Puebla, y de las demandas de organizaciones de la sociedad civil para esclarecer el lamentable hecho; el viernes 21 de enero, el gobernador del estado, Miguel Barbosa, señaló en una conferencia de prensa que –las personas activistas y periodistas que cubrimos el caso lo hacemos con el ánimo de desgastar. Aseguró que pronto se aclararán los hechos– y terminó diciendo:

Vuelvo a repetir, todos los que dijeron cosas van a silenciarse, porque así han actuado siempre, tengan cuidado también en el desempeño de la profesión, la noble profesión del periodismo que no sirva también para destruir escenarios, esa es mi respuesta .

Ante la ambigüedad de las declaraciones del gobernador, las organizaciones abajo firmantes acudimos a ustedes para solicitar atentamente que exhorten al Poder Ejecutivo del Estado de Puebla para que aclare, ¿de qué o de quién tenemos que cuidarnos?

Pero más importante aún, solicitamos la intervención de todas las fuerzas políticas para que se esclarezcan los hechos a la brevedad y se tomen todas las medidas pertinentes para que no se vuelva a repetir un hecho tan atroz. #JusticiaBebé #JusticiaParaTadeo”

Por lo anterior, el gobernador debe explicar a la opinión pública cómo piensa silenciar a los periodistas y, como señala la carta citada, de qué o de quién se tienen que cuidar los periodistas.

Por lo anteriormente expuesto esta honorable Cámara de Diputados extiende los siguientes

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura, exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, para que informe y aclare a la opinión pública sus declaraciones realizadas en contra de periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil con motivo del hallazgo del cuerpo de un bebé dentro del Centro de Reinserción Social de Lomas de San Miguel, Puebla, Puebla.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura, exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, para que él y cualquier servidor público que integre la administración pública local que actualmente preside, permita libremente el ejercicio la actividad periodística, de investigación y de promoción y protección de los derechos humanos y se realicen las acciones pertinentes que garanticen su seguridad.

Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura, exhorta respetuosamente a las Fiscalías Generales de la Ciudad de México y del Estado de Puebla, así como a las autoridades penitenciarias del estado de Puebla, para que informen a la opinión pública sobre las investigaciones relacionadas con el hallazgo del cuerpo de un bebé dentro del Centro de Reinserción Social de Lomas de San Miguel, Puebla, Puebla.

Notas

1 Véase: https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2022/1/22/barbosa-reprocha- ong-periodistas-por-bebe-hallado-muerto-en-penal-de-puebla-279593.html Consultado 1l 26 de enero de 2022.

2 Véase: https://politica.expansion.mx/mexico/2022/01/24/tres-periodistas-son-as esinados-en-mexico-en-2022 Consultado 1l 26 de enero de 2022.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2022.

Diputadas: Paulina Rubio Fernández, Carolina Beauregard Martínez (rúbricas)

Con punto de acuerdo, relativo a esclarecer los vínculos entre la empresa petrolera Baker Hughes, Pemex y el hijo del presidente de México, suscrita por la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en las fracciones I del artículo 6 y I y V del Apartado 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta soberanía Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las personas titulares de la Secretaría de la Función Pública, de la Auditoría Superior de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la Fiscalía General de la República a realizar las investigaciones pertinentes, en el marco de sus competencias, para esclarecer los vínculos entre la empresa petrolera “Baker Hughes”, Pemex y José Ramón López Beltrán, hijo del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al tenor lo siguiente:

Antecedentes

• El pasado 27 de enero, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y LatinUS presentaron un reportaje titulado “Así vive en Houston el hijo mayor de AMLO” en el que se demostró que el discurso de austeridad del Presidente está entre dicho, ya que no aplica para su familia. José Ramón López Beltrán, hijo del Presidente de la República, ha ocupado junto a su pareja Carolyn Adams, una residencia al norte de Houston, propiedad hasta 2020, de un alto directivo de Baker Hughes, una de las compañías petroleras más grandes del mundo, con la que el gobierno mexicano tiene contratos vigentes por más de 151 millones de dólares.1

• En ese mismo reportaje habla acerca de cómo vive el hijo del ejecutivo federal, José Ramón López Beltrán, quien habita una residencia valuada por alrededor de 20 millones de pesos y utiliza como método de transporte una camioneta valuada en 1.4 millones de pesos.

• Se mudó a una residencia recién construida en la localidad de Cypress, en el condado de Harris, que está a nombre de su pareja, Carolyn Adams, con valor comercial cercano al millón de dólares. Dicha mansión de un alto ejecutivo de la Empresa Baker Hughes

• Además la empresa Baker Hughes es proveedora de compresores y turbinas de la refinería de Dos Bocas. Para entender más a dicha empresa, se define a sí misma como “una empresa de tecnología energética”2 que se dedica a brindar soluciones para clientes industriales y energéticos en más de 120 países.

Consideraciones

Primera. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el cual faculta y establece las funciones de la Secretaría de la Función Pública, así como del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en donde se establecen las facultades de la Fiscalía General de la República hemos decidido actuar y cuestionar el actual plan de austeridad del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que hemos presenciado una cantidad considerable de incongruencias, las cuales no han podido ser aclaradas.

Las familias mexicanas merecen una explicación ante tales hechos; la semana pasada se hizo viral un video en donde uno de los hijos del Presidente presumía en sus redes sociales ciertos lujos, posteriormente sale a la luz este reportaje en el cual señalan otra vez a un hijo del Presidente, en donde están involucradas su pareja y un funcionario de Baker Hughes, empresa con la cual Pemex tiene una gran relación, ya que cuentan con diversos contratos millonarios. Baker Hughes se define a sí misma como una empresa de tecnología energética que brinda soluciones para clientes industriales y de energía en 120 países, de acuerdo con su perfil de la red social Linkedin. Además, tiene 10 mil empleados alrededor del mundo y su sede se encuentra en Houston, Texas.

