Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a las Comisiones Unidas de Gobernación y Población, y de Justicia de la Cámara de Diputados a iniciar denuncia de juicio político respecto al diputado Gabriel Ricardo Quadri de la Torre por promover discursos de odio contra la diversidad sexual y la comunidad LGTTTBIQ+; y al Conapred, a iniciar queja por el asunto, suscrita por la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Aleida Alavez Ruiz, diputada federal a la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, en nombre de las, los y les diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario de Morena y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 6 de enero pasado, el diputado federal por el Partido Acción Nacional, Gabriel Ricardo Quadri de la Torre demostró una vez más su transfobia y desprecio hacia integrantes de la comunidad LGTTTBQ+ al escribir en su cuenta de Twitter “¿Y las mujeres van a permitir que hombres vestidos de mujer utilicen sus baños y vestidores, y compitan contra ellas en actividades deportivas?”1

No es la primera vez que el legislador se expresa de ese manera en contra de la diversidad sexual. En la misma red social, en el mes de noviembre de 2021, escribió “¿Por qué, al parecer, las personas de la diversidad sexual no tienen otro interés, tema u opinión más allá de su sexualidad y temas inherentes y conexos?”2

El artículo 1o. de nuestra Carta Magna establece que: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

El marco jurídico mexicano reconoce el derecho de cada persona a ejercer libremente su sexualidad. Es por ello que, los derechos de todas las personas, incluyendo las de la comunidad de la diversidad sexual no se soslayan sino por el contrario, deben garantizarse tal y como marca nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las convenciones internacionales en materia de derecho a la igualdad y no discriminación.

La diversidad sexual hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir la sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones, identidades sexuales y de género, distintas en cada cultura y persona. “Es el reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y manifestarse sin más límites que el respeto a los derechos de las otras personas”.3

Y los constantes ataques y el discurso de odio que promueve el legislador panista, Gabriel Quadri, no solo vulnera el derecho de las personas a vivir una sexualidad libre, también pone en peligro la vida de las mujeres trans.

Así lo han dejado claro nuestras compañeras diputadas del Grupo Parlamentario de Morena, Salma Luévano Luna y María Clemente García Moreno, dos valientes legisladoras, mujeres transexuales que han levantado la voz en contra de los discursos de odio como el de Quadri, discursos que llegan a normalizar los crímenes hacia la comunidad trans, que tanto laceran a nuestra sociedad.

El discurso de odio promueve los ataques brutales que la comunidad trans sufre día con día como el que recientemente fue víctima la activista defensora de los derechos de las mujeres transexuales en México, Natalia Lane, agredida con arma blanca en la colonia Portales, alcaldía Benito Juárez, demarcación gobernada por el PAN, por cierto.

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT, entre el 1 de enero y 13 de diciembre de 2021 se contabilizaron 32 transfeminicidios en México. Dicha cifra corresponde a casi el 50% de los asesinatos en razón de orientación sexual e identidad de género en nuestro país durante dicho año.4

Las expresiones del legislador panista Gabriel Quadri se han ganado el repudio de la sociedad e incluso de organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que condenó sus dichos por ser claramente discriminatorios y transfóbicos, que atentan contra la dignidad y los derechos humanos de las personas LGBTTTIQ+.5

A nivel internacional, la transfobia de Gabriel Quadri ha sido desenmascarada, basta recordar su expulsión durante una entrevista con la cadena de noticias CNN cuando advirtió que “se quiere imponer una ideología trans en la sociedad mexicana.6

Resulta inaudito y hasta vergonzoso que un representante popular como lo es Gabriel Ricardo Quadri de la Torre, elegido por el voto popular de la ciudadanía con el objetivo de legislar en pro de los derechos humanos de las y los mexicanos, se exprese de tal manera y comprometa así la seguridad y la vida de aquellas personas cuyo único “delito” es querer vivir su sexualidad libremente.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Comisiones Unidas de Gobernación y Población y de Justicia de la H. Cámara de Diputados, con base en el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6º, 7º. y 10º de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a iniciar denuncia de juicio político en contra del ciudadano Gabriel Ricardo Quadri de la Torre, diputado federal por el PAN, por promover discursos de odio en contra de la diversidad sexual y contra la comunidad LGTTTBIQ+.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación -CONAPRED- a iniciar queja por los discursos de odio en contra de la comunidad Trans por parte del C. Gabriel Ricardo Quadri de la Torre, diputado federal por el PAN.

Notas

1 https://twitter.com/g_quadri/status/1479128250731630592

2 https://twitter.com/g_quadri/status/1461464322199236613

3 Guía de acción pública contra la homofobia, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). 2012.

4https://www.homosensual.com/lgbt/trans/transfeminicidio s-en-mexico-2021-las-nombramos-y-exigimos-justicia/

5 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-01/COM_2022 _009.pdf

6 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/que-dijo-gabriel-quadri-para-que- lo-corrieran-de-un-programa-en-vivo-de-cnn

Diputada Aleida Alavez Ruiz

Dado en el Pleno de la Comisión Permanente, el 18 de enero de 2022.

Diputada Aleida Alavez Ruiz

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a implantar políticas públicas adecuadas y generar certidumbre jurídica a las empresas para que haya mayor inversión, crecimiento económico y creación de empleos, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Gina Gerardina Campuzano González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo conforme a las siguientes

Consideraciones

La salida de Citigroup cayó como un balde de agua fría en México, en un momento en que el clima de negocios carece de confianza y los prospectos de crecimiento económico se revisan a la baja. El banco global, uno de los más grandes en el mundo, aseguró en un comunicado que pondría a la venta el negocio de banca al consumidor de Banamex, institución emblemática del país que adquirió en 2001, y permanecería para trabajar solamente con clientes institucionales. La razón, aseguró, es que este negocio ya no está en línea de con su nueva estrategia.1

Citi se une a JPMorgan , banco que anunció el cierre de sus operaciones en banca privada en México el año pasado y a Santander, el cual tomó en mayo un primer paso al dejar de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Recientemente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un comunicado que aborda de manera directa las especulaciones y preguntas del sector: La “decisión de Citigroup no afecta su confianza en México”, a manera de título. Agregando que Citigroup “avisó oportunamente a las autoridades hacendarias del país su decisión de salir de los negocios de banca minorista y empresarial como parte de su estrategia global”.2

De acuerdo con Alexis Milo, consultor, exfuncionario del Gobierno Federal y execonomista jefe de HSBC y Deutsche Bank en México, destacó que la manera en que Citi hizo el anuncio es muy atípico de este tipo de decisiones, ya que “Es cierto que hay una tendencia global de los bancos a enfocarse en las áreas y en las regiones y en los sectores en donde son más competitivos”, dice el economista, “pero no podemos dejar de ver que Citi está poniendo a la venta Banamex, un banco de mucho tiempo en México, emblemático, que fue una parte muy importante de sus ingresos por mucho tiempo”.3

También destacó que, lo que es más común, cuando bancos de este calibre hacen este tipo de anuncios, es que se anuncie también un potencial comprador con el cual ya se han empezado conversaciones. Que Citi haya decidido anunciar que pone Banamex a la venta de esta manera, sugiere que el anuncio es también para las autoridades, tanto en México como en Estados Unidos, su país base. “Esto se toma como un anuncio o una señal de que un banco como Citi ve que México, o el mercado mexicano, empieza a perder atractivo”.4

Esta semana, la división de análisis del banco de inversión Bank of America (BofA) redujo su pronóstico de crecimiento del producto interno bruto (PIB) para el país de 2.5 a 1.5 por ciento este año, debido a la alta incertidumbre que vive el sector privado, derivado de las políticas del gobierno federal que buscan darle prioridad a las empresas energéticas del Estado. Esto está generando tal incertidumbre , que las empresas están invirtiendo muy poco , lo cual contribuye a un estancamiento económico.5

De acuerdo con el Reporte de BofA, firmado por el economista jefe Carlos Capistrán “La alta incertidumbre está relacionada con un cambio en el marco institucional en varios sectores, pero más marcadamente en el sector energético, con una importante reforma en el Congreso” y la reforma energética “tardará muchos meses este año en resolverse y también hay un referéndum revocatorio en el segundo trimestre”. El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que su gobierno será uno de transformación y “todo proceso de transformación implica cambio y por ende incertidumbre. Es probable que la alta incertidumbre sea una de las razones por las que la inversión es muy baja”, de acuerdo con el reporte.6

De acuerdo con Milo “Esta administración les ha mandado a las empresas la señal de que están muy desprotegidas”. En sus conferencias de prensa diarias, López Obrador ha hecho de empresas en diferentes sectores el blanco de críticas, aun cuando asegura tener buena relación con ellas. “Yo creo que muchas empresas grandes se sienten muy inseguras, muy expuestas, vulnerables. Sienten que no pueden ir con el gobierno si se enfrentan a un problema o complicación a pedir ayuda”.7

De acuerdo con Milo, administraciones en el pasado, tenían un lazo estrecho con las empresas generadoras de empleos, para evitar que se fueran. Las ligas entre los poderes económicos y el gobierno son muy criticadas por López Obrador y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quienes sostienen que, para evitar la corrupción y trabajar para eliminar la pobreza, estos poderes deben de gozar de cierta distancia. “Este gobierno da la señal de que si te pasa algo malo, te tienes que ir”.8

Citi no es ajeno al escándalo. En 2015, reguladores bancarios en Estados Unidos de América (EUA) y del estado de California, multaron a una subsidiaria de Citi, Banamex USA , por 140 millones de dólares por no tener controles adecuados contra el lavado de dinero. Citi cerró el negocio estadounidense y pagó 97.4 millones de dólares para cerrar la investigación.9

De acuerdo con “El negocio para los grandes bancos en México no es el más redituable, y, en cambio, sí representa un riesgo alto para su marca global”, “cualquier día de estos hay un escándalo, resulta que le dieron un crédito a quien no se lo debían de dar o que recibieron unos depósitos que no debían haber recibido y el gobierno no está ahí para echarles la mano, entonces, yo creo que eso a muchos bancos les están dando miedo”.10

Es por ello que presento el presente exhorto al Ejecutivo federal para que implemente las políticas públicas adecuadas y generar certidumbre jurídica a las empresas para que exista mayor inversión y genere mayor crecimiento económico y creación de empleos.

Por lo antes expuesto y fundamentado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y realizar las acciones necesarias a fin de generar certidumbre jurídica a las empresas para que exista mayor inversión y genere mayor crecimiento económico y creación de empleos, por lo que me permito proponer, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que implemente las políticas públicas adecuadas y generar certidumbre jurídica a las empresas para que exista mayor inversión y genere mayor crecimiento económico y creación de empleos.

Notas

1 Isabella Cota, La salida del Citigroup pone el foco en la incertidumbre sobre las inversiones en México, El País, consultado por última vez el 17 de enero de 2022 en https://elpais.com/mexico/2022-01-12/la-salida-del-citigroup-pone-el-fo co-en-la-incertidumbre-sobre-las-inversiones-en-mexico.html

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 Isabella Cota, La salida del Citigroup pone el foco en la incertidumbre sobre las inversiones en México, El País, consultado por última vez el 17 de enero de 2022 en https://elpais.com/mexico/2022-01-12/la-salida-del-citigroup-pone-el-fo co-en-la-incertidumbre-sobre-las-inversiones-en-mexico.html

6 Ibídem.

7 Ibídem.

8 Ibídem.

9 Isabella Cota, La salida del Citigroup pone el foco en la incertidumbre sobre las inversiones en México, El País, consultado por última vez el 17 de enero de 2022 en https://elpais.com/mexico/2022-01-12/la-salida-del-citigroup-pone-el-fo co-en-la-incertidumbre-sobre-las-inversiones-en-mexico.html

10 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2022.

Diputada Gina Gerardina Campuzano González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a efecto de exhortar a la SICT a analizar los títulos de concesión dados para colocar casetas telefónicas en la vía pública y autorizar el retiro inmediato de las que perdieron el fin de su instalación, suscrita por la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Marcela Guerra Castillo, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados; y, 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del gobierno federal para que analice los títulos de concesión otorgados para la instalación de casetas telefónicas en la vía pública y autorice el retiro inmediato de aquéllas que han perdido el fin para el que fueron instaladas, así como para que se abstenga de prorrogar u otorgar nuevas concesiones para tales efectos y por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que realice las acciones que estime necesarias para el retiro de dichas casetas, por constituir aparatos inservibles y obsoletos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la década de los años 60 se introdujo a nuestro país la instalación de grandes y ostentosas cabinas telefónicas en las calles de las principales ciudades de México. Pocos años después, fueron sustituidas por otras menos vistosas que son el antecedente de las que conocemos en la actualidad. Así las cosas, hace poco más de 50 años, en 1967, ya se habían instalado un millón de aparatos distribuidos por todas las colonias de la ahora Ciudad de México.1

Retomando un poco de historia, observamos que el 19 de agosto de 1958, se anunció en el país que la compañía telefónica Ericsson, que había operado en México por más de 50 años, cesaría sus funciones. Teléfonos de México regresó a manos de capital mexicano y con mucha motivación, se apostó por el desarrollo tecnológico y de comunicaciones. Tanto así que para 1962, la American Telephone and Telegraph Co (ATT) dijo que “México ocupaba el séptimo lugar de importancia en cuanto a desarrollo tecnológico y el primero en todo el continente americano”.2

Es así como el teléfono se adentró en la vida cotidiana de las y los mexicanos, lo cual, además de ser significativo para sus habitantes, también constituyó un cambio relevante al paisaje de las ciudades. Tan es así, que el diseño de estas cabinas fue cambiando a través del tiempo, uniendo diferentes estilos y materiales como fueron lámina, vidrio, acrílicos y múltiples tipos y colores de plásticos.

Posteriormente, ya en la década de los ochenta, una vez ocurrido el terremoto de 1985, los teléfonos públicos pasaron a ser gratuitos para que las familias pudieran estar comunicadas. Así, el uso de estos teléfonos, se volvió habitual para realizar llamadas personales por familias que no tenían la posibilidad de tener un teléfono fijo en casa.

Ahora bien, en la actualidad las casetas telefónicas han quedado únicamente para fines anecdóticos, los teléfonos de hoy en día son todo en uno: teléfono, cámara, computadora, tableta, reproductor de video, de audio, etcétera. Por lo que el uso de las casetas es totalmente obsoleto.

Al respecto, es necesario hacer notar que las condiciones actuales de las casetas son deplorables, ya que en su mayoría están rotas, inservibles, rayadas, llenas de basura, o bien, sólo sirven para fines publicitarios, tanto de las propias empresas de telefonía como para colocar volantes de ventas, créditos, promoción de algún negocio o incluso para las campañas electorales actuales.

Ante ello, existe una demanda social contundente para que las casetas telefónicas sean retiradas por completo, ya que se trata de aparatos obsoletos, estorbosos y que dan un pésimo aspecto a las ciudades, incluso, existen alguna de ellas que por su ubicación, sirven para que ladrones las utilicen como escalón para ingresar a robar a casas y negocios desde los techos.

Sin embargo, pese al notorio desuso y problemas que causan las casetas telefónicas, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en cinco años sólo desaparecieron 21 por ciento de estas cabinas, de las 25 mil 48 que existían en 2015 a las 19 mil 682 registradas en 2020. Destacándose que, de este mercado, Telmex tiene 72 por ciento; ACE Telcom con 12.9 por ciento; Logística Industrial, 7.6 por ciento; Maxcom con 0.5 por ciento y Megacable con 0.2 por ciento.3

La Ciudad de México es la entidad que cuenta con el mayor número de casetas de telefonía pública, con un promedio de 17 por cada mil habitantes, lejos de las cuatro líneas por cada mil habitantes que en promedio tiene el Estado de México, sin embargo, ninguna entidad federativa se salva de este problema.

Ahora bien, me permito hacer referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que fueron enmarcados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, particularmente porque la suscrita fue nombrada como coordinadora del Grupo de Trabajo para la Implementación de la Agenda 2030 en la Cámara de Diputados; objetivo que constituyen acuerdos interdependientes y progresivos adoptados como un compromiso en común por la Asamblea General de las Naciones Unidas, los cuales buscan el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar el general del planeta y de todos sus habitantes.

En esa virtud, la presente proposición con punto de acuerdo busca la atención de los objetivos siguientes: 3 “Salud y Bienestar”, 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles”, 12 “Producción y Consumos Responsables”, 13 “Acción por el Clima” y 15 “Vida de Ecosistemas Terrestres”, puesto que prevé beneficios como la disminución de la contaminación terrestre, al evitar conglomeraciones de desechos en las casetas, buscar el aprovechamiento de los espacios para mejorar las calles con postes de luz, jardines o árboles, etcétera; buscar la reutilización de los materiales con los que fueron realizadas las casetas; además de prevenir la comisión de delitos y, en consecuencia, incrementar la seguridad de las personas que transitan por las calles.

Pese a lo anterior, es de señalarse que el retiro de estas casetas, según los títulos de concesión otorgados, no puede realizarse de manera unilateral por parte de las empresas de telecomunicaciones, ya que estas empresas se encuentran obligadas a mantener la operación, hasta en tanto la ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes autorice el retiro de las casetas, bajo la supervisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

En esa virtud, la suscrita realiza el presente exhorto a fin de que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes analice los títulos de concesión otorgados y autorice el retiro inmediato de aquellas casetas telefónicas que han perdido el fin para el que fueron instaladas, así como para que no otorgue nuevas concesiones para tales efectos. Además, debemos hacer lo propio para que la IFT, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales del país, realice las acciones que estime necesarias para el retiro de las multicitadas casetas telefónicas públicas.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, elevo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del gobierno federal para que analice los títulos de concesión otorgados para la instalación de casetas telefónicas en la vía pública y autorice el retiro inmediato de aquéllas que han perdido el fin para el que fueron instaladas, así como para que se abstenga de prorrogar u otorgar nuevas concesiones para tales efectos.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales del país, realice las acciones que estime necesarias para el retiro de casetas telefónicas públicas que constituyan aparatos inservibles y obsoletos para los fines que fueron instaladas.

Notas

1 “En 1960 se instaló la primera caseta de teléfonos públicos” Mejía Guerrero, Angelina, El Universal, Ciudad de México, 8 de enero de 2008 ubicable en la siguiente liga electrónica: https://archivo.eluniversal.com.mx/notas/472836.html Consultada el 17 de enero de 2022.

2 “El tiempo repentino. Crónicas de la Ciudad de México en el siglo XIX”, De Mauleón, Héctor, ISBN: 968-771-145-0, Ediciones Cal y Arena.

3 ¿Desaparecerán las cabinas telefónicas?, Gutiérrez Ana Luisa, Expansión, 16 de noviembre de 2021, ubicable en la siguiente liga electrónica: https://expansion.mx/empresas/2021/11/16/desapareceran-las-cabinas-tele fonicas Consultada el 17 de enero de 2022.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2022.

Diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CRE a autorizar la interconexión a la red nacional de transmisión eléctrica a Iberia Renovables Durango, SAPI de CV, pues son generadores de desarrollo económico y sustentabilidad ecológica para México, a cargo de la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz, del Grupo Parlamentario del PVEM

La suscrita, diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía autorizar de manera inmediata la interconexión a la Red Nacional de Transmisión Eléctrica a la empresa “Iberia Renovables Durango, Sociedad Anónima promotora de inversión de Capital Variable”, por ser generadores de desarrollo económico y de sustentabilidad ecológica para México., al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Conforme a información de la Secretaría de Energía (Sener), del 31% de la energía que puede producir sin emisiones de gases de efecto invernadero, el 16% se debe a la hidroeléctrica, el 7.5% a la eólica el 4.3% a la solar, el 2% a la nuclear y el 1.2% a la geotérmica. Si bien es cierto la ecología y generación de energía son dos elementos que deben ser considerados como factores indispensables para el desarrollo y sustentabilidad de los países, también es claro que tener interconectadas este tipo de energías a la Red Nacional de Transmisión Eléctrica trae como consecuencia que se emita menos dióxido de carbono (CO2), el cual es un compuesto de carbono y oxígeno que existe como gas incoloro en condiciones de temperatura y presión estándar y que está íntimamente relacionado con el efecto invernadero cuyos efectos negativos para nuestro planeta son el deshielo de masas glaciares, inundaciones de islas y ciudades costeras, huracanes más devastadores, migración de especies, desertificación de zonas fértiles, impacto en la agricultura y la ganadería, entre otros.

De lo anterior se desprende que empresas como “Iberia Renovables Durango, Sociedad Anónima promotora de inversión de Capital Variable”, contribuyen indudablemente con su actividad a la generación de empleos y a la sustentabilidad ecológica en nuestro país, además es una de las empresas pioneras en la industria solar y se ha comprometido con esta industria en nuestro país como experta en investigación y desarrollo (I+D), como fabricante integrado desde las obleas hasta los módulos, como fabricante de sistemas fuera de la Red Nacional de

Transmisión Eléctrica, y también como inversor, promotor en “Ingeniería, Compras y Construcción” (EPC por sus siglas en inglés) de proyectos fotovoltaicos.

Este tipo de empresas, de acuerdo con el reporte de Renewable Energy and Jobs. Annual Review 2020 publicado en el mes de septiembre por la Asociación Internacional de Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés), por cada millón de dólares que se invierte en proyectos de energías renovables se generan 7.5 empleos de tiempo completo, casi tres veces más que los 2.6 que se generan en proyectos de energías fósiles.

En particular la empresa Iberia Renovables Durango, S.A.P.I. de C.V. a través de su representante legal de “Iberia Renovables Durango, Sociedad Anónima promotora de inversión de Capital Variable”, y mediante escrito de fecha 1º de octubre de 2021 y con folio 24106 de recibido por la Comisión Reguladora de Energía, presenta los siguientes antecedentes materia de la presente proposición con punto de acuerdo:

1.- Mediante resolución RES/1541/2017 del 3 de agosto de 2017, la Comisión Reguladora de Energía otorgó a Iberia Renovables Durango, S.A.P.I. de C.V. el Título de Permiso de Generación de Energía Eléctrica No. E/1942//GEN/2017, en el que se establece que la fecha de operación comercial sería el 27 de septiembre de 2019.

2.- El 21 de septiembre de 2017, Iberia Renovables Durango, S.A.P.I. de C.V. firmó con la Comisión Federal de Electricidad Transmisión el Contrato de Interconexión No. CTR/GRTNTE/CI/0194//2017.

3.- El 22 de julio de 2019, Iberia Renovables Durango, S.A.P.I. de C.V., solicito a la Comisión Reguladora de Energía la modificación del Permiso de Generación de Energía Eléctrica No. E/1942//GEN/2017, para ampliar el plazo de la fecha de entrada en operación al 22 de marzo de 2020, misma que fue autorizada por la Comisión Reguladora de Energía, mediante oficio UE-240//1746/2020.

4.- El 22 de enero de 2020, Iberia Renovables Durango, S.A.P.I. de C.V. solicitó al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), tomar en consideración el antecedente narrado en el punto inmediato anterior, a fin de que se ratificarán los Resultados de la Solicitud de Interconexión y las Obras de Interconexión, a fin de que se otorgará una prórroga a la misma y se preservaran las Garantías Financieras hasta la nueva fecha de Operación Comercial aprobada por la Comisión Reguladora de Energía para el 22 de marzo de 2020.

5.- El 12 de febrero de 2020, mediante oficio No. CENACE/DOPS-SO/GCRN/035/2020, el Centro Nacional de Control de Energía, tuvo por aprobado lo solicitado en el antecedente anterior, por lo que se procedió a ampliar las garantías financieras y modificar el Contrato de Interconexión.

6.- El 20 de marzo de 2020, Iberia Renovables Durango, S.A.P.I. de C.V. solicitó a la Comisión Reguladora de Energía la modificación del Permiso de Generación de Energía Eléctrica No. E/1942//GEN/2017, para ampliar el plazo de la fecha de entrada en operación derivado de una causal de fuerza mayor.

7.- El 17 de diciembre de 2020 la Comisión Reguladora de Energía, mediante resolución RES/1406/2020, otorgó la modificación al Título de Permiso de Generación de Energía Eléctrica No. E/1942/GEN/2017 para que la fecha de entrada en operación quedara al 03 de mayo de 2021.

8.- El 21 de abril de 2021 se solicitó una modificación a la condición SEGUNDA de su título de permiso para que la fecha de entrada en operación comercial fuera al

03 de octubre de 2021, toda vez que por cuestiones de caso fortuito y fuerza mayor, no se había podido alcanzar la fecha de operación comercial señalada para el 03 de mayo de 2021. Dicha solicitud quedó registrada con el folio V-029275.

9.- El 14 de mayo de 2021 se ingresó información del alcance a la solicitud precisada en el numeral anterior, misma que quedo registrada con el número de folio V- 034036.

10.- El 22 de octubre de 2021, el Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía emitió la RES/338/2021 por la cual determinó improcedente la modificación a la condición SEGUNDA del título de permiso E/1942/GEN/2017, toda vez que supuestamente no se actualizaba ningún evento de caso fortuito y fuerza mayor que hiciera procedente su solicitud, sin embargo Iberia entregó toda la información fundada y motivada en donde describe las causales de fuerza mayor, principalmente el abandono y entrada en concurso mercantil de Arteche México Turnkey Solutions, S.A. de C.V., así como las consecuencias derivada de la pandemia de SARS-CoV2 y derivado de esas causales la empresa no ha podido entrar en operación aun cuando ya se cuenta con el cien por ciento de la central construida.

En el escrito referido en el numeral 9 la empresa “Iberia Renovables Durango, S.A.P.I. de C.V”. argumenta que “en virtud de que no se han podido llevar a cabo las pruebas pre operativas en la Central Eléctrica que nos ocupa, mismas que por lo general tienen un promedio de duración de 3 a 4 meses, se solicita en alcance a las solicitudes ingresadas el 21 de abril de 2021 y 14 de mayo de 2021, identificadas con los números V-029275 y V- 034036, respectivamente, que se extienda la fecha de entrada en operación comercial. Dicho escrito no fue valorado en la resolución RES/338/2021 por parte de la Comisión Reguladora de Energía.

En tal sentido y derivado de que no se han podido realizar las pruebas pre operativas es que se considera pertinente que se extienda el inicio de operaciones comerciales hasta el momento que la empresa Iberia Renovables Durango, S.A.P.I de C.V. concluya de manera satisfactoria las pruebas preoperativas en términos del Manual para la Interconexión de Centrales Eléctricas y Conexión de Centros de Carga, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de febrero de 2018, y con ello se puedan seguir generando fuentes de trabajo, beneficios comerciales y de sustentabilidad ecológica para nuestro país.

Lo anterior, toda vez que el Centro Nacional de Control de Energía requiere que se cuente con una fecha vigente en la condición SEGUNDA del Título de Permiso E/1942/GEN/2017 para poder realizar las referidas pruebas preoperativas correspondientes.

Por lo expuesto y fundado, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Reguladora de Energía autorizar la fecha de entrada en operación comercial y la conexión a la Red Nacional de Transmisión Eléctrica a la empresa Iberia Renovables Durango, S.A.P.I. de C.V. para el momento que ésta agote satisfactoriamente las pruebas preoperativas que mandata el marco regulador, por los argumentos y razonamientos expuestos.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a informar a esta soberanía sobre la autorización realizada.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 19 de enero de 2022.

Diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SRE a iniciar diálogo con el gobierno de EUA para diseñar una ruta que permita acelerar el proceso de solicitud y renovación de visas en México, suscrita por el diputado Brígido Ramiro Moreno Hernández, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Brígido Ramiro Moreno Hernández, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de esta LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, somete a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a iniciar un diálogo con el gobierno Estadounidense con la finalidad de diseñar una ruta que permita acelerar el proceso de solicitud y renovación de visas americanas en nuestro país.

Consideraciones

La pandemia por Covid-19 ha traído afectaciones para todo el mundo en diversos aspectos, su desarrollo ha requerido que, para reducir o evitar contagios, algunas actividades sean suspendidas o restringidas. Tal fue el caso de los servicios consulares por parte de la Embajada de Estados Unidos en México, que en marzo de 2020, y durante 5 meses, suspendió los trámites de expedición y renovación de visas1 .

Debido a esa pausa por parte de la Embajada y Consulados estadounidenses, actualmente existe un importantísimo rezago en tramitación de solicitudes de renovación y obtención de visas que se traduce en tiempo de espera de hasta dos años para ser atendidas, es decir, si en estos momentos alguien inicia su proceso de obtención de visa podría ser atendido hasta el 2024. Esta situación es mucho más compleja de lo que pudiera parecer a simple vista, ya que no sólo se suspenden viajes de turismo a Estados Unidos sino que se suspenden compromisos académicos, laborales y comerciales que tienen implicaciones considerables para ambos países.

Esta situación perjudica a miles de personas de todo el país que al no poder renovar o tramitar por primera vez su visa, ven afectados sus planes y compromisos en Estados Unidos, pero en mayor medida afecta a los habitantes de la franja fronteriza norte, ya que, debido a su cercanía, gran número de sus actividades cotidianas las desarrollan en el país vecino y, al tener vencida su visa, o al estar próxima a vencer, no podrán continuar desempeñando sus actividades con normalidad como hasta ahora, sino que tendrán que esperar meses, e incluso años, para poder renovarla y les sea permitido acceder a territorio americano.

Esta situación no solo afecta la movilidad de los mexicanos sino también repercute en la economía de los Estados Unidos debido a que menos mexicanos acudirán a vacacionar y consumir en ese país. Especialmente los comercios estadounidenses que se encuentran cerca de la frontera con México se verán afectados debido a que verán disminuidas sus ventas al no recibir al mismo flujo de mexicanos, debido a que sus principales clientes son habitantes de la frontera norte de nuestro país que acuden con mucha frecuencia a realizar sus compras.

Ambos países, México y Estados Unidos, ya conocen las repercusiones de la parálisis de movilidad, recordemos que durante 20 meses la frontera que divide a estos dos países se mantuvo cerrada, ocasionando afectaciones de diversos tipos, principalmente económicas, además del profundo impacto que tuvo en las familias que fueron separadas por este cierre2 . Con esta situación podríamos vivir algo parecido, aunque en menor escala, pero igual de impactante para miles de mexicanos que al no poder tramitar su visa durante un largo periodo, no podrán ingresar a territorio estadounidense.

En ese sentido, consideramos necesario que ambos gobiernos, el mexicano y el estadounidense, dialoguen a fin de encontrar una solución que permita acelerar el proceso de solicitud y renovación de visas, y de esta manera evitar las afectaciones económicas y sociales que esta situación podría implicar para ambos países. En el mismo tenor, y con la finalidad de aminorar el impacto de esta situación, consideramos pertinente que a aquellas personas que ya iniciaron con su proceso de renovación de visa, pero que su cita la tienen agendada para una fecha alejada, se le deba permitir el acceso a territorio americano hasta que puedan concluir con su trámite.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a iniciar un diálogo con el gobierno estadounidense con la finalidad de diseñar una ruta que permita acelerar el proceso de solicitud y renovación de visas americanas en nuestro país, y de esta manera evitar las afectaciones que esta situación podría implicar para ambas naciones. En el mismo sentido, se exhorta a la Secretaría a solicitar que las personas que ya iniciaron su trámite de renovación de visa, pueda seguir ingresando a territorio americano hasta que puedan concluir su tramitación.

Notas:

1. El financiero, Estados Unidos suspende trámite de visas por Covid , consultado el 10 de enero de 2022, disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/estados-unidos-suspende-tramit e-de-visas-por-coronavirus/

2. CNN, La frontera entre México y EE. UU. reabre después de 20 meses por Covid-19 , consultado el 10 de enero de 2022, disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2021/11/08/la-frontera-entre-mexico-y-ee-uu- reabre-despues-de-20-meses-de-cierre-por-covid-19/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2022

Diputado Brígido Ramiro Moreno Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos estatales y municipales a suspender actos públicos, acciones gubernamentales y entrega de apoyos cuya realización implique aglomeraciones para frenar la cuarta ola de infecciones por Covid-19, a cargo de la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Elizabeth Pérez Valdez, diputada integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales y municipales a que suspendan actos públicos, acciones gubernamentales y entrega de apoyos que para su realización se requiera conglomeración, lo anterior con la finalidad de frenar la cuarta ola de infecciones por Covid-19, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En la última semana de diciembre de 2021 y la primera de enero de 2022, la variante omicrón de la Covid-19 se ha manifestado en nuestro país con mucha fuerza. Los contagios se han multiplicado y las instituciones que realizan pruebas de detección se han visto rebasadas debido al altísimo índice de transmisibilidad. Aun con estas dificultades, el número de contagios reportado por las autoridades federales ha superado los 30 mil casos diarios, sin embargo, reportes estadísticos independientes señalan que podrían estarse presentando entre 960 mil y un millón de contagios y, aunque el índice de mortalidad de esta variante es menor, el riesgo de sufrir secuelas e incluso la muerte, sigue muy presente, particularmente en las personas que no han sido vacunadas.

Estudios médicos afirman que hay 12 veces más probabilidad de ser hospitalizado por complicaciones de Covid-19 si no se tiene el esquema de vacunación, esto lleva a pensar que las personas más propensas a ser hospitalizadas por complicaciones serán las niñas, niños y adolescentes que aún no tienen el esquema de vacunación completo.

De frente a esta preocupante situación, las autoridades federales, como sucedió en la primera ola, exhortan a la población a no realizarse pruebas ya que los centros de detección privados, los centros de salud públicos y los quioscos en donde se aplican, se han visto totalmente rebasados y las personas se ven obligadas a hacer filas de más de cuatro horas, expuestos a las inclemencias del tiempo y, particularmente, al contagio por la convivencia con otras personas.

En este contexto, el gobierno federal nuevamente minimiza las consecuencias de la enfermedad y, de manera irresponsable, recomienda pomadas y tecitos para las y los niños que presentan síntomas. Después de dos años de pandemia, la población en general ha sido víctima no solo de los estragos del virus, sino de la imprudencia del titular del Ejecutivo federal y de las autoridades de la Secretaría de Salud, que han evitado la convocatoria del Consejo de Salubridad General, instancia constitucionalmente facultada para el manejo de la crisis pandémica.

Aunado a lo anterior, diversos son los gobiernos que han sido negligentes en el manejo de la pandemia y siguen con modelos de promoción de su gobierno que ponen en riesgo a la población. Ejemplo de ello son las “activaciones físicas” multitudinarias que lleva a cabo el gobierno de la Ciudad de México a través del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, o los permisos para llevar a cabo ferias en Veracruz, Baja California y otros estados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometida con el derecho a la salud de las y los mexicanos, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos estatales y municipales a que suspendan actos públicos, acciones gubernamentales y entrega de apoyos que para su realización se requiera conglomeración, lo anterior con la finalidad de frenar la cuarta ola de infecciones por Covid-19.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2022

Diputada Elizabeth Pérez Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGJ de la Ciudad de México, la CNDH y el Conapred a investigar y esclarecer los hechos en que se hubo un intento de transfeminicidio en la localidad, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las y los diputados que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a la siguiente

Exposición de motivos

I. La madrugada del pasado 16 de enero de 2021, en el Hotel Diana de la Colonia Portales, dentro de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, se registró un intento de transfeminicidio en contra de la activista y defensora de los derechos para la comunidad LGBTQ+, Natalia Cruz, también conocida como Natalia Lane. Mediante una grabación en vivo realizada en la red social Facebook en la ambulancia durante el trayecto al hospital, la activista expresó cómo fue agredida por un hombre con una navaja lo que le generó múltiples heridas en la cabeza, la cara y la mano.1

Asimismo, durante la grabación, Natalie Lane solicita la intervención de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y las autoridades competentes para recibir el apoyo necesario para su salud, así como el respaldo de las organizaciones de la sociedad civil.

Fue así que diversas organizaciones de la sociedad civil pronunciaron su indignación al respecto. En este sentido, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT en México, exigió lo siguiente:

1. Atención a la salud e integridad de la activista afectada.

2. Puntual y expedita investigación de este atentado para alcanzar la justicia correspondiente.

3. Acciones por parte del gobierno de la Ciudad de México para acabar con la violencia que pone en riesgo la integridad y vida de la comunidad LGBTQ+.2

Por su parte, el Comité Incluye exigió:

1. Que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México atiendan la situación de salud física y emocional, con las medidas de atención y protección integrales correspondientes a Natalia Lane.

2. Que la Fiscalía de la Ciudad de México atienda y dé seguimiento al caso de intento de transfeminicidio, activando todos los protocolos adecuados en la materia y se garantice una investigación expedita y se haga justicia con medidas dignas de reparación del daño.

3. Que el Congreso de la Ciudad de México a través de su Comisión de Derechos Humanos y su órgano de control actúen de manera inmediata contra las declaraciones discriminatorias actuales de una legisladora en la materia, y proponga un plan abierto y transparente de acción legislativa.

4. Que se impulsen y aprueben las reformas pertinentes para la creación de un registro público de violencias y crímenes de odio por cuestiones de identidad de género y orientación sexual en la Ciudad de México, y en el ámbito federal.

5. Que el gobierno de la Ciudad de México diseñe e impulse una campaña pública de sensibilización contra las violencias y discriminaciones de las personas LGBTQ+ y las personas que ejercen el trabajo sexual en la Ciudad de México.

