Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno y la Fiscalía de Jalisco a desarrollar e implantar estrategias y políticas públicas conducentes a resolver de forma expedita el aumento de feminicidios y su impunidad en el estado, suscrita por la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Laura Imelda Pérez Segura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los demás relativos y aplicables, somete a consideración del pleno de esta Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Introducción

Actualmente, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública,1 se reporta que, en el transcurso del año 2021, 2 mil 540 mujeres han sido víctimas de homicidio doloso en el país; de las cuales, 887 casos han sido catalogados como presuntos feminicidios.2 Tal y como pueden apreciarse en los siguientes elementos descriptivos:

a) En materia de homicidios dolosos

Fuente: SESNSP-CNI con información reportada por las Procuradurías o Fiscalías de las 32 entidades federativas.

b) En materia de feminicidios

Fuente: SESNSP-CNI con información reportada por las Procuradurías o Fiscalías de las 32 entidades federativas.

Esto representa un aumento del 2.54 por ciento del total acumulado del mismo periodo inmediato anterior, donde se reportaron de enero a noviembre de 2020, un total de 865 casos de presuntas víctimas de feminicidio.

Mientras que en su acumulado histórico representa un incremento aún más significativo. Pues de 2015 a 2020, de forma anual, los homicidios dolosos contra la mujer han aumentado en un 61.01 por ciento, mientras que los feminicidios, un 130.33 por ciento. Cifras que solo demuestran que la violencia contra la mujer, que atenta contra su vida, ha crecido de manera alarmante.

Sin embargo, es de resaltar que este tipo de delitos se encuentran principalmente focalizados en 7 de las entidades federativas del país, quienes concentran el 51.86 por ciento total de casos de feminicidios, con un total de 460 casos, de los 887 registrados.3

Fuente: SESNSP-CNI con información reportada por las Procuradurías o Fiscalías de las 32 entidades federativas

Lo anterior deja al estado de Jalisco ocupando el tercer lugar dentro de estas entidades federativas, concentrando 64 casos en el transcurso del año, equivalente al 7.21 por ciento nacional. Es decir, que por cada 100 mujeres víctimas de feminicidio, 7 tienen su suceso en la entidad.4

II. Incidencia delictiva contra las mujeres que atentan contra la vida en el estado de Jalisco

Como se ha señalado con anterioridad, el estado de Jalisco ocupa el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a casos de feminicidio, con un 7.21 por ciento del total agregado por entidad federativa, registrando 64 casos.

Las estadísticas, a su vez, demuestran que es desde la entrada de la actual administración del Gobierno del Estado, que el número de casos en materia de feminicidio ha aumentado drásticamente con relación a las cifras de años anteriores, presentando así, una tendencia al alza.

El aumento ha sido importante, ya que, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en 2020 se presentaron 70 víctimas de feminicidio, un incremento del 112.12 por ciento, en comparación con los 33 casos registrados entre 2018.5

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Fiscalía del Estado de Jalisco

Si se analiza el periodo comprendido entre diciembre de 2020 y noviembre del 2021 (periodicidad anual), se presentaron 79 víctimas de feminicidio, es decir, un alza del 19.69 por ciento en comparación con los 66 casos registrados, entre diciembre del 2019 y noviembre de 2020.

Por otra parte, si se compara lo registrado de diciembre de 2020 a noviembre de 2021 contra el registro del último año de la anterior administración del estado (diciembre 2017 a noviembre de 2018) donde se contabilizaron solamente 34 víctimas, existe un alza del 132.35 por ciento.

III. Jalisco: Alta incidencia entre municipios con más feminicidios en México

La violencia contra las mujeres en el estado de Jalisco es un gran reto de política social, problemática que ha incrementado de manera significativa durante los últimos años.

De acuerdo con la lista presentada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de los 100 municipios con más incidencia en materia de feminicidios, 5 se encuentran dentro de Jalisco, tres de ellos dentro de los primeros 10 municipios con alta incidencia. Como se puede observar en la siguiente tabla:

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga son el tercero y cuarto municipio, respectivamente, con mayor incidencia de delitos por feminicidio, con 14 y 13 casos cada uno en 2021. Casi triplicando la tasa media nacional por cada 100 mil mujeres, que es del 1.35; mientras que en estos municipios es del 3.90 y 3.91 respectivamente.

IV. Impunidad en homicidio doloso y feminicidio en el estado de Jalisco

A la seguridad y falta de políticas públicas que protejan y garanticen una vida libre de violencia a las mujeres, así como la incidencia y crecimiento de feminicidios en el estado de Jalisco; también se le agrega un componente de violencia estructural: el de la impunidad.

La impunidad que se ha presentado en Jalisco durante los últimos tres años solamente expresa que las estrategias necesarias para mejorar las capacidades de investigación y garantizar a las víctimas el derecho a la justicia, carecen de resultados.

Lo anterior descrito encuentra su fundamento en el informe “Impunidad en homicidio doloso y feminicidio en México: Reporte 2020”, donde se establece que Jalisco presenta una impunidad en el delito de feminicidio del 86.7 por ciento durante el año de 2019. Es decir, que, de cada 10 feminicidios presentados en la entidad, solo 1 se castiga, mientras que 9 quedan impunes. Siendo así, el tercer estado con mayor impunidad en todo el país.6

V. Violencia institucional por parte del estado de Jalisco

Es en este contexto, ante la falta de políticas públicas integrales y de estrategías que logren reducir el número de feminicidios, la violencia contra la mujer y la impunidad se configura como una violencia institucional hacia las víctimas por parte del Estado.

Es de destacar el boletín número 115/21, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, emitido el 23 de noviembre del año pasado, donde el organismo reconoció que la Fiscalía Estatal de Jalisco cometió violencia institucional directamente contra una mujer víctima de tentativa de feminicidio y sus tres hijos menores de edad.

Además, en el caso mencionado, la Fiscaía Estatal de Jalisco “incurrió en graves omisiones y faltas a la debida diligencia reforzada, lo que generó impunidad, continuidad y aumento de la violencia, mientras que para la víctima ocasionó falta de credibilidad y confianza en la procuración de justicia, por lo que, sin apoyos institucionales, tuvo que solventar los gastos con sus propios recursos y los de su madre”. 7

Es necesaria la integración de programas interinstitucionales para reducir este tipo de delitos, así como elevar la calidad y atención adecuada a las víctimas, donde las autoridades correspondientes tengan la capacidad de respuesta para garantizar una vida libre violencia en todas sus formas hacia la mujer, particularmente en los que atenten contra su vida e integridad corporal. Siempre con una correcta perspectiva de género.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. - La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Jalisco a implementar, desarrollar y reforzar las estrategias y políticas públicas pertinentes que garanticen la seguridad de las mujeres; lo anterior, derivado del aumento de casos de feminicidio en la entidad durante la actual administración.

Segundo. - La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía del Estado de Jalisco, a garantizar la impartición de una justicia pronta y expedita a las mujeres víctimas de feminicidio derivado de los altos niveles de impunidad presentes en el estado.

Notas

1 Con fecha de corte al 30 noviembre de 2021.

2 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (2021.11). Información sobre violencia contra las Mujeres. Disponible en:

https://drive.google.com/file/d/1-AqE7zgLlRJH2q0FzvP5Q8q 7ZJlYoRtj/view

3 Estado de México, Veracruz, Jalisco, Ciudad de México y Nuevo León, Chiapas y Chihuahua.

4 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2021). Base de datos: Cifras de víctimas del fuero común, 2015 – noviembre 2021. Disponible en:

https://drive.google.com/file/d/1Yjq9Wk6frogcRMi-AQftj9_ g85ZcVoTL/view

5 Ibídem.

6 Zepeda, G. & Jiménez, P. (2020). Impunidad en homicidio doloso y feminicidio en México: Reporte 2020. Impunidad cero. Disponible en:

https://www.impunidadcero.org/uploads/app/articulo/142/contenido/160502 4010E66.pdf

7 CEDHJ (2021) Boletín número 115/21. Disponible en: cedhj.org.mx/boletines/2021/Boletín%20115-21.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2022.

Diputada Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la Ssa para que implante una política pública eficaz y realizar acciones conducentes a evitar desabasto de medicamentos en el sector, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Gina Gerardina Campuzano González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

La llegada de los medicamentos a las manos de los usuarios ha sido uno de los principales retos de la administración de Andrés Manuel López Obrador, en la que desde las empresas hasta los médicos han sido responsabilizados por los problemas de desabasto.i

Lamentablemente como recordaremos hace unos días Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, en una de las conferencias matutinas del Ejecutivo federal, destaco que: “Hay una serie de argucias y que son muy metidas en médicos, en personal de trabajadoras sociales, por señalar a alguien, no estoy estigmatizando, señalar quiénes participan en esa cadena”.ii

El funcionario manifestó que están trabajando para completar la “última milla”, pero hay situaciones que están arraigadas y no se han podido desprender, como que en algunos casos los médicos son los que manejan ese eslabón y definen en la consulta quién puede pagar la medicina aunque estén en los almacenes.iii

Además, señaló que a cada rato lo encuentra, que los médicos son los que manejan ese eslabón, esa unión, esa pieza, de que ellos dicen: ‘no hay’ y saben que hay y todavía dicen: ‘No le mandes la receta a fulano de tal porque él sí la va a pagar’, es decir, la va a pagar el paciente. Y que, “entonces, en la consulta misma definen quién va a pagar la medicina que está ya claramente identificada y firmado por los directores de los hospitales y de los centros de salud, que nos ha costado trabajo hacerlo”.iv

Al respecto, federaciones, asociaciones y colegios de médicos de México calificaron de inapropiadas las declaraciones del secretario de Salud sobre que el personal es responsable del desabasto de medicamentos, en casos como el que explicó, por lo que exigieron no recibir “injustas descalificaciones”.v

“Con estos comentarios en mente, los usuarios culparán siempre al personal de salud ante cualquier desabasto que ocurra”, señalaron en un comunicado en el que recordaron que durante la pandemia el sector ya ha sufrido agresiones psicológicas y físicas, a pesar de su esfuerzo por atender pacientes con Covid.vi

Aunado a lo anterior, recordaremos que, al llegar a la presidencia de la República, López Obrador acusó de contubernios para la adquisición de contratos y monopolios a los distribuidores de medicamentos. Por lo que, la administración ha buscado otras formas para garantizar los medicamentos e insumos, a través de compras consolidadas y mecanismos exteriores como la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), lo que ha retrasado el proceso y provocado que los fármacos lleguen tarde o que una vez que son adquiridos, falte la distribución para que se surtan los almacenes y hospitales.vii

Asimismo, la investigación “Operación Desabasto”, de las organizaciones Impunidad Cero y Justicia Justa, identificó que el desabasto se originó por una serie de políticas públicas mal planeadas y ejecutadas, que tenían como objetivo luchar contra la corrupción en la adquisición de medicamentos y ahorrar en la compra de insumos médicos.viii

A más de tres años de esta situación, el presidente López Obrador urgió a resolver el problema, incluso con el apoyo de las Fuerzas Armadas que contribuirán con la distribución. “Ha sido un desafío”, comentó en conferencia de prensa matutina donde aseguró que el próximo año habrá mejor organización.ix

Es por ello, que presento el presente exhorto al Ejecutivo federal para que instruya al titular de la Secretaría de Salud para implementar una política pública eficaz y realizar las acciones necesarias a fin evitar el desabasto de medicamentos en el sector.

Por lo antes expuesto y fundamentado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y evitar el desabasto de medicamentos en el sector, por lo que me permito proponer el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que instruya al titular de la Secretaría de Salud para implementar una política pública eficaz y realizar las acciones necesarias a fin evitar el desabasto de medicamentos en el sector.

Notas

i Médicos piden que no los responsabilicen por el desabasto de medicamentos, Expansión Política, consultado por última vez el 7 de enero de 2022 en https://politica.expansion.mx/medicos-piden-que-no-los-responsabilicen- por-el-desabasto

ii Ibídem.

iii Ibídem.

iv Médicos piden que no los responsabilicen por el desabasto de medicamentos, Expansión Política, consultado por última vez el 7 de enero de 2022 en https://politica.expansion.mx/medicos-piden-que-no-los-responsabilicen- por-el-desabasto

v Ibídem.

vi Ibídem.

vii Médicos piden que no los responsabilicen por el desabasto de medicamentos, Expansión Política, consultado por última vez el 7 de enero de 2022 en https://politica.expansion.mx/medicos-piden-que-no-los-responsabilicen- por-el-desabasto

viii Ibídem.

ix Ibídem.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2022.

Diputada Gina Gerardina Campuzano González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Profeco a crear una Odeco en Coahuila, con sede en Saltillo, para atender a los habitantes de la región sureste de la entidad, suscrita por el diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Jaime Bueno Zertuche, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos

La Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco) fue creada en 1975 derivada de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y es una institución que tiene como principal objetivo defender los derechos de los consumidores, prevenir los abusos y garantizar relaciones justas; y fue de este modo que México se convirtió así en el primer país latinoamericano en crear una procuraduría y el segundo con una ley en la materia.

Con la intención de garantizar las buenas prácticas entre comerciantes y/o prestadores de servicios y consumidores se crearon oficinas en las principales ciudades del país; hasta hace muy poco, la Profeco tenía presencia en los estados con un total de 32 delegaciones y 19 subdelegaciones. En el caso de Coahuila, hasta el 4 de agosto del año pasado, Saltillo contaba con una oficina central y subdelegaciones en Monclova y Acuña; sin embargo, actualmente éstas desaparecieron, y se creó una oficina de la defensa del consumidor (Odeco), situada sólo en Torreón, Coahuila.

En 2019 se decretó una nueva forma de organización en las dependencias federales, donde se desaparecieron las figuras de las delegaciones. Así, el 30 de enero del pasado año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Estatuto Orgánico de la Profeco, por el cual cesan las operaciones de todas las delegaciones y subdelegaciones de esta institución, creando en su lugar las Odeco.

En el ordenamiento mencionado se marcan la forma para determinar la ubicación de las Odeco, las cuales se basan principalmente en factores como mayor actividad económica, densidad de población y mejor ubicación geográfica, en miras a facilitar la operatividad y atención oportuna en las zonas de mayor concentración de operaciones comerciales, turísticas o de servicios en el territorio nacional.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Profeco decidió que la oficina central de Coahuila se trasladase a Torreón, por el alcance que se tenía en la Laguna, sin embargo el resto de los municipios del estado deben trasladarse a Torreón o Monterrey, Nuevo León, para realizar los trámites pertinentes, por lo que trasladarse desde el interior del estado a las sedes mencionadas para llevar a cabo las acciones de promoción y protección de los derechos e intereses que tienen como consumidores, les genera pérdida de tiempo y dinero, transformando el interponer una queja en un tema complicado.

Aunado a lo anterior, debemos destacar que Saltillo, la capital de Coahuila, no cuenta con representación de la Profeco, lo cual considero no adecuado, primeramente, por tener gran número de habitantes tanto de esta ciudad como de municipios vecinos además de ser parte vital del motor económico y social de nuestra entidad; por tal motivo es necesario que se reconsidere la distribución geográfica de estas oficinas, a fin de valorar la creación de otra Odeco que cubra los municipios de la región sureste de la entidad, para que se protejan los derechos de los consumidores.

Por todas las razones mencionadas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta ante esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, para su urgente y obvia resolución:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a valorar la posibilidad de crear una oficina de la defensa del consumidor en Coahuila, con sede en Saltillo, para que sean atendidos los habitantes de la región sureste de la entidad y les sean respetados sus derechos como consumidores.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- Ciudad de México, a 12 de enero de 2022.

Diputado Jaime Bueno Zertuche (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades ambientales de Veracruz a llevar a cabo una investigación que permita conocer el estado físico y ambiental del río Blanco, y determinar las responsabilidades y sanciones que garanticen la reparación del daño, suscrita por la diputada Angélica Peña Martínez, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, Angélica Peña Martínez, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La riqueza natural del país es incuantificable e irrefutable, constantemente se hace referencia de la privilegiada ubicación geográfica de México y de los beneficios que de ello derivan.

Se habla de los recursos naturales haciendo especial énfasis en la flora y fauna que componen muchos de nuestros ecosistemas; no obstante, poco se puntualiza sobre el hecho de que México cuenta con una importante red hidrográfica de más de 630 mil kilómetros de longitud, donde destacan 51 ríos principales por los que fluye 87 por ciento del escurrimiento superficial y cuyas cuencas cubren 65 por ciento de la superficie nacional; destacando por su superficie las cuencas de los ríos Bravo y Balsas, y por longitud, los ríos Bravo y Grijalva-Usumacinta.1

Respecto a su importancia, los principales servicios ambientales que prestan los ríos son éstos:2

1. Servicios de provisión de alimentos, agua dulce, fibras, maderas, combustibles y recursos genéticos;

2. Servicios de regulación como regulación atmosférica y del clima, regulación hidrológica, control de la contaminación y de la erosión, y control de inundaciones;

3. Servicios culturales: bienestar, recreación, valor estético y de educación e investigación científica; y

4. Servicios de soporte de la biodiversidad, formación de suelos, reciclaje de nutrientes y fertilidad y polinización.

Atendiendo a esto, especialistas y organizaciones ambientalistas refieren que históricamente los ríos se han usado para una serie de beneficios que incluyen el suministro de agua para las ciudades, la generación de energía hidroeléctrica y el riego, impulsando el crecimiento, oportunidades y el bienestar económico en las comunidades; pues a medida que fluyen por campos, llanuras y ciudades, los ríos son vitales para millones de personas en la forma de alimentos, energía e ingresos.

Pese a su importancia, la protección de estos recursos naturales no ha sido suficiente, desde hace décadas se tiene documentado que 7 de cada 10 ríos en México se encuentran contaminados, pudiendo encontrarse en ellos mercurio, plomo, cadmio, níquel, cromo, arsénico, cianuro o tolueno, y demás sustancias químicas tóxicas.

Datos admitidos por la propia Comisión Nacional del Agua señalan que 70 por ciento de los recursos de agua dulce en el país está afectado por la contaminación y el 31 por ciento se describe como extremadamente contaminado; siendo las descargas constantes y “permitidas” las principales fuentes de contaminación.

Lo mismo fue evidenciado mediante el Estudio sobre protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos humanos, elaborado por el colectivo transdisciplinario de un equipo de académicos pertenecientes a la Coordinación de Humanidades, a la Coordinación de la Investigación Científica y a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que mediante convenio con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Sexta Visitaduría General, solicitó dicho análisis con el objetivo general de “evaluar las implicaciones de la contaminación y sobreexplotación de las aguas continentales superficiales y subterráneas, respecto al goce y disfrute de los derechos humanos”.3

Dicho documento expuso datos alarmantes: por ejemplo, que al momento de la medición, la disponibilidad de agua renovable per cápita se redujo en 2015 a 3 mil 338 metros cúbicos por habitante al año, cuando en 1950 era de 18 mil 35 metros cúbicos por habitante al año. Asimismo, alrededor de 9 millones de habitantes no tienen acceso a agua segura para su salud; 1.5 millones de indígenas no tiene servicio de agua entubada en la vivienda y 3.2 millones carecen de drenaje.

Adicionalmente, se sanea sólo 35.36 por ciento de aguas residuales, y cada segundo se vierten a las redes de descarga y cuerpos de agua 89.2 metros cúbicos de aguas contaminadas sin tratamiento alguno; de las cuales 138.74 metros cúbicos por segundo de aguas residuales son de origen industrial. Se concluye que 54 por ciento de las aguas negras se descarga en ríos o arroyos y, coincidiendo con otras mediciones, que más de 70 por ciento de los ríos, lagos y presas presentan algún grado de contaminación.

Aun cuando dichas mediciones no cuentan con una actualización oficial disponible, se tiene pleno conocimiento que la situación no es distinta ni mejor. Ejemplo de ello es el caso del río Blanco, Veracruz, también llamado río Atlizcatl, cuyo origen se encuentra en Acultzingo, y escurre 3 mil 130 kilómetros, a través de 37 municipios.

Dada su longitud, se calcula que alrededor de 26 mil hectáreas de riego usan el afluente, especialmente para actividades de agricultura y agroindustria.

Diversos medios de comunicación han denunciado su afectación en los últimos años, algunos de ellos advirtieron que, desde 2019, el río lucía repleto de basura, restos de árboles y ramas, pero no sólo eso, también se identificó la presencia de ropa, muebles, enseres domésticos y desechos metálicos,4 lo que indudablemente denota la intervención negativa del hombre en la problemática.

De manera coincidente, el portal de internet El Sol de Orizaba denunciaba que la contaminación en el río Blanco podría venir de Omealca o Cuichapa, donde fueron detectados tiraderos clandestinos, de conformidad a lo manifestado por el entonces titular de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del gobierno estatal. Dicha nota estimaba que podrían ser más de 18 toneladas de basura las que se encontraban concentradas en el área señalada.5

Actualmente, la situación no parece mejorar, pues diversas fuentes advierten que en el Río Blanco existe una compuerta que no permite el paso del agua, originando que la poca que se filtra provoque encharcamientos, proliferación de mosquitos y malos olores, lo cual puede incidir en afectaciones a la salud humana.6

Indudablemente, hay evidencia fundada de que el estado físico y el valor ambiental del Río Blanco no es el adecuado, sin embargo, poco se sabe sobre las acciones que las autoridades ambientales han realizado para identificar las causas y, sobre todo, para llevar a cabo acciones que pongan un alto a la afectación de dicho río.

Como se refirió, la importancia de nuestros recursos hídricos debe llamar la atención de las autoridades para impedir que se sigan dañando, primordialmente en acciones donde es evidente la intervención humana en su afectación.

Por lo anterior resulta necesario hacer una investigación que permita identificar plenamente cuál es la situación actual del río Blanco, Veracruz, así como las causas que dieron origen a su contaminación y, de ser cierto, a que el día de hoy se encuentre sin la afluencia natural.

Por todo lo aquí expuesto y ante la gravedad que representa la situación someto a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz para que, en coordinación con las autoridades ambientales estatales que considere pertinentes, lleve a cabo de inmediato una investigación que permita conocer el estado actual del río Blanco en el estado.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente de Veracruz para que, en coordinación con las autoridades estatales que considere pertinentes, lleve a cabo una investigación que permita determinar las causas y los efectos de la contaminación del río Blanco en Veracruz y, en su caso, determine responsabilidades para que, en el marco de la legislación en materia de responsabilidad ambiental y demás aplicable, se establezcan las sanciones correspondientes y las medidas necesarias para la reparación del daño.

Notas

1 Véase, Situación de los recursos hídricos, Comisión Nacional del Agua, 9 de octubre de 2019. Consultado el 19 de noviembre de 2021. Disponible en https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/situacion-de-los-recurs os-hidricos

2 Véase, Ríos y lagos, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad; actualizado el 27 de octubre de 2021. Consultado el 19 de noviembre de 2021. Disponible en https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/ecosismex/rios-y-lagos

3 Véase, Estudio sobre protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos humanos, colectivo transdisciplinario de un equipo de académicos pertenecientes a la Coordinación de Humanidades, la Coordinación de la Investigación Científica y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mediante convenio con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mayo de 2018. Consultado el 19 de noviembre de 2021. Disponible en

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiale s/SINTESIS_ESTUDIO_RIOS_LAGOS_ACUIFEROS.pdf

4 Véase “Toneladas de basura invaden el río Blanco en Veracruz”, en Milenio, 19 de septiembre de 2019. Consultado el 19 de noviembre de 2021. Disponible en https://www.milenio.com/estados/veracruz-toneladas-basura-invaden-rio-b lanco

5 Véase “Tiraderos clandestinos contaminaron el río Blanco: PMA”, en El Sol de Orizaba, 20 de septiembre de 2019. Consultado el 19 de noviembre de 2021. Disponible en https://www.elsoldeorizaba.com.mx/local/tiraderos-clandestinos-contamin aron-el-rio-blanco-pma-contaminacion-omealca-cuichapa-veracruz-orizaba- cordoba-4204705.html

6 Véase “Amenaza río Blanco salud de población”, en El Mundo de Orizaba, 27 de marzo de 2021. Consultado el 19 de noviembre de 2021. Disponible en https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2021/03/27/amenaza-rio-blanc o-salud-de-poblacion/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2022.

Diputada Angélica Peña Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Oaxaca a reintegrar recursos a Banobras por el programa Más Oaxaca; y a la OSFEO y CEA, a hacer del conocimiento público los informes respectivos, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, Diputada Federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca para que reintegre recursos a Banobras por el Programa MAS Oaxaca, así como a la OSFEO y CEA para que haga de conocimiento público los informes del Programa MAS Oaxaca, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El agua es de vital importancia para la existencia de los seres vivos, tal es el caso que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera el agua como parte del desarrollo sostenible, socioeconómico, energético, alimenticio y sobre todo para la adaptación del cambio climático, ya que es el vínculo entre la sociedad y el medio ambiente.

Además el acceso al agua es considerado un derecho humano elemental ya que se considera necesaria para el desarrollo de los seres humanos, la salud, la educación y la productividad económica de las poblaciones. Esto se reconoce por la Asamblea general de las naciones Unidas en julio de 2010, en donde se considera el acceso a una cantidad de agua suficiente para uso doméstico y personal, la cual no debería costar más del 3% de los ingresos de cada hogar.

El cuidado del agua es parte de la Agenda 2030, ya que se considera como parte del Desarrollo Sostenible, además de que la ONU ha abordado este tema en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el agua en 1977, en el Decenio Internacional del Agua Potable y del saneamiento Ambiental de 1981-1990, en la conferencia Internacional sobre el agua y el medio ambiente de 1992 y en la Cumbre para la Tierra de 1992 para conseguir acceso al agua potable, satisfacer las necesidades humanas, comerciales y agrícolas.

El agua se considera un recurso tan importante que el 22 de marzo se considera el Día Mundial del Agua en donde se recuerda y conmemora la relevancia de este importante líquido para realizar todas las actividades necesarias para el desarrollo humano, en todos los acuerdos celebrados por la ONU los países miembros deben de tomar acciones para establecer las condiciones propuestas.

En el caso de México al gua tiene tal importancia que se creó una institución especial para atender los asuntos relacionados con el agua, la cual es la Comisión Nacional del Agua, la cual depende de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y está encargada de preservar las aguas nacionales y sus bienes públicos para una administración sustentable, garantizando la seguridad hídrica.

Del mismo modo cada uno de los estados cuenta con una institución responsable del suministro y administración de agua, impulsándolos proyectos necesarios para el abastecimiento de agua en las localidades de su demarcación territorial.

En Oaxaca se cuenta con la Comisión Estatal del Agua Oaxaca (CEA), quienes han buscado establecer un mejor servicio para el abastecimiento de agua potable para su territorio, tal es el caso que se buscó un apoyo a nivel internacional para obras que apoyaran a que el agua llegara a más hogares oaxaqueños.

Tal es el caso del Programa de Modernización del Sector Agua y saneamiento del Estado de Oaxaca, “Programas Mas Oaxaca” presentado por el gobierno de 2010- 2016, el cual presentó como objetivo apoyar la mejora del sector de abastecimiento de agua y saneamiento del Estado de Oaxaca, además, de mejorar la calidad y la sostenibilidad del servicio de abastecimiento de agua en algunas zonas urbanas.

Este programa incluyó las siguientes actividades:

a) Rehabilitación de los pozos que abastecen el sector;

b) Construcción de las conexiones entre los pozos y la planta de tratamiento de agua;

c) Construcción de las conexiones entre las principales líneas de distribución;

d) Construcción de una planta de tratamiento de agua;

e) Construcción de una estación de bombeo;

f) Construcción de una línea de transmisión desde la estación de bombeo hasta los tanques de almacenamiento;

h) Rehabilitación, optimización hidráulica y sectorización de la red de distribución;

i) Rehabilitación de las conexiones de agua e instalación de micromedidores;

j) Instalación de macromedidores y manómetros;

k) Actualización de los mapas de la red y el sistema comercial;

l) Elaboración de estudios sobre AAS, redacción de documentos de licitación y supervisión de las obras.1

Esta obra tendría impacto ambiental y social en el Estado, ya que los pueblos indígenas representarían un grupo importante de beneficiarios, se mitigaría la pobreza en 18 municipios que viven por debajo del nivel nacional de pobreza.

Para lograr este proyecto el Gobierno del Estado de Oaxaca como ya mencione se apoyó con recursos internacionales, quedando las fuentes de financiamiento fueron las siguientes:

*Cuadro obtenido del Programa de MAS Oaxaca

Conforme lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las instituciones financieras internacionales no pueden otorgar financiamiento de forma directa a las entidades subnacionales, por lo tanto se necesitó el apoyo de Banobras, como entidad encargada de promover y otorgar financiamiento a los gobiernos estatales y municipales para proyecto de infraestructura, por lo anterior Banobras fungió como prestatario concediendo el importe del préstamo en forma de crédito al Gobierno del Estado de Oaxaca a través de la Secretaria de Finanzas del Gobierno Estatal.

Este proyecto se presentó en el gobierno de 2010-2016, el proyecto se realizó con el gobierno en turno, ya que el Banco Mundial en 2017 aprobó el crédito para el Proyecto MAS Oaxaca que beneficiaría a un total de 19 municipios del Estado, por un total de 55 millones de dólares que mejoraría el sistema de agua potable en el Estado, aunque se presume que este proyecto fue cancelado, que se entregó una obra inconclusa, mal hecha, hubo pagos indebidos y se contrataron empresas fantasma para su construcción.

A pesar de que esta obra se anunció como no de los grandes logros de este gobierno estatal en turno se informa que se ocultó que el Banco Mundial solo libero el 27% del total del dinero pactado, ósea 12.5 millones de dólares, y a los restantes 18 municipios solo se les otorgó 4.4 millones de dólares, debido a que se entregaron Informes inconclusos o inexistentes, así como obras retrasadas, además de estas irregularidades se han reportado fugas en la red de tuberías construidas recientemente, los habitantes siguen sin un servicio adecuado ya que continúan comprándola a tanques cisterna, ya que el suministro se da cada 15 días y solo por algunas horas, el agua es de mala calidad.

Estas irregularidades se reportan en el macrotanque de San Juan Chapultepec, ubicado en el barrio el Coquito en san Juan Chapultepec, estas afectaciones se han reportado a Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, en donde aparece información de 2 obras relacionadas s este proyecto en su página de internet:

Cabe mencionar que el dinero que otorgo el Banco Internacional sea sumado a la deuda que ya tiene Oaxaca, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO) no ha querido hacer público el expediente de responsabilidad administrativa OSFE/AESIEE/DSIEE-A/INV-12/2021 derivado de la auditoría financiera de cumplimiento y sobre el desempeño número OA/CPE/011/2019, de la cual forman parte las obras de MAS Oaxaca.

De igual manera se han solicitado por parte de la sociedad civil organizada Avispa Midia, las actas entrega de las construcciones hechas a la Comisión Estatal del Agua (CEA) a la cual no se ha respondido.

Así mismo se encontró que en estos proyectos participaron empresas fantasmas, que comparten el mismo domicilio fiscal o que se encuentran calificadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), como contribuyente con operaciones presuntamente inexistentes” como la empresa Estructuras Arquitectónicas Tholoi, que comparte domicilio con Acceso y Desarrollo a la Tecnología, SA de CV, otra empresa involucrada Construcción y Diseño Gasso S de RL de CV, denunciada por una diputada local de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca el pasado 17 de marzo de 2021 por ser una empresa facturera, fantasma o involucrada en redes de corrupción.

Como podemos observar este programa creado por el Gobierno del Estado de Oaxaca para el abastecimiento y saneamiento del agua en el Estado se encuentra rodeado de muchas irregularidades, desde que comenzó y hasta su supuesta conclusión, tal es el caso que el mismo Banco Internacional suspendió el apoyo para este proyecto.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Oaxaca a que reintegre el recurso otorgado por el Banco Mundial a través de Banobras por obras inconclusas del Programa MAS Oaxaca.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, Comisión Estatal del Agua a que hagan pública la información solicitada por Avispa Media.

Notas

1 Gobierno del Estado de Oaxaca 2010-2016, Programa de Modernización del Sector Agua y Saneamiento del Estado de Oaxaca, Pág. 33

Bibliografía

- Página oficial de la ONU https://www.un.org/es/global-issues/water

- Página Oficial de la Conagua https://www.gob.mx/conagua

- Gobierno del Estado de Oaxaca 2010-2016, Programa de Modernización del Sector Agua y Saneamiento del Estado de Oaxaca.Recuperado de:

https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/pmas_oax/Descripci on%20General%20Programa%20MAS

%20Oaxaca.pdf

- Página Oficial de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Oaxaca. https://www.oaxaca.gob.mx/sapao/banobras-mas-oaxaca/

- Redacción Aristegui Noticias, Fracaso Millonario: La historia oculta del agua potable en Oaxaca (21 sep, 2021) Recuperado de: https://aristeguinoticias.com/2109/mexico/fracaso-millonario-la- historia-oculta-del-agua-potable-en-oaxaca/

- Página Oficial de Avispa Midia. https://avispa.org/fracaso-millonario-la-historia-oculta-del-agua-en-oa xaca/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de enero de 2022.

Diputada Margarita García García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y diversas dependencias estatales y municipales a coordinar una campaña de información relativa a los efectos del Covid-19, variante Ómicron, para proteger a la población, a cargo de la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Elizabeth Pérez Valdez, diputada integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las instituciones de salud, instituciones de educación superior, academias y asociaciones de profesionales de la salud, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos estatales y municipales, para coordinar una campaña de información relativa a los efectos de la Covid-19 variante omicrón, con el objeto de proteger a la población, particularmente a la infancia, de frente a la inacción del gobierno federal, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En la última semana de diciembre de 2021 y la primera de enero de 2022, la variante omicrón de la Covid-19 se ha manifestado en nuestro país con mucha fuerza. Los contagios se han multiplicado y las instituciones que realizan pruebas de detección se han visto rebasadas debido al altísimo índice de transmisibilidad. Aun con estas dificultades, el número de contagios reportado por las autoridades federales ha superado los 30 mil casos diarios, sin embargo, reportes estadísticos independientes señalan que podrían estarse presentando entre 960 mil y un millón de contagios y, aunque el índice de mortalidad de esta variante es menor, el riesgo de sufrir secuelas e incluso la muerte, sigue muy presente, particularmente en las personas que no han sido vacunadas, con particular incidencia en las y los niños.

De frente a esta preocupante situación, las autoridades federales, como sucedió en la primera ola, exhortan a la población a no realizarse pruebas ya que los centros de detección privados, los centros de salud públicos y los quioscos en donde se aplican, se han visto totalmente rebasados y las personas se ven obligadas a hacer filas de más de cuatro horas, expuestos a las inclemencias del tiempo y, particularmente, al contagio por la convivencia con otras personas.

En este contexto, el gobierno federal nuevamente minimiza las consecuencias de la enfermedad y, de manera irresponsable, recomienda pomadas y tecitos para las y los niños que presentan síntomas. Después de dos años de pandemia, la población en general ha sido víctima no solo de los estragos del virus, sino de la imprudencia del titular del Ejecutivo federal y de las autoridades de la Secretaría de Salud, que han evitado la convocatoria del Consejo de Salubridad General, instancia constitucionalmente facultada para el manejo de la crisis pandémica,

En estos últimos dos años, las autoridades de Salud, particularmente el secretario Alcocer y el subsecretario López Gatell han dado muestras fehacientes de indolencia e incapacidad de frente a la pandemia, sin generar los mecanismos para salvaguardar la salud de las mexicanas y los mexicanos. Es por ello que la sociedad debe retomar las riendas de sus decisiones y realizar las campañas de información que, por obligación, debiera estar llevando a cabo el gobierno federal.

Es por lo anterior que, desde el Grupo Parlamentario del PRD, hacemos un llamado a la población, a las asociaciones y organizaciones de profesionales de la salud, a las instituciones de educación superior, a las instituciones de salud y a los gobiernos estatales y municipales para generar estos mecanismos de información que orienten a la población en general para protegerse del contagio de la variante omicrón de la Covid-19.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometida con el derecho a la salud de las y los mexicanos, pongo a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las instituciones de salud, instituciones de educación superior, academias y asociaciones de profesionales de la salud, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos estatales y municipales, para coordinar una campaña de información relativa a los efectos de la Covid-19 variante omicrón, con el objeto de proteger a la población, particularmente a la infancia, de frente a la inacción del gobierno federal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 12 de enero de 2022.

Diputada Elizabeth Pérez Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de QR y la Profepa a publicar la información relativa a la obra del bulevar Bahía de Chetumal y reparar los daños ambientales provocados por ésta, suscrita por el diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Jorge Álvarez Máynez , diputado federal y coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a la siguiente:

Exposición de Motivos

I. El pasado fin de semana, tras la remodelación del boulevard Bahía, ubicado en Chetumal, Quintana Roo, ocasionó que diversos ciudadanos y ciudadanas así como organizaciones de la sociedad civil denunciaron a través de las redes sociales y medios de comunicación la tala inmoderada e indiscriminada de árboles, fauna y vegetación local en los camellones ubicados entre el muelle fiscal y Punta Estrella, en la capital del estado. Lo anterior derivó en la indignación de locatarios, vecinos y transeúntes ante el evidente daño ambiental y un acto ecológicamente irresponsable ocasionado por dicha obra pública.

Cabe mencionar que dicha remodelación incluía el mejoramiento de ciclovías, jardineras, banquetas, luminarias, así como trabajos de pavimentación, reparación de socavones y plazoletas; sin embargo, la eliminación de los árboles que se encuentran en estos tramos, que van desde almendros, palmeras de coco, encinos, entre otros, representan un golpe fuerte al ambiente, al no contar con un estudio ambiental proporcionado por la Secretaría de Obras Públicas donde se detalle información sobre las condiciones necesarias para que dichos árboles sean talados; asimismo, ninguna de dichas especies se encuentra bajo un estatus de protección.

Por su parte, el Consejo Ciudadano de Chetumal, AC, consideró que la remodelación del boulevard Bahía, con una inversión de 140 millones de pesos, resulta negativa para el ambiente considerando que la destrucción de vegetación vulnera el derecho social a un ambiente saludable y digno.1

De la misma manera, la Regidora de Othón P. Blanco, Lidia Rojas Fabro, denunció mediante sus redes sociales que para poder llevar a cabo esta obra se tenía que contar con los permisos ambientales pertinentes, manifestación de impacto ambiental, y los permisos municipales correspondientes; sin embargo, el municipio no tuvo conocimiento de los mismos y mucho menos se autorizaron, con lo cual no se definieron las medidas de prevención, mitigación y restauración que se debieron aplicar desde el día 1 hasta el fin de la obra.2 *

Es así, que tras las diversas denuncias y quejas ciudadanas, inspectores de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo acudieron al lugar y realizaron la clausura de la tala de 75 árboles en el boulevard, al tiempo que informaron mediante un comunicado que, “apegados a la normatividad y con base en la Ley de Conservación, Mantenimiento, Protección y Desarrollo del Arbolado Urbano del Estado de Quintana Roo, se llevó a cabo la clausura temporal de la actividad de derribo y retiro de los árboles, hasta contar con la información precisa del proyecto”.3

De la misma forma, la Procuraduría aseguró que atenderá con las autoridades locales la revisión del cumplimiento puntual del instrumento normativo que dicta la procedencia de la tala y trasplantes de los árboles que se encuentran en esta zona e indicaron que se encuentran investigando los hechos en el ámbito de su competencia para emitir las medidas coercitivas o recomendaciones que procedan conforme a derecho, afirmando lo siguiente: “Nos pronunciamos en contra de todo acto que atente y perjudique al medio ambiente, el estado asume su responsabilidad en esta tarea, por lo cual se suspenden las actividades en apego a lo que señala la Ley de Arbolado Urbano hasta en tanto no se tenga la información respecto a la actividad realizada en la obra de remodelación del bulevar Bahía de Chetumal, en lo que corresponda al movimiento y retiro de árboles en dicho proyecto”.4

Por su parte, el titular de Obras Públicas, William Conrado, afirmó que la tala de árboles fue previamente consultada con el Comité de Obra, el cual está conformado por integrantes de la sociedad capitalina y dependencias del medio ambiente, mismo que aprobaron dicha tala. Asimismo comentó que la tala de árboles no se realiza a espaldas de la sociedad y justificó que los trabajos se hacen en horario nocturno para no poner en riesgo a la población y reconoció que la deforestación es parte de la obra.5

II. El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos describe al ambiente como un bien jurídico fundamental de derechos humanos donde deben asegurarse las condiciones óptimas por parte del Estado en sus tres órdenes de gobierno para garantizar los valores intrínsecos de lo que integra y conlleva la protección del medio ambiente, así como de quienes lo integran.

En este sentido vale la pena destacar que la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en su artículo 6o., señala lo siguiente:

“Artículo 6o. No se considerará que existe daño al ambiente cuando los menoscabos, pérdidas, afectaciones, modificaciones o deterioros no sean adversos en virtud de:

I. Haber sido expresamente manifestados por el responsable y explícitamente identificados, delimitados en su alcance, evaluados, mitigados y compensados mediante condicionantes, y autorizados por la Secretaría, previamente a la realización de la conducta que los origina, mediante la evaluación del impacto ambiental o su informe preventivo, la autorización de cambio de uso de suelo forestal o algún otro tipo de autorización análoga expedida por la Secretaría; o de que,

II. No rebasen los límites previstos por las disposiciones que en su caso prevean las Leyes ambientales o las normas oficiales mexicanas.

La excepción prevista por la fracción I del presente artículo no operará, cuando se incumplan los términos o condiciones de la autorización expedida por la autoridad.”

Las consecuencias ocasionadas por dicha obra pública pueden ser atribuidas a la evidente afectación de la fauna local, así como la tala de los árboles que supuestamente serían reubicados para los supuestos trabajos de remodelación, y que la evidencia fotográfica de quienes compartieron dicho evento contradicen lo que las autoridades locales señalan en sus declaraciones de lo que se iba a realizar.

Asimismo el artículo 15 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, en su fracción IV, señala lo siguiente:

“Artículo 15. Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta Ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo federal observará los siguientes principios:

IV. Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente está obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique. Asimismo, debe incentivarse a quien proteja el ambiente, promueva o realice acciones de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático y aproveche de manera sustentable los recursos naturales;”

Por ello, resulta necesario que: 1) se hagan públicos los documentos relativos a la Manifestación de Impacto Ambiental, los permisos, así como las medidas de prevención, mitigación y restauración que se aplicarán a la obra del boulevard Bahía, de Chetumal, Quintana Roo, a fin de garantizar el derecho a un ambiente sano; 2) que se reparen los daños ambientales por la tala de árboles realizada en esta obra; y 3) que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente investigue la tala de 75 árboles en el boulevard Bahía, de Chetumal, Quintana Roo y, en su caso, imponga sanciones económicas y administrativas que correspondan conforme a derecho.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Quintana Roo a hacer pública la Manifestación de Impacto Ambiental, los permisos, así como las medidas de prevención, mitigación y restauración que se aplicarán a la obra del boulevard Bahía, de Chetumal, Quintana Roo, a fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Quintana Roo a reparar los daños ambientales provocados por la tala de árboles generada por la obra del boulevard Bahía, de Chetumal, Quintana Roo.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a investigar la tala de 75 árboles en el boulevard Bahía, de Chetumal, Quintana Roo, y en su caso a imponer sanciones económicas y administrativas que correspondan conforme a derecho.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al ayuntamiento del municipio de Othón P. Blanco, en Quintana Roo, a hacer públicas las autorizaciones y/o permisos otorgados para la realización de la obra en el boulevard Bahía, de Chetumal, así como a dar seguimiento a dicha obra, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones normativas y legales que a su efecto haya lugar y en su caso a imponer sanciones económicas y administrativas que correspondan conforme a derecho.

Notas

1 Vázquez, Patricia. “Repudian tala de 50 árboles en Chetumal.” La Jornada. Recuperado de: https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/10/estados/repudian-tala-de-50 -arboles-en-chetumal/

2 Perfil oficial de Facebook de la Regidora Lidia Rojas Fabro. Recuperado de:

https://www.facebook.com/581259162559009/posts/924371688 247753/?d=n

3 Comunicado “El estado asume su responsabilidad para lo cual se suspenden las actividades de derribo y tala del arbolado urbano” Coordinación General de Comunicación de Estado de Quintana Roo. Recuperado de: http://cgc.qroo.gob.mx/el-estado-asume-su-responsabilidad-para-lo-cual- se-suspenden-las-actividades-de-derribo-y-tala-del-arbolado-urbano/

4 omunicado “El estado asume su responsabilidad para lo cual se suspenden las actividades de derribo y tala del arbolado urbano” Coordinación General de Comunicación de Estado de Quintana Roo. Recuperado de: http://cgc.qroo.gob.mx/el-estado-asume-su-responsabilidad-para-lo-cual- se-suspenden-las-actividades-de-derribo-y-tala-del-arbolado-urbano/

5 Redacción. “Titular de Obras Públicas defiende construcción en Boulevard Bahía en Chetumal, criticada por ambientalistas” Galum Comunicación Recuperado de:

https://galucomunicacion.com/titular-de-obras-publicas-d efiende-construccion-en-boulevard-bahia-de-chetumal-criticada-por-ambie ntalistas/

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2022.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a distintas autoridades a informar sobre las concesiones a quienes fueron designadas las carreteras Puebla-Acatzingo, tramo Amozoc, en ambos sentidos, su estatus y los términos de mantenimiento y reparaciones asignadas, suscrita por el senador Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe Alejandro Armenta Mier, Senador de la República de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos aplicables de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo donde exhorta respetuosamente al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), por el derecho de acceso a la transparencia e información, mediante su titular, Sergio Forte Gómez, comisionado del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC (Banobras) como institución Fiduciaria y dentro de sus facultades, informe las concesiones a quienes fueron designadas las carreteras Puebla-Acatzingo, tramo Amozoc, en ambos sentidos, estatus y términos de mantenimiento y reparaciones asignadas, así mismo, la solicitud a esta dependencia y también a Caminos y Puentes Federales (Capufe) para que por medio de su titular maestra Elsa Julieta Veites Aréval, directora general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos y su Coordinación Regional 4, Suroeste Puebla, a quien corresponda para la reparación y restablecimiento de condiciones para el uso al que fue destinado, ya que ha provocado múltiples accidentes, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Problemática de la autopista Puebla-Acatzingo

1. Debido al tránsito continuo que tiene la autopista Puebla-Acatzingo a la altura del municipio de Amozoc de Mota sufre diversos menoscabos, agujeros, deterioro el asfalto, desencadenando diversos accidentes y/o problemas en los automóviles, siendo ya intransitable y peligrosa.

2. Dentro del plan nacional de infraestructura lo que se quiere es aumentar la cobertura, la calidad y competitividad de la infraestructura del país, pero para ello se necesita mayor desarrollo en la autopista.

3. Para ello existen dependencias encargadas de este sector una de ellas es El Fonadin, la cual nos encontramos que no tiene una página actualizada, donde por medio del derecho a la transparencia e información de todo ciudadano, se visualicen muchas de las concesiones, obras no presupuestadas, ingresos, así como un desglose de los ingresos y egresos como parte de los programas a los que apoya dicha institución, causa confusión en los ciudadanos acerca de su labor y al no estar transparentadas las concesiones los ciudadanos no sabemos a quien exigir la reparación y buen estado de las carretera.

4. Y otra es la Capufe Caminos y Puentes Federales la cual es encargada también de vigilar y trabajar en este sector.

¿Qué es el Fonadin ?

El Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) es el vehículo de coordinación del Gobierno de México para el desarrollo de infraestructura en los sectores de comunicaciones, transporte, agua, medio ambiente y turismo.

En este sentido es la dependencia encargada para los objetivos que estamos planteando, conocer quienes son los encargados de ese tramo carretero, así como su mantenimiento y reparación.

Para ello, el Fonadin:

• Apoya el desarrollo del Programa Nacional de Infraestructura.

Necesitamos el apoyo en la infraestructura de ese tramo carretero.

• Busca maximizar y facilitar la movilización de capital privado a proyectos de infraestructura.

Sabemos que empresas privadas son las que invierten en las carreteras y son las encargadas de su mantenimiento pero en su pagina no dice quienes y se necesita saber quienes son los responsables para poderles exigir y a quien dirigirse.

• Es una plataforma financiera para promover la participación del sector público, privado y social en el desarrollo de la infraestructura.

• Toma riesgos que el mercado no está dispuesto a asumir.

• Hace bancables proyectos con rentabilidad social y/o con baja rentabilidad económica.

• Busca el otorgamiento de financiamientos de largo plazo en condiciones competitivas.

Las principales actividades del Fonadin de acuerdo con sus Reglas de Operación son las siguientes:

• Otorgar créditos subordinados y/o convertibles, garantías y aportaciones de capital, de manera que impulse la participación del sector privado y social en la infraestructura.

• Apoyar con garantías la participación de las empresas constructoras mexicanas en las licitaciones de proyectos.

• Movilizar el capital privado hacia el financiamiento de proyectos de infraestructura.

• Asumir riesgos que el mercado no está dispuesto a tomar, de manera que se estimule la participación del sector privado en la infraestructura.

• Promover la participación de intermediarios financieros bancarios y no bancarios en el financiamiento de la infraestructura.

• Otorgar aportaciones no recuperables para la realización de proyectos de obra pública.

