Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a informar a esta soberanía sobre los estudios de conveniencia para vacunar contra el Covid-19 al grupo etario de 5 a 14 años y, en su caso, priorizar su inmunización, a cargo de la senadora Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del PRI

La senadora Nuvia Mayorga Delgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La pandemia por Covid-19 y los esfuerzos internacionales por mitigar sus efectos en cuanto al número de contagios y muertes en el mundo, obligaron a la comunidad científica a desarrollar desde el año 2020 vacunas que sean seguras y efectivas.

A noviembre de 2021, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha autorizado las vacunas de Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford, Janssen, Moderna, Sinopharm, Sinovac y Bharat. Otras vacunas continúan siendo estudiadas. Además, agencias reguladoras nacionales (ARN) han autorizado otras vacunas contra la Covid-19 en países específicos.1

Si bien las vacunas representan una herramienta para atender la pandemia, lo importante para los gobiernos es el proceso de vacunación y garantizar un acceso justo y equitativo que permita proteger a la población, empezando por los grupos más vulnerables o mayormente expuestos a contraer la enfermedad.

La misma organización ha señalado desde el principio de la pandemia la vulnerabilidad ligada a la Covid-19, integrando en este grupo a las personas mayores, las personas que padecen afecciones medicas subyacentes, además ha señalado la vulnerabilidad ligada a determinantes sociales de la salud, en donde se encuentran minorías étnicas, mujeres y niñas, mujeres embarazadas sobrevivientes de violencia de género, personas que trabajan en el sector informal y niños.

En nuestro país, el gobierno federal ha reportado que desde el inicio de la estrategia de vacunación y hasta este 15 de enero, 82 millones 898 mil 265 personas han sido inmunizadas contra la Covid-19. De ese total, 75 millones 617 mil 241 han completado el esquema, mientras que siete millones 281 mil 024 con primera dosis, esperan completar el lapso requerido para la segunda aplicación.

Se ha informado además que la vacunación continúa para personas rezagadas, mujeres embarazadas y jóvenes de 15 a 17 años, así como refuerzo a mayores de 60 años, personal de salud y del sector educativo.2

Lo que las autoridades sanitarias no han considerado a la fecha es el proceso de vacunación para el grupo etario menor a los 15 años, que de acuerdo con su grado educativo ha regresado paulatinamente a sus actividades escolares durante el año 2021.

Datos del Censo de Población y Vivienda 2020 indican que en México residen 31.8 millones de niñas y niños de 0 a 14 años de edad, que en términos relativos representan 25.3 por ciento de la población total.

De ahí que el panorama resulte preocupante al no contar con población infantil inmunizada, de acuerdo con las recomendaciones de la OMS por cada grupo etario.

Aunado a esta problemática se sabe que, en los últimos meses, el secretario de Relaciones Exteriores ha informado sobre una serie de donaciones de vacunas contra la Covid-19 a diversos países, principalmente de Latinoamérica, como parte de la propuesta de acceso universal y equidad en el acceso a las vacunas.

Si bien se debe promover un acceso a las vacunas contra esta enfermedad a los pueblos y comunidades más pobres y rezagados del orbe, se debe velar, a su vez, para que en cada país la población más vulnerable tenga sus dosis completas.

En nuestro país vivimos bajo la zozobra del contagio de la Covid-19 en la población infantil, sus efectos y sobre todo la vacunación a niñas y niños del grupo etario menor a 15 años, mientras que, en otros países como España, Estados Unidos de América (EUA) y Uruguay, por citar algunos, ya se vacuna a una población de entre 5 y 11 años.

En el mes de diciembre de 2021, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, anunció que el gobierno federal no contempla vacunar a niños menores de 15 años sin comorbilidades o menores de 12 años con comorbilidades.

Se refirió a que en los países donde están inmunizando a menores de edad, lo hacen porque tienen excedente de vacunas, pero dijo que se trata de una decisión de cada nación.

El 17 de enero de 2022, en una entrevista hecha por Noticieros Televisa al director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, se le cuestionó sobre el porqué las donaciones a otros países y no mejor empezar una campaña de vacunación a niños mayores de cinco años.

Su respuesta, más que abonar en la atención a la pandemia, fue simplemente que es mejor ayudar a otros países en donde no se tiene el cuadro completo, o donde no se ha iniciado la vacunación.

Ante este panorama es necesario conocer los estudios de conveniencia para vacunar a una población etaria menor a los 15 años, así como el número de vacunas contra la Covid-19 donadas a otros países y los criterios que motivaron esas decisiones. Lo anterior para saber puntualmente hasta qué grado nuestro país ha tenido un excedente de dosis contra esta enfermedad.

Punto de Acuerdo

Único . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud a informar a esta soberanía sobre los estudios de conveniencia para la vacunación contra la Covid-19, de la población adolescente e infantil en México, del grupo etario de los 5 a los 14 años y, en su caso, priorizar su inmunización; así como al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre el número de vacunas contra esta enfermedad donadas a otros países, entre los que se encuentran Guatemala, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay, Belice, Bolivia, Jamaica y Trinidad y Tobago, así como los criterios que motivaron esas decisiones.

Notas

1 Organización Panamericana de la Salud, “Preguntas frecuentes: Vacunas contra la COVID-19, Organización Mundial de la Salud, Consultado en https://www.paho.org/es/vacunas-contra-covid-19/preguntas-frecuentes-va cunas-contra-covid-19

2 Secretaría de Salud, Prensa “Las 32 entidades federativas reportan 155.8 millones de doses aplicadas, Gobierno de México, Consultado en

https://www.gob.mx/salud/prensa/021-vacunadas-contra-cor onavirus-82-8-millones-de-personas-en-mexico

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2022.

Senadora Nuvia Mayorga Delgado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sader a considerar a Oaxaca en el Programa de Fertilizantes de 2022 para impulsar la economía y la producción agrícola local, suscrita por el diputado Azael Santiago Chepi, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Azael Santiago Chepi, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En el marco del Día Mundial de los Fertilizantes (13 de octubre) recordamos la gran aportación y contribución de los fertilizantes frente al importante incremento de la población mundial en los últimos años, pues este incremento exige un constante reto a la agricultura para proporcionar un mayor número de alimentos, tanto en cantidad como en calidad.

En 1950 se estimaba que la población mundial era de 2,600 millones de personas. En 1999 se alcanzaron 6,000 millones. En octubre del 2011 se estimaba que la población mundial era de 7,000 millones de personas y, se espera que la población mundial aumente a 2,000 millones en los próximos 30 años, pasando de los 7,700 millones actuales a los 9,700 millones en 2050.1

Con una población mundial en constante crecimiento, es importante producir suficientes cultivos cada año para proporcionar alimentos, ropa y otros productos agrícolas, por ello, para alcanzar estas metas existen dos factores posibles:

• Aumentar las superficies de cultivo.

• Proporcionar a los suelos fuentes de nutrientes adicionales en formas asimilables por las plantas, para incrementar los rendimientos de los cultivos.

Los fertilizantes garantizan la productividad y calidad nutricional de los cultivos , ofreciendo seguridad alimenticia e incremento en el contenido de nutrientes de las cosechas, evitan la necesidad de incrementar la superficie agrícola mundial y conservan el suelo evitando su degradación.ii

México es el décimo país más poblado del mundo, con una cifra de 127.8 millones de personas,iii donde la actividad agrícola representa el 3% del PIB y se estima que el 13% de la población está empleada en la agricultura.iv

Las actividades primarias han tenido un papel relevante para el abasto y la seguridad alimentaria de México durante la pandemia por Covid-19. El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) pronosticó para 2021, un incremento en la producción del 3.2% respecto al año anterior.

La política agroalimentaria del Gobierno de México asume el principio de economía para el bienestar, sustentada en la relevancia de los productores de pequeña y mediana escala, quienes constituyen el 85% del total de productores agroalimentarios, generan más del 60% del empleo contratado y son poseedores y garantes de la agrobiodiversidad.

En el gobierno de la Cuarta Transformación, y de cara a la necesidad de reducir las desigualdades, emprendió una política diferenciada para atender a los distintos grupos de productores y regiones del país considerando el potencial de los territorios y las necesidades diferenciadas de los productores agropecuarios.v Por lo que reconoce la importancia de la productividad agrícola como una forma de elevar el bienestar de las familias.

En México cinco estados: Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Chihuahua y Sinaloa, concentran la mayor producción agrícola, distribuidos a lo largo del territorio nacional. En conjunto producen 114 millones 24 mil 954 toneladas de productos agrícolas en un total de 6 millones 512 mil 626 hectáreas que se siembran y cosechan en los diferentes ciclos de cultivo. Oaxaca ocupa el tercer lugar de los estados de la República en producción agrícola del país, con 19,337,368 toneladas de productos agrícolas al año, según cifras otorgadas por la Sader.vi

Construir un sector agropecuario productivo que garantice la seguridad alimentaria es un objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 , con el objetivo específico de alcanzar la autosuficiencia alimentaria y rescate al campo; como acciones específicas para alcanzar estos objetivos, establece la implementación de un programa de entrega de fertilizantes en beneficio de las productoras y productores agrícolas y asimismo se expone la necesidad de impulsar la producción, distribución y consumo de fertilizantes nacionales.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , establece en su Artículo 25, que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

En el mismo sentido, el Artículo 27, fracción XX del citado ordenamiento, se dispone que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria para el óptimo uso de la tierra con insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su artículo 5, establece como uno de sus objetivos: corregir disparidades de desarrollo regional a través de la atención diferenciada a las regiones de mayor rezago, mediante una acción integral del Estado que impulse su transformación y la reconversión productiva y económica, con un enfoque productivo de desarrollo rural sustentable.

La Agenda aprobada por Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), establece los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 , que, entre otros, plantea como objetivo 2 “Hambre Cero”, en donde en su meta 2.3 esta duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, respetando el medio ambiente y la biodiversidad de cada región. Así mismo en el Objetivo uno se establece la meta 1.5 para fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables, el programa contribuye mediante el acceso a un insumo estratégico como es el fertilizante para lograr mejorar la producción en zonas vulnerables y reforzar los sistemas de autoconsumo de granos básicos.

La atención al sector rural es una prioridad diseñada e instrumentada por la actual administración del Ejecutivo Federal, atendida fundamentalmente por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en materia de fertilizantes, en el artículo 11 de su Reglamento Interno establece las facultades de la Coordinación General de Agricultura, a fin de impulsar las acciones en materia de normalización para los sistemas de riego, fertilizantes químicos y biológicos, así como de los productos y tecnologías que mejoren la fertilidad, conservación y regeneración de los suelos agrícolas.

Para el desempeño de esta función, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021 , el Ramo 08 Agricultura asignó $1,912,000,000 (mil novecientos doce millones de pesos) al programa S292 Fertilizantes , con el propósito de apoyar la adquisición nacional de fertilizantes nitrogenados y fosfatados como asunto de interés nacional para la seguridad y soberanía alimentaria, asegurando las productoras y productores agrícolas de pequeña escala los fertilizantes a precios accesibles, disminuyendo la dependencia de fertilizantes importados y apoyando con ello su capacidad de producción.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022 vii el programa S292 Fertilizantes tiene una asignación de $2,500,000,000 (dos mil quinientos millones de pesos), con un aumento de 4.1?% en términos reales; lo que permite que programas de apoyo a los productores de pequeña y mediana escala, en condiciones de incrementar la producción de alimentos en las comunidades rurales como el Programa de Fertilizantes, tenga un incremento real del 26.5%.

Así lo establece las Reglas de Operación del Programa de Fertilizantes para el ejercicio 2021 , publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2020, que contribuye mediante el apoyo a los productores de pequeña y mediana escala, quienes estarán en condiciones de incrementar la producción de alimentos en las comunidades rurales de los estados y zonas prioritarias. Sin embargo, la cobertura de este Programa sólo atiende el estado de Guerrero y zonas de atención estratégica en los Estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala conforme a suficiencia presupuestaria y a lo publicado en la Convocatoria respectiva.

El estado de Oaxaca tiene una importante producción agrícola, en su territorio se siembra: maíz, frijol, cacahuate, trigo, sorgo, café, limón, mango, maguey mezcalero (que es la bebida tradicional de la región), copra y hule, siendo éstos los cultivos más representativos. Además, cuenta con frutales que le han dado fama a Oaxaca, por ejemplo la piña de Loma Bonita y el chicozapote de la región de la Cañada.

En 2016 creció la demanda de alimentos oaxaqueños en los mercados internacionales, impulsados por su excelente calidad y cumplimiento con los estándares de sanidad e inocuidad internacionales, lo que facilita su comercialización.viii

En 2017 la producción agrícola oaxaqueña se colocó en el ranking nacional con el cultivo de 22 frutos y hortalizas, siendo la papaya, piña y limón el primer, segundo y tercer lugar nacional, respectivamente. La fruticultura, una actividad que se desarrolla en más de 59 mil hectáreas del campo oaxaqueño, considerando 29 cultivos. Cada año agrícola, se destinan alrededor de un millón 384 mil hectáreas de tierra para la agricultura, lo que sitúa a Oaxaca entre las entidades de México con más aportación agrícola al volumen nacional.ix

El pasado 17 de noviembre de 2021, nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, anuncio en su conferencia de prensa matutina, la ampliación del programa para entregar fertilizantes gratuitos en los estados de Guerrero, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Morelos y Oaxaca, gracias al incremento aprobado de 588 millones de pesos al Programa de Fertilizantes para el Bienestar. Así también, el 2 de diciembre, el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Dr. Víctor Villalobos Arámbula, en reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado de la Republica, menciono que para el año 2022, el programa de Fertilizantes para el Bienestar abarcaría nueve entidades del país, al incluir a Durango, Zacatecas, Nayarit, Oaxaca y Chiapas.

Sin embargo, pese a lo anterior, Oaxaca no se encuentra integrado en el programa de fertilizantes para el bienestar, en el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fertilizantes para el ejercicio 2022, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2021, establece la cobertura del Programa en la atención estratégica en los estados de Chiapas, Guerrero, Morelos, Puebla, y Tlaxcala y a la población objetivo en la población productora agrícola de pequeña escala, dedicados a la producción de cultivos prioritarios, ubicados en los estados de Chiapas, Guerrero, Morelos, Puebla, y Tlaxcala conforme a la Convocatoria correspondiente.

Con esta exclusión se está imposibilitando a los pequeños agricultores la adquisición de estos fertilizantes en un contexto del alza en sus precios de hasta el 80%,x estimando una baja en la producción del sector agrícola para el 2022. Dicho programa solo considera a los estados de Guerrero, zonas estratégicas de Tlaxcala, Morelos y Puebla, lo que condiciona el programa e imposibilita el acceso de productores de importantes zonas productivas del país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, como instancia responsable del “Programa de Fertilizantes”, pueda ser considerado el estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2022 como zona de atención estratégica, y posibilitar a la población productora agrícola de pequeña escala, dedicados a la producción de cultivos prioritarios en el estado de Oaxaca a poder ser beneficiados con los apoyos del Programa, a fin de impulsar la economía y la producción agrícola de la entidad.

Notas

i Una población en crecimiento, Paz, dignidad e igualdad en un planeta sano, ONU. Disponible en:
https://www.un.org/es/global-issues/population#:~:text=Se%20espera%20que%20la%20poblaci%C3%B3n,de%2011.000%20millones%20para%202100.

ii Fertilizantes, Chemical Safety Facts.org, disponible en: https://www.chemicalsafetyfacts.org/es/fertilizantes/

iii México en una mirada, FAO en México, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Disponible en: https://www.fao.org/mexico/fao-en-mexico/mexico-en-una-mirada/es/

iv La Agricultura en Oaxaca, INEGI, VII Censo Agropecuario 1991. Disponible en:
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/
historicos/1329/702825112882/702825112882_1.pdf

v IBIDEM, México en una mirada.

vi Cinco estados con cinco estrellas en producción agrícola, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 11 de julio de 2021 https://www.gob.mx/agricultura/articulos/cinco-estados-con-cinco-estrel las-en-produccion-agricola

vii DOF 29 de Noviembre de 2021. Disponible en:
https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/aVbnZty0/PEF2022/kgp8l9cM/docs/08/r08_ppcer.pdf

viii Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural. Disponible en: https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/oaxaca-solido-productor-agr icola-y-gastronomico

ix “22 productos agrícolas oaxaqueños en el ranking nacional: Economía”, Gobierno del Estado de Oaxaca. Disponible en: https://www.oaxaca.gob.mx/comunicacion/22-productos-agricolas-oaxaqueno s-en-el-ranking-nacional-economia/

x “Encarece gas 80% a los fertilizantes”, Moisés Ramírez; Monterrey, México; 11 octubre de 2021; Diario El Norte. Disponible en:
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.elnorte.com/
encarece-gas-80-a-los-fertilizantes/ar2275062?referer=—7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a—

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a los 19 días del mes de enero del año 2022.

Diputado Azael Santiago Chepi (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a implantar una estrategia de atención con dignidad y pleno respeto de los derechos humanos de migrantes en su tránsito por NL o estadía temporal ahí, a cargo del diputado Héctor Israel Castillo Olivares, del Grupo Parlamentario del PAN

Héctor Israel Castillo Olivares, diputado por el estado de Nuevo León, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el estado de Nuevo León ocupa el primer lugar entre los estados receptores de migrantes, con 12 por ciento del total de población mayor a 5 años de nacionalidad mexicana y de extranjeros que dijeron ser migrantes en busca de una oportunidad laboral. Asimismo, en el análisis de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Nuevo León es la entidad federativa que ha registrado la cifra más alta de personas en busca de trabajo 133 mil 541 personas y el Instituto Nacional de Migración (INM), el número de migrantes rescatados en Nuevo León aumentó el doble de 2018 a 2019, al pasar de 3 mil 600 a 7 mil 500 personas. Lo anterior, con información publicada por Lourdes Flores, el 4 de febrero de 2021 https://www.eleconomista.com.mx/estados/Nuevo-Leon-lidera-a-estados-rec eptores-de-migrantes-mexicanos-y-extranjeros-20210204-0088.html

Cifras del Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias de agosto de 2021 (BMEM), de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), revelan que la población menor de 18 años, ante la autoridad migratoria bajo el procedimiento administrativo de presentación por no acreditar su situación migratoria es de 20 mil 186 niñas, niños y adolescentes de las cuales 8 mil 611 tiene entre 11 y 17 años; 2 mil 930 de ellos son acompañados por lo menos de una persona adulta y 5 mil 681 no se encuentran acompañados; 11 mil 575 tienen entre 0 y 11 años y al menos 10 mil 780 se encuentra acompañado de una persona adulta y 795 no se encuentra acompañado.

Como parte de los estados del país que reportan las cifras más altas de migración infantil, se encuentra el estado de Chiapas con 7 mil 137; en segundo lugar, lo ocupa Nuevo León con 2 mil 331; Tamaulipas con 2 mil 176; Veracruz con mil 878 y Chihuahua con mil 167 niños y adolescentes; acompañados y no acompañados.

El estado de Nuevo León comparte una escasa frontera con Texas de 14.48 kilómetros o 9 millas y el Puente Internacional Bernardo Reyes o Puente Colombia –cruce ágil y seguro para las mercancías– en el municipio de Anáhuac y paradójicamente tiene la mayor cifra de niñas, niños y adolescentes no acompañados, comparado con Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Tamaulipas, entidades que integran la Frontera Norte de México, con una extensión de 3.326 kilómetros.

En este contexto, los albergues de Nuevo León, han recibido a miles de migrantes en tránsito por nuestro país mientras esperan cruzar la frontera con los Estados Unidos de América (EUA) u obtener una oportunidad de empleo como el caso de los mil 200 haitianos que fueron recibidos en septiembre de 2021 por Casa INDI y Casa Monarca de la Arquidiócesis de Monterrey para migrantes y personas en situación de calle tal y como se detalla en el artículo de Victoria Félix, Gabriela Villegas, Leonardo González y Emmanuel Avendaño en la publicación del El Norte del 13 de septiembre de 2021.

Sin embargo, desde 2015 el Inegi ha venido sosteniendo que para los inmigrantes ya no consideran a EUA como su destino final, sino que consideran que llegar a Monterrey es cumplir con el sueño americano, de acuerdo con el reportaje de Daniel Anguiano: Nuevo León, el nuevo sueño americano. En el que se revela que de cada 100 migrantes que llegan a Nuevo León, 80 están de paso hacia EUA; esta dinámica podría estar cambiando, dado que cada vez más personas consideran a Monterrey como su destino final. “Hay que entender que cada vez más inmigrantes ya no consideran a EUA como su destino, sino que consideran que llegar a Monterrey es cumplir con el sueño americano”, explicó Katy Cavazos, activista y especialista en temas de migración. https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/nuevo-leon-el-nuevo-sueno-ame ricano/

En el mismo sentido, se cita el artículo Del ‘sueño americano’ al ‘sueño regiomontano , de Francisco Torres, del 30 de agosto de 2018 (Agencia Informativa Conacyt). El llamado ‘sueño americano’ que emprenden año con año cientos de miles de centroamericanos, provenientes principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, de acuerdo con un reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ha cambiado de destino, pues poco a poco las condiciones políticas y culturales actuales de EUA dejan de ser tan atractivas como solían serlo, por lo que Monterrey, una de las últimas paradas de la ‘ruta del migrante’, se unge como nueva ciudad receptora. http://www.cienciamx.com/index.php/sociedad/politica-cientifica/23388-s ueno-americano-sueno-regiomontano

En materia de asignación de recursos, resulta innegable que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022, en vigor a partir de 1 de enero del presente año, contempla una reducción de recursos en áreas de la Secretaría de Gobernación (Segob), para atender sus facultades de dar refugio a migrantes, combatir la discriminación, erradicar la violencia contra las mujeres o atender los derechos de la infancia.

La crisis humanitaria en materia migratoria que enfrenta el estado de Nuevo León en un contexto de pandemia por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) y la postura omisa por parte del gobierno federal y Segob, con atribuciones para formular y coordinar la política migratoria en México, nos obliga a alzar la voz desde la más alta tribuna de la nación para manifestar la urgente necesidad de atención mediante el diseño e implementación de una estrategia integral de coordinación interinstitucional en los tres órdenes de gobierno.

Como diputado federal del Distrito 1 de San Pedro Garza García y Santa Catarina, estoy convencido que Nuevo León debe recibir un trato distinto por parte de la federación, respecto de entidades federativas que no tienen las cifras record de migrantes y de albergues sobrepoblados como las reportadas de enero a junio de 2021, con más de 5 mil 361 indocumentados asegurados.

Atendiendo a la premisa que la migración es una responsabilidad compartida y afrontarla de manera conjunta, es la mejor solución, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación para que, en el ámbito de sus atribuciones, implemente una estrategia para la coordinación interinstitucional en los tres órdenes de gobierno, en la atención con dignidad y pleno respeto a los derechos humanos de la comunidad migrante en su tránsito o estadía temporal en el estado de Nuevo León.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2022.

Diputado Héctor Israel Castillo Olivares (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a implantar por la Ssa programas y políticas públicos para atender la salud mental, suscrita por la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Yolanda de la Torre Valdez, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento lo dispuesto en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los cambios tan abruptos a los que la sociedad mexicana y global fueron sometidos a raíz de la pandemia agravaron la crisis de salud mental, poniendo de manifiesto la incapacidad de los Estados nacionales de proporcionar los servicios de salud mental que las personas necesitamos sobre todo ante escenarios de mucha inestabilidad, ha quedado al descubierto que los esfuerzos han sido insuficientes y los avances se han dado de forma desigual, con todo lo que esto implica, dando paso a una salud mental como privilegio y no como un derecho, desprotegiendo a los grupos más vulnerables.

Ante esto, la Organización Mundial de la Salud ha detallado que a pesar de que durante los últimos años se ha prestado mayor atención a esta problemática, los esfuerzos aún no se traducen en una ampliación de los servicios de atención de la salud mental de calidad y tampoco se ha observado la capacidad de ajuste o adaptación ante las crecientes necesidades.

El doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, ha mostrado su preocupación a causa de que las buenas intenciones no se vean acompañadas de inversiones.

“Es sumamente preocupante que, a pesar de la evidente y creciente necesidad de servicios de salud mental, la cual se ha agudizado aún más durante la pandemia del Covid-19, las buenas intenciones no se vean acompañadas de inversiones”,1 comentó.

Advirtió también que “debemos atender esta llamada de atención y actuar al respecto acelerando drásticamente el aumento de la inversión en salud mental, porque no hay salud sin salud mental”.

La creciente preocupación que se observa por la poca inversión en materia de salud mental tiene su origen en que a pesar de que nos encontramos ante un serio problema que requiere atención inmediata y adecuada el porcentaje de los presupuestos públicos sigue rondando el 2 por ciento, y apenas si ha mostrado una leve variación en los últimos años, lo que implica que no se destina el recurso humano y financiero suficiente.

Otra problemática que identificó la OMS durante 2020 está relacionada con el porcentaje de Estados miembros que cuentan con políticas o planes de salud mental en consonancia con instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, solo la mitad de ellos informó contar con planes y políticas con perspectiva de derechos humanos.

Aunado a lo anterior, la Organización Mundial de la Salud advirtió que los servicios de salud mental esenciales han sufrido graves perturbaciones, esto al dar a conocer los resultados que un estudio que realizaron durante junio y agosto de 2020, en 130 países de las 6 regiones que integran a la OMS.

Las principales perturbaciones que son identificada como generalizadas en los 130 países se enlistan a continuación:

• Más del 60 por ciento de los países señaló perturbaciones de los servicios de salud mental destinados a las ?personas vulnerables, incluidos los niños y los adolescentes (72 por ciento), las personas mayores (70 por ciento) y las ?mujeres que requieren servicios prenatales o postnatales (61 por ciento).?

• El 67 por ciento observaba perturbaciones en los servicios de orientación psicológica y de psicoterapia; el 65 por ciento ?en los servicios esenciales de reducción de riesgos; y el 45 por ciento en los tratamientos de mantenimiento ?con agonistas de opiáceos para los adictos a los opiáceos.

• Más de un tercio (35 por ciento) señaló perturbaciones en las intervenciones de emergencia, incluidas las ?destinadas a personas afectadas por convulsiones prolongadas, síndromes de abstinencia severos ?relacionados con el consumo de drogas y estados delirantes, que con frecuencia son la señal de ?graves trastornos médicos subyacentes.?

• El 30 por ciento señaló perturbaciones en el acceso a los medicamentos destinados a tratar trastornos ?mentales, neurológicos y derivados del consumo de drogas.?

• En torno a tres cuartas partes señalaron perturbaciones al menos parciales en los servicios de salud ?mental de las escuelas y los lugares de trabajo (78 por ciento y 75 por ciento respectivamente).2

Como se puede apreciar gran parte de los países ha identificado que los servicios de salud se han visto mermados a causa de la pandemia de Covid 19, sobre todo los relacionados con los grupos más vulnerables, incluida la infancia y la adolescencia, a esto se le suman los problemas en el acceso a los medicamentos que son necesarios para tratar problemas de salud mental.

Sin lugar a dudas, la pandemia terminó por remarcar las grandes deficiencias en materia de atención de la salud mental, sin embargo, el panorama no era muy alentador antes de la aparición del Covid 19, el panorama sombrío ya estaba presente y se contaba con los registros siguientes3

• La depresión afecta a 264 millones de personas en el mundo.

• Alrededor de la mitad de los trastornos mentales empiezan a partir de los 14 años y el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años.

• Más de 1 de cada 5 personas que viven en situaciones de conflicto tiene un trastorno mental.

• Las personas con trastornos mentales graves fallecen entre 10 y 20 años antes que la población general.

• Menos de la mitad de los países afirman que sus políticas en materia de salud mental se ajustan a las convenciones de derechos humanos.

• En países de ingresos bajos y medianos, entre el 76 por ciento y el 85 por ciento de las personas con trastornos mentales no reciben ningún tratamiento para su enfermedad.

• En el mundo hay menos de un profesional de salud mental por cada 10 mil personas.

• Las violaciones de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales graves están generalizadas en todos los países del mundo.

Otro de los estudios que preden las alertas y que muestra una problemática que se debe atender es el informe The Covid-19 Health Care Workers Study (Heroes)4 que muestra que entre 14,7 por ciento y 22 por ciento del personal de salud entrevistado en 2020 presentó síntomas posiblemente relacionados con cuadros depresivos, y entre un 5 y 15 por ciento del personal aceptó que en algún momento el suicidio formó parte de sus pensamientos.

En nuestro país no es distinto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha detallado dentro de las estadísticas con propósito del Día Mundial del Suicidio que, según datos nacionales, en el 2018, del total de fallecimientos ocurridos en el país, 6 mil 710 fueron por lesiones autoinfligidas, lo que representa una tasa de suicidio de 5.4 por cada 100 mil habitantes.5

Por lesiones autoinfligidas, los hombres tienen una tasa de 8.9 fallecimientos por cada 100 mil hombres (5 mil 454), mientras que esta situación se da en 2 de cada 100 mil mujeres (mil 253).

En el grupo de niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años ocurrieron 641 fallecimientos por lesiones autoinfligidas, que representan el cuarto lugar dentro del total de causas de muerte.

Las muertes por lesiones autoinfligidas se concentran en el grupo de 30 a 59 años con 46 por ciento; le sigue el grupo de jóvenes de 18 a 29 años con 34 por ciento, y las niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años con 10 por ciento.

En el mismo sentido los resultados de la primera Encuesta Nacional de Bienestar Autorregulado (Enbiare) 2021, elaborada por el Inegi muestra que Las proporciones de población con síntomas de depresión asciende a 15.4 por ciento; sin embargo, entre las mujeres la proporción es un tanto más alta, alcanzando 19.5 por ciento.

Se registró también que 19.3 por ciento de la población adulta tiene síntomas de ansiedad severa, mientras otro 31.3 por ciento revela síntomas de ansiedad mínima o en algún grado.

A lo anterior se le suma que según la OMS La depresión es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad.

Como hemos observado estamos ante un gran problema de salud pública, en nuestra sociedad se sigue presentando cierta estigmatización cuando se trata de abordar temas de salud mental, es muy común que las personas minimicen la necesidad de recibir ayuda profesional, o que sea la familia quien no comprende la gravedad del problema, esto pude corregirse con campañas de concientización, sin embargo, si es el Estado es quien minimiza el problema y no proporciona el presupuesto suficiente acompañado de programas y políticas públicas transversales no se podrá avanzar en mejorar el estado de la salud mental de nuestra sociedad.

La demanda de los servicios de salud mental de calidad está aumentando considerablemente y el Estado debe estar a la altura de este gran reto.

Es por lo anterior que se deben implementar programas y políticas públicas para la atención de la salud mental y contar con informe pormenorizado y periódico del estado de la salud metal de la población y sobre su acceso, calidad y cobertura

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, en el marco de sus atribuciones, implementen programas y políticas públicas para la atención de la salud mental.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, en el marco de sus atribuciones realicen un informe pormenorizado y periódico del estado de la salud metal de la población y sobre su acceso, calidad y cobertura.

Notas

1 Recuperado en https://www.who.int/es/news/item/08-10-2021-who-report-highlights-globa l-shortfall-in-investment-in-mental-health

2 Consultado en https://www.who.int/es/news/item/05-10-2020-covid-19-disrupting-mental- health-services-in-most-countries-who-survey

3 Recuperado en https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_covid_and_ment al_health_spanish.pdf

4 Consultado en https://iris.paho.org/handle/10665.2/55563

5 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/suicid ios2020_Nal.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2022.

Diputada Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Procuraduría Agraria y el RAN a seguir dando a los ciudadanos la oportunidad de regularizar la propiedad de la tierra y ordenar el territorio, suscrita por el senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Ricardo Velázquez Meza, senador de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La lucha campesina y el agrarismo ha sido victoriosa gracias a los procedimientos del cambio de destino de las tierras ejidales y comunales para posibilitar los derechos de propiedad de las parcelas, asignadas a sus titulares, la constitución del área de asentamientos humanos y mantener a las tierras de uso común “como sustento económico” de los núcleos agrarios, para la realización de diversos actos jurídicos de asociación y participación de agentes económicos ajenos a los núcleos agrarios.1

Con el argumento de garantizar la regularización de la tenencia de la tierra y brindarle seguridad jurídica, se abrieron las puertas para que se procediera al mercado legal de tierras puesto a disposición del derecho civil. Con ello se mercantilizó la tierra en los núcleos agrarios.

El Registro Agrario Nacional (RAN) logró atender a 623 mil 979 sujetos agrarios en el último año, pese a los retos impuestos por la contingencia sanitaria, realizó 229 jornadas agrarias itinerantes a nivel nacional, beneficiando a 32 mil 683 ejidatarios y comuneros.2

El RAN y la Procuraduría Agraria han jugado un papel estratégico en el desarrollo de los grandes proyectos de infraestructura del sexenio, que desde la perspectiva de desarrollo son oportunidades únicas para regularizar la propiedad de la tierra y ordenar el territorio.

Como acompañamiento al desarrollo del Tren Maya, se brinda información agraria y productiva, así como acciones de ordenamiento territorial para los 7 tramos y más de 150 núcleos agrarios involucrados. Se han realizado acciones de medición, integración de expedientes y expedición de copias certificadas para regularizar la propiedad social. Todo ello se integra a los polos de desarrollo de bienestar para el proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec.

Durante los últimos tres años de gobierno, la Procuraduría Agraria ha representado a más de 84 mil 500 sujetos en juicios, solucionando más de 6 mil conflictos mediante conciliación, arbitraje y mediación y beneficiando a más de 3.2 millones de personas.

El gobierno mexicano de la cuarta transformación ha estado presente, al darse un trato honesto y cercano en las negociaciones, poniendo al centro el compromiso de salvaguardar los derechos sobre la tierra y un compromiso con el bienestar.

Con estas labores que se han realizado en el sexenio, se busca hacer frente a la lucha agraria desde el gobierno federal, fieles a los ideales revolucionarios que se hicieron ley hace más de un siglo. Hoy, el agrarismo avanza con nuestro compromiso, que no terminará hasta que se salden las deudas históricas en el sector y se restituya el patrimonio agrario nacional, que por derecho pertenece a quienes protegen y trabajan la tierra en México.