6. Que el gobierno de la Ciudad de México cumpla de manera inmediata con la normatividad actual en la materia de lucha contra la discriminación y acate su obligación de nombrar a una persona titular de la presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.3

Cabe destacar, que la labor de Natalia Lane es verdaderamente remarcable. Actualmente es integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, del Centro de Apoyo a Identidades Trans, AC, del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT en México y, recientemente, resultó electa para participar dentro del Parlamento de Mujeres del Congreso Capitalito por su destacada labor dentro del activismo.

II. La percepción de riesgo entre las personas de la comunidad LGBTQ+ en nuestro país cada vez es peor, resulta increíble cómo vivimos en un país donde sigan ocurriendo actos de discriminación y violencia en su contra, y en pleno 2022 sigue existiendo impunidad ante estos actos. Mientras avanzamos en algunos derechos retrocedemos en otros, en una sociedad que no es tolerante hacia las diferentes formas de ser o expresarse.

De acuerdo con la plataforma Visible, administrada por la organización de la sociedad civil Amicus, durante el 2021 se registraron 412 incidentes de discriminación o violencia hacia personas LGBTQ+ en México. Durante el año 2020 se registraron 289 incidentes. Asimismo, en los primeros días del 2022 se han registrado 8 sucesos similares.4

III . El discurso de odio hacia las personas trans no tiene cabida en una ciudad de derechos. Recientemente, hemos escuchado lamentables declaraciones por parte de políticos que han utilizado sus redes sociales para difundir mensajes de odio en contra de dicha comunidad, tal es el caso del actual diputado federal Gabriel Ricardo Quadri de la Torre, electo por mayoría relativa en el distrito 23 en Coyoacán en la Ciudad de México, quien se ha pronunciado en múltiples ocasiones en contra de personas de la comunidad LGBTTIQ+, así como en contra del ejercicio de sus derechos.

Como ejemplo, en pasados días, el mismo diputado federal fue sacado del aire de un programa en vivo de la cadena de televisión CNN en español, tras dar una opinión transfóbica respecto a las personas transexuales, la cual fue catalogada como un discurso de odio. Por ese motivo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó un comunicado donde se condenaron las expresiones que el diputado hizo en contra de la comunidad LGBTQ+ y exhortó a legisladores, autoridades y población en general a evitar ese tipo de declaraciones y acciones discriminatorias.5

De igual manera, la legisladora local de la Ciudad de México, América Rangel, cuenta con 30 denuncias por discriminación según el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Según Geraldina González de la Vega, presidenta de dicho Consejo, las denuncias fueron presentadas preponderantemente por declaraciones realizadas en contra de la población trans.6

Los discursos de odio impulsados por legisladores federales y locales, sin lugar a dudas, terminan respaldando y sobre todo validando actos atroces como el que casi acaba con la vida de Natalia el pasado 16 de enero.

Cabe mencionar que México cuenta con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el cual tiene como misión contribuir a que toda persona goce sin discriminación de todos los derechos y libertades consagrados en el orden jurídico mexicano y como objetivos principales el promover una cultura de denuncia de prácticas discriminatorias, así como llevar a cabo las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación; y formular y promover políticas públicas con el mismo fin.

Sin embargo, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la labor del Conapred, asegurando que desconocía la existencia del Consejo, sugiriendo su desaparición y que fuera la Secretaría de Gobernación quien podría encargarse de las funciones que realiza dicho organismo, la entonces titular del Consejo, Mónica Maccise Duahye presentó su renuncia a dicho cargo.

A casi dos años de la renuncia, el Conapred sigue sin titular, a pesar de que el presidente de la República ha manifestado en varias ocasiones que existen ternas de aspirantes, no se confirma el nombre de la persona sucesora, situación que ha afectado la organización, el trabajo, la operación, la funcionalidad, los objetivos y la misión del Consejo.

IV. El pasado 20 de julio de 2020, durante la LXIV Legislatura, las diputadas Julieta Macías Rábago, Lucía Riojas Martínez, Reyna Celeste Acencio Ortega, Rocío Barrera Badillo, Wendy Briseño, Martha Tagle, Carmen Julia Prudencio, Verónica Juárez, Frida Esparza, Guadalupe Almaguer, así como senadoras Patricia Mercado, Indira Kempis y el senador Emilio Álvarez Icaza presentaron una iniciativa para reformar los artículos 19 y 20 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de que se establecieran los lineamientos en materia de estadística en el Centro Nacional de Información los cuales permitirán visibilizar de mejor manera la incidencia delictiva letal y no letal; asimismo, se propuso que el Centro Nacional de prevención del Delito y Participación Ciudadana promueva la erradicación de la violencia ejercida por prejuicios o cuestiones relacionadas con la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género de las personas.7 Lamentablemente, pese a la relevancia de esta iniciativa, esta propuesta no fue dictaminada por la Comisión de Seguridad Pública durante la LXIV Legislatura.

V. En tanto al marco jurídico, es importante señalar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento internacional firmado y ratificado por el Estado mexicano en términos del artículo 133 Constitucional, establece en su artículo 4 el derecho a la Vida y su artículo 5 el derecho a la integridad personal. A la letra dichos artículos establecen lo siguiente:

“Artículo 4. Derecho a la Vida

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

(...)” 8

“Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

(...)” 9

De igual forma, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el pleno reconocimiento de los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y en los tratados internacionales que hayan sido firmados y ratificados por el Estado mexicano. Asimismo, dicho artículo establece la prohibición de toda forma de discriminación en nuestro país. A la letra dicho artículo establece lo siguiente:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece .

(...)

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 10

Por su parte, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación define en su artículo 1 fracción III a la discriminación, textualmente establece lo siguiente:

“Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social. El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I a II (...)

III. Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo;

También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia;

IV a X (...) “11

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a investigar de manera exhaustiva y con perspectiva de género y diversidad, a fin de esclarecer la agresión que sufrió la activista de la comunidad LGBTQ+, Natalia Lane, por tratarse de un intento de transfeminicidio, así como a garantizar el acceso a la reparación del daño integral de la víctima.

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional de Prevención contra la Discriminación a fortalecer los programas y talleres que tengan como objetivo prevenir y erradicar toda forma de discriminación, así como a robustecer los esfuerzos para promover la importancia de erradicar los crímenes de odio dentro de nuestro país.

Tercero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, a fortalecer los programas y talleres que tengan como objetivo prevenir y erradicar toda forma de discriminación, así como a robustecer los esfuerzos para promover la importancia de erradicar los crímenes de odio dentro de nuestro país.

Cuarto.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a fortalecer los programas y talleres que tengan como objetivo prevenir y erradicar toda forma de discriminación, así como a fortalecer los esfuerzos para promover la importancia de erradicar los crímenes de odio dentro de nuestro país.

Quinto.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a nombrar a la persona titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, dado que dicha dependencia no cuenta con titular desde junio de 2020.

Notas

1 Mejía, I. (2022). Investigan intento de transfeminicidio contra la activista Natalia Lane. Excelsior. Recuperado de:

<https://www.excelsior.com.mx/comunidad/atacan-activi sta-trans-natalia-lane-portales/1493251>

2 Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT. “Denunciamos los actos de violencia hacia la compañera trans activistas Natalia Lane. Exigimos justicia. No más actos de violencia a las personas Trans en la Ciudad de México” Recuperado de: http://www.fundacionarcoiris.org.mx/agresiones/panel

3 Comité Incluye. Comunicado: “¡Basta de violencia!”. Recuperado de:

https://twitter.com/marchalgbtcdmx/status/14828098689396 65408?s=21

4 Visible. (2022). ¿Viviste o atestiguaste discriminación o violencia hacia una persona LGBTQ+? Visible. Recuperado de: <https://visible.lgbt/?y=2022#estadisticas>

5 Comisión Nacional de Derechos Humanos. Comunicado: “La CNDH condena expresiones discriminatorias de legislador en contra de las personas trans.” Recuperado de:

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2 022-01/COM_2022_009.pdf

6 Olsoni, G. (2022). Diputada América Rangel tiene 30 denuncias por discriminación: Conapred. Excelsior. Recuperado de:
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/diputada-america-rangel-tiene-30-denuncias-por-discriminacion-conapred/1492801

7 Poder Legislativo federal. Comisión Permanente. (2020). Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19 y 20 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de las diputadas Julieta Macías Rábago, Lucía Riojas Martínez, Reyna Celeste Acencio Ortega, Rocío Barrera Badillo, Wendy Briseño, Martha Tagle, Carmen Julia Prudencio, Verónica Juárez, Frida Esparza, Guadalupe Almaguer, así como las senadoras Patricia Mercado, Indira Kempis y el senador Emilio Álvarez Icaza. Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Paginas 19-20.

8 Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. (1969). Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Recuperado de: <https://www.oas.org/es/cidh/mandato/documentos-basicos/convencion-a mericana-derechos-humanos.pdf>

9 Ídem.

10 Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Recuperado de: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

11 Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación. Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Recuperado de: <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/691607/LFPED.pdf>

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2022.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno, la Comisión Estatal de Seguridad y la FGJ de Morelos a implantar acciones inmediatas para investigar y perseguir el homicidio del ciudadano Benjamín López Palacios, presidente del municipio indígena de Xoxocotla, a cargo del senador Sergio Pérez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Sergio Pérez Flores, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno proposición con proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo, de la Comisión Estatal de Seguridad y de la Fiscalía de Justicia de Morelos a implantar acciones inmediatas para la investigación y persecución del homicidio del ciudadano Benjamín López Palacios, presidente del municipio indígena de Xoxocotla, Morelos, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. El 11 de enero de 2022, el ciudadano Benjamín López Palacios, presidente del municipio indígena de Xoxocotla, Morelos, fue privado de la vida por un grupo de personas que ingresaron en su domicilio y le dispararon en diversas ocasiones con armas de fuego.

Segundo. Lamentablemente para los morelenses, los hechos de violencia han ido escalando en los últimos meses en todo el territorio estatal; particularmente el homicidio doloso ha tenido un incremento alarmante, lo que es motivo de preocupación para los ciudadanos.

Tercero. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

Artículo 21. La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas , así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social , de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos , así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Por tanto, derivado del texto de la Carta Magna, es clara la responsabilidad de las autoridades de las entidades federativas, de salvaguardar la vida de las personas; así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. En consecuencia, para ejercer la función de la seguridad pública, las autoridades estatales deberán prevenir, investigar y perseguir los delitos que se cometan en su territorio.

De manera similar lo prevé el artículo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos , la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuarto. En virtud de los hechos de violencia en los que perdiera la vida el presidente del municipio indígena de Xoxocotla, Morelos, es necesario exhortar a las autoridades del estado de Morelos, para que se aboquen a la investigación y persecución inmediata del homicidio del referido servidor público.

Por lo expuesto someto a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los titulares del Ejecutivo, de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y de la Fiscalía de Justicia de Morelos a implantar acciones inmediatas para la investigación y el esclarecimiento del homicidio del ciudadano Benjamín López Palacios, presidente del municipio indígena de Xoxocotla, Morelos; dar certeza a los familiares de la víctima; y generar y preservar el orden público y la paz social en el territorio estatal.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 19 de enero de 2022.

Senador Sergio Pérez Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a garantizar la protección de los derechos humanos y no involucrarse en ningún asunto personal, suscrita por la senadora Lilly Téllez, del Grupo Parlamentario del PAN

Lilly Téllez , senadora de la república por el estado de Sonora en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8, párrafo 1, fracción II, 76, párrafo 1, fracción IX, y 276 del Reglamento del Senado de la República, y demás disposiciones jurídicas aplicables, me permito someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, para que cumpla con las facultades constitucionales y legales que tiene, garantice la protección de los derechos humanos y que no utilice a la institución en ningún asunto personal, especialmente el relacionado con la señora Alejandra Guadalupe Cuevas Morán , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. El 16 de octubre de 2020, un automóvil sin marcas de patrulla, con dos sujetos abordo que no portaban uniforme policíaco, persiguieron, acorralaron y sin presentar una orden de aprehensión se llevaron detenida a la ciudadana Alejandra Guadalupe Cuevas Morán al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, en donde hoy cumple 460 días encarcelada sin haber cometido un delito.

2. Durante 52 años, la señora Laura Morán Servín fue pareja de Federico Gertz Manero, el hermano del actual fiscal general de la república (FGR), Alejandro Gertz Manero. En más de medio siglo, la vida de ella y la de toda la familia transcurrió con normalidad y cordialidad, sin embargo, en 2015, inició la persecución del fiscal Alejandro Gertz Manero.

3. En el verano de 2015, Federico tenía 82 años y Laura Morán 88. Él tenía un marcapasos, poca visibilidad y padecía una serie de condiciones médicas, por lo que Laura decidió contratar a dos enfermeros para que la ayudaran en la casa en donde vivían. Pasaron tres días y al notar que la salud de Federico seguía decayendo, el 24 de agosto de 2015, la señora Laura le llamó a su cuñado, Alejandro Gertz Manero, quien en ese momento se desempeñaba como el rector de la Universidad de las Américas, AC, para expresarle la preocupación que tenía por su hermano Federico.

4. Alejandro le dijo que no se preocupara y que él se haría cargo de los cuidados médicos de su hermano por lo que dispuso que ese mismo día fueran dos médicos que trabajaban para él en la Universidad de las Américas, los doctores Hugo Mancilla Nava y Homero Aguirre. También agregó al equipo médico al doctor Miguel Ángel Ceñal Martínez, para que se encargaran de la salud de su hermano en la vivienda que compartía junto a la señora Laura.

5. Durante una semana, los médicos que trabajaban para Alejandro Gertz Manero, le dieron los medicamentos, dirigían el tratamiento y cada noche le informaban a Alejandro el estado de salud de Federico, quien estuvo acompañado por Laura y por las hijas del actual fiscal general de la república, sobre todo por Victoria Gertz Loizaga, junto a su esposo Julián Antuñano, que vivían enfrente de la casa y visitaban constantemente a Federico y más en ese mes de agosto que fue cuando su salud empezó a decaer.

6. El 29 de agosto de 2015, es decir una semana después de que los médicos contratados por Alejandro Gertz Manero tomaran el control exclusivo de la salud de su hermano dentro de a casa, Gertz irrumpió en la residencia de Laura y Federico y junto a su abogado Juan Ramos, guardaespaldas, y un sinnúmero de funcionarios interrogaron a la señora Laura y sin orden de cateo, se llevaron documentos, tomaron fotografías y sustrajeron de forma violenta a Federico que se encontraba en una cama hospitalaria en la sala de la casa.

7. El titular de la FGR sustrajo a su hermano Federico en contra de su voluntad el 29 de agosto de 2015 y murió el 27 de septiembre del mismo año, es decir, casi un mes después y durante ese periodo ni la señora Laura, ni ningún familiar pudieron ver a Federico por las amenazas de Alejandro Gertz Manero.

8. Alejandro Gertz Manero denunció a las señoras Laura Morán Servín, Alejandra Guadalupe Cuevas Morán y a Laura Cuevas Morán por el delito de homicidio en contra de Federico Gertz Manero, sin embargo, nunca existieron los elementos para acreditarlo ya que durante cinco años de juicio, el fiscal Gertz intentó consumar el delito que fabricó, pero la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMM), en dos ocasiones dictaminó el no ejercicio de la acción penal, ya que al analizar los dictámenes periciales, las pruebas testimoniales, la necropsia y un sinfín de evidencias probatorias, archivaron el caso.

9. No obstante, cuando Alejandro Gertz Manero asume el cargo como el primer fiscal general de la república autónomo en la historia de México, envía el expediente a la Fiscalía Central para la Investigación de Delitos Especiales y Electorales. A mediados del 2020 la misma FGJCDMX, que en dos ocasiones había determinado el no ejercicio de la acción penal, reactiva el caso, cambia de criterio y procesan a la señora Laura Morán, de 94 años, a Alejandra Cuevas la encarcelan y a la otra hija Laura Cuevas Morán, que desde el 2015 también fue denunciada por el fiscal, es inexplicablemente apartada del caso. En este punto es relevante señalar que Laura Cuevas Morán es suegra de Alfredo del Mazo, gobernador del estado de México, quien terminó convirtiéndose en el interlocutor ante el fiscal general de la república cuando arrestaron a la señora Alejandra Cuevas.

10. Con el arresto de Alejandra Cuevas Morán se implantó un canal de comunicación por medio del cual el fiscal decidió que la única persona con la que hablaría de este asunto, sería con Alfredo del Mazo, quien junto a su cuñado Fernando Díaz, pasarían las exigencias del fiscal, incluso, de dudosa legalidad:

I. Todos los objetos de la casa de la señora Laura Morán (cuadros, esculturas, plata, entre otros) que de acuerdo al testamento contenido en la Escritura 91,062 suscrita ante el Notario 40 del Distrito Federal, le pertenecen a ella y que por temor a represalias se empacó todo y se le envió.

II. La renuncia a la pensión que Gertz Manero, como albacea, tiene la obligación de cumplir.

III. Un cheque de caja certificado del 13 de noviembre de 2020 a su nombre del Banco “BanBajío” #648119

11. Nada de lo que exigió el fiscal le correspondía por derecho, sin embargo ante la desesperación de tener a la señora Alejandra Cuevas encarcelada y el terror de la señora Laura Morán, temió que de no cumplir pudiese tomar represalias adicionales en contra de la señora Cuevas en prisión.

12. La zozobra llevó a la familia a marcarle por teléfono a Alejandro Gertz Manero y dejar el canal de comunicación con Alfredo del Mazo para entender qué buscaba.

13. Alejandro Gertz Manero contestó el teléfono y en esa conversación que tenemos en nuestro poder, el fiscal exigió a Alonso Castillo Cuevas y a sus hermanos, todos hijos de la señora Alejandra Cuevas Morán, un documento por escrito en donde ellos debían “reconocer su responsabilidad directa o indirecta del caso, porque si hay uno de los hermanos que crea que es víctima, no hay nada de qué hablar”; es decir, que el funcionario más poderoso en la procuración de justicia, con la señora Alejandra Cuevas ilegalmente encarcelada y la señora Laura Morán extorsionada, les exigió un documento para auto incriminarlos y meterlos a la cárcel.

14. En la misma conversación, Gertz Manero también les pidió que se reunieran con el subprocurador Juan Ramos y les dio su celular. 48 horas después, los hermanos Ana Paola y Gonzalo Castillo Cuevas, llegaron a la FGR, presentaron sus identificaciones, subieron el elevador, les indicaron que esperaran en la oficina de Juan Ramos y cuando el subprocurador llegó, lo primero que preguntó fue: “¿En dónde está el documento por escrito que les pidió el doctor Gertz Manero?”.

15. Los hermanos Castillo Cuevas, junto a quien era en ese momento su abogado, le dijeron que no traían ningún documento por escrito; el subprocurador se enojó y la reunión concluyó.

16. Con la señora Alejandra Cuevas encarcelada, tuvieron que iniciar nuevamente un juicio que ya se había llevado a cabo y en el que se había demostrado la inocencia de las tres mujeres acusadas por el titular de la FGR, pero ahora con Alejandra Cuevas, de 68 años, viviendo en una celda con las pésimas condiciones del sistema carcelario mexicano.

17. La defensa de la señora Cuevas apeló el auto de formal prisión, dictado el 19 de octubre de 2020, por la juez Sexagésimo Séptimo Penal de la Ciudad de México. Pasaron los meses, entré plazos excesivos y las “chicanas” movilizadas por el poder del fiscal cuando finalmente se dictó la sentencia del magistrado de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que para sorpresa de cualquier abogado, confirmó el auto de formal prisión a pesar de las incontables violaciones, entre ellas que la señora Cuevas contaba con un amparo y una suspensión jurídica que prohibía su arresto, por lo que la defensa interpuso un juicio de amparo para las señoras Laura Morán y Alejandra Cuevas.

18. La sentencia de la juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México detalló el sinnúmero de irregularidades cometidas en el proceso, entre las más notorias, el magistrado de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, solo contestó cuatro de los veintiocho agravios que presentaron y de esos cuatro, dos los estudió parcialmente, evitando convenientemente analizar las pruebas que ofrecieron.

19. La juez de Amparo también destacó la falsedad de que la señora Alejandra Cuevas era garante accesoria y que supuestamente faltó de cuidado a la salud de Federico, porque en ninguno de los puntos, se puede encuadrar a la señora Cuevas como la garante de Federico o que tuviera una responsabilidad de su cuidado. Para la juez de Amparo la motivación y fundamentación fue deficiente y aludió a las incongruencias y contradicciones de Alejandro Gertz Manero, sus hijas y yernos, además de dejar clara la violación que cometió la Sala Penal al infringir el principio de legalidad establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

20. Al ganar los amparos, el fiscal Gertz los impugnó, pero no sólo como “particular” sino a través del Ministerio Público Federal adscrito a la FGR. ¿Cuál es el interés de la Federación en las señoras Laura Morán y Alejandra Cuevas? Ninguno, pero como se evidencia en este caso, cuando Gertz Manero persigue, la ley se extingue.

21. Ante la impugnación de los amparos, el caso de Alejandra Cuevas llega al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y el 8 de noviembre pasado, el Consejo de la Judicatura Federal envía a su familia un correo electrónico confirmando la audiencia por video conferencia con los tres magistrados, antes de que deliberaran la posible y muy factible libertad de la señora Cuevas ya que la fabricación es insostenible y ya habían ganado los amparos, sin embargo, ese mismo día por la noche, les llegó un correo electrónico cancelando la audiencia y también la deliberación del caso de la señora Cuevas:

“En comunicado del secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el mismo día de hoy, el pleno de dicho alto tribunal, a solicitud de Alejandro Gertz Manero, resolvió ejercer la facultad de atracción para conocer de los amparos en revisión 176/2021 y 177/2021 del índice de este tribunal colegiado y en razón de ello requirió que este órgano colegiado suspenda inmediatamente el dictado de las resoluciones, que como es de su conocimiento, estaba programada para el próximo jueves 11 de noviembre en curso”.

22. La fiscal sabía o sospechaba que le darían la libertad a mi madre en cuestión de horas, por lo que la única manera de mantenerla como su rehén en la cárcel era pidiendo que la SCJN ejerciera su facultad de atracción.

23. Pasaron más de 60 días y la SCJN no había dicho una sola palabra sobre este asunto, hasta la semana pasada, cuando en una conferencia el ministro presidente Arturo Záldivar anunció que el ministro ponente del asunto es Alberto Pérez Dayán.

24. Este caso rebasa el ámbito privado, estamos hablando de la procuración de justicia del país. La señora Alejandra Cuevas y su familia han vivido en carne propia la extinción de las leyes, la desaparición del estado de derecho y han constatado que los códigos son letra muerta cuando un funcionario con poder doblega la ley a su conveniencia y logra que desde policías, hasta ministerios públicos cometan delitos federales para lograr su misión: el encarcelamiento de una mujer inocente, mantenerla como rehén, ya que teme que la señora Laura Morán, después de pasar 52 años con su hermano Federico pueda tener más información, como el estado de cuenta de casi ocho millones de dólares, en un paraíso fiscal en Panamá del banco suizo Julius Baer, que Alonso Castillo Cuevas ya presentó en la Unidad de Inteligencia Financiera, tanto a su entonces titular, Santiago Nieto Castillo como al actual, Pablo Gómez Álvarez.

25. Todo lo que ha acontecido en este caso señala que el móvil de la persecución de Alejandro Gertz Manero en contra de la familia de Alejandra Cuevas es esconder el patrimonio monumental que tiene por lo que no le ha importado violar los derechos humanos de una mujer inocente y utilizar a la FGR para su propio beneficio, aun en contra de transgredir la Constitución y las leyes.

26. Estas consideraciones deben ser analizadas por los diputados y senadores que integran la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión y deben pronunciarse para evitar el uso faccioso de la Fiscalía General de la República y exhortar a que su titular cumpla con la protesta de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Además de que en todo momento se garantice la protección de los derechos humanos.

27. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, atenta y respetuosamente, exhorta al fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, para que cumpla con las facultades constitucionales y legales que tiene, garantice la protección de los derechos humanos y que no utilice a la institución en ningún asunto personal, especialmente, el relacionado con la señora Alejandra Guadalupe Cuevas Morán.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2022.

Senadora Lilly Téllez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al titular de la SHCP y la gobernadora del Banxico para informar a esta soberanía sobre las medidas de política monetaria encaminadas a controlar la inflación y mitigar sus efectos en la economía, a cargo de la senadora Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del PRI

La senadora Nuvia Mayorga Delgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Apenas está comenzando el año 2022 y las expectativas económicas de México han quedado fuera del rango previsto por las autoridades, un año que traerá retos y oportunidades de reinvención, sobre todo si se empiezan a tomar las medidas necesarias desde el principio.

De acuerdo con la encuesta mensual realizada en diciembre por el Banco de México a especialistas, la iniciativa privada disminuyó el crecimiento económico de México a 5.59 por ciento del producto interno bruto (PIB) para 2021, esto por debajo de la estimación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), misma que previó un crecimiento de 6 por ciento.

El problema no radica en la oscilación de las cifras del crecimiento en una situación de emergencia como lo hemos vivido desde 2019, sino en la falta de una estrategia integral de reactivación económica que debiera ser pactada con el sector privado y laboral.

La SHCP estableció en los criterios generales de política económica para 2022 una meta de crecimiento del PIB en una media de 4.1 por ciento, con rangos de 3.6 por ciento a 4.6 por ciento.

Sin embargo, en tan sólo dos semanas que han transcurrido de este año, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha estimado que la economía mexicana tendrá un aumento de 2.9 por ciento del PIB.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que la economía crecerá 3.3 por ciento para 2022, cifra muy por debajo de la expectativa de la SHCP.

Por otro lado, la inflación ha sido un dolor de cabeza para la economía mexicana. Claramente terminaremos 2021 con una tasa aproximada de 7.2 por ciento; más allá del doble de la meta oficial de acuerdo con la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado que recolecta Banxico, la cual se establecía en 3 por ciento.

Lo cual ha traído serios problemas para las y los mexicanos, dado que el alza de la inflación ha llevado a que los productores tengan que aumentar sus costos, y eventualmente se refleja en un aumento en los precios a los consumidores.

Dichos aumentos se pueden ver desde el sector primario, tal y como lo muestran las cifras oficiales sobre el comportamiento de los precios diarios al mayoreo de productos agropecuarios de consumo cotidiano de la población.

Como se puede observar en la tabla anterior, tan sólo en una semana el precio del limón aumento 20.83 pesos, un producto básico en el consumo diario de las y los mexicanos.

Hoy con una alta inflación, el bolsillo de ciudadanía se ve afectado cada día, no hay dinero que les alcance para poder satisfacer las necesidades básicas, como lo son la alimentación y la salud.

Si bien el salario mínimo para 2022 pasará de 141.70 a 172.87 pesos, lo que representará una percepción de 31.17 pesos más en los bolsillos de los trabajadores formales.

Por otra parte, la zona libre de la frontera norte del país, que incluye a 43 municipios pertenecientes a Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, percibirá un aumento de casi 47 pesos, esto al dar un paso de los 213.39 pesos, percibidos hasta este 2021, a los 260.34 para 2022.

Aún con este aumento en los salarios, el ingreso de las familias mexicanas se ve afectado por una alta inflación; pues todos los productos y servicios que adquieren presentan un aumento en sus precios finales a los consumidores.

Ante esto es necesario que las autoridades competentes realicen una política fiscal y monetaria que pueda mitigar los efectos inflacionarios y de este modo aumentar el poder adquisitivo de las familias mexicanas, de lo contrario estamos llevando cada día a más y más familias a la pobreza.

La política fiscal debe asignar suficientes recursos al gasto relacionado con la salud, en particular para garantizar una distribución equitativa y rápida de las vacunas, y para ampliar las pruebas de detección, el rastreo de casos y los tratamientos; y de este modo, poder tener una recuperación económica más dinámica

Con el aumento de la inflación, los bancos centrales deben tomar medidas oportunas y contundentes para endurecer la política monetaria, enviar señales claras de su compromiso con las metas de inflación y evitar subidas persistentes de los precios.

La comunicación clara y transparente de la intención de la política monetaria es fundamental para preservar la credibilidad de los bancos centrales y anclar las expectativas, y ha de estar asentada sobre fundamentos sólidos y marcos fiscales a mediano plazo creíbles.

Además de la comunicación clara y transparente, las autoridades tienen que explicar las medidas contingentes y actuar de manera firme y en consecuencia con sus comunicaciones, manteniendo la coherencia entre sus mensajes, indicadores y metas

El gobierno de México continúa teniendo un gran reto para este 2022, un año de obstáculos, tanto en materia económica como financiera, ya que no sólo se trata de estabilizar la inflación y disminuir el desempleo, sino también de conseguir una plena recuperación económica.

Ante esto, es necesario que tanto el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como la gobernadora del Banco de México, vengan a comparecer a este honorable Congreso de la Unión para que nos detallen cuáles serán las medidas y acciones que implementarán a fin de mitigar la inflación e impulsar el crecimiento económico.

El panorama resulta preocupante, por ello, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cita a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la gobernadora del Banco de México, con la finalidad de informar a esta soberanía sobre las medidas de política monetaria encaminadas al control de la inflación y a la mitigación de sus efectos en la economía mexicana para el año 2022.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2022.

Senadora Nuvia Mayorga Delgado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las Secretarías de Salud, y de Educación de SLP a seguir de manera estricta las medidas sanitarias en el regreso a clases presenciales para evitar contagios y, en consecuencia, la propagación de la variante Ómicron, suscrita la senadora María Graciela Gaitán Díaz, del Grupo Parlamentario del PVEM

La suscrita senadora María Graciela Gaitán Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura del H. Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3, reconoce que toda persona tiene derecho a la educación; que el Estado (Federación, Entidades Federativas, Ciudad de México y Municipios) impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior; que la educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia, así como que la educación tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoviendo la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje.

Asimismo, nuestra Carta Magna en su numeral 4, reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de la salud; que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general; así como que la Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

En noviembre del año 2021, la Organización Mundial de la Salud (OMS), siguiendo el consejo del Grupo Consultivo Técnico sobre la Evolución del Virus SARS-CoV-2- en inglés, clasificó la variante B.1.1.529 de este virus como variante preocupante. Además, decidió denominarla con la letra griega “ómicron”. La decisión de considerar preocupante esta variante se basó en la evidencia presentada al Grupo Consultivo Técnico, que indica que presenta varias mutaciones que podrían afectar a las características del virus, por ejemplo, la facilidad para propagarse o la gravedad de los síntomas que causa.

Destaco que el Gobierno del estado de San Luis Potosí, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, está llevando a cabo e implementando, estrictamente, las medidas que, tanto la Organización Mundial de la Salud como las autoridades del Sistema de Salud de México, han recomendado basándose en el análisis de los riesgos y en un enfoque científico, aumento en la capacidad de respuesta mediante recursos médicos y de la salud pública para hacer frente a los aumentos en el número de casos, reduciendo las desigualdades que afectan al acceso a las vacunas contra la COVID-19.

La Secretaría de Salud del estado de San Luis Potosí, dio a conocer que han sido adquiridas 200 mil pruebas de diagnóstico para Covid-19, las cuales se están aplicando a la ciudadanía de las cuatro zonas del Estado, y recomendó a la población que tenga síntomas o que estuvo en contacto con pacientes confirmados a que acudan a realizarse la prueba para favorecer la reducción de contagios y, por consiguiente, el de hospitalizaciones.

De acuerdo con medios de comunicación en San Luis Potosí, el titular de los Servicios de Salud, Daniel Acosta Díaz de León, informó que hay varios casos confirmados de la variante ómicron de Covid-19, señalando que existen otros que se encuentran en estudio, esto, resultado de las más de 30 mil pruebas mensuales que implementó la Secretaría de Salud de dicha entidad federativa.

Ante tales circunstancias, y como medida preventiva, la Secretaría de Educación y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, de dicha entidad federativa, han anunciado la postergación del regreso a clases de manera presencial, previéndose para el 24 de enero del presente año.

Es importante destacar, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades del sistema de salud de nuestro país, han recomendado medidas eficaces que toda persona puede tomar para reducir la propagación del virus causante de la COVID-19, que son mantenerse a una distancia de al menos un metro de las demás personas, llevar una mascarilla bien ajustada, abrir las ventanas para ventilar las estancias, evitar los lugares abarrotados o poco ventilados, mantener limpias las manos, toser y estornudar en la flexura del codo o en un pañuelo desechable y, en caso de no estar vacunados, llevarlo a cabo a la brevedad posible.

Por todas las anteriores razones, para todas las mexicanas y mexicanos, las potosinas y los potosinos, así como para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, es fundamental que se garanticen los derechos fundamentales y humanos de educación y salud de todas las personas, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México forma parte, en este caso, los de la Ciudadanía del estado de San Luis Potosí.

En virtud de lo antes expuesto, se tiene a bien presentar ante esta Soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se pronuncia en favor de todas las medidas sanitarias que está llevando a cabo el Gobierno del estado de San Luis Potosí, encabezado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona , con la finalidad de reducir los contagios de la variante “ómicron” del virus SARS-CoV-2.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Titulares de las Secretarías de Salud y Educación del estado de San Luis Potosí , para que, en el regreso a clases presenciales , se sigan, estrictamente, las medidas sanitarias para evitar contagios y, consecuentemente, la propagación de la variante ómicron del virus SARS-CoV-2.

Comisión Permanente del Senado de la República, a 19 de enero de 2022.

Senadora María Graciela Gaitán Díaz

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SSP de Zacatecas y la SSPC de la Ciudad de México a integrar en el Plan Zacatecas dos mecanismos de coordinación y apoyo para los cuerpos de seguridad municipales y estatales, a cargo de la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del PT

De la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta, respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana , del Gobierno de México, a integrar dentro del Plan Zacatecas 2, un mecanismo de coordinación y apoyo para los cuerpos de seguridad del orden municipal y estatal, con el objetivo de proteger la integridad física y la vida de sus integrantes ante posibles ataques del crimen organizado, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Este 2022 ha sido un infierno para las fuerzas policiales de Zacatecas, al 17 de enero, se han reportado 8 lamentables asesinatos. El pasado martes 11 de enero, tres policías municipales murieron luego de que fueran sorprendidos por un comando armado en la calle Zinc, en la colonia La Fortuna en la cabecera municipal de Fresnillo, Zacatecas1 . Los elementos policiacos circulaban por la calle cuando varios sujetos con armas largas se acercaron a ellos y les dispararon en repetidas ocasiones. Pese al intenso operativo policiaco implementado para ubicar a los responsables, no se ha dado con su paradero.

Un día después, el 12 de enero, sicarios asesinaron a una mujer perteneciente a la Dirección de Seguridad Pública de Zacatecas2 , mientras que su hija, quien se encontraba con ella fue trasladada a un hospital. Los hechos ocurrieron en la avenida Campo Real de la colonia Las Américas, también en el municipio de Guadalupe, lugar en el cual sujetos armados dispararon en contra de la mujer, quien se encontraba al interior de su automóvil.

Por otra parte, el 14 de enero fueron asesinados dos integrantes de Seguridad Vial, también en el municipio de Guadalupe3 . La agresión con disparos de arma de fuego se dio sobre la calle Ópalos de la colonia la Joya. Ambos patrullaban a bordo de un vehículo oficial cuando fueron baleados. También se desplegaron agentes del Ejército y la Guardia Nacional, pero no se dio con ningún responsable.

El séptimo agente asesinado de Zacatecas en este 2022 fue ejecutado en el municipio de Guadalupe, cuando viajaba a bordo de un autobús de pasajeros4 . Según la Vocería de Seguridad Pública de Zacatecas, el asesinato ocurrió cuando el transporte público circulaba por las inmediaciones de la colonia Valle Dorado en Guadalupe. Al lugar arribaron agentes de los tres órdenes de gobierno, pero la víctima ya no contaba con signos vitales.

A estos siete casos, sumamos el ocurrido el pasado lunes 17 de enero, donde un agente de la Policía Metropolitana (Metropol) fue asesinado afuera de un cajero en la avenida Enrique Estrada, en Fresnillo5 , ante la mirada de clientes de la institución bancaria y personas civiles.

Causa en Común, organización de la sociedad civil, ha destacado que Zacatecas se posicionó en tercer puesto de policías asesinados con 36 uniformados ejecutados el año pasado, entre las 32 entidades del país, tan solo debajo de Guanajuato (54) que lidera la lista en los últimos cuatro años y del Estado de México (47). Esta terrible cifra es cuatro veces mayor que la que se tuvo en 2020.

Cabe recordar que desde el mes de noviembre de 2021 se tomaron un conjunto de acciones que forman parte del Plan de Apoyo a Zacatecas. El Plan “Zacatecas 2” comenzó con el incremento de elementos del Ejército y la Guardia Nacional en tres zonas en las que se ha dividido el estado: mil 940 en el centro, 804 en el norte y un mil 104 en el sur. En total serán 460 elementos de refuerzo -210 del Ejército y 250 de la Guardia Nacional- que sumados a los que ya operan en la región darán un total de 3 mil 848 efectivos.