• Otorgar apoyos recuperables y no recuperables para fomentar la construcción, financiamiento y transferencia de proyectos de infraestructura.

• Coordinar acciones con las autoridades competentes, para el cumplimiento de la normatividad en materia ambiental de los proyectos de infraestructura.

• Otorgar subvenciones a entidades del sector público para apoyar la rentabilidad de los proyectos de infraestructura y fomentar su realización.

• Proporcionar asesorías a las entidades del sector público y privado para la evaluación, estructuración, financiamiento y ejecución de proyectos.

• Obtener y ceder los derechos de concesiones y permisos otorgados al Fideicomiso, a fin de acrecentar su patrimonio y ampliar los recursos disponibles para el financiamiento de proyectos de infraestructura, así como construir, operar, mantener y explotar los bienes concesionadas al Fideicomiso.

• Promover el aprovechamiento de los activos del Fideicomiso, para obtener recursos adicionales que permitan fomentar la realización de nuevos proyectos de infraestructura.

• Fomentar la realización de estudios y la contratación de asesorías, con apoyos recuperables y no recuperables a fin de facilitar la evaluación y estructuración de proyectos.

• Suscribir títulos de crédito, tanto para fondear los activos del Fideicomiso, como para facilitar el financiamiento de proyectos.

• Promover con entidades del sector público la integración de un inventario de proyectos de infraestructura.

• Fortalecer el patrimonio del Fideicomiso con los activos de otras entidades relacionadas con los proyectos de infraestructura.

• Integrar y fortalecer las capacidades internas para la evaluación y ejecución de proyectos de infraestructura.

• Fortalecer el patrimonio del Fideicomiso con los activos de otras entidades relacionadas con la infraestructura.

• Fortalecer la infraestructura del gobierno federal, los estados y municipios, para una adecuada prestación de servicios públicos.

• Contar con un programa financiero anual, que tenga como objetivo tanto el cumplimiento de las obligaciones financieras del Fideicomiso como el conservar y acrecentar el patrimonio del mismo.

• Cuando se requiera para el desarrollo de infraestructura, se podrán adquirir los activos estrictamente necesarios para cumplir con sus obligaciones de Apoyo.

• Aprobar otros programas relacionados con los fines del Fideicomiso y la modificación o extinción de los preexistentes.

Con todas estas facultades que tiene la Fonadin estamos seguro que su titular que lleva excelente la dependencia podrá apoyar a las personas de estos municipios y los municipios cercanos o lejanos que utilizan esta carretera para su reparación y mantenimiento ya que provoca muchos accidentes por su mal estado.

¿Qué proyectos apoyá

El Fondo Nacional de Infraestructura apoya en la planeación, fomento, construcción, conservación, operación y transferencia de proyectos de infraestructura con impacto social o rentabilidad económica o financiera, en los que participe el sector privado, principalmente en las áreas de comunicaciones, transportes, hidráulica, medio ambiente y turística.

Es por ello que consideramos que es la competente para poder llevar a cabo esta solicitud y podrá buscar la manera de apoyar a la ciudadanía con una petición valida y haciendo valer los derechos humanos que nuestra Constitución y otras leyes otorgan en términos de seguridad, infraestructura, vías de comunicación, etcétera.

El Fondo Nacional de Infraestructura Fonadin, es el vehículo de coordinación de la Administración Pública Federal para la inversión en infraestructura, principalmente en las áreas de comunicaciones, transportes, hidráulica, medio ambiente y turística, que auxiliará en la planeación, fomento, construcción, conservación, operación y transferencia de proyectos de infraestructura con impacto social o rentabilidad económica, de acuerdo con los programas y los recursos presupuestados correspondientes.

Como obligación de cada institución pública y como parte de las políticas públicas que rigen a nuestro gobierno, es fundamental tener informada a la ciudadanía con cifras actualizadas, hablamos específicamente de la transparencia que debe de llevar una institución dentro de sus regímenes, puesto que dentro de la página oficial de dicha institución, no se tienen actualizadas lo referente a los ingresos y la obra pública no presupuestada .

Ahora bien, el no tener estas cifras actualizadas conllevan a un conflicto de intereses, debido que las carreteras, específicamente la autopista Puebla-Acatzingo sufre diversos menoscabos en el asfalto, ocasionando así diversos accidentes de mayor o menor cuantía según el caso y no se sabe quien es el responsable de la falta de mantenimiento y reparaciones, por lo que nadie hace nada.

El Fonadin siendo una institución que apoya proyectos de inversión en infraestructura promovidos por los gobiernos Federal, estatales y municipales, principalmente en los sectores de comunicaciones y transportes, hidráulico, medio ambiente y turístico. Para ello, es necesario que los proyectos tengan participación del sector privado; para eso es esencial ser sabedores de que es lo que está pasando con carreteras, casetas, mantenimiento asignado y las cuestiones que tienen que ver con ingresos, así como las obras públicas no presupuestadas.

Nos dice que se otorga programas sectoriales en los que a efecto de facilitar el acceso a los productos del Fonadin en los sectores de Transporte Masivo, Agua, y Manejo de Residuos Sólidos, se han diseñado programas sectoriales específicos que brindan asistencia técnica especializada a los promotores para la preparación de proyectos, aunado a esto, la autopista Puebla-Acatzingo es parte de las muchas autopistas concesionadas, pero con lo referente al acceso a la transparencia, no están estimados los ingresos del 2021 y es desde esa fecha que dicha autopista necesita mantenimiento.

También dentro de los apoyos autorizadas, y en los estudios y asesorías dentro del Fonadin y hasta 2021 no hay ninguno que apoye a Puebla en los aspectos antes mencionados, o al menos no hay información de ello.

Otra dependencia encargada y a la que mencionamos también para que pueda apoyar en este sentido es la Capufe la cual mencionaremos aspectos destacables.

¿Qué es?

Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, cuyas siglas significan Caminos y Puentes Federales.

¿De qué se encargá

Sus funciones básicas son la operación, administración y mantenimiento de la red de autopistas y puentes de cuota a su cargo.

Es por ello que consideramos importante solicitar su atención e intervención para esta problemática porque su competencia es el mantenimiento de la red de autopistas y puentes y le correspondería a su Coordinación Regional 4 Suroeste Puebla, la cual debe revisar la situación y darle solución a este tramo carretero.

Su misión: Prestar servicios carreteros integrales de calidad asociados con la operación, conservación, administración, modernización y explotación de los caminos y puentes de cuota como concesionario y prestador de servicios por contrato, que faciliten el desplazamiento de bienes y personas con seguridad, comodidad, rapidez y economía, de manera eficiente, competitiva y sustentable con un marco de transparencia y rendición de cuentas, para contribuir a la expansión e integración de la red nacional de caminos y puentes de cuota, conformando un equipo humano que encuentre su motivación en la superación y el espíritu de servicio.

Visión: Transformar a Capufe en un concesionario y operador competitivo, que otorgue servicios de excelencia a los usuarios y clientes, con base en estándares de desempeño, fortaleciendo las acciones de transparencia y rendición de cuentas, en apego a las directrices del Ejecutivo Federal.

Fundamento legal

Funciones de la Dirección General

Estatuto Orgánico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.

Artículo 21. La representación del Organismo, así como el trámite y resolución de los asuntos de su competencia corresponden originalmente a la Dirección General, quien, para la mejor distribución, desarrollo y realización del trabajo, podrá delegar sus facultades en servidores (as) públicos (as) subalternos (as), sin perder por ello su ejercicio directo, con excepción de aquellas que deberán ser ejercidas directamente por la Dirección General.

La Dirección General se auxiliará de las unidades administrativas adscritas a esta oficina y, en el ámbito de sus respectivas funciones, en las Direcciones, Coordinación de Comunicación Social, Secretaría Técnica, Subdirecciones y Unidades Regionales, y demás unidades administrativas de Capufe, así como el personal adscrito a éstas.

Artículo 26. Para la mejor atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, el Organismo además de sus oficinas centrales contará con las Unidades Regionales que en número y delimitación geográfica determine el Consejo de Administración.

Las Unidades Regionales, como unidades administrativas en el territorio nacional, estarán coordinadas normativamente por las unidades administrativas centrales y funcionalmente por la Dirección General. Contarán con la organización y las atribuciones que fueren necesarias para resolver sobre la materia de su competencia, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y con los acuerdos delegatorios de la Dirección General.

Al frente de cada Unidad Regional, habrá una persona titular con nivel de Gerencia, designada por la Dirección General; quienes serán auxiliadas por el personal de apoyo acorde con las necesidades del servicio, conforme al Manual General de Organización.

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Artículo 6o. Se requiere de concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos y puentes federales.

Las concesiones se otorgarán a mexicanos o sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, en los términos que establezcan esta Ley y los reglamentos respectivos.

Las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de treinta años, las cuales podrán ser prorrogadas hasta por un plazo equivalente al señalado originalmente, en cualquier momento después del primer tercio de la vigencia de las mismas, cuando a juicio de la Secretaría, se justifique la necesidad de realizar inversiones que no se hubiesen previsto en las condiciones originales de los títulos de concesión respectivos. También podrán ser prorrogadas, en cualquier momento durante su vigencia, cuando se presenten

Mencionamos a ambas dependencias las cuales pueden coadyuvar en la solución de esta problemática y lo importante es dar soluciones a la ciudadanía que necesita el apoyo y salvaguardar sus derechos humanos así como cumplir con las leyes respectivas.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente inscribe Punto de Acuerdo donde exhorta respetuosamente al Fondo Nacional de Infraestructura Fonadin por el derecho de acceso a la transparencia e información mediante su titular Sergio Forte Gómez, comisionado del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC (Banobras) como institución Fiduciaria y dentro de sus facultades, informe las concesiones a quienes fueron designadas las carreteras Puebla- Acatzingo, tramo Amozoc, en ambos sentidos, estatus y términos de mantenimiento y reparaciones asignadas, así mismo, la solicitud a esta dependencia y también a Caminos y Puentes Federales (Capufe) para que por medio de su titular maestra Elsa Julieta Veites Aréval, Directora General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos y su Coordinación Regional 4 Suroeste Puebla, a quien corresponda para la reparación y restablecimiento de condiciones para el uso al que fue destinado.

Referencias

https://www.fonadin.gob.mx/fni2/apoyos-autorizados/#togg le-id-1

https://www.fonadin.gob.mx/fni2/fe20/

https://www.fonadin.gob.mx/fni2/autopistas-concesionadas /#toggle-id-2

http://www.fonadin.gob.mx/wp-content/uploads/2016/08/Ane xo_1.pdf

https://www.gob.mx/capufe/

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 12 días del mes de enero de 2022.

Senador Alejandro Armenta Mier (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades competentes a solucionar el conflicto con la ENAH, a cargo de la senadora Estrella Rojas Loreto, del Grupo Parlamentario del PAN

Estrella Rojas Loreto, senadora de la república, integrante de la LXV Legislatura de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

“Entre las grandes riquezas de México se encuentran sus tradiciones, tesoros vivos que emanan de las diversas expresiones de nuestros pueblos; valiosas experiencias que se transmiten de una generación a otra y trascienden de lo material a lo intangible a través de un vínculo entre el pasado y el presente, comunicando un sentido de pertenencia e identidad a las personas que conforman una comunidad.”1

El estudio de nuestra riqueza cultural se da mediante ciencias sociales de vital importancia, como son la historia, la antropología, la arqueología, la etnología, entre otras.

“La antropología estudia a la humanidad, sus sociedades del presente y del pasado, así como las diversas culturas y formas de organización e interacción social que ha creado. Conoce y analiza la diversidad étnica, los procesos de continuidad y cambio sociocultural, las formas de organización social y, en general, todas las expresiones de la variabilidad humana. Incursiona en el conocimiento del proceso de hominización y, en ese marco, analiza la coevolución del Homo sapiens sapiens con otras especies animales y su relación con el medio ambiente.”2

“La arqueología se ocupa de documentar, recuperar, explicar, comprender e interpretar a las sociedades del pasado con base en la evidencia material. Es una ciencia social estrechamente vinculada con la antropología y a la historia, que busca resolver los grandes enigmas del desarrollo humano, desde el proceso de hominización (la aparición del género homo y posteriormente, las diferentes especies hasta llegar al Homo sapiens sapiens ), hasta la conformación de las primeras civilizaciones e imperios del mundo; su ámbito de competencia se extiende hacia épocas como la histórica, la industrial y la actual, ya que no se agota en el estudio de los pueblos sin registros escritos.”3

Por otro lado, “(...) el doctor Sebastián Plá Pérez, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM, comenta que la historia se ha desarrollado como elemento fundamental de la identidad nacional y su función está relacionada con la formación ciudadana, de sujetos y de colectividades. Agregó que la enseñanza de la historia depende del momento histórico, es decir, está directamente vinculada a lo que el Estado determine en cada periodo y aunque hay una historia oficial, no necesariamente ha sido siempre la misma.”4

La Secretaría de Cultura, de acuerdo al artículo 41 Bis de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene entre sus obligaciones el despacho de conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la Nación, así como coordinar, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, las acciones que realizan las unidades administrativas e instituciones públicas pertenecientes a la administración pública federal centralizada y paraestatal en materias de investigación científica sobre antropología e historia relacionada principalmente con la población del país y con la conservación y restauración del patrimonio cultural, arqueológico e histórico, así como el paleontológico; la protección, conservación, restauración y recuperación de ese patrimonio y la promoción y difusión de dichas materias.

México cuenta con una organismo específico para el estudio y la conservación de nuestra cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que investiga, conserva y difunde el patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de la nación, a fin de fortalecer la identidad y memoria de la sociedad que lo detenta.

De conformidad al artículo 1o. de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene personalidad jurídica propia y depende de la Secretaría de Cultura.

Para cumplir con sus objetivos, el INAH debe efectuar investigaciones científicas que interesen a la arqueología e historia de México, a la antropología y etnografía de la población del país.

“Actualmente, el INAH realiza sus funciones a través de una estructura que se compone de una Secretaría Técnica, responsable de supervisar la realización de sus labores sustantivas, cuyas tareas se llevan a cabo por medio de las siete coordinaciones nacionales y los 31 centros regionales distribuidos en los estados de la República.”5

Para el cumplimiento de sus objetivos (proteger, conservar, difundir, investigar) el INAH cuenta con diferentes instituciones de educación superior, para formar profesionales encargados de cumplir con estos fines, como son la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete y la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México.

La Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) es una institución, dependiente del INAH, encargada de la docencia de la antropología en México. Su origen, en 1938, se encuentra en el Departamento de Antropología de la Escuela de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Creándose en 1939 el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y en 1946, la escuela recibió su nombre actual.

Los objetivos principales de la ENAH son la enseñanza profesional a niveles de licenciatura y posgrado; la investigación y la difusión de la cultura en los ámbitos de la antropología y la historia, además de la enseñanza de lenguas indígenas; así como difundir y socializar los conocimientos aprendidos y generados, poniéndolos al alcance no solamente de los especialistas, sino de la sociedad en su conjunto.6 Vale la pena destacar su misión y visión:

Misión: Formar y actualizar profesionales en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado, competentes para realizar investigación antropológica e histórica original, capaces de generar y aplicar el conocimiento sobre temas de relevancia científica, desarrollo, pertinencia e impacto social, a partir del compromiso social como criterio ordenador y de una actitud que reconoce la diversidad. Así como, actualizar y difundir el conocimiento de las disciplinas antropológicas e históricas, tomando en cuenta las funciones que ellas puedan cumplir en diferentes grupos de la sociedad.

Visión: La Escuela Nacional de Antropología e Historia está posicionada como una de las instituciones en docencia e investigación más reconocidas a nivel nacional e internacional, en materia de antropología e historia, a partir de programas de alta calidad en la formación de profesionales con niveles competitivos y de vanguardia en el campo de la investigación en las distintas disciplinas de su competencia. Con ello, la ENAH busca colaborar en el desempeño de las tareas sustantivas de investigar, conservar, proteger y difundir el conocimiento sobre el patrimonio cultural de México, que competen por ley al INAH.

Así, se responder de manera eficiente a las necesidades y beneficio de la sociedad en general y del propio INAH que en su Programa de Trabajo 2007-2012 afirma que “la investigación y la formación de profesionales es el centro de nuestro quehacer: de él emanan las nuevas políticas públicas de protección y difusión de nuestro legado, y es el semillero indispensable para el recambio generacional en las tareas sustantivas que nos han encomendado”.7

A lo largo de ocho décadas, la ENAH no sólo ha acompañado las luchas y movimientos sociales más importantes del País, sino que de sus aulas han surgido algunos de los académicos más reconocidos.8

Sin embargo, lo recortes presupuestales en materia de cultura, particularmente acentuados en esta Administración federal, han generado un conflicto entre el INAH y la ENAH, debido a que se han eliminado plazas y reducido su presupuesto de manera alarmante.

“El conflicto se originó a finales de 2021, cuando, alegando un asunto presupuestal, el INAH informó que no habría nuevas contrataciones de personal eventual en 2022. En una protesta realizada el 05 de enero de 2022, afuera del instituto, alumnos, docentes y trabajadores de la escuela de antropología llegaron con dos consignas: “Presupuesto para la ENAH” y “Fuera Diego Prieto”, director del INAH.

En consecuencia, el pasado 3 de enero, estudiantes de la ENAH se manifestaron afuera de las oficinas del INAH en la Ciudad de México. “Se manejaron diversas propuestas desde tomar la ENAH, cerrar museos y zonas arqueológicas, ir a Palacio Nacional, asistir a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, bloquear Periférico y extenderlo a otras vías como Insurgentes y Reforma, marchar del Museo Nacional de Antropología a las oficinas del INAH, e incluso ir a Cámara de Diputados y al Senado, la comunidad estudiantil optó por empezar la movilización en las oficinas del INAH y “sacar” a Diego Prieto “de la comodidad de su oficina”.9

Los manifestantes reclamaron por los despidos de personal docente y denunciaron que desde hace años la escuela sufre recortes presupuestales, lo que ahora deriva en condiciones precarias. En este sentido, acusaron a la actual administración de dar solo “limosna” a la cultura y recordaron que en el pasado este rubro se utilizó solo como una “agencia de turismo”.10

De acuerdo con la Asamblea General de la ENAH, el conflicto en ese centro de estudios “está lejos de solucionarse” con la renovación contractual de 60 trabajadores eventuales, como lo ha declarado Diego Prieto, director del INAH.

La importancia de la ENAH radica en su labor como pilar en la investigación y preservación de nuestra cultura. Es inadmisible que justificados en una austeridad mal entendida se desmantele una institución tan relevante.

Por lo anterior, esta Comisión Permanente debe manifestar su preocupación por el conflicto e instar a las partes a que encuentren pronta solución, con pleno respeto a los derechos laborales y siempre teniendo como eje la necesidad de una nación por tener estudios de alto nivel sobre su propia cultura: antropología, arqueología, etnología, etcétera.

Proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, para exhortar a las autoridades competentes a solucionar el conflicto con la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Instituto Nacional de Antropología e Historia a tomar las medidas necesarias para solucionar de manera pronta y efectiva, las peticiones de alumnos, docentes y trabajadores de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en materia presupuestal y de contratación laboral.

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Cultura a mediar entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia y los trabajadores de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, para encontrar pronta solución de manera pronta y efectiva, las peticiones de alumnos, docentes y trabajadores, en materia presupuestal y de contratación laboral.

Tercero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que, en ejercicio de sus atribuciones, se autoricen los recursos necesarios al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que este en posibilidad de solucionar el conflicto en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en materia de contratación y suministro de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus fines.

Notas

1 Véase: https://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/un-pais-de-tradiciones/ (Consultado el 7 de enero de 2022).

2 Véase: https://www.politicas.unam.mx/cea/?p=1 (Consultado el 7 de enero de 2022).

3 Véase: https://www.enah.edu.mx/index.php/59-ofe-aca/posgrado/posg-arq Consultado el 06 de enero de 2022.

4 Véase: http://ciencia.unam.mx/leer/646/clases-de-historia-para-que-no-solo-sir ven-para-recordar-el-16-de-septiembre-de-1810 (Consultado el 6 de enero de 2022).

5 Véase: https://www.inah.gob.mx/quienes-somos (Consultado el 6 de enero de 2022).

6 Véase: https://www.enah.edu.mx/index.php/acerca-enah/mision-enah (Consultado el 6 de enero de 2022).

7 Véase: https://www.enah.edu.mx/index.php/acerca-enah/mision-enah (Consultado el 6 de enero de 2022).

8 Véase: https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/
default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/conoce-la-enah-semillero-de-famosos-intelectuales/
ar2326827?referer=—7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a— (Consultado el 6 de enero de 2022).

9 Véase: https://www.eluniversalpuebla.com.mx/nacional/enah-convoca-mitin-en-las -oficinas-del-inah (Consultado el 6 de enero de 2022).

10 Véase: https://politica.expansion.mx/mexico/2022/01/06/conflicto-enah-reclamo- de-estudiantes-por-falta-de-recursos (Consultado el 6 de enero de 2022).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2022.

Senadora Estrella Rojas Loreto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas secretarías de Estado a implantar acciones de refuerzo de la vigilancia epidemiológica y, en su caso, restricciones en la llegada y la salida de vuelos internacionales y garantizar a los usuarios información oportuna sobre las condiciones de movilidad, a cargo de la senadora Nuvia Mayorga Díaz, del Grupo Parlamentario del PRI

Nuvia Mayorga Delgado, senadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La nueva ola Covid-19 ha provocado en las últimas semanas caos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Los viajeros han tenido que soportar filas que se extienden a lo largo de la pasarela sólo para dejar sus maletas. Esto, debido a que las aerolíneas se vieron afectadas por las deficiencias de personal debido al contagio por Covid-19. Al menos 65 vuelos a la Ciudad de México se cancelaron durante la segunda semana de enero 2022, 71 pilotos de Aeroméxico han dado positivo por Covid, al igual que 4 de Aeromar, según informó el pasado 8 de enero el capitán José Suárez, vocero de la asociación de pilotos ASPA, que atiende a mil 900 pilotos de Grupo Aeroméxico, SAB, y Grupo Aeromar, SA.

México registró el jueves 6 de enero 25 mil 821 nuevos casos de Covid-19, la mayor cantidad desde agosto pasado, a medida que la variante Ómicron se propaga por el país. No obstante, las muertes y las hospitalizaciones se han mantenido bajas en comparación con olas anteriores. Frente a esta situación, México ha vacunado completamente sólo a 57 por ciento de su población.

En materia aeroportuaria Aeroméxico está implementando protocolos de rastreo de contactos para varios colaboradores, incluidas las tripulaciones de vuelo, lo que ha resultado en un ajuste de las operaciones planificadas.

Aunque la emergencia sanitaria no es propia de México, no hay duda de que esta nueva ola ha trastocado la movilidad de las personas y se teme que volvamos a tener que entrar en confinamiento para reducir o mitigar los contagios y efectos de esta enfermedad. Aunque el Gobierno de México ya se ha pronunciado al respecto negando que se vuelva una situación de confinamiento y cierres totales.

Sabemos que la batalla contra el Covid-19 continúa, y que esto trae consigo obstáculos para llevar a cabo actividades en distintos sectores, no obstante, en este caso; se cristaliza un problema mayúsculo en torno a la aviación y movilidad de los mexicanos. Frente a la saturación del aeropuerto internacional Benito Juárez este gobierno decidió cancelar un proyecto en etapa ejecutiva y en construcción para sustituirlo por unos bocetos apenas detallados de lo que será el aeropuerto Felipe Ángeles que empezó su construcción sin tener como tal un “anteproyecto” serio y profundo, iniciando así con una ausencia de documentos oficiales que respalden lo que se pretende construir frente a lo que se prometió al principio.

Por ejemplo, para conocer con certidumbre el verdadero número de posiciones de un aeropuerto, necesitaríamos remitirnos a la Publicación de Información Aeronáutica, el documento oficial con que los pilotos colocan las aeronaves en los puntos de embarque de los aeropuertos según su tipo, dimensiones, especificaciones e itinerarios. Dicho documento aún no existe, al menos oficialmente.

Con toda certeza, podemos decir que para la realización de este nuevo aeropuerto no existió capacidad técnica ni legal para inaugurar algo que ha costado miles de millones de pesos y del que no tenemos todavía un plan maestro actualizado que corresponda fielmente a lo que en este momento se construye.

El gobierno federal se ha excusado en la “seguridad nacional” para justificar su falta de transparencia, y que parece estar por encima del derecho de los ciudadanos a saber cómo y en qué se gastan sus impuestos.

En conclusión, la situación no deja de ser alarmante, la llegada de una nueva ola Covid que provoca la falta de personal de las aerolíneas, la vulnerabilidad de contagio para pilotos y tripulación, así como la ausencia de organización y coordinación de estas, y de las autoridades aeroportuarias para evitar conglomeraciones y largas filas en las instalaciones, empeoran el panorama. Además, si la saturación comienza a hacer estragos en la movilidad aérea mexicana, la inauguración del nuevo aeropuerto no traería consigo la solución a la saturación y sobrepoblación del que está en Ciudad de México.

El panorama resulta preocupante. Por ello someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los secretarios de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de Salud, y de Relaciones Exteriores para que, en el ámbito de sus competencias, de forma inmediata, implanten acciones de refuerzo de la vigilancia epidemiológica y en su caso restricciones en la llegada y salida de vuelos internacionales en los aeropuertos del país y garanticen a los usuarios, información pronta y oportuna sobre las condiciones de movilidad así como la situación y restricciones sanitarias que guardan los destinos en cuanto a la pandemia por Covid-19 y sus variantes, con la finalidad de evitar caos y aglomeraciones en las instalaciones, que pongan en peligro la salud de los pasajeros así como de las y los trabajadores aeroportuarios.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2022.

Senadora Nuvia Mayorga Delgado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos locales a elaborar e implantar con el Inmujeres políticas públicas encaminadas a prevenir y erradicar la violencia contra mujeres en los hogares, suscrita por la diputada Angélica Peña Martínez, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, Angélica Peña Martínez, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La violencia contra las mujeres y niñas es un problema que se ha dado en nuestro país desde muchos años, por lo cual el Estado mexicano ha tomado diversas medidas a fin de erradicar por completo cualquier tipo de violencia. Con estas acciones se ha logrado prevenir y reducir las agresiones físicas, psicológicas y económicas contra las mujeres y niñas, sin embargo, derivado de la epidemia de Covid-19, la violencia en contra de este grupo se ha hecho más visible, por lo cual es necesario implementar más líneas de acción a fin de erradicar este fenómeno por completo.

Para comprender esta problemática es necesario conocer en qué consiste. De acuerdo con la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, se define a la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.1

Las mujeres y las niñas enfrentan diversos tipos de violencia (física, económica y psicológica), que van desde comentarios sexuales, silbidos, manoseos y violaciones, hasta llegar a la forma más extrema: los feminicidios. Todas estas formas son parte del continuum de violencia que se ejerce contra ellas a lo largo de sus vidas, de manera sistemática y en múltiples formas, tanto en el ámbito privado como en el público,2 es necesario erradicar por completo el problema, ya que estas agresiones afectan a las víctimas en todas las etapas de su vida.

En México, 6 de cada 10 agresiones ocurridas en la calle contra mujeres son de tipo sexual y al menos 7 mujeres son asesinadas cada día en el país. Además, 6 de cada 10 niñas y adolescentes han sufrido al menos una forma de castigo psicológico o físico en sus hogares. Las principales causas de estas formas de violencia son los estereotipos de género, las culturas machistas, la normalización y la naturalización de la violencia, así como la minimización de su impacto. Todos estos factores estructurales perpetúan y fomentan la violencia contra mujeres y niñas en el país.3

Sin duda alguna, este problema nos afecta a todos como sociedad, no podemos dejar que las mujeres de nuestro país se sientan inseguras al caminar por las calles, por esta razón es necesario implementar políticas públicas y líneas de acción que tengan como objetivo prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres.

Actualmente, los gobiernos de todo el mundo han instaurado políticas públicas para hacer frente a esta situación, y el país no es la excepción: por ejemplo, en la Ciudad de México se implantó una política para erradicar la violencia contra las mujeres que comprende cinco ejes fundamentales.

1. Transporte público

• Instalación de botón de auxilio –como aplicación telefónica– para usarse, en caso de emergencia, al abordar cualquier tipo de medio de transporte púbico.

• Fortalecimiento de espacios exclusivos para mujeres en el Metro y Metrobús.

• Mayor iluminación al exterior de las estaciones del Metro.

2. Espacio público

• Instalación de 20 mil 875 luminarias en diversas calles y avenidas identificadas como zonas de mayor violencia hacia las mujeres.

• Se contará con botón de auxilio, alerta sonora y cámara del programa “mi c911e” en los puntos de riesgo.

• Implantación del botón de auxilio como aplicación telefónica.

3. Instituciones de seguridad y justicia

• Seis nuevas agencias de Ministerio Público para que las mujeres víctimas de delitos sexuales reciban atención y acompañamiento de manera íntegra en el proceso de su denuncia.

• Formación integral y mayor capacitación a elementos de la Policía Preventiva, Policía Auxiliar, Policía de Investigación y Ministerios Públicos, para atender la violencia contra las mujeres.

• Atención a víctimas en el Ministerio Público por especialistas mujeres.

• Denuncia digital sin refrendo presencial, principalmente para delitos sexuales.

• La Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia atenderán con las empresas Facebook y Twitter el acoso, la amenaza y la violencia en internet.

4. Atención a víctimas

• Se fortalecerán las unidades territoriales de prevención y atención a la violencia Lunas en las 16 alcaldías con mayor personal especializado y ampliación de horario, donde se atiende de manera íntegra a niñas y mujeres víctimas de violencia de género.

5. Campañas permanentes

• Se iniciará la campaña “No es costumbre, es violencia” para visibilizar, así como evitar el acoso y la violencia hacia niñas y mujeres.4

Ahora bien, la pandemia de Covid-19 vino a afectar al mundo en múltiples maneras ya que pasó de ser un fenómeno biológico a uno social, pues al ser una enfermedad sumamente contagiosa que nos obligó a confinarnos en cuarentena en nuestras casas, nos vimos forzados a rediseñar nuestras relaciones sociales. Desgraciadamente esta pandemia afectó negativamente, pues se dio un incremento de la violencia contra mujeres y niñas en los hogares.

Las estadísticas indican que una de cada tres mujeres sufre violencia sexual o física, en su mayoría, por parte de su pareja, aunado a la dificultad que afrontan estas mujeres al permanecer confinadas en casa con sus agresores.

Está claro que el confinamiento decretado por las autoridades sanitarias con motivo de la pandemia de Covid-19 ha intensificado la violencia en el hogar, de forma tal que, paralelamente al coronavirus, se ha desarrollado otra pandemia a la sombra, y es la de la violencia hacia las niñas y las mujeres.5, 6

La Red Nacional de Refugios reporta que tan solo en los primeros cinco meses de 2021, al menos 13,631 mujeres huyeron de casa con sus hijas e hijos debido a la violencia que enfrentaban.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a mayo de este año se reportaron 106 mil 603 casos de violencia familiar, mientras que en todo 2020 se registraron 220 mil 31, la cifra más alta desde 2015.

Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, puntualiza que en 2020 se detectó un incremento de 40 por ciento en las violencias contra las mujeres en comparación con las atenciones que se brindaron en 2019. Y en los primeros 5 meses del 2021 el aumento fue de 4 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Sin duda alguna, debemos tomar acción en contra de este tipo de agresiones, antes de la epidemia se tomaron muchas medidas para erradicar la violencia contra las mujeres que han resultado en algún grado efectivas para reducir las agresiones que se sufren en la calle o el transporte público, sin embargo, con la llegada de esta enfermedad es necesario implementar más políticas públicas que puedan adaptarse a esta “nueva normalidad”, en la que día a día cientos de mujeres permanecen en casa con sus agresores, estas nuevas políticas públicas serían muy útiles incluso cuando la pandemia haya terminado, pues complementarán las acciones que el gobierno federal ya implementa y garantizarán una vida libre de violencia contra las mujeres dentro y fuera de los hogares.

Por lo fundado y motivado someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas a elaborar e implantar en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres políticas públicas encaminadas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en los hogares.

Notas

1 Véase “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre”. Naciones Unidas México, consultado el 24 de noviembre de 2021. Disponible en

https://www.un.org/es/observances/ending-violence-agains t-women-day

2 Véase “Erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas es primordial para garantizar un México 50-50”. Naciones Unidas México, 26 de noviembre de 2017, consultado el 24 de noviembre de 2021. Disponible en https://www.onu.org.mx/erradicar-la-violencia-contra-las-mujeres-y-las- ninas-es-primordial-para-garantizar-un-mexico-50-50-%E2%97%8F/

3 Véase “Erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas es primordial para garantizar un México 50-50”. Naciones Unidas México, 26 de noviembre de 2017, consultado el 24 de noviembre de 2021. Disponible en https://www.onu.org.mx/erradicar-la-violencia-contra-las-mujeres-y-las- ninas-es-primordial-para-garantizar-un-mexico-50-50-%E2%97%8F/

4 Véase en “Presenta gobierno de la Ciudad de México Plan de Acciones Inmediatas para Atender la Violencia contra las Mujeres”, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 28 de agosto de 2019, consultado el 25 de noviembre de 2021. Disponible en https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-gobie rno-de-la-ciudad-de-mexico-plan-de-acciones-inmediatas-para-atender-la- violencia-contra-las-mujeres

5 Véase en “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, consultado el 24 de noviembre de 2021. Disponible en https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-eliminacion- violencia-mujer#resTit_6

6 Véase en “Una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia física o sexual desde que es muy joven”, Naciones Unidas, 9 de marzo de 2021, consultado el 24 de noviembre de 2021. Disponible en https://news.un.org/es/story/2021/03/1489292

Véase en “La otra pandemia: 13 631 mujeres huyeron por violencia de enero a mayo de 2021”, en Expansión Política, 25 de julio de 2021, consultado el 25 de noviembre de 2021. Disponible en https://politica.expansion.mx/voces/2021/07/24/pandemia-historica-mexic o-13631-mujeres-huyen-por-violencia

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2022.

Diputada Angélica Peña Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT y la Profeco a vigilar el cumplimiento de las leyes aplicables en la interacción de aerolíneas y pasajeros, así como sancionar a las que incumplan la legislación vigente, a cargo de las senadoras Cora Cecilia Pinedo Alonso y Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del PT

De la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso y de la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Derechos de los pasajeros

Derivado de los decretos por los que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicados en el Diario Oficial de la Federación de 26 de junio de 2017, las aerolíneas, desde el 8 de noviembre de 2017, están obligadas a proporcionar a todos sus pasajeros un servicio eficiente y de calidad, así como a respetar e informar a los consumidores de manera veraz, adecuada y clara sus derechos y obligaciones.1

Derechos de los pasajeros del servicio público de transporte aéreo

Las disposiciones relativas a derechos de los pasajeros contenidas en la Ley de Aviación Civil son de carácter obligatorio y su cumplimiento debe ser acatado y ejecutado por todas las aerolíneas, así como su personal y las agencias de viajes a cargo de las ventas de pasajes, reservas y chequeo en mostradores.

Las aerolíneas en todo momento están obligadas a proporcionar un servicio de calidad y eficiente a todos sus pasajeros.

Para garantizar lo anterior, deberán respetar el artículo 65 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor que a la letra dice:

“Artículo 65 Ter. Sin perjuicio de los derechos de los pasajeros establecidos en la Ley de Aviación Civil y en el contrato de transporte de pasajeros a que se refiere dicha ley, los permisionarios o concesionarios en su calidad de proveedores, deberán publicar a través de medios electrónicos o físicos, en el área de abordaje y en los módulos de atención al pasajero las causas o razones por las que los vuelos se vean demorados y poner a disposición de los consumidores toda la información relativa para la presentación de quejas o denuncias, en cada una de las terminales en donde operen, de conformidad con los lineamientos que establezca la Procuraduría” (Énfasis añadido.)2

El pasajero tiene derecho a un trato digno y a contar con un alto nivel de información por parte de la aerolínea, de tal modo que conozca sus opciones y pueda tomar alternativas en caso de requerirlas, incluyendo los derechos del pasajero, las políticas de compensación, los motivos del retraso, demora o cancelación, las medidas de seguridad operacional y poner a disposición del pasajero toda la información relativa para la presentación de quejas o reclamaciones en cada una de las terminales donde opere.3

Retrasos y demoras

Las causas o de los retrasos o demoras de los vuelos deben ser informadas por medios electrónicos o físicos, en el área de abordaje en los módulos de atención al pasajero.

Si el retraso o demora es atribuible a la aerolínea, esta debe compensar al pasajero de acuerdo con el artículo 47, fracción V, de la Ley de Aviación Civil que establece:

Artículo 47 Bis. El concesionario o permisionario está obligado a proporcionar un servicio de calidad y eficiente a todos sus pasajeros. Para garantizar lo anterior, deberá respetar y cumplir con cuando menos los siguientes derechos del pasajero

V. En caso de que exista retraso en relación con la hora de salida estipulada en el boleto y la causa sea atribuible al concesionario o permisionario, el pasajero será indemnizado y/o compensado por el proveedor del servicio de acuerdo a los siguientes criterios:

a) Cuando la demora sea superior a una hora e inferior a cuatro, se compensará conforme las políticas de compensación de cada permisionario o concesionario. Las políticas de compensación deberán incluir como mínimo, descuentos para vuelos en fecha posterior hacia el destino contratado y/o alimentos y bebidas, de acuerdo con lo establecido por los permisionarios y concesionarios y conforme al principio de competitividad. Si la demora es mayor a dos horas, pero menor a cuatro, los descuentos incluidos en las políticas de compensación no podrán ser menores al 7.5% del precio del boleto.4 “ (Énfasis añadido.)

Lamentablemente, varias aerolíneas han sido señaladas por retrasos en sus vuelos, cambios de horario “sin explicación”, falta de atención al consumidor, así como sus elevados precios.5

Cada vez es más frecuentes el retraso de diversos vuelos como el ocurrido en noviembre de este año en el Aeropuerto Internacional “Manuel Crescencio Rejón” en Mérida, Yucatán, en donde más de 4 mil pasajeros quedaron varados en la capital yucateca a causa de retrasos y cancelaciones de más de 30 vuelos.6

Por otro lado, El aeropuerto internacional de la Ciudad de México se ha convertido en un escenario en donde abunda la desesperación, debido a que, generalmente se presentan retrasos y cancelaciones de forma constante.7

Precios exorbitantes, vuelos sobrevendidos, cancelaciones a última hora y todo ante la impotencia de viajeros nacionales y extranjeros que pierden no solo horas, sino hasta días para llegar a su destino.

Todas estas fallas o complicaciones están causando un grave impacto en los pasajeros, los cual se han visto obligados a cambiar de forma imprevista sus planes de viaje, pagar de más, esperar horas para abordar una aeronave, pasar momentos incómodos y denigrantes a la dignidad mientras deben esperar sin recibir el trato justo por parte de las aerolíneas pues claramente estas violentan e incumplen con las disposiciones legales aplicables.

Fraudes en la venta de boletos.

Los fraudes en la venta de boletos de avión son un delito impune que ha crecido en los últimos seis a ochos años y las autoridades han dejado de prestar atención al problema.

En 2020, como consecuencia de la pandemia por la Covid-19 y de una huelga de sus trabajadores, la aerolínea Interjet canceló todos sus vuelos del 17 al 31 de diciembre y después de ahí dejó de operar y aunque veía difícil volver a volar debido a las aparatosas sumas de dinero que se le han acumulado en deudas, Internet asegura que regresará al mercado. No obstante, la línea también defraudo a los clientes.8

Los clientes de Interjet han manifestado que, después de las cancelaciones de sus vuelos, la aerolínea no les ha devuelto lo que pagaron por sus boletos.

Por todo lo anterior, es que el día de hoy me permito someter ante esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Procuraduría Federal del Consumidor, vigilen a las aerolíneas el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables con la finalidad de proporcionar a todos los pasajeros un servicio de calidad y apegado a derecho y en su caso, sancionar a las aerolíneas que violentan o incumplen con la normatividad aplicable.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se establezcan las medidas necesarias para fomentar en las aerolíneas, una mayor difusión en los pasajeros a la “Carta de los Derechos de los Pasajeros de Aeronaves”, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Notas

1 https://www.profeco.gob.mx/politicasaviacion/index.html 07/12/21

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/113_241220.pdf 07/12/21

3https://www.profeco.gob.mx/poIiticasaviacion/pdf/_DEREC HOS%20Y%20OBLIGACIONES%20VlAJAR%20EN%20AVI%C3%93N%20QR&20(vf).pdf 07/12/21

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_de_Aviacion_Civil.p df 07/12/21

5 https://www.merca20.com/crisis-aeroportuaria-y-su-impacto-en-el-consumi dor/07/12/21

6 https://_noticaribe.com.mx/2021/11/10/
vueIos-retrasados-dejan-varados-a-mas-de-4-mil-pasajeros-enaeropuerto-de-yucatan/ 07/12/21

7 https://abcnoticias.mx/nacional/2021/11/15/vuelos-cancelados-ocasionan- caos-en-el-aeropuerto-de-lacdmx-150962.html 07/12/21

8 https://www.merca20.com/se-unen-4-mil-denunciantes-vs-interjet-voIvera- a-volar-en-2022/10/01/22

Dado en el salón de plenos de la Comisión Permanente a los doce días del mes de enero del año dos mil veintidós.

Senadoras: Cora Cecilia Pinedo Alonso y Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, la Conadic y la CNDH a garantizar los derechos humanos de las personas en los establecimientos especializados de atención a las adicciones y remitir un informe sobre la existencia de quejas presentadas por ellas, a cargo del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, integrante y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXV Legislatura, con fundamento en lo establecido en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional contra las Adicciones a garantizar los derechos humanos de las personas usuarias de los establecimientos especializados de atención a las adicciones en su modalidad residencial, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a remitir un informe sobre la existencia de quejas presentadas por dichas personas usuarias, de acuerdo a las siguientes:

Consideraciones

Primera. De acuerdo con la Ley General de Salud en su artículo 45, “corresponde a la Secretaría de Salud vigilar y controlar la creación y funcionamiento de todo tipo de establecimientos de servicios de salud, así como fijar las normas oficiales mexicanas a las que deberán sujetarse”.

Segunda. Que la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud, y tiene dentro de sus atribuciones, según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2016 en su artículo 3o., entre otras:

VI. Coordinar y supervisar los servicios de prevención y atención de las adicciones, mediante el establecimiento y desarrollo de modelos de organización y operación en los diferentes niveles de atención.

XXIV. Coordinar la Red Nacional de Atención a las Adicciones y emitir lineamientos, criterios y procedimientos de carácter técnico que deben regir a los establecimientos que brindan servicios de prevención y tratamiento de adicciones, así? como supervisar el cumplimiento y observancia de estos y formular recomendaciones sobre su funcionamiento”.

Tercera. En marzo de 2021, la Conadic expidió los “Lineamientos para el Reconocimiento y Ratificación de Establecimientos Residenciales de Tratamiento de Adicciones 2021-2022”1 , derivado del “Programa de Reconocimiento y Ratificación a Establecimientos Residenciales de atención a las Adicciones”.

Dentro de dichos “Lineamientos”, se estableció que:

“El Programa de Reconocimiento y Ratificación que realiza la Conadic ha permitido que los centros den cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad vigente. Se considera oportuno el fortalecimiento del programa en aras de supervisar detalladamente los procesos de atención desde el ingreso, egreso y seguimiento de los usuarios, así como revisar la infraestructura y coadyuvar con la actual administración del gobierno federal para continuar desarrollando e implementando estrategias y acciones encaminadas a la mejora de la calidad de la atención y el respeto a los derechos humanos, la cual ha sido identificada como un eje central de las acciones de la Secretaría de Salud”.

Cuarta. Que oficialmente, la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) tiene registrados 281 establecimientos especializados de atención a las adicciones en todo el país.2

Quinta. De conformidad con los “Lineamientos” la Conadic tiene la obligación de “ Supervisar y fortalecer el apego a la normatividad vigente y el respeto a los derechos humanos por parte del personal de los establecimientos residenciales, a través de su reconocimiento, con el propósito de incluirlos en un directorio nacional para contar con una red de servicios al servicio de la población”.

Sexta. Que el pasado 9 de enero de 2022, se publicó en el portal de internet de un medio de circulación nacional la nota: “Violación de DH, la constante en clínicas para las adicciones3 , en dicha publicación se puede leer que:

“Son lugares prácticamente ajenos al escrutinio público y en la indefinición sobre qué instancias gubernamentales deberían supervisarlos.

Las clínicas de adicciones y de atención a la salud mental en el país son –en su mayoría– sitios donde la violación de derechos humanos (maltratos, hacinamientos, golpes, humillaciones y tratamientos que pueden equipararse a la tortura) es recurrente, de acuerdo con el seguimiento que les ha dado la organización Documenta.

La escasa infraestructura gubernamental para atender la salud mental y su alta concentración en las principales ciudades... provoca la proliferación de centros de internamiento privados que, favorecidos por la escasa vigilancia, operan prácticamente en la clandestinidad, sin garantías suficientes para los internos ni responsabilidades legales. Su lógica es la ganancia, más que la atención de salud.

Esta carencia de atención pública reduce las opciones y produce que familiares desesperados por la adicción de sus hijos o con problemas de salud mental recurran a centros privados, cuyas condiciones de operación y nula supervisión generan entornos para violaciones de derechos humanos y se les recluya en condiciones insalubres.

“ Incluso en muchos lugares se les extorsiona para que puedan salir porque los familiares los llevan ahí en su desesperación al no saber qué hacer con un pariente con uso problemático de drogas”.

Séptima. El tercer párrafo del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

Octava. En ese sentido, la Secretaría de Salud, así como la Comisión Nacional contra las Adicciones, deben garantizar los derechos humanos de las personas usuarias de los Establecimientos Especializados de Atención a las Adicciones en su modalidad residencial.

Por ello, es indispensable la supervisión e intervención gubernamental para mejorar los procesos de atención desde el ingreso, egreso y seguimiento de los usuarios, lo cual permitirá evitar maltratos, hacinamientos, golpes, humillaciones, tratamientos que pueden equipararse a la tortura o cualquier acto que vulnere los derechos humanos de las personas usuarias de dichos centros de atención a las adicciones.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional contra las Adicciones, a garantizar los derechos humanos de las personas usuarias de los establecimientos especializados de atención a las adicciones en su modalidad residencial.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional contra las Adicciones, remitan un informe detallado sobre la existencia de presuntas violaciones a los derechos humanos y la atención brindada a las personas usuarias de los establecimientos especializados de atención a las adicciones en su modalidad residencial.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos remita un informe detallado sobre la existencia de quejas presentadas por las personas usuarias de los establecimientos especializados de atención a las adicciones en su modalidad residencial, por la posible violación a sus derechos humanos.

Notas

1 Disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/632940/Lineamientos_Reconocimiento_V._2021_.pdf

2 Información obtenida de acuerdo con el Directorio Nacional de Establecimientos Residenciales de Atención a las Adicciones Reconocidos, disponible en: https://www.gob.mx/salud/conadic/documentos/conadic-cuenta-con-un-direc torio-nacional-de-establecimientos-residenciales-de-atencion-a-las-adic ciones-reconocidos

3 Véase: https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/09/sociedad/violacion-de-dh-la -constante-en-clinicas-para-las-adicciones/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2022.

Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP y la Ssa a dar a conocer las acciones implantadas para garantizar el derecho a la educación y la salud de niñas y niños en el presente periodo escolar, suscrita por la senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Verónica Delgadillo García integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXV Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud den a conocer las acciones implementadas para garantizar el derecho a la educación y a la salud de niñas y niños en el presente periodo escolar.

Exposición de Motivos

I. A la fecha en México se estiman cerca de 4 millones 360 mil casos de Covid-19, de los cuales lamentablemente 313 mil 999 personas han perdido la vida a causa de esta enfermedad.1 Adicionalmente, cabe mencionar que México ha sido uno de los principales países con un mayor exceso de muertes durante la actual pandemia.2

Ante dicho escenario, así como el paso acelerado de nuevos contagios por las nuevas variantes de virus que provocan Covid-19, y tomando en cuenta el presente inicio de clases en nuestro país, se requiere no bajar la guardia, así como procurar la mayor cantidad de medidas para evitar que los daños ocasionados por la pandemia de Covid-19 continúen, siendo uno de estos los daños colaterales el desarrollo educativo de niñas y niños.

Dentro de las principales afectaciones que han sufrido niñas y niños a causa de la pandemia ha sido su desarrollo, ocasionado en gran medida por un deserción escolar y un incremento en la desigualdad, un ejemplo de ello fue el ciclo escolar 2020-2021 donde cerca de 5.2 millones de estudiantes no se inscribieron a clases, de los cuales 3 millones de estos eran niñas y niños.3 y 4

Adicionalmente Unicef dio a conocer que cerca del “60 por ciento de todos los niños, niñas y adolescentes que perdieron un año escolar completo en el mundo debido a los confinamientos por Covid-19 vive en América Latina” situación que obliga a mejorar las condiciones de desarrollo educativo para aquellas niñas y niños que se han visto afectados.

