Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la ASF a fiscalizar los recursos entregados a la administración del ex gobernador Silvano Aureoles Conejo; y a la Auditoría Superior de Michoacán, a realizar las investigaciones para conocer el uso y destino de los recursos entregados en el gobierno estatal pasado, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena

Alma Griselda Valencia Medina, Reyna Celeste Ascencio Ortega, Leonel Godoy Rangel, Carlos Alberto Manzo Rodríguez e Hirepan Maya Martínez, diputados de la LXV legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que realice una auditoría de los recursos entregados a la administración del ex gobernador Silvano Aureoles Conejo, y a la Auditoria Superior de Michoacán para que realice las investigaciones para conocer el uso y destino de los recursos ejercidos por el exgobernador, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Según los datos del Censo de Población y Vivienda 20201 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el número de habitantes en Michoacán de Ocampo es de 4,748,846 (cuatro millones setecientos cuarenta y ocho mil ochocientos cuarenta y seis) personas, de los cuales 2,442,505 (dos millones cuatrocientos cuarenta y dos mil) son mujeres y 2,306,341 (dos millones trescientos seis mil trescientos cuarenta y uno son hombres. Por lo que Michoacán de Ocampo ocupa el noveno lugar a nivel nacional por su número de habitantes.

La distribución por sexo y rangos de edad se muestra en la siguiente gráfica:

Habitantes por edad y sexo

Segunda. De acuerdo con los resultados de la medición de la pobreza 2018 que realiza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en Michoacán,2 el 46.0% de la población en vivía en situación de pobreza, es decir, 2,161,900 personas aproximadamente. De este universo, el 40.0% (cerca de 1,877,600 personas) estaba en situación de pobreza moderada, mientras que el 6.1% de la población se encontraba en situación de pobreza extrema (alrededor de 284,400 personas).

El porcentaje de pobreza en Michoacán es 4.1 puntos porcentuales mayor que el porcentaje nacional (41.9%). En ese mismo año, el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales en Michoacán fue de 34.8%, es decir, 1,634,400 personas, aproximadamente, presentaron al menos una carencia. Al mismo tiempo, 4.9% de la población era vulnerable por ingresos, lo que significa que alrededor de 228,700 personas no tenían los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Finalmente, la población no pobre y no vulnerable de la entidad federativa representó el 14.3%, aproximadamente 670,300 personas. Tal y como se muestra en las siguientes gráficas:


Tercera . Ante este panorama de pobreza generalizada en el Estado de Michoacán, el actual Gobernador, el Licenciado Alfredo Ramírez Bedolla señalo:

“Michoacán está en quiebra técnica, el Gobierno del Estado tiene un boquete financiero cercano a los 50 mil millones de pesos; 21 mil millones en deuda pública bancaria, 13 mil millones en déficit presupuestal, y el resto en adeudos a terceros institucionales, por ejemplo, 4 mil 800 millones de adeudo con el ISSSTE, mil 580 millones con el IMSS, y 500 millones a pensiones civiles, por mencionar algunos”.3

El ahora mandatario detalló que existe una deuda pública bancaria de casi 20 mil millones de pesos y la mayor parte están con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).4

“Informarle, señor presidente, cómo recibimos el estado de Michoacán. Tenemos una deuda pública bancaria con 20 mil millones de pesos, de los cuales, me informan que 13 mil de ellos ya están con Banobras, que es algo interesante; comercial, 6,405 millones de pesos”

Además, mencionó una de las cargas financieras más pesadas de su gestión es el déficit presupuestal, pues la pasada administración le dejó una serie compromisos para cerrar el 2021 que ascienden 18,795 millones de pesos, “pero que no se cuentan con la suficiencia presupuestaria para cumplir el pago”.

El gobernante aseguró que hay un quebranto en seguridad pública por casi 12,000 millones de pesos por concepto del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) 5 y otros prestadores de servicios en dicha área.

Cabe mencionar que, este 7 de octubre de 2021, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado informó que el ex gobernador Aureoles derrochó más de 1,200 millones de pesos para la renta de siete aeronaves, seis helicópteros y un avión sigiloso, con un contrato que presenta irregularidades.

El contrato por la renta para transporte de funcionarios, vigilancia aérea, búsqueda y rescate, fue firmado en 2015 con la empresa B3 Fly Services, SA de CV, la cual se constituyó solo 14 días antes de que se le diera el contrato por adjudicación directa.6

El acuerdo incluía 50 horas de vuelo por aeronave, después de las cuales se pagaban cargos extra. Además, en caso de robo, expropiación, daño o destrucción total de los helicópteros y el avión, el gobierno debía cubrir el costo total.

Los 1,227 millones 865,800 pesos que deberían de finiquitarse en un periodo de 69 meses, de enero de 2016 a agosto de 2021, justo cuando el exgobernador Silvano Aureoles Conejo saldría del poder.

De acuerdo con los datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que a la salida de exgobernador Silvano Aureoles Conejo horror, habrá una deuda en el estado de tres mil 649 millones de pesos adquiridos por Aureoles.

Al exgobernador del estado de Michoacán le habrían sido aprobados en 2020 dos créditos simples por cantidades de dos mil 45 millones de pesos cada uno, y otros dos por la cantidad de mil 149 millones de pesos y mil 218 millones de pesos, informaron los periodistas Sergio Flores, Rafael Montes y Jocelyn Estrada.7

Desde la dependencia federal que hasta el momento no se han aclarado los recursos que corresponderían a mil 128.5 millones de pesos.

Este presunto desfalco fue rastreado en la Secretaría de Finanzas, donde supuestamente se habrían gastado mil millones 653 mil pesos en publicidad, asesorías, servicios de informática o software.8

De los 852 millones 807 mil pesos restantes, en al menos 347.9 millones no se hallaron evidencias o documentación de su gasto en por lo menos seis dependencias estatales y 23 municipios.

Además, al menos 176.2 millones de pesos no fueron utilizados, pero tampoco fueron devueltos a la Federación.

Cuarta. Adicionalmente desde la sociedad civil existen severos cuestionamientos a la gestión de Silvano Aureoles Conejo. En este sentido el dirigente del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), organismo que aglutina a 60 pueblos originarios, Pavel Guzmán, subrayó que el mandatario perredista no realizó ninguna obra de importancia en las comunidades indígenas, por el contrario, redujo el presupuesto de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CEDPI), de 130 a 30 millones de pesos, que sólo alcanzaron para el pago de la burocracia de esta dependencia.9

Dijo que es mentira lo que aseguró Aureoles en su mensaje del sexto informe de gobierno que ofreció vía internet, en el sentido de que su principal logro es haber acabado con la pobreza en Michoacán, pues tan solo en los pueblos originarios, ésta alcanza actualmente 76.8 por ciento, según el Coneval, y la pobreza extrema es de 35.7 por ciento, subrayó el dirigente del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM).10

En este orden de ideas el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dijo que Silvano Aureoles dejó un estado inmerso en la violencia, incluso deja convulsionada la región de Aguililla, Buenavista, Tepalcatepec y Coalcomán, donde al menos cuatro mil personas han sido desplazadas.

De 2009 a 2015, los homicidios en Michoacán oscilaban entre 800 y 900 al año. En el primer año de gobierno de Aureoles las cifras se incrementaron a mil 477. En 2020 la cifra creció a 2 mil 230 homicidios, y en los primeros nueve meses de estén 2021 suman mil 900 homicidios dolosos, según información de la Fiscalía General del Estado.11

Por su parte, Diputados de Morena del Estado de Michoacán, analizan presentar una demanda de juicio político en contra del ex gobernador Silvano Aureoles Conejo, por todo el quebranto financiero que dejó en la entidad.12

Informaron que el actual gobierno michoacano integra todo un expediente sobre la situación que dejó su antecesor, entre as cuales se encuentran importantes hallazgos sobre presuntas irregularidades en los rubros de seguridad, salud y bienestar.

Aseguraron que, en breve, el gobernador Alfredo Martínez Bedolla hará un importante anunció con implicaciones directas a Aureoles Conejo y su secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro, entre otros.

Una vez que se presente el informe financiero, valorarán la posibilidad de presentar una solicitud de juicio político en la Cámara de Diputados en contra del ex funcionario local.

Quinta. Ahora bien, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, dotado de autonomía técnica y de gestión, se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales.

El resultado final de la labor de la ASF son los Informes Individuales de Auditoría y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, entre otros puntos, establece:

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, y tiene por objeto reglamentar los artículos 74 fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales.

Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.

La Auditoría fiscalizará el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por parte de los sujetos obligados , conforme a las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.”

“Artículo 4.- El gasto público federal comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, incluyendo los pagos de pasivo de la deuda pública; inversión física; inversión financiera; así como responsabilidad patrimonial; que realizan los siguientes ejecutores de gasto:

I. El Poder Legislativo;

II. El Poder Judicial;

III. Los entes autónomos;

IV. Los tribunales administrativos;

V. Se deroga;

VI. La Presidencia de la República;

VII. Las dependencias, y

VIII. Las entidades.

Los ejecutores de gasto antes mencionados están obligados a rendir cuentas por la administración de los recursos públicos en los términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

Las disposiciones presupuestarias y administrativas fortalecerán la operación y la toma de decisiones de los ejecutores, procurando que exista un adecuado equilibrio entre el control, el costo de la fiscalización, el costo de la implantación y la obtención de resultados en los programas y proyectos.

La Presidencia de la República se sujetará a las mismas disposiciones que rigen a las dependencias.

Asimismo, los tribunales administrativos se sujetarán a las disposiciones aplicables a las dependencias, así como a lo dispuesto en sus leyes específicas dentro del margen de autonomía previsto en el artículo 5 de esta Ley.

Los ejecutores de gasto contarán con una unidad de administración, encargada de planear, programar, presupuestar, en su caso establecer medidas para la administración interna, controlar y evaluar sus actividades respecto al gasto público.”

Por otra parte, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, entre otros puntos señala:

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar los artículos 73 fracción XXIV, 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revisión y fiscalización de:

I. La Cuenta Pública;

II. Las situaciones irregulares que se denuncien en términos de esta Ley, respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al de la Cuenta Pública en revisión;

III. La aplicación de las fórmulas de distribución, ministración y ejercicio de las participaciones federales, y

IV. El destino y ejercicio de los recursos provenientes de financiamientos contratados por los estados y municipios, que cuenten con la garantía de la Federación.

Para efectos de este artículo, la Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar las operaciones que involucren recursos públicos federales o participaciones federales a través de contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público privadas o cualquier otra figura jurídica y el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de Estados y Municipios, entre otras operaciones.

Adicionalmente, la presente Ley establece la organización de la Auditoría Superior de la Federación, sus atribuciones, incluyendo aquéllas para conocer, investigar y substanciar la comisión de faltas administrativas que detecte en sus funciones de fiscalización, en términos de esta Ley y la Ley General de Responsabilidades Administrativas; así como su evaluación, control y vigilancia por parte de la Cámara de Diputados.

Artículo 6.- La fiscalización de la Cuenta Pública que realiza la Auditoría Superior de la Federación se lleva a cabo de manera posterior al término de cada ejercicio fiscal, una vez que el programa anual de auditoría esté aprobado y publicado en su página de internet; tiene carácter externo y por lo tanto se efectúa de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de control o fiscalización que realicen los órganos internos de control.

Artículo 7.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria y en lo conducente, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la Ley General de Contabilidad Gubernamental; la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; la Ley de Coordinación Fiscal; la Ley de Ingresos; el Código Fiscal de la Federación; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; la Ley General de Responsabilidades Administrativas; Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y el Presupuesto de Egresos, así como las disposiciones relativas del derecho común federal, sustantivo y procesal, en ese orden.

Artículo 8.- La Auditoría Superior de la Federación deberá emitir los criterios relativos a la ejecución de auditorías, mismos que deberán sujetarse a las disposiciones establecidas en la presente Ley y publicarse en el Diario Oficial de la Federación.”

A su vez, la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo en sus artículos 1 y 2 señala:

“Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1 . La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en el Estado de Michoacán de Ocampo y tiene como objeto regular el funcionamiento de la Auditoría Superior de Michoacán como órgano técnico de fiscalización del Congreso, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. Asimismo, regula su organización y atribuciones, incluyendo aquellas para conocer, investigar y substanciar la comisión de faltas administrativas; así como su evaluación, control y vigilancia por parte del Congreso.

La Auditoría Superior de Michoacán se regirá bajo los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, en forma simultánea, anual, posterior, externa, independiente y autónoma. La fiscalización de la Cuenta Pública que realiza la Auditoría Superior de Michoacán se lleva a cabo de manera posterior al término de cada ejercicio fiscal, tiene carácter externo y por lo tanto se efectúa de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de fiscalización que realicen los órganos internos de control.

Sin perjuicio del principio de anualidad, la Auditoría Superior de Michoacán podrá solicitar y revisar de manera casuística y concreta, la información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago, diversos ejercicios fiscales, o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas. Las observaciones y recomendaciones que respectivamente la Auditoría Superior de Michoacán emita, solo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.

Asimismo, la Auditoría Superior, a través de denuncia debidamente formulada y presentada de conformidad a los requisitos que para tal efecto se establecen en esta ley, podrá fiscalizar a las Entidades durante el ejercicio fiscal en curso y anteriores, a efecto de investigar la existencia de presuntos daños y perjuicios en contra del patrimonio público que puedan constituir faltas administrativas o hechos ilícitos , integrando el expediente respectivo para, en su caso promover las acciones conducentes ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, la Fiscalía Especializada, los órganos internos de control o cualquier otra autoridad competente, sin necesidad de la revisión de la cuenta pública correspondiente.

Las Entidades proporcionarán la información que se solicite para la fiscalización e investigación, en los plazos y términos señalados por esta ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en la misma.

En el desarrollo de sus actividades, la Auditoría Superior vigilará el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, así como en la normatividad estatal en materia de deuda pública, coordinación fiscal, planeación hacendaria, presupuesto, transparencia, gasto público y contabilidad gubernamental, responsabilidades administrativas, anticorrupción y demás normatividad aplicable.

A falta de disposición expresa en esta ley, se aplicarán en forma supletoria y complementaria, en lo conducente, las disposiciones relativas del derecho común sustantivo y procesal.

Artículo 2 . La Auditoría Superior de Michoacán, como entidad de fiscalización del Congreso, tiene autonomía técnica, de gestión y capacidad para que en el ejercicio de sus atribuciones decida sobre su organización interna, ejercicio de su presupuesto, funcionamiento y resoluciones, en los términos de esta ley, su reglamento y demás normatividad aplicable. Dentro del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán, en lo correspondiente al Poder Legislativo, se establecerá un apartado específico donde se determine el presupuesto de la Auditoría Superior de Michoacán para cada ejercicio fiscal, conforme al artículo 10, fracción III de la presente ley. El Congreso, a través de la Comisión, vigilará que la ministración de los recursos presupuestados a la Auditoría Superior se realice de manera oportuna por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas del propio Congreso. A efecto de lo anterior dichos recursos se ministrarán dentro de los primeros diez días naturales de cada mes.

La Auditoría Superior de Michoacán revisará, fiscalizará y evaluará la gestión de los poderes del Estado, de los ayuntamientos, concejos municipales, comunidades o consejos indígenas y ciudadanos, y de todas las demás Entidades públicas estatales y municipales que manejan fondos públicos, y de aquellos organismos que por disposición de ley se consideren autónomos, así como cualquier Entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica bajo la que se manejen recursos públicos.

La Auditoría Superior de Michoacán, la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán y el Congreso, deberán guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta la presentación del Informe General Ejecutivo o, en su caso, en los términos del artículo 8° de la Constitución del Estado. Quienes infrinjan lo anterior serán sancionados conforme a lo dispuesto en la normatividad en materia de responsabilidades.”

Así mismo, el 20 de junio de 2018, se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, los Lineamientos del Procedimiento de Denuncias de la Auditoría Superior de Michoacán,13 mismos que, entre otros puntos, señala:

“Artículo 1 . Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las directrices en materia de denuncias que permitan a la Auditoría Superior de Michoacán, como autoridad para dar seguimiento de una manera clara y sencilla al Procedimiento de Investigación, con una visión de simplificación, mejora regulatoria, eficiencia, eficacia, calidad y rapidez en el servicio, estableciendo de una forma clara y ordenada la descripción de las actividades para su desarrollo, determinando cada una de las acciones que deben seguirse, facilitando el control interno y su vigilancia.

Artículo 2 . Son sujetos obligados a observar los presentes lineamientos, todos los servidores públicos la Auditoría Superior de Michoacán; las personas físicas o morales; servidores públicos que formulen denuncia; el Gobierno del Estado , los ayuntamientos y demás organismos e instituciones que manejen fondos o valores públicos, creados por Ley o Decreto de los Poderes del Estado, de los ayuntamientos y cualquier otro, sea cual fuere la forma o estructura que adopten.

Artículo 4. Cualquier servidor público o particular, podrá formular denuncia ante la Auditoría Superior, respecto de los actos, hechos u omisiones que generen daño y/o perjuicio al erario o patrimonio público, adjuntado a la misma elementos de prueba y en el supuesto caso de no obrar en su poder, deberá indicar la autoridad que las posee. Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las autoridades investigadoras mantendrán con carácter de confidencialidad la identidad de las personas que denuncien las presuntas responsabilidades.

Artículo 8. Las denuncias deberán referirse a presuntos daños y/ o perjuicios a la Hacienda Pública o al patrimonio de las entidades, en alguno de los siguientes supuestos para su procedencia:

I. Desvío de recursos hacia fines distintos a los autorizados;

II. Irregularidades en la captación o en el manejo y utilización de los recursos públicos;

III. Actos presuntamente irregulares en la contratación y ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos y adquisición de bienes, entre otros;

IV. La comisión recurrente de irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos;

V. Inconsistencias en la información presupuestal, programática y/o financiera de cualquier entidad fiscalizada que oculte o pueda originar daños y/o perjuicios a su patrimonio; y,

VI. Las demás consideradas como faltas administrativas graves por disposición legal.”

Sexta. Como puede observarse en primer término tenemos una población inmersa en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y violencia; en segundo lugar existen una serie de señalamientos de una deuda excesiva, sin resultados que sean tangibles o que se reflejen obras de infraestructura, la falta de devolución de dinero a la Tesorería de la Federación y la aparente desaparición de recursos públicos, todo expresado, tanto por la más alta autoridad en el estado de Michoacán, como lo es el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, como por Diputados Federales del Grupo Parlamentario de Morena.

En tercer plano, tenemos un robusto marco Constitucional y legal, a nivel federal y en el Estado de Michoacán, que permiten realizar investigaciones, auditorias y otras actividades para dar cuenta del destino del dinero público ejercido por el anterior gobierno encabezado por Silvano Aureoles Conejo, así como de los préstamos que fueron solicitados a la banca comercial y de los cuales se ignora para que fueron utilizados su destino final.

Es por ello que la practica de auditorias e investigaciones sobre el dinero faltante y el destino del dinero solicitado como prestamos a cuenta del erario debe ser aclarado, y en su caso, deben presentarse las denuncias correspondientes por el desvío de los recursos públicos.

Por las consideraciones y fundamentos arriba expresados, someto a consideración de esta soberanía, como de urgente u obvia resolución, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Auditoria Superior de la Federación para que realice las auditoría e investigaciones necesarias para conocer el uso y destino de los recursos entregados por la Federación a la administración del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, así como de los préstamos solicitados a la banca comercial y su utilización.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Auditoria Superior de Michoacán para que realice las auditorias e investigaciones del caso para conocer el uso y destino de los recursos públicos ejercidos por el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, así como de los préstamos solicitados a la banca comercial y el destino de los mismos.

Notas

1 Inegi. Censo de Población y Vivienda 2020. http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mich/poblacion/

2 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Informe de Pobreza y Evaluación 2020. Michoacán.

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Docume nts/Informes_de_pobreza_y_evaluacion_2020_Documentos/Informe_Michoacan_ 2020.pdf

Los informes de pobreza y evaluación 2020 reúnen información sobre la pobreza multidimensional desagregada por grupos poblacionales y municipios, indicadores complementarios a la medición de la pobreza, las intervenciones estatales de desarrollo social y los resultados de cada entidad federativa en el Diagnóstico del avance en monitoreo y evaluación.

3 El Financiero, 27 de septiembre de 2021. Silvano Aureoles deja “boquete” de 50 mil mdp en Michoacán, afirma Alfredo Ramírez.

https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2021/09/27/silva no-aureoles-deja-boquete-de-50-mil-mdp-en-michoacan-afirma-alfredo-rami rez/

4 Infobae, 28 de octubre de 2021. Michoacán tiene una deuda pública de 20,000 mdp tras la salida de Silvano Aureoles: Ramírez Bedolla.

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/10/10/michoa can-tiene-una-deuda-publica-de-20000-mdp-tras-la-salida-de-silvano-aure oles-ramirez-bedolla/

5 Ídem

6 Ibíd.

7 Infobae, 28 de septiembre de 2021. La deuda millonaria que Silvano Aureoles dejaría en Michoacán.

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/09/28/la-deu da-millonaria-que-silvano-aureoles-dejaria-en-michoacan/

8 Ob. cit.

9 La Jornada, 30 de septiembre de 2021. Violencia y quiebra técnica en Michoacán, al concluir gestión de Aureoles.

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/30/estados/conc luye-hoy-gobierno-de-aureoles-violencia-y-quiebra-tecnica-su-legado/

10 Ídem.

11 Ibídem.

12 Reporte Índigo. 24 de noviembre de 2021. Analizan morenistas juicio político contra Silvano Aureoles por “quebranto” a Michoacán. https://www.reporteindigo.com/reporte/analizan-morenistas-juicio-politi co-contra-silvano-aureoles-por-quebranto-a-michoacan/

13 Periódico Oficial del gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. 20 de junio de 2018.

http://leyes.michoacan.gob.mx/destino/O13644po.pdf

Recinto de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2022.

Diputados: Alma Griselda Valencia Medina (rúbrica), Reyna Celeste Ascencio Ortega, Leonel Godoy Rangel, Carlos Alberto Manzo Rodríguez (rúbrica), Hirepan Maya Martínez.

Con punto de acuerdo, a fin de crear una comisión especial para atender la crisis migratoria del país, suscrita por la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN

Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, diputada federal, integrante de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

I. El 9 de diciembre pasado tuvo lugar un accidente en Chiapa de Corzo, a las afueras de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por el que perdieron la vida 55 personas migrantes y cien más resultaron lesionadas. El siniestro ocurrió cuando el tráiler en el que viajaban ocultos 250 migrantes en su intento por cruzar el territorio nacional. Hay testimonios que en ese embarque se habían llenado otros dos tráileres con aproximadamente 150 migrantes.

Este lamentable hecho se suma a diversos incidentes en que migrantes centro y sudamericanos han padecido sufrimientos y vejaciones en sus derechos humanos, por las conductas ilegales de traficantes y por abusos de las autoridades mexicanas de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración.

II. Uno de los antecedentes más importantes a esta condición de crisis migratoria que se desarrollar en nuestro país fue el anuncio del entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que se daría la bienvenida a todos los migrantes a nuestro país y que se les darían visas de trabajo. El 21 de octubre de 2018, López Obrador prometió a los migrantes centroamericanos que en México tendrán trabajo y protección en su camino para Estados Unidos.

A contracorriente de esa oferta hoy en México, para los migrantes solo hay muerte, persecución y vejaciones. La tragedia vial de Chiapas da pie a muchas interrogantes: ¿Cuántos migrantes son transportados en esa forma? ¿Qué servidores públicos están enterados de dicho modus operandi, y actúan como traficantes?

III. La gestión de la política migratoria de este gobierno ha resultado un desastre y ha generado una tragedia para miles de seres humanos que en la búsqueda de una mejor vida y de un sustento para sus familias han decidido buscar llegar a los Estados Unidos. Parte de esta tragedia deriva del uso del ejército mexicano, uniformados como Guardia Nacional, como un muro humano han reprimido por órdenes superiores a hombres, mujeres y niños por igual.

Ante dicha situación hemos solicitado ante el pleno de la Cámara la intervención de los tres órdenes de gobierno para defender los derechos humanos de los migrantes.

IV. La complejidad y gravedad del problema tienen diversas aristas que se deben atender de manera urgente. Esta Cámara y el Congreso Federal deben asumir su responsabilidad ante esta tragedia humanitaria en las siguientes áreas:

a) Atención y garantía de reparación integral de los daños a las víctimas y ofendidos de delitos y de violación de derechos humanos.

b) Rendición de cuentas por parte de las autoridades sobre lo sucedido, así como un informe integral de la situación migratoria. Lo anterior debe incluir todas las acciones de fiscalización, rendición de cuentas y transparencia por parte del Instituto Nacional de Migración, sin menoscabo de valorar la pertinencia de exigir la renuncia de su titular, así como la imposición de sanciones administrativas y penales que correspondan a los servidores públicos que sean responsables de dichas faltas.

c) Que se proporcione información a esta representación popular sobre las acciones del grupo internacional para combatir el tráfico de personas anunciado el pasado 11 de diciembre.

d) La recomendación de la organización de una reunión interregional en el que participen representantes de los gobiernos de Guatemala, Ecuador, Salvador, Honduras, Nicaragua, México y EE.UU.

d) Promover, fortalecer y garantizar la participación de la sociedad civil, que además de estar atenta e interesada en esta delicada situación, puede ayudar a las casas de apoyo a migrantes que necesitan recursos. Las hay en la frontera sur y en el norte; pero también las hay en los puntos de tránsito como es el caso de la ciudad de México.

e) Llamar a cuentas a las autoridades encargadas de la investigación de los delitos como son Fiscalía General de la República, Guardia Nacional para recibir un informe exhaustivo sobre las acciones realizadas para esclarecer los delitos de tráfico de personas, trata, delincuencia organizada, lavado de dinero y conductas conexas, que se han sucedido a lo largo de esta administración, procesos judiciales iniciados, grupos criminales investigados, recuperación de activos y reparación de daño.

V. La coyuntura global, la cada vez más evidente disparidad respecto de la distribución de la riqueza , así como el enorme recrudecimiento de la violencia por el crimen organizado, así como los sistemas dictatoriales que no respetan los derechos humanos, hace que la migración se vuelva un fenómeno constante que parece formará parte del futuro de nuestro planeta. Así, la migración es un fenómeno que acompañará siempre a nuestra región, es una realidad y es lamentable que en México se maneje esta realidad de manera tan torpe y cruel cuando es y será parte de nuestra vida.

Tenemos que ser capaces de reconocernos en la cara de estos migrantes que llegan a nuestra frontera sur, tenemos que ser capaces de imaginar a nuestros hermanos y a nuestros hijos en las caras de esos niños que parecen tener una resiliencia que ninguno de nosotros podría jamás mostrar. Todos debemos ayudar. Especialmente en estos días en que recordamos y celebramos la migración de una familia “migrante” que debió huir a Egipto para proteger su vida.

IV. En virtud de que es urgente que esta Cámara cuente con un diagnóstico objetivo y completo de lo que ha ocurrido y podría llegar a ocurrir en el futuro próximo, es indispensable que se constituya una Comisión Especial para atender la crisis migratoria que se vive en el país.

Al efecto se propone respetuosamente a la Junta de Coordinación Política, con fundamento en el artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para que previa aprobación por dicha Junta, se eleve a la deliberación y votación por el pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente:

Proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para la creación de una Comisión Especial para atender la crisis migratoria que se vive en el país.

Primero.- Se crea la Comisión Especial para atender la crisis migratoria que se vive en el país.

Segundo.- La Duración de los trabajos de dicha Comisión Especial será el término de la presente LXV Legislatura.

Tercero.- Las tareas específicas encomendadas serán las siguientes:

a) Conocer y analizar las acciones necesarias para impulsar la atención y garantía de reparación integral de los daños a las víctimas y ofendidos de delitos y de violación de derechos humanos, en el contexto del fenómeno migratorio de la frontera sur del país y hacia las rutas que llevan a la frontera norte;

b) Rendición de cuentas por parte de las autoridades sobre lo sucedido, así como un informe integral de la situación migratoria, a efecto de dilucidar acciones de apoyo por parte de esta Cámara, así como el planteamiento en lo conducente de responsabilidades administrativas y penales que correspondan;

c) Recepción y análisis por parte de esta representación popular sobre las acciones del grupo internacional para combatir el tráfico de personas anunciado el pasado 11 de diciembre.

d) La deliberación y formalización de una recomendación de la organización de una reunión interregional en el que participen representantes de los gobiernos de Guatemala, Ecuador, Salvador, Honduras, Nicaragua, México y EE.UU.

d) Promover, fortalecer y garantizar la participación de la sociedad civil, que además de estar atenta e interesada en esta delicada situación, puede ayudar a las casas de apoyo a migrantes que necesitan recursos. Las hay en la frontera sur y en el norte; pero también las hay en los puntos de tránsito como es el caso de la Ciudad de México.

e) Rendición de cuentas de las autoridades encargadas de la investigación de los delitos como son Fiscalía General de la República, Guardia Nacional para recibir un informe exhaustivo sobre las acciones realizadas para esclarecer los delitos de tráfico de personas, trata, delincuencia organizada, lavado de dinero y conductas conexas, que se han sucedido a lo largo de esta administración, procesos judiciales iniciados, grupos criminales investigados, recuperación de activos y reparación de daño.

Cuarto.- La Comisión Especial se integrará por quince miembros.

Quinto.- La mesa directiva de dicha comisión será presidida por el grupo parlamentario cuya representación corresponda a la primera minoría y contará con las vicepresidencias correspondientes a todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero de 2022.

Diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Insabi a informar a esta soberanía sobre las acciones llevadas a cabo para garantizar la cobertura universal de los servicios de salud en NL, suscrita por la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Marcela Guerra Castillo, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El primer día del mes de enero del año 2020 entró en vigor el decreto por el que se llevó a cabo la desaparición del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), conocido popularmente como el Seguro Popular, así como de sus unidades médicas y módulos; y en ese mismo decreto se confirmaba la creación del Instituto Salud para el Bienestar (Insabi) que lo sustituiría.

El Insabi se creó eliminando tres de los cuatro programas presupuestarios de los que dependía el SPSS e iniciando con un programa de medicamentos gratuitos; todo con el objetivo de proveer y garantizar la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos para la población que no contaba con servicios médicos ni seguridad social; a pesar de que esta labor ya era realizada por el Seguro Popular.

Los datos revelan que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para la última parte de 2018, 15 años después de su creación, el SPSS había logrado afiliar a más de 53.5 millones de personas, que representaban 78.6 por ciento de las personas sin seguridad social en nuestro país,1 siendo este el programa de cobertura de salud más amplio del país.

El SPSS en uno de sus objetivos principales buscaba combatir uno de los problemas que origina la informalidad, el cual es la falta de servicios médicos y seguridad social.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOEN) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2020,2 existían 31 millones de trabajadores en el sector informal; quienes no contaban con el acceso a la seguridad social, y a las instituciones de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y este programa pretendía atender a esta población.

El Seguro Popular daba atención a no beneficiarios de las instituciones además de brindar costos bajos y medicamentos.

Sin embargo, en México también observamos que el bajo acceso a la salud y seguridad social no sólo es consecuencia de la informalidad, sino que incluso tiene una relación estrecha con el nivel socioeconómico; donde las clases sociales en niveles más bajos que la media y grupos vulnerables son quienes menor acceso a estos derechos tienen; por lo que, el Seguro Popular tenía como tarea la atención a los grupos desventajados.

Caso contrario es que para el año 2018 solamente 13.7 por ciento de la población rural no contaba con acceso a los servicios de salud, y que con esta administración aumentó hasta 30.5 por ciento en 2020, y en las zonas urbanas de 17 a 27.4 por ciento.3 Dejando desprotegidos a estos pobladores en su derecho a la salud.

Otro sector gravemente afectado con la eliminación del Seguro Popular fueron las mujeres, quienes a pesar de que en los últimos han sido uno de los ejes primordiales de la política nacional en cualquiera de los poderes, no fueron tomadas en cuenta en la toma de decisiones, y es que según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se observaba que las mujeres representaban el mayor porcentaje dentro de las personas afiliadas al SPSS, y eran las de menores recursos quienes hacían uso de este servicio y sus beneficios. La estadística mostraba que en las regiones de mayor segregación social y pobreza, 9 de cada 10 mujeres se encontraban afiliadas, mientras que en las zonas de mayores recursos, solamente 5 de cada 10 se encontraban afiliadas a este programa.4

Esto deja claro que los objetivos del SPSS se estaban cumpliendo y que los sectores más necesitados podían acceder a la salud a través de este mecanismo.

A pesar de esto, fue considerado como “ineficiente” por el gobierno federal, asegurando que el Insabi cumpliría con los objetivos planteados y lograría proveer de atención médica gratuita a los mexicanos sin la necesidad de afiliarse. Sin embargo, con la llegada de este, las cuotas en los hospitales aumentaron en lugar de desaparecer y miles de personas dejaron de tener acceso a los servicios médicos.

Posterior a esto, la pandemia dejó en evidencia las carencias y necesidades de nuestro sistema de salud; la falta de infraestructura, hospitales, equipos médicos y hasta insumos fue un común denominador en todas las entidades de nuestro país; cuyo plan del gobierno federal fue la creación del Insabi quien contrarrestaría estos problemas, en caso contrario el año pasado, se registraron más de 35.7 millones5 de personas en todo el país quienes no contaron con atención médica.

La población desconoce qué es el Insabi, cómo afiliarse, a dónde acudir o como acceder a estos servicios, lo cual va en sentido contrario a sus objetivos y principios de salud para todos. No se cuenta con los recursos, personal e infraestructura adecuada, para hacer frente a estas necesidades a ya casi un año de su implementación. No podemos dejar en estado de indefensión el derecho a la salud de las y los mexicanos.

No es un tema presupuestario, sino un tema de trabajo y correcta aplicación de los programas para la cobertura de salud y aseguramiento de este derecho. Desde la creación del Instituto, la tendencia ha sido aumentarle su presupuesto, y tan sólo para este año se tiene contemplado un incremento de 11.6 por ciento que representa una cantidad total de más de 103 mil millones de pesos.

Es necesario trabajar en la creación de programas, módulos, clínicas y servicios para la población de manera inmediata. La inacción, omisión y escasos resultados del Insabi deja sin protección a la salud a los sectores más vulnerables como adultos mayores, personas de escasos recursos y mujeres, quienes los principales beneficiarios del Seguro Popular, y a día de hoy siguen sin recibir cuando menos la atención que les fue quitada.

La Constitución en su artículo 4 párrafo 4o. y los tratados internacionales de los que esta nación forma parte, obligan al Estado a proporcionar y garantizar el derecho a la salud de todas y todos los mexicanos; el Instituto ya cuenta con los recursos y nuestra voluntad de legislar, apoyar y trabajar por el bien de la población, por lo cual es primordial continuar con las estrategias, programas y trabajos que agilicen el cumplimiento de este derecho a la salud, el abasto de medicamentos y el apoyo a la población vulnerable.

Ahora bien, para el caso específico de mi estado Nuevo León, es necesario resaltar que el 4 de agosto de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo de coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social en los términos previstos en el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, que celebran el Instituto de Salud para el Bienestar y el Estado de Nuevo León”.

Así, dicho acuerdo tuvo por objeto establecer los compromisos a que se sujetarían el estado de Nuevo León y el Insabi, a fin de garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social, en dicha entidad federativa.

En esa virtud, el Insabi se obligó a transferir con oportunidad al estado de Nuevo León los recursos presupuestarios federales que le correspondan para la prestación de los servicios de salud, mientras que el Estado se obligó a llevar a cabo dichos servicios a las personas que no gozan de seguridad social, de manera gratuita, sin poder cobrar cuotas de recuperación.

Sin embargo, según datos del Coneval la falta de acceso a la atención médica pasó de 16.7 por ciento en 2015 a 21.5 por ciento en 2020, el primer año que operó el organismo que sustituyó al Seguro Popular, lo cual claramente no garantiza una cobertura universal en los servicios de salud en el estado de Nuevo León.

Pese a los compromisos acordados, el subdirector de Recursos Financieros en Servicios de Salud estatal, Noé Emmanuel del Real García, ha informado a la ciudadanía que para pasivos contingentes, el gobierno de Nuevo León ha invertido 155 millones de pesos, mientras que el Insabi no ha entregado las ministraciones mensuales correspondientes.

Así las cosas, no debemos olvidar que el Presupuesto de Egresos para Salud este año fue de 6 mil 868 millones de pesos, de los cuales se ha comprometido 91 por ciento y sólo se ha devengado 55 por ciento.