Por lo expuesto y fundado, el suscrito, senador del Grupo Parlamentario de Morena, somete a consideración de esta asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional a seguir dando la oportunidad a los ciudadanos de regularizar las propiedades de la tierra y ordenar el territorio.

Notas

1 https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/ley-agraria-del-6-de-enero-de-1915-7694212.html Consultado el 17 de enero de 2022.

2 https://www.excelsior.com.mx/opinion/columnista-invitado-nacional/
mas-de-un-siglo-de-lucha-por-la-tierra-en-mexico/1491673 Consultado el 17 de enero de 2022.

Sede de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2022.

Senador Ricardo Velázquez Meza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Banco del Bienestar y la SFP a informar a esta soberanía respecto a las acciones llevadas a cabo para atender la problemática de contratos con indicios de corrupción y el retraso en la expansión de aquél, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado en la LXV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Banco del Bienestar y a la Secretaría de la Función Pública, a que en uso de sus facultades y atribuciones informen a esta soberanía las acciones llevadas a cabo para atender la problemática de contratos con indicios de corrupción y el retraso en la expansión del Banco del Bienestar, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Banco del Bienestar antes Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), fue al inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador uno de los proyectos insignia, y uno de los pilares donde se cimentaría el apoyo de los programas sociales.

Con la promesa de la ampliación de sucursales de los Bancos del Bienestar, primordialmente en zonas de difícil acceso o comunidades con grados medios y altos de marginación, para que de esta manera se hicieran llegar los servicios financieros a aquellas personas que carecen de ellos.

De acuerdo con el Programa Institucional 2020-2024 Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo,1 la misión y visión del banco son las siguientes:

“Misión: Crear una banca ética y social para hacer efectivo el derecho de acceso al desarrollo, a la inclusión económica, social y financiera, así como garantizar el acceso a los apoyos, pensiones y becas constitucionales, principalmente a la población excluida.

Visión: Ser la institución de banca social del Estado mexicano que promueva el acceso universal a servicios financieros para la inclusión, el desarrollo y el pleno ejercicio de los derechos humanos de toda la población, con la mayor cercanía territorial en las regiones del país”.

En dicho documento se establece que se brindará a los usuarios una amplia cobertura geográfica, particularmente, en las zonas de difícil acceso, a través de la expansión de la red de sucursales en áreas rurales del país para generar una mayor inclusión financiera de la gente con cercanía física y cultural, para garantizar el ejercicio y respeto de los derechos humanos, la dignidad, la igualdad democrática y financiera, así como puntos de servicio y atención, cajeros automáticos, corresponsales y medios de pago digitales.

Asimismo, robustecer el acceso a la educación y formación financiera para potenciar la productividad, el ahorro y la generación de patrimonio de las familias en sus propias comunidades es otro de los objetivos que busca el banco.

Y finalmente se busca asegurar el ejercicio efectivo del derecho constitucional a los apoyos económicos, pensiones, becas y demás programas sociales a través de la ampliación de mecanismos para la dispersión de dinero a través del impulso y crecimiento en el uso de cuentas bancarias.

Todo lo anterior con el afán de disminuir la corrupción, los costos de distribución de efectivo y mejorando la seguridad de las personas en el manejo de sus recursos.

Sin embargo, la corrupción es uno de los males que más han a aquejado a nuestro país a lo largo de la historia, inclusive la lucha contra la corrupción ha sido uno de los pilares para promover el proyecto político de quienes prometían tener la solución a todos los problemas de México.

Bajo el lema de que la corrupción se barría como las escaleras, “de arriba para abajo”, el Presidente López Obrador asumió el compromiso de erradicar la problemática generada por la corrupción, hoy en los hechos sólo vemos que fueron palabras vacías.

Han pasado apenas tres años del gobierno de AMLO, y por cuestiones de corrupción el Banco del Bienestar ha tenido ya tres directores generales; el primero fue Rabindranath Salazar Solorio, que estuvo desde el inicio del sexenio. Durante el tiempo que duró su encargo se vio involucrado en diversas polémicas.

Una de ellas, el tema de los cajeros que ha sido el principal talón de Aquiles de este proyecto estratégico de López Obrador; crucial porque el Banco del Bienestar es la arteria por donde fluyen los dineros de todos sus programas sociales de esta administración.

En el arranque del sexenio la institución tenía 120 cajeros, los que eran del extinto Bansefi, y se anunció con bombo y platillo la adquisición de hasta ocho mil para apuntalar el proyecto.

Fue ese contrato que ganaron Alejandro del Valle y Carlos Cabal y que después la Secretaría de Hacienda de Arturo Herrera canceló por falta de presupuesto.

Posteriormente se celebró un contrato que buscaba ampliar la red de cajeros del Banco, donde se asignaba de forma directa a Saque y Pague un cambio de los cajeros que el banco tenía originalmente con otra compañía llamada Proac.

Salazar introdujo una cláusula en el contrato para que se instalaran los mismos 180 cajeros con la posibilidad de un crecimiento de hasta mil dispositivos. Fue una asignación que no autorizó la entonces oficial mayor Raquel Buenrostro.

Al final la Secretaría de la Defensa, que comanda Luis Cresencio Sandoval, también echó para abajo este otro contrato que a todas luces era irregular: Saque y Pague iba a ser financiado por Grupo Carpio, de Saúl Carpio. El contrato para la adquisición de esos mil cajeros representaba una inversión de mil 300 millones de pesos.

El 22 de junio del 2020 se realizaron cambios en el gabinete, Rabindranath Salazar pasaría a la Subsecretaria de Gobernación y sería sustituido por Diana Álvarez Maury, ella sería la encargada de seguir llevando a cabo la expansión del banco y acercarlo a las comunidades más marginadas.

Pero en el año y medio en el que estuvo, lo único que se logró fue que los planes de apertura de las nuevas sucursales e instalación de los cajeros automáticos se viera estancado.

Por otro lado, de 2019 a 2021, el presupuesto aprobado para el Banco de Bienestar, bajo el programa denominado Programa de Inclusión Financiera, cuyo objetivo es el contribuir al desarrollo de la economía mediante la impartición de educación financiera y el incremento en el acceso y uso de productos y servicios financieros, fue de mil 246 millones de pesos (mdp), sin embargo, durante cada ejercicio fiscal se han presentado reajustes para solicitar un mayor presupuesto, sin justificar el porqué de estas ampliaciones.

Durante los tres años del gobierno de Andrés Manuel, esta entidad ha tenido un reajuste de 16 mil 711 millones de pesos , lo que representa una diferencia de mil 340 por ciento más de lo aprobado durante ese periodo, de lo que se desprende una mala planeación y lo más alarmante es que se desconoce el destino de dichos recursos.


En el tercer Informe de Gobierno, el Presidente propuso la meta física de alcanzar 2 mil 700 sucursales para inicios de 2022. Al respecto, el 6 de enero de este año AMLO hizo un anuncio sobre la inauguración “simbólica” de 300 sucursales más.

Sin embargo, en la actualidad únicamente existen en construcción mil 64, lo que representa únicamente 39 por ciento de sucursales proyectadas. Sumado a esto, de las mil 64 sucursales, únicamente operan 433 (la mayoría con muchas deficiencias), es decir, más de 600 sucursales son meramente cascajo. De esto se desprende que todas las ampliaciones de recursos no se han visto traducidas en cumplir con la meta planteada por AMLO.

Aún con la justificación mencionada durante las mañaneras de que no se ha cumplido con la meta de apertura de sucursales por la crisis mundial y que no se han conseguido los elementos para equiparlas con cajeros automáticos, es importante referir que se han solicitado ampliaciones presupuestales por 16 mil 711 millones de pesos y que estos recursos pudieron ser destinados para cumplir con la apertura de las sucursales faltantes.

Además, hay que destacar que de las sucursales que “funcionan” actualmente, en muchas de ellas no tienen sistema, no hay equipos suficientes para operar y la mayoría se encuentran en lugares inaccesibles, por lo que termina siendo contraproducente para muchas personas que buscan cobrar los apoyos que reciben al ser beneficiarios de programas sociales.

Sumando a más actos de corrupción, recientemente el 15 de diciembre, Diana Alvares Maury, fue sustituida por Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, derivado de haber otorgado un contrato de más de 18 mil millones de pesos a un empresario costarricense para la operación del banco a través de una empresa panameña.

De todo lo anterior se desprende que no existe austeridad en la inyección de recursos al Banco de Bienestar, pero tampoco existen sucursales suficientes para dar servicio a la población que tiene que lidiar con servicios deficientes en las ya existentes.

Este proyecto prioritario del Presidente es nuevamente otro fracaso que no está dando los resultados que se plantearon, al contrario, se está generando corrupción y despilfarro de recursos.

Las promesas hechas en torno al Banco del Bienestar están muy lejos de cumplirse, al día de hoy está en proceso de convertirse en uno de los mayores elefantes blancos en la historia de nuestro país y uno de los tantos casos donde el actual gobierno se dedicó a hacer promesas que acabarán siendo eso, sólo promesas y defraudando a la ciudadanía que confió en ellos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director del Banco del Bienestar a que informe a esta soberanía el destino y ejercicio de los recursos asignados y el porqué estos no han sido destinados para la construcción de las más de mil 600 sucursales faltantes al día de hoy. Además de informar las acciones que se llevarán a cabo para mejorar la infraestructura con la que cuentan las sucursales que operan actualmente, los mecanismos para acercar los servicios financieros a la población que carece de ellos, así como las acciones que llevarán a cabo para la dispersión de apoyos sociales a lo largo del año 2022.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, a que informe a esta soberanía respecto a si existen investigaciones respecto a la falta de transparencia de los recursos asignados al Banco del Bienestar, así como de los contratos otorgados desde sus inicios a la fecha.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, con el objeto de que realice una auditoría interna detallada al Programa de Inclusión Financiera del Banco del Bienestar, así como del desempeño del director y ex directores Rabindranath Salazar Solorio y Diana Álvarez Maury, relacionados y encargados de llevar a cabo la dirección, operación, supervisión, administración y la asignación de recursos públicos, con la finalidad de informar si no existieron irregularidades administrativas durante su encargo, de conformidad con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Fuentes

• https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/el-complejo-caso-de l-banco-del-bienestar/

• https://www.forbes.com.mx/politica-empresario-costarricense-cobrara-183 13-mdp-por-operacion-banco-del-bienestar/

• https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/el-banco-de l-bienestar-no-existe-pero-ya-devoro-50-mil-millones-de-pesos?utm_sourc e=web&utm_medium=social_buttons&utm_campaign=social_sharing&utm_content=twitter

Nota

1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5612609&fecha=03/03/ 2021&print=true

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2022.

Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a designar titular del Sipinna para garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niños y adolescentes, a cargo del senador Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Ángel García Yáñez, senador de la república por el estado de Morelos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos y aplicables, somete a consideración de la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, en uso de sus facultades y obligaciones, designe a la persona titular del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 4 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual es de observancia en todo el territorio nacional y tiene por objeto:

I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM);

II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la CPEUM y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte;

III. Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados;

IV. Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; y la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos; y

V. Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración.

Con la expedición de dicho ordenamiento, se abrogó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, misma que tuvo una vigencia de 14 años, pues fue expedida en el año 2000. Si bien en dicha ley se establecía que correspondía a las autoridades o instancias federales, estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones, la de asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar, no existía una instancia encargada que concentrara, diseñara y ejecutara políticas y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Precisamente ese fue uno de los cambios fundamentales entre ambos ordenamientos, pues con la expedición y entrada en vigor de la ley vigente, se consideró la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

En ese sentido, el SIPINNA fue mandatado por la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 2014, a efecto de que el Estado (en sus tres órdenes de gobierno) cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados.1

Según lo dispone la ley, el SIPINNA se encuentra conformado de la siguiente manera:

A. Poder Ejecutivo federal. Las personas titulares de:

I. La Presidencia de la República, quien lo presidirá;

II. La Secretaría de Gobernación;

III. La Secretaría de Relaciones Exteriores;

IV. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

V. La Secretaría del Bienestar;

VI. La Secretaría de Educación Pública;

VII. La Secretaría de Salud;

VIII. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y

IX. El Sistema Nacional DIF.

B. Entidades federativas:

I. Las y los gobernadores de los estados; y

II. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

C. Organismos públicos. Las personas titulares de:

I. La Fiscalía General de la República;

II. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y

III. El Instituto Federal de Telecomunicaciones.

D. Representantes de la sociedad civil que serán nombrados por el Sistema

Por lo que se refiere a la participación de las entidades federativas en la conformación del Sistema Nacional, el SIPINNA articula los sistemas locales estatales y a través de ellos los sistemas municipales, y a abril de 2021 se encontraban instalados los 32 Sistemas estatales y mil 852 sistemas municipales con sus respectivas secretarías ejecutivas, lo que representa 75 por ciento de avance a nivel nacional. Lo anterior, se muestra conforme a la gráfica siguiente:

Bajo el contexto antes referido, se advierte que a poco más de 21 años en el que se expidió la primera legislación para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y de los esfuerzos que se han realizado, desde el inicio de operación y funcionamiento del SIPINNA, aún existen grandes retos en la materia.

Sin embargo, los planes y políticas que se venían impulsando a través de la operación del SIPINNA se han desdibujado, pues la actual administración federal ha hecho que dicha instancia se encuentre en el abandono.

Es preciso recordar que, en junio de 2020, en su conferencia, el presidente López Obrador cuestionó la existencia de ese organismo, no obstante que él es quien debe presidirlo, señalando que en su caso esas funciones debían recaer en el DIF. En esa ocasión señaló lo siguiente:

“Me enteré de otro grupo, otro organismo, para la defensa del niño y de la niña. Bueno, ¿y entonces para qué está el DIF? Y así crearon para todo porque era simular y cooptar. Cooptar significa, o su equivalente, su sinónimo es comprar, porque si digo cooptar a lo mejor no se va a entender bien, es comprar conciencia, es comprar voluntades, decirlo todavía más claro y coloquial, maicear, tener a todos ahí. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para ahorrar”.

Según lo dicho por el presidente de la República, se proponía desaparecer al SIPINNA con el objetivo de recortar gastos y adelgazar la estructura burocrática, sin embargo, sus dichos se contradicen entre sí, pues mientras se deben generar estrategias y políticas en favor de la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el gobierno federal destina recursos a rubros que pueden cuestionarse. Por citar un solo ejemplo, “según datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en 2021 se destinarían 434.8 millones de pesos para renovar y construir seis estadios, unidades deportivas y academias encaminadas al beisbol en tres entidades: Chiapas, Sonora y Tabasco, estado del cual es originario el jefe del Ejecutivo.”2 Es decir, para el deporte favorito del presidente se destinan los recursos necesarios y suficientes, recibiendo un trato preferencial, mientras que los derechos de las niñas, niños y adolescentes se pueden vulnerar.

El desinterés del presidente de la República hacía una agenda en favor de las niñas, niños y adolescentes es evidente, pues otro ejemplo de ello, lo encontramos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el que no se encuentran delineadas ni definidas ningún tipo de acciones en la materia. Tal es el desinterés del Ejecutivo federal, que desde el 5 de febrero de 2021 el SIPINNA se encuentra sin una persona titular a cargo, toda vez que, en esa fecha, mediante un comunicado de la Secretaría de Gobernación3 se informó que Ricardo Bucio Mújica dejaba la titularidad del Sistema. No obstante, en dicho comunicado se resalta la importancia del funcionamiento del organismo, en el que se señala lo siguiente:

“Cierra Ricardo Bucio etapa como secretario ejecutivo del SIPINNA

Autor
Secretaría de Gobernación

Fecha de publicación
5 de febrero de 2021

Categoría
Comunicado

El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Ricardo Bucio Mújica, culmina su etapa al frente de este órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en mutuo acuerdo con la titular de la dependencia, Olga Sánchez Cordero.

Ricardo Bucio impulsó su creación en 2015 y dirigió la proyección nacional e internacional de este sistema de coordinación, establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), para contribuir a garantizar los derechos humanos de casi 40 millones de personas de 0-17 años.

Durante su gestión, impulsó la coordinación con instituciones del gobierno de México, las 32 entidades federativas y organismos internacionales, así como organizaciones civiles y académicas.

Asimismo, promovió la instalación del mecanismo en todas las entidades federativas y, actualmente, tiene presencia en mil 848 municipios del país. Además, en los últimos cinco años se elaboraron el Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI), la Ruta de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Solicitantes de la Condición de Refugiado, y la Ruta de Atención a Niñas y Adolescentes Madres y Embarazadas, y se creó el Comité Técnico Especializado en Información en la materia.

Hoy el SIPINNA es un modelo reconocido por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y otros organismos internacionales como un mecanismo efectivo para el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para visibilizarles en la agenda pública, lo cual también logró importantes transformaciones en el país.

Entre las acciones que se llevaron a cabo, destacan, el impulso a la prohibición total del matrimonio infantil y al Sistema Integral de Justicia Penal de Adolescentes, la adhesión de México a la Alianza Global para poner fin a toda forma de violencia contra la niñez de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la formación sobre derechos de la niñez y las acciones indispensables para la atención de niñas, niños y adolescentes durante la pandemia por COVID-19.

También se coordinó y entregó a la ONU el informe de México sobre el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño.

...

La secretaria Olga Sánchez Cordero reafirmó que el principio del interés superior de la niñez debe ser el eje central de las decisiones en esta materia, tal como ella lo ha venido asumiendo y concretando a lo largo de su historia profesional.

...

...

En tanto se nombra una nueva persona titular de la secretaria ejecutiva del SIPINNA, Patricia Colchero Aragonés, fungirá como encargada del despacho a partir del 16 de febrero de 2021.

Comunicado número 010/2021”

Si bien en el tercer informe de labores de la Secretaría de Gobernación 2020 – 20214 se destacan algunas de las acciones realizadas por el SIPINNA, para el Grupo Parlamentario del PRI es fundamental que esa instancia tenga a un titular a cargo de la ejecución de los planes, programas y políticas públicas dirigidas a las niñas, niños y adolescentes y se sigan generando resultados y se destaque la importancia de dicho órganos, como lo que, en su momento reconoció la propia Secretaría de Gobernación en el comunicado antes referido.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . – La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, en uso de sus facultades y obligaciones, designe a la persona titular del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.

Notas

1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/629040/QUE_ES_EL_SIPINNA -120421-VF-.pdf

2 https://www.forbes.com.mx/el-gobierno-de-amlo-macanea-434-8-mdp-para-la -construccion-de-estadios-de-beisbol-en-2021/

3 https://www.gob.mx/segob/prensa/cierra-ricardo-bucio-etapa-como-secreta rio-ejecutivo-del-sipinna

4 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/681067/
Tercer_Informe_de_Labores_Secretari_a_de_Gobernacio_n_2020_-_2021_compressed.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2022.

Senador Ángel García Yáñez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SHCP, la SE y la SSPC a establecer mesas de trabajo destinadas a diseñar las disposiciones de carácter general para regular la importación definitiva de vehículos usados o, en su caso, expedir con la mayor brevedad los lineamientos correspondientes, suscrita por el diputado Daniel Murguía Lardizábal, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Daniel Murguía Lardizábal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Morena de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:

Consideraciones

1. Los autos denominados “chocolate”, son vehículos que se adquieren en el extranjero y son ingresados al país de manera ilegal; no cuentan con la documentación oficial, situación por la cual y derivado de su estatus, no generan ingresos fiscales por su circulación y estancia en el país. Aunque no existe con exactitud un registro sobre el número de unidades de procedencia extranjera en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía refiere que son más 18 millones de vehículos.

Disponible en: https://www.razon.com.mx/negocios/amda-analiza-amparos-regulacion-autos -chocolate-455972

2. El uso de los autos de procedencia extranjera en la comisión de un delito, ha sido una práctica frecuente en los últimos años, toda vez que al mantener una estancia irregular y no contar con la documentación requerida, es muy difícil realizar las investigaciones conducentes y sancionar a los culpables. Los delincuentes han aprovechado el gran vacío prevaleciente logrando consumar delitos como el secuestro, homicidios, robos, por mencionar algunos. “Estadísticas de seguridad pública de la federación arrojan que hasta 85 por ciento de los delitos cometidos en la región fronteriza involucran el uso de automóviles irregulares”.1

3. Por otro lado, los autos de procedencia extranjera de igual manera, se han convertido en una opción para cientos de familias que no pueden acceder fácilmente a algún crédito vehicular o que por la priorización de sus necesidades más inmediatas, no cuentan con los recursos suficientes para adquirir alguna unidad de años recientes o seminuevos, por lo que, los automotores con más de diez años de antigüedad se convierten en una alternativa de patrimonio o una herramienta de trabajo para estas familias.

4. El pasado 14 de octubre, el Presidente de México anunciaba la firma de un acuerdo para regularizar automóviles con estancia irregular en México en los estados fronterizos del norte. Dos días después en Baja California, se firmó el acuerdo para regularizar automotores que están internados y circulando en México.

En el acto oficial, se estableció el monto correspondiente a 2 mil 500 pesos para realizar el trámite de regularización, haciendo hincapié que los recursos obtenidos, serían reservados para mejorar la infraestructura de vialidades en las entidades fronterizas de Baja California, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California Sur.

5. En el Acuerdo por el que se instruyen diversas acciones a las dependencias que se indican, en relación a la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre del 2021, establece en su apartado de Consideraciones “que las condiciones que motivaron la emisión del Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2011, aún se encuentran presentes y que el Gobierno de México continuaría implementando estrategias que permitan mejorar el bienestar de la población, la seguridad y proteger el patrimonio familiar, por lo que en el artículo primero transitorio del citado Decreto se determinó ampliar su vigencia hasta el 30 de septiembre de 2024”.2

En el contenido del acuerdo se establece las atribuciones que tendrán la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el diseño de un programa que incentive a las personas físicas a regularizar vehículos automotores usados de procedencia extranjera.

A la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana le competerá “implementar acciones tendientes a identificar y registrar la circulación de vehículos automotores usados que no cumplan con su legal importación” (artículo 3), así como de coordinarse con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía para que “una vez realizada la importación definitiva de los citados vehículos, sean inscritos en el Registro Público Vehicular a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública” (artículo 3).3

Al Servicio de Administración Tributaria, le corresponderá “expedir las disposiciones de carácter general que sean necesarias para la correcta y debida aplicación del presente instrumento, con independencia de las disposiciones específicas que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público” (artículo 4).4

6. La Cámara de Diputados y el Senado de la República en marco de la discusión de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022 aprobaron en un décimo transitorio que a la letra establece:

“Los ingresos que se obtengan en la región fronteriza norte, que para efectos del presente artículo comprende a los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California Sur, por la regularización de la importación definitiva de vehículos usados, a que se refiere el Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2011 y sus posteriores modificaciones, no se incluirán en la recaudación federal participable prevista en el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal y tendrán el carácter de ingresos excedentes.

Los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para acciones de pavimentación en los municipios que correspondan, conforme a una distribución porcentual basada en el número de vehículos regularizados y registrados de acuerdo con el domicilio con el que se haya realizado el trámite respectivo, en términos de las disposiciones que emita dicha Secretaría.

Para efectos de lo anterior, las secretarías de Economía y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como el Servicio de Administración Tributaria deberán proveer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información necesaria”.5

Cabe mencionar que, en días previos a la aprobación de la LIF2022, Diputados Federales de estados fronterizos se pronunciaron positivamente en rueda de prensa el 20 de octubre del 2021 respecto del tema de regularizar automotores que están internados y circulando en México.

Entre los argumentos vertidos, se encuentra que, “ no se afectará la economía ni el comercio nacional, ya que este tipo de autos sólo abarca el 13% de los vehículos en la zona norte”.6

De igual manera y como acto de justicia social para todas las familias se presentó el 18 de octubre del 2021 punto de acuerdo mediante el cual se exhortaba a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, en su caso, al Servicio de Administración Tributaria, para que una vez que se establezcan las bases para la regularización de los autos importados desde Estados Unidos a México denominados “autos chocolates”, los ingresos generados por este concepto sean reintegrados a los mismos municipios de los 7 estados fronterizos para los fines que señaló el Ejecutivo federal.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a que en el marco de sus atribuciones y de conformidad al Decreto publicado en el Diario de la Federación el 18 de octubre del 2021, se establezcan las mesas de trabajo que permitirán diseñar y construir las disposiciones de carácter general para regular la importación definitiva de vehículos usados y/o en su caso, se expidan a la brevedad los lineamientos correspondientes.

Notas

1 “Será anual la regularización de “autos chocolate”. 16 de agosto 2021. Infobaja. [en línea]. [Consultado el 20 de diciembre de 2021]. Disponible en: https://www.infobaja.info/sera-anual-la-regularizacion-de-autos-chocola te/

2 Diario Oficial de la Federación. 18/10/2021 [en línea]. [Consultado el 20 de diciembre de 2021]. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5633045&fecha=18/10/ 2021

3 Id.

4 Id.

5 Diario Oficial de la Federación. 12/11/2021 [en línea]. [Consultado el 20 de diciembre de 2021]. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5635285&fecha=12/11/ 2021

6 Morena aplaude ingreso y regularización de “autos chocolate”. IDC. Online. [en línea]. [Consultado el 20 de diciembre de 2021]. Disponible en: https://idconline.mx/fiscal-contable/2021/10/20/morena-aplaude-ingreso- y-regularizacion-de-autos-chocolate

Dado en el Palacio de Legislativo de San Lázaro sede la Comisión Permanente, a los once días del mes de enero del año dos mil veintidós.

Diputado Daniel Murguía Lardizábal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a informar a esta soberanía respecto a las acciones ejecutadas a partir de la desaparición de 109 fideicomisos públicos en octubre de 2020, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado federal en la LXV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que en uso de sus facultades y atribuciones informen a esta soberanía las acciones llevadas a partir de la desaparición de 109 fideicomisos públicos en octubre de 2020, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En octubre de 2020 se legisló para que desaparecieran 109 fideicomisos públicos, después de haberse discutido primero en la Cámara de Diputados y siendo aprobado por 242 votos a favor, 178 en contra y siete abstenciones, para posteriormente discutirse en el Senado de la Republica para ser aprobado por 64 votos a favor y 39 en contra.

La razón detrás de esta iniciativa se sustentó en la tan famosa “austeridad republicana” que tanto pregona la 4T, para así poder tomar los recursos de estos 109 fideicomisos y fondos, para apoyar al sector salud por la pandemia de Covid19.

Además de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en reiteradas ocasiones realizó comentarios donde aseveraba que los fideicomisos eran parte de la herencia neoliberal así como un método donde proliferaban actos de corrupción.

Prácticamente los fideicomisos fueron catalogados como una forma de corrupción, sin antes valorar también los beneficios que traían consigo. Su existencia fue puesta a discusión sin argumentos sólidos y con el sólo discurso de que era un mecanismo que debía desaparecer para dar cabida a que esos recursos se reorientaran en las necesidades de los mexicanos.

La promesa antes de concretar la desaparición es que al quitar a los intermediarios (en este caso los fideicomisos) el dinero sería entregado de manera directa a los beneficiarios de todos los fideicomisos, para así garantizar que no se estuvieran incurriendo en actos de corrupción.

La desaparición de dichos fideicomisos se tradujo en la afectación presupuestal de 68 mil millones de pesos, a pesar del reclamo de la sociedad y los sectores involucrados en los diversos fideicomisos al no tener certeza de cómo se iban a entregar los apoyos y la exigencia de saber qué pasaría con los proyectos que estaban en proceso de realización antes de la extinción.

Entre los más afectados, está el apoyo al Conacyt con 65 fondos para la investigación y desarrollo en áreas como el agua, energía, innovación entre otros. En cuanto a los fondos para la cultura, el que más ha llamado la atención es la desaparición del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine).

Ha pasado más de 1 año desde la extinción de los 109 fideicomisos, y no se ha hablado más de los recursos y su destino, o del proceso que se ha seguido desde su desaparición, y mucho menos sobre si se generaron nuevos mecanismos para la entrega de los apoyos a todos los que eran beneficiarios de estos.

Sin embargo, ha resultado que a esta administración no le molestan del todo los fideicomisos, ya que el día 21 de diciembre de 2021, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación1 el “decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Reglamento Interior del Servicio De Administración Tributaria, y por el que se expide el Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México”.

En dicha publicación se presentaron diversas modificaciones a los ordenamientos antes mencionados, pero llama la atención que en la fracción XXXI del artículo 40 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaría, se establece que el SAT podrá tener participación en fideicomisos públicos.

Al igual que en el Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México se prevé que dicha entidad pueda formar parte de fideicomisos públicos, inclusive contar con una dirección especifica de fideicomisos que pertenecerá a la Unidad de Administración y Finanzas, de conformidad con el artículo 4o. de dicho ordenamiento.

Por lo que es claro que los fideicomisos no son como los quería vender el presidente López Obrador, tan es así que consideran que es una forma por la cual las entidades antes mencionadas puedan gestionar de mejor forma los recursos que se le asignen y además poder generar ganancias en el patrimonio de éstas.

Mientras tanto, de los 68 mil millones de pesos que dejaron de asignarse a los extintos fideicomisos no hay certeza de su destino, ni si realmente se utilizaron en acciones para hacerle frente a la pandemia por Covid19.

Tampoco se han entregado los apoyos a los beneficiarios de manera directa tal y como se había prometido, y el hecho de que se modifiquen ordenamientos para que el SAT y la ANAM puedan formar parte de fideicomisos genera mucha suspicacia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. – La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, a que informe a esta soberanía el destino de los 68 mil millones de pesos resultado de los 109 fideicomisos desaparecidos, y que serían reintegrados a la federación, ya que la extinción masiva de estos fondos se hizo sin rendición de cuentas y no ha desembocado en un uso más transparente y con mejores prácticas de los fideicomisos restantes.

Segundo.- Asimismo, se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que informe a esta soberanía, la justificación técnica y legal para que le fueran otorgadas al Servicio de Administración Tributaria y a la Agencia Nacional de Aduanas de México, facultades referentes para la participación en el manejo de fideicomisos públicos.

Nota

1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639045&fecha=21/12/ 2021

Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2022.

Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de NL a instaurar mecanismos dirigidos a garantizar que el “impuesto verde” lo paguen las empresas contaminantes y que no sea trasladado a los ciudadanos, pues ello ha provocado alzas en los materiales de construcción, suscrita por la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Marcela Guerra Castillo, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El problema de la contaminación afecta a las grandes metrópolis de todo el mundo, por lo que corresponde a los gobiernos de los países suscribir compromisos internacionales para mitigar la contaminación y sus afectaciones, mientras que los gobiernos locales deben dictar las regulaciones aplicables de acuerdo con las necesidades de cada región. Y desde luego, corresponde a todos los ciudadanos hacer las acciones más sencillas como cuidado del agua, de la energía eléctrica o usar menos los autos. Solo con la suma de todos estos esfuerzos, podremos ver, respirar y disfrutar de los resultados de un medio ambiente saludable.

Técnicamente, la contaminación ambiental es la presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) en lugares, formas y concentraciones que sean nocivos para la salud, la seguridad o el bienestar de la población, o que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal.1 Los principales agentes contaminantes del aire son:

• Monóxido de carbono (CO). Se produce por la quema de combustibles como el gas, la gasolina, el petróleo, el tabaco y la madera de chimeneas. Es casos extremos, la inhalación de este gas puede causar la muerte por envenenamiento en pocos minutos, al sustituir el oxígeno en la sangre.

• Óxidos de Nitrógeno (NO, NO2, NOx). Surge por los procesos de combustión como la calefacción, generación de electricidad y motores de vehículos y barcos. Puede causar bronquitis en personas asmáticas y reduce la función pulmonar.

• Dióxido de azufre (SO2). Se genera como resultado de la quema de combustibles fósiles (carbón y petróleo). Afecta a las funciones pulmonares, causa irritación ocular, inflama el sistema respiratorio provocando tos, secreción mucosa y bronquitis crónica.

• Materia Particulada (PM). Son partículas orgánicas e inorgánicas de sulfatos, nitratos, amoníaco que se están suspendidas en el aire. Pueden penetrar y alojarse profundamente en los pulmones y entrar en el sistema sanguíneo. La exposición crónica a materia particulada contribuye al riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como cáncer de pulmón.

• Ozono (O3). Procedentes de las emisiones de vehículos o la industria. Sus niveles son especialmente elevados en época de calor. Puede causar problemas respiratorios, provocar asma, reducir la función pulmonar y dar lugar a enfermedades pulmonares.

De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación atmosférica en las ciudades y zonas rurales de todo el mundo provoca cada año 4.2 millones de defunciones prematuras. Un 91 por ciento de esas defunciones prematuras se producen en países de bajos y medianos ingresos. Mediante la disminución de los niveles de contaminación del aire, los países pueden reducir la carga de morbilidad derivada de accidentes cerebrovasculares, cánceres de pulmón y neumopatías crónicas y agudas.2

La capital de mi estado, Nuevo León, enfrenta un problema de contaminación del aire que se ha incrementado año con año. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, en 2018 se reportaron 204 días de alta contaminación en la zona metropolitana de Monterrey; en 2019 fueron 181 días; en 2020 se registraron 179; y hasta noviembre de 2021 se contabilizaron 194 días de mala calidad del aire, y a reserva de que se publiquen los datos oficiales de diciembre, seguramente 2021 habrá sido el año de más alta contaminación.

Son muchas las fuentes de contaminación en Monterrey y el área conurbada. Se estima que al menos el 50 por ciento3 proviene del transporte público4 que da servicio a los 5 millones de personas que viven en Monterrey y sus alrededores, y de los 2.5 millones de autos registrados en el padrón vehicular.

Sin embargo, durante la contingencia del Covid-19 se redujo la movilidad hasta un 60 por ciento pero no se reflejó en una disminución de la contaminación, por lo que habría que replantear las fuentes que la generan.

La otra parte de la contaminación es generada por las pedreras, la refinería de Cadereyta, las termoeléctricas y otras industrias.

Las pedreras son las empresas dedicadas a la extracción de rocas para elaborar diversos materiales esencialmente para la construcción. Su problemática radica principalmente en 4 situaciones:

• La cantidad de contaminantes que vierten en el aire;

• El uso constante de químicos empleados para dinamitar las rocas, que propicia fallas geológicas y que además contamina el suelo;

• No hay programas de mitigación para regenerar la zona en la que se asentó la empresa, una vez que ha extraído todo el material y se ha retirado del lugar;

• Están devastando las montañas de Nuevo León. Las pedreras han dañado los cerros y la zona serrana cercana a la capital, afectando gravemente a los ecosistemas de la región.