Recientemente la Secretaría de Educación Pública manifestó que dicha dependencia se encontraba lista para un regreso a clases presenciales, bajo la aplicación de medidas que permitirían contar con un ciclo escolar seguro y en cumplimiento de las recomendaciones sanitarias.5

La presente proposición con punto de acuerdo tiene por objeto hacer un llamado al Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud y de Educación, de a conocer las acciones que permitirán garantizar el derecho a la salud y a la educación de las niñas y niños en este regreso a clases del presente año.

Es de recordar la obligación constitucional que tiene el Estado en garantizar en todo momento el interés superior de la niñez, en donde niñas y niños puedan gozar su derecho a la educación y a la salud.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de la manera más atenta al Poder Ejecutivo federal, para que la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud den a conocer las acciones que están siendo implementadas para garantizar el derecho a la educación y a la salud de niñas y niños en el presente periodo escolar, así como la evaluación y resultados obtenidos de la Guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas. Ciclo escolar 2021-2022.

Notas

1 Covid-19 México. Información General. Datos Abiertos Dirección General de Epidemiología. Gobierno de México. https://datos.covid-19.conacyt.mx/

2 The Economist’s excess-deaths model. The Economist. Excess deaths per 100,000 people Central estimate, Jan 2020-Jan 2021. Grafica: Our single best estimate of the pandemic’s true death toll is 18.9

3 Impacto de la pandemia en niñas y niños. Secretaría de Gobernación. Subsecretaría de Derechos

Humanos Población y Migración. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/663012/CPM_Segob_Impacto _pandemia_en_nin_as_y_ninos_ok__19ago21.pdf

4 de cada 5 niños y niñas que perdieron un año escolar en el mundo durante la pandemia, viven en América Latina y el Caribe. UNICEF. https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/3-de-cada-5-ni%C3%B1os -y-ni%C3%B1as-que-perdieron-un-a%C3%B1o-escolar-en-el-mundo-durante-la

5 La SEP presume como “listo” el regreso a clases para este lunes 3 de enero. Expansión.

https://politica.expansion.mx/mexico/2022/01/02/la-sep-p resume-como-listo-el-regreso-a-clases-paraeste-lunes-3-de-enero

Senado de la República, LXV Legislatura, enero 12 de 2021.

Senadora Verónica Delgadillo García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Consar a transparentar, vigilar y supervisar el funcionamiento de las Afore para garantizar el bienestar de los trabajadores, suscrita por la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Olga Juliana Elizondo Guerra, diputada del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, correspondientes al primer trimestre de 2020, México tiene una población de 126 millones 661 mil 703 habitantes, de los cuales 95 millones 784 mil 628 son mayores de 15 años y están en condiciones de trabajar; sin embargo, solo 54 millones 328 mil 324 forman parte de la población económicamente activa, entre ellos, se encuentran los trabajadores asalariados (37 millones 975 mil 389), los trabajadores por cuenta propia (12 millones 432 mil 423), los empleadores (2 millones 727 mil 401), personas sin pago y otros (2 millones 217 mil 91).1

Nuestro país tiene el enorme desafío de establecer las condiciones necesarias para que las y los trabajadores accedan a empleos dignos y bien remunerados, así como al conjunto de derechos y prerrogativas de la seguridad social.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 22 señala que:

“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.

La Organización Internacional del Trabajo define la seguridad social como:

“La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos e hijas”.2

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 123, fracción XXIX que:

“Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares”.

La Ley del Seguro Social, en su artículo 2, establece que la finalidad de la seguridad social es:

“Garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado”.

El sistema de pensiones en México es uno de los principales instrumentos que permite hacer efectivo el derecho a la seguridad social, el cual a través del tiempo ha sido objeto de diversas modificaciones con la finalidad de hacer frente a los múltiples problemas que enfrentamos en la materia, derivados de la realidad demográfica, jurídica e institucional. No podemos soslayar que, independientemente de que somos una nación envejeciente, la fragmentación del sistema de pensiones y jubilaciones en México ha sido una de las razones que han dado origen a la grave problemática actual, prueba de ello son los 105 esquemas diferentes existentes en el país identificados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF, 2013), sino la enorme disparidad entre unos y otros, posibilitada por la inexistencia de una norma de aplicación general.3

En 2016 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) identificó una serie de áreas que requieren mejoras, entre las que destacan: el proceso de transición del sistema “antiguo” al “nuevo”; el nivel de las contribuciones obligatorias; la red de protección social a la vejez (pensiones sociales); y la fragmentación del sistema de pensiones; así mismo, se recomiendan reformas al marco regulador de la Consar y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), particularmente en materia de estrategias y restricciones de inversión de las Afore y rentas vitalicias. Es de hacer notar que el citado estudio destaca la baja densidad de contribución resultante de la informalidad como otro reto importante al que se enfrenta el sistema mexicano de pensiones,4

Con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en México existen 48 millones 63 mil 556 trabajadores registrados en alguna de las 10 administradoras de fondos para el retiro (Afore), quienes son las encargadas de administrar los ahorros de los trabajadores pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),5 por su parte, la Consar es la institución encargada de supervisar la inversión de más de 4.3 billones de pesos de ahorro pensionario, propiedad de 67 millones de ahorradores.6

Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18, fracción IV, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la Afore deberá enviar por lo menos 3 veces al año de forma cuatrimestral al domicilio que indiquen los trabajadores, sus estados de cuenta y demás información sobre sus cuentas individuales, en la que se incluyen:

- Retiros de recursos

- Cambio de Afore

- Créditos de vivienda

- Pensiones

El estado de cuenta que sirve para dar seguimiento a los recursos de la cuenta Afore de cada trabajador, con el que se puede verificar que el patrón se encuentre depositando las aportaciones y observar el rendimiento o las ganancias que ha generado la cuenta por la inversión de los recursos durante un periodo específico.

Antes de hacer un paréntesis, es preciso hacer notar que, de acuerdo a diversos estudios, tal parece que la reforma de pensiones que entró en vigor en 1997, es decir, hace 23 años, pasó desapercibida para muchos mexicanos, ya que, de conformidad con las cifras más recientes de la Consar, en 2018 el 30 por ciento de las cuentas individuales no estaban asignadas a ninguna Afore, es decir, 19 millones de trabajadores no saben en qué Afore se encuentran. Si entre estos 19 millones hay personas que empezaron su vida laboral en 1997 a los 20 años, ahora tienen 43 o se acercan a la cuarta década de su vida. Lo anterior significa que, “a partir del 2030 habrá muchos más adultos mayores por cada trabajador en activo que en 1997 y que muchos de ellos no tendrán acceso a una pensión por haber carecido de un empleo formal y tampoco tendrán una familia que los apoye económicamente”.7

Aunque de manera breve, una vez expuesto el contexto de las Afores en México, es oportuno entrar de lleno a la materia que nos ocupa en el presente punto de acuerdo, no sin antes señalar que de una u otra forma, la problemática que acusa no es ajena a la que de manera general ha puesto en crisis al sistema de pensiones mexicano, siendo solamente uno de la diversidad de problemas, el que en esta proposición se aborda, a fin de obtener un resultado satisfactorio para las y los ciudadanos que han visto socavados sus legítimos intereses y derechos, debido a disposiciones poco afortunadas.

Entre las 10 Afores registradas ante la Consar, se encuentra la Afore Banorte XXI, quien a través de un sistema de cuentas individuales de jubilación (Cijubila) del plan de retiro de los trabajadores, cuyo fondo se opera bajo la modalidad de un fondo de previsión social, constituido por la CFE y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), complementa los beneficios previstos por la Ley del Seguro Social, en materia de pensiones de retiro de los trabajadores.

Este sistema de cuentas individuales aplica a todos los trabajadores de la CFE que hayan ingresado a partir del 19 de agosto de 2008, permanentes y temporales, sindicalizados y de confianza. La CFE y los propios trabajadores realizan aportaciones obligatorias al CIJUBILA equivalentes a un 16.7 por ciento (6.70 por ciento trabajador y 10 por ciento CFE) del salario base de integración salario. Para estos efectos, se realizan los descuentos cuatrimestrales en la catorcena que se paga el Fondo de Ahorro.8

Diversos trabajadores de la CFE han manifestado su inconformidad con este sistema de cuentas individuales de jubilación ya que encuentran opacidad y falta de información sobre diversos retiros de fondos que ellos no realizaron y que ninguna persona de la Afore Banorte XXI, ha otorgado respuesta a sus peticiones de información, tal y como se expresa en estado de cuenta enviado por los trabajadores, el cual se anexa, al final de este apartado expositorio.

De ahí que, el punto de acuerdo que pongo a consideración de este pleno tiene por objeto exhortar a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, para que en el ámbito de sus facultades transparente, vigile y supervise el funcionamiento de las administradoras de fondos para el retiro, especialmente la administrada por la Afore Banorte XXI, ante las inconformidades expresadas por los trabajadores pertenecientes a la CFE, particularmente, sobre retiros de dinero sin su autorización.

Es de vital importancia que este órgano de representación, y desde el ámbito de nuestra competencia, realice los esfuerzos necesarios, a efecto de que el Estado a través de sus instituciones, vigile, y en su caso, sancione a las Administradoras de Fondos para el Retiro que no proporcionen información adecuada a los usuarios de los diferentes sistemas de ahorro para el retiro sobre el manejo de los recursos, lo que por ley es un derecho, asimismo es menester instrumentar la ruta más eficiente y eficaz para que se resarzan los ahorros, cuya sustracción por parte del titular de los mismos, no se pueda demostrar, así como los daños y perjuicios patrimoniales causados.

En razón de lo antes expuesto y fundado, someto a su consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, para que, en el ámbito de sus facultades, transparente, vigile y supervise el funcionamiento de las administradoras de fondos para el retiro, así como para que estas informen de manera oportuna, sencilla y comprensible a las y los titulares de las cuentas individuales para el retiro, todos y cada uno de los movimientos realizados en estas.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, para que, en el marco de sus facultades, supervise la operación de la Afore Banorte XXI y, en su caso, establezca las medidas administrativas, jurídicas y resarcitorias a que haya lugar, a fin de proteger los fondos de los trabajadores.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, para que, de manera conjunta con la Comisión de Seguridad Social de esta Cámara y una representación de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, integren un grupo de trabajo que permita dar solución a sus legítimas demandas en torno a los fondos de sus cuentas individuales, a fin de garantizarles el pleno respeto y ejercicio de sus derechos.

Notas

1 http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20naciona l.pdf

2 https://www.gob.mx/profedet/es/articulos/seguridad-social?idiom=es

3 CESOP-IL-14ESTPensionesyJubilacionesenMexico.pdf / Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, 2017

4 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/61968/sistema_de_pension es_2016.pdf

5 https://www.consar.gob.mx/gobmx/aplicativo/siset/CuadroInicial.aspx?md= 5

6 https://www.gob.mx/consar/articulos/26-anos-vigilando-el-sistema-de-aho rro-para-el-retiro-consar-248709?idiom=es

7 https://factorcapitalhumano.com/consultoria/
sistema-de-pensiones-en-mexico-lo-que-si-o-si-debes-saber-como-trabajador/2020/06/

8 https://www.suterm.mx/es/cijubila#:~:text=El%20fondo%20de%20jubilaci%C3%B3n%20denominado,
el%20monto%20de%20la%20jubilaci%C3%B3n.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 12 de enero 2022.

Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la Ssa para que implante una estrategia eficaz y realice acciones tendentes a que los niños con cáncer reciban en tiempo y forma e ininterrumpidamente sus medicamentos y tratamientos oncológicos, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Gina Gerardina Campuzano González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

La crisis por el desabastecimiento de medicamentos en el sector salud se agudizó en 2019 debido a los recortes presupuestarios y a los cambios en la compra de las medicinas impuestos por el Gobierno de López Obrador, quien asumió la Presidencia el 1 de diciembre de 2018.i

Mientras que en 2020 esto se complicó por la cobertura de la pandemia de Covid-19.ii

Pese a que en diversas ocasiones el presidente mexicano ha negado la falta de fármacos, en los primeros días de noviembre lo reconoció y urgió públicamente a varios de sus principales funcionarios a poner fin a la carencia de medicamentos.iii

No obstante, al día de hoy, personas en todo el país siguen sin recibir sus medicamentos oncológicos en tiempo y forma, permanece el desabasto de medicamentos oncológicos a nivel nacional y en algunos casos pacientes que llegan a recibir medicamento lo hacen con intermitencia en el tratamiento, es decir, a veces lo reciben y luego lo dejan de recibir.iv

De acuerdo con el coordinador de la Causa Salud y Bienestar de la organización Nosotrxs, manifestó que “el año 2021 fue el de más desabasto de medicamentos en la historia del país” y que las personas siguen sin recibir los medicamentos en tiempo y forma “no solo para niños con cáncer, sino para adultos oncológicos y quienes viven con alguna enfermedad crónica”.v

Los padres de menores con cáncer aseguraron que a dos años de la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), no es posible que no tengan reglas de adquisición y distribución de medicamentos, ya que desde el Ejecutivo se maneja un doble discurso de abasto de insumos cuando en realidad es un desastre.vi

Estamos en una simulación y doble discurso, aparte que han sido muchas mentiras, ya que dice que se va a resolver el abasto de insumos, pero no se hace nada. El gobierno debe tener sensibilidad ante el sufrimiento de los enfermos, sobre todo de los que tienen cáncer, porque el discurso de la administración federal es que va a haber medicamentos, pero la realidad es que los niños siguen muriendo y la carencia continua.vii

El Insabi va caminando a ciegas o ni siquiera camina, es un elefante blanco, es un cascarón que solo ahorra dinero para otras prioridades. No funciona en nada, no hay reglas y ni siquiera hay que distribuir, porque solo hay 50 por ciento de compras.viii

Es por ello, que presento el presente exhorto al Ejecutivo federal para que instruya al titular de la Secretaría de Salud para implementar una estrategia eficaz y realizar las acciones necesarias a fin de que reciban sus medicamentos y tratamientos oncológicos en tiempo y forma y de manera ininterrumpida los niños que padecen cáncer y carecen de sus respectivos tratamientos.

Por lo antes expuesto y fundamentado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y realizar las acciones necesarias, a fin de que reciban sus medicamentos y tratamientos oncológicos en tiempo y forma y de manera ininterrumpida los niños que padecen cáncer y carecen de sus respectivos tratamientos, por lo que me permito proponer, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que instruya al titular de la Secretaría de Salud para implementar una estrategia eficaz y realizar las acciones necesarias a fin de que reciban sus medicamentos y tratamientos oncológicos en tiempo y forma y de manera ininterrumpida los niños que padecen cáncer y carecen de sus respectivos tratamientos.

Notas

i Forbes Staff, Padres de niños con cáncer exigen fin a escasez de medicamentos, Forbes México, consultado por última vez el 9 de enero de 2021 en https://www.forbes.com.mx/noticias-padres-de-ninos-con-cancer-exigen-fi n-a-escasez-de-medicamentos/

ii Ibídem.

iii Ibídem.

iv Forbes Staff, Padres de niños con cáncer exigen fin a escasez de medicamentos, Forbes México, consultado por última vez el 9 de enero de 2021 en https://www.forbes.com.mx/noticias-padres-de-ninos-con-cancer-exigen-fi n-a-escasez-de-medicamentos/

v Ibídem.

vi Jorge Butrón, Gobierno federal maneja doble discurso en abasto de medicamentos: diputados, periódico La Razón, consultado por última vez el 9 de enero de 2022 en

https://www.razon.com.mx/mexico/gobierno-federal-maneja- doble-discurso-abasto-medicamentos-insabi-desastre-interior-466077

vii Ibídem.

viii Jorge Butrón, Gobierno federal maneja doble discurso en abasto de medicamentos: diputados, periódico La Razón, consultado por última vez el 9 de enero de 2022 en

https://www.razon.com.mx/mexico/gobierno-federal-maneja- doble-discurso-abasto-medicamentos-insabi-desastre-interior-466077

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2022.

Diputada Gina Gerardina Campuzano González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Conagua y diversas autoridades de Jalisco a coordinarse para realizar acciones inmediatas tendentes a la limpieza, el saneamiento y el rescate del río Santiago, en Juanacatlán, suscrita por la diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, María del Refugio Camarena Jáuregui, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, y a las Secretarías de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, y de Gestión Integral del Agua de Jalisco que en el ámbito de sus atribuciones se coordinen para realizar acciones inmediatas tendentes a la limpieza, el saneamiento y el rescate del río Santiago en Juanacatlán, Jalisco, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera . La Organización de las Naciones Unidas, ONU, indica en su Observación General Nº 15 que el agua naturalmente es de carácter limitado, pero, sobre todo, goza de un estatus fundamental para la vida y salud. Este derecho es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para realizar de otros derechos humanos. En ese sentido, los Estados parte (entre ellos México) deben adoptar medidas eficaces para hacer efectivo el derecho al agua.

Segunda. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en particular lo establecido el objetivo 6, indica que es indispensable garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para mejorar la calidad del agua, reduciendo contaminación, eliminando el vertimiento y emisión de productos químicos y materiales peligrosos.

Tercera. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha determinado que el estado actual de los recursos hídricos resalta la necesidad de mejorar la gestión del agua. Sostiene que el acceso al agua y al saneamiento son derechos humanos que no solo mejora las oportunidades educativas y la productividad de la mano de obra, también contribuye a vivir con dignidad e igualdad.

El crecimiento demográfico y urbanización impactan en el agua, afectando a la salud directamente; por ello, UNESCO ha establecido recomendaciones entorno a una adecuada gestión del agua con un enfoque de seguridad hídrica y así, determinar disponibilidad de agua en cantidad y calidad, para el abastecimiento humano, subsistencia, protección de ecosistemas y producción.

La adopción de acciones administrativas de seguridad hídrica servirá para enfocar problemas del agua, sus dimensiones y soluciones, con miras a cumplir con las metas el ODS 6, mismas que encaminaran gestiones sostenibles, integradas y participativas, traducidas en la mejora de la seguridad hídrica de la población.1

Cuarta. En México, la Constitución Política manda en el sexto párrafo del artículo 4o. que todas y todos tenemos derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para nuestro consumo suficiente, salubre, aceptable y asequible y el Estado garantizará este derecho con base en la ley, apoyos y acciones públicas y ciudadanas. También refiere la protección de la salud con concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.

Quinta. El río Santiago es el segundo más largo de México y se localiza en el occidente de México, nace en Ocotlán costa oriental del lago Chapala con una altitud de mil 524 metros sobre el nivel del mar, corre por Jalisco y Nayarit, y desemboca en el océano Pacífico. Su trayecto es de 562 kilómetros y drena una cuenca de 76 mil 400 kilómetros cuadrados.2 Por su escurrimiento anual promedio, es considerado el segundo río más importante del Pacífico mexicano; más de 7.5 millones de personas viven en su cuenca, la mayoría concentrada en la zona metropolitana de Guadalajara. El desarrollo industrial también se concentra en esta zona.3

Sexta . La Comisión Nacional del Agua (Conagua) refiere que la región del Río Santiago forma parte de las más contaminadas del país, recibiendo desechos tóxicos del corredor industrial de Jalisco, aguas negras de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Ocotlán, El Salto y Juanacatlán; en estos dos municipios, el aire huele a ácido sulfhídrico, el agua es gris con espuma y es fuente de problemas de salud pública, provocando desde problemas respiratorios hasta insuficiencia renal y cáncer.

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, reveló la presencia de más de mil 90 sustancias químicas en el río; entre esas sustancias se encuentran compuestos orgánicos semivolátiles y volátiles, tales como disruptores hormonales, neuronales y cancerígenos.4 También se han detectado una gran cantidad metales pesados, altos niveles de amoniaco y fosfatos que han provocado hiperfertilización del medio y gran potencia patógena para la salud humana. En algunos puntos, la concentración rebasa 10 mil veces lo permitido para la vida acuática y hace que el agua del río no sea apta para el regadío.5

La contaminación hídrica reduce la disponibilidad del agua para distintos usos y se asocia con el incremento de enfermedades humanas, por exposición a sustancias, contaminación de alimentos por riego o por su capacidad como reservorio de vectores; conjuntamente esta contaminación químico-biológica se extiende al aire que presenta una enorme variedad de bacterias, conocidas como bacterias Gram negativas fermentadoras de carbohidratos, empleadas como biomarcadores de impacto ambiental y de la salud humana. Su presencia indica la presencia de contaminación por heces fecales.6

Séptima . Es importante mencionar que de acuerdo con datos emitidos por la Subdirección General de Administración del Agua y la Gerencia del Registro Público de Derechos de Agua de la Conagua (recurso RRA 2117-18, vía Portal de Transparencia) se tienen registradas 23 concesiones que autorizan a entes privados y gubernamentales para liberar aguas residuales sobre el río Santiago; de los 23 títulos expedidos, hacen referencia a 37 titulares de los cuales 11 son empresas y 26 entes públicos, siendo la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Estatal del Agua del Gobierno de Jalisco quienes destacan.

Actualmente hay alrededor de 400 empresas en el cauce y a esta parte de México se le conoce como “Valle del Silicio”. Entre las empresas transnacionales están: IBM, Hitachi, Hershey’s, Honda, Urrea y otras, las cuales producen petroquímicos, componentes electrónicos, metales pesados, ropa, agroquímicos, entre otras cosas.7

En concreto los problemas que destacan en la región son la deficiente disponibilidad y calidad del agua, los muy elevados niveles de contaminación y daño ambiental, la disminución de la calidad de vida de la población colindante, la pérdida y degradación del capital natural y de los servicios ecosistémicos y la descoordinación Institucional, sumado a que el Índice de Calidad del Agua promedio durante 2021 fue de 42.0, es decir, mala en general, destacando los municipios de Ocotlán con 34.0, ex Hacienda de Zapotlanejo con 41.1 y Compuerta-Puente El Salto-Juanacatlán con 40.0.8 .

Octava. Los riesgos asociados en la salud de la población que a diario convive con la toxicidad, mal olor y enfermedades derivadas deben tener la intervención urgente. Es evidente que se continúa incrementando el impacto negativo en el ambiente y en la incidencia de casos de cáncer, respiratorios y en la piel, entre otros padecimientos; datos emitidos por el Comité Ciudadano de Defensa Ambiental, indican que desde 2008, en la zona suman 2 mil 374 personas fallecidas por enfermedades crónicas atribuibles a la contaminación y que sólo el año pasado murieron 178 personas por cáncer o insuficiencia renal.9

Novena. La Comisión Estatal de Derechos Humanos dio a conocer que las afectaciones ambientales en al menos 149 localidades aledañas al río Santiago y al lago de Chapala son producto de la actividad industrial y las descargas que realizan cientos de factorías en ambos cuerpos de agua.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Resolución 7/2020 emitió recomendaciones y estableciendo la medida cautelar número 708-19 en favor de los pobladores de las zonas aledañas al río Santiago , solicitando a México que adopte medidas para preservar la vida, integridad personal y salud los pobladores en los municipios de Juanacatlán, El Salto y Poncitlán, así como medidas para brindar diagnósticos médicos especializados, proporcionándoles atención médica adecuada; subrayando la obligación de mitigar cualquier daño ambiental significativo.

Por ello, la población sigue viviendo en la adversidad de riesgos e impacto epidemiológico, ya que las bacterias que ahí se pueden encontrar adquieren y modifican sus factores de virulencia que incrementan los costos de la atención médica en la búsqueda de restablecer la salud, costos que impactan negativamente en las instituciones de salud.

Décima. Por las anteriores consideraciones, en el Grupo Parlamentario del PRI hacemos un llamado respetuoso a las autoridades competentes para que se garantice el derecho a la salud y al agua conforme lo manda la Constitución.

Por lo expuesto, fundado y motivado se propone ante la Honorable Comisión Permanente el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua y a las Secretarías de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y la de Gestión Integral del Agua de Jalisco para que en el ámbito de sus atribuciones se coordinen para realizar acciones inmediatas tendientes a la limpieza, saneamiento y rescate del río Santiago en Juanacatlán, Jalisco.

Notas

1 UNESCO y Programa Hidrológico Internacional (2020). La seguridad hídrica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Manual de capacitación para tomadores de decisión, unesco.org. Disponible en

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374917/PDF/3 74917spa.pdf.multi

2 González Arévalo, A. (2019). La contaminación del río Santiago Grande por factores industriales, ubicado en la región centro norte. Repositorio Universitario, Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Disponible en

http://ru.iiec.unam.mx/id/eprint/4774

3 González Arévalo, A. (2019). La contaminación del río Santiago Grande por factores industriales, ubicado en la región centro norte. Repositorio Universitario, Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Disponible en

http://ru.iiec.unam.mx/id/eprint/4774

4 Ídem.

5 Olcina Alvarado, M. “Ecologistas en acción”. Recuperado el 9 de septiembre de 2016, de la revista El Ecologista: 2009. Disponible en http://www.ecologistasenaccion.org/article20343.html

6 Ruvalcaba Ledezma, J.; y Cuevas Figueroa, X. (junio de 2008). Egresados en Contacto. Obtenido de Riesgo para la salud en El Salto y Juanacatlán, Jalisco. Disponible en http://www.egresados.udg.mx/gaceta/gaceta/jun2008/index.php

7 Montes Rubio, P. Y.; Aguilar Castro, N.; Ávila Domínguez, R.; Macbani Olvera, P.; Raygoza Anaya, M.; Garnica Guerrero, B.; Reynoso Vázquez, J.; y Ruvalcaba-Ledezma, J. C. “Contaminación del río Santiago: un problema epidemiológico ambiental persistente de salud pública en Jalisco, México”, en JONNPR. 2021;6(9):1222-36. DOI: 10.19230/jonnpr.3951

8 Gobierno de Jalisco (2021, 9 de junio). Revivamos el río Santiago-Índice de Calidad del Agua. Revivamos el río Santiago. Recuperado el 5 de enero de 2022 de

https://visorsantiago.jalisco.gob.mx

9 Muñoz Delgadillo, Raúl, presidente del Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto. Informe.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2022.

Diputada María del Refugio Camarena Jáuregui (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al SESNSP a realizar una revisión minuciosa con miras a que se reestructuren, se fortalezcan y sean eficientes las unidades de investigación de los institutos de justicia para la mujer y los CJM en las entidades, a cargo de la diputada Claudia Delgadillo González, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, Claudia Delgadillo González, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los centros de justicia para la mujer (CJM) tienen por objetivo proporcionar a las mujeres que han sido víctimas de violencia, así como a las víctimas indirectas (particularmente sus hijas e hijos), un espacio digno y diferente para ser atendidas de manera integral, respecto a la atención otorgada en otras dependencias gubernamentales, buscando que por su estructura, su lógica y el paradigma desde donde se gesta, se elimine la victimización secundaria, la violencia institucional y se promueva la dignificación de las mujeres que han vivido violencia a través de la desarticulación del ciclo de violencia y la restitución de sus derechos humanos.1

Pero también son aquellos lugares donde se guardan historias terribles y desgarradoras en la vida de mujeres y niñas, las cuales dan a conocer la cruda realidad que vivimos en nuestro país en materia de violencia de género.

La que suscribe ha seguido muy de cerca este tema, como mujer, como madre, como hija y como diputada, es un tema que no me es ajeno, y lo tengo como prioritario en la agenda de trabajo, en razón a ello he sostenido una serie de reuniones con especialistas de las violencias de género, desde activistas sociales, investigadores, así como titulares de las dependencia públicas que brindan el apoyo y son el primer contacto con las víctimas y quienes dan el seguimiento puntual atendiendo los marcos legales.

Las cuatro Conferencias Mundiales sobre la Mujer organizadas por la ONU2 y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ratificada el 23 de marzo de 1981 por el Senado mexicano y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999, disponen que los Estados parte condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, manifestando que es necesario establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad respecto del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación, entre ellas la violencia y el flagelo social.3

Por otra parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la “Convención de Belém Do Pará”, se reconoce formalmente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y a la violencia de género contra las mujeres como una problemática de orden público y obliga a los Estados a combatirla, absteniéndose de cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres y a velar porque las autoridades emprendan con la debida diligencia, la prevención, investigación y sanción de la violencia de género contra las mujeres, lo que ha permitido encaminar esfuerzos de los Estados parte a establecer procedimientos legales, justos y eficaces que garanticen a las mujeres, adolescentes y niñas víctimas de las violencias, su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos.4

En el mismo sentido, la política pública de los CJM, y su creación y fortalecimiento tratan de dar cumplimiento a la recomendación general 33, realizada por el comité de expertas de CEDAW, la cual en el punto 17, respecto de la accesibilidad de los sistemas de justicia, recomienda que los Estados parte:

f) Establezcan centros de acceso a la justicia, como “centros de atención integral”, que incluyan una gama de servicios jurídicos y sociales, a fin de reducir el número de pasos que deben realizar las mujeres para obtener acceso a la justicia. Esos centros deben proporcionar asesoramiento jurídico y asistencia, iniciar el procedimiento judicial y coordinar los servicios de apoyo para las mujeres en todas las esferas, como la violencia contra las mujeres, las cuestiones de familia, la salud, la seguridad social, el empleo, la propiedad y la inmigración. Esos centros deben de ser accesibles para todas las mujeres, incluidas las que viven en la pobreza y/o en zonas rurales y remotas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el emblemático fallo conocido como “Campo Algodonero vs. México” –de 2009–, afirmó:

(...) los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer. Asimismo, los Estados deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia. Todo esto debe tomar en cuenta que, en casos de violencia contra la mujer, los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, una obligación reforzada a partir de la Convención Belém do Pará. (...).5

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o Agenda 2030, establecen que las metas del objetivo número 5 son

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.

5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país.

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.

5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen.

5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.

5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres.

5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.6

Hemos señalado reiteradamente, que la violencia de género es una expresión de discriminación en contra de las mujeres que viola sus derechos y que impide u obstaculiza su participación en las mismas condiciones que los hombres, en la vida política, social, económica y cultural de las naciones. La violencia basada en el género implica analizar la violencia contra las mujeres en el contexto social en el que se presenta: como una forma de poder que se expresa en distintas modalidades (física, psicológica, patrimonial, institucional) y ámbitos sociales (doméstico, público, familiar).

A ese respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que “existe una estrecha relación entre violencia, discriminación y subordinación” y que “las actitudes tradicionales conforme a las cuales la mujer es considerada subordinada del hombre o conforme a las que se considera que tiene funciones estereotipadas, perpetúan prácticas difundidas que comportan violencia o coerción, como la violencia”.7

Derivado de lo anterior, es que vale la pena referir el contenido de la recomendación general número 358 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 19, del Comité de Expertas de la CEDAW, la cual, en relación con el enjuiciamiento y castigo para los responsables de la violencia, recomienda a los Estados parte:

32. El Comité recomienda que los Estados parte apliquen las siguientes medidas con respecto al enjuiciamiento y el castigo de la violencia por razón de género contra la mujer:

a) Garantizar el acceso efectivo de las víctimas a las cortes y los tribunales y que las autoridades respondan adecuadamente a todos los casos de violencia por razón de género contra la mujer, en particular mediante la aplicación del derecho penal y, según proceda, el enjuiciamiento ex officio para llevar a los presuntos autores ante la justicia de manera justa, imparcial, oportuna y rápida e imponer sanciones adecuadas. No deberían imponerse tasas o costas judiciales a las víctimas y supervivientes; y

b) Velar por que la violencia por razón de género contra la mujer no se remita obligatoriamente a ningún tipo de procedimiento alternativo de arreglo de controversias, como la mediación y la conciliación. El uso de esos procedimientos debe regularse estrictamente y permitirse únicamente cuando una evaluación anterior por parte de un equipo especializado garantice el consentimiento libre e informado de las víctimas y supervivientes y no existan indicadores de nuevos riesgos para las víctimas y supervivientes o sus familiares. Los procedimientos deberían empoderar a las víctimas y supervivientes y correr a cargo de profesionales especialmente capacitados para comprender e intervenir debidamente en los casos de violencia por razón de género contra la mujer, garantizando la protección adecuada de los derechos de las mujeres y los niños y que dichas intervenciones se realicen sin una fijación de estereotipos ni revictimización de las mujeres. Los procedimientos alternativos de arreglo de controversias no deberían constituir un obstáculo para el acceso de las mujeres a la justicia formal.9

Por otra parte, son de señalarse las recomendaciones del noveno informe periódico de México ante la CEDAW (CEDAW/C/MEX/9) en sus sesiones 1608 y 1609 (véanse CEDAW/C/SR.1608 y CEDAW/C/SR.1609 ), celebradas el 6 de julio de 2018, el Comité de expertas de la Convención, en sus Observaciones finales sobre el noveno informe periódico, le recomendaron al estado mexicano que

a) Adopte medidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, en particular combatiendo las causas profundas de esos actos, como la violencia armada, la delincuencia organizada, el tráfico de estupefacientes, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación de las mujeres; y

b) Investigue, enjuicie y sancione como corresponda a los responsables, incluidos los agentes estatales y no estatales, como cuestión prioritaria.10

A este respecto y en relación con la violencia en razón de género, el Inegi dio a conocer datos recientes sobre el panorama nacional y la situación que guarda la violencia contra las mujeres en 2020; colocando a Jalisco en el top 10 como un estado en alerta roja por cuestión de violencia de género en sus distintas modalidades y formas. La misma fuente revela que 47.4 por ciento de las mujeres en Jalisco ha sido víctima de algún tipo de violencia.11

Los datos son sumamente reveladores. En México más de 20 entidades están en estado de alerta de género y en el caso de Jalisco se tienen activadas 2 AVG, una estatal y la otra federal, Sin embargo, la violencia persiste en los mismo niveles o aún mayores.

El contexto generalizado de violencia provoca el asesinato de hasta 12 mujeres diariamente por esta causa. Es un asunto que se debe visibilizar, no es un problema de algún estado en particular, es un problema de salud pública de todo el país, no debemos cerrar los ojos a un hecho lamentable que lacera y duele, que nos indigna al escuchar historias monstruosas que dañan a nuestra sociedad y reproducen un daño irreversible a nuestras niñas y niños.

Considero de suma importancia que los gobiernos estatales se involucren inmediatamente de forma destacada en la aplicación de los programas y manuales de operación que tienen que ver con las políticas públicas que atienden a las víctimas de violencia en contra de las mujeres.

Es urgente que éstos actúen con perspectiva de género para combatir, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, dado el contexto violento en el que las mujeres del país viven de forma cotidiana, ya que las mujeres no pueden ni deben esperar a que las realidades políticas o legales sean resueltas o que ante la falta de recursos para abordar estas problemáticas se les atienda.

Existe una dinámica social violenta que ya ha rebasado los modelos, los manuales y los protocolos de atención de la violencia en que se basan la operación de los CJM en todo el país. Si bien migrar de esquemas institucionales poco funcionales a otros donde se cuente con personalidad jurídica como organismos descentralizados, no garantiza que la atención mejore en tanto no sean adaptados los documentos en los cuales se basa la atención de casos, los cuales en forma y características los han rebasado, provocando una atención poco eficiente y efectiva para que las mujeres y niñas accedan al derecho humano de justicia.

Así, ante el escenario violento en que está envuelto nuestro país, donde las mujeres son aún más vulnerables, considero que es urgente actualizar y, en su caso, rediseñar los protocolos y manuales de operación que tienen que ver con la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, con el etiquetado de los recursos necesarios para que el derecho humano a una vida libre de violencia de las mujeres sea una realidad y no un simple discurso legal.

Por lo anterior, y derivado del contexto de las violencias que persisten en contra de las mujeres, considero fundamental se lleve a cabo un análisis profundo que tenga por objeto la actualización o, en su caso, el rediseño de los protocolos, manuales de operación y el fortalecimiento de la unidades de investigación, y, particularmente, de los centros de justicia para la mujer de las entidades federativas, a efecto de hacer más efectivo y eficiente el trato con la víctima, actualizando criterios en armonía a las leyes para volver eficiente su aplicación. Por ello elevo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera atenta y respetuosa a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a realizar una revisión minuciosa para que se actualicen y, en su caso, rediseñen, fortalezcan y sean eficientes los protocolos, manuales y programas para la prevención y atención de la violencia en razón de género, instaurados por los centros de justicia para la mujer en las distintas entidades de la república.

Notas

1 Información tomada y disponible del sitio https://congresoweb.congresojal.gob.mx/infolej/agendakioskos/documentos /sistemaintegral/estados/128042.pdf

2 Celebradas en Ciudad de México (1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985) y Beijing (1995).

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 El texto fue tomado y puede leerse en http://dpicuantico.com/sitio/wp-content/uploads/2017/08/Abril-Sanchez-O rrego-Civil-Bioetica-y-Derechos-Humanos-15.08.2017.pdf

6 Disponible en

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equa lity/

7 Tesis 1a. CLXIII/2015. Amparo en revisión 554/2013, 25 de marzo de 2015. Cinco votos. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna.

8 La recomendación íntegra puede leerse en https://www.refworld.org.es/type,GENERAL,,,5a2192294,0.html

9 Ibídem.

10 https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/igualdad-genero/2018-11/obs ervaciones_finales.pdf

11 https://www.inegi.org.mx/contenido/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/
productos/nueva_estruc/702825197124.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2022.

Diputada Claudia Delgadillo González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar la Sedena a incluir por su relevancia cultural y económica el arte pirotécnico en las temáticas que formarán parte de las exposiciones en espacios del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Dionicia Vázquez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y, en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Defensa Nacional para que, en el ámbito de sus atribuciones, se incluya el arte pirotécnico dentro de las diversas temáticas que formarán parte de las exposiciones que muestran la grandeza cultural de México en diversos espacios del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles por su relevancia cultural y económica, bajo las siguientes:

Consideraciones

El presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha señalado en diversos medios que en la Base Aérea Militar No. 1 Santa Lucía no sólo se está llevando a cabo una de las obras de infraestructura más importantes en el país, sino que se está construyendo en la actualidad el aeropuerto más importante, en su tipo, en el mundo.

En esta tesitura, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) que se proyecta atenderá a 100 millones de pasajeros al año provenientes de diferentes países,1 será asimismo una vitrina de exposiciones con la posibilidad de mostrar la grandeza cultural de México al mundo en sus diversos espacios físicos.

Al respecto, recientemente se ha difundido que los baños con los que contará el aeropuerto incluirán diversas temáticas entre las que se encuentran la gastronomía, los mariachis, las trajineras, el Día de Muertos, la lucha libre, entre otros.

El general de brigada DEM, ingeniero constructor Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, adscrito a la Secretaría de Defensa Nacional, detalló en entrevista que los 38 baños cuentan con temáticas diferentes, por lo que “El turista extranjero tiene dos puntos de contacto con la infraestructura nacional: los baños y módulos de migración. Nuestros baños son modernos y amplios pero tienen reminiscencias de la cultura nacional”2

Cabe señalar que cercano a la región en donde es construido el AIFA se encuentra una de las zonas más importantes del país en donde se fabrica y comercializa el arte pirotécnico, que de acuerdo a la titular de la Coordinación de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, más de 200 mil familias dependen de esta actividad de las cuales más de 50 mil pertenecen al Estado de México.

En diferentes recorridos por los Municipios del Estado de México con una población importante de artesanas y artesanos pirotécnicos, entre los que destacan Zumpango, Almoloya de Juárez, Axapusco, Ozumba y Tultepec, me han solicitado apoyo para llevar el mensaje ante las autoridades federales competentes y se realice el presente exhorto para que el arte pirotécnico no sea excluido de las temáticas que formarán parte de las exposiciones en diversos espacios del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

La UNESCO señala que el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. La comprensión del patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades contribuye al dialogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de vida.3 Es por ello, relevante que los artesanos pirotécnicos tengan incentivos en conservar estas tradiciones y modos de vida ante la avasallante cultura individualista que nos caracteriza en la sociedad moderna de hoy en día y de la tendencia a la uniformidad de las costumbres que vienen aparejadas de la globalización.

Es indispensable señalar que a principios de la actual administración del gobierno federal (2018-2024), el Presidente de México encomendó la construcción de un nuevo Aeropuerto Internacional en Santa Lucía, Estado de México a la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de un agrupamiento conformado por Ingenieros Militares de todas las especialidades.

Asimismo, en la fracción XVI del Artículo 29, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se establece que la Secretaría de la Defensa Nacional podrá intervenir en la vigilancia y expedición de permisos para el comercio, transporte y almacenamiento, entre otros aspectos:

“Artículo 29. A la Secretaría de la Defensa Nacional, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

[...]

XVI. Intervenir en la expedición de licencias para la portación de armas de fuego, con objeto de que no incluya las armas prohibidas expresamente por la Ley y aquellas que la Nación reserve para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Guardia Nacional, así como vigilar y expedir permisos para el comercio, transporte y almacenamiento de armas de fuego, municiones, explosivos, agresivos químicos, artificios y material estratégico; [...]”4

Se establece la participación y responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, haciendo mención que el control y la vigilancia de las actividades y operaciones industriales y comerciales que se realicen con artificios será hecho por la Secretaría de acuerdo con el artículo 37 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos:

“[...] El control y vigilancia de las actividades y operaciones industriales y comerciales que se realicen con armas, municiones, explosivos, artificios y substancias químicas, será hecho por la Secretaría de la Defensa Nacional. [...]”5

En el Artículo 38 se obliga a los permisionarios a obedecer otras disposiciones legales, respetando las atribuciones que competan a las autoridades federales, estatales y municipales, siendo aplicables los protocolos de protección civil y prevención de desastres, con el fin de garantizar una seguridad total en el uso legítimo del permiso que otorga la Secretaría de la Defensa Nacional:

“Artículo 38. Los permisos a que se refiere el artículo anterior no eximen a los interesados de cubrir los requisitos que señalen otras disposiciones legales, según la naturaleza de sus actividades.”6

De acuerdo con lo anterior, están facultadas las autoridades de los tres órdenes de gobierno a coadyuvar a que el arte pirotécnico esté a la altura de los estándares internacionales en materia de seguridad, tecnología, creatividad y competitividad. El arte pirotécnico, con el cuidado, atención y regulación vigente que requiere, es una actividad económica de gran relevancia social, económica y cultural para nuestro país.

Como ejemplo de buenas prácticas en la materia, encontramos la realización de los festejos del 15 de septiembre, cuando después del Grito de Independencia se da inicio al espectáculo de fuegos artificiales en el Zócalo de la Ciudad de México.7 Resaltando este arte como uno de los principales atractivos del festejo cívico.

Pirotecnia en evento conmemorativo del 15 de septiembre de 2021 en el Zócalo de la CDMX 8

Ejemplo de éxito lo es también la muestra de fuegos artificiales, en diversas fechas, en el municipio de Tultepec, Estado de México, destacando la Feria Internacional de la Pirotecnia, realizada los primeros días del mes de marzo. Año con año, la quema se desarrolla siempre en acompañamiento de los responsables de las áreas de protección civil municipal y de la supervisión de la SEDENA, de principio a fin de la jornada, con ello se garantiza la seguridad de las familias que acuden desde diversas partes del país, pero también desde el extranjero:

Elementos de la Guardia Nacional, supervisando los piromusicales en la Feria Internacional de la Pirotecnia, en Tultepec. Edición 2020. 9

El arte pirotécnico, con el cuidado, atención y regulación que requiere es una actividad económica de gran valor artesanal e histórica para nuestro país. En ello radica la importancia y pertinencia de la presente Proposición con Punto de Acuerdo, en virtud de que con su inclusión en las temáticas que formarán parte de las exposiciones en diversos espacios físicos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se busca realizar un reconocimiento a la relevancia cultural y económica del arte pirotécnico en el país y a la región en donde se construye el mismo, haciendo énfasis en los esfuerzos para la reducción de accidentes con pirotecnia, para la seguridad de la población en general; así como evitar que se criminalice y estigmatice a un grupo poblacional con una actividad económica que permite dar sustento a más de 200 mil familias10 a nivel nacional de las cuales más de 50 mil pertenecen al Estado de México.11

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Defensa Nacional para que, en el ámbito de sus atribuciones, se incluya el arte pirotécnico dentro de las diversas temáticas que formarán parte de las exposiciones que muestran la grandeza cultural de México en diversos espacios del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por su relevancia cultural y económica.

Notas

1 Gobierno de México. “Construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles”. https://aeropuertoaifa.mx/2019_272/. Consultado el 10 de enero de 2022.

2 Imagen Noticias. “”Así son los baños del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles”.

https://www.youtube.com/watch?v=o4CvkZIF9aU. Consultado el 10 de enero de 2022

3 UNESCO, ¿Qué es el patrimonio cultural inmaterial?, en: http://bit.ly/2YulY27, Consultado el 10 de enero de 2022.

4 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Disponible en: https://cutt.ly/upLNVLe. Consultado el 10 de enero de 2022.

5 Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Disponible en: https://cutt.ly/epL16um. Consultado el 10 de enero de 2022.

6 Ibíd.

7 https://cutt.ly/Uf9o9OB, Consultado el 10 de enero de 2022

8 Aunque no lo olvidamos, es tiempo de perdón y respeto: AMLO. Presslibre. https://cutt.ly/rYu43Fi. Consultado el 10 de enero de 2022

9 Imagen propia.

10 Trabaja SSPC con productores para evitar accidentes por pirotecnia. SSPC, https://cutt.ly/uTAT8FA. Consultado el 10 de enero de 2022.

11 Pirotecnia en el Estado de México. IMEPI,

https://cutt.ly/ATATH8k. Consultado el 10 de enero de 2022.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2022.

Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a incluir en la política nacional de vacunación contra el SARS-Cov2 a los menores de entre 3 y 17 años, suscrita por la diputada Leslie Estefanía Rodríguez Sarabia, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Leslie Estefanía Rodríguez Sarabia, diputada a la LXV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Exposición de Motivos

El derecho a la salud es un derecho humano fundamental, determinado desde 1948 por la Organización de las Naciones Unidas, y desde entonces reconocido por múltiples tratados internacionales, así como por constituciones nacionales. En México fue incorporado parcialmente en 1983 en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el Derecho a la Protección de la Salud.

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enuncia el derecho a la protección de la salud de todas las personas. El párrafo cuarto a la letra dice:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

La concepción de la salud como un derecho fundamental, se ha visto vulnerado en los últimos años con el estallido de la pandemia de la Covid-19. Ésta ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de respuesta de los estados frente a la garantía de protección de salud.

Los datos oficiales sobre la pandemia hasta el día 9 de enero de 2022, indican que hay 4 millones 125 mil 388 casos confirmados, con 300 mil 334, defunciones, se estima que hay 600 mil 213 sospechosos totales. En materia de vacunación se sabe que 58.94 por ciento de la población mexicana cuenta con vacunación completa.

En nuestro país según datos del censo de población 2020, el grupo de población más grande es el de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 10 a 19 años, que suman 21 millones 750,230. Le sigue la población de 0 a nueve años (20 millones 811 mil 744). Considerando a la población que ha quedado fuera del plan de vacunación hasta hoy, encontramos a la población de preescolar (3-5 años), primaria (6-11 años) y secundaria (12-14 años) población que representaría más de 20 millones de menores que están totalmente indefensos1 .

Investigaciones recientes sobre la pandemia en curso de la Covid-19 parecieran mostrar que los niños pequeños son menos susceptibles. Aunque es mucho menos probable que el SARS-CoV-2 cause una enfermedad grave en los niños en comparación con los adultos, algunos sí enferman gravemente. Datos revelados por médicos de la Academia Mexicana de pediatría indican que el sistema inmunológico de los menores ha demostrado ser más eficiente ante el virus y se sostiene que el 80 por ciento de los niños que contraiga la enfermedad no tendrá síntomas o no serán graves, de estos 5 por ciento necesitará oxígeno.

Un dato revelado que debe ser considerado es que 15 por ciento de los casos asintomáticos registrados en niños, tienen secuelas, mientras al estar infectados no sufrieron por tos, o diarrea o dolor de garganta, meses después al llegar al hospital presentan problemas que requieren atención. Entre las secuelas la que más preocupa es la de un síndrome grave conocido como síndrome inflamatorio multisistémico2 .

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado como obligación inmediata la de “adoptar medidas eficaces a fin de garantizar el acceso sin discriminación a las prestaciones reconocidas para el derecho a la salud”. Ello implica que los Estados latinoamericanos no pueden discriminar ni hacer distinciones de ningún tipo con respecto a los servicios que actualmente brindan para combatir la pandemia en términos políticos, económicos y sociales, la protección de la salud y el desarrollo de los sistemas asistenciales de salud es una de las tareas primordiales de los Estados democráticos contemporáneos y representa una de las claves del Estado de bienestar.

Los derechos que ofrece el marco legal a la población mexicana plasman claramente la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud de la niñez, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 13 fracción IX, enuncia el “Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social”,

Para garantizar la equidad en la salud se requiere de medidas y planes de acción referidos a la materia, uno de estos que surge del marco legal actual es el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Pronapinna) 2021-2024, el cual contiene las acciones prioritarias del gobierno federal para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia en nuestro país3 , dentro de dicho plan, enunciado en el primero de los objetivos prioritarios encontramos la garantía del acceso a la salud.