Consecuentemente, es necesario que el Insabi informe qué es lo que ha hecho para garantizar la cobertura universal de los servicios de salud a todas las personas que habitan el estado de Nuevo León que no cuentan con seguridad social y además que remita pormenorizadamente el uso y destino de los recursos destinados a mejorar la infraestructura de los centros hospitalarios, dotar de medicamentos, insumos y material de curación, así como de personal médico a todas las unidades de salud del estado de Nuevo León.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, elevo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto de Salud para el Bienestar para que informe a esta soberanía sobre las acciones llevadas a cabo para garantizar la cobertura universal de los servicios de salud a todas las personas que habitan el estado de Nuevo León.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto de Salud para el Bienestar para que remita a esta soberanía un informe pormenorizado del uso y destino del presupuesto asignado para mejorar la infraestructura de los centros hospitalarios, dotar de medicamentos, insumos y material de curación, así como de personal médico a todas las unidades de salud del estado de Nuevo León.

Notas

1 Ariadna Ortega. (2020). El Seguro Popular dejó sin atención a 14.5 millones de personas, revela ASF. 26 de octubre de 2021, de Expansión Sitio web: https://politica.expansion.mx/mexico/2020/02/27/el-seguro-popular-dejo- sin-atencion-a-14-5-millones-de-personas-revela-asf

2 Cristian Téllez. (2021). Se genera mucho trabajo en México... pero informal. 26 de octubre de 2021, de El Financiero Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/08/20/trabajo-informal-ag rupa-78-de-plazas-generadas-en-12-meses/

3 Belén Saldívar. (2021). Sin acceso a servicios de salud, 28.2% de la población en pandemia. 26 de octubre de 2021, de El Economista Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Sin-acceso-a-servicios-de-salu d-28.2-de-la-poblacion-en-pandemia-20210806-0008.html

4 Georgina Jiménez. (2020) ¿Quiénes están en riesgo con la llegada del INSABI?: Lo que sabemos sobre el extinto Seguro Popular. 26 de octubre de 2021, de Nexos Sitio web:

https://datos.nexos.com.mx/
quienes-estan-en-riesgo-con-la-llegada-del-insabi-lo-que-sabemos-sobre-el-extinto-seguro-popular/

5 Belén Saldívar. (2021). Sin acceso a servicios de salud, 28.2% de la población en pandemia. 26 de octubre de 2021, de El Economista Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Sin-acceso-a-servicios-de-salu d-28.2-de-la-poblacion-en-pandemia-20210806-0008.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2022.

Diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a incluir en los planes de estudio de educación básica la historia del pueblo afromexicano de Gaspar el Negro Yanga y de los orígenes afrodescendientes del país, suscrita por la diputada Angélica Peña Martínez, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Angélica Peña Martínez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea de la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El 19 de noviembre del 2020 el Senado de la República aprobó el decreto por el cual se declara el 12 de octubre de cada año como el “Día de la Nación Pluricultural”,1 lo anterior derivado del mestizaje que existió en México después de siglos de conquista española. Gracias a ese mestizaje el origen de los mexicanos es muy variado, descendemos de los españoles peninsulares, de pueblos ancestrales como los mexicas, mayas, toltecas, pueblos extranjeros como el italiano y el francés, entre otros, sin embargo, la historia no ha hecho justicia a nuestro origen afrodescendiente, pues en los planes de estudio de educación básica casi no se menciona la historia de los pobladores del continente africano que fueron traídos al nuevo continente como esclavos, que se liberaron y lograron fundar grandes asentamientos en diversas regiones del país.

La educación básica recibe ese nombre no porque sea la menos importante de todos los demás niveles, al contrario, es porque representa la educación esencial y fundamental que sirve para adquirir cualquier otra preparación en la vida del individuo, ya que representa el aprendizaje de los elementos necesarios para poder desenvolverse en la sociedad y dentro de su cultura, porque es la educación obligatoria que han de recibir todos los futuros ciudadanos,2 por lo cual el plan de estudios en el cual se basa este nivel educativo es de suma importancia.

De conformidad con el artículo 22 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Subsecretaría de Educación Pública es la responsable de elaborar las propuestas de planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria.3

A continuación, podemos observar el mapa curricular de educación básica, en donde se aprecia que los estudiantes tienen un acercamiento con la historia desde el 3er año de primaria hasta el 3er año de secundaria.4

Al analizar a fondo el plan de estudios nos damos cuenta que en el 4to año de primaria5 y el 2do año de secundaria6 se estudia la historia del México antiguo. En los libros de texto podemos encontrar cientos de páginas en donde se plasma el origen de los pueblos que poblaban el continente americano en la época precolombina, podemos leer sobre el prominente pueblo azteca, el cual, tras encontrar un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente logró fundar una gloriosa ciudad sobre el lago de Texcoco, o sobre cómo la cultura maya logró descubrir el número cero, hizo descubrimientos astronómicos que en el viejo continente aún no conocían y creó obras arquitectónicas hoy consideradas como maravillas del mundo, finalmente, podemos leer sobre cómo el antiguo imperio español llegó al continente americano, conquistó a los pueblos que habitaban estas tierras y se dio paso al mestizaje en nuestro país, sin embargo, se deja prácticamente en el olvido nuestro origen afrodescendiente, cuando realmente esa parte de nuestra historia es igual de rica que la de los pueblos mesoamericanos.

El origen de las poblaciones y comunidades afrodescendientes en México se remonta al periodo virreinal (1521-1821). Las primeras personas africanas llegaron con Hernán Cortés y el resto de los conquistadores, la gran mayoría llegaron derivado del comercio de esclavos y algunos de ellos fueron recompensados con tierras, mano de obra e incluso con su libertad por su participación en la conquista de los pueblos indígenas.

De acuerdo con el antropólogo Aguirre Beltrán, se estima que durante esa época, alrededor de doscientas cincuenta mil personas (mujeres, hombres, niñas y niños, tanto esclavos como libres, al mando de españoles y criollos) llegaron a los puertos de Veracruz, Campeche y Acapulco, en su mayoría provenientes de África Occidental, de la región de Senegambia, de África Central, Angola y el Congo, así como de otras regiones de África Oriental. De ahí viajaron y se establecieron prácticamente en toda la Nueva España, pero particularmente en aquellos territorios que hoy ocupan los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

El territorio ocupado actualmente por el estado de Veracruz tuvo una significativa población de origen africano, en especial en el centro y el sur de la entidad, de lo cual son muestra las expresiones culturales como los carnavales del puerto, la música como el son jarocho, los bailes, la comida y los nombres de varios pueblos como Mandinga, Matosa o Mozomboa, posiblemente derivados de antiguos palenques (lugares formados por esclavos que huían de las haciendas y de la esclavitud). Un ejemplo claro es la comunidad de Mata Clara perteneciente al municipio de Cuitláhuac, dada su importancia como comunidad afro mexicana en el año 2017 fue sede del XVIII Encuentro de Pueblos Negros, dicho evento ofrece un espacio para la expresión cultural así como para la reflexión acerca de las problemáticas de las comunidades afro mexicanas y sus habitantes, principalmente en lo relativo a salud, educación, empleo y protección al medio ambiente, además del combate al racismo y la discriminación. Otro asentamiento afro mexicano relevante, no solo para el estado de Veracruz, sino también para nuestra historia, es el municipio de Yanga, reconocido como el primer pueblo libre de América, este municipio de origen afrodescendiente fue fundado por Gaspar “el negro” Yanga, uno de los personajes más ilustres y al mismo tiempo más olvidados de la historia de México y del continente americano.7, 8

Gaspar Yanga, mejor conocido como “El Negro Yanga”, fue un miembro de la familia real de Gabón, quien llegó a Veracruz como esclavo alrededor de 1570 y se convirtió en el líder de una rebelión antiesclavista en México a principios del período colonial español.

Pronto aprendió la lengua española, tomó el liderazgo de la Rebelión de Cimarrones en México y logró escapar junto con su gente para construir una pequeña colonia libre en las montañas, la cual sobrevivió por más de 30 años gracias al cultivo y a la captura de caravanas que traían a Veracruz bienes y alimentos.

A principios del año 1609 el gobierno colonial de España se empeñó en retomar el control del territorio ocupado por Yanga y su gente; después de una cruenta batalla que dejó graves pérdidas en ambas partes, los españoles lograron avanzar al palenque y le prendieron fuego, sin embargo, los habitantes lograron huir hacia los alrededores. Incapaces ambos bandos de ganar definitivamente la batalla, decidieron negociar y Yanga envió sus términos de paz a través de un español cautivo, esencialmente solicitó que llegaran a un acuerdo entre ellos y los que habían establecido la hostilidad entre indios y españoles, un área bajo su dominio y en compensación, el apoyo de sus partes en caso de ataques contra españoles, además de que su distrito enviaría de vuelta a cualquier esclavo que hubiese escapado de sus amos españoles.

Los términos de Yanga fueron aceptados con la condición adicional de que sólo un clérigo franciscano podría atender a los miembros del distrito y que a la familia de Yanga se le concedería el derecho de gobernar. Finalmente, el distrito de Yanga fue oficialmente establecido y permanece hasta nuestros días.9, 10

Sin duda alguna, la historia del negro Yanga y del pueblo afromexicano es sumamente interesante, además de que forma parte de nuestro origen y cultura, por este motivo es necesario conocerla desde los primeros niveles educativos, pues esto ayudará a reforzar la identidad pluricultural del pueblo mexicano.

Por lo anteriormente fundado y motivado, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Subsecretaría de Educación Básica y a la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública a incluir en los planes de estudio de educación básica la historia del pueblo afromexicano, de Gaspar, El Negro Yanga y de los orígenes afrodescendientes de México.

Notas

1 Véase, Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Dictamen con proyecto de decreto por el que se declara el día 12 de octubre de cada año como el “Día de la Nación Pluricultural” (Cámara de Senadores), Gaceta del Senado, núm. LXIV/3PPO-56/114047, 19 de noviembre de 2020, consultado el 18 de noviembre de 2021. Disponible en:

https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2020_11_1 9/2741

2 [1] Véase, “La educación Básica y su Importancia”, Consultado el 18 de Noviembre del 2021, Disponible en:

https://es.scribd.com/document/62910114/La-educacion-bas ica-y-su-importancia

3 Véase, Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, artículo 22, (15 de septiembre de 2020) consultado el 19 de Noviembre del 2021, Disponible en:

https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202106/
202106-RSC-tlL3Q2TfIa-ReglamentointernodelaSEP_150920.pdf#page=21

4 Véase, “Mapa Curricular”, Secretaría de Educación Pública, Consultado el 19 de Noviembre del 2021, Disponible en:

https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/index-mapa -curricular.html

5 Véase, “Historia de México. Primaria. 4”, Secretaría de Educación Pública, Consultado el 19 de Noviembre del 2021, Disponible en: https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/prim-ae-explora-historia4 .html

6 Véase, “Historia de México. Secundaria. 2”, Secretaría de Educación Pública, Consultado el 19 de Noviembre del 2021, Disponible en: https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/secu-ae-explora-historia2 .html

7 Véase, “Los pueblos afromexicanos y el reconocimiento de su diversidad”, Secretaría de Cultura, Consultado el 22 de noviembre del 2021, Disponible en:

https://www.gob.mx/cultura/articulos/los-pueblos-afromex icanos-y-el-reconocimiento-de-su-diversidad

8 https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/estatal/mata-clara-sede- del-xviii-encuentro-de-pueblos-negros/

9 Véase, “Gaspar Yanga”, Pueblos Originarios Biografías, Consultado el 23 de noviembre del 2021, Disponible en: https://pueblosoriginarios.com/biografias/yanga.html

10 Véase “Yanga, Gaspar - Biografías de afrodescendientes”, CONAPRED, Consultado el 23 de noviembre del 2021, Disponible en:

https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=439&id_opcion=40&op=61

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2022.

Diputada Angélica Peña Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Profeco a adoptar una estrategia para evitar que diversos actores económicos apliquen alzas indiscriminadas la canasta básica alimentaria que generen inflación por especulación, a cargo de Benjamín Robles Montoya y suscrita por Maribel Martínez Ruiz, diputados del Grupo Parlamentario del PT

Los suscritos, diputado Benjamín Robles Montoya y diputada Maribel Martínez Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del PT a la LXV Legislatura, de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. La inflación importada: USA y México

Los efectos pandémicos indujeron una recesión mundial por la desmovilización de factores generadores de bienes y servicios, misma que se manifestó agudamente desde enero hasta bien entrado el último trimestre del año 2020. La pandemia no ha sido superada totalmente, pero por la vacunación masiva, así como por diversos programas de ayuda social se evitó un colapso mayor.

Sin embargo, la caída del PIB el año 2020 fue inevitable. En algunos países llegó al 30 por ciento; en Estados Unidos fue de 3.5, mientras que en América Latina promedió el 10 por ciento; en México fue del orden del 8.5 por ciento.

En correlación, la tasa de desempleo también aumentó en promedio 7 por ciento a nivel mundial. A consecuencia de la recesión, los precios en sectores como turismo, transporte, producción y otros se desplomaron radicalmente; también hubo contracciones severas en el gasto de los hogares, por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, el consumo personal se redujo en 4 por ciento y no se diga el comercio internacional.

Ante tales circunstancias, como parte de los esfuerzos para la atención a la emergencia sanitaria y económica, la mayoría de las naciones recurrieron al uso del endeudamiento y otras a la emisión primaria de dinero. En el caso de la Unión Americana, la emisión primaria de dinero se convirtió en el eje del financiamiento antipandémico; de marzo del año 2020 a mayo del 2021 su tasa de crecimiento mensual tuvo un ritmo de 3,3 por ciento mensual -cinco veces más de lo normal- lo cual se reflejó en un agregado de 2 billones de dólares. Pero a partir de enero del año 2021, a esto se sumaron 1.9 billones cuando el Presidente Joe Biden puso en marcha un paquete de estímulos por un billón de dólares para apoyo directo a familias y subsidios del desempleo y otros 440 mil millones para apoyo a empresas.

Es decir, entró a la economía estadounidense una cantidad de liquidez sin precedentes, pero dada la singularidad de EUA como emisor único de la divisa más relevante del mundo, ese monto sin respaldo productivo interno y sólo como gasto público, tarde o temprano se trasladaría a los contribuyentes internos y extranjeros, generando así la exportación de su inflación.

Dada la cercanía y la relación comercial de México con el país vecino del norte, era inevitable el efecto de contagio inflacionario, como se observa en el siguiente cuadro.

**A noviembre 2021

Fuentes: Inegi,

https://www.gob.mx/shcp%7Cgacetaeconomica/articulos/la-inflacionhttps://www.swissinfo.ch/
spa/eeuu-inflaci%C3%B3n_eeuu-registra-en-2020-una-inflaci%C3%B3n-del-1-4——la
-menor-en-cinco-a%C3%B1os/46283864

https://elpais.com/economia/2021-01-15/
biden-anuncia-un-plan-de-ayudas-de-19-billones-de-dolares-para-combatir-la-crisis.html

2. México en una estrategia diferente

En mayo del año 2020, el gobierno del Presidente López Obrador implementó la “Nueva Política Económica en Tiempos del Coronavirus” que mantuvo como lineamiento básico el principio “por el bien de todos primero los pobres”. Por ello, se mantuvo y amplió la agenda social dirigida por lo menos a 25 millones de familias y se continuó con la agenda de proyectos especiales de infraestructura.

Estas medidas y otras evitaron un colapso grave en el nivel de empleo y aunque el PIB cayó en 8.8 puntos porcentuales, los niveles de consumo, en particular los de primera necesidad y alimentarios, llegaron inclusive a aumentar en ciertas regiones del país, manteniéndose una inflación de 3.15 por ciento, algo ligeramente mayor al año 2019 que fue de 2.83, pero dentro de los parámetros previamente establecidos por el Banco de México.

Más relevante aun que la Nueva Política Económica, fue que no hubo más endeudamiento ni emisión primaria de dinero para solventar los gastos de la pandemia y más bien se recurrió a cobrar los impuestos adeudados por grandes corporaciones, a la lucha contra la corrupción, a la austeridad republicana y a la reasignación del gasto público.

Por otra parte y en referencia a la inflación, en el año 2020 las pocas alzas ocurrieron en gas doméstico, huevo y carne, mientras que otros productos componentes de la canasta alimentaria como cebolla, jitomate, papaya y chile serrano tuvieron caídas de precios por encima del 20 por ciento. Sin embargo, para el año 2021, las cosas cambiaron. En primer lugar, se empezaron a recibir los indetenibles estragos de la inflación importada que se manifestó no sólo en bienes finales, sino también en bienes intermedios y materias primas, así como en los costos del transporte.

3. Detener la inflación por especulación

Desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se ha ganado la confianza de los consumidores, porque tiene una labor eficaz en defensa de los derechos del consumidor, promoviendo la corrección de injusticias del mercado, fortaleciendo el mercado interno y orientando a la población a un consumo razonado e informado, como se concreta en los informes que el titular de la misma, Procurador Ricardo Sheffield, da a conocer en las conferencias presidenciales matutinas y en otros medios como publicaciones, redes y alertas.

Estas acciones de Profeco coadyuvan a ejercer eficientemente el gasto familiar y están en coherencia con la defensa alimentaria de la población para evitar la pérdida del poder adquisitivo del salario.

Sin embargo, siempre surgen fenómenos no previstos, como el actual proceso inflacionario que, como ya se citó, viene en gran parte del exterior, frente a lo cual se deberán diseñar respuestas específicas en defensa de todos los esfuerzos gubernamentales por defender el poder adquisitivo de las familias mexicanas.

En este sentido, observamos que algunas cadenas comerciales de gran alcance e influencia en los consumidores como Walmart, Oxxo, Soriana y otras, vienen incrementando precios de diversos productos de la llamada canasta alimentaria, de manera discrecional por encima de las consideraciones de aumento de costo por inflación importada o de ganancia razonable. Una prueba de esto son las propias declaraciones del Procurador Sheffield, dadas a conocer en un comunicado de la Profeco del 27 de diciembre del 2021, señalando que los precios de un paquete de 21 productos de primera necesidad tienen variaciones de entre 118.35 y 269.99 pesos en diversas cadenas comerciales, en referencia a sus precios en las Centrales de Abastos. Como se sabe, las cadenas comerciales como Walmart, Soriana y otras se abastecen con compras anticipadas por muchos meses, entonces es pertinente que la población esté informada de cómo se están formando estas estrategias de aumentos de precios fuera de lugar, configurando una especulación en bienes de la canasta alimentaria.

De estas consideraciones se parte para que, en el entendido de las facultades de la Profeco, se establezca una estrategia específica de contención de la especulación en los bienes que componen la llamada “canasta alimentaria”.

De acuerdo a la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la llamada “canasta alimentaria” está integrada por un listado de bienes cuyo valor permite definir la Línea de Pobreza Extrema y por eso la importancia de evitar la inflación por especulación con los precios de ellos. A saber, los bienes citados son:

Canasta Alimentaria Mexicana

Fuente: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-ca nasta-basica.aspx

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de este pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a adoptar una estrategia para evitar que diversos actores económicos lleven a cabo aumentos indiscriminados de precios de la canasta alimentaria que generen inflación por especulación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a los siete días del mes de enero de dos mil veintidós.

Diputado Benjamín Robles Montoya (rúbrica)

Diputada Maribel Martínez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Chiapas a informar sobre el estado de las acciones relacionadas con los accidentes carreteros del 9 de diciembre de 2021, suscrita por la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Olga Luz Espinosa Morales , diputada federal a la LXV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. Tras el accidente de un tráiler entre Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas que en su interior llevaba migrantes centroamericanos, el secretario de Salud1 del estado de Chiapas informó un saldo de 55 muertos y 114 heridos; 42 personas, ya fueron dados de alta, y 66 siguen internados en distintos hospitales. De los 66 migrantes hospitalizados, señaló el funcionario local, cinco de ellos se encuentran muy graves en terapia intensiva, mientras que el resto presenta lesiones de graves a delicados estables.

Además, el secretario informó que 31 pacientes deben ser sometidos a diversas cirugías, la mayoría relacionadas con traumatismos. El saldo en materia de salud, es evidente, contundente.

Casi 200 migrantes que huían de la miseria de sus países vinieron a encontrar en nuestro país más desgracia para ellos y sus familias

El deceso de 55 personas no puede pasar desapercibidas, no podemos continuar como si no hubiese pasado nada.

2. Hasta el momento lo que ha señalado la Fiscalía General de la República que la causa de la volcadura e impacto del tráiler en el que viajaban 161 migrantes fue el exceso de velocidad, asimismo que el conductor se dio a la fuga tras los hechos.

La Fiscalía ha mencionado que el tráiler estaba registrada a nombre de “Autotransportes Río Blanco” en Chiapas y la caja tiene registro a nombre de “Z Transportes, SA”, en Veracruz;2 ¿quién es el verdadero propietario de la unidad?, ¿qué otras circunstancias llevaron a la unidad a volcarse, iba con exceso de peso?, ¿nadie verificó las condiciones mecánicas de la unidad? ¿en qué estado se encuentran sus permisos para circular en carreteras?¿estaba capacitado el conductor del tráiler para maniobrar esa unidad?.

Hay más preguntas que no han sido aclaradas, lo que ha derivado en múltiples especulaciones.

3. Hasta el momento, y después de versiones encontradas, el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, afirmó que el conductor del tráiler no pasó por ningún punto de control antes de estrellarse contra un puente peatonal en Chiapa de Corzo.

Versión que se contrapone con otras versiones en las que se difundió un video de una cámara de seguridad donde se puede ver el tráiler donde viajaban 161 migrantes hacinados en un remolque pasó por una caseta de vigilancia donde se encontraban elementos del Instituto Nacional de Migración-INM.3

El actuar de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración está en serias dudas. ¿Por qué no actuaron, en razón de sus atribuciones?, ¿Sí hubieron omisiones, cuáles son las razones de éstas?, ¿quiénes en la Guardia Nacional y en el INM son responsables de las omisiones que terminaron en la muerte de los migrantes?, ¿hay procesos abiertos en contra de estos servidores públicos?

Versiones, que urge aclarar, apuntan a que el accidente es una evidencia de que lo que está detrás es tráfico y trata de personas.

4. El pasado 13 de diciembre se instaló el Grupo de Acción Inmediata-GAI-4 para combatir las redes de tráfico de personas. En esta instancia participarán Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Ecuador, República Dominicana y México. Este Grupo servirá como una mesa permanente para investigar, identificar, aprehender y presentar ante la justicia a los integrantes y mandos de la organización criminal transnacional responsable del accidente.

La SRE señala que cada país asumirá la investigación en su territorio y, además de las herramientas existentes de cooperación jurídica, se establecerá un mecanismo para intercambiar información de manera fluida y directa a partir de hoy, con el fin de presentar, a la brevedad, resultados a los deudos y a la opinión pública en general.

Paradójicamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores-SRE- de nuestro país, fungirá como coordinadora general de este Grupo.

El grupo parlamentario del PRD se expresa porque este Grupo rinda informes oportunos a esta Soberanía de las acciones que, en el nombre de México efectúa, así como de los compromisos que acuerda en esta instancia de cooperación internacional.

¿La migración es competencia de la SRE o del INM?. La respuesta, la da la Ley de Migración.5 La fracción II del artículo 20 establece:

El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

Vigilar la entrada y salida de personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y revisar su documentación.

En lo que va de este sexenio la SRE ha violado el marco jurídico en materia de migración. No basta la encomienda presidencial. Esta encomienda no puede estar por encima de la Ley.

5. Esta Proposición se suma al pronunciamiento de las legisladoras y legisladores de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación sobre el accidente de 09 de diciembre en el estado de Chiapas en el que perdieron la vida personas migrantes Centroamericanas en el sentido de exigir una investigación exhaustiva de los hechos y del actuar del Instituto Nacional de Migración.

Con esta Proposición se busca que la Comisión Permanente se manifieste de los hechos acontecidos en el estado de Chiapas.

Por lo anteriormente sustentado, y con fundamento en los artículos 78, fracción iii, de la constitución política de los estados unidos mexicanos; 127 de la ley orgánica del congreso general de los estados unidos mexicanos; y 58 del reglamento para el gobierno interior del congreso general de los estados unidos mexicanos somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Migración, a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, informen a esta soberanía de las acciones que se encuentran realizando derivado del accidente ocurrido en el estado de Chiapas el pasado 9 de diciembre de 2021.

Notas

1 Nota periodística: “Se recuperan 42 migrantes de accidente de tráiler en Chiapas; 66 siguen internados” de Miguel Díaz publicado en El Mañana el 14 de diciembre de 2021 en la web https://elmanana.com.mx/nacional/2021/12/14/se-recuperan-42-migrantes-d e-accidente-de-trailer-en-chiapas-66-siguen-internados-65316.html

2 De la nota: “Accidente de migrantes en Chiapas fue por exceso de velocidad” publicado en el portal Diario Yucatán, disponible en:

http://diarioacayucan.com/accidente-de-migrantes-en-chia pas-fue-por-exceso-de-velocidad/

3 De la nota: “Video revela que el tráiler del accidente de Chiapas si pasó por caseta de migración” de I. Álvarez publicada el 14 de diciembre de 2021 en el portal web de La Verdad; disponible en https://laverdadnoticias.com/mexico/Video-revela-que-trailer-del-accide nte-de-Chiapas-si-paso-por-caseta-de-migracion-20211214-0122.html

4 De la nota “Crean grupo internacional de acción inmediata contra red de traficantes responsable de accidente de migrantes en Chiapas” publicado en la web Entorno Inteligente. Disponible en https://www.entornointeligente.com/10/12/2021/crean-grupo-internacional -de-accin-inmediata-contra-red-de-traficantes-responsable-de-accidente- de-migrantes-en-chiapas/

5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_200521.pdf

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2022.

Diputada Olga Luz Espinosa Morales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCJN a garantizar el acceso pleno a la justicia y el ambiente sano y la protección del arrecife veracruzano, en el amparo que habitantes de Medellín-Boca del Río promovieron contra la ampliación del puerto de Veracruz, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas y diputados, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura, con fundamento en lo señalado en el artículo 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de motivos

En 2012 se realizó una modificación a la poligonal del Área Natural Protegida que conforma el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, a fin de “llevar a cabo las obras de ampliación del Puerto”1 de Veracruz. Dicho poligonal original, “tenía encapsulado al Puerto de Veracruz lo que le impedía su crecimiento”,2 a fin de solo realizar “actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna, y en general, con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así como con la investigación, recreación, turismo y educación ecológicos, así como el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales”.3

No obstante lo anterior, con la modificación señalada, y con la eventual autorización de las obras de ampliación del Puerto, se advirtió que la Administración Portuaria Integral de Veracruz “presentó una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) fragmentada, lo cual impide evaluar el proyecto de forma integral y considerar todos los impactos acumulativos”,4 además que se “omitió usar la mejor información científica posible, tan es así que no se manifestó la existencia del arrecife no emergido llamado La Loma, el cual se ubica muy cerca de lo que será la nueva entrada al Puerto”.5

Por ello, se promovió un amparo contra la “Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por no garantizar el derecho al medio ambiente sano, utilizando para ello el estándar más alto de protección en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental”,6 ya que “conlleva impactos ambientales graves en contra de un ecosistema fundamental para garantizar no sólo la preservación de las actividades económicas, las tradiciones culturales y la calidad de vida, sino la sobrevivencia de los habitantes de Veracruz, toda vez que el arrecife es el que hace posible la vida en el Puerto”.7

Igualmente, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente “presentó argumentos de derecho internacional en un escrito de amicus curiae donde se expone el interés público de la población en proteger al sitio Ramsar y la biodiversidad, a fin de lograr la protección del derecho al ambiente sano”.8

En ese sentido, recientemente se dio a conocer que un proyecto de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación “propondrá a un juez federal que revise el proyecto relativo a la ampliación del Puerto de Veracruz”,9 toda vez que “hay pruebas de que podría tener un impacto ambiental en el sistema de arrecifes veracruzano”.10

Al respecto, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental ha indicado que la “decisión de la Suprema Corte será un importante precedente en materia de acceso a la justicia, pues la Primera Sala pretende determinar si ciudadanos cercanos al arrecife tendrían el derecho de exigir al poder judicial la protección del ecosistema amenazado”.11 Por lo que, de obtener una resolución favorable, se “confirmaría el derecho que tienen las personas y pueblos de salir a defender los ecosistemas de los que dependen sus proyectos de vida”.12

Diversas organizaciones han hecho un llamado los integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte a que voten a favor del proyecto del ministro Alcántara Carrancá, a fin de:

“a) Garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano a través de la adopción de todas las medidas que permitan la preservación y la protección de los arrecifes veracruzanos en riesgo; y,

b) reconocer la importancia de revocar las autorizaciones del proyecto y de evaluarlo de manera completa, haciendo uso de la mejor información científica y considerando la totalidad de arrecifes y humedales que se encuentran en su zona de influencia.”13

Por lo expuesto sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a garantizar el acceso pleno a la justicia y al medio ambiente sano, y de la protección del arrecife veracruzano, en el amparo en revisión 54/2021, que habitantes de la conurbación Medellín-Boca del Río promueve contra la ampliación del Puerto de Veracruz, dados los impactos ambientales negativos e irreversibles que la obra tendría sobre los arrecifes que se encuentran en dicha zona.

Notas

1 “Ampliación del Puerto de Veracruz dañaría irreversiblemente el Sistema Arrecifal Veracruzano”, CEMDA . Disponible en: https://www.cemda.org.mx/ampliacion-del-puerto-de-veracruz-danaria-irre versiblemente-el-sistema-arrecifal-veracruzano/ (consultado el 6 de enero de 2021).

2 Ibid.

3 Ibid.

4 Ibid.

5 Ibid.

6 Ibid.

7 Ibid.

8 Ibid.

9 “Ministro de la Corte propone revisar ampliación del Puerto de Veracruz”, Milenio . Disponible en: https://www.milenio.com/politica/ministro-scjn-propone-revisar-ampliaci on-puerto-veracruz (consultado 6 de enero de 2021).

10 Ibid.

11 “Llaman a la Suprema Corte a proteger el arrecife veracruzano”, CEMDA . Disponible en:
https://www.cemda.org.mx/llaman-a-la-suprema-corte-a-proteger-el-arrecife-veracruzano/
?fbclid=IwAR1L3Yrg0mmjQLzlAQUxgjJTVRtBGFhegqy9LGAkWjeBP3tDdLVgY3rlc20 (consultado el 6 de enero de 2021).

12 Ibid.

13 Ibid.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2022.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Poder Judicial de Puebla a tomar las medidas legales conducentes a liberar las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla para permitir que estudiantes, profesores y directivos retomen actividades de manera presencial o semipresencial, según lo permitan las condiciones de la pandemia por Covid-19, suscrita por la senadora Nancy de la Sierra Arámburo

De la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Plural de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Judicial del estado de Puebla a tomar las medidas legales necesarias para liberar las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla, a fin de permitir que las y los estudiantes, maestros y directivos de dicha universidad puedan retomar sus estudios de manera presencial o semipresencial, conforme lo permitan las condiciones de la pandemia por Covid-19, con base en las siguientes

Consideraciones

Tras dos años desde el inicio de la pandemia por Covid-19, las y los estudiantes universitarios se encuentran ansiosos por retomar sus estudios en la modalidad presencial, en esperanzas de mejorar sus condiciones de aprendizaje, conectar con sus compañeras y compañeros, y disfrutar lo que debería ser una de las mejores etapas de su juventud y desarrollo académico.

Aunque muchas universidades en el país han logrado transitar hacia modelos de educación presencial o semipresencial durante la crisis sanitaria, es lamentable que alrededor de 10 mil jóvenes en Puebla han sido privados de esa oportunidad para continuar con sus estudios, ante la toma de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) por parte de Policía Estatal.

Esta ocupación de las autoridades sobre la UDLAP es resultado de conflictos legales entre miembros de la familia Jenkins, heredera del patrimonio de William O. Jenkins y Guillermo Óscar Jenkins, quien a través de la Fundación Mary Street Jenkins destinó grandes sumas de dinero a obras en favor de Puebla y México. Cabe señalar que los abogados de la familia Jenkins, incluyendo al abogado general de la UDLAP, también han sido parte de estos conflictos.

Después de que Guillermo Jenkins de Landa, nieto de Guillermo Óscar Jenkins, denunció a su madre y sus hermanos por lavado de dinero, el Poder Judicial liberó ordenes de aprehensión a inicios de junio de 2021 contra dichos familiares y sus abogados por su probable responsabilidad en un fraude de más de 14 mil millones de pesos. Esto se suma a las órdenes de captura que ya existían contra ellos por el presunto desfalco de más de 700 millones de dólares de la Fundación Jenkins.1

En el pasado, el abogado representante de Guillermo Jenkins de Landa ha dado a conocer que la Fundación Jenkins es insolvente para cumplir con los cientos de millones de pesos que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) le requiere y solo cuenta con el terreno donde se ubica la UDLAP como garantía. En consecuencia, el litigio entre los Jenkins ha derivado en una orden judicial para embargar la universidad, así como para realizar una auditoría legal, fiscal y contable de la administración de la universidad.

Los efectos de esa orden perduran hasta el día de hoy, en el que han pasado más de 6 meses desde que las autoridades tomaron la UDLAP con el uso innecesario y desmedido de la fuerza pública, a través de armas de alto calibre, la presencia de policías auxiliares y elementos de seguridad privada al interior de la institución educativa. Desde luego, esto ha creado un sentimiento de despojo y alarma entre la comunidad universitaria, quien percibe estas medidas como violencia contra del derecho a la educación.

Cabe señalar que la Rectoría de la UDLAP ha sufrido inestabilidad desde julio, cuando se nombró rector a Armando Ríos Piter, a quien el Consejo Empresarial de la UDLAP desconoce como tal, ya que supuestamente no satisface los requisitos para desempeñar tal función, de acuerdo con el Estatuto Orgánico de la UDLAP. Además, el exrector Luis Ernesto Derbez fue acusado por la Fiscalía General del estado de Puebla por crear empresas para desviar recursos de la UDLAP hacia la Fundación Mary Street Jenkins. Ahora, Cecilia Anaya Berrios es rectora interina de la universidad, tras ser nombrada como tal por el patronato encabezado por Margarita Jenkins, madre de Guillermo.

Esta inestabilidad ha causado franca preocupación a las y los poblanos respecto a una de sus mayores casas de estudio, así como ha ocasionado una enorme ola de incertidumbre para las y los universitarios inscritos a la institución, cuya matrícula está mayormente conformada por estudiantes de otras entidades federativas. Así, la toma de la UDLAP no solo afecta a las y los poblanos, sino que trastoca la vida de muchas personas más allá de nuestro estado. Por ello, es imperante traer claridad y soluciones a este conflicto que solo ha exacerbado los obstáculos que las y los estudiantes ya enfrentan ante esta pandemia.

A inicios de octubre de 2021, las y los universitarios y el personal administrativo de la UDLAP se manifestaron bajo consignas como “UDLAP Libre”, “Libros sí, armas no”, “Fuera Armas” y “Respeten mi derecho a estudiar”, exigiendo acceso a las instalaciones de la universidad para poder retomar sus estudios de manera presencial y de conformidad con los protocolos necesarios para prevenir contagios de Covid-19. Las protestas han continuado a lo largo de este proceso al que ha sido sometido la UDLAP, incluso durante el 31 de diciembre del año pasado, cuando estudiantes, trabajadores y padres de familia se manifestaron en la Plaza de la Soberanía del estado de Veracruz, ya que por lo menos el 30 por ciento del alumnado de la UDLAP proviene de esa entidad federativa.

Cabe destacar que el 7 y 15 de diciembre de 2020, el Juzgado 24 de lo Civil de la Ciudad Civil de la Ciudad de México envió sendos exhortos al Poder Judicial de Puebla y a las autoridades de Cholula, para devolver el campus de la UDLAP a las autoridades encabezadas por la rectora interina, Cecilia Anaya Berríos. Las autoridades mencionadas, particularmente el Juzgado Segundo de lo Civil de Cholula, han evitado cumplir con este llamado, incrementando la desconfianza entre la comunidad UDLAP, que ha expresado su descontento e inconformidad a través de múltiples medios. Asimismo, este caso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aún no ha emitido la sentencia correspondiente.

Las y los jóvenes que han exigido a las autoridades reabrir las instalaciones universitarias, plantean sus exigencias desde la desesperación y desde la añoranza por disfrutar de su vida universitaria y por prepararse para su futuro desarrollo profesional. La juventud acude a las universidades a conocer grandes personajes, a sostener conversaciones inspiradoras con el personal académico, a colaborar con investigadores en el laboratorio y a experimentar la vida social en el campus.2 Esto es lo que las personas inscritas a la UDLAP están reclamando con absoluta legitimación y justificación; y corresponde a las autoridades del Estado responder de manera pronta y contundente.