Más allá de estos importantes avances, debemos redoblar esfuerzos por la paz y la seguridad en la entidad. Fortaleciendo la labor de los cuerpos de seguridad de los tres órdenes de gobierno en una estrategia coordinada de combate a la delincuencia.

Como legisladora por el estado de Zacatecas veo con mucha preocupación la violencia que se ejerce en contra de la población por parte del crimen organizado. Y me ha sorprendido la gran vulnerabilidad que tienen las personas que integran los cuerpos de seguridad en los municipios asolados por la violencia criminal. En estos lugares, donde las y los policías deben velar por la seguridad de las personas, son también víctimas y no parecen contar con los recursos para protegerse.

Es prioritario otorgar mayor protección en el nivel municipal en nuestro querido estado. Considero fundamental establecer los mecanismos de garantía y protección para los integrantes de cuerpos de seguridad a nivel municipal, a través de su inclusión en el Plan Zacatecas II.

Debemos dignificar la labor de los cuerpos de seguridad en los municipios y comunidades de Zacatecas, es prioritario brindarles los recursos, equipamiento e insumos para realizar su labor de manera efectiva, como policía de proximidad a la ciudadanía; y para proteger su integridad personal ante el embate de la delincuencia organizada.

Desde los municipios debemos avanzar para lograr la paz y la seguridad en la entidad, debemos construirla a partir del fortalecimiento de todas las instituciones y la regeneración del tejido social. Con ello lograremos instituir mejores estrategias para combatir el crimen y ello redundará en el bienestar de toda la población.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta Honorable Comisión Permanente, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se solidariza con los integrantes de los cuerpos policiacos que han sido asesinados en el cumplimiento de su deber y exhorta, respetuosamente, a la Fiscalía General del estado de Zacatecas para que, en coordinación con la Fiscalía General de la República, investiguen con celeridad los homicidios de elementos de los cuerpos policiacos de la entidad.

Segundo. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, del Gobierno de México, a integrar dentro del Plan Zacatecas 2, un mecanismo de coordinación y apoyo para los cuerpos de seguridad del orden municipal y estatal, con el objetivo de proteger la integridad física y la vida de sus integrantes ante posibles ataques del crimen organizado. Y para que se les otorgue el adiestramiento y equipamiento adecuados a aquellos elementos que trabajan en las zonas de mayor incidencia delictiva de la entidad o con mayor tasa de elementos asesinados.

Tercero. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, así como a sus homólogas en los municipios que integran la entidad, para crear programas especiales para apoyar a las familias de los elementos policiacos asesinados en el cumplimiento de su deber, garantizando su derecho a la reparación del daño, apoyo psicológico profesional para todos los miembros de la familia para la protección de su salud mental, así como el acceso a programas sociales, becas escolares para garantizar la continuidad de sus hijos en los distintos niveles de la educación pública obligatoria, ello a través de planes de planes de restitución integral de derechos.

Notas:

1. Emboscan a policías municipales de Fresnillo; mueren tres efectivos, disponible en:

https://www.elsoldezacatecas.com.mx/policiaca/
emboscan-a-policias-municipales-de-fresnillo-mueren­ tres-efectivos-7717793.html, consultado el 17 de enero de 2022.

2. Matan a funcionaria de seguridad en Zacatecas, disponible en:

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/13/estados/mata n-a-funcionaria-de-segurídad-en-zacatecas, consultado el 17 de enero de 2022

3. Agresión a balazos contra policías viales en Guadalupe, Zacatecas, deja 2 muertos, disponible en:

https://www.razon.com.mx/estados/agresion-policiasas-via les-quadalupe-zacatecas-de1a-2-muertos-467240, consultado el 17 de enero de 2022

4. Ejecutaron a otro policía de Zacatecas y suman siete agentes asesinados en cuatro días, disponible en:

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/16/
ejecutaron-a-otro-agente-de-zacatecas-y-suman­siete-policias-asesinados-en-cuatro-dias, consultado el 17 de enero de 2022

5. Asesinan a policía afuera de un cajero, disponible en:

http://ntrzacatecas.com/2022/01/17/poli -caj/, consultado el 17 de enero de 2022.

Dado en el Salón de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 19 de enero del 2022.

Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, la Conadic y la CNDH a garantizar los derechos humanos de las personas en los establecimientos especializados de atención a las adicciones y remitir un informe sobre la existencia de quejas presentadas por ellas, a cargo del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, integrante y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXV Legislatura, con fundamento en lo establecido en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se Exhorta a la Secretaría de Salud, y a la Comisión Nacional contra las Adicciones a garantizar los derechos humanos de las personas usuarias de los Establecimientos Especializados de Atención a las Adicciones en su modalidad residencial, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a remitir un informe sobre la existencia de quejas presentadas por dichas personas usuarias, de acuerdo a las siguientes

Consideraciones

Primera. - De acuerdo con la Ley General de Salud en su artículo 45, “corresponde a la Secretaría de Salud vigilar y controlar la creación y funcionamiento de todo tipo de establecimientos de servicios de salud, así como fijar las normas oficiales mexicanas a las que deberán sujetarse”.

Segunda. Que la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud, y tiene dentro de sus atribuciones, según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de julio del 2016 en su artículo 3°, entre otras:

“VI. Coordinar y supervisar los servicios de prevención y atención de las adicciones, mediante el establecimiento y desarrollo de modelos de organización y operación en los diferentes niveles de atención.

XXIV. Coordinar la Red Nacional de Atención a las Adicciones y emitir lineamientos, criterios y procedimientos de carácter técnico que deben regir a los establecimientos que brindan servicios de prevención y tratamiento de adicciones, así? como supervisar el cumplimiento y observancia de estos y formular recomendaciones sobre su funcionamiento”.

Tercera. En marzo de 2021, la Conadic expidió los “Lineamientos para el Reconocimiento y Ratificación de Establecimientos Residenciales de Tratamiento de Adicciones 2021-2022”1 , derivado del “Programa de Reconocimiento y Ratificación a Establecimientos Residenciales de atención a las Adicciones”.

Dentro de dichos “Lineamientos”, se estableció que:

“El Programa de Reconocimiento y Ratificación que realiza la Conadic ha permitido que los centros den cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad vigente. Se considera oportuno el fortalecimiento del programa en aras de supervisar detalladamente los procesos de atención desde el ingreso, egreso y seguimiento de los usuarios, así como revisar la infraestructura y coadyuvar con la actual administración del Gobierno Federal para continuar desarrollando e implementando estrategias y acciones encaminadas a la mejora de la calidad de la atención y el respeto a los derechos humanos , la cual ha sido identificada como un eje central de las acciones de la Secretaria de Salud”.

Cuarta. Que oficialmente, la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) tiene registrados 281 Establecimientos Especializados de Atención a las Adicciones en todo el país.2

Quinta. De conformidad con los “Lineamientos” la Conadic tiene la obligación de “Supervisar y fortalecer el apego a la normatividad vigente y el respeto a los derechos humanos por parte del personal de los establecimientos residenciales, a través de su reconocimiento, con el propósito de incluirlos en un directorio nacional para contar con una red de servicios al servicio de la población”.

Sexta. Que el pasado 9 de enero de 2022, se publicó en el portal de internet de un medio de circulación nacional la nota: “Violación de DH, la constante en clínicas para las adicciones”3 , en dicha publicación se puede leer que:

“Son lugares prácticamente ajenos al escrutinio público y en la indefinición sobre qué instancias gubernamentales deberían supervisarlos.

Las clínicas de adicciones y de atención a la salud mental en el país son –en su mayoría– sitios donde la violación de derechos humanos (maltratos, hacinamientos, golpes, humillaciones y tratamientos que pueden equipararse a la tortura) es recurrente, de acuerdo con el seguimiento que les ha dado la organización Documenta.

La escasa infraestructura gubernamental para atender la salud mental y su alta concentración en las principales ciudades... provoca la proliferación de centros de internamiento privados que, favorecidos por la escasa vigilancia, operan prácticamente en la clandestinidad, sin garantías suficientes para los internos ni responsabilidades legales. Su lógica es la ganancia, más que la atención de salud.

Esta carencia de atención pública reduce las opciones y produce que familiares desesperados por la adicción de sus hijos o con problemas de salud mental recurran a centros privados, cuyas condiciones de operación y nula supervisión generan entornos para violaciones de derechos humanos y se les recluya en condiciones insalubres.

“Incluso en muchos lugares se les extorsiona para que puedan salir porque los familiares los llevan ahí en su desesperación al no saber qué hacer con un pariente con uso problemático de drogas ”.

Séptima. El tercer párrafo del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley ”.

Octava. En ese sentido, la Secretaría de Salud, así como la Comisión Nacional contra las Adicciones, deben garantizar los derechos humanos de las personas usuarias de los Establecimientos Especializados de Atención a las Adicciones en su modalidad residencial.

Por ello, es indispensable la supervisión e intervención gubernamental para mejorar los procesos de atención desde el ingreso, egreso y seguimiento de los usuarios, lo cual permitirá evitar maltratos, hacinamientos, golpes, humillaciones, tratamientos que pueden equipararse a la tortura o cualquier acto que vulnere los derechos humanos de las personas usuarias de dichos centros de atención a las adicciones.

Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional contra las Adicciones, a garantizar los derechos humanos de las personas usuarias de los Establecimientos Especializados de Atención a las Adicciones en su modalidad residencial.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Solicita a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional contra las Adicciones, remitan un informe detallado sobre la existencia de presuntas violaciones a los derechos humanos y la atención brindada a las personas usuarias de los Establecimientos Especializados de Atención a las Adicciones en su modalidad residencial.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos remita un informe detallado sobre la existencia de quejas presentadas por las personas usuarias de los Establecimientos Especializados de Atención a las Adicciones en su modalidad residencial, por la posible violación a sus derechos humanos.

Notas:

1. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/632940/Lineamientos_Reco nocimiento_V._2021_.pdf

2. Información obtenida de acuerdo con el Directorio Nacional de Establecimientos Residenciales de Atención a las Adicciones Reconocidos, disponible en: https://www.gob.mx/salud/conadic/documentos/conadic-cuenta-con-un-direc torio-nacional-de-establecimientos-residenciales-de-atencion-a-las-adic ciones-reconocidos

3. Véase: https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/09/sociedad/violacion-de-dh-la-constante-en-clinicas-para-las-adicciones/

Dado en la sede de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, el 19 de enero de 2022

Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos locales, los ayuntamientos y las alcaldías a realizar pruebas de detección de Covid-19 y otras medidas para dar certidumbre a la población, a cargo de la senadora Patricia Mercado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, senadora Patricia Mercado Castro, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano del Senado de la República de la LXV Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, párrafo 1, fracción I, 164, 169, 172 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo con relación a la realización de pruebas para la detección de la Covid-19 y a otras medidas para garantizar certidumbre a la población, conforme a la siguiente

Exposición de motivos

La pandemia por Covid-19 ha significado una situación de vulnerabilidad inédita para la población, y que ha exigido al sistema de salud recursos extraordinarios para cumplir con sus obligaciones para garantizar los derechos humanos. Además, ha develado la estrecha interrelación entre la salud y derechos al trabajo, la movilidad, el cuidado, la educación y otros más.

Se reconoce que el derecho a la salud es parte fundamental de los derechos humanos, este derecho no es nuevo, en el plano internacional se proclamó por primera vez en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 1946, en cuyo preámbulo se define la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades”.

También se afirma que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”. Asimismo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, se menciona a la salud como parte del derecho a un nivel de vida adecuado (artículo 25).

El derecho a la salud también fue reconocido como derecho humano en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Desde entonces se ha hecho referencia al derecho a la salud o a elementos del mismo, por ejemplo, el derecho a la atención médica en otros tratados internacionales de derechos humanos.1

Por lo que hace a nuestro país, este derecho es reconocido en el cuarto párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social”.

Este derecho ha evolucionado a través del tiempo al pasar de ser asociado únicamente con el acceso a la atención sanitaria y la construcción de hospitales hacia una concepción mucho más amplia que implica de acuerdo con la OMS “el derecho al grado máximo de salud que se pueda lograr” y en este sentido, se debe considerar un amplio conjunto de factores que pueden contribuir a una vida sana a los que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, denomina “factores determinantes básicos de la salud”, que son los siguientes:

• Agua potable y condiciones sanitarias adecuadas;

• Alimentos aptos para el consumo;

• Nutrición y vivienda adecuadas;

• Condiciones de trabajo y un medio ambiente salubres;

• Educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud;

• Igualdad de género.

En ese sentido, se considera que dicho concepto ampliado exige un conjunto de criterios sociales que propicien la salud de todas las personas, pues el goce del derecho a la salud está estrechamente relacionado con el de otros derechos humanos, tales como los derechos a la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la no discriminación, el acceso a la información y la participación.

Dicho enfoque basado en los derechos humanos implica que todas las políticas, estrategias y programas se formulen con el fin de mejorar progresivamente el goce del derecho a la salud para todas las personas.

Unos días después de declarar la infección por el coronavirus causante de Covid-19 como una pandemia, el 16 de marzo, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró: “No se puede combatir un incendio con los ojos vendados. Y no podemos detener esta pandemia si no sabemos quién está infectado. Tenemos un mensaje muy sencillo para todos los países: pruebas, pruebas, pruebas”.2

Es así que, desde el surgimiento de la pandemia, las pruebas han sido un componente indispensable para conocer la evolución del virus y sus efectos individuales y colectivos, lo cual ha sido vital para que la comunidad científica oriente las decisiones de los gobiernos, las empresas, las organizaciones y de la propia sociedad.

En nuestro país, la tasa de positividad ha variado a lo largo de la pandemia. Si bien durante la primavera y el otoño de 2021, en los periodos de importante disminución de los casos, la relación casos positivos/pruebas fue baja, incluso por debajo del 20 por ciento, en el primer año y durante los picos de contagios de 2021, esa tasa se mantuvo entre el 40 y el 50 por ciento, como se ilustra en la siguiente gráfica.

Gráfica 1. Evolución de casos confirmados, negativos y sospechosos de COVID-19 en México. Fuente: Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, “Informe Técnico Diario COVID-19 MÉXICO”, 16 de enero de 2022, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/692802/Comunicado_Tecnico_Diari o_COVID-19_2022.01.16.pdf

Las deficiencias en el acceso a pruebas han resultado en una subestimación del número de casos positivos a Covid-19, y, por lo tanto, una alta proporción de casos confirmados en relación con pacientes estudiados. De acuerdo con estudios como el de la Universidad de California en San Francisco,3 nuestro país se encontraba comparativamente entre los países con bajo número de pruebas y una estimación alta de casos después de un año de iniciada la pandemia, como ilustra la siguiente gráfica:

Gráfica 2. Pruebas totales de Covid-19 por millar de habitantes contra casos confirmados por millón de habitantes al 10 de febrero de 2021, relación logarítmica. Fuente: Instituto de Ciencias de la Salud Global - Universidad de California, San Francisco, obra citada, página 16.

Cabe decir que, a lo largo de la pandemia, la OMS ha reiterado sus recomendaciones a que los gobiernos utilicen las pruebas de detección de Covid-19 para todas las personas con síntomas como prioridad, sin excluir casos que no los presenten:

“La OMS recomienda que a todos los individuos que cumplan con la definición del caso de Covid-19, sin importar su historial de vacunación o de enfermedad, se les apliquen pruebas sobre la presencia de SARS-CoV-2 en muestras respiratorias. Mientras que las pruebas a los individuos sintomáticos deben priorizarse sobre las de los asintomáticos, aplicar pruebas a individuos asintomáticos puede ser informativo en instancias como seguimiento de contactos de casos confirmados o probables, o para la detección de casos entre trabajadores de la salud y de instalaciones de cuidados, quienes están frecuentemente expuestos”.4

La Unión Europea ha establecido directrices para que se garanticen las pruebas de detección a todas las personas sintomáticas, y que se establezcan criterios de priorización para aplicar pruebas a personas asintomáticas, en especial para el seguimiento de contactos (contact tracing ) de personas que han resultado contagiadas para evitar la propagación y en instalaciones con alto riesgo de contagio o con población vulnerable, como lo son los centros penitenciarios, comunitarios, de alojamiento de solicitantes de refugio o asilo o instalaciones de cuidado.5

Por otro lado, el 26 de noviembre de 2021, la OMS clasificó la variante B.1.1.529 del virus SARS-CoV-2 como variante preocupante y la denominó con la letra griega ómicron. Esto con base en la evidencia que indica que presentaba varias mutaciones que podrían afectar a las características del virus, por ejemplo, la facilidad para propagarse.

Durante el mes de diciembre y en lo que va de enero del 2022, el seguimiento a dicha variante ha mostrado un incremento en los casos activos de todo el mundo, motivo por el cual el director general de la OMS, recientemente declaró que Ómicron está ocasionando un tsunami de casos y alertó que los sistemas sanitarios de todo el mundo se están viendo comprometidos por esta nueva variante que si bien, parece ser menos grave que Delta, especialmente en las personas que ya están vacunadas, esto no significa que deba clasificarse como leve.6

Los efectos de esta variante en nuestro país han derivado en cifras récord de contagios. El viernes 14 de enero, México reportó 44 mil 293 contagios, la cifra diaria más alta en lo que va de la pandemia. El récord anterior apenas fue informado el pasado miércoles 12 de enero, con 44 mil 187 casos positivos en un solo día.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, al corte del viernes 14 de enero, el país sumó 4 millones 302 mil 069 casos positivos y 301 mil 107 muertes por Covid-19.7

Ante la presencia y avance de Ómicron en México, el subsecretario Hugo López- Gatell anunció medidas como el proceso de reconversión hospitalaria que se concentrará en la ampliación de la capacidad en salas de urgencias y consulta externa, al considerar que los casos relacionados con esta variante demandan un manejo clínico ambulatorio, es decir, consultas en establecimientos de salud que no requieren que las personas sean internadas.

Sin embargo, se considera necesario reforzar otras medidas, como el acceso a pruebas de detección cuya demanda se ha elevado en las últimas semanas y que son vitales para un tratamiento oportuno y para evitar la alta propagación de la nueva variante que en diversas entidades federativas está incrementando la presión sobre la capacidad hospitalaria, de ahí su importancia para la contención de la pandemia.

Según el último informe de referencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el ritmo de recuperación de la actividad económica depende en gran medida del grado de contención del virus, por lo que la recuperación sigue patrones diferentes según las zonas geográficas y los sectores.8 Durante el año 2020 la pérdida de empleos se vislumbró como un problema internacional que hasta enero 2022 sigue afectando a las personas trabajadoras que fueron despedidas o “descansadas” de sus centros laborales por múltiples razones como recortes de personal por falta de capital para pagar salarios o en muchos casos, por causa de un resultado positivo a Covid-19. Esta segunda causa es la que despierta una alerta económica pues de las personas que necesitaron aislarse temporalmente por algún contagio, muchas de ellas no pudieron volver a sus empleos y no fueron liquidadas con justicia.

En este mismo informe, la OIT señala que habrá un déficit equivalente a 52 millones de puestos de trabajo a tiempo completo (tomando como referencia una semana laboral de 48 horas). También prevé que el desempleo mundial se sitúe en 207 millones en 2022.9 Guy Rider, director general de la OIT, señaló en la presentación del informe: “No puede haber una verdadera recuperación de esta pandemia sin una amplia recuperación del mercado del trabajo. Y, para ser sostenible, esta recuperación debe basarse en los principios de trabajo decente, con inclusión de salud y seguridad, igualdad, protección social y diálogo social”. De la mano de un trabajo decente, se plantea uno con derechos y flexibilidad ante panoramas internacionalmente complicados.

Los síntomas han sido el primer indicador de un posible contagio, por lo que al aparecer estos, se ha recomendado recurrir a los laboratorios para tener una prueba para confirmar o descartar la enfermedad. En el proceso, es cuando las personas buscan opciones para acceder a estas pruebas que, hasta el día de hoy, se realizan por parte del sistema de salud público o por parte del sector privado. Durante los picos más altos de la pandemia se han visto crisis de desabasto de pruebas, por lo que los precios en el sector privado han subido de precio y las pruebas gratuitas por parte de los gobiernos no han sido suficientes.

Según Oxfam, los ingresos del 99 por ciento de la población mundial se han deteriorado a causa de Covid-19,10 sobre todo a causa de la pérdida de empleos o de empleos temporales e inestables. Bajo este panorama, las personas trabajadoras dependen del resultado de una prueba de laboratorio para poder acceder a permisos laborales por incapacidad ante un contagio y así, tener certidumbre de regresar a su trabajo o de seguir recibiendo ingresos durante la enfermedad. Este escenario se repite cientos de veces, orillando a las personas a optar por ir a laboratorios y hospitales privados, pagando así su propia prueba. Es por esto que, además de un avance eficaz de las etapas de vacunación, el abasto de pruebas, su aplicación y la divulgación de estadísticas es vital ante una pandemia que exige información veraz y oportuna a las personas que sospechan de contagio y a toda una población que no puede detener sus actividades económicas.

Las pruebas de laboratorio además de proveer de la información necesaria previa a un aislamiento, previene contagios cercanos; por lo cual, el acceso a las pruebas se entiende como una herramienta clave para cortar la cadena de contagios. Ante esta situación, es pertinente tener en cuenta que las desigualdades se ven reflejadas en el acceso a los estudios médicos, por lo que las pruebas para detectar Covid-19 no son la excepción. Actualmente las personas trabajadoras formales tienen la oportunidad de acceder a una incapacidad laboral por Covid-19 a través de medios digitales, facilitando así el trámite. Sin embargo, la gran mayoría de las personas trabajadoras se encuentran en el sector informal representando actualmente 31.4 millones de personas según el cierre del tercer trimestre 2021 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este sector es el más desprotegido ante despidos injustificados, recortes de salario y violación a otros derechos laborales.

La división sexual del trabajo ha tenido una reconfiguración durante la pandemia por Covid-19, reforzando roles desiguales del trabajo y de la repartición de tareas al interior de los hogares. En 2021 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) mostró que 4 de cada 10 mujeres que trabajan no tienen suficientes ingresos para acceder a la canasta básica11 y además de esto, dedican una gran parte de su tiempo a tareas del hogar no remuneradas.

Según la última Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (ENUT) del Inegi, en promedio las mujeres trabajan 60.5 horas a la semana, tanto en actividades económicas como no económicas, mientras que el promedio para los hombres es de 51.4; una brecha de casi 10 puntos.12 Es decir, del total del tiempo, 5 de cada 10 horas trabajadas contribuyen a la economía del país, pero no son retribuidas monetariamente. Para ilustrar el caso, en 2019 el trabajo no remunerado de los hogares representaba el 23 por ciento del PIB nacional, pero para 2021 la cifra aumentó significativamente posicionándose en un 27 por ciento según el Inegi.13

Un gran sector de mujeres trabajadoras fueron cesadas de sus empleos por los efectos económicos de la pandemia que ya fueron mencionados. Sin embargo, son ellas quienes se han visto obligadas a renunciar en sus centros de trabajo por cumplir con actividades de cuidado al interior de sus familias. Fue el cierre de escuelas y la educación a distancia lo que orilló a cientos de mujeres a dejar sus empleos y de la mano de esto, dejar de percibir un salario, para cuidar a hijos, hijas, personas enfermas, personas adultas mayores o con alguna discapacidad. Para ellas, la búsqueda de ingresos ha sido todavía más complicada pues no habrá certidumbre sobre las modalidades de empleo o de educación hasta que la pandemia termine.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) se ha pronunciado por una Economía del Cuidado, que forma parte de los ocho sectores estratégicos para la sostenibilidad.14 A raíz de la pandemia por Covid-19, se ha puesto especial atención en las recomendaciones para ir hacia un Estado que busque la transformación productiva a través del empleo formal, teniendo en cuenta que un fin de estos nuevos empleos debe ser la reducción de las desigualdades socioeconómicas y de género que ha subordinado la participación de las mujeres en la vida laboral.

Son las mujeres quienes salen de sus trabajos ante el contagio de otra persona integrante de sus familias para poder cuidarles, a expensas de la amenaza de no poder regresar a sus puestos. También son ellas quienes se ven vulnerables al tener el papel de cuidadoras de quienes enferman sin acceso a pruebas para confirmar los contagios.

Los cuidados son una demanda generalizada, pues es una necesidad por la que todo ser humano pasará en algún momento de la vida. Durante la pandemia por Covid-19 se ha puesto a los cuidados en el centro de un objetivo en común pues la recuperación económica no se vería posible sin el cuidado hacia quienes han enfermado o quienes requieren atención directa para su bienestar. Sin embargo, en los centros de trabajo no se ha dado la flexibilidad ni facilidad para el cuidado. Bajo este contexto la maternidad, el apoyo familiar y el cuidado de personas enfermas supone un riesgo económico, dejando a las personas trabajadoras ante una difícil decisión en la que se ven entre dos opciones: seguir trabajando o cuidar de otras personas.

Es importante destacar el impacto que la pandemia ha tenido en materia educativa, donde niñas, niños y adolescentes son quienes más afectados se han visto. De acuerdo con la Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación (ECOVID-ED), realizada por el Inegi en los ciclos escolares 2019-2020 y 2020-2021, el Sistema Educativo Nacional se enfrentó a un desafío sin precedentes, principalmente relacionado con el establecimiento de clases a distancia frente al cierre de las escuelas que en su momento se dio.15

De la población de 3 a 29 años retomada en la encuesta, 33.6 millones se encontraron inscritas 33.6 millones para el ciclo escolar 2019-2020, siendo que el 89 por ciento estaba en una escuela pública y el 11 por ciento en una privada. “De los 33.6 millones de estudiantes en el ciclo 2019-2020, 738.4 mil no concluyeron el ciclo escolar; 98.2 mil de preescolar; 146.1 mil de primaria, 219.2 mil de secundaria; 181.3 mil de educación media y 89.9 mil de superior”, siendo que las razones para ello fueron principalmente por motivos relacionados con la pandemia.16

Con relación al ciclo escolar 2020-2021, la propia encuesta destaca que, además de las casi 740 mil personas que no concluyeron el ciclo anterior, 5.2 millones no se inscribieron a esta, 2.3 millones por algún motivo directamente relacionado con el Covid-19 y 2.9 millones por falta de recursos económicos. Es de señalar que, dentro de las razones principales destacadas en la encuesta, el considerar que las clases a distancia fueron poco funcionales y que la madre, padre o tutor se quedaran sin empleo fueron las más señaladas, con el 26.6 y 25.3 por ciento, respectivamente.17

Adicionalmente, debe destacarse el efecto negativo que tuvo el cierre de las escuelas en el nivel educativo de las y los alumnos. Además de las desigualdades mostradas en cuanto a conectividad y equipamiento tecnológico necesario para poder tomar las clases a distancia, el que las y los alumnos tomaran clases desde casa generó un rezago educativo que, de acuerdo con informe “el retorno escolar presencial postpandemia en Iberoamérica: Avances, reflexiones y recomendaciones”, elaborado por la Organización de Estados Iberoamericanos, se debió a “la alimentación insuficiente, una falta de preparación, tiempo y recursos de los padres, madres y cuidadores para brindar apoyo a la educación en casa; condiciones materiales, ambientales y de espacio inadecuadas; hacinamiento, la brecha digital entre docentes”, entre otras, lo que se traducirá en mayores brechas educativas entre personas ricas y pobres.18

Siguiendo lo señalado en el informe, citando al Banco Mundial, las consecuencias del cierre de las escuelas han generado diversas problemáticas, entre las que destacan: la Interrupción del aprendizaje, el aumento de la inequidad en el aprendizaje, la reducción del apego a la escuela, el deterioro de la salud mental y el aumento de la vulnerabilidad de los y las estudiantes, el aumento en la deserción escolar, particularmente de los y las estudiantes más desfavorecidos, así como del trabajo infantil y del matrimonio infantil, entre otras.19

Las consecuencias de esta situación a largo plazo son las siguientes:

• Aumento en la pobreza de aprendizaje;

• Reducción del capital humano;

• Aumento en la pobreza en general, debido a la deserción escolar;

• Aumento en la inequidad;

• Aumento en el malestar social;

• Reforzamiento del ciclo intergeneracional de pobreza y bajo capital humano;

• Disminución de la productividad y competitividad de nuestra región iberoamericana.

Si bien es cierto que para el ciclo escolar 2021-2022 se reanudaron las clases presenciales en la mayoría de los niveles de educación básica y media superior en nuestro país, la realidad es que la irrupción de la variable ómicron del Covid-19 ha generado cierres en muchas escuelas, principalmente por el aumento en los contagios de estudiantes y plantillas docentes. Así, diversas entidades federativas han pospuesto el regreso presencial a clases hasta la semana del 24 de enero, entre las que destacan Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Hidalgo, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y algunos municipios del estado de México.20

Derivado de la propagación de la variante Ómicron y, probablemente, de la dinámica de interacción social por las festividades de diciembre y enero, se ha vivido un acelerado aumento de los contagios por Covid-19, lo que ha llevado a muchas personas a necesitar pruebas de detección, tanto para proteger a las personas cercanas, cuidar de su propia salud adecuadamente, como para acudir al trabajo, ya sea voluntariamente o por requerimiento de sus empleadores. Esto ha generado saturación, largos tiempos de espera, un considerable gasto de bolsillo en laboratorios privados o incluso para muchas personas permanecer en la incertidumbre, ante la falta de acceso a las pruebas y lidiar con los síntomas sin un tratamiento que atienda una situación precisa.21

Las recomendaciones de algunas de las autoridades federales y locales para que la población evite buscar la aplicación de pruebas si existen síntomas moderados y que se quede en casa son motivo de preocupación. La certeza sobre el contagio de Covid-19 es esencial para la toma de decisiones en las personas y las familias, para ajustar las actividades y cuidar a sus círculos cercanos. Para las autoridades es una herramienta para adoptar medidas basadas en la evidencia, diferenciadas de acuerdo con el impacto geográfico y social de la pandemia y para garantizar una atención médica adecuada. Invitar a la ciudadanía a participar en la subestimación de casos de Covid-19 en las estadísticas oficiales es, también, un acto que contraviene los más básicos principios democráticos de transparencia, rendición de cuentas y derecho a la información, pues la ciudadanía tiene derecho a conocer la situación precisa de la pandemia en su entorno, tanto como un diagnóstico preciso para obtener el consecuente tratamiento y medidas de cuidado es parte indispensable del derecho a la salud.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos federal, de las entidades federativas y de los municipios y alcaldías, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, en estrecha coordinación y diálogo, con el objetivo de brindar certidumbre, a que garanticen el acceso universal a pruebas de detección de Covid-19, con criterios de priorización que tomen en cuenta los estándares internacionales; asimismo, a que establezcan medidas para proteger integralmente los derechos a la educación, la salud, el trabajo y el cuidado de las personas que han contraído dicha enfermedad, quienes están en riesgo o sospecha de contagio y sus familias, y a que cuando adopten medidas que restrinjan las actividades cotidianas, lo hagan con transparencia, con criterios sólidos, considerando la evidencia específica de los riesgos y procurando la menor afectación a otros sectores, actividades o espacios físicos que no se encuentren en una situación de riesgo de acuerdo a los criterios establecidos por las autoridades sanitarias.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud, “El derecho a la salud, folleto informativo número 31”, OMS, Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31sp.pdf

2 Organización Mundial de la Salud, “Alocución de apertura del director general de la OMS en la rueda de prensa sobre la Covid-19 celebrada el 16 de marzo de 2020”, 16 de marzo de 2020, disponible en: https://www.who.int/es/director-general/speeches/detail/who-director-ge neral-s-opening-remarks-at-the- media-briefing-on-covid-19—-16-march-2020

3 Instituto de Ciencias de la Salud Global - Universidad de California, San Francisco, La respuesta de México al Covid-19: Estudio de caso, marzo de 2021, página 16. Disponible en: https://globalhealthsciences.ucsf.edu/sites/globalhealthsciences.ucsf.e du/files/la_respuesta_de_mexico_al_covid_esp.pdf

4 Organización Mundial de la Salud, Recommendations for national SARS-CoV-2 testing strategies and diagnostic capacities. Interim guidance, 25 de junio de 2021, página 3 (traducción propia).

5 Comisión Europea, Dirección General para la Salud y la Seguridad Alimentaria, “EU health preparedness: Recommendations for a common EU testing approach for Covid-19, Agreed by the Health Security Committee on 17 September 2020”, disponible en: https://ec.europa.eu/health/system/files/2020- 09/common_testingapproach_covid-19_en_0.pdf

6 ONU México, “Ómicron está ocasionando un tsunami de casos de Covid-19: OMS”, 6 de enero de 2022, disponible en: https://coronavirus.onu.org.mx/omicron-esta-ocasionando-un-tsunami-de-c asos-de-covid-19-oms

7 “Salud se ‘adapta’ a ómicron: Reconversión hospitalaria se hará así por la variante”, El Financiero, 14 de enero de 2022, disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2022/01/14/salud-se-adapta-a-omic ron-reconversion-hospitalaria-se-hara-asi-por-la-variante/

8 Organización Internacional del Trabajo, “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo. Tendencias 2022”, disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-dgreports/—-dcomm/—- publ/documents/publication/wcms_834068.pdf

9 Ibid.

10 Oxfam, “Las desigualdades matan”, disponible en:
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621341/bp-inequality-kills-170122-summ-es.pdf

11 Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Evolución de las líneas de pobreza por ingreso, disponible en: coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-basica .aspx

12 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional del Uso del Tiempo 2019 (ENUT), disponible en:

https://www.inegi.org.mx/programas/enut/2019/

13 Obra citada, Trabajo no remunerado de los hogares, disponible en: https://www.inegi.org.mx/temas/tnrh/

14 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Balance preliminar de las economías de América y el Caribe 2021, disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/47669-balance-preliminar-economi as- america-latina-caribe-2021

15 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación (ECOVID-ED)”, 2020, disponible en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/investigacion/ecovided/2020/doc/ecovid_ed_2020_presentacion_resultados.pdf

16 Ibid.

17 Ibid.

18 Organización de Estados Iberoamericanos, “Retorno escolar presencial postpandemia en Iberoamérica: Avances, reflexiones y recomendaciones”, 2021. Disponible en: https://oei.int/oficinas/secretaria-general/publicaciones/informe-retor no-escolar-postpandemia-en-iberoamerica-avances-reflexiones-y-recomenda ciones

19 Ibid.

20 “Regreso a clases SEP: qué estados mantienen las escuelas cerradas”, Infobae, 17 de enero de 2022. Disponible en: https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/17/regreso-a-clases-sep- que-estados- mantienen-las-escuelas-cerradas/

21 “México desincentiva el uso masivo de pruebas de Covid en pleno auge de casos”, El País, 11 de enero 2022, disponible en: http://https://elpais.com/mexico/2022-01-11/mexico-desincentiva-el-uso- masivo-de-pruebas-de-covid-en-pleno-auge-de-casos.html

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2022.

Senadora Patricia Mercado Castro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a establecer mecanismos encaminados a que los extranjeros que se encuentran en México, independientemente del estatus migratorio, tengan acceso al esquema de vacunación contra el SARS-Cov2, suscrita por el diputado Navor Alberto Rojas Mancera, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado federal Navor Alberto Rojas Mancera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de Los Estados Unidos Mexicanos, así como los demás relativos y aplicables somete a consideración de la comisión permanente para su resolución, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud para que en el ejercicio de sus atribuciones establezcan los mecanismos necesarios a efecto de que los ciudadanos extranjeros que se encuentran en el territorio nacional, independientemente de su estatus migratorio, puedan acceder al esquema de vacunación contra el virus Sars Cov-2 que el gobierno federal está implementando a nivel nacional, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Actualmente se vive a nivel mundial, la pandemia de Covid 19 que inició en China el año 2019. Para enfrentar adecuadamente esta pandemia, se implementó, a nivel nacional una campaña de vacunación que dio inicio el mes de diciembre del año 2020.

Desde la aparición de este mal en nuestro país, el Gobierno Federal en coordinación con la Secretaría de Salud, implementó una serie de medidas sanitarias a efecto de controlar los contagios en México, destacándose entre otras la limitación de actividades económicas, la recomendación hecha a la población en general a permanecer en casa y no salir a menos de que fuera estrictamente necesario, la limitación de las reuniones multitudinarias y en su momento la aplicación a nivel nacional de vacunas contra el Sars Cov-2

Dentro de estas acciones sanitarias, y una vez que se contó con los mecanismos de vacunación aprobados por la Organización Mundial de la Salud, se inició la aplicación con la vinculación de varias secretarías la primera etapa de aplicación de la vacuna contra el virus que provoca el Covid-19 tuvo en primera instancia a más de dos mil trabajadoras y trabajadores del sector salud que están en primera línea de atención a las personas infectadas con este virus.

Desde diciembre del año pasado, el titular del Ejecutivo dio instrucciones muy precisas a efecto que sea vacunada toda la población de la República Mexicana.

Sin embargo, existe un grupo muy numeroso de ciudadanos de diversas nacionalidades o que son residentes en nuestro país o que están de paso por el mismo, y que, por su estatus migratorio, no pueden acceder a los esquemas de vacunación planteados y se convierten en un grupo muy vulnerable.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se consagra:

Título Primero

Capítulo I
De los Derechos Humanos y sus Garantías

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Es decir, la carta Magna consagra que todos somos iguales.