Como sabemos, la corrupción es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta México y los Estados en la actualidad. Debido a esto, el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas ” establece como una de sus metas “Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas”. Hay que cumplir dicho objetivo, y todos los objetivos de los cuales México sea parte, porque la corrupción genera desigualdad e injusticias, y eso en Acción Nacional no lo vamos a permitir.

Por otro lado, diversos ciudadanos y periodistas han salido a denunciar un posible conflicto de intereses antes los hechos y a pedir explicación, es por esto que, nosotros como Diputadas y Diputados federales y representantes de nuestro pueblo, exigimos cuentas y explicaciones, somos la voz de las familias mexicanas; Entendemos que un conflicto de intereses es cuando un interés laboral, personal, profesional, familiar o de negocios de la persona servidora pública pueda afectar el desempeño imparcial, objetivo de sus funciones; en este caso el Presidente predica una austeridad misma que no se ve reflejada en la actualidad. Las y los ciudadanos merecemos una explicación, y por supuesto, una rendición de cuentas ante este acto.

Tras la ardua investigación periodística hecha por la organización no gubernamental “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” se presentó el lunes 31 de enero un dato controversial, que se desprende del contrato que la petrolera “Baker Hughes” firmó con Pemex en el año 2019, el organismo difundió una copia de la primera página del contrato firmado entre la empresa norteamericana y Pemex, celebrado en el año mencionado, sin embargo, el punto controversial de lo anterior, es la mudanza de José Ramón López Beltrán y la empresaria Carolyn Adams poco tiempo después de haber firmado el contrato con Petróleos Mexicanos por la cantidad de 85 millones de dólares con la petrolera texana “Baker Hughes”.

Dicho lo anterior, este dato es pertinente debido a que esta residencia fue alquilada a Keith L. Schilling, entonces alto ejecutivo de Baker Hughes, donde de acuerdo con esta investigación las acciones mencionadas con anterioridad se hicieron un mes después de celebrar el contrato con Petróleos Mexicanos.

Con respecto a la relación entre la empresa Baker Hughes y Petróleos Mexicanos, Keith L. Schilling se desempeñó como director comercial y de ventas a nivel global de julio de 2017 a noviembre de 2018, periodo en el que la multinacional obtuvo dos contratos en Pemex, uno de los cuales hasta por 66 millones de dólares sigue vigente en el actual gobierno federal, de igual forma el 5 de agosto de ese año, funcionarios de Pemex firmaron en Villahermosa, Tabasco, otra asignación a Baker Hughes, hasta por 85 millones de dólares, con vigencia hasta diciembre de 2022.

Segunda. La esposa de José Ramón López Beltrán, Carolyn Adams, ha trabajado durante muchos años en el sector petrolero. Estuvo 15 años en Dubai, como ejecutiva de la British Petroleum. En 2016 trabajó en México para Cava Energy, otra empresa con la que Pemex tiene contratos. En su actual domicilio, la residencia de Conroe, Texas, podemos ver que según MCCI, tiene 447 metros cuadrados de construcción, cuenta con acabados en piedra y madera, cuatro habitaciones, cuatro baños completos, tres lugares de estacionamiento, cocina, sala de estar y amenidades como bar, sala de juegos e incluso sala de cine. Aquí la situación es descifrar y saber de dónde viene el origen de toda esta vida llena de lujos y de no austeridad.

Tercera. El organismo encargado de garantizar los derechos de la ciudadanía en materia de conflicto de intereses es la Secretaría de la Función Pública, misma que es la institución garante y facilitadora de las condiciones para que la administración pública cumpla sus objetivos y produzca los resultados esperados, mediante el establecimiento de normas, mecanismos, procesos y controles que aseguren razonablemente la eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez del servicio público, también maneja un marco jurídico y un código de ética. Al igual que la ASF y la UIF, de igual manera la FGR se encarga de la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos; otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la prevención del delito; fortalecer el Estado de derecho en México; procurar que el culpable no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general.

Es importante precisar la relación y el vínculo entre Pemex, la empresa Baker Hughes, Carolyn Adams y José Ramón López Beltrán, para dar la certeza y la explicación real del origen y manejo de los recursos con los que se desenvuelve esta familia.

Es por esto que en Acción Nacional creemos pertinente tomar esta acción con el fin de esclarecer los hechos y darle respuestas a nuestras familias mexicanas.

Proposición con Punto de Acuerdo

Primero. El honorable Congreso de la Unión exhorta a las personas titulares de la Secretaría de la Función Pública, de la Auditoría Superior de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar las acciones, diligencias e investigaciones pertinentes, en el marco de sus competencias, para esclarecer los vínculos entre la empresa petrolera “Baker Hughes”, Pemex y José Ramón López Beltrán, hijo del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Segundo. Se solicita a la persona titular de Petróleos Mexicanos que rinda un informe a la opinión pública de los convenios celebrados con la empresa “Baker Hughes” respecto a su fecha de celebración, materia del convenio y precios de contraprestación, así como transparentar y brindar un informe a la opinión pública respecto a los contratos de la compra realizada por Petróleos Mexicanos a “Shell” de la refinería “Deer Park” en Houston.

Notas

1 https://contralacorrupcion.mx/asi-vive-en-houston-el-hijo-mayor-de-amlo /

2 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/7-datos-de-baker-hughes-petrolera -mencionada-en-la-trama-de-lujos-del-hijo-de-amlo-y-proveedora-de-dos-b ocas

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2022.

Diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada (rúbrica)