Además, no debe pasar desapercibido que la emergencia sanitaria ha traído dificultades en el proceso de aprendizaje para la educación superior. En este sentido, José Antonio Miguel Román de la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca, realizó una investigación al respecto, en la que realizó encuestas a estudiantes universitarios que expresaron algunas de sus inconformidades respecto a la educación virtual. Las siguientes tablan reflejan con claridad los hallazgos de Miguel Román:


De lo anterior, puede colegirse que la inconformidad de las y los alumnos ante la educación virtual, deviene de la falta de organización, comunicación y acceso a internet que se presenta en algunos casos. Por lo que es necesario tomar las medidas necesarias para habilitar el regreso escalonado a las universidades, tal como la UDLAP lo tenía previsto a través de su plan de “Regreso Seguro al Campus”.3

El 12 de octubre de 2021, la UDLAP cumplió su 81 aniversario en medio de esta tragedia conflictiva, en la que el alumnado y el personal son quienes más salen perdiendo, pues sus futuros dependen de la reapertura de la institución. Esta universidad que aporta más de 74 programas académicos al estado de Puebla; y que logra que el 97 por ciento sus egresados sean contratados durante su primer año de egreso, merece y necesita ser reabierta por su trascendencia social y económica para Puebla y México.

Las autoridades del estado deben tomar acciones para que la UDLAP vuelva a abrir sus puertas a las y los alumnos, tal como lo mandata el artículo 3, fracción X de nuestra Constitución, que establece:

X. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federal y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas.

Con un espíritu solidario, varias universidades como la Universidad Iberoamericana, el Tec de Monterrey campus Puebla, la Universidad Anáhuac, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y la Universidad Madero, por mencionar algunas, se han unido al llamado a la reapertura de la UDLAP, invocando el respeto a la legalidad y al trato digno a quienes conforman las comunidades educativas en Puebla. Desde el Congreso de la Unión, es momento de que unamos nuestras voces a este llamado por el derecho a la educación de las y los poblanos.

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Poder Judicial del estado de Puebla a tomar las medidas legales necesarias para liberar las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla, a fin de permitir que las y los estudiantes, maestros y directivos de dicha universidad puedan retomar sus estudios de manera presencial o semipresencial, conforme lo permitan las condiciones de la pandemia por Covid-19.

Notas

1 https://politica.expansion.mx/mexico/2021/06/29/
policias-toman-las-instalaciones-de-la-universidad-de-las-americas-puebla

2 Oecd 1

https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/EAG2020_COVID %20Brochure%20ES.pdf

3 https://www.udlap.mx/regresoalcampus/

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2022.

Senadora Nancy de la Sierra Arámburo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar la comparecencia de los titulares de la Unidad de Política Migratoria, el Registro de Identidad de Personas de la Segob y el INM para que informen de la crisis migratoria que se vive en el país, a cargo de la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Gina Andrea Cruz Blackledge, senadora de la república por el estado de Baja California e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita la comparecencia de las personas titulares de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, y del Instituto Nacional de Migración, para que informen a detalle acerca de la crisis migratoria que se vive en nuestro país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el artículo segundo de la Ley de Migración se señala que “la política migratoria del Estado mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados que con fundamento en los principios generales y demás preceptos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados y convenios internacionales en los que el Estado mexicano sea parte y la presente ley, se plasman en el reglamento, normas secundarias, diversos programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes”.1

Asimismo, el mismo ordenamiento señala los principios en los que se sustenta la política migratoria nacional, entre los que destacan: el respeto irrestricto a los derechos humanos, congruencia en el trato al migrante (admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido), atención de las diversas manifestaciones de la migración en México (origen, tránsito, destino y retorno de migrantes), responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos países, hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un nuevo lugar de residencia temporal o permanente debido a condiciones extremas en su país de origen que ponen en riego su vida, facilitación de la movilidad, reconocimiento a los derechos adquiridos de los inmigrantes, interés superior de las niñas, niños, adolescentes, perspectiva de género y convencionalidad.

Destaca la citada ley que “el Poder Ejecutivo determinará la política migratoria del país en su parte operativa, para lo cual deberá recoger las demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil organizada, tomando en consideración la tradición humanitaria de México y su compromiso indeclinable con los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad nacional, pública y fronteriza”.

Recordemos que la migración es una aspiración humana fundamental que se origina en factores y circunstancias como la necesidad de buscar mejores condiciones de vida, escapar de situaciones de violencia e inestabilidad política que se vive en los países de origen, la depredación del medio ambiente y el desplazamiento forzado de comunidades.

Nuestro país, por su situación geográfica, registra una intensa dinámica migratoria y se ha convertido, hoy más que nunca, en una nación de tránsito de miles de migrantes en busca del llamado “sueño americano”. Mientras que, en 2019, la Customs and Border Protection (CBP), reportó la detención de un millón 148 mil 24 inmigrantes indocumentados, al año siguiente, en el 2020, esta cantidad se redujo a 646 mil 822. Para el 2021 se dio un incremento importante en el número de detenidos, llegando a un millón 956 mil 519. Al cierre de 2021, el número de encuentros se ha reducido a 384 mil en parte como resultado de la aplicación del programa “Quédate en México”.

Por otro lado, el número de solicitudes de refugio que se han presentado en México, se incrementó, de 41 mil en 2020, hasta alcanzar las 123 mil 187 en el periodo enero-noviembre de 2021. Los Estados Unidos establecieron en el año 2021, un techo de 62 mil 500 solicitudes de refugio, mientras que la cifra que ha propuesto el Ejecutivo al Congreso para el año 2022 es de 125 mil solicitudes.

Desde el inicio de esta administración, las y los legisladores de Acción Nacional advertimos que las declaraciones del aún presidente electo López Obrador eran preocupantes y faltas de una visión clara de una política migratoria eficaz y ordenada, sin un diagnóstico cierto y viable, ya que en octubre de 2018 prometió visas y trabajo para migrantes centroamericanos, lo que generó un incentivo para que los migrantes, principalmente del triángulo del norte, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, se organizaran en una modalidad de migración no individual, que son las caravanas que han cruzado por nuestro país. Estos flujos generaron una presión inédita en nuestras fronteras norte y sur y provocaron una reacción del gobierno de Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles progresivos si no se contenían los flujos de transmigrantes.

Como resultado de la presión, el gobierno mexicano dio un giro radical a su política migratoria y desplegó a la Guardia Nacional en la frontera sur, construyéndose así un muro humano que ha contenido los flujos migratorios. De acuerdo con datos del primer Informe de Gobierno en 2019 había en nuestro país 24 mil 92 migrantes, de los cuales más de la mitad se ubicaban en Baja California y Chihuahua y un 15 por ciento en Chiapas. En el tercer Informe de Gobierno en 2021, las solicitudes de refugio del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021 sumaron un total de 68 mil 706 personas, siendo el estado de Chiapas el primer lugar con más de 29 mil casos con 49 mil 298 personas con esta condición, esto refleja el número creciente de personas migrantes que siguen llegando a nuestro país y el agravamiento de la política migratoria de contención, con el despliegue de la Guardia Nacional.

También las y los legisladores de Acción Nacional señalamos, desde el inicio de esta errática política migratoria nacional, que se violentó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal al delegar la facultad migratoria a la Secretaría de Relaciones Exteriores, hecho que se consumó con la publicación, el 19 de septiembre de 2019, del Decreto por el que se crea la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria. Con el decreto se facultó para que la comisión fuera encabezada por la Cancillería. El artículo 4 del decreto prevé como función de la comisión: “Establecer las acciones de carácter prioritario y de ejecución inmediata que se requieran para dar cumplimiento a la estrategia de coordinación en materia migratoria”.

Aunado a la falta de una política real migratoria, la pandemia del Covid-19 ha agravado la situación de las y los migrantes que se ubican en nuestras fronteras ocasionando una crisis humanitaria de graves consecuencias que debe ser atendida, ya que los albergues y casas de migrantes, que recibían recursos públicos, desde el inicio de esta administración dejaron de recibirlos por una decisión abiertamente irresponsable, lo que ha llevado a que presenten carencias en algunos de sus servicios, como ya lo hemos venido denunciando en mi estado Baja California donde se dieron cortes de agua a albergues de migrantes, deportados y refugiados, situación a todas luces inaceptable porque atenta contra las condiciones de vida de las personas que viven en dichos lugares y pone en riesgo su salud y bienestar humano.

Asimismo, entre los principales factores que han provocado la crisis actual está la falta de apoyos gubernamentales a organizaciones de la sociedad civil que atienden a migrantes, la reducción continua de recursos a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), la criminalización de la migración, violaciones reiteradas de los derechos humanos de las y los migrantes por parte de autoridades mexicanas y la ineficaz lucha contra organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas. La situación de los campamentos en ambas fronteras es grave: estamos ante una crisis humanitaria y de derechos humanos.

Las y los legisladores de Acción Nacional señalamos y alzamos la voz para definir que el 2021 debe considerarse como un año de crisis y retroceso en materia migratoria ya que el gobierno federal no ha tenido una estrategia clara para atender el fenómeno migratorio. México lamentablemente se ha convertido en el país más peligroso para el tránsito de migrantes y desafortunadamente se siguen presentado tragedias, además del creciente tráfico de personas desde Centroamérica. La reciente tragedia que se dio en Chiapas con 56 migrantes muertos el pasado mes de diciembre ha puesto en evidencia la fragilidad institucional y el fracaso de la política migratoria.

Denunciamos que el despliegue de la Guardia Nacional ha tenido consecuencias adversas en materia de política migratoria, ya que la Guardia carece de protocolos para la atención de migrantes y de formación en materia de derechos humanos, migración, asilo y refugio. Además, la Guardia debería estar al servicio de la seguridad interior y no para actuar como muros y barreras.

Sumado a la crisis anterior, el pasado mes de agosto, la Corte Suprema de los Estados Unidos obligó al gobierno del presidente Joe Biden a reactivar el programa “Quédate en México”, por lo que el gobierno mexicano accedió a ser nuevamente el patio trasero de los Estados Unidos, sin condiciones para garantizar el tránsito y la estancia segura en nuestro país.

Al respecto de este programa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (institución que en los hechos ha estado muy alejada de pronunciarse y emprender acciones al respecto de esta crisis migratoria), presentó el Informe Especial sobre el Programa “Quédate en México”, donde destaca que México no cuenta con la infraestructura necesaria para dar acogida, protección ni integración de las personas que soliciten asilo, ni existe coordinación entre el gobierno federal, ni los gobiernos estatales, ni municipales en la frontera norte, y recomienda que el Congreso de la Unión dialogue sobre instrumentos jurídicos y presupuestales necesarios para atender esta crisis migratoria.

De lo anterior, es imprescindible y necesario que en estos momentos la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, por medio de las personas encargadas de la Política Migratoria Nacional y del Instituto Nacional de Migración, comparezcan ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con la finalidad de que informen a detalle sobre la grave crisis migratoria que lamentablemente se vive en nuestro país, expliquen la Política Migratoria que está llevando a cabo el Estado y la forma como los recortes presupuestales de la mal llamada “austeridad republicana”. les afectan en el desempeño de sus labores.

Asimismo, esta soberanía debe conocer los efectos e implicaciones económicas, de salud, de educación y de atención a los derechos humanos que se están teniendo las entidades federativas fronterizas de nuestro país ante esta crisis migratoria.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Único . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita la comparecencia de las personas titulares de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, y del Instituto Nacional de Migración, para que informen a detalle acerca de la crisis migratoria que se vive en nuestro país.

Nota

1 Ley de Migración. Artículo 2.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_2005 21.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2022.

Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la SCJN a ejecutar diligencias legales frente al proceso por el cual el INE podría llevar a cabo una consulta sobre la revocación de mandato para que no se permitan diligencias inconstitucionales motivadas por el interés político de los partidos, en vulneración de la autonomía y facultad de las instituciones, a cargo de la senadora Nuvia Mayorga Díaz, del Grupo Parlamentario del PRI

La senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El jueves 2 de septiembre de 2021 las bancadas de los Partidos Morena, PVEM y PT en la Cámara de Diputados, lograron la aprobación de la Ley de Juicio Político y Declaraciones de Procedencia (LJPDP) con 266 votos a favor y 205 en contra, la Cámara emitió la nueva ley reglamentaria de los artículos 108, 109, 110, 111 y 112 constitucionales en materia de juicio político, declaración de procedencia y responsabilidad penal del presidente. Esta nueva legislación permite regular los procedimientos para sancionar a servidores públicos que violen la ley, abusen de su cargo o hagan uso indebido de recursos públicos. La expedición de esta ley también implicó la abrogación de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que fue calificada por la bancada de Morena como obsoleta y fuente de ambigüedades. Una de las peculiaridades de la ley es que la Cámara de Diputados adquiere la facultad de iniciar un juicio político contra alguien si se presenta como asunto en el pleno y cuenta con el apoyo de la mayoría absoluta. También se incluyen las posibilidades de que el Presidente de la República sea imputado y juzgado por diversos delitos; y que cualquier ciudadano puede presentar una denuncia en contra de servidores públicos.

Poco después de ser aprobada en la Cámara de Diputados, la ley fue aprobada por unanimidad en el Senado de la República. En diciembre de 2021, Morena dio a conocer que pretende iniciar un juicio político en contra de seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que votaron a favor de aplazar la consulta de revocación de mandato por no contar con el suficiente presupuesto para llevarla a cabo. Esto se debe a que los diputados de Morena se negaron a entregar al INE dichos recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022. En realidad, la Constitución establece que se iniciará juicio político contra los servidores públicos que “en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”. En la Ley de Juicio Político se explica que las instancias en las que ocurre lo anterior son: i) infracciones a la Constitución o a las leyes federales que afecten gravemente a la federación, a los estados, o a la sociedad, así como afectaciones serias al funcionamiento normal de las instituciones; ii) violaciones graves a las garantías individuales o sociales; iii) violaciones a los derechos políticos de los ciudadanos; y iv) violaciones graves a los planes, programas y presupuestos federales.

A pesar de las acusaciones de la bancada líderes del partido en el poder, los expertos aseguran que estas son infundadas y es probable que no prosperen. El investigador del Instituto para el Fortalecimiento del Derecho del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Raúl Mejía, afirma que el futuro de la consulta es incierto de entrada, porque deben recopilar un cierto número de firmas en un cierto número de estados. Además, la ley marca condiciones muy específicas para realizar la consulta, por lo que el tema del presupuesto no es menor ni secundario, como afirmó Mario Delgado. Por su parte, el constitucionalista de la Universidad La Salle, y vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Julio Jiménez, argumenta que las declaraciones de Morena son en realidad una estrategia mediática, dado que las acciones de los consejeros del INE no corresponden con ataques a las instituciones democráticas, al gobierno, a la Constitución, ni violan los derechos electorales de la ciudadanía, por lo que es probable que el tema se judicialice. Otro escenario posible es que el INE se vea obligado a llevar a cabo la consulta sin los medios suficientes y si los consejeros se niegan, podría proceder un juicio en su contra.

Para este escenario Morena necesita de mayoría calificada en la Cámara para poder promover el juicio político en contra de los consejeros (artículo 20, LJPDP). La consecuencia directa de esto es que los consejeros quedan inhabilitados para desempeñar su cargo (artículo 35, LJPDP). Esto significa que los seis consejeros acusados podrían ser separados de sus funciones si inician un juicio político en su contra, sean hallados culpables o no. Esto implica que se tendría que llevar a cabo otro proceso de selección para nombrar nuevos consejeros. La elección de los consejeros se lleva a cabo de la siguiente manera: la Cámara de Diputados abre una convocatoria pública con los requisitos para ser aspirante a consejero electoral e integra un Comité Técnico de Evaluación compuesto por siete perfiles; dos perfiles propuestos por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, dos más por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y tres por la propia Cámara de Diputados. El Comité Técnico evalúa los perfiles y presenta a la Cámara los que considere idóneos, y finalmente éstos son votados para obtener a los siguientes consejeros.

Tal como lo señalaron los expertos, resulta evidente que Morena despliega una estrategia que cumple con varios objetivos: i) convencer a la opinión pública de que su partido es víctima del INE; ii) presionar a los consejeros para que el INE lleve a cabo la consulta de revocación de mandato sin los recursos que se les debe otorgar por ley; iii) en el peor de los casos, se puede remover a los consejeros mediante la figura legal del juicio político y comenzar un nuevo proceso de elección, en el que pueden integrar perfiles más obedientes a los objetivos de Morena y el gobierno. La estrategia es tramposa y hace una burla de las instituciones y las leyes mexicanas. Ningún partido político debería tener reparo en desacreditar al árbitro electoral nacional ni en buscar la remoción de sus consejeros por el simple hecho de no adecuarse a sus designios sobre la consulta de revocación de mandato, que tal como está planteada se asemeja más a una consulta de ratificación. Esta remoción daría al partido hegemónico la oportunidad de inmiscuirse de nuevo en la designación de los consejeros, establecer un patrón de castigo para los que se oponen a sus arrebatos contra le ley y, además, asestaría un golpe político y mediático en contra de la institución democrática más importante del país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en el ejercicio de sus funciones ejecuten las diligencias legales y necesarias frente al proceso por el cual el Instituto Nacional Electoral podría llevar a cabo una consulta sobre la revocación de mandato. Para que no se permitan diligencias inconstitucionales motivadas por el interés político de los partidos, vulnerando la autonomía y facultad de las instituciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2022.

Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades e instituciones a promover e impulsar la agenda migratoria en favor de la salvaguarda y protección de los derechos de las migrantes y realizar mayores acciones para erradicar y combatir la violencia, a cargo del senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, senador Raúl Bolaños-Cacho Cué , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se convoca a diversas autoridades e instituciones a promover e impulsar la agenda migratoria en favor de la salvaguarda y protección de los derechos de las mujeres migrantes y a realizar mayores acciones para erradicar y combatir las diversas formas de violencia que sufren por su condición migratoria , con base en las siguientes

Consideraciones

A nivel mundial, el fenómeno de la violencia en contra de las mujeres sigue siendo un tema de la mayor relevancia y preocupación. Pese a que existen importantes esfuerzos impulsados por diversos organismos internacionales y por gobiernos de un gran número de países, las cifras sobre las diversas formas de violencia y la desigualdad entre géneros son alarmantes y están muy lejos de mostrar resultados positivos.

Datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) revelan que, en el mundo, el 35 por ciento de las mujeres ha sufrido al menos una vez en su vida violencia física o sexual y 137 de ellas son asesinadas diariamente. Se estima que de las 87 mil mujeres asesinadas más de la mitad (50 mil) perdieron la vida por las propias manos de uno de sus familiares o sus parejas íntimas. Más de un tercio de las mujeres fueron víctimas de feminicidios (30 mil), menos del 40 por ciento de aquellas que experimentaron algún tipo de violencia buscaron ayuda y menos del 10 por ciento denunciaron los hechos.

Es preocupante que solo 155 países tengan leyes sobre la violencia doméstica y solo 140 cuenten con legislación sobre el acoso sexual en el ámbito laboral. Pese a la existencia de algunas leyes y diversos ordenamientos, éstos no necesariamente se ajustan a las normas y recomendaciones internacionales y no implica que se ejecuten y se cumplan.

Las mujeres y niñas suman el 72 por ciento de las víctimas de trata a nivel mundial y las mujeres adultas representan cerca de la mitad de las víctimas (49 por ciento). Dicha actividad tiene fines de explotación sexual, en la mayoría de los casos. Por otro lado, estimaciones de dicho organismo refieren que 15 millones de niñas adolescentes, de entre 15 y 19 años, han experimentado relaciones sexuales forzadas; y la violencia de género en las escuelas es un obstáculo determinante en la escolarización universal y el derecho de las niñas a la educación.1

Aunado a lo anterior, datos recientes revelaron que durante la crisis de salud originada por la pandemia del Covid-19, la violencia contra las mujeres y las niñas se intensificó en países de todo el mundo. Las medidas de bloqueo para limitar la propagación del virus volvieron más vulnerables a las mujeres y las niñas que ya sufrían violencia en sus hogares porque esta situación las aisló de las personas y los recursos institucionales de ayuda. Lo anterior pudo constatarse por el incremento de las llamadas a las líneas de atención de casos de violencia en el hogar.2

Si bien esta situación es crítica, existe un sector poblacional de mujeres que sufre violencia día a día y está fuera de cualquier estadística, es prácticamente invisible ante organismos internacionales e instituciones formales. La violencia en contra de mujeres migrantes o en tránsito es un grave problema que solo está en el radar de organizaciones civiles y no gubernamentales, algunas instituciones académicas y de gobierno.

Información de ONU Mujeres estima que el 50 por ciento de los refugiados del mundo son mujeres y niñas, y que 1 de cada 5 mujeres refugiadas o desplazadas han sido víctimas de violencia sexual.3

Por otro lado, datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) refieren que las mujeres representan poco menos de la mitad de la población mundial de migrantes internacionales: el 48.1 por ciento que equivale a 135 millones. En el periodo del 2000 a 2020 la proporción de mujeres migrantes ha disminuido del 49.4 por ciento al 48.1 por ciento, aunque en la región latinoamericana y caribeña esta proporción es ligeramente menor, 49.5 por ciento de mujeres y 50.5 por ciento hombres. Respecto a la proporción, entre hombres y mujeres, de trabajadores migrantes es casi la misma, la cual se diferencia a nivel mundial que es de 58.4 por ciento trabajadores y de 41.6 por ciento de trabajadoras migrantes internacionales. Para el caso de México, la proporción de mujeres migrantes en la población de inmigrantes internacionales fue de 49.8 por ciento para el 2020.4

En una investigación realizada por la organización civil Sin Fronteras identificaron diversas problemáticas y factores que incrementan la vulnerabilidad de las mujeres migrantes a ser víctimas de violencia. Además de las diversas limitantes y dificultades para desarrollar esquemas de protección por falta de información y estadísticas gubernamentales que visibilicen a este sector.5 En el mismo tenor, un estudio realizado por ONU Mujeres sobre las trabajadoras migrantes en la frontera sur de nuestro país identificó que, si bien se han realizado investigaciones sobre la vulnerabilidad, la violencia y los riesgos en las trabajadoras migrantes, en especial de aquellas mujeres migrantes que laboran en actividades agrícolas, domésticas y sexuales, se han focalizado en algunas regiones del país en la frontera sur. Además, destaca que no existen instrumentos estadísticos que identifiquen plenamente el tiempo de las trabajadoras migrantes en el territorio nacional y a las trabajadoras transfronterizas para reconocer las diferencias demográficas y laborales relevantes en comparación con las migrantes temporales.6

Recientemente, en la sede del Senado de la República se presentó el libro Callan por miedo. Personas migrantes cuentan su historia en lecherías del estado de Washington , el cual relata una serie de vejaciones y violaciones sistemáticas que viven constantemente migrantes mexicanos en ese estado norteamericano.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición de urgente resolución con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión invita, de manera respetuosa, al Instituto Nacional de las Mujeres, al Instituto Nacional de Migración, a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, en el marco de sus atribuciones legales, se realicen mesas de trabajo con las diversas Comisiones en la materia para impulsar medidas y acciones en contra de los diversos tipos de violencia que viven principalmente las mujeres migrantes mexicanas en el extranjero y mujeres migrantes o en tránsito de otras nacionalidades dentro del territorio nacional.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca, de manera respetuosa, a la Secretaría de Relaciones Exteriores a estrechar los mecanismos de colaboración institucional entre poderes para fortalecer las redes consulares e impulsar y fortalecer, de manera conjunta, la agenda migrante en favor de la salvaguarda y protección de los derechos de las personas migrantes, principalmente de las niñas y mujeres migrantes mexicanas.

Notas

1 ONU. Hechos y cifras: Poner fin a la violencia contra las mujeres. ONU Mujeres. 2020. [En línea] [Fecha de consulta: 02–Diciembre–2021] Disponible en:

https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violenceaga inst-women/facts-and-figures

2 ONU. La pandemia en la sombra: violencia contra las mujeres durante el confinamiento. ONU Mujeres. Noticias “En la mira”. [En línea] [Fecha de consulta: 02–Diciembre–2021] Disponible en: https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-co vid-19-response/violence-against-women-during-covid-19

3 ONU Mujeres. Mujeres refugiadas y migrantes. En la mira. [En línea] [Fecha de consulta: 02-Diciembre-2021] Disponible en: https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-refugees-and-migrants#no tes

4 OIM. Género y migración. Estadísticas de la inmigración y emigración. 11/mar/21 [En línea] [Fecha de consulta: 02-Diciembre-2021] Disponible en: https://www.migrationdataportal.org/es/themes/genero-ymigracion

5 Venet, Fabienne Coord. Mujeres migrantes en situaciones de violencia familiar en México: retos y recomendaciones. Sin fronteras, I.A.P. México. 2008. P. 4 21 [En línea] [Fecha de consulta: 02-Diciembre-2021] Disponible en: https://sinfronteras.org.mx/wp-content/uploads/2018/12/Mujeres-migrante s-en-situaci%C3%B3n-de-violencia-familiar-en-M%C3%A9xico.-Retos-y-Recom endaciones_2008-1.pdf

6 ONU Mujeres. Las trabajadoras migrantes en la frontera sur de México. Hacia una agenda de investigación. Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. México. 2015. Pp. 43-45.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2022.

Senador Raúl Bolaños-Cacho Cué (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los tres órdenes de gobierno a fortalecer y revisar las medidas de contención y prevención del Covid-19 en establecimientos mercantiles, centros laborales y escuelas ante el incremento de casos por la variante Ómicron, cargo de la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del PT

La senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno a fortalecer y revisar las medidas de contención y prevención de la Covid-19 en los establecimientos mercantiles, centros de trabajo y escuelas ante el incremento de casos derivados por la variante ómicron, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El incremento constante en los últimos días de casos de Covid-19 indica que México está en la cuarta ola de la epidemia, habiendo muchos contagios por [a circulación de las variantes del virus delta y ómicron. Sin embargo, en esta ocasión las y los mexicanos se encuentran, en su mayoría, vacunados lo que reduce el riesgo de hospitalización y muerte.

Al 4 de enero de 2022, a nivel mundial se han reportado 290 millones 959 mil 019 casos confirmados y 5,446, 753 defunciones. En las últimas 24 horas se reportaron 1 ,276,532 casos y 4,632 defunciones a nivel global.1

En México hasta el 4 de enero se han confirmado 4, 008,648 casos totales y 299,711 defunciones totales por Covid-19. La tasa de incidencia de casos acumulados es de 3,080.8 por cada 100,000 habitantes. Y la distribución por sexo en los casos confirmados muestra un predomino en mujeres (50.3%), mientras que la mediana de edad en general es de 39 años.

La primera vez que se detectó un caso positivo a la variante ómicron en México fue el pasado 3 de diciembre de 2021 y desde entonces se han confirmado contagios en la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Sinaloa, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Puebla, Tamaulipas, Baja California Sur, Baja California, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

Ante la nueva ola de contagios y el incremento exponencial de casos positivos, es necesario señalar la omisión, desdén y la ligereza con que se está atendiendo por parte de las autoridades a la pandemia.

Ante el surgimiento de nuevas variantes del virus Sars-CoV-2 debemos estar alertas y adaptar las medidas de protección para la población ante la realidad de cepas más contagiosas, que si bien aún no han dado como resultado un incremento en el número de hospitalización y muertes, si tienen el potencial de abrumar al sistema de salud pública y privada de nuestro país, por el incremento considerable de la demanda de servicios médicos ante el alza de los contagios.

Recordemos que el miércoles 24 de noviembre de 2021 se publicó en el diario británico The Guardian un artículo titulado “Científicos advierten de una nueva variante de Covid con mayores mutaciones”. En el que se hizo mención de la aparición de una nueva variante denominada B. 1.1.259 “ómicron”, la cual ha impulsado nuevas olas de contagio alrededor de todo el planeta gracias a su amplia capacidad de infección.

La variante ómicron presenta treinta y dos mutaciones en la proteína S (spike), las cuales han puesto a prueba la eficacia de las vacunas existentes, así como de los sistemas de pruebas de detección del virus a nivel mundial. Dado que las mutaciones en dicho componente del virus han alterado su capacidad para infectar células humanas sanas y su velocidad de propagación.

Dichas mutaciones hacen más rápida y sencilla su transmisión; es decir, es más contagiosa. Asimismo, las alteraciones genéticas del virus lo han vuelto más complicado de detectar. De acuerdo con un comunicado de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), que “las pruebas de antígenos sí detectan la variante ómicron, pero presentan una sensibilidad disminuida”.2 Por lo tanto, las personas deben realizarse más de una prueba de antígenos o la prueba de reacción en cadena por la polimerasa (PCR) para contar con un diagnóstico certero.

El pasado 4 de enero del presente año científicos en Francia anunciaron la identificación de una nueva variante de Covid-19 denominada IHU, la cual tiene 46 mutaciones más que ómicron y podría ser más contagiosa, según los expertos.3

El Instituto Hospitalario Universitario de Marsella lo comunicó el pasado 9 de diciembre en su cuenta de Twitter. Según este centro especializado en enfermedades infecciosas, los primeros casos de la variante, localizados por los científicos en la localidad de Forcalquier, en el departamento de Alpes de Alta Provenza.

Como se ha visto, hoy, los sistemas de salud de diversos países europeos están abrumados por las nuevas variantes del virus y han implementado nuevamente medidas de distanciamiento social para intentar romper la cadena de contagios. Por ejemplo, Estados Unidos de América rompió el récord mundial de contagios (en un periodo de 24 horas) al registrar 1,082,549 de nuevos casos el 4 de enero de 2022.4 Por su parte, Reino Unido detectó 218,724 casos.

En nuestro país debemos actuar de inmediato. Es necesario que este nuevo inicio de año venga acompañado de medidas para reducir y contener los casos.

Continuemos con el fortalecimiento de las medidas de prevención y protocolos de seguridad

sanitaria en los centros de trabajo, en las terminales de camiones, en los aeropuertos, en los cines, en los restaurantes, en los gimnasios, en los centros de espectáculos y en los centros comerciales, solo por mencionar algunos.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos el tema de la salud prioritario para el pleno desarrollo de la persona y de la colectividad, por lo que el incremento de casos no debe tomarse a la ligera.

La pandemia no ha terminado, las medidas mínimas de higiene personal deben ser hábitos que todas las personas deben asumir. Es momento de unir fuerzas y combatir al virus desde nuestra trinchera.

Debe replantearse nuevamente el teletrabajo como medida para contener los contagios en los centros laborales. Las escuelas deben valorar si las clases pueden continuar de manera presencial y/o a distancia.

La sociedad, sin excepción, debe comprender que la sana distancia es la principal herramienta para frenar los contagios. Es hora de valorar si esa reunión, fiesta o convivencia con amigos, familia o seres queridos vale más que nuestra salud y la de ellos.

Ante la cuarta ola es necesario fortalecer aún más a nuestro sistema de salud pública y tomar las previsiones para contar con los insumos y el personal capacitado para atender a la población afectada por la pandemia.

Asimismo, es necesario brindar incentivos para que el personal médico, administrativo y de apoyo de las instituciones públicas reciba una justa retribución por su incansable esfuerzo. Por ello en el segundo semestre de 2021 presenté una iniciativa para que en casos de epidemia de carácter grave se incremente su sueldo en un 100 por ciento.

En el Grupo Parlamentario continuamos trabajando para implementar la legislación y exhortos necesarios a las autoridades competentes para que se tomen las acciones de salud pública pertinentes para proteger y garantizar el derecho humano a la protección de la salud.

Sigamos cuidándonos, protegiéndonos y respetemos las medidas de higiene y salud.

¡Cuando te cuidas, cuidas a los demás!

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a esta honorable Comisión Permanente, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno a fortalecer y revisar las medidas de contención y prevención de la Covid-19 en los establecimientos mercantiles, centros de trabajo y escuelas ante el incremento de casos derivados por la variante ómicron.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Comisión Federal de Protección Riesgos Sanitarios para que determine la eficacia de las pruebas para la detección del virus SARS-CoV-2 con la variante ómicron. Y para que, en coordinación con la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las treinta y dos entidades federativas, verifiquen que los laboratorios privados que realizan pruebas para detectar el virus cuenten con los protocolos adecuados para la recepción y atención de pacientes.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que sigan instando suficientes locaciones para realizar la mayor cantidad de pruebas posibles para la detección del virus SARS-CoV-2.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Educación Pública para que los protocolos de actuación para el cuidado y prevención de contagios en alumnos, personal docente y de apoyo en todo el sistema escolar, se haga observando las medidas más estrictas de acuerdo con lo establecido por la Secretaría de Salud.

Notas

1 Comunicado técnico Diario de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/690595/Comunicado_Técnic o_Diario-Covid19_2022.01.04.pdf

2 SARS-CoV-2 Viral Mutations: Impact on Covid-19 Tests. Food and Drug Administration. 15 de diciembre de 2021. (Disponible en: https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-andmedical-dev ices/sars-cov-2-viral-mutations-impact-covid-19-tests) (Fecha de consulta: 05/01/21)

3 Francia identifica nueva variante de Covid-19 denominada IHU, disponible en: https://www.forbes.com.mx/mundo-francia-identifica-nueva-variante-de-co vid-19-denominada-ihu/, consultado el 5 de enero de 2022

4 Estados Unidos registra récord mundial de más de un millón de casos de covid-19 en un día. DW. 4 de enero de 2022. (Disponible en: https://www.dw.com/es/estados-unidos-registra-récord-mundial-demás-de-u n-millón-de-casos-de-covid-19-en-un-d%C3%ADa/a-60327377) (Fecha de consulta: 5/01/22)

Dado en el Salón de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a los siete días del mes de enero del año dos mil veintidós.

Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SFP a iniciar una investigación contra el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, doctor Hugo López-Gatell Ramírez, por un negligente manejo de la pandemia por Covid-19, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura, con fundamento en lo señalado en el artículo 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de motivos

I. En diciembre de 2019 se descubrió el coronavirus SARS-CoV-2 causante de Covid-19, un síndrome respiratorio agudo grave que ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud como pandemia, y que ha causado más de 11 millones de contagios alrededor del mundo, así como más de 500 mil muertes.

Así, el 28 de febrero de 2020, nuestro país registró el primer caso de una persona contagiada por Covid-19. Así lo dio a conocer el presidente de la República durante su conferencia matutina. Posteriormente, el 18 de marzo de 2020 se registró la primera muerte a causa de Covid-19 (un hombre de 41 años que presentó síntomas desde el 9 de marzo pasado).

Conforme transcurrió el brote epidémico en nuestro país, las autoridades gubernamentales, especialmente las sanitarias, fueron anunciando diversas medidas a implementar:

• El 14 de marzo el secretario de Educación Pública informó la suspensión de clases en escuelas de educación básica y media superior del 20 de marzo al 20 de abril.

• El mismo día, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno de México, el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, dio a conocer una serie de medidas para evitar la propagación del referido virus causante de Covid-19, denominadas Jornada Nacional de Sana Distancia consistente en la suspensión de actividades no esenciales, y reprogramar eventos masivos.

No obstante lo anterior, y la urgencia de actuar con disciplina, objetividad, profesionalismo, honradez, imparcialidad, integridad, eficacia y eficiencia –principios rectores del servicio público, según se establece en el artículo 109, y en su fracción III, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas–, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno de México, Hugo López-Gatell Ramírez, ha actuado de manera contraria a su obligación profesional y como servidor público, en atención a lo siguiente:

1) Negativa a realizar pruebas. Una de las decisiones centrales del subsecretario ha sido no realizar pruebas a escala masiva.

En mayo de 2020, López Gatell declaró a CNN: “No creo que las pruebas sean obligatorias”, dijo López-Gatell cuando se le preguntó si el país podría volver a abrir de manera segura sin más pruebas. “Esto no significa que somos resistentes a las pruebas, las utilizaremos, pero de una manera cuidadosamente planificada”.

“No tiene sentido hacer prueba tras prueba tras prueba cuando la mayoría de esas pruebas darán un resultado negativo”, dijo López-Gatell. “Es bastante ineficiente como estrategia de evaluación”.

2) Minimizar la pandemia. El 22 de enero de 2020, declaró que “el coronavirus se trata de una enfermedad emergente. No hay indicios que sugieran un comportamiento grave”; y que su capacidad de virulencia y letalidad era baja. El 28 de febrero de 2020, dijo que no cumplía con las características para considerarla una emergencia. Hoy se cuentan ya más de 300 mil contagios y 35 mil muertes.

3) Desinformación. Asintomáticos. El 25 de abril, informó que sin síntomas no había contagio. Sin embargo, la OMS refiere que “según algunas informaciones, las personas sin síntomas pueden transmitir el virus. Pero aclara que aún no se sabe con qué frecuencia ocurre”.

4) Desinformación. Cubrebocas. Posteriormente, el 27 de abril, cuando el país ya reportaba 1,434 muertes por Covid-19, el doctor López-Gatell señaló que “el usar cubrebocas tiene una pobre utilidad, incluso, tiene una nula utilidad”. No obstante, el premio Nobel, Mario Molina, señaló que el uso del cubrebocas contribuye a disminuir los contagios, y su uso demostró su utilidad para contener la pandemia en Italia y Nueva York.