En referencia a la vacunación, el portal de noticias Infobae menciono que:1

• “La vacuna va a ser gratuita y universal... va a depender solo de la disponibilidad de la vacuna, porque ya contamos con el presupuesto para la adquisición para todas las dosis que se requieren para vacunar a todos los mexicanos”, reiteró López Obrador.

Debemos hacer una precisión de este grupo poblacional, ya que por una parte están los extranjeros radicados en México legal e ilegalmente y por otra parte aquellos que transitan por nuestro país generalmente en busca del sueño americano y que permanecen en territorio nacional por tiempo indefinido en condiciones de hacinamiento, insalubres y sin atender las mínimas medidas sanitarias tales como la sana distancia y el uso del cubre bocas.

La casa consultora especializada en temas de migración Statista, en publicación dada a conocer por su departamento de investigación el 2 de julio de 2021, nos señala que:2

• En 2020, alrededor de 1,2 millones de extranjeros residían en México, de los cuales 65,8% eran de nacionalidad estadounidense, mientras que el 4,7% de extranjeros residentes en México eran guatemaltecos y el 4,4% eran venezolanos.

El dato anterior nos da un 70.5%, el 29.5% se compone de habitantes de países tales como, entre otros, Colombia, Honduras, Cuba, El Salvador, Argentina, Haití, Perú, etc.

Haciendo énfasis que no todas las personas que residen en México se encuentran de manera legal.

Por otra parte, se encuentran las personas que transitan a lo largo y ancho del territorio nacional, buscando o no cruzar a territorio estadounidense y de los cuales no se tiene un número preciso.

Sin embargo, la oficina de drogas y crimen de las Naciones Unidas, UNODC por sus siglas en inglés, señala que:3

• Se estima que anualmente hay alrededor de 3 millones de entradas ilegales en los Estados Unidos: la mayoría de los migrantes entran clandestinamente en camiones que pasan la frontera, si bien se han observado casos en que los viajes se han hecho a pie, por ferrocarril...

Dándose el caso que la gran mayoría de estas entradas ilegales se dan por la frontera norte de nuestro país.

El Instituto Nacional de Migración en un documento intitulado “Derechos Humanos de las Personas Migrantes que Transitan por México”,4 tienen entre otros el Derecho a la Salud, puntualizando que:

• Los migrantes tienen derecho a recibir atención médica y los medicamentos adecuados para tratar su enfermedad, si padecen alguna.

La licenciada Lic. Patricia Martínez Cranss, Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en artículo publicado por el periódico Excélsior5 comento que:

• Para acceder a bienes, servicios o beneficios de los diversos programas que ofrecen los tres órdenes de gobierno, se hace necesario que las personas reúnan ciertos requisitos, uno de ellos es contar con la Clave Única de Registro de Población, mejor conocida como CURP, que es la llave que permite el registro de la población objetivo de los programas y servicios públicos en los sistemas informáticos de las dependencias y entidades.

...sólo los extranjeros con residencia permanente en México podían obtener una CURP. La carencia de ella para el resto de los extranjeros que viven en México (excluidos los turistas) generaba serios problemas al no poder contar con un trabajo formal, abrir una cuenta bancaria, acceder a un crédito, entre otros.

En dicha entrevista, la Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos, apunto que:

• ...por conducto de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal (Renapo), se dio a la tarea de instrumentar las acciones necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos de los extranjeros que se encuentran en el país de forma regular , bajo la tutela del derecho a la identidad consagrado en el artículo 4º constitucional y en los instrumentos internacionales de los que México forma parte.

Es decir, la obtención de la CURP solo es posible para aquellos extranjeros que se encuentran en el territorio nacional de forma “regular”, dejando fuera de este beneficio a aquellos ciudadanos extranjeros que se encuentran en situación ilegal o a los que están en tránsito por México y que por alguna situación ajena a ellos se encuentran en el país de manera indefinida.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación reiteran que México actúa de forma soberana e independiente al implementar su nueva política migratoria —una que pone al centro la protección de los derechos humanos y la expansión de un desarrollo económico igualitario en la región.

En ese contexto la Organización Mundial de la Salud, considera que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Esto incluye el acceso a servicios de salud de calidad, y por eso, se debe promover una cobertura sanitaria universal”.6

El propósito fundamental de esta Proposición con Punto de Acuerdo es el de garantizar que todos los extranjeros que se encuentran en nuestro país, independientemente de su situación migratoria, puedan acceder a los esquemas de vacunación contra el SARS COV-2 que lleva a cabo el Gobierno Federal.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de sus facultades, implementen acciones que garanticen el acceso a los esquemas de vacunación contra el Covid 19 a todos aquellos ciudadanos extranjeros que se encuentran en el territorio nacional, independientemente de su situación migratoria.

Notas

1 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/24/en-vivo-inicia-la-vac unacion-contra-el-covid-19-en-mexico/

2 https://es.statista.com/estadisticas/1190260/poblacion-extranjera-de-me xico-por-nacionalidad/

3 https://www.unodc.org/toc/es/crimes/migrant-smuggling.html

4 https://www.inm.gob.mx/static/pdf/DH_PERSONAS_MIGRANTES_TRANSITAN_MEXIC O.pdf

5 La CURP para solicitantes de refugio en México (excelsior.com.mx)

6 https://www.axahealthkeeper.com/blog/la-definicion-de-salud-segun-la-om s-infografia/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de enero de 2022.

Diputado Navor Alberto Rojas Mancera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la Ssa para que implante acciones dirigidas a incluir a toda la población de entre 5 y 17 años de edad en la política de vacunación contra el Covid-19, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Gina Gerardina Campuzano González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo conforme a las siguientes

Consideraciones

La pandemia que llegó en el año 2020 trajo aparejados múltiples y complejos escenarios, pues se evidenciaron como nunca antes las carencias, la desigualdad y la discriminación que existe en nuestro país en materia de salud, tal como ocurrió con el caso del programa instrumentado por el gobierno federal en coordinación con los estados para la aplicación de vacunas Covid; el cual se ha ejecutado de manera rezagada, dudosa y únicamente para ciertos grupos etarios, pues por ejemplo, en el citado programa de inmunización se excluyó desde un inicio y de manera deliberada a niñas, niños y adolescentes de nuestro país.1

Así, aunque en junio de dos mil veintiuno, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), autorizó la aplicación de emergencia de la vacuna anti-Covid-19 de la marca Pfizer/BioNTech para personas a partir de los doce 12 años de edad, únicamente lo hizo para quienes padezcan comorbilidades específicas, dejando así de lado el derecho a la salud de manera integral para este grupo etario, pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS), determinó que los menores de entre 12 y 18 años podrían ser vacunados de manera segura y eficaz contra el Covid-19 y sus variantes, y pese también a que en nuestro país, los casos positivos a la enfermedad en infantes y adolescentes pasaron de 84 a 78823, del 12 de abril de 2020 al 17 de octubre de 2021, de los cuales han muerto 762 menores, de acuerdo con lo dictaminado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en su red social oficial Twitter, lo que nos coloca entre de los países con mayores casos de muerte de los 12 a los 18 años, acorde a la información pública.2

Así, ante el probado riesgo que representa el Covid-19 para menores, diversos gobiernos a nivel mundial han concluido estudios que avalan la procedencia y necesidad de protegerlos mediante la vacunación. Tal es el caso de la Food and Drug Administration (FDA) la cual, desde el mes de octubre de 2021, emitió la autorización para la vacunación de menores de cinco a once años de edad, al haber sido avalado por un comité científico que la vacuna no sólo no tiene efectos adversos, sino que además cuenta con 90.7 por ciento de efectividad para la prevención contra el virus Covid-19, por lo cual es totalmente recomendable su aplicación para menores a partir de los cinco años de edad.3

Pero al respecto no ha habido una política clara y congruente en nuestro país, pues aunque se ha negado el incluir a menores dentro del programa global de vacunación, el gobierno federal sí ha respaldado dichas acciones, como lo demuestra el hecho de que se haya autorizado la vacuna para adolescentes de 12 a 15 años de edad, pero limitándolos a quienes padecen ciertas comorbilidades y excluyendo indebidamente al resto de esa población.4

Debido a esto, se dio la implementación del llamado “programa de vacunación transfronteriza” , mediante el cual, desde noviembre de 2021, el gobierno del estado de Nuevo León y posteriormente el de Tamaulipas, a través de los consulados de México en Laredo y McAllen, Texas y con apoyo de la guardia nacional, han iniciado la vacunación masiva para niños mexicanos de 5 a 11 años de edad, residentes de ciudades fronterizas, con lo cual queda claro que el gobierno federal no sólo ha reconocido, sino que está impulsando la vacunación masiva para los menores de 5 a 11 años en el país, pero con la limitante real que dicha vacuna sólo está disponible para niños de los citados estados, lo que significa un esquema de discriminación para cualquier otro menor del país que no tenga la fortuna de vivir en dichas entidades, tal como es el caso de quienes se encuentra en el extremo fronterizo sur del país.5

Aunado a lo anterior, desde hace meses se hizo público que los menores de edad iniciarían el curso escolar vigente de manera presencial; lo que incluye los niveles básicos de primaria y secundaria que atienden menores de edad cuyas edades oscilan precisamente entre los 6 y los 15 años de edad y para quienes no se está brindando un sistema organizado, igualitario y eficaz para su vacunación que permita garantizar su derecho a la salud en el citado regreso a clases presenciales ordenado por las autoridades educativas federales.6

Y aunque públicamente las autoridades de salud del país han sostenido que hay dosis garantizadas para todas y todos los mexicanos, es claro que los menores de edad en etapa escolar básica no están contemplados, ni son tomados en cuenta en el calendario de vacunación establecido para el año 2022 por el gobierno federal, pese al riesgo que representa su vuelta a las aulas.7

Por todo ello, resulta indispensable y urgente que las autoridades federales y estatales reconozcan y respeten los derechos de las y los menores en nuestro país, pues la aplicación de la vacuna representa la protección de sus derechos a la salud, a la educación y a la vida mediante la prevención de enfermedades epidémicas y endémicas, a la luz del Interés Superior de la Niñez, y por tanto, la solicitud de aplicación de vacuna a su favor tiene fundamento en los derechos humanos que deben ser reconocidos y respetados, sin distinción ni discriminación alguna a favor de niñas, niños y adolescentes en los términos de los derechos consagrados a su favor a nivel constitucional e internacional.8

Como se menciona en este exhorto es importante considerar la vacunación de la población de 5 a 17 años cuando ya existe evidencia científica de que la vacuna Pfizer es efectiva y segura para ellos, más aún con el SARS-CoV-2 cuyas diversas variantes y conocimiento de la enfermedad, auguran todavía un proceso largo para disminuir los contagios y lamentables muertes.

Es por ello que presento el presente exhorto al Ejecutivo federal para que instruya al titular de la Secretaría de Salud para implementar las acciones necesarias para incluir a toda la población de entre 5 y 17 años de edad en la Política Nacional de Vacunación contra el Covid-19 a la luz del Interés Superior de la Niñez, con fundamento en los derechos humanos que deben ser reconocidos y respetados, sin distinción ni discriminación alguna en favor de niñas, niños y adolescentes en los términos de los derechos consagrados en su favor a nivel constitucional e internacional.

Por lo antes expuesto y fundamentado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y realizar las acciones necesarias a fin de incluir a toda la población de entre 5 y 17 años de edad en la Política Nacional de Vacunación contra el Covid-19 a la luz del Interés Superior de la Niñez, por lo que me permito proponer el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que instruya al titular de la Secretaría de Salud para implementar las acciones necesarias para incluir a toda la población de entre 5 y 17 años de edad en la Política Nacional de Vacunación contra el Covid-19 a la luz del Interés Superior de la Niñez, con fundamento en los derechos humanos que deben ser reconocidos y respetados, sin distinción ni discriminación alguna en favor de niñas, niños y adolescentes, en los términos de los derechos consagrados en su favor a nivel constitucional e internacional.

Notas

1 Marcela Polanco, Vacunas COVID y el derecho a la salud de la infancia y adolescencia en México, México Social la Cuestión Social en México, https://www.mexicosocial.org/vacunas-covid-y-el-derecho-a-la-salud-de-l a-infancia-y-adolescencia-en-mexico/

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Marcela Polanco, Vacunas COVID y el derecho a la salud de la infancia y adolescencia en México, México Social la Cuestión Social en México, https://www.mexicosocial.org/vacunas-covid-y-el-derecho-a-la-salud-de-l a-infancia-y-adolescencia-en-mexico/

5 Ibídem.

6 Ibídem.

7 Ibídem.

8 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2022.

Diputada Gina Gerardina Campuzano González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SHCP y diversas autoridades a establecer una ruta para brindar una solución jurídico-administrativa que permita a los trabajadores recibir pensiones con base en salarios mínimos y no en UMA, suscrita por la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En 2016 fue creada la Unidad de Medida y Actualización (UMA) con el objetivo de que el salario mínimo avanzara a un mayor ritmo en su recuperación gradual y sostenida, logrando su desvinculación como referencia para el cálculo de multas y sanciones administrativas que en su momento se manejaban en salarios mínimos. Dicha propuesta surgió al interior del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que en resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2011, señaló que “Los sectores obrero y patronal que integran el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con el gobierno federal, hacen un público manifiesto y acuerdan promover que se realicen estudios que analicen la viabilidad de desvincular la figura del salario mínimo utilizada en las diversas disposiciones legales como unidad de cuenta, base o medida de referencia”.

Lo anterior dio paso a una serie de iniciativas de reformas constitucionales presentadas en el Congreso que tenían como objetivo la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica. El dictamen consideró una propuesta del Ejecutivo federal y propuestas de diversos grupos parlamentarios. Dicha reforma fue construida sobre la base de un consenso entre las diferentes fuerzas políticas de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo entre otros.

En términos generales la gran mayoría de las propuestas buscaron reformar el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el propósito de buscar una unidad de medida y actualización en nuestra economía y lograr que el salario mínimo no se utilice para cumplir funciones de unidad de cuenta, o de referencia. Hasta 2016 el salario mínimo era la referencia en la gran mayoría de las leyes federales para el cálculo de multas y sanciones administrativas, por lo que estaba sujeta a los periodos de inflación y adicionalmente se generaba una carga importante para poder incrementar el salario mínimo.

Después de un gran debate al interior del Congreso y de una serie de modificaciones al dictamen, el 27 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación1 el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El decreto de referencia, tal como se exponía en las Cámaras del Congreso de la Unión, reformó el artículo 26 de la Constitución para facultar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el cálculo del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual serviría como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, las entidades federativas y del entonces Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que derivaran de todas las anteriores.

La reforma constitucional consideró en su artículo tercero transitorio que hasta en tanto se adecuaba la legislación nacional para terminar de integrar en nuestro sistema jurídico a la UMA, que una vez la entrada en vigor del decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del entonces Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización . Sin embargo, en dicha modificación legislativa quedó por sentado que la UMA no sería considerada como la referencia que sustituyera al salario mínimo aplicable para el cálculo o pago de pensiones.

Es importante dejar claro que las iniciativas de ley que fueron analizadas e incorporadas al decreto para la desindexación del salario mínimo, en todas ellas se establecía que esta unidad de medida no se utilizaría como referencia para fijar el monto de obligaciones diferentes a la naturaleza del salario. Es decir, la UMA serviría exclusivamente como la base del cálculo de multas o sanciones económicas que derivan de las bases normativas, legales o reglamentarias, por lo que se concluiría que el uso del salario mínimo prescribiría como referencia de cuenta para el pago de obligaciones.

Por otro lado, de conformidad con el artículo quinto transitorio se mandató al Congreso de la Unión a emitir la legislación correspondiente para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Por lo anterior y para cumplir el mandato constitucional las y los coordinadores de la LXIII Legislatura presentaron, el 27 de abril del 2016, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, la cual fue aprobada por un amplio consenso. Con la expedición de dicha ley, misma que fue publicada el 30 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación (DOF),2 se establecería “el método de cálculo que debe aplicar el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para determinar el valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización”. Además, en su artículo 3 se definió claramente que la UMA se utilizará “como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes”.

La problemática de las y los pensionados: las interpretaciones de la SCJN

Desafortunadamente las reformas antes mencionadas y su implementación han generado una problemática de gran escala, la cual afecta a los pensionados actuales y afectará a miles de personas que están por pensionarse. Esta problemática tiene que ver con las interpretaciones que se han hecho a la reforma constitucional la cual va en detrimento de las y los trabajadores pensionados, ya que como consecuencia de un cálculo equivocado de sus pensiones las cuales se basan en UMA y no los salarios mínimos.

Para comprender la magnitud de esta problemática se expone el siguiente cuadro comparativo:

Como se puede observar, a la entrada en vigor del decreto en materia de desindexación del salario mínimo hubo una paridad que no refleja diferencia con la UMA, pero conforme ha transcurrido el tiempo, se va acrecentando la disparidad, siendo el año de 2022 el que más afectaciones conlleva en el poder adquisitivo de las y los trabajadores y más ahora con los aumentos que sufrido el salario mínimo en los últimos años.

La interpretación de la reforma respecto al cálculo de las pensiones en UMA o en salarios mínimos ha sido un tema ampliamente discutido en la SCJN, la cual ha tomado diferentes criterios. En un primer momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación,3 se pronunció en favor de que las jubilaciones, pensiones y/o retiros son asimilables a la naturaleza del salario mínimo, aun cuando el trabajador no se encuentre activo, ya que estos derechos son por sí una extensión del ingreso recibido por años de trabajo, tal como se enuncia a continuación:

“Seguridad Social. las jubilaciones, pensiones u otras formas de retiro gozan de las medidas protectoras del salario contenidas en el artículo 123, apartados A, fracción VIII y B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El citado precepto, ubicado en el título sexto “Del Trabajo y de la Previsión Social”, contiene los derechos de los trabajadores del sector privado (apartado A) y del sector público (apartado B), y sus medidas de protección, en particular, las atinentes al salario (mínimo y en general), con la finalidad de que el trabajador reciba una cantidad que asegure sus necesidades y las de su familia , sin atentar contra su dignidad, decoro y libertad humanas; asimismo, en dichos apartados se establecen las bases mínimas de la seguridad social para los trabajadores a través de diversos seguros, entre ellos, los que dan lugar al pago de las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro . Ahora, si bien sobre estos últimos conceptos la Norma Suprema no prevé medidas concretas de protección, lo cierto es que también gozan de aquellas establecidas para el salario que les resulten aplicables , específicamente las contenidas en el artículo 123, apartados A, fracción VIII y B, fracción VI, de la Constitución General de la República, en tanto que los ingresos respectivos son asimilables al ser producto del trabajo, aun cuando el salario es percibido durante la vida activa del trabajador, y las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro derivadas de la seguridad social se obtienen cuando el prestador del servicio por su edad, número de años trabajados o alguna otra circunstancia como la enfermedad o la invalidez, adquiere el derecho a percibirlas . Además, si dichas prestaciones de seguridad social sustituyen al salario cuando el trabajador ya no está laboralmente activo , y los ingresos derivados de todos esos conceptos tienen por objeto satisfacer sus necesidades y las de su familia, por igualdad de razón –en tanto se trata de la protección de los derechos adquiridos por el trabajador, quien posee también el derecho al mínimo vital inherente a todo ser humano–, las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro deben resguardarse en términos del precepto señalado, esto es, por ser equivalentes en cuanto a su naturaleza al salario mínimo , deben exceptuarse de embargo, compensación o descuento (artículo 123, apartado A, fracción VIII), y no pueden ser objeto de retenciones, descuentos, deducciones o embargos no previstos en la ley (artículo 123, apartado B, fracción VI)”.

Además de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió jurisprudencia reiteración, relativa a lo siguiente:

“Unidad de Medida y Actualización (UMA). No puede aplicarse para determinar la cuota diaria o la limitante de pago de una pensión, por tratarse de prestaciones de naturaleza laboral regidas por el salario mínimo.

Con motivo del Decreto de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se modificó el artículo 123, apartado A, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de desindexar el salario, el cual históricamente se utilizó como base y cálculo de los montos de las obligaciones previstas en diversos ordenamientos jurídicos ajenos a la materia laboral, para ahora establecer la Unidad de Medida y Actualización para esos fines, reservándose el uso del salario sólo para cuestiones que no sean ajenas a su naturaleza laboral. En esa virtud, como la pensión de retiro de los trabajadores es una prestación de seguridad social derivada de la relación de trabajo y sustentada propiamente en el salario, incluso para generarla y pagarla se atiende al fondo constituido durante la vida activa laboral, mediante aportaciones del salario percibido, topadas a la cantidad máxima de diez veces el salario mínimo, es claro que esa prestación es laboral; consecuentemente, lo relativo a su monto, actualización, pago o límite máximo debe aplicarse el salario, por no tratarse de cuestiones ajenas a su naturaleza; además, de atender para esos aspectos a la Unidad de Medida y Actualización se desnaturalizaría la pensión y se utilizaría un factor económico ajeno a la prestación de seguridad social referida, distinta al salario y ajeno a la pensión, lo cual jurídicamente no es permisible”. 4

Dicho criterio jurisprudencial advierte con claridad que las prestaciones de los trabajadores por concepto de seguridad social deberán aplicarse sobre la base de un cálculo a partir del salario mínimo, puesto que esa es la naturaleza por la cual se construyeron los montos de dichas prestaciones laborales. Desafortunadamente, las y los trabajadores para poder acceder a esta interpretación era necesario realizar un juicio. Lo anterior resulta problemático, toda vez que el artículo 217 de la Ley de Amparo5 establece que la “jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los plenos de circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales”. Lo que significa que, a pesar de ser una jurisprudencia, su contenido no es obligatorio para las autoridades administrativas, entre las que se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

En 2021, para sorpresa de muchos trabajadores pensionados, la SCJN publicó un comunicado de prensa el 17 de febrero,6 en el que determinó que las pensiones serían calculadas en UMA y el máximo de pensión jubilatoria a alcanzar para los empleados del sector público será de 10 UMA7 :

“El cálculo del tope máximo de pensiones jubilatorias de los trabajadores del Estado, sujetos al artículo décimo transitorio de la Ley del ISSSTE, debe determinarse con base a la UMA.

El tope máximo de la pensión jubilatoria otorgada por el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) debe cuantificarse con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), derivada de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario.

La reforma constitucional eliminó el salario mínimo como parámetro para calcular el monto de pago de diversas obligaciones, multas, créditos, y aportaciones de seguridad social. La finalidad de esta modificación fue permitir que el salario mínimo pudiera ser incrementado constantemente para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores; ello sin que al mismo tiempo se incrementaran otra serie de conceptos ajenos al salario. La decisión de la Segunda Sala permitirá que continúe la recuperación del salario, sin poner en riesgo los fondos de pensiones.

Por todo lo anterior, la Sala concluyó que, acorde con la Constitución federal, la Ley del ISSSTE abrogada y el artículo décimo transitorio de la Ley del ISSSTE vigente, el tope máximo de la pensión jubilatoria debe calcularse con base en la UMA”.

De lo anterior podemos deducir que mientras el salario mínimo se ha duplicado prácticamente en cinco años, la UMA sigue estancada al crecer poco más de 15 por ciento en el mismo periodo. La presente situación es de gran preocupación pues los más perjudicados por este cambio de criterio son las y los pensionados.

Es un hecho que esta problemática tiene varias vertientes que deben ser solucionadas, la primera relacionada con los criterios tomados por las instituciones de seguridad social del país quienes han impulsado que se la UMA la base del cálculo de las pensiones interpretando en detrimento de las y los trabajadores la reforma constitucional que claramente no consideró en ningún momento que esta unidad de medida fuera utilizada para el pago de pensiones. La segunda tiene que ver con eliminar la ambigüedad del texto constitucional que ha permitido a la SCJN realizar las interpretaciones antes señaladas y cuyo último criterio terminó por dar un duro golpe a las y los pensionados.

La tercer vertiente está relacionada con la solución que se debe plantear a esta problemática ya que no hacer nada es condenar a quienes están por jubilarse a cálculos de sus pensiones basados en una medida injusta que no refleja el fruto de su trabajo que por años se ganaron y por otro lado, es mantener la injusticia de quienes hoy reciben 30 por ciento menos de lo que les corresponde y que con los nuevos criterios de la corte no pueden hacer más para impedirlo.

Por ello, este exhorto resulta fundamental para dar un primer paso para construir una solución institucional y coordinada entre las dependencias de seguridad social y el Congreso de la Unión con miras a dialogar sobre una reforma que permita recuperar la esencia de la UMA y del salario mínimo fijando criterios claros para su uso y estableciendo una ruta que permita que las pensiones de las y los trabajadores puedan ser calculadas en salarios mínimos y su poder adquisitivo no se vea afectado por interpretaciones que van en detrimento de sus derechos. Por tal motivo, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como, al Senado de la República y la Cámara de Diputados para que de manera conjunta y en el ámbito de sus atribuciones, establezcan una ruta de trabajo para brindar una solución jurídica y administrativa que permita a las y los trabajadores recibir sus pensiones con base en los salarios mínimos y no en Unidades de Medida y Actualización y con ello garantizar el respeto de sus derechos laborales.

Notas

1 Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, consultada el 23 de marzo de 2021 en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423663&fecha=27/01/ 2016

2 Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se expide la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, consultada el 23 de marzo de 2021 en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468187&fecha=30/12/ 2016

3 Información jurídica inteligente, seguridad social. Las jubilaciones, pensiones u otras formas de retiro gozan de las medidas protectoras del salario contenidas en el artículo 123, apartados A, fracción VIII y B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consultada el 23 de marzo de 2021 en https://suprema-corte.vlex.com.mx/vid/tesis-aisladas-471645006

4 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Unidad de Medida y Actualización (UMA). No puede aplicarse para determinar la cuota diaria o la limitante de pago de una pensión, por tratarse de prestaciones de naturaleza laboral regidas por el salario mínimo, consultada el 19 de marzo de 2021 en https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2020651

5 Cámara de Diputados, Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consultada el 21 de marzo de 2021 en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp_150618.pdf

6 Suprema Corte de Justicia de la Nación, El cálculo del tope máximo de pensiones jubilatorias de los trabajadores del estado, sujetos al artículo décimo transitorio de la Ley del ISSSTE, debe determinarse con base a la UMA: Segunda Sala, consultado el 21 de marzo de 2021 en https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6349

7 El Financiero , Corte determina que tope de pensión jubilatoria en ISSSTE será en UMA, ¿a quién le afecta?, consultada el 23 de marzo de 2021 en

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/corte-determina -que-tope-de-pension-jubilatoria-en-issste-sera-en-uma-a-quien-le-afect a

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2022.

Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Conapred a fortalecer las políticas públicas contra la homofobia y verificar que las instituciones y los organismos privados adopten medidas y protocolos para prevenirla y eliminarla a efecto de garantizar derechos y libertades a todas las personas, a cargo de la diputada Claudia Delgadillo González, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, Claudia Delgadillo González, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La igualdad de derechos para todas las personas, es uno de los ideales del Estado democrático liberal al que aspiramos, por el contrario, la discriminación, entendida como un trato desigual o de desprecio contra una persona o grupo de personas, es contrario a los derechos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.

A pesar de los grandes esfuerzos por eliminar la discriminación por orientación sexual en nuestro país, aún predominan prácticas excluyentes, las cuales deben ser erradicadas para la construcción de una sociedad igualitaria e incluyente.

Ante este problema de discriminación estructural que experimentan las personas en razón de la diversidad sexual y de género, el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Cndh) realizaron en 2018 la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género, dirigida a personas de 16 años y más, residentes en el territorio nacional que se autoidentifican como gays, lesbianas, bisexuales, trans (transgénero, travestis, transexuales) y de otras orientaciones sexuales o identidades y expresiones de género (Osig) no normativas.

Esta encuesta demostró que esta comunidad se enfrenta reiteradamente a contextos hostiles, el 83% de personas encuestadas manifestó haber sido objeto de chistes ofensivos; 53% manifestó haber sido víctima de expresiones de odio, agresiones físicas y acoso; 14% manifestó haber sido discriminado cuando parejas del mismo sexo muestran su afecto en público; mientras que el 25.2% de la población encuestada declaró la negación injustificada de al menos un derecho durante el último año.

Ante esta situación, el Estado tiene la tarea de garantizar la autonomía de los individuos y la posibilidad de su autorrealización dentro de las esferas pública y privada. Si bien, en la primera, se preservan los derechos de los ciudadanos y en la segunda, se desarrollan las relaciones humanas y familiares de los individuos y se satisfacen las necesidades básicas, esto no significa que los derechos de las personas a no ser discriminadas puedan limitarse o vulnerarse por códigos de conducta particulares.

Un ejemplo de lo anterior tuvo lugar a finales del año pasado en un parque de diversiones de la Ciudad de México en donde se suscitó un acto de discriminación en contra de dos de sus clientes, a quienes se les conminó a no ser demasiado afectuosos solo por su orientación sexual.

En este sentido, el Conapred tiene el deber de asegurar que las autoridades federales desarrollen políticas públicas contra la homofobia, así como verificar que las instituciones y organismos privados adopten medidas para prevenir y sancionar toda forma de discriminación, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y los Tratados Internacionales en la materia.

En virtud de lo anterior, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, así como a las autoridades federales y locales correspondientes, a fortalecer las políticas públicas contra la homofobia y verificar que las instituciones y organismos privados adopten medidas y protocolos para prevenirla y eliminarla a fin de garantizar que todas las personas gocen de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes y los tratados internacionales de los que el estado mexicano es parte tanto en el espacio público como en el privado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2022

Diputada Claudia Delgadillo González

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SSC, el gobierno y los ayuntamientos de Puebla a diseñar acciones coordinadas de prevención del delito para garantizar la libertad, la integridad física, la tranquilidad y el patrimonio ciudadanos, suscrita por el diputado Jaime Baltierra García, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado Jaime Baltierra García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Uno de los saldos más desfavorables que se legó de pasadas administraciones es el grave problema de la inseguridad pública que agobia a todos los mexicanos.

La corrupción, colusión y tolerancia de autoridades pasadas con el crimen organizado ha sido la marca distintiva que tejió redes de complicidades que permitieron la expansión de los delitos y se generó un clima de impunidad.

Revertir este actual estado de cosas, con políticas públicas de pacificación y emprendiendo un ambicioso plan de beneficios sociales ha sido una de las tareas de la actual administración, tanto en el ámbito federal como estatal y municipal.

No obstante, el largo tiempo en que se incumplió con una de las primeras responsabilidades por parte de autoridades creó complicidades que no han permitido extinguir el flagelo de la inseguridad.

Salvaguardar la seguridad pública es la responsabilidad primaria y esencial del Estado. Proteger y garantizar la libertad, la integridad física y el patrimonio de la población son las bases para un desarrollo sólido en lo económico, político y social para tener certidumbre, confianza, orden y estabilidad.

La seguridad pública es una cualidad de los espacios públicos y privados, que se caracteriza por la inexistencia de amenazas que socaven o supriman los bienes y derechos de las personas y en la que existen condiciones propicias para la convivencia pacífica y el desarrollo individual y colectivo de la sociedad.

La construcción de esta cualidad implica la participación de múltiples recursos de la sociedad y del Estado.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, define a la seguridad pública como “...una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.

Así mismo, en el siguiente párrafo se agrega “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública...”

Por otra parte, la ley que regula este precepto constitucional señala que las autoridades competentes alcanzarán los fines de la seguridad pública mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social de los delincuentes.

Es así como al Estado en su conjunto le corresponde combatir las causas de los delitos y fomentar el respeto a la legalidad.

Ahora bien, el Congreso mexicano está facultado por el artículo 73 constitucional para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación en materia de seguridad pública entre la Federación, los estados y los municipios , así como para regular a las instituciones de seguridad pública en el ámbito federal.

Así, el ámbito de actuación de las políticas federales en materia de seguridad pública está delimitado a la coordinación entre los tres niveles de gobierno, a la prevención y combate del delito, con pleno respeto a los derechos humanos, y a la reinserción social de los presuntos delincuentes e infractores de la ley.

La seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad. Un Estado de derecho genera las condiciones que permiten al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados están exentos de todo peligro, daño o riesgo.

Esa es la gran responsabilidad que tienen por observar los actores de los tres Poderes de la Unión en materia de seguridad pública y que se encuentra señalada en la Carta Magna y demás ordenamientos jurídicos.

De manera particular centra su atención en las estrategias y acciones emprendidas por los tres órdenes de gobierno para abatir la inseguridad y disminuir así los altos índices delictivos que afectan a la nación.

La normatividad mexicana ha sido dispuesta para que los actores responsables de la seguridad pública salvaguarden la estabilidad social, garanticen el orden y la paz públicos, prevean la observancia irrestricta con respeto a los derechos humanos de la sociedad con el objeto de asegurar la integridad de cada ciudadano y así se acceda a un estado de derecho y de paz.

De esta manera la seguridad pública es un aspecto toral que el Estado debe garantizar para que la sociedad desarrolle juiciosa y sanamente el resto de sus actividades como son la economía, el empleo, la política, etcétera.

No obstante, es un hecho real la clara percepción de la gran expansión, sofisticación e incremento de la violencia e inseguridad que se vive.

El alza constante en la incidencia criminal, la constante mutación de los fenómenos delictivos, particularmente las actividades relacionadas con la delincuencia organizada, y la dificultad para garantizar la seguridad en los diversos ámbitos de las responsabilidades gubernamentales, así como la falta de capacidad de respuesta por parte de las instituciones de seguridad pública obligan a innovar en la determinación de estrategias para atender funciones de seguridad pública.

Ahora bien, en este tema, lejos de una conjunción de soberanías o autonomías o de una simple suma de proyectos o programas, las nuevas estrategias de paz conservan la integración de capacidades y esfuerzos y a la interacción de los órdenes de gobierno en el diseño de una estrategia para la seguridad pública integral.

La operatividad y alcance de cada uno de los órganos ha sido y es aún diferenciado, ya se trate de la competencia federal, ya del actuar local o municipal, pero la exigencia social, el proyecto y la responsabilidad es compartida y única.

Así, las bases de coordinación y colaboración deben ir más allá de un simple reparto de funciones; más bien se deben fijar con toda claridad los parámetros generales sobre los temas específicos, de manera que integrados en la Federación, en cada uno de sus ámbitos competenciales, constituyan una fuerza sólidamente unida, y no dispersa o difusa, en la atención a la seguridad pública.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al Gobierno del Estado de Puebla y a los gobiernos municipales de la entidad a coordinarse de manera prioritaria, en los términos de las disposiciones generales en materia de seguridad pública, para diseñar acciones de prevención del delito, a fin de proteger y garantizar la libertad, la integridad física, la tranquilidad y el patrimonio de los ciudadanos del Estado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2022.

Diputado Jaime Baltierra García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a suspender la distribución del libro México. Grandeza y diversidad, pues en él se advierten presuntas violaciones de la CPEUM, suscrita por la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Olga Luz Espinosa Morales, diputada integrante del Grupo Parlamentario del PRD de la LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. El 14 de enero de 2022, el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia presentó el libro México. Grandeza y diversidad ; según el funcionario, este libro tendrá un tiraje de 120 mil ejemplares y se distribuirán de manera gratuita entre los profesores de secundaria que imparten historia, civismo y ciencias sociales. Asimismo, el servidor público señaló que el libro, tuvo un costo de realización de poco menos de tres millones de pesos

En la presentación, el director informó que también se está distribuyendo con la colaboración de la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, y la Secretaría de Cultura, en las bibliotecas escolares de primarias y secundarias, en las bibliotecas municipales, en la red de bibliotecas de la Secretaría de Cultura.

Segunda. Innegable e innecesario resulta señalar que después del proceso electoral que lleva a una fuerza política a ostentarse como ganadores del mismo, está se convierte en un Poder Constituido por la Constitución general de la República en beneficio de todas las mexicanas y los mexicanos.

Los contendientes de la elección, y los que no votaron por la opción ganadora espera que se reestablezca la normalidad democrática en un ambiente de gobernabilidad; no se espera que se impongan barreras políticas que separe a México en los que están conmigo y lo que no. Por el contrario, se espera la construcción de espacios de dialogo y debate para la construcción, conjunta, de una Nación prospera.

La imposición de políticas de manera unilateral, es decir sin mecanismo de construcción pública, no es lo ideal para integrar una Nación en Paz. El proyecto de una persona no puede ser la verdad que divida a México en creyentes de esta palabra y quienes no.

La educación, es uno de los derechos humanos que a través del tiempo se tiene en una muy alta estima, ya que representa un mejor futuro para las nuevas generaciones; sin importar porque proyecto los padres se hayan manifestado.

En un régimen democrático y de plenas libertades, la educación no puede ser factor de división del pueblo de México. Quienes la reciben, niñas, niños y adolescentes no pueden ser sometidos al pensamiento de quienes encabezan un proyecto individual y de grupo.