Objetivos prioritarios

6.1. Relevancia del Objetivo prioritario 1: Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos relacionados con la supervivencia, que incluye el acceso a la protección de la salud y a la seguridad social, alimentación adecuada, salud mental, prevención y atención integral de las adicciones, identidad y derechos sexuales y reproductivos, de todas las niñas, niños y adolescentes.4

Así, por ejemplo, a partir del derecho a la salud, corresponde al Estado asegurar la asistencia médica una vez que la salud, por la causa que sea, ha sido afectada; esto es lo que se llama el “derecho a la atención o asistencia sanitaria”.5

El aumento de casos que se ha registrado en las primeras semanas de 2022 frente al inevitable regreso a las aulas de millones de niñas niños y adolescentes obliga a tomar medidas que busquen limitar las consecuencias de los contagios en una población de menor edad de nuestro país, la vacunación infantil es necesaria para proteger a la población. La vacunación de las niñas, niños y adolescentes es una cuestión fundamental el prevenir muertes infantiles a través de la inmunización debe ser el objetivo.

Por lo expuesto y fundado, el suscrito someto a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente a la Secretaría de Salud, a incluir en la política nacional de vacunación contra el SARS-cov2 a los menores de entre 3 a 17 años.

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).(2020), Estadísticas a propósito del día del niño,

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/apropos ito/2020/EAP_Nino.pdf

2 Ivabelle Arroyo, No, no todos los niños están a salvo, El economista, Opinion,

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/No-no-todos-los-ninos-estan-a-salvo-20220105-0086.html

3 Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Blog, Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2021-2024,

https://www.gob.mx/sipinna/articulos/conoce-y-consulta-aqui-el-programa-nacional-de-proteccion
-de-ninas-ninos-y-adolescentes-2021-2024-pronapina-2021-2024?idiom=es

4 Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2021-2024, DOF: 31/12/2021

5 Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, “El derecho a la atención sanitaria como derecho exigible”, La Ley. Suplemento de Jurisprudencia de Derecho Administrativo, Buenos Aires, año LXV, número 119, 25 de junio de 2001, página 16.

Palacio legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2022.

Diputada Leslie Estefanía Rodríguez Sarabia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía condena enérgicamente la violación de los principios y valores democráticos en Nicaragua, así como los presuntos actos arbitrarios de detenciones ilegales y persecución política, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Jorge Álvarez Máynez , diputado federal y coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a la siguiente:

Exposición de Motivos

I. El pasado 7 de noviembre, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Nicaragua, convirtiéndose en una de las elecciones más cuestionadas debido a que el proceso electoral estuvo rodeado de actos antidemocráticos, como la detención de siete aspirantes presidenciales, la cancelación de tres partidos políticos de oposición y el arresto injusto de periodistas, líderes sociales y diversos empresarios.1

La elección dio como resultado el triunfo de Daniel Ortega, quien se convierte en presidente de Nicaragua por quinta vez y cuarta ocasión consecutiva, luego de no tener competencia al encarcelar a sus principales contendientes y llegar con una abstención de voto del 85 por ciento, esto según la Organización Urnas Abiertas, la cual aseguró que la poca participación de las y los nicaragüenses es debido al repudio ciudadano que tienen a Daniel Ortega; asimismo, llega de nueva cuenta al poder con un respaldo internacional insuficiente.2

El primer mandato de Ortega fue de 1985 a 1990, el segundo de 2007 a 2012, el tercero de 2012 a 2017, el cuarto de 2017 a 2022 y el quinto comenzará este 2022. Es de señalar que el Congreso nicaragüense reformó la Constitución de aquel país a fin de que se eliminaran los límites a la reelección para mandatos sucesivos en aquel país.3, 4

Después de la elección de este año, países como Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina, así como la Unión Europea, rechazaron los resultados de la elección al cuestionar las condiciones en las cuales se dio el proceso, incluso aseguraron que Daniel Ortega había convertido a Nicaragua en un régimen autocrático. Por su parte, la Secretaria de Relaciones Exteriores de México, en su momento dijo que no comentaría sobre las elecciones hasta que se publicarán los resultados oficiales.5

Por otro lado, los mandatarios de países como Venezuela, Cuba, Bolivia y Rusia, quienes se han caracterizado por convertir a su nación en una dictadura mediante procesos antidemocráticos, no tardaron en felicitar y reconocer el triunfo de Daniel Ortega. Como ejemplo, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel elogió la “demostración de soberanía y civismo ante una cruel campaña mediática”, mientras que el gobierno de Bolivia, con Luis Arce al frente, elogió un proceso que calificó de “democrático”.6

II. Tras la encarcelación de sus oponentes, Daniel Ortega se ha convertido a nivel internacional en un potencial represor y dictador en Nicaragua. Hasta hace unos días se cuenta un registro de 170 presos políticos (de ellos, 36 opositores) y que la mayoría se ubica en la cárcel del Chipote, sumándose a 325 fallecidos y miles en el exilio ante los evidentes actos de persecución y represión.7

Los familiares de los detenidos han denunciado en diversas ocasiones que no dejan visitarlos, ni a ellos ni a los abogados, señalando principalmente que se encuentran en un estado de desnutrición y sufriendo malos tratos, lo que va en contra de los derechos humanos internacionales. Ejemplo de lo anterior, se describen algunos casos denunciados ante la comunidad internacional:

-Violeta Granera ha denunciado la pérdida de dientes porque la comida está muy dura y no recibe ni siquiera una cobija para cubrirse de esta temporada invernal, lleva más de 200 días presa.

-Roger Reyes fue confinado en una celda de 2 metros de ancho y largo. Lo que ha ocasionado daños psicológicos y mentales.

-Ana Margarita Vigil, en diversas ocasiones, ha denunciado las agresiones que ha sufrido en la cárcel, quien tras la pérdida de varios kilos solicitó lentes para niña, porque los utilizaba ya se le caen del rostro.

-José Pallais ha perdido 40 kilos de peso y se encuentra en una situación de salud muy delicada ya que solo se le permite dormir en una silla ya que le quitaron los custodios la colchoneta para descansar.

-Las madres o esposas de los prisioneros han denunciado que son sometidas a revisiones ilegales, donde se les obliga a quitarse toda la ropa y ser víctimas de tocamientos por los custodios.

-Los abogados no tienen acceso a los expedientes y cualquier petición realizada por estos no son procedentes o resueltas.

-En la mayoría de los casos solo se ha permitido la primera visita de familiares hasta en los 80 días posteriores a la detención de activistas y políticos, quienes han perdido entre 6 y 16 kilos de peso.

Por su parte, Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, señaló que la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) no es un centro penitenciario sino un lugar donde se realizan torturas físicas y psicológicas e interrogatorios que van en contra de los derechos humanos, tanto para las y los presos como a los familiares de quienes pretenden visitar a los detenidos.8

En ningún país o estado democrático a nivel internacional puede permitírsele tales actos de encarcelación ilegal y detenciones arbitrarias por parte de Daniel Ortega, quien se ha referido como golpistas y apátridas a los ciudadanos que cuestionan o se oponen a su gobierno por no compartir su ideología tendiente a un régimen dictatorial.

III. El pasado 10 de enero, se llevó a cabo la toma de protesta de Daniel Ortega, donde se dieron cita los presidentes de Cuba, Venezuela y Honduras, así como el canciller boliviano Erwin Mamani y autoridades de China, Palestina, la República Árabe Saharaui, Argentina, Rusia, Irán, Corea del Norte, Siria, Cuba, Belice, Vietnam, Laos, Camboya, Angola, Turquía, Bielorrusia, Turquía, Egipto, Malasia y Yemen.9

Al respecto, en días pasados circuló información de que el gobierno mexicano enviaría a una delegación diplomática encabezada por el director de América del Sur en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martín Borrego, a la ceremonia de Daniel Ortega, la cual causó críticas y señalamientos negativos por parte de las y los ciudadanos, así como de periodistas, líderes de opinión y partidos de oposición, quienes calificaron esta decisión como incorrecta, ya que al asistir se estaría consintiendo la violencia, la persecución política, las detenciones ilegales y la falta de democracia en Nicaragua.

Fue así que horas después dicha información fue desmentida, y, mediante redes sociales, Daniel Millán, jefe de la Oficina del Secretario de Relaciones Exteriores, dijo que el canciller Marcelo Ebrard encabezaría la inauguración de la XXXIII Reunión de Embajadores y Cónsules en la Ciudad de México, por lo que no se tenía previsto el envío de una delegación o representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la toma de protesta en Nicaragua.10

Sin embargo, el 10 de enero, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado sobre la situación, comentó que Ramiro Ayala Múñoz, jefe de la Cancillería en la embajada de México en Nicaragua, sería el diplomático que acudiría a la nación centroamericana, al asegurar que: “Nosotros tenemos buenas relaciones con todos y no queremos ser imprudentes. México tiene una política exterior ejemplar”.11 Es así que México se unió al listado de países que respaldaron la investidura presidencial de Daniel Ortega al enviar a un representante a dicha toma de protesta.

IV. Es importante mencionar, que la quinta toma de protesta de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua representa una clara contradicción al principio revolucionario maderista del “sufragio efectivo, no reelección”. En este sentido, el hecho de que el gobierno federal determinará respaldar la quinta toma de protesta de Ortega como presidente de Nicaragua representa una grave y flagrante violación a los principios democráticos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a condenar las violaciones a los derechos humanos y a los principios democráticos en Nicaragua, y a no reconocer gobiernos que no sean legítimamente respaldados por el voto de las y los nicaragüenses, obtenido en condiciones democráticas.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena enérgicamente los presuntos actos intimidatorios, así como las detenciones ilegales cometidas a diversas personas activistas, políticos y la persecución ciudadana perpetuada por el C. José Daniel Ortega Saavedra, en la República de Nicaragua.

Notas

1 Redacción. ”Urnas Abiertas señala irregularidades y abstención en la jornada electoral en Nicaragua” El Heraldo. Recuperado de:

https://www.heraldo.es/noticias/internacional/2021/11/08 /urnas-abiertas-senala-irregularidades-y-abstencion-en-la-jornada-elect oral-en-nicaragua-1532155.html

2 Miranda, Wilfrido. “La mazmorra más oscura de Daniel Ortega” El país. Recuperado de: la-mazmorra-mas-oscura-de-daniel-ortega.html

3 CNN Español. (2022). Quién es Daniel Ortega, el hombre que asumirá por quinta vez la presidencia de Nicaragua tras unos comicios cuestionados. CNN Lationamérica. Recuperado de: <https://cnnespanol.cnn.com/2022/01/07/daniel-ortega-presidente-ni caragua-orix/>

4 NN Español. (2013). Daniel Ortega busca la reelección indefinida en Nicaragua. CNN Español. Recuperado de: <https://cnnespanol.cnn.com/2013/11/04/daniel-ortega-busca-la-reelec cion-indefinida-en-nicaragua/>

5 Redacción. “Elecciones de Nicaragua: qué países reconocen la reelección de Daniel Ortega (y cuales la rechazan)”. BBC News. Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-59223557

6 Idem

7 Miranda, Wilfrido. “La mazmorra más oscura de Daniel Ortega” El país. Recuperado de: la-mazmorra-mas-oscura-de-daniel-ortega.html

8 Idem

9 Redacción. “Nicaragua: Daniel Ortega asumió un cuarto mandato consecutivo entre sanciones y apoyos” Página 12. Recuperado de:394580-nicaragua-daniel-ortega-asumio-un-cuarto-mandato-consecutivo

10 Twitter. Recuperado de: https://twitter.com/dmillan/status/1480381777961267203?s=21

11 [1] Redacción. “México sí estará presente en la cuarta toma de posesión de Daniel Ortega en Nicaragua” Recuperado de: https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/10/mexico-si-estara-pres ente-en-la-cuarta-toma-de-posesion-de-daniel-ortega-en-nicaragua/

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2022.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de la Contraloría de Campeche a realizar acciones para esclarecer posibles conductas delictivas con motivo de la donación de automóviles rifados a policías por el secretario general de la Sección 47 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, suscrita por la senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y demás de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo mediante el cual la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Contraloría en el estado de Campeche, a realizar las acciones necesarias con la finalidad de esclarecer posibles conductas delictivas con motivo de la donación de automóviles rifados a policías por parte del secretario general de la Sección 47 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La labor que lleva a cabo el cuerpo de policías al servicio de la ciudadanía en Campeche es de suma importancia, pues su misión es asegurar la protección, custodia, vigilancia y seguridad de las personas, bienes, valores e inmuebles. Aún cuando en muchas ocasiones han sido cuestionados y señalados por la falta de confianza que deja de tenerles la población, sin embargo, es necesario mantener un espíritu de trabajo, portar con orgullo y dignidad su uniforme, actuar con disciplina, respeto, honestidad, justicia y profesionalismo permite que se hagan acreedores a la confianza de la ciudadanía.

Reconocemos que su labor no es fácil, pues en muchas ocasiones se ven obligados en sacrificar el tiempo con sus familias, esposas, esposos, hijos, hijas, padres, madres y en cuantas ocasiones se ven limitados en poder pasar fechas importantes a lado de sus seres queridos por tener que cumplir con la responsabilidad que se les ha encomendado, porque ser policía es un orgullo para quienes laboran en tan delicada actividad en donde tienen que proteger tanto a las personas como a las instituciones.

Con el paso del tiempo se ha buscado fortalecer a la institución policial a través de la profesionalización de la carrera, la honestidad en la realización de sus actos, porque ser policía no sólo es un trabajo, sino un estilo de vida que refleja vocación de quienes ejercen esta importante actividad que en muchas ocasiones están dispuestos en sacrificar su propia vida al enfrentarse al peligro por el bien de los demás.

Ahora bien, tomando en consideración que es necesario que el estado de Campeche cuente con una institución policial, altamente capacitada, dispuesta a trabajar en equipo, que cuente con las herramientas necesarias y que este dispuesta a garantizar la seguridad y la paz de los campechanos, de tal suerte que los miembros de la sociedad sientan tranquilidad y seguridad en la realización de sus diversas actividades. Además. debemos tomar en cuenta que el turismo es una fuente de ingresos para Campeche.

En ese orden de ideas resulta, preocupante las declaraciones vertidas en algunos medios informativos al señalar que el secretario general de la Sección 47 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Víctor Kidnie de la Cruz acusado de los delitos de lavado de dinero y desvió de recursos, haya donado automóviles que fueron rifados entre policías en el convivio organizado con motivo del Día del Policía.

Es importante conocer quien pagó, donó o de donde salió el dinero para la compra de los mencionados automóviles, que, por cierto, se acusa de chanchullo el proceso para favorecer a dos altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad, afines a la titular y quienes no debieron participar en la citada rifa. Sin embargo, se ha señalado que la acción del líder sindical es un pacto de impunidad evitando así que se cumplimenten ordenes de aprehensión en su contra.

A que grado ha escandalizado estos hechos, que la propia mandataria en Campeche ha señalado “que desconocía el origen de los vehículos que fueron rifados a los policías y afirmó que estos obsequios no comprometen al Gobierno del Estado, porque todo lo que llegue es bien recibido, deslindándose de los autos que regalaron a los uniformados reiterando que no intervino”.

Finalmente, con la idea de no manchar la imagen de la corporación policial en Campeche y dar motivo a la desconfianza ciudadana que se pueda tener, con motivo de actos que parecen buenos, pero que puedan traer un trasfondo que perjudique a la sociedad campechana al considerar que a cambio de un obsequio se pueda dejar de hacer algo relacionados con sus funciones, es por lo que someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Contraloría en el estado de Campeche, a realizar las acciones necesarias con la finalidad de esclarecer posibles conductas delictivas con motivo de la donación de automóviles rifados a policías por parte del secretario general de la Sección 47 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Contraloría en el estado de Campeche, que, para el caso de existir las posibles conductas delictivas con motivo de los hechos señalados, se presenten las denuncias correspondientes con la finalidad de esclarecer los hechos y castigara los responsables.

Referencias

https://www.cronicacampeche.com/wp-content/uploads/2022/ 01/EDICION-DIGITAL.pdf

https://tribunacampeche.com/local/2021/12/31/esclarezcan -supuesto-pacto-de-impunidad/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a los doce días del mes de enero de dos mil veintidós.

Senadora Cecilia Sánchez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE a informar a esta soberanía por cuáles motivos se decidió enviar una representación a la toma de protesta de Daniel Ortega en Nicaragua, suscrita por el diputado Mario Gerardo Riestra Piña, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Mario Gerardo Riestra Piña, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Sexagésima Quinta Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, así como por las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se solicita, respetuosamente, al canciller Marcelo Ebrard que informe a esta soberanía los motivos por los cuales se decidió enviar una representación a la toma de protesta de Daniel Ortega en Nicaragua, teniendo en consideración que los principios constitucionales de nuestra política exterior establecen la promoción de los derechos humanos, al tenor de los siguientes

Considerandos

Que Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, se impuso en las elecciones celebradas el siete de noviembre de dos mil veintiuno, luego de que al menos 39 lideres opositores fueran detenidos, incluyendo siete precandidatos a la presidencia, a quienes se les acusó por delitos como lavado de dinero y realizar actos contra la soberanía, lo cual, sin duda, pone en duda la legitimidad de su elección.

Inclusive, organismos internacionales, como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han condenado los arrestos y pedido la liberación de los opositores.

Con la toma de protesta de este diez de enero del año en curso, Ortega asumirá su quinto periodo presidencial, convirtiéndose en el nicaragüense con más años en el poder.

Que, a pesar de la ilegitimidad y el autoritarismo en que se ha impuesto en estas elecciones, así como las circunstancias que rodearon su candidatura, diversas delegaciones confirmaron su asistencia y otras como Mèxico enviaron una representación oficial a la toma de protesta.

En tal virtud, como representantes del pueblo mexicano nos manifestamos en contra de las acciones emprendidas por el Daniel Ortega ante su imposición presidencial, y cuestionamos la decisión de nuestro gobierno por tomar la decisión de enviar una representación a dicho evento, dada la ilegitimidad, los abusos de poder y la imposición de su poder.

Por lo que someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente solicita, respetuosamente, al canciller Marcelo Ebrard que informe a esta soberanía los motivos por los cuales se decidió enviar una representación a la toma de protesta de Daniel Ortega en Nicaragua, teniendo en consideración que los principios constitucionales de nuestra política exterior establecen la promoción de los derechos humanos.

Sede de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2022.

Diputado Mario Gerardo Riestra Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y diversas autoridades de salud a garantizar la aplicación de los programas de prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de cáncer infantil, a cargo del senador Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Ángel García Yáñez, senador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, el secretario de Salud, y el gobernador y el secretario de Salud de Morelos a garantizar en el ámbito de sus atribuciones los programas de prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control del cáncer infantil, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere lo siguiente:

...

Artículo 4o.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de la salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución...

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto en la ley.

La Ley General de Salud establece:

Artículo 1. La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social...

Artículo 2. El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:

...

II. La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana...

IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud...

V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población...

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal precisa:

...

Artículo 39. A la Secretaría de Salud corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

...

IX. Organizar y administrar servicios sanitarios generales en toda la República...

XXI. Actuar como autoridad sanitaria, ejercer las facultades en materia de salubridad general que las leyes le confieren al Ejecutivo Federal, vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables y ejercer la acción extraordinaria en materia de salubridad general...

XXVI. Promover acciones de coordinación con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para abordar conjuntamente los determinantes sociales de la salud...

La Ley de Salud del Estado de Morelos precisa:

Artículo 2. El derecho a la promoción y protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:

I. El bienestar físico, mental y social de la persona para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

ll. La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana;

III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, promoción, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al bienestar y desarrollo social...

V. El disfrute de servicios de salud y asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población...

Segunda. El cáncer es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud menciona que en 2020 alcanzó 19,3 millones de personas y se cobró 10 millones de vidas en el mundo, convirtiendo en la segunda causa de muerte.

Según estadísticas de dicha organización, cada minuto 17 personas mueren de cáncer en el mundo, en México el tamaño de los efectos del cáncer en la salud de la nación no es muy diferente al panorama mundial, pues es la tercera causa de muerte, después de la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

Una de las principales causas de morbimortalidad en niños y adolescentes alrededor del mundo es el cáncer. Según las últimas estimaciones hechas por Globocan 2018, cada año se diagnostican aproximadamente 18 millones de casos nuevos de cáncer en el mundo, de los cuales más de 200 mil ocurren en niños y adolescentes.

Aunque el cáncer en la Infancia y la Adolescencia es poco frecuente, es un problema de Salud Pública ya que es una de las principales causas de mortalidad por enfermedad en este grupo de edad y tiene un gran impacto físico, social, psicológico y económico, tanto para el paciente como para sus familiares.

En México, de acuerdo con las proyecciones de la población de los municipios de México 2010-2030 del Consejo Nacional de Población, hasta 2018 la población de niños y adolescentes de entre 0 y 19 años fue de 44 millones 697 mil 145. De ellos, 26 millones 493 mil 673 no cuentan con ningún tipo de seguridad social. Lo anterior resulta preocupante debido a que el cáncer es una enfermedad costosa que ocasiona un gasto de bolsillo considerable en la familia de los pacientes y puede condicionar, cierto grado de empobrecimiento.

De acuerdo con los datos del Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes, las tasas de incidencia (por millón) hasta 2017 fueron 89.6 nacional, 111.4 en niños (0 a 9 años) y 68.1 en adolescentes (10-19 años). Por grupo de edad, el grupo de 0 a 4 años presentó la mayor tasa de incidencia, con 135.8, mientras que el grupo de adolescentes de entre 15 y 19 años tuvo la menor, con 52.6.

Fuente: Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes.

Los estados de la República con mayor tasa de Incidencia por cáncer en la infancia (0 a 9 años): Durango (189.53), Colima (187.42), Aguascalientes (167.36), Sinaloa (163.44) y Tabasco (158.94). En la adolescencia (10 a 19 años), las entidades con mayor tasa de Incidencia por cáncer son: Campeche (149.56), Colima (117.27), Aguascalientes (106.29), Nuevo León (99.79) y Morelos (98.73).

Respecto a las tasas de mortalidad (por 100,000 habitantes) los adolescentes entre los 15 y los 19 años de edad tuvieron la mayor tasa de mortalidad con 6.88, mientras que la menor tasa de mortalidad fue para el grupo de edad entre los 0 y los 4 años con 4.35. Entre los 5 y los 14 años las tasas se mantuvieron similares entre ambos grupos con 4.60 (5 a 9 años) y 4.54 (10 a 14 años)

Los índices de cáncer infantil en México son alarmantes, por ello me resulta oportuno la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control del cáncer infantil. El cáncer es la segunda causa de mortalidad en niños y adolescentes, sólo después de los accidentes y según las tendencias el número van en aumento excesivo.

Algunos de los obstáculos más importantes que deben superarse en México para mejorar la tasa de curación en pacientes con cáncer infantil son: la falta de medicamentos, el desconocimiento de los médicos de primer contacto sobre la enfermedad, lo que dificulta que el tratamiento tenga éxito, falta de uniformidad en los procedimientos y tratamientos, incumplimiento de indicaciones médicas, entre otras.

Por lo expuesto sabemos que un porcentaje muy importante de cánceres pueden curarse siempre y cuando se detecten en una fase temprana, por tal motivo, se hace un exhorto a las autoridades referidas, para garantizar los programas públicos y tratamientos para la atención y detención del cáncer.

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal, el secretario de Salud, y al gobernador y el secretario de Salud de Morelos a garantizar en el ámbito de sus atribuciones los programas de prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control del cáncer infantil.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2022.

Senador Ángel García Yáñez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Profeco a comisionar en los aeropuertos del país a personal especializado para atender y asistir de inmediato a los usuarios del transporte aéreo en la defensa de sus derechos en horarios extendidos, ante el incremento de las cancelaciones de vuelos por la pandemia de Covid-19, a cargo de las senadoras Cora Cecilia Pinedo Alonso y Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del PT

La senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y de la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta, respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a comisionar a personal especializado de la Profeco, en los Aeropuertos de nuestro país con el objetivo de atender y asistir de manera inmediata a las personas usuarias del transporte aéreo en la defensa de sus derechos, en horarios extendidos, y de ser necesarios en horario nocturno, ante el incremento de las cancelaciones de vuelos por motivo de la pandemia por Covid-19, al tenor de las siguientes

Consideraciones

EL 27 de diciembre de 2021 la BBC publicó en su sitio web de noticias que la rápida propagación de la variante ómicron provoca la cancelación de miles de vuelos y trastoca la ruta de decenas de cruceros alrededor del mundo en plena temporada festiva.1 En Estados Unidos algunas aerolíneas informaron que los retrasos se relacionan al contagio entre diversos miembros de su tripulación.

De acuerdo a la nota periodística, tan solo el día 27 de diciembre más de 2.700 vuelos fueron suspendidos, según el portal FlightAware. Desde el viernes 24 de diciembre, día de Nochebuena, suman unos 8.000 vuelos cancelados. Los países más afectados han sido Estados Unidos y China.

En el caso de México, desde el día 06 de enero en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se han registrado más de 200 vuelos nacionales e internacionales cancelados,2 luego de que varios pilotos dieron positivo a Covid-19 y muchos más han sido aislados en espera del análisis de pruebas así como el diverso personal que labora en las aerolíneas.

El Portal web América Economía informó el 10 de enero que la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) ha comunicado que el personal de sobrecargas ausentes, por enfermedad o por falta de documentación vigente, representa el 10,3% del personal de la aerolínea. De acuerdo con el portal Expansión, además de los afectados por Covid, otros 65 tripulantes están suspendidos por falta de documentos vigentes para viajar.

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) señaló que los principales destinos afectados por estas cancelaciones son Guadalajara, Cancún y Monterrey, sin embargo la problemática también alcanza a vuelos internacionales, pues se tiene el registro de un vuelo que debía partir de Seúl.

El gremio de sobrecargos detalló que desde la víspera de Navidad, a nivel mundial se han cancelado unos 22 mil vuelos de distintas aerolíneas por contagios de sus tripulantes.

Ante esta situación que se presenta en el transporte aéreo es importante señalar que el marco jurídico mexicano establece en la Ley de Aviación Civil derechos inherentes a los usuarios de servicios de transporte aéreo y que desafortunadamente, no se cumplen ni se respetan a cabalidad.

En el artículo 47 Bis de dicha ley se establece claramente que el concesionario o permisionario está obligado a proporcionar un servicio de calidad y eficiente a lodos sus pasajeros. Para lo cual debe garantizar que se respeten y cumplan al menos los derechos plasmados en dicho ordenamiento legal.

En este sentido, la ley establece que el pasajero tiene derecho a un trato digno y a contar con un alto nivel de información, que le permita conocer sus opciones y tomar alternativas en caso de requerirse. Por ello, los concesionarios o permisionarios están obligados a informar de manera rápida y expedita al pasajero en caso de que se produzcan cambios en su itinerario o cualquier otra circunstancia que pudiera afectar el servicio contratado. Lo deberán hacer a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto o cualquier otro medio electrónico, con al menos veinticuatro horas de anticipación a la salida programada.

Y si los cambios se produjeran dentro de las veinticuatro horas previas a la salida programada, el concesionario o permisionario deberá informar al pasajero tan pronto tenga la certeza de que dichos cambios son inevitables, sin que esto exima al concesionario o permisionario de su responsabilidad frente al pasajero.

Ante ello la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe supervisar que los concesionarios o permisionarios informen de manera oportuna a los pasajeros de posibles cambios, retrasos o cancelaciones en su itinerario.

La Ley también establece que en caso de producirse la cancelación del vuelo por responsabilidad atribuible al concesionario o permisionario, éste, a elección del pasajero, deberá:

a) Reintegrarle el precio del boleto o billete de pasaje o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje.

b) Ofrecerle, con todos los medios a su alcance, transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos; alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo; alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernocta y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

c) Transportarle en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto del cual haya sido cancelado el vuelo. En los casos de los incisos a) y e) anteriores, el concesionario o permisionario deberá cubrir, además, una indemnización al pasajero afectado que no será inferior al veinticinco por ciento del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.

Es importante señalar que la ley mandata que con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones señaladas, los concesionarios o permisionarios de servicio al público de transporte aéreo deberán de contar con un módulo de atención al pasajero en cada una de las terminales en donde operen.

Además de establecer que la Procuraduría Federal del Consumidor juega un papel fundamental para preservar los derechos de las personas usuarias de los servicios de transporte aéreo, ya que la Profeco deberá establecer mecanismos para regular estos módulos y garantizar que los procedimientos que ahí se realicen se hagan de forma sencilla y expedita. Y en su caso aplicar las sanciones correspondientes por el incumplimiento de la ley ante la violación de los derechos de las y los consumidores de servicios de transporte aéreo.

Es evidente que la problemática es global, sin embargo, debemos atender puntualmente las necesidades y preocupaciones en nuestro territorio. Día a día convergen en aeropuertos del territorio nacional miles de personas. Ya sea por motivos de trabajo, negocios, familiares, de turismo o comercio, miles de personas utilizan el transporte aéreo convirtiendo así este servicio en una actividad esencial en el desarrollo nacional, por lo que se debe privilegiar y vigilar el adecuado cumplimiento de la legislación.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo nos pronunciamos a favor de los derechos de las personas usuarias del transporte aéreo y hacemos un atento llamado a las autoridades correspondientes a que vigilen, respeten y promuevan los derechos de las personas usuarias de este transporte. La Ley se aplica sin distingos, no se negocia.

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a esta honorable Comisión Permanente, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Procuraduría Federal del Consumidor a comisionar a personal especializado de la Profeco, en los Aeropuertos de nuestro país con el objetivo de atender y asistir de manera inmediata a las personas usuarias del transporte aéreo en la defensa de sus derechos, en horarios extendidos, y de ser necesarios en horario nocturno, ante el incremento de las cancelaciones de vuelos por motivo de la pandemia por Covid-19.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Procuraduría Federal del Consumidor a vigilar detenidamente el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios y permisionarios de transporte aéreo para con las personas usuarias de estos servicios de conformidad con lo establecido en la Ley de Aviación Civil y la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Salud para que vigilen el cumplimiento de las normas sanitarias para evitar los contagios en los aeropuertos y entre el personal de las líneas aéreas.

Notas

1 Miles de vuelos cancelados por contagios entre su tripulación: ómicron golpea el turismo a solo días de fin de año, disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-59805483, consultado el 10 de enero de 2021.

2 Cancelan 203 vuelos de líneas mexicanas en cuatro días por contagios, disponible en:

https.//www.jornada.com.mx/notas/2022/01/09/politica/
cancelan-203-vuelos-de-lineas-mexicanas­en-cuatro-dias-por-contagios/,consultado el 10 de enero de 2021.

Dado en el salón de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a los doce días del mes de enero del año dos mil veintidós.

Senadoras: Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y Cora Cecilia Pinedo Alonso (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT y el gobierno de Tamaulipas a sustituir la carpeta asfáltica y propiciar el desarrollo de una infraestructura moderna, segura y de calidad en la carretera federal número 2, Nuevo Laredo-Reynosa, tramo Nuevo Laredo-Guerrero, suscrita por la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Olga Juliana Elizondo Guerra, diputada del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La infraestructura carretera en México ha ido en aumento durante los últimos años. De acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de 2019 a 2020, se aumentaron 29 mil 819 kilómetros de caminos, de los cuales 1,969 km corresponden a carreteras pavimentadas y 24,768 km a caminos rurales.1

El estado de Tamaulipas cuenta con una red de infraestructura carretera que, según los datos de la SCT, tiene 2,157.30 kilómetros de la red federal pavimentados, de los cuales, 757.72 son de corredor, 649.58 son básicos y 750 secundarios.2

No obstante, la loable labor que ha desempeñado la presente administración encabezada por el licenciado Andrés Manuel López obrador, es necesario, no sólo crear nuevas vialidades sino también dar mantenimiento a las ya existentes, a fin de que sigan beneficiando a las y los millones de mexicanos que por ellas transitan a diario.

Esta infraestructura vial ha permitido la comunicación entre sus habitantes y la introducción de servicios como los de seguridad social, electricidad, educación y comercio; así como otros que son indispensables para las actividades de las y los ciudadanos. Sin embargo, la infraestructura carretera de la ribereña tamaulipeca representa un peligro latente para las y los habitantes de la región. Transitarlas implica altos riesgos derivado de las pésimas condiciones en las que se encuentran y, aunado a ello, debe considerarse el aumento alarmante de los índices delictivos en la zona, lo que supone un grave peligro para las y los tamaulipecos que la recorren todos los días.

La carretera federal 02, La Ribereña, es una de las principales vías de comunicación que atraviesa el estado de Tamaulipas. Su trayecto principal conecta a los municipios de Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz y Reynosa en la región fronteriza. Las y los ciudadanos de estas comunidades se ven obligados a utilizarla, ya que les permite acceder a sus actividades cotidianas.

La principal problemática que enfrenta esta infraestructura vial es la falta de mantenimiento y, a causa de ello, la constante aparición de los denominados “baches” que se han multiplicado de manera drástica en los últimos meses. La zona más afectada es la que se ubica entre los municipios de Nuevo Laredo y Guerrero. Cabe destacar que, en el transcurso de 2021, los accidentes viales ocasionados por los desperfectos en la carpeta asfáltica han aumentado de manera alarmante en esta zona.

De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2021 se está convirtiendo en el año con el mayor índice de accidentes en las carreteras mexicanas. Tan sólo en el primer semestre del año, se han contabilizado 7 mil 463 muertes. Situación que muestra una diferencia de 1 mil 316 muertes más que en el mismo periodo de 2020; lo equivalente a un alza de 21.5 por ciento, y de 34.5 por ciento en comparación con el año 2015.3 En promedio, hay 1 mil 273 percances automovilísticos cada mes (42 diarios). El primer semestre de 2021 ha demostrado ser el más letal desde que en 2015 comenzó a llevarse un registro oficial de víctimas en el país.4

Los habitantes de las comunidades aledañas han reconocido que la intervención de esta carretera será de gran utilidad e importancia para sus municipios ya que, con ello, se acortará el tiempo de traslado y se permitirá el tránsito seguro.

Como servidores públicos, contamos con la obligación de hacer que la transformación de México avance. Por ello, las autoridades competentes deben garantizar a los usuarios de las carreteas un servicio de calidad de acuerdo con sus necesidades y requerimientos que les permita trasladarse con seguridad y comodidad a sus destinos. Este importante tramo carretero no debe ser olvidado por las autoridades.

En razón de lo anterior, los diversos niveles de gobierno deben actuar a la altura de las circunstancias, con una visión de corto, mediano y largo plazo, y con una profunda convicción transformadora que apunte al interés público, al crecimiento económico y al bienestar social.

De ahí que se pone a consideración de la honorable Comisión Permanente la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y al gobierno del estado de Tamaulipas, a efecto de que realicen la sustitución de la carpeta asfáltica y propicien el desarrollo de una infraestructura carretera moderna, segura y de calidad, en la carretera federal México número 2 Nuevo Laredo-Reynosa, en el tramo de Nuevo Laredo a Guerrero en el estado de Tamaulipas, así como supervisen el tránsito de camiones de carga pesados no autorizados para su circulación en este tipo de vía o, en su caso, realicen las modificaciones necesarias a la infraestructura para que las y los usuarios transiten por una vía en óptimas condiciones.

Notas

1 https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos

2 https://www.sct.gob.mx/carreteras/direccion-general-de-conservacion-de- carreteras/longitud-red-federal/

3 https://www.animalpolitico.com/2021/08/accidentes-trafico-muertes-lesio nes-2021/

4 https://www.sct.gob.mx/carreteras/direccion-general-de-servicios-tecnic os/estadistica-de-accidentes-de-transito/

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2022.

Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Insabi a garantizar el acceso a los servicios de salud a toda la población sin seguridad social, suscrita por la diputada Ana María Balderas Trejo, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Ana María Balderas Trejo, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), para que en el ámbito de sus atribuciones, garantice el acceso a los servicios de salud a toda la población sin seguridad social, asimismo adopte las medidas necesarias para recurrir a la subrogación de servicios para el tratamiento del cáncer de mama a través de instituciones sin fines de lucro, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El acceso a la salud es un derecho universal. Al respecto la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano”.1

Por otro lado, el derecho a la salud es tutelado por nuestra Constitución Política de conformidad con el artículo 4, párrafo 4, que a la letra expresa lo siguiente:

Artículo 4o....

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social”.

Sin bien, el texto constitucional es claro respecto a este derecho y su progresividad a ser cada vez mejor, en la realidad nos encontramos lejos de poder cumplir con este mandato. Lo anterior, a pesar de la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el pasado noviembre de 2019, el cual sustituyó a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, que era el órgano encargado de administrar el Seguro Popular.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el año de 2020, aproximadamente 35.5 millones de personas eran beneficiarias del Insabi, cantidad menor de derechohabientes en comparación con el Seguro Popular que a finales de 2018 atendía a 53.5 millones de personas.2

Lo anterior denota un retroceso en materia de salud, pues en lugar de aumentar la cobertura, la cifra se redujo. Dicho problema no es menor, puesto que aproximadamente a finales de 2020, 18 millones de personas perdieron los servicios médicos a los que tenían acceso con el Seguro Popular por no estar afiliados ante el Insabi.

Aunado a esto, la escasez de medicamentos se ha vuelto una constante en el sector salud afectando a miles de personas y no sobra señalar que, durante la aprobación de las miscelánea fiscal para el ejercicio 2022, se redujeron los porcentajes de deducción que los donantes podían otorgar a fundaciones u organizaciones gubernamentales, quienes les brindaban auxilio a personas de escasos recursos.

Este retroceso en el sistema de salud afecta principalmente a aquellas que padecen de enfermedades cuyos tratamientos son costosos, como es el caso del cáncer de mama.

Al respecto, destaco el caso de la Fundación del Cáncer de Mama (Fucam), la cual ha dejado de recibir financiamiento por parte del gobierno federal a través de la subrogación de servicios, cuando de acuerdo a su informe anual esta institución, en el año 2020, realizo más de 69 mil consultas médicas, 30 mil 586 mastografías; 19 mil 520 quimioterapias, 12 mil 39 sesiones de radioterapia entre otros.3

Asimismo, el 28 de enero de 2021 el Colegio de México (Colmex), emitió su informe Cáncer y desigualdades sociales en México 2020 , y señaló que esta enfermedad es la tercera causa de muerte en nuestro país después de las enfermedades del corazón y diabetes.4

Ahora bien, de acuerdo con el referido informe, las personas con escasos recursos son más susceptibles a atender de forma tardía el cáncer, reduciendo así la probabilidad de éxito de su tratamiento y aumentando los costos asociados a estos.

También el informe señala que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) es posible evitar la muerte de 4 de cada 10 personas con la enfermedad, siempre y cuando reciban el tratamiento en etapa temprana, situación que lamentablemente no sucede en nuestro país, pues mencionan que 70 por ciento de los casos de cáncer se detectan en etapas avanzadas.5

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa, al Instituto de Salud para el Bienestar, para que en el ámbito de sus atribuciones tome las medidas necesarias que garanticen el acceso a los servicios de salud de toda la población sin seguridad social.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa, a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto de Salud para el Bienestar, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que en el ámbito de sus atribuciones tomen las medidas necesarias para adoptar el modelo de subrogación de servicios a diversas instituciones sin fines de lucro a fin de combatir el cáncer de mama.

Notas

1 https://who.int/es/newa-room/fact.sheets/detail/human-rights-and-health

2 https://www.gob.mx/salud/seguropopular/documentos/afiliacion.historica- del-sistema-de-proteccion-social-en-salud

3 https://fucam.org.mx/images/05informe-anual/INFORME_ANUAL_2020.pdf

4 https://desigualdades.colmex.mx/cancer-desigualdades-mexico-2020

5 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2022.

Diputada Ana María Balderas Trejo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a decretar por la SHCP medidas urgentes para reducir el efecto inflacionario durante 2022, a cargo de la diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI

Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El presente año ha iniciado con un aumento generalizado en los precios de diversos bienes y servicios, incluyendo los productos que integran la canasta básica, sumado a un crecimiento exponencial de infecciones por Covid-19, provocado por la variante Ómicron.

Como lo han expresado en diversos medios de información otras fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, se perfila una de las peores denominadas “cuestas de enero”, consecuencia de una política económica y fiscal errática.

De acuerdo con diferentes fuentes informativas y oficiales, el país alcanzó el nivel inflacionario más alto de los últimos 21 años, al registrar durante noviembre del 2021 una inflación anualizada de 7.37 por ciento, lo que supera por mucho a la inflación prevista por el Banco de México para el presente año y proyectada en los Criterios de Política Económica presentados por el titular del Ejecutivo federal (3.0 por ciento). Este nivel inflacionario provocó que tan sólo en ese mismo mes los precios aumentarán en 1.14 por ciento

Este proceso inflacionario observado prácticamente a lo largo del presente año, ha contribuido a deteriorar el poder adquisitivo de las familias y ha generado una mayor pobreza laboral, aun con los incrementos al salario mínimo.

En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que la inflación registrada hasta noviembre de 2021 en su gobierno es de 7.37 por ciento, lo cual es más que el alcanzado en el gobierno de Enrique Peña Nieto. No obstante, pretende aclarar que el fenómeno actual se debe a factores externos derivado de la pandemia y no por actos de corrupción como se hacía en el pasado.1

Así, al tercer trimestre de 2021, la pobreza laboral: es decir los trabajadores que aún y cuando tienen un trabajo, los ingresos que reciben no les son suficientes para adquirir una canasta básica de consumo se ubicó en 40.7 por ciento, cifra 0.9 por ciento mayor que el trimestre anterior.

Asimismo, diversos analistas sostienen que la inflación subyacente o índice subyacente2 continúa elevándose, siendo además un referente para la propensión inflacionaria, previsiones coinciden en que este índice cerraría en diciembre de 2022 en 5.9 por ciento anual, que sería la más elevada desde finales de 2021.3

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante noviembre pasado la canasta de consumo mínimo registró un incremento de 8.35 por ciento anual y de 1.27 por ciento mensual, superando inclusive al crecimiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que en el mes de referencia se ubicó en 7.37 por ciento.

El mismo Inegi publica que entre diciembre de 2018 y noviembre de 2021, la inflación de la Canasta de Consumo Mínimo fue de 115.25 por ciento y el crecimiento del INPC General fue de 62.8 por ciento.

Mientras que entre 2018 y 2021 el incremento al salario mínimo fue de 60.3 por ciento al pasar de 88.36 pesos en 2018 a 141.7 para 2021 y de 95 por ciento acumulado para 2022.

De esta manera, los incrementos al salario mínimo están siendo anulados por el repunte de los precios, de poco han servido y servirán para mejorar el poder adquisitivo de las familias, en especial las de menores ingresos.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y de la Procuraduría Federal del Consumidor se observa que entre 2018 y 2021, el kilogramo de frijol registró un incremento de 72 por ciento.

Los Criterios de Política Económica, presentados por el titular del Ejecutivo federal en 2021, consideraron que la inflación mínima proyectada promedio sería de 4.1 por ciento, no obstante, de una muestra de 22 productos de la canasta básica se puede observar que aún con el incremento al salario mínimo, el poder adquisitivo apenas se mantendrá constante por lo que, de continuar las presiones inflacionarias, este aumento quedaría rebasado durante los primeros meses de 2022.

A lo anterior se suma el incremento de 7.3 por ciento en el impuesto especial a la producción y servicios (IEPS) anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado mes de diciembre y que es una actualización inflacionaria en la cuota que se paga por dicho impuesto, pero que provocará un incremento al precio de las gasolinas, las bebidas saborizadas, refrescos, entre otros productos, afectando aún más el deteriorado poder adquisitivo de las personas y, prácticamente, eliminará el incremento del salario mínimo.

Este impuesto se aplica en el país desde 1980 a los productos y servicios que tienen algún impacto o perjuicio social o cuyo consumo no es deseado; por ejemplo, cigarrillos, bebidas alcohólicas, productos con azúcares añadidos, con gran cantidad de calorías, o gasolinas y combustibles fósiles.

Al respecto, será importante revisar en próximos periodos de sesiones la aplicación de este impuesto a los combustibles, toda vez que el incremento a éstos impacta en los costos de los productos y servicios de consumo, incluyendo la canasta básica, por el aumento en los costos de traslado.

Adicionalmente, se debe tener presente que el incremento señalado impacta aún más en las regiones más alejadas, toda vez que la mayor inversión en gastos de transporte repercute en los precios de los productos de consumo.

El caso de las gasolinas merece especial atención dado que es un energético que tiene un peso importante en la determinación del precio final de muchos productos.

El ajuste inflacionario en la cuota que se paga por este impuesto para 2022 quedará de la siguiente manera:

De acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022, la recaudación total por IEPS de gasolinas se estima en 318 mil 136 millones de pesos, si asumimos que diariamente en México se consumen 125 millones de litros de gasolinas (Magna, Prémium y diésel) y que el incremento del impuesto será de 37 centavos en promedio por cada litro de gasolina que se venda, la recaudación adicional que se obtendrá por el ajuste o incremento de este impuesto será de 16 mil 881 millones de pesos, lo que representa apenas 6 por ciento de la recaudación total proyectada para el IEPS de gasolinas.

Informes publicados por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) indican que durante diciembre el precio de la canasta básica en este mes se incrementó 16.4 por ciento respecto a diciembre de 2020, al pasar de mil 89 pesos en diciembre de 2020 a mil 268 en el mismo mes de 2021, lo que representó más del doble de la inflación registrada hasta noviembre pasado (7.35 por ciento).

La Anpec ha advertido que la actualización del IEPS traerá una escalada de alzas en frutas, legumbres, verduras, abarrotes, papel higiénico, artículos de higiene personal, limpieza, cárnicos, embutidos, entre otros.

A diferencia de muchas naciones, el titular del Ejecutivo Federal se ha negado a brindar apoyos fiscales a empresas, industrias y comercios, no obstante los graves efectos de la pandemia en el crecimiento económico durante los últimos dos años.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional refrenda su compromiso con las familias mexicanas y propone revisar la política fiscal a efecto de mejorar su bienestar, tomando en cuenta que los efectos del Covid-19, aún se mantienen y han provocado el deterioro de la economía en el país.

El elevado nivel inflacionario observado en el 2021 requiere la implementación de medidas responsables y solidarias en el año que inicia, a efecto de prevenir escenarios de inflación elevada más persistente.

Por lo expuesto sometemos a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a decretar a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público medidas urgentes a efecto de reducir el impacto inflacionario durante 2022.

Al respecto, se propone que la SHCP considere realizar el ajuste al Impuesto Especial a la Producción y Servicios, para que sea aplicado en dos etapas, en el primer trimestre del año, enero – marzo, la mitad del ajuste programado (3.5 por ciento), terminando la llamada “cuesta de enero” y al finalizar el tercer trimestre del año, julio-septiembre, iniciar el ajuste por el 3.8 por ciento restante para llegar a 7.3 por ciento.

Segundo. Con pleno respeto de su autonomía, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Banco de México que adopte las medidas necesarias para reducir los niveles inflacionarios observados durante 2021 y controlar el aumento durante 2022, en beneficio de las familias mexicanas.

Notas

1 https://www.razon.com.mx/mexico/amlo-reconoce-inflacion-mayor-sexenio-a nterior-466135

2 La inflación subyacente es un indicador que muestra la variabilidad de los precios de consumo a corto plazo más precisa que la inflación general, https://economipedia.com/definiciones/inflacion-subyacente.html

3 https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/victor-piz/2022/01/05/impertine nte-presion-de-amlo-a-banxico/

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2022.

Diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Turismo de La Paz, BCS, y la Conanp a analizar opciones para evitar el cobro de acceso a la playa Balandra, suscrita por el senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, senador de la República Ricardo Velázquez Meza, integrante de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, perteneciente al Grupo Parlamentario de morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las playas mexicanas representan un atractivo turístico a nivel nacional e internacional ya que son consideradas entre las mejores por su clima mayoritariamente tropical durante todo el año, importando poco la temporada invernal, ya que la posición geográfica de México permite recibir rayos solares cálidos todo el año y un oleaje agradable.

Derivado de esta posición geográfica se pueden percibir diferentes microclimas a lo largo y ancho de nuestro país, así como también se puede apreciar la inmensa variedad de especies de flora y fauna que se acerca a la cantidad de 108,519 especies1 aproximadamente, las cuales habitan las diferentes coordenadas de nuestro país.

Existen diferentes medidas de conservación de especies y de los ecosistemas en las que habitan, una de ellas es conocida como Área Natural Protegida, o por sus siglas ANP, la cual consiste en brindar un determinado espacio geográfico exclusivamente para la recuperación del entorno natural, delimitando las actividades que se realizan dentro de este polígono, a únicamente aquellas que no causen un deterioro al ecosistema existente o que se pretende recuperar.

Actualmente en México contamos con seis categorías para diferenciar entre las ANP existentes, y son clasificadas de la siguiente manera:

2

Con los datos anteriores es posible inferir que, dentro de las seis categorías, cada una de ellas cumple varios objetivos y proporciona una multitud de beneficios tanto para los pobladores de zonas aledañas como para la región, el país y el planeta, entre ellos:

• Mantienen fauna y flora silvestres

• Mantienen paisajes naturales

• Mantienen procesos ecológicos (carbón, agua, suelo)

• Sirven de testigos del cambio

• Proporcionan oportunidades de recreación

• Representan posibilidades de educación

• Son sitios de investigación científica

Si bien estas ANP son necesarias para la conservación de ecosistemas, también son elementales en la concientización de la población sobre el problema medioambiental, es por eso que no basta con tomar medidas extremas como la reubicación de la población ya asentada, a fin de promover la recuperación de los ambientes, situación que ya fue probada en varios países3 y decidieron tomar otras medidas más efectivas.