Alrededor de 48 pedreras cuentan con registro oficial en Nuevo León, sin embargo, la Asociación de Extractores de Caliza del estado tienen agremiadas a 65 empresas. Lo que significa que varias de ellas podrían estar operando en la clandestinidad.

A inicios de noviembre pasado el gobernador Samuel García propuso la creación del llamado “impuesto verde” que tiene varios fines: en primer lugar, es gravar las actividades contaminantes de las empresas y fabricas para que paguen un impuesto que ayude a mitigar el daño ecológico que causan; y en segundo lugar se busca que las empresas inviertan en tecnologías y prácticas que sean amigables con el medio ambiente para que estén exentas de pagar el impuesto verde.

La citada propuesta del Ejecutivo local entró en vigor el primer día de este 2022, sin embargo, en un acto de total abuso, las pedreras decidieron encarecer sus productos para que el consumidor final sea quien verdaderamente pague el impuesto verde.

Si consideramos que las pedreras venden materiales de construcción, el aumento en el precio de estos productos ha provocado que las viviendas se encarezcan y que el ciudadano de a pie termine pagando un impuesto que le corresponde pagar a las empresas que contaminan su medio ambiente y que además le provocaran afectaciones a la salud como las mencionadas anteriormente, las cuales terminaran siendo atendidas por los servicios de salud del estado y con recursos del Gobierno. Es decir, ciudadanos y gobierno terminaran pagando los daños que ocasionan estas empresas, pues la contaminación del aire no solo representa un problema ambiental, sino también de salud y a mediano plazo presupuestal, para atender las afectaciones médicas.

Algunos medios de comunicación refieren que las pedreras de Nuevo León han comunicado a sus clientes que sus precios subirán hasta 183 por ciento debido al impuesto verde, por lo que se ven obligados “a aplicar un aumento de precios generalizado a todos los materiales que manejamos”.5

En este orden de ideas, el gobierno de Nuevo León debe implementar medidas para evitar que los ciudadanos paguen un impuesto que no les corresponde, y para que, los que están obligados a pagarlo no evadan su responsabilidad.

Y es que, como coordinadora del “Grupo de Trabajo para dar seguimiento a la implementación de la Agenda 20306 de la Cámara de Diputados”, mi compromiso es legislar en favor de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible,7 y esta proposición con punto de acuerdo, junto con el impuesto verde, abonan a los siguientes objetivos:

3. Salud y bienestar

- Vivir en un medio amiente sano reduce diversas afectaciones a la salud, algunas de ellas las menciono en párrafos anteriores.

13. Acción por el clima

- Que las empresas contaminantes de Nuevo León inviertan en tecnología para reducir sus emisiones en sus procesos, es uno de los objetivos del impuesto verde, y desde luego, de esta proposición.

15. Vida de ecosistemas terrestres

- La extracción de rocas que están haciendo las pedreras, está afectando y devastando a los cerros y montañas aledañas a Monterrey, dañando gravemente a los ecosistemas de la región.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. - La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas, exhorta al gobierno de Nuevo León para que instrumente los mecanismos necesarios que garanticen que el “impuesto verde” lo paguen las empresas que contaminen y no se traslade a los ciudadanos, ya que esto ha provocado un alza de precios en los materiales con que se construyen las viviendas, afectando a los sectores más vulnerables de la población.

Notas

1 ¿Qué es la contaminación del aire? Secretaría del Medio Ambiente del gobierno del estado de México. Disponible en: https://rama.edomex.gob.mx/que_es

2 Contaminación del aire ambiente. Organización Mundial de la Salud. Disponible en:

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ambi ent-(outdoor)-air-quality-and-health

3 La contaminación en Monterrey. Disponible en: https://www.milenio.com/opinion/efren-vazquez-esquivel/no-hay-derecho/l a-contaminacion-en-monterrey

4 Al respecto, en la sesión de la Comisión Permanente del 12 de enero de 2022, presente punto de acuerdo para exhortar al gobierno de Nuevo León a tomar de manera urgente las medidas que estime pertinente para acabar con el problema del transporte de pasajeros. Además de que rinda un informe sobre las acciones implementadas para la renovación e implementación del transporte público de gas natural y eléctrico.

5 El Debate. A partir del 1 de enero las pedreras de Nuevo León subirán hasta 183% los precios de sus productos por el nuevo “impuesto verde” del gobierno estatal. Disponible en: https://www.debate.com.mx/economia/Pedreras-de-Nuevo-Leon-subiran-preci os-hasta-183-por-nuevo-impuesto-verde-20211219-0039.html

6 Resumen de la instalación del Grupo de Trabajo de la Agenda 2030: https://www.youtube.com/watch?v=L21Y48YkAsY&feature=youtu.be Video completo:

https://www.youtube.com/watch?v=6GJfQ3hIfC4

7 Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Disponible en:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2022.

Diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profeco a regular los precios de los insumos agrícolas, suscrita por el senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Ricardo Velázquez Meza, senador de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México es uno de los países con la mayor biodiversidad del mundo. Junto con condiciones climáticas favorables, al igual que un amplio territorio, estos factores lo convierten en productor de una vasta variedad de cultivos.

Pese a ello, el campo mexicano enfrenta diversos problemas en los mercados nacionales e internacionales, que frenan su desarrollo y su impacto económico para miles de agricultoras y agricultores mexicanos.

Pese al alza de precios en insumos de siembra, los agricultores mexicanos, testifican que, a inicios del año 2021, los sacos de abono y fertilizante, rondaban alrededor de 100 pesos mexicanos, para inicios de 2022 el mismo bulto de fertilizantes y abono cuesta 300 pesos.1

La consecuencia principal del aumento del precio de los insumos es el bajo rendimiento de los cultivos, ya que el campesino deja de realizar algunas labores, como control de plagas y fertilización.2

La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas informó que en los últimos 3 años, la importación de semillas, oleaginosas y granos aumentó 14.3 por ciento, equivalente a 19.85 toneladas de producto, con valor de 7 mil millones de pesos.3

Los ejemplares que más se importan son

• Maíz, incrementó un 16.4 por ciento alcanzando un volumen de 9 millones de toneladas que son traídas principalmente de Brasil.

• Soja, rebasó el 15.5 por ciento con 4.5 millones de toneladas.

• Trigo, aumentó 18.2 por ciento con un volumen de 2.7 millones de toneladas.

• Canola, elevó su importación un 16.5 por ciento acumulando 771 mil millones de toneladas.

• Frijol, creció 143.7 por ciento alcanzando un volumen de 133 mil toneladas.

Explican que el aumento a las importaciones se debe al abandono de los trabajadores y las trabajadoras agrícolas, quienes al no tener apoyos con visión productiva desertan sus labores en el campo para desarrollarse en otros rubros.

Al no haber quienes desarrollen y comercialicen las semillas nacionalmente, es necesario traerlas del extranjero. Este proceso resulta costoso, ya que el envío y transporte internacional es complicado debido a las restricciones por la pandemia.

Lo mismo ocurre con los insumos para la siembra, como se mencionó, esto ha ocasionado que gran parte del campo recaiga en una crisis, dejando así de producir alimentos.

De acuerdo con la asociación mexicana de pequeños comerciantes, el limón, la cebolla y la papa se encarecieron en la primera quincena de enero de 2022, estos productos tuvieron un incremento de 180 por ciento, llegando a costar actualmente hasta 80 pesos el kilogramo, mientras que las cajas llegan a costar hasta mil 500 pesos. Ello, desafortunadamente, afecta a las familias mexicanas.4

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Querétaro señaló que en este año se ha notado una disminución en el consumo de las mercancías, provocado por el alza en los precios, el costo de la transportación y los efectos de la cuesta de enero. Especialistas aseguran que el aumento en los costos de materias primas a nivel global también provocó el aumento de otros productos como el arroz, trigo, soya, maíz y café.5

De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, desde 2015 el limón, el jitomate y el pollo son algunos de los artículos que han aumentado su precio.

En 2015 un kilo de limón se vendía en 11.75 pesos, en 2021 su costo era de 21.28 pesos, un aumento del 81.1 por ciento.

Mientras, el kilogramo de jitomate pasó de 38.44 pesos en 2015 a 74.43 en 2021, un aumento de 92.6 por ciento.

Además, el kilogramo de pollo se incrementó de 24.4 pesos en 2015 a 35.74 en 2021, un aumento de 47.44 por ciento.

De acuerdo con la Ley Agraria, título segundo, “Del desarrollo y fomento agropecuario”, artículo 4o.

Artículo 4o. El Ejecutivo federal promoverá el desarrollo integral y equitativo del sector rural mediante el fomento de las actividades productivas y de las acciones sociales para elevar el bienestar de la población y su participación en la vida nacional. Las organizaciones de productores podrán elaborar propuestas de políticas de desarrollo y fomento al campo, las cuales serán concertadas con el Ejecutivo federal para su aplicación.6

En razón de lo anterior, nos planteamos una de las más importantes teorías económicas planteadas por el padre de la economía, Adam Smith, el planteaba “por qué un diamante tiende a tener un valor mayor, a un vaso de agua, si el diamante es comprendido como un bien no utilitario sin lujoso, mientras que un vaso de agua es requerido para la vida y preservación de cualquier ser vivo”. Bajo esta premisa decimos por que se le dan menor importancia los precios de insumos básicos para la siembra, comparado con cualquier otra industria no necesaria para la vida y preservación del ser humano.

Una vez planteada esta teoría, hago un llamado a las autoridades correspondientes para que, dentro de sus atribuciones, implanten un programa de control de precios a fin de garantizar el bienestar de las y los que integran el campo mexicano, para así fomentar el bienestar y tranquilidad que todas y todos merecemos.

Por lo expuesto y fundado, el suscrito, senador del Grupo Parlamentario de Morena, somete a consideración de esta asamblea la aprobación de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a regular los precios de los insumos agrícolas.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a implantar campañas que sobre la importancia del campo mexicano y su impacto en la economía mexicana.

Tercero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a las universidades autónomas para que, en coordinación con el Registro Agrario Nacional, apoyen a las comunidades agrícolas y agrarias a implantar nuevos programas de reconversión productiva.

Notas

1 https://www.expreso.ec/actualidad/detiene-aumento-insumos-agricolas-111316.html#:~:text=Los%20agricultores%
20paralizan%20de%20nuevo%20las%20v%C3%ADas%20por,algunas%20labores%2C%20como%20control%20de%20plagas%20y%
20fertilizaci%C3%B3n Consultado el 17 de enero de 2022.

2 https://www.expreso.ec/actualidad/detiene-aumento-insumos-agricolas-111316.html#:~:text=Los%20agricultores%
20paralizan%20de%20nuevo%20las%20v%C3%ADas%20por,algunas%20labores%2C%20como%20control%20de%20plagas%20y%
20fertilizaci%C3%B3n consultado el 17 de enero de 2022.

3 <https://cultivafuturo.com/2021/09/02/incrementa-costo-de-insumos-ag ricolas-en-mexico/> Consultado el 17 de enero de 2022.

4 <https://www.excelsior.com.mx/comunidad/precio-limon-cdmx-se-encarec e-en-180-kilo-cuesta-hasta-80-pesos/1492864> Consultado el 17 de enero de 2022.

5 <https://www.excelsior.com.mx/comunidad/precio-limon-cdmx-se-encarec e-en-180-kilo-cuesta-hasta-80-pesos/1492864> Consultado el 17 de enero de 2022.

6 <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/13_250618.pdf> Consultado el 17 de enero de 2022.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente.- Ciudad de México, a 19 de enero de 2022.

Senador Ricardo Velázquez Meza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Banxico y la SHCP a realizar acciones tendentes a evitar el crecimiento desmedido de la inflación y apoyar a las familias afectadas por ello, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado federal en la LXV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Banco de México y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar acciones tendientes a evitar el crecimiento desmedido de la inflación en México y apoyar a las familias mexicanas afectadas por esta situación, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De conformidad con el Banco de México, la inflación es un fenómeno que se observa en la economía de un país y está relacionado con el aumento desordenado de los precios de la mayor parte de los bienes y servicios que se comercian en sus mercados, por un periodo de tiempo prolongado.

Asimismo, menciona que, cuando se presenta, nos damos cuenta que la cantidad de dinero que veníamos administrando tiempo atrás, ya no nos alcanza para comprar lo mismo que antes y esto nos afecta a todos: amas de casa, empleados, productores, ahorradores, inversionistas, empresarios, etcétera. Y sobre todo a los que tienen menos dinero y acceso a los servicios financieros.

Para cerrar el año, las familias mexicanas se toparon con esta problemática, pues los precios de la canasta básica empezaron a dispararse, poniendo en una encrucijada a la ciudadanía al tener que asignar de la mejor manera posible su dinero.

De conformidad con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), encargado de medirla, en el último mes de 2021, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un incremento de 0.36 por ciento respecto al mes inmediato anterior. Con este cierre, nuestro país no había vivido un aumento tan alto desde hace 20 años.

Es así que, con estas cifras tan alarmantes, la inflación cerró el año en 7.36 por ciento . En el mismo mes de 2020, la inflación anual fue de 3.15 por ciento.

Entre los productos que sufrieron una mayor variación contra el mes anterior, se encuentra la carne de res (2.85 por ciento), limón (46.11 por ciento), pollo (1.92 por ciento), el plátano (10.60 por ciento), así como la gasolina de bajo octanaje (0.71 por ciento).

Para mayor ilustración se enumeran los 28 productos prioritarios de la canasta básica y su comparativa en precios de 2018 contra el 2021:

Fuente – Sedeco CDMX

Fuente – Profeco CDMX

De esta información se desprende que en tan solo tres años los mencionados productos de la canasta básica han tenido un crecimiento del 70 por ciento.

Ahora bien, dentro de la inflación subyacente anual, en el rubro de mercancías, esta se encareció 7.40 por ciento, siendo el de alimentos, bebidas y tabaco el que tuvo el mayor crecimiento, con un 6.80 por ciento.

Lo anterior llevó a la inflación subyacente a 5.94 por ciento.

Por otro lado, la inflación no subyacente presentó una variación anual del 11.74 por ciento, dentro de los cuales, los productos agropecuarios tuvieron un incremento de 15.78 por ciento, mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno tuvieron un incremento de 8.68 por ciento.

Para este 2022, los escenarios no son alentadores ya que especialistas en materia económica han pronosticado que la inflación esté por arriba del 4 por ciento y que será hasta el 2023 cuando esta empiece a disminuir.

Ante estas circunstancias se torna necesaria la intervención del Banco de México con el objetivo de controlar la oferta monetaria, por un lado, evitando crear excesos de dinero, y por el otro, fijando una tasa de interés de referencia que ejerza un efecto sobre el resto de las tasas de interés del mercado.

Si bien esta problemática también deriva de la situación internacional, este gobierno debe tomar cartas en el asunto, y redoblar esfuerzos para que la economía del país se reactive y evitar el estancamiento económico, el cual generaría mayor inflación.

Las familias mexicanas se encuentran esperando apoyo para salir de la crisis que trajo consigo la pandemia, y aunado a ello tienen que lidiar con el conocido impuesto invisible que es la inflación.

El gobierno está obligado a buscar opciones para apoyar a la economía nacional, y pareciera que es un tema olvidado en las mañaneras del presidente y en las acciones anunciadas para este inicio de año.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. – La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Banco de México, para que en función de sus facultades lleven a cabo acciones encaminadas a evitar el crecimiento desmedido de la inflación en México.

Segundo. - La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, a llevar a cabo las acciones necesarias para la reactivación económica a fin de evitar un estancamiento que genere mayor inflación en nuestro país, afectando a las familias mexicanas.

Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2022.

Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a implantar en el SNS medidas y acciones encaminadas a agilizar la vacunación con el esquema completo de todos los mexicanos, incluidos los de 5 a 11 años, suscrita por Frinné Azuara Yarzábal y diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, diputadas y diputados Frinné Azuara Yarzabal, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Alma Carolina Viggiano Austria, Yerico Abramo Masso, Norma Angélica Aceves García, Brasil Alberto Acosta Peña, Ricardo Aguilar Castillo, Yeimi Yazmín Aguilar Cifuentes, Ma. De Jesús Aguirre Maldonado, María del Socorro Alcalá Ruiz Blanca, María Guadalupe Alcántara Rojas, Cristina Amezcua González, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Montserrat Alicia Arcos Velázquez, Pedro Armentía López, Karla Ayala Villalobos, Carlos Miguel Aysa Damas, Barrera Fortoul Laura, Karina Marlen Barrón Perales, Sue Ellen Bernal Bolnik, Jaime Bueno Zertuche, María del Refugio Camarena Jáuregui, Adriana Campos Huirache, Andrés Mauricio Cantú Ramírez, Oscar Gustavo Cárdenas Monroy, Sofia Carvajal Isunza, Javier Casique Zárate, Alan Castellanos Ramírez, Eufrosina Cruz Mendoza, Carolina Dávila Ramírez, Yolanda de la Torre Valdez, Nelida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, Juan Francisco Espinoza Eguía, Shamir Fernández Hernández, José Guadalupe Fletes Araiza, Rodrigo Fuentes Ávila, Pablo Gamboa Miner, José Luis Garza Ochoa, Augusto Gómez Villanueva, Mariano González Aguirre, Xavier González Zirión, Ildefonso Guajardo Villarreal, Marcela Guerra Castillo, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, José Antonio Gutiérrez Jardón, Laura Lorena Haro Ramírez, Ismael Alfredo Hernández Deras, Johana Montserrat Hernández Pérez, Hiram Hernández Zetina, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Carlos Iriarte Mercado, Jazmín Jaimes Albarrán, Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino, Cynthia Iliana López Castro, Roberto Carlos López García, Tereso Medina Ramírez, Marco Antonio Mendoza Bustamante, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Mariana Erandi Nassar Piñeyro, Lorena Piñón Rivera, Reynel Rodríguez Muñoz, Cristina Ruiz Sandoval, Miguel Sámano Peralta, Paloma Sánchez Ramos, Ma Elena Serrano Maldonado, Melissa Estefanía Vargas Camacho, Sayonara Vargas Rodríguez, Maribel Guadalupe Villaseñor Dávila, José Francisco Yunes Zorrilla y Eduardo Zarzosa Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXV legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Camara de Diputados; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes

Considerandos

La pandemia del coronavirus SARS-CoV2 sigue causando alarma en todo el mundo, ahora con la reciente aparición de la nueva variante denominada ómicron .

Al 16 de enero de 2022 las cifras de la pandemia a nivel mundial alcanzan 318.6 millones de personas contagiadas y 5.5 millones de personas fallecidas.1 En México las cifras ascienden a 4.36 millones de contagios y 301 mil 410 fallecimientos.

El primer caso de esta nueva variante se confirmó en una muestra tomada el 9 de noviembre de 2021 en Sudáfrica, notificándose a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 24 de noviembre, encomendando su estudio a partir de entonces al Grupo Consultivo Técnico sobre la Evolución del Virus SARS-CoV-2.2

La OMS afirmó que la variante ómicron del coronavirus se propaga a mayor velocidad que la variante delta y advirtió que las personas ya curadas o vacunadas con esquema completo se pueden reinfectar. Sin embargo, asegura que las vacunas funcionan para evitar una infección más severa.3

El director de la OMS, Tedros Adhanom, llamó a la población mundial a no bajar la guardia y seguir con los cuidados, especialmente con el uso de mascarilla, evitar multitudes, ventilar los espacios cerrados y vacunarse en cuanto se tenga la oportunidad de hacerlo.

De igual manera llamó a la población mundial a una toma de conciencia frente a esta situación pues a su modo de ver es mejor cancelar las celebraciones ahora “y celebrar la vida mañana”, que “celebrar hoy y estar de luto mañana”.

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que ómicron se está convirtiendo en la variante preponderante en México y que los casos Covid se han disparado 188 por ciento.4

Según estimaciones a partir de reportes oficiales, del 2 al 16 de enero se han registrado 352 mil 908 nuevas infecciones, que representan un incremento exponencial del 8 por ciento tan solo en 14 días.5 El día 12 de enero se registraron 44 mil 187 nuevos casos, el mayor número de contagios en todo lo que va de la pandemia.6

A inicios de enero, la OMS informó que hay más pruebas de que ómicron causa una forma de Covid-19 más leve. Pero insiste en que aún es pronto para sacar conclusiones y urge a alcanzar el 70 por ciento de cobertura de vacunación en todos los países.7

“Ómicron no es un resfriado común, aunque algunos informes muestran menos riesgo de hospitalización en comparación con delta. Todavía hay demasiados infectados, hospitalizados y muertos a causa de ómicron (y delta)”, explicó María VanKerkhove, epidemióloga de la OMS.

El epidemiólogo Abdi Mahamud, jefe de la oficina de Gestión de Incidentes de la OMS, explicó que varios estudios indican que ómicron puede causar casos más leves “a diferencia de otras que podrían causar neumonía grave”.

“Lo que hemos visto es una desconexión entre los casos y las muertes. Hay un pronunciado aumento de los casos y las muertes permanecen bajas”, dijo Mahamud.

Añadió que “si estás vacunado estás protegido, pero si eres vulnerable o no estás vacunado, ómicron, por muy leve que sea, te puede golpear muy fuerte.

“Así que la vacunación es crítica”, añadió el epidemiólogo, señalando que las vacunas siguen siendo eficaces para evitar hospitalizaciones y muertes.

La OMS advierte que los países deberían continuar aplicando las medidas de salud pública de eficacia demostrada para reducir de forma general la circulación del virus causante de la Covid-19, basándose en el análisis de los riesgos y en un enfoque científico. Además, deben aumentar su capacidad de respuesta mediante recursos médicos y de la salud pública para hacer frente a posibles aumentos en el número de casos.

Del mismo modo, es fundamental reducir las desigualdades que afectan al acceso a las vacunas contra la Covid-19 para asegurarnos de que, en todos los países, se administran la primera y la segunda dosis de las vacunas a todos los grupos vulnerables de la población, incluidos los trabajadores de la salud y las personas mayores, además de ofrecerles de forma equitativa las pruebas diagnósticas y los tratamientos que necesitan.8

En México al 11 de enero tan solo se ha alcanzado el 58.8 por ciento en la vacunación de la población con esquema completo, faltando 51.8 millones para la aplicación de la segunda dosis y con ello alcanzar la cobertura total de 126 millones de habitantes.9 Estamos aún lejos de la recomendación de la OMS de alcanzar al menos el 70 por ciento.

Es preocupante que aun cuando el gobierno federal tiene disponibles 48.9 millones de dosis, de las 201.3 millones que a la fecha se han recibido, ya que se han aplicado 152.3 millones al 11 de enero, no se haya establecido algún plan emergente para alcanzar la meta en el menor tiempo posible.

Por otra parte, del análisis de datos oficiales, se observa una tendencia al alza en el número de hospitalizaciones y ocupación de camas generales y con ventilador, a partir del 31 de diciembre del año pasado. En camas generales pasamos del 15 por ciento en diciembre al 23 por ciento al día 11 de enero, es decir un incremento de 8 puntos en 10 días. El incremento de ocupación de camas con ventilador paso de 12 a 14 por ciento, solo 2 puntos de diferencia en el mismo periodo, que no deja de ser preocupante.10

Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado contra la influenza en México explicó que la variante ómicron no terminará al mismo tiempo en todo el país, sino que será por regiones, a finales de enero y hacia finales de febrero y entre marzo.11 Esto conlleva a suponer de manera optimista que aún nos faltan por lo menos tres meses de intensa lucha contra el Covid-19 en esta nueva etapa.

Finalmente, la OMS asegura que en áreas con transmisión comunitaria de Covid-19 las mascarillas no médicas deben ser utilizadas siempre por el público en general en lugares cerrados como tiendas, lugares de trabajo y escuelas si no se cuenta con una ventilación que haya sido evaluada como adecuada o si no se puede mantener una distancia física de al menos un metro. Aunque se pueda mantener la distancia, si la ventilación no cumple con los requisitos de las instituciones nacionales respecto al SARS-CoV2 en términos de temperatura y humedad, por ejemplo, las mascarillas siempre deben ser utilizadas como medida preventiva.12

Resumiendo lo expuesto, la llegada de esta nueva variante, de no tomarse las medidas adecuadas, puede dar lugar a un escenario catastrófico por el evidente incremento exponencial en el número de contagios y aun cuando el nivel de la enfermedad se presume leve puede haber saturación de hospitales, continuar los fallecimientos y provocar el colapso del sistema de salud.

Por ello es sumamente urgente que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud y de las instancias competentes, instrumenten acciones emergentes para agilizar la vacunación de las personas que aún no tienen la segunda dosis y la tercera dosis de refuerzo, de los niños y adolescentes que no han sido vacunados; así como prever estrategias para reforzar la capacidad hospitalaria y establecer el uso obligatorio del cubrebocas como una medida para ayudar a contener el alto índice de contagios.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- El pleno de la Camara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Salud federal, doctor Jorge Alcocer Varela, a coordinar la implementación de las medidas y acciones necesarias en el Sistema Nacional de Salud para que se agilice la vacunación con el esquema completo de toda la población mexicana incluyendo a los niños y niñas de 5 a 11 años de edad; asimismo para que se haga obligatorio el uso del cubrebocas en espacios públicos, comercios e instituciones; y se establezcan medidas emergentes para garantizar la atención hospitalaria de todos los pacientes que lo requieran, ante el embate por el alto nivel de contagiosidad de la nueva variante del SARS-CoV2 denominada ómicron.

Notas

1 Coronavirus Covid-19 Comunicado Técnico Diario | Secretaría de Salud | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)

2 Clasificación de la variante ómicron (B.1.1.529) del SARS-CoV-2 como variante preocupante (who.int)

3 OMS confirma que ómicron es más transmisible que delta y advierte por reinfección - Proceso

4 Ómicron, preponderante en México: López-Gatell – Noticieros Televisa

5 Covid-19 Tablero México - Conacyt - CentroGeo - GeoInt - DataLab

6 Incremento de casos Covid en México - Buscar (bing.com)

7 OMS pide no usar palabras ‘deltacrón’ o ‘flurona’ por su inexactitud (msn.com)

8 OMS - Situación actual relativa a la variante ómicron - OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud (paho.org)

9 Presentación de PowerPoint (coronavirus.gob.mx)

10 Presentación de PowerPoint (coronavirus.gob.mx)

11 ¿Cuánto tiempo durará ómicron en México?, experto lo explica (msn.com)

12 Uso-Cubrebocas-OMS.pdf (ipn.mx)

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 19 de enero de 2022.

Diputados: Frinné Azuara Yarzabal (rúbrica), Rubén Ignacio Moreira Valdez, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Alma Carolina Viggiano Austria, Yerico Abramo Masso, Norma Angélica Aceves García, Brasil Alberto Acosta Peña, Ricardo Aguilar Castillo, Yeimi Yazmín Aguilar Cifuentes, Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, María Guadalupe Alcántara Rojas, Cristina Amezcua González, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Montserrat Alicia Arcos Velázquez, Pedro Armentia López, Karla Ayala Villalobos, Carlos Miguel Aysa Damas, Laura Barrera Fortoul, Karina Marlen Barrón Perales, Sue Ellen Bernal Bolnik, Jaime Bueno Zertuche, María del Refugio Camarena Jáuregui, Adriana Campos Huirache, Andrés Mauricio Cantú Ramírez, Óscar Gustavo Cárdenas Monroy, Sofia Carvajal Isunza, Javier Casique Zárate, Alan Castellanos Ramírez, Eufrosina Cruz Mendoza, Carolina Dávila Ramírez, Yolanda de la Torre Valdez, Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, Juan Francisco Espinoza Eguía, Shamir Fernández Hernández, José Guadalupe Fletes Araiza, Rodrigo Fuentes Ávila, Pablo Gamboa Miner, José Luis Garza Ochoa, Augusto Gómez Villanueva, Mariano González Aguirre, Xavier González Zirión, Ildefonso Guajardo Villarreal, Marcela Guerra Castillo, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, José Antonio Gutiérrez Jardón, Laura Lorena Haro Ramírez, Ismael Alfredo Hernández Deras, Johana Montserrat Hernández Pérez, Hiram Hernández Zetina, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Carlos Iriarte Mercado, Jazmín Jaimes Albarrán, Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino, Cynthia Iliana López Castro, Roberto Carlos López García, Tereso Medina Ramírez, Marco Antonio Mendoza Bustamante, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Mariana Erandi Nassar Piñeyro, Lorena Piñón Rivera, Reynel Rodríguez Muñoz, Cristina Ruiz Sandoval, Miguel Sámano Peralta, Paloma Sánchez Ramos, Ma. Elena Serrano Maldonado, Melissa Estefanía Vargas Camacho, Sayonara Vargas Rodríguez, Maribel Guadalupe Villaseñor Dávila, José Francisco Yunes Zorrilla, Eduardo Zarzosa Sánchez.

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado a emitir excitativa a las Comisiones Unidas de Justicia, de Salud, y de Estudios Legislativos Segunda, con opinión de la de Seguridad Pública, a efecto de dictaminar la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, devuelta para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Laura Imelda Pérez Segura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta a la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República, a emitir excitativa a las Comisiones Unidas de Justicia; de Salud; y de Estudios Legislativos Segunda, con opinión de la Comisión de Seguridad Pública, para dictaminar la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, devuelta para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional, en materia de regulación del cannabis, misma que recibieron con fecha 11 de marzo de 2021, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado miércoles 10 de marzo de 2021, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó con 315 votos en pro, 128 en contra y 23 abstenciones y turno al Senado de la República para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 constitucional, el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Salud, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.

El Senado de la República de la LXIV Legislatura, recibió la minuta el pasado 11 de marzo de 2021, cuyo objeto fundamental radica en la regulación de la producción y comercialización del cannabis y sus derivados, bajo el enfoque de libre desarrollo de la personalidad, salud pública y respeto a los derechos humanos, así como la regulación de los usos legalmente permitidos del cannabis y sus derivados.

Dicha minuta fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia; de Salud; y de Estudios Legislativos Segunda; con opinión de la Comisión de Seguridad Pública.

Al día de hoy, han pasado más de nueve meses, sin que las Comisiones encargadas de dictaminar la minuta, se hayan pronunciado respecto de un asunto que fue aprobado por esta Cámara de Diputadas y Diputados, violentando lo dispuesto por la normatividad estipulada en el Reglamento del Senado de la República, que establece un tiempo de 30 días hábiles para dictaminar, y una prórroga de hasta 30 días hábiles más.

Por lo anterior, en virtud de la importancia que reviste el objetivo de la minuta, y con fundamento en los argumentos señalados en la misma, tengo a bien exponer lo siguiente:

En la actualidad, nuestro marco normativo, necesita urgentemente ser actualizado, con el propósito de mirar por el interés superior de la Nación y armonizar su contenido en sintonía con los cambios en la política y la legislación sobre la regulación del cannabis acontecidos recientemente en diversos países de América latina y Norteamérica, en donde se ha legalizado el consumo de cannabis con fines no médicos, como una forma de lograr un camino alternativo o complementario para abordar los problemas que originan algunas drogas.

El actual sistema prohibicionista, criminaliza lisa y llanamente a las personas consumidoras y portadoras de cannabis, situación que desatiende la raíz del problema y no aborda el consumo problemático desde un enfoque de derechos humanos. A su vez, dicho sistema prohibicionista, ha desencadenado en nuestro territorio más muertes por la lucha contra el narcotráfico, que los decesos a causa del consumo problemático de drogas, y ha fomentado un comercio ilegal con su trasiego, empoderando a la delincuencia organizada.

Es por ello, que la regulación el Cannabis en México es de gran relevancia, toda vez que con una regulación adecuada como la que se pretende y fue aprobada por diputadas y diputados federales, sin lugar a dudas se podrán obtener grandes beneficios, tales como los siguientes:

• Se terminará con el mercado ilegal y se reduce la corrupción y la violencia generada por dichas actividades delictivas.

• Se reduce el margen de ganancia y operaciones del crimen organizado, así como los gastos públicos destinados a la lucha contra el narcotráfico.

• El gobierno pasa a controlar el mercado del Cannabis y se establecen normas y reglas claras para quienes realicen la actividad de producción y consumo, respetando en todo momento los derechos humanos de las y los involucrados y de terceras personas.

A su vez, es indispensable dar atención y cumplir prontamente con la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1-2018, aprobada el pasado 28 de junio de 2021, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de julio de 2021, la cual elimina parte de la prohibición contenida en la Ley General de Salud para el uso lúdico del cannabis y el tetrahidrocannabinol.

Dicha Declaratoria a su vez exhorta al Congreso de la Unión para que en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales legisle en la materia, en virtud de que el 30 de abril de 2021, venció la última ampliación del plazo con el que contaba para dar cumplimiento a lo anteriormente mencionado.

Si bien en sesión ordinaria de 10 de marzo de 2021 la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto por el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, y que reforma las disposiciones pertinentes en la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, todo este procedimiento se encuentra paralizado desde entonces, a la espera de la discusión y en su caso aprobación por el Senado de la República para su subsecuente promulgación y publicación en el DOF.

Por lo anterior claramente podemos observar que actualmente se está incumpliendo el mandato constitucional, el cual otorga, carácter de urgente, a la regulación del cannabis en nuestro país, bajo un enfoque de absoluta transparencia y respeto a los derechos humanos.

Es por ello, que hoy hago un llamado a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, la senadora Olga Sánchez Cordero, para que, en pleno uso de sus facultades, emita excitativa a las Comisiones Unidas de Justicia; de Salud; y de Estudios Legislativos Segunda, con opinión de la Comisión de Seguridad Pública, a fin de que se dictamine a la brevedad la minuta en cuestión.

Toda vez que, sin duda alguna, considero que de ser dictaminada la citada minuta y aprobada por el Senado de la República, se logrará contribuir de manera importante en favor de una regulación efectiva del Cannabis en nuestro país, lo cual traerá consigo grandes beneficios, tanto económicos, de salud pública y sobre todo de seguridad.