La historia de la educación nunca había manifestado la intención de adorar a una persona o enaltecer un movimiento; a ideologizar un libro para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes; ni mucho menos a convertir a las maestras y maestros en divulgadores de la nueva historia nacional

En el México del siglo XXI ningún grupo se puede erigir como el transformador y mucho menos ocupar a la educación como arma para adoctrinar al futuro de México, como ocurrió en países como Alemania, Italia, Cuba, Venezuela; México es una Nación Democrática que promueve, a través de la educación la convivencia humana, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos.

El grupo en el Poder gano la elección más no imponerle a nuestro futuro sus creencias personales.

Tercera. En el libro: México, grandeza y diversidad, el capítulo XX, denominado UNA NUEVA ESPERANZA, se convierte al resultado del proceso electoral de 2018 como un acto heroico y de epopeya; que dicho de pasó, raya en una falta de respeto a quienes participaron en él.

De ese libro rescatamos los contenidos que exceden los límites de una obra digna del conocimiento del alumnado nacional, ya que representa la visión de los “vencedores” de una elección federal, y no de una acción de trascendencia nacional; además que se trata de un resultado que sólo beneficio a quienes hoy se encuentran en la titularidad de algunos de los Poderes de la Unión, y no de todo lo que representa a la Nación entera.

De este texto, se señala fragmentos que acusan una ausencia de visión de Estado, para incluirse en un texto dirigido a alumnas y alumnos en centros educativos nacionales:

“Conforme se van conociendo las encuestas de salida se confirma lo esperado: López Obrador ha ganado holgadamente la elección1 .

“La noche de la elección México es una fiesta. En todo el país los 30 millones que votaron por López Obrador celebran el triunfo2 ”

“Dos viejos se reconocen a distancia y al acercarse se dan cuenta de que están llorando. “Nos tocó verlo, hermano. Nos tocó verlo”, dice uno. Se abrazan. Una joven se cruza al paso de un hombre mayor a quien no conoce. “Gracias maestro”, le dice. “¿Gracias por qué?”, pregunta sorprendido. “Gracias porque ustedes lucharon mucho para que llegara esto”. La muchacha lo besa en la mejilla y se va3 ”.

El resultado fue la unidad en la pluralidad. Así lo ve López Obrador: Fue muy importante sumar voluntades [...]. El neoliberalismo convirtió la política en un asunto gremial. Y era el movimiento feminista de equidad de género y el movimiento en defensa de los derechos humanos y el movimiento obrero y el movimiento campesino y así todos los movimientos. Y eso permitía que se mantuviera el régimen autoritario, porque cada quien se ocupaba de su movimiento. Nos ensimismábamos en nuestras causas, veíamos nuestro árbol y no el bosque... Pero para cambiar el régimen teníamos que unir todas las causas. El gran cambio fue que se logró la unidad de todas las causas [...]. Y espero que esto continúe así, que sigamos juntos independientemente de que pertenezcamos a una causa particular, que no dejemos de ver lo que nos importa a todos y a todas [...]4 .

“... desde diciembre de 2018 es presidente de México un hombre con mandato; un mandato inaudito, descomunal. Y personalizado porque la tarea de transformar al país es un encargo que la gente le hace no al Gobierno en general, tampoco al Poder Ejecutivo federal, sino específicamente al presidente de la República, directamente a López Obrador. Nadie en un siglo había gobernado México con un encargo de ese tamaño”5 .

“El 1 de julio de 2018 no es fin sino principio: el comienzo de la Cuarta Transformación. Banderazo de salida de una etapa”6

“En 2014, con el registro ante el Instituto Federal Electoral del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), culminaron los dilatados esfuerzos de las izquierdas por construir una organización política con principios, visión de futuro y proyecto de transformación que además fuera electoralmente viable y no solo testimonial”7 .

“Jefe de gobierno del Distrito Federal desde 2000, en 2004 López Obrador fue acusado falsamente de desobedecer un fallo judicial y, por orden del presidente Fox, la Procuraduría General de la República solicitó a la Cámara de Diputados iniciar el juicio de procedencia para desaforarlo, imposibilitando así su registro como candidato en la elección de 2006.

Torpe intento presidencial que no inhabilitó al jefe de gobierno...”8

...el revertido desafuero proyectó a López Obrador como la cabeza de un amplio movimiento ciudadano, como el líder más destacado de las izquierdas y, para muchos, como el futuro salvador de la nación...9] ”

“La elección de 2006 fue desaseada como pocas: abierta intromisión del presidente Fox, guerra sucia, gasto desbordante no declarado, parcialidad de los medios masivos de comunicación y al final relleno de urnas, alteración de actas y manipulación de resultados, lo que le dio el triunfo a Felipe Calderón con 35.8 % de los votos contra 35.3 % de López Obrador. Y el obradorismo se inconformó. “A 28 días de la elección tenemos la certeza de que ganamos. Les propongo que nos quedemos aquí en asamblea permanente hasta que resuelva el Tribunal”, dijo López Obrador ante un Zócalo lleno. De inmediato se instaló un gigantesco y controvertido plantón sobre la avenida Reforma que se extendía desde el Zócalo hasta la Fuente de Petróleos y duró 47 días”10 .

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó el recuento de todos los votos ... y dio por válida la elección. En respuesta, el movimiento se declaró en “resistencia civil pacífica”. El 20 de noviembre,... López Obrador tomó posesión como “presidente legítimo11 ”

“Los morenistas realizaron 32 asambleas estatales y acreditaron 496729 militantes, con lo que en julio de 2014 obtuvieron el registro. Tenían cuatro años para preparar la decisiva batalla electoral de 2018 en la que necesitaban no solo ganar sino arrasar, pues de otra manera el triunfo les sería escamoteado”. ... Tenían cuatro años para preparar la decisiva batalla electoral de 2018 en la que necesitaban no solo ganar sino arrasar, pues de otra manera el triunfo les sería escamoteado. Y Morena alcanzó su objetivo. En menos de cuatro años el partido debutante duplicó las simpatías ciudadanas hacia su proyecto y la candidatura de López.12 ”

“Si el Gobierno de López Obrador inauguró o no una nueva época en la historia de México, el tiempo lo dirá. Lo que sí se puede afirmar es que en los primeros meses ha estado cumpliendo demandas por las que diversos sectores sociales habían luchado durante años si no es que décadas...” La cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en la cuenca de Texcoco y su traslado a Santa Lucía fue consultada a la ciudadanía a fines de 2018. ...Otro compromiso prontamente cumplido fue la suspensión de rondas y licitaciones de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad... A las quejas por el abandono del sur y sureste se respondió con inversión productiva y creación de empleos mediante políticas de fomento agropecuario e inversiones en infraestructura como el Tren Maya, el Corredor Transístmico y la refinería Dos Bocas”13 .

“En cuanto a la relación de México con el mundo, destaca la recuperación actualizada de la política exterior de autodeterminación de los pueblos, no intervención... y solución pacífica de las controversias nos ha permitido mantener una posición vertical ante nuestro vecino del norte en asuntos tan ríspidos como la migración centroamericana, el combate binacional a la delincuencia organizada, las agresiones al Gobierno legítimo de Venezuela y el golpe de Estado en Bolivia.”14

El texto resulta un informe de lo que el partido y el presidente ha logrado, según ellos, por México. Sin embargo no deja de ser una narrativa que presume avances que en el país no se refleja.

• Pobreza en aumento

• Desarrollo económico negativo

• Crisis de salud, provocando más de 500,000 muertes por Sars-Cov2

• Inseguridad pública, con más muertos que Calderón y Peña

• Protección a las mujeres y empatía ante feminicidios

• Masacres a lo largo y ancho del país...lamentablemente, todos los días,

• Las organizaciones delincuenciales controlando más de la mitad del país,

• Unas elecciones intermedias en las que se presume su participación

• Corrupción en su círculo cercano, con la correspondiente impunidad

• Violaciones a las leyes de adquisiciones, con compras directas, sin transparencia en un 80%

Un Estado fallido en todos los rubros, y que sin embargo, en un texto publicado por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia presentan un México que no existe, y que resulta a todas luces, inapropiado que se difunda en un México que se han encargado de dividirlo.

Cuarta. Es de sostener la hipótesis, de que el capítulo antes descrito no es congruente con diversos párrafos del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos15 :

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos , las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje.

[...]

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II de este artículo, el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial , así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República; para tal efecto, considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación , así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos, regionales y locales.

El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

[...]

Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos , de sexos o de individuos

Además de lo anteriormente citado, se propone que el Instituto Nacional Electoral-INE- revise el contenido del capítulo XX de la obra materia de esta Proposición para que determine sí se le puede considerar “propaganda; al respecto el artículo 134 de nuestra Carta Magna establece:

Artículo 134...

...

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

La obra se realizó con recursos públicos en dependencia del gobierno federal, y requiere que un organismo autónomo constitucionalmente como el INE determine sí hay culto a la personalidad del presidente de la República, como lo prohíbe la Constitución.

En virtud de lo expuesto, y con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, quien suscribe pone a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir se suspenda la distribución del libro México. Grandeza y diversidad porque en su contenido de advierten presuntas violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo.- La Comisión Permanente solicita al Instituto Nacional Electoral a que con fundamento en sus atribuciones abra una investigación para determinar sí el capítulo XX del libro México. Grandeza y diversidad, se puede considerar propaganda electoral en favor del Movimiento de Regeneración Nacional

Notas:

1. México, grandeza y diversidad página 437

2. México, grandeza y diversidad página 437

3. México, grandeza y diversidad página 437

4. México, grandeza y diversidad página 439

5. México, grandeza y diversidad página 439

6. México, grandeza y diversidad página 439

7. México, grandeza y diversidad página 449

8. México, grandeza y diversidad página 450

9. México, grandeza y diversidad página 450

10. México, grandeza y diversidad página 450

11. México, grandeza y diversidad página 451

12. México, grandeza y diversidad página 454

13. México, grandeza y diversidad página 455

14. México, grandeza y diversidad página 457

15. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2022

Diputada Olga Luz Espinosa Morales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a implantar una materia extracurricular sobre educación fiscal, centrada en enseñar a los jóvenes de bachillerato el uso y funcionamiento del SAT, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de motivos

Con la miscelánea fiscal 2022 se aprobó el Registro Federal de Contribuyentes obligatorio para mayores de 18 años. La finalidad de esto es introducir a los jóvenes de 18 años a la cultura contributiva. Lo expuesto anteriormente radica en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación el cual señala:

“Artículo 27. En materia del Registro Federal de Contribuyentes se estará a lo siguiente:

A. Sujetos y sus obligaciones específicas:

[...]

I. a VI.

[...]

[...]

[...]

Las personas físicas mayores de edad deberán solicitar su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Tratándose de personas físicas sin actividades económicas, dicha inscripción se realizará bajo el rubro “Inscripción de personas físicas sin actividad económica”, conforme al Reglamento de este Código, por lo que no adquirirán la obligación de presentar declaraciones o pagar contribuciones y tampoco les serán aplicables sanciones, incluyendo la prevista en el artículo 80, fracción I, de este Código.

[...]”.

El problema radica en que los jóvenes de 18 años, y que actualmente están saliendo de la preparatoria, no cuentan con el conocimiento ni las herramientas sobre el uso y funcionamiento del SAT, lo cual genera conflicto, desconfianza y miedo sobre el tema.

Por ejemplo, la delegación en Durango de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ha informado que sólo cerca de 35 jóvenes se han acercado para solicitar asesoría, pues desconocen qué tipo de información deben presentar, ocasionando que, de estos, solo el 15 por ciento ha realizado la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes,1 y si esto va a generar una sanción en su contra,2 resulta indispensable una adecuada asesoría.

En este mismo sentido, medios de comunicación han dado seguimiento a la reacción de los jóvenes sujetos de dicha obligación, quienes manifiestan desconocer lo que es el Registro Federal de Contribuyentes, así como el procedimiento para su inscripción y requisitos.3

Asimismo, los jóvenes han expresado la necesidad de que la disposición referida sea acompañada de campañas de difusión para informarles aspectos básicos sobre el Servicio de Administración Tributaria, el Registro Federal de Contribuyentes y los efectos de su inscripción en el RFC,4 puesto que ante la falta de conocimiento sobre el tema se genera temor y confusión.

Por otro lado, la información disponible en medios oficiales es compleja y técnica, por lo que se debe brindar asesoría adecuada para la edad de los jóvenes, de forma pedagógica.

Por lo tanto, si tal como diversas autoridades han expuesto, el objetivo de la reforma al Código Fiscal de la Federación es, entre otros, contribuir a generar cultura tributaria entre los jóvenes, primero se deben otorgar las bases y herramientas para que conozcan cómo funciona y qué es el SAT, no podemos enviarlos a un mundo desconocido y sin ninguna noción de lo que tienen que hacer o trámites a realizar para cumplir con sus obligaciones.

Consecuentemente, se propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que incluya una materia extracurricular sobre educación fiscal, enfocada a enseñar a los jóvenes de bachillerato el uso y funcionamiento del Servicio de Administración Tributaria. Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que incluya una materia extracurricular sobre educación fiscal, enfocada a enseñar a los jóvenes de bachillerato el uso y funcionamiento del Servicio de Administración Tributaria.

Notas

1 Ídem

2 El Sol de Durango. Pocos jóvenes se han interesado en su registro ante el SAT; 17 de enero de 2022; disponible en https://www.elsoldedurango.com.mx/local/pocos-jovenes-se-han-interesado -en-su-registro-ante-el-sat-7742659.html

3 El Sol de Toluca. Jóvenes desconocen sobre inscripción al RFC; 20 de diciembre de 2021; disponible en https://www.elsoldetoluca.com.mx/finanzas/jovenes-desconocen-sobre-insc ripcion-al-rfc-7622432.html

4 El Sol de Córdoba. Jóvenes desconocen lo que es el RFC y cómo tramitarlo; 24 de octubre de 2021; disponible en https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/jovenes-no-saben-lo-que-es-el-r fc-ni-como-obtenerlo-hablan-del-tema-veracruzanos-de-17-y-18-anos-aqui- te-decimos-como-obtener-el-registro-federal-de-contribuyentes-7382947.h tml

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2022.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Congreso de Morelos a legislar en materia electoral para garantizar los principios de certeza e imparcialidad previstos en el artículo 116 de la CPEUM, a cargo del senador Sergio Pérez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Sergio Pérez Flores, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Morelos a legislar en materia electoral a fin de garantizar los principios de certeza e imparcialidad previstos en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, con ello, evitar gastos excesivos en los órganos electorales, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Durante el proceso electoral local ordinario 2020-2021, por el que se renovaron diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos en Morelos, se presentaron gran cantidad de denuncias y medios de impugnación de ciudadanos y actores políticos por presuntas irregularidades cometidas por los órganos electorales, tanto del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), como del Tribunal Estatal Electoral de Morelos (TEEM).

Segundo. En el mismo proceso electoral, la Sala Regional Ciudad de México y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocaron y modificaron gran cantidad de sentencias del TEEM y acuerdos del Impepac, que incidieron en los resultados finales de las elecciones para diputados locales e integrantes de los ayuntamientos en la mayoría de los municipios de la entidad.

Tercero. Uno de los temas recurrentes en las impugnaciones presentadas en el TEEM fue el de las candidaturas de mujeres, personas indígenas y otros grupos vulnerables, como la comunidad LGBTIQ+, adultos mayores y jóvenes, que fueron consideradas por el Impepac para la asignación de las diputaciones de representación proporcional y de los cabildos municipales, mediante acciones afirmativas que autorizó el Consejo Estatal Electoral por mandato del órgano jurisdiccional electoral federal.

Cuarto. De acuerdo con datos oficiales, durante el proceso electoral local ordinario 2020-2021 en Morelos se presentaron 46 medios de impugnación por los partidos políticos y la ciudadanía contra sentencias del TEEM relacionadas con la integración del congreso local y de los cabildos municipales. De dichos medios de impugnación, la Sala Regional Ciudad de México y la Sala Superior del TEPJF revocaron 35 sentencias, lo que representa 76 por ciento de las resoluciones impugnadas. 1 En otras palabras, el órgano jurisdiccional electoral sólo tuvo 24 por ciento de efectividad en la emisión de sus sentencias.

Quinto. El hecho de que se hubieran presentado una gran cantidad de denuncias y medios de impugnación por errores de apreciación o aplicación de la ley, propició el uso excesivo de recursos públicos, por la utilización de más personal, herramientas de trabajo, viáticos, insumos tecnológicos, gasolina, etcétera; rebasando incluso los recursos originalmente presupuestados por los órganos electorales.

Sexto. El artículo 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula las facultades que tienen los estados de la federación para legislar en materia electoral, tanto en sus constituciones políticas como en las leyes de la materia; particularmente el inciso b) de esta fracción, establece:

b) En el ejercicio de la función electoral , a cargo de las autoridades electorales , sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad;

Como se aprecia, nuestra norma fundamental prevé que las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, deben ejercer su función bajo los principios de certeza e imparcialidad, entre otros principios rectores en la materia.

Séptimo. Según los datos que hemos consignado en este documento, las actuaciones de las autoridades electorales locales, en particular del órgano jurisdiccional, han carecido de certeza e imparcialidad , ya que el hecho de que sus sentencias fueran revocadas por las salas del TEPJF en 76 por ciento de los casos que se sometieron a su consideración, causó incertidumbre en los actores políticos y principalmente en la ciudadanía, que no sabía quiénes serían sus autoridades, por las diferentes resoluciones emitidas por las instancias judiciales, local y federal; decisiones que ocasionaron falta de certeza y de imparcialidad en el proceso electoral.

Octavo. En virtud de lo que antecede, hacemos énfasis en que no se deben distraer recursos públicos para resolver las controversias judiciales que involucren a la ciudadanía y a los órganos electorales. En todo caso, debe legislarse para dar certeza a los grupos vulnerables: personas indígenas, comunidad LGBTIQ+, adultos mayores y jóvenes; estableciendo reglas claras para el acceso de estas personas a los cargos de elección popular.

Noveno. En virtud de lo comentado, es necesario que el Congreso del estado de Morelos legisle en materia electoral, a efecto de reformar la Constitución Política local o la ley de la materia, para que los próximos comicios por celebrarse en Morelos se ajusten a los principios rectores de los procesos electorales que prevé la Constitución General de la República, y con ello evitar gastos excesivos en los órganos electorales .

Décimo. Es pertinente aclarar, que el hecho de que el Congreso local legisle en materia electoral en los términos sugeridos, no excluye de la responsabilidad de los integrantes de los órganos electorales , por la falta de profesionalismo y minuciosidad en el pronunciamiento de sus resoluciones.

Por lo expuesto someto a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Congreso de Morelos a legislar en materia electoral para que los próximos procesos por celebrarse en dicha entidad federativa se ajusten a los principios de certeza e imparcialidad previstos en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, con ello, evitar gastos excesivos en los órganos electorales.

Nota

1 https://www.teem.gob.mx/, https://www.te.gob.mx/ y https://www.te.gob.mx/salas_regionales/sala/cdmx

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 19 de enero de 2022.

Senador Sergio Pérez Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los Ejecutivos federal y de la Ciudad de México a colaborar con la FGJ local para que dé cabal cumplimiento a la recomendación 19/2019 de la CDH de la entidad, relacionada con el periodista Humberto Padgett León, suscrita por la senadora Lilly Téllez, del Grupo Parlamentario del PAN

Lilly Téllez , senadora de la república por el estado de Sonora en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, párrafo 1, fracción II, 76, párrafo 1, fracción IX, y 276 del Reglamento del Senado de la República, y demás disposiciones jurídicas aplicables, me permito someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que, en el ámbito de sus competencias, coadyuven a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dé cabal cumplimiento a la Recomendación 19/2019 emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México relacionada con el periodista Humberto Padgett León, al haberse acreditado violaciones a sus derechos de libertad de expresión, ejercicio periodístico, acceso a la justicia y verdad, así como por incumplir el debido proceso por parte de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. El 22 de agosto de 2017, el periodista Humberto Padgett León se encontraba realizando sus labores profesionales en el campus de Ciudad Universitaria de la UNAM, cuando recibió agresiones físicas y verbales por un grupo de personas, así como amenazas a su persona al igual que a su familia. También, fue despojado de objetos personales y herramientas de trabajo. Dado los hechos ocurridos, fue a la Fiscalía Central de Investigación para Asuntos Especiales y Electorales a presentar la denuncia correspondiente.

2. En su calidad de víctima del delito y en ejercicio de sus derechos, solicitó que su información personal fuera resguardada, no obstante, en la carpeta de investigación quedó documentado que el personal ministerial asentó “sin resguardar sus datos personales”.

3. Por otra parte, se acreditó que al defensor privado de uno de los imputados se le dio acceso y copia de dicha carpeta de investigación, sin que se hubiese advertido que contenía información sensible para su conocimiento. También se difundió el estudio de análisis de riesgo que el Mecanismo de Protección a Periodistas realizó sobre la situación de Humberto y su familia.

4. Lo anterior, fue comprobado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM). De igual forma, este organismo acreditó que hubo afectaciones a la víctima y a su familia.

5. En tal virtud, el 4 de diciembre de 2019, la CDHCDMX emitió la Recomendación 19/20191 por violación de derechos humanos de periodistas, por la falta de debida diligencia en la investigación de delitos contra periodistas, así como de la salvaguarda de datos sensibles, a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), como autoridad responsable.

6. La Recomendación 19/2019 dirigida a la Procuraduría capitalina consta de nueve puntos entre los que destacan la creación de un plan integral individualizado de reparación para las víctimas directas, atención psicosocial y solicitar a la Visitaduría Ministerial realizar los estudios técnico-jurídicos de las investigaciones penales iniciadas, con motivo de los actos denunciados.2

7. El 13 de enero de 2020, la PGJCDMX (hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México) aceptó totalmente la Recomendación 19/2019 emitida por la CDHCM relativa a varios casos de periodistas, entre ellos, el de Humberto Padgett León por violaciones a la libertad de expresión, ejercicio periodístico, acceso a la justicia y verdad, así como por incumplir el debido proceso por parte de dicha Procuraduría.

8. En seguimiento, Artículo 193 exigió a la entonces PGJCDMX “a cumplir cabalmente la Recomendación emitida, siempre en consenso y acuerdo con las víctimas, así como brindarles la reparación del daño que se ha establecido con motivo de las violaciones que sufrieron a sus derechos”.4

9. El 12 de julio de 2021, la CDHCM emitió un boletín en donde indicó que “a un año y medio de la aceptación de la Recomendación 19/2019, la CDHCM hace un llamado a dar cumplimiento a las medidas recomendadas para la investigación diligente de delitos contra periodistas”.5 Esto, dado que a pesar de que el 10 de enero de 2020, la PGJCDMX aceptó dar debido cumplimiento a lo recomendado, resulta que seis víctimas directas y dos víctimas indirectas continúan en espera de la reparación integral del daño que les fue ocasionado.

10. Han pasado más de cuatro años desde que el periodista Humberto Padgett León fue agredido y amenazado; y dos desde que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió la Recomendación 19/2019 y de que la hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aceptara íntegramente dicha recomendación, sin embargo, hasta la fecha no se le ha hecho justicia al periodista Padgett, ni la FGJCDMX ha dado cabal cumplimiento.

11. De hecho, el propio periodista manifestó en una entrevista que el gobierno capitalino “se mantiene en una firme oposición de ser consecuente con el reconocimiento que ya hizo de los agravios”, así como de dar acceso a las víctimas a la justicia y a la reparación del daño. Lamentó que ya tenga cuatro años pidiendo a “una autoridad ciega, sorda y muda que sea consecuente con su discurso de protección a los periodistas y a la libertad de expresión”.6

12. El artículo 1o. constitucional señala que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”.7 En consecuencia, los titulares del Poder Ejecutivo federal y del gobierno de Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, deben coadyuvar o intervenir para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dé pleno cumplimiento a la Recomendación 19/2019 y se puedan reparar y garantizar los derechos del periodista Humberto Padgett León, en su calidad de víctima.

13. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, atenta y respetuosamente, exhorta al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, y a la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que, en el ámbito de sus competencias, coadyuven a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dé cabal cumplimiento a la Recomendación 19/2019 emitida por la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México relacionada con el periodista Humberto Padgett León, al haberse acreditado violaciones a sus derechos de libertad de expresión, ejercicio periodístico, acceso a la justicia y verdad, así como por incumplir el debido proceso por parte de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

Notas

1 Recomendación 19/2019 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México:
https://directorio.cdhdf.org.mx/pdf/recos/Reco_19_2019.pdf?_ga=2.10537268.1601598457.1642020211-1839254651.1642020211

2 Boletín de prensa 219/2019 de la CDHCM: http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2019/12/Bol219_2019.pd f

3 RTICLE 19 México y Centroamérica es una organización independiente y apartidista que promueve y defiende el avance progresivo de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de todas las personas, de acuerdo a los más altos estándares internacionales de derechos humanos, contribuyendo así al fortalecimiento de la democracia: https://articulo19.org/sobre-a19/

4 Boletín de Artículo 19, Fiscalía General de Justicia de la CDMX acepta la Recomendación 19/2019, relativa a los casos de Aristegui Noticias, Humberto Padgett y Germán Canseco: https://articulo19.org/procuraduria-general-de-justicia-de-la-ciudad-de -mexico-violo-derechos-fundamentales-de-aristegui-noticias-humberto-pad gett-y-german-canseco43/

5 Boletín 130/2021 de la CDHCM: https://cdhcm.org.mx/2021/07/a-un-ano-y-medio-de-la-aceptacion-de-la-re comendacion-19-2019-la-cdhcm-hace-un-llamado-a-dar-cumplimiento-a-las-m edidas-recomendadas-para-la-investigacion-diligente-de-delitos-contra-p eriodistas/

6 Urge Pagdett a Sheinbaum y AMLO a cumplir recomendación de CDH-CDMX sobre su caso:
https://noticiasenlamira.com/cdmx/urge-pagdett-a-sheinbaum-y-amlo-a-cumplir-recomendacion-de-cdh-cdmx-sobre-su-caso/

7 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2022.

Senadora Lilly Téllez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sedatu y el gobierno de Morelos a reinstalar la escultura de José María Morelos y Pavón e implantar acciones para garantizar el mantenimiento de la plaza del kilómetro 46.9 de la autopista México-Cuernavaca, en Huitzilac, a cargo del senador Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe Ángel García Yáñez, senador de la República en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano y al gobernador del estado de Morelos, para que se reinstale la escultura de don José María Morelos y Pavón, e implementen las acciones necesarias para garantizar el mantenimiento de la plaza ubicada en el kilómetro 46.9 de la autopista México-Cuernavaca en el municipio de Huitzilac en el estado de Morelos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Que el municipio de Huitzilac es la principal puerta de entrada al estado de Morelos, mediante la autopista México-Cuernavaca, la cual fue inaugurada en el año de 1952, por el entonces presidente de la República, Miguel Alemán Valdés.

Que en el año 1953 el presidente Adolfo Ruiz Cortines le donó al gobierno del estado de Morelos un predio en el kilómetro 46.9 de la autopista México-Cuernavaca, justo en los límites con la Ciudad de México, en donde se colocó un grandioso monumento de piedra dedicado a don José María Morelos y Pavón; la escultura de Morelos era un coloso de pie que medía unos 7 metros de alto, en la que el prócer con su brazo derecho y su dedo índice extendidos, señalaba a la entidad que lleva su nombre. La obra fue inaugurada por el presidente de la República y por el gobernador del estado, Rodolfo López de Nava, el 15 de septiembre de 1954.

Que debido al deterioro de la escultura de piedra fue demolida y sustituida en 1986 por una escultura ecuestre de Morelos, realizada en bronce, misma que en diciembre de 2012 sería mutilada y vandalizada por quienes pretendían comerciar con el metal.

Que la entonces Procuraduría General de la República solicitó información a personal de Obras Públicas del estado de manera urgente por la supuesta desaparición de la cabeza del monumento que se encuentra en el poblado de Tres Marías, del municipio de Huitzilac.

En su momento Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) en diciembre de 2012, informó que el ataque a la escultura del generalísimo José María Morelos y Pavón ocurrió el 6 de diciembre de ese año, cuando delincuentes armados con soldadura autógena y seguetas, amputaron pies, cortaron su base, desmontaron la figura y decapitaron el equino de bronce.

Que el entonces gobernador del estado, Graco Ramírez, informó en su momento que la escultura de José María Morelos, ubicada en las cercanías de Tres Marías, había sido removida de su lugar habitual para realizar en ella trabajos de restauración.

De igual forma en 2012 el entonces director de Patrimonio en la Secretaría de Administración, informó que de la revisión efectuada a la escultura de Morelos, ubicada en el kilómetro 46.9 de la autopista México-Cuernavaca, se encontraba en perfectas condiciones, y que en breve ésta sería reinstalada en la plaza a la que pertenece.

Que actualmente la plaza de referencia se encuentra en total estado de abandono, y siendo la puerta de entrada al estado es una mala imagen para éste; pues sirve ahora este hermoso espacio público para la comisión de actos vandálicos y comisión de delitos.

Que el predio fue donado en su momento por el gobierno de la República para la construcción de la multicitada plaza y la colocación de la escultura de Morelos, actualmente no se cumple con ese fin; pues lejos de ser una imagen adecuada para el turismo que arriba al estado, pareciera confirmar que lo que en éste se vive es un clima de violencia.

Actualmente se desconoce la ubicación precisa de la escultura y qué dependencia la tiene bajo resguardo.

Que han transcurrido prácticamente diez años de los hechos señalados y no ha sido del interés del gobierno del estado rescatar la plaza y regresar la escultura al lugar que le pertenece.

Por lo anterior, he convocado a las y los morelenses del municipio de Huitzilac me acompañen a realizar trabajos de limpieza en dicho lugar el próximo sábado 23 de enero del año en curso, para impulsar el rescate de esta plaza, y así recuperar el espacio público que pertenece a nuestro bello estado.

Por ello, es que someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano y al gobernador del estado de Morelos, para que se reinstale la escultura de don José María Morelos y Pavón, e implemente las acciones necesarias para garantizar el mantenimiento de la plaza ubicada en el kilómetro 46.9 de la autopista México-Cuernavaca, en el municipio de Huitzilac, Morelos.

Fuentes

- https://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2015/10/28/para-venderl o-por-kilo-destazaron-morelos

- http://revista.morelos.gob.mx/morelos-en-la-nostalgica-mirada/monumento -de-jose-maria-morelos-y-pavon-en-huitzilac

- https://aristeguinoticias.com/2212/mexico/estatua-de-morelos-no-fue-des truida-esta-en-restauracion-gobierno-estatal/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2022.

Senador Ángel García Yáñez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE a prorrogar el pago de adeudos por “los usuarios Unidos por Sonora”, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Ana Laura Bernal Camarena, diputada integrante de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo fracción 111, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho a la energía eléctrica por su naturaleza debería ser un derecho humano, el cual debe comprender el acceso, otorgamiento y garantía del servicio de luz para una vida digna de las personas.

La electricidad es un recurso natural fundamental que no puede hacer falta en los hogares de los mexicanos debido a su suministro, y más ahora por las necesidades laborales y escolares debido a la pandemia a causa del COVID-19.

La Organización Internacional de Trabajo (OIT) menciona lo siguiente: “Los servicios públicos de suministro (agua, electricidad y gas) son fundamentales y desempeñan un papel esencial en el desarrollo económico y social. Los gobiernos son responsables en último término de asegurar el acceso fiable y universal a los servicios en unos marcos normativos que prevean la rendición de cuentas”.1

Conforme al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual menciona lo siguiente:

“Artículo 8o.

Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario ”.2

El artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica menciona:

“ARTICULO 25.-

La Comisión Federal de Electricidad deberá suministrar energía eléctrica a todo el que lo solicite, salvo que exista impedimento técnico o razones económicas para hacerlo, sin establecer preferencia alguna dentro de cada clasificación tarifaria ”.3

De acuerdo a lo anterior, en mi carácter de Diputada Federal en atención a la ciudadanía y a petición de un oficio con fecha diez de enero de 2022 por parte de los “Usuarios Unidos por Sonora” mediante su representante José Luis Hernández Rivera, se hace un atento llamado al Director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la negociación de las deudas que se tienen con dicha comisión por parte de los “Usuarios Unidos por Sonora” que cuenta con afiliados en la región norte de Sonora que comprende varios municipios donde se incluye Nogales, los cuales tienen la voluntad de pagar su deuda mediante los siguientes plazos:

Los deudores con más de $20,000 puedan tener plazo para liquidar hasta por 10 mensualidades; y los deudores con menos de $20,000 se les pueda dar la facilidad de pago por 8 meses, todos ellos con un anticipo del 25% sobre su deuda total.

Todo esto con el fin de evitar cortes en el suministro de la energía eléctrica en los hogares de las familias de Nogales y demás municipios que integran los “Usuarios Unidos por Sonora”.

Ya existe un antecedente reciente de condonación de pagos de electricidad en el país en donde CFE perdonó una deuda histórica de luz al Estado de Tabasco: “En donde el gobierno de Tabasco y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acordaron la condonación total de la deuda que mantenían por el servicio de energía eléctrica cerca de 607 mil 165 usuarios domésticos, la cual asciende a poco más de 11 mil millones de pesos; además se otorgará la tarifa 1F a los tabasqueños, con un subsidio único todo el año”.4

La actual pandemia ha afectado el ingreso económico de las familias sonorenses, por ende se debe tener empatía con el pago de los usuarios de servicios básicos como lo es la electricidad.

Cabe señalar el principio general de derecho que dice “Impossibilium nulla obligatio est ”, dado que nadie está obligado a lo imposible; de tal forma, “Los Usuarios Unidos por Sonora” no piden una condonación de pagos de electricidad pero si solicitan plazos de 10 meses para deudores con más de $20,000 y 8 meses para deudores con menos de $20,000 con un pago inicial del 25% de la deuda total para finiquitar los adeudos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este pleno de la Honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. - La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a otorgar una prórroga de los pagos por las deudas del suministro del servicio de electricidad por parte de “Los Usuarios Unidos por Sonora”.

Notas:

1. Organización Internacional de Trabajo (OIT). Servicios públicos (agua; gas; electricidad). https://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/utilities-water-gas-e lectricity/lang—es/index.htm

2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2022.

3. Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 2022.

4. El Universal. 03/02/2021. CFE perdona deuda histórica de luz a Tabasco. https://www.eluniversal.com.mx/estados/cfe-perdona-deuda-historica-de-l uz-tabasco

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, el 19 enero de 2022.

Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión Permanente a llamar a comparecer ante ella al titular del Conacyt, suscrita por la senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Verónica Delgadillo García, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXV Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por la cual se solicita la comparecencia de la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Exposición de motivos

I. Actualmente la comunidad académica y científica del país ha sido víctima de una constante amenaza por parte del Gobierno Federal, esto debido a distintos hechos que han sido reiteradamente denunciados, desde la eliminación y reducción de recursos destinados a la innovación e investigación científica,1 pasando por la persecución de la Fiscalía General del República en contra de académicos e investigadores por supuestos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada,2 hasta la reciente crisis que vive la comunidad del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE.3

Después de ocho años y todavía con dos más por concluir el segundo periodo como director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Sergio López Ayllón, dio a conocer su renuncia, misma que fue presentada ante el titular del Poder Ejecutivo federal y la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt, bajo el principal argumento de que era tiempo de contar con una dirección renovada para el CIDE que diera cauce a las nuevas necesidades institucionales,4 justificación que a todas luces puede ser interpretada como una intervención externa.5

Posteriormente el Conacyt, a través del titular de la Unidad de Articulación Sectorial y Regional, anunció que la persona designada momentáneamente para fungir como director interino sería el doctor José Antonio Romero Tellaeche, esto mientras se realizaba la convocatoria correspondiente para el nuevo director general del CIDE.6

Durante el proceso de dicha convocatoria, y en funciones como director interino, el Dr. Romero Tellaeche llevó a cabo tres destituciones que generaron indignación al interior de la comunidad del CIDE, una fue la de Alejandro Madrazo Lajous quien era director de la sede del CIDE en Aguascalientes bajo el argumento de pérdida de confianza, la de Catherine Andrews, secretaria académica, y la de Celine González, directora de Evaluación Académica, estas últimas por “acto de rebeldía” por negarse a suspender las evaluaciones de profesores, las cuales debían llevarse a cabo según los propios lineamientos y estatutos del mismo CIDE.7

Aunado a las destituciones anteriormente mencionadas se suman los casos de la coordinadora de Administración y Finanzas, Gisela Morales González,8 así como la renuncia del secretario de Vinculación del CIDE, Carlos Heredia Zubieta, quien había externado que la crisis por la que pasa dicha institución responde “en buena medida por una intervención externa que impulsa el pensamiento único”.9

Esta serie de hechos, aunado a un proceso que ha sido señalado de ir en contra de los propios estatutos del CIDE y la falta de transparencia en la ratificación unilateral del doctor Romero como director general del CIDE por parte del Conacyt, han provocado un rechazo total por parte de la comunidad estudiantil y académica del CIDE, teniendo como resultado una protesta y un paro indefinido en contra de dichos actos.10

La falta de un diálogo por parte de las nuevas autoridades académicas del CIDE, y las recientes intenciones por parte del Conacyt para llevar a cabo de forma ilegal modificaciones a los estatutos de dicha institución11 para eliminar y reducir las facultades del Consejo Directivo, han desatado aún más el descontento de la comunidad académica y estudiantil.