5) Desinformación. Subregistros de muertes. El 8 de abril de 2020, cuando el país registraba 20 muertes, declaró que para conocer el aproximado de la epidemia había que multiplicar 8 veces de lo que se ve. Diversas investigaciones académicas y periodísticas demostraron el subregistro de muertes, lo que reiteradamente negó López-Gatell, hasta que finalmente se vio obligado a reconocerlo.

6) Desinformación. Datos incompletos. Expertos del Centro de Investigación en Matemáticas y del Instituto de Matemáticas de la UNAM, señalan que no se pueden realizar predicciones adecuadas en México porque los datos del Secretaría de Salud están incompletos, no son fehacientes y contienen datos erróneos. “aunque se utilizara el mejor modelo matemático posible, si éste es alimentado con datos erróneos o incompletos, no va a proporcionar un reflejo fehaciente de la realidad”.

7) Nueva normalidad. El 29 de mayo, cuando el país contaba con 9 mil 415 muertes confirmadas, el subsecretario indicó que el inicio de la nueva normalidad ocurrió cuando el país estaba en color rojo. Sin embargo, los datos muestran que en el país se triplicaron los contagios que se venían registrando antes de entrar a la “nueva normalidad”.

8) Decisiones equivocadas. Vive Latino. El 13 de marzo de 2020 señaló que no era necesario cancelar el evento masivo denominado “Vive Latino”, celebrado los días 14 y 15 de marzo. Días después se reportó la muerte de un policía que habría participado en el operativo del festival Vive Latino, quien comenzó a mostrar síntomas después del evento.

9) Desinformación. Pico de la pandemia. El 12 de abril, con 296 muertes, declaró que en abril y en mayo el país tendría la temporada más difícil de la epidemia. El 16 de abril, dijo que el pico máximo de la intensidad de transmisión sería entre el 8 y 10 de mayo de este año. El 20 de abril, declaró lo siguiente: “Vamos bien. Estamos logrando disminuir los contagios. Esto es lo que le hemos llamado “aplanar la curva”. El 30 de abril señaló que para junio estaríamos ya casi a la salida de la pandemia. El 12 de junio, con 16 mil 448 muertes, señaló que no tenía mucho sentido hablar del pico -y su fecha probable- de la epidemia.

El 23 de junio, cuando el país alcanzó las 23 mil 337 muertes por Covid-19, el subsecretario en mención indicó que el país estaba en “un periodo, tal como se predijo, de estabilización porque está disminuyendo la velocidad de presentación de los casos”.

10) Vacunación a menores de edad. El 7 de septiembre, López-Gatell declaró que por cada menor vacunado, gracias a un amparo, se le quita la oportunidad a una persona de mayor riesgo, lo que causó polémica.

Luego de la declaración, el 13 de septiembre, el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell, corrigió y aseguró que se vacunará a un millón de niños y adolescentes de 12 a 17 años que tienen factores de riesgo para presentar cuadros graves e incluso de morir por Covid-19.

Recientemente, el mundo comenzó a padecer la rápida propagación de la variante ómicron, de Covid-19, misma que ha provocado una nueva ola de contagios sin precedentes, ocasionando, por ejemplo, “más de un millón de personas en Estados Unidos fueron diagnosticadas con Covid-19”1 durante los primeros días de este año; y que México sea el país de Latinoamérica con más casos de la variante ómicron, según la Iniciativa Mundial para Compartir Todos los Datos sobre la Influenza, a pesar de la constante minimización del riesgo, por parte de Hugo López-Gatell:

• 27 de noviembre de 2021. A través de su cuenta de Twitter, el subsecretario Hugo López-Gatell, señaló sobre la cepa ómicron que: “ómicron es la más reciente variante de preocupación del SARS-CoV-2; algunos datos sugieren que tiene mayor transmisibilidad que las previas. No se ha demostrado que sea más virulenta ni que evada la respuesta inmune inducida por las vacunas.”

• Asimismo, dijo: “las restricciones de viajes o cierres de fronteras son medidas poco útiles; afectan la economía y el bienestar de los pueblos. La información difundida sobre los riesgos de la nueva variante es desproporcionada respecto a lo que muestra la evidencia científica existente”.

• 3 de diciembre de 2021. En conferencia de prensa, Hugo López - Gatell dijo: “Es paradójico, pero una variante que sea más transmisible, como ómicron, y que no causa enfermedad más grave, de hecho, ayuda al propósito social de lograr inmunidad más rápidamente”. Y comentó: “Es importante no entrar en pánico ante el anuncio, ya que el miedo se propaga como en las enfermedades infecciosas y puede causar grandes daños, a veces más grandes que el propio virus. Porque el pánico social lleva a conductas irracionales”.

• De la misma manera, descartó cierres de actividades o la implementación de restricciones ante la nueva cepa, al considerar que “las medidas arbitrarias no ayudan a la prevención de la enfermedad infecciosa, sino que causan discriminación y daños en el bienestar por múltiples vías, no tienen utilidad, no es una opinión personal, tampoco es una posición exclusiva del gobierno de México, esto se sabe en la comunidad de salud pública”.

• 7 de diciembre de 2021. El subsecretario aseguró que el primer contagiado con la variante ómicron detectado en México se encuentra bien de salud y en cuanto a sus contactos directos -dijo- prácticamente está descartado que hayan contraído la enfermedad de Covid-19. Dijo que el paciente que fue identificado en México fue un caso importado, no fue un contagio en México, es una persona que vive en Sudáfrica y ahí fue donde se contagió.

• 28 de diciembre de 2021. Hugo López-Gatell señaló que “se sobreestima” el impacto de la variante ómicron de covid-19, insistiendo en que la pandemia iba a la baja.

II. El 20 de julio de 2020, Movimiento Ciudadano presentó, a través de Clemente Castañeda Hoeflich y Jorge Álvarez Máynez, una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública contra Hugo López Gatell, misma que dio origen al expediente DGDI/DD/CC/310/3519/2020 de la Subsecretaría de Responsabilidades y Combate a la Impunidad, Unidad de Denuncias e Investigaciones, Dirección General de Denuncias e Investigaciones, de la Secretaría de la Función Pública, y que fue turnada al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud, para dar origen al expediente 122171/2020/DGDI/SS/DE295 en la referida Secretaría de Salud.

Asimismo, el 15 de enero de 2021, se presentó una ampliación de la denuncia contra Hugo López-Gatell. De igual manera, el 5 de febrero de 2021, se presentó solicitud de información respecto del estado de la denuncia contra Hugo López-Gatell.

No obstante, las autoridades responsables no han permitido que se realice una investigación seria, y responsable, que permita determinar si la actuación de las autoridades en materia de salud, y en específico, del subsecretario Hugo López-Gatell, han sido acordes al debido desempeño de la función pública, con miras a la protección del derecho a la salud de la población mexicana. En la Bancada Naranja estamos convencidos que la rendición de cuentas es la vía idónea para garantizar todos los derechos a todas las personas.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos exhortar a la Secretaría de la Función Pública a que retome la denuncia ya presentada en el expediente DGDI/DD/CC/310/3519/2020, e inicie una investigación en contra del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno de México, el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, por un negligente manejo de la pandemia por Covid-19, así como por un probable incumplimiento a los principios que rigen a los servidores públicos, establecidos en el artículo 109, y en su fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como de lo dispuesto en el artículo 49, fracción I de la referida Ley General de Responsabilidades Administrativas, y que pudieran derivar en una o varias faltas administrativas

Por lo expuesto, sometemos su consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de la Función Pública a que retome la denuncia presentada en el expediente DGDI/DD/CC/310/3519/2020, e inicie una investigación en contra del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno de México, el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, por un negligente manejo de la pandemia por Covid-19, así como por el probable incumplimiento a los principios que rigen a los servidores públicos, establecidos en el artículo 109, y en su fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como de lo dispuesto en el artículo 49, fracción I de la referida Ley General de Responsabilidades Administrativas, y que pudieran derivar en una o varias faltas administrativas.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud, a fin de que destituya al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno de México, el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, por el negligente manejo de la pandemia por Covid-19, así como por el probable incumplimiento a los principios que rigen a los servidores públicos.

Nota

1 “Registra EU más de un millón de casos de Covid en un día”, El Norte . Disponible en: https://www.elnorte.com/registra-eu-mas-de-un-millon-de-casos-de-covid- en-un-dia/ar2325160 (consultado el 6 de enero de 2022).

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2022.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a Diconsa y el Inmujeres a implantar la estrategia para promover a escala nacional negocios encabezados por mujeres, suscrita por la diputada Maribel Aguilera Cháirez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Maribel Aguilera Cháirez, del Grupo Parlamentario de Morena, de Durango, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), sectorizado en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en coordinación con Diconsa y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), en 2020, pusieron en marcha la “Estrategia integral para promover la autonomía económica a mujeres víctimas de violencia” en Tabasco, Chihuahua y Morelos.

A través de las instancias de las mujeres en las entidades federativas (IMEF), las mujeres violentadas son apoyadas por Diconsa con mobiliario y un capital inicial de trabajo conformado por productos de la canasta básica, desde leche hasta granos. Estos apoyos de Diconsa se entregan en comodato con el fin de que las beneficiarias se encarguen de la operación de una tienda de organización popular, de cuyas ventas ellas obtendrán un porcentaje.

Esta acción permite que mujeres trabajadoras puedan empezar un patrimonio para ellas y sus hogares, para lo cual solo requieren estar inscritas en los padrones de las IMEF por entidad, y contar con un espacio, propio o rentado, que bien puede ubicarse en su casa.

Bajo el lema “Mujeres en el centro de la transformación del campo, la pesca y la acuacultura”, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural trabaja para cerrar la brecha de desigualdad de las mujeres en el sector y fomentar su participación activa dentro del objetivo de avanzar hacia la seguridad alimentaria del país.

El gobierno federal asumió el compromiso de impulsar que las políticas públicas que incidan en mejorar la vida de las personas y disminuir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres.

Por eso al sumar esfuerzos estas instituciones se diseñó y puso en marcha una Estrategia para promover negocios encabezados por mujeres, como una alternativa para que el Estado mexicano, representado por entidades del gobierno federal y estatales, contribuyan a crear las condiciones necesarias, para que las mujeres en condición de desigualdad alcancen su autonomía económica, contribuyendo al principio de “no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera”.

La Estrategia Integral para promover la autonomía económica de mujeres en situación de violencia, permite el trabajo conjunto de diferentes instituciones y genera sinergia, que se convierte en una política pública con un propósito en común, la atención de mujeres víctimas de violencia.

Su objetivo es proveer la oportunidad de emprender un micronegocio a mujeres que viven o han vivido violencia o son madres o tutoras de mujeres desaparecidas o víctimas de feminicidio y que cuentan con la capacidad para establecer, organizar, administrar y operar tiendas que comercialicen diversos productos de la canasta básica, para contribuir a su autonomía económica e incrementar sus ingresos a fin de garantizar su bienestar.

Como prueba piloto de dicha Estrategia se han firmado dos convenios de colaboración, el primero de ellos, en marzo de 2020 entre Diconsa, SA de CV, (Diconsa) y el Instituto Estatal de las Mujeres del Gobierno de Tabasco (IEM)1 . Posteriormente en septiembre del mismo año, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Diconsa, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (Ichmujeres), el Instituto de la Mujer de Morelos y la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, suscribieron el convenio correspondiente para dichas entidades.

Los principales beneficios de esta estrategia son:

• Que es una estrategia diseñada específicamente para mujeres que viven y han vivido violencia o son víctimas indirectas de ella, seleccionadas por los institutos estatales de las Mujeres.

• Se otorga un capital de trabajo en mercancía de acuerdo con el diagnóstico realizado por Diconsa en productos de canasta básica, con respaldo de un aval.

• Se otorga una bonificación de 6 por ciento de las ventas totales de estos productos de la canasta básica Diconsa.

• Las encargadas pueden adquirir con su propio capital productos diferentes de la canasta básica Diconsa, excepto alcohol, tabaco y mercancías en competencia.

• Las tiendas pueden ser atendidas por las encargadas y sus familias.

• Beneficios para la comunidad al acercar productos de bajo costo.

• En caso de ser posible, la IMEF participante, proporcionará los estantes y la báscula que se requieren para el inicio de operaciones de la tienda.

En el marco de la Estrategia, el personal de Diconsa ha capacitado a las beneficiarias en temas relacionados con la administración de una tienda para un mejor desempeño y a la fecha están operando 19 tiendas abiertas de las cuales 6 están en Tabasco2 , una en Chihuahua, 8 en Morelos3 y 5 en Oaxaca.

Durante agosto de 2021, se realizaron sesiones informativas con las y los representantes de los Estados que participan en la Estrategia y con los Estados que han manifestado su interés por incorporarse (Baja California, Durango, Tamaulipas). En dichas reuniones se presentó la información general sobre la Estrategia y se aclararon las dudas de los participantes; por ese motivo considero de suma importancia y de gran relevancia, se promueva la implementación de este programa a nivel nacional.

Es necesario que como legisladores, apoyemos y promovamos la participación de todos los órdenes de gobierno para la tención de las mujeres para garantizarles una vida libre de violencia y esta es una herramienta que busca no sólo eso, si no, que además les permite tener acceso a un negocio productivo para ellas y para el país.

Por lo expuesto someto a la consideración de esta asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión con pleno respeto a la división de poderes, solicita a Diconsa, así como al Instituto Nacional de la Mujeres, se coordinen y redoblen sus esfuerzos, con la intención de implementar la estrategia para promover negocios encabezados por mujeres, a nivel nacional y, a su vez, se les exhorta a que prioricen la implementación de esta estrategia para el estado de Durango.

Notas

1 https://www.gob.mx/diconsa/articulos/
surtira-diconsa-tiendas-en-tabasco-que-seran-atendidas-por-mueres-victimas-de-violencia

2 https://www.gob.mx/segalmex/articulos/
operan-en-tabasco-6-tiendas-diconsa-en-apoyo-a-mujeres-con-violencia-economica

3 https://www.gob.mx/diconsa/articulos/estrategia-de-apoyo-a-mujeres-vict imas-de-violencia-llegara-a-oaxaca-morelos-y-chihuahua?idiom=es

Comisión Permanente, a 7 de enero de 2022.

Diputada Maribel Aguilera Cháirez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la SHCP para que implante una política pública adecuada y realice las acciones conducentes a disminuir los precios de la gasolina y el diésel y evitar que continúe el aumento, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Gina Gerardina Campuzano González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), la inflación se ubicó en 7.45 por ciento durante la primera quincena de diciembre, la cifra más alta de los últimos 20 años.i

A pesar de que el presidente López Obrador había prometido no rebasar la inflación en los aumentos a los combustibles, durante la última semana del 2021, las gasolinas incrementaron sus precios hasta en 20 por ciento, pese al compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de no rebasar la inflación en los aumentos a los combustibles.ii

De acuerdo con el programa “Quién es Quién en los Combustibles”, de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la gasolina Premium fue la que tuvo mayor incremento a tasa anual, con un aumento del 20 por ciento, seguido del diésel, con 12.66 por ciento; y la gasolina regular, con 12.12 por ciento.iii

Es entonces, que de acuerdo con el Inegi, la inflación se ubicó en 7.45 por ciento durante la primera quincena de diciembre, la cifra más alta de los últimos 20 años.iv

Este nivel de inflación es casi 13 puntos porcentuales inferior al aumento que recibió la gasolina premium a tasa anual y de cinco puntos porcentuales en comparación con el incremento a la gasolina regular y el diésel, lo cual contrasta con uno de los 100 compromisos presidenciales de López Obrador: “no aumentar el precio de las gasolinas, el gas, el diésel y la luz más allá de la inflación”.v

De acuerdo con el compromiso 28 del presidente de México “no aumentará el precio de las gasolinas, el gas, el diésel y la luz, solo se le aplicará el componente de inflación; es decir, no habrá gasolinazos”, lo cual ha reiterado desde Palacio Nacional en diferentes ocasiones.vi

En la primera conferencia de Presidencia de 2022, Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, dio a conocer que el costo promedio de la gasolina regular es de 20.72 pesos; de la premium, 22.69 pesos; y del diésel, 21.89 pesos.vii

“Quién es quién en los combustibles. El precio promedio de la gasolina regular, la semana pasada (del 27 al 31 de diciembre) en nuestro país: 20 pesos con 72 centavos por litro, para la premium 22 pesos con 69 centavos y el diésel 21 pesos con 89 centavos”, comentó el procurador.viii

Además, de acuerdo con datos de la misma Profeco, ofrecidos en la primera conferencia de 2022, la gasolina regular concluyó el 2021 con un precio promedio de 18.48 pesos, la premium con 18.99 pesos y el diésel con 19.43 pesos.ix

Lo anterior, significó un incremento de 2.24 pesos para la gasolina identificada con el color verde en las gasolineras y de mayor consumo en el país, mientras que para la gasolina roja o premium la diferencia fue de 3,8 pesos y para el diésel de 2.48 pesos.x

Es por ello, que presento el siguiente exhorto al Ejecutivo federal para que a través del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se implemente una política pública adecuada y realizar las acciones necesarias a fin de disminuir los precios de la gasolina y el diésel y evitar que continúe el aumento, debido a que impacta de manera negativa en la economía de las familias mexicanas.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y lograr disminuir los precios de la gasolina y el diésel y evitar que continúe el aumento, por lo que me permito proponer los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que instruya al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que implemente una política pública eficaz y realizar las acciones necesarias a fin de disminuir los precios de la gasolina y el diésel y evitar que continúe el aumento, debido a que impacta de manera negativa en la economía de las familias mexicanas.

Segundo . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda Crédito Público, para que informe periódicamente a la opinión pública, sobre el avance de las acciones instrumentadas para el cumplimiento y seguimiento del exhorto anterior.

Notas

i Jacob Sánchez, Precio de gasolina aumenta en enero 2022: Profeco, Noticias El Sol de México, consultado por última vez el 3 de enero de 2022 en

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/precio-de-gaso lina-aumenta-en-enero-2022-profeco-7681578.html

ii Ibídem.

iii Jacob Sánchez, Precio de gasolina aumenta en enero 2022: Profeco, Noticias El Sol de México, consultado por última vez el 3 de enero de 2022 en

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/precio-de-gaso lina-aumenta-en-enero-2022-profeco-7681578.html

iv Ibídem.

v Ibídem.

vi Ibídem.

vii Jacob Sánchez, Precio de gasolina aumenta en enero 2022: Profeco, Noticias El Sol de México, consultado por última vez el 3 de enero de 2022 en

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/precio-de-gaso lina-aumenta-en-enero-2022-profeco-7681578.html

viii Ibídem.

ix Ibídem.

x Ibídem.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2022.

Diputada Gina Gerardina Campuzano González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Bienestar a comparecer ante esta soberanía para explicar por qué se decidió desaparecer el Indesol, suscrita por la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) surgió en 1994 con el nombre de Instituto Nacional de Solidaridad (Insol) el cual tenía como objetivo la consolidación de una política pública enfocada en promover la participación solidaria de campesinos, indígenas y grupos urbanos menos favorecidos en las acciones que llevan a cabo los sectores público, social y privado. Con el paso del tiempo el Indesol fue evolucionando hasta convertirse en uno de los puentes principales de vinculación entre la sociedad civil y el gobierno en materia de política social.

El Indesol era un organismo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social ahora Secretaría del Bienestar, encargada de fortalecer la participación social a través de la capacitación, el intercambio de experiencias y la articulación de la sociedad civil organizada en vinculación con el gobierno para impulsar el desarrollo social.

Para entender la importancia del Indesol es necesario comprender que esta dependencia formaba parte de una política pública integral enfocada a garantizar la participación social en la formulación, ejecución, instrumentación, evaluación y control de los programas de desarrollo social y a fomentar la participación de las personas, familias y de las organizaciones y, en general, de los sectores social y privado en el desarrollo social. Es decir, el Indesol era el resultado de más de 26 años en la construcción de una institución enfocada en materializar el derecho de la sociedad organizada para participar en asuntos públicos y su carácter de organismo desconcentrado era fundamental para realizar dicha tarea.

El sorpresivo decreto publicado a fin de año envía varios mensajes y reflexiones importantes en materia de política pública y la relación del gobierno con la sociedad civil. El decreto desaparece al Indesol y pasa todas sus atribuciones a una dirección general denominada Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social. En términos generales el gobierno federal considera que no es necesario contar con un órgano desconcentrado que se encargue de garantizar la participación de la sociedad civil en la construcción de los programas de desarrollo social y supone que dicha tarea puede ser realizada a través de una simple Dirección General.

Para este gobierno el garantizar formas de participación social en la formulación, ejecución, instrumentación, evaluación y control de los programas de desarrollo social como lo establece el artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social no es prioridad y al transformar al Indesol en una dirección general deja claro que la sociedad civil lejos de ser un aliado en políticas públicas es un estorbo que atenta contra sus políticas clientelares.

Con este decreto se institucionaliza la política pública de este gobierno de cerrar las puertas a las organizaciones de la sociedad civil. Recordemos que primero se comenzó estigmatizando a la sociedad civil, en 2019, se instruyó a toda la administración pública federal a no canalizar recursos a dichas organizaciones debido a que los apoyos se entregarían de manera directa a los beneficiarios, contraviniendo lo establecido en Ley Federal de Fomento a las Actividades que realizan las organizaciones de sociedad civil que establece el derecho de las organizaciones no gubernamentales (ONG) para acceder a apoyos o estímulos otorgados por la administración pública federal siempre y cuando estén inscritas en el Registro Federal de Organizaciones de Sociedad Civil.

Después mediante las recientes reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta que ahora integra nuevas condiciones que colocan aún más obstáculos para recibir financiamiento y donaciones autorizadas a las ONG, sin importar por ejemplo que mediante las donaciones se beneficiaban directamente 8.2 por ciento de adultos mayores, 7.8 por ciento jóvenes, 29.6 por ciento de niñas, niños y adolescentes, 1.2 por ciento primera infancia o a 5.8 por ciento mujeres.

Ahora con este decreto se debilitan los mecanismos de vinculación y participación entre la sociedad civil y el gobierno. Uno de los cambios más relevantes en las modificaciones que están haciendo al reglamento interno de la Secretaría del Bienestar es que al pasar las atribuciones del Indesol a la nueva dirección general eliminaron todo lo relacionado al financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil, es decir, este gobierno no pretende de ninguna manera que las ONG accedan a ningún tipo de financiamiento.

Queda claro que este gobierno quiere tener el monopolio de los programas sociales y de las políticas del desarrollo social, pretende ser el único medio para hacer llegar programas sociales. Bajo esta visión las ONG se convierten en un problema para este gobierno y por ello buscan debilitarlas, sin importar que dichas medidas atentan contra el derecho de asociación y de participación de la sociedad civil en el desarrollo de la política social del país.

A la luz de este decreto cobra relevancia la iniciativa que presenté el periodo pasado en materia de austeridad republicana con responsabilidad social que busca obligar al gobierno federal a emitir un impacto social, jurídico y económico de aquellas decisiones que busquen eliminar instituciones, sobre todo cuando su desaparición implica vulnerar los derechos de las y los ciudadanos.

Por lo anterior, y toda vez que dicha iniciativa aun continua en estudio es necesario realizar los exhortos correspondientes para que el gobierno federal justifique la decisión de la desaparición del Indesol que sin duda alguna es un retroceso institucional y un atentado contra la participación de las organizaciones civiles en las políticas de desarrollo social del país. No podemos continuar normalizando el desmantelamiento institucional que realiza el Poder Ejecutivo y se requiere conocer los motivos por los cuales el gobierno federal considera que una dirección general es suficiente para garantizar los derechos de la ciudadanía en la participación de la política social y los documentos y análisis que acrediten la desaparición del Indesol como organismo desconcentrado y el impacto que esto tendrá para la ciudadanía.

Según la información emitida en las conferencias mañaneras del Ejecutivo federal, esta decisión se tomó a efecto de evitar intermediarios en la entrega de los apoyos y que estos se realicen de manera directa acusando a las ONG de no manejar los recursos con honestidad. Por lo anterior, es necesario que el titular de la Secretaría del Bienestar acuda al Comisión Permanente para mostrar los documentos y pruebas que acrediten que el Indesol, como organismo descentrado, no estaba cumpliendo su función y que su desaparición no lesiona los derechos de la ciudadanía ni trasgrede lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social ni la Ley Federal de Fomento a las Actividades que realizan las organizaciones de sociedad civil, por todo lo anterior se propone la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Bienestar para que comparezca ante esta soberanía para explicar los motivos por los cuales se tomó la decisión de desaparecer el Instituto Nacional de Desarrollo Social, exponga los datos y elementos utilizados para justificar dicha decisión y explique la estrategia que se implementará para garantizar la participación social en la formulación, ejecución, instrumentación, evaluación y control de los programas de desarrollo social como lo establece el artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2022.

Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y su homóloga de Veracruz a implantar políticas públicas para limitar los factores de riesgo que hacen a la población de Tierra Blanca más propensa a desarrollar insuficiencia renal crónica por consumo de bebidas carbonatadas, suscrita por la diputada Angélica Peña Martínez, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Angélica Peña Martínez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Las enfermedades crónicas son afecciones cuyos síntomas no se resuelven con el paso del tiempo. Por lo general, se originan a una edad temprana, pero tienen que pasar años antes de manifestarse clínicamente y son hoy la principal causa de muerte en todo el mundo. A pesar de que las enfermedades crónicas no pueden ser curadas, éstas pueden prevenirse limitando los factores de riesgo que las provocan.1

Este grupo incluye una larga lista de enfermedades tales como diabetes, cáncer, hipertensión e insuficiencia renal crónica (IRC); es importante destacar que esta última está afectando gravemente a la población de Tierra Blanca en el estado de Veracruz, por lo cual es necesario garantizar la suficiencia de recursos humanos, infraestructura, medicamentos e insumos sanitarios para el tratamiento de la insuficiencia renal crónica en los hospitales y centros de salud de Tierra Blanca, además de limitar los factores de riesgo causantes de IRC que se encuentran en dicha comunidad.

La medicina moderna ha permitido aumentar drásticamente la esperanza de vida de los seres humanos, sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2020 se registraron 1 millón 86 mil 94 defunciones y más del 90 por ciento se debieron a problemas relacionados con la salud, como enfermedades crónicas o enfermedades respiratorias.2

Ahora bien, las enfermedades crónicas son la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo. Muchas de estas enfermedades se pueden prevenir mediante la reducción de los factores de riesgo comunes, tales como el consumo de tabaco, el consumo nocivo de alcohol, la inactividad física y comer alimentos poco saludables, sin embargo, es necesario identificar y limitar los factores de riesgo que existen en una región específica a fin de reducir el número de pacientes con dichos padecimientos.3

De acuerdo con el portal alemán de estadísticas Statista, las principales causas de muerte en el estado de Veracruz durante el año 2020 fueron: enfermedades del corazón (con 17 mil 573 casos); diabetes mellitus (12 mil 713); Covid-19 (9 mil 580); tumores malignos (6 mil 556); enfermedades del hígado (3 mil 953); enfermedades cerebrovasculares (3 mil 146); influenza y neumonía (2 mil 783); accidentes (1 mil 767); enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (1 mil 507); y agresiones (1 mil 223).

En la siguiente tabla podemos apreciar que, excluyendo las causas externas como los accidentes o las agresiones, y considerando únicamente las defunciones provocadas por enfermedad, la insuficiencia renal crónica se ubica dentro de las diez principales causas de muerte en el estado de Veracruz.

Número de fallecimientos registrados en el estado mexicano de Veracruz de Ignacio de la Llave en 2020, según las principales causas de mortalidad4

De acuerdo con la Clínica Mayo, la enfermedad renal crónica (ERC), también llamada insuficiencia renal crónica, implica una pérdida gradual de la función renal. Los riñones filtran los desechos y el exceso de líquidos de la sangre, que se eliminan a través de la orina, sin embargo, la enfermedad renal crónica avanzada puede provocar la acumulación de niveles peligrosos de líquido, electrolitos y desechos en el organismo.5

La insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica (IRC) representa un grave problema de salud pública en México y el mundo. Al ser un trastorno de origen multifactorial y estar fuertemente asociado a las enfermedades crónicas de mayor prevalencia en nuestra población (diabetes e hipertensión), su impacto en la salud pública se refleja en la alta demanda de recursos humanos, económicos y de infraestructura para su tratamiento. También, es la segunda causa más importante de años de vida perdidos en Latinoamérica.6

Este padecimiento tiene un impacto indirecto en la morbilidad y mortalidad global al aumentar el riesgo de padecer otras cinco patologías importantes: enfermedades del corazón, diabetes, hipertensión, infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y malaria.7

En 2017, se reportó una prevalencia de IRC del 12.2 por ciento y 51.4 muertes por cada 100 mil habitantes en México. Además, la IRC en México está teniendo un gran impacto en las finanzas de las instituciones y en la economía de las familias; en 2014, el gasto en salud anual medio por persona para esta patología se estimó en 8 mil 966 dólares estadounidenses (USD) en la Secretaría de Salud, y de 9 mil 091 USD en el Instituto Mexicano del Seguro Social.8

Se ha estimado que, en la actualidad, alrededor de 6.2 millones de mexicanos con diabetes tienen insuficiencia renal en sus distintas etapas, sin que necesariamente todos ellos sepan que la padecen. Hasta 98 por ciento de las personas con ERC por diabetes en México se encuentra en etapas tempranas, cuando la ERC es todavía controlable y reversible. Sin embargo, estos datos no incluyen a los enfermos que, por otras causas, como hipertensión arterial sistémica, enfermedades autoinmunes, infecciones, antecedentes congénitos, problemas obstructivos y daño por fármacos, también desarrollan ERC en forma progresiva hasta llegar a las etapas tardías y que, en la mayoría de los casos, lo hacen de manera silenciosa.9

En diversos lugares del mundo como Sri Lanka, la India y América Central se han reportado epidemias de IRC debido a múltiples factores, algunos de ellos desconocidos.

En nuestro país la IRC en Tierra Blanca en el estado de Veracruz constituye un reto epidémico debido a que la mortalidad relacionada es de 57 casos por cada 100 mil habitantes, es decir, muy por encima de la tasa registrada en todo el estado de Veracruz, que es de 15, y muy superior también a la del resto del país, que es de 1 por cada 100 mil habitantes.10

Las autoridades de Tierra Blanca han reportado en periódicos locales que la principal causa de la IRC es el consumo de bebidas carbonatadas, aunque no existe evidencia de que en Tierra Blanca el consumo sea mayor que en el resto del país.11

Otro factor de riesgo para desarrollar el IRC es el estrés por calor y la deshidratación producida por altas temperaturas. De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional la temperatura promedio de Tierra Blanca es de 27° C y 42 por ciento de humedad.12

Por otra parte, el estado de Veracruz es el mayor productor de caña de azúcar en México y Tierra Blanca contribuye de manera significativa a ello, pues la mitad de su producción agrícola es cultivo de azúcar y su industria emplea a una buena parte de los habitantes de la región. La ecotoxicidad de los pesticidas en agua usada en la producción de caña de azúcar es bien conocida y la IRC puede relacionarse con pesticidas organoclorados, organofosforados y sus residuos de cadmio.13

En lo que se refiere a presencia de hidrocarburos en fuentes de agua potable, un estudio encontró presencia de naftaleno (7 partes por millón), un hidrocarburo aromático policíclico bien conocido como carcinogénico, y otros hidrocarburos con toxicidad escasamente reportada, pero en concentraciones mayores. En este sentido, la presencia de hidrocarburos constituye un factor de riesgo en Tierra Blanca, posiblemente debido a compuestos usados en la antigua estación de trenes.14

Como puede verse, las principales causas de riesgo para desarrollar IRC están presentes en Tierra Blanca y constituyen una tormenta perfecta, tal como lo señalan en un artículo científico los investigadores Manuel Alejandro Lizardi-Jiménez del Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca y Gabriela Aguirre de la Universidad Autónoma Metropolitana, pues esta comunidad registra una de las más altas tasas de consumo de bebidas carbonatadas del mundo (al igual que en todo México); un severo estrés por calor, así como exposición a pesticidas e hidrocarburos. Esta combinación de circunstancias agrava drásticamente el evento y puede explicar la epidemia de IRC en la región.

Derivado de lo anterior, es urgente implementar diversas medidas a fin de reducir los factores que provocan la IRC y de este modo reducir la tasa de esta enfermedad en el municipio de Tierra Blanca.

Ahora bien, la política de la prevención es una medida útil para evitar que este problema crezca, sin embargo, aún es necesario garantizar un tratamiento eficaz para que las personas que padecen esta enfermedad, para lo cual es necesario contar con los recursos humanos, infraestructura, medicamentos e insumos sanitarios suficientes para el tratamiento de la insuficiencia renal crónica Actualmente existen diversos tratamientos para contrarrestarla, como son:15

-Hemodiálisis: Consiste en utilizar un circuito extracorpóreo para eliminar sustancias tóxicas y exceso de líquido. La sangre se pone en contacto con el líquido de diálisis a través de una membrana semipermeable. El movimiento de sustancias y agua ocurre por procesos de difusión, convección y ultrafiltración.

-Diálisis peritoneal: Consta de una bolsa que contiene el líquido de diálisis, conectada a un catéter a través del cual se introduce el líquido a la cavidad abdominal. Dentro del abdomen se lleva a cabo la diálisis en la membrana peritoneal y posteriormente el líquido con los desechos drena a una bolsa de salida, y

-Trasplante renal: Consiste en colocar el riñón de otra persona en el cuerpo de un paciente mediante cirugía. La sangre del paciente fluye a través del riñón trasplantado y el riñón donado comienza a producir orina y a realizar sus funciones. El trasplante renal es el único tratamiento que realmente previene el desarrollo de uremia, pero no todos son candidatos a trasplante renal.

Ahora bien, para poder garantizar este tratamiento es necesario que los hospitales de Tierra Blanca cuenten con una infraestructura adecuada como lo es una unidad de Diálisis y una de Hemodiálisis, estas unidades constituyen el área del Servicio de Nefrología donde se aplica la terapéutica de reemplazo de la función renal; aunado a lo anterior, las unidades médicas deben tener Nefrólogos, quienes son médicos especialistas capacitados para tratar a los pacientes de IRC.16

En este sentido, es necesario que se establezcan acciones encaminadas a prevenir y erradicar la enfermedad, con políticas públicas en materia de salud responsables, que coadyuven al combate y a la atención oportuna de esta enfermedad que, desafortunadamente, suma miles de casos cada año en Tierra Blanca Veracruz.

En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades de salud del estado de Veracruz y del gobierno federal a implementar políticas públicas con el propósito de limitar los factores de riesgo que hacen a la población de Tierra Blanca más propensa a desarrollar insuficiencia renal crónica como el consumo de bebidas carbonatadas, el consumo de agua contaminada con hidrocarburos, el estrés por calor y la exposición a pesticidas.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades de salud del estado de Veracruz y del gobierno federal a garantizar la suficiencia de recursos humanos, de infraestructura, de medicamentos e insumos sanitarios para el tratamiento de la insuficiencia renal crónica en los hospitales y centros de salud de Tierra Blanca.

Notas

1 Véase, “Enfermedades no transmisibles”, Organización Panamericana de la Salud, Consultado el 07 de diciembre de 2021. Disponible en: https://www.paho.org/es/temas/enfermedades-no-transmisibles

2 Véase, “Características de las defunciones registradas en México durante 2020, preliminar”, INEGI, comunicado de prensa núm. 402/21, 29 de julio de 2021. Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletin es/2021/EstSociodemo/DefuncionesRegistradas2020_Pre_07.pdf

3 Véase, “Características de las defunciones registradas en México durante 2020, preliminar”, INEGI, comunicado de prensa núm. 402/21, 29 de julio de 2021. Disponible en:

https://www.paho.org/es/temas/enfermedades-no-transmisib les

4 Véase, “Número de fallecimientos registrados en el estado mexicano de Veracruz de Ignacio de la Llave en 2020, según las principales causas de mortalidad”, STATISTA, noviembre de 2021. Disponible en: https://es.statista.com/estadisticas/650235/principales-causas-de-morta lidad-en-el-estado-de-veracruz-de-ignacio-de-la-llave/

5 Véase, “Nefropatía crónica”, Clínica Mayo. Consultado el 19 de noviembre de 2021. Disponible en:

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/chr onic-kidney-disease/symptoms-causes/syc-20354521

6 Véase, “La Enfermedad Renal Crónica en México”, Gobierno de México, Instituto Nacional de Salud Pública, miércoles 26 agosto 2020 (última actualización). Disponible en:

https://www.insp.mx/avisos/5296-enfermedad-renal-cronica -mexico.html

7 Ibidem

8 Ibidem

9 Ibidem

10 Véase, Manuel Alejandro Lizardi-Jiménez y Gabriela Aguirre, “Insuficiencia renal crónica en Tierra Blanca, la tormenta perfecta: causas y soluciones”, publicado en Investigación y Desarrollo, 23 de noviembre de 2018. Disponible en:
https://invdes.com.mx/los-investigadores/
insuficiencia-renal-cronica-en-tierra-blanca-la-tormenta-perfecta-causas-y-soluciones/

11 Ibidem

12 Ibidem

13 Ibidem

14 Ibidem

15 Véase, Venado Estrada, Aida, et. al., “Insuficiencia Renal Crónica”, Unidad de Proyectos Especiales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pp. 5-10.