A su vez, de realizarse el dictamen mencionado, se estará dando eficaz cumplimiento a las obligaciones que tanto legisladoras como legisladores integrantes del Congreso de la Unión tenemos y debemos siempre hacer valer, toda vez que de esta manera se estará respetando y garantizando un verdadero estado de derecho, así como se estará demostrando el compromiso que tenemos con todas y todos los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente pongo a consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República, para que con fundamento en el artículo 67, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 214 del Reglamento del Senado de la República, emita excitativa a las Comisiones Unidas de Justicia; de Salud; y de Estudios Legislativos Segunda, con opinión de la Comisión de Seguridad Pública, para dictaminar la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, en materia de regulación del Cannabis, misma que recibieron con fecha 11 de marzo de 2021.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2022.

Diputada Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGJ y el gobierno de la Ciudad de México a informar a las familias de las víctimas del colapso del tramo elevado de la línea 12 del Metro sobre los avances en las indagatorias y los acuerdos de justicia restaurativa, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado federal en la LXV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la jefa de gobierno, a que en uso de sus facultades y atribuciones informen a las familias de las víctimas del colapso del tramo elevado de la línea 12 del Metro de la CDMX, respecto de los avances en las indagatorias, así como de los acuerdos en materia de justicia restaurativa, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La impunidad se ha convertido en una generalidad entre los servidores públicos, frente a quienes los actos de corrupción quedan sin responsables, aun cuando existan leyes específicas en la materia para sancionarlos, pero que por múltiples factores no se materializan en la práctica.

Aunado a lo anterior, se suma la corrupción, este mal que la actual administración tanto prometió erradicar, y que en los hechos solo se ha quedado en una efímera promesa.

Ambos actos se han posicionado como los principales problemas a combatir, ya que en la actualidad se ventilan múltiples casos de éstos en su modalidad pública, en los que se encuentran relacionados los tres órdenes de gobierno, y por ende servidores públicos de todos los niveles jerárquicos, quienes han estado inmiscuidos en denuncias públicas que involucran el uso y abuso de los recursos públicos para beneficio privado.

Resulta más lacerante cuando estas conductas son denunciadas con tiempo de antelación, para evitar desgracias y eventos fatídicos, pero son ignoradas, lo que no hace más que agravar el impacto cuando suceden.

Ejemplo de lo anterior fue lo sucedido el 3 de mayo de 2021, cuando la línea 12 del metro, una de las obras más importantes en lo que va del siglo en la Ciudad de México, se desplomó en el tramo elevado que conectaba la estación Olivos y Tezonco, lo que tuvo como consecuencia el fallecimiento de 26 personas (un menor de edad incluido) y decenas de heridos.

Han pasado 8 meses, y hoy en día la justicia no ha llegado para las familias de las víctimas, que desde el momento que se suscitó la tragedia no han buscado otra cosa que justicia y que los involucrados asuman su responsabilidad ante este lamentable acontecimiento.

Desde el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, se prometió que la investigación daría resultados y que esta tragedia no tendría tintes políticos, situación que no se ha cumplido, debido a que los indiciados solo forman parte de la administración de Miguel Ángel Mancera, no hay uno solo funcionario del periodo de Marcelo Ebrard o de la actual administración.

Por otro lado, a los familiares de las víctimas les ha sido negado el acceso a la carpeta de investigación, lo cual solo hace que aumenten las sospechas de que se está usando este procedimiento de manera política y no para la procuración de justicia hacia las víctimas.

El abogado Christopher Estupiñán1 el día 6 de diciembre dio a conocer que al menos los 20 afectados por el desplome del metro que su despacho representa, han sido excluidos para conocer el acuerdo al que llegaron la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y las empresas Carso Infraestructura y Construcción (CICSA) y Grupo Carso.

Aunado a lo anterior, denunció que tampoco se han reunido sus representados con la Fiscalía para llegar a un acuerdo reparatorio debido al desconocimiento y la falta de comunicación con las familias de las víctimas. La opacidad con la que se maneja la Fiscalía ha derivado que la audiencia que se tenía programada para el pasado 3 de diciembre se difiera hasta el 7 de marzo.

El hecho de que se hable de un acuerdo reparatorio confidencial entre la Fiscalía y las empresas Carso Infraestructura y Construcción (CICSA) y Grupo Carso, no hace más que generar suspicacia y zozobra. Lo más alarmante es que las familias afectadas no conocen de este acuerdo, así como sus alcances.

Derivado de lo anterior, han sido interpuestos dos amparos para conocer el contenido de dicho acuerdo y de la carpeta de investigación; el primero fue aceptado a trámite de conformidad con información publicada por El Universal2 y el segundo se presentó la semana pasada.3

Que hayan sido interpuestos este tipo de recursos es el más claro indicador de que la Fiscalía actúa discrecionalmente y oculta a las partes información relevante del proceso, para proteger a potenciales servidores públicos que aspiran a la presidencia en el 2024.

Hoy en día, la Fiscalía está lejos de cumplir su función en nuestra sociedad; la procuración de justicia en la Ciudad de México debe ser imparcial, pronta y expedita, sin privilegiar a servidores públicos ni a determinados sectores privados.

Es inaceptable su actuar, en aras de proteger intereses políticos y privados, dejando de lado que son la representación social, y que a quién tienen que darle asistencia y toda la información del proceso es a las familias de las víctimas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. – La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, para que informe a las familias de las víctimas del colapso del tramo elevado de la línea 12 de Metro de la CDMX, el contenido de la carpeta de investigación y los avances en las indagatorias para aplicar sanciones penales a los responsables por esta tragedia, así como respecto a la existencia y en su caso, alcances del acuerdo reparatorio con las empresas Carso Infraestructura y Construcción (CICSA) y Grupo Carso.

Segundo. - La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a que, en el marco de protección de los derechos humanos, informe a esta soberanía y a la sociedad, respecto a si existen acercamientos con las familias de las víctimas a fin de darles acompañamiento y asesoría jurídica en dicho proceso.

Notas

1 https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2021/12/06/
linea-12-fiscalia-de-cdmx-miente-no-ha-habido-reunion-para-reparacion-dice-abogado-de-victimas/

2 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/juez-da-entrada-amparo-para-acced er-la-carpeta-de-investigacion-de-la-linea-12-del-metro

3 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/victimas-de-la-linea-12-presenta n-amparo-para-conocer-acuerdo/1490663

Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2022.

Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Conacyt a realizar acciones para garantizar el diálogo con los estudiantes del CIDE y atender las demandas de transparencia respecto a la designación del director general, suscrita por la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada federal Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el primer párrafo del artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) cuenta con 47 años de antigüedad desde su fundación el 25 de noviembre de 1974, reconociéndose como una institución de investigación y educación del nivel superior, financiada con recursos públicos, misma que cuenta con enseñanza en el nivel de posgrado, dedicada a la investigación de problemáticas sociales de nuestro país, la cual está especializada en ciencias sociales y se orienta por estándares internacionales de calidad, con la finalidad de contribuir al desarrollo del país a través de la generación de conocimiento que permita una nueva formación educativa, para lo cual se propuso que tanto los docentes como los alumnos se dedicaran de tiempo completo a la investigación, y de esta forma poder equipararse con estándares ya creados en los distintos estados pertenecientes a la comunidad internacional.1

Desde su creación, se comenzaron a consolidar acuerdos de colaboración con distintas universidades y centros de América Latina, Estados Unidos y Europa, así como el flujo de docentes invitados o intercambios académicos de estudiantes, lo cual generó una mayor ampliación de sus conocimientos, basándose siempre en el mismo objetivo por solucionar las problemáticas sociales de nuestro país. Actualmente la consolidación del CIDE es tal, que diversos alumnos diferentes países del mundo, aplican solicitudes para poder cursar un posgrado en el centro, originando que la oferta académica se amplíe hasta el caso de contar con lo siguiente:2

• 4 programas de licenciatura;

• 7 programas de maestría, y 1 programa en planes de constituirse; y

• 2 programas de doctorado.

Aunado a lo anterior, una de las razones por las que el CIDE cuenta con tal consolidación y prestigio, es debido a sus docentes, los cuales el 91 por ciento de estos cuenta con nivel de doctorado y el 68 por ciento pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), por lo que no solamente son docentes, sino que también se dedican a la investigación.3

Por esta razón el centro cuenta con cerca de 60 líneas de investigación que involucran diversos temas como problemáticas nacionales, aportaciones a la historia y análisis de las relaciones entre naciones que pretenden contribuir a la sociedad, con lo cual los egresados del centro, logran desarrollar un compromiso con la sociedad mexicana, de acuerdo con los sectores en los que se desempeñen en su trayectoria laboral, por lo que egresados han señalado que “... el CIDE es una institución pública, es financiada con los impuestos de las personas, los resultados que ofrece son de excelencia y de calidad como reflejo de usar bien los recursos.”4

Todo lo anterior no fue posible sin establecer un marco de seguimiento de la comunidad perteneciente del CIDE, por lo que a través del “Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.”, se llevó a cabo el reconocimiento del CIDE como una asociación civil, y su función en nuestro país como una entidad paraestatal asimilada al régimen de empresas de participación mayoritaria de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública y de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Por lo tanto, el Estatuto del CIDE es el marco normativo a seguir por la comunidad del centro, estableciendo los objetivos y atribuciones del mismo, los órganos de dirección, así como sus facultades y requisitos para poder integrar cada uno de estos órganos.5 Cabe señalar que el órgano facultado para aprobar las modificaciones al Estatuto del CIDE, es la Asamblea General de Asociados, misma que es un órgano colegiado representada por el Conacyt y conformada por las secretarías de Educación Pública; Hacienda y Crédito Público; Energía, y Economía, así como por el Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica y el Banco de México.6

Ahora bien, últimamente han surgido conflictos internos dentro del CIDE, ya que el pasado 29 de noviembre del 2021, la titular del Conacyt dio a conocer la designación de José Antonio Romero Tellaeche como director general del CIDE para el periodo 2021-2026; sin embargo, la comunidad estudiantil al no tener la certidumbre de la transparencia en esta designación, exigió a publicación del acta y del video de la sesión del Consejo Directivo en donde se avale que este órgano voto a favor del nombramiento anteriormente señalado, pero hasta el momento la comunidad estudiantil sigue con esta incertidumbre, y han solicitado a las autoridades educativas, la celebración de una mesa de diálogo respecto de la designación del director general del CIDE,7 y a pesar que la titular del Conacyt ha mencionado que está “abierta al diálogo”, hasta el momento no ha presentado propuestas de solución o reuniones con académicos y trabajadores del CIDE, por tal motivo diversos estudiantes decidieron tomar las instalaciones del centro.8

A pesar de lo anterior, recientemente la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla Roces, convocó a la Asamblea General de Asociados del CIDE a una sesión extraordinaria la cual pretende celebrarse el viernes 14 de enero de 2022,9 con la finalidad de aprobar la modificación de diversos artículos del Estatuto del CIDE, con la finalidad de eliminar diversas facultades a los órganos del CIDE,10 tales como las siguientes:11

1. Se elimina la facultad del Consejo Directivo del CIDE, para formalizar el nombramiento o la ratificación del director general del CIDE, por lo que este órgano únicamente contará con el conocimiento del nombramiento y ratificación anteriormente señaladas;

2. Se elimina la facultad del Consejo Académico del CIDE para aprobar el programa anual de trabajo del centro, y únicamente podrá opinar;

3. Se elimina la facultad del Consejo Académico del CIDE para aprobar la creación o suspensión de programas docentes y de unidades académicas y de apoyo, y únicamente podrá opinar;

4. Se elimina la facultad del Consejo Académico del CIDE para aprobar los proyectos o las modificaciones de disposiciones académicas de aplicación general en el CIDE, y únicamente podrá opinar;

5. Se elimina la facultad del Consejo Académico del CIDE para aprobar la modificación de estatutos del CIDE, y únicamente podrá opinar;

6. Se establece que el secretario de Vinculación solo podrá representar al CIDE ante otras instituciones públicas, privadas o sociales, a solicitud del director general del CIDE;

7. Aumenta el tiempo de antigüedad como personal académico del CIDE, pasando de 2 años a 3 años, para quienes pretenden aspirar a ser secretario académico del CIDE, y

8. Se incluye la posibilidad para aspirar a ser secretario académico del CIDE, el haber sido miembro activo de una institución académica de enseñanza o investigación con reconocimiento para poder.

Por estas modificaciones, diversos miembros de la comunidad académica han señalado que las reformas que pretenden realizarse son un atentado contra la libertad académica que busca “concentrar el poder y debilitar a la comunidad”, por lo que advierten que el Conacyt busca que “una sola persona pueda controlar y hacer purga en un centro público de investigación, es un ejemplo de la discrecionalidad con que quieren conducir la política de ciencia y tecnología en el país”. Asimismo, han señalado que se busca imponer un director general del CIDE sin tener que respetar sus Estatutos.12

En ese sentido, el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, a través de la conferencia matutina de la presidencia de la República, celebrada el 12 de enero de 2022, exhortó a la comunidad del CIDE a resolver su conflicto interno que ha durado más de 45 días,13 señalando que desconoce la reforma de modificación a los Estatutos del centro y que la Secretaría de Gobernación se mantiene al margen de esta problemática, indicando que “...no corresponde a nosotros revisar estatutos ni nada de eso”.14

Por su parte, la comunidad estudiantil ha señalado su intención de comenzar un diálogo con las autoridades del CIDE con la finalidad de poder ser escuchados; Asimismo, han señalado que la titular del Conacyt se había comprometido a firmar un tratado de no represalias, sin embargo aún no se ha firmado dicho tratado, por lo cual han señalado que esta situación tiene a todo el alumnado preocupados.15 Es por tal motivo que el jueves 13 de enero de 2022, la comunidad estudiantil del CIDE llevó a cabo un “plantón pacífico” afuera de las instalaciones del Senado de la República, con la finalidad de resolver estos conflictos.16

Aunado a lo anterior, el CIDE informó de la cancelación de la sesión extraordinaria de la Asamblea General de Asociados del CIDE que pretendía celebrarse el viernes 14 de enero, en la que se llevaría a cabo la discusión y votación de las reformas al Estatuto del CIDE, debido a que “... algunos asociados recibieron la carpeta de la sesión minutos después de la hora requerida para cumplir con el requisito temporal”, por lo que esta sesión se aplazará hasta nuevo aviso.17 En ese sentido, recientemente se informó que los estudiantes del centro, después de 48 días de protesta, concluyeron la toma de instalaciones del CIDE, lo anterior debido a que se considera un “... riesgo en materia de salud que implica mantener la recuperación de las instalaciones, decidimos transitar a otras formas de resistencia”, por lo que los estudiantes han informado que su lucha “continuará y nos sumaremos a las de otros alumnos e instituciones que velan por la educación pública de calidad, autonomía, libertado de expresión y participación estudiantil”.18

Recordemos que la falta de transparencia en la designación del director general del CIDE ha originado el descontento de estudiantes y trabajadores del centro, descontento que al parecer se pretende resolver con una serie de reformas al Estatuto del CIDE, con la finalidad de quitarle facultades a los órganos del centro; sin embargo, lejos de llevar a cabo un diálogo o acercamiento que pretenda resolver las demandas de la comunidad estudiantil, se está haciendo todo lo contrario, y aunque hasta el momento se ha “pospuesto” esta sesión extraordinaria, resulta esencial atender las demandas de esta comunidad y brindar transparencia al proceso de designación del director del CIDE, resolviendo los conflictos internos del centro a través del diálogo y no a través de la imposición de reformas al Estatuto del centro que no atenderán las exigencias de las y los estudiantes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para que realice las acciones necesarias para garantizar el diálogo con las y los estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y se atiendan las demandas de transparencia respecto de la designación del director general del CIDE; y se exhorta respetuosamente a la Asamblea General de Asociados del CIDE para abstenerse de llevar a cabo cualquier discusión o votación de las reformas que pretenden realizarse al Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC, hasta en tanto no se garantice un diálogo entre los estudiantes del CIDE y las autoridades del Conacyt, con la finalidad de privilegiar la resolución de conflictos mediante este mecanismo.

Notas

1 Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). El CIDE. Disponible en: https://www.cide.edu/nosotros/que-es-el-cide/

2 Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). CIDE cumple 43 años de formar capital intelectual y compromiso social. Disponible en: https://www.cide.edu/saladeprensa/cide-cumple-43-anos-de-formar-capital -intelectual-y-compromiso-social/

3 Ídem.

4 Ídem.

5 Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC. Disponible en: https://www.cide.edu/transparencia/fracciones/2.-Estatuto_General_Sanci onado_cide.pdf

6 MILENIO. Álvarez-Buylla prepara jugada maestra en CIDE con serie de reformas. Disponible en:

https://www.milenio.com/politica/alvarez-buylla-prepara- jugada-maestra-cide-serie-reformas

7 Expansión Política. El gobierno federal ofrece ayuda para resolver el conflicto del CIDE. Disponible en: https://politica.expansion.mx/presidencia/2022/01/12/gobierno-ofrece-ay uda-para-resolver-el-conflicto-en-el-cide

8 Infobae. Conacyt busca modificar Estatuto General del CIDE para legitimar nombramiento del nuevo director. Disponible en: https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/12/conacyt-busca-modific ar-estatuto-general-del-cide-para-legitimar-nombramiento-del-nuevo-dire ctor/

9 Ídem.

10 Reforma. Busca Conacyt quitar poder a académicos de CIDE. Disponible en:

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=
https://www.reforma.com/busca-conacyt-quitar-poder-a-academicos-de-cide/ar2329483?referer=—
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a—

11 Twitter. Disponible en: https://twitter.com/juarezvero/status/1481285168392507405?s=24

12 Infobae. Conacyt busca modificar Estatuto General del CIDE para legitimar nombramiento del nuevo director. Disponible en: https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/12/conacyt-busca-modific ar-estatuto-general-del-cide-para-legitimar-nombramiento-del-nuevo-dire ctor/

13 Expansión Política. Op. Cit.

14 La Jornada. Exhorta Gobernación a comunidad del CIDE a resolver conflicto. Disponible en:

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/12/politica/exh orta-gobernacion-a-comunidad-del-cide-a-resolver-conflicto/

15 Milenio. “Llevamos 40 días aquí porque no nos escuchan”: alumnos del CIDE piden diálogo horizontal. Disponible en: https://www.milenio.com/politica/alumnos-cide-piden-dialogo-horizontal- escuchan

16 Reforma. Comunidad CIDE convoca a plantón pacífico. Disponible en:
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/
comunidad-cide-convoca-a-planton-pacifico/ar2329827

17 El Universal. Cancelan reunión en la que Álvarez-Buylla buscaba reformar estatuto del CIDE. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/cultura/cancelan-reunion-en-la-que-alvar ez-buylla-buscaba-reformar-estatuto-del-cide

18 La Jornada. Concluyen estudiantes del CIDE toma de instalaciones en Santa Fe. Disponible en:

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/15/politica/con cluyen-estudiantes-del-cide-toma-de-instalaciones-en-santa-fe/

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2022.

Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Dirección General del IPN a instalar una mesa de diálogo con una representación de 855 trabajadores de apoyo y asistencia a la educación afectados para revisar las posibilidades de aplicar el incremento de 3.9 por ciento correspondiente a la revisión salarial de 2021, a cargo de la diputada Lidia Pérez Barcenas, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Lidia Pérez Bárcenas, diputada federal a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) es una gran institución que ha contribuido al desarrollo del país a través de su oferta educativa. Su origen hunde sus raíces en los gobiernos posrevolucionarios y cristaliza en 1936 durante el mandato del General Lázaro Cárdenas del Río, quien, junto con Juan de Dios Bátiz, da vida a este generoso proyecto. De sus aulas han egresado cientos de profesionistas que se han incorporado a las diversas actividades productivas y de servicios del país, cumpliendo la misión para la que fue concebida.

Como lo establece su Ley Orgánica, el IPN es la institución educativa del Estado creada para consolidar, a través de la educación, la independencia económica, científica, tecnológica, cultural y política para alcanzar el progreso social de la nación, de acuerdo con los objetivos históricos de la Revolución Mexicana, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.1

Su misión es formar integralmente a técnicos, profesionistas e investigadores a través de programas pertinentes en distintas áreas del conocimiento; realizar investigación científica y tecnológica; promover la innovación y fomentar la vinculación y extensión con los sectores productivos y social, para contribuir al desarrollo tecnológico, económico, político, social y cultural del país.2

El Poli, como coloquialmente se le conoce, hoy hace realidad el derecho a la educación de 211 mil 839 alumnas y alumnos para el ciclo escolar 2020-2021, distribuidos de la siguiente manera: 6 mil 354 en el nivel de posgrado; 127 mil 485 en el nivel superior y 78 mil en el nivel medio superior. Imparte 164 programas académicos de posgrado, 46 doctorados, 80 maestrías, 38 especialidades, 78 programas académicos de licenciatura y 57 programas académicos de nivel medio superior.3

Por cuanto, a su planta laboral, cuenta con 16 mil 175 docentes y 9 mil 448 trabajadoras y trabajadores de apoyo. Actualmente el IPN ejerce un presupuesto de 5 mil millones de pesos, autorizados por la Cámara de Diputados para el Ejercicio Fiscal de 2022.

A esta representación popular se ha acercado personal de apoyo y asistencia a la educación del IPN para denunciar que 855 trabajadoras y trabajadores, ubicados en el Rango D del Tabulador Horizontal de salarios, fueron excluidos del incremento salarial del 3.9 por ciento que las autoridades de la institución pactaron con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 11, y que se pagó el 9 de junio de 2021. Ese aumento no fue reflejado, indebidamente, en el salario tabulado de los mencionados 855 trabajadoras y trabajadores pertenecientes al sector.

Dicho incremento forma parte de una negociación bilateral en torno a las Condiciones Generales de Trabajo, y que antes de esa fecha ya se les había reconocido. Manifiestan que el mencionado aumento directo al salario les ha sido negado sin explicación alguna, constituyendo un acto violatorio del derecho humano a la igualdad de oportunidades laborales.

El ajuste salarial demandado se desprende de un Convenio histórico suscrito por autoridades de la SEP y el IPN con la Sección 11 del SNTE: el Convenio de Homologación firmado en 1980. En la presentación del citado documento tripartita, el entonces Director General, Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez, escribe lo siguiente:

“De esta manera, autoridades educativas y delegados sindicales al dar a conocer los derechos y obligaciones de los trabajadores y de los funcionarios, tratan de crear conciencia entre los trabajadores para afirmar la responsabilidad de cada uno de ellos en el cumplimiento de los puntos de este Convenio. Así se responde a la demanda sindical de nivelación salarial al personal administrativo, técnico y manual del Politécnico con los sueldos y obligaciones de otras instituciones de enseñanza como lo son la UNAM y la UAM.”4

Además, en el mencionado Convenio se establece en la Cláusula XII lo que a continuación se transcribe:

“Las condiciones salariales del personal no docente del I.P.N., se revisarán anualmente a partir del mes de febrero a efecto de mantener la nivelación de los nuevos tabuladores los cuales no serán menores con respecto a los de las demás Instituciones Educativas similares de tipo Superior en el Área Metropolitana...”5

Es un compromiso de esta representación popular coadyuvar a la solución de los problemas de los sectores más desprotegidos de la sociedad y, en este caso, de las y los trabajadores de la educación. A ninguna institución educativa conviene un clima de conflicto laboral y de inconformidad de su personal de apoyo, quienes, indebidamente, han recibido un incremento salarial menor al de otras instituciones de educación superior, incumpliendo lo establecido en el Convenio de Homologación firmado en 1980. Las y los legisladores estamos obligados a velar porque el Instituto Politécnico Nacional siga cumpliendo con su misión educativa en bien de nuestra patria.

Máxime que a pesar de la pandemia provocada por el virus SARS COV2-COVID 19, el IPN incrementó su matrícula para el Ciclo 2022, en un 4.35 por ciento, es decir 9 mil 208 estudiantes más.

Además de que su aporte al combate a este flagelo quedó de manifiesto en varias acciones como su participación en la Comisión Internacional de Expertos, convocada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, para contribuir en los trabajos globales en el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19.6

Hoy cuando las autoridades han anunciado que regresarán a las clases presenciales el 31 de enero del año en curso, se requerirá de sus trabajadoras y trabajadores de apoyo y asistencia a la educación, todo su compromiso con esta noble institución.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional a instalar una mesa de diálogo, con una representación de las 855 personas trabajadoras de apoyo y asistencia a la educación afectadas, con objeto de que revisen las posibilidades de aplicar al salario base el incremento de 3.9 por ciento, correspondiente a la revisión salarial de 2021, que fue asignado al salario tabular de las y los trabajadores del IPN, a partir del 1 de febrero del mismo año 2021.

Notas

1 Artículo 1 de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

2 https://www.institutopolitecniconacional.com/historia (fecha de consulta: 6 de enero de 2022).

3 https://ipn.mx/assets/files/main/docs/Transparencia/2020-Agenda-ene-dic .pdf

4 Convenio SEP-IPN-SNTE-SECCIÓN XI, Mimeo, p. 3

5 Ibíd., p. 5

6 https://www.ipn.mx/assets/ccs/comunicados/2021/12/c-256-2021.pdf.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 19 de enero de 2022.

Diputada Lidia Pérez Bárcenas

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al secretario de Bienestar a celebrar una reunión para que detalle la corrupción que llevó a cancelar las estancias infantiles, suscrita por la diputada Itzel Josefina Balderas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Itzel Josefina Balderas Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

EL 28 de febrero del 2019, la Secretaría de Bienestar publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reglas de operación respecto al nuevo Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, el cual sustituía al Programa de Estancias Infantiles.

Respecto a las nuevas disposiciones se tenía que el gobierno federal entregaría el apoyo de forma directa a la madre, padre o tutor y no, a las estancias infantiles como anteriormente se hacía.

Esta decisión dejo en mayor vulnerabilidad tanto a los padres, niños y, las mismas estancias infantiles y es que el nuevo esquema de transacciones directas no tiene a garantía de que el apoyo sea destinado para el cuidado de calidad de una niña o un niño.

El origen de una estancia es poder favorecer a las niñas y niños, potencializar su desarrollo cognitivo, social, afectivo en un entorno seguro y amigable para él, mientras, su cuidador primario, madre o padre tiene la oportunidad de trabajar y con ello, la posibilidad de mejorar la calidad de vida de una familia.

Si bien el objetivo de estos cambios fue desaparecer la corrupción el hecho de permitir la entrega de apoyos sin intermediarios no es la solución ya que dicho programa no ha logrado la transparencia necesaria para comprobar que el dinero va para garantizar y salvaguardar el interés superior de la niñez.

La ciudadana Ariadna Montiel refirió un informe en el que aseguro que 40 por ciento de las estancias infantiles estaban en rojo, 26 por ciento en amarillo y solo el 30 por ciento no representaba situaciones de riesgo.

A pesar de saber que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) revisó dicho programa y encontró que el 96.5 por ciento de las usuarias consideró un impacto positivo en sus hijos y el 97.5 por ciento observó un mejor desarrollo motriz en los niños, la Secretaría hoy, 12 de enero del 2022, anuncia que avala la cancelación de las estancias infantiles por la supuesta corrupción en su operación.

Es necesario saber que esta decisión afecta de forma directa a las niñas y niños de nuestro país, afecta la gran lucha que tenemos por lograr la igualdad entre hombres y mujeres y, la toma de decisión que conlleva la cancelación de este programa debe ir debidamente sustentada y comprobada.

En Acción Nacional la prioridad es el bienestar de todas las familias mexicanas por lo que, por lo antes expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel a una reunión de trabajo con el objetivo de exponer los detalles y, demuestre la corrupción que llevo a la cancelación del programa de estancias infantiles, así como también, entregue el listado de los “niños fantasmas” que anteriormente habían sido detectados.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2022.

Diputada Itzel Josefina Balderas Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobernador de NL a remitir a esta soberanía el plan, las acciones y las estrategias de su administración para dar respuesta y solución a la crisis local de abasto de agua, suscrita por el diputado Juan Francisco Espinoza Eguía, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Juan Francisco Espinoza Eguía, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 impulsada por las Naciones Unidas y a la cual México se encuentra suscrito para impulsarla, establece en su objetivo número 6 “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”.1

En dicho objetivo, se establece como metas garantizar el acceso universal y equitativo al agua a precios asequibles para todos, de igual forma se establece que para el 2030 se plantea aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores, así como asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez, y con ello reducir el número de personas con falta de agua o suministro de agua.2

De lo anterior, el sexto párrafo del artículo 4o. de nuestra Constitución establece con claridad que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua, tanto para consumo personal como para uso doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, siendo el Estado, el garante de este derecho a través de las leyes, normas, bases, apoyos y modalidades que aseguren el acceso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, para lo cual se establecerá la participación de la Federación y las entidades federativas para cumplir con este derecho.

Recordemos además que el propio artículo 27 constitucional señala que le corresponde a la nación la propiedad de las aguas en el territorio nacional, y será a través de concesiones otorgadas por el Ejecutivo federal la administración de los distintos tipos de cuerpos para su aprovechamiento a través de las diferentes modalidades que dicte el interés público.

Por último, el artículo 5o. de la Ley de Aguas Nacionales establece que el Ejecutivo federal en coordinación con los gobiernos de los estados y los municipios promoverán las acciones pertinentes en materia de planeación, realización, administración y gestión de los recursos hídricos que garanticen el acceso a los servicios de agua para todas las personas.

En este sentido, y habiendo mencionado el marco jurídico anterior, cabe destacar que Nuevo León en esta materia presenta actualmente un problema grave de desabasto y escasez de agua en la entidad, que afectan a gran parte del estado principalmente el acceso para consumo humano y actividades de riego.

Muestras de lo anterior, es lo que ocurre con la presa “La Boca”, la cual ha llegado a presentar su peor nivel de almacenamiento con solo un 32 por ciento de su capacidad.3

En concreto, las presas “La Boca”, “Cerro Prieto” y “El Cuchillo”, las cuales representan las principales fuentes de abasto de agua del estado, a la cual se sumará la presa “Libertad”, hoy en día presentan niveles de llenado muy por debajo respecto a otros años, por lo que, el acceso al agua tal y como lo establece nuestra constitución se verá limitado y no garantiza que todas las personas dentro de nuestro estado cuenten con este servicio de forma equitativa y sostenible.

Ante la situación que se afronta en la entidad tiene que ver con el anuncio de cortes del suministro de agua que durará de 6 a 7 meses, a esta medida aún falta que las autoridades de Agua y Drenaje determinen con mayor precisión las causas que llevaron a la aplicación de esta acción, sin embargo, se sabe que está correlacionada a la situación de las presas que no cuentan con un nivel mínimo aceptable de llenado para abastecer a la entidad.

Por el contrario, las y los nuevoleoneses con los anuncios provenientes de Aguas y Drenajes del estado nos advierten que estamos lejos de garantizar que todas y todos tengan acceso al agua potable en sus hogares.

Reconocemos que desde el año 2020 a la fecha, se sigue impulsando la construcción de la presa Libertad como infraestructura adicional y estrategia para el abasto de agua a la población de Nuevo León, no obstante, la intención de contar con una nueva presa para nada significa abandonar la infraestructura existente que da servicio y atención a nuestra población en tanto se termina esta obra hídrica y otras medidas necesarias ante el crecimiento de la población del área metropolitana de Monterrey y el estado.

Actualmente, el problema de desabasto de agua en la entidad representa una situación de gravedad que deja en estado de vulnerabilidad a miles de familias nuevoleonesas que día a día y ante la aún persistente pandemia en su nueva variante es necesario que cada hogar tenga garantizado el acceso al servicio de agua.

De esta manera, resulta primordial que las autoridades en la materia presenten y demuestren con urgencia el plan de acción que ha programado el Ejecutivo de nuestro estado para atender esta situación de emergencia hídrica.

Asimismo, es de vital importancia que a la brevedad posible más allá de presentar y dar a conocer las estrategias, acciones y programas que tiene planeado el ejecutivo de nuestro estado para atender esta situación, es necesario implementar cada una de esas acciones y planes, pues a medida que avanza el tiempo en mayor situación de riesgo se expone a la población de la entidad.

El acceso al agua es y seguirá siendo siempre unos de los principales derechos humanos y como tal, debe constituir uno de los pilares fundamentales de cualquier plan estatal de desarrollo que garanticen una mejor calidad de vida.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo del estado de Nuevo León para que remita a esta soberanía el plan, acciones y estrategias que tiene su administración para dar respuesta y solución a la crisis de abasto de agua en la entidad.

Notas

1 Ver https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/

2 Ibídem.

3 Ver https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.as px?__rval=1&urlredirect=/baja-nivel-en-la-boca-y-destapa-compuertas /ar2331005

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 19 de enero de 2022.

Diputado Juan Francisco Espinoza Eguía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Consejo de Administración de Pemex a adecuar sus disposiciones generales de contratación, a cargo del diputado Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Manuel Rodríguez González , integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, a fin de adecuar las Disposiciones Generales de Contratación para Pemex y sus empresas productivas subsidiarias , al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Petróleos Mexicanos es la empresa más grande e importante de nuestro país, referente internacional en cuanto al tema de hidrocarburos. Las actividades de Petróleos Mexicanos involucran el total de la cadena productiva, desde la exploración, producción, transformación industrial, logística y comercialización.

El sitio electrónico de Pemex1 indica que, en materia de transformación industrial, Petróleos Mexicanos cuenta con seis refinerías, dos complejos petroquímicos y nueve complejos procesadores de gas que le permiten producir derivados de petróleo para hacerlos llegar a distintos sectores.

En logística cuenta con 83 terminales terrestres y marítimas, así como poliductos, buques, carros tanque y autos tanque, para abastecer a las más de 11 mil estaciones de servicio a lo largo de nuestro país.

Que es una empresa sustentable, socialmente responsable, con estrictos estándares de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental. Que dichas actividades se realizan con estricto apego a la integridad ecológica de las zonas en las que trabaja, impulsando el desarrollo social y económico de las comunidades.

Asimismo, la página web de Petróleos mexicanos señala que uno de los objetivos es que:

“A través de un modelo de atención se instrumente un mecanismo que atienda a los proveedores en cada etapa de su interacción con Pemex.