Uno ejemplo de lo anterior es que actualmente el Consejo Directivo cuenta con la facultad, como lo establece la fracción IV del artículo 29 del estatuto General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, de “formalizar el nombramiento del director general de la asociación; asimismo formalizar la ratificación del mismo para un segundo periodo, en su caso;” la cual entre otras se pretende eliminar.12

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita de la manera más atenta a la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a comparecer ante esta Comisión, con la finalidad de dar a conocer los detalles del proceso implementado ante los cambios en la Dirección General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, así como la situación que guarda el Pliego Petitorio presentado por la Comunidad Estudiantil del CIDE.

Notas

1 Recortes a Conacyt pueden colapsar centros de investigación en México: investigadores. Aristegui Noticias.

https://aristeguinoticias.com/2205/mexico/
recortes-a-conacyt-pueden-colapsar-centros-de-investigacion-en-mexico-investigadores/

2 La imputación de 31 investigadores, la batalla que enfrenta a la Fiscalía con la antigua gestión del Conacyt. El País.
https://elpais.com/mexico/2021-09-24/la-imputacion-de-31-investigadores-la-batalla-que-enfrenta-a-la-fiscalia-con-la-antigua-gestion-del-conacyt.html

3 Estalla otra crisis al Conacyt: se va CIDE a paro y alertan por autonomía. Forbes. https://www.forbes.com.mx/politica-estalla-otra-crisis-al-conacyt-se-va -cide-a-paro-y-alertan-por-autonomia/

4 Sergio López Ayllón renuncia a dirección del CIDE. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sergio-lopez-ayllon-renuncia-dire ccion-del-cide

5 El CIDE o la rebeldía irredimible. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-merino/el-cide-o-la-reb eldia-irredimible

6 El Conacyt nombra director interino del CIDE al Dr. José Antonio Romero Tellaeche. La Jornada.

https://www.lja.mx/2021/08/el-conacyt-nombra-director-in terino-del-cide-al-dr-jose-antonio-romero-tellaeche/

7 Sobre el CIDE y la destitución de sus funcionarios. Nexos. https://www.nexos.com.mx/?p=62736

8 CIDE remueve a encargada de Finanzas tras reunirse con estudiantes en protesta. Animal Político.

https://www.animalpolitico.com/2021/11/cide-encargada-fi nanzas-estudiantes-protesta/

9 ¿Uno más? Renuncia secretario de Vinculación del CIDE. El Financiero.

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/12/31/uno- mas-renuncia-secretario-de-vinculacion-del-cide/

10 Estudiantes del CIDE van al paro indefinido. El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Estudiantes-del-CIDE-van-al -paro-indefinido-20211128-0060.html

11 Busca Conacyt quitar poder a académicos de CIDE. Reforma. https://www.reforma.com/busca-conacyt-quitar-poder-a-academicos-de-cide /ar2329483?referer=—7d6 16165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a–

12 Ibídem

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2022.

Senadora Verónica Delgadillo García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas dependencias federales, estatales y autónomas a liberar a los presos políticos de Coyomeapan, Puebla, suscrita por legisladores del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos legisladores, del Grupo Parlamentario de Morena de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, integrantes de la Comisión Permanente, en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De la senadora Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a llevar a cabo acciones para lograr la conciliación entre las partes del conflicto político en el municipio de Coyomeapan, estado de Puebla, y se puedan dar las condiciones de unidad y cohesión social que faciliten la gobernabilidad democrática, a partir de la reposición del proceso electoral para elegir a un gobierno municipal indígena, con base en sus sistemas normativos propios, atendiendo a la libre determinación del pueblo indígena de Coyomeapan, Puebla. 1

En el presente año, se llevaron a cabo elecciones para el cambio de su ayuntamiento, correspondiente al periodo 2021-2024, en las cuales se vislumbró un conflicto político que al día de la fecha no ha tenido una solución, originado por lo que los pobladores llaman cacicazgo político, ya que entre familia la Celestino han mantenido el poder en el gobierno municipal; iniciando con David Celestino Rosas (2011-2014), Araceli Celestino Rosas (2014- 2018), David Celestino Rosas (2017- 2021) y Rodolfo García López (esposo de Araceli Celestino Rosas) (2021-2024).

El domingo 6 de junio del 2021, fecha en que se llevó a cabo la elección del presidente municipal, un grupo de pobladores mantuvieron tomadas las oficinas del Consejo Municipal Electoral, pues aseguraban que durante las votaciones en donde resultó ganador Rodolfo García López, él y su equipo de campaña compraron votos y días antes recurrieron a la intimidación de los habitantes, por lo que exigían el recuento voto por voto.

Por esta razón, los habitantes del municipio de Coyomeapan no aceptaron los resultados y como consecuencia de ello el 22 de agosto del presente año tomaron las instalaciones del Ayuntamiento y otros edificios públicos de la cabecera. No hubo vandalismo en esos hechos y los bienes públicos muebles e inmuebles permanecen en resguardo por parte de la comunidad.

A pesar de este altercado generado por el resultado de las elecciones y de las impugnaciones a la misma, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla ratificó el triunfo de Rodolfo García López, pero ello no fue suficiente para desarraigar el descontento del grupo de pobladores que posteriormente buscaron impedir que rindiera protesta como presidente municipal electo.

Rodolfo García López tuvo que asumir el cargo en el Centro Integral de Servicios de Ajalpan, lugar en el cual ha mantenido la gestión del municipio ante la imposibilidad de su ingreso a la cabecera municipal de Coyomeapan.

De estos hechos el gobierno del estado de Puebla intervino, pero las acciones realizadas no han sido suficientes, pues a pesar de buscar un acercamiento con la población inconforme, la detención entre el 1 y el 5 de septiembre de los c. Anastasia González Sanguinés, Eruviel Aguilar Gómez, Basilisa Montaño Gutiérrez y Gonzalo Martínez acrecentó la desconfianza en el gobierno municipal y estatal que mermó la posibilidad de generar un ambiente de gobernabilidad con el actual ayuntamiento.

La tensión es evidente pues continúan los actos de protesta por parte de pobladores del municipio, no solo hay inconformidad en la cabecera municipal, sino también de las juntas auxiliares e inspectorías, lo que va en detrimento de esta población indígena tan desfavorecida, que no podrá lograr superar sus niveles de marginación, rezago y pobreza, ante una inestabilidad política. La población de Coyomeapan insta que la solución al conflicto es el reconocimiento de su derecho a la libre determinación para elegir a sus autoridades o representantes de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, como lo señala la fracción 111 del inciso a), del artículo 2o. de la Constitución federal.

La libre determinación de Coyomeapan y de todos los pueblos indígenas para elegir a sus autoridades se funda principalmente los artículos 1 o y 2° de la Carta Magna, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, su debida observancia en la resolución del conflicto político representa promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de las Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas en el estado de Puebla.

Es necesario que todas las autoridades estatales actúen conforme a derecho, respetuosas de los derechos humanos, y garantizando la libertad de expresión y de manifestación pública.

Por el que se exhorta a la Segob y distintas autoridades, a intervenir a la liberación de los presos políticos en el municipio de Coyomeapan, Puebla, implementando los mecanismos y protocolos para la protección de los derechos humanos y a brindar su acompañamiento técnico y jurídico a los implicados en dicho asunto. Proponente: Parra Juárez Inés (Morena) 2

Ciudadanos ambientalistas, agricultores y pobladores de Coyomeapan que protestan contra el cacicazgo que padece en su región, bajo el movimiento Unidad por Coyomeapan, que está integrada por más de 4 mil personas originarias de este municipio, han externado situaciones de detrimento de la población más desfavorecida, manifestándose en contra de cacicazgo que se vive en este municipio y denunciando las acciones por parte de los funcionarios en el poder.

A causa de lo anterior expuesto se emitieron acciones de represión violatorias de derechos humanos y el debido proceso por parte de la fiscalía

Órdenes de aprehensión causa penal 347/2021, del Juzgado de Oralidad Penal de la Región Sur Oriente con sede en Tehuacán, Puebla.

1. Emmanuel Bravo Porras

2. José Julio Bolaños Natividad

3. Jael Bravo Porras y/o Gael Bravo Porras - Fidencio Porras Trujillo

4. Marcelo Herrera Bolaños y/o Marcelo Carrera Bolaños

5. Magdaleno Pérez Contreras

6. Alejo Mazahuatl Cuevas

7. Julián Jacobo Porras Osio

8. Patricio Campo Mosqueda

9. Azucena Campo Pérez

10. Camilo Ramírez Sánchez

11. Rafael Cabrera Ramos

12. Teodoro Mirafuentes Cacho

13. Fernando Mirafuentes Cacho

14. Martin Arriaga Mora

15. Daniel Arellano García.

16. Fidencio Porras Trujillo

Lista de ciudadanos con amparo indirecto 887/2021 del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal del Estado de Puebla. Relativo a la orden de aprehensión de la causa penal 347/2021 del Juzgado de Control de Tehuacán, Puebla.

1. Lauro Gil Arguelles

2. Esmeralda Pérez Mazahuatl

3. Abelardo Solís Ramos

4. Marco Antonio Solís Ramos

5. Natalio Sanguinez Rodríguez

6. Roberto Izúcar Reyes

7. Ariel Aguilar Sánchez.

Lista de personas detenidas en la causa penal 347/2021 del Juzgado de Oralidad Penal de la Región de Tehuacán, Puebla.

1. Basilisa Montano Gutiérrez

2. Adán Anastasio González Sanguinés

3. Eruviel Aguilar Gómez.

Es por ello que la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), ha realizado un llamado al Poder Judicial de Puebla y a la Fiscalía General del Estado para que se garanticen los derechos humanos de Basilisa Montaño Gutiérrez, Eruviel Aguilar Gómez y Adán Anastasio González. Mismo que puede consultarse en el boletín número 533/2021 de la dependencia.

Del senador José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades competentes y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que se concrete, a la brevedad, la inmediata liberación de la presa política Basilisa Montaño Gutiérrez, defensora indígena de derechos humanos, así como otros integrantes de su comunidad detenidos en el mismo proceso, y se exhorte al diálogo entre las autoridades federales y estatales integrantes de la comunidad de Coyomeapan, Puebla.

Gaceta del Senado: miércoles 15 de diciembre de 2021 / Gaceta: LXV/1PPO-73/122994

Evidentemente todos estos hechos, atentan contra la estabilidad y tranquilidad de todo lo comunidad y pérdida de confianza en los instituciones y autoridades estatales y federales. Indudablemente es necesario que en un morco de negociación se puedo arribar o una solución integral que incluya, la liberación inmediata de Basilisa Montaña y los demás activistas y se pueda, como fue propuesto en días pasados en esta misma tribuna arribar a una solución del conflicto social y post electoral de Coyoameapan. Además, resulta incomprensible el actuar de las autoridades, 4 en virtud de que se está atentando contra los derechos humanos de las y los defensores de derechos humanos garantizados por la Constitución Política de nuestro país, así como por las disposiciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Resulta inadmisible que después de un poco más de tres meses de la detención de ella y sus demás compañeros, su defensa legal no ha podido consultar el expediente, para poder actuar en consecuencia e impugnar las acciones arbitrarias y sin fundamento que han realizado algunas autoridades; sin contar toda la serie de anomalías jurídicas en las que se ha visto envuelto este asunto, arbitrarias y sin fundamento que han realizado algunas autoridades; sin contar toda la serie de anomalías jurídicas en las que se ha visto envuelto este asunto.

Ante las condiciones actuales de crispación social e ingobernabilidad en el municipio de Coyomeapan Puebla, el honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, en el ámbito de sus atribuciones debe integrar un consejo municipal , como condición necesaria para permitir la distención social, que genere armonía, tranquilidad y paz social en el municipio de Coyomeapan Puebla. Esto para reponer el proceso electoral viciado de junio de 2021 sustentado en la coacción y el condicionamiento del voto, permitiendo nuevamente el nepotismo político en Coyomeapan, sustentado en la sucesión de linaje familiar “Celestino Rosas” de tipo caciquil. La integración de un consejo municipal facilitara la gobernabilidad democrática en el municipio de Coyomeapan Puebla donde el Congreso del estado de Puebla debe atender su integración atreves de la representación indígena que permita la libre determinación de los pueblos originarios de Coyomeapan.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, para que en el ámbito de sus atribuciones integre un consejo municipal en Coyomeapan .

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la SEGOB Federal, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, intervenga de manera pronta y expedita con todos los recursos a su disposición para coadyuvar a la pronta liberación de los presos políticos de Coyomeapan, Puebla: Basilisa Montaña Gutiérrez, Adán Anastacio González Sanguinés, Eruviel Aguilar Gómez y Gonzalo Martínez Herrera

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, ejerza su facultad de atracción para investigar los hechos cometidos en Coyomeapan, Puebla, a fin de salvaguardar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad por razones políticas y activistas de derechos humanos mencionadas en el anterior resolutivo.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Unidad de Apoyo del Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, a que le proporcione de manera inmediata acompañamiento técnico y jurídico a los presos políticos: Basilisa Montaño Gutiérrez, Adán Anastacio González Sanguinés, Eruviel Aguilar Gómez y Gonzalo Martínez Herrera, ya que ha sido violentado el principio jurídico de debido proceso.

Quinto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, para que impulse la implementación de los respectivos protocolos que garanticen la protección de los derechos humanos de los activistas defensores de derechos humanos referidos en el tercer punto.

Sexto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla, para la liberación de los presos políticos contenidos en la lista de personas detenidas en la causa penal 347/2021 del juzgado de oralidad penal de la región de Tehuacán, Puebla; que deseche la imputación, contenida en la carpeta de investigación número FGEP/CDI/FIR/TEHUACAN-1/0156/2021; retire las órdenes de aprehensión causa penal 347/2021, del Juzgado de Oralidad Penal de la Región Sur Oriente con sede en Tehuacán, Puebla, y la lista de ciudadanos con amparo indirecto 887/2021 del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal del estado de Puebla relativo a la orden de aprehensión de la causa penal 347/2021 del juzgado de control de Tehuacán, Puebla.

Notas

1 Gaceta del Senado, miércoles 15 de diciembre de 2021 / Gaceta: LXV/1PPO-73/122819

2 Publicación en la Gaceta: 26 de octubre de 2021

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2022.

Diputados: Inés Parra Juárez, Alejandro Carvajal Hidalgo, Laura Imelda Pérez Segura (rúbricas).
Senadores: José Narro Céspedes (rúbrica), (rúbrica), Nestora Salgado García.

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a establecer en las instituciones educativas la eliminación del uso de forros no biodegradables, plásticos y papel contacto para útiles, a cargo de la diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, a efecto de que establezca en las instituciones educativas, la eliminación del uso de forros no biodegradables, plásticos, papel contact para forrar libretas, libros y cuadernos y cualquier útil escolar con el fin de no generar contaminación y reducir el gasto que ello implica, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el principio de doctrina referente al medio ambiente menciona que un medio ambiente sano es una aspiración de la humanidad, ya que es fundamental en el desarrollo integral y en calidad de vida de las personas.1

En este orden de ideas el medio ambiente es un derecho universal que incluso es protegido por tratados tal es el caso en la actualidad por la Agenda 20230 tal y como lo propone el Objetivo 12: garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, es decir consisten en hacer más y mejor con menos. También se trata de desvincular el crecimiento económico de la degradación medioambiental, aumentar la eficiencia de recursos y promover estilos de vida sostenibles. El consumo y la producción sostenibles también pueden contribuir de manera sustancial a la mitigación de la pobreza y a la transición hacia economías verdes y con bajas emisiones de carbono.2

En esta tesitura, es fundamental que México, como estado miembro y participante activo en la elaboración de esta Agenda 2030, sea congruente y que las políticas públicas, así como usos y costumbres que aplican las secretarías del Estado mexicano se homologuen al paralelo de la Agenda 2030.

Es por lo anterior y me quiero referir en este punto de acuerdo a la problemática que ha existido, existe y existirá si no se pone especial atención en este problema en medio ambiente y por supuesto económico, es referente a los lineamientos internos de las escuelas públicas y privadas donde solicitan a los padres de familia que forren todos y cada uno de los libros y cuádrenos que utilizaran en el periodo escolar en turno, el cual si estos no son forrados son causa se le llama la atención a los padres de familia o incluso a los menores de edad que son los alumnos por no llevar forrados los útiles escolares tal y como lo solicita la institución educativa.

Violando varios principios rectores en materia de derechos humanos que son los siguientes:

Tal y como lo menciona el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado ?–federación, estados, Ciudad de México y municipios– impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva”.3

De acuerdo al artículo tres los principios que se vulneran son:

• Toda persona tiene derecho a la educación.

• Será inclusiva.

• Se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva.

Es decir, cuando las instituciones educativas exigen que los útiles sean forrados esto va en contra del espíritu del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

Ahora bien, en materia de medio ambiente el artículo 4o. de la Constitución en su quinto párrafo menciona:

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.4

Asimismo, el forrado de libros y el uso excesivo de plásticos causan daños a la salud en este caso a los pequeños que están en constante manipulación de sus útiles escolares, de acuerdo a datos una revista ecología menciona que:

“La consecuencia es material escolar (y de oficina) tóxico que expone a disruptores endocrinos, sustancias sintéticas a las que los estudios relacionan con tumores en órganos relacionados con las hormonas como tiroides, cáncer de mama o de próstata, daños al desarrollo neurológico y problemas de embarazo, entre otros muchos”.5

Y por lo anterior también esta acción de forrar libros con materiales como forros no biodegradables, plásticos, papel contact , obligando la autoridad educativa a esta práctica vulnera la Agenda 2030, esta acción debe de ser eliminada ya que estamos enseñando a nuestra juventud a que esto es normal y fomentamos en las generaciones futuras estas malas prácticas.

Un claro ejemplo que sí se puede eliminar esta práctica es Ecuador.

Ecuador ha sido reconocido por las acciones emprendidas para regular el uso de plástico en la lista de útiles y en las actividades escolares. El pasado 19 de octubre de 2018, la Presidencia de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) resaltó y difundió al mundo, como un ejemplo, la iniciativa emprendida por el Ministerio de Educación ecuatoriano.

“El Ministerio de Educación informó que el Acuerdo Ministerial número 97, al que ha hecho referencia la Presidenta de la ONU, señala que los establecimientos educativos fiscales, particulares, municipales y distintas ofertas de educación del Sistema Educativo ecuatoriano no podrán solicitar materiales plásticos de un solo uso, desechables no reciclables en la lista de útiles, y para cualquier actividad escolar, por ser considerados altamente contaminantes”.6

Es por lo anterior que la cooperación de autoridades y sociedad civil pueden realizar grandes acciones en beneficio de nuestra salud, economía y medio ambiente.

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Educación Pública federal, a efecto de que establezca la normativa que permita la eliminación del uso de forros no biodegradables, plásticos, papel contact para forrar libretas, libros y cuadernos y cualquier útil escolar, en instituciones educativas.

Notas

1 Doctrina 2002 del Partido acción nacional, 9 medio ambiente, pág. 11, recuperado el 9 de noviembre de 2021, de la página web: https://almacenamientopan.blob.core.windows.net/pdfs/documentos/toqfeHt QI8xfmvAAiJNc5U6xqTHiSO.pdf.

2 Objetivos de desarrollo sostenible, agenda 2030 objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, recuperado el 9 de diciembre de 2021, de la página web: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-pr oduction/

3 Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, Última Reforma DOF 28-05-2021, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios

4 Ídem.

5 Ecologistas Palencia Palencia, medio ambiente, ecología, noticias 2017, Tóxicos a evitar en el material escolar: el PVC, recuperado el 9 de noviembre de 2021, de la página Web: https://ecologistaspalencia.wordpress.com/2017/09/05/toxicos-a-evitar-e n-el-material-escolar-el-pvc/

6 Periódico El Comercio 2018, ONU resalta la regulación del uso de plásticos en escuelas de Ecuador, Redacción Elcomercio.com, recuperado el 9 de diciembre de 2021 de la página Web: https://www.elcomercio.com/tendencias/sociedad/onu-regulacion-plasticos -escuelas-ecuador.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 19 enero de 2022.

Diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a llevar a cabo un programa de capacitación en primeros auxilios dirigido a docentes, personal administrativo y estudiantes, suscrita por el diputado Alan Castellanos Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Alan Castellanos Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el día a día nos enfrentamos a situaciones de emergencia y/o accidentes como quemaduras, insolaciones, fracturas, atragantamiento, falta de aire, desmayos entre otros, ya sea en el ámbito laboral, escolar, en casa, etcétera, mismos que se caracterizan por presentarse casi en cualquier contexto y que requieren soluciones rápidas, así como eficaces. No obstante ¿podemos considerar que estamos preparados para actuar ante la presencia de alguna de ellas? De manera generalizada, está poco presente y casi nula la cultura de protección civil aplicada a la cotidianidad en términos de primeros auxilios, que se basa en la disposición de medidas de auxilio y de recuperación ante cualquier eventualidad de una emergencia. Esto puede ser el resultado de la falta de conocimiento de la sociedad respecto al que hacer y no ante una situación que amerite una atención pre hospitalaria o respecto a la relevancia de poder intervenir de manera oportuna cambiando así el resultado de lo que acontezca.

Sin embargo, la falta de conocimiento no nos exime de la responsabilidad social y, por el contrario, debe incitarnos a la búsqueda de herramientas teórico-prácticas que nos habiliten para hacerle frente a las emergencias. De ahí que contar con conocimientos básicos acerca de los primeros auxilios es de gran relevancia para la atención de alguna emergencia, ya que ello nos permite estar más habilitados para poder intervenir a tiempo y de una manera oportuna en beneficio de la víctima.

En este sentido, conocer las técnicas de atención primaria; los materiales y equipo necesario para intervenir, así como tener una noción general de las pautas y lineamientos generales de intervención pueden marcar la diferencia en las consecuencias de un accidente y su posible solución, llegando a ser en algunos casos la determinante para salvar una vida.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) “Las lesiones y la violencia son una amenaza para la salud en todo el mundo y representan 9 por ciento de la mortalidad mundial: más de cinco millones de muertes cada año. Ocho de las 15 principales causas de muerte de las personas de 15 a 29 años están relacionadas con violencia o lesiones. Estas son las lesiones causadas por el tránsito, los suicidios, los homicidios, los ahogamientos, las quemaduras, los traumatismos causados por la guerra, los envenenamientos y las caídas”.1 Por ello debemos formular políticas para la prevención de lesiones con la finalidad de coadyuvar y fortalecer nuestro sistema de salud ya que éstos son un foco importante en la salud pública.

Ahora bien, en nuestro país, desde hace más de 20 años, las lesiones accidentales ocupan uno de los primeros lugares como causa de mortalidad general; evidencia de lo anterior, “del año 2000 a 2017 fallecieron 662 mil 75 personas por lesiones accidentales. De ellos, 7.9 por ciento fue por asfixia, la segunda causa de muerte después de las lesiones causadas por el tránsito; 6.5 por ciento por caídas; 6.4 por ciento por ahogamientos; 3.5 por ciento por envenenamientos e intoxicaciones y 1.7 por ciento por quemaduras. De las 172 mil 393 personas que fallecieron por estas cinco causas, 22.7 por ciento fueron personas adultas mayores de 60 y más años; 20.5 por ciento fueron niños y niñas de 0 a 9 años; 9.2 por ciento adolescentes de 10 a 19 años de edad”.2

El análisis del lugar de ocurrencia de las lesiones accidentales permite informar sobre las áreas donde existe el mayor número de factores de riesgo. Tomando como referencia el periodo 2000-2017, el porcentaje de defunciones más alto se presentó en la vivienda con 32.2 por ciento. El análisis por tipo de lesión específica muestra que 44.7 por ciento de las quemaduras, 41.5 por ciento de las caídas, 36.8 por ciento de las asfixias, 35.5 por ciento de los envenenamientos e intoxicaciones ocurrieron en este espacio. Los ahogamientos presentaron el porcentaje más bajo con 12.0 por ciento ya que éstos eventos tienden a presentarse en otros espacios, como arroyos, canales, estanques o piscinas, lagos, pantanos, playas, puertos y ríos (47.8 por ciento).3

La probabilidad de sufrir un accidente, en cualquier ámbito, continúa aumentando debido a múltiples factores relacionados con las condiciones ambientales, falta de precaución y capacitación laboral, así como de cuidados al interior del hogar, entre otros.

Por esta situación, nuestra sociedad y en particular nuestras familias, deben estar preparadas sobre la forma de actuar en caso de presentarse un accidente, con el objetivo de salvar la vida del accidentado y ponerlo a disposición de un médico que pueda valorarlo.

De manera particular, he estado sujeto a actuar con responsabilidad, lo que me ha llevado a poder salvarle la vida en tres ocasiones en situaciones diferentes, me permito abordar las mismas de manera general.

I. Hace más de 15 años aproximadamente, actuando con responsabilidad, me tocó salvarle la vida a un policía de la Ciudad de México; en el lugar de los hechos cuatro personas nos encontrábamos disfrutando de unos deliciosos tamales de pollo, cuando al tragar el bocado –segundos después– el oficial mostró un cuadro de asfixia y obstrucción de la vía aérea por atragantamiento, pues el trozo del alimento se encontraba atascado en la garganta, mismo que impidió que el oxígeno llegara a los pulmones y al cerebro. Pese a que nos encontrábamos diversas personas, nadie actuó eficazmente; una de las personas gritó, la otra se puso a llorar y una más entro en crisis, su servidor, actuó con responsabilidad colocando el puño cerrado por encima del ombligo, sujetando el puño con la otra mano y empuje con golpes secos hacia adentro y hacia arriba y fue como expulsó un trozo de hueso de pollo que fue objeto de la asfixia que le estaba provocando.

II. La segunda ocasión, ocurrió hace 13 años, cuando al darle un medicamento a un familiar de cuatro años presentó un atragantamiento causado por el tamaño de las tabletas que se encontraba tomando, derivado de un tratamiento médico. Aquí, manejé con mucha cautela el cuadro de crisis que estaba presenciando, actuando en consecuencia, colocándome por detrás de la víctima y apliqué golpes secos con el talón de la mano en medio de la espalda, entre las clavículas, donde –poco tiempo después– comprobé que expulsó la tableta que había ingerido. Salvándole así de una posible asfixia. Cabe señalar que nos entrabamos alrededor de 15 personas y sólo su servidor y dos personas más actuamos a fin de atender los accidentes presentados en casa.

III. El pasado 26 de diciembre, nuevamente me enfrenté a una situación similar a las anteriores. Un familiar que se encontraba bajo tratamiento médico por enfermedad, se ahogó con una pastilla, pese a que en el lugar estábamos alrededor de 20 personas, sólo su servidor atendió el manejo de la crisis; en donde alterné cinco golpes en la espalda y las compresiones abdominales hasta que se solucionó y arrojó la pastilla. Evitando con ello la obstrucción de la garganta.

Es preciso mencionar que durante estos sucesos, la mayoría de las personas, grita, se queda pasada, no hay formas de reacción, por ello, es de vital importancia atender uno de los postulados básicos de los primeros auxilios, es el que entre más pronto se puedan llevar a cabo, la probabilidad de salvar una vida aumenta, desafortunadamente la mayoría de la población desconoce la forma de actuar, teniendo que esperar la ayuda de personal capacitado.

Como tal, los primeros auxilios implican una facilitación en el proceso de intervención siendo su finalidad la pronta recuperación del paciente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no reemplazan en ningún momento la atención e intervención especializada del personal de salud. De ahí la relevancia ante la presencia de una persona que requiera de los primeros auxilios, se utilicen las técnicas básicas para mantener a la persona estable para su consiguiente atención integral.

Las prioridades y los objetivos fundamentales en las que se sustenta el sistema de primeros auxilios son:

• Preservar la vida;

• Evitar que se produzcan más lesiones o se agraven las existentes;

• Promover la recuperación;

• Evitar complicaciones físicas y psicológicas;

• Asegurar el traslado de las personas accidentadas a un centro asistencial.

La prevención de emergencias y/o accidentes no puede estar a cargo de un único departamento o institución que trabaje de manera aislada. Para que los esfuerzos de prevención logren su objetivo, es primordial una respuesta coordinada que involucre a una gran variedad de sectores. Según le corresponda, en función de la naturaleza del problema, el sector salud actuará como líder, como facilitador o como participante en los esfuerzos de prevención.

En consecuencia, la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional de Protección Civil, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, deberán convocar a una cruzada nacional para ampliar el conocimiento de los primeros auxilios para toda la población, con la finalidad de proporcionar conceptos generales, así como técnicas relacionadas con los primeros auxilios para que éstos sean de utilidad en el momento en que requiera atender una emergencia en cualquier contexto.

La salud es un tema de alta prioridad para el Estado mexicano, en este sentido, se han conformado y fortalecido diversas instituciones que dan respuesta a las necesidades que demanda la población.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y al Sistema Nacional de Protección Civil para que, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y las autoridades competentes de las entidades federativas, lleven a cabo programas de capacitación dirigidos a docentes, personal administrativo y jóvenes estudiantes de todos los niveles educativos en materia de primeros auxilios.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud, “Prevención de Lesiones y Violencia. - Guía para los Misterios de la Salud”, disponible en: https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/Prevencion_ lesiones_violencia.pdf

2 Secretaría de Salud, “Prevención de lesiones accidentales”, disponible en: https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/prevencion-de-lesiones-ac cidentales-en-grupos-vulnerables?state=published

3 Ibídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2022.

Diputado Alan Castellanos Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE, la Semarnat y la CNA a realizar un informe de las implicaciones de la extracción de litio en los principales yacimientos de México, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas y diputados, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de motivos

I. El litio es un mineral que se encuentra en el primer grupo de metales alcalinos dentro del sistema periódico. Dicho mineral es un material altamente reactivo, lo que hace que este se encuentre en la naturaleza combinado en la forma de minerales de litio en rocas pegmatíticas, sedimentarias, así como en salmueras naturales continentales.1 Dicho mineral se ha convertido, en los últimos años, en uno de los elementos químicos más importantes a nivel mundial ya que este se utiliza para el desarrollo de tecnologías más ligeras con materiales más resistentes y que puedan ser reutilizados.2

Las propiedades fisicoquímicas del litio lo convierten en un material muy singular, lo cual lo ha colocado como elemento clave en el desarrollo de diversas tecnologías, esto debido a que es el elemento sólido más liviano, además posee un alto potencial electroquímico, convirtiéndolo así en un componente básico para las baterías recargables de alta densidad energética, asimismo, su bajo peso específico le permite formar aleaciones con el aluminio, mismas que son ideales para la industria aeronáutica.3

Desde hace varios años, el litio ha sido utilizado en diversas ramas de la industria como para el tratamiento de la bipolaridad y la depresión, para la obtención de aluminio y grasas para lubricantes, o como elemento dentro de la generación de aire acondicionado, así como para la generación de caucho sintético. Sin embargo, el auge del litio se dio en el desarrollo de baterías de litio, las cuales son usadas dentro del área de telecomunicaciones por teléfonos, celulares, equipos electrónicos de trabajo, para los autos eléctricos y dispositivos recargables, celdas solares o para la generación de energía eólica.4

II. A nivel mundial, Bolivia es el país con mayores reservas de litio, ya que cuenta con 21 millones de toneladas, seguido de Argentina, 19.3 millones de toneladas; Chile, 9.6; Australia, 6.4; China, 5.1; Congo, 3; Canadá, 2.9; y Alemania, 2.7 millones de toneladas. En el caso de México, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, nuestro país se encuentra en el lugar número 9 con 1.7 millones de toneladas de reservas mineras de este material.5

No obstante, a pesar de contar con una cantidad media de este recurso natural, la extracción del lito en México es un gran reto tanto económico como técnico, debido a que se encuentra en yacimientos de arcilla, los cuales principalmente se ubican en el estado de Sonora.6

El litio contenido en yacimientos de arcilla apenas llega a tener una concentración de 0.001% por cada tonelada, esto es 100 veces menor a las concentraciones que se tienen en yacimientos salares, como los que se encuentran en Bolivia, Argentina y Chile, o hasta 5000 veces menor que en yacimientos de rocas sedimentarias, las cuales concentran 5 por ciento de litio por cada tonelada.7

En tal sentido, la baja concentración de litio en los yacimientos arcillosos de nuestro país genera que la extracción de este recurso mineral conlleve grandes cantidades de energía e inversión para obtener el volumen que lo haga económicamente viable.8

III. La extracción de litio concentrado en los yacimientos salares de Bolivia, Chile y Argentina ha traído consigo escasez de agua y daños a la salud en las zonas aledañas a las actividades mineras, ya que la producción de este mineral se lleva por medio de minas a cielo abierto, una de las técnicas más abrasivas para el medio ambiente.9

De acuerdo con la Secretaría de Economía, existen varios proyectos que se encuentran en la etapa de exploración, localizados en Baja California (proyecto de la estadounidense Pan American Lithium), Sonora-Chihuahua (de la británica Bacanora y la china Gangef), San Luis Potosí-Zacatecas (de la española Litiomex, filial de Sterling Mining).10

En el caso del yacimiento ubicado en Baja California, se encuentra constituido por una salmuera residual; el de San Luis Potosí-Zacatecas se constituye por material volcánico y rocas sedimentarias de origen natural representadas por la formación Conglomerado Rojo de Zacatecas, que se encuentra conformado por rocas volcánicas cementadas con calcita y arcilla que datan del Terciario, así como de depósitos lacustres, los cuales están constituidos por limos, arcillas, lentes de conglomerados y capas de sales; y el yacimiento de litio que se ubica en Sonora el cual está conformado por dos unidades importantes: la unidad de arcilla inferior, misma que consta de varias subunidades de material tobáceo intercaladas con capas de arcilla ricas en litio y la unidad de arcilla superior, constituida por varias subunidades de arcilla rítmicamente laminadas. Esta última unidad se encuentra cerca de la superficie, donde puede ser extraído por métodos a cielo abierto.11

En este sentido, la explotación de estos yacimientos por medio de métodos a cielo abierto generaría graves daños ambientales, ya que este tipo de técnica requiere dinamitar el área de extracción, así como el uso de químicos y millones de litros de agua, generando daños permanentes en la orografía, la biodiversidad y el bienestar de las comunidades aledañas a estas zonas de producción.12

Por otro lado, en Bolivia, la extracción de litio ha generado la reducción de la disponibilidad de agua, dejando a pobladores de zonas aledañas sin agua para sus necesidades básicas. De igual manera, tanto en Chile como en Argentina, dos de los principales productores de litio, enfrentan el mismo problema de presión hídrica, además de conflictos sociales similares.13

Ante esta situación resulta complejo cómo se estará resolviendo esta problemática en México, ya que los proyectos de extracción de litio implican el consumo de grandes cantidades de agua, así como el riesgo de contaminación por salinización de acuíferos, todo esto en zonas semidesérticas con recursos hídricos escasos, como en el caso de Sonora.14

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía para que haga público un informe detallado de la viabilidad económica de la extracción de litio de los principales yacimientos de México.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que haga público un informe detallado de los impactos ambientales que traería consigo la extracción de litio de los principales yacimientos de México.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que haga público un informe detallado del impacto en los recursos hídricos que traería consigo la extracción de litio de los principales yacimientos de México.

Notas

1 “Derecho minero”, Universidad Nacional Autónoma de México, 2021. Recuperado de:

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/639 3/16a.pdf

2 “Litio, elemento clave para las nuevas tecnologías”, Universidad Nacional Autónoma de México, 2019. Recuperado de:

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_869.html

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 “México, noveno país en reservas de litio, asegura informe en EU”. La Jornada, 2021. Recuperado de:

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/07/economia/mex ico-noveno-pais-en-reservas-de-litio-asegura-informe-en-eu/

6 “Le saldrá cara a México exclusividad en la explotación del litio”. Energía a Debate, 2021. Recuperado de: https://energiaadebate.com/le-saldra-cara-a-mexico-exclusividad-en-la-e xplotacion-del-litio/

7 Ibídem.

8 Ibídem.

9 “La explotación del litio acabó el agua de Bolivia. Le sigue México: compañías exploran ya 4 estados”, Biodiversidad en América Latina, 2020. Recuperado de:

https://www.biodiversidadla.org/Documentos/La-explotacion-del-litio-acabo-el-agua-de-Bolivia.
-Le-sigue-Mexico-companias-exploran-ya-4-estados

10 Ibídem.

11 “Litio”, Secretaría de Economía”, 2018. Recuperado de:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/419275/Perfil_Litio_2018__T_.pdf

12 “Nación Multicultural”, Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado de:

https://www.nacionmulticultural.unam.mx/

13 Ibídem.

14 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2022.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a distintas secretarías de Estado a tomar acciones respecto a las restricciones del gobierno de EUA a la flota pesquera mexicana en Playa Bagdad, Tamaulipas, a cargo del senador Raúl de Jesús Elenes Angulo, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Raúl de Jesús Elenes Angulo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en la fracción III del numeral 1 y el numeral 2 del artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, con el debido respeto somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En Tamaulipas, situado en el Golfo de México, las características geográficas que unen a la República Mexicana por mar y tierra con los Estados Unidos de Norteamérica confluyen en Playa Bagdad. Ahí se da un particular trasiego de embarcaciones pesqueras que ha generado desacuerdos.