Y es que en ocasiones las propias medidas de recuperación deben ser aplicadas o supervisadas por personal humano y facilita su ejecución cuando existe población local dispuesta a colaborar y compartir los conocimientos de la zona, así como servir de vigilantes ante población externa que llega como visitante, o en ocasiones como depredador, evitando de esta manera que se continúen con malas prácticas y difundiendo de propia voz las causas y consecuencias de la conservación.

Fue así como desde los años 70 se propuso un concepto distinto al conocido sobre las ANP, no suplantándolo, sino complementándolo y fue llamado Reservas de la Biósfera. El principal objetivo de este sistema es integrar a las comunidades humanas en la conservación en lugar de excluirlas. El modelo incluye un área núcleo con acceso y usos restringidos rodeada por un área de amortiguamiento en donde las actividades son sustentables.4

Este sistema ha sido implementado a lo largo del mundo, y particularmente en México se puede ver en diferentes destinos turísticos, pero principalmente en Estados como Baja California Sur, Campeche y Quintana Roo en donde las autoridades correspondientes, en conjunto con la población, aprovechan el atractivo que sienten los turistas por la naturaleza y diseñan actividades que permitan disfrutar y conocer a los visitantes, así como percibir una remuneración a los locales y mantener el ecosistema en óptimas condiciones.

Recientemente este tema cobró relevancia en la Entidad de Baja California Sur, ya que se informó el 17 de diciembre de 2021 que el acceso a la Playa Balandra tendría un costo de $25 por persona, con el fin de concientizar y preservar la riqueza natural,5 a lo que los medios locales y la población sudcaliforniana se manifestó inconforme por el anuncio del inesperado cobro, a pesar de ser una ANP desde el 2012,6 fecha desde la cual las autoridades no visualizaron con cautela las opciones que se tienen para percibir recursos que permitan la conservación.

Es así que teniendo en cuenta el sistema de inclusión poblacional local en la conservación ecosistémica, me gustaría destacar algunos casos en donde las actividades ecoturísticas desarrolladas conjuntamente, han sido exitosas para la economía local, para el disfrute turístico y primordialmente para la conservación de las especies.

En el Parque Nacional Cabo Pulmo, Baja California sur, existe el único arrecife coralino del Mar de Cortés, con una antigüedad de mas de 25,000 años, el cual alberga aproximadamente 226 especies marinas,7 por lo que la pesca está prohibida, pero el atractivo turístico es por actividades como el buceo y la exploración.

De igual manera, la Reserva de la Biósfera de Calakmul, Campeche, cuenta con diferentes actividades ecoturísticas que detonan la economía local, el turismo externo y la preservación, como es el caso de los tours que se dan por las zonas arqueológicas, acompañados de una breve reseña histórica.

Otro ejemplo más conocido sobre este sistema en el que se integra a las comunidades humanas en la conservación del lugar, lo tenemos en Bacalar, Quintana Roo, en donde además de disfrutar tranquilamente del pueblo mágico en bicicleta, en la laguna de los siete colores se puede pasear en kayak o en paddle board, ya que estos medios no representan emisiones por lo que son amigables con el medio ambiente.

Los ejemplos anteriores sirven para representar la idea de que no es necesario un cambio total de hábitos, sino evitar las malas prácticas y suplantarlas por actividades que permitan conocer y recuperar los recursos existentes, sin llegar a la necesidad de cobrar un acceso que no asegura la concientización, ya que el visitante no obtiene un bien o un servicio a cambio que lo haga apreciar el valor intrínseco del lugar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito Senador del Grupo Parlamentario de morena, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo de La Paz, Baja California Sur y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que, analicen opciones a fin de evitar el cobro de acceso a la playa Balandra.

Notas

1 Biodiversidad Mexicana. https://www.biodiversidad.gob.mx/especies/cuantasesp. Consultado el 22 de diciembre de 2021.

2 Biodiversidad Mexicana. https://www.biodiversidad.gob.mx/region/areasprot. Consultado el 22 de diciembre de 2021.

3 Ibídem. Página 1

4 Ibídem. Página 3

5 Bitácora BCS. https://www.bitacorabcs.mx/lapaz-cobro-balandra-milena/. Consultado el 22 de diciembre de 2021.

6 Ibídem. Página 2

7 México Destinos. https://www.mexicodestinos.com/blog/25-increibles-paraisos-para-el-ecot urismoen-mexico/. Consultado el 22 de diciembre de 2021.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, Ciudad de México, a los doce días de enero del año dos mil veintidós.

Senador de la República Ricardo Velázquez Meza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Cofepris a actualizar la lista de pruebas para detectar SARS-Cov2 y sus variantes durante 2022, a cargo del diputado Héctor Israel Castillo Olivares, del Grupo Parlamentario del PAN

Héctor Israel Castillo Olivares, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las pruebas diagnósticas para la detección del virus SARS-CoV-2 (Covid-19), incluyen métodos basados en hallazgos de ácidos nucleicos del virus y en la reacción antígeno-anticuerpo (IgM/IgG) producidos en respuesta a la infección para la detección rápida de casos y contactos, así como para responder eficazmente al brote de Covid-19. Lo anterior de acuerdo con la nota informativa sobre pruebas diagnósticas para Covid-19 (en progreso), del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (Cenetec) y de la Dirección de Evaluación de Tecnologías para la Salud, del 19 de junio de 2020, que describe los tres tipos principales de pruebas:

1. Moleculares: detectan ácidos nucleicos de SARS-CoV-2

La prueba de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), ha sido la prueba de primera línea usada frente al brote de SARS-CoV-2. La PCR es el estándar de referencia para el diagnóstico molecular de agentes infecciosos, ya que es una técnica capaz de proporcionar una sensibilidad y especificidad cercanas a cien por ciento con ensayos diseñados adecuadamente en situaciones controladas. El tiempo que tarda en obtenerse el resultado es de 4 a 6 horas.

El diagnóstico definitivo para Covid-19, se establece en dos pasos por separado:

1. En primera instancia se toma la muestra que puede ser: hisopado nasofaríngeo y orofaríngeo, lavado bronco alveolar, aspirado traqueal o nasal, esputo, tejidos, suero en fase aguda, así como sangre entera. Dicha muestra se deposita en medios para cultivos virales y se somete a un panel diferencial por PCR en tiempo real para una serie de agentes infecciosos que generan el síndrome respiratorio infeccioso: Influenza A, Influenza B, Adenovirus y RNA virus, entre estos últimos se incluye el grupo de los coronavirus.

2. Si la prueba resulta positiva a coronavirus, se realiza una segunda prueba de PCR (punto final), para identificar la secuencia específica del betacoronavirus Covid-19. No hay datos sobre la precisión de esta prueba para la detección de este virus en específico; pero en general, la metodología de PCR ha demostrado tener una alta sensibilidad y especificidad.

2. Detección de Antígenos: detectan antígenos de SARS-CoV-2

Están destinadas a la detección cualitativa de la proteína del antígeno viral SARS-CoV-2 en muestras de suero y plasma humano o también en muestras nasales o nasofaríngeas.

3. Detección de Anticuerpos: identifican anticuerpos de SARS-CoV-2

Miden la cantidad de anticuerpos o proteínas presentes en la sangre cuando el organismo responde a una infección específica. Se reconoce que éstas son menos complejas que las moleculares y se usan únicamente para identificar anticuerpos, lo que limita su efectividad para el diagnóstico; sin embargo, como se indica en la guía actualizada, la FDA no tiene la intención de objetar la distribución y el uso de pruebas para identificar anticuerpos contra el SARS-CoV-2., cuando las pruebas han sido validadas.

Si bien en México las pruebas para la detención del virus Covid-19 son gratuitas tratándose del sector público, desde 2020 –año en que la Organización Mundial de Salud (OMS), declaró al Covid-19 como una pandemia–, los laboratorios privados, realizan pruebas para detectar la presencia del virus, han ofertado dicho servicio en precios que oscilan entre 3 mil 500 y 5 mil pesos. En todos los casos se requiere una receta médica que justifique la realización de la prueba. Por ejemplo, el laboratorio Biomédica cuenta con pruebas para detectar el coronavirus por 3 mil 300 pesos, que se aplican siempre y cuando las personas presenten la sintomatología correspondiente y además, tengan una receta médica que avale la necesidad de realizarse el análisis. El laboratorio Olarte y Akle, realiza visitas a domicilio en la Ciudad de México por un precio de la prueba que va hasta los 3 mil 400 pesos a quienes cumplan con los requisitos de sintomatología y receta médica. En el caso de laboratorios Salud Digna, que recibió el aval del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico (Indre) para proveer estudios de detección del SARS-CoV 2, el precio de la prueba, tiene un costo de mil 300 pesos. El hospital Médica Sur, anunció un paquete de precios para los interesados en realizarse pruebas con atención desde la Unidad de Valoración de Emergencias Respiratorias (UVER) que van desde los 3 mil 949 hasta 7 mil 299 pesos. https://www.elhospital.com/temas/Precios-de-pruebas-para-coronavirus-en -Mexico+134313

En 2022 la realidad que se vive en México a causa de la variante ómicron de Covid-19 y el incremento de contagios en la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz, Sonora y San Luis Potosí, conforman 65 por ciento de todos los casos acumulados registrados en el país, ha puesto en evidencia, el aumento desmedido de este tipo de servicios de detención del virus no sólo en hospitales privados y laboratorios sino en farmacias, quienes desafortunadamente han lucrado indiscriminadamente ante el aumento acelerado de contagios.

El 5 de enero pasado en el programa de radio Aristegui Noticias , sección Dinero y Economía , el periodista Jonathan Torres, sostuvo que desde 2021 el mercado global de las pruebas ha incrementado sus ganancias de manera significativa, debido a la alta demanda de pruebas serológicas, PCR y rápidas, entre otros datos.

La danza de precios en las pruebas de detección del virus Covid-19 y sus variantes, se debe a que la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor no regula los precios máximos de dichos servicios ya que éstos se rigen por el libre mercado y si bien, ha emitido recomendaciones a los usuarios antes de elegir un laboratorio, las medidas son insuficientes al igual que las implementadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud (Ssa), responsable de la actualización de lista de pruebas para la detección del virus Covid-19 y sus variantes, entre otras atribuciones previstas en la Ley General de Salud.

Ante la problemática creciente que actualmente enfrentamos, estoy convencido que la Cofepris debe garantizar la eficacia de los resultados en las pruebas serológicas para la medición de antígenos y anticuerpos contra el Covid-19 y sus variantes durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria.

Asimismo, la Profeco debe llevar a cabo un estudio de calidad en los distintos tipos de pruebas autorizadas para la detección del Covid-19 y sus variantes y emitir recomendaciones periódicas para que las y los consumidores puedan comparar y tomar las mejores decisiones al momento de su realización.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que en el marco de sus atribuciones, lleve a cabo la actualización de la lista de pruebas para la detección del Virus SARS-CoV-2 y sus variantes durante 2022.

Segundo. Se exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, para que en el ámbito de sus atribuciones, realice estudios de calidad en los distintos tipos de pruebas autorizadas para la detección del Covid-19 y sus variantes, y emita recomendaciones periódicas para que las y los consumidores puedan comparar y tomar las mejores decisiones al momento de elegir la prueba.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2022.

Diputado Héctor Israel Castillo Olivares (rúbrica)

Con punto de acuerdo, mediante el cual se solicita la comparecencia del subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez a fin de que explique la falta de acción gubernamental para evitar una cuarta ola de contagios en la pandemia, suscrita por el senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Manuel Añorve Baños, senador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Ya no hay forma de esconderlo, la cuarta ola de la pandemia está azotando a nuestro país, de manera rápida, brutal y sin avisos de desacelerar en el futuro próximo.

Desafortunadamente, ninguno de los encargados de atender la crisis en el gobierno federal, tuvieron la pericia de ver lo que estaba pasando en otros países con la variante ómicron y preparar nuevas estrategias de prevención y control.

Por esta falta de visión, la cuarta ola de la pandemia está a punto de ser la peor, solo basta ver que, desde el inicio de 2022, en días consecutivos se ha roto el record de contagios, llegando incluso a los 30 mil oficiales, aumentando exponencialmente esta cifra cada día que pasa.

Aunado a lo anterior, si bien se ha acelerado la aplicación de vacunas, el porcentaje de la población que tiene ya un esquema completo es de apenas superior al 50 por ciento (https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/vacunacion-covid-cump le-un-ano-mexico/).

Lo más desafortunado, es que los fallecimientos siguen aumentando, llegando ya a superar el umbral de los 300 mil, de manera oficial, lo que significa que cuando menos ha habido 600 mil muertes reales, relacionadas con la pandemia.

Frente a estas evidencias, nos queda claro que en México no hay una verdadera estrategia para atender la pandemia y lo que sí tenemos, son las ocurrencias de una sola persona que ha resultado más que incapaz.

No podemos aceptar que la estrategia de salud pública esté siendo inventada conforme pasan los días, o que sea solo un montón de buenas intenciones, sin pies ni cabeza.

Desafortunadamente, gracias a la imprudencia, necedad e impericia del subsecretario Hugo López Gatell, así como a la inactividad pasmosa de todos los demás encargados de atender la pandemia, nuestro país está muy lejos de salir de la crisis y, lamentablemente, esta cuarta ola tendrá consecuencias desastrosas para la vida de millones de familias.

Nos queda claro que el tiempo de rectificar ya pasó, pero siempre se puede empezar a solucionar un error.

No hay mejor momento que el ahora para dar un golpe de timón, por lo que es urgente y necesario que comparezca, ante la comisión permanente, el subsecretario Hugo López Gatell, para que explique la falta de acción gubernamental ante el inminente inicio de la cuarta ola de contagios de Covid-19, generada por la variante Ómicron.

Por las razones vertidas se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia del subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez para que explique la falta de acción gubernamental ante el inminente inicio de la cuarta ola de contagios de Covid-19, generada por la variante Ómicron.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2022.

Senador Manuel Añorve Baños (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a autoridades de salud federales y locales a garantizar el derecho a la protección de la salud de las personas con cáncer, suscrita por la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Olga Juliana Elizondo Guerra, diputada del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en 2015 fallecieron de cáncer 8.8 millones de personas, lo que representó una de cada seis muertes en el mundo. Entre los tipos de cáncer que causaron un mayor número de muertes para los hombres, fue el de pulmón, hígado, estómago, colorrectal y de próstata; para las mujeres el de mama, pulmón, colorrectal, cervicouterino y de estómago. No obstante, de las personas que necesitan cuidados paliativos en el mundo, solo 14 por ciento reciben estos servicios.1

En México el cáncer ocupa el tercer lugar como causa de muerte, representando así 14 de cada 100 fallecimientos; mientras que la expectativa de vida es de alrededor de 63 años.2 El padecimiento más frecuente en el país es el de mama, con 27 mil 500 casos por año, seguido del de próstata con 25 mil, colon con 15 mil; tiroides 12 mil, cervicouterino con 7 mil 870 y de pulmón con 7 mil 810. El cáncer de mama ocasiona 7 mil defunciones al año, el de colon 7 mil, de próstata 6 mil 900, el cervicouterino 4 mil, de pulmón 6 mil 700 y tiroides 900; lo anterior, de acuerdo a lo expresado por el director general del Instituto Nacional de Cancerología (Incan), Abelardo Meneses García, durante el foro “Cáncer, desafíos en México y América Latina”.3

Cabe destacar que cerca del 30 por ciento de los padecimientos que se presentan son a causa de malos hábitos de vida como el tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, consumo de alimentos con alto valor calórico, bebidas azucaradas y falta de actividad física, por lo que una tercera parte de los casos son prevenibles, mientras que otra tercera parte se pueden diagnosticar de manera oportuna, en tanto que uno de cada diez tumores detectados están asociados al factor hereditario, entre los cuales se encuentran el cáncer de mama, próstata, colon y cuerpo uterino (endometrio).4

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Investigaciones Biomédicas, dio a conocer que el cáncer de mama es considerado la principal causa de muerte por tumores entre las mujeres mexicanas, con un promedio de diez decesos al día, destacando que nuestro país cuenta con la misma incidencia que Estados Unidos. No obstante, en nuestro país la mortalidad representa el doble que en Estados Unidos de América, mientras que en este último, el 80 por ciento de las pacientes se diagnostica en la primera etapa de desarrollo del tumor, en nuestro país, el mismo porcentaje de mujeres conoce el diagnóstico en las etapas 3 o 4, cuando el cáncer avanzó y los tratamientos son limitados. En los últimos 10 años, en México los fallecimientos por esta enfermedad han aumentado, mientras que en Europa y Estados Unidos han ido a la baja.5

En el mundo, cada año se presentan alrededor de 300 mil nuevos casos de cáncer en niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 19 años.6 Los tipos más comunes de cáncer infantil son leucemia, cáncer cerebral, linfoma y tumores como el neuroblastoma y el tumor de Wilms. La oportunidad de mejorar la vida de miles de niñas, niños y adolescentes se centra en contar con diagnósticos oportunos y tratamientos adecuados, accesibles y disponibles. Gran cantidad de estos padecimientos son curables con medicamentos genéricos y tratamientos como la cirugía y la radioterapia. La incapacidad de obtener un diagnóstico oportuno, la inaccesibilidad de los tratamientos, el abandono del tratamiento, la muerte por toxicidad y el exceso de recidivas, se atribuye principalmente a la falta de acceso a medicamentos y tecnologías esenciales para una atención adecuada.

El 27 de febrero de 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos demandó a la Secretaría de Salud a dar una respuesta integra y efectiva para garantizar el abasto y disponibilidad permanente de medicamentos oncológicos e insumos médicos en todo el país para niñas, niños y adolescentes con cáncer, a fin de evitar recaídas en su salud o perder la vida ante la falta de control de la enfermedad, ello derivado de diversas inconformidades y exigencias de madres y padres de familia que se han visto afectados por el desabasto de fármacos para sus hijas e hijos.

Ante la crisis sanitaria por la que el mundo atraviesa a consecuencia de la propagación del virus SARS CoV-2, los servicios de salud relacionados con enfermedades no transmisibles, entre ellos el cáncer, presentan una considerable afectación, ya que desde el inicio de la pandemia no han recibido los medicamentos necesarios para continuar sus tratamientos. A través de una encuesta realizada en 155 países, la OMS confirmó que más del 42 por ciento de las naciones han interrumpido parcial o totalmente los servicios de tratamiento del cáncer y aplazado los programas públicos de detección para cáncer de mama; y del cuello uterino en más del 50 por ciento de los países.7

El cáncer y los tratamientos para el cáncer pueden debilitar el sistema inmunológico. Esto significa que una persona con cáncer cuenta con un alto nivel de riesgo de infección y enfermedad. Es decir, el cáncer puede disminuir la inmunidad y dificultar la lucha contra las infecciones de diferentes maneras como el reducir el número de células inmunológicas que atacan a los gérmenes o los tratamientos contra el cáncer, incluyendo la radiación y ciertos medicamentos que pueden debilitar la piel o las membranas que recubren la boca y el tracto digestivo.

Desde hace más de un año el desabasto de medicamentos provocó una serie de reprogramaciones principalmente para el seguimiento de tratamientos con enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y diálisis. La falta de interés por parte de autoridades en resolver esta problemática ha propiciado el aumento en el sufrimiento de las personas con cáncer por no contar con las herramientas adecuadas para enfrentar su enfermedad. La impotencia y desesperación por no obtener el apoyo suficiente por parte de las instituciones de salud orillan a que se violente el derecho a la protección de la salud de las y los mexicanos.

El juicio de amparo se ha convertido en la única herramienta de los pacientes con cáncer para acceder a un tratamiento de calidad. El desgaste físico, psicológico y económico que genera la lucha contra el cáncer, se le debe de sumar la revictimización en los procesos jurídicos a los que se deben de enfrentar como interrogatorios innecesarios o situaciones que atentan en contra de su dignidad humana. Por otro lado, no obstante a los gastos generados por el cáncer, los pacientes deben de invertir en un amparo que muchas veces genera altos costos por el pago de un abogado que les ayude en resolver su problemática, convirtiendo esta situación en algo insostenible y que atenta contra la dignidad humana.

A pesar de lo antes señalado no podemos soslayar que el Estado mexicano tiene la obligación de establecer las condiciones necesarias para que las personas diagnosticadas con cáncer accedan a tratamientos de calidad en tiempo y forma, así como para que puedan ejercer el conjunto de derechos que la Ley Fundamental ordena.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 4, párrafo cuarto, que:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

La Ley General de Salud, en su artículo 6, fracción I, establece que, entre los objetivos del Sistema Nacional de Salud, se encuentra:

I. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas;

(...)

El artículo 27 del ordenamiento jurídico antes mencionado señala que:

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I a VII. ...

VIII. La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud;

IX a XI. ...

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado su compromiso con el acceso universal a la salud para las y los mexicanos. Prueba de ello es la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), cuyo objetivo es garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos e insumo asociados a personas que no cuentan con seguridad social. Sin embargo, es necesario realizar esfuerzos adicionales desde los diferentes ámbitos de gobierno, a efecto de asegurar el derecho a la protección de la salud de todas las personas, incluidas aquellas que más lo necesitan.

Es menester señalar que la transición hacia un nuevo sistema de salud auténticamente universal que brinde a todas las personas servicios de calidad y medicamentos gratuitos requiere acabar con las prácticas monopólicas en la compra de medicamentos, la corrupción y el robo de estos. Lo que debe traducirse en mejores controles administrativos y de seguridad, a efecto de evitar la vulneración de las instituciones de salud y su correcto funcionamiento.

De acuerdo con información proporcionada el 23 de enero de 2020 por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, el desabasto de medicamentos oncológicos no solo es imputable a la creación de una nueva institución de salud, sino también a un desabasto mundial, ya que las dos empresas que producen los principales medicamentos (una en China y otra en India) se encuentran saturadas, por lo que los medicamentos no se producen con la suficiencia necesaria para satisfacer la demanda.

Asimismo, Hugo López-Gatell indicó que, a finales de abril de 2019, hubo un brote de infección por una bacteria asociada con la nutrición parenteral. Tras esto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) hizo una inspección y descubrió que la fábrica de este producto estaba contaminada y que de ahí venía el germen. Por ello, la Cofepris decidió cerrar siete de las 17 plantas de la empresa productora.

De ahí que se torna de vital importancia implementar políticas públicas que coadyuven en la protección de la salud de las personas considerando los problemas que actualmente existen en la atención; las cuales incluyan campañas de prevención y detección oportuna del cáncer desde las primeras etapas del padecimiento, con el objetivo de disminuir los casos de fallecimiento a causa de esta enfermedad.8

Cabe recordar que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar los derechos humanos a todas las personas, entre ellos, la protección de la salud a las personas diagnosticadas con cáncer, a través de instrumentos de política pública que aseguren la continuidad en la prestación de los servicios y la disponibilidad de medicamentos.

Finalmente, es importante precisar que este Poder Legislativo, aprobó la reforma conducente a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2020, a efecto de establecer nuevos procedimientos para la compra de medicamentos e insumos para la salud a Organismos Intergubernamentales Internacionales, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad para garantizar a las y los mexicanos el derecho humano a la protección de la salud y el acceso a los servicios sanitarios.

En razón de lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homologas en las entidades federativas, al Instituto de Salud para el Bienestar, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada, realicen todas las acciones conducentes a efecto de que se regularice a la brevedad el abasto de medicamentos para el tratamiento de cáncer en sus distintos tipos y etapas, así como para que se refuercen e intensifiquen los procedimientos de diagnóstico para prevenir y controlar el cáncer.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homologas en las entidades federativas, al Instituto de Salud para el Bienestar, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a fortalecer e implementar acciones de promoción de la salud a través de campañas de prevención contra el cáncer.

Notas

1 https://www.who.int/features/factfiles/cancer/es/

2 https://www.gob.mx/salud/prensa/318-cancer-tercera-causa-de-muerte-en-m exico

3 https://www.gob.mx/salud/prensa/041-prevencion-y-deteccion-temprana-dis minuyen-mortalidad-por-cancer?idiom=es

4 Ibídem.

5 https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2018_677.html

6 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer-in-children

7 https://www.who.int/es/news-room/detail/
01-06-2020-covid-19-significantly-impacts-health-services-for-noncommunicable-diseases

8 Ibídem.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2022.

Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Cofepris a implantar y coordinar una estrategia de liberación de lotes de vacunas Pfizer-Biontech, AstraZeneca, Sinovac, Covaxin, Janssen, Moderna y Sinopharm contra el Covid-19 para permiso de venta, a cargo de diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Héctor Israel Castillo Olivares, Víctor Manuel Pérez Díaz, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Pedro Salgado Almaguer, Wendy Maricela Cordero González, Pedro Garza Treviño y Mariana Mancillas Cabrera, diputadas y diputados por el estado de Nuevo León e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 26 de noviembre de 2021, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció a ómicron como “variante de preocupación” del virus SARS-CoV-2, (Covid-19) y recomendó la actualización de protocolos de vigilancia genómica para efectuar la búsqueda intencionada de dicha variante.

El riesgo latente de varias olas de contagio por las distintas variantes de Covid-19, confirma la continuidad de la presión agudizada en el que se encuentran los sistemas nacionales a nivel mundial, que han sido rebasados por las complicaciones en pacientes infectados no vacunados y con comorbilidades (diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardiacas y respiratorias, así como trasplantes).

En este marco, México no es la excepción y se ubica en el segundo lugar de contagios de los países de América Latina, después de Chile, al registrar 96 mil 329 casos activos, la mayor parte de los casos están presentes en los grupos de 18 a 29 años, seguido del grupo de 30 a 39 años y 40 a 49 años. La distribución por sexo en los casos confirmados muestra un predominio en mujeres (50.4 por ciento). La mediana de edad en general es de 39 años. Las entidades federativas que acumulan el mayor número de casos acumulados confirmados son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz, Sonora y San Luis Potosí, que en conjunto conforman 65 por ciento de todos los casos acumulados registrados en el país y respecto a la tasa de casos activos por cada 100 mil habitantes, se encuentran Baja California Sur, Ciudad de México, Quintana Roo, San Luis Potosí, Yucatán, Zacatecas, Baja California, Aguascalientes, Chihuahua y Coahuila. Lo anterior, de acuerdo con datos del Informe Técnico Diario Covid-19 México de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud (SSA)
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/690940/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2022.01.06.pdf

Pese a los trabajos de investigación para identificar las características de la nueva cepa, así como los patrones de transmisión, gravedad, particularidades clínicas y factores de riesgo, la OMS ha recomendado la vacunación contra el Covid-19 como parte de las medidas efectivas para reducir la frecuencia de cuadros graves de la enfermedad y el riesgo de muerte.

A partir del 7 de diciembre de 2021, en México inició el proceso de vacunación de refuerzo contra Covid-19 para personas adultas mayores y para quienes padecen enfermedades inmunosupresoras, aunque su esquema corresponda a otra farmacéutica y las personas que se vacunaron a partir de la segunda mitad de 2021, deben esperar seis meses para recibir la dosis única de refuerzo. La vacuna que actualmente se está aplicando por parte de la Brigada Correcaminos es AstraZeneca.

Sin embargo, para el gobierno federal, la prioridad es el avance de la cobertura en personas que no han tenido el esquema primario para completarlo que inmunizar a la población, tal y como sucede en Israel, Reino Unido y Estados Unidos de América (EUA), que han logrado campañas de vacunación masiva que alcanzan a más de la mitad de su población (incluso con las dos dosis requeridas por la mayoría de las vacunas disponibles), otras naciones como la nuestra se encuentran rezagadas y en riesgo latente de contagio y muerte ante el desabasto de vacunas.

Ante el actual escenario de salud pública, es urgente contemplar la liberación de lotes de vacunas para compra privada y abrir la posibilidad que empresarios y gobierno locales puedan adquirir las dosis que se necesiten para inmunizar a la población que lo requiera.

En este contexto, cobra relevancia la actuación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en el proceso de liberación de un producto biológico, debido a que dicha instancia es reconocida como la Autoridad Reguladora Nacional de referencia (ARNr), calificada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), por lo que sus decisiones son reconocidas por diversos países de la región, por lo cual las vacunas aprobadas son susceptibles de ser utilizadas en otras naciones.

Por lo que es factible que la Cofepris, al dictaminar como procedente la autorización de diversas vacunas para uso de emergencia, con la denominación distintiva: proteína recombinante del dominio de la unión al receptor del virus del SARS-CoV-2, al cumplir los requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para ser aplicado. Éstas puedan adquirirse por empresarios y gobiernos locales para suministrarse en laboratorios, hospitales y clínicas sin necesidad de centralizarla a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2.

Al respecto, es importante no perder de vista durante el periodo comprendido entre el 11 de diciembre de 2020 al 28 de diciembre de 2021, la Cofepris ha otorgado 10 autorizaciones para uso de emergencia de las vacunas siguientes:

Fuente:https://www.gob.mx/cofepris/articulos/
cofepris-emite-autorizacion-para-uso-de-emergencia-de-vacuna-abdaláidiom=es

Adicionalmente al citado esquema, la Cofepris el pasado viernes 7 de enero de 2022, autorizó el fármaco Molnupiravir de los laboratorios Merck Sharp & Dohme (MSD), para uso de emergencia y primer tratamiento oral contra la Covid-19 en nuestro país.

De acuerdo con el portal web de Cofepris, liberar un lote de un producto biológico implica cumplir con varios pasos previos (y cada uno consta de varias etapas), las cuales deben ser satisfactoriamente completadas antes de solicitar la liberación de lote, y si no se cuenta con alguna de ellas, no se otorga la autorización. Estos pasos se pueden resumir en:

Fuente: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/liberacion-de-lotes-de -vacunas-Covid-19

Por lo tanto, la Cofepris como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, en términos del artículo 17 Bis, fracción II, de la Ley General de Salud, cuenta con atribuciones para proponer al secretario de Salud, la política nacional de protección contra riesgos sanitarios, así como su instrumentación en materia de establecimientos de salud; medicamentos y otros insumos para la salud, como los productos biotecnológicos, dentro de los que se encuentran las vacunas y su producción, por lo que es urgente que lleve a cabo la implementación y coordinación de una estrategia de liberación de lotes de vacunas contra Covid-19 para permiso de venta.

Finalmente, ante la alarmante cifra de contagios por la variante ómicron de Covid-19 en México, la centralización del gobierno federal de la Estrategia Nacional de Vacunación y constante improvisación de criterios de priorización inicial y consecutiva para inmunizar a nuestra población, como diputadas y diputados federales del estado de Nuevo León; desde la más alta tribuna de la nación, alzamos la voz para hacer un llamado a la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios y revertir las cifras de contagio y muerte ante las nuevas variantes de Covid-19 en los próximos meses.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que, en el ámbito de sus atribuciones implemente y coordine una estrategia de liberación de lotes de vacunas Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Covaxin, Janssen, Moderna y Sinopharm contra el Covid-19 para permiso de venta.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2022.

Diputados: Héctor Israel Castillo Olivares (rúbrica), Víctor Manuel Pérez Díaz, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Pedro Salgado Almaguer, Wendy Maricela Cordero González, Pedro Garza Treviño, Mariana Mancillas Cabrera.

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de NL a tomar medidas tendentes a acabar con la problemática de transporte de pasajeros que afecta a los neoleoneses e informar a esta soberanía sobre las acciones llevadas a cabo para renovar e implantar el transporte público local de gas natural y eléctrico, suscrita por la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Marcela Guerra Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno de Nuevo León para que, de manera urgente, tome las medidas que estime pertinentes, a fin de acabar con la problemática de transporte de pasajeros que afecta a las y los neoleoneses e informe a esta Soberanía sobre las acciones llevadas a cabo para la renovación e implementación del transporte público de gas natural y eléctrico en el estado, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Nuevo León cuenta con una extensión del 3 por ciento del territorio nacional conformada por 51 municipios y una población de 5 millones 784 mil 442 habitantes que representa 4.6 por ciento del total del país; y se encuentra distribuida de la siguiente forma: 96 por ciento en comunidades urbanas y 4 por ciento en rurales.1

Tan sólo en la capital del estado y su zona metropolitana (Apodaca, Cadereyta Jiménez, El Carmen, García, San Pedro Garza García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina y Santiago)2 se concentra una población de 5 millones 3 mil 5973 personas.

Nuevo León tiene una aportación al producto interno bruto nacional de 8 por ciento y es el estado con segunda mayor captación de inversión extranjera directa a escala nacional.

Entre las principales actividades productivas que se llevan a cabo en el estado se encuentran: el comercio, la construcción, la manufactura, la fabricación de maquinaria y equipo, el transporte, las comunicaciones y los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles; dentro de las cuales, destaca el capital humano como uno de sus motores principales.

Dado que la mayor parte de la población en la entidad utiliza el transporte público, este constituye un sector clave para el desarrollo y la economía de la entidad, según datos de la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía:

El transporte público en Monterrey movilizó a 11.5 millones de personas en el mes de mayo, lo que representó un incremento de 5.8 por ciento en el número de pasajeros respecto a lo reportado en el mes anterior. A nivel nacional ocupó el tercer lugar en transporte urbano detrás de Ciudad de México (97 millones de personas) y Guadalajara (12.3 millones).4

Pese a su importancia, durante las administraciones pasadas este sector no ha sido un eje primordial de las políticas implementadas, donde ahora encontramos muy pocas unidades y las que operan son antiguas y contaminantes.

El estado durante un periodo ya extenso de tiempo, ha enfrentado una crisis en el transporte público y medio ambiente, afectando a la población y diversos sectores productivos por la contaminación, las condiciones en las que se encuentran las unidades, los costos y su operatividad en general.

En los últimos días, la crisis se ha incrementado, por lo que en octubre de 2021, el gobierno de Nuevo León anunció una reestructuración del transporte público para hacer frente a estas crisis.5 Dentro de este plan se encuentra retomar el control, la conformación de nuevo esquema de cobros y la compra de nuevo transporte para reducir las unidades que se encuentran fuera de norma, que de acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad, generan la emisión de 165 mil toneladas de dióxido de carbono anuales.6

Hoy, las y los neoloneses se enfrentan a la frecuencia muy amplia y dispar en la que el transporte circula, lo cual afecta a la población en el plano laboral, causando ausentismo y retrasos, además en sus horarios y tareas. La economía familiar también se ve impactada ya que la población es obligada a utilizar el transporte privado que tiene un costo mayor, generando gastos no programados, innecesarios e imprevistos.

A principios del presente año, los medios informaron sobre una alta aglomeración en los espacios designados para espera de transporte en la capital del estado y periodos para abordar mayores a una hora; que además de las afectaciones antes mencionadas generan riesgos para las personas durante esta pandemia; esto con unidades abarrotadas y filas de espera llenas de personas, exponiendo a la población a contagios por Covid-19.7

Otro aspecto muy relevante, como lo indica la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Nuevo León, es que el mayor número de unidades de transporte público se encuentran en el centro de la zona metropolitana, dificultando el acceso a los municipios más alejados y provocando el aumento en las tarifas.8

De acuerdo con proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Consejo Nacional de Población, se espera que para 2030 la población de Nuevo León llegue a superar los 6 millones 300 mil pobladores,9 por lo cual es importante que se atiendan urgentemente las necesidades actuales y se prevea un mejor panorama futuro para la entidad, por lo cual, atender la crisis del transporte generará beneficios en el medio ambiente y será un escalón primordial para salvaguardar la economía y salud de las y los neoleoneses.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, elevo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Nuevo León a tomar de manera urgente las medidas que estime pertinentes a fin de acabar con la problemática de transporte de pasajeros que afecta a las y los neoleoneses.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Nuevo León a remitir a esta soberanía un informe pormenorizado sobre las acciones llevadas a cabo para renovar e implantar el transporte público de gas natural y eléctrico en el estado.

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (sin fecha). Nuevo León, 4 de enero de 2021, de Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sitio web: http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/NL/

2 Héctor Morales (sin fecha). El desorden territorial, 4 de enero de 2021, de Secretaría General de Gobierno de Nuevo León. Sitio web: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/104954/4._Nuevo_Le_n.pdf

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2020). Nuevo León: división municipal, 4 de enero de 2021, de Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sitio web: http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/nl/territorio/ div_municipal.aspx?tema=me&e=19

4 Lourdes Flores (2021). “Transporte público de Monterrey movilizó 11.5 millones de personas en mayo”, 5 de enero de 2021, en El Economista. Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/estados/Transporte-publico-de-Monterrey -movilizo-11.5-millones-de-personas-en-mayo-20210714-0110.html

5 Lourdes Flores (2021). “‘Gobierno de Nuevo León retomará el control del servicio de transporte público’: Samuel García”, 5 de enero de 2021, en El Economista. Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobierno-de-Nuevo-Leon-retomara -el-control-del-servicio-de-transporte-publico-Samuel-Garcia-20211017-0 042.html

6 Lourdes Flores (2021). “‘Gobierno de Nuevo León retomará el control del servicio de transporte público’: Samuel García”, 5 de enero de 2021, en El Economista. Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobierno-de-Nuevo-Leon-retomara -el-control-del-servicio-de-transporte-publico-Samuel-Garcia-20211017-0 042.html

7 Consuelo López (2022). “Las diferentes paradas de camiones del área metropolitana lucieron un tanto aglomeradas, pues la espera fue larga”, 5 de enero de 2021, en El Porvenir. Sitio web: https://elporvenir.mx/local/y-regios-sufren-por-falta-de-camiones/34514 3

8 Lourdes Flores (2021). “Transporte público de Monterrey movilizó 11.5 millones de personas en mayo”, 5 de enero de 2021, en El Economista. Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/estados/Transporte-publico-de-Monterrey -movilizo-11.5-millones-de-personas-en-mayo-20210714-0110.html

9 Consejo Nuevo León (2020). Marco demográfico de Nuevo León, 5 de enero de 2021, de Consejo Nuevo León. Sitio web: https://participa.conl.mx/pub/demografia/release/4

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2022.

Diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al INE a remitir a esta soberanía un informe pormenorizado sobre los gastos hechos en elecciones y ejercicios de participación ciudadana, y analizar la posibilidad de arrendar los insumos necesarios para ello, suscrita por el senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, senador de la República Ricardo Velázquez Meza, integrante de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Instituto Nacional Electoral (INE) es uno de los órganos constitucionales autónomos de México, siendo el ente público encargado de regular los procesos electorales, de participación ciudadana y normar las directrices a las que se sujetaran los participantes de todo lo anterior.1

Para ello sus funciones incluyen organizar las elecciones en todo el territorio mexicano, en coordinación con los organismos públicos electorales de las entidades federativas, quienes se encargan de organizar las elecciones de gubernaturas, diputaciones locales y ayuntamientos o alcaldías de Ciudad de México; Asimismo, interviene en otros procedimientos de participación ciudadana como consultas populares, procesos de revocación de mandato e iniciativas ciudadanas; además de estar facultado para intervenir en las elecciones de dirigencias de los partidos políticos, a solicitud de estos; emitir a través del registro federal de electores la Credencial para votar, que se constituye como principal identificación oficial en todo el territorio; promover por distintos métodos la participación ciudadana en la vida pública, la preeminencia del sistema democrático y el ejercicio libre del voto; normar los tiempos de radio y televisión para todos los involucrados en los procesos electorales, incluidos el Poder Ejecutivo; y vigilar el uso de los recursos públicos entregados a órganos electorales y partidos políticos.2

El INE tiene como misión, organizar los procesos electorales, libres, equitativos y confiables, para garantizar el ejercicio de los derechos político­electorales de la ciudadanía y contribuir al desarrollo de la vida democrática de México.3

Y su visión como órgano autónomo deberá ser siempre y en todo momento, ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la consolidación de la cultura y convivencia democrática en México, distinguiéndose por ser una institución moderna, transparente y eficiente, en la que la sociedad confíe plenamente para la organización de elecciones equitativas e imparciales.4

Durante las elecciones llevadas a cabo en 2017 en los estados de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, el INE presupuesto 4, 028 millones de pesos para las elecciones de dichos estados.5

De acuerdo con un reporte de la consultora Integralia ese es el monto de dinero público para la operación de los órganos electorales, para los partidos políticos y para las actividades de campaña de los candidatos, quienes además pueden recibir aportaciones privadas o donaciones en especie.6

De acuerdo con diversos expertos arremetieron comparando este presupuesto de las elecciones de 2017, comparadas con la construcción del Hospital General de Zona de Bahía de Banderas, Nayarit; pues el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) indicó que a esa obra se destinarán 1, 180 mdp en 2017 y del mismo modo, con esos fondos se podría edificar 805 planteles de bachillerato con las mismas características del Juan Galindo, en Puebla, cuyo costo se estima en 5 mdp.7

Reparto de presupuesto por estado en las elecciones de 2017.

• El Estado de México tiene un presupuesto de 2, 368.1 mdp, 11.8% menos que lo que tuvo en la contienda de 2005, con las elecciones del hoy presidente Enrique Peña Nieto; sin embargo, actualmente el costo del voto por habitante será de 209 pesos.8

• Coahuila tuvo un incremento de 42.1°/o, dado que los recursos pasaron de 261.7 mdp hace 12 años a 402.9 mdp este año y el costo de votar por persona será de 195 pesos –casi igual que en Veracruz de 193 pesos.9

• Nayarit tuvo un aumento en el financiamiento público fue de 81.6%, debido a que pasó de 98.2 mdp en 2005 a 180.7 mdp en 2017. Respecto del costo per cápita, el costo por habitante es de 222 pesos por persona, lo que equivale a los ingresos por 2.77 jornadas laborales para alguien que gana el salario mínimo (80.04 pesos).10

De acuerdo con el reporte elaborado por Integralia, el gasto más elevado en estas elecciones es el destinado a:

• Los cuatro organismos públicos locales electorales (OPLES), que asciende a 2, 368 mdp,

• El financiamiento público para los partidos políticos: 1, 383 mdp dirigidos a actividades ordinarias, específicas y a campañas electorales.11

Pese al recorte presupuestal realizado al INE, se deberá reorganizar de forma más eficaz, a fin de continuar con sus objetivos.

Se estima que dicho recorte presupuesta! es de alrededor de 870 millones de pesos ordenado por la Cámara de Diputados, con lo que el presupuesto de la autoridad electoral pasó de 20 mil 463 millones de pesos solicitados en el Anteproyecto a 19 mil 593 millones de pesos.12

Por su parte, el INE como órgano autónomo, esta obligado a dentro de sus atribuciones llevar a cabo las consultas populares y de participación ciudadana, con respecto a ello. El pasado 3 de Septiembre de 2021, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Revocación de mandato, un instrumento que tiene por objeto, regular el ejercicio de participación ciudadana.13

De esta manera, se precisa regular y garantizar el proceso de revocación de mandato, para así, solicitar por la ciudadanía la determinación de la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza. 14 Dicho dictamen se aprobó con 101 votos a favor y 2 en contra.

Por su parte la revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza.

Al tenor de lo anterior, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova ha declarado que: “La Cámara de Diputados no hizo una sola mención en el presupuesto sobre este proceso de participación ciudadana ni atendió la ampliación que se requirió en noviembre de este año”.15 (Revocación de mandato).

Recientemente el INE decidió aplazar la consulta de revocación de mandato, por falta de presupuesto.

Con lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, todas y todos tenemos derecho a saber como se gasta el Presupuesto del Erario Público en favor de las y los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito, senador del Grupo Parlamentario de Morena, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que, remita un informe pormenorizado a más tardar el 10 de marzo de 2022, sobre los gastos llevados a cabo en las elecciones, y consultas populares de participación ciudadana, llevado a acabo de 2017 a 2020, dicho.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que, analice la posibilidad de arrendar los insumas necesarios para las elecciones, y consultas populares de participación ciudadana.

Notas

1 https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_Electoral, Consultado el 20 de diciembre de 2021.

2 https://es.wikipedia.org/wiki/Jnstituto Nacional Electoral, Consultado el 20 de diciembre de 2021.

3 https://es.wikipedia.org/wiki/Jnstituto Nacional Electoral. Consultado el 20 de diciembre de 2021.

4 https://es.wikipedia.org/wiki/Jnstituto Nacional Electoral, Consultado el 20 de diciembre de 2021.

5 https://idconline.mx/corporativo/2017/05/08/cuanto-cuesta-votar-en-mexi co. Consultado el 20 de diciembre de 2021.

6 https://idconline.mx/corporativo/2017 /05/08/cuanto-cuesta-votar-en-mexico. Consultado el 20 de diciembre de 2021.

7 https://idconline.mx/corporativo/2017/05/08/cuanto-cuesta -votar-en-mexico. Consultado el 20 de diciembre de 2021.

8 https://idconline.mx/corporativo/2017/05/08/cuanto-cuesta-votar-en-mexi co, Consultado el 20 de diciembre de 2021.

9 https://idconline.mx/corporativo/2017/05/08/cuanto-cuesta-votar-en-mexi co, Consultado el 20 de diciembre de 2021.

10 https://idconline.mx/corporativo/2017/05/08/cuanto-cuesta-votar-en-mexi co, Consultado el 20 de diciembre de 2021.

11 https://idconline.mx/corporativo/2017/05/08/cuanto-cuesta-votar-en-mexi co. Consultado el 20 de diciembre de 2021.

12 https://centralelectoral.ine.mx/2020/12/07/ajusta-ine-presupuesto-para- 2021-tras-reduccion-ordenada­por-la-camara-de-diputados/. Consultado el 20 de diciembre de 2021.

13 https://morena.senado.gob.mx/2021/09/03/senado-aprueba-ley-federal-de-r evocacion-de-mandato/. Consultado el 20 de diciembre de 2021.

14 https://morena.senado.gob.mx/2021/09/03/senado-aprueba-ley-federal-de-r evocacion-de-rnandato/. Consultado el 20 de diciembre de 2021.

15 https://centralelectoral.ine.mx/2020/12/07/ajusta -ine-presupuesto-para-2021-tras-reduccion-ordenada­por-la-camara-de-dip utados/. Consultado el 20 de diciembre de 2021.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, Ciudad de México, a los doce días de enero del año dos mil veintidós.

Senador Ricardo Velázquez Meza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los Ejecutivos federal y estatales a implantar acciones contra el acoso sexual en la vía pública o espacios abiertos que permitan el acceso público, suscrita por la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Cámara, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a los gobiernos de las treinta y dos entidades federativas a implementar acciones en contra del acoso sexual en la vía pública o en espacios abiertos que permitan el acceso público, conforme a los siguientes

Antecedentes

I. En México la violencia generalizada contra las mujeres, la pandemia y los recortes presupuestarios, provocaron que durante 2021 las agresiones por razón de género incrementaran. De enero a noviembre de 2021, fueron asesinadas 3 mil 462 mujeres, un promedio de 10 al día. Del total de mujeres asesinadas, 2 mil 560 fueron por homicidio doloso, mientras que 922 fueron víctimas de feminicidio.

II. De acuerdo con estadísticas de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el 22 de septiembre de 2021, 21.2 millones de personas de 18 años en adelante fueron víctimas del delito, de las cuales 50.3 por ciento fueron mujeres y 49.7 por ciento hombres, de tal forma que, la prevalencia delictiva para las mujeres es de 22 mil 129 víctimas por cada 100 mil mujeres.

III. A lo largo de la historia, las mujeres han sido consideradas un grupo en situación de vulnerabilidad, por la alta tasa de victimización en la comisión de todo tipo de delitos en contra de ellas. Ejemplo de ello, durante el año 2020 la tasa de mujeres víctimas de delitos sexuales es de 3 mil 140 por cada 100 mil, según cifras de la Envipe.

IV. En el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) de 2019, se contabilizaron 1.8 millones de presuntas víctimas del delito, de las cuales, 42.2 por ciento fueron mujeres lo que equivale a 769 mil mujeres. Del total de mujeres víctimas, 25.6 por ciento fue por robo, 20.8 por ciento de violencia familiar, 10.9 por ciento de lesiones, 6.2 por ciento de amenazas, 5.7 por ciento de algún delito sexual.

V. Conforme a datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de una estimación mundial, alrededor de una de cada tres mujeres han sufrido algún tipo de violencia, dentro de las cuales se encuentran:

• Violencia económica.

• Violencia física.

• Violencia sexual.

• Violencia emocional y psicológica.

VI. Ahora bien, por lo que respecta a la violencia emocional y psicológica, se debe incorporar al acoso callejero como una derivación directa, con el propósito de estudiarlo como un fenómeno social presente en nuestra cotidianidad.

VII. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) incorporó en el año 2020, por primera vez, el acoso y la violencia sexual en su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), donde se muestra que este problema afecta principalmente a las mujeres. En el primer semestre del presente año, 16.6 por ciento de la población de 18 años o más fueron víctimas de acoso personal y/o violencia sexual. En el caso de las mujeres fue de 24.7 por ciento y en hombres de 6.9 por ciento.

VIII. De los resultados presentados por el Inegi en la ENSU, destaca que 19.4 por ciento de la población mayor de 18 años ha sido víctima de violencia sexual o acoso en lugares públicos. De los cuales 10.1 por ciento de hombres entrevistados señalaron haber sufrido una situación de violencia sexual en la calle, y 27.2 por ciento fue manifestado por mujeres.