Vincular necesidades de las áreas usuarias de Pemex con oportunidades identificadas en el mercado; a partir de elementos como: atención a proveedores y contratistas, categorías, estudios de mercado y otras iniciativas de la Subdirección de Abastecimiento; además, proponer al área usuaria alternativas de procura a través de un modelo de contratación que maximice el valor de los recursos disponibles en beneficio de la organización en un contexto de mercado competido.

A través del modelo de atención cubrimos el objetivo de instrumentar un mecanismo que dirija los requerimientos de los usuarios hacia proveedores que ofrezcan las mejores soluciones integrales de procura y que atienda a los proveedores en cada etapa de su interacción con Pemex”.

Fundamento Legal

Artículo 19 de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias que establece las Reglas generales y que a la letra señala:

“Los Procedimientos de Contratación de bienes, arrendamientos, obras y servicios se efectuarán, por regla general, a través de concurso abierto, previa convocatoria pública para que libremente se presente cualquier interesado siempre que reúna los requisitos previstos en las presentes Disposiciones, y se realizarán a través del Sistema Electrónico de Contrataciones”.

Así como con fundamento en los artículos 13, fracción V, y 76, de la Ley de Petróleos Mexicanos, que faculta al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos para adecuar las Disposiciones Generales de Contratación para Pemex y sus empresas productivas subsidiarias y por considerar que el presente documento modernizará y actualizará con el uso de la e-firma a través del Sistema de Formalización de Contratos de Pemex (Sifocop), el proceso de la subcontratación de empresas regionales y/o de prestación de los servicios o suministro de los bienes para Petróleos Mexicanos, así como eficientar las compras y adquisiciones de la empresa y de los contratos con los proveedores, es que surge la materia y motivo del presente exhorto.

En este sentido y para mayor claridad de lo que se propone al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos para que actualice los artículos materia del presente ocurso, se anexa el siguiente cuadro comparativo:

Disposiciones Generales de Contratación para Pemex y sus empresas productivas subsidiarias 2

Por lo anterior expuesto y fundado, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, a fin de adecuar los artículos 20 y 39 de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos para que, una vez aprobada la presente proposición con punto de acuerdo, la adecuación de los artículos 20 y 39 de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias, se realice en su próxima reunión del Consejo.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos para que realice un informe a esta soberanía una vez realizada la adecuación señalada a las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias.

Notas

1 https://procura.com.mx/

2 http://www.dof.gob.mx/2021/PEMEX/DGC2021.pdf.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2022.

Diputado Manuel Rodríguez González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y diversas autoridades de salud a implementar o reforzar sus programas de atención integral a las mujeres, desde el embarazo, pasando por el parto y el periodo neonatal que garantice la salud materna y perinatal, a cargo de la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Joanna Alejandra Felipe Torres, integrante de la LXV Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

El Estado mexicano usa el enfoque basado en los derechos humanos como un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano, el cual está basado en las normas internacionales de promoción y protección de los derechos humanos; y ha avanzado en la incorporación de dicho enfoque a través de las políticas y programas destinados a reducir la mortalidad y morbilidad prevenibles asociadas a la maternidad.

La mortalidad materno infantil han sido reducidas de manera sustancial en los países desarrollados, por lo cual en esas naciones la mortalidad tiende a concentrarse en las edades avanzadas de las poblaciones. Sin embargo, en países como México no está ocurriendo un avance relevante en la disminución de la mortalidad infantil y materna, pues a pesar de los notables progresos conseguidos en ese sentido durante las décadas recientes, para seguir avanzando se requieren fuertes inversiones, toda vez que las causas frecuentes de muerte persistentes como las afecciones perinatales y las anomalías congénitas, son más costosas de combatir que las enfermedades inmunoprevenibles, que en gran parte ya han sido superadas.1

Estimaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud ponen de manifiesto que en 2018 murieron 6,2 millones de niños menores de 15 años, y que más de 290 mil mujeres murieron debido a complicaciones durante el embarazo y el parto en 2017. Del total de muertes infantiles, 5,3 millones ocurrieron en los primeros 5 años de vida, y casi la mitad de ellas en el primer mes de vida. El parto y el posparto son los momentos en que las mujeres y los recién nacidos son más vulnerables. Se estima que cada año mueren 2,8 millones de embarazadas y recién nacidos, esto es, 1 cada 11 segundos, la mayoría por causas prevenibles, según muestran las nuevas estimaciones.

El primer mes de vida es el momento de mayor riesgo de muerte, especialmente si se trata de niños prematuros o con bajo peso al nacer, si ha habido complicaciones durante el parto, si el recién nacido presenta defectos congénitos o si contrae alguna infección. Aproximadamente un tercio de esas muertes se producen durante el primer día y casi el 75 por ciento solo durante la primera semana.

En el plano nacional, el Inegi dio a conocer los principales resultados de las estadísticas de defunciones fetales 2020 con información de las características del embarazo, de la muerte fetal, del feto o producto y de la madre, entre los que hacen una distinción de las diferentes características, como a continuación se señalan:

1. Características del embarazo y parto . El 81.7 por ciento de mujeres sí recibieron atención prenatal. De ellas, 65.4 por ciento recibieron entre 1 y 5 consultas, 29.4 por ciento entre 6 y 10, 2.2 por ciento tuvo entre 11 y 15 consultas. Además, 0.5 por ciento asistió a consulta médica entre 16 y 20 veces y sólo 0.1 por ciento recibió más de 20 consultas durante el proceso de gestación que tuvo como desenlace una defunción fetal. El 2.4 por ciento de las mujeres que asistieron a consulta no especificó la cantidad de ellas. Del total de embarazos que terminaron en muerte fetal 15 mil 230 fueron atendidos por médicos ginecoobstetras y 5 mil 805 por otro tipo de médico. En contraparte, el personal que menos atendió este tipo de procedimiento fueron las enfermeras con 50 casos.

2. Características del feto o producto. Las muertes fetales tardías (de 28 y más semanas de gestación) representaron el mayor número de casos con 9 mil 588 (42.4 por ciento), seguidas de las intermedias (de 20 a 27 semanas) con 7 mil 816 (34.5 por ciento) y de las precoces (de 12 a 19 semanas) con 5 mil 232 (23.1 por ciento). Se excluye un caso de edad gestacional no especificado. Por sexo del feto, entre los hombres se presentó una frecuencia mayor (11 mil 881 casos) respecto a la que correspondió a las mujeres (8 mil 873 casos). El 8.3 por ciento correspondió a casos en los que no se especificó el sexo.

3. Características de la madre. El 88.8 por ciento de mujeres que tuvieron un embarazo que derivó en la muerte del producto, manifestó no hablar alguna lengua indígena, en tanto que mil 353 mujeres indicaron que sí la hablan. El 69.5 por ciento de mujeres que durante 2020 tuvieron un embarazo que terminó en la muerte del producto dijo no trabajar, 25.1 por ciento sí lo hacía y 5.4 por ciento no lo especificó. Con esta información se actualizan los principales indicadores nacionales de las estadísticas de mortalidad fetal. Estas estadísticas tienen como objetivo proporcionar información que permite conocer y comparar el volumen, tendencias y características de este hecho demográfico en los diferentes ámbitos geográficos del país, hasta el nivel de localidad, para contar con un insumo que permita realizar el análisis y la evaluación de acciones dirigidas a la elaboración de programas de salud materno infantil.

En otro aspecto, la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016 establece los criterios mínimos para la atención médica de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida, siendo obligatoria en todo el territorio nacional, llevando a cabo su aplicación por el personal de salud de los sectores público, social y privado del sistema nacional de salud.

El Programa Sectorial de Salud 2019-2024 dentro del objetivo prioritario 4.5 se generaron unas líneas de acción que las instituciones de salud tienen la obligación de cumplir, entre ellas destacan:

4.5 Salud sexual y reproductiva

Garantizar el acceso a los servicios de salud en materia de derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la planificación familiar, especialmente en adolescentes y jóvenes.

4.5.1 Implementar campañas educativas en salud sexual y reproductiva para reducir los riesgos y desarrollar habilidades y actitudes relacionadas con una vida saludable bajo un enfoque participativo, intercultural, de género y de derechos humanos.

4.5.2 Difundir a través de tecnología interactiva y redes sociales amigable y accesibles para las y los adolescentes y jóvenes información para promover el ejercicio consiente de sus derechos sexuales y reproductivos.

4.5.3 Proporcionar consejería y orientación a través de campañas y servicios que promuevan y faciliten métodos anticonceptivos, con énfasis en la población de adolescentes y jóvenes, para la prevención de embarazos no deseados e infecciones de trasmisión sexual.

4.5.4 Promover la orientación y consejería en planificación familiar, bajo un enfoque integral que consideré las decisiones en pareja y garanticé información veraz, oportuna y con pertinencia cultural y perspectiva de derechos humanos especialmente en jóvenes.

4.5.5 Brindar orientación tanto a hombres como a mujeres en los casos de infertilidad, garantizando información veraz para la prevención, diagnóstico, manejo y referencia oportuna.

4.5.6 Otorgar atención integral a las mujeres, desde el embarazo, pasando por el parto y el periodo neonatal que garantice la salud materna y perinatal con énfasis en adolescentes embarazadas, priorizando la erradicación de la discriminación, estigmatización y violencia obstétrica.

4.5.7 Procurar la vinculación interinstitucional y fomentar la participación comunitaria para garantizar la adopción de los enfoques transversales en materia de salud sexual y reproductiva y procurar la pertinencia cultura de cada región

4.5.8 Garantizar la aplicación de la NOM 046- SSA2-2005, para la atención de las mujeres, niñas y adolescentes en situación de violencia familiar o sexual, incluido el procedimiento de ILE, cuando aplique, en casos de violación.

Como se puede apreciar, el programa sectorial en materia de salud prevé distintos programas para atender la problemática planteada. No obstante, los resultados han sido poco claros tanto a nivel federal y local, pues recordemos que uno de los derechos fundamentales garantizados en la Constitución es el acceso a la salud de calidad y para dar cumplimiento a esto se debe exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno su pronta aplicación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud, a sus homólogas de las entidades federativas, al Instituto Mexicano del Seguro Social, y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a implementar o, en su caso, reforzar programas de atención integral a las mujeres, desde el embarazo, pasando por el parto y el periodo neonatal que garantice la salud materna y perinatal, con la finalidad de prevenir las muertes materno infantil.

Nota

1 Aguirre, Alejandro. La mortalidad infantil y la mortalidad materna en el siglo XXI, 2009, volumen 15, número 61, páginas 75-99. Disponible en:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252009000300005&lng=es&nrm=iso. ISSN2448-7147.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2022.

Diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y sus 32 homólogas locales a concluir la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19 a todo el personal de salud de hospitales públicos y privados ante el avance de la variante Ómicron, suscrita por la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Yolanda de la Torre Valdez, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento lo dispuesto en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La aparición de una nueva variante de Covid-19 denominada Ómicron ha encendido las alertas de la OMS por la cantidad de mutaciones, el nivel de trasmisibilidad, la gravedad y el riesgo de reinfección que se han identificado en los estudios y pruebas realizadas al momento, se estima que dicha variante a la fecha ya se encuentra en la totalidad de países incluso si no se tiene registro de su detención por las autoridades sanitarias.

Ya durante los primeros días de 2022, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), advirtió que la variante Ómicron está hospitalizando y matando personas, y ocasionando un tsunami de casos.1

“Al igual que las variantes anteriores, Ómicron está hospitalizando y matando gente. De hecho, el tsunami de casos es tan grande y rápido, que está desbordando los sistemas sanitarios de todo el mundo”, dijo.

“Los hospitales están saturados y faltos de personal, lo que se traduce además en muertes evitables no sólo por Covid-19 sino por otras enfermedades y lesiones en las que los pacientes no pueden recibir la atención oportuna”.

En el mismo sentido se informó que en el lapso de una semana 9.5 millones de personas se infectaron de Covid-19, cifra récord registrada en lo que va de la pandemia.

En nuestro país se vive una situación similar, según datos de la propia Secretaría de Salud, se han roto récord de contagios por día, incluso de forma consecutiva. Se puede apreciar que del 10 al 11 de enero la cifra da un salto considerable al pasar de 11 mil 52 casos a 33 mil 626, cifra superada con creces el 12 de enero al registrarse 44 mil 187 infecciones nuevas, para el 13 de enero se pudo apreciar una leve contención de los casos al disminuir a 43 mil 523 casos, sin embargo, durante los dos días siguientes (14 y 15 de enero) nuevamente se presentó un incremento consecutivo al registrarse 44 mil 293 y 47 mil 113 casos.

En dicho informe2 se detalla que, al 14 de enero de 2022, a nivel mundial se han reportado 318 millones 648 mil 834 casos confirmados (3 millones 120 mil 435 casos nuevos) y 5 millones 518 mil 343 defunciones (7 mil 942 nuevas defunciones).

Documenta también que en las últimas 24 horas se reportaron 3 millones 120 mil 435 casos y 7 mil 942 defunciones y una letalidad de 1.7 por ciento a nivel global.

Puntualiza también que para el caso de México hasta el día de hoy se han confirmado 4 millones 368 mil 314 casos totales y 301 mil 410 defunciones totales por Covid-19.

En relación con la ocupación hospitalaria, durante las últimas 24 horas, la ocupación de camas generales incrementó un punto porcentual para ubicarse en 30 por ciento y la demanda de camas con ventilador mecánico no registra cambios y se mantiene en 17 por ciento.

Lo anterior refleja un panorama completamente distinto ante un escenario similar en relación con el incremento acelerado de los casos diarios de Covid-19 y la ocupación hospitalaria, si bien, no se debe minimizar el impacto de la nueva variante y la presión al sistema hospitalario, lo que si debemos hacer es reconocer que las vacunas nos han traído enormes beneficios.

Basta con recordar que durante las olas de contagios anteriores el incremento acelerado de contagios provocó escasez de tanques y concentradores de oxígeno, saturación de hospitales, y una mayor cantidad de muertes registradas, situación que por el momento afortunadamente no se ha presentado de forma descontrolada, prueba fehaciente de que las vacunas nos han proporcionado protección.

Sin embargo, estos resultados nos deben comprometer a redoblar esfuerzos para que todas y todos podamos contar con esquemas de vacunación completos, y además podamos proporcionar dosis de refuerzo a la población que así lo requiera, en especial a las personas más propensas a infectarse, sobre todo al personal de salud de hospitales públicos y privados, fundamentales para el correcto funcionamiento del sistema de salud en nuestro país.

Al respecto la Secretaría de Salud con fecha 16 de enero de 2022 en un comunicado informó que a la fecha las 32 entidades federativas reportan 155.8 millones de dosis aplicadas, y desde el inicio de la Estrategia Nacional de Vacunación y hasta este 15 de enero, 82 millones 898 mil 265 personas han sido inmunizadas contra Covid-19.

Del total, 75 millones 617 mil 241 cuentan con un esquema de vacunación completo, y siete millones 281 mil 24 con primera dosis, mismas que completaran su esquema de vacunación en cuanto cumplan con el lapso requerido para su segunda aplicación.

Para el caso de las coberturas adicionales, se tiene registro de la aplicación de 6 millones 701 mil 262 dosis de refuerzo para personas adultas mayores, con una cobertura del 51 por ciento, y la aplicación de 421 mil 915 dosis de refuerzo para el personal de salud, con una cobertura de 32 por ciento al 11 de enero de 2022, sin embargo, no se cuenta con un informe pormenorizado del avance de la aplicación de las dosis de refuerzo por entidad y por sector, por lo que no se tiene claridad de cuantas dosis se han aplicado al personal de salud de hospitales públicos y cuantas al personal de hospitales privados, así como el avance que representa cada entidad federativa.

Únicamente se cuenta con información de las fechas de aplicación de las dosis de refuerzo y las sedes, esto para algunas entidades federativas que ya han comenzado a vacunar al personal de salud público y privado con los esquemas adicionales.

Es el caso de la CDMX que comenzó con la inoculación el 27 de diciembre de 2021 para el personal de salud de instituciones públicas y para el caso del personal de salud de instituciones privadas se contó con un periodo del 11 al 15 de enero de 2022, sin embargo, al momento se desconocen las cifras exactas en cada entidad federativa.

La OMS hace una diferencia sustancial entre las dosis de refuerzo y las dosis adicionales, para la primera detalla “se administran a una población que ha completado el esquema primario de vacunación (actualmente una o dos dosis de las vacunas contra la Covid-19 contempladas en la Lista de Uso de Emergencia, de acuerdo con las especificaciones de cada una) cuando, con el tiempo, la inmunidad y la protección clínica han caído por debajo de una tasa considerada suficiente para esa población. El objetivo de la dosis de refuerzo es restablecer la eficacia de la vacuna a partir de que se considera que esta ya no es suficiente”.

Para la segunda, que “pueden ser necesarias como parte de un esquema de vacunación primario ampliado para poblaciones objetivo en las que la tasa de respuesta inmunitaria tras el esquema primario estándar se considera insuficiente. El objetivo de la dosis adicional es mejorar la respuesta inmunitaria para establecer un nivel suficiente de eficacia contra la enfermedad. En específico, las personas inmunocomprometidas a menudo no logran alcanzar una respuesta inmune protectora después de que se les aplica el esquema básico de vacunación, los adultos mayores también pueden tener una baja respuesta a un esquema estándar con algunas vacunas”.3

Lo anterior nos permite comprender la finalidad de una dosis de refuerzo, es indudable que las vacunas están funcionando, sin embargo, diversos estudios han observado que la protección que nos ofrecen puede disminuir con el paso del tiempo, por lo que es necesaria una dosis de refuerzo, sin embargo, la OMS y las Naciones Unidas han señalado que, ante los escases de vacunas a nivel mundial, la prioridad debe ser prevenir enfermedades graves y el mantenimiento de los sistemas sanitarios.

Por esta razón reconocemos el gran avance de la Estrategia Nacional de Vacunación, pero también advertimos la necesidad de fortalecerla, sobre todo cuando se trata de evitar el colapso de nuestro sistema de salud ante el incremento acelerado de casos de Covid-19, ya que se tiene registro de que la explosión de Ómicron comienza a colapsar todo tipo de servicios en las grandes ciudades del mundo, por la cantidad de personas que se contagian en tan poco tiempo, dejando sin personal a empresas e instituciones, situación que debemos evitar si queremos garantizar el acceso a la salud de todas y todos.

La importancia del personal de salud en el combate de la pandemia de Covid-19 es innegable, y merecen todo nuestro reconocimiento, pero también nuestro respaldo, por ello es necesario que les brindemos la protección que necesitan para seguir manteniendo a flote nuestro sistema de salud, y continúen salvando la vida de las y los mexicanos.

Por tal motivo es necesario que con carácter de urgente la totalidad del personal de salud tanto público como privado cuente con una dosis de refuerzo, y para ello es necesario que contemos con un informe pormenorizado de los avances de la aplicación de este esquema de protección a nivel federal y por entidad federativa.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, y a sus homólogas en las 32 entidades federativas para que, con carácter de urgente, se concluya con la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 (Covid-19), a todo el personal de salud de hospitales públicos y privados ante el avance de la variante Ómicron.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, y a sus homólogas en las 32 entidades federativas para que, con carácter de urgente, realicen un informe pormenorizado de los avances en la aplicación de las dosis de refuerzo en cada entidad federativa ante el avance de la variante Ómicron.

Notas

1 Recuperado en https://coronavirus.onu.org.mx/omicron-esta-ocasionando-un-tsunami-de-c asos-de-covid-19-oms

2 Consultado en https://www.gob.mx/salud/documentos/coronavirus-covid-19-comunicado-tec nico-diario-238449

3 Recuperado en https://coronavirus.onu.org.mx/declaracion-provisional-sobre-la-aplicac ion-de-dosis-de-refuerzo-de-la-vacuna-covid-19

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2022.

Diputada Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sener y Pemex a integrar la refinería de Salamanca Ingeniero Antonio M. Amor en las 10 tareas para fortalecer la paraestatal, con objeto de obtener mayor producción de barriles de crudo a través del tren de lubricantes, suscrita por la diputada Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Raquel Bonilla Herrera , integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos a integrar en sus diez tareas para el fortalecimiento de Pemex, a la refinería de Salamanca Ing. Antonio M. Amor (Riama), con el objetivo de obtener mayor producción de barriles de crudo a través del tren de lubricantes, para disminuir importaciones y consolidar la soberanía energética , al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La refinería Ing. Antonio M. Amor (Riama) de Petróleos Mexicanos (Pemex) que se ubica Salamanca, Guanajuato, desde hace 70 años ha sido un elemento de impulso para el desarrollo social y económico del centro de nuestra nación, al proveer a la región central de combustibles y otros petrolíferos necesarios para la actividad industrial.

La refinería en comento inició operaciones el 30 de julio de 1950 y abarca 518 hectáreas en las que se sitúan 45 plantas con capacidad de producción de 220 mil barriles diarios de petróleo crudo, produciendo petrolíferos de la más alta calidad. Su zona de predominio abarca los estados de Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas.

A 70 años de su puesta en marcha, la refinería ha pasado por diferentes ciclos que representan avances muy importantes en su infraestructura y que han transformado procesos de avance tecnológico, sistemas de control distribuido y avanzado que han logrado la elaboración de combustibles que cumplen con las especificaciones internacionales en materia de cuidado al medio ambiente.

El Sistema de Refinación de Riama es único derivado de que tiene una producción muy importante de lubricantes básicos para atender la demanda de nuestro país, además de gasolinas Pemex Premium y Pemex Magna Ultra Bajo Azufre, Pemex Diésel y Diésel UBA, turbosina y asfalto Pemex EKBE Superpave.

Además de los combustibles algunos productos que se obtienen en las refinarías mexicanas son:

-Propileno

-Asfalto

-Combustóleo

-Azufre

-Aceites básicos

-Parafinas

-Isopropano

-DEA (dietanolamina)

-Etileno

Particularidades:

-Un caso en particular, los aceites básicos, son producidos en la refinería Ing. Antonio M. Amor , en Salamanca, Guanajuato.

-Estos aceites básicos sirven como materia prima de la mayoría los aceites y grasas industriales consumidas en el país.

-Entre mejor sea la calidad de estos básicos, las vehículos y maquinaria tienen menos emisiones y desgaste. Cabe mencionar que se comercializan mejor internacionalmente por esta cualidad.

-Los aceites básicos grupo I, que son los que actualmente produce la refinería, son los más demandados en este momento. Siendo Latinoamérica la zona que más demanda este insumo.

-Los aceites básicos grupo II son los más demandados en el mercado mundial en este momento. Según un estudio de ExxonMobil ocuparán el 40 por ciento de la demanda mundial en 10 años, siendo el producto más demandado del mundo en lubricantes.

Dependencia internacional:

-De 2003 a 2020 se importaron aproximadamente los siguientes valores y cantidades de productos:

-Aceites básicos – 6 mil 200 millones de dólares y 11 mil 600 millones de litros.

-Parafinas - 100 millones de dólares y 76 millones de kilos.

-Etileno – 46 millones de dólares y 38 millones de kilos

-Propileno – 2 mil 400 millones de dólares y 2 mil 400 millones de kilos.

-Total: 8 mil 746 millones de dólares de valor importados de 2003 a 2020.

En relación a las asociaciones público-privadas (APP), el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas1 de la Cámara de Diputados, en su publicación “Las asociaciones público-privadas como alternativa de financiamiento para las entidades federativas” refiere que:

“La provisión tradicional de infraestructura y servicios públicos en el mundo se enfrentaba a múltiples retos, principalmente relacionados a la disponibilidad limitada de recursos presupuestarios, a un endeudamiento público creciente y a bajos estándares de operación y mantenimiento de la infraestructura construida y de los servicios prestados a los ciudadanos. En este contexto surgen las asociaciones público-privadas como una alternativa para financiar y desarrollar proyectos de infraestructura asociados a la provisión de servicios, mediante una mayor participación del sector privado.

En las APP, la participación privada se da a través acuerdos contractuales de largo plazo entre el gobierno y un socio del sector privado, donde este último típicamente financia y provee un servicio público usando un activo de capital o de infraestructura.

Entre las principales ventajas de estos esquemas se encuentran la liberación de recursos públicos presupuestarios utilizados para financiar la construcción de infraestructura; la aceleración en la provisión de infraestructura; la transferencia óptima de riesgos al sector privado asociados al desarrollo de los proyectos de infraestructura y prestación de servicios; la generación de mayor valor por el dinero público invertido; y las ganancias en eficiencia, así como la mejora de los estándares de desempeño y del nivel de servicio.

Es importante reiterar que las APP no son por sí mismas la panacea de la limitada disponibilidad de recursos, ni siempre el esquema más adecuado para un proyecto de infraestructura, requiere de un análisis riguroso de la conveniencia de optar por esta alternativa frente al esquema tradicional de provisión pública. Existe un amplio espectro de modalidades de APP que pueden implementarse, variando en función tanto de las necesidades y características de cada proyecto, como de las condiciones institucionales y del entorno específico. De igual manera, para que una APP materialice sus ventajas potenciales, es fundamental una evaluación y una asignación apropiada de los riesgos a la parte con mejor capacidad para gestionarlos y mitigarlos.

También señala el documento del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados que, en México, la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios han desarrollado diversos proyectos mediante asociaciones público-privadas. En muchos casos, éstas han resultado ser una alternativa eficaz y eficiente para financiar infraestructura y prestar servicios públicos. Al igual que en otras partes del mundo, entre las principales razones por las que se utilizan estos esquemas están una menor disponibilidad de recursos presupuestarios y presiones a las finanzas públicas debido a un endeudamiento creciente.

Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO, 2015), la deuda subnacional en México presentó un crecimiento real de 343 por ciento entre 1993 y marzo del 2015. Además, de acuerdo a la SHCP, la deuda subnacional como proporción de las participaciones federales pasó de 68.1 por ciento en 1994 a 85.2 por ciento en 2015. Dado esto, se advierte una tendencia creciente en el largo plazo, por lo que se requerirá de diversas medidas de prudencia fiscal a nivel local, principalmente al nivel de las entidades federativas, las cuales concentran el 89 por ciento de la deuda pública subnacional (IMCO, 2015).2

Un punto importante de dicho estudio es que indica que: “En este contexto, la implementación adecuada de esquemas de asociación público-privada para el desarrollo de proyectos de infraestructura y servicios públicos en las entidades federativas y los municipios, se convierte en una alternativa atractiva de financiamiento”.

Como elemento importante del documento del Centro de Estudios de las Finanzas Publicas es de señalar lo que indica en sus consideraciones finales, en la tesitura siguiente:

Otra consideración importante sobre las APP es que existen diversos programas federales y fondos de la banca de desarrollo que pueden fungir como fuente de financiamiento. Por ello, debe existir una coordinación efectiva y una comunicación estrecha entre las entidades federativas y municipios con la federación, tanto para asesoría técnica y financiera, como para acceder a dichas alternativas.

Finalmente, es fundamental que las entidades federativas y municipios que no cuentan con un marco jurídico en materia de asociaciones público-privadas, trabajen para elaborar una legislación moderna y ágil que otorgue certidumbre jurídica a los potenciales inversionistas y desarrolladores de proyectos de APP.

Para ello, un referente importante es la Ley de asociaciones público-privadas y su reglamento, así como los lineamientos y demás documentos técnicos relacionados emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Sin duda, los argumentos anteriormente referidos del documento del Centro de estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y enunciados para referencia de la presente proposición con punto de acuerdo fortalecerán el fin que se persigue con el presente ocurso.

Por lo anterior expuesto y fundado, presento ante el pleno de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división de poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos a integrar en sus diez tareas para el fortalecimiento de Pemex, a la refinería de Salamanca Ing. Antonio M. Amor (Riama), con el objetivo de obtener mayor producción de barriles de crudo a través del tren de lubricantes, para disminuir importaciones y consolidar la soberanía energética.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división de poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía y a Pemex Transformación Industrial a examinar y actualizar el Proyecto con Clave 0318T4M0115, nombre “Tren de Lubricantes de la Refinería de Salamanca”, descripción Construcción de plantas nuevas, modernización del tren de lubricantes actual y descuellamiento de las plantas primarias para satisfacer la de demanda de lubricantes en el corto plazo, a partir de una mezcla de crudo más económica.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división de poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía y a Pemex Transformación Industrial a designar recursos públicos o asociaciones público-privadas para recuperar el Tren de Lubricantes actual y proyectar la construcción de uno nuevo y obtener derivados petrolíferos que conlleven mayor utilidad para Petróleos Mexicanos.

Notas

1 https://cefp.gob.mx/new/index.php

2 https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/07/2015_Reporte_Deuda_subna cional.pdf

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2022.

Diputada Raquel Bonilla Herrera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Senado a emitir excitativa a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos para dictaminar de inmediato la minuta sobre actualización del tipo penal de feminicidio, aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados el 8 de marzo de 2021, a cargo de la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Joanna Alejandra Felipe Torres, integrante de la LXV Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

El 8 de marzo 2021, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados sometió a discusión del pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 325 del Código Penal Federal y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de actualización del tipo penal de feminicidio, dicha minuta tiene por objeto diseñar un tipo penal que pudiera servir de marco para su homologación en las entidades federativas, dado que éste es uno de los delitos que cuenta con mayor impunidad en todos los niveles de la impartición de justicia.

El feminicidio constituye la forma más extrema de violencia contra la mujer y representa una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas, pues culmina con la privación de la vida de la mujer. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre los meses de enero a octubre de 2020, se han registrado un total de 777 feminicidios.1

En este sentido, el primer trimestre del 2020 fue uno de los más violentos del país, ya que se observó un incremento histórico del delito feminicidio. Las cifras demuestran que los estados en los que se reportó una alta incidencia de este delito son estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Puebla, Baja California, Morelos, Oaxaca, Coahuila, San Luis Potosí y Sonora.2

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Por otro lado, el número de mujeres víctimas de homicidio doloso continúa al alza. Según cifras del SESNSP, entre los meses de enero y octubre del presente año, se han reportado un total de 2 mil 384 homicidios dolosos contra mujeres; siendo abril el mes más critico, puesto que registró un total de 265 casos. Lo cual, no sólo evidencia un aumento desmesurado de actos violentos contra la mujer, sino que, además, demuestra que aun en tiempos de confinamiento por pandemia, la violencia de género continúa siendo un peligro latente que acecha la vida y dignidad de miles de mujeres en el país. De acuerdo con la Red Nacional de Refugios durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, las llamadas y mensajes de apoyo relacionadas con violencia familiar y de género atendidas por la Red, incrementaron en 55 por ciento.3

Conviene señalar que la impunidad ante los feminicidios y homicidios dolosos de mujeres alcanzaron niveles alarmantes. Según el informe de Impunidad Cerdo denominado “Impunidad en homicidio doloso y feminicidio: reporte 2020”, el año pasado, los estados que presentaron el mayor número de asesinatos de mujeres no resueltos son Baja California Sur que obtuvo un 100 por ciento de impunidad, luego de presentar únicamente dos casos; seguido de Guerrero, con 93.8 por ciento; Jalisco, 86.7 por ciento; Colima, 81.8 por ciento; y Quintana Roo, con 66.7 por ciento.4

Ante esta situación, diversos doctrinarios y especialistas en la materia destacan la importancia de promover una cultura de prevención por parte de las autoridades. Toda vez que la violencia de género y el feminicidio son contemplados como fenómenos delictivos de amplia dimensión, mismos que pueden ser presenciados en diversas áreas y espacios de desarrollo de la mujer.

Por lo anterior, resulta urgente la dictaminación de esta Minuta y, de lo anterior, se encuentra su justificación en el artículo 214 numerales 1 y 3 del Reglamento del Senado de la República que, a la letra, señala:

“Artículo 214

1. Transcurridos veinte días hábiles del plazo para dictaminar, el presidente emite directamente excitativa a las comisiones que corresponda, en los términos del artículo 67, párrafo 1, inciso g), de la ley. De haberse establecido un plazo mayor, la excitativa se hará cuando transcurran las dos terceras partes del mismo.

2. ...

3. En los casos de iniciativas presentadas por otros sujetos con derecho a ello o de los proyectos enviados por la Cámara de Diputados, las excitativas pueden ser solicitadas por el senador que así lo estima pertinente.”

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Presidencia del Senado de la República a emitir atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, a fin de dictaminar de manera inmediata la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 325 del Código Penal Federal, y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de actualización del tipo penal de feminicidio, aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados el 8 de marzo de 2021 y recibido por el Senado de la República el día 10 del mismo mes y año.

Notas

1 “Información sobre violencia contra las mujeres”, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), consultado el 5 de enero de 2021. Disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1err78aRUv63aU1_HipYKE_VgAcEdC2tN/view

2 Ibid.

3 “Confinamiento, incertidumbre y situación económica disparan violencia familiar, señala estudio del IBD”, Coordinación de Comunicación Social del Senado de la República, 27 de junio de 2020. Disponible en:

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/ boletines/48468-confinamiento-incertidumbre-y-situacion-economica-dispa ran-violencia-familiar-senala-estudio-del-ibd.html

4 “Más del 50 por ciento de feminicidios impunes en México: Impunidad Cero”, Carlos Vega, Milenio, 10 de noviembre de 2020. Disponible en: https://www.milenio.com/policia/mas-de-la-mitad-de-feminicidios-en-mexi co-quedan-impunes

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2022.

Diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la titular del SAT a implantar de forma urgente un programa de capacitación presencial y semipresencial dirigido a micro y pequeños prestadores del servicio de autotransporte de carga para el uso y requisitado correcto del CFDI complemento carta porte, suscrita por el diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe diputado Francisco Javier Borrego Adame , Integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la jefa del Servicio de Administración Tributaria, maestra Raquel Buenrostro Sánchez, para que implemente de forma urgente un programa de capacitación presencial y semipresencial, dirigido al micro y pequeño prestador del servicio de autotransporte de carga del país (hombre y mujer camión), para el uso y requisitado correcto del CFDI Complemento Carta Porte , al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El objetivo del CFDI con su Complemento Carta Porte es relacionar los bienes o mercancías, ubicaciones de origen, puntos intermedios y destino, así como lo referente al medio a través del cual se transportan; ya sea por vía terrestre (carretera o líneas férreas), aérea, marítima o fluvial; además de incluir el traslado de Hidrocarburos y Petrolíferos.1

De acuerdo con el portal del SAT Complemento Carta Porte - Factura electrónica - Portal de trámites y servicios - SAT esta nueva disposición, que ya se encuentra en vigor, puede o debe ser utilizada Aquellos contribuyentes que requieren trasladar bienes y/o mercancías en territorio nacional, por alguna de las siguientes vías:

-Terrestre

-Marítima

-Aérea

-Ferroviaria

Desde el inicio del planteamiento de esta nueva regla o disposición en materia fiscal, el sector autotransporte de carga estuvo de acuerdo en sumarse y apoyar los esfuerzos para generar una nueva cultura recaudatoria, tal y como lo ha propuesto el presidente de la república a través de esta disposición que implementará este año el Servicio de Administración Tributaria.