La flota pesquera de Tamaulipas está compuesta por múltiples embarcaciones de altura y embarcaciones menores que desarrollan su actividad al amparo de permisos de pesca emitidos por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, en especial el Camarón y el Pargo Rojo.

También es de destacar que Playa Bagdad es un punto estratégico para las actividades ilegales ya que significa un cruce fácil a los Estados Unidos, así como de actividades pesqueras no documentadas.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) establecerá a partir del 7 de febrero de 2022 restricciones a las embarcaciones pesqueras mexicanas del Golfo de México para entrar en puertos de Estados Unidos, como resultado de la certificación negativa que la NOAA emitió en agosto de 2021 a las pesquerías mexicanas en el informe que presenta cada dos años al Congreso de los Estados Unidos. En dicho informe manifiestan que la captura ilegal reincidente de Pargo Rojo por parte de embarcaciones de pesca mexicanas provoca la muerte incidental de Tortugas Marinas.

En 2015 y 2017, el gobierno de Estados Unidos informó al gobierno de México sobre las actividades de pesca ilegal en Playa Bagdad, que pescadores mexicanos ilegales incursionaban en aguas de Estados Unidos y que las autoridades ignoraron la advertencia.

La NOAA aclaró que están dispuestos a restablecer los derechos a los pescadores mexicanos si el gobierno de México toma medidas en este asunto que esta focalizado en la zona de Playa Bagdad.

Las autoridades de Estados Unidos, a través de la Guardia Costera, han interceptado hasta la fecha 287 embarcaciones menores por sospecha de pesca ilegal. Estas acciones derivaron en 248 casos con evidencia de pesca no autorizada, cuyos expedientes fueron entregados al gobierno de México y en especial a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, misma que inició procedimientos administrativos contra los infractores.

Está claro que estas infracciones no han sido suficientes para detener esta actividad reclamada por Estados Unidos de América, ya que la Guardia Costera sigue reportando nuevos casos.

Ante este escenario, se ponen en desventaja a los pescadores legales mexicanos con estas medidas que repercuten directamente en su economía, ya que además de anularle sus derechos de libre tránsito en aguas internacionales, la flota pesquera mexicana del Golfo de México, en especial la flota de altamar, contratan en puertos estadounidenses labores de reparación, mantenimiento y avituallamiento de sus embarcaciones, así como la adquisición de combustibles.

El sector pesquero de Tamaulipas está integrado por 3 mil 343 embarcaciones menores distribuidas en su territorio costero y 191 embarcaciones mayores en sus principales puertos de Tampico y Altamira. Tienen como principales pesquerías la escama marina, escama de agua dulce, tiburón, jaiba, ostión, camarón de estero, langostino y camarón de altamar.

La producción pesquera de Tamaulipas se sostiene en las 270 mil 966 toneladas de peso vivo, con un valor de la producción de 8 mil 180 millones de pesos que dan un impulso a la economía del Estado y sustento económico a los pescadores de Tamaulipas.

La pesca ilegal no declarada y no reglamentada es un fenómeno social que afecta el medio ambiente, así como a las pesquerías, con la utilización de artes de pesca prohibidas, sin respetar cuotas de captura, sin dar información a la autoridad de los volúmenes de pesca, sin respetar las leyes en la materia como la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable y su reglamento, así como las normas oficiales mexicanas en materia de pesca.

Ante estos considerandos, me es a bien presentar el siguiente punto de acuerdo con exhorto a las siguientes instituciones competentes, en relación con la decisión del gobierno de Estados Unidos de América de prohibir que embarcaciones mexicanas de pesca arriben a puertos norteamericanos adyacentes a Playa Bagdad en Tamaulipas:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente exhorta a las Secretarías de Marina, y de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a que en el ámbito de sus atribuciones, tomen las medidas pertinentes para evitar la incursión de embarcaciones ilegales de aguas nacionales a las aguas de Estados Unidos de América en la frontera con Tamaulipas, en específico en Playa Bagdad.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través de la Embajada de México en Estados Unidos de América, en el marco de sus atribuciones, tome las acciones diplomáticas pertinentes para proteger el derecho al libre tránsito de las embarcaciones pesqueras mexicanas que de manera legal arriban a los puertos de Estados Unidos de América a realizar actividades relacionadas con la actividad pesquera en la zona adyacente a Playa Bagdad en Estados Unidos de América.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2022.

Senador Raúl de Jesús Elenes Angulo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y la Ssa a vacunar de manera urgente contra el SARS-Cov2 a menores de 15 años, suscrita por el diputado Eliseo Compeán Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Eliseo Compeán Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo y a la Secretaría de Salud federales a vacunar de manera urgente contra SARS-CoV-2 a niñas, niños y adolescentes menores de 15 años de edad, de acuerdo con las siguiente

Consideraciones

El número mundial de muertes de menores de cinco años alcanzó el nivel más bajo registrado al disminuir de los 12.5 millones de 1990 a 5.2 millones en 2019, según las nuevas estimaciones de mortalidad publicadas por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y el Grupo Banco Mundial.

Sin embargo, los estudios de UNICEF y la OMS revelan que, desde entonces, la pandemia de Covid-19 ha ocasionado importantes interrupciones en los servicios de salud que podrían echar por tierra décadas de avances conseguidos con mucho esfuerzo.

Como lo señala Henrietta Fore, directora ejecutiva de UNICEF: “La comunidad mundial ha avanzado tanto hacia la eliminación de las muertes infantiles prevenibles que no podemos permitir que la pandemia de Covid-19 nos frene”, afirmó “Los niños que no pueden acceder a los servicios de salud debido a la sobrecarga del sistema, o las mujeres que temen dar a luz en el hospital por miedo a infectarse, se convierten también en víctimas de la Covid-19. Si no se invierte cuanto antes en reanudar los sistemas y los servicios de salud que se han interrumpido, millones de niños menores de cinco años, y sobre todo los recién nacidos, podrían morir”.1

De acuerdo a lo que señala el estudio llevado a cabo por UNICEF en 77 países a lo largo del verano, reveló que en casi 68 por ciento de los países se notificó al menos alguna interrupción en los reconocimientos médicos de los niños y en los servicios de inmunización. Además, en 63 por ciento de los países se registraron interrupciones en los exámenes prenatales, un porcentaje que se situó en 59 por ciento en el caso de la atención posnatal.2

Por otra parte, un estudio reciente de la OMS3 basado en las respuestas de 105 países reveló que en 52 por ciento de los países se notificaron alteraciones en los servicios de la salud para los niños que padecían una enfermedad y 51 por ciento en los servicios de tratamiento de la malnutrición.

El primer caso pediátrico de Covid-19 fue reportado en Shenzhen, China, en enero de 2020 en un niño asintomático de 10 años. En febrero de ese año, con casi 45 mil casos confirmados por estudios de laboratorio, 2 por ciento correspondieron a menores de 19 años, pero esta proporción aumentó con el pico de la pandemia al incrementarse el número de pruebas realizadas, aunque estas se realizaron principalmente en la población adulta.4

La investigación creciente sobre la pandemia en curso de la Covid-19 parece mostrar que los niños pequeños son menos susceptibles (8). Aunque es mucho menos probable que el SARS-CoV-2 cause una enfermedad grave en los niños en comparación con los adultos, algunos sí enferman gravemente. Debido a la inmadurez de su sistema inmunológico, los niños también son susceptibles a la infección por SARS-CoV2. Aunque el número de casos pediátricos de Covid-19 confirmados es comparativamente menor que en los adultos, estos están mostrando una tendencia a aumentar significativamente a medida que continúa la pandemia.5

En el caso de México, para agosto de 2021 murieron 43 menores de edad, una cifra 50 por ciento inferior a la de julio de 2020, cuando se registró el mayor número de niños muertos a causa de la nueva enfermedad de coronavirus. En lo que va de pandemia, han muerto 758 menores, 43 de ellos murieron a causa de la nueva enfermedad de coronavirus en agosto de 2021, el mes con el mayor número de contagios registrados entre la población total: 504 mil 158 casos.

La cifra de contagios entre menores en agosto también fue la mayor de toda la pandemia 32 mil 159 casos.

El mes con el mayor número de decesos de menores de edad a causa del Covid-19 fue julio de 2020, cuando se registraron 86 defunciones, de acuerdo con los datos reportados por la Secretaría de Salud.

Hay que considerar que esta cifra no es la total, pues deja fuera los casos ocurridos y no informados a través del sistema de salud pública.

El volumen de decesos varía dependiendo el rango de edad de los menores: en lo que va de pandemia, han muerto 407 niños de 0 a 5 años; 112 de 6 a 11 años, y 239 de 12 a 17 años y hasta 2021 los casos acumulados de contagios entre la población menor de edad eran de 156 mil 990.

Aunque la evidencia indica que niños, niñas y adolescentes no son el mayor grupo de riesgo ante el coronavirus y que serían menos susceptibles a la infección por SARS-CoV-2 y además transmiten con menos frecuencia el virus que los adultos. Y que cuando adquieren la infección, son por lo general asintomáticos y, cuando enferman, suelen tener enfermedad leve”, informa la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Hasta ahora, casi la única preocupación han sido las consecuencias negativas del confinamiento y, por lo mismo, tratar de que regresen a clases, requisito también para que muchos padres puedan trabajar. Pero, al revisar la situación de algunos países latinoamericanos que publican datos de contagios y muertes por edad, se descubren cifras preocupantes.

Por lo que confiar en que los niños y jóvenes no van a enfermar y a convertirse en un factor de contagio importante es muy peligroso, ya que la mayoría de los estudios sobre esta enfermedad se han enfocado en los adultos y por ello faltan datos sobre cómo se comporta el Covid-19 en los menores. No contar con información suficiente no necesariamente significa que no existan problemas. Ya que a falta de pruebas en los niños puede dar una imagen falsa de que ellos no participan en el problema. Por el contrario, hay evidencia de que algunos niños presentan infecciones asintomáticas que facilitan la evasión y dispersión del virus.

Pese a que han aumentado el contagio y muertes de menores de edad por Covid-19, uno de los asuntos más actuales y polémicos que se discuten en los sistemas de salud de diferentes países del mundo y en México es el relacionado con la vacunación de niños y jóvenes. Mientras algunos países han iniciado campañas de vacunación anti-Covid-19 para ellos, otros sopesan las opciones.6

Algunos se preguntan si es justo vacunar a los niños y jóvenes o si vacunarlos pudiera parecer un “privilegio”, ya que en ellos el cuadro clínico es mucho menos severo que en los adultos, este último argumento se está desmoronando con la variable Delta, que ha mostrado ser mucho más agresiva que las anteriores para los niños y jóvenes.

Hasta ahora las vacunas parecen ser seguras en adolescentes y la preocupación por el uso de valiosas vacunas para inocular a los niños, cuando las poblaciones más vulnerables de todo el mundo todavía luchan por asegurarse los suministros, fue compartida en mayo por el mismo director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien dijo que los países más ricos que están vacunando a los niños lo están haciendo a expensas de los trabajadores de la salud y los grupos de alto riesgo en otros países. Pero hay que considerar que esa declaración fue en mayo, antes de que se acumularan evidencias del comportamiento de la variable Delta sobre la población pediátrica.

Por otro lado, la participación de niños y jóvenes como fuente de contagio a sus familiares, el denominado Covid-19 domiciliario, es un factor que debe tomarse muy en cuenta. Aunque en comparación con los adultos, los pacientes pediátricos con Covid-19 no suelen llegar a desarrollar un curso grave de la enfermedad y complicaciones inducidas por virus, la transmisión del virus desde niños asintomáticos hacia los adultos y los ancianos representan una amenaza para toda la población y más ahora con la nueva variante llamada Ómicron que se considera más fácil de transmitir.

Países como el nuestro, en donde por sus estructuras familiares los niños y adolescentes a menudo tienen contacto frecuente con sus abuelos, la vacunación de los adolescentes puede dar como resultado una reducción de la transmisión a las personas mayores vulnerables. Los datos muestran que los niños y, en particular los adolescentes, pueden desempeñar un papel importante en la transmisión del coronavirus. Se estima que la transmisión domiciliaria en la variante Delta es 60 por ciento mayor comparada con la Alfa, que ya era mucho más transmisible que la versión original del virus, qué nos podemos esperar con la variante Ómicron.

Dada la incertidumbre en torno a los efectos sobre la salud a largo plazo de la infección por SARS-CoV-2, es imprudente dejar que el virus circule en niños con el consiguiente riesgo para sus familias. Debemos estar conscientes de que la esperanza de lograr la inmunidad colectiva a través de la inmunización ha disminuido, por lo que los países deben hacer lo mejor que puedan para mantener baja la transmisión, ya que sólo se necesita una población mal vacunada para generar nuevas variantes globales más peligrosas.

De acuerdo a publicado en el diario El Imparcial de Tijuana, Baja California, es el segundo estado fronterizo con más muertes de menores de edad por Covid-19 con 58, después de Nuevo León, que registra más muertes de menores con 60, en rango de edad de 0 a 17 años, según datos del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), quienes también señalan que ha muerto mil 21 menores que se contagiaron y algunos que tenían alguna comorbilidad.

En la cuarta ola de Covid-19, las últimas cifras sobre los contagios y fallecimiento de niñas, niños y adolescentes por Covid-19 en nuestro país, señalan que del 31 de diciembre de 2021 al 9 de enero de 2022, se detectaron mil 470 nuevos contagios en menores de edad, lo que significa que 163 niños se infectaron en promedio cada 24 horas, es decir un menor cada 9 minutos es contagiado, desde el inicio de la pandemia el virus ha contagiado a 84 mil 447 menores y han fallecido 823 menores de edad en lo que va de la pandemia.

El mayor número de contagios persiste entre menores de 12 a 17 años con 48 mil 54 menores hasta el 9 de enero y le siguen los 20 mil 586 contagios entre niños de 6 a 11 años, y finalmente los menores con rangos de edad de 0 a 5 años con 15 mil 87 contagios y en cuanto a fallecimientos el mayor número se concentra entre niños de 5 años con 432 defunciones y en segundo lugar en muertes son el grupo de menores de edad de entre 12 y 17 años con un total de 278 defunciones y finalmente la muertes de 113 menores de edad entre los 6 a 11 años. Lo que significan cifras lamentables.

México Evalúa y el Tecnológico de Monterrey, sacaron un mapa de cómo se ha ido vacunando a los menores de edad en el mundo, y es importante señalar que de los países que vacunan quien más tarde empieza a vacunar a menores de 15 años de edad es México, pero en casos especiales como son que tengan morbilidad y le sigue Brasil con los menores de 12 años.

Fuente: https://www.mexicoevalua.org/criterios-de-vacunacion-contra-covid-19-para-menores-de-edad-alrededor-del-mundo/

La postura de México sobre la vacunación de adolescentes discrepa con la de la gran mayoría de países de América Latina, que en algunos casos incluso ya están inmunizando a niños más pequeños.

El último en sumarse fue Nicaragua, que comenzó a vacunar niños de entre 2 y 17 años con las vacunas cubanas Abdala y Soberana. Perú, por su parte, anunció también que iniciaría la inmunización de personas a partir de los 12 años.

Para el doctor Malaquías López, vocero de la Comisión Covid-19 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),7 cree que la razón principal para vacunar a los menores no es sólo protegerlos y que el gobierno mexicano no entiende el motivo real, ya que señala que:

“La razón de hacerlo es para romper la circulación del virus. Es imposible llegar a 90 por ciento de personas con inmunidad, que es lo que necesitamos, si no se les vacuna. De lo contrario, el virus puede seguir replicándose e incluso surgir nuevas cepas que echarían por tierra toda la inmunidad acumulada”.

Es importante considerar que la vacunación es una medida de prevención significativa y fundamental para proteger a los menores de edad.

Por motivos ya sean políticos, económicos o por falta de conocimiento, no podemos permitir que más niños menores de 15 años no estén recibiendo la vacuna, si las cifras de casos con menores contagiados con Covid-19 y todas sus variantes ha ido incrementando, al igual que el número de decesos y se convierten en un alto factor de transmisión.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario a consideración de esta soberanía, con el siguiente resolutivo

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo y a la Secretaría de Salud federales a vacunar de manera urgente contra SARS-CoV-2 a niñas, niños y adolescentes menores de 15 años de edad.

Notas

1 https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/covid19-podria-anular-deca das-progresos-poner-fin-muertes-infantiles-prevenibles

2 https://data.unicef.org/resources/rapid-situation-tracking-covid-19-soc ioeconomic-impacts-data-viz/

3 https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-EHS_continuity-su rvey-2020.1

4 Zheng B, Wang H, Yu C. An increasing public health burden arising from children infected with SARS-CoV2: a systematic review and meta-analysis. Pediatr Pulmonol 2020.

5 Idem.

6 Ledford H., Should children get COVID vaccines? What the science says. Nature. 2021;595(7869):638-9.

7 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-59073835

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2022.

Diputado Eliseo Compeán Fernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia ante el Senado de la secretaria de Energía y el director general de la CFE para explicar claramente las razones de la “reforma eléctrica” impulsada por el gobierno federal, suscrita por el senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 30 de septiembre pasado, el Ejecutivo federal mandó a la Cámara de Diputados su propuesta de iniciativa para reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma eléctrica.

Desde ese momento, la Cámara de Diputados ha iniciado un proceso de deliberación y discusión amplio y abierto que debe continuar y fortalecerse en el Senado de la República.

Por lo anterior, es menester que los titulares de los ramos incumbentes a la reforma, comparezcan ante las y los senadores para que, de cara a la sociedad mexicana, se explique cuáles son los posibles beneficios o perjuicios que trae consigo una modificación constitucional de esta magnitud.

La sociedad en general tiene derecho a saber las razones del gobierno federal para proponer un cambio constitucional, en especial, si dicho cambio pudiera significar una disminución o incremento en el costo de la energía eléctrica.

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita la comparecencia, ante el pleno del Senado de la República, de la secretaria Energía, así como del director general de la Comisión Federal de Electricidad, para que expliquen claramente las razones de la llamada reforma eléctrica que está impulsando el gobierno federal, así como los beneficios o perjuicios, que dicha reforma provocaría a las familias mexicanas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2022.

Senador Manuel Añorve Baños (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Profeco y la SE a verificar que no se realicen prácticas abusivas en la comercialización de las pruebas de Covid-19 e impulsar acciones para establecer un precio máximo, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas y diputados, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura, con fundamento en lo señalado en el artículo 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de motivos

De acuerdo con el Johns Hopkins, del Coronavirus Resource Center, la pandemia de Covid-19 ha ocasionado en el mundo hasta el momento más de 307 millones de casos positivos confirmados y más de 5 millones 400 mil lamentables decesos generados por esta enfermedad.1

En nuestro país, según la misma casa de estudios, se han registrado más de 4 millones de casos y más de 300 mil decesos oficiales.2 Sin embargo, de acuerdo con el propio gobierno federal, el exceso de mortalidad desde que inició la pandemia en nuestro país puede estimarse en más de 646 mil decesos. Dicho de otro modo, más del doble de las muertes contabilizadas como oficiales.3

Desde inicios de la pandemia, en marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) exhortó a todos los países a intensificar los programas de detección de casos de Covid-19, a fin de disminuir el impacto de la pandemia mediante el rompimiento de cadenas de contagio.4 Específicamente, la Organización Mundial de la Salud solicitó que se haga una prueba a cada caso sospechoso de Covid-19.

En este sentido, las pruebas de Covid-19 son fundamentales para un diagnóstico y un tratamiento oportuno. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la pandemia de Covid-19 ha generado consecuencias directas en la resistencia a los antimicrobianos y “ha contribuido en particular al incremento de esta problemática a nivel global”.5 De igual forma, el doctor José Millán Oñate, infectólogo, expresidente de la Asociación Colombiana de Infectología (ACIN), expresó que muchas personas comenzaron a “utilizar antibióticos como una panacea para el tratamiento de la infección por Covid-19 (que no es de origen bacteriano sino viral) y otros más, por instinto de supervivencia, se automedicaron queriendo proteger su salud, con los riesgos que en la realidad esto implica”.6

Dicho de otro modo, el uso indiscriminado de antibióticos en casos de infecciones virales y no bacterianas, tal como lo es el Covid-19, ha contribuido de manera importante a la resistencia a antimicrobianos puesto que las bacterias se vuelven cada vez más resistentes a los antibióticos. Por ello, resulta preciso que ante casos sospechosos de Covid-19 se realicen pruebas de Covid-19 a fin de que exista un diagnóstico claro y, en consecuencia, un tratamiento acorde a este padecimiento.

Ahora bien, pese a la existencia de algunos esfuerzos de los tres órdenes de gobierno para incrementar el número de pruebas de Covid-19, estos aún resultan claramente insuficientes. Tal es el caso de la clínica 31 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Iztapalapa, en la Ciudad de México, en la cual sólo se otorgan 70 fichas para pruebas de Covid-19. Esta situación ha generado que familiares de las personas con síntomas estén formados desde la madrugada o incluso desde la noche del día anterior.7

De igual forma, el director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México refirió el pasado 9 de enero que “si en este momento tenemos algún síntoma respiratorio, asumamos que es Covid-19, vamos a nuestra casa, nos quedamos 7 días aislados y con eso no es necesario tener una prueba en caso de tener síntomas respiratorios”.8 Sin embargo, esta recomendación no sólo contraviene la política de pruebas sugerida por la Organización Mundial de la Salud, sino que también, contribuye a que haya autodiagnósticos, así como un uso indiscriminado de antibióticos, lo que a su vez incrementa la resistencia a los antimicrobianos.

Récord de incapacidades en el trabajo: IMSS

Ahora bien, de acuerdo con el director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mauricio Hernández, en las primeras dos semanas de 2022 se registró un incremento del 460 por ciento en las incapacidades temporales para el trabajo. Esta situación coincide con el incremento de casos de Covid-19 registrados en México por la variante Ómicron. Según Hernández, la segunda semana del año comenzó con poco más de 92 mil incapacidades, lo que representa el pico más alto durante toda la pandemia de Covid-19.9

En este sentido, las pruebas no sólo resultan ser una necesidad para un diagnóstico oportuno, sino que también, lo son para la vida laboral. Lo anterior en virtud de que muchos empleadores han solicitado la prueba positiva de Covid-19 a las y los trabajadores para que estos puedan ausentarse de sus labores o, en su defecto, prueba negativa, para poder regresar a los mismos. Sin embargo, Zoé Robledo, director del IMSS, aclaró que el solicitar pruebas a trabajadores no es legal.

Regulación precios máximos pruebas Covid-19 en España

El Ministerio de Sanidad de España anunció que la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos fijó el precio máximo de €2.94 para los test de antígenos para el autodiagnóstico de Covid-19. La medida fue publicada el 15 de enero de 2022 en el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor el día 16 de enero.

Esta determinación fue tomada ante la inminente alza de contagios de Covid-19 generados por la variante Ómicron,10 y luego de que asociaciones de consumidores y personas expertas hayan acusado el notorio incremento en el costo de las pruebas de antígenos dado que éstas pasaron de costar 3 o 4 euros en el verano pasado a costar 10 o 15 euros este invierno. Asimismo, organizaciones de la sociedad civil exhortaron a no especular económicamente con la salud de las personas.11

Se estima que tan sólo en diciembre de 2022 se vendieron más de 21 millones de pruebas de antígenos en España y esto generó un gasto de más de 108 millones de euros para las y los españoles.12

La medida de limitar los precios de las pruebas de antígenos para Covid-19 fue respaldada por el Consejo General de Farmacéuticos y la Federación de Distribuidores, Fedimar, incluso pese a que “el precio fijado conllevará a que la mayoría de las farmacias dispensen en este momento los test por debajo del precio de adquisición” y aplaudieron la determinación del Ministerio de Sanidad dado que éste haya “apostado por el valor profesional.”13

Marco Jurídico

Ahora bien, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de toda persona a la protección de la salud. Textualmente dicha disposición constitucional establece lo siguiente:

“Artículo 4. (...)

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud . La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

(...)”14

Por su parte, el artículo 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que algunos de los principios básicos en las relaciones de consumo son la protección de la vida y la salud de las y los consumidores. A la letra dicho artículo establece lo siguiente:

“Artículo 1.- (...)

Son principios básicos en las relaciones de consumo:

I. La protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra los riesgos provocados por productos, prácticas en el abastecimiento de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos;

(...)“15

De igual manera, el artículo 8 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que la Procuraduría Federal del Consumidor deberá de verificar que se respeten los precios máximos establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia Económica. A la letra dicho artículo establece lo siguiente:

“Artículo 8.- La Procuraduría verificara? que se respeten los precios máximos establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, así como los precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por otras disposiciones sean determinados por las autoridades competentes.

Los proveedores están obligados a respetar el precio máximo y las tarifas establecidas conforme al párrafo anterior.”16

En este tenor, la Ley Federal de Competencia Económica en su artículo 8 señala que la Secretaría de Economía posee la facultad de fijar los precios de los bienes cuando no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado que se trate. Asimismo, se establece que la Secretaría de Economía posee la facultad de concertar y coordinar con los productores o distribuidores las acciones o modalidades que sean necesarias en esta materia, procurando minimizar los efectos sobre la competencia y la libre concurrencia. Textualmente el artículo 9 de dicha ley establece lo siguiente:

“Artículo 9. Para la imposición, en los términos del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de precios máximos a los bienes y servicios que sean necesarios para la economía nacional o el consumo popular, se estará a lo siguiente:

I. Corresponde exclusivamente al Ejecutivo federal determinar mediante decreto los bienes y servicios que podrán sujetarse a precios máximos, siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante de que se trate. La Comisión determinara? mediante declaratoria si no hay condiciones de competencia efectiva.

II. La Secretaría, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias o entidades y previa opinión de la Comisión, fijara? los precios que correspondan a los bienes y servicios determinados conforme a la fracción anterior, con base en criterios que eviten la insuficiencia en el abasto.

La Secretaría podrá concertar y coordinar con los productores o distribuidores las acciones o modalidades que sean necesarias en esta materia, procurando minimizar los efectos sobre la competencia y la libre concurrencia.

La Procuraduría, bajo la coordinación de la Secretaría, será responsable de la inspección, vigilancia y sanción, respecto de los precios que se determinen conforme a este artículo, de acuerdo con lo que dispone la Ley Federal de Protección al Consumidor.”17

Luego entonces, considerando el alto costo de las pruebas para detectar Covid-19 en México en comparación con otros países; el alto número de casos de Covid-19 en nuestro país derivados de la prevalencia de la variante Ómicron; y la imperante necesidad de evitar un diagnósticos erróneos a fin de combatir el uso indiscriminado de antibióticos, y por ende, que se genere resistencia a los antimicrobianos, resulta necesario que tanto la Secretaría de Economía impulse las acciones necesarias a fin de establecer un precio máximo a las pruebas de Covid-19 en nuestro país. Asimismo, resulta necesario que la Procuraduría Federal del Consumidor verifique que no se realicen prácticas comerciales abusivas dentro de la comercialización de pruebas de Covid-19.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar las acciones pertinentes a fin de verificar que no se realicen prácticas comerciales abusivas dentro de la comercialización de las pruebas de detección de Covid-19, a fin de preservar el derecho a la protección a la salud consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Economía a realizar las acciones pertinentes a fin de establecer un precio máximo para las pruebas de detección de Covid-19, a fin preservar el derecho a la protección a la salud consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Notas

1 Johns Hopkins, University of Medicine Coronavirus Resource Center. (2022). COVID-19 Dashboard. Johns Hopkins, University of Medicine Coronavirus Resource Center. Recuperado de:

<https://coronavirus.jhu.edu/map.html>

2 Ídem.

3 Gobierno de México. (2022). Exceso de mortalidad en México. Gobierno de México. Recuperado de:

<https://coronavirus.gob.mx/exceso-de-mortalidad-en-m exico/>

4 France 24. (2020). “Pruebas, pruebas”, pide la OMS para cada caso sospechoso de coronavirus. France 24. Recuperado de:

<??https://www.france24.com/es/20200317-pruebas-pide- oms-casos-sospechosos-coronavirus-covid19>

5 Organización Mundial de la Salud. (2021). El impacto de la Covid-19 en la resistencia antimicrobiana. Organización Mundial de la Salud. Recuperado de: <https://www.paho.org/es/noticias/17-11-2021-impacto-covid-19-resist encia-antimicrobiana>

6 Ídem.

7 Alfaro, L. (2022). Personas con síntomas de Covid esperan afuera de clínica del IMSS para hacerse test. Milenio. Recuperado de: <https://www.milenio.com/politica/gente-sintomas-covid-espera-afuera -clinica-imss>

8 LatinUs. (2022). Si hay síntomas de Covid, “hay que asumirse como positivo sin aplicarse prueba y aislarse”, dice gobierno de la CDMX. LatinUS. Recuperado de:

<https://latinus.us/2022/01/09/si-hay-sintomas-de-cov id-hay-que-asumirse-como-positivo-sin-aplicarse-prueba-y-aislarse-dice- gobierno-de-la-cdmx/>

9 Aristegui Noticias. (2022). IMSS registra récord de incapacidades temporales para el trabajo. Aristegui Noticias. Recuperado de: <https://aristeguinoticias.com/1301/mexico/imss-registra-record-de-s olicitudes-de-incapacidades-temporales-para-el-trabajo/?utm_source=aimt ell&utm_medium=push&utm_campaign=campaign-2091>

10 Redacción 24 horas. (2022). Covid-19: España fija precio tope a pruebas antígeno en 2.94 euros. 24 Horas. Recuperado de: <https://www.24-horas.mx/2022/01/13/covi-19-espana-fija-precio-tope- a-pruebas-antigeno-en-2-94-euros/>

11 Marín, P. (2022). El gobierno fija en 2.94 euros el precio máximo de los test de antígenos. El Periódico. Recuperado de: <https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220113/precio-maximo-anti genos-espana-13090110>

12 Ídem.

13 Ídem.

14 Cámara de Diputados. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. Recuperado de: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

15 Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. (1992). Ley Federal de Protección al Consumidor. Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Recuperado de: <https://www.profeco.gob.mx/juridico/pdf/l_lfpc_ultimo_camdip.pdf>

16 Ídem.

17 Cámara de Diputados. (2021). Ley Federal de Competencia Económica. Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2022.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob y la CNDH a implantar acciones y mecanismos de protección en materia de derechos humanos, suscrita por la diputada Inés Parra Juárez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Inés Parra Juárez, del Grupo Parlamentario de Morena de la Cámara de Diputados, en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En escrito de queja con fecha y hora de recepción: 12/12/2021 22:14 hrs. Y con folio: 2021/11396, el periodista Alfredo Gris Cruz declaró ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos que la alcaldesa de Benito Juárez, Quintana Roo, lo ha amenazado de muerte en distintas ocasiones, lo anterior derivado de la publicación de un reportaje en el que se le involucra con el crimen organizado. Ha recibido a su teléfono personal amenazas provenientes de un numero con lada de Cancún, por lo que el periodista ha denunciado penalmente de manera unipersonal; el periodista ha recibido ataques en redes sociales desde perfiles falsos de los llamados “bots”, a través de una campaña de linchamiento en su contra de desestimación.

El periodista Alfredo Griz publicó hace tres años una investigación en la que fuentes cercanas a la alcaldesa Mara Lezama (quien acaba de reelegirse en el puesto) aseguraban que aceptaba fuertes cantidades de dinero a cambio de brindar protección policiaca y legal a un cártel del crimen organizado.

Asimismo, el Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos denunció las amenazas de muerte contra el periodista Alfredo Griz, del medio cancunense AQN Noticias, relacionadas con su labor periodística. De acuerdo con el colectivo, en los últimos días Alfredo Griz ha revelado en sus trabajos de investigación presuntos vínculos de la alcaldesa Mara Lezama con células delictivas que operan en zonas turísticas hoteleras, lo que provocó persecución contra el comunicador, quien al verse en peligro tuvo necesidad de desplazarse de su lugar natal.

Al tenor de lo anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su artículo 6o, que: La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

Asimismo, el artículo artículo 7o. de nuestra Carta Magna manifiesta que: Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito

Notas periodísticas relacionadas.

• https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/11/27/denuncian-amenaz as-contra-periodista-que-revelo-presuntos-vinculos-entre-alcaldesa-el-n arco-276557.html

• https://www.revistazocalo.com/periodista-recibe-amenazas-de-alcaldesa-d e-benito-juarez-cancun/

• https://www.etcetera.com.mx/nacional/periodista-alfredo-griz-amenazas-a lcaldesa-cancun/

• https://liberalmetropolitanomx.com/2021/11/29/amenazan-a-periodista-por -revelaciones-entre-alcaldesa-de-cancun-y-crimen-organizado/

• https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Recibe-amenazas-periodista-por -revelar-presuntos-nexos-entre-gobierno-de-Cancun-y-el-narco-20211128-0 151.html

• https://laotraopinion.com.mx/denuncian-amenazas-de-muerte-contra-period ista-que-revelo-nexos-entre-alcaldesa-morenista-y-el-narco/

• https://www.grillonautas.mx/denuncian-amenazas-contra-periodista-que-re velo-vinculos-entre-alcaldesa-mara-lezama-y-el-c-o/

• https://www.losangelespress.org/periodista-denuncia-amenazas-de-alcalde sa-de-cancun-por-revelar-corrupcion-y-vinculos-con-el-crimen-organizado /

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el siguiente Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución.

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob federal, la incorporación inmediata del ciudadano Alfredo Gris Cruz al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que implemente de manera urgente el Protocolo de Actuación para la Protección de los Derechos de las Personas que Ejercen el Periodismo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2022.

Diputada Inés Parra Juárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a remitir a esta soberanía un informe con la estimación de emisiones de metano que generan las presas de todo el país y todos los impactos ambientales asociados a la generación de energía en centrales hidroeléctricas, suscrita por el diputado Enrique Godínez del Río, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Enrique Godínez del Río, diputado por el estado de Michoacán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado por el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a remitir un informe a esta soberanía con la estimación de emisiones de metano que generan las presas de todo el país y todos los impactos ambientales asociados a la generación de energía en centrales hidroeléctricas y a publicar lineamientos para las obras de modernización y construcción de nuevas centrales hidroeléctricas y a la Secretaría de Energía a dar instrucciones a la Comisión Federal de Electricidad de buscar alternativas más amigables con el ambiente para cumplir con la meta de generación de energía limpia, lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

La construcción de centrales hidroeléctricas alrededor del mundo ha ido resurgiendo en los últimos años por la falsa premisa de que producen energía limpia, cuando la realidad es que los estudios científicos lo contradicen.

Las presas tropicales y la energía hidroeléctrica son actores infravalorados en el calentamiento global, incluso el mito de la hidroelectricidad libre de carbono estaba integrado en el protocolo de Kyoto como “Mecanismo de desarrollo limpio”.

Esto es un claro ejemplo del llamado “green washing ”. Hace creer que esta forma de generación es amigable con el ambiente, mientras que presas y embalses han inundado y desplazado comunidades, destruido ríos y perpetrado abusos masivos a los derechos humanos en todo el planeta justificando ser una fuente de energía limpia.1

Los ríos de las regiones tropicales están siendo embalsados con presas hidroeléctricas cuya energía es publicitada como vital para el desarrollo económico de estas regiones. En Brasil, por ejemplo, las centrales hidroeléctricas (algunas localizadas en el Amazonas) producen aproximadamente 75 por ciento de la energía del país.2

Bajo esta creencia, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha declarado en los últimos meses que la gran apuesta de su gobierno, a través de la Comisión Federal de Electricidad para cumplir con sus compromisos ambientales es la energía hidroeléctrica por ser “la más barata y limpia”.

No obstante, esa tecnología es tres veces más cara que la solar y la eólica, y cada vez se considera menos limpia por sus emisiones de metano, su impacto sobre los ecosistemas y su dependencia de un recurso que puede ser escaso por largas temporadas: el agua.3

Algunos de los principales retos y barreras para desarrollar el potencial hidroeléctrico son4 :

1. Baja competitividad frente a las nuevas tecnologías (eólica y solar) debido a los bajos precios y los tiempos de ejecución menores.

2. Nivel bajo de ingresos por capacidad instalada.

3. Bajo diferencial en precios de generación de base y de punta considerados en subastas.

4. Incertidumbre en los precios futuros de comercialización de la energía.

5. Inversión mayor por megavatio (MW) en comparación con otras tecnologías.

A pesar de estas barreras, el plan de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es construir nuevas presas, ya que la modernización de las hidroeléctricas actuales no es suficiente para cubrir la demanda de generación eléctrica. Su generación es en promedio de 9 por ciento del total de la demanda, de 16 por ciento cuando hay lluvias intensas de forma extraordinaria y sólo 4 por ciento en época de sequía.

El presupuesto destinado a estas obras ascenderá a 20 mil millones de pesos para rehabilitar nueve centrales y construir tres nuevas en presas que ya existen. Es un costo muy elevado para los beneficios que se pueden obtener: tan sólo 0.6 por ciento de la generación del país.5 Recordemos que la meta de generación para 2024 es de 35 por ciento de energías limpias, y, además, la generación en estas centrales no es realmente libre de emisiones.