IX. La Organización de las Naciones Unidas ha señalado que el acoso sexual y otras formas de violencia contra las niñas y las mujeres en los espacios públicos, existen tanto en las ciudades como en zonas rurales, y que esto afecta su desarrollo social, psicológico y económico.

X. La normalización de esta problemática es el desafío principal para poder combatirlo de forma eficiente, por lo que es poco contundente el marco normativo existente para prevenir y contener el acoso callejero, debido a la subjetividad de dicho fenómeno lo convierte en un hecho difícil de perseguir y combatir.

Considerandos

I. El artículo 6, fracción I, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de las y los diputados.

II. Conforme al artículo tercero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

III. Conforme al artículo 21, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice “La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia”.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con el siguiente resolutivo

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal y a los gobernadores de las entidades federativas y de la Ciudad de México, a que a través de las dependencias correspondientes, implementen acciones de prevención del acoso sexual en la vía pública o en espacios abiertos que permitan el acceso público, con el fin de salvaguardar la vida y la integridad de todos los habitantes, principalmente de las mujeres.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las fiscalías de justicia de las entidades federativas y de la Ciudad de México, a que, en ejercicio de sus atribuciones, fortalezcan las acciones de investigación y persecución de las denuncias de acoso sexual en la vía pública o en espacios abiertos que permitan el acceso público, a efecto de sancionar debidamente dicha conducta ilícita.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2022.

Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Cofepris a analizar y, en su caso, autorizar el uso de Sotrovimab para reducir el riesgo de hospitalización y muerte de pacientes con Covid-19, suscrita por las senadoras Lily Téllez y Sylvana Beltrones Sánchez, de los Grupos Parlamentarios del PAN y PRI, respectivamente

María Lilly del Carmen Téllez García y Sylvana Beltrones Sánchez, senadoras de la república por Sonora en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, y Revolucionario Institucional, respectivamente, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por la que se exhorta a la Cofepris a analizar y, en su caso, autorizar el uso del medicamento Sotrovimab, como un elemento para reducir el riesgo de hospitalización y muerte de los pacientes con Covid-19, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde que se detectó el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-Cov2) en China en diciembre de 2019, ha habido más de 270 millones de personas infectadas y más de 5 millones de muertes. Dicho virus ha tenido muchas variantes y mutaciones.

El 24 de noviembre de 2021, Sudáfrica notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que había identificado una variante nueva del SARS-Cov2, la B.1.1.529, detectada por primera vez en muestras obtenidas el 11 de noviembre del 2021 en Botsuana, y el 14 de noviembre del 2021 en Sudáfrica. Dicha variante, fue denominada ómicron y designada como variante de preocupación el 25 de noviembre por la Organización Mundial de la Salud.1

La decisión de considerar preocupante esta variante se basó en la evidencia presentada por el Grupo Consultivo Técnico sobre la Evolución del Virus SARS-Cov2 de la OMS, que indica que presenta varias mutaciones que podrían afectar a las características del virus, por ejemplo, la facilidad para propagarse o la gravedad de los síntomas que causa.

Esta nueva cepa presenta 50 mutaciones identificadas, siendo lo más preocupante las 32 mutaciones en la región de la proteína de la espiga (la cepa delta solo tiene 7 mutaciones en esa proteína), la zona que facilita la entrada del virus en la célula huésped, aumentando su transmisibilidad, así como el potencial de inmunoescape. Con tantas mutaciones, se plantean las posibilidades de que ómicron tenga una serie de ventajas sobre las versiones anteriores de Covid y pueda esquivar las vacunas.

Esta variante podría forzar nuevos confinamientos en países que estaban retomando el desarrollo de sus actividades de la manera previa a la pandemia y que estaban abriendo sus fronteras, obligando a cerrarlas y tomar las medidas de distanciamiento social, con las afectaciones al modo de vida, trabajo, educación presencial, la economía de los países, aumento de la pobreza y la violencia, entre otros.

En el caso particular del país, de acuerdo con cifras oficiales actualizadas al 4 de enero, se tiene un estimado de más de 4 millones de personas que han resultado positivos al Covid-19, de los cuales han fallecido más de 313 mil personas y más de 47 mil casos siguen activos.2

Si bien, la variante con más presencia en los casos activos es la delta, lo preocupante es que de acuerdo con las cifras recopiladas por la organización Global Initiative on Sharing All Influenza Data, en México los casos de Covid-19 provocados por la nueva versión del virus pasaron de 42 a 254 en solo cuatro días.3

El reporte técnico de la Secretaría de Salud informó que el 4 de enero se registraron 15 mil 876 contagios en 24 horas,4 no obstante que en el país hay 82 millones 91 mil 136 personas inmunizadas contra Covid-19. De ellas, 89 por ciento cuenta con el esquema completo y 11 por ciento con una sola dosis.5

Lo anterior refuerza la suposición de que la infecciosidad parece ser mayor que la variante delta y mientras se tienen datos más precisos sobre las características de la nueva cepa, es necesario que las autoridades continúen promoviendo entre la población el uso de mascarillas, distanciamiento social, lavado de manos y vacunación. Pero también debemos mantener la salud personal y familiar, para no ser víctima del SARS-Cov2 y sus múltiples variantes.

Adicionalmente, con los datos que se tienen hasta el momento, se considera que una infección anterior por coronavirus parece dar poca inmunidad a la nueva variante omicrónica.

Ante esta rápida propagación de la variante ómicron, es obligatorio actuar también con rapidez, tomando todas las medidas preventivas y paliativas que se requieran por parte de las autoridades sanitarias y todas las instancias que coadyuvan a proteger la salud.

Dentro de las medidas adoptadas por países comprometidos con la salud de su población, está el desarrollo y autorización de uso de medicamentos antivirales que podrían evitar la severidad y muerte por Covid-19, si son utilizados al inicio de la infección.

En Reino Unido, en el marco de la lucha contra el Ómicron, se aprobó otro nuevo medicamento para Covid que reduce el riesgo de muerte en casi 80 por ciento. Se trata del medicamento Xevudy (Sotrovimab) que se ha considerado seguro y eficaz para reducir el riesgo de hospitalización y muerte en los pacientes con Covid. El fármaco actúa uniéndose a la proteína de la espiga en el exterior del virus. Esto, a su vez, impide que el virus se adhiera a las células humanas e ingrese en ellas, de modo que no pueda replicarse en el organismo.6

El tratamiento con anticuerpos es más eficaz durante las primeras fases de la enfermedad por coronavirus, y debe administrarse en los cinco días siguientes a la aparición de los síntomas. Los ensayos clínicos demostraron que el fármaco era capaz de reducir el riesgo de hospitalización y muerte en 79 por ciento entre los adultos de alto riesgo. Los científicos ya han indicado que el fármaco mantiene su actividad contra las mutaciones clave.

En Estados Unidos de América, la Administración de Drogas y Alimentos también autorizó la utilización de emergencia de Xevudy (Sotrovimab) en personas que dan positivo para Covid-19, para tratar los síntomas de Covid-19 que podrían volverse lo suficientemente graves como para necesitar tratamiento en un hospital o causar la muerte.

Esta autorización se da siguiendo la línea de la opinión positiva emitida el 16 de diciembre por el Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea del Medicamento, permitiendo su uso en adultos y niños de al menos 12 años de edad que pesan al menos 88 libras (40 kilogramos). que no requieren suplemento de oxígeno y que tienen un mayor riesgo de progresión a Covid-19 grave.

En el caso de México, dicho medicamento fue sometido a consideración de la Comisión de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) el 5 de abril de 2021, recibiendo una opinión no favorable por parte de las y los expertos para el tratamiento de pacientes con enfermedad por coronavirus 2019 (Covid-19).

El medicamento Sotrovimab fue diseñado de manera intencionada teniendo en cuenta la probabilidad de que el virus mutara. Al dirigirse a una región sumamente conservada de la proteína spyke que es menos probable que mute con el tiempo, se enfoca tanto en el virus actual del SARS-Cov2 como a las futuras variantes que se preveían inevitables.

Las compañías GSK y Vir Biotechnology han anunciado una actualización para bioRxiv, servidor de preprints, con datos preclínicos que demuestran que Sotrovimab, anticuerpo monoclonal en investigación para Covid-19 mantiene su actividad contra mutaciones clave de la nueva variante ómicron del SARS-CoV-2 (B.1.1.529), incluidas las encontradas en el sitio de unión de Sotrovimab.

Los datos se han generado a través de pruebas del seudovirus, testando las mutaciones específicas individuales encontradas en ómicron. Hasta el momento, Sotrovimab ha mostrado actividad contra todas las variantes de preocupación e interés definidas por la Organización Mundial de la Salud.

Actualmente, se están completando las pruebas de seudovirus in vitro para confirmar la actividad neutralizante de Sotrovimab contra la combinación de todas las mutaciones de ómicron con la intención de proveer una actualización a finales de 2021.

Considerando lo anteriormente expuesto y la nueva emergencia que se presenta a nivel global ante la variante ómicron del SARS-Cov2 (B.1.1.529), la presente proposición tiene por objeto hacer un llamado a la Cofepris a reconsiderar la opinión técnica emitida sobre el medicamento Sotrovimab, en aras de autoriza su uso.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición de urgente y obvia resolución con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la unión exhorta respetuosamente al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Salud y su órgano desconcentrado Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se analice y, en su caso, autorice el uso de Sotrovimab, como un elemento para reducir el riesgo de hospitalización y muerte de los pacientes con Covid-19.

Notas

1 World Health Organization, News. Consultada el 4 de enero de 2021. Disponible en

https://www.who.int/news/item/26 11 2021 classi fication of omicron (b.1.1.529) sars cov 2 variant of concern

2 Covid-19, México. Información general. Consultado el 4 de enero de 2022. Disponible en
https://datos.covid19.conacyt.mx/

3 Global Initiative on Sharing All Influenza Data, consultado el 4 de enero de 2022. Disponible en

https://www.gisaid.org/index.php?id=208

4 Reporte técnico. Secretaría de Salud. Consultado el 4 de enero de 2022. Disponible en
https://www.gob.mx/salud/documentos/coronavirus-covid-19-comunicado-tecnico-diario-238449

5 Secretaría de Salud. Comunicado de prensa “005. Más de 82 millones de personas con al menos una dosis contra Covid-19”. Consultado el 4 de enero de 2022. Disponible en

https://www.gob.mx/salud/prensa/005-mas-de-82-millones-d e-personas-con-al-menos-una-dosis-contra-covid-19

[1]6 Aoraha, C. “New Covid drug Sotrovimab that cuts risk of death by nearly 80% is approved in UK amid fight against Omicron”, en The Sun, 2 de diciembre de 2021. Disponible en

https://www.thesun.co.uk/health/16915105/new covid drug sotrovimab approved/

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2022.

Senadoras: María Lilly del Carmen Téllez García, Sylvana Beltrones Sánchez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sader y su homóloga de Tamaulipas, la Conapesca y el gobierno de esa entidad a implantar programas de apoyo para los pescadores afectados por las bajas temperaturas, suscrita por la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La pesca se ha posicionado en los últimos años como uno de los sectores de mayor crecimiento en la provisión de alimentos, nutrición y empleos. A pesar de que la pesca de captura es la más importante en este sector, la acuacultura ha demostrado que puede abonar significativamente a la producción pesquera, a fin de alcanzar la anhelada seguridad alimentaria.

De acuerdo con los datos proporcionados por la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se estima que la producción mundial de pescado ha alcanzado unas 179 millones de toneladas en 2018. 156 millones de toneladas se destinaron al consumo humano, lo que equivale a un suministro anual estimado de 20,5 kilogramos per cápita. La acuacultura representó 46 por ciento de la producción total y 52 por ciento del pescado para consumo humano.1

En nuestro país, alrededor de 162 mil hombres y mujeres se dedican a la actividad pesquera a lo largo de 11 mil kilómetros de litorales. Esta actividad produce más de 2 millones de toneladas de peces de diversas especies, como la sardina, el camarón, mojarra, atún, cintilla, conejo, lebrancha, jurel, cojinuda, besugo, sierra, peto, cazón, bandera, trucha, bagre, carpa, jolote y lobina negra. Cabe destacar que gracias al arduo trabajo desempeñado por las y los pescadores de México, nuestro país logró escalar en los últimos años al lugar 17 en lo que se refiere a la producción pesquera a nivel mundial.2

Por su parte, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera informó que el estado de Tamaulipas se consolidó, en 2018, como una de las entidades con mayor producción pesquera, al alcanzar una cantidad de 55 mil 212.97 toneladas de pescado vivo y un valor de producción de 1,787,887 pesos.3

No obstante lo anteriormente expuesto, las y los pescadores tamaulipecos enfrentan diversos problemas que les impide ser más productivos y competitivos, entre los que destacan temporadas de baja reproducción de especies; venta de pescado por debajo del valor comercial; deterioro de las redes y embarcaciones por falta de mantenimiento; presencia de fenómenos climatológicos; temperaturas extremas; y la presencia de organizaciones criminales con sus consabidas consecuencias. A la problemática anterior, se ha sumado la derivada de la pandemia provocada por el Covid-19.

Para muestra un botón. La presencia del frente frio número 36, el cual se extiende desde el noreste del Golfo de México hasta el sur de Veracruz. La masa de aire polar que lo impulsa mantiene el ambiente de muy frío a gélido y arroja bancos de niebla sobre las entidades del noreste, oriente y el centro de México, incluido el valle de México; además del evento de “Norte” que provoca niveles entre muy fuertes a intensos sobre el litoral de Tamaulipas y Veracruz.4

Las y los tamaulipecos nos hemos enfrentado a lo largo de la historia a temperaturas históricas de -5 y -7 grados centígrados con sensación térmica de -12º. Debido a las bajas temperaturas registradas, los ciudadanos hemos sufrido afectaciones en la circulación vial, falta de luz eléctrica y la muerte de fauna marina que significan el ingreso vital para las familias tamaulipecas dedicadas a la actividad pesquera, convirtiéndose en las personas con mayor vulnerabilidad al ser ésta actividad su única fuente de ingresos.

El pasado 19 de febrero de 2021, pescadores ribereños encontraron cientos de peces muertos flotando en las orillas de la “Presa Internacional Falcón”, situada sobre el Rio Bravo en el municipio de Guerrero, Tamaulipas. Asimismo, la situación se repite en algunas lagunas aledañas al lugar. Esta problemática coloca a los pescadores en una situación de emergencia ya que disminuyó su producto de venta que es el principal sustento de sus familias.

En tal virtud, es menester que se instrumenten las acciones conducentes, para que los pescadores del estado de Tamaulipas sean beneficiados con todos los apoyos existentes, a efecto de fomentar el desarrollo productivo de la región, impulsar la actividad pesquera y garantizar el bienestar de las familias quienes actualmente atraviesan por una circunstancia especialmente crítica.

La presente petición se fundamenta en el principio de justicia distributiva, enarbolado por el presidente de la República, así como en las medidas para reactivar la economía presentadas por el gobierno federal con el objetivo de disminuir los efectos de la pandemia causados a raíz del Covid-19, al constituir una importante actividad socioeconómica que, entre otros aspectos, contribuye de manera importante al producto interno bruto estatal y nacional, a la generación de empleos y a la alimentación de las familias mexicanas, además de ser un medio de subsistencia.

En este orden de ideas, no podemos soslayar que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece como una de sus prioridades la autosuficiencia alimentaria y el rescate al campo, a efecto de que la producción agropecuaria, pesquera y acuícola, alcance niveles históricos y la balanza comercial del sector agroalimentario sea superavitaria.

Cabe destacar que los apoyos otorgados por este gobierno respecto al diésel marino y la gasolina ribereña, como parte del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, han tenido resultados positivos, lo que ha permitido facilitar la actividad productiva en la pesca y la acuacultura nacional, mismo que, a través de Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), inició con la dispersión de recursos en apoyo a más de cuatro mil 700 productores de 12 estados del país, entre los que se encuentran Yucatán, Veracruz, Tamaulipas, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, Campeche, Nayarit y Veracruz.5

Finalmente, es de hacer notar que uno de los principales objetivos establecidos por la presente administración, se concentra en ampliar las oportunidades de empleo y mejorar los ingresos de los pescadores, de ahí que la prioridad es superar el rezago social en las comunidades pesqueras y las localidades acuícolas rurales, por lo que es necesario fomentar dichas actividades, a fin de contribuir al bienestar de los productores de pequeña escala para el aumento de la oferta de alimentos de calidad, incidir en la producción para el mercado interno y lograr que la actividad sea fuente de la autosuficiencia alimentaria de México.

A pesar de que se ha logrado un avance significativo en la búsqueda de la soberanía alimentaria nacional, es de vital importancia seguir impulsando la creación de políticas públicas y programas de apoyo y desarrollo sustentable que permitan aumentar las inversiones en la actividad pesquera y el bienestar de todas y todos los mexicanos.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a su homóloga en el estado de Tamaulipas, al titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, así como al gobernador del estado de Tamaulipas, para que en el ámbito de sus respectivas competencias y de manera coordinada, implementen programas de apoyo a las y los pescadores tamaulipecos afectados por las bajas temperaturas que se han presentado en el estado.

Notas

1 http://www.fao.org/3/ca9231es/CA9231ES.pdf

2 https://www.gob.mx/conapesca/articulos/la-pesca-mexicana-una-actividad- inmensa-como-el-mar-227722?idiom=es

3 http://www.campomexicano.gob.mx/raw_pesca_gobmx/seccionar.php

4 https://smn.conagua.gob.mx/es/
aviso-de-norte#:~:text=Por%20su%20parte%2C%20el%20frente,sobre%20el%20litoral%20de%20Tamaulipas.

5 https://www.conapesca.gob.mx/wb/cona/apoyo_incentivo_energetico_diesel_ y_gasolina_riber

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2022.

Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGJE de Veracruz a investigar la comisión de los delitos imputables a policías ministeriales de la entidad y que han sido del conocimiento público a través del video difundido el pasado 6 de enero por diversos medios de comunicación, suscrita por el diputado Mario Gerardo Riestra Piña, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Mario Gerardo Riestra Piña, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, así como las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para que, en el uso de su autonomía y facultades y, en atención de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, investigue la comisión de los delitos imputables a diversos policías ministeriales de esa entidad federativa y que han sido del conocimiento público a través del video difundido el pasado 6 de enero por diversos medios de comunicación, en el cual se les observa agrediendo a diversas personas y robando mercancía diversa en el interior de una bodega en el municipio de Río Blanco, Veracruz, al tenor de los siguientes

Considerandos

Que el pasado 6 de enero del año en curso se difundió un video en redes sociales y medios de comunicación en el cual se observa a ministeriales del estado de Veracruz golpeando a diversas personas en una bodega en el municipio de Río Blanco, propiedad del comerciante José Antonio May González.1

Además, el comerciante denunció el despojo de un millón y medio de pesos y más de media tonelada de cerveza por parte de al menos 30 policías ministeriales de Veracruz que entraron en su bodega.

Acciones que fueron grabadas por cámaras de vigilancia y los videos ponen en duda la versión oficial de la Fiscalía General de dicho estado, así como la investigación iniciada el 19 de junio de 2021 contra los trabajadores.

Que en tal virtud es necesaria la intervención de las autoridades correspondientes para esclarecer los hechos, así como de la Comisión de Derechos Humanos ante las agresiones contra los trabajadores.

Por lo que someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura, exhorta a la Fiscalía General del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para que, en el uso de su autonomía y facultades, y en atención de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, investigue la comisión de los delitos imputables a diversos policías ministeriales de esa entidad federativa y que han sido del conocimiento público a través del video difundido el pasado 6 de enero por diversos medios de comunicación, en el cual se les observa agrediendo a diversas personas y robando mercancía diversa en el interior de una bodega en el municipio de Río Blanco, Veracruz.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura, exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz para que investigue las violaciones de derechos humanos imputables a diversos policías ministeriales y a integrantes de la Fiscalía General de esa entidad federativa con motivo de los hechos que han sido del conocimiento público a través del video difundido el pasado 6 de enero por diversos medios de comunicación, en el cual se observa a policías ministeriales agrediendo a diversas personas y robando mercancía diversa en el interior de una bodega en el municipio de Río Blanco, Veracruz.

Nota

1 Denuncian golpiza, robo y pruebas falsas de FGE de Veracruz | La Jornada Veracruz
http://jornadaveracruz.com.mx/justicia/denuncian-golpiza-robo-y-pruebas-falsas-de-fge-de-veracruz/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2022.

Diputado Mario Gerardo Riestra Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Guerrero a reforzar las tareas locales de seguridad para evitar casos como los recientes de venta de niñas, suscrita por la diputada Laura Lorena Haro Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Laura Lorena Haro Ramírez, diputada a la LXV Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a gobierno de Guerrero a reforzar las tareas de seguridad en la entidad, a fin de evitar que los casos recientes de venta de niñas continúen presentándose, considerando los siguientes

Antecedentes

El martes 28 de diciembre de 2021, el periódico El Universal publicó una nota en la que revela un hecho atroz que atenta contra los derechos humanos y la dignidad de cualquier individuo: en Guerrero se lleva a cabo la venta de niñas.1

Al respecto, la nota menciona que los matrimonios forzados en pueblos de La Montaña y la Costa Chica en la entidad viven como una realidad los matrimonios forzados.

No es una mentira que, la renuencia por parte de las mujeres para prestarse a un matrimonio forzado en la entidad radica en persecuciones, encarcelamiento, hostigamiento e incluso el exilio forzado.

En diversas ocasiones, las familias guerrerenses pagan por una esposa que acompañe a sus hijos como jornaleros. El pago por una mujer suele significar endeudamiento bancario, la venta de animales para crianza o incluso la migración en busca de un empleo que les permita juntar la cantidad necesaria.

Como es notorio, este ejercicio mercantil se ha institucionalizado al grado que las personas han normalizado trabajar e incluso ver como una inversión un matrimonio forzado, pues la mujer trabajará y fungirá como una persona de servicio.

Diversas personas que se dedican a investigar este fenómeno señalan que las principales razones por las que estas prácticas se siguen llevando a cabo en la entidad es por el desinterés de las autoridades y la pobreza que afecta a la región.

Argumentos como que “se quitan de encima una boca para alimentar”, “es un gasto menos”, entre otros, son esgrimidos para justificar estas conductas que no tienen lugar.

Es cierto que los pueblos originarios en México preservan una gran riqueza cultural de la que debemos estar muy orgullosas y orgullosos. Sin embargo, este tipo de actividades se deben erradicar en el país, ninguna costumbre, tradición o usanza puede justificar que se transaccione con una vida.

Al respecto, el 18 de noviembre de 2021, en el Grupo Parlamentario del PRI presentamos una iniciativa para garantizar y reconocer el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, de acuerdo a sus usos y costumbres, siempre y cuando estas formas internas, no violen ningún otro derecho humano reconocido en la CPEUM y en algún tratado internacional de los que el Estado mexicano sea parte.2

Gracias a este proyecto, quedará prohibida la venta de mujeres en cualquier parte del país. Garantizando así la prevalencia de los derechos humanos por sobre cualquier actividad mercantil que tenga por objeto usar a las mujeres como una mercancía.

Por lo expuesto solicito

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Guerrero a reforzar las medidas en materia de vigilancia y seguridad, con objeto de eliminar y prevenir la venta de mujeres en la entidad y así privilegiar la salvaguarda de los derechos humanos a los que cualquier persona debe aspirar y gozar.

Notas

1 https://www.eluniversal.com.mx/estados/pobreza-obliga-vender-ninas-en-g uerrero-ong

2 http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/
pp_ContenidoAsuntos.php?SID=3f8bea9d97a87b85065d7c7d457b6511&Clave=4282094

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2022.

Diputada Laura Lorena Haro Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las autoridades de la zona federal marítimo-terrestre y sus homólogas de BCS a evaluar e informar a esta soberanía respecto a la estrategia con los elementos guardavidas en las costas nacionales para ofrecer una remuneración adecuada al riesgo que desempeñan y contar con más personal, suscrita por el senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, senador de la República Ricardo Velázquez Meza, integrante de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

México es un país con gran extensión territorial y marítima, en ambos lados, este y oeste cuenta con superficie costera que recibe en sus puertos el arribo de embarcaciones de carga y turísticas. Desde Yucatán, hasta Tijuana presenta microclimas y condiciones diversas que favorecen la diversidad ecosistémica de flora y fauna, motivos por los cuales las zonas costeras mexicanas son de gran atractivo turístico.

Las playas mexicanas suelen atraen turistas nacionales y extranjeros, pero en el caso del turismo internacional es mayoritariamente recibido en época invernal, ya que, a pesar de ser una temporada de climas fríos en la mayor parte del continente americano, la costas mexicanas suelen mantener temperaturas agradables, que oscilan en el pacífico mexicano entre los 15.5° y los 29.7° C, mientras que en el Golfo de México la temperatura oscila entre 19° y 26.7° C.1

De esta manera, mientras en otros países como Estados Unidos de América y canadá el clima comienza a disminuir la temperatura desde aproximadamente octubre, sus ciudadanos que comienzan sus periodos vacacionales de fin de año y tienen la intención de disfrutar un clima más tropical, suelen pensar primordialmente en un destino mexicano posu cercanía, clima idónea, calidez de la gente y también por el tipo de cambio a favor que suelen representar sus monedas frente al peso mexicano.

En el caso del turismo nacional, la situación no cambia mucho, ya que, de igual manera, frente a la época vacacional invernal, suele existir un aumento en los trayectos de las ciudades nacionales a las zonas costeras, ya que el ciudadano mexicano también busca una alternativa al ritmo de vida acelerado y suele encontrarlo en las playas o costeras mexicanas.

Llegando a este punto, es importante hacer mención que existe una tendencia en. las zonas de ocupación preferidas por el turismo nacional al extranjero, y las razones son diversas, pero son básicamente por sus vías de acceso, la cantidad y calidad de servicios que se ofrecen, y por el costo que tienen estos, los cuales en ocasiones no legan a ser costeabies para una familia promedio mexicana, pero si para una pareja extranjera.

Por ejemplo, en el caso de los destinos playeros mexicanos mayoritariamente seleccionados por turistas extranjeros,2 se encuentra Playa del Carmen, Los Cabos y casi todas las playas ubicadas en la Riviera Maya.

Por otra parte, los destinos preferidos para los viajeros nacionales, de acuerdo con los datos ofrecidos por la Secretaría de Turismo, se centran en las playas de Guerrero (principalmente Acapulco), así como Puerto Escondido en Oaxaca.

En términos generales, las zonas costeras nacionales con mayor interés y arribo de turismo, sea local o extranjero son cinco,3 comenzando por Playa del Carmen en Quintana Roo, seguida por Nuevo Vallarta en Nayarit, Cancún, también en Quintana Roo, Puerto Vallarta en Jalisco y Los Cabos en Baja California Sur.

Teniendo en cuenta que las playas mexicanas reciben un elevado numero de turistas, se vuelve necesario contar con los servicios suficientes para atender a los visitantes, y con esto no me refiero únicamente a aquellos como hospedaje, transporte o entretenimiento, sino me refiero particularmente a servicios de emergencia como son los guardavidas.

Los guardavidas o también conocidos como salvavidas, son personal capacitado que arriesga su propia vida con el objetivo de rescatar a una persona que este ahogándose o que presente riesgo de ahogadura por haber sido alejada de la costa, adentrándolo a mar abierto a causa del fuerte oleaje.

Este personal guardavidas, además de mucha valentía y temperamento requiere otras necesarias características para poder desempeñar de la mejor su manera su labor, como lo es una excelente habilidad de nadado, conocimiento sobre primeros auxilios, disposición para retroalimentación constante y muy buena condición física.

Otra de las habilidades valoradas para poder formar parte del cuerpo de guardavidas, es la capacidad de alerta constante, ya que el personal debe mantener un estado vigilante durante todo momento para poder reaccionar inmediatamente ante una emergencia, por lo que es vital para los rescatados, la velocidad de reacción de los guardavidas.

Pese al alto riesgo de perder la vida que presentan los guardavidas, su salario no es equivalente al riesgo, de acuerdo con la agencia con presencia en México, Glassdoor, el salario nacional promedio de un Salvavidas es de $7, 826,4 estimación obtenida de la media aritmética de los nueve sueldos reportados de manera anónima a la corporación.

Recientemente el 18 de agosto en Cabo San Lucas, Baja California Sur, un salvavidas perdió la vida junto con una mujer de 15 años que intentaba rescatar, pero la fuerza del mar fue mayor y arrastro a ambos al interior de las corrientes,5 ocasionando lamentablemente el descenso de ambas personas.

Afortunadamente no todos los rescates terminan de esta manera. También en los Cabos, pero más recientemente, a mediados de diciembre de 2021, el Guardavidas, Luis Alberto Fisher Gill, logró con mucha valentía y decisión rescatar exitosamente a un turista nacional que había sido adentrado al mar por la fuerza de las olas y había logrado mantenerse en el nado durante varios minutos en la espera de ayuda.

Este es un claro ejemplo de la eficiencia en la capacitación de los elementos, pero también es un llamado a las autoridades de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) a que cuente con una mayor cantidad de elementos en las playas, a fin de procurar un elemento rescatista de fijo en cada una de las playas, así como la evaluación de la mejora en el salario, los seguros de vida y prestaciones que llegan a percibir los rescatistas, esto considerando el elevado costo que puede tener un rescate, en el cual esta de por medio la vida del rescatado y del rescatista.

Así como también a que se replantee la estrategia que se tiene en las costas de Baja California Sur, en donde se busca contar con al menos un elemento en cada una de las 22 playas certificadas con Blue Flag6 (certificación otorgada por Foundation for Environmental Education - FEE, organización internacional sin fines de lucro que reconoce a la playas que mantienen los más altos estándares de información ambiental, calidad de agua, gestión ambiental, seguridad y servicios),7 en donde a pesar de haber aumentado la cantidad de elementos salvavidas en el último par de años, pasando de 9 a 17 elementos 8, aun es una cantidad insuficiente para las playas certificadas y da prioridad únicamente a las playas evaluadas por la FEE, descuidando las demás zonas costeras y representando un riesgo latente principalmente para el turismo nacional, el cual por los elevados costos en las playas certificadas suele visitar estas otras playas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito, senador del Grupo Parlamentario de Morena, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Zona Federal Marítimo Terrestre para que, evalúe y considere elevar el salario y prestaciones percibidas por los elementos guardavidas de las costas nacionales, a fin de recibir una remuneración equivalente al riesgo que desempeñan en ejecutar sus funciones.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Zona Federal Marítimo Terrestre del estado de Baja California Sur, a que evalúe e informe a esta soberanía la cobertura prevista que se tiene por elementos Guardavidas en las costas del Estado, a fin de que considere un elemento fijo en todas sus playas y no solo en las que cuentan con certificación Blue Flag.

Notas

1 https://www.inapesca.gob.mx/porta1/documentos/publicaciones/BOLETINES/h idroclimatico/TEMPERATUR A/boletin-hidrometeorologico-diciembre-2013-temperatura.pdf. Consultado el 20 de diciembre de 2021.

2 https://www.infobae.com/america/mexico/2021/11/20/cuales-son-las-playas -mas-visitadas-de-mexico/. Consultado el 20 de diciembre de 2021.

3 lbídem. Página 2. Consultado el 20 de diciembre de 2021.

4 https://www.glassdoor.com.mx/Sueldos/salvavidas-sueldo-SRCH_KOO,10.htm. Consultado el 20 de diciempre de 2021.

5 https://www.debate.com.mx/estados/Mujer-extranjera-y-salvavidas-mueren- ahogados-enCabo-San-Lucas­BCS-20200819-0112.html. Consultado el 20 de diciembre de 2021.

6 https://www.bcsnoticias.mx/duplicaron-la-cantidad-de-guardavidas-en-pla yas-certificadas-de-los-cabos-ahora-son-17-1/. Consultado el 20 de diciembre de 2021.

7 http://www.blueflagmexico.org/#:text=Biue%20Flag%20representa%20un%20compromiso,
gesti%C3%B3n%20ambientai%2C%20seguridad%20y%20servicios. Consultado el 20 de diciembre de 2021.

8 https://www.bcsnoticias.mx/duplicaron-la-cantidad-de-guardavidas-en-pla yas-certificadas-de-los-cabos-ahora-son-17-1/. Consultado el 20 de diciembre de 2021.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a los doce días del mes de enero del año dos mil veintidós.

Senador Ricardo Velázquez Meza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la Cofepris a autorizar el uso de emergencia de la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer-BioNTech en menores de entre 5 y 11 años, suscrita por el diputado Mario Gerardo Riestra Piña, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Mario Gerardo Riestra Piña, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, así como las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, para exhortar, respetuosamente, al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que autorice el uso de emergencia de la vacuna contra Covid-19 de las farmacéuticas Pfizer-BioNTech en menores de edad de 5 a 11 años, al tenor de los siguientes

Considerandos

Que, en marzo 2020 nuestro país se vio afectado por la enfermedad del coronavirus SARS-CoV-2, mejor conocida como Covid-19, convirtiéndose en una de las peores enfermedades en el mundo y la peor pandemia de los últimos años.

Si bien, en un principio pensábamos que el uso de cubre bocas, el lavado de manos frecuente, el uso de gel antibacterial, toallas desinfectantes, sanitizar los espacios, los tapetes sanitizantes y la sana distancia serían suficientes para detener esta enfermedad, el tiempo nos ha demostrado que no es así. Esta enfermedad sigue avanzando, miles de personas se siguen contagiando y muchas más pierden la batalla ante este virus.

Científicamente se ha comprobado que las vacunas salvan vidas, la probabilidad de hospitalización y muertes son muy reducidas.

Incluso, expertos en la materia consideran que además de mantener y seguir las medidas que desde el principio hemos implementado y que será necesario conservar, se deben aumentar las dosis aplicadas de las vacunas contra el virus.

En México, se han confirmado 3 millones 993 mil 464 casos totales y 299 mil 581 defunciones totales por Covid-19.1 Situación que resulta alarmante no sólo ante las altas cifras de contagio, sino también porque nuestros hijos han regresado a las escuelas convirtiéndose éstas en uno de los principales puntos de contagio para las familias.

Un estudio publicado por The Lancet , ha declarado que la variante delta detectada por primera vez en la India, afectará a los niños y jóvenes que no están vacunados, dada la alta transmisibilidad de esta variante,2 el crecimiento exponencial de los contagios continuará hasta millones de personas infectadas, y a cientos de miles de ellas con Covid permanente, además alertaron que esta situación podría dejar una generación con problemas de salud crónicos.

Asimismo, un estudio de salud señala que los pacientes con delta tienen el doble de probabilidades de ser hospitalizados que los infectados con alfa.3

Es lamentable la situación que vivimos en nuestro país, pues somos el único país que ha rezagado la vacunación en los menores de edad, cuando nuestros hijos deberían ser la prioridad.

Los casos de niñas, niños y adolescentes con resultado positivo de SARS-CoV-2, pasaron de 84 a 57490, del 12 de abril de 2020 al 25 de julio de 2021, de los cuales se han muerto 595 niños, según lo dictaminó la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Lo que nos coloca entre los países con mayores casos de muerte en ese rango de edad, es decir de los 5 a los 17 años.

Estados Unidos de América (EUA) lleva meses vacunando a los menores de 12 años con la vacuna Pfizer. De acuerdo con los datos publicados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EUA, la vacuna tuvo 90.7 por ciento de efectividad en la prevención del Covid en el grupo etario de entre 5 y 11 años de edad.4

El 15 de noviembre de 2021, Austria se convirtió en el primer país europeo en vacunar menores de 12 años con Pfizer.5 Le siguió Israel, que el 22 de noviembre comenzó la vacunación contra Covid a niños de 5 a 11 años.6 Posteriormente, el 24 de noviembre, Canadá inició a vacunar a niños de 5 a 11 años.7

Incluso, el 25 de noviembre de 2021, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) avaló la administración de la vacuna contra la Covid-19 a los niños entre 5 y 11 años. Asimismo, el Comité de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP) ha recomendado la vacunación para no “privar” a la población infantil de los beneficios de ello.8

Países como Chile, China, El Salvador y los Emiratos Árabes Unidos, también han aprobado vacunas para niños más pequeños. En Chile, los niños de 6 años en adelante pueden recibir la vacuna Sinovac, mientras que en China, las vacunas Sinovac y CoronaVac están autorizadas para su uso en niños desde los 3 años.

Sin lugar a dudas, todos estos países nos han dejado claro que los beneficios de la vacuna Pfizer-BioNTech para niños de entre 5 y 11 años superan a los riesgos.

Ante la aparición de una nueva variante en el mundo, ómicron, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que “es una variante de preocupación” y en su comunicado del 26 de noviembre de 2021 sugiere un mayor riesgo de reinfección con esta variante.

“Todavía no sabemos mucho sobre esto. Lo que sí sabemos es que esta variante tiene un gran número de mutaciones , y la preocupación es que cuando hay tantas mutaciones puede tener impacto en cómo se comporta el virus”, dijo María Van Kerkhove, líder técnica de la OMS en Covid-19.

Sin duda, con la inminente llegada de la nueva variante a nuestro país, dada a conocer el pasado 2 de diciembre, la preocupación aumenta y nuestros menores se encuentran en un mayor riesgo. Es necesario que el Estado actúe y garantice la vacunación para nuestros menores de edad.

Incluso, el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López Gatell, en la conferencia del 3 de diciembre, hizo un llamado a vacunarse.

“Las recomendaciones siguen siendo las mismas, siguen vigentes, tenemos un mecanismo de monitoreo de la intensidad epidémica mediante un semáforo de riesgo epidemiológico, el llamado concreto es a vacunarse...”.

Con base en el reporte anual 2021 de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) hasta el 12 de diciembre de 2021, un total de 82 mil 234 niñas, niños y adolescentes mexicanos resultaron contagiados de Covid-19, de los cuales 812 lamentablemente perdieron la vida .9

Durante los primeros seis días del año 2022, los contagios han ido en aumento, se han acelerado en al menos la mitad del país, e incluso con esta nueva variante todos estamos expuestos.

Resulta lamentable que nuestros menores de edad estén siendo excluidos de la política de vacunación, pero aun es más decepcionante que organismos como la Cofepris no autorice el uso de emergencia de la vacuna contra Covid-19 de las farmacéuticas Pfizer-BioNTech en menores de edad de 5 a 11 años, cuando autoridades similares en otros países lo han hecho.

Sin duda, la única manera de ganar esta batalla es a través del proceso de vacunación.

Por lo que someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta, respetuosamente, al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que autorice el uso de emergencia de la vacuna contra Covid-19 de las farmacéuticas Pfizer-BioNTech en menores de edad de 5 a 11 años.

Notas

1 Coronavirus – gob.mx https://coronavirus.gob.mx

2 Véase: https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20210713/variante-delta-covid-p ersistente-estudio-reino-unido-11907644

3 Véase: https://www.forbes.com.mx/la-variante-delta-del-coronavirus-dobla-el-ri esgo-de-hospitalizacion-the-lancet/

4 EU autoriza vacuna Pfizer contra COVID para niños de 5 a 11 años – El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2021/10/29/eu-autoriza-vacuna-pfi zer-contra-covid-para-ninos-de-5-a-11-anos/

5 Sin aval de regulador, Austria inicia vacunación de niños desde 5 años (excelsior.com.mx) https://www.excelsior.com.mx/global/austria-se-salta-a-regulador-e-inic ia-vacunacion-de-ninos-desde-5-anos/1482637

6 Vacunan contra covid-19 a niños de 5 a 11 años en Israel (excelsior.com.mx) https://www.excelsior.com.mx/global/israel-vacuna-covid-ninos-vacunan-m enores-5-11-anos/1484014

7 Canadá aprueba el uso de vacunas covid de Pfizer para niños – Noticieros Televisa https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/canada-aprueba-uso-vac unas-covid-pfizer-para-ninos-de-5-11-anos/

8 La EMA aprueba la vacuna contra el covid de Pfizer para los niños entre 5 y 11 años en la UE (elconfidencial.com) https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2021-11-25/la-ema-act ualiza-sus-recomendaciones-sobre-vacunas-y-tratamientos-contra-el-coron avirus_3330645/

9 COVID: Más de 80 mil menores de edad se han contagiado en México (informador.mx)
https://www.informador.mx/mexico/COVID-Mas-de-80-mil-menores-de-edad-se-han-contagiado-en-Mexico-20220106-0117.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2022.

Diputado Mario Gerardo Riestra Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat y la CFE a explicar qué pasó el 3 de enero en la central termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles, en Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero, y qué se hará para apoyar a la comunidad afectada, suscrita por el senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En días pasados, la CFE emitió un comunicado oficial, argumentando que un cardumen de anchovetas saturó los cárcamos de bombeo de dos unidades de generación eléctrica, en la Central Termoeléctrica (CT) Pdte. Plutarco Elías Calles , ubicada en el municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero.

Ante esta situación, toneladas de sardinas perdieron la vida y, por incompetencia u omisión de la CFE, millones de pescados sin vida llegaron a las costas de Petacalco, causando un daño ecológico monumental.

De acuerdo con pescadores y habitantes de la zona,1 esta hecatombe ecológica podría ser revertida en una década, dejando en indefensión a toda la comunidad pesquera de la zona, durante todo ese tiempo.

Lo más lamentable del caso es la falta de respuestas por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Profepa y la propia CFE, lo que solo ahonda la incertidumbre de los pobladores guerrerenses.

Según el líder de la Cooperativa La Boba, ya se habían denunciado muertes de animales, como tortugas, por la actividad de la termoeléctrica, pero, como en esta ocasión, nunca han obtenido respuesta de las autoridades.

Es urgente que haya una respuesta inmediata de parte de la Secretaría de Medio Ambiente, así como de la paraestatal, tanto para explicar qué pasó, cómo se va a evitar que pase en el futuro y que se hará para apoyar a la comunidad de Petacalco que ha sido afectada.

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita la comparecencia de la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como del director general de la Comisión Federal de Electricidad, para que expliquen detalladamente qué pasó el 3 de enero en la Central Termoeléctrica (CT) Pdte. Plutarco Elías Calles , ubicada en el municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero; cómo se va a evitar que pase algo parecido en el futuro; y que se hará para apoyar a la comunidad de Petacalco, Guerrero, que ha sido afectada.

Nota

1 https://suracapulco.mx/preven-crisis-tras-muerte-de-sardina-en-guerrero /

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2022.

Senador Manuel Añorve Baños (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sader y diferentes dependencias de la APF a realizar acciones para blindar el sector ganadero, y otorgarle certeza y seguridad jurídicas, e instaurar una estrategia que le permita sostener relaciones comerciales con EUA en condiciones de justicia y ventaja, suscrita por la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Olga Juliana Elizondo Guerra, diputada del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El sector ganadero en México es de fundamental importancia para la economía nacional, estatal y familiar; forma parte estratégica de las relaciones comerciales con otras naciones y resulta primordial para la seguridad y soberanía alimentaria:

• En México la actividad ganadera representa más de la mitad del territorio nacional, ocupando cerca de 109.8 millones de hectáreas, lo que permite generar una producción de 6.7 millones de toneladas anuales de carne de ave, bovino, porcino, caprino y ovino, con un valor de exportación que alcanza los tres mil 537 millones de dólares al año; actividad que ha colocado a nuestro país en el séptimo lugar en el ranking mundial de productores de proteína animal.1

• A nivel regional, el sector ganadero adquiere la misma trascendencia, por ejemplo, en el estado de Tamaulipas existen 4 millones 977 mil 699 hectáreas de superficie pecuaria, que en el año 2015 obtuvieron una producción de 67 mil 357 toneladas de carne en canal de las especies bovino, porcino, ovino, caprino y ave.2

• De acuerdo con datos de la Organización Mundial de Comercio, en 2018, México se colocó dentro de las 10 mayores economías exportadoras de productos agroalimentarios, entre los que destacan el aguacate, carne de bovino, frutos rojos, nueces y cítricos.3

• Estados Unidos de América mantiene con nuestro país una relación comercial de crecimiento exponencial, tan solo en 2019 la exportación de ganado bovino creció un 17.6 por ciento con un aumento de 200 mil cabezas con respecto al ciclo 2017-2018. De acuerdo con el informe de exportación de ganado bovino del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), del total de los animales exportados, 1 millón 13 mil 715 son becerros en pie y 299 mil 416 son vaquillas.4

• La carne y el ganado en pie mexicanos se posicionan como el quinto productor agroalimentario en captación de divisas para México, tan solo después de la cerveza (711.6 millones de dólares), el tomate (485.6 millones de dólares), el aguacate (456.5 millones de dólares) y las berries (394.3 millones de dólares), según Mexican Beef Exporters Association.

• Estados Unidos representa alrededor del 86 por ciento de las exportaciones de carne de res mexicana, valuadas en mil 300 millones de dólares. Durante el primer cuatrimestre de 2020, México se posicionó como el segundo proveedor de carne de res hacia Estados Unidos con un volumen total de 97 mil 722 toneladas.5

Hoy más que nunca, debido a las circunstancias sanitarias y económicas por las que atraviesa México, al igual que el resto del mundo, es necesario focalizar los esfuerzos que se realicen desde el ámbito público y privado, a efecto de no echar por la borda el esfuerzo del sector ganadero y del país. Es urgente instrumentar acciones contundentes, decididas, oportunas y eficientes que fortalezcan la ganadería y posibiliten su impulso para garantizar su desarrollo sostenido, aumentando su productividad y mejorando la competitividad.

Es alarmante la decisión y comunicado del gobierno estadounidense sobre la reclasificación de las certificaciones para acreditar la calidad de las exportaciones mexicanas, ante la detección de tuberculosis bovina, así como el condicionamiento para mantener abiertas las fronteras al ganado mexicano a partir del 15 de agosto de este año.

Ante dicha situación y en el contexto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), es a todas luces urgente que el gobierno de México y los gobiernos estatales en corresponsabilidad con el sector ganadero nacional, lleven a cabo una estrategia sólida e inmediata para evitar las graves afectaciones que se derivarían de esta decisión sino actuamos de forma oportuna.

Sabemos que hay subejercicios en el presupuesto público, y para nadie es un secreto la entrada de ganado ilegal al territorio nacional, el robo y falsificación de documentos, distintivos y sellos, así como la posible corrupción en el sector ganadero, a lo que debemos de sumar la presencia de la delincuencia organizada en estas acciones ilegales, lo que hace mucho más compleja la situación.

Como lo he señalado una y otra vez, estos ilícitos afectan no solo a las y los ganaderos, sino al sector y a la economía nacional; y, desde luego, ponen en riesgo la salud de las personas.

¡Ya basta! ¡No podemos esperar más! ¡es necesario actuar y hacerlo ya!

Ante la situación descrita, en un oficio enviado por el director general de Senasica, MVZ Juan Gay Gutiérrez, al secretario de Desarrollo Rural del estado de Tamaulipas, CP Ariel Longoria García, con fecha del 10 de julio de 2020, se menciona lo siguiente:

“Hago referencia al comunicado de fecha 9 de julio del año en curso, a través del cual el Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (APHIS-USDA, por sus siglas en ingles), hace del conocimiento de esta Dirección General, que debido a la condición zoosanitaria en materia de tuberculosis bovina en esa entidad federativa, ha tomado la determinación de reclasificar el estatus actual de Acreditado Modificado (AM) a Acreditado Preparatorio (AP), a partir del 15 de agosto de 2020.

Lo anterior debido a que señalan que desde 2016, Tamaulipas ha exportado múltiples animales infectados con TB a Estados Unidos. Además, los veterinarios portuarios de APHIS continúan detectando irregulares en los envíos de ganado presentados para exportación. APHIS no puede realizar una revisión in situ para evaluar el programa de TB porque el Departamento de Estado de EE. UU. restringió los viajes a Tamaulipas debido a problemas de seguridad. La reclasificación del estado a estado AP hasta que sea posible una revisión APHIS proporciona una garantía adicional de que los animales infectados con TB no se exporten”.

Ante el envió de este oficio, el gobierno del estado de Tamaulipas a través de la Secretaría de Desarrollo Social informó que:

“Debido a la contingencia sanitaria vigente y a la imposibilidad de llevar a cabo la supervisión por parte de APHIS-USDA a la Campaña de Tuberculosis, el gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Rural informa que de manera unilateral la autoridad zoosanitaria de Estados Unidos acordó reclasificar la certificación de Acreditado Modificado a Acreditado Preparatorio hasta en tanto no se lleve a cabo supervisión pospuesta por causa de fuerza mayor”.

Las exportaciones de ganado en pie continuarán, sin embargo, se condiciona que, a partir del próximo 15 de agosto, dicha exportación se realice con la prueba de tuberculina del hato de origen.

El gobierno de Tamaulipas, el Comité de Fomento y Protección Pecuaria del estado y Senasica continuarán realizando acciones y vigilancia para erradicar o mantener baja prevalencia de tuberculosis bovina, por lo que, ante esta modificación, se hará lo conducente para ratificar el estatus zoosanitario de Acreditado Modificado.

En razón de lo anterior, el estado, a través de sus tres Poderes y niveles de gobierno, debe tener una reacción que esté a la altura de las circunstancias, con una visión de corto, mediano y largo plazo, y con una profunda convicción transformadora que apunte al interés público, el crecimiento económico y el bienestar social.