16 Véase, “Unidad de Hemodialisis”, Hospital Español, Consultado el 07 de diciembre del 2021. Disponible en
https://www.hespanol.com/index.php/unidades-alta-especialidad/unidad-de-hemodialisis#:~:text=
La%20Unidad%20de%20Hemodi%C3%A1lisis%20constituye,90%25%20de%20su%20funci%C3%B3n%20renal.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2022.

Diputada Angélica Peña Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al gobierno de Guaymas, Sonora, a reforzar la seguridad para mujeres y niñas, promover el fin de la violencia y generar acciones dirigidas a atender la situación en los municipios de la entidad, suscrita por la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Ana Laura Bernal Camarena, diputada integrante de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

La violencia contra las mujeres y niñas es un abuso a los derechos humanos de estas mismas. Una cuestión latente y generalizada en el planeta, pues cada día se producen un sin fin de casos de violaciones hacia las mujeres y niñas del mundo.

Del mismo modo, es la forma de discriminación hacia las mujeres que impide gravemente avanzar a un goce de derechos y libertades en igualdad con el hombre.

Tras varias décadas de luchas de mujeres en el mundo, se ha logrado incorporar la erradicación de la violencia de género en las agendas nacionales e internacionales. Aunque siguen existiendo grandes desafíos en la aplicación de estas leyes, se sigue buscando la protección y acceso a la justicia por parte de mujeres y niñas.

Por otra parte, el acceso a la justica no es una concesión o una dádiva para las mujeres, es un derecho humano que las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar.

La impunidad es la causa de criterios y análisis adecuados, estos mismos han sumergido a las mujeres en una situación de riesgos que vulneran la integridad de cada mujer y que nos lleva a vivir en un estado de emergencia ante la violencia de género.

A su vez, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) define a la violencia de género a, “los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia”.

De igual manera, la Organización de las Naciones Unidas, define varios tipos de violencia contra las mujeres: Violencia económica, psicológica, emocional, física, sexual, en línea o digital.1

Así mismo, las mujeres tienen derecho a vivir sin violencia, está plasmado en los acuerdos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), en especial a través de sus recomendaciones generales de dicha convención en los números 12 y 19 y de la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra las Mujer de las Naciones Unidas.2

La recomendación general número 12 de la convención establece lo siguiente:

Recomendaciones generales adoptadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

Recomendación general número 12

Considerando que los artículos 2, 5, 11, 12 y 16 de la Convención obligan a los Estados Partes a proteger a la mujer contra cualquier tipo de violencia que se produzca en la familia, en el trabajo o en cualquier otro ámbito de la vida social,

Teniendo en cuenta la resolución 1988/27 del Consejo Económico y Social,

Recomienda que los Estados Partes incluyan en sus informes periódicos al Comité información relativa a:

1. La legislación vigente para protegerla de la frecuencia de cualquier tipo de violencia en la vida cotidiana (la violencia sexual, malos tratos en el ámbito familiar, acoso sexual en el lugar de trabajo, etc.);

2. Otras medidas adoptadas para erradicar esa violencia;

3. Los servicios de apoyo a las mujeres que sufren agresiones o malos tratos;

4. Datos estadísticos sobre la frecuencia de cualquier tipo de violencia contra la mujer y sobre las mujeres víctimas de la violencia.3

Agregando a lo anterior, el artículo 1 de la Convención define a la discriminación contra la mujer; como la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad. La violencia contra la mujer puede contravenir disposiciones de la Convención, sin tener en cuenta si hablan expresamente de la violencia.4

De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, que da cuenta de los presuntos de feminicidios registrados por los Ministerios Públicos en las averiguaciones previas y/o investigaciones iniciadas y carpetas de investigación abiertas, indica que en 2015 se registraron 757 víctimas por el presunto delito de feminicidio, en 2016 se muestra una clara disminución con el registro de 462. En tanto que en 2018 se presenta la cifra más alta con 849 feminicidios, por su parte, la tasa de feminicidio por cada 100 mil mujeres en 2018 también es la más alta, de 1.3%.5

La violencia que se comete contra las mujeres y niñas tiene múltiples expresiones, en los casos más severos la vida misma, el acoso, la persecución ejercida por agresores como la pareja, expareja u otros parientes e incluso por grupos delictivos organizados.

Mencionado lo anterior, quiero hacerle saber a esta Comisión Permanente, sobre una situación que aqueja a la sociedad mexicana, sobre todo a las mujeres y niñas.

El pasado 25 de noviembre en diversos estados de la república, diferentes colectivos feministas salieron a exigir un alto a la violencia contra las mujeres en Conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Marisol Cuadras, una joven activista en pro de las mujeres, levantaba su voz junto con su grupo en el Palacio Municipal de Guaymas, Sonora y como muchas más mujeres en esta lucha lo hacen, para ser escuchadas por las autoridades y erradicar la violencia contra las mujeres, sin embargo, lamentablemente ahora forma parte de la estadística.

La joven posa con sus compañeras y un letrero: “¡Nos queremos vivas!”. Escribe con tiza, agachada en el suelo, el mensaje “todas fuimos”. Se retrata con la alcaldesa de Guaymas, Karla Córdova, que salió del edificio para encontrarse con las manifestantes. Y las imágenes continúan hasta las 18:40 horas, cuando un grupo de sicarios llegó al Ayuntamiento y acabó con la vida de la joven.6

Por otra parte, en el suceso también perdieron la vida dos personas más y otras resultaron heridas a causa de este lamentable suceso.

El derecho a una vida libre de violencia y acceso a la justicia, es una deuda histórica que el Estado mexicano tiene con las mujeres. Como representante de las y los sonorenses es mi deber hacerle saber a esta soberanía, las necesidades y en su caso las quejas e intrigas que sufre el pueblo mexicano y más si es concerniente al derecho de las mujeres y niñas de una vida libre de violencia.

Esto es un claro ejemplo de la negligencia de las autoridades anteriores, en temas con perspectiva de género y violación de derechos humanos de las mujeres sonorenses, que han dejado desapercibido la seguridad de las mujeres y niñas del estado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me sirvo someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La comisión permanente del h. congreso de la unión exhorta al municipio de Guaymas del estado de Sonora, a encontrar y castigar conforme a derecho a los culpables del lo ocurrido en Guaymas, Sonora.

Segundo. La comisión permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a las autoridades municipales, a erradicar la violencia, aumentar la sensibilización sobre sus causas y consecuencias, y fortalecer las capacidades de las autoridades para su prevención y respuesta.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado, a generar acciones y condiciones para atender la situación en los municipios de sonora considerados “alertistas” por los altos índices de feminicidios y violencia contra las mujeres y niñas.

Notas

1 ONU Mujeres. Tipos de Violencia Contra las Mujeres y las niñas.

https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-ag ainst-women/faqs/types-of-violence

2 ONU Mujeres. Poner fin a la violencia contra las mujeres.

https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-ag ainst-women

3 United Nations Human Rights. Recomendación general número 12.

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommenda tions.aspx

4 United Nations Human Rights. Recomendación general número 19. La Violencia Contra la Mujer.

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Doc uments/1_Global/INT_CEDAW_GEC_3731_S.pdf

5 Estadística a propósito del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Homicidios y Feminicidios.

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/apropos ito/2020/Violencia2020_Nal.pdf

6 El País. Una joven que se manifestaba contra la violencia machista es asesinada en un ataque a un Ayuntamiento en Sonora.

https://elpais.com/mexico/2021-11-26/una-joven-de-18-anos-es-asesinada-en-sonora-
cuando-se-manifestaba-contra-la-violencia-machista.html

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los siete días del mes de enero de 2022.

Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Bienestar, la Segob y la Conavim a informar de las operaciones y el financiamiento de los programas de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas y los refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género en 2022, a cargo de la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Elizabeth Pérez Valdez , diputada integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las secretarías de Bienestar y de Gobernación y a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, informe relativo a la transferencia de la operación y financiamiento de los Programas de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (Paimef) y de Apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos, en el año 2022 , con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El 31 de diciembre pasado, el presidente López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación, de manera subrepticia, un Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar, en cuyo Artículo Segundo Transitorio, se abrogó el Acuerdo que, en 2005, dio vida al Instituto Nacional de Desarrollo Social. En los mismos transitorios, se estableció que los recursos humanos, financieros, materiales, así como los archivos, documentación y acervos del Instituto serán transferidos a la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social en un plazo no mayor de noventa días hábiles y que los asuntos en trámite, atendidos por esta Instancia, lo serían ahora por la dirección antes citada.

No obstante lo anterior, Fabiola Alanís, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, señaló a medios periodísticos que sería esa instancia y no la DGBCS la que operaría el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (Paimef), a partir de este año, aún y cuando las reglas de operación no han sido emitidas.

Según el sitio de investigación Animal Político , organizaciones sociales y activistas señalaron que existe una gran incertidumbre derivada de las afirmaciones de la titular de Conavim que contradice lo estipulado en el Decreto. “(Fabiola Alanís) explicó que el organismo se hará cargo del Paimef, que ‘lejos de debilitarse, se fortalece porque va a complementarse muy bien con los recursos que ya se implementan desde la Conavim para las alertas de violencia de género, para los centros de justicia para las mujeres y esto va a ayudar a verlo como un todo’, dijo en entrevista con Animal Político .

La comisionada afirmó que las nuevas responsabilidades también traerían más recursos para la Conavim, “seguramente habrá un incremento de presupuesto para su operación, además de lo que ya está etiquetado en el Congreso y esto va a entender como la integración o la integralidad del presupuesto para mejorar los servicios de atención”.1

Sin embargo, al no contar con la transición de los recursos presupuestales, se pone en riesgo la operatividad no sólo del Paimef, sino de la propia Conavim, que ha tenido recurrentes recortes presupuestales, conforme a lo dictado por el gobierno federal en materia de austeridad. Paralelamente, las organizaciones han denunciado que otro de los programas que podría ponerse en riesgo es el del financiamiento a refugios para mujeres víctimas de violencia que, aparentemente, también pasaría a la Conavim pero que, desde el inicio del sexenio lopezobradorista, fue objeto de amenazas de desaparición.

Es toda esta incertidumbre respecto a las tareas encomendadas al Indesol en materia de violencia contra las mujeres, las que han despertado en las y los legisladores perredistas gran preocupación, por lo cual, conforme a lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometida con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pongo a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a las secretarías de Bienestar y de Gobernación y a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, informe relativo a la transferencia de la operación y financiamiento de los Programas de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (Paimef) y de Apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos, en el año 2022.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federación incluya en su Programa Anual, el análisis forense y de resultados de los Programas de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (Paimef) y de Apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos, en el año 2022.

Nota

1 https://www.animalpolitico.com/2022/01/indesol-programa-violencia-mujer es-bienestar/

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2022.

Diputada Elizabeth Pérez Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a incluir la enseñanza de epistemología en los planes oficiales de estudio de educación básica y media superior, suscrita por la diputada Taygete Irisay Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Taygete Irisay Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General, así como 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior de dicho Congreso, somete a consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, para exhortar respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que incluya la enseñanza de epistemología en los planes oficiales de estudio de educación básica, de acuerdo con la siguiente

Exposición de motivos

Nuestro periodo actual de la historia es conocido como la Edad de la Información.1 Hoy día, gracias a las tecnologías modernas para producir, generar, transmitir, almacenar y procesar información, así como los servicios que muchas personas y empresas han creado para facilitar todo lo anterior, la información es hoy más prevalente que nunca. Mientras que hace 100 años una persona difícilmente recibía más de unas cuantas cartas al mes y la única fuente de información constante era el periódico del día, hoy es normal recibir en un solo día cientos de mensajes instantáneos, decenas de correos electrónicos y ser invitado a ver decenas de videos, artículos periodísticos y páginas web.

Todo lo anterior tiene un efecto social: que las redes sociales y los mensajes que recibimos constantemente se están convirtiendo en una fuente adicional de educación. Recibimos hoy en día tanta información a través de nuestras redes sociales como la que recibimos a través de la formación escolar y profesional, incluso más. Sin embargo, a diferencia de los cursos formales, la información que vemos en las redes sociales y los medios de difusión no tiene ningún control de calidad, y por esa razón, podemos estar expuestos lo mismo a información realmente confiable y fidedigna como a información totalmente falsa y sin fundamento alguno; y eso es un problema, pues en las redes sociales es perfectamente posible presentar cualquier idea como cierta a través del uso de elementos como lenguaje persuasivo o una imagen pública que proyecte confianza y competencia, sin importar si realmente es veraz o si tiene fundamento lógico.

Dichas ideas falsas, sin fundamento y con frecuencia fraudulentas que circulan de boca en boca y a través de las redes sociales, así como sus manifestaciones tales como los mensajes cadena, los productos milagro, las ideas pseudocientíficas, los artículos periodísticos falsos y los negocios fraudulentos, tienen su origen en un fenómeno humano que recientemente ha sido estudiado por numerosos expertos en psicología alrededor del mundo por su prevalencia en la mente y las sociedades humanas así como por el riesgo que dichas ideas son capaces de representar: la superstición.

La superstición ha sido definida por los psicólogos como “toda conducta que, a pesar de no tener una justificación técnica válida, es realizada bajo una creencia de que ésta es capaz de controlar la suerte y/u otros factores externos”;2 es decir, cualquier conducta o patrón de comportamiento que se adopta bajo una creencia de que realizarlos tiene un impacto en el desarrollo o el desenlace de una situación, independientemente de si dicha creencia es fundamentada o si realmente es capaz de tener impacto en una situación.

La superstición es parte fundamental e inherente de la naturaleza humana: el mundo constantemente registra disminuciones de tráfico aéreo los días Viernes 13, que en las naciones occidentales son comúnmente considerados como “días de mala suerte”;3 en los refugios de animales abandonados de Estados Unidos, los gatos negros suelen ser los menos adoptados por creencias locales de que éstos traen mala suerte;4 y en Asia Oriental, el color rojo es muy usado en empaques de productos de consumo, debido a creencias populares de que es un color que simboliza la buena fortuna. Según un estudio de la Universidad del Oeste de Washington,5 la prevalencia de las conductas supersticiosas suele intensificarse en situaciones de estrés emocional o en situaciones inciertas o de desenlaces potencialmente desfavorables o inciertos, y su ejecución suele traer sentimientos ilusorios de seguridad y confianza. Las creencias supersticiosas, además, tienen actualmente la característica de que éstas casi nunca tienen el respaldo de las instituciones académicas y educativas; por esta razón, la superstición generalmente se transmite de boca en boca, a través de evidencia anecdótica, leyendas, rumores y, más recientemente, a través de reportajes noticiosos falsos conocidos comúnmente como “noticias falsas” (del inglés “fake news” ).6

Sin embargo, hoy día, “las noticias falsas” y todo lo que nos creemos es capaz de acarrear la realización de conductas nocivas; y en varias ocasiones, la sociedad en general ha llegado a adoptar conductas destructivas asociadas con beneficios ficticios e infundados.

Como ejemplos de este tipo de conductas masivas con impactos nocivos para la sociedad en general, podemos mencionar los siguientes hechos:

1. El movimiento antivacunas, un movimiento ideológico y social que fue calificado en 2019 por la OMS como una amenaza a la salud mundial,7 cuyos proponentes buscan evadir las campañas nacionales de vacunación debido a temores infundados y supersticiosos de que éstas son nocivas para la salud. Dicho movimiento ha sido señalado como responsable directo del resurgimiento de enfermedades infecciosas como el sarampión o la tosferina en países como Estados Unidos,8 Reino Unido9 o Países Bajos.10

2. Numerosos patrones de histeria masiva sin base ni fundamento lógico que han sido registrados a raíz de la crisis sanitaria del año 2020, tales como compras de pánico.11

Como ya se mencionó, estas ideas tienen la característica de que casi siempre se transmiten de boca en boca, al no contar con el respaldo de instituciones oficiales, académicas o de investigación científica. En teoría, esto debería traducirse en que hoy, más que nunca, la superstición debería tener una legitimidad mínima histórica, gracias a los avances recientes en educación pública y divulgación científica; sin embargo, la superstición y por ende la creencia de cualquier cosa pareciera seguir tan fuerte como lo ha sido a lo largo de toda la historia. Una explicación para esta aparente paradoja radica, simplemente, en que la menor legitimidad que tienen hoy el hecho de creer en algo está siendo compensada por la capacidad sin precedentes que existe hoy en día para difundir ideas y creencias que ha traído el nacimiento de la Edad de la Información.

La “Edad de la Información”12 es el nombre que recibe nuestro periodo actual de la historia. Así como en la Edad de Hierro y la Edad Industrial el dominio de dicho metal y las actividades de producción industrial fueron los principales motores del desarrollo humano, hoy en día el principal motor es la información, entendida ésta como el contenido ideológico o numérico de un mensaje.

Gracias al desarrollo de diversas tecnologías orientadas a su obtención, procesamiento, almacenamiento y distribución, la información hoy en día ha crecido en todos los sentidos: cantidad, abundancia, riqueza, velocidad de propagación, accesibilidad y exposición. Desde los periódicos impresos, el teléfono analógico, las obras de teatro y los discos de gramófono de hace 100 años, hasta los videojuegos de realidad virtual, el video bajo demanda, las redes sociales y el Internet de nuestros tiempos modernos, la información, hoy más que nunca, es el gran protagonista de nuestra sociedad moderna, tan así que muchas empresas han formado riquezas valuadas en cientos de millones de dólares sin vender un solo bien tangible, vendiendo nada más que servicios de manejo de información; sin embargo, uno de los grandes desafíos sociales en la Edad de la Información es que, si bien la cantidad de información disponible y la riqueza de su contenido han crecido de forma acelerada, la calidad y la veracidad de ésta no ha mejorado en absoluto.

Todos los días, estamos todos expuestos a ideas supersticiosas, falsas e irracionales que, a pesar de que la ciencia suele ser rutinariamente capaz de desmentirlas, su atractivo emocional inherente por el hecho de ser supersticiosas es capaz de hacerlas más creíbles para el público general que el conocimiento científico. Durante mucho tiempo, las ideas y la información falsas han sido subestimadas como falacias simples y fáciles de desmentir, confiando en la credibilidad inherente del conocimiento científico en conjunto con la legitimidad aportada por las instituciones sociales y oficiales de la academia y los sistemas nacionales de educación; sin embargo, si combinamos el atractivo psicológico de las ideas supersticiosas, con la capacidad sin precedentes que ofrecen nuestras tecnologías de información y comunicación (TIC) para difundir ideas y conocimiento tenemos como resultado que estas ideas e información siguen siendo tan fuertes como siempre; y si además consideramos que, como ya se dijo previamente, la superstición aporta un falso sentimiento de paz mental y tranquilidad especialmente en tiempos de incertidumbre y tensión emocional, y que el año 2020 es precisamente un año de gran tensión psicológica por motivo de la crisis sanitaria y económica mundial que estamos atravesando, tenemos que la superstición y toda la información y las noticias que se generan alrededor de esta, hoy más que nunca, tienen un potencial verdadero de extenderse a través de la sociedad de forma masiva y con potencial de causar estragos a nivel nacional.

Una cosa en común que tienen todas las ideas, noticias e información generadas a través de la falta de información comprobable en general, es que todas ellas son posibles de desmentir si se analizan a través de la epistemología, la rama de la filosofía que se dedica al estudio del conocimiento. Dicha rama se considera que nació a partir de un diálogo de Platón llamado Teeteto, 13 en el cual Sócrates concluye que una pieza de información debe cumplir con 3 criterios para ser considerada conocimiento: tener fundamento, ser verdadera, y tener el respaldo de la gente. Si analizamos una pieza de información a través de esos tres criterios, es posible determinar si realmente se trata de conocimiento confiable, o si se trata de simple superstición.

En el caso del conocimiento científico, su proceso de generación establece que toda teoría científica debe estar fundamentada en otras teorías científicas, datos duros y explicaciones verificables, por lo que el criterio de tener fundamento lo suele cumplir ampliamente. Su garantía de ser verdadero proviene irónicamente de una definición más débil de veracidad; el conocimiento científico no se considera como verdad absoluta, sino tan sólo como explicaciones verificables para los fenómenos que ésta estudia, lo cual deja una puerta abierta para que, en caso de que un conocimiento científico resulte no ser verdadero (como varias teorías que en su tiempo eran totalmente científicas pero han sido posteriormente desechadas), éste pueda ser corregido y refinado a lo largo de los años, con la intención final de acercarse cada vez más a la verdad. El tercer criterio, que es tener respaldo popular, lo encuentra en la comunidad científica internacional, la cual no sólo se dedica a generar conocimiento, sino también a validar independientemente el conocimiento generado por otros, y en varias ocasiones ha llegado a refutar estudios mal hechos pero que fueron publicados por omisión o por mala práctica.

En cambio, si analizamos la superstición o la pseudociencia a través de los tres criterios anteriores, podemos ver cómo su calidad como conocimiento se desmorona fácilmente. Primero, la superstición rara vez tiene fundamento lógico, o si parece tenerlo, éste consiste principalmente en falacias y artimañas psicológicas diseñadas especialmente para dar una falsa sensación de credibilidad a pesar de ser lógicamente insostenible; segundo, la superstición no tiene garantía alguna de ser verdadera, pues su origen es puramente emocional y su único fundamento es la percepción personal que está por naturaleza sujeta a errores y falacias lógicas; y en tercer lugar, a pesar de que la superstición suele tener mucho apoyo popular, es raro que los expertos crean en ellas, y los pocos “expertos” que creen en ellas generalmente son expuestos como gente mal informada en el mejor de los casos, o como estafadores cínicos en el peor de los casos.

Como podemos ver, un sencillo análisis epistemológico fue capaz de permitirnos exponer por qué la superstición tiene muchas menos posibilidades de contar como conocimiento sólido que el conocimiento científico; y dado que, en nuestra Edad de la Información, el determinar si algo es o no es conocimiento sólido es hoy en día parte de nuestra vida cotidiana, queda claro que la epistemología es hoy en día un conocimiento fundamental para la vida diaria, tan necesario como la lecto-escritura, la aritmética o la formación tecnológica básica, y que por esa razón, la epistemología debería formar parte de los planes de estudio de la educación básica.

Para ello, la Ley General de Educación en su artículo 23 faculta a la Secretaría de Educación Pública para determinar “los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la educación normal y demás aplicables para la formación de maestras y maestros de educación básica, de conformidad a los fines y criterios establecidos en los artículos 15 y 16 de esta ley”. Por ello, la SEP está facultada para determinar que se incluya la enseñanza de la epistemología en los planes de estudio, materia que cumple con los fines y criterios establecidos en dichos artículos, y que, por los motivos previamente expuestos, podría constituir una invaluable adición al currículum educativo mexicano.

Expuesto lo anterior, me permito someter a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. - La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que incluya la enseñanza de epistemología en los planes oficiales de estudio de educación básica y media superior, a fin de que los educandos sean capaces de distinguir la veracidad y calidad de la información que reciben día tras día, y así evitar la propagación de ideas falsas que pudieran acarrear efectos dañinos para la sociedad y el país.

Notas

1 Manuel Castells. (1996). La Era de la Información: economía, sociedad y cultura. México: Siglo XXI.

2 D. Foster, D. Weigand y D. Baines. (2006). The effect of removing superstitious behavior and introducing a pre-performance routine on basketball free-throw performance (El efecto de eliminar las conductas supersticiosas e introducir una rutina previa en el desempeño en tiros libres de básquetbol). Journal of Applied Sport Psychology (Diario de psicología deportiva aplicada), 18-2, 167-171.

3 T. Kramer y L. Block. (2006) The effect of superstitious beliefs on performance expectations (El efecto de las creencias supersticiosas en las expectativas de rendimiento). Journal of the Academy of Marketing Science (Diario de la Academia de Ciencia de Mercadotecnia), 37(2), 161-169.

4 Merry Lepper, Philip H. Kass y Lynette A. Hart. (2002). Prediction of Adoption Versus Euthanasia Among Dogs and Cats in a California Animal Shelter (Predicciones de adopción contra eutanasia en perros y gatos en un refugio de animales de California). Journal of Applied Animal Welfare Science (Diario de ciencias aplicadas del bienestar animal), 5(1), 29-42.

5 Alexandra A. Farley. (2015). A Qualitative Analysis of Superstitious Behavior and Performance: How it Starts, Why it Works, and How it Works (Un análisis cualitativo de conductas supersticiosas y su ejecución: cómo inician, por qué funcionan y cómo funcionan). Estado de Washington, EEUU: Western Washington University (Universidad del Oeste de Washington).

6 CBS Baltimore. (2016). Hillary Clinton Warns About Hoax News On Social Media (Hillary Clinton advierte sobre noticias falsas en redes sociales). 6 de junio de 2020, de CBS Baltimore. Sitio web: https://baltimore.cbslocal.com/2016/12/09/hillary-clinton-warns-about-h oax-news-on-social-media/

7 Organización Mundial de la Salud. (2019). Ten threats to global health in 2019 (Diez amenazas a la salud global en 2019). 6 de junio de 2020, de Organización Mundial de la Salud. Sitio web: https://www.who.int/news-room/feature-stories/ten-threats-to-global-hea lth-in-2019

8 Amy A. Parker, Wayne Staggs, Gustavo H. Dayan, Ismael R. Ortega-Sanchez, Paul A Rota, Luis Lowe, Patricia Boardman, Robert Teclaw, Charlene Graves y Charles W Lebaron. (2006). Implications of a 2005 measles outbreak in Indiana for sustained elimination of measles in the United States (Implicaciones de un brote de sarampión en Indiana en 2005 para la eliminación sostenida del sarampión en Estados Unidos). The New England Journal of Medicine (Diario de medicina de Nueva Inglaterra).

9 E J Gangarosa 1, A M Galazka, C R Wolfe, L M Phillips, R E Gangarosa, E Miller y R T Chen. (1998). Impact of Anti-Vaccine Movements on Pertussis Control: The Untold Story (Impacto de los movimientos antivacunas en el control de la tosferina: la historia no contada). The Lancet.

10 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. (2000). Measles Outbreak- Netherlands, April 1999-January 2000 (Brote de sarampión – Países Bajos, abril de 1999 – enero de 2000). 6 de junio de 2020, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Sitio web:

https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm4914a2.htm

11 Emilie Koum Besson. (2020). Covid-19 (coronavirus): Panic buying and its impact on global health supply chains (Covid-19 coronavirus: Las compras de pánico y su impacto en las cadenas globales de suministro de salud). 6 de junio de 2020, del Banco Mundial. Sitio web: https://blogs.worldbank.org/health/covid-19-coronavirus-panic-buying-an d-its-impact-global-health-supply-chains

12 Manuel Castells. (1996). La Era de la Información: economía, sociedad y cultura. México: Siglo XXI.

13 Platón. (369 AC). Teeteto . Publicado en Estados Unidos en 2008 bajo el Proyecto Gutenberg.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2022.

Diputada Taygete Irisay Rodríguez González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita una reunión de trabajo con la directora general del Conacyt, suscrita por legisladores del Grupo Parlamentario del PAN

Las legisladoras y los legisladores del Partido Acción Nacional integrantes de la Comisión Permanente a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República; así como por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se convoca a una reunión de trabajo a la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces, para abordar la situación actual de ese organismo federal y los conflictos que se han presentado en los últimos meses en ese sector. Lo anterior, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En seguimiento a la reunión que sostuvieron Senadores y Senadores con una comitiva de profesores, estudiantes y trabajadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), a mediados del pasado mes de diciembre, las y los legisladores del Partido Acción Nacional acudimos a esta Comisión Permanente para que cite a un diálogo con este Poder Legislativo a la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces, Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a efecto de abordar la situación actual en ese organismo federal y los conflictos que se han presentado en los últimos meses en ese sector.

Como ha quedado de manifiesto en los tres primeros años de la administración del presidente López Obrador, el actual gobierno federal no solo ha fracasado en lo económico, en la salud, en el combate a la inseguridad pública o la corrupción, también ha fallado en el impulso a la ciencia y tecnología en nuestro país.

Para empezar, hay que decir que este gobierno inició, en 2019, con una reducción del 9% en el gasto público asignado al Conacyt. A esta reducción presupuestal hay que sumar la eliminación de los fideicomisos de ciencia y tecnología, aprobada por MORENA y sus aliados. Los 22 mil millones de pesos ahorrados en esos fideicomisos, ahora son usados de manera discrecional por el Ejecutivo. Estos golpes presupuestales nos han alejado más de la meta de dar al menos 1% del PIB a la ciencia y la tecnología, que es una obligación legal, de acuerdo artículo 9 BIS de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Con esa eliminación se afectó a miles estudiantes de posgrado, académicos y universidades, que vieron cancelados los soportes económicos a sus proyectos de investigación, de igual forma se cerraron las puertas a nuevas aportaciones de organismos privados, internacionales y multinacionales para fondear proyectos de investigación. En síntesis, se limitó la investigación científica y tecnológica como elemento estratégico para el fortalecimiento del país. Un ejemplo más de la mal entendida “austeridad republicana”.

No solo en el tema presupuestal se han realizado acciones erróneas, también en los aspectos normativos. A fines de 2020, se conoció un anteproyecto de una nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, elaborado por el Conacyt, para someterlo al Congreso de la Unión para su discusión y trámite legislativo, sin embargo, el documento ha sido cuestionado por diversas voces del sector científico, por los riesgos y los impactos negativos que contiene en relación al desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Además, el proyecto careció de una consulta amplia a la comunidad académica y científica.

Por otro lado, se realizaron modificaciones al Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, eliminando estímulos económicos a los investigadores de instituciones privadas, marcando claramente una política discriminatoria.

Sin duda uno de los ataques a la comunidad científica más conocidos fue la denuncia presentada por la doctora Álvarez Buylla en contra de 31 exfuncionarios del organismo y científicos reconocidos, por supuestos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, denuncia presentada bajo la narrativa presidencial de asociar a la investigación científica con actos de corrupción.

Por supuesto el hecho más reciente es la crisis en el CIDE. A mediados de diciembre, Senadoras y Senadores de la República recibieron a estudiantes profesores y trabajadores quienes denunciaron agravios e intimidaciones, a raíz de la imposición de José Antonio Romero Tellaeche como director general del CIDE.

Compañeras legisladoras y legisladores, el Conacyt es la institución responsable de establecer las políticas públicas en humanidades, ciencia, tecnología e innovación de México, que tiene por objeto ser la entidad asesora del Ejecutivo Federal y especializada para articular las políticas públicas del gobierno federal y promover el desarrollo de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, a fin de impulsar la modernización tecnológica del país.

Sin embargo, como acabamos de describir, en los últimos años este organismo se aleja cada vez más de su misión de desarrollar y fortalecer las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación nacionales.

Como Poder Legislativo no podemos seguir siendo ajenos a esta problemática, debemos incidir para que la ciencia y la tecnología se conviertan en verdaderos instrumentos para la mejora, el impulso y la consolidación del desarrollo y crecimiento de México.

Por todo lo antes expuesto, las y los legisladores del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta asamblea, con carácter de urgente resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cita a una reunión de trabajo a la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces, para abordar la situación actual de ese organismo federal y los conflictos que se han presentado en los últimos meses en ese sector.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero de 2022.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Morelos a revisar y, en su caso, modificar o establecer nuevas acciones, planes, programas y políticas públicas dirigidos a garantizar la seguridad pública ciudadana, la prevención del delito, y la pronta y eficaz persecución de éste, a cargo del senador Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Ángel García Yáñez, senador de la República por el estado de Morelos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables, somete a consideración de la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al gobernador del estado de Morelos para que, en cabal cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales y legales, como jefe de la Fuerza Pública Estatal, revise y, en su caso, modifique o establezca nuevas acciones, planes, programas y políticas públicas dirigidas a garantizar la seguridad pública de las y los morelenses, la prevención del delito, así como la pronta y eficaz persecución de los ilícitos, ante el incremento en las conductas delictivas y velar por la conservación del orden público y por la seguridad interior y exterior del Estado, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de Morelos, a pesar de ser una de las entidades federativas más pequeñas del país, pues representa 0.2 por ciento del territorio nacional, enfrenta una situación compleja en diversos rubros, siendo el tema de la seguridad es el que más preocupa a su población.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), a septiembre de 2021,1 en Morelos se presentan los resultados siguientes:

- 64.3 por ciento de la población de 18 años y más, considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy día su entidad federativa, seguido del desempleo con 42.1 por ciento y la salud con 40.9 por ciento. Lo anterior, se muestra en la gráfica siguiente:

- Por cada 100 mil habitantes, las mujeres son quienes en mayor medida han sido víctimas de alguna conducta delictiva, registrándose la tasa de 24 mil 817 contra 23 mil 525 de la cifra correspondiente a los hombres.

- En cuanto a la incidencia delictiva, por tipo de delito, por cada 100 mil habitantes, la población de 18 años y más, considera al robo o asalto en calle o transporte público como el de mayor ocurrencia, seguido de la extorsión, fraude, secuestro, delitos sexuales, robo a casa habitación, robo total o parcial de vehículo, lesiones, entre otros.

- En lo que se refiere al nivel de confianza en las autoridades de seguridad pública, 91.8 por ciento considera a la Secretaría de Marina como la autoridad que mayor confianza le inspira, seguida del Ejército con 88.3 por ciento; Guardia Nacional con 84.5 por ciento; 64.6 por ciento la Fiscalía General de la República; 57.9 por ciento el Ministerio Público y Fiscalía Estatal; 56.8 por ciento los jueces; 54.6 por ciento la Policía estatal; 51.4 por ciento la policía ministerial; 50.7 por ciento la policía municipal y 42.4 por ciento la policía de tránsito.

Lo anterior cobra mayor relevancia, si consideramos que las víctimas prefieren no denunciar la comisión de delitos, pues 38 por ciento considera que es una pérdida de tiempo y 14.5 por ciento es por desconfianza a la autoridad, entendiéndose por esta última, como el miedo a que lo extorsionarán, trámites largos y difíciles y por actitud hostil de la autoridad.

- En cuanto al conocimiento de la sociedad, respecto a las acciones realizadas para mejorar la seguridad pública en su localidad, según la encuesta, la población identifica lo siguiente:

Si bien el problema de la inseguridad se ha incrementado en los últimos años, recientemente se ha recrudecido en todo el estado de Morelos, pues con mayor frecuencia la ciudadanía se encuentra en un riesgo, ante diversos hechos y conductas delictivas, ocasionando que las personas vivan bajo un clima de zozobra.

Iniciando la primera semana del año, apenas el pasado 3 de enero de 2022, en el municipio de Jiutepec, fue atacado a balazos Gabriel Domínguez Barrios, quien se desempeña como juez Noveno de Distrito y que al momento de su agresión se encontraba acompañado de su hijo. Al respecto, según las primeras investigaciones a cargo de la Fiscalía estatal, se tienen abiertas dos carpetas de investigación, en la que uno de los motivos del ataque puede estar relacionado con la actividad propia de juzgador y la otra relacionada a la posibilidad de un asalto. De igual manera, se ha informado de la detención de tres personas que probablemente participaron en el ataque al juzgador federal.

Dicho ataque ha sido condenado por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien demando a las autoridades competentes una “investigación rápida, seria y profunda que permita sancionar a los responsables”.

Sin duda, dicho acto es reprobado desde esta tribuna y nos solidarizamos con el juez Domínguez Barrios y su familia, al tiempo de que exigimos a las autoridades agotar las investigaciones correspondientes, a fin de castigar a quienes perpetraron ese ataque, pues como se ha mencionado líneas arriba, la inseguridad es el mayor problema en el que se encuentra sumido el estado de Morelos.

Sin embargo, para mala fortuna, en los primeros días de 2022, podemos mencionar se tiene el reporte de dos feminicidios. Al respecto, es importante señalar que de acuerdo con cifras de la Incidencia Delictiva del Fuero Común 2021, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,2 al mes de noviembre de 2021, en el estado de Morelos se han registrado 23 feminicidios, eso sin contar el señalado anteriormente. En el año 2020, Morelos acumuló un total de 35 feminicidios y en 2019 un total de 39.

Cabe destacar que en junio de 2021, en la conferencia que el Presidente de la República realiza diariamente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que de acuerdo a las incidencias por cada 100 mil habitantes, Morelos encabeza las ocho entidades que concentran las tasas más altas de feminicidios en el país, junto con Sonora, Quintana Roo, Colima, Jalisco, San Luis Potosí y Chiapas, conforme a la imagen siguiente3 :

Como hemos mencionado, el estado de Morelos se encuentra en una situación compleja, pues día con día se tiene conocimiento de la comisión de diversas conductas delictivas, como el homicidio, el robo, la extorción, el narcomenudeo, entre otros.