El impacto socio-ambiental de las centrales hidroeléctricas

En los aspectos socio-ambientales, desde la sustentabilidad y el desarrollo regional, los retos identificados son6 :

1. Efectos medioambientales adversos.

2. Percepción negativa y rechazo social a proyectos por parte de algunos sectores.

3. Altas expectativas de las comunidades para subsanar subdesarrollo y falta de servicios.

4. Usos y costumbres en el manejo del agua.

5. Imposición de limitaciones a la disponibilidad del recurso hídrico aguas arriba por el compromiso con las centrales de generación.

Si bien las plantas hidroeléctricas no emiten contaminantes criterio (aquellos que dañan la salud) como lo hacen las centrales que usan combustibles fósiles, sí contribuyen al cambio climático por la emisión de gases de efecto invernadero durante su ciclo de vida, por lo que es necesario valorar si sus impactos totales no son realmente mayores que el beneficio por no generar emisiones durante la producción de energía.

De acuerdo con la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), al momento de la construcción de una central hidroeléctrica, se deforestan grandes extensiones de territorio para crear los embalses, liberando el carbono almacenado en el suelo y la cobertura vegetal. Por ende, se afectan los ecosistemas y las poblaciones humanas al desviar el cauce del cuerpo de agua.

La construcción de represas hidroeléctricas es causa de la extinción de especies al fragmentar sus hábitats. Como ejemplo, un estudio que analizó los efectos a largo plazo de la edificación de una represa en Brasil, y comprobó que desde su construcción se ha extinguido 70 por ciento de especies de vertebrados medianos y grandes, incluyendo mamíferos, aves y tortugas.7 Nuestro país, al igual que Brasil, es un país megadiverso, por lo que podemos asumir que tenemos efectos similares, pero se carece de investigación para contar con datos propios.

Además, la retención de agua en presas produce que el ganado tenga problemas al tratar de buscar fuentes de abastecimiento de agua, pues no hay en los ríos y arroyos como antes de la construcción de la presa.8

Pero estos no son los únicos impactos negativos. La materia orgánica que queda en las presas entra en un estado de descomposición que genera emisiones de metano, un gas de efecto invernadero con potencial de calentamiento entre 28 y 24 veces mayor al del dióxido de carbono.9

El metano se produce al fondo de los embalses, donde el oxígeno es escaso, y las bacterias descomponen el material orgánico (árboles, pastos) que está ahí o llega acarreado por cursos de agua. Parte del metano se convierte en CO2; el resto se libera desde la superficie como burbujas. Las altas emisiones de metano están vinculadas a la cantidad de materia orgánica. Las algas proliferan en represas situadas corriente abajo, que reciben más nutrientes como nitrógeno o fósforo y producen más metano.

Analizando estudios de más de 250 presas (un cuarto del área global ocupada) e incorporando el fenómeno de las burbujas, los investigadores encontraron que las represas emiten más metano que los lagos y humedales.10

Philip Fearnside, profesor de investigación en el Instituto Nacional para la Investigación en el Amazonas, en Manaus, Brasil, y uno de los científicos más citados en el tema del cambio climático, ha llamado a estas presas “fábricas de metano”.11

Además, de acuerdo al Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil, las represas son “la mayor fuente antropogénica de metano, siendo responsable por 23 por ciento de todas las emisiones de metano generadas por actividades humanas”.12

Los datos preliminares del proyecto Hydrocarb, desarrollado para evaluar las huellas reales de los gases de efecto invernadero de los embalses tropicales, indican que, aunque los sedimentos retenidos pueden servir como sumideros de carbono, en ningún caso pueden compensar las grandes cantidades liberadas de metano.13

A pesar de esto, dentro del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, las presas se ubican dentro del sector Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, en la subcategoría 3B4: Humedales, pero no se reportan las emisiones de metano.

Esta categoría comprende la tierra cubierta o saturada por agua durante la totalidad o parte del año (p. ej., turbera) que no entra en las categorías de tierras forestales, tierras agrícolas, pastizales o asentamientos. Esta categoría puede subdividirse en gestionados y no gestionados, según las definiciones nacionales. Comprende embalses como subdivisión gestionada y ríos y lagos naturales como subdivisiones no gestionadas (IPCC, 2006). Para la categoría de humedales se consideraron tres subcategorías: acuícolas, presas y cuerpos naturales de agua.14

Por otra parte, están los impactos sociales. La construcción de presas tiene una historia de oposición y violación de derechos humamos en las comunidades que se ven afectadas por la retención del agua.

Por si fuera poco, desde hace varios años el cambio climático ha hecho y seguirá haciendo más frecuentes y prolongados los periodos de sequía, así como las inundaciones. Son de conocimiento público los desastres “naturales” que han ocurrido por la falta de agua y por el desbordamiento de las presas.

En conclusión, la energía hidroeléctrica no es una opción atractiva en términos de impactos sociales, climáticos y ambientales.

Las centrales hidroeléctricas en la legislación

El artículo 88 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente señala que para el aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos, corresponde al Estado y a la sociedad la protección de los ecosistemas acuáticos y del equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico y para mantener la integridad y el equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico, se deberá considerar la protección de suelos y áreas boscosas y selváticas y el mantenimiento de caudales básicos de las corrientes de agua, y la capacidad de recarga de los acuíferos.

Además, señala que la preservación y el aprovechamiento sustentable del agua, así como de los ecosistemas acuáticos es responsabilidad de sus usuarios, así como de quienes realicen obras o actividades que afecten dichos recursos.

El artículo 78 de la Ley de Aguas Nacionales establece que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con base en la evaluación del impacto ambiental, los planes generales sobre aprovechamiento de los recursos hídricos del país y la programación hídrica a que se refiere la ley, cuando existan volúmenes de agua disponibles otorgará el título de concesión de agua a favor de la Comisión Federal de Electricidad, en el cual se determinará el volumen destinado a la generación de energía eléctrica y enfriamiento de plantas, así como las causas por las cuales podrá terminar la concesión.

La Ley de Transición Energética define en su artículo tercero a las energías renovables como:

“Aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza, procesos o materiales susceptibles de ser transformados en energía aprovechable por el ser humano, que se regeneran naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma continua o periódica, y que al ser generadas no liberan emisiones contaminantes”.

La ley considera el movimiento del agua en cauces naturales o en aquellos artificiales con embalses ya existentes, con sistemas de generación de capacidad menor o igual a 30 MW o una densidad de potencia, definida como la relación entre capacidad de generación y superficie del embalse, superior a 10 watts/m2 como energía renovable. Esta definición estaría dejando fuera a las presas nuevas, las “no existentes”.

La Ley de la Industria Eléctrica define a las energías limpias como:

“Aquellas fuentes de energía y procesos de generación de electricidad cuyas emisiones o residuos, cuando los haya, no rebasen los umbrales establecidos en las disposiciones reglamentarias que para tal efecto se expidan” y considera la energía proveniente de centrales hidroeléctricas como energía limpia.

La construcción de presas obedece a los intereses económicos y políticos de las sociedades. Responde a lo que los gobiernos quieren, pero no a las necesidades de la naturaleza. No es ningún secreto que las obras civiles son el mejor negocio y que frecuentemente, sino es que siempre, el costo final es mucho mayor al presupuestado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a remitir un informe a esta soberanía en un plazo de 15 días hábiles con la estimación de emisiones de metano que generan las presas de todo el país y todos los impactos ambientales asociados a la generación de energía en centrales hidroeléctricas.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a publicar lineamientos para las obras de modernización y construcción de nuevas centrales hidroeléctricas.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Energía a dar instrucciones a la Comisión Federal de Electricidad de buscar alternativas más amigables con el ambiente para cumplir con la meta de participación de energía limpia.

Notas

1 https://waterkeeper.org/magazines/summer-2015-3/la-bomba-de-metano-de-l as-hidroelectricas-de-la-que-nadie-quiere-hablar/

2 https://cordis.europa.eu/article/id/418240-tropical-dams-an-underestima ted-source-of-greenhouse-gas-emissions/es

3 https://elpais.com/mexico/2021-11-16/la-energia-hidroelectrica-la-cuest ionada-apuesta-verde-de-mexico.html

4 Bases para un Centro Mexicano en Innovación de Energía Hidroeléctrica, CEMIE-Hidro

1era Parte: Infraestructura Hidroeléctrica Actual

https://www.imta.gob.mx/biblioteca/libros/Potencial-Hidr oelectrico-Mexico-1era-Parte.pdf

5 Ídem

6 Bases para un Centro Mexicano en Innovación de Energía Hidroeléctrica, CEMIE-Hidro

1era Parte: Infraestructura Hidroeléctrica Actual

7 Represas hidroeléctricas propician extinción de especies

https://www.scidev.net/america-latina/news/represas-hidr oelectricas-propician-extincion-de-especies/

8 https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2007/contribuyen-presas-a-e mision-de-gas-metano.html

9 Las emisiones globales de metano y oportunidades de mitigación

https://www.globalmethane.org/documents/GMI_Mitigation-F actsheet_Spanish.pdf

10 https://www.scidev.net/america-latina/news/represas-hidroelectricas-con tribuyen-al-cambio-climatico/

11 La bomba de metano de las hidroeléctricas de la que nadie quiere hablar

https://waterkeeper.org/magazines/summer-2015-3/la-bomba -de-metano-de-las-hidroelectricas-de-la-que-nadie-quiere-hablar/

12 Ídem

13 Presas tropicales: una fuente infravalorada de emisiones de gases de efecto invernadero

https://cordis.europa.eu/article/id/418240-tropical-dams -an-underestimated-source-of-greenhouse-gas-emissions/es

14 https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/NationalReports/Docume nts/85321794_Mexico-NC6-BUR2-1-NIR_INEGYCEI%201990%20a%202015%20A.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2022.

Diputado Enrique Godínez del Río (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de NL a garantizar en la sustanciación de sus procesos legislativos el principio de paridad total, derechos de la mujer a una vida libre de violencia política y los derechos político-electorales ciudadanos, suscrita por la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Marcela Guerra Castillo, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del Estado de Nuevo León para que, en la substanciación de sus procesos legislativos, garantice la materialización del principio de paridad total, derechos de la mujer a una vida libre de violencia política y los derechos político-electorales de las y los ciudadanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La paridad de género se refiere a una participación y representación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de poder y de toma de decisiones en todas las esferas de la vida (política, económica y social). Es importante resaltar que funge como un indicador para medir la calidad democrática de todos los países.1

Desde la reforma constitucional de junio de 2014, la paridad de género es un principio que se refiere a la participación equilibrada, justa, y legal, que asegura que al igual que los hombres, las mujeres en toda su diversidad tengan una participación y representación igualitaria en la vida democrática de nuestro país.

Sin embargo, fue hasta la reforma constitucional de junio del año 2019 que se aprobaron reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incorporar la Paridad Total .

Este avance, constituye un logro sin precedentes que permitió a las mujeres participar equilibradamente en todos los cargos públicos y puestos de mando y toma de decisiones del país, lo cual claramente impacta en aspectos políticos, económicos y sociales de la vida de las y los ciudadanos. Asimismo, permite ser un referente nacional e internacional de democracia en México.

Con la reforma constitucional de mérito, especialistas, colectivos de mujeres, legisladoras y ex legisladores coinciden en que es un avance transcendental hacia la consolidación de una verdadera democracia representativa, participativa e incluyente, pues implicó un momento histórico que colocó nuevos horizontes para las mujeres mexicanas, al establecer que la mitad de los cargos de decisión sean para las mujeres en los tres órdenes de gobierno, en los organismos autónomos, en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular; así como, en la elección de representantes en los municipios con población indígena. La primera vez que fue implementada esta reglamentación fue en el proceso electoral de 2014-2015; así, constituyó una medida permanente que logró la inclusión de mujeres en los espacios de decisión pública.

Para el Instituto Nacional Electoral (INE), las cuotas de género son un concepto fundamental para la vida política y democrática de nuestro país, ya que buscan la paridad política entre los géneros. Con estas cuotas se pretende producir un cambio de cultural para evitar el predominio de un solo género en la esfera política.2 No obstante, para lograr esto se requirió de un cambio cultural y actitudinal, tanto en la ciudadanía en general como en las instituciones, a todos los niveles.

Surgieron como una medida en el ámbito nacional e internacional para encontrar un equilibrio en la participación de mujeres y hombres en los órganos de toma de decisiones.

Las mujeres hemos obtenido importantes logros que nos han permitido demostrar con hechos que tenemos la preparación y las capacidades necesarias para participar en todos los ámbitos y tomar voz en la solución de los grandes desafíos que México enfrenta.3

Sin embargo, aún existen múltiples factores que fungen como resistencia a la participación de las mujeres en los puestos de elección popular, o bien, en los cargos que implican toma de decisiones en nuestro país; particularmente, pensamientos arraigados en la sociedad mexicana, derivados de una herencia ideológica machista y patriarcal, en la que persisten roles y estereotipos discriminatorios que se convierten en violencia política contra las mujeres por razón de género.

Consecuentemente, desde este Poder Legislativo y como representantes de la población, en todas sus formas de diversidad, y particularmente de las mujeres, debemos impulsar y desarrollar todas aquellas acciones afirmativas y mecanismos que permitan una real y eficaz igualdad de género, ya sea desde la aprobación de reformas constitucionales y legales; así como, en la implementación de políticas públicas que permitan que las mujeres puedan participar en la toma de decisiones sin ningún tipo de discriminación ni violencia.

Una vez precisado lo anterior, es importante hacer notar los siguientes antecedentes en la materia:

• El 6 de junio de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad entre géneros.

• El transitorio cuarto del decreto estableció que las legislaturas de los estados debían realizar las reformas correspondientes para procurar la observancia del principio de paridad de género.

• Posteriormente, el 13 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación otro decreto por el que se reformaron y adicionaron distintos artículos en diversas leyes generales, a fin de establecer reglas para combatir la violencia política de género en contra de las mujeres.

• Pese al mandato constitucional y legal, el Congreso de Nuevo León no realizó las reformas que permitieran armonizar su legislación en materia de paridad y violencia política en razón de género en el ámbito electoral; por ello, el 5 de agosto de 2020, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al resolver el expediente SUP-JRC-14/2020, determinó que se actualizaba una omisión legislativa.

• La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León (CEENL) para que emitiera acciones afirmativas como pudieran ser lineamientos o normas de carácter reglamentario, a fin de materializar los derechos de paridad, derechos de la mujer a una vida libre de violencia política y derechos político-electorales.

• Ante dicha determinación, el 23 de febrero de 2021, el Comisión Estatal Electoral de Nuevo León (CEENL) emitió los lineamientos para garantizar la paridad de género en las elecciones de diputaciones locales y ayuntamientos para el proceso electoral 2020-2021.

Problemática

El 15 de diciembre de 2021, se presentó al interior de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Nuevo León un proyecto de dictamen por el que se pretende armonizar la Constitución y la legislación local con los mandatos de la Constitución federal y de las leyes generales; sin embargo, diversas organizaciones civiles, colectivos, ciudadanas, legisladoras y ex legisladoras rechazaron las reformas constitucionales y legales pues aseguran que atentan contra la paridad total en la elección de candidaturas para ayuntamientos.

Se argumenta que el proyecto de dictamen prevé que los partidos políticos y coaliciones cumplan con la paridad de forma vertical, horizontal y transversal en la postulación para los ayuntamientos. Pero, establece reglas más laxas que las emitidas en los Lineamientos de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León (CEENL).

Lo anterior, ya que si bien establece la postulación de 50 por ciento de candidatas mujeres, no se determinan requisitos para asegurar que contiendan en municipios competitivos.

El problema, acusan las agraviadas, es que los partidos políticos postulan mujeres en municipios donde tiene pocas oportunidades de ganar la elección, o bien, en municipios poco competitivos.

Bajo esas acusaciones, la suscrita considera que en todo proceso electoral deben estar garantizados los principios constitucionales de paridad; así como, los derechos político-electorales de las mujeres, con el fin de que nuestro país consolide una verdadera democracia incluyente, plural e igualitaria.

Por ello, es necesario hacer referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, de entre los cuales se destaca aquel enfocado en asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. Ya que empoderar a las mujeres y promover la igualdad de género es fundamental para acelerar el desarrollo sostenible.

Lo anterior, cobra especial relevancia, ya que aunque hay más mujeres que nunca en el mercado laboral todavía hay grandes desigualdades en algunas regiones, y sistemáticamente a las mujeres se les niegan los mismos derechos laborales que tienen los hombres, particularmente tratándose de cargos de elección popular o puestos de mando y decisión.

La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres deben posicionarse en el centro de nuestros esfuerzos para acelerar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al potenciar directamente a las mujeres y al incorporar una perspectiva de género en todos los trabajos de desarrollo, podemos construir un futuro más equitativo y sostenible para todos.4

En esa virtud, el Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, prevé que la igualdad de género no sólo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible.5

Como se mencionó en líneas anteriores, en México se han logrado avances considerables en esta materia; tan es así que ya hay más mujeres en cargos de elección popular y en posiciones con nivel de mando y decisión, gracias a legislación que fomenta la paridad de género. Sin embargo, a pesar de estos logros, todavía existen muchas dificultades: las leyes y las normas sociales discriminatorias continúan siendo generalizadas, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas a todos los niveles de liderazgo político.

Por todo lo anteriormente expuesto, se analizaron los lineamientos emitidos por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León (CEENL), y se advirtió que en ellos se contempla que los partidos políticos deben registrar 50 por ciento de la totalidad de postulaciones que realicen de candidaturas a las presidencias municipales con géneros distintos. Salvo que se trate de un número impar, en cuyo caso, la candidatura excedente será para el género femenino. Así, para garantizar la regla establecida en el párrafo anterior, los partidos políticos y coaliciones deben observar las reglas siguientes:

I. Bloques Poblacionales. Se dividirán los 51 municipios del estado en 3 bloques poblacionales conforme al número de regidurías que les corresponda de acuerdo con la tabla siguiente:

II. Sub-bloques de competitividad electoral. Se dividirá cada bloque generado con motivo de la fracción I, en 3 sub bloques de la forma siguiente: porcentajes de votación alta; porcentajes de votación media; y, porcentajes de votación baja.

Esta división se realizará para cada partido político de la forma siguiente:

a. Los porcentajes de votación se obtendrán conforme a los resultados de la votación obtenida por el proceso electoral inmediato anterior, y se enlistarán dentro de cada bloque poblacional en porcentajes de mayor a menor.

b. En aquellos municipios en los que el partido político no haya postulado candidaturas en la elección inmediata anterior, se enlistarán al final del bloque que corresponda considerando de mayor a menor el número de población conforme al último censo poblacional emitido por autoridad competente.

En el caso de las coaliciones, se considerará la votación del partido que presente el mayor número de candidaturas en la elección de ayuntamientos para dicha coalición.

III. Principios para garantizar la paridad. Los partidos políticos deben garantizar la paridad de género en cada bloque poblacional y sub bloques de competitividad electoral, bajo los siguientes principios:

a. Prelación. Los partidos políticos deberán iniciar la asignación correspondiente en el bloque de mayor población, y así sucesivamente hasta agotar los bloques siguientes.

b. Competitividad. Los bloques poblacionales se dividirán en sub bloques de competitividad alta, media y baja.

c. Transversalidad. Las postulaciones deberán de garantizar la paridad de género en cada bloque y sub bloque, evitando que las mujeres conformen de manera mayoritaria el sub bloque de más baja competitividad; y en este último caso, procurando la alternancia de género en el resto de los sub bloques con baja competitividad.

d. Paridad sustantiva. La totalidad de las postulaciones deberán tener 50 por ciento para cada género, salvo que la suma de la totalidad de las postulaciones resulte impar, en este supuesto la candidatura excedente se deberá asignar al género femenino.

IV. Coaliciones. Las candidaturas que registren individualmente como partido, no serán acumulables a las de la coalición para cumplir el principio de paridad, y consecuentemente, las que registren como coalición, no serán acumulables a las que registren individualmente como partido político.

En el caso de una coalición parcial los partidos políticos que integren la coalición deberán cumplir con la paridad en la coalición, así como de forma individual en aquellos municipios no coaligados, conforme a las reglas de las fracciones I, II, III y IV.

V. Partidos políticos de nueva creación. Deberán cumplir con la paridad transversal únicamente en términos de la división de bloques poblaciones señalada en la fracción I del presente artículo.

En ningún caso, la totalidad de postulaciones dentro de los 3 bloques poblacionales deberá tener más de 50 por ciento a favor de un solo género, salvo que la suma de la totalidad de las postulaciones resulte impar, en cuyo caso, la candidatura excedente se deberá asignar al género femenino.

Los partidos políticos que hayan conservado únicamente su registro local de la elección anterior, solamente para garantizar la paridad de género, deberá sujetarse a lo previsto en las fracciones I, II y III.

Una vez apuntado lo anterior, es claro para la suscrita que la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León (CEENL), por mandato judicial, tuvo que adentrarse al estudio y determinó, en el marco de sus atribuciones, la forma en que se implementaría la paridad de género en la Ley Electoral local; sin embargo, corresponde al Congreso de Nuevo León analizar, discutir, proponer y aprobar las reformas constitucionales y legales que estime pertinentes para acatar sus obligaciones legislativas.

En esa virtud, sin prejuzgar en el fondo del asunto, como legisladora federal hago un llamado a la unidad y a la pluralidad, respecto de que la legislación local debe atender irremediablemente al orden constitucional federal y a las legislaciones generales; por lo que, con pleno respeto a la autonomía de las entidades federativas, se exhorta al Congreso local a garantizar el principio de paridad total, derechos de la mujer a una vida libre de violencia política y los derechos político- electorales de las y los ciudadanos, dentro de la sustanciación de los procesos legislativos que desarrolle, en pleno uso de su autonomía y facultades constitucionales y conforme a su normatividad interna.

Que quede muy claro, es el Congreso del Estado de Nuevo León quien, con plena autonomía constitucional, debe analizar, discutir y aprobar las reformas pretendidas bajo las normas internas que rigen sus actuaciones, pero siempre bajo el más estricto apego a la Carta Magna y a las leyes generales aprobadas por el honorable Congreso de la Unión.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, elevo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la autonomía de las entidades federativas, exhorta al Congreso del Estado de Nuevo León para que, en el desarrollo y deliberación de sus procesos legislativos, garantice el principio de paridad total, derechos de la mujer a una vida libre de violencia política y los derechos político-electorales de las y los ciudadanos, en estricto apego a la Constitución federal y a las leyes generales.

Notas

1 Gráfico de una balanza equilibrada, por una parte con el peso de una mujer y del otro lado por un hombre ¿Qué es la paridad de género?, Instituto Nacional de las Mujeres, 21 de septiembre de 2020. Ubicable en la siguiente liga electrónica:

https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/la-paridad-de-gen ero-un-asunto-de-igualdad-y-de-justicia?idiom=es

2 Paridad de Género. Participar y votar en igualdad. Instituto Nacional Electoral. Ubicable en la siguiente liga electrónica: https://igualdad.ine.mx/paridad/ Consultado el 12 de enero de 2022.

3 Gráfico de una balanza equilibrada, por una parte con el peso de una mujer y del otro lado por un hombre ¿Qué es la paridad de género?, Instituto Nacional de las Mujeres, 21 de septiembre de 2020. Ubicable en la siguiente liga electrónica:

https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/la-paridad-de-gen ero-un-asunto-de-igualdad-y-de-justicia?idiom=es Consultado el 12 de enero de 2022.

4 Objetivo 5: Igualdad de género, Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ubicable en la siguiente liga electrónica: https://www.sdgfund.org/es/objetivo-5-igualdad-de- g%C3%A9nero Consultada el día 13 de enero de 2022.

5 La Agenda para el Desarrollo Sostenible, Organización de las Naciones Unidas, ubicable en la siguiente liga electrónica: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/ Consultada el día 13 de enero de 2022.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2022.

Diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de BCS a legislar sobre reconversión productiva acuícola, según las modificaciones propuestas respecto a la Ley de Desarrollo Rural y Sustentable local, suscrita por el senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Ricardo Velázquez Meza, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta a asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Actualmente, a escala mundial atravesamos un problema ambiental que nos afecta a todos los habitantes, ya que si bien, existen zonas en las cuales las medidas protectoras del medio ambiente son más estrictas y por ende las emisiones son menores, también existen otras ubicaciones en donde el problema no se atiende, por lo que en estas últimas zonas, les emisiones son mayores y afectan la calidad climática de las regiones aledañas, así como la flora y fauna de éstas.

Hoy, en México hay 23 grupos de especies endémicas,1 las cuales son de particular riesgo por la gran dificultad de encontrar condiciones óptimas para su reproducción. Por ello, la cantidad total de especies de estos grupos es muy reducido por el impacto ambiental del hombre, que hace reducir aún más el ecosistema apto para tales.

Según la Semarnat, ocho especies endémicas mexicanas sobresalen entre las demás por su valor cultural y biológico, además de su amenaza de extinción. Dos de ellas se encuentran en los mares de la península de Baja California Sur: la vaquita marina y la totoaba.

La vaquita marina es una especie oriunda de las costas de Baja California Sur, o el Mar de Cortés. Pertenece a las marsopas, y sus parientes cercanos se encuentran principalmente en países como Japón, Irán, Estados Unidos, México, Uruguay y Perú.

Estas especies son: la marsopa común, la espinosa, la de anteojos, la de Dall, la marsopa sin aleta y la del Golfo, que es la vaquita. Ésta es la más pequeña de todas, ya que en su edad adulta sólo mide 120 o 150 centímetros, y su peso es de 55 kilogramos.2 Suele ser confundida con el delfín, tal vez porque a primera vista son muy parecidos y comparten el mismo hábitat; sin embargo, ella no es sociable e intenta evitar la interacción con la especie humana.

La vaquita tiene un color gris oscuro en el dorso y gris más claro en la región ventral, como seña particular, alrededor de los ojos y del hocico, tiene manchas negras semejantes a anillos, además de unas líneas que van hacia cada uno de sus costados, casi a la mitad de su cuerpo, en el lomo, sobresale una aleta, grande, triangular, con la punta ligeramente redondeada. También, a cada lado del cuerpo, tiene una aleta que termina en punta: son sus aletas pectorales que, en combinación con su cola, parecida a la de un pez, le sirven para impulsarse al nadar.

La vaquita, al igual que los delfines y las ballenas, pasa toda su vida en el mar, pero sale a respirar a la superficie cada tres o cuatro minutos y luego vuelve a sumergirse.3 En esos momentos suele ser más vulnerable de las grandes redes pesqueras o las acciones depredadoras por parte del hombre.

Lo último es de especial atención, ya que el lado occidental de México, como la Sierra Madre, la planicie costera del Pacífico, el Mar de Cortés y la cuenca de Balsas, pertenecen a un área específica donde hay alta concentración endémica del país, y al ser una región sumamente interrelacionada, si se afecta esta, se pone en riesgo la futura estabilidad ecosistémica de México, por lo que las actividades pesquera industriales y artesanales, deben mantener un enfoque compatible con el ambiente.

Particularmente en Baja California Sur, el primer ingreso para la ciudadanía se debe a los servicios ofrecidos a turistas nacionales y extranjeros primordialmente, y de ahí se derivan otras actividades que dependen de los recursos naturales ofrecidos en la zona, como la minería, la extracción de sal, la agricultura y la pesca.

En esta última categoría es necesario prestar atención en la legislación local que atiende el tema, ya que es urgente implementar estrategias y programas a nivel región, para que apoyen en la mejora de prácticas comerciales de agricultura ,pesca y acuicultura, las cuales, en algunos casos se realizan pasando por alto las normas y regulaciones vigentes o suelen emplearse métodos poco sustentables que ponen en riesgo el equilibrio del ecosistema y generan efectos secundarios, como la elevación de la temperatura del mar, la generación de mayor cantidad de fenómenos hidrometeorológicos, la pérdida de flora y fauna, y una mayor contaminación de las aguas continentales.

La región marítima que comprende el Mar de Cortes es una de las zonas de mayor diversidad a nivel mundial, alojando gran cantidad de especies, entre las que destacan mamíferos, reptiles y aves, siendo algunas endémicas. Algunas de ellas están catalogas en peligro de extinción haciendo inminente el peligro de su desaparición, al ser poco posible la repoblación de las mismas en un corto periodo de tiempo, en donde la tasa de mortalidad de las mismas es mayor a la tasa de reproducción.

Baja California Sur ocupa el quinto lugar nacional en el número de plantas dedicadas a la transformación de las especies y productos pesqueros por proceso, de las cuales 26 corresponden a congelado, 10 a plantas de enlatado, 2 de reducción y 8 a otros procesos, que suman 46.4 Sin embargo, en cuanto al total de la capacidad instalada, interpretada como el volumen máximo de producto que puede procesar una planta industrial pesquera, medido en toneladas por hora, el estado ocupa el tercer lugar nacional, con 122.10 toneladas por hora.

Mencionado lo anterior, se vuelve necesario una estrategia particular para la región del Mar de Cortés, donde de se promuevan los modelos de reconversión productiva, los cuales se conciben como un proceso de transformación tecnológica, sociocultural y económica, que va más allá del tránsito de un sistema productivo a otro, pues implica la transformación integral de los ecosistemas convencionales, la organización de las unidades de producción de los pequeños productores y el desarrollo de mercados ligados a los diversos productos que la biodiversidad ofrece, estando dirigidos hacia pequeñas unidades de producción diversificadas, ubicadas en sitios con importantes recursos biológicos.

Actualmente, distintos grupos buscan plantear e incentivar las buenas prácticas en razón de evitar la captura de especies de las que no se obtiene un beneficio y de las que están protegidas por las regulaciones en materia.

Hay ciertos programas de reconversión productiva de origen marítimo, si bien son reducidos en comparación con los programas agrícolas, son de igual manera de gran impacto positivo y aporte a la innovación en las actividades del sector primario. Fortaleciendo así, los proyectos productivos con asistencia técnica y capacitación, consolidándolos desde sus bases.

De esta manera, teniendo en cuenta los problemas mencionados y la necesidad de actuar, debido a evitar mayores problemas medioambientales a futuro, los cuales reduzcan las especies de la zona y por consecuente las actividades dependientes de los recursos naturales de la región, me permito exponer la siguiente propuesta de modificación a la Ley de Desarrollo Rural y Sustentable del Estado de Baja California Sur, para que, el Congreso de la entidad valore la propuesta y, por consiguiente, legisle en razón de ésta.

Por lo anterior someto a consideración de esta asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Congreso de Baja California Sur a legislar en materia de reconversión productiva acuícola, teniendo en cuenta las modificaciones propuestas para la Ley de Desarrollo Rural y Sustentable de la entidad.

Notas

1 Especies endémicas en México. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobierno, gob.mx (www.gob.mx).

2 Instituto Ilce,

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/index.php?clave=vaquita&pag=3#:~text=
Como%20en%20toda%20cadena%20alimenticia,o%20la%20orca%2C%20entre%20otros

3 Ibídem, página 2.

4 Ibídem, página 7.

Sede de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2022.

Senador Ricardo Velázquez Meza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGJEM a investigar la posible comisión de conductas que la ley señala como delito atribuible a la ex alcaldesa de Texcoco por retener un porcentaje del salario de los trabajadores del ayuntamiento y del Sistema DIF, suscrita por el diputado Guillermo Octavio Huerta Ling, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Guillermo Octavio Huerta Ling, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60, todos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo con el tenor de las siguientes

Consideraciones

Es del conocimiento público que en días anteriores el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en lo sucesivo el “Tribunal Electoral”) determinó por unanimidad de votos en el expediente SUP/RAP-403/2021, imponer una sanción al Partido Morena por haber omitido el reporte de ingresos en los años 2014 y 2015, en dónde se utilizaron esquemas de financiamiento paralelo para apoyar las actividades políticas del partido, mediante la retención de un porcentaje del salario de los trabajadores del municipio de Texcoco y del Sistema del Desarrollo Integral para la Familia (en lo sucesivo “DIF”) de ese municipio, por un monto acreditado de 2 millones 264 mil 612 pesos.

Dicho expediente tuvo lugar tras la denuncia que el Partido Acción Nacional presentó en contra de la exalcaldesa del municipio de Texcoco, Delfina Gómez Álvarez, quien actualmente ejerce el cargo de secretaria de Educación Pública del gobierno federal.

Dicha denuncia fue interpuesta ante el Instituto Nacional Electoral (en lo sucesivo el “INE”), quien a través de su consejo general resolvió dentro del expediente INE/CG1499/2021, que efectivamente se acreditaba la infracción en materia de fiscalización por parte del Partido Morena.

Finalmente, el tribunal electoral resolvió que efectivamente existe una obligación por parte de los partidos políticos de reportar todos los ingresos que obtengan, así como su fuente y destino, por lo que Morena incumplió dicha responsabilidad al omitir registrar los ingresos provenientes de las retenciones a los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco y al Sistema DIF. Así, su omisión sí le generó un beneficio al Partido Morena que no reportó al INE, lo que fue un actuar ilícito.

Teniendo lo anterior como consecuencia que el Partido Morena fuera sancionado de manera económica.

Ahora bien, es de llamar la atención que la conducta en la que incurrió la exalcaldesa del municipio de Texcoco, hoy funcionaria federal, se encuentra tipificada dentro del Código Penal para el Estado de México, específicamente en el Libro Segundo, Título Primero Delitos contra el Estado, Subtitulo Segundo Delitos contra la Administración Pública, Capítulo X Abuso de Autoridad, en el cual se establece claramente lo siguiente:

Artículo 137. Comete el delito de abuso de autoridad con contenido patrimonial , el servidor público que utilice el cargo o la función que desempeñe para obtener la entrega de fondos , valores o cualquiera otra cosa que no le haya sido confiada, para aprovecharse o disponer de ella en su favor o de alguna otra persona o que obtenga , bajo cualquier pretexto, para sí o para un tercero , parte de los sueldos de un subalterno , dádivas u otros servicios indebidos.

Al que cometa este delito, se le impondrán las siguientes sanciones:

I. De uno a tres años de prisión y de treinta a trescientos días multa, destitución e inhabilitación de dos a seis años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, cuando la cantidad o el valor de lo obtenido no exceda del equivalente de noventa veces el salario mínimo diario general vigente en la zona económica donde se cometa el delito, o no sea cuantificable; y

II. De tres a ocho años de prisión , de quinientos a un mil días multa, destitución e inhabilitación de seis a dieciséis años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos cuando la cantidad o el valor de lo obtenido exceda de noventa veces el salario mínimo diario general vigente en la zona económica donde se cometa el delito.

Lo que deja claro que existe un delito cometido por la exalcaldesa de Texcoco, al que deberá de responder en torno a las consecuencias y responsabilidad que en derecho correspondan.

Lo anterior, toda vez que han sido comprobadas por parte de las autoridades electorales las retenciones que ésta realizó a los trabajadores del municipio de Texcoco y del Sistema DIF, aprovechando su cargo y posición de jerarquía.

Es por lo expuesto y en el entendido que el posible acto delictivo aún no ha prescrito, que de la manera más atenta exhorto a la Fiscalía General del Estado De México , a que investigue de manera rigurosa la posible comisión de un delito, tipificado en la legislación penal del Estado de México, por parte de la ciudadana Delfina Gómez Álvarez.

Asimismo, en términos de lo establecido por el artículo 148 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, solicitó se le dé vista a los siguientes órganos gubernamentales locales, a fin de que determinen si existe aún responsabilidad administrativa en términos de la Ley de Responsabilidad Administrativa del Estado de México y Municipios:

I. Congreso del Estado de México; y

II. Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México

Para mayor ilustración a continuación se transcribe el artículo citado, el cual pertenece al Capítulo XIV De las Dependencias del Poder Legislativo , del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, el cual establece:

Artículo 148. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, se regirá por lo dispuesto en su ley y su reglamento interior.

Lo que no deja duda alguna que dichos entes gubernamentales deben de tener conocimiento sobre la posible comisión de faltas administrativas, aún a pesar de la posible responsabilidad penal que pudiese enfrentar la ciudadana Delfina Gómez Álvarez.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración de esta honorable Comisión Permanente, con los siguientes resolutivos

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a fin de que investigue la posible comisión de conductas que la ley señala como delito atribuible a la ex alcaldesa de Texcoco, Delfina Gómez Álvarez, al retener un porcentaje del salario de los trabajadores del municipio de Texcoco y del Sistema DIF, para ser destinados a las actividades ordinarias del Partido Morena

Segundo. Se informe de manera expedita a esta Comisión Permanente y posteriormente a la honorable Cámara de Diputados, sobre las acciones que realice la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, tendientes a la investigación y probable sanción derivada de la posible conducta delictiva por parte de la ciudadana Delfina Gómez Álvarez.

Tercero. Exhortar al Congreso del Estado de México y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, a efecto de que se pronuncien sobre la posible comisión de faltas administrativas por parte de la ciudadana Delfina Gómez Álvarez.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2022.

Diputado Guillermo Octavio Huerta Ling (rúbrica)