De ahí que se pone a consideración de la honorable Comisión Permanente la presente proposición de urgente u obvia resolución.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que, de manera inmediata y en coordinación con su homóloga en el estado de Tamaulipas, ejecute las acciones necesarias, a efecto de evitar el cierre de las fronteras estadounidenses al ganado mexicano, así como a los productos cárnicos, garantizando con ello la sostenibilidad del sector y que quienes cumplan con las condiciones zoosanitarias, puedan llevar a cabo intercambios comerciales justos, sin que medie restricción alguna.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Relaciones Exteriores, y de Agricultura y Desarrollo Rural para que, a la brevedad, lleven a cabo los acuerdos a que haya lugar con las autoridades estadounidenses, a efecto de reencausar las relaciones bilaterales y evitar la unilateralidad de las decisiones que puedan resultar en desventaja para el sector ganadero mexicano.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que, de forma coordinada con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, realicen una estrategia operativa conjunta que evite la transportación de ganado que ponga en riesgo la condición zoosanitaria de las zonas ganaderas del estado de Tamaulipas, evite la movilización de ganado de zonas en control o erradicación a zonas libre o de escasa prevalencia, así como para que el estado haga valer su poder legal y legítimo ante quienes alteren, reutilicen, proporcionen información falsa o falsifiquen los dispositivos de identificación oficial, constancias o dictámenes emitidos por la autoridad sanitaria para la verificación del ganado y campañas zoosanitarias.

Notas

1 https://www.gob.mx/agricultura/prensa/
consolida-mexico-el-septimo-lugar-en-ranking-mundial-como-productor-de-proteina-animal

2 https://www.tamaulipas.gob.mx/campo/ganaderia/

3 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/
Mexico-ingresa-al-top-10-de-exportadores-agroalimentarios-20190805-0122.html

4 https://www.gob.mx/senasica/prensa/crece-17-6-por-ciento-exportacion-de -ganado-bovino-de-mexico-a-estados-unidos

5 https://www.forbes.com.mx/economia-mexico-se-coloca-como-el-segundo-exp ortador-de-carne-de-res-a-estados-unidos/

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2022.

Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y la Ssa a implantar una campaña nacional de vacunación contra el Covid-19 para indigentes y niños y adolescentes en situación de calle, suscrita por el diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal y a la Secretaría de Salud federal para que implemente de manera urgente una campaña nacional de vacunación contra Covid-19 para personas indigentes, niñas, niños y adolescentes en situación de calle, de acuerdo con los siguientes

Considerandos

La pandemia por la enfermedad de la Covid-19 ha sido desde el 2019 una crisis sanitaria que ha impactado en prácticamente todos los rincones del mundo y en todos los ámbitos de la vida; la velocidad y facilidad con la que el virus se transmite ha conllevado a que, a los pocos meses de haberse detectado en Wuhan, China, se encontrara ampliamente esparcido por el mundo.

Es conocido por todos que la pandemia por la enfermedad del Covid-19 ha trastocado todos los ámbitos de la vida y ha contribuido a visibilizar la pobreza, la desigualdad y la exclusión social en diferentes escalas.

Siendo las poblaciones callejeras uno de los sectores que se encuentran en pobreza extrema y que padecen una profunda exclusión social, está expuesto a los contagios y a padecer la enfermedad de manera grave por su condición de vivir en la calle, por su habitual estado de salud precario, por su falta de acceso a servicios de salud y otras formas de discriminación y que a pesar de ser un sector sumamente vulnerable y que su condición se reconoce explícitamente en la Constitución de la Ciudad de México, ha recibido poca atención gubernamental.

En México no hay datos claros sobre niños, que viven en la calle. Las últimas cifras disponibles del gobierno capitalino, de 2018, cuentan a 207 menores sobre un total de 6 mil 754 personas sin hogar.

De acuerdo con el último censo de población en situación de calle de la Ciudad de México, que se realizó en 2017, había 6 mil 754 personas en esta condición, de las cuales 87 por ciento son hombres y 82 por ciento tienen entre 18 y 59 años de edad.1

En un país donde 21 millones de menores viven en la pobreza –y al menos cinco millones no tienen acceso a servicios de salud, según datos señalados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)–2 la cifra concreta es anecdótica. Estos menores, expuestos por la marginalidad y la falta de servicios básicos, esperan a su suerte la pandemia del coronavirus, que ha contagiado a 585 personas y dejado ocho muertos.

Si bien hemos vivido la dificultad que enfrentaron los sectores informales para sobrevivir en cuarentena porque desde casa no pueden generar ingresos, poco se ha hablado de las poblaciones callejeras, conjunto de población que se caracteriza por su pobreza extrema y su condición de exclusión social. Hasta ahora existen algunos estudios de los impactos y efectos de la enfermedad de Covid-19 en la población que habita en las calles.

Existen referencias de que en países y ciudades como Inglaterra, Singapur, Boston y otras áreas metropolitanas de Estados Unidos de América (EUA) y Canadá se ha destacado la alta vulnerabilidad ante la enfermedad que presenta este sector de población debido a varios motivos, entre ellos la frecuencia de comorbilidades que la mayoría suele padecer y el estado precario de salud, a su estancia en albergues (a veces hacinados), a su permanencia en las calles y a su falta de acceso a la higiene.

Para el caso de la Ciudad de México, Ruiz (2020),3 señala que a pesar de que la población de la calle está en alto riesgo de contagio, para este caso en particular, durante los primeros meses de cuarentena no se presentó la cantidad de contagios esperados.

Se consideran personas en situación de calle las que no disponen “de un lugar fijo, regular y adecuado” donde pernoctar y recurren a albergues dirigidos por instituciones públicas o privadas que brindan albergue temporal o casa de asistencia, tratándose de personas que por estar en una condición de gran precariedad, usan el espacio público de manera intensiva; en las calles, camellones, parques, plazas y mercados, edificaciones y vehículos abandonados y en mal estado, acontece su vida, a diferencia de la población que dispone de una vivienda para sus actividades y prácticas privadas.

La población de la calle es heterogénea, como se mencionó, algunos pernoctan en albergues y casas de asistencia, mientras que otros territorializan pequeños espacios públicos, y pernoctan bajo cualquier estructura física que proporcione cierto cobijo, aunque no necesariamente proporcione paz ni seguridad. Entre los habitantes de las calles hay hombres y mujeres, niños, niñas, adolescentes y adultos, incluso de la tercera edad y hasta familias completas.

Adicionalmente hay que destacar que México es un país de origen, tránsito y de retorno de migrantes, lo cual representa grandes desafíos para la garantía de derechos de la niñez. El aumento de niños migrantes en México ha crecido espectacularmente desde el inicio del año 2021 pasando de 380 a casi 3500 en tres meses, un incremento nueve veces superior, informó este martes el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia durante una sesión informativa sobre la situación humanitaria en El Salvador, Guatemala y Honduras. UNICEF destaca que en muchos albergues mexicanos los niños, niñas y adolescentes representan al menos 30 por ciento de la población migrante. La mitad de ellos han viajado sin sus padres, lo que supone la mayor proporción jamás registrada en México.4

El 20 de marzo de 2020 se decretó la cuarentena en la Ciudad de México por la enfermedad Covid-19, ocasionada por el virus SAR-CoV-2. La emergencia sanitaria fue catalogada como crisis humanitaria, ha sido un parteaguas para todos los ámbitos de la vida debido a sus impactos en la salud física y mental (ansiedad, depresión, insomnio, incremento en los vicios) de amplios sectores de población, por el aumento en la violencia doméstica, la caída de los ingresos en las familias, la recesión económica en los países (para el caso de México se calcula que ha sido de 8.3 por ciento), entre otros.

La pandemia ha implicado cambios en los hábitos de la población en general por la adopción de una serie de medidas como el uso del cubre bocas y la intensificación de prácticas de higiene y ha conllevado a modificaciones en las geograficidades, es decir en las dinámicas espaciales y en las formas de relación con el espacio material de la vida cotidiana, como el aislamiento social y la sana distancia.

De las medidas para hacer frente a la pandemia, dictadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y recomendadas en México, el aislamiento social o política de confinamiento se convirtió en el antídoto por excelencia para evitar el contagio y la consiguiente propagación del coronavirus en todo el mundo.

Como lo señala (Zamarrón, 2020),5 el gobierno central y las alcaldías de la Ciudad de México anunciaron 61 programas con un presupuesto de 4 mil millones de pesos para la población más vulnerable, centrados en apoyos a microempresas, en personas que ya son beneficiarias de otros programas sociales, en estudiantes, en desempleados y en comerciantes informales, sin embargo, los habitantes de la calle no están incluidos en ninguno de ellos a pesar de que la indigencia es uno de los grandes desastres sociales que pone en evidencia la falla de las instituciones encargadas de la protección de la población: de las encargadas de la protección de los niños y de las familias, de la salud y adicciones, de la educación, vivienda, seguridad social y en general de las de derechos humanos.

Los que llevaron a cabo algunas acciones de ayuda fueron emprendidas por asociaciones civiles como El Caracol (distribución de gel antibacteriano, cubre bocas, folletos de información). Esto evidencia la discriminación institucional que padecen personas sin hogar, a pesar de que en la Constitución de la Ciudad de México (2017) hay artículos que hablan de la protección de la población más vulnerable, como el artículo 11o. que

“Reconoce explícitamente a las poblaciones callejeras: Esta Constitución protege a las personas que habitan y sobreviven en las calles. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar todos sus derechos, impidiéndose acciones de reclusión, desplazamiento forzado, tratamiento de rehabilitación, internamiento en instituciones o cualquier otra, sin su autorización. Se implementarán medidas destinadas a superar su situación de calle”

Otros artículos de la Constitución también los protegen: el 3o. sobre la erradicación de la pobreza, el 4o. sobre la erradicación de la desigualdad, el 9o. sobre el derecho a la vida digna, al cuidado, a la alimentación y nutrición, a la salud, a la vivienda, al agua; el 10o. al trabajo y el 12o., el derecho a la ciudad, por mencionar algunos. En este contexto cabe preguntarse si la población callejera tendrá acceso a la vacuna contra la Covid-19 y en qué condiciones, pues, aunque el director Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), Ruy López Ridaura, dijo que sí tendrán acceso, mucha población de la calle no cuenta con documentos de identificación y comprobantes que acrediten un domicilio fijo, requisitos que se piden para acceder a la vacuna y mucho menos acceso a la web para registrarse.

Uno de los casos documentados es el presentado por parte del coordinador general del Cesepco del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco, en rueda de prensa José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, informó que desde hace varios meses envió un escrito a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Salud de México, planteando sobre la vacunación a personas en situación de calle. Les contestaron con varios puntos que en la estrategia de vacunación sí estaban contemplados, en los criterios para vacunarlos estaban en blanco por lo que emitió una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El 26 de noviembre de 2021, la OMS, siguiendo el consejo del Grupo Consultivo Técnico sobre la Evolución del Virus SARS-CoV-2- en inglés, clasificó la variante B.1.1.529 de este virus como variante preocupante. Además, decidió denominarla con la letra griega ómicron. La decisión de considerar preocupante esta variante se basó en la evidencia presentada al Grupo Consultivo Técnico, que indica que presenta varias mutaciones que podrían afectar a las características del virus, por ejemplo, la facilidad para propagarse o la gravedad de los síntomas que causa.

Por su parte el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la variante ómicron de la Covid-19 se extiende a un ritmo sin precedentes y ya tiene presencia en 77 países, lo que hace más preocupante la transmisión del virus de manera más rápida a nivel nacional, por lo que un sector con altas probabilidades de contagiar o ser contagiados son las personas en situación de calle.

Por lo que la intención del presente documento es considerar además de indigentes, niñas y niños, a los adolescentes en situación de calle, toda vez que son un grupo de población que no ha sido vacunado, ya que los menores de 12 años todavía el gobierno mexicano no los considera, y tendrían mayor probabilidad de ser vacunados.

Lo anterior se vuelve aún más imperativo ante el reto que representa la Agenda 2030, con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), suscritos por México. Al sumarse a esa Agenda, el país ha aceptado “reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres, niñas y niños de todas las edades que viven en pobreza en todas sus dimensiones”, y ha asumido claros compromisos como poner fin a todas formas de malnutrición; garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad; eliminar el matrimonio infantil; lograr la igualdad entre los sexos y empoderar las mujeres y las niñas; reducir las desigualdades; y, poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario, a consideración de esta soberanía, con los siguientes resolutivos

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal y a la Secretaría de Salud federal a implementar de manera urgente un plan de vacunación nacional contra Covid-19 para personas indigentes, niñas, niños y a adolescentes en situación de calle.

Notas

1 http://ciencia.unam.mx/leer/1080/coronavirus-personas-en-situacion-de-c alle-y-covid-19

2 https://www.unicef.org/mexico/media/306/file/agenda por ciento20de por ciento20la por ciento20infancia por ciento20y por ciento20la por ciento20adolescencia por ciento202019-2024.pdf

3 Ruiz, A. (2020). En la calle no hay cuarentena. Lecciones de la pandemia que visibilizó a las personas en situación de calle. Las ciencias sociales y el coronavirus (pp. 163-183). México: Publicaciones COMECSO. Recuperado de

<https://www.comecso.com/wp-content/uploads/2020/10/C ovid-11-Ruiz. pdf>. 27/02/2021.

4 https://news.un.org/es/story/2021/04/1491052

5 Zamarrón, Israel. (24 de mayo de 2020). De 61 programas por Covid 19 en CDMX, ninguno es para indigentes. El Sol de México. Recuperado de 22/03/2021

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2022.

Diputado Ricardo Villarreal García (rubrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de NL a evaluar la viabilidad de construir un centro comunitario en Monterrey, suscrita por la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Marcela Guerra Castillo , diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados; y, 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobierno de Nuevo León para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, evalúe la viabilidad de la construcción de un centro comunitario en el municipio de Monterrey, Nuevo León , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Desde las primeras clases de trabajo social impartidas en las universidades de los Estados Unidos de América en el siglo XIX a lo que representa hoy en día, este se ha constituido como una profesión para promover los deberes básicos de la sociedad como el cambio, el desarrollo social, el fortalecimiento y la liberación de las personas.

Esta disciplina y tarea común, observa principios fundamentales como la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad.

Del trabajo social emanan diversos grupos, lugares y asociaciones que realizan diversas actividades, sin embargo, siempre buscan los mismos objetivos.

Una categoría de estas actividades es el servicio comunitario, el cual y busca atender las necesidades y resolver las contingencias que suceden en la comunidad.

“Por lo general, estas actividades son desarrolladas por estudiantes que cursan carreras profesionales. Pues, logran aplicar los conocimientos que han desarrollado durante su formación, con la intención de cooperar y alcanzar el bienestar social en las zonas rurales.

Las comunidades en las que cumplen con estas actividades tienen una particularidad, y es que requieren de esta ayuda debido a incapacidades o desventajas de las que sufren las personas que la conforman”.1

Además de los beneficios a la comunidad, estos servicios concientizan a sus participantes sobre su importancia y el papel que desempeñan en la sociedad e integran a los ciudadanos a la vida comunitaria. También contribuye a la formación social y cultural, a través de actividades y experiencias que desarrollan los valores en los participantes.

Asimismo, los trabajos en servicio de la comunidad brindan entre otros beneficios, el fortalecimiento a la estructura social y familiar, y principios como el de responsabilidad, pertenencia, satisfacción personal y social, y habilidades para la vida en sociedad.

Estas actividades no representan una competencia o contrariedad para las tareas, trabajos, obligaciones y servicios que realiza el Estado, sino son auxiliares y complementarias para el bienestar de la sociedad, por lo que tienen gran relevancia para el desarrollo y la relación existente Estado – población, así como para el cumplimiento de objetivos que comparten ambos.

Para que estas actividades puedan ser realizadas, el Estado debe proveer de espacios, recursos e infraestructura y asegurar un entorno adecuado para que se cumplan con los propósitos de las actividades como de los centros.

Para ilustrar, podemos mencionar a los centros comunitarios, que son inmuebles y espacios diseñados para realizar actividades educativas, culturales, deportivas y sociales, para el beneficio de la sociedad. Las áreas pueden comprender bibliotecas, salones de lectura, comedores populares, gimnasios, canchas para realizar deportes, salones para impartir talleres, entre otras.

Otro ejemplo de los beneficios que brindan estos espacios son los 394 comedores comunitarios existentes a inicios de 2021 en la Ciudad de México, los cuales repartían entre 65 y 70 mil comidas diarias y cuya demanda aumenta cada vez más.2 Estos brindan comida a un costo muy bajo o nulo; brindando al menos una comida a quienes no pueden asegurarla.

Diversos medios refieren que, en noviembre del año pasado, el gobernador Samuel García prometió una inversión de 56 millones para la reactivación y rehabilitación de 40 centros comunitarios en el estado. Asimismo, la titular de la Secretaría de Igualdad e Inclusión del estado refirió que: “Son centros de convivencia, centros de diálogo, en donde realmente buscamos reconstruir el tejido social para lograr que Nuevo León sea el mejor lugar para nacer, para crecer, para educarse y para vivir”.3

En mayo del año pasado, Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, presentó propuestas para la creación de dos centros comunitarios y de salud en el municipio, estos con una inversión de 160 millones de pesos; sosteniendo que “Este tipo de proyectos son para atacar de raíz problemas de inseguridad, de desigualdad, de injusticia... porque a la inseguridad se le ataca con oportunidades”4

Nuestro trabajo como legisladores es apoyar con trabajo y acciones para el bienestar y desarrollo de la sociedad a la que representamos; en este sentido, es importante apoyar propuestas como la de los vecinos de la colonia Tanques de Guadalupe, en Monterrey, que buscan crear un centro comunitario en las instalaciones de un comedor inaugurado en el 2017, que se encuentra actualmente en estado de abandono.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, elevo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Nuevo León para que, en el ámbito de sus atribuciones, evalúe la viabilidad de la construcción de un centro comunitario en el predio ubicado en la colonia Tanques de Guadalupe, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno municipal de Monterrey para que implemente los mecanismos a que haya lugar a fin de asegurar la utilización del predio ubicado en la colonia Tanques de Guadalupe, para su uso como centro comunitario.

Notas

1 Euroinnova. (s.f.). ¿Qué son los servicios comunitarios?. 6 de enero de 2021., de Euroinnova Sitio web: https://www.euroinnova.edu.es/blog/que-son-los-servicios-comunitarios/a mp

2 Efrén Argüelles. (2021). Aumenta 30% demanda de comedores comunitarios en CDMX. 6 de enero de 2021, de Excélsior Sitio web: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/aumenta-30-demanda-de-comedores- comunitarios-en-cdmx/1431595

3 Rosalinda Tovar. (2021). Anuncia Samuel inversión para reactivar centros comunitarios. 7 de enero de 2021, de El horizonte Sitio web: https://www.elhorizonte.mx/gobernador-samuel-garcia/anuncia-samuel-inve rsion-para-reactivar-centros-comunitarios/4053596

4 Notired.mx. (2021). Proyecta Colosio dos centros comunitarios y de salud. 6 de enero de 2021, de Notired.mx Sitio web: https://www.notired.mx/nota.pl?id=1458

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2022.

Diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a seguir manteniendo los protocolos sanitarios dado el aumento de casos por la nueva variante del Covid-19, suscrita por el senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, senador de la República Ricardo Velázquez Meza, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La identificación de una nueva variante del SARS-CoV-2 en Sudáfrica, caracterizada por un gran número de mutaciones (55 en todo el genoma, 32 en la proteína S o espícula) y el aumento vertiginoso de su incidencia relativa en esa población ha disparado una vez más las alertas a escala mundial.1

Varios países han cerrado el tráfico aéreo con Sudáfrica y hay expertos que indican que es “la variante más preocupante que hemos visto hasta la fecha”. La OMS la ha elevado a la categoría de “variante preocupante” y la ha designado con la letra griega ómicron.

Los médicos de Sudáfrica han observado hasta ahora que los pacientes con la variante del coronavirus ómicron son más jóvenes y presentan casos más leves, y los que están hospitalizados no están vacunados en su mayoría.2

Afortunadamente, México fue uno de los primeros quince países con acceso a vacunas contra el Covid-19 y uno de los cinco que han transparentado la información de los contratos para la compra de las mismas.3 La campaña de vacunación avanza a un ritmo cada vez más veloz en México, al tiempo que los laboratorios internacionales cumplen en tiempo y forma con los contratos previamente firmados, lo que permite que más población esté protegida. En nuestro país se aplican cinco tipos de fármacos contra la Covid-19, como lo son: Pfizer y BioNTech (dos dosis), Oxford-AstraZeneca (dos dosis), Sputnik V (dos dosis), Sinovac (dos dosis) y CanSino (una dosis).

Hasta el 16 de diciembre de este año, el Sector Salud tiene un registro de dosis de las distintas vacunas contra la Covid-19 a personal médico, adultos mayores (60 años o más), personal educativo, mujeres embarazadas, y personas mayores de 18 años . En total, el 50,4% de la población han recibido la vacuna.4

Las vacunas han sido una de las herramientas de la medicina que más vidas ha salvado a lo largo de la historia. El objetivo de las vacunas contra el SARS CoV-2 es generar una respuesta inmunológica que produzca anticuerpos capaces de neutralizar al virus, así como generar una respuesta de memoria en la inmunidad celular, es decir, que el sistema inmune reconozca al virus en el caso de exponerse al mismo y se genere una rápida respuesta para evitar que el virus invada y produzca la enfermedad.

Sin embargo, las señales de alerta se han disparado debido al rápido aumento de casos detectados en Sudáfrica con esta variante. No es extraño que una nueva variante se detecte en este país, uno de los que tiene mejor sistema de vigilancia genómica del SARScov-2.

Asimismo, es necesario seguir retomando las mismas herramientas: vacunar, usar mascarillas, mantener distancias, ventilar los recintos cerrados, es decir, reducir al máximo la exposición y circulación del virus, aumentar la población inmunizada en todos los países del planeta, limitando las oportunidades de que aparezcan nuevas mutaciones en el virus.

El gobierno mexicano ha demostrado su interés y compromiso con la sociedad mexicana al dar soluciones de manera efectiva y rápida, lo cual ha llevado a implementar nuevas medidas sanitarias, reiterando a la sociedad mexicana la necesidad e importancia de vacunarse. Es necesario , a pesar de estar vacunados seguir con las medidas adecuadas impuestas por nuestras autoridades mexicanas, seamos solidarios con los demás, seamos solidarios con México seamos solidarios con el resto del mundo, por nosotros por nuestros seres queridos, por los que perdieron la batalla contra el Covid-19, por todo eso y más vacunémonos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito, senador del Grupo Parlamentario de Morena, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a seguir manteniendo los protocolos de sanidad ante el aumento de casos por la nueva variante del Covid-19.

Notas

1 https://www.bbc.com/mundo/noticias-59459009. Consultado el 16 de diciembre del 2021

2 https://cnnespanol.cnn.com/2021/12/01/minuto-a-minuto-variante-omicron- orix Consultado el 16 de diciembre del 2021

3 https://www.jornada.eom.mx/notas/2021/05/24/politica/mexico-uno-de-los- primeros-paises-con-acceso-avacunas-ebrard/. Consultado el 9 de noviembre del 2021

4 https://datosmacro.expansion.com/otros/coronavirus-vacuna/mexico. Consultado el 9 de noviembre del 2021

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, Ciudad de México, a los doce días del mes de enero del año dos mil veintidós.

Senador Ricardo Velázquez Meza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas instituciones de seguridad a intervenir y reforzar las estrategias en la materia propuestas por el gobernador de NL, suscrita por el diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

De acuerdo con el semáforo delictivo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, los robos a casa, robos a persona, el robo de autos, cristalazos, la violencia familiar, lesiones y las violaciones incrementaron durante el último bimestre del año anterior, mientras que solo los robos a negocios, robos a bancos y los homicidios presentaron reducciones en sus índices.

En números, los delitos totales que se registraron durante noviembre de 2021 sumaron un total de 3 mil 453, lo que representa un incremento del 7.5 por ciento respecto al mes de octubre del mismo año, y un incremento del 1.11 por ciento respecto al mismo mes del año 2020.

De forma más precisa en materia de delitos cometidos durante octubre y noviembre del año anterior, los principales resultados son:

-Se cometieron 129 homicidios dolosos;

-Se reportaron 762 robos simples;

-Se presentaron 18 denuncias por estupro;

-Se denunciaron 527 robos a casa habitación;

-404 robos a personas;

-Se presentaron 639 robos de vehículos; y

-Se cometieron 322 robos a negocios.

Diversos especialistas señalan que distintos indicadores muestran un cierto grado de sesgo, haciendo referencia a que mientras algunos tipos de delitos disminuyen, la percepción de inseguridad aumenta entre la sociedad.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), los niveles de inseguridad que se tienen se asemejan a la situación de inseguridad que presentó el estado hace 10 años donde tanto en 2012 como en 2021 las condiciones son similares.

Datos del Secretariado Ejecutivo del SNSP señalan que de enero a noviembre de 2021 Nuevo León registró un total de 85 mil 500 casos de delitos, superando con esto a entidades como el estado de México, la Ciudad de México, Guanajuato y Jalisco, por mencionar algunos.

Los datos anteriores revelan el grado de inseguridad que actualmente enfrenta el estado, sin embargo, este fenómeno revela que mientras algunos delitos simples están a la baja, otros tipos de delitos están asociados mayormente al crimen organizado lo que provoca que aumente la inseguridad en la entidad.

De esto último, en conferencia del 7 de enero de este año el actual gobernador de la entidad y con información de la Fiscalía del estado, se informó que en los primeros 6 días del 2022 se registraron 23 homicidios, cifra superior al mismo periodo de 2021 con 14 homicidios.

En esta misma conferencia, el fiscal del estado señaló que la ola de violencia que se vive en la entidad es a causa de las rivalidades que existen entre personas del crimen organizado que buscan controlar la venta y el consumo de drogas, lo cual ha provocado que la ciudadanía sufra a consecuencia de estos enfrentamientos.

No omitimos señalar que, el propio gobernador anunció en el pasado reciente la aplicación de nuevas estrategias y acciones para combatir la inseguridad, así como una inversión de poco más de 1.5 mil millones de pesos que se destinarán para renovar y reforzar las corporaciones de seguridad civil estatal y con ello buscar reducir los índices de inseguridad en el estado.

Adicional a lo que señaló el CNSP, este Consejo refiere que las propuestas del Ejecutivo del estado en materia de seguridad son funcionales y representan una gran oportunidad para Nuevo León para reducir los índices de violencia, pues establecen una mayor intervención federal

Por lo anterior, es necesario que desde los espacios de acción del ámbito federal como lo es el Congreso de la Unión, se haga un llamado a las autoridades del Ejecutivo de este nivel en materia de seguridad para sumarse a las estrategias estatales y locales que ayuden a minimizar los índices de inseguridad al tratarse mayormente de delitos asociados al crimen organizado.

Tanto el gobernador como quienes representamos a la ciudadanía del estado de Nuevo León nos pronunciamos preocupados por la situación de seguridad en la que se encuentra nuestra entidad, razón por la cual es necesaria la presencia de las instituciones de seguridad de nivel federal para fortalecer las acciones en esta materia.

Al tratarse de delitos de un nivel y clasificación superior se requiere de la presencia e intervención de las instituciones de seguridad del nivel federal que coadyuven en reducción y combate a la inseguridad en la entidad.

Nuevo León necesita recuperar la seguridad y la confianza de su población, debemos ofrecer a las entidades de nuestro país las herramientas suficientes para atender las necesidades esenciales que se requieren para mejorar la calidad de vida y abonar al desarrollo regional.

Esto es primordial para lograr el desarrollo óptimo de nuestro estado, pues de esto se dependen la creación de nuevas oportunidades de crecimiento que se traducen en más y mejores beneficios para el bienestar común.

El desarrollo de nuevos negocios, la atracción de inversión nacional y extranjera, la creación de nuevas fuentes de empleo o simplemente llevar una vida en paz, de eso depende el grado de seguridad que se provea en el estado, mientras más débil sean las instituciones de seguridad, más difícil será lograr todo lo anterior.

Nuevo León, al igual que muchas entidades de México, requiere más allá de una coordinación, se requiere de la presencia e intervención estratégica del ámbito federal, para que en colaboración con las instituciones del estado coadyuven en la creación de soluciones efectivas para atender la situación de violencia e inseguridad que se vive en nuestro estado, las diferencias ideológicas o políticas deben superarse o simplemente dejarlas en un segundo plano y se debe dar prioridad y relevancia el bienestar de las y los nuevoleoneses que lo necesitan más que nunca.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las instituciones de seguridad del Ejecutivo federal, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, intervengan y refuercen las estrategias y mecanismos de protección, vigilancia y seguridad propuestas por el Ejecutivo del estado de Nuevo León.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2022.

Diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y sus homólogas locales a garantizar el trabajo digno de los profesores del Proni, suscrita por la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Olga Juliana Elizondo Guerra , diputada del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputadas y Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

A partir de la década de los 80, una gran cantidad de países permitieron que los bienes, servicios, capitales y datos digitales atravesaran sus fronteras. La globalización de los mercados y las nuevas tecnologías obligaron a transformar la manera en la que interactuamos y nos comunicamos los seres humanos. El idioma, el transporte, el dinero y la tecnología se convirtieron en parte fundamental de la nueva era de las tecnologías de la información y la comunicación. Por su parte, el idioma, se posicionó como uno de los pilares fundamentales en la consolidación de la nueva época tecnológica: herramienta que permitió concretar transacciones financieras, científicas y educativas que aceleraron el avance por la conquista de nuevos horizontes.

La internacionalización productiva ha dejado en claro la importancia de las lenguas extranjeras en nuestra vida cotidiana, sobre todo del inglés, que se ha convertido en una de las lenguas con mayor uso en el mundo. Tan sólo en nuestro país se ha potenciado el aprendizaje de las lenguas extranjeras en las escuelas, tanto por la edad temprana en la que se comienza a practicar una lengua que no sea la materna, así como por la actualización de los planes de estudio, mismos que han aumentado considerablemente las horas destinadas a esta asignatura.

Por ello, el aprendizaje de un nuevo idioma se ha convertido en una necesidad, no solo de ciertos sectores de la sociedad, sino, en general, de cualquier persona que aspire a mejorar su nivel de vida. En este orden de ideas, los centros escolares y sus docentes están obligados a preparar a sus alumnos de manera que, comprendan, analicen y resuelvan las problemáticas presentadas a través de los conocimientos obtenidos durante el ciclo escolar.

El sistema educativo en México no sólo ha sufrido transformaciones y reformas en sus planes y programas de estudio, sino también en materia laboral. La mal llamada “reforma educativa” devastó la gratuidad y el acceso universal a la educación. Se optó por abandonar las escuelas públicas en sus diferentes niveles educativos y otorgar mayor poder a las escuelas privadas. Se emprendió una dura lucha en contra de las escuelas normales, pero, en general, se precarizaron las condiciones de trabajo como la estabilidad laboral (basificación), el salario, la seguridad social, las vacaciones pagadas y regirse bajo un contrato colectivo de trabajo; en pocas palabras, se violentaron los derechos laborales de las y los profesores, principalmente los que corresponden a la asignatura de inglés, incluso desde el momento en el que se les denominó “asesores externos especializados”.

El Programa Nacional de inglés, también conocido como Proni, se implementó por primera vez en el año 2009 a cargo de la Secretaría de Educación Pública, y su principal objetivo se centró en asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica, mediante el fortalecimiento de los procesos de enseñanzas y aprendizajes de una lengua extranjera (inglés) en las escuelas públicas, como un componente para el logro de la educación de excelencia, pertinente y relevante. La importancia del programa es tal, que incluso el Plan Sectorial de Educación 2020-2024,1 lo mantiene como uno de sus pilares fundamentales en la impartición educativa.

Las y los profesores de inglés se han convertido en parte fundamental de la consolidación de la nueva escuela mexicana; sin embargo, no han sido valorados de acuerdo con la función que desempeñan. Para muestra un botón. Las y los docentes que imparten la asignatura de inglés, durante más de una década han sufrido de contratos laborales de 3 meses que les impiden acceder a un aguinaldo, vacaciones pagadas, prima vacacional, licencia de maternidad o lactancia, prima de antigüedad o prestaciones de seguridad social, como salud y vivienda, entre otros. Situación que a todas luces es violatoria de los derechos establecidos en el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las y los integrantes del Proni tampoco tienen derecho a un sistema de capacitación, formación y actualización que permita fortalecer el desarrollo y superación profesional, así como carecen de un nombramiento expedido por la autoridad, a fin de ser considerados como trabajadores al servicio del Estado de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo.

Cabe destacar que, la basificación de profesores, únicamente se ha consolidado en entidades como Ciudad de México, Baja California y Tamaulipas. Así como recientemente se han otorgado algunas bases en otras entidades del país como Colima y Aguascalientes. Se calcula que en todo el país existen cerca de 8 mil profesores de inglés que aún trabajan amparados bajo un contrato que les niega el acceso a los derechos laborales más fundamentales.

Lo anterior, aun cuando el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, prevé:

“Artículo 23.

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”.

Por su parte, la ley fundamental establece que:

“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

A). ...

I. a VI. ...

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.

...

VII a XII. ...

XIII. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria determinará los sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligación”.

Asimismo la Ley Federal del Trabajo establece que:

“Artículo 2o. Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales.

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.”

Por lo anteriormente fundamentado, resulta de vital importancia garantizar el derecho de las y los mexicanos a un empleo digno y bien remunerado que asegure condiciones dignas y decorosas para sus familias. De ahí que, es menester de las autoridades correspondientes, la construcción de políticas públicas que fortalezcan la protección de las prerrogativas fundamentales de las y los trabajadores.

Como legisladores, es nuestro deber promover y garantizar el irrestricto respeto a las legislaciones nacionales e internacionales; de tal modo que, estas acciones permitan alcanzar el bienestar social a través del mejoramiento de las condiciones laborales de las y los trabajadores al servicio del Estado, adoptando medidas hasta el máximo de los recursos disponibles, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, en particular a través de la adopción de medidas legislativas, administrativas o de otra naturaleza, la plena efectividad de estos derechos, evitando tomar medidas regresivas.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de este pleno, el presente punto de acuerdo que tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas, para que, en el ámbito de sus atribuciones, protejan y garanticen el bienestar de las y los profesores integrantes del Programa Nacional de Inglés.

En razón de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública federal y a sus homólogas en las entidades federativas para que garanticen el trabajo digno de las profesoras y los profesores integrantes del Programa Nacional de Inglés; así como para que, de acuerdo a la capacidad presupuestaria de cada ente público, analicen y, en su caso, firmen con el personal docente que imparte dicha materia un contrato laboral que les garantice su base, salario justo y la protección de todos sus derechos laborales y a la seguridad social.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública Federal y a sus homólogas en las entidades federativas, con la finalidad de que formen mesas de trabajo con las profesoras y los profesores de la asignatura de inglés, para analizar, y en su caso, modificar las reglas de operación del programa, a efecto de establecer los días de pago salarial, el tiempo por el que desempeñaran sus funciones y que la federación sea directamente el operador del programa y no así las entidades federativas.

Nota

1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/562380/Programa_Sectoria l_de_Educaci_n_2020-2024.pdf

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2022.

Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a realizar las acciones encaminadas a adquirir vacunas contra el Covid-19 y aplicarlas a los menores de entre 5 y 15 años, suscrita por la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada federal Ma. de Jesús Aguirre Maldonado , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados; y, 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaria de Salud a realizar las acciones pertinentes para la adquisición de vacunas contra Covid-19 y su aplicación a los menores de edad de 5 a 15 años, e implementar las acciones necesarias para que sea aplicado un nuevo esquema de vacunación a todos los docentes del país , al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El artículo 4o. constitucional, en su párrafo tercero, establece que:

“Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.”

El artículo 4o. constitucional, en su párrafo octavo, establece que:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 2, párrafos segundo y tercero, establece que:

“El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de que México forma parte.”

“Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.”

La Convención sobre los Derechos del Niño de la cual México forma parte señala, en su artículo 24, en su apartado 1, que:

“Los Estados Parte reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Parte se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios”.

Actualmente, en nuestro país, contamos con un poco mas de 21 millones de menores de edad que están dentro del rango de edad de 5 a 15 años, los cuales representan el 16.6 por ciento del total de la población.1

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades del gobierno de los Estados Unidos recomienda que todas las personas de 5 años o más se vacunen contra el Covid-19 para ayudar a protegerse. La vacunación generalizada contra el Covid-19 es una herramienta fundamental para proteger a todas las personas, en especial aquellas con mayor riesgo de enfermarse gravemente y morir, las personas que están totalmente vacunadas pueden reanudar de manera segura muchas de las actividades que hacían antes de la pandemia. Los niños de 5 años o más pueden recibir una dosis adecuada para su edad de la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer-BioNTech.2

El día 29 de octubre del año en curso, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EU (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer-BioNTech para la prevención del Covid-19, para incluir a niños de 5 a 11 años. La autorización se basó en la evaluación exhaustiva y transparente de la FDA de los datos que incluyó aportes de expertos del comité asesor independiente que votaron contundentemente a favor de poner la vacuna a disposición de los niños en este grupo de edad.

Información importante para los padres y cuidadores:

-Eficacia: las respuestas inmunitarias de los niños de 5 a 11 años fueron comparables a las de las personas de 16 a 25 años. En ese estudio, la vacuna tuvo un 90.7 por ciento de efectividad en la prevención del Covid-19 en niños de 5 a 11 años.

-Seguridad: la seguridad de la vacuna se estudió en aproximadamente 3,100 niños de 5 a 11 años que recibieron la vacuna y no se han detectado efectos secundarios graves en el estudio que sigue en curso.3

En el tema de los docentes, actualmente en nuestro país, contamos aproximadamente con un 1 millón 200 mil personas ocupadas como docentes en educación básica, los cuales representan casi el 1 por ciento del total de la población.4

El día 16 de abril del año en curso, las autoridades del gobierno federal anunciaron la aplicación de la dosis de la vacuna Cansino, a los docentes de la República Mexicana dentro del Plan Nacional de Vacunación, con el objetivo de regresar a clases presenciales lo antes posible.5

En el mes de agosto del presente año, la farmacéutica CanSino Biologics, le hizo entrega a la Cofepris, de información que señala que una segunda dosis de su vacuna contra el Covid-19 es necesaria, ya que asegura que a seis meses de la primera aplicación el nivel de eficacia baja, aun 70 por ciento.6

Tomando en cuenta que en el sistema educativo de nuestro país contamos con un poco más de 20 millones de alumnos y en el caso de algunos docentes cuentan con doble jornada de trabajo, por lo que son claramente sobreexpuestos a un mayor número de contacto y por ende a mayor probabilidad de poder contagiarse del virus del Covid-19.7

Con el retorno a las aulas presenciales y buscando lograr el regreso a clases al 100 por ciento,8 resulta necesario la aplicación de un nuevo biológico que sirva como refuerzo y que brinde seguridad sanitaria a los docentes y que se realice la emisión de un nuevo certificado avalado por la autoridad y dé seguridad de los padres de familia de que el maestro al frente del grupo, donde acude a clases su hijo, está vacunado.

la vacuna CanSino no es reconocida en diversos países, lo que dificulta a los maestros viajar por motivos profesionales, familiares, de salud o personales. Aunado a que no se cuenta con un certificado que garantice que ya fueron inoculados.

La Sala de Situación en Salud por Covid-19 del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la UdeG e investigadores de ese plantel recomiendan a las autoridades aplicar una segunda dosis de la vacuna de origen chino CanSino para aumentar las tasas de inmunización de los docentes y personas que han recibido este biológico, preferentemente entre quienes no se han contagiado de la enfermedad.

Con base en un estudio realizado a personal académico de esta casa de estudio, que fueron vacunados en abril y mayo pasados, los especialistas indicaron que recibir una segunda dosis ayudaría a incrementar la protección a niveles óptimos, tanto para quienes no se han contagiado como para quienes ya padecieron esta afección.

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que realice las acciones pertinentes para la adquisición de vacunas contra el Covid-19, y su aplicación a los menores de edad de 5 a 15 años.

Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Salud del gobierno federal a implementar las acciones necesarias para que sea aplicado un nuevo esquema de vacunación y aumentar la tasa de inmunización de los docentes del país.

Notas

1 https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/

2 https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/ children-teens.html

3 https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/
la-fda-autoriza-vacuna-contra-el-covid-19-de-pfizer-biontech-para-uso-de-emergencia-en-ninos-de-5-11

4 https://mty.telediario.mx/local/nl-hay-48-mil-671-maestros-de-educacion -basica

5 https://www.capital21.cdmx.gob.mx/noticias/?p=18421

6 https://www.xataka.com.mx/medicina-y-salud/mexico-tendra-segunda-dosis- vacuna-cansino-covid-solo-oms-recomienda-asegura-presidente-lopez-obrad or

7 https://politica.expansion.mx/mexico/2021/11/11/estados-preparan-el-ret orno-100-presencial-a-las-escuelas

8 https://www.udg.mx/es/noticia/recomienda-udeg-aplicar-segunda-dosis-de- vacuna-cansino-docentes

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2022.

Diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Conade a implantar acciones dirigidas a la continuidad de becas económicas y académicas para los atletas, a cargo del diputado Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Manuel Rodríguez González , integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXV Legislatura, con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Comisión Permanente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a implementar acciones para la continuidad del otorgamiento de becas económicas y académicas para los atletas , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La actividad física y el deporte son prioridad fundamental para cimentar sociedades con ciudadanos íntegros, el deporte es una de las expresiones culturales que más relacionan a los seres humanos. Resulta una actividad de recreación no solo para quienes participan sino también para las y los espectadores lo que provoca la necesidad de relacionarse dejando de lado diferencia de razas, clases sociales o cualquier otra división, ya que la actividad física en general estimula la búsqueda del bien común.

La educación y continuidad de la preparación escolar no se debe posponer o dejar de lado cuando se practica algún deporte y más aún cuando se trata de un deporte de alto rendimiento en el que se realizan torneos y/o competencias a nivel local, nivel nacional o internacional, actividad deportiva que a futuro se traduce en una carrera de doble éxito de realización como deportista y también como posible técnico especializado o profesionista.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte ha efectuado un programa de becas con apoyo económico con el fin de beneficiar a todos aquellos atletas que desarrollan un alto rendimiento, además de resultados sobresalientes tanto a nivel nacional como internacional, cuyo objetivo primordial del programa de becas es el de brindar apoyo económico a todos aquellos atletas que tengan un mayor desempeño en las disciplinas integradas en el ciclo olímpico, en base a los resultados deportivos alcanzados a nivel nacional como internacional.

Sin duda alguna dicho programa de becas por parte de la Conade es un estímulo para nuestros atletas mexicanos por ello se considera relevante que dicho apoyo no sufra decrementos, ya que aparte de ser atletas, son estudiantes, personas que como todos nos dedicamos a actividades propias de todo ser humano, claro que sin dejar de lado el entrenar en la disciplina deportiva por la que se quiere competir y sobre todo enfocados a dar los mejores resultados posibles y sobre todo con el objetivo de ser ganadores de las medallas tan deseadas en cada disciplina deportiva.

En este sentido es de destacar la actuación histórica de la delegación mexicana que nos representó en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, en el que la representación nacional obtuvo un total de 22 medallas de las cuales 7 fueron de oro, 2 de plata y 13 de bronce; con lo que se despunta lo hecho en las justas de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

Con miras a los próximos Juegos Paralímpicos París 2024, la representación de nuestro país llegará con 311 medallas obtenidas a lo largo de su trayectoria; orgullo que, de ello, 104 son de oro. Cabe destacar que nuestros deportistas obtuvieron el peldaño número 19 del medallero, y con ello lograron ser el segundo mejor de América Latina.

Es de reconocerse y felicitar el gran esfuerzo de las y los paratletas mexicanos, quienes han puesto el nombre de nuestro país en alto; por lo cual refrendamos nuestro compromiso por impulsar políticas públicas que coadyuven y apoyen en su preparación, para que sigan creciendo y sigan siendo orgullo de México y ejemplo a nivel internacional.

Finalmente, se trata de seguir apoyando a los atletas mexicanos para que continúen con sus entrenamientos y puedan con ello prepararse y dar los mejores resultados posibles.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que promueva una constante campaña de difusión sobre el otorgamiento de becas económicas y académicas a los atletas de las categorías infantil, juvenil, superior, primera fuerza del deporte convencional y adaptado; para los niveles de educación básica, media, media superior y superior que se distinguen por su desempeño deportivo.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que el procedimiento para la asignación de becas para el ejercicio fiscal 2022, se realice de una manera transparente, se privilegie la asignación de las becas con igualdad sustantiva, evitando asignar el monto económico de dichas becas de manera discrecional.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que las becas asignadas a los atletas no sean reducidos durante el ejercicio fiscal correspondiente.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2022.

Diputado Manuel Rodríguez González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a revocar el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar, publicado en el DOF el viernes 31 de diciembre de 2021, suscrita por la diputada Laura Lorena Haro Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Laura Lorena Haro Ramírez , diputada federal de la LXV Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados y, 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que revoque el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 31 de diciembre del año 2021 , considerando los siguientes:

Antecedentes

El viernes 31 de diciembre de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar.1

En dicho Decreto se realizan diversas modificaciones a la institución encargada de la política social en el país. Situación que se considera perjudicial para el correcto desarrollo de la política social, perjudicando a futuro el funcionamiento y la operación de programas sociales en beneficio de las y los mexicanos.

En primer lugar, modifica las fracciones I y II del artículo 2, para incluir una nueva Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social como unidad administrativa de apoyo en la Secretaría del Bienestar. En la fracción II del mismo contempla la desaparición del Instituto Nacional de Desarrollo Social.

En segunda instancia, adiciona un artículo 28 Bis, en el que especifica las funciones que tendrá la nueva Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social. En concordancia con esto, deroga los artículos 44 y 45 del Reglamento para eliminar las atribuciones del ahora extinto Indesol y la potestad para la asignación de la persona titular de dicho instituto.

Por último, adiciona seis fracciones al artículo 41 para dotar de personalidad jurídica para representar legalmente y emitir diversos documentos con valide legal a las personas titulares de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo.

El Decreto en comento realiza modificaciones de carácter institucional y administrativo que a la postre reflejarán una clara vulneración a los derechos humanos de las y los mexicanos.

El Instituto Nacional de Desarrollo Social realiza una importante actividad en el ejercicio de gobierno, así como en el servicio y la atención de este hacia miles de personas en México que requieren de apoyos para acceder a una vida digna.

A través del Indesol se capacitan y forman muchas personas en el país para desarrollar actividades productivas; se llevan a cabo tareas de investigación; documentación, divulgación y comunicación en diversas materias; se fomenta la vinculación; asesoría y orientación de quien lo requiera; se proporciona información y se lleva a cabo la rendición de cuentas.2

Gracias al Indesol se efectúa la promoción de la cultura de género, así como las representaciones institucionales y tiene a su cargo los Programas de Coinversión Social y el Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia contra las Mujeres.

Asimismo, esta importante institución tiene a su cargo la secretaría técnica de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, quien se auxilia por un consejo técnico consultivo, encontrándose dentro de su ámbito de responsabilidad la operación del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, otorgando una clave única para aquellas organizaciones que desean participar en los programas sociales federales.3

Como es notorio, las reformas que se llevan a cabo con el Decreto del viernes 31 de diciembre, se estará cayendo en un esquema regresivo en el que toda una institución se estaría reduciendo a una sola oficina dentro de la Secretaría del Bienestar.

Asimismo, el centralizar el ejercicio del gobierno en una estructura única robustecida representa un retorno a la época en la que el capitalismo de Estado prevalecía. Fomentando la proliferación de estructuras burocráticas densas al servicio del gobierno más no de la población, así como el fortalecimiento de la discrecionalidad y con ello, el incremento de la corrupción.

Por lo anteriormente expuesto, solicito:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal para que revoque y deje sin efectos legales el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 31 de diciembre del año 2021.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal para que restaure el Acuerdo mediante el cual se regula la organización y funcionamiento interno del órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, denominado Instituto Nacional de Desarrollo Social, publicado el 26 de julio de 2005 en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal para que regrese los recursos humanos, financieros, materiales, así como los archivos, documentación y acervos bibliográficos y toda personalidad y potestad jurídica al Instituto Nacional de Desarrollo Social.

Notas

1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639968&fecha=31/12/2021

2 https://www.gob.mx/indesol/que-hacemos

3 Ibid

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2022.

Diputada Laura Lorena Haro Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Banxico a diseñar los billetes de la serie G y demás subsecuentes con marcas hápticas más sensibles al tacto para los usuarios con debilidad visual, a cargo del diputado Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Manuel Rodríguez González , integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXV Legislatura, con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Comisión Permanente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Banco de México, a fin de diseñar los billetes de la serie G y demás subsecuentes con marcas hápticas más sensibles al tacto para los usuarios con alguna debilidad visual , al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Conforme al censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)1 del año 2020, el 16.5 por ciento de la población en México son personas con discapacidad, de ese porcentaje, esta cifra resulta de la suma de los 6 millones 179 mil 890 (4.9 por ciento) que fueron identificadas como personas con discapacidad, más 13 millones 934 mil 448 (11.1 por ciento) que indicaron tener alguna limitación para efectuar alguna actividad de la vida cotidiana como caminar, ver, escuchar, hablar o comunicarse.