En ese sentido y en un afán de construir un dialogo constructivo con la autoridad recaudatoria del país que dirige atinadamente la maestra Raquel Buenrostro, se lograron alcanzar los acuerdos necesarios para establecer dos prórrogas en el año 2021, para que esta disposición entrara en vigor hasta el 1 de enero del presente ejercicio fiscal; otro aspecto fundamentales a los que accedió el SAT, fue el hecho de que los primeros tres meses del año 2022, no iba aplicar ningún tipo de multa a los transportistas, en lo que se familiarizaban con esta regla, además se logró obtener las siguientes simplificaciones administrativas:

-El complemento Carta Porte entrará en vigor el 1 de enero de 2022, sin embargo, los contribuyentes tienen hasta el 31 de marzo de 2022 como periodo de transición para emitir correctamente su factura electrónica con complemento Carta Porte sin multas y sanciones.

-Quienes utilicen vehículos de carga ligera para transitar en un tramo cuya longitud de carretera federal no exceda los 30 kilómetros, no requieren emitir factura electrónica con complemento Carta Porte.

-Para las operaciones de comercio exterior, la factura electrónica con complemento Carta Porte será exigible a partir del 31 de marzo de 2022.2

Es importante destacar, que, según registros de la Secretaria Infraestructura Comunicaciones y Transportes, el 97.5 por ciento de los prestadores del servicio de autotransporte de carga están en el rango del micro y pequeño empresario (hombres y mujeres camión), quienes operan entre 1 a 30 unidades y atienden el 50 por ciento del mercado; sobre todo el segmento de productos del campo y bienes de consumo.

Es evidente que, por su estructura, los hombres y mujeres camión son quienes aún no están en posibilidades de cumplir con la mencionada regla, máxime que hasta el momento no se ha dado a conocer la aplicación a la que se comprometió el SAT, para facilitarles el proceso.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del pleno de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la jefa del Servicio de Administración Tributaria, maestra Raquel Buenrostro Sánchez, para que implemente de forma urgente un programa de capacitación presencial y semipresencial, dirigido al micro y pequeño prestador del servicio de autotransporte de carga del país (hombre y mujer camión), para el uso y requisitado correcto del CFDI Complemento Carta Porte.

Notas

1 [1]Complemento Carta Porte - Factura electrónica - Portal de trámites y servicios - SAT

2 [1] https://www.gob.mx/sat/prensa/el-sat-informa-que-habra-un-periodo-de-tr ansicion-para-emitir-correctamente-la-factura-concomplemento-carta-port e-sinmultasysanciones84-2021?idiom=es

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2022.

Diputado Francisco Javier Borrego Adame (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a corregir los subejercicios del Inshae y atender la falta de atención médica y fármacos en las instituciones del tercer nivel, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba, integrante del Grupo Parlamentario del PAN en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

Ante el embate de la pandemia de Covid-19, en el Paquete Económico 2021, el Ejecutivo federal señaló que la prioridad era preservar la salud pública, las vidas y el bienestar de la población; para ello propuso a la Cámara de Diputados promover una reactivación rápida y sostenida del empleo y de la economía, así como continuar con la reducción de la desigualdad.

El gobierno de la cuarta transformación, al eliminar la certeza que otorgaba el Seguro Popular a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que proporcionaba protección financiera contra altos gastos en salud que empobrecían a las familias; se comprometió a proporcionar todos los servicios y todos estudios y medicamentos asociados a la atención médica. En esos términos, lo estableció la mayoría de Morena en el Congreso.

Sin embargo, a tres años de gobierno y de que el presidente, AMLO se comprometió a establecer para todos las mexicanas y mexicanos un sistema de salud nórdico, que atendiera con los más altos estándares de calidad y de manera gratuita todas las enfermedades; la realidad es otra.

Miles de familias en las cuales algún o algunos de sus integrantes enfrentan un enfermedad de alta complejidad o también conocida como enfermedad que genera gastos catastróficos,1 acuden a las instituciones públicas de tercer nivel con la esperanza de encontrar la atención pertinente a sus necesidades; desafortunadamente se enfrentan a un calvario, pues estas instituciones no cuentan ni con el personal suficiente y con los insumos, equipos e infraestructura necesarios para brindar una atención digna.

No obstante que la Ley General de Salud vigente, en su artículo 77 Bis 1, establece de manera textual que todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención, de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.

Y que, además, el gobierno federal, en su Programa Sectorial de Salud 2019 – 2024, señala en sus estrategias y acciones puntuales, en el punto 1.4 –Atención especializada para población no derechohabiente– que se garantiza la atención especializada de la población no derechohabiente priorizando a grupos en situación de vulnerabilidad, marginación o discriminación.

Asimismo, que entre las acciones a realizar por el gobierno federal están:

• Analizar las necesidades de servicios de atención especializada requeridos por la población sin seguridad social laboral y redefinir los alcances en el acceso efectivo de dichos servicios.

• Coordinar los institutos, hospitales de alta especialidad para definir los mecanismos que garanticen la gratuidad en instancias de tercer nivel de atención para población no derechohabiente.

• Impulsar las propuestas o modificaciones al marco normativo que rige al sector salud para ampliar la obligación de todas las instituciones en brindar atención especializada.

• Realizar un Censo de Capacidad Instalada de Servicios de Alta Especializada bajo un enfoque territorial que identifique y garantice la cobertura y correspondencia con las necesidades de la población.

Para ello, dentro de la estructura de la Secretaría de Salud federal se estableció la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, CCINSHAE, la cual se encarga de diseñar e implementar políticas, estrategias y modelos innovadores para propiciar que los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad generen conocimiento científico de vanguardia y formen recursos humanos especializados, que contribuyen a mejorar la salud de la población mediante el uso óptimo de los recursos institucionales disponibles.

Dicha Comisión Coordinadora tiene como misión conformar una unidad administrativa de vanguardia que propicie el cumplimiento de los objetivos de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad a través de la generación de conocimiento científico y la formación de recursos humanos, que garantice el acceso equitativo de la población a servicios de salud de alta especialidad eficientes y de alta calidad.

Dentro de sus múltiples objetivos se encuentra el conducir las políticas públicas para la prestación de los servicios de salud a su cargo y, en todas las materias de atención médica de alta especialidad, investigación en salud y educación de postgrado, y desarrollar temporalmente acciones en las entidades federativas, previa solicitud que al efecto presenten, de conformidad con los acuerdos de coordinación que se celebren para los efectos, entre muchos otros.

Además de conducir nuevos esquemas de organización, administración, gestión y financiamiento para hacer más eficiente la operación de los Institutos Nacionales de Salud, de los Hospitales de Alta Especialidad, Hospitales Federales de Referencia, así como de los centros nacionales de trasplantes y de la transfusión sanguínea.

También aprobar los sistemas de planeación financiera, administrativa, organizacional, de indicadores de gestión, de control, evaluación y seguimiento, así como autorizar los instrumentos jurídico-administrativos que al efecto se expidan, de conformidad con las disposiciones aplicables, y emitir los lineamientos correspondientes para implantar una red de comunicación.

Finalmente, aprobar anualmente el anteproyecto de presupuesto de la comisión que le proponga el titular de la Unidad de Gestión Administrativa, así como de las instituciones coordinadas por la comisión y remitirlos una vez aprobados, al secretario de Salud para su inclusión en el anteproyecto de presupuesto de egresos del ramo. Establecer las políticas y los programas generales de la comisión que le presenten los titulares de las áreas y unidades administrativas adscritas a ésta.

La CCINSHAE, para cumplir con sus responsabilidades, recibió mediante el Presupuesto aprobado para el Ramo 12, Salud, en el año 2020 un total de 1,182.1 millones de pesos (mdp) los cuales se distribuyeron en los programas presupuestarios de actividades de apoyo administrativo 65.7 mdp; para el programa de Atención a la Salud, se destinaron 1,087.6 mdp; para formación y capacitación de recursos humanos para la salud, fueron 510 mil 322 pesos y para Investigación y desarrollo tecnológico en salud 28.2 mdp.

Para el año 2021 el presupuesto de la CCINSHAE se incrementó sustantivamente ante las necesidades de la población no derechohabiente por acceder a servicios de salud de alta especialidad, dicho presupuesto se incrementó en 6 mil 330.5 mdp; es decir que, el presupuesto aprobado para 2021 fue de 7 mil 512.6 mdp; los cuales se distribuyeron de la siguiente forma: para actividades de apoyo administrativo 66 mdp; para el programa Atención a la Salud se destinaron 7 mil 416.9 mdp; para formación y capacitación de recursos humanos para la salud 525,998 pesos; y para investigación y desarrollo tecnológico en salud se destinaron 29 mdp.

La Secretaría de Salud ha señalado que el programa Atención a la Salud tiene como propósito atender a la población con padecimientos de alta complejidad que recibe atención médica especializada con calidad en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad mejora sus condiciones de salud.

La estrategia programática del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2021, señala que el programa presupuestario “Atención a la Salud” (E023), está a cargo de la CCINSHAE y que en el 2021 se incorpora el INSABI, lo cual permite destinar financiamiento al primer y segundo nivel de atención médica, contribuyendo con la prestación gratuita de servicios de salud a las personas sin seguridad social, además de los servicios de tercer nivel que ya atendía la CCINSHAE.

Señala también que en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales Regionales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud federal se continuará dando énfasis en la atención con calidad y calidez en las unidades médicas, para mejorar la efectividad de la atención hospitalaria para lo cual se dará seguimiento al porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación. Además, para fortalecer la detección de enfermedades crónicas en el primer nivel de atención, se llevarán a cabo tamizajes para el diagnóstico de Diabetes Mellitus a la población de 20 años y más, sin seguridad social. De igual manera, se fortalece el primer nivel de atención, mediante la aplicación de biológicos o vacunas a niñas y niños menores de 5 años sin seguridad social.

Sin embargo, en el Informe del tercer trimestre de 2021 sobre las Finanzas Públicas, que el gobierno federal presenta al Congreso, en el anexo XIV. Saldos de los Subejercicios Presupuestarios, del Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública,2 correspondiente al tercer trimestre de 2021, se reporta un subejercicio en el Ramo 12, Secretaría de Salud, por 3 mil 826.9 mdp; de los cuales en el sector central el subejercicio fue de mil 881.3 mdp.

En el sector central la Unidad Responsable con el mayor subejercicio, para este tercer trimestre de 2021, fue la CCINSHAE, con mil 203.9 mdp, dicho subejercicio se presenta en el programa E023, Atención a la Salud. En este programa se tenía un presupuesto para el tercer trimestre de mil 962.4 mdp y solo ejerció 759.1 mdp.

Resulta inaudito que ante las necesidades de atención especializada que han tenido miles de familias, el gobierno federal haya sido incapaz de atenderla, no obstante contar con recursos suficientes. Existen múltiples evidencias sobre la falta de atención e insumos necesarios para la atención médica en los institutos de alta especialidad, a lo largo del año 2021 diversas investigaciones periodísticas y medios de comunicación han dado cuenta del desabasto de medicamentos, por ejemplo, la falta de atención médica, el desabasto de medicamentos y de otros insumos necesarios para la atención; por lo que son los familiares de los enfermos quienes tienen que asumir el gasto de bolsillo que ello implica.

Además de los subejercicios en el CCINSHAE, en las entidades apoyadas del Ramo 12, se presenta un subejercicio de 143.8 millones de pesos, de éstas destacan los subejercicios del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” por 121.4 millones de pesos; el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, por 85.5 millones de pesos; el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, por 62.4 millones de pesos; el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, por 57 millones de pesos; el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, por 55.2 millones de pesos y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, por 44.9 millones de pesos.

La incapacidad del actual gobierno para garantizar el derecho constitucional de protección de la salud, aun contando con los recursos públicos necesarios se convierte en un acto criminal que debe castigarse; así se establece en nuestra legislación vigente, en particular la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, establece que será responsabilidad de los servidores públicos salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público.

Que todo servidor público tendrá entre sus obligaciones: cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; y sobre todo utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le hayan sido atribuidas para el desempeño de su empleo, cargo o comisión y rendir cuentas sobre dichos recursos y facultades.

Por ello, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoria Superior de la Federación deben revisar el ejercicio de atribuciones y de recursos respectivamente de la CCINSAHE, de manera que se corrijan los problemas existentes y que quienes demanden servicios especializados de salud en las diferentes instituciones públicas a cargo de esta comisión reciban la atención oportuna y de calidad que merecen.

La atención de calidad se traduce en egresos de pacientes por mejoría o curación de las causas que pudieran requerir de los diferentes servicios, documentando que los procesos se han llevado de acuerdo con lo establecido por las mejores prácticas del conocimiento médico y la aplicación de la medicina a favor de la población, contribuyendo con la prestación gratuita de servicios de salud a las personas sin seguridad social.

La atención de las enfermedades no espera, máxime que existen los recursos necesarios para ello, por ello no es justo el incremento en el diferimiento de la atención especializada: consulta, hospitalización, diagnóstico y rehabilitación; pues con ello se da el incremento en las complicaciones y muertes potencialmente evitables.

Hoy nuestro país enfrenta una cuarta ola de la pandemia de Covid-19 y, sin embargo, el sector público de salud no termina por entender y atender sus responsabilidades, su incapacidad sigue costando vidas

Dejar de ejercer recursos públicos destinados a la atención de la salud de todas y todos los mexicanos en plena emergencia sanitaria, es inconcebible; por ello me permito presentar a esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Salud federal a corregir los subejercicios presupuestales de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, CCINSHAE, y a atender con oportunidad, calidad y de manera gratuita, la demanda de atención especializada en las instituciones del tercer nivel de atención para la población no derechohabiente.

Segundo . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública a revisar el cumplimiento de las funciones y atribuciones de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, CCINSHAE, durante el ejercicio fiscal de 2021, y a establecer las sanciones correspondientes al incumplimiento de las responsabilidades legales de los servidores públicos responsables.

Tercero . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente la Auditoría Superior de la Federación a fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos asignados a la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, CCINSHAE, durante el ejercicio presupuestal de 2021, en particular el ejercicio del presupuesto del Programa E023 Atención a la Salud y a en su caso a establecer las sanciones correspondientes.

Notas

1 Los gastos catastróficos se dan cuando disminuyen los ingresos disponibles de los individuos y, por lo tanto, su capacidad para comprar otros bienes esenciales por culpa de algún evento adverso de salud. Un gasto de empobrecimiento ocurre cuando un hogar cae por debajo de los umbrales de pobreza debido a los gastos en medicamentos, consultas, estudios de laboratorios, tratamientos, etcétera.

2 https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Infor mes_al_Congreso_de_la_Union

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2022.

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Guanajuato a difundir sus planes y programas para prevenir desastres naturales, como los sismos de 2021 en la entidad, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe; diputado Emmanuel Reyes Carmona , integrante de la LXV Legislatura del Grupo Parlamentario del Morena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de cinco placas tectónicas: La placa de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la placa del Caribe. Por esta razón no es rara la ocurrencia de sismos.

La región de Guanajuato se localiza en el límite entre las provincias geológicas Faja Volcánica Transmexicana (FVTM) y la Mesa Central (MC); también en esa región se localiza parte de la traza de la Falla El Bajío, la cual limita a las provincias SMOc Sierra Madre Occidental, MC Mesa Central SMOr Sierra Madre Oriental y FVTM Faja Volcánica Transmexicana, constituyendo una de las fallas mayores del centro de México.1

Figura 1

De acuerdo con datos del Servicio Sismológico Nacional, en el lapso de los días 4 al 6 de septiembre del 2021, se registraron en el estado de Guanajuato 27 sismos de todas las magnitudes y todas las profundidades, siendo la más fuerte la reportada el 4 de septiembre a las 04:38 horas, con una magnitud de 4.5, a una profundidad de 5 kilómetros.ii

A este respecto, cabe resaltar que, de acuerdo a los mismos datos del Servicio Sismológico Nacional, del periodo que comprende de septiembre del año 2000, a septiembre de 2021, se tiene el registro de 53 sismos de todas las magnitudes y profundidades,iii es decir, tan solo en dos días se han registrado la mitad de los sismos de los últimos 20 años.

Sabemos que los sismos no se pueden predecir, ningún método o tecnología actual permite conocer cuándo ocurrirán, lo que sí sabemos es que nuestro país comprende regiones en los que han ocurrido grandes sismos.

Tabla 1 iv

Por esa razón, y debido a que el Centro Nacional de Prevención de Desastres Naturales (Cenapred) ha advertido que en el estado se podrían registrar sismos constantes y con mayor intensidad, es necesario que como ciudadanos debamos estar conscientes del contexto tectónico en el que nos encontramos y estar preparados para saber qué hacer, antes, durante y después de un sismo.

En este sentido, es muy importante la participación de las autoridades locales, en el sentido de prevenir lo mayor posible las pérdidas humanas y materiales ante las catástrofes naturales como las ocasionadas por los sismos.

Al inicio de la actual administración estatal, se presentó el proyecto “Red Sísmica de Guanajuato”, el cual, dentro de sus alcances, manifestaba “la generación de información fundamental que coadyuvará con datos técnicos de alcance científico mediante la ubicación, evaluación y análisis de los movimientos sísmicos en el estado de Guanajuato, que sirvan para la prevención de los efectos catastróficos y en la toma de decisiones preventivas para disminuir las posibles pérdidas humanas y económicas que generan este tipo de fenómenos”.v

Sin embargo, en lo que va de la presente administración no se puede encontrar información respecto del funcionamiento de dicho proyecto, ni siquiera si está en operación, por lo que, ante los recientes acontecimientos es muy importante que la ciudadanía conozca las medidas que sus autoridades locales están tomando.

En virtud de lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a que haga del conocimiento público, los planes y programas con los que cuenta para la prevención de desastres naturales como los sismos que se presentaron durante el 2021 en esa entidad.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a que haga del conocimiento público los avances que se tienen del proyecto “Red Sísmica del Estado de Guanajuato”.

Notas

i http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-33 222012000300010

ii México. Universidad Nacional Autónoma de México, I. d. G., Servicio Sismológico Nacional. (2021). Catálogo de sismos. Extraído de http://www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/

iii México. Universidad Nacional Autónoma de México, I. d. G., Servicio Sismológico Nacional. (2021). Catálogo de sismos. Extraído de http://www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/

iv http://www.ssn.unam.mx/recursos/imagenes/informacion/ssnmx_info_los_sis mos_no_se_pueden_predecir.jpg

v https://www1.cenapred.unam.mx/DIR_SERVICIOS_TECNICOS/SANI/CMPC/Guanajuato/
CENAPRED/Red%20S%C3%ADsmica/PROYECTO%20GTO.pdf

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2022.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a realizar un diagnóstico integral de la ubicación de las casetas, las rampas de emergencia, la señalética y el estado del tramo de la autopista México-Puebla y entregar las conclusiones a esta soberanía, suscrita por el diputado Mario Gerardo Riestra Piña, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Mario Gerardo Riestra Piña, diputado integrante de la Sexagésima Quinta Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, así como por las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, para exhortar, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes, para que con la finalidad de evitar màs muertes por accidentes de tránsito, realice un diagnóstico integral de la ubicación de las casetas, las rampas de emergencia, la señalética, así como del estado que guarda el tramo de la autopista México-Puebla y que entregue sus conclusiones a esta soberanía.

Antecedentes

Que el ocho de septiembre del dos mil veintiuno, en la carretera de cuota México-Puebla, un tráiler, sin frenos, se impactó contra la caseta, quedando en llamas e impactando a varios vehículos que se encontraban en el lugar. Lamentablemente dos personas fallecieron: un encargado del cobro del peaje y una oficial de Cuerpos Auxiliares del Estado de México (CUSAEM), ambos fueron arrollados por el tráiler.

El cuatro de octubre, mismo año, una pipa cargada con manteca animal se quedó sin frenos y se impactó contra la caseta; debido al impacto, tres personas resultaron lesionadas de gravedad.

El pasado seis de noviembre del dos mil veintiuno, la México-Puebla fue el escenario de un accidente trágico, luego de que un tráiler sin frenos se impactara en la caseta de cobro de San Marcos, el material que transportaba provocó un fuerte incendio. Entre las víctimas, cuyos cuerpos quedaron calcinados, se encuentran dos menores de edad y el chofer de la unidad. Al menos 19 personas perdieron la vida en tan lamentable accidente.

El once de enero del año en curso, alrededor de las 4:30 de la madrugada, un tráiler cargado con toneladas de jabón se impacto al llegar a la caseta de cobro San Marcos, sobre la autopista México-Puebla.

Considerandos

La carretera México-Puebla es una de las más riesgosas del país, y tan sólo en la caseta de San Marcos ha habido otros dos accidentes aparatosos en menos de tres meses, donde se han visto involucrados vehículos pesados.

De acuerdo con el Anuario estadístico de accidentes en carreteras federales, elaborado por el Instituto Mexicano del Transporte y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la México-Puebla es una las carreteras federales que registran el mayor número de colisiones en los últimos años. 1

Esta autopista tiene una cuota muy alta de accidentes: cerca de mil 683 al año.2 Cuenta con una longitud de aproximadamente 130 kilómetros, partiendo de la Ciudad de México a Puebla y su tramo más peligroso es la zona de curvas, pasando Río Frío, rumbo a la ciudad de México.

Según el Anuario estadístico de accidentes en carreteras federales 20193 se registraron 163 colisiones; en 56 de ellas hubo víctimas mortales y 36 murieron en el sitio del accidente. Además, sólo en ese año (2019), los daños materiales ascendieron a más de 819 mil dólares.

La autopista México-Puebla ha registrado 9 mil 779 accidentes desde 2016 y hasta el pasado mes de abril. En lo que va del año 2021, Caminos y Puentes Federales contabiliza 317 accidentes en dicha autopista, los cuales han arrojado un saldo de 109 heridos y 11 muertos, sin agregar los últimos tres accidentes ocurridos en los pasados meses.4

El promedio diario de vehículos que circulan por esta vialidad que comunica a la ciudad de Mèxico y el estado de Puebla es de 125 mil 403.En esa zona también es el entronque con el Circuito Exterior Mexiquense, lo que la vuelve un área de mucho flujo vehicular.

Pero esta no es la única autopista o carretera que presenta accidentes; en segundo lugar, se ubica la carretera Toluca- Palmillas y en tercero, la México- Pachuca, esto, de acuerdo con el Anuario estadístico de accidentes en carreteras federales (2019), elaborado por el Instituto Mexicano del Transporte y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

De igual forma, de acuerdo con la Información estadística de prevención de accidentes en carreteras federales publicado por la Guardia Nacional, el estado de Veracruz fue la entidad en la cual más accidentes se registraron durante 2020, pues se tiene un conteo de 996 percances, con un promedio de casi 3 accidentes diarios. Le siguen los estados de Guanajuato (739), Jalisco (582), el Estado de México (575) y Puebla (554).

Durante el 2020 se registraron 11 mil 449 accidentes automovilísticos en las carreteras resguardadas por la Guardia Nacional con los siguientes tipos de percances siendo los más recurrentes: 4 mil 347 choques, 2 mil 648 salidas del camino, 2 mil 211 choques laterales y 832 choques frontales.

Por tal motivo, tomando en consideración los eventos recientes, resulta imperante la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con la finalidad de evitar este tipo de accidentes.

Por lo que, someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Infraesructura, Comunicación y Transportes, para que con la finalidad de evitar màs muertes por accidentes de tránsito, realice un diagnóstico integral de la ubicación de las casetas, las rampas de emergencia, la señalética, asì como del estado que guarda el tramo de la autopista México-Puebla y que entregue sus conclusiones a esta soberanía.

Segundo. Se exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes, y a la Guardia Nacional, para que, de manera conjunta, realicen las acciones necesarias para implementar puestos de control en donde los tráileres y todos los vehículos de carga pesada realicen las revisiones correspondientes a su transporte.

Notas

1 Secretaría de Comunicaciones y Transportes: Estadística de accidentes de tránsito (sct.gob.mx) https://www.sct.gob.mx/carreteras/direccion-general-de-servicios-tecnic os/estadistica-de-accidentes-de-transito/

2 Estadística de accidentes de tránsito

https://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/ Estadistica_de_accidentes/A%C3%B1o_2019/dt82.pdf

3 Microsoft Word - DT80 Anuario_2019_20210419 (imt.mx)
https://imt.mx/archivos/Publicaciones/DocumentoTecnico/dt80.pdf

4 Los kilómetros más peligrosos en la autopista México-Puebla | El Universal Puebla https://www.eluniversalpuebla.com.mx/estado/los-kilometros-mas-peligros os-en-la-autopista-mexico-puebla/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2022.

Diputado Mario Gerardo Riestra Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la STPS a tomar medidas orientadas a que los patrones concedan permiso con goce de sueldo a los empleados que lo soliciten para acudir a inmunizarse contra el SARS-Cov2, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe; diputado Emmanuel Reyes Carmona , integrante de la LXV Legislatura del Grupo Parlamentario del Morena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Según los datos recopilados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), las personas de entre 30 y 49 años de edad son quienes conforman el grupo más grande de trabajadores. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) detalló que, puesto que el grupo que se está vacunando es el que contiene mayor número de personas laboralmente activas, las empresas e instituciones no deben negarles a sus trabajadores el asistir a la inmunización ni sancionarlos por las horas que se ausenten para este propósito, ya que se trata de un asunto de salud pública; lo mismo sucede con los trabajadores de entre 18 y 29 años que se encuentren dentro de sus plantillas.

No obstante, si un trabajador desea ausentarse el día completo por este motivo, deberá tomarlo a cuenta de vacaciones, o bien, acordarlo con un superior. Es importante que los empleados conozcan sus derechos y las leyes que los protegen, sin embargo, existen algunos vacíos al momento de la aplicación de los artículos, ya que no se ha emitido una orden oficial que ampare su seguimiento.

El artículo 408 de la Ley General de Salud indica que las personas expuestas a contraer enfermedades transmisibles durante una pandemia deberán ser inmunizadas por las autoridades sanitarias correspondientes, esto se complementa con el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) que, en su fracción XIX Bis, menciona la obligación que tienen las empresas de cumplir con lo que dispongan las autoridades en casos de emergencia sanitaria, de modo que deberán proporcionar los medios necesarios para la prevención de contagios entre su plantilla laboral cuando se declare una emergencia. Esto incluye, precisamente, las campañas de vacunación.i

Por lo antes referido, la Profedet ha señalado que los patrones no pueden negar a los trabajadores el permiso para asistir a la inmunización. Sin embrago, al no estar claramente regulado, los patrones no están obligados a otorgar el tiempo necesario para que su personal acuda a las campañas del gobierno, mucho menos a que sea con goce de sueldo si es que el acudir a inmunizarse se pudiera llevar todo el día.

La realidad jurídica es que la legislación laboral se ha visto rebasada para regular una situación como la que se vive a raíz de la aparición de la pandemia en nuestro país, y tampoco existen criterios jurisdiccionales que resuelvan las problemáticas.

Existen diversas posturas, unas señalan que los patrones deben:

-otorgar el permiso a sus colaboradores y que no pueden descontar el día, toda vez que está prohibido, o

-autorizar a sus colaboradores para ir a inocularse, ya que están obligados a cumplir con las disposiciones de emergencia sanitaria fijadas por la autoridad competente.

El artículo 82 de la LFT prevé que el salario es la retribución al servicio prestado, por lo que si no se labora, no se tiene derecho a él. Además, en la LFT y otros ordenamientos legales, no se prevé que el trabajador al faltar (justificadamente) por acudir a vacunarse, tiene el derecho a percibir su sueldo. Caso similar sucede cuando acude al IMSS y no le otorgan incapacidad médica.ii

Más allá de esto, las empresas deben ser sensibles ante la pandemia, ya que no pagar el salario correspondiente al día de ausencia por asistir a inocularse, estaría obligando a su personal a tomar una decisión que afecte uno de sus dos derechos, su derecho a la salud o a percibir un salario para comer.

Probablemente los trabajadores más necesitados se inclinen por asistir a laborar, por lo que indirectamente los patrones estarían vulnerando el derecho a la salud, de aquellos.

En virtud de lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a tomar las medidas necesarias para que los patrones concedan el permiso con goce de sueldo a sus empleados que lo soliciten, para que puedan acudir a ser inmunizados contra el virus del SARS-CoV-2.

Notas

i [1]https://forojuridico.mx/permisos-por-vacuna-covid-19-sft-y-profedet- protegen-a-los-trabajadores-para-ejercer-su-derecho-a-ser-vacunados/

ii https://idconline.mx/laboral/2021/06/30/obligatorio-otorgar-permiso-par a-vacunarse

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2022.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob y el Inmujeres a informar de las acciones tomadas para atender y prevenir la violencia por razones de género durante la pandemia del Covid-19 y sus variantes, suscrita por el diputado Mario Gerardo Riestra Piña, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Mario Gerardo Riestra Piña , diputado integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la Sexagésima Quinta Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, así como por las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación y a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, para que informen de las acciones tomadas para atender y prevenir la violencia por razones de género durante la pandemia del Covid-19 y todas sus variantes , al tenor de los siguientes:

Consideraciones

El 30 de mayo de 2020 el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se declara emergencia sanitaria por la epidemia generada por el virus SARS-COV2 o también llamado Covid-19. De este acuerdo el Ejecutivo federal implementó medidas para evitar la propagación del virus, por lo que las y los ciudadanos iniciaron un confinamiento obligatorio.

Independientemente de la lamentable situación de salud que padeció y padece la ciudadanía, también provocó problemas laborales, lo que conlleva problemas económicos, incrementando una alarmante violencia de género, derivado del confinamiento obligado.

Como es sabido, la violencia por razones de género en México es un grave problema desde hace mucho tiempo, por lo que un sinnúmero de mexicanas se ha manifestado en la mayoría de los estados y, gracias a la comunidad internacional, las autoridades realizaron diversas acciones tendientes a brindar seguridad, pero sobre todo certeza jurídica para proteger sus derechos humanos y sus garantías individuales.

Es así que el gobierno mexicano adopta mecanismos internacionales con el fin de proteger y prevenir cualquier forma de violencia contra la mujer. En el año 1996 se publicó en el DOF la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, la cual define la violencia de la siguiente manera:

“Artículo 1. Para los efectos de esta Convención, debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.1

Derivado de lo anterior, el Estado mexicano, después de ratificar la Convención, publicó en el DOF del año 2007 la “Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia”, donde consagra la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, consistente en un conjunto de acciones gubernamentales para enfrentar y erradicar la violencia por razones de género.

Ahora bien, en México, la violencia ha aumentado en los últimos años y, de acuerdo con ONU Mujeres México, 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia por parte de su pareja.2 La violencia que ejercen parejas, esposos, exnovios o exesposos contra las mujeres en México es “severa y muy severa” en 64.0 por ciento de los casos, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016.

Sin embargo, esta situación se intensificó con la pandemia, ya que, por el confinamiento, las mujeres en todas las edades tienen un mayor contacto con sus agresores, lo que provocó un alza en las llamadas por violencia de género.

De enero de 2015 a enero de 2021, suman 4 mil 754 feminicidios a nivel nacional. En 2019 y 2020 se registraron las cifras más altas: 969 y 967 casos, respectivamente, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

Ante la emergencia sanitaria, la Secretaría de Gobernación, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, realizó una serie de acciones informativas en sus portales, para que las mujeres y niñas tuvieran una efectiva protección. Las líneas telefónicas del 911 y Locatel han sido punto clave para que ambas autoridades tengan un panorama general de las agresiones durante el confinamiento. Gracias a ello, millones de mexicanas han solicitado apoyo para detener el maltrato generado por sus agresores.

Desafortunadamente, las medidas realizadas por ambas autoridades han resultado ineficientes, ya que no basta solo con la atención telefónica o la información preventiva, sino que deben existir rutas de atención presencial. Es preciso decir que los datos proporcionados para el control y transparencia de los casos, generan una incertidumbre respecto a la atención de las víctimas, cómputo y a la actualización de los mismos.

Aunado a lo anterior, la Junta de Gobierno del Inmujeres aprobó una reducción del 75 por ciento al presupuesto, con el fin de cumplir con la austeridad republicana que planteó el Ejecutivo federal, lo que, sin duda, mermó aún más esta problemática, provocando que millones de mexicanas se queden sin el apoyo que brinda esta institución, desencadenado, de mayor manera, la violación a los derechos humanos de las mujeres y niñas.

Por consiguiente, la Secretaría de Gobernación y el Inmujeres deberán valorar el panorama nacional respecto a los riesgos que conlleva contar con medidas y cifras que realmente se encuentran lejos de la realidad.

En conclusión, la violencia contra la mujer por razones de género producirá afectaciones físicas y psicológicas a miles de mexicanas y a pesar de la reducción a Inmujeres, en coordinación con Segob, deberán sumar esfuerzos para crear programas que brinden asistencia médica y psicológica adecuada a las víctimas; las nuevas variantes de Covid, nos obligan a seguir permaneciendo, en la medida de lo posible, con el resguardo y prevenciones adecuadas.

Por lo que, el confinamiento que tuvimos provocó el aumento en la violencia por razones de género, así como en la actualidad, ya que aunque estemos en semáforo verde, muchas mexicanas tienen el mismo miedo, sufren las mismas agresiones, siguen viviendo con sus agresores. Esta problemática seguirá, estemos o no en pandemia, por lo que se debe contribuir en todos los sectores para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia por razones de género.

Por lo que someto a consideración de esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación y a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, para que informen de las acciones tomadas para atender y prevenir la violencia por razones de género durante la pandemia del Covid-19 y todas sus variantes.

Notas

1 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia contra la Mujer, (DE, 15 de julio de 2020: https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html).