Consecuentemente, ante la inacción de las autoridades, existe un clima de ingobernabilidad en el estado de Morelos, pues la ciudadanía está tomando justicia por su cuenta, que en algunos casos se han llevado a cabo linchamientos, al considerar que si los presuntos delincuentes son entregados a las autoridades difícilmente tendrán algún castigo y, en su caso, saldrán en libertad rápidamente, quedando impunes sus acciones. Como ejemplo, a finales de septiembre de 2021, un grupo de pobladores del municipio de Huitzilac, retuvieron, golpearon y quemaron a dos personas que presuntamente habían cometido el delito de robo, así como el probable secuestro de un menor de edad.

Por desgracia, existen múltiples casos del grave problema de inseguridad, en que mencionaremos algunos de ellos:

• El 7 de septiembre de 2021, en la ciudad de Cuernavaca, fue privado de la vida Alejandro García Zagal, popularmente conocido como El Chepe , quien era un líder de colonias de Cuernavaca que se había manifestado por la problemática del agua.

• El 17 de septiembre de 2021, medios locales y nacionales dieron cuenta del feminicidio de una profesora y su hija, quienes fueron privadas de la libertad en el Estado de México desde el mes de mayo y que lamentablemente se reportó su localización en el estado de Morelos.

• El 28 de septiembre de 2021, en la ciudad de Cuernavaca, en el que privaron de la vida al periodista Jesús Manuel González Reyes, quien fuera director del medio digital Portal Morelos .

Por si fuera poco, a pesar de la grave situación de inseguridad que se vive en el estado, el pasado 22 de diciembre de 2021 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, un oficio fechado el 14 de diciembre de 2021, en el que el gobernador Cuauhtémoc Blanco comunica al secretario de Gobierno de la entidad, que “...durante el periodo comprendido del primer minuto del diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno al último minuto del dos de enero de dos mil veintidós...” se separará de sus funciones. Dicha comunicación, a efecto de que se supla su ausencia.

Lo anterior da muestra de la frivolidad con la que se gobierna el estado de Morelos. Ante esta grave situación, el Congreso de la Unión no puede ser omiso, por lo que es necesario hacer un exhorto a las diversas autoridades del gobierno de Morelos, ante la gravedad de los hechos de violencia que se viven a diario en la entidad. Es necesario que las autoridades competentes lleven a cabo acciones contundentes en la prevención del delito y en el combate a la delincuencia, garantizando seguridad y que la ciudadanía tenga la confianza en que los delincuentes serán castigados por sus conductas.

Las y los morelenses necesitamos a autoridades comprometidas al cabal cumplimiento de sus obligaciones. Necesitamos a un gobernador que haga frente a las necesidades que se presentan a diario en el estado, al tiempo de hacer a un lado las diferencias políticas, pues se debe trabajar de manera coordinada e institucionalmente con la Fiscalía General del Estado.

Las lamentables conductas delictivas señaladas en el presente punto de acuerdo, se refiere a incidencia delictiva del fuero común, es decir, no hay pretextos para que las autoridades quieran trasladar las responsabilidades al ámbito federal. Es claro que debe de existir coordinación con las autoridades federales, pero mientras haya diferencias entre las instancias del gobierno de Morelos, difícilmente se entregarán buenos resultados.

Es de la mayor relevancia recordar a las autoridades del gobierno de Morelos que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, establece lo siguiente:

“Artículo 70.- Son facultades del Gobernador del Estado:

I. - XIX. ...

XX. Como Jefe de la Fuerza Pública Estatal, velar por la conservación del orden público y por la seguridad interior y exterior del Estado;

XXI. - XLIII. ...”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Morelos para que, en cabal cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales y legales, como jefe de la Fuerza Pública Estatal, revise y, en su caso, modifique o establezca nuevas acciones, planes, programas y políticas públicas dirigidas a garantizar la seguridad pública de las y los morelenses, la prevención del delito, así como la pronta y eficaz persecución de los ilícitos, ante el incremento en las conductas delictivas y velar por la conservación del orden público y por la seguridad interior y exterior del estado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2022.

Senador Ángel García Yáñez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos locales a aumentar el número de pruebas gratuitas disponibles para detectar Coronavirus ante el aumento de contagios por la presencia de la variante Ómicron, a cargo del diputado Luis Arturo González Cruz, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Luis Arturo González Cruz , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea de la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Exposición de Motivos

Fue en el mes de noviembre de 2021 que la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció la presencia de una nueva variante del SARS-CoV-2, la cual fue denominada como “ómicron” y que, según información del Centro de para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos de América (CDC), es probable se propague con mayor facilidad que el virus original del SARS-CoV-2; de igual forma, este centro señaló que cualquier persona infectada por el virus de la variante ómicron puede llegar a propagar el virus a otras personas, incluso estando vacunadas.

Datos de la Secretaría de Salud federal señalan que el lunes 03 de enero en se han detectado 2 mil 877 nuevos contagios y 37 decesos, lo que da un total desde el comienzo de la pandemia en México de 3 millones 993 mil 464 casos positivos y 299 mil 581 defunciones. Actualmente hay un registro de 47 mil 874 casos activos acumulados y 583 mil 317 casos sospechosos.1

En la Ciudad de México los últimos datos proporcionados por las autoridades de la capital señalan que hay 12 mil 152 casos activos, una ocupación hospitalaria del 6 por ciento con 273 camas generales ocupadas y 110 camas ocupadas con ventilador.2

Lo anterior pone de manifiesto un importante aumento de personas contagiadas en comparación con los números que se venían observando antes de la aparición de la variante ómicron, donde la tendencia de contagios venía a la baja, por lo cual las autoridades capitalinas habían reducido el número de centros y su disponibilidad de pruebas de detección de la Covid-19.

Ante esta situación y por coincidir con la temporada de fiestas decembrinas, época donde un gran numero personas aprovechan para reunirse y festejar, se desencadenó un aumento de personas contagiadas de Covid-19 y con ello se ha registrado un aumento en las personas que buscan hacerse una prueba PCR o de antígenos para saber su estado de salud ante un posible contagio.

Actualmente, en la Ciudad de México existen 116 centros de salud que realizan al día unas 50 pruebas, según lo señaló Eduardo Clark, director de la Agencia de Innovación Pública, siendo este número de centros insuficientes como ha quedado evidenciado por las largas filas que se presentan no solo en ellos, sino también en farmacias y otros lugares de la capital en donde realizan pruebas para detectar Covid-19.

En cuanto hace al porcentaje de personas que se han realizado pruebas en los quioscos o centros instalados por el gobierno capitalino y que resultan positivos, el último reporte que se tiene a la fecha muestra que el 25 por ciento de las pruebas que se hicieron salieron positivas, es decir, una de cada cuatro personas estaba contagiada.

Esta situación que está presentándose en la capital del país también se replica en otras entidades de la república en donde también se ha registrado un alza en los contagios, por lo cual es importante hacer un esfuerzo para ofrecer a la población la posibilidad de acceder a una prueba y puedan tomar las precauciones debidas. Los estados que presentaron mayor número de contagios durante la primera semana del 2022 fueron Ciudad de México, estado de México, Nuevo León, Guanajuato y Jalisco.

Por lo antes mencionado es imperante exhortar de manera respetuosa a las autoridades sanitarias de los diferentes estados de la república a que en la medida de sus posibilidades y tomando en cuenta la situación actual que se vive ante la presencia de la variante ómicron de la Covid-19 se contemple la posibilidad de poner en marcha mecanismos de pruebas para la detección de coronavirus y así evitar mayor contagio y prevenir posibles complicaciones en la salud de las personas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas a considerar de manera inmediata la posibilidad de aumentar el número de pruebas disponibles de manera gratuita para su población para la detección de coronavirus ante el aumento de contagios derivado de la presencia de la variante ómicron.

Notas

1 Véase: Covid-19 México. Disponible en: https://datos.covid-19.conacyt.mx/

2 Véase: Seguimiento de Covid-19 Disponible en: https://covid19.cdmx.gob.mx/

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2022.

Diputado Luis Arturo González Cruz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar tanto al gobierno como a la FGJ del estado de México y el ayuntamiento de Atlacomulco a investigar a los presuntos responsables de lo ocurrido con la estatua del presidente Andrés Manuel López Obrador en el municipio, suscrita por la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Ana Laura Bernal Camarena, diputada integrante de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado primero de enero de 2022 se divulgó que se instauró la “Estatua de AMLO, colocada a finales de diciembre de 2021 en Atlacomulco y que fue derribada posteriormente. Lo cual es una falta total de respeto a la figura presidencial que de ninguna manera puede quedar impune para marcar un precedente de impartición de justicia a nivel nacional.

“La Fiscalía dijo que la estatua fue encontrada derribada por la Policía Municipal y que las indagaciones estaban en curso. Se reportó que la estatua había sido tirada y decapitada el sábado por la madrugada, el mismo día que asumía Marisol Arias como nueva presidenta municipal, quien ganó las elecciones de 2021 bajo una alianza que —además del PRI— también incluyó al Partido Acción Nacional (PAN) y al Partido de la Revolución Democrática (PRD)”.1

Mencionado lo anterior se tiene que realizar una investigación minuciosa por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para aclarar los hechos ocurridos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 109 menciona lo siguiente:

“Artículo 109.

Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:

i. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable. Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan;

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control. Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de la Federación, se observará lo previsto en el artículo 94 de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos. La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control. Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución. Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior, y [...].2

Sabiendo que una de las encomiendas de los servidores públicos es cumplir y hacer cumplir las leyes, se hace un atento llamado al Fiscal General de Justicia del Estado de México en conjunto con las autoridades correspondientes del municipio de Atlacomulco, Estado de México para la coordinación de la investigación, en su caso ejercitar la acción penal y aplicar todo el peso de la ley contra quien resultara responsable de tales actos delictivos con la figura presidencial.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me sirvo someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México, a la Fiscalía General del Estado de México y al municipio de Atlacomulco, a investigar a los presuntos responsables sobre los sucesos ocurridos a la estatua del presidente Andrés Manuel López Obrador en Atlacomulco, estado de México.

Notas

1 CNNESPAÑOL. “Derriban estatua del presidente López Obrador que había sido develada en Atlacomulco, bastión histórico de partido opositor en el estado de México” 02/01/22. https://cnnespanol.cnn.com/2022/01/02/derriban-estatua-del-presidente-l opez-obrador-en-mexico-orix/

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2021.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los siete días del mes de enero de 2022.

Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP y el INAH a dejar sin efectos las circulares 401.4 6.1.2 1021/3247 y 401.4c-|-2021/17, emitidas por la Coordinación Nacional de Recursos Humanos y la Secretaría Administrativa del INAH, a cargo de la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Elizabeth Pérez Valdez , diputada integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Dirección General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, dejar sin efectos las circulares 401.4 6.1.2 1021/3247 del 17 de diciembre de 2021 y 401.4c-|-2021/17 de fecha 29 de diciembre pasado, emitidas por la Coordinación Nacional de Recursos Humanos y por la Secretaría Administrativa del INAH respectivamente, e informar a esta honorable Comisión Permanente respecto del avance en la ministración de recursos presupuestales a la Escuela Nacional de Antropología e Historia , con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El 29 de diciembre pasado, el antropólogo Pedro Velázquez Beltrán, secretario Administrativo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, emitió la circular 401-4C.1-2021/17, dirigido a los titulares y administradores de las Unidades Administrativas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el cual se hace referencia al oficio 401.4C.1.2021/3247 de fecha 17 de diciembre de 2021, en se señala explícitamente que con excepción del personal que ocupa puestos de estructura y que actualmente devenga sus remuneraciones con cargo a la partida presupuestal 12201 (Remuneraciones al personal eventual), a partir del primero de enero de 2022 no deberá convocarse a laborar a ninguna persona que haya estado contratada como personal eventural al 31 de diciembre del 2021, en tanto su eventual contratación no haya sido autorizada por la Coordinación Nacional de Recursos Humanos.

La contravención a esta disposición y los compromisos que se asuman con dicho personal, serán única y exclusiva responsabilidad de quién los convoque o autorice su convocatoria.

En respuesta, la cuenta oficial de Twitter de la Escuela Nacional de Antropología e Historia difundió un oficio signado por su director en donde hacía explícitas las dificultades que el cumplimiento de esta instrucción traería para esta Institución, ya que gran parte de su personal se encuentra laborando bajo estas modalidades. En este oficio –que después fue borrado de la cuenta–, el director Hilario Topete Lara señaló que habría afectaciones en áreas como la Dirección, la Secretaría Académica, la Subdirección Administrativa, la Subdirección de Investigación y la División de Licenciaturas, afectando “de manera significativa a la comunidad estudiantil, académica y de trabajadores diversos de la ENAH”.1

En respuesta, tanto el director general de INAH, como el vocero presidencial Jesús Ramírez, señalaron que estas noticias son infundadas y que todos los trabajadores eventuales serían recontratados en 2022 bajo la misma modalidad. Por su parte, el Presidente López Obrador, en su conferencia del día 3 de enero, señaló que se seguirían evitando los derroches, los gastos superfluos y la duplicidad de funciones, para hacer más eficiente la aplicación del gasto público y que, sin embargo, si la ENAH requiere de más recursos, se le proporcionarían.

Más allá del conflicto coyuntural que supone la no contratación del personal eventual en este mes, lo que queda de manifiesto es la precariedad laboral que se vive en la institución y que resulta indispensable resolver a la brevedad, por lo cual esta Asamblea debe conocer cuál es exactamente la situación por la que se atraviesa y generar los mecanismos para solventarla.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometida con la educación superior en nuestro país, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Dirección General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, dejar sin efectos las circulares 401.4 6.1.2 1021/3247 del 17 de diciembre de 2021 y 401.4c-|-2021/17 de fecha 29 de diciembre pasado, emitidas por la Coordinación Nacional de Recursos Humanos y por la Secretaría Administrativa del INAH respectivamente, e informar a esta honorable Comisión Permanente respecto del avance en la ministración de recursos presupuestales a la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Dirección General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a la Dirección de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y a la comunidad académica y estudiantil para generar una mesa de trabajo para la regularización de la contratación del personal eventual, garantizando su seguridad laboral y la continuidad de las labores de la Institución.

Nota

1 https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Tras-protestas-anulan-golpe -a-la-ENAH-e-Inali-20220102-0057.html[1]

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2022.

Diputada Elizabeth Pérez Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y sus 32 homólogas locales a desarrollar mecanismos institucionales de mediación y resolución de conflictos entre los integrantes de la comunidad educativa; y al Mejoredu, a capacitar a los docentes sobre mediación y resolución de conflictos escolares, suscrita por la diputada Taygete Irisay Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Taygete Irisay Rodríguez González, diputada del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior de dicho Congreso; somete a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, para exhortar respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas, para desarrollar mecanismos institucionales de mediación y resolución de conflictos entre los integrantes de la comunidad educativa en las escuelas mexicanas; y al Consejo Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), para que capacite a los docentes en materia de mediación y resolución de conflictos a nivel escolar; de acuerdo con la siguiente

Exposición de motivos

Conforme al artículo 3 de la Constitución, dos de los principios que forman la base de la educación en nuestro país son el respeto a todos los derechos y las libertades, y la cultura de paz. Este principio es un valor que debe fomentar la educación en nuestro país, y es también desarrollado en el artículo 15, fracción V, de la Ley General de Educación como “la cultura de la paz, el respeto, la tolerancia, los valores democráticos que favorezcan el diálogo constructivo, la solidaridad y la búsqueda de acuerdos que permitan la solución no violenta de conflictos”.

A pesar de lo anterior, la resolución no violenta de conflictos, la cual está estrechamente ligada con el desarrollo de la inteligencia emocional –entendida ésta como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos, y de manejar bien las emociones en nosotros mismos y nuestras relaciones– es una de las deficiencias que padece nuestro sistema educativo. Como un sistema desarrollado en términos de la filosofía occidental tradicional, según la cual la razón nos lleva a la verdad y las emociones nos inducen al error, la educación pone un énfasis casi exclusivo en el conocimiento y la razón pura a la vez que descuida la cuestión afectiva. Nuestro sistema enfatiza fuertemente las ciencias exactas, los conocimientos teóricos y la razón pura, a la vez que se descuida la inteligencia emocional y la capacidad para resolver conflictos interpersonales, institucionales y sociales de forma inteligente, productiva y pacífica; y esto se ve reflejado en todas las personas que, a falta de capacidades para dialogar y resolver sus diferencias, recurren a la violencia, la represión, la manipulación, la fuerza directa, u otras vías destructivas.

Queda claro, por lo tanto, que es necesario redoblar esfuerzos en inculcar la cultura de la paz en la educación pública. Dado que la cultura de la paz se trata de un valor, no basta con tan sólo decir a nuestros alumnos y docentes que resuelvan sus conflictos de forma pacífica; es necesario adoptar dicha cultura a nivel personal e institucional, ser congruentes, y predicar con el ejemplo. Una forma concreta y posible de llevar esto a cabo, y así contribuir no sólo a formar un país más pacífico, sino también a mejorar la inteligencia social y emocional de nuestros ciudadanos y de la comunidad educativa, es a través de la institución de mecanismos de mediación y resolución de conflictos interpersonales a nivel escolar.

La mediación es un método de resolución de conflictos que ya está formalizado y en práctica en muchas jurisdicciones, en el cual intervienen dos o más partes en conflicto con la ayuda de un mediador independiente, con el objetivo de llevar dicho conflicto a una solución positiva, productiva y favorable para ambas partes. Dentro de este proceso, el mediador juega un papel neutral; éste jamás interviene de forma directa en el proceso de negociación, sino que sólo lo favorece, a través de acciones tales como favorecer una comunicación ordenada entre las partes, o establecer un lugar y un ambiente adecuado para la negociación.

A pesar de que desde hace mucho tiempo ha estado aplicándose en ámbitos tales como el laboral, judicial o laboral, la mediación se usa muy poco en el ámbito escolar. Debido a la visión tradicional de que la escuela es un lugar de impartición de conocimientos donde las cuestiones afectivas quedan en segundo plano, así como una visión errónea de que la resolución de conflictos es competencia de adultos maduros y desarrollados, la mediación de conflictos ha sido objeto de escaso interés por parte de la comunidad educativa; sin embargo, a raíz de la creciente preocupación por el acoso escolar, la mediación ha comenzado a ser considerada como un medio para propiciar la sana convivencia en la escuela. Los primeros programas de mediación escolar de los que se tiene conocimiento surgieron en los años 60 en Estados Unidos, inicialmente como esfuerzos individuales de parte de profesores con el fin de ayudar a que los alumnos resolvieran sus diferencias; posteriormente, en los 80 se comenzaron a coordinar esfuerzos para introducir la mediación de conflictos de manera oficial, como parte de la formación de una cultura de la paz.1 Los métodos van desde el simple acto de incorporar conceptos de mediación en el currículum educativo, pasando por capacitar al personal docente y administrativo en este tema, hasta la incorporación de programas oficiales de mediación a los cuales pueden recurrir tanto alumnos como profesores.

Las ventajas de adoptar la mediación de conflictos son muchísimas. Debido a que el conflicto es parte inherente de la convivencia humana, la resolución de conflictos es una habilidad fundamental para poder tener una sana convivencia con todos, lo que implica que enseñar y poner en práctica esos mecanismos traerá un aprendizaje práctico para la vida. Los mecanismos oficiales de mediación de conflictos transmiten un mensaje de que las autoridades y los líderes de la comunidad educativa son congruentes y se toman en serio la cultura de la paz, lo cual es indispensable a la hora de inculcar y transmitir valores en una organización. La mediación escolar es capaz de reducir la incidencia del acoso escolar, directamente a través de ofrecer una vía pacífica para resolver conflictos entre alumnos en vez de permitir que éstos sigan creciendo, e indirectamente al formar en el alumno una mejor capacidad para convivir pacíficamente con los demás. La mediación escolar es incluso capaz de reducir la incidencia de acciones disciplinarias aplicadas a alumnos transgresores, ya que ésta ofrece vías más productivas para reparar el daño causado por infringir las normas que un simple castigo, y es una forma mucho más efectiva que el castigo directo para que el alumno transgresor tome conciencia de las consecuencias de sus actos. La mediación escolar, además, es un medio concreto y específico para promover la inteligencia emocional, aspecto que, como ya se mencionó, suele ser ignorado en las escuelas a pesar de que su importancia ya ha sido reconocida.

Por supuesto, debe quedar claro que la mediación de conflictos no es ningún sustituto ni está en contra de la disciplina y las reglas escolares, sino que es un complemento a todo lo anterior; a través de la mediación escolar se busca que todos participen activamente en la resolución de sus conflictos, aprendan de ellos, mejoren sus habilidades sociales, y todo ello puede traer incluso un mayor respeto hacia la institución escolar.

Expuesto lo anterior, me permito someter a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, así como a sus homólogas de las 32 entidades federativas, para que desarrollen mecanismos institucionales de mediación y resolución de conflictos entre los alumnos, profesores, administradores, y demás miembros de la comunidad educativa en las escuelas mexicanas.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) para que capacite a los docentes en materia de mediación y resolución de conflictos a nivel escolar.

Nota

1 Isabel Sepúlveda Montaño. (2019). Mediación escolar: Hacia una educación emocional y pacífica (página 112). México: Porrúa.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2022.

Diputada Taygete Irisay Rodríguez González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a atraer el caso de violación cometida por el diputado electo del PAN Jorge Alberto Romero Vázquez contra las ciudadanas Regina N y María José N, suscrita por los diputados Emmanuel Reyes Carmona y Pedro David Ortega Fonseca, del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputado Emmanuel Reyes Carmona y Pedro David Ortega Fonseca, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

Casi 1 de cada 3 mujeres ha sufrido abusos a lo largo de su vida. En tiempos de crisis las cifras aumentan, como se vio durante la pandemia de Covid-19 y las recientes crisis humanitarias, conflictos y desastres climáticos. Un nuevo informe de ONU Mujeres, basado en datos de 13 países desde la pandemia, recoge que 2 de cada 3 mujeres padecieron alguna forma de violencia o conocían a alguna mujer que la sufría. Por desgracia, sólo 1 de cada 10 dijo que recurriría a la policía en busca de ayuda. A su vez, se llegó a la conclusión que estas mujeres tienen más probabilidades de enfrentarse a situaciones de pobreza y escasez de alimentos.

Si bien la violencia de género es generalizada, esta puede y debe prevenirse. Detener esta violencia comienza por creer en las sobrevivientes, adoptando enfoques integrales e inclusivos que aborden las causas fundamentales, transformen las normas sociales dañinas y empoderen a las mujeres y las niñas.

La discriminación, la revictimización y la impunidad en la respuesta del poder judicial a casos concretos de violencia de género han sido identificados en relación al acceso a la justicia de las mujeres víctimas de la violencia.

El Poder Judicial enfrenta, en los casos de violencia de género, una alta responsabilidad ética y jurídica de velar por la protección de quienes denuncian. Por otra parte, la Declaración de Naciones Unidas sobre Víctimas de Delitos (1985) y las Reglas de Brasilia (2008) señalan que las mujeres, niños/as víctimas de violencia de género que requieren especial protección, y la Convención Interamericana Belén Dó Pará establece obligaciones concretas al Poder Judicial.

Recientemente, diversos medios de comunicación dieron a conocer la noticia que, el diputado federal electo del PAN, Jorge Alberto Romero Vázquez, ha sido acusado de violar a dos ex reinas de la ciudad de Irapuato (Regina N y María José N), sin duda la nota fue un escándalo nacional por tratarse de un diputado electo el ejecutor del delito, pues, hasta hace poco su bancada se pronunciaba en contra de la violencia contra las mujeres, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el pasado 25 de noviembre en la más alta tribuna de la nación. Lo que ha causado más asombro y molestia entre la ciudadanía es la revictimización de las partes ofendidas pues la Fiscalía General del estado de Guanajuato reclasificó el delito de violación espuria, que es con el que fue iniciado y por el que el agresor estuvo en prisión preventiva, para dejarlo en abuso sexual.

Con esta reclasificación el agresor pudo salir libre gracias a la actuación de la fiscalía, sin tomar en cuenta las decisiones del juez de control y del magistrado, que confirmó la vinculación a proceso.

En este sentido como legisladores federales, pero sobre todo como padres de familia, esposos, hijos o simplemente como ciudadano consciente del problema latente que significa cualquier tipo de violencia hacia las mujeres, hoy nos pronunciamos de manera contundente contra esta forma de actuar de un legislador electo y de la fiscalía estatal, que se supone debe ser el abogado del pueblo.

Por las circunstancias en que tienen lugar y quién los cometió, generalmente los delitos contra la integridad sexual son investigados en el fuero común (es decir, por las fiscalías de cada entidad federativa); sin embargo, en ciertos casos deben ser investigados y perseguidos por la FGR.

El artículo 5 de la Ley de la Fiscalía General de la República establece:

Artículo 5. Al Ministerio Público de la federación le corresponde, en representación de los intereses de la sociedad: la investigación y la persecución de los delitos del orden federal y los de su competencia ante los tribunales, la preparación y el ejercicio de la acción de extinción de dominio, la intervención en todos los asuntos que correspondan a sus funciones constitucionales, así como promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de la persona imputada, de la víctima o de la persona ofendida durante el desarrollo del procedimiento penal, establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, en el Código Nacional, la presente ley, y las demás disposiciones legales aplicables.

La Fiscalía General de la República podrá ejercer la facultad de atracción de casos del fuero común en los supuestos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y las leyes aplicables.

La víctima podrá solicitar a la Fiscalía General que ejerza su facultad de atracción.

Por esta razón es que hoy solicitamos que la Fiscalía General de la República atraiga este caso por la ineficacia de la fiscalía local competente.

Por lo expuesto, ante esta soberanía presento el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la Republica atraiga el caso del delito de violación cometida por el diputado electo del PAN, Jorge Alberto Romero Vázquez, cometido en contra de las ciudadanas Regina N y María José N; por haberse demostrado la incapacidad e inefectividad de la Fiscalía General del estado de Guanajuato.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión de Permanente, a 7 de enero de 2022.

Diputados: Emmanuel Reyes Carmona y Pedro David Ortega Fonseca (rúbricas)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la SHCP para que implante una política pública adecuada y realice acciones conducentes a evitar un escenario de estancamiento e inflación en beneficio de la economía familiar, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Gina Gerardina Campuzano González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

La economía mexicana tendrá un comienzo de 2022 difícil debido a la falta de crecimiento económico, al incremento de precios de bienes y servicios y a la actualización del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) que mermará las finanzas de los hogares mexicanos más allá del primer mes.i

El 2022 inicia con una inflación de 7.45 por ciento —último dato disponible correspondiente a la primera quincena de diciembre del año pasado— la más elevada desde 2001 y a pesar de ser menor respecto al 7.70 por ciento del cierre de noviembre, de acuerdo con la directora de análisis económico de Banco Base, Gabriela Siller, destacó que los riesgos al alza para la inflación siguen presentes.ii

Resultado de la elevada inflación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actualizó el IEPS a cigarros, gasolinas, refrescos y bebidas saborizadas, y es de 7.36 por ciento.iii

Para la actualización de la tasa del IEPS, se dividió el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del mes de noviembre de 2021 que fue de 116.884 puntos entre el índice del mismo periodo de 2020 de 108.856 unidades.iv

Al respecto, de acuerdo con Moreno Soto se prevé que los hogares mexicanos padecerán de una cuesta de varios meses, incluso, las expectativas de Banco de México sobre la inflación apuntan a que esté por encima del rango de 3 por ciento +/- un punto porcentual hasta el cuarto trimestre del año.v

Siller recordó que los precios de las mercancías, alimenticias y no alimenticias, han subido ante mayores costos de producción por las disrupciones en cadenas de suministro a nivel global y mayores costos de transporte, por lo que las presiones en los primeros meses del año persistirán.vi

Sin embargo, cuando analizamos que los alimentos y bebidas presentan una inflación aún mayor a la inflación general no vista en décadas, es momento de que la Secretaría de Hacienda reaccione ante la coyuntura que esto representa en las familias de menores ingresos.vii

Es por ello, que presento el presente exhorto al Ejecutivo federal para que a través del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para implementar una política pública adecuada y realizar las acciones necesarias a fin de evitar un escenario de estancamiento e inflación en beneficio de la economía de las familias mexicanas.

Por lo antes expuesto y fundamentado, someto respetuosamente a la consideración de esta Honorable Asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y evitar el alza en los precios debido a la inflación, por lo que me permito proponer los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que instruya al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para implementar una política pública eficaz y realizar las acciones necesarias a fin de evitar un escenario de estancamiento económico e inflación en beneficio de la economía de las familias mexicanas.

Segundo . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda Crédito Público, para que informe periódicamente a la opinión pública, sobre el avance de las acciones instrumentadas para el cumplimiento y seguimiento del exhorto anterior.

Notas

i Miguel Moscosa, Cuesta de enero se prolongará más de un mes ante alta inflación, Economía, el CEO, consultado por última vez el 3 de enero de 2022 en https://elceo.com/economia/cuesta-de-enero-2022-inflacion-impuestos/

ii Ibídem.

iii Ibídem.

iv Miguel Moscosa, Cuesta de enero se prolongará más de un mes ante alta inflación, Economía, el CEO, consultado por última vez el 3 de enero de 2022 en https://elceo.com/economia/cuesta-de-enero-2022-inflacion-impuestos/

v Ibídem.

vi Ibídem.

vii Ibídem.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2022.

Diputada Gina Gerardina Campuzano González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Bienestar a mantener por la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social el carácter institucional de la relación del gobierno con las organizaciones de la sociedad civil, suscrita por la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Yolanda de la Torre Valdez, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Antecedentes

La historia de la política social en nuestro país tiene un antes y un después con Luis Donaldo Colosio Murrieta y María Angélica Luna Parra, luchadores incansables de las causas sociales y promotores de la corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad civil, Donaldo Colosio constantemente manifestó su genuino interés por escuchar a la sociedad al señalar que:

“Los cambios son signo de nuestro tiempo. En nuestro país la sociedad se ha vuelto plural; los ciudadanos son cada vez más críticos, más informados, más exigentes, demandantes, reclamantes. Reclaman mayor participación política y reclaman justicia social”.1

Y reconocer que:

“Hoy, en la nueva etapa de cambios que vive el país, las condiciones de la política son otras. La sociedad mexicana ha tomado la iniciativa para resolver sus problemas y ha adquirido nuevas capacidades”.2

En 1992, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se creó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con Luis Donaldo Colosio como titular y María Angélica Luna Parra, como directora general de la Concertación Social, durante su gestión se promovió y concretó el primer fondo de apoyo a los proyectos sociales de las organizaciones no gubernamentales con el Instituto Nacional de Solidaridad (Insol).

El programa de los fondos de conversión buscaba canalizar recursos a las organizaciones comunitarias para planear conjuntamente las inversiones del gobierno en desarrollo social y la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil.

En el año 2000, el Fondo de Coinversión Social cambió su denominación por el de Programa de Coinversión Social (PCS) y, en septiembre de 2001, el Insol se transformó en el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol).

Desde 2006, también operó el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), pionero y único en América Latina para implementar y ejecutar programas de prevención de la violencia contra las mujeres, a través de los institutos de la mujer, distribuidos en los 32 estados de la República Mexicana.

El enorme trabajo del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) no puede entenderse sin la aportación de María Angélica Luna Parra, quien puntualizó reiteradamente que el Programa de Coinversión Social, creado por ella en la administración de Luis Donaldo Colosio, tiene como fin trabajar en conjunto con las organizaciones civiles:

“No es peso por peso, sino que se les estimula para que aporten modelos de atención, continuidad, cercanía con la gente y genere acciones que propicien el desarrollo”.

Cabe destacar que desde su nacimiento y hasta su desaparición el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), contó con directores de distintas visiones políticas e ideológicas, sin embargo, su vocación institucional se mantuvo, dando lugar a importantes reflexiones por parte de integrantes de distintos sectores con la finalidad de incidir en la mejora del diseño, operación y evaluación de las políticas públicas enfocadas al desarrollo social.

II. Normatividad

El Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) tenía como visión: “Ser la instancia que promueva y fomente el desarrollo de los actores sociales, la participación ciudadana y la organización de la sociedad civil y su vinculación con las dependencias gubernamentales, con el fin de lograr un México en paz e incluyente, en el marco de la gobernabilidad democrática, desde una perspectiva de desarrollo integral, pleno respeto a los derechos humanos e igualdad de género”.

Como misión: “Fomentar la participación ciudadana y la organización social y comunitaria a través de la capacitación, el intercambio de experiencias y la articulación a nivel regional y temático entre los diversos actores sociales con el apoyo de recursos físicos, materiales, financieros y humanos para generar sinergias que propicien mayores vínculos y lazos sociales a fin de avanzar en proyectos que incidan en el desarrollo social y productivo a través de la interacción entre la sociedad civil organizada y las instancias gubernamentales para consolidar la cohesión social”.

En el artículo 28 Bis del Reglamento de la Secretaría de Bienestar se establece que la nueva dirección tiene como atribución, entre otras, “Promover, impulsar y coordinar acciones de capacitación, formación, asesoría, investigación e información, dirigidas a la vinculación y fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos de las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a tareas de desarrollo social y disminución de la pobreza”.

Asimismo, “Fomentar la participación de grupos sociales vinculados a los programas y tareas de desarrollo social y de bienestar común, así como apoyar y consolidar su capacidad de gestión y respuesta, a través del diseño de acciones y estrategias de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, especialmente en las regiones, zonas, municipios y comunidades del país con mayores rezagos y menor crecimiento, que requieran atención inmediata o prioritaria”.

De igual manera: “Apoyar la intervención de las organizaciones de la sociedad civil en las tareas de desarrollo social y bienestar común, mediante la aplicación de fondos institucionales y la promoción y realización de acciones de gestión, capacitación y asesoría para el desarrollo de sus proyectos, así como fomentar su participación en el diseño, ejecución y evaluación de la política social, y su fortalecimiento organizativo e institucional”.

La dirección tendrá la misma atribución como la tenía como Indesol, de “Fungir como Secretaría Técnica de la Comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil” y “Operar el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil”.

Además dentro de los transitorios del decreto se establece que “Los recursos humanos, financieros, materiales, así como los archivos, documentación y acervos bibliográficos del Instituto Nacional de Desarrollo Social serán transferidos a la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, en un plazo no mayor a noventa días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, observando todas las disposiciones legales aplicables y con respeto a los derechos laborales de los trabajadores”.

Y que “los asuntos en trámite que son atendidos por el Instituto Nacional de Desarrollo Social serán atendidos y resueltos por la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social”.

Se agrega también que “las referencias que se hagan y las atribuciones que se otorgan en decretos, reglamentos, acuerdos, reglas, manuales, circulares, lineamientos y demás disposiciones administrativas al Instituto Nacional de Desarrollo Social, se entenderán hechas o conferidas a la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social”.

III. Justificación

Diversas organizaciones de la sociedad civil y miembros de distintos sectores de la sociedad han manifestado su preocupación por la disolución del Instituto Nacional de Desarrollo Social, transfiriendo sus atribuciones a la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, argumentando que si bien se considera que los asuntos en trámite que eran atendidos por el instituto serán resueltos por la nueva dirección, y que las atribuciones con las que contaba el Indesol se dan por hechas o conferidas a la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, al pasar de un organismo desconcentrado a una dirección administrativa podría perderse el carácter institucional de la relación del gobierno con las organizaciones de la sociedad civil (OSC), restando autonomía a las OSC y haciendo distinción entre una u otra por su carácter político e ideológico que se perciba.

Coincidimos en que las obligaciones del Estado subsisten y reconocemos la facultad del Ejecutivo de reconfigurar a la administración federal, sin embargo, debemos evitar que modificaciones tan complejas sean vistas como una mera reorganización interna con el fin de economizar recursos.

El Instituto Nacional de Desarrollo Social ocupaba un papel muy importante para el desarrollo social de nuestro país, sobre todo en materia de derechos humanos, contaba con decenas de programas sociales destinados a mujeres víctimas de violencia, inclusión de género, además de ser un gran referente en la profesionalización de las asociaciones civiles, siempre fungiendo como un espacio de diálogo que permitía a distintos sectores involucrarse e incidir en la mejora del diseño, operación y evaluación de las políticas públicas enfocadas al desarrollo social.

Todo esto sin que la visión ideología y política de quien ocupaba la dirección afectara la vocación institucional del instituto, permitiendo la continuidad de políticas y programas dando paso a grandes resultados en materia de desarrollo social, es por ello por lo que debemos vigilar y garantizar que la nueva Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social mantenga el carácter institucional de la relación del gobierno con las organizaciones de la sociedad civil, sin distinción política e ideológica, así como procurar que dé continuidad y fortalezca las acciones y estrategias de fomento a las organizaciones de la sociedad civil implementadas por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol).