En la infografía que presentó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que en cuanto a la distribución por edad, la mayor parte, que es del 40.9 por ciento, se concentra en el segmento de mayores de 60 años, después están los de 30 a 59 años, 29.8 por ciento, continuando con los de 18 a 29, 9.8 por ciento, y al final los menores de 17 años, 9,1 por ciento; esto es al contrario de lo que ocurre con la población sin discapacidad, donde el grupo de edad más grande se ubica entre la franja de edad de 30 a 59 años. Y en la medida en que la población vaya envejeciendo, aumentará la tasa de discapacidad.

Sobre el tipo de limitaciones que se reportaron en el Censo 2020, llama la atención la cantidad de personas que no pueden ver, aun usando anteojos, lo que se entiende como discapacidad visual, ya que ya es ligeramente superior a la cantidad de personas con alguna limitación para caminar, o discapacidad motriz.

Lo anterior nos da como resultado que en nuestro país existe una cantidad considerable de personas con discapacidad visual, pero esa discapacidad visual no los excluye de la actividad económica a la que se pudiera dedicar este sector de la población y por ende el manejo de recursos monetarios como lo son los billetes y monedas de circulación.

Independientemente que en la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 4o. y 5o. señala lo siguiente:

“Artículo 4o. Los billetes del Banco de México tendrán poder liberatorio ilimitado y deberán contener una o varias características que permitan identificar su denominación a las personas invidentes”.

“Artículo 5. Las monedas metálicas a que se refieren los incisos b) y siguientes del artículo 2o. de esta ley, tendrán poder liberatorio limitado al valor de cien piezas de cada denominación en un mismo pago.

Las citadas monedas deberán ser acuñadas de manera tal que sean identificables por las personas invidentes.”

De lo anterior, en las monedas acuñadas por el Banco de México, en la práctica, no hay tanto problema para identificarlas, sin embargo en los nuevos billetes emitidos de la serie G, sí existe dificultad para identificarlos independientemente de que el Banco central, en su publicación denominada “Nueva familia de billetes”, indica que se desarrollaron metodologías de análisis, estudios con centros de investigación, sesiones de trabajo con expertas y expertos procedentes de nueve instituciones reconocidas en el ámbito cultural, académico y de uso general, información que ha sido publicada por el Banco de México y consultas a la población mediante estudios de percepción y que en su numeral 4 señala que se realizaron:

4. Estudios de neurociencias 2 En 2014 se desarrollaron estudios entre la población mexicana para conocer sus respuestas y emociones en relación a los siguientes temas:

-Códigos inconscientes de la población alrededor del efectivo revelando las razones y motivaciones detrás de su uso, así como los hábitos y respuestas ante los billetes y monedas Anexo III. Estudio de neurociencias. Códigos inconscientes del efectivo (2014).

-Elementos de seguridad de los billetes de la familia actual y propuestas para la nueva familia, con el fin de conocer las reacciones neurofisiológicas que provocan en los mexicanos e identificar aquellos que despiertan más interés para facilitar su integración en el diseño de los billetes nuevos.

-Percepción háptica y visual de los billetes en circulación, prototipos de diseño de billetes y marcas táctiles para conocer las respuestas neurofisiológicas de los mexicanos e identificar patrones para el diseño de nuevos billetes.

De lo anterior en la práctica es de reconocer que la serie de los últimos billetes emitidos por el Banco de México sin duda alguna tienen un diseño visual atractivo para los usuarios en general, sin embargo el diseño dejo un poco de lado la inclusión las marcas hápticas más sensibles a la percepción de las personas con alguna discapacidad visual3 y con ello poder facilitar el uso de dichos billetes.

Es de señalar que el Banco de México, después de realizar varios estudios, diseñó una tablilla para facilitar a las personas con alguna discapacidad visual la identificación de denominaciones de billetes de la familia F. Dicha tablilla es un dispositivo fabricado en plástico, la cual permite al usuario identificar las diferentes denominaciones de los billetes basándose en su longitud, con la ayuda de un sistema de lectura Braille, conocido también como cecografía. La distribución de estas tablillas inició en noviembre de 2012.

Asimismo señala que, la nueva familia de billetes (familia G)4 se puso en circulación de forma gradual. La denominación de 500 pesos se puso en circulación el 27 de agosto de 2018; la de 200 pesos, el 2 de septiembre de 2019; la de 100 pesos, el 12 de noviembre de 2020; la de 1,000 pesos, el 19 de noviembre de 2020, el billete de 20 pesos, conmemorativo del bicentenario de la Independencia Nacional, el 24 de septiembre de 2021, y el billete de 50 pesos se puso en circulación el 28 de octubre de 2021.

Además de la variación de longitud entre una y otra denominación consecutiva, las denominaciones de la familia G tienen marcas con relieve para personas con discapacidad visual, las cuales son diferentes a las empleadas en la familia F. Por lo anterior, el Banco de México diseñó una nueva tablilla que sirve para identificar la denominación de los billetes de ambas familias (F y G). La distribución de esta tablilla inició con la puesta en circulación del billete de 200 pesos, es decir, en septiembre de 2019. Sin embargo ha faltado difusión para el acceso y entrega de dicha tablilla identificadora de los billetes.

Compañeras y compañeros legisladores, la inclusión de las personas con alguna discapacidad es esencial ya que siempre han formado y seguirán formando parte del proceso productivo y andamiaje económico de nuestro país y de cualquier otro país en el mundo, diseñemos estrategias de inclusión más accesibles para todos ellos. Garanticemos a las personas con discapacidad visual el goce y ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás personas.

Por lo anterior expuesto y fundado, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Banco de México a diseñar los billetes de la serie G y demás subsecuentes con marcas hápticas más sensibles al tacto para los usuarios con alguna debilidad visual.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Banco de México a implementar una campaña de difusión para el acceso y entrega de la tablilla en braille para identificar la denominación de los billetes.

Notas

1 https://www.inegi.org.mx/temas/discapacidad/

2 Realizados por la empresa MindCode México.

3 https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vjAi5iTXJe4J:http s://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/106810/discapacidad-visual.p df+&cd=12&hl=es&ct=clnk&gl=mx&client=firefox-b-d

4 https://www.banxico.org.mx/servicios/tablilla-billetes-discapacida.html

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2022.

Diputado Manuel Rodríguez González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y las autoridades escolares a valorar la viabilidad de continuar las clases presenciales ante el aumento de contagios de Covid-19 en todo el país, a cargo de la diputada Cristina Ruiz Sandoval, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada federal Cristina Ruiz Sandoval , y a nombre de las diputados y diputados Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracciones II y III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La epidemia de Covid-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como emergencia de salud pública internacional, el 30 de enero de 2020. La pandemia se ha extendido por varios países impactando en poco tiempo a todo el mundo, actualmente se vive una cuarta ola de contagios con consecuencias en el aumento de personas hospitalizadas, defunciones y la discusión sobre la necesidad de imponer nuevamente restricciones a la población.1

Desde que el SARS-CoV-2, se extendió por todo el mundo a generando diferentes variantes pues cuando un virus se propaga ampliamente y ocasiona numerosas infecciones, aumentan las probabilidades de que se produzcan mutaciones. Lamentablemente las variantes del Covid-19 continúan impactado a millones de vidas y afectado gravemente a todos los sectores poblacionales principalmente a los más vulnerables.

Reportes epidemiológicos confirman la propagación y el predominio de la variante ómicrom a nivel mundial: El director general de la OMS advirtió que la nueva variante se expande “a un ritmo que no habíamos visto en ninguna de las variantes anteriores”, por lo que urgió a los gobiernos a tomar medidas para evitar el aumento de los contagios.2

Con la variante ómicron los casos de Covid-19 a nivel global han aumentado en un 70 por ciento, de acuerdo con cifras reportadas entre el 27 de diciembre al 2 de enero. Según el informe epidemiológico de la OMS, en la última semana de diciembre hubo 9.5 millones de contagios confirmados, una cifra que casi duplica los anteriores récords semanales. Se estima que América es el continente donde el aumento de casos fue mayor en un 100 por ciento.3 Ante el aumento países como Holanda, Francia y Hong Kong impusieron nuevamente restricciones a las festividades decembrinas y limitaron vuelos comerciales.4

Por su parte, en México, la Secretaría de Salud reportó que el 5 de enero se sumaron 20 mil 626 contagiados en 24 horas;5 hasta el momento se han contabilizado más de 4 millones de casos totales. Asimismo, se registraron en nuestro país 130 defunciones en 24 horas para llegar a un total de 300 mil 412 muertes a causa del coronavirus.6

Preocupa que a lo largo del país se repiten las escenas de largas filas de personas esperando la aplicación de pruebas para determinar su posible contagio, así mismo, se destaca la escases de los reactivos de dichas pruebas, sentando las bases de un posible subregistro de contagiados

Los 10 estados que acumulan el mayor número de casos son: Ciudad de México, estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz, Sonora y San Luis Potosí, que en conjunto conforman el 65 por ciento de los acumulados registrados en el país.7

Preocupa que con esta nueva variante se registra un aumento en el contagio de menores de edad, tan solo en Estados Unidos se confirmó un creciente número de contagios y hospitalizaciones por Covid-19 en la población más joven. En promedio son 672 niños internados a diario durante la última semana, la cifra más alta desde que inició la pandemia hace dos años según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Muchos de los menores afectados no tienen la edad suficiente para ser vacunados. Y es que la nueva versión del virus se convirtió en la más dominante en el vecino país; en solo cuatro semanas pasó de un estimado del 8 por ciento de los nuevos contagios al 95 por ciento.8

Los niños pequeños e incluso los recién nacidos están siendo afectados por ómicron a un ritmo mayor que como ocurrió con delta y otras variantes del coronavirus. Preocupa que al no ser elegibles todavía para recibir las vacunas contra Covid-19, los niños menores de 5 años son quienes están llenando las salas de los hospitales.9

En este mismo sentido, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) reportó en noviembre pasado que en 87 países los infantes, adolescentes y menores de 20 años representan uno de cada nueve infectados por Covid-19, es decir, constituyen el 11 por ciento de los 25.7 millones de infecciones notificadas por estos países.10

Por su parte, cifras de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), hasta el 22 de agosto de 2021, las autoridades reportaron más de 156 mil contagios acumulados de SARS-CoV-2 en menores de edad.11

Asimismo, debemos tener presente que en nuestro país solo se ha logrado vacunar a cerca de 50 por ciento de la población12 y que el segmento de personas vacunadas es a parir de los 15 años de edad, lo que significa que las y los niños menores de 15 años aún se encuentran desprotegidos frente al coronavirus.

Los anteriores datos generan preocupación ante el retorno a clases presenciales por parte de los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria a partir del 3 de enero de 2022, de acuerdo con el calendario oficial. Pese a la fecha establecida por las autoridades escolares en ciertos estados se retrasó el regreso hasta después de los festejos de Reyes Magos, mientras que otros optaron por implementar una especie de cuarentena para después informar la nueva fecha del retorno a los planteles, en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no es necesario el regreso a clases a distancia.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública se declaró lista para el regreso a los planteles en la fecha estipulada tras el período vacacional de invierno, también anunció en voz de su titular, Delfina Gómez, que respetarán las decisiones de las autoridades estatales de no volver a las aulas ante el repunte del coronavirus, especificando que con el retorno a las aulas “se garantizará el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes”.13

Ante el regreso a clases, el doctor Alejandro Macías, ex comisionado de influenza en México; el doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo; y el doctor Guillermo Torre, rector de TecSalud y vicepresidente de Investigación del Tec de Monterrey, recomendaron que el regreso a clases de niñas, niños y adolescentes sea de forma paulatina y evitar la reapertura total durante un pico de contagios de Covid-19.14

Entendemos la importancia de observar el principio del interés superior de la niñez, y garantizar sus derechos a la salud, a la educación y al sano esparcimiento, así como la obligación de establecer políticas dirigidas al desarrollo de la niñez, como lo establece nuestro artículo cuarto constitucional. Pero entendemos que el retorno a clases presenciales de manera generalizada tendrá un impacto negativo en el desarrollo de la pandemia y en la salud de las familias mexicanas.

De allí la trascendencia del punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública y autoridades escolares para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, valoren la viabilidad de continuar con las clases presenciales ante el aumento de contagios por Covid-19 en todo el país, con la intención de salvaguardar la vida y la salud de las niñas, niños y jóvenes.

Consideramos de vital importancia que la Secretaría de Educación Pública y autoridades escolares den certeza y garanticen el derecho a la salud de las y los estudiantes ante el regreso a clases presenciales, invitamos a las autoridades educativas del país que generen condiciones para que los menores continúen su aprendizaje a distancia en lo que se disminuye las posibilidades de contagio ante la presencia de la variante ómicron en el país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública y autoridades escolares para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, valoren la viabilidad de continuar con las clases presenciales ante el aumento de contagios por Covid-19 en todo el país, con la finalidad de salvaguardar la salud de las y los educandos.

Notas

1 La OMS caracteriza a Covid-19 como una pandemia https://www3.paho.org/hq/
index.php?option=com_content&view=article&id=15756:who-characterizes-covid-19-as-a-pandemic&
Itemid=1926&lang=es

2 Ibid

3 OMS dice que las muertes por Covid siguen bajando, pese al “tsunami ómicron” https://www.dw.com/es/oms-dice-que-las-muertes-por-covid-siguen-bajando -pese-al-tsunami-%C3%B3micron/a-60352212

4 Confinamiento, celebraciones pequeñas y restricciones de viaje, países refuerzan medidas por ómicron https://www.animalpolitico.com/2021/12/confinamiento-celebraciones-rest ricciones-paises-omicron/

5 Infobae

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/06/corona virus-en-mexico-al-5-de-enero-se-registraron-20626-nuevos-contagios-la- cifra-mas-alta-desde-septiembre/

6 https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/11/coronavirus-en-mexico -al-10-de-enero-se-registraron-11-mil-052-contagios-y-78-muertes-en-el- ultimo-dia/

7 Ibid

8 Las hospitalizaciones de niños por Covid-19 marcan récord en Estados Unidos

https://www.france24.com/es/ee-uu-y-canad%C3%A1/20220105 -estados-unidos-ni%C3%B1os-covid19-hospitalizaciones

9 Ibid

10 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) (2020). El Covid-19 sí afecta a los niños y la pandemia puede dejar una “generación perdida”. Sitio web:

https://news.un.org/es/story/2020/11/1484262

11 Reportan pico de contagios de Covid-19 en niños (2021). Sitio web:

https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/
reportan-pico-de-contagios-de-covid-19-en-ninos/ar2250325

12 Statista https://es.statista.com/estadisticas/1207749/porcentaje-vacunados-inmun izados-covid-19-mexico/

13 https://www.terra.com.mx/nacionales/2022/1/6/
sep-pueden-obligar-mi-hijo-al-regreso-clases-presenciales-en-enero-de-2022-22646.html

14 https://www.terra.com.mx/nacionales/2022/1/6/
sep-pueden-obligar-mi-hijo-al-regreso-clases-presenciales-en-enero-de-2022-22646.html

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2022.

Diputada Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al SAT a vigilar de manera permanente el cumplimiento regulatorio respecto a las especificaciones técnicas de funcionalidad y seguridad de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos, a cargo del diputado Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Manuel Rodríguez González , integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXV Legislatura, con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Comisión Permanente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Servicio de Administración Tributaria a vigilar de manera permanente el cumplimiento regulatorio respecto a las especificaciones técnicas de funcionalidad y seguridad de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En la LXIV legislatura de la Cámara de Diputados, en el primer periodo de la Comisión Permanente del tercer año, el ex diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni, del Grupo Parlamentario de Morena, con fecha del 27 de enero de 2021, presentó una proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a vigilar de manera permanente el cumplimiento regulatorio sobre las especificaciones técnicas de funcionalidad y seguridad de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos implantadas por el SAT o unidades de verificación acreditadas o proveedores de verificación autorizados.

Sin embargo, el pasado 30 de agosto del 2020, se abrogó la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, dándole apertura a la Ley de Infraestructura de la Calidad, en ese sentido y por actualización jurídica y legislativa se le dio seguimiento y actualización con la presente proposición con punto de acuerdo, salvaguardando el objeto y materia de la entonces proposición con punto de acuerdo del ex diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni, quedando la presente al tenor de lo siguiente:

Conforme al artículo 22, fracción II, de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), los Órganos Reguladores a través de su Órgano de Gobierno, tienen la atribución de expedir, supervisar y vigilar el cumplimiento de la regulación aplicable a quienes realicen actividades reguladas en el ámbito de su competencia.

En tal sentido, con la finalidad de promover el desarrollo eficiente del sector energético, el SAT se encuentra facultado para emitir y supervisar el cumplimiento de la regulación en materia de control volumétrico tal y como lo establecen de conformidad con el artículo 28, fracción I, apartado B, primero, segundo, tercero, cuarto y sexto párrafos del Código Fiscal de la Federación (CFF) y el Capítulo 2.6. “De los controles volumétricos, de los certificados y de los dictámenes de laboratorio aplicables a hidrocarburos y petrolíferos” de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF), las especificaciones técnicas de funcionalidad y seguridad de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos de hidrocarburos o petrolíferos.

Los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos de hidrocarburos o petrolíferos deben cumplir las siguientes funcionalidades:

I. Permitir la generación de los registros de volumen a través de sistemas de medición;

II. Permitir la recopilación y almacenamiento de la siguiente información, a través de un programa informático

a) Los registros del volumen a que se refiere la fracción anterior;

b) La información contenida en los dictámenes que determinen el tipo de hidrocarburo o petrolífero a que se refiere el Anexo 32;

c) La información de los CFDI asociados a la adquisición y enajenación de dichos bienes o, en su caso, a los servicios que tuvieron por objeto tales bienes.

I. Permitir que la información a que se refiere la fracción anterior sea procesada a fin generar reportes de información diarios y mensuales, de conformidad con el apartado 30.6. de este Anexo.

Los reportes mensuales a que se refiere la fracción III del presente apartado, deberán ser enviados por los contribuyentes indicados en la regla 2.6.1.2. al SAT, en la periodicidad establecida en la regla 2.8.1.7., fracción III.

En tal sentido, con la finalidad de promover el desarrollo eficiente del sector energético, el Servicio de Administración Tributaria se encuentra facultado para emitir y supervisar el cumplimiento de la regulación en materia de Control Volumétrico de Hidrocarburos y Petrolíferos, tal y como lo establecen en el siguiente artículo de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos:

“Artículo 63. La Secretaría podrá instruir al Servicio de Administración Tributaria la realización de las auditorías y visitas a que se refiere la fracción VII del apartado B del artículo 37 de esta Ley.

Transitorios

Octavo. Para efectos de lo previsto en el artículo 107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá incluir en los informes trimestrales información sobre los costos recaudatorios de las medidas que representan un gasto fiscal, así como de los beneficiarios de dichos mecanismos, contenidos en los decretos que emita el Ejecutivo Federal en el ejercicio de las facultades conferidas en las fracciones II y III del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación durante el trimestre que se reporta.”

Si bien es cierto, en la abrogada Ley Federal sobre Metrología y Normalización se establecía en los artículos:

“Artículo 1o. La presente Ley regirá en toda la república y sus disposiciones son de orden público e interés social. Su aplicación y vigilancia corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de las dependencias de la administración pública federal que tengan competencia en las materias reguladas en este ordenamiento.

Artículo 84. Las unidades de verificación podrán, a petición de parte interesada, verificar el cumplimiento de normas oficiales mexicanas, solamente en aquellos campos o actividades para las que hubieren sido aprobadas por las dependencias competentes.

Artículo 85. Los dictámenes de las unidades de verificación serán reconocidos por las dependencias competentes, así como por los organismos de certificación y en base a ellos podrán actuar en los términos de esta Ley y conforme a sus respectivas atribuciones.

Artículo 86. Las dependencias podrán solicitar el auxilio de las unidades de verificación para la evaluación de la conformidad con respecto de normas oficiales mexicanas, en cuyo caso se sujetarán a las formalidades y requisitos establecidos en esta Ley.”

La actual Ley de Infraestructura de la Calidad que sustituyó el 1 de julio de 2020 a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización considera dentro de sus artículos transitorios dicha evaluación, verificación y controles volumétricos en su artículo:

“Transitorio

Octavo. Las disposiciones administrativas en materia de normalización, estandarización, evaluación de la conformidad y metrología, en particular las relativas a la elaboración de normas oficiales mexicanas y a la aprobación de los organismos nacionales de normalización, organismos de certificación, laboratorios de prueba y de calibración y unidades de verificación, contenidas en otros ordenamientos; emitidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, continuarán vigentes en todo lo que no se le oponga, hasta en tanto se expidan las disposiciones que las sustituyan con arreglo a la misma”.

Lo anterior sin menoscabo del establecido en la Resolución de la Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2022, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 12 de noviembre de 2022, sobre los controles volumétricos de hidrocarburos o petrolíferos.

Aunado a lo anterior, la “Ley de Infraestructura de la Calidad” considera dentro de sus atribuciones:

Objeto de la Ley y Atribuciones de las Autoridades

“Artículo 1o. La presente Ley es de orden público e interés social y sus disposiciones son de observancia general y obligatoria en todo el territorio nacional. Esta Ley tiene por objeto fijar y desarrollar las bases de la política industrial en el ámbito del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, a través de las actividades de normalización, estandarización, Evaluación de la Conformidad y metrología, promoviendo el desarrollo económico y la calidad en la producción de bienes y servicios, a fin de ampliar la capacidad productiva y el mejoramiento continuo en las cadenas de valor, fomentar el comercio internacional y proteger los objetivos legítimos de interés público previstos en este ordenamiento”.

Mecanismos y Reglas para la Evaluación de la Conformidad

“Artículo 62. Los Organismos de Evaluación de la Conformidad podrán evaluar la conformidad a petición de parte, para fines particulares, oficiales, de importación o de exportación. Los resultados de la Evaluación de la Conformidad se harán constar por escrito.”

Mecanismos y Reglas para la Evaluación de la Conformidad

“Artículo 68. Las autoridades competentes deberán reconocer los resultados de la Evaluación de la Conformidad realizados por los Organismos de Evaluación de la Conformidad.”

Mecanismos y Reglas para la Evaluación de la Conformidad

“Artículo 66. Solo cuando no existan Organismos de Evaluación de la Conformidad acreditados y aprobados, sujeto a lo previsto en el Reglamento de esta Ley, las Autoridades Normalizadoras podrán llevar a cabo la evaluación de la conformidad de manera directa o recurrir al Centro Nacional de Metrología, los Institutos Designados de Metrología o instituciones de investigación y de enseñanza superior especializadas en la materia o sector objeto de las normas, así como a cualquier otra entidad reconocida para esos efectos por la Autoridad Normalizadora de que se trate.”

Con base en lo mencionado, es muy importante enfatizar que la “Ley de Infraestructura de la Calidad” considera en el:

Título Quinto
De la Integración y Organización del Sistema para la Evaluación de la Conformidad

Capítulo II
De las Entidades de Acreditación y Los Organismos de Evaluación de la Conformidad

Artículo 54. Solo podrán operar como Organismos de Evaluación de la Conformidad aquéllos que estén acreditados ante una Entidad de Acreditación.

Respecto a las regulaciones de calidad del gas natural, y petrolíferos las normas oficiales son las siguientes:

a) Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010 Especificaciones del gas natural.

b) Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos.

Las especificaciones de calidad deben ser evaluadas por la misma unidad de verificación que lleva a cabo la evaluación de la conformidad de los anexos de la Miscelánea Fiscal (cantidad y programas informáticos); evaluando tanto cantidad como calidad encontrando estandarizar con las verificaciones de los lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que con un solo documento, y de esta manera una sola unidad de verificación realiza la evaluación de la conformidad total.

Las unidades de verificación que lleven a cabo la evaluación de la conformidad deben tener la competencia técnica demostrable, el personal técnico que lleva a cabo las verificaciones debería aprobar exámenes de auditoría y calidad de hidrocarburos en el Centro Nacional de Metrología porque se requieren competencias en materia de trazabilidad metrológica, metrología de densidad, metrología de flujo, metrología de volumen, metrología de presión, metrología de temperatura, cromatografía, métodos de muestreo, incertidumbre de la medición, termodinámica, ISO 19011, confirmación metrológica, Ley de hidrocarburos, ISO 17020, ISO 10012, estándares, normas y recomendaciones ISO, GPA, API, AGA, ASTM, etc.

En toda la cadena de valor del sector energético, la medición tanto del volumen como de la calidad de los hidrocarburos y petrolíferos, cobra una especial relevancia; no solamente como factor de confianza, certeza legal y transparencia en la aplicación del marco regulatorio; sino también como un mecanismo y oportunidad para ampliar los ingresos tributarios de las arcas nacionales; en momentos donde se enfrentan los mayores estragos del virus SARS-CoV2 (Covid-19), cuyos efectos para la economía global representan la peor caída del Producto Interno Bruto por habitante desde 1870, de acuerdo al Global Economic Prospects del Banco Mundial.

Ante este panorama, el Estado mexicano, con base en el mandato constitucional que establece las áreas estratégicas estarán a cargo del sector público, ha tomado la decisión de asumir y fortalecer su posición rectora en el sector eléctrico a través de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional; por lo tanto, el sector de los hidrocarburos, no puede ser la excepción, ni mucho menos quedar rezagado en el cumplimiento del marco regulatorio, sobre todo si afecta la capacidad recaudatoria de la Hacienda Pública.

Llevar a cabo la correcta cuantificación de la masa y volumen de los hidrocarburos en todo la cadena de valor, además de ser una obligación estipulada en el andamiaje jurídico del sector energético que se tiene que hacer valer y cumplir; es una forma de contribuir a la cruzada por el cambio de la cultura fiscal que lleva a cabo el Servicio de Administración Tributaria, para que se tenga claro que las reglas del juego en materia tributaria es que todo deben cumplir con su obligación de pagar impuestos, sobre todo en esta emergencia sanitaria, donde se busca que aumente la recaudación primaria, sin necesidad de llegar al extremos de la fiscalización.

El objetivo central es hacer cumplir con carácter de urgente la normatividad en materia de medición para apoyar la políticas públicas del Estado Mexicano enfocadas a enfrentar los efectos económicos de la pandemia; a través del incremento de la recaudación de impuestos y reduciendo las posibilidades de evasión fiscal; y de esta manera tenga mejores condiciones financieras para cumplir con sus funciones básicas de intervención en el proceso económico para reactivarlo a través de la inversión social y crecimiento del gasto público, elementos indispensables para la recuperación e impulso de la planta productiva del país.

Derivado de lo anterior, la regulación en materia de medición aplicada como parte de los mecanismos de supervisión del SAT de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, contribuyen a controlar actividades ilícitas como el –huachicol-. Las regulaciones representan un bien del orden público e interés social, así como el blindaje de la seguridad nacional en materia de hidrocarburos y petrolíferos y cada órgano en el marco de sus competencias.

Como legisladores, tenemos la responsabilidad de sumar esfuerzos para lograr beneficios en el sector energético. Con la aplicación del marco jurídico correspondiente se puede lograr el correcto funcionamiento de la industria de hidrocarburos y una economía más dinámica.

Por lo anterior expuesto, presento al pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de autonomía constitucional, exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria a vigilar de manera permanente el cumplimiento regulatorio a la totalidad de los contribuyentes respecto conforme a la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2022 en cuanto a las “Especificaciones técnicas de funcionalidad y seguridad de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos”, así como a las Normas Oficiales Mexicanas, lineamientos y Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de medición aplicables a la actividad de transporte por ducto y almacenamiento de hidrocarburos y petrolíferos.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de autonomía constitucional, exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria, a implementar en forma escalonada el cumplimiento regulatorio a los contribuyentes conforme se acrediten nuevas unidades de verificación.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión con pleno respeto al principio de autonomía constitucional, exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria a remitir a esta soberanía a través del “Informe tributario y de Gestión” que emite trimestralmente, información sobre el avance de la aplicación del presente exhorto respecto de las verificaciones a los sistemas de medición de hidrocarburos, petróleo y petrolíferos, sanciones y demás información relevante.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2022.

Diputado Manuel Rodríguez González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y los sectores privado y social a considerar e incorporar en las estrategias y acciones por implantar con motivo de la ejecución del Pronapinna la nueva realidad económica, social y cultural a que se enfrentan la infancia y la adolescencia en el país, suscrita por la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Yolanda de la Torre Valdez , diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

I. Antecedentes

Con fecha 31 de diciembre de 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2021-2024, programa especial derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

El programa fue elaborado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes como lo contempla la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), considerando la participación de niñas, niños y adolescentes, así como representantes del sector público, privado y social.

En el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación1 se menciona que durante los meses de marzo a septiembre de 2019 se llevó a cabo un proceso de consulta con diversos actores, incluidas niñas, niños y adolescentes, para incorporar sus opiniones y propuestas en el PND y el Pronapinna:

-OpiNNA ¡Qué buen Plan! (39) El sondeo en línea permitió captar opinión y propuestas de un poco más de 146 mil personas entre 8 y 17 años.

-Foros Estatales “Los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la construcción para el Desarrollo”, de los cuales se obtuvo la opinión in situ que fortaleció los hallazgos de OpiNNA. En este proceso participaron 672 niñas, niños y adolescentes y 739 personas adultas.

-Consulta con la Red Nacional de Adolescentes. 54 adolescentes y jóvenes con experiencias de participación previas y con una amplia visión crítica del estado de la situación que guardan la garantía de sus derechos humanos a través de un cuestionario en línea.

-Mesas de Trabajo, en las que participaron 69 personas representantes de 52 instancias del sector público y sociedad civil. En éstas se revisó el diagnóstico de la situación de la niñez y adolescencia y se definieron las acciones puntuales del Programa.

Se detalla también que su ejecución estará a cargo de 55 dependencias y entidades de la APF, y su seguimiento y monitoreo a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sesipinna).

Es necesario destacar que con el cambio de administración se mantuvo al mismo secretario ejecutivo Ricardo Bucio hasta febrero de 2021, quien fungió como titular de la Secretaría Ejecutiva desde octubre de 2015 y fue uno de los principales promotores de la creación del Sipinna y actualmente se encuentra Constanza Tort San Román como jefa de despacho.

En el mismo sentido se detalla que el programa observa para su elaboración, además, los principios rectores establecidos en el artículo 6 de la referida LGDNNA, como el interés superior de la niñez (ISN); la igualdad sustantiva, la no discriminación y la inclusión; la participación y la interculturalidad, entre otros.

Y contiene las políticas, objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores prioritarios en materia de ejercicio, respeto promoción y protección integral de niñas, niños y adolescentes.

II. Normatividad

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece en su artículo 25 el proceso de planeación de la administración Pública Federal precisando que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, para lo es necesario un sistema de planeación democrática contemplado en el artículo 26, dicha planeación debe sustentarse en procesos de consulta amplios con la participación de los diversos sectores de la población.

La LGDNNA establece en sus artículos 17, fracción III y 141 que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, a través del Sistema Nacional de Protección Integral, así como los sectores privado y social, y las propias niñas, niños y adolescentes, participarán en la elaboración y ejecución del Pronapinna.

La obligación de elaborar y aprobar en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Pronapinna, está contemplada en los artículos 125, fracción VII y 130, fracción II de la LGDNNA conforme al artículo 26 de la Ley de Planeación.

III. Contendido del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2021-2024

Los principales cambios esperados derivados de la implementación de este Programa son:

1. Garantizar a niñas, niños y adolescentes el acceso y ejercicio de sus derechos humanos relacionados con la supervivencia y el desarrollo;

2. Proteger integralmente a niñas, niños y adolescentes cuando sea violentado alguno de sus derechos o han sido víctimas de delitos, y

3. Generar un cambio cultural que garantice y proteja los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y su Interés Superior.

Dentro de los objetivos prioritarios se encuentran:

1. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos relacionados con la supervivencia, que incluye el acceso a la protección de la salud y a la seguridad social, alimentación adecuada, salud mental, prevención y atención integral de las adicciones, identidad y derechos sexuales y reproductivos, de todas las niñas, niños y adolescentes.

2. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos relacionados con el desarrollo, que incluye el acceso a la educación, vivienda digna, entornos de bienestar y medio ambiente saludable, de todas las niñas, niños y adolescentes.

3. Proteger integralmente y restituir los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que han sido vulnerados o que han sido víctimas de delitos.

4. Generar un cambio cultural en el que se reconozca a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y se les coloque al centro del diseño y ejecución de las acciones necesarias para la protección de sus derechos humanos y su interés superior.

Dentro de las estrategias prioritarias se encuentran:

1. Asegurar el acceso universal de niñas, niños y adolescentes a servicios de salud gratuitos y de calidad para garantizar su sano desarrollo integral en cada una de las etapas del ciclo de vida.

2. Asegurar el acceso de niñas, niños y adolescentes a una adecuada nutrición y acciones que promuevan estilos de vida saludables, para contribuir a la prevención y el combate de la desnutrición, el sobrepeso y obesidad.

3. Garantizar los mecanismos que aseguren la prevención y atención integral de los problemas de salud mental y consumo de sustancias en niñas, niños y adolescentes, para su bienestar integral y pleno desarrollo.

4. Impulsar el diseño, desarrollo e implementación de una estrategia integral y multisectorial dirigida a la primera infancia, basada en atención especializada con énfasis en la identidad salud, nutrición, educación y cuidados, que garantice una vida sana y promueva el bienestar de niñas y niños menores de 5 años.

5. Promover el acceso y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes, para el disfrute pleno de su sexualidad, de acuerdo con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez; así como para prevenir el embarazo adolescente y erradicar el embarazo infantil.

6. Lograr el acceso de todas las niñas, niños y adolescentes al Sistema Educativo Nacional, garantizando su permanencia, participación, aprendizaje y conclusión oportuna de la educación obligatoria con calidad, así como con infraestructura y equipamiento adecuados, en condiciones de igualdad, equidad e inclusión, y en entornos de convivencia pacífica y armónica.

7. Impulsar acciones para erradicar la pobreza que viven niñas, niños y adolescentes.

8. Promover acciones dirigidas a contar con entornos de bienestar y preservación del medio ambiente saludable, que contribuyan a asegurar el pleno desarrollo y participación de niñas, niños y adolescentes.

9. Promover que niñas, niños y adolescentes habiten en viviendas dignas y seguras con acceso a energía eléctrica, combustible de uso cotidiano, agua potable, saneamiento y manejo de residuos, para contribuir a su sano desarrollo.

10. Fortalecer los entornos familiares, disminuir la institucionalización de niñas, niños y adolescentes, homologar procedimientos de adopción y regularizar los Centros de Asistencia Social, para garantizarles condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral.

11. Implementar acciones integrales para garantizar, proteger y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes Migrantes y Solicitantes de la Condición de Refugiado.

12. Implementar acciones para proteger integralmente a las y los adolescentes en conflicto con la ley.

13. Impulsar la erradicación del trabajo infantil y proteger de manera integral los derechos de las y los adolescentes trabajadores en edad permitida.

14. Implementar acciones en materia de prevención, protección, atención y respuesta a la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes, para garantizarles el derecho a la integridad personal.

15. Promover que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a una cultura de protección civil para contar con la preparación necesaria para hacer frente a desastres naturales o cualquier situación de riesgo.

16. Implementar mecanismos de participación efectiva, equitativa y sistemática de niñas, niños y adolescentes en todos los ámbitos en que se desarrollan para garantizar su intervención en la toma de decisiones de las acciones y políticas dirigidas a ellas y ellos.

17. Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en la vida cultural, así como el acceso a actividades artísticas, físicas, deportivas y de esparcimiento en condiciones de igualdad para su desarrollo

18. Garantizar que la difusión y comunicación social del sector público, así como los contenidos de los medios de comunicación públicos y privados, incorporen el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes con perspectiva de género e interculturalidad.

19. Asegurar a las niñas, niños y adolescentes el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación, mediante la reducción de la brecha digital, así como fomentar la navegación segura en internet.

20. Implementar acciones para la sensibilización, capacitación, formación y profesionalización del servicio público, con un enfoque que difunda y observe los derechos de niñas, niños y adolescentes y perspectiva de género e interculturalidad.

21. Fortalecer la coordinación multisectorial y entre órdenes de gobierno, así como con los sectores privado y social, para garantizar la protección y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

IV. Estadísticas.

Recientemente el Unicef3 realizó un sondeo con la finalidad de conocer el impacto del Covid-19 en la salud mental de adolescentes y jóvenes, los datos que se obtuvieron muestran el enorme impacto que la pandemia ha provocado en jóvenes de Latinoamérica y el Caribe.

Dentro de los principales hallazgos se encuentra que de 8 mil 444 adolescentes y jóvenes de 13 a 29 años, 27 por ciento siente ansiedad y 15 por ciento depresión, siendo la situación económica lo que más influye en sus emociones del 30 por ciento de los participantes.

En el mismo sentido, una de cada dos personas siente menos motivación para realizar actividades que normalmente disfrutaba y el 36 por ciento se siente menos motivada para realizar actividades habituales.

Aunando a lo anterior se puede apreciar que la percepción sobre el futuro se ha visto afectada negativamente, ya que el 43 por ciento de las jóvenes se siente pesimista frente al futuro en comparación con el 31 por ciento de los jóvenes.

Los datos que causan alarma son los relacionaos con la necesidad de pedir ayuda en relación con su bienestar físico y mental, ya que 73 por ciento de los participantes ha sentido necesidad de pedir ayuda, sin embargo, 40 por ciento no la pidió a pesar de necesitarla.

V. Justificación

La pandemia de Covid-19 terminó por evidenciar la enorme brecha de desigualdad que persiste en nuestra sociedad, el acceso a los servicios sigue siendo diferenciado, y las condiciones económicas y sanitarias han terminado de agravar los niveles de marginación que padecen en mayor medida los grupos vulnerables, sometiéndoles a situaciones complejas que impiden el acceso y ejercicio pleno de sus derechos.

Temas en los que parecía que habíamos avanzado necesitan replantarse para considerar la nueva realidad económica, social y cultural a la que nos enfrentamos, sobre todo cuando se trata de garantizar todos los derechos para todas las personas y avanzar en la construcción de una sociedad más incluyente y accesible.

La infancia y la adolescencia de nuestro país actualmente se enfrentan a enormes desafíos y problemas como lo son la malnutrición infantil, las enfermedades de salud mental, el acceso diferenciado a los servicios, la pobreza y desigualdad, la deserción escolar, el aislamiento y la soledad, la violencia en sus hogares, la poca interacción social, la brecha digital, entre otros, cada uno de ellos problemas que pueden repercutir de manera negativa en su futuro y en el de futuras generaciones, sobre todo si no contemplamos o seguimos minimizamos el impacto que ha teniendo y tendrá un cambio tan radical en tan poco tiempo en la vida de niñas, niños y adolescentes.

Es por ello por lo que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como los sectores privado y social deben participar activamente en la ejecución del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2021-2024, pero sobre implementar estrategias y acciones que contemplen la nueva realidad que amenaza con condenar a futuras generaciones si no asumimos el desafío y replanteamos las políticas y programas que tiene como objetivo garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos para todas las personas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como a los sectores privado y social, a que dentro de las estrategias y acciones que implementen con motivo de la ejecución del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2021-2024 (Pronapinna) contemplen e incorporen la nueva realidad económica, social y cultural a la que se enfrentan la infancia y la adolescencia en nuestro país.

Notas

1 Consultado en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639886&fecha=31/12/2021&print=true

2 Recuperado en https://www.unicef.org/lac/el-impacto-del-covid-19-en-la-salud-mental-d e-adolescentes-y-j%C3%B3venes

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2022.

Diputada Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia a favor de las acciones realizadas por el canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, en materia de tráfico ilícito y control de armas en el Consejo de Seguridad de la ONU, a cargo de las diputadas María Guadalupe Chavira de la Rosa y Claudia Delgadillo González, de los Grupos Parlamentarios de Morena y PVEM, respectivamente, y suscrita por la diputada Olga Leticia Chávez Rojas, de Morena

Quienes suscriben, María Guadalupe Chavira de la Rosa y Olga Leticia Chávez Rojas , diputadas de la LXV Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, y Claudia Delgadillo González , diputada de la LXV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos señala1 que para 2018, nuestro país experimentaba la tasa de homicidios más alta registrada en toda su historia, donde dos de cada tres homicidios son cometidos con armas de fuego.

El 70 por ciento de las armas recuperadas y rastreadas en las diversas escenas del crimen en México provienen de los Estados Unidos.

Con cálculos del Inegi y de la Secretaría de la Defensa Nacional, se estima2 que a nuestro país llegan unas 200 mil armas cada año, en las que 41 por ciento provienen de Texas; 19 por ciento de California, y 15 por ciento de Arizona. La mayoría son rifles y pistolas semiautomáticas.

Con las armas que entran por la frontera con Estados Unidos se perpetran delitos que laceran el tejido social.

Por ejemplo, en el aspecto económico, los datos3 de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2019 permiten saber que los delitos cometidos con mayor frecuencia contra las empresas el 21.5 por ciento del total corresponde a robo o asalto4 de mercancía, dinero, insumos o bienes.

Además, en 41.2 por ciento de los delitos, un empleado o dueño del negocio estuvo presente al momento del hecho delictivo y, de estos casos, en 18.5 por ciento de las ocasiones los delincuentes portaban algún tipo de arma.

En el aspecto social, mientras que de 2011 a 2013 el 63 por ciento de las víctimas5 de los de los delitos reportados fueron mujeres, con un total de 5 millones 213 mil 277 delitos. Para 2019 casi seis de cada diez mujeres fueron6 asesinadas con un arma de fuego.

El problema es grave debido a la laceración que produce en el tejido social, así como por la víctimas y deudos que deja tras de sí, el uso de armas de fuego de ilegal procedencia en algún delito.

Mientras tanto la Campaña de Canje de Armas de Fuego que emprende la Sedena junto con los gobiernos de las entidades federativas ha tenido resultados significativos.

En el periodo de diciembre de 2012 al 2018, la Campaña captó7 96 mil 775 armas de fuego, 630 granadas, 2 millones 958 mil 656 cartuchos de diferentes calibres y 50 mil 278 cargadores.

Por todos esos motivos, la Cancillería mexicana presentó el pasado 4 de agosto de 2021, una demanda contra 9 fabricantes y dos distribuidores de armas.8

Entre sus consideraciones, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón señaló que como propósitos, la demanda tiene por objeto que las empresas demandadas compensen al gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes.

También expuso que dichos fabricantes desarrollen e implementen estándares razonables verificables para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores, porque las empresas lo saben, argumentan que cuando salen a venta y a comercialización, ellos ya no tienen ninguna responsabilidad, pero sí la tienen y por supuesto que tienen información precisa si alguien llega y compra 5 Barrets de 50, tienen toda la información de quién la compró y si la compra tres veces, también tienen la información.

Como ampliación de esa demanda, la Embajada de México ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas presentó una moción para contener y controlar el flujo de armas pequeñas y ligeras en el mundo.

Esta resolución9 conocida con el número 2616, mereció el apoyo de 73 países está integrada por 8 puntos en las que se señala que el tráfico de armas pequeñas y ligeras plantean amenazas para la paz y seguridad mundiales, y condena su flujo a entes no estatales, y delincuencia organizada.

Estas acciones emprendidas en el exterior deben merecer el apoyo irrestricto de la Cámara de Diputados, debido a lo siguiente:

-Contribuyen a la política mexicana de control de armas de fuego,

-Evitan la capacidad de fuego de la delincuencia organizada,

-Reducen significativamente los delitos cometidos con armas de fuego, y,

-Se evitan delitos en contra de grupos vulnerables, principalmente.

La Cámara de Diputados no puede, ni debe, ser ajena a los esfuerzos que realiza nuestro cuerpo diplomático en el exterior para solucionar un grave problema que aqueja a la sociedad mexicana.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión se pronuncia a favor de las acciones realizadas por el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, en materia de tráfico ilícito y control de armas en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

Notas

1 Báez Zamudio, Natalia Paulina et. al (2018). Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Agosto 2018. Graves violaciones de derechos humanos: El tráfico ilegal de armas a México. Recuperado de https://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh_abusos_contra_los_derec hos_humanos-espanol.pdf

2 Velázquez, Miguel Ángel (2021). Periódico La Jornada. Enero 2 de 2021. Cada año 200 mil armas de fuego ingresan a México. Recuperado de https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/02/politica/cada-ano-200-mil-a rmas-de-fuego-ingresan-a-mexico/

3 Estadística y Geografía, Instituto Nacional de (2020). Vol. 1, Núm. 21, sep-dic 2020. En números, documentos de análisis y estadísticas. Recuperado de https://www.casede.org/index.php/biblioteca-casede-2-0/encuestas-estadi sticas-y-datos-duros/751-en-numeros-documentos-de-analisis-y-estadistic as-el-catalogo-nacional-de-indicadores/file

4 A mano armada.

5 México, Gobierno de (s/f). Instituto Nacional de las Mujeres. Mujeres víctimas de violencia armada. Recuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/235125/2._46_Documento_R esultados_OVAG_2015_Versi_n_FINAL_Colectivo.pdf

6 San Martín Romero, Sara (coord., gral.) (2020). Development Partner, IM Swedish. Violencia de género con armas de fuego en México. Noviembre 2020. Recuperado de https://humanium-metal.com/app/uploads/2021/03/Violencia-de-g%C3%A9nero -con-armas-M%C3%A9xico-Final-correc-24-feb-pm.pdf

7 Diputados, Cámara de (2019). Dirección de Comunicación Social. Boletín 2872. La campaña de canje de armas y desarme voluntario, debe ser permanente. Recuperado de http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2019/ Diciembre/05/2872-La-campana-de-canje-de-armas-y-desarme-voluntario-deb e-ser-permanente

8 Gobierno de México demanda por daños a fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos | Secretaría de Relaciones Exteriores | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)

9 Bolaños, Claudia (2022). Diario Contra Réplica. Cancillería mexicana respondería a armerías. Recuperado de https://www.contrareplica.mx/nota-Cancilleria-mexicana-respondera-a-arm erias-20223140

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2022.

Diputadas: María Guadalupe Chavira de la Rosa, Olga Leticia Chávez Rojas y Claudia Delgadillo González (rúbricas)

Con punto de acuerdo, para exhortar tanto a los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan y El Salto como al gobierno de Jalisco a investigar los hechos delictivos cometidos ahí y reforzar la seguridad pública, suscrita por la diputada Laura Lorena Haro Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Laura Lorena Haro Ramírez , diputada federal de la LXV Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados y, 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas titulares de los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan y El Salto, así como al gobierno del estado de Jalisco, para que investiguen los hechos delictivos cometidos en estos municipios, así como para que refuercen la seguridad pública en la zona metropolitana de Guadalajara , considerando los siguientes:

Antecedentes

De acuerdo al reporte diario publicado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en relación a los homicidios dolosos reportados por las fiscalías estatales y dependencias federales, así como de las fuentes públicas (medios periodísticos), Jalisco se encuentra dentro de las 6 entidades con mayores víctimas reportadas por homicidio.1

Para el 17 de diciembre del año en curso, Jalisco reportó 10 eventos, de los cuales se presentaron en los municipios de El Salto, Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y Tonalá.2

En este sentido, el estado de Jalisco se ha visto afectado por un oleaje de violencia desmedida, en el que han aparecido cuerpos sin vida en las calles de diversos municipios, sin que hasta el momento se haya ejecutado un protocolo urgente de seguridad.

El 20 diciembre, se registraron 4 homicidios y la forma de darse es ya a plena luz del día, alarmando a los jaliscienses, en específico en los municipios de Guadalajara, Zapopan y El Salto.

El primer homicidio se registró en el municipio de Guadalajara, suceso que no se pudo detallar precisamente el motivo de la muerte, pero lo que sí dejó constancia fueron las huellas de violencia.

Minutos más tarde se presentó otro homicidio en el municipio de Zapopan, encontrando en plena vía pública a una persona del sexo masculino envuelto en varias bolsas de plástico y, de acuerdo al informe rendido por personal de servicios médico, el deceso fue por diversos golpes recibido en el cráneo, lo que ocasionó deformidad, homicidio por demás violento.

De lo anterior, resulta sumamente importante que las autoridades investiguen, esclarezcan y sanciones a quienes resulten responsables por los hechos delictivos cometidos en estos municipios.

Y en este sentido, es urgente que el gobierno de Jalisco defina y ponga en marcha un protocolo de seguridad que garantice la integridad, la estabilidad y la seguridad de los jaliscienses ya que se está frente a una constante situación de inseguridad y ello pone en riesgo a la población en general.

Por lo anteriormente expuesto, solicito:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las personas titulares de los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan y El Salto, así como al gobierno del estado de Jalisco, para que investiguen, esclarezcan y sanciones a quienes resulten responsables por los hechos delictivos cometidos en estos municipios.

Segundo. La Comisión Permanente de honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Jalisco, así como a las personas titulares de los ayuntamientos que conforman la zona metropolitana de Guadalajara, para que establezcan, a partir de un trabajo coordinado, estrategias que refuercen la seguridad pública en la zona metropolitana de la entidad.

Notas

1 http://www.informeseguridad.cns.gob.mx/files/homicidios_17122021_v2.pdf

2 http://www.informeseguridad.cns.gob.mx/files/homicidios_17122021.pdf

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2022.

Diputada Laura Lorena Haro Ramírez (rúbrica)