2 ONU Mujeres México: Violencia contra las mujeres y niñas, (De, 15 de julio de 2020:
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2020/abril%202020/
onu%20mujeres%20mx%20covid19%20290420.pdf?la=es&vs=4125).

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero del 2022.

Diputado Mario Gerardo Riestra Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSP de Guanajuato a establecer una estrategia preventiva en las políticas públicas de derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe; diputado Emmanuel Reyes Carmona , integrante de la LXV Legislatura del Grupo Parlamentario del Morena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El feminicidio lo define Marcela Lagarde1 como “el conjunto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres que contienen los crímenes y las desapariciones de mujeres y que, éstos fuesen identificados como crímenes de lesa humanidad. El feminicidio es el genocidio de las mujeres y sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados violentos contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de niñas y mujeres.”

De 2018 a mayo de 2021, mil 42 mujeres han sido asesinadas2 en Guanajuato, la mayoría con armas de fuego. Además, se han perpetrado 74 feminicidios, según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

De acuerdo con el Informe sobre violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a septiembre de 2021 en Guanajuato fueron asesinadas un total de 266 mujeres, de las cuales solo 28 fueron clasificados como Feminicidios.3

Durante este mismo lapso, se registraron 736 feminicidios en todo México y, con 28 casos, Guanajuato ocupa el duodécimo lugar a nivel nacional. El primer lugar es ocupado por estado de México, con 110 casos; el segundo lugar, Veracruz, con 55, y el tercero es para Jalisco, con 54 casos.

Dentro del ranking de los 100 municipios de México con más casos de feminicidio, se encuentran tres del estado de Guanajuato: Irapuato se localiza en el lugar número 20 a nivel nacional de municipios con mayor incidencia de feminicidios con 6 casos; Celaya se localiza en el lugar 39 con 4 casos y Guanajuato capital en el lugar 56 con 3 casos registrados.

Sin embargo, el 2020 ha sido el año más violento para las mujeres, ya que el estado de Guanajuato, de acuerdo con el último corte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se registraron 53 mujeres víctimas de homicidio doloso en enero de 2020, mientras que en 2019 se presentaron 24 casos.

De las 53 mujeres asesinadas, la Fiscalía General del Estado (FGE) investiga solo cuatro casos bajo la tipificación de feminicidio; este hecho es una constante en Guanajuato en 2019, pues se cometieron 322 homicidios de mujeres pero apenas reportó 18 feminicidios.

Los asesinatos de mujeres en Guanajuato fueron mayores en enero incluso a los 26 que reportó el estado de México, los 22 que consignaron Oaxaca y Jalisco, así como Michoacán y Baja California, con 19 casos, respectivamente.

Pese a los datos duros que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha publicado, el gobierno estatal ha pretendido minizar los hechos a través de la propaganda gubernamental. “Disminuyen delitos contra mujeres en Guanajuato, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)”.4

“No son solo los de mujeres, todos los homicidios aumentaron. De hecho se duplican los homicidios dolosos en el estado de Guanajuato y evidentemente es en el caso de hombre y mujer. Hay que seguir trabajando muy fuerte, por eso la mesa de seguridad es fundamental”, afirmó el mandatario estatal.

Por otra parte, las consecuencias que deja este grave fenómeno es la orfandad, ya que, de acuerdo con un censo que levanta el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), en el que se establece que 173 de las asesinadas (7.9 por ciento) eran menores de edad. Cada asesino de esas 2 mil 192 mujeres provocó que, en promedio, dos menores quedaran huérfanos (1.93), según las estimaciones que ha hecho Inmujeres durante el levantamiento del censo nacional de infantes que han quedado en orfandad debido al homicidio de sus madres.5

En el documento denominado “La violencia contra las mujeres en México”, elaborado por la Secretaría de Gobernación, Inmujeres y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, se indica que, desde diciembre de 2018 y hasta junio pasado, hubo un promedio de diez casos de mujeres asesinadas por día y, como consecuencia, al menos 19 niños y adolescentes quedaron huérfanos cada 24 horas (19.36 por jornada). Eso implica que, en promedio, casi cada hora un niño queda huérfano en México por el asesinato de su madre. De los 4 mil 245 niños, niñas y adolescentes que quedaron en orfandad, señalados en el documento, el mayor número de casos está en el estado de México, con 483; le sigue Jalisco, con 334; Guanajuato, 313; Baja California, 276, y Ciudad de México, 263.6

Por ello, es necesario que se tomen medidas preventivas y no correctivas en el estado de Guanajuato para abatir este fenómeno que está acabando con la vida de muchas mujeres y niñas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Unico. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guanajuato a que establezca una estrategia preventiva en las políticas públicas en materia de derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género, para emitir órdenes de protección y generar campañas de prevención a efectos de mitigar la violencia en contra de las mujeres.

Notas

1 Quintero, M. L (2012). La salud y la categoría de género. En Quintero M. L. et al (Ed), Género y salud visiones multi diferenciales. México: Miguel Ángel Porrúa (pp12-34).

2 [1]https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/04/estados/guanajuato-fuero n-asesinadas-mil-42-mujeres-en-tres-anos/

3[1] https://www.milenio.com/policia/dedican-altar-266-mujeres-asesinadas-gu anajuato-2021

4[1] https://boletines.guanajuato.gob.mx/2021/10/14/disminuyen-delitos-contra-mujeres-en-guanajuato
-segun-el-secretariado-ejecutivo-del-sistema-nacional-de-seguridad-publica-sesnsp/

5[1] Recuperado el 28 de agosto de 2019 del sitio web: https://www.milenio.com/policia/feminicidios-mexico-4-mil-ninos-huerfan os

6 Ibidem

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2022.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a implantar programas y acciones y garantizar los derechos de las mujeres víctimas de violencia, suscrita por la diputada Mónica Becerra Moreno, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Mónica Becerra Moreno, y diputadas y diputados de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de los gobiernos estatales, al titular de Segob y a la titular de la SSCP para que implementen programas y acciones y sean garantizados los derechos de las mujeres víctimas de violencia, conforme a las siguientes:

Consideraciones

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicó el 25 de diciembre del 2021 los datos estadísticos relacionados con la violencia contra las mujeres, las cifras publicadas son sustentadas con información que se obtiene por las carpetas de investigación iniciadas ante el Ministerio Público, y tiene como finalidad poder conocer la magnitud y la tendencia sobre las conductas realizadas en contra de la mujer.

El informe antes mencionado contiene información sobre la violencia contra las mujeres y la incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911, los datos obtenidos hasta el mes de noviembre del 2021.1

Del análisis realizado al informe es importante destacar que existe un incremento notorio en relación con los presuntos delitos de feminicidio a nivel nacional, en el año 2015, durante los meses de enero a diciembre, hubo un total de 412 según reportes realizados por las procuradurías o fiscalías de las 32 entidades federativas. En los meses de enero a noviembre del 2021, el total de casos ascendió a un total de 887, siendo el mes de agosto donde se tuvo la cifra más alta con 108 casos.

Los estados donde se tiene un mayor índice de feminicidios, durante el mismo tiempo de enero a noviembre de 2021, son: el Estado de México con 130, Veracruz con 65, Jalisco con 64, Ciudad de México con 60 y Nuevo León con 57 casos. De igual manera se establece que las presuntas víctimas de feminicidio por grupo de edad predominan las mayores de 18 años o más, en todos los estados.

Ahora bien, también es importante mencionar que existen municipios en los cuales los presuntos delitos de feminicidio marcan un alto índice, por mencionar algunos, encontramos a Ciudad Juárez, Chihuahua, con 16 delitos, seguido de Culiacán, Sinaloa, con 16 delitos, San Pedro Tlaquepaque con 14 casos, Tlajomulco de Zúñiga con 13 casos, ambos en Jalisco, y la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México con 12 casos.

No obstante, en el mismo informe se hace un análisis sobre las presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso a nivel nacional, en el año 2015 fueron un total de 1,734 casos y a noviembre de 2021, sumaron un total de 2,540 casos, siendo agosto el mes con mayor incidencia dando un total de 271 carpetas de investigación.

Otro de los delitos que también tuvo un incremento razonable en los últimos años fueron los delitos de violencia de género en todas sus modalidades, en el año 2015 había un total de 1,645 y, al mes de noviembre de 2021 había un total de 3,818 casos. A diferencia entre el 2020 y el 2021, aumentó 157 casos. Siendo el Estado de México, Veracruz y Guerrero los estados con mayores cifras.

Para el análisis de las siguientes cifras es importante que tengamos conocimiento que la “violencia contra la mujer” es definida en el Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia como: “Todo acto violento basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”2

Por otra parte, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, considera los siguientes tipos de violencia contra las mujeres:

I. Violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio.

II. Violencia física. Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas.

III. Violencia patrimonial. Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima.

IV. Violencia económica. Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral.

V. Violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto.

VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.

Las llamadas de emergencia relacionados con esa incidencia también tuvieron un aumento significativo, en el año 2016 hubo un total de 92,604 de llamadas, en el 2019, 197,693 llamadas, en el año 2020 un total de 260,067 llamadas y en el 2021, al cierre de noviembre un total de 264,860 llamadas.

En el tema de acoso y hostigamiento sexual también existió incrementos anuales, en el 2016 hubo un total de 3,179 llamadas y en el 2021, 8,764 casos. Si bien es cierto, la pandemia influyó para que las mujeres fueran más víctimas de este tipo de delitos derivado de las medidas preventivas para evitar el contagio del Covid-1, también es importante que se realicen acciones pertinentes para que todas aquellas mujeres que siguen en sus domicilios no corran ningún tipo de riesgo y, sobre todo, puedan llevar una vida tranquila en sus casas o en todo caso, que se les brinde la atención adecuada y segura para garantizar sus derechos.

La violencia que sufren las mujeres es una realidad, 10 mujeres son asesinadas de forma violenta al día, 2,540 mujeres víctimas de homicidio doloso y 887 presuntos delitos de feminicidio, las cifras mencionadas con anterioridad demuestran la crisis en la que están pasando las mujeres en los últimos años y meses, demostrando que siguen siendo de los grupos más vulnerables.

No olvidemos que esas cifras son únicamente las que se hacen del conocimiento a las autoridades, pero existe un gran número de mujeres que no se atreven por miedo.

De modo que, se deben de realizar todas acciones para combatir y prevenir que las cifras sigan en aumento, así como garantizar cada uno de los derechos de las familias y a las mujeres y que tengan la certeza que las autoridades realizarán, en el ámbito de sus facultades, las medidas pertinentes para cumplir con lo establecido en la Constitución.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, los siguientes resolutivos:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los titulares de los gobiernos estales, al titular de la Secretaría de Gobernación, quien preside el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y a la Titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, para que, en el ámbito de sus facultades, implementen, desarrollen y refuercen las estrategias para prevenir cualquier tipo de violencia contra la mujer.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la licenciada Rosa Icela Rodríguez Velázquez para que, en colaboración con los gobiernos estatales y municipales, formulen, fortalezcan y ejecuten programas y acciones para garantizar la seguridad y el respeto a los derechos de las mujeres y sus familias que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia, y que la investigación de los delitos sea conforme a las leyes, garantizando los principios establecidos en la Constitución.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta los titulares de los gobiernos estatales, al titular de la Secretaría de Gobernación y a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que, en el ámbito de sus facultades y con instituciones que tienen su cargo, supervisen, evalúen y mejoren los programas existentes y futuros en materia de violencia contra la mujer.

Notas:

1 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Información sobre violencia contra las mujeres (Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1), noviembre 2021, Disponible en línea: https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/informacion-sobre-violencia-contra- las-mujeres-incidencia-delictiva-y-llamadas-de-emergencia-9-1-1-febrero -2019?idiom=es , 13 de enero de 2022.

2 Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Centro Nacional de Información, 2017, Disponible en línea: Catálogo nacional de incidentes de emergencia, 13 de enero de 2022.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, 19 enero de 2022.

Diputada Mónica Becerra Moreno (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la crisis de personas desaparecidas prevaleciente en Jalisco, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Laura Imelda Pérez Segura , integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los demás relativos y aplicables, somete a consideración del pleno de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. Introducción

Actualmente, la inseguridad en el estado de Jalisco es considerada por su población como la problemática que más adolece a la entidad, situación que se ve reflejada en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2021, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En dicha encuesta se observa, dentro del apartado referente a la Percepción sobre la Seguridad Pública en el estado de Jalisco, que el 58.5 por ciento de la población de 18 años y más, lo considera como el tema que genera mayor preocupación.1

Asimismo, los datos mostrados anteriormente se refuerzan y cobran lamentablemente sentido al visualizar que, hoy en día, existe un incremento importante en el índice de personas desaparecidas en la entidad, mismo que se ha intensificado durante la actual administración del gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

2. Contexto

De acuerdo con el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid), del total de personas desaparecidas en el estado, que suman 11 mil 117 casos, 4 mil 884 han ocurrido durante los últimos tres años, de 2019 al 2021.2 Lo que representa el 43.93 por ciento del total histórico acumulado. Es decir, un promedio de 1 caso cada 5 horas y 22 minutos.

A su vez, de acuerdo con el reporte del gobierno federal “Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas”3 para el año 2021, señala que Jalisco es el estado con el mayor número de personas desaparecidas, ya que tan sólo dentro de los primeros seis meses del 2021, se contabilizaron 3 mil 948 casos de personas desaparecidas y no localizadas, equivalente al 18.32 por ciento del total nacional.4

Cabe recalcar que el estadístico anterior se encuentra muy lejano de la Ciudad de México y Michoacán, que ocupan el segundo y tercer lugar con mil 757 y mil 739 casos, respectivamente, cifras que el estado de Jalisco incluso duplica. Tal y como se observa en el siguiente cuadro:

Fuente: Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración

La crisis de personas desaparecidas en la entidad incrementa al considerar que Jalisco encabeza la lista nacional con el mayor número de predios en los que se han encontrado cuerpos. De acuerdo con lo reportado por la organización civil “Causa en Común”, la cifra asciende a 109 fosas clandestinas, aunque la Fiscalía del Estado solo ha reportado 18.5

Esto ha hecho que Jalisco finalizara el pasado año 2021 en una condición crítica en materia de desapariciones, a pesar de las declaraciones del gobernador, Enrique Alfaro, de tener un compromiso con la población del Estado de “buscar hasta encontrar a los hombres y mujeres que nos faltan.”6

Lo anterior contrasta con las reiteradas denuncias realizadas por colectivos de familiares de personas desaparecidas, quienes acusan al estado de impunidad, falta de seguimiento y retraso en la tarea de búsqueda y entrega de desaparecidos,7 situación que genera una crisis de seguridad y gobernabilidad en Jalisco.

El caso más reciente, el suscitado el 4 de enero del año en curso en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde integrantes de la Fundación Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej), junto con dos madres que esperaban la entrega de los cuerpos de sus familiares, fueron violentados, amenazados y hostigados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco.8

Mismas acciones que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, en su Boletín número 1/22, condenó y reprobó debido al “uso de la fuerza pública en contra de personas que legítimamente buscan la verdad y la justicia”,9 exigiendo “empatía por parte de los servidores públicos con las víctimas, al cumplimiento del principio de máxima diligencia en las funciones del IJCF y que no existan actos de revictimización”10

Estas acciones sólo demuestran insensibilidad por parte del Estado hacia las víctimas y familiares de personas desaparecidas, convirtiéndose en un agresor más. Situación que el gobernador, Enrique Alfaro ha negado continuamente a pesar de las cifras.11

El gobierno del estado de Jalisco y sus instituciones son los encargados de proteger y garantizar las condiciones óptimas de seguridad para la población del estado, así como de respetar los derechos de las víctimas y sus familiares, sin embargo, han fallado en su deber, por lo que es necesario emprender acciones correspondientes y sobre todo, eficientes, para resolver esta problemática que tanto adolece y lastima a las y los jaliscienses.

Es por lo anteriormente expuesto, que someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Jalisco para que, con la mayor brevedad posible, haga público un informe sobre las acciones que ha implementado en materia de personas desaparecidas, así como los recursos utilizados en ellas, su destino y los resultados que se han obtenido.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo estatal, así como a las instituciones y dependencias estatales públicas involucradas, a que, dentro del ámbito de sus atribuciones, implementen soluciones y medidas efectivas para:

-Garantizar el cumplimiento de los objetivos de las instituciones encargadas de la búsqueda, investigación, identificación, entrega de cuerpos y atención a víctimas, respetando siempre los derechos humanos.

-Combatir los altos índices de violencia que existen en el estado de Jalisco.

Notas

1 Envipe (2021). Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2021/doc/envipe202 1_jal.pdf

2 Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición al 31 de diciembre de 2021. Disponible en: https://sisovid.jalisco.gob.mx/

3 Reporte Semestral Enero a Julio 2021

4 Gobierno Federal (2021) Disponible en :

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650760/8_ AM_AER_Karla_CNB_7_julio_2021.pdf

5 Animal Político (2021) Disponible en:

https://www.milenio.com/politica/comunidad/desaparecidos -jalisco-cierra-el-ano-como-el-estado-con-mayor-numero

6 Milenio (2021). Disponible en: https://www.milenio.com/politica/comunidad/jalisco-alfaro-reconoce-incr emento-homicidios-fosas-feminicidio

7 Exigen resultados por desaparecidos en Casa Jalisco. (2021) El Norte. Disponible en:

https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=
https://www.elnorte.com/exigen-resultados-por-desaparecidos-en-casa-jalisco/ar2166372?referer=
—7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a—

8 Integrantes de FUNDEJ se manifiestan en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Líder Informativo. (2021) Disponible en: https://lider919.com/integrantes-de-fundej-se-manifiestan-en-el-institu to-jalisciense-de-ciencias-forenses

9 [1] CEDHJ (2022). Disponible: http://cedhj.org.mx/boletines/2022/Bolet%C3%ADn%201-22.pdf

10 Ibidem

11 Alfaro falla a familias con desaparecidos. Informador Mx. (2021) Disponible en: https://www.informador.mx/ideas/Alfaro-falla-a-familias-con-desaparecid os—20211023-0034.html

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2022.

Diputada Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profeco a entablar diálogo con los proveedores y verificar los establecimientos que proporcionan productos y servicios de detección de SARS-Cov2, suscrita por la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Noemí Berenice Luna Ayala , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a entablar un diálogo con los proveedores; y que se verifiquen los establecimientos que proporcionan productos y servicios de detección de SARS-Cov-2 con el objeto evitar los altos costos, los abusos y las estafas a causa del aumento en la demanda de pruebas por la variante Omicrón en México , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Organización Mundial de la Salud designó a la última variante del Covid-19 “Omicrón” y declaró que se convirtió en una variante alarmante desde que se identificó en Sudáfrica y que muestra un peligro global “muy alto” de consecuencias potencialmente graves.

Según una publicación de la BBC, “Ómicron vino con algo completamente diferente”, le dice a la BBC Richard Lessells, médico especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de KwaZulu-Natal, Sudáfrica, y parte del equipo que detectó por primera vez la variante, a finales de noviembre.1

Creen que Omicrón pudo haber evolucionado silenciosamente en una sola persona con un sistema inmunológico debilitado en África subsahariana, posiblemente en alguien con VIH no tratado, antes de propagarse en más de 40 países.

Dicha Organización y expertos de distintos países aún examinan qué tan peligrosa y transmisible es la variante, atrayendo la atención internacional debido al número, sin precedentes, de mutaciones que ha puesto a la vista en comparación con otras variantes de Covid-19.

Desde que se detectó hace unas semanas, la variante se está expandiendo de forma muy intensa por muchos países. Parece ser que su crecimiento está disparado, es exponencial, y que en unas semanas desplazará a la variante Delta, hasta ahora dominante. Sin embargo, aunque todavía es muy pronto para saberlo, algunos datos sugieren que esa alta incidencia no está suponiendo una mayor mortalidad.2

Según el diario El País , en su publicación del 10 de enero de 2022,3 casi 135 mil mexicanos se contagiaron de Covid-19 del 3 al 9 de enero de 2022, una semana en la que se batió el récord máximo de casos confirmados en un solo día y se superaron las 300 mil defunciones por Covid-19 desde el inicio de la pandemia, pese al subregistro de los datos oficiales.

Hubo también tres veces más diagnósticos positivos que siete días antes. Mientras el país permanece sumido en lo que se anticipa como un mes negro en cuanto a personas enfermas de coronavirus, las autoridades sanitarias han informado de 11 mil 52 contagios confirmados y 78 fallecimientos en las últimas 24 horas, y los especialistas anticipan que los casos seguirán en ascenso. Señalan que se están acelerando los contagios como no se había visto antes, sobre todo por Omicrón y por el comportamiento de la gente en las últimas fechas, al grado de tocar las puertas de Palacio Nacional.

Sin embargo, las autoridades confían en que el número de personas hospitalizadas y fallecidas no ha aumentado al mismo ritmo que los contagios, aunque varios especialistas advierten de que, aunque la vacunación es un arma crucial para reducir casos graves de Covid-19, el volumen de personas enfermas puede ser tal que el sistema de salud puede empezar a resentir esas subidas de personas enfermas en los próximos días.

Baja California Sur, Ciudad de México y Quintana Roo se consolidan desde hace un par de semanas como las entidades del país con las mayores tasas de contagio por cada 100 mil habitantes. Entre las tres concentran una tercera parte de los casos activos en términos absolutos.

La ocupación hospitalaria se sitúa en un 21 por ciento en camas generales y en 14 por ciento en las que están equipadas con ventiladores, un aumento de dos puntos porcentuales en comparación con los últimos días. Concluye la nota periodística.

La Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm) dio a conocer que al inicio de 2022 se incrementaron hasta 50 por ciento las solicitudes de servicios médicos y de aplicación de pruebas para detección de Covid-19 en establecimientos farmacéuticos que cuentan con el servicio, respecto al cierre de 2021.4

Las fiestas de Navidad y de fin de año provocaron un aumento de 460 por ciento en los contagios de Covid-19 en la Ciudad de México, pues de 468 casos registrados diariamente antes del 20 de diciembre, en la primera semana del año se han reportado dos mil 163 cada 24 horas.

Esta situación ha provocado la saturación de quioscos y centros de salud, donde acuden cientos de personas para solicitar una prueba gratuita con el fin de detectar Covid-19. Y no sólo llegan capitalinos a formarse, sino que habitantes de los municipios conurbados como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Atizapán y Naucalpan madrugan porque en el territorio mexiquense cerraron sus módulos y ahora sólo están atendiendo en los hospitales.

Ante la alta demanda de pruebas de antígenos y PCR, el mercado se está volatilizando y cuando no existe un control de precios establecido para las mismas, se están dando casos de desabasto, especulación de precios, aumento de los costos en productos de venta libre y abuso en el precio al consumidor final de dichas pruebas.

Los casos van al alza y las necesidades de pruebas serán mayores en próximos días. Las denuncias en redes sociales y en otros medios de comunicación no se han hecho esperar y la Profeco debe intervenir para evitar el abuso en los precios y las estafas de laboratorios, consultorios o establecimientos clandestinos.

Las pruebas de antígenos sirven para saber si estás o no contagiado de Covid-19, es una prueba que ya puede hacerse quien quiera libremente en su casa, “si se pudiera conseguir”. Sin embargo, lo que se está viviendo en estos últimos días es que o no hay o su precio varía hasta un 200 por ciento dependiendo de la farmacia en la que se compre.

Incluso se han reportado fraudes por parte de laboratorios en la Ciudad de México, como lo ocurrido el pasado 8 y 9 de enero de 2022, que refiere el diario La Jornada en su publicación del miércoles 12 de enero de 2022 indica textual:

“El pasado fin de semana, la alcaldía Miguel Hidalgo instaló módulos para la realización de pruebas Covid-19 en distintas plazas públicas a un costo de 200 pesos mediante un convenio con laboratorios.

Sin embargo, las personas que acudieron el domingo pasado denunciaron que a pesar de haber pagado por el diagnóstico rápido, no han recibido los resultados, aun cuando se les informó que se los harían llegar por medio de un mensaje de texto.

Los usuarios regresaron para exigir la devolución de su dinero, pero les informaron que ya se habían cambiado los laboratorios, sin que las autoridades de la alcaldía se hicieran responsables por el fraude de que habían sido objeto.

En su lugar, los empleados de los nuevos laboratorios les recomendaron volver a pagar la prueba para que tuvieran los resultados, lo que fue calificado de robo por los usuarios”.5

Es entendible que los establecimientos dependen de los proveedores, por ello, el exhorto es a buscar un diálogo con los fabricantes de pruebas para llegar a un acuerdo y lograr un costo accesible para los bolsillos de las y los mexicanos, que por alguna razón tienen que realizarse la prueba, ya sea por trabajo o por salud personal.

La Profeco debe concientizar a los comercializadores de que es más que un tema de negocio, es un tema de salud pública.

El que especula se está enriqueciendo a costa de la salud de las y los mexicanos, y puede ser cualquiera de la cadena de suministro, desde el fabricante, al mayorista, distribuidor o la farmacia porque el precio de esos productos no está regulado.

Esta cadena de suministro debe considerar que hacer una prueba a una familia de 4 integrantes el costo en antígenos puede llegar hasta los 3 mil 200 pesos y en PCR hasta los 12 mil pesos, afectando en gran medida la economía familiar.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a entablar un diálogo con los fabricantes y proveedores de productos de detección de SARS-CoV-2, para evitar la especulación y el encarecimiento de las pruebas derivado de la demanda de dichos productos;

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para que se verifiquen los establecimientos que proporcionan productos y servicios de detección de SARS-CoV-2 con el objeto evitar la especulación, los altos costos, los abusos y las estafas a causa del aumento en la demanda de pruebas por la variante Omicrón en México.

Notas

1 https://www.bbc.com/mundo/noticias-59647890

2 https://theconversation.com/omicron-como-actua-y-como-defendernos-17404 1

3 https://elpais.com/mexico/2022-01-11/omicron-sume-a-mexico-en-la-peor-e scalada-de-contagios-de-covid-de-toda-la-pandemia.html

4 [1]https://www.elsoldehidalgo.com.mx/finanzas/demanda-de-pruebas-covid- 19-crece-hasta-50-en-2022-7700908.html

5 https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/12/capital/exhorta-oliva-lopez -a-timados-en-mh-a-denunciar-en-profeco/

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2021.

Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al incremento de asentamientos humanos irregulares en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Laura Imelda Pérez Segura , integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los demás relativos y aplicables, somete a consideración del pleno de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. Introducción

Los asentamientos humanos irregulares son núcleos de población ubicados en áreas o predios fraccionados o subdivididos que no cuentan con la autorización del Ayuntamiento, o bien, cuenta con dicha autorización pero que no acataron los lineamientos y disposiciones establecidas en la autorización (DOF, 2016).1

Es un fenómeno urbano y social que se presenta en las principales ciudades del país. Se estima que en México hay entre 7 y 7.5 millones de predios irregulares (Salazar, 2012), con un incremento de 90 mil lotes al año2 en las 74 zonas metropolitanas del país. Lo que significa que es aproximadamente el 25.2 por ciento de las viviendas urbanas en el país que no cuentan con escrituras, tomando como referencia la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2020.3

2. Antecedentes

Por lo que respecta a Jalisco y lo relativo a la historia de los asentamientos irregulares, esta no dista de la conformación de las grandes metrópolis de nuestro país.

En “Guadalajara y su región: los desafíos de la política urbana”, Wario Hernández, explica la formación de los asentamientos irregulares como causa del creciente desarrollo económico de la metrópoli, explica:

“Al inicio de los 1970, el ritmo de crecimiento demográfico y la expansión territorial del AMG distaban mucho de ser homogéneos. La metrópoli presentó un proceso de diferenciación todavía más acentuado. Así, durante esta década, el AMG se convirtió en una metrópoli doblemente millonaria y acrecentó su función regional.

“La estructura urbana se transformó cualitativamente al desplazarse algunas actividades centrales hacia los recientes asentamientos del poniente; proceso que consolidó la conurbación de Guadalajara con Zapopan y, por el sur, con Tlaquepaque. Al mismo tiempo se produjeron importantes transformaciones en la economía. A ello se sumaba, por un lado, el fortalecimiento de una política nacional vinculada al concepto de Estado benefactor que opacó los esquemas de “colaboración” y de “plusvalía” en el financiamiento del desarrollo urbano; y, por otro lado, el surgimiento de los asentamientos irregulares, propiciado por la estrechez salarial, por la falta de alternativas inmobiliarias accesibles a los estratos populares y por la propia legislación agraria.”

Tal análisis puede expresarse de mejor manera en el siguiente mapa del área metropolitana de Guadalajara en 1970.

La creciente inmigración rural empezó a propiciar el fenómeno del asentamiento irregular. Los fraccionamientos de origen irregular se empezaron a localizar en los municipios conurbados, principalmente en terrenos ejidales o comunales, y en algunos casos, terrenos privados.

Los especuladores y promotores clandestinos se aprovecharon para lucrar con terrenos, ofreciéndoles precios relativamente bajos a personas ajenas al ejido. De esta manera inició la ocupación y venta de terrenos ejidales que, por su régimen jurídico, no podían ser legalmente ocupados ni vendidos.

Por esta situación se desencadenaron problemas urbanos que, a diferencia de las otras metrópolis mexicanas (Ciudad de México y Monterrey), en Guadalajara se habían mantenido en un nivel discreto. Hay que recordar que al inicio de la década la ocupación de los ejidos por los inmigrantes, en el área conurbada, “apenas equivalía al 1 por ciento del área urbanizada”.4

Como los ayuntamientos no les proporcionaban infraestructura ni servicios públicos hasta que regularizaron su situación, se desarrollaron en la periferia fraccionamientos con vivienda precaria carentes de los servicios urbanos más elementales.5

3. Contexto

En “Dinámica espacial y de población del área metropolitana de Guadalajara” Cruz Solís (2015), se ilustraría cómo crecieron tras 40 años los asentamientos irregulares. Aumentando, sobre todo, en los municipios conurbados que presenta una gran actividad económica, como lo es Guadalajara.

Hablando en términos cuantitativos, Cruz Solís (2015) estimaba con datos del 2000, que al menos en 4 (Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá) de los 10 (San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Acatlán de Juárez, Zapotlanejo y Guadalajara) municipios de la zona metropolitana de Guadalajara se tenían contabilizados alrededor de 100 asentamientos irregulares que abarcaban más de 1 mil 144.86 hectáreas, tal y como puede observarse en el siguiente cuadro.

En 2015, incrementarían los asentamientos irregulares hasta tener contabilizados 364 en el área metropolitana de Guadalajara. Aumentando en 2019 a 458 en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco.6

De acuerdo con datos del extinto Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), en 2019, se estimaba que en los nueve municipios del área metropolitana de Guadalajara (AMG) se tenían contabilizados 19 mil 281 hectáreas de asentamientos con origen irregular; es decir, 26 por ciento del territorio urbanizado. Y que a pesar de que 13 mil 495 ya se encontraban regularizados, el resto, cinco mil 786, continuaban en situación irregular.

Es de destacar que, la cantidad mostrada no es la cifra final, ya que aún hay casos no documentados, puede tomarse como la cifra oficial el más reciente dato, ya que se elaboró a partir de datos proporcionados por los municipios.7

Es necesario resolver esta problemática que tiene un impacto social demasiado profundo. Uno de ellos y el más importante, es el de la segregación socioespacial, el cual es alto, causado por la gran polarización social que cada vez se va haciendo más evidente en la zona metropolitana de Guadalajara, siendo notable por las mayores cantidades de construcciones departamentales de lujo, zonas residenciales y comerciales que se están desarrollando en lugares exclusivos en contraparte con los municipios conurbados de Guadalajara, incrementando la mancha sub urbana que está generando cada vez más zonas de asentamientos irregulares de alto riesgo.8

La experiencia empírica más definida es la que se vislumbra en la calzada Independencia en Guadalajara reflejándose como una barrera infranqueable que marca la desigualdad en el área metropolitana (AMG), con un oriente marginado y un poniente boyante. Los patrones que se encuentran son que la densidad poblacional se concentra en zonas de escasos recursos, con deficiencias en la dotación de servicios de educación, salud, agua potable y seguridad. Donde la estratificación y marginación se da en un lado en específico, el oriente (Saucedo, 2016).

Donde también Saucedo (2016) logra representar por medio de una localización espacial de los estratos de Guadalajara, la estratificación. Donde el autor concluye que:

El lado oriente de la ciudad (derecho) está dominado por los AGEB’s correspondientes al estrato muy bajo, bajo y medio, con algunas excepciones concentradas en su mayor parte en el sur (zona de Río Nilo y Olímpica). Por su lado, el lado poniente de la ciudad está prácticamente integrado de AGEB’s9 del estrato muy alto y alto, con excepción del lado norte, el cual colinda con la barranca de Huentitán y en el cual se encuentra la colonia Lomas del Paraíso (primera y segunda sección).10

La planeación integral debe ser la vertiente para una próxima solución a la problemática de los asentamientos humanos que actualmente se registran en la zona metropolitana de Guadalajara.

Así lo estiman académicos como el maestro Miguel Ángel Ortega Solís, jefe del Departamento de Derecho Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), quién apunta que los gobernantes deberían hacer a un lado los planteamientos a corto plazo o a la duración de su mandato.11

Asimismo, otras problemáticas que se desencadenan por la creación de asentamientos irregulares son los espectaculares, el tráfico vehicular, la no actualización de leyes urbanas, la falta de planes de desarrollo, la proliferación de fraccionamientos inhabitables, contaminación, los desarrollos verticales sin una estructura pública, falta de criterios técnicos y jurídicos, la impartición de leyes confusas, por nombrar algunos.

Dentro del aspecto económico puede observarse la problemática de forma más definida. De acuerdo con datos de Transparencia Presupuestaria, en 2019, se puede observar que, conforme los municipios se alejan de las zonas con más desarrollo, como Guadalajara y Zapopan, la recaudación en el impuesto predial desciende y crecen los asentamientos irregulares, como ya se ilustro anteriormente.

Los ingresos de los municipios per cápita por concepto de pago predial indican que la baja recaudación puede deberse, en gran medida, por el número considerable de asentamientos irregulares. Siendo que el área metropolitana concentra más de 5 millones de habitantes. Tales efectos son notables, como el municipio de Tlaquepaque (con al menos 138 mdp), Tonalá y el Salto. Estos municipios son los más cercanos a Guadalajara, pero son los más bajos en recaudación. Síntoma de este tipo de asentamientos.