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar para que, a través de la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social se mantenga el carácter institucional de la relación del gobierno con las organizaciones de la sociedad civil, sin distinción política e ideológica.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar para que, a través de la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, dé continuidad y fortalezca las acciones y estrategias de fomento a las organizaciones de la sociedad civil implementadas por el Instituto Nacional de Desarrollo Social.

Notas

1 Citado en María Angélica Luna Parra, “La reforma del poder con la fuerza de la sociedad”, en Colosio, vida y legado de un demócrata mexicano. México, Fundación Colosio, 2014, p. 455.

2 Ídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2022.

Diputada Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profepa a investigar y sancionar al responsable de lo sucedido en el zoológico Tuzoofari, a cargo del diputado Luis Arturo González Cruz, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Luis Arturo González Cruz , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea de la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Constantemente hacemos referencia a la riqueza e importancia de las especies animales en nuestro país, especialmente las silvestres por tratarse de un elemento determinante para el equilibrio ecológico en nuestro planeta.

En México albergamos cerca del 10 por ciento de las especies silvestres registradas en el mundo, gran parte de ellas endémicas; ello nos posiciona en el quinto lugar con mayor número de especies de plantas, cuarto en anfibios, segundo en mamíferos y primero en reptiles. Y aunque solo alrededor de 100 mil especies en el país han sido descritas, se calcula que podrían ser millones las que habitan nuestros ecosistemas.1

Esta importancia ha llevado al Estado mexicano a generar mecanismos de protección mediante la expedición de leyes que, además de buscar prevenir su ilegal procedencia y tenencia, establece sanciones para desincentivar cualquier acción que atente contra su subsistencia.

En el Partido Verde siempre hemos insistido en la importancia de que las especies de fauna silvestre permanezcan en su hábitat natural, pues además de los servicios ambientales que éstos dejan de prestar a los ecosistemas en donde pertenecen, ha quedado demostrado que en muchos de los casos resulta casi imposible alcanzar los requerimientos mínimos indispensables para garantizar el trato digno y respetuoso de la fauna silvestre en cautiverio, lo que lleva a la disminución e, incluso, extinción de las especies por no encontrarse en las mejores condiciones para su desarrollo y reproducción.

Reconocemos que existen sitios que persiguen genuinamente el interés de proteger a dichas especies y para ello se constituyen legalmente como espacios destinados a la conservación de la vida silvestre, tal y como los refiere la Ley General de Vida Silvestre:

Unidades de manejo para la conservación de vida silvestre: Los predios e instalaciones registrados que operan de conformidad con un plan de manejo aprobado y dentro de los cuales se da seguimiento permanente al estado del hábitat y de poblaciones o ejemplares que ahí se distribuyen.

Los zoológicos son un ejemplo de ello, pueden contar con registro como Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) o como Predios o instalaciones que manejen vida silvestre de forma confinada fuera de su hábitat natural (PIMVS), dependiendo si tienen o no el fin de recuperación de especies o poblaciones para su posterior reintegración a la vida libre, como lo establecen los artículos 26 y 27 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre.

En nuestro país, la mayoría de los zoológicos argumentan cumplir con el objetivo de conservar y educar para acercar a la sociedad a aquellos ejemplares que no son endémicos de nuestro país, o bien, que por alguna razón no pueden ser reintroducidos en su medio natural; no obstante, existe amplia evidencia de que muchos de estos predios no cuentan ni siquiera con los requerimientos básicos para albergar especies silvestres en cautiverio.

El avance en la protección de la fauna silvestre en nuestro país es significativo, además de la legislación contamos con autoridades ambientales y unidades especializadas en la procuración de justicia ambiental. En el caso específico de la protección de la fauna silvestre en cautiverio que habita en zoológicos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), hasta hace unos años, implementó un Programa Nacional de Inspección a Zoológicos cuyo objetivo fue verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente relativa al registro y operación de los mismos registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), incluyendo la legal procedencia y las condiciones bajo las que se mantienen en confinamiento.

Durante el periodo de 2009 a 2015, esta Procuraduría detectó como principales irregularidades las siguientes:

-No acreditar la legal procedencia de ejemplares de fauna silvestre.

-Incumplimiento al Plan de Manejo.

-Faltas sobre el trato digno y respetuoso.

Derivado de ello, algunos medios de comunicación refirieron que en 6 de 10 zoológicos mexicanos hay maltrato o especies de procedencia ilegal. De acuerdo con datos de la Profepa, en el país, en ese entonces, operaban 95 zoológicos donde habitaban más de 20 mil animales de alrededor de 370 especies silvestres de aves, mamíferos y reptiles; y que, durante la implementación del Programa Nacional, se observó que en el 61.5 por ciento de los zoológicos había faltas al trato digno y respetuoso hacia los animales o los encargados no pudieron acreditar la legal procedencia de los ejemplares.2

Aun cuando no existe información reciente que permitan comparar con la situación actual, se tienen claras muestras de que las acciones implementadas no han sido suficientes para desincentivar la falta de cumplimiento a las leyes en materia de vida silvestre.

Ejemplos son muchos, no obstante, centramos la atención en la reciente denuncia sobre el zoológico en el estado e Hidalgo “Tuzoofari”, en donde en días pasados un león devoró a crías de la misma especie ante la presencia de visitantes, sin la intermediación del personal de dicho zoológico.

La denuncia replicada en diversos medios de comunicación advierte la posible negligencia de la administración y especialistas del lugar, quienes “debieron garantizar la separación de dichos ejemplares y el mantenimiento de la leona y sus cachorros en área de maternidad”.

Asimismo, afirman que la falta de protocolos es una constante en dicho zoológico, retomando lo acontecido en 2016, cuando la Profepa instauró un procedimiento en contra de Tuzoofari por la exhibición de un ejemplar de jaguar (Panthera onca) en el Centro Educativo Universitario de Pachuca, sin contar con las autorizaciones para el traslado del ejemplar ni para su exhibición fuera de sus instalaciones.3

De igual manera, durante el mismo 2016, el zoológico fue clausurado por dicha Procuraduría por no atender las observaciones que se realizaron en una visita anterior; denunciando que un tigre escapó y atacó a un caballo; lo que propietarios de Tuzoofari decidieron incumplir cubriendo los sellos de clausura con enormes lonas; situación que, de ser cierta, resulta una violación a la legislación ambiental y administrativa de nuestro país.4

Lo anterior, da muestra de que existe una clara tendencia a la omisión de obligaciones por parte de los encargados de dicho zoológico para llevar a cabo acciones que garanticen la integridad física, el bienestar animal y la conservación de ejemplares tan importantes para el planeta.

Ante las declaraciones sobre lo acontecido como resultado de una conducta natural de dichos ejemplares silvestres, no queda más que insistir en que si no se tiene la posibilidad de garantizar la sobrevivencia de éstos, lo ideal es no asumir la responsabilidad que representa hacer un aprovechamiento de fauna silvestre en cautiverio.

Es importante seguir generando consciencia sobre la importancia de que dichas unidades, predios e instalaciones, cumplan efectivamente el objetivo para el cual se constituyeron, no se puede seguir tolerando actos de negligencia humana que ponga en peligro la vida de una especie cuya tenencia fue autorizada para su conservación.

Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que verifique el estado físico de los ejemplares que habitan el zoológico de Hidalgo denominado “Tuzoofari” y el cumplimiento de las leyes en materia de trato digno y respetuoso; así como para que determine las causas que dan origen a su comportamiento ante las agresiones entre los propios ejemplares, denunciadas en diversos medios de comunicación, sobre la posible negligencia por parte de la administración de dicho zoológico.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que, en el marco de sus atribuciones legales en materia de inspección y vigilancia, y de ser el caso, imponga sanciones ejemplares en contra de quien o quienes resulten responsables, con la finalidad de garantizar que los ejemplares que habitan el zoológico “Tuzoofari” sean resguardados en óptimas condiciones en cumplimiento de los requerimientos mínimos legales, previendo y minimizando los riesgos asociados a la tenencia de especies de fauna silvestre en cautiverio.

Notas

1 Véase, “México alberga cerca del 10% de las especies silvestres registradas en el mundo”, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 01 de marzo de 2017. Consultado el 04 de enero de 2022. Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/articulos/celebra-mexico-el-dia-internacion al-de-la-vida-silvestre

2 Véase, “En 6 de cada 10 zoológicos mexicanos hay maltrato o compras irregulares”, Periódico EXCELSIOR, 22 de julio de 2016. Consultado el 04 de enero de 2022. Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/22/1106259

3 Véase, “Denuncian a Tuzoofari por negligencia; león macho devoró a un cachorro frente a todos”, INFOBAE, 28 de diciembre de 2021. Consultado el 04 de enero de 2022. Disponible en: https://www.infobae.com/america/mexico/2021/12/28/denuncian-a-tuzoofari -por-negligencia-leon-macho-devoro-a-un-cachorro-frente-a-todos/

4 Véase, “El Tuzoofari rescatado por Grupo Pachuca es clausurado; cubren evidencia”, El Quadratin. 11 de febrero de 2016. Consultado el 04 de enero de 2022. Disponible en: https://hidalgo.quadratin.com.mx/principal/El-Tuzoofari-rescatado-por-G rupo-Pachuca-es-clausurado-cubren-evidencia/

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2022.

Diputado Luis Arturo González Cruz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de la Presidencia a investigar a Reforma y los periódicos sumados a la propagación de la noticia sin fundamento del “código de vestimenta y convivencia en la oficina”, suscrita por la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Ana Laura Bernal Camarena, diputada integrante de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 28 de noviembre de 2021 se publicó una nota periodística en donde se dio a conocer el “Código de Vestimenta y Convivencia en la Oficina”, publicado por el periódico Reforma y otros periódicos de la misma índole, en donde se comunicaba la prohibición a los trabajadores que no podían tener tatuajes a la vista y peor aún, faltaban el respeto a la figura presidencial.1

El cual es completamente falso y se exhorta a dichos periódicos a ser coherentes y tener credibilidad con la información que publiquen para no confundir y crear malos entendidos en la sociedad mexicana.

El trabajo profesional del periodista es garantizar el derecho de la sociedad a obtener la mayor medida y calidad de información; la investigación de la verdad y de darla a conocer es uno de los fundamentos del periodismo.

El periodismo se establece mediante un compromiso con la sociedad y en especial con el principal destinatario de la información que es la ciudadanía. Las personas ofrecen su credibilidad y confianza hacia el trabajo del periodista, por ende, hay un peso muy específico en el trabajo de los periodistas con el pueblo mexicano.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19 menciona:

“Artículo 19

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”2

Ahora bien, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en su artículo 13 en su primer párrafo menciona:

“Artículo 13

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.3

El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su párrafo segundo menciona:

“Artículo 6

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.4

El artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su párrafo segundo menciona:

“Artículo 7

Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones”.5

La capacidad de difusión de los medios de comunicación y el impacto de sus contenidos sobre la ciudadanía exigen un grado de responsabilidad importante. La función de informar va más allá de trasladar unos hechos. Los medios pueden crear opinión pública sobre determinados hechos o comportamientos. Por eso es esencial informar con rigor y conocimiento para generar criterio a través de la verdad.

El periodismo tiene una misión fundamental de vigilancia de los poderes públicos y privados, posee una función de contrapoder. Para un ejercicio responsable es mantener una actitud de independencia a pesar de las distintas y aceptadas, algo que genera pluralidad. Solo así sirviendo a la veracidad, el periodismo demuestra su utilidad social.

Si bien sabemos que debemos respetar el derecho a la libre expresión tal y como se mencionó anteriormente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con la Convención Americana sobre los Derechos humanos y con los artículos constitucionales, se le tiene que dar prioridad a la veracidad de la información divulgada por los diferentes periódicos nacionales para no afectar a las personas, terceras personas o entidades sin sustento alguno.

Por todo lo anterior hago un llamado para la buena práctica del periodismo en cualquier tipo de tema de carácter nacional para que prevalezca la credibilidad en cualquier periódico nacional y no incurrir en el vicio de la desinformación.

Mencionado lo anterior quiero hacerle saber a esta Cámara de Diputados sobre una situación controversial la difusión de la nota periodística del “Código de Vestimenta y Convivencia en la Oficina” en donde también dicho código de vestimenta prohíbe a los trabajadores hablar mal del presidente de la República, difundida por el periódico Reforma y otros periódicos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a Ana Elizabeth García Vilchis, directora de Redes de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de Presidencia, a investigar al periódico Reforma y demás medios de comunicación que difundieron la noticia falsa sobre “el código de vestimenta y convivencia en la oficina”, para aclarar los hechos y prevalezca la verdad histórica.

Notas

1 Reforma. Código de vestimenta y convivencia en la oficina. 28/11/21.

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&
urlredirect=https://www.reforma.com/conoce-el-codigo-de-vestimenta-de-la-consejeria/
ar2305600?referer=—7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a—

2 Declaración Universal sobre los Derechos Humanos, 1948.

3 Convención Americana sobre los Derechos Humanos, 1981.

4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2021.

5 Ídem.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 7 de enero de 2022.

Diputada Ana Laura Bernal Camarena

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a crear de una comisión especial sobre las persecuciones políticas y el abuso de autoridad por el gobierno de Veracruz, a cargo de la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Elizabeth Pérez Valdez , diputada federal a la LXV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución , al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El Estado mexicano debe ser un estado garante de la protección indisoluble de los derechos humanos para todas y todos los mexicanos, hecho que se encuentra tutelado en los artículos primero y diecisiete constitucional, referiéndose a la aplicación pronta y expedita de la justicia, así como en lo previsto en los tratados internacionales; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José); y Carta Democrática Interamericana de la OEA.

El que una sociedad viva de acuerdo a sus leyes, a su derecho positivo y derecho vigente, no le garantiza vivir en un “estado de derecho”, eso sólo se le conoce como un estado de legalidad.

Estado y derecho son el binomio necesario para el buen funcionamiento de cualquier sociedad. El Estado necesita la legitimidad que el derecho le brinda para encuadrar su actuación y limitar la acción del gobernado, el derecho es la fuerza coercitiva del Estado, que reprime los malos comportamientos e incumplimientos, y resuelve las controversias que se presenten dentro del llamado pacto social.

Pero, ¿qué pasa cuando esa misma norma penal, que otrora fuera el escudo defensor del pueblo, hoy se convierte en el arma para que la autoridad reprima a sus gobernados? Pues eso precisamente pasa en Veracruz.

Hoy, en Veracruz, se vive en un clima de desconcierto, de intranquilidad, hasta cierto punto de temor, porque en ese estado desde el 11 de marzo de 2021 fue publicado en la Gaceta Oficial el Decreto Número 848 que reforma diversas disposiciones del Código Penal del Estado.1 Aunque el delito de ultrajes a la autoridad ya era vigente, ha causado polémica, y se han pronunciado en contra colegios de abogados, organizaciones civiles, agrupaciones y partidos políticos, pues, desde esa fecha se le ha dado la connotación de yugo con el que se le ha sometido a políticos, jóvenes, empresarios, simpatizantes partidistas, a quienes ejercen la profesión del periodismo, y a cualquier ciudadano que sea considerado incómodo.

Hace meses desde el PRD denunciamos la grave situación que impera en Veracruz, el desastre de ilegalidad, el vacío de gobernabilidad y los abusos autoritarios. El 14 de octubre, el compañero diputado Jesús Alberto Velázquez Flores presentó ante el pleno, una proposición con punto de acuerdo solicitando a la Junta de Coordinación Política la creación de una Comisión Especial que investigara las persecuciones políticas por parte del gobierno del estado de Veracruz.

Reiteramos hoy nuestro compromiso con la población y hacemos un llamado respetuoso, para que se recomponga el estado de derecho y las instituciones de dicha entidad, así como para evitar la politización de la justicia.

Es de conocimiento público, que el 13 de marzo Rogelio Franco fue interceptado por elementos de la policía ministerial, quienes intentaron hacer valer una supuesta orden de aprehensión a pesar de que Franco contaba con un amparo por lo que no podía ser detenido, no obstante, arbitrariamente los elementos ministeriales lo detienen y con esta acción crean un delito, al inventar que Rogelio Franco opuso resistencia al arresto y le rasgó la playera a uno de los elementos, dejando de lado la supuesta orden de aprehensión que llevaban en su contra y alegando ahora que solo era una orden de presentación. La juez decreta vincularlo a proceso y lo somete a una prisión preventiva de un año, todo ello puede ser consultado en el expediente 50/2021 del índice del juzgado oral de Tuxpan.

A través del juicio de garantías radicado en el expediente 121/2021 se logró una sentencia amparadora para efectos, en el cual el juez de Distrito determino que se concedía el amparo para dejar sin efectos el auto de vinculación a proceso y así mismo, se decretó que la medida cautelar de prisión preventiva era excesiva e injustificada , por lo que se ordenaba que debía dictarse en su lugar una medida cautelar distinta a la prisión preventiva.

Como consecuencia de ello en una flagrante violación a sus derechos humanos, el 11 de agosto se le ejecuta una nueva orden de aprehensión, decretando dentro de este nuevo proceso una prisión preventiva de dos años, ante esto se solicitó un nuevo amparo sin embargo la autoridad hasta el día de hoy no se ha pronunciado al respecto y mientras tanto Rogelio Franco se encuentra en prisión privado de su libertad injustamente, por el simple hecho de ser opositor al gobierno estatal.

Lamentablemente la situación de Rogelio, no es la única, la mañana del miércoles siete de abril del año en curso, elementos de la policía ministerial llegaron hasta el negocio del entonces candidato del Partido de la Revolución Democrática a la alcaldía de Tihuatlán, Veracruz, Gregorio Gómez, y con un excesivo uso de la fuerza pública e injustamente y fuera de todo proceso legal, fue sacado de su propiedad, sin contar con una orden de aprehensión en su contra o alguna orden de presentación, debemos mencionar que los elementos que lo detuvieron iban de civil y encapuchados, además de portar armas largas.

Esta acción ilegal perpetrada por las propias autoridades ministeriales de la Fiscalía de Veracruz parecía más un secuestro que una detención, lo que no contaban las autoridades ministeriales era que todas estas acciones quedarían grabadas en un video de una cámara de vigilancia, misma que permitió que se elevara una protesta ante la secretaria de gobernación del gobierno federal, obligando a las autoridades de Veracruz, a dar una respuesta de sus acciones, lo más lamentable de todo esto, es que debido a la presión mediática y toda vez que ya habían sido expuestas ante la opinión publica la forma de operar de la Fiscalía de Veracruz, estos se vieron obligados a inventar una historia que nada tiene que ver con la del tres de septiembre del año en curso y apenas unas horas después de haber dejado el cargo de diputada federal por el partido de la Revolución Democrática, Norma Azucena Rodríguez Zamora, fue detenida y trasladada al penal femenil de Morelos, es decir, tres meses después de que sucedieran los hechos que se le imputan, dictando de la misma forma que en las detenciones anteriores, un año de prisión preventiva como medida cautelar, cabe mencionar que en este asunto, nuestra compañera jamás fue llamada a declarar por autoridad alguna, y la carpeta de investigación se basa solo en dimes y versiones sin tener fundamento legal alguno.

Asimismo, el 23 de abril a escasas horas de haber, registrado su candidatura por la coalición “Veracruz Va” conformada por el PAN, PRI y PRD a la alcaldía de Minatitlán Veracruz, el otrora candidato Nicolás Ruiz, fue detenido y sin mayores pruebas fue vinculado a proceso y enviado a un penal federal en Oaxaca, en donde se repite el patrón coercitivo, en donde se le impuso una medida cautelar de un año de prisión preventiva oficiosa.

Es importante señalar que los procesos anteriormente referidos se iniciaron una vez que estos representaron una molestia para el actual gobierno y sus intereses; la persecución comenzó una vez que se posicionaron como opositores y no antes. Si bien dichos procesos se han querido blanquear a través de una justicia amañada, lo cierto es que detrás de estas acciones legaloides, lo único que se busca es sembrar el miedo en la oposición y en las personas que buscaron un cargo de elección popular por vías distintas a las del partido en el poder, son incontables las y los precandidatas y precandidatos que no llegaron a ser candidatas o candidatos en Veracruz por haber sido amenazados por gente a fin al gobierno del represor Cuitláhuac García Jiménez.

Esto no ha parado ahí, Veracruz vive sumido ante un gobierno represor, un gobierno que usa a la Fiscalía General del Estado como su brazo ejecutor, que usa a las instituciones que deberían de estar investigando delincuentes y usando sus policías para investigar y acabar con la inseguridad que se vive en Veracruz, y no como lo están haciendo, dejando a todas luces ver como el gobierno estatal actual trata de acabar con quienes no le son cómodos, aun sin importar si son de su mismo partido o de la oposición, pues los casos de nuestros compañeros, se le sumaron el de Tito Delfín Cano, quien el 27 de noviembre fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado, en seguimiento a carpetas y denuncias interpuestas por un presunto daño patrimonial.

El de Yolli García Álvarez, quien fuera comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública IVAI, quien aun se encuentra detenida en el penal de Pacho Viejo desde marzo de 2020, un día después de haber dejado el cargo, acusada de varios delitos que no son graves ni ameritan prisión preventiva oficiosa, encarcelada por haber sido incomoda y causado molestias al ejecutivo, procesada por un Poder Judicial que no es autónomo y que acuda como brazo o yugo del gobierno.

El de Ángel Vichy, quien escasas horas de rendir protesta como presidente municipal de Lerdo de Tejada, fue intervenido y detenido por la Fiscalía de Veracruz sin precisar el motivo, únicamente menciona que la carpeta es el proceso penal 427/2021. Cabe recordar que 30 días antes, es decir, el 1ro de diciembre, el entonces presidente electo del partido Morena, Jorge Fabián Cárdenas, fue detenido por la supuesta comisión del delito de secuestro en el proceso penal 398/2021.

Y, por supuesto, el conocido por todos caso de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado, quien desde el martes 28 de diciembre del 2021, le fue le fue impuesta prisión preventiva de un año en el penal de Pacho Viejo, por su presunta participación en el el cobarde homicidio del candidato a Presidente Municipal de Cazones de Herrera, Remigio Tovar. Resultado en un proceso penal en el que se han señalado irregularidades y violaciones flagrantes a la ley y al debido proceso, al que consideramos como una vendetta política, y convirtieron a Del Río Virgen en un preso político más del Ejecutivo estatal.

Hemos seguido de cerca el caso, y hemos visto las declaraciones de nuestras compañeras y compañeros senadores; lamentamos profundamente que se trate de un proceso alejado del principio de legalidad, inventado, manoseado y el cual demuestra el abuso del poder.

Desde el Partido de la Revolución Democrática rechazamos el abuso de poder, la justicia selectiva y el uso faccioso de las instituciones públicas con fines de persecución y represión.

El estado de derecho y la democracia, que son los objetivos de la Ley que buscamos las distintas fuerzas políticas, no puede haber cabida a ningún tipo de prácticas autoritarias, ni debemos permitir que se usen las instituciones como armas políticas, ni simular juicios a conveniencia, ni perseguir a aquellos cuyo único delito es ser incómodos a los regímenes de gobierno, no a la construcción ni a la simulación y fabricación de pruebas, si al respeto de y reconocimiento de las administraciones que han servido a la ciudadanía; sí a la justicia pronta y expedita que es un derecho de todas y todos los mexicanos.

Qué bueno que ya se dieron cuenta otros partidos, pero es necesario hacer hincapié en que el PRD lo advirtió hace mucho tiempo, y no sólo eso, es necesario que actuemos ya.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 78, fracción iii, de la constitución política de los estados unidos mexicanos; 127 de la ley orgánica del congreso general de los estados unidos mexicanos; y 59 y 60 del reglamento para el gobierno interior del congreso general de los estados unidos mexicanos someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

De Urgente u Obvia Resolución

Primero. Se solicita a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la creación de una comisión especial que investigue las persecuciones políticas y el abuso de autoridad por parte del gobierno estatal de Veracruz.

Segundo. La presente comisión tendrá por objeto investigar las persecuciones políticas y los abusos de autoridad por parte del gobierno estatal que se han suscitado en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Tercero. Se solicita que dicha Comisión esté integrada por al menos un representante de los grupos parlamentarios representados en la honorable Comisión Permanente.

Cuarto. La Comisión en comento tendrá una duración desde su conformación a la conclusión de la presente legislatura o bien podrá concluir antes de dicho plazo cuando se haya logrado el objetivo que le dio origen.

Notas

1 https://sisdti.segohttps://sisdti.segobver.gob.mx/siga/doc_gaceta.php?id=3507#:~:text=
Art%C3%ADculo%20331.,o%20con%20motivo%20de%20ellas.bver.gob.mx/siga/doc_gaceta.php?id=3507#
:~:text=Artículo%20331.,o%20con%20motivo%20de%20ellas

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2022.

Diputada Elizabeth Pérez Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP y sus 32 homólogas locales a desarrollar campañas y programas a favor de niños y adolescentes migrantes en las escuelas; y al Mejoredu, a capacitar a los docentes en atención de alumnos migrantes y publicar un informe de los menores migrantes en ellas, suscrita por la diputada Taygete Irisay Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las suscritas, Taygete Irisay Rodríguez González y Elvia Yolanda Martínez Cosío, diputadas del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior de dicho Congreso, someten a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, para exhortar respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas, para desarrollar campañas y programas a favor de las niñas, niños y adolescentes migrantes en las escuelas mexicanas; y al Consejo Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), para que para que capacite a los docentes en atención de alumnos migrantes, así como para que publique un informe acerca de los menores migrantes en las escuelas mexicanas; de acuerdo con la siguiente

Exposición de motivos

En las escuelas mexicanas, las niñas, niños y adolescentes migrantes internacionales se enfrentan a fracturas educativas, administrativas, sociales, culturales, psicológicas y lingüísticas que se traducen en una situación de discriminación. Se trata de una situación de vida cada vez más prevalente entre las niñas, niños y adolescentes de nuestro país que ha estado pasando desapercibida, para la cual no existen leyes, políticas ni acciones oficiales al respecto, y que tiene fuertes repercusiones negativas en la vida de los menores inmigrantes. En México, los legisladores tenemos un deber constitucional de velar en todo momento por el interés superior de la niñez; y en cumplimiento de este deber, tenemos que poner fin a esta situación discriminatoria que ya ha afectado la vida de muchas niñas, niños y adolescentes, y que, de no visibilizarse y atenderse, seguirá afectando el futuro de muchos mexicanos.

Al respecto, tenemos un estudio que aparece en el libro “Niñas y niños en la migración de Estados Unidos a México: la generación 0.5”, de Víctor Zúñiga y Silvia E. Giorguli Saucedo,1 en el cual se expone de qué forma afecta este fenómeno a las niñas, niños y adolescentes de origen mexicano y con experiencia en las escuelas de los Estados Unidos de América. El estudio comienza con un hecho identificado en otros estudios:2 que las escuelas mexicanas son mononacionales, es decir, están concebidas para atender a alumnos que jurídica y simbólicamente pertenecen a una sola sociedad nacional, y que esto sucede tanto en las escuelas mexicanas como en las escuelas estadounidenses. Si bien esto es una función social y política vital para la construcción de un Estado-nación –pues esto hace que las nuevas generaciones se integren a una comunidad abstracta como lo es la nación mexicana– esto a su vez trae grandes problemas para la integración de niños provenientes de escuelas extranjeras.

Por una parte, el principio de la escuela mononacional trae como resultado que las leyes, reglamentos, estándares oficiales y programas de estudio son concebidos sin jamás tomar en cuenta cómo opera la educación en otros países. Esto causa que los planes educativos de diferentes países tengan grandes diferencias, no sólo en conocimientos de enfoque local tales como lengua, historia, geografía y civismo, sino también en conocimientos universales como matemáticas, ciencias, arte o educación tecnológica; todas ellas, disparidades ante las cuales los alumnos originarios de escuelas extranjeras no están preparados, y que inciden de forma negativa en su rendimiento académico al trasladarse a otro país.

Por otra parte, al ser las escuelas extranjeras también mononacionales, los menores provenientes de ellas son menores formados con la idea de que pertenecían a la nación donde cursaron su educación básica, que participaron en rituales cívicos extranjeros, internalizaron creencias políticas extranjeras, desarrollaron lealtad a otra nación, se identifican con los relatos de los personajes históricos de otra nación, y que al llegar a México se topan con una realidad totalmente diferente; los que cursaron la educación temprana en Estados Unidos con frecuencia se saben el himno nacional estadounidense pero no el mexicano, conocen a George Washington pero no a Miguel Hidalgo, desconocen la división política mexicana, y con frecuencia sienten más lealtad hacia Estados Unidos que hacia México.

En el caso de menores que provienen de escuelas donde no se enseña en lengua española, ellos se enfrentan también a una barrera lingüística causada por haber recibido su educación en una lengua extranjera. Como resultado, la lengua española queda para ellos en un segundo plano, no la desarrollan con el rigor académico con el cual reciben la lengua extranjera en la escuela, y al trasladarse a México tienen mayores dificultades para expresarse en lengua española. Esto hace que los menores que no cursaron la educación en español se enfrenten a toda una serie de problemas académicos, sociales y de integración por motivo de la barrera del idioma, el cual puede incluso llevarlos a reprobar ciclos de educación básica, o a hacerlos blanco de discriminación y acoso escolar por no dominar la lengua española como lo hacen sus compañeros.

En cuanto a los menores inmigrantes originarios de Estados Unidos, éstos se enfrentan a más problemas de integración con la población mexicana por motivo de su mayor lealtad por la nación estadounidense, las diferencias culturales con las cuales crecieron, así como por la disparidad entre el ingreso familiar, el nivel de vida y las oportunidades que se encuentran en ambos países. El estudio muestra entrevistas con docentes y encuestas hechas a alumnos que sugieren que los menores provenientes de Estados Unidos podrían sentir que están en un país subdesarrollado, sin oportunidades ni comodidades materiales, con el cual no se pueden identificar; percepción que podría mejorarse si hubiera mecanismos institucionales adecuados para facilitar su integración con los niños y las escuelas de nuestro país.

A pesar de todos los hechos anteriormente expuestos, el enfoque mononacional de la educación pública ha causado que esta problemática haya sido invisibilizada a nivel oficial, al grado de que ni siquiera existen números oficiales que expongan la verdadera magnitud de esta situación; si bien el estudio de Zúñiga y Giorguli sugiere que esta situación pudiera estar presente a nivel nacional, éste sólo fue hecho sobre una pequeña muestra representativa, y para conocer la realidad completa se necesita un estudio a nivel nacional. Actualmente, lo más cercano que se tiene a un estudio así son algunos datos dispersos en estudios tales como la Encuesta Intercensal 2015 del Inegi, que reveló que en ese año había 420 mil alumnos en escuelas mexicanas nacidos en EE.UU., así como algunas publicaciones académicas con estimaciones hechas a partir de datos del Inegi.

Finalmente, el estudio de Zúñiga y Giorguli concluye que la educación mexicana niega la singularidad de los alumnos provenientes de otros países, y eso se traduce en que no existe ningún esfuerzo a nivel institucional para facilitar la llegada e integración de los menores inmigrantes a la educación mexicana, ni siquiera ningún tipo de formación docente para facilitar dicho proceso. Los autores concluyen que, en este sentido, la misión de la escuela mexicana debe ser que los menores inmigrantes puedan transformarse en mexicanos; que puedan pasar a percibirse a sí mismos como mexicanos, respetando sus orígenes pero a la vez inculcando la identidad mexicana en ellos a través de la construcción de una biculturalidad, ayudándoles a integrarse a los currículos educativos mexicanos, todo eso con el apoyo del personal docente y administrativo de las escuelas, así como del personal burocrático de las autoridades educativas.

Expuesto lo anterior, me permito someter a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, así como a sus homólogas de las 32 entidades federativas, para que desarrolle campañas y programas acerca de la realidad que viven las niñas, niños y adolescentes migrantes y que cursaron la escuela en el extranjero, así como programas que permitan facilitar su integración a los planteles y planes de estudio mexicanos.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) para que ofrezca a los docentes mexicanos capacitación adecuada que les permita atender las necesidades y mejorar la integración de los menores migrantes, y para que elabore un informe cualitativo y cuantitativo acerca de los menores inmigrantes en las escuelas mexicanas.

Notas

1 Víctor Zúñiga y Silvia E. Giorguli Saucedo. (2019). Niñas y niños en la migración de Estados Unidos a México: la generación 0.5. México: El Colegio de México.

2 Víctor Zúñiga y Silvia E. Giorguli Saucedo. (2019). La institución mediadora: Los niños migrantes internacionales en las escuelas mexicanas. En Niñas y niños en la migración de Estados Unidos a México: la generación 0.5 (página 182). México: El Colegio de México.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2022.

Diputadas Taygete Irisay Rodríguez González, Elvia Yolanda Martínez Cosío (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades encargadas de operar el sistema penitenciario a garantizar las garantías individuales y los derechos de las mujeres privadas de la libertad en un centro de reclusión, suscrita por la diputada Ana María Balderas Trejo, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal Ana María Balderas Trejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a las autoridades penitenciarias del Poder Ejecutivo y de los Poderes Ejecutivos de las 32 entidades federativas encargadas de operar el sistema penitenciario, a garantizar el cuidado de las garantías individuales y derechos, en favor de las mujeres privadas de su libertad en un centro de reclusión, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El sistema penitenciario en México tiene sus orígenes a principios del siglo XIX y se ha ido modernizando conforme a los cambios jurídicos que ha sufrido nuestra Carta Magna, hasta tener su base legal en el artículo 18 de la Constitución Política, donde se establece en su párrafo segundo los mecanismos para la reinserción social de los internos basados en el respeto de los derechos humanos, sin embargo, la realidad es que este objetivo no se ha cumplido, por el contrario se han convertido en universidades del crimen.

Desde hace ya varios años se vienen arrastrando diversos problemas en las prisiones de país, entre los que destacan el hacinamiento, la sobrepoblación, la corrupción, los motines, el tráfico de influencias, la creación de mafias en los penales, el autogobierno, el pago de cuotas de protección, la realización de llamadas de extorsión, la falta de capacitación de las autoridades penitenciarias, entre otras, lo que ha dado como resultado una crisis.

Además de que, conforme al comunicado de prensa DGC/140/19, emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el que se afirma que, si no se atienden estos problemas, no podrá superarse la situación de inseguridad e injusticia, derivado de la falta de empatía como sociedad.1

Actualmente en México tenemos un universo de 211 mil 169 personas privadas de la libertad, de las cuales el 94.4 por ciento son hombres y el restante 5.6 por ciento son mujeres,2 de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatal 2021.

Ahora bien, las mujeres que se encuentran en situación de reclusión viven en condiciones mucho más desfavorables que sus contrapartes varones, sufriendo constantemente de la violación de sus garantías individuales, mediante diversos tipos de la violencia como la física, mental, psicológica, sexual y moral, esta última derivada de la estigmatización de la sociedad por no cumplir con el rol esperado por parte de ellas, imponiendo una sanción adicional a la sufrida al perder su libertad.

No conforme con eso la mayoría de los centros de reclusión son mixtos (únicamente 11 son exclusivos para mujeres), por lo que los servicios de salud, de capacitación, los médicos, están en las áreas varoniles,3 sin contar el hecho de que en muchos de estos centros la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ha documentado que no existe una separación real entre hombres y mujeres, lo que representa una violación flagrante a nuestra Constitución.

En el caso de la infraestructura es aún más evidente la desigualdad, ya que no existe hasta la fecha al menos una prisión femenil por estado, cayendo en una clara discriminación por motivos de género, convirtiéndolas en una población en extremo vulnerable.

Que además de todo, sufre del abandono por parte de sus familias en muchas ocasiones, un ejemplo de ello es lo que sucede en el estado de Baja California, donde entre el 60 y el 75 por ciento de las 525 mujeres presas en las cárceles del estado no reciben visitas de sus familiares, y sólo el 2.2 por ciento en promedio son frecuentadas por sus parejas en el área conyugal.4

Sumado a esto, la falta de perspectiva de género suele convertirse en un factor determinante al momento de emitir las sentencias por parte de las autoridades competentes, donde las mujeres mexicanas que son condenadas a cárcel cumplen en promedio cinco años más que los hombres, según un informe elaborado por la ONG Reinserta.5

Otro ejemplo de la marginación que han sufrido las mujeres es la falta de acción gubernamental por atender sus necesidades básicas, convirtiéndolas en un sector de la sociedad casi invisible al momento de generar programas de readaptación social, por la falta de actividades o talleres que les permitan reincorporarse a la sociedad de forma digna y licita, siendo esto un pendiente más que resolver por parte del estado mexicano.