Fuente: Elaboración propia con base en Transparencia Presupuestaria

Es urgente resolver dicha problemática, que debe abordarse desde una óptica metropolitana y no municipal, coordinada además entre los tres órdenes de gobierno para lograr incidir en mitigar el aumento de los asentamientos irregulares y sus consecuencias.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto de la división de poderes, exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Jalisco y a los gobiernos municipales de Guadalajara, Acatlán de Juárez, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, Zapopán y Zapotlanejo, que conforman la zona metropolitana de Guadalajara, para que a la brevedad hagan público un informe sobre el número de asentamientos humanos irregulares, la población que en ellos habitan y las condiciones en las que se encuentran, así como de las acciones y mecanismos establecidos para la atención, regulación y planeación de los mismos.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto de la división de poderes, exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Jalisco y a los gobiernos municipales que conforman la zona metropolitana de Guadalajara, a que dentro del ámbito de sus atribuciones, pongan en marcha un plan de regulación de predios a fin de brindar certeza jurídica a las y los jaliscienses que se encuentren en asentamientos irregulares.

Notas

1 DOF (2016) Reglas de Operación del Programa para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares, para el ejercicio fiscal 2017. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468237&fecha=30/12/2016

2 Sedatu (2014). Diagnóstico. Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales. Ciudad de México: Sedatu

3 [1] Inegi (2020). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2020/

4 Vázquez, D. (1989). Guadalajara: ensayos de interpretación, El Colegio de Jalisco, Guadalajara, México

5 Colonias populares consolidadas del área metropolitana de Guadalajara Retos y oportunidades Edith Rosario Jiménez Huerta Heriberto Cruz Solís (Coordinadores). Universidad de Guadalajara. 2015

6 El Informador (2019). Registra metrópoli alza en asentamientos irregulares. Disponible en: https://www.informador.mx/jalisco/Registra-metropoli-alza-en-asentamien tos-irregulares-20190501-0029.html

7 Ibidem

8 [1] UdG. Guadalajara sufre divisiones que exacerban segregación socio espacial. Disponible en: https://www.udg.mx/es/noticia/guadalajara-sufre-divisiones-que-exacerba n-segregacion-socioespacial

9 Área geoestadística básica (AGEB): Es la extensión territorial que corresponde a la subdivisión de las áreas geoestadísticas municipales

10 [1]“De la Calzada para allá”: Fronteras materiales y simbólicas de desigualdad, exclusión y estigmatización en la ciudad de Guadalajara. Disponible en: : https://www.researchgate.net/publication/335690429_De_la_Calzada_para_a lla_Fronteras_materiales_y_simbolicas_de_desigualdad_exclusion_y_estigm atizacion_en_la_ciudad_de_Guadalajara

11 [1] UdG. Asentamientos irregulares impiden un major desarrollo urbano en la zona metropolitan de Guadalajara. (2021) Disponible en: https://www.udg.mx/es/noticia/asentamientos-irregulares-impiden-un-mejo r-desarrollo-urbano-en-la-zmg

Referencias

Libros

Clara, Salazar. (2012). Los cambios al sistema de tenencia de la tierra en México y su impacto en la regularización de asentamientos informales. Ciudad de México: El Colegio de México.

Wario Hernández, E. (1993). “Guadalajara y su región: los desafíos de la política urbana”, Espacio urbano, cambio social y geografía aplicada, Universidad de Guadalajara, México, pp. 213-243.

Cruz Solís, H. (2015) Dinámica espacial y de población del área metropolitana de Guadalajara, Universidad de Guadalajara.

Saucedo, A. & Jaramillo-Molina, “De la Calzada para allá”: Fronteras materiales y simbólicas de desigualdad, exclusión y estigmatización en la ciudad de Guadalajara

Páginas de internet

http://www.cucea.udg.mx/include/publicaciones/coorinv/pd f/Colonias_populares_x1a_color.pdf

https://decisiones.com.mx/zmo/poncitlan/instalan-comisio n-municipal-para-regularizacion-de-predios-en-poncitlan/

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609774&fecha=13 por ciento2F01 por ciento2F2021

https://www.informador.mx/jalisco/Registra-metropoli-alz a-en-asentamientos-irregulares-20190501-0029.html

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Re caudacion_Local

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2022.

Diputada Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC a hacer públicas ante la población las acciones y estrategias contra la inseguridad en el país y sus resultados, suscrita por la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Noemí Berenice Luna Ayala , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal para que hagan públicas ante la población, las acciones y las estrategias que se están tomando para combatir la inseguridad en el país y sus resultados, principalmente en Zacatecas, Michoacán, estado de México y Guanajuato, ante la grave situación de inseguridad que viven dichas entidades; y que, en conjunto con sus gobernadores, se diseñen nuevas tácticas eficaces para combatir la delincuencia .

Consideraciones

Sin duda, México pasa por momentos de alta violencia e inseguridad en todo el territorio nacional. Aun cuando el Informe Diario de Seguridad del gobierno Federal1 indicó en los primeros días del 2022 una baja, señalando que la violencia parece darle un respiro a México y al Ejecutivo federal en los primeros días de este 2022. Según la nota, en los primeros dos días del año se registraron “nada más” 123 asesinatos en todo el país.

Sin embargo, la realidad es otra, la violencia continúa y los homicidios dolosos van en franco crecimiento. Tan sólo el 10 de enero se reportan 7 víctimas por el delito de homicidio en Zacatecas, estado de México y Guanajuato; sólo superados por Michoacán que reporta 11.2

Uno de los grandes retos del Ejecutivo federal es salvaguardar la integridad de las y los mexicanos, quedando claro que la estrategia de “abrazos, no balazos” no ha dado los resultados que esperaba el presidente. Su maniobra frente a la delincuencia y el crimen no ha funcionado.

Tampoco ha funcionado la idea de que “no sirve por sí misma la estrategia de detener a capos” y que los programas sociales de “Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida”, y pensar que ya empiezan a dar resultados para dejar a los grupos delincuenciales sin ejército de reserva, es una mera fantasía.

Lamentablemente, las promesas de campaña del actual presidente de bajar la delincuencia de un 30 a un 50 por ciento en tres años ha quedado atrás y sin efecto, por el contrario, una publicación periodística del diario El Informador 3 señala que una “prueba del fracaso de la política de seguridad de la 4T es el hecho de que, en vez de bajar, el número de homicidios en el primer año de gobierno alcanzó la cifra récord de 34 mil 690, contra los 33 mil 739 del último año del priista Enrique Peña Nieto”.

La misma nota indica que, más allá de la creación de la Guardia Nacional, como eje de su Plan de Reconciliación y Paz para México, y cuya operación no ha logrado bajar la incidencia delictiva, el gobierno de la autollamada cuarta transformación no ha articulado las nueve líneas de acción que salieron de los foros y consultas que en su momento encabezó el propio presidente y su primer secretario de seguridad, Alfonso Durazo, para definir su estrategia de seguridad. Pese a sus nulos resultados, Durazo usó a esa dependencia como trampolín político para ganar la candidatura de Morena que lo llevó gobierno de Sonora.

En lo particular, Zacatecas se ubica en la zona centro-norte de México y colinda con ocho estados: Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Nayarit y Aguascalientes. Su posición geográfica convierte a este estado en una plaza estratégica para las organizaciones delictivas.

Aun cuando el gobernador dice que el crecimiento de la inseguridad no es producto de la casualidad ni de la mala suerte del pueblo, sino de los malos gobiernos y de las malas decisiones que se tomaron durante décadas en el país. Es necesario que sepa que repartir culpas no devuelve la tranquilidad a las y los ciudadanos, los zacatecanos queremos resultados.

Pese a sus cifras halagadoras de que Zacatecas cerró el 2021 con un índice de reducción del 41 por ciento en homicidios dolosos, al igual que disminuciones en el robo de vehículos y en el delito de secuestros, producto del trabajo conjunto con el gobierno de México, así como del Plan Zacatecas II, con el cual se recibe el respaldo pleno del presidente, la realidad que se respira en el estado es otra.

En los últimos tiempos Zacatecas está viviendo una situación inédita en materia de seguridad, la pelea el control de la plaza por parte de la delincuencia organizada está llegando a cifras alarmantes, al grado de poner en riesgo y clara vulnerabilidad a la ciudadanía.

Lamentablemente, el estado tiene una de las tasas más altas de asesinatos y desaparecidos a nivel nacional poniendo en alerta máxima a la población y a las autoridades en focos de atención.

Los datos del Sesnsp muestran además que, desde hace cinco años, Zacatecas rebasa la tasa nacional de homicidios por cada 100 mmil habitantes. Sin embargo, también se ha visto un aumento significativo, al pasar de una tasa de 17 asesinatos en 2015 a casi 64 en 2020.

En los últimos cinco años se ha experimentado un aumento en la violencia de un 272 por ciento.4 De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), en 2015 Zacatecas registró 286 homicidios dolosos. En 2016 llegó a 552.

A partir de entonces, la cifra no bajó de 600: en 2017 hubo 675 asesinatos, en 2018 se registraron 686 y en 2019, 634. En el 2020 se rompió récord de violencia con hasta 1 mil 65 homicidios dolosos. Ese año, Zacatecas vivió su primera masacre relacionada con el crimen organizado:

El 26 de junio los cuerpos de 15 personas fueron localizados en una carretera federal de Fresnillo que colinda con Durango; las víctimas se encontraban envueltas en cobijas, con cinta adhesiva.

Sin duda, la inseguridad que vivimos en el estado de Zacatecas acecha todas y todos los ciudadanos, siendo los municipios de Fresnillo y Zacatecas las localidades más violencia e inseguridad. Incluso, el diario La Jornada 5 en su publicación del 20 de octubre de 2021 indicó que aumentó 262.5 por ciento número de enfrentamientos en los que participaron elementos de seguridad. En 2020, en Zacatecas se recibieron 179 mil 899 llamadas a través de los sistemas telefónicos de emergencias.

Es claro que las policías municipales y estatales se encuentran totalmente rebasadas y, con la entrada de la nueva administración del gobierno estatal aún no se conocen la postura, estrategias y acciones que tomarán en materia de seguridad para la ciudadanía a raíz de los hechos acontecidos.

En Acción Nacional nos solidarizamos con la población ante la incontenible ola de violencia que afecta al estado. Como diputada federal y representante de las y los zacatecanos, exhorto respetuosamente al gobierno de David Monreal a enfrentar a la delincuencia con una estrategia efectiva para proteger a la ciudadanía zacatecana.

El reclamo ciudadano se da tras el atroz hecho ocurrido en la capital del estado, cuando la delincuencia organizada envió un claro mensaje intimidatorio a las autoridades estatales y sembraron terror entre los habitantes, al dejar en plena Plaza de Armas, donde estaba instalada la Villa Navideña, un vehículo con varios cadáveres en su interior.

En este caso, el gobernador señala que ya se logró la aprehensión de los homicidas en una rápida acción coordinada con la Guardia Nacional, sin embargo, no se sabe nada de los supuestos asesinos, ni su paradero, ni si se les ha otorgado el debido proceso con la finalidad de que no salgan por inconsistencias en su detención.

Las y los zacatecanos no queremos más cifras maquilladas, queremos ver resultados reales y no números, queremos que las familias puedan salir tranquilamente a la escuela, a los trabajos, a las compras, sin miedo a ser un daño colateral de la delincuencia o con la protección de los santos. No más cortinas de humo, menos discurso y más resultados.

A casi tres meses de su implementación, es un fracaso el operativo de seguridad “Zacatecas Dos”, puesto en marcha por el presidente en su visita del pasado 25 de noviembre al estado, pues homicidios, desapariciones forzadas, enfrentamientos y desplazamientos sociales no cesan; se recrudecen.

La continua presencia de eventos sangrientos, en los que se exhiben cuerpos de mujeres y hombres torturados y asesinados, es una lastimosa realidad que la gente buena de Zacatecas no podemos seguir viviendo, por lo que urge que el gobierno estatal replantee sus acciones en materia de seguridad para enfrentar y frenar al crimen organizado.

En esa tarea también deben colaborar la federación y, desde su ámbito de competencia preventivo, el gobernador del estado y los 58 municipios. Triste Día de Reyes 2022 vivimos en Zacatecas, pero no debemos darnos por vencidos, necesitamos fortalecer a las instituciones y darle confianza a la población con estrategias eficaces que den resultados. Basta ya de abrazos y combatamos con acciones contundentes.

Fortalecer a la Fiscalía General de Justicia del Estado y Poder Judicial ante los drásticos recortes presupuestarios que en el Congreso local aprobaron los diputados.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal para que haga públicas ante la población, las acciones y las estrategias que se están tomando para combatir la inseguridad en el país y sus resultados; principalmente en los estados de Zacatecas, Michoacán, estado de México y Guanajuato ante la grave situación de inseguridad que viven dichas entidades;

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal para que, en conjunto con sus gobernadores, se diseñen nuevas tácticas y estrategias integrales, eficientes y eficaces para combatir la inseguridad y delincuencia.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Zacatecas a esclarecer e informar a la ciudadanía sobre los hechos del multihomicidio hallado en la Plaza de Armas el pasado 6 de enero de 2022.

Notas

1 http://www.informeseguridad.cns.gob.mx/

2 http://www.informeseguridad.cns.gob.mx/files/homicidios_10012022_v2.pdf

3 https://www.informador.mx/ideas/Inseguridad-el-mayor-reto-para-el-2022- 20220104-0033.html

4 Información publicada por expansión el 12 de julio de 2021. https://politica.expansion.mx/estados/2021/07/12/la-violencia-en-zacate cas-aumenta-hasta-272-en-cinco-anos

5 https://ljz.mx/2021/10/20/aumento-262-5-numero-de-enfrentamientos-en-lo s-que-participaron-elementos-de-seguridad/

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2021.

Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Sipinna, la Procuraduría de la Defensa del Menor y sus homólogos en NL a investigar y rendir un informe sobre la salida de un menor del albergue Capullos, suscrita por la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Aleida Alavez Ruiz , integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de está soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Consideraciones

El 14 de enero del año en curso, la titular de la oficina “Amar a Nuevo León”,1 Mariana Rodríguez Cantú, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, mediante sus redes sociales (Instagram), hizo del conocimiento público que solicitó y obtuvo un permiso de convivencia domiciliaria por un fin de semana, con un niño, que se encontraba en el DIF Capullos de Nuevo León, sin tener ningún vínculo familiar o jurídico; únicamente, bajo el argumento de que ella y su familia habían establecido un fuerte vínculo afectivo con el niño.

Situación a todas luces irregular, pues en la página del Sistema Nacional de Protección de Niñas y Adolescentes se reconoce el derecho de las niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas, a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular, excepto en los casos en que el órgano jurisdiccional competente determine que ello es contrario al interés superior de la niñez.2

Y, en el mismo sentido, el DIF del estado de Nuevo León, en su portal informativo, indica que una solicitud de convivencia sirve para “mantener el vínculo afectivo de una niña, niño o adolescente, con su familia de origen o extensa”, pues con esta actividad se busca restituir el derecho de los infantes a vivir en un entorno familiar libre de violencia de manera indefinida”.3

En este caso, ni la empresaria Mariana Rodríguez Cantú ni el gobernador Samuel García Sepúlveda son familiares del menor ni están vinculados a la carpeta de investigación que tiene este niño, ni han acreditado haber realizado trámite formal alguno de adopción respecto del mismo; situación que, en todo caso, tampoco permitiría la salida por un fin de semana, de un menor de edad, con fines de convivencia y que incluso podría evidenciar, el uso indebido de influencias.

Cabe recordar que la adopción, como cualquier medio alternativo de cuidado familiar, debe apegarse a las disposiciones legales, pues el principal objetivo es salvaguardar la integridad de las niñas, niños y/o adolescentes y brindarles el derecho a vivir en familia, por lo que toda persona o familia interesada en iniciar un proceso de adopción debe contar con un certificado de idoneidad, el cual puede ser expedido por el Sistema Nacional DIF, Sistemas Estatales y/o las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que jurídicamente sea posible asignar a una niña, niño o adolescente en situación de adopción.

De donde se deriva la necesidad de acreditar si existe un presunto fundamento legal para autorizar tales hechos o, en su caso, determinar la responsabilidad administrativa o incluso penal de las personas responsables de autorizar la salida de un niño de cinco meses de edad del albergue DIF Capullos.

Al respecto, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) expresó en un comunicado que “un niño o niña en un centro de atención del DIF es per se víctima de violaciones previas a sus derechos, de ahí que el Estado deba interceder por su protección” y en el caso, no se ha actuado en tal sentido.4

Aunado a lo anterior, es de resaltar que la también influencer5 Mariana Rodríguez Cantú hizo del conocimiento público, mediante redes sociales, fotografías y videos que exhiben al menor, en lo que presuntamente constituye su domicilio familiar, sin tomar las medidas necesarias para ocultar la cara del menor e incluso, revelando la identidad del niño.

Situación por la que organizaciones como Save de Children se han pronunciado en el sentido de que esos hechos pueden ser constitutivos del delito de trata de personas por parte de Mariana Rodríguez Cantú y de Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, al usar las imágenes con fines políticos y/o mercantiles.6

Los hechos descritos a todas luces violan el principio establecido en el artículo 4o. de la Constitución Política y el artículo 3o. de la Convención de los Derechos del Niño, que establecen la obligación de velar por el interés superior de las niñas, niños y adolescente; principio que debe ser el eje rector en las acciones de las instituciones públicas o privadas, de bienestar social, administrativas, y de cualquiera otra índole.

Además, se ha transgredido el derecho a la intimidad del menor como lo establece el artículo 77 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) que a la letra dice:

“Se considerara? violacio?n a la intimidad de nin?as, nin?os o adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificacio?n en los medios de comunicacio?n que cuenten con concesio?n para prestar el servicio de radiodifusio?n y telecomunicaciones, asi? como medios impresos, o en medios electro?nicos de los que tenga control el concesionario o medio impreso del que se trate, que menoscabe su honra o reputacio?n, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio de intere?s superior de la nin?ez”.7

Por ello, es necesario que se haga del conocimiento público la información objetiva sobre estos hechos y en su caso, se sancione administrativa o incluso penalmente a quienes hayan permitido la realización de los mismos, pues no existe razón o fundamento legal que justifique la salida con fines de “convivencia familiar” de un menor, que además, de acuerdo a los medios de información, requiere de cuidados médicos especializados.

También, se estima pertinente dar seguimiento a la solicitud que emitió la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL), dirigida al señor Miguel Ángel Sánchez Rivera, director del DIF Capullos Nuevo León, a fin de adoptar las medidas pertinente para garantizar el derecho a la intimidad, protección de la imagen y de los datos personales de éste menor y de cualquiera otro que se encuentren bajo la guardia y custodia de esa institución, con el fin de prevenir posibles violaciones a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes a su cargo.

Asimismo, la CEDHNL solicitó “que se vigilen los procedimientos y formas de intervención de las personas servidoras públicas que atienden a niñas, niños y adolescente, específicamente la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes”, a fin de que “invariablemente observen el marco legal aplicable, a fin de garantizar el respeto de sus derechos humanos.”8

Al respecto, es de resaltar que la materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y el interés superior de la niñez, además de estar establecida por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, está regulada por la Ley General de los Derechos de Niñas y Adolescentes, y que por tanto, es procedente que en relación a los hechos, participen como garantes de los derechos del menor, las instituciones de carácter federal, como el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Procuraduría de la Defensa del Menor, en coordinación con sus homólogas de las entidades federativas.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por párrafo primero del artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Procuraduría de la Defensa del Menor y a sus homólogos de la entidad federativa de Nuevo León, a que investiguen los hechos y a las personas que permitieron la salida por un fin de semana, con presuntos fines de convivencia familiar, de un niño del albergue del DIF Capullos de Nuevo León, al domicilio de Mariana Rodríguez Cantú y de su esposo Samuel García Sepúlveda, gobernador de esa entidad, y rindan un informe que contenga los elementos que dieron lugar a los hechos.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Procuraduría de la Defensa del Menor y a sus homólogos de la entidad federativa de Nuevo León, a promover cualquier acción administrativa o incluso de carácter penal, respecto de las personas responsables de los hechos materia del presente exhorto, por los que se permitió la salida por un fin de semana, con presuntos fines de convivencia familiar de un niño del albergue del DIF Capullos de Nuevo León, al domicilio de Mariana Rodríguez Cantú y de su esposo Samuel García Sepúlveda, así como por la exposición del menor a las redes sociales, a fin de fincar las responsabilidades administrativas que correspondan y presentar denuncias penales por las posibles conductas constitutivas de delito.

Notas

1 https://www.nl.gob.mx/amaranuevoleon

2 https://www.gob.mx/sipinna/articulos/vivir-en-familia-derecho-de-ninas- ninos-y-adolescentes?idiom=es

3 https://animal.mx/tendencias/que-paso-mariana-rodriguez-adopta-bebe-fin-de-semana/?utm_source=Facebook&
utm_medium=Social&utm_campaign=Animal_Politico&fbclid=IwAR1lpMQj7riKL3bvbDPuEVPoteUPDQaiUdzAjCpx
PNA5CIhBvTMQJg936bc

4 https://animal.mx/tendencias/que-paso-mariana-rodriguez-adopta-bebe-fin-de-semana/?utm_source=Facebook&
utm_medium=Social&utm_campaign=Animal_Politico&fbclid=IwAR1lpMQj7riKL3bvbDPuEVPoteUPDQaiUdzAjCpx
PNA5CIhBvTMQJg936bc

5 https://www.40defiebre.com/que-es/influencer

6 [1] https://www.sinembargo.mx/18-01-2022/4105611

7 ttp://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_110121.pdf

8 https://twitter.com/CEDHNL/status/1483220720549122050/photo/1

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2022.

Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y el IMSS a iniciar cuanto antes la construcción de dos clínicas de medicina familiar en Celaya y San Miguel de Allende, Guanajuato, suscrita por el diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Ricardo Villarreal García , del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con por el que exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a iniciar a la brevedad la construcción de dos clínicas de medicina familiar en los municipios de Celaya y San Miguel de Allende, ambos del estado de Guanajuato , lo anterior al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La salud de las personas es un fenómeno multicausal, por lo que su análisis debe abarcar fenómenos que van más allá de las medidas preventivas o curativas, como la atención de las necesidades alimentarias, educativas y de vivienda.

En México, actualmente existe un sistema de salud segmentado, constituido por un modelo bismarckiano de seguridad social y otro de protección social en salud. Este último, desarrollado con el fin de dar cumplimiento al artículo 4o. constitucional, mediante el cual la salud deja de ser un derecho vinculado a la condición laboral del individuo.1

Nuestro sistema de salud consta de tres componentes principales que operan en paralelo: el primero es el esquema de seguro social basado en el empleo; el segundo es el de servicios de asistencia pública para los no asegurados, y el tercero es el del sector privado compuesto por proveedores de servicios y aseguradores desvinculados del sector público, así como de fabricantes y distribuidores de dispositivos médicos y de productos farmacéuticos.

Ante esta realidad parecieran perfilarse para el futuro al menos tres alternativas: la permanencia de un sistema de salud mixto con instituciones de seguridad social y de protección social con un peso similar dentro del Sistema Nacional de Salud, la extensión de la seguridad social como mecanismo de acceso a la salud preponderante en el conjunto del sistema, o su contrario, la extensión de la protección social como mecanismo de acceso generalizado. Ante los retos que enfrentamos es deseable que se establezca un sistema unificado de salud; el objetivo debe ser que la salud esté universalmente protegida, como actualmente sucede, pero que esté garantizada a través de un sistema mucho más eficiente y basado en atención primaria.

Creado en 1943, el Sistema de Salud en México es hoy una amalgama de instituciones públicas y privadas que no garantizan el acceso a la salud y servicios de calidad para todos.

El Sistema de Salud en México comprende dos sectores, el público y el privado. En el primer sector encontramos: Instituciones de seguridad social como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de la Defensa (Sedena), Secretaría de Marina (Semar) y otros; en lo que respecta a las instituciones y programas que atienden a la población sin seguridad social Secretaría de Salud (SSa), Servicios Estatales de Salud (SESA), Programa IMSS-Oportunidades (IMSS-O), Seguro Popular (SP). El sector privado comprende: compañías aseguradoras y prestadores de servicios que trabajan en farmacias, consultorios, clínicas y hospitales privados, incluyendo a los prestadores de servicios de medicina alternativa.

En la actualidad, México encara el reto de cubrir las necesidades de salud de toda la población con equidad y calidad. El desmedido impacto de la pandemia de Covid-19 demostró que la segmentación del sistema de salud impidió una respuesta efectiva, a la vez que las epidemias de diabetes, cáncer de mama y violencia, entre muchas otras, hacen ya impostergable la integración del sistema en torno a un solo fondo público para el financiamiento de prestadores organizados en redes autónomas de servicios a nivel local. La eficiencia y la calidad deben estar auspiciados por la libertad de elección del prestador primario por parte de usuarios empoderados por reguladores únicos nacionales.

A pesar de que el Sistema de Salud mexicano posee una infraestructura amplia, esta también se encuentra fragmentada y trae consigo varias consecuencias: la falta de coordinación entre los lugares de atención, dificultad para acceder a los servicios médicos, impartición de servicios de salud sin calidad, falta de seguimiento al historial clínico de los pacientes, uso irresponsable de recursos económicos, entre otros.

La falta de clínicas del IMSS a nivel nacional se hace notoria, algunas fueron cerradas por falta de personal y la mayoría de ellas por falta de recursos económicos, lo que pone en peligro la salud y el bienestar de los ciudadanos que tienen derecho al servicio de salud.

Específicamente en el estado de Guanajuato, en 2019 más de 48 mil personas que no eran derechohabientes del IMSS, pero que eran atendidas por el IMSS- Bienestar han resultado afectadas luego del cierre de 8 clínicas en diferentes municipios del estado de Guanajuato.2

El número de habitantes que se tienen registrados específicamente en los municipios de Celaya y San Miguel de Allende como derechohabientes son:

Fuente: https://public.tableau.com/app/profile/imss.cpe/viz/PDA/DSH_PDA

En relación con la pandemia, otras agendas menesteres que se debe tomar en cuenta, es implantar mayores accesos a servicios de salud, además de incrementar infraestructura sanitaria.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal y al titular el Instituto Mexicano del Seguro Social a iniciar a la brevedad la construcción de dos clínicas de medicina familiar en los municipios de Celaya y San Miguel de Allende del estado de Guanajuato.

Notas

1https://www.anmm.org.mx/GMM/2012/n6/GMM_148_2012_6_502- 508.pdf

2 https://www.milenio.com/politica/comunidad/incierto-panorama-8-clinicas -imss-guanajuato

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2022.

Diputado Ricardo Villarreal García (rúbrica)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la STPS, a solicitar la intervención de diversos organismos, nacionales e internacionales, como observadores externos durante la jornada electoral del día 31 de enero del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) con la finalidad de brindar insumos que permitieran a la autoridad pronunciarse sobre la validez o los resultados del proceso de la renovación de su dirigencia nacional, a cargo de la senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en la LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y demás de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción II, y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la cual la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, a través del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se solicite la intervención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del Instituto Nacional Electoral (INE) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como observadores externos durante la jornada electoral del día 31 de enero del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) con la finalidad de brindar insumos que permitieran a la autoridad pronunciarse sobre la validez o los resultados del proceso de la renovación de la dirigencia nacional del STPRM, así como coadyuvar en la generación de un clima de certidumbre y confianza entre la base trabajadora, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Reforma Laboral publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1° de mayo de 2019, es resultado de una larga lucha de los trabajadores mexicanos por la democracia y la libertad sindical. Responde a los compromisos del Estado mexicano derivados de la modificación constitucional de 2017 y la adopción del Convenio sobre la Libertad y la Protección del Derecho de Sindicación (Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT), Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (Convenio 98 de la OIT) y desde luego el nuevo el Tratado de Libre Comercio entre México-Estados Unidos-Canadá (TMEC).

Estas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo contemplan una Justicia laboral expedita, Transparencia sindical, Inclusión con perspectiva de género y de manera histórica se incorpora la libertad y democracia sindical, para garantiza el derecho de libre afiliación, la autonomía de los sindicatos y la prohibición de todo acto de injerencia en su vida interna. Asimismo, se establecen procedimientos democráticos para garantizar la representatividad sindical y la negociación colectiva auténtica.

Estos principios de libertad sindical aseguran el cumplimiento del derecho a constituir libremente organizaciones sindicales y pertenecer o no a ellas, en congruencia con los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En este sentido se contempla que las elecciones de las directivas serán a través del voto personal, libre, directo y secreto y respetarán la proporcionalidad en materia de género y su duración no podrá ser indefinida o con una temporalidad que obstaculice la participación democrática o atente contra el derecho de votar y ser votado.

Con la reforma al artículo 371, fracción IX se da el reconocimiento del derecho de las y los trabajadores a elegir a sus dirigentes a través del voto personal, libre, directo y secreto.

En este sentido, la Secretaría General del Sindicato Trabajadores Petroleros de la República Mexicana se encuentra acéfala desde diciembre de 2019, cuando Carlos Romero Deschamps, anunció su salida como secretario general después de 26 años de estar al frente.

Por lo tanto, con fecha 7 de diciembre, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) emitió la convocatoria para la elección del dirigente nacional del gremio, que consta de 5 etapas: emisión de convocatoria, registro de votantes, registro de candidatos, campaña y jornada electorales.

Como se ha dado a conocer por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social primera vez en la historia democrática de México se desarrollará la elección de un sindicato por la vía electrónica, cuando más de 90 mil integrantes del Sindicato Petrolero de la República Mexicana (STPRM) elijan a su secretario general a través de la plataforma Sirvolab, desarrollada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y que fue puesta a disposición del Sindicato.

En este sentido, se han manifestado diversas dudas por parte de la base trabajadora sobre quién validará la lista final de trabajadores con derecho a voto, que garantía tiene el trabajador de que su voto es secreto, ya que la plataforma estará en manos del Sindicato, de qué manera se van a validar las IP y evitar la emisión de diversos votos desde un solo dispositivo móvil o equipo de cómputo, saber si la ubicación geográfica permite identificar o evidenciar la coacción del voto o si se hace un registro de captura de pantalla, para evitar presiones al trabajador.

También existe una preocupación de la seguridad con la que cuenta la plataforma, ya que no se sabe si tiene alguna certificación de seguridad, candados de seguridad y si se han realizado auditorias externas para su funcionamiento.

Por lo anterior, todas estas acciones que han sido implementadas resultan insuficientes para garantizar los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y libertad en la elección de dirigencias, pues la aplicación SIRVOLAB se está dejando en manos del mismo Sindicato y como sabemos quedaría en manos de dirigentes ilegítimos que han hecho todo un negocio alrededor del sindicalismo, quienes llevan a cabo prácticas antidemocráticas que vulnera el derecho de las y los trabajadores.

Uno de los ejemplos más recurrentes en ese sentido, es la emisión tardía de la Convocatoria y por lo tanto se postergó el registro de votantes, han modificado los plazos de registro, así como la modalidad de darse de alta en el sistema electrónico, además de dejar la puerta abierta para que puedan emitir el voto mediante urnas, es decir, continuar con las mismas prácticas que han servido para ocupar los más altos cargos en la vida pública de México a costa de los trabajadores.

Por ello, se requiere revisar, vigilar y validar que el proceso electoral se lleve a cabo en cumplimiento de la Ley y se garantice la equidad en la contienda y, a su vez, que estos aseguren el cumplimiento de los derechos fundamentales de las y los trabajadores, de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales en materia laboral y sindical.

Lo anterior son principios que deben ser garantizados y protegidos por el Estado mexicano, toda vez que son derechos reconocidos por nuestra Carta Magna y que son resultado de las luchas sociales que implicaron la defensa de los derechos básicos de las y los trabajadores.

En este sentido y de conformidad con los artículos 371, 371 Bis y 390 Bis, 390 Ter, 400 Bis y Décimo Primero transitorio de la Ley Federal del Trabajo, la organización, preparación y desarrollo de procedimientos, en los que los trabajadores participan con el objeto de tomar decisiones a través del voto personal, libre, directo y secreto, entre otras, las relacionadas a elecciones de sus directivas sindicales, la aprobación de sus contratos colectivos y/o revisiones de los mismos, están sujetas a un sistema de verificación del cumplimiento de los requisitos, para lo cual los sindicatos podrán solicitar el auxilio del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a efecto que certifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha ley.

Estos nuevos procedimientos de elecciones sindicales forman parte del nuevo modelo laboral en materia de libertad y democracia sindical, así como del cumplimiento de obligaciones y compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano, mediante la ratificación de convenios y tratados en materia de trabajo, en los que participan, por una parte, el Sindicato y los trabajadores en la organización y desarrollo el procedimiento y, por otra parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como autoridad encargada de realizar la validación y en su caso, registro correspondientes.

Por lo anterior, se considera de mayor importancia la participación de observadores en el proceso electoral con la finalidad de brindar insumos que permitieran a la autoridad pronunciarse sobre los atributos, la validez o los resultados del proceso de renovación de la dirigencia nacional del STPRM, así como coadyuvar en la generación de un clima de certidumbre y confianza entre las partes implicadas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición de urgente y obvia resolución con

Punto de Acuerdo

Primero. – La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para que a través del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) y en el marco del proceso de la sustitución por vacancia de la Secretaría General del Comité Ejecutivo General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) a celebrarse el día 31 de enero de los corrientes, garantice los principios constitucionales de certeza, confiabilidad y legalidad en materia los procedimientos de elección para salvaguardar el pleno ejercicio del voto personal, libre, directo y secreto de los miembros, así como ajustarse a las reglas democráticas y de igualdad de género establecidas en la Ley.

Segundo. - La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, a través del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se solicite la intervención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del Instituto Nacional Electoral (INE) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como observadores externos durante la jornada electoral del día 31 de enero del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) con la finalidad de brindar insumos que permitieran a la autoridad pronunciarse sobre la validez o los resultados del proceso de la renovación de la dirigencia nacional del STPRM, así como coadyuvar en la generación de un clima de certidumbre y confianza entre la base trabajadora.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, 17 de enero de 2022

Senadora Cecilia Sánchez García