Es por ello que la CNDH ha realizado diversos pronunciamientos y visitas de supervisión a diversos centros penitenciarios, en razón de las precarias condiciones en las que se encuentra la mayoría de los establecimientos destinados para el alojamiento de las mujeres, así como la falta de servicios y de personal necesario para su adecuado funcionamiento.6

Es inadmisible, que un país claramente machista y violento en contra de las mujeres se sigan permitiendo este tipo de abusos de manera sistemática, que van más allá de lo que sucede en el día a día en las calles, sino que también se traslade a los centros de reinserción social, donde prácticamente tratan a las mujeres como un cero a la izquierda.

La lucha por la igualdad debe realizarse en todos los frentes, con el apoyo de todas y todos los Diputados para erradicar cualquier tipo de abuso y desequilibrio que afecte a las mujeres de nuestro país, al eliminar la violencia y sustituirlo por programas y políticas que mejoren la readaptación social en el sistema penitenciario nacional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta respetuosamente a las autoridades penitenciarias del Poder Ejecutivo federal y de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas encargadas de operar el Sistema Penitenciario a garantizar el cumplimiento de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como la Ley Nacional de Ejecución Penal , en favor de las mujeres privadas de su libertad en un Centro Penitenciario.

Notas

1 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-04/Com_2019 _140.pdf

2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnspef/2021/doc/cnsipef_2 021_resultados.pdf

3 https://www.reporteindigo.com/reporte/prision-preventiva-abandono-tras- las-rejas-para-mujeres/

4 https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2019/5/26/mujeres-presas-en -bc-son-abandonadas-por-su-familia-revela-informe-225482.html

5 https://www.animalpolitico.com/2020/02/mujeres-cumplen-condenas-cinco-a nos-carcel-hombres-informe-reinserta/

6 http://informe.cndh.org.mx/uploads/menu/109/Anexo%202%204%20A.1%20Informe%20Especial%20-
%20Mujeres%20en%20Reclusi%C3%B3n.pdf

Ciudad de México, a 7 de enero de 2022.

Diputada Ana María Balderas Trejo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a no fusionar el IMTA con la Conagua y preservarlo y consolidarlo, suscrita por la senadora Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, senadora Beatriz Paredes Rangel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con puntos de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) es un organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que se aboca a enfrentar los retos nacionales y regionales asociados con el manejo del agua y a perfilar nuevos enfoques en materia de investigación y desarrollo tecnológicos para proteger el recurso y asignarlo de manera eficiente y equitativa entre los distintos usuarios.

En 1986 el IMTA fue creado como órgano desconcentrado de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos para responder a los problemas complejos que implicaba la gestión sustentable y sostenible del agua en México, en un contexto social, económico, tecnológico, y ambiental integrado. En 1994 se convierte en un órgano desconcentrado de la Semarnat. En 2001 se convierte en un organismo público descentralizado coordinado por la Semarnat y en 2009, la Semarnat y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) lo reconocen como centro público de investigación.

El IMTA, como organismo público descentralizado y centro público de investigación, cuenta con la facultad de generar ingresos propios a través de la celebración de convenios y contratos con otras instituciones públicas y privadas para desarrollar proyectos de carácter científico y tecnológico, con parte de estos recursos se ha podido ir solucionando serias dificultades para actualizar el equipo, ampliar su infraestructura de investigación y para realizar investigación e innovación tecnológica, así como para dar mantenimiento al equipo científico, repararlo o sustituirlo, según el caso y para ampliar la infraestructura de oficinas y laboratorios, también se apoya la realización de proyectos internos de investigación o desarrollo tecnológico que conducen al fortalecimiento de una base científica para atender las prioridades del sector1 .

El IMTA es una institución que cuenta con cerca de 250 especialistas en las diferentes áreas del uso y gestión del agua con un perfil altamente calificado y multidisciplinario para responder con oportunidad a generar las mejores propuestas de solución a los graves problemas de escasez, variabilidad, sobreexplotación y degradación de los recursos hídricos del país, que sin duda serán agravados con la intensificación del cambio climático.

A más de 35 años de su fundación, el IMTA tiene una amplia gama de contribuciones que han apoyado al desarrollo hídrico del país, entre los más importantes se pueden mencionar las siguientes:

i. Modelaje exitoso del comportamiento de varias obras hidráulicas del país que permitió estudiar experimentalmente estructuras complejas de presas, como vertedores, obras de desvío y de fondo, obras de control de ríos para prevención de inundaciones y obras en lagunas litorales.

ii. Apoyo en la conservación y reordenamiento de varias cuencas del país, como el río Sonora, Cuenca Lerma-Chapala, los acuíferos de los valles de Cuatro Ciénegas y el Hundido en Coahuila; el río Grijalva durante el evento denominado El Caído, en Tabasco.

iii. Desarrollo y validación de varias tecnologías para la remoción de arsénico, hierro y manganeso soluble en agua subterráneas que abastecen de agua potable a varias poblaciones.

iv. Laboratorio y personal especializado para la caracterización hidrogeoquímica e isotópica de acuíferos, en particular ha sido aplicada al acuífero principal de la Comarca Lagunera.

v. Desarrollo y difusión de manuales sobre diseño, instalación, manejo de redes presurizadas de agua potable y riego, que son material de consulta en México y Latinoamérica.

vi. Promueve y diseña normas oficiales mexicanas y normas mexicanas para fortalecer e instrumentar diferentes políticas del sector hídrico.

vii. Desarrollo de diversos prototipos y tecnologías de plantas potabilizadores y plantas de tratamiento de aguas residuales de bajo costo y fácil construcción, para abastecer de agua a comunidades rurales.

viii. Desarrollo y consolidación de comités comunitarios de agua y saneamiento, así como organizaciones de usuarios de riego y drenaje.

ix. Desarrollo y aplicación de tecnologías de bajo costo para control de malezas acuáticas en varios embalses y presas infectadas del país.

x. Desarrollo y aplicación en varias zonas bajo riego de tecnología para recuperar y rehabilitar suelos ensalitrados.

xi. Uso de tecnología geoespacial de percepción remota para caracterizar y mapear variables de interés hidrológico, social, ambiental, y agrícola.

xii. Uso de sistemas de bombeo con energía eólica o solar de bajo costo para extraer y elevar el agua con fines de riego y drenaje de zonas de riego.

xiii. Desarrolló del Sistema de Pronóstico de Riego en Tiempo Real (Spriter) que mejoró la estimación y aplicación del riego parcelario y fue la base del Programa de Riego por Gravedad Tecnificado (RIGRAT) de la Conagua y que contribuyó a disminuir los volúmenes de riego sin una disminución significativa en los rendimientos convencionales.

xiv. Compilación y desarrollo de herramientas para acceso a Banco Nacional de Datos de Aguas Superficiales, meteorológico e hidroagrícola, que son únicos en su género en México.

xv. Impartición de una serie de talleres, cursos, seminarios y congresos enfocados al sector hídrico del país.

Las contribuciones del IMTA han apoyado sin duda al desarrollo hídrico del país en varios niveles de intervención geográfica, política y social, en parte, esto se debe a la figura jurídica actual del IMTA y a las atribuciones que le otorga la Ley de Aguas Nacionales, lo que le ha permitido mayor operatividad, autosuficiencia, eficacia, y flexibilidad para responder en forma inmediata a los problemas urgentes del país.

Segunda. Conforme al artículo 14 Bis 3 de la Ley de Aguas Nacionales, el IMTA tiene por objeto realizar investigación, desarrollar, adaptar y transferir tecnología, prestar servicios tecnológicos y preparar recursos humanos calificados para el manejo, conservación y rehabilitación del agua y su entorno, a fin de contribuir al desarrollo sustentable.

Por su parte, el artículo 9 del mencionado ordenamiento establece que la Conagua (organismo desconcentrado de la Semarnat) tiene por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden a la autoridad en materia hídrica y constituirse como el órgano superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la federación, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico.

Entre las atribuciones de la Conagua se establece la relativa a promover y propiciar la investigación científica y el desarrollo tecnológico, la formación de recursos humanos, así como difundir conocimientos en materia de gestión de los recursos hídricos, con el propósito de fortalecer sus acciones y mejorar la calidad de sus servicios. Sin embargo, para que la Conagua ejerza esta atribución se prevé expresamente en la propia ley que se coordinará en lo conducente con el IMTA.

Lo anterior es así porque la creación del IMTA fue el resultado de una serie de estudios que demostraron que las actividades operativas de la Conagua, no permitían contar con el tiempo para generar investigación, tecnologías innovadoras y disruptivas, así como formar cuadros de especialistas, además para evitar que las presiones de los usuarios impidiesen que se llevaran a cabo estas tareas que requieren de tiempos de maduración más largos y no sujetas a presión emergente.

Tercera. La importancia del recurso agua es incuestionable. Por su trascendencia, en nuestro país figura como asunto de seguridad nacional, por ser un eje de desarrollo –para cualquier nación–. El agua es un recurso indispensable para la vida, para un sinfín de actividades económicas y culturales, como para sostener el equilibrio natural dentro de los grandes centros urbanos.

El agua que se extrae de los acuíferos tiene diferentes destinos: riego, abasto urbano, consumo en desarrollos industriales y abasto a la población rural. El país recibe aproximadamente mil 489 millones de metros cúbicos de agua al año en forma de precipitación pluvial. Se estima que 71.6 por ciento se evapotranspira y regresa a la atmósfera, 22.2 por ciento escurre por los ríos o arroyos. Apenas 6.2 por ciento restante se infiltra al subsuelo de forma natural y para la recarga de los acuíferos. De los 653 acuíferos, más de 100 se encuentran sobreexplotados, ubicados específicamente en zonas de interfase agrícola y urbana, lo que plantea un horizonte previsible de agotamiento y la contaminación por minerales naturales que significan graves problemas de salud pública.

En las últimas décadas se ha reconocido la urgencia de tomar medidas, decisiones, acciones, en la vía de formular políticas públicas acordes con este cuidado del medio natural. El agua está en el centro de un gran debate nacional cuyas proporciones de crisis y precariedad alcanzan cifras de alto riesgo. Se ha recomendado emprender una política integral e inclusiva que, entre muchos aspectos, integre criterios socioespaciales a la importación del agua para grandes zonas urbanas; mejore la eficiencia de los sistemas de riego agrícola; incremente la conciencia social por una cultura de ahorro permanente del agua, no sólo en época de estiaje; y sobre todo, mejore el uso de alta tecnología en su consumo cotidiano en todos los ámbitos.2

Para atender este enorme reto se deben realizar múltiples actividades, entre ellas continuar con el desarrollo de la investigación y transferencia de tecnología a través de instituciones como el IMTA, quienes necesitan recursos humanos, materiales y financieros para continuar con esta labor.

Cuarta. Mediante un comunicado de prensa,3 la Semarnat expresó que impulsa una reforma administrativa para que el IMTA se incorpore a la Conagua. El argumento esgrimido es que se requiere de una reforma administrativa para utilizar los recursos públicos en objetivos claros, evitar la duplicidad de funciones y cerrar espacios a la corrupción, ya que según la dependencia se identificó la complementariedad de responsabilidades entre el IMTA y la Conagua; así como la falta de vinculación y coordinación entre las políticas públicas establecidas y las acciones diseñadas para su implementación.

Al respecto, representantes de organizaciones civiles ambientalistas expresaron su preocupación por la desaparición del IMTA e indicaron que esta acción debilitará aún más la capacidad de México para combatir el cambio climático. Por su parte, el Sindicato de Trabajadores del IMTA solicitó al Ejecutivo federal una audiencia para exponerle la importancia del Instituto, el cual se ha posicionado como el brazo tecnológico de la Conagua.

Quinta. La propuesta de integrar las funciones del IMTA a la Conagua es contraria a las tendencias más avanzadas en materia de administración pública que desaconsejan la centralización y concentración de funciones y servicios (no de atribuciones), que alejan a los usuarios y a la sociedad de sus prestadores, más en los casos de investigación, innovación y formación.

Un ejemplo evidente de esta tendencia es la creación de los institutos nacionales de salud como organismos descentralizados de la SSA (la cual sólo conserva la definición de políticas, regulación y evaluación) y otorga a los institutos plena autonomía para la investigación, formación y servicios de atención a fin de evitar que el usuario sea sometido a las rigideces propias de la operación de las dependencias del sector central de la administración pública. Otros ejemplos son: Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), entre muchos otros.

Ahora bien, la fusión del IMTA a Conagua, además de ignorar las tendencias actuales en la administración pública de descentralizar servicios en vez de concentrar, pretende resolver los problemas disfuncionales generados por su dependencia a la Semarnat, con su total integración a la Conagua, lo que propiciará que una institución que funciona bien empiece a funcionar mal, perdería prioridad la investigación y el desarrollo de tecnologías ya que el corto plazo (la administración y operación) predominará sobre el largo plazo (investigación, innovación y formación). Cuando los problemas disfuncionales se pueden resolver de mejor manera sólo con la resectorización del IMTA en Conagua.

Conagua debe atender muchos otros temas como construir y mantener obras hidráulicas federales; apoyar los servicios públicos urbanos y rurales de agua potable, alcantarillado y saneamiento; establecer las prioridades para la administración y gestión de las aguas nacionales; resolver conflictos derivados de la explotación y uso de las aguas y apoyar en la atención de situaciones de emergencia como las inundaciones. Por su parte, la investigación, el desarrollo de tecnología y la formación de recursos humanos es un asunto de largo plazo que no debe seguir la suerte de la intensa operatividad de la Conagua.

Por lo anterior, conviene hacer una reflexión profunda de las graves consecuencias en el desarrollo y transformación hídrica que demanda el país para garantizar la sustentabilidad de nuestros recursos hídricos, que podría ocasionar la estrategia de adscribir la funciones del IMTA en la Conagua, pues se amenazaría la vigencia de una institución que ha demostrado eficacia en la materia por muchos años. Sin duda, el IMTA requiere mantener su autonomía para mejorar la capacidad de innovación de su comunidad y responder con oportunidad y sentido social a los retos que el país demanda.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión recomienda, respetuosamente, a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no se fusione el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y por el contrario se preserve y se consolide dicho Instituto.

Segundo . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión recomienda, respetuosamente, a la titular de la Semarnat promueva la realización de un seminario del agua para analizar los temas de preservación y cuidado del agua. En dicho seminario el IMTA, como centro de investigación de primer nivel en su materia, puede participar brindando elementos especializados que permita impulsar las acciones requeridas en nuestro país para que el agua sea motor de un desarrollo sustentable y fuente de bienestar para la población.

Notas

1 IMTA. Informe de Austeridad Republicana 2020, pág. 7.

2 Felipe de Alba Murrieta y Natalia Hernández Guerrero. El agua dulce en el presente y el fututo de México (primera parte). Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Cámara de Diputados. Diciembre de 2015.

3 Semarnat impulsa reforma administrativa. Comunicado de fecha 17 de diciembre de 2021.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2022.

Senadora Beatriz Paredes Rangel (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar tanto al Ejecutivo federal como al gobierno y la FGJ de Sonora a investigar a las personas y los hechos relacionados con el Cártel Inmobiliario por presuntos hechos ilícitos como escrituración, venta ilegal y demás actividades consideradas delitos, suscrita por la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Ana Laura Bernal Camarena, diputada integrante de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo fracción 111, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 16 párrafo noveno que:

“Artículo 16.- [...]

Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia.

[...]”.1

Asimismo, existe una ley especial sobre delincuencia organizada, la que se denomina como Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que establece en su artículo 2o:

“Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada [...]¨.2

En nuestro país existe recurrentemente los fraudes inmobiliarios y el estado de Sonora no es la excepción, sino todo lo contrario ya que hace un mes aproximadamente se evidenció la existencia de una organización delictuosa que se dedica al fraude inmobiliario y venta ilícita de inmuebles en dicha entidad.

El gobernador Alfonso Durazo señalo en conferencia de prensa la existencia de un cártel inmobiliario que realiza hechos fraudulentos que ya se están investigando por parte de la fiscalía estatal.3

El periodista Jorge Morales que ha llevado acabo una investigación sobre esta asociación delictuosa que lleva más de 30 años que está encabezado por notarios que despojan terrenos y propiedades que, aprovechando su cargo, buscan información de las personas que adeudan por años estos inmuebles, por lo que elaboran una nueva escritura y se convierten en los nuevos dueños de las propiedades.4

De acuerdo con el Código Penal Federal menciona lo que se considera como delito:

“Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales.

En los delitos de resultado material también será atribuible el resultado típico producido al que omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. En estos casos se considerará que el resultado es consecuencia de una conducta omisiva, cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello, derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar precedente”.5

Este tipo de conductas típicas han perjudicados a cientos de personas que confían en adquirir una propiedad y que con el esfuerzo de muchos años o incluso de toda su vida para poder comprar un inmueble para formar parte de su patrimonio y/o herencia para su familia, son defraudadas y hasta la fecha no han obtenido respuesta por parte de las autoridades.

De acuerdo las investigaciones judiciales son acerca de varias personas de administraciones pasadas del poder ejecutivo de Sonora y del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora como Luis Miguel Ernesto Pompa (exsecretario de gobierno), Jorge Durán Puente (exsecretario particular), Guillermo Valenzuela Trejo (ex regidor jurisdiccional) entre otros, que se vinculan como presuntos responsables de registrar escrituras ilegalmente y la compraventa fraudulenta de bienes inmuebles.

Por lo que, exhorto a las autoridades e investigar y castigar a los responsables de estas actividades consideradas como delitos, ya que este gobierno local y federal esta a favor de la honestidad, transparencia y lucha contra la corrupción.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me sirvo someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal, al gobierno del estado de Sonora y a la Fiscalía de Justicia del Estado de Sonora, a investigar a las personas y hechos relacionados al cártel inmobiliario que reside en Sonora por la presunción de hechos ilícitos como escrituración y venta ilegal de inmuebles, fraude, escrituración ilícita y demás actividades consideradas como delitos.

Notas

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2021.

2 Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, 2021.

3 El Sol de Hermosillo, Gobernador confirma la existencia de un cártel inmobiliario operando en Sonora, 23/noviembre/2021. https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/gobernador-confirma-la-exist encia-de-un-cartel-inmobiliario-operando-en-sonora-7512725.html

4 Tribuna, El Cártel inmobiliario, la organización que investigan Alfonso Durazo y la FGJE en Sonora, 06/12/2021.https://www.tribuna.com.mx/sonora/2021/12/6/el-cartel-inmobi liario-la-organizacion-que-investigan-alfonso-durazo-la-fgje-en-sonora- 277799.html

5 Código Penal Federal, 2021.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los siete días del mes de enero de 2022.

Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al IMSS a revisar y apoyar las guarderías subrogadas para evitar su cierre en beneficio de los trabajadores del país, suscrita por la diputada Adriana Lozano Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Adriana Lozano Rodríguez, diputada del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La pandemia ocasionada por el virus SARS-COV2 que inició en marzo de 2021 cambió la manera radical de interactuar en la sociedad mexicana, durante casi un año muchos negocios cerraron al igual que los centros de trabajo. Dicho confinamiento también afecto a las guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya que muchos padres y madres trabajadoras dejaron de llevar a sus hijos a dichos centros, por lo cual la población y las cuotas que aporta el IMSS a las guarderías se vieron disminuidas.

Para poner en contexto la situación: el IMSS incrementaba los recursos de operación en función del 50 por ciento del aumento salarial y el 50 por ciento de la inflación, esto permitía cubrir los gastos por niño que ronda aproximadamente en los 12 mil 500 pesos al mes, pero en el modelo subrogado el IMSS aporta 4 mil 100 pesos, con esta cantidad las guarderías deben cubrir los impuestos. Ahora con esta nueva modalidad les están ofreciendo el 6 por cierto, con la obligación de presentar una fianza de 2 millones de pesos y firmar un contrato obligatorio por 5 años.

Estas nuevas reglas han ocasionado que varias guarderías subrogadas a nivel nacional, a partir del 01 de enero del presente año, cierren sus puertas y dejen de prestar el servicio a los infantes, que van de los 43 días de nacidos hasta los 4 años, lo cual está afectando a los trabajadores que cuentan con el derecho de acceso al servicio.

Un claro ejemplo se da en Matamoros, Tamaulipas ya que en dicho municipio han cerrado por lo menos 3 guarderías subrogadas que se encuentran cerca de la zona industrial, afectando a los trabajadores de esa zona ya que no hay alguna opción cercana a su centro laboral.

Esto es sólo por poner un ejemplo, ya que casos similares se dan en Veracruz, Chihuahua y otros puntos de la República Mexicana.

Esta legislatura debe refrendar el compromiso con el pueblo de México, en especial con los trabajadores y buscar la mejor solución a una problemática que debe ser resuelta a fin de velar por los derechos de los trabajadores y garantizar el acceso a los menores a los centros de desarrollo infantil, haciendo un exhorto al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social con el fin de revisar y apoyar a las guarderías subrogadas, con el fin de evitar su cierre en beneficio de los trabajadores del país.

En tal virtud, conmino a esta Comisión Permanente para que le otorguemos a esta proposición un tratamiento de urgente resolución, así como para que votemos de manera unánime y de forma responsable en favor de la presente Proposición.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Alejandro Robledo Aburto, a convocar al Consejo Técnico de las Guarderías Subrogadas a cargo del instituto, con el fin de revisar la situación de las guarderías que han cerrado en el transcurso de este año y encontrar una solución favorable para su reapertura en apoyo a los padres y madres trabajadoras que tienen derecho al servicio y evitar las afectaciones que han resultado de dicho cierre.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2022.

Diputada Adriana Lozano Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la UIF a investigar las operaciones financieras, económicas y cualquier otra información relacionada con la asociación civil Que Siga la Democracia, AC, suscrita por el diputado Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del PAN

Quién suscribe, diputado Carlos Alberto Valenzuela González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera para que en uso de sus facultades y atribuciones revise e investigue las operaciones financieras, económicas y cualquier otra información relacionada con la asociación civil denominada “Que Siga la Democracia, AC”, lo anterior, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Unidad de Inteligencia Financiera es una institución del Estado mexicano creado como mecanismo de prevención y detección de operaciones financieras asociadas a la comisión de posibles delitos de blanqueo de capitales o recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con su página de internet, la Unidad de Inteligencia Financiera es la instancia central nacional para:

• Recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables;

• Analizar las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada; y

• Diseminar reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero (LD) o el financiamiento al terrorismo (FT) y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente.

Las principales tareas de la Unidad de Inteligencia Financiera consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones, que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los siguientes delitos previstos en el Código Penal Federal:

• Operaciones con recursos de procedencia ilícita (artículo 400 Bis)

• Financiamiento al terrorismo (artículo 139 Quáter).1

De acuerdo con la Ley Federal de Revocación de Mandato, esta se define como “el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza”.2 Siendo procedente solo cuando se cumplan este supuesto:

1. A petición de las personas ciudadanas en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de las inscritas en la lista nominal de electores, siempre y cuando la solicitud corresponda a por lo menos diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas.3

Asimismo, como es de conocimiento público el Instituto Nacional Electoral (INE) abrió el periodo de registro de intenciones de organizaciones ciudadanas para constituirse como promoventes para la solicitud de “revocación de mandato” del 1 al 15 de octubre de 2021, habiéndose publicado por el INE un listado definitivo de 24 mil 29 registros de intención siendo improcedentes mil 602 postulaciones -6.6 por ciento- y de las cuales 15 aprobadas corresponden a las siguientes asociaciones civiles: Alianza para el Beneficio de Sonora, AC; Que Siga la Democracia, AC; Jóvenes Unidos Desarrollando Oaxaca, AC; Joven Mexicano, AC; Autogestión Campesina Frente Popular de la Lucha de Zacatecas, AC; Central Campesina Cardenista, AC; Coordinadora de la Defensa Progresista de la Cuarta Transformación, AC; Movidos Neza II, AC; Movidos por una Vida Digna en Nezahualcóyotl, AC; Cultura Sonorense, AC; Voluntarios en Acción, AC; Fuerza Ciudadana por Sonora FESOIES, AC; Alitas para Volar, AC; Que siga el Presidente, AC (antes HHC Portas Mundi, AC); y Para Consolidar la Cuarta Transformación, AC (Consultores Jurídicos GML, AC).4

Habiéndose concluido el proceso de registro de promoventes, el INE procedió a abrir el proceso de recolección de firmas, mismo que concluyó el 25 de diciembre de 2021; fecha en la que la organización civil denominada “Que Siga la Democracia, AC” señala a los medios de comunicación que entrega al INE 3 millones 27 mil firmas, con las que sumarían nueve millones novecientos mil rúbricas físicas y por aplicación.5 En dicha fecha el INE señala en su red twiter que recibió de dicha asociación 860 cajas con firmas para verificar su validez.6

Como resultado, el Instituto Nacional Electoral publica con corte al 21 de diciembre de 2021, el estadístico detallado por promovente, arroja los siguientes datos:

1. Tanto personas físicas como morales registradas como promoventes reportan firmas en diferentes estados de la República, distintos a su lugar de registro como promoventes o de domicilio fiscal de ser el caso.

2. Tan solo al actualizado de dicho reporte con corte al 23 de diciembre, se tenían 1 millón 79 mil 600 firmas de apoyo, en la que aún no se encontraban presentadas al menos alguna de la asociación civil “Que Siga la Democracia, AC”.

3. Se tiene registro de que a la fecha de dicho corte presentaron firmas las siguientes asociaciones:

a) Jóvenes de Unidos Desarrollando la Democracias Oaxaca, AC, con 3 mil 202 firmas de 27 estados.

b) Movidos Neza II, AC, 116 firmas en tres estados.

c) “Mi Apoyo” por ciudadanía a revocación de mandato (Sic), con 9 mil 623 firmas.

d) Asimismo, diversas personas físicas superan por mucho la recolección de firmas hecha por agrupaciones y que superan más de 10 mil por persona y con presencia de recolección de firmas en casi toda la República Mexicana.7

Ejemplo:

Dirce Nallely Luna Lindoro- 174 mil 853

Graciela Ramírez Hernández – 108 mil 846.

Gabriela Georgina Jiménez Godoy- 62 mil 614

Francisco Facio Moctezuma- 46 mil 939

Uriel Orozco Hernández – 22 mil 720

José Alfredo López Hernández- 11 mil 139

Todos estos datos presentan una correlación atípica tanto en materia logística y de recursos económicos que van de computar el gasto por instalación de módulos, transporte, alimentación, voluntariado, traslado de cajas y presentación de firmas en el INE, así como su recolección en diversos puntos de la República por un mismo promotor; y en el particular de la asociación “Que siga la Democracia, AC” no reportar ningún registro a 2 días de concluir el plazo de entrega de firmas de apoyo.

Es de revisar que el domicilio señalado en la página de internet de la asociación civil se identifica como: Avenida 22 de Febrero #244, piso 1, colonia Centro de Azcapotzalco, alcaldía Azcapotzalco, CP 02000, Ciudad de México. Misma que de acuerdo al buscador con geolocalización se encuentra en las siguientes coordenadas:

https://www.google.com.mx/maps/place/Grupo+Médico+Hematoli/@19.480375,-99.1838813,3a,75y,294.78h,
94.4t/data=!3m6!1e1!3m4!1sGUUNPB-MU40jyv6ou8npRA!2e0!7i16384!8i8192!4m13!1m7!3m6!1s0x85d1f
87dd6be5a6b:0xfdfe16b049df0f09!2sAv.+22+de+Febrero+244,+Centro+de+Azcapotzalco,+Azcapotzalco,
+02000+Ciudad+de+México,+CDMX!3b1!8m2!3d19.4804675!4d-99.1840324!3m4!1s0x85d1f87dd16a3635:
0xe88fdcc3b1a5307b!8m2!3d19.4805321!4d-99.1839426?hl=es-419

Además de que no reporta ninguna liga en materia financiera o transparencia presupuestal de la organización, ni fuente de sus recursos.8

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. – La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera para que en uso de sus facultades y atribuciones revise e investigue las operaciones financieras, económicas y cualquier otra información relacionada con la asociación civil denominada “Que Siga la Democracia, AC”, en virtud del proceso de revocación de mandato que se encuentra en desarrollo.

Notas

1 Unidad de Inteligencia Financiera. México. 2021. Consultado en: https://uif.gob.mx/es/uif/quienes_somos

2 Cámara de Diputados. Ley Federal de Revocación de Mandato. Consultado en:

https://sidj.ine.mx/restWSsidj-nc/app/doc/1455/20/1

3 Íbid.

4 Instituto Nacional Electoral. Listado final de avisos de intención para la revocación de mandato. Consultado en:

https://www.ine.mx/revocacion-mandato/

5 Revista Proceso. Organización asegura que se entregaron nueve millones 900 mil firmas para la revocación de mandato. México. 2021. Consultado en: https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2021/12/25/organizacion-as egura-que-se-entregaron-nueve-millones-900-mil-firmas-para-la-revocacio n-de-mandato-278078.html

6 INE. https://twitter.com/INEMexico/status/1474873681079779328

7 Véase https://www.ine.mx/revocacion-mandato/captacion-firmas-apoyo/#reportes

8 Véase https://www.quesigalademocracia.mx/#quienes-somos

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2022.

Diputado Carlos Alberto Valenzuela González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP y la SHCP a realizar ajustes que garanticen de manera permanente a Hidalgo suficiencia presupuestaria en el fondo de aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo y se paguen las prestaciones laborales correspondientes, suscrita por la diputada Sayonara Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Sayonara Vargas Rodríguez, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguientes

Consideraciones

La asignación de los recursos en materia de educación es una de las principales variables que determinan el desarrollo y desempeño del sistema educativo. El proceso mediante el cual se formula el esquema de asignación de recursos y el financiamiento educativo es una etapa crucial del ciclo del presupuesto educativo.

Es en esta instancia donde se permite la reflexión sobre el gasto realizado previamente y las necesidades de recursos incrementales a futuro, con el propósito de desarrollar presupuestos sustentables en término de calidad, pero sobre todo, de equidad y justicia en el presupuesto y las prioridades de política educativa.

En este contexto de planificación del presupuesto se pueden presentar un conjunto de interrogantes que guían la asignación y el financiamiento de los programas educativos:

- ¿Cuánto nos están dando las niñas y niños? Y ¿Cuánto les estamos dando nosotros?

Las interrogantes anteriores, buscan poner a relieve dos temas que hacen ver que al estado de Hidalgo no se le están reconociendo los esfuerzos y logros en materia de eficiencia educativa y contrastan con otras entidades federativas que reciben más recursos económicos con muchos menos resultados.

En efecto, empecemos por el primer cuestionamiento: ¿Cuánto nos están dando las niñas y niños? Y para ello se debe tomar como ejemplo al estado de Hidalgo, una entidad federativa que a 2021, acumula 871 mil alumnos de educación pública, de los cuales 574 mil son de educación básica.

Desafortunadamente, con la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), se ha tornado complicado realizar un comparativo en los indicadores de aprovechamiento a nivel nacional, pero cuando se trata de destacar resultados, resulta evidente que en Hidalgo, las cifras, los hechos y la realidad, señalan que la educación es y ha sido una prioridad para los gobiernos locales.

Se debe destacar que gracias a nuestros cuerpos docentes y educandos, Hidalgo está ubicado en este 2021 en las más altas cifras del sistema educativo nacional.

Para conocimiento de esta Comisión se deben enunciar los siguientes ejemplos:

• Hidalgo tiene un porcentaje más alto que el nivel nacional en cobertura de educación básica y en la tasa de escolarización, con 93 por ciento en ambos rubros.

• En educación primaria tenemos cero por ciento de abandono escolar y estamos por encima del cien por ciento en eficiencia terminal, tasa de terminación y cobertura.

• El indicador de abandono en educación secundaria es inferior a 1 por ciento.

Lo anterior reafirma categóricamente la calidad de niñas y niños que tenemos en Hidalgo: son ellos los que realmente están aportando grandes esfuerzos a la entidad, para que ésta sobresalga en diversos rubros.

Para los hidalguenses, son un orgullo estos logros, por demostrar un legítimo interés en la igualdad de oportunidades respecto a la educación básica, resultado del esfuerzo conjunto de los actores estatales.

Ahora, la segunda pregunta: ¿Cuánto les estamos dando a nuestros niños?

El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo mejor conocido como “Fone ” otorga recursos a las entidades federativas para poder pagar salarios al personal y que las escuelas de educación básica y normal puedan funcionar.

En 2014 la Secretaría de Educación Pública federal (SEP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizaron una conciliación de plazas y prestaciones pero, en este proceso, no le reconocieron a Hidalgo catorce prestaciones, de manera que el gobierno estatal debe solventarlas por diferentes medios, lo que significa una presión constante a las finanzas de la entidad.

Es así que únicamente se reciben Gastos de operación .

Adicionalmente se etiquetan recursos compensatorios para ciertos estados como son “Otros de Gasto Corriente ” y el “Fondo de Compensación ”, no obstante, Hidalgo ha sido excluido1 y segregado sin fundamentación ni motivación alguna, y el monto asignado para gastos de operación, le resulta insuficiente para administrar los 5 mil 250 servicios de educación básica y normal federalizados , de una matrícula que crece de manera continua.

Es indispensable que Hidalgo sea considerado e incluido en los rubros de Gasto Corriente y Fondo de Compensación, pues no existen razones jurídicas para mantener al margen de estos beneficios a esta entidad federativa.

Por otro lado, para este ejercicio, se estima que tan solo 43.5 por ciento de estos gastos de operación se destinarán únicamente para el pago de energía eléctrica de las escuelas.

Desde la creación del Fone en 1998, Hidalgo se encuentra entre los dos estados que menos gasto de operación por alumno recibe, el promedio nacional es de 970 pesos, mientras que Hidalgo sólo puede ejercer $373 por alumno.

La situación en el sur de la entidad se agrava, debido a que esta región, es receptora de un gran número de personas que inmigran del Estado de México y la Ciudad de México.

Además, es la tercera entidad en el país con mayor proporción de población rural, después de Oaxaca y Chiapas, lo que eleva los costos de brindar servicios educativos a localidades dispersas. Mientras que Oaxaca tiene un gasto de operación por alumno de 776 pesos y Chiapas 627 pesos, en Hidalgo sólo les pueden dar 373 pesos por alumno.

Los magníficos resultados de desempeño han sido gracias al empeño y esfuerzo que han impuesto nuestros niños y niñas, lo que ha significado que sobresalgan por encima del promedio nacional en lenguaje y comunicación, así como en matemáticas en la extinta –pero aun necesaria– prueba Planea:

• En 2017 fueron los de educación primaria.

• En 2018 fue educación media superior.

• Y en 2019 fueron los de educación secundaria.

Hidalgo, sus autoridades educativas, sus docentes y sus alumnos cumplen con su labor y entregan resultados favorables a la educación básica, pero es necesario reconocerles sus logros, y no existe mejor forma que incrementando los recursos que en justicia deben corresponderles.

En ese sentido, si la escuela es nuestra segunda casa, nuestros docentes y personal de apoyo conforman una segunda familia y ellos son quienes fortalecen la formación de nuestras hijas e hijos en una etapa tan trascendental como es su educación básica.

• Hidalgo y sus educandos necesitan que se contemple dentro del Fone el pago de estas prestaciones que actualmente no son reconocidas; necesita al menos 340 millones de pesos adicionales, en un presupuesto asignado de manera inequitativa.

La federación necesita del ejemplo que los docentes, así como las niñas y niños de Hidalgo, han impuesto con su esfuerzo, con su trabajo y con su empeño por sobresalir a pesar de la limitación de recursos.

No se está pidiendo nada que no sea justo y equitativo. Estamos exigiendo que se invierta con justicia en aquellas entidades que demuestran tener un mayor aprovechamiento y un mayor esfuerzo por quienes conforman esta segunda familia, desde aquí, pedimos que se les reconozca a nuestros docentes, niños y niñas ese empeño que han tenido dándonos tanto, a cambio de tan poco.

Es necesario considerar la inclusión del estado de Hidalgo en los rubros “Gasto Corriente” y “Fondo de Compensación” del Fone para coadyuvar con el desempeño y desarrollo educativo de la entidad.

Se requiere en el Fone para el estado de Hidalgo 340 millones de pesos con el objeto de hacer frente a las prestaciones que han sido excluidas derivada de la conciliación de plazas y prestaciones efectuada en el año 2014, las cuales son:

1) Estímulo “Ramón G. Bonfil”;

2) Bono de inicio escolar homologados;

3) Bono al maestro federalizado;

4) Aguinaldos homologados;

5) Bono del día del maestro para jubilados;

6) Bono a la productividad para homologados;

7) Apoyo por defunción (activos y jubilados);

8) Bono de fin de año a jubilados;

9) Apoyo a trabajadores con hijos con capacidades diferentes;

10) Apoyo a trabajadores con capacidades diferentes;

11) Bono de maternidad y paternidad;

12) Bono al mérito cultural;

13) Beca por única vez a hijos de trabajadores administrativos;

14) Becas a hijos de trabajadores

Cabe mencionar, que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Hidalgo, se encuentran en paro laboral desde el 3 de enero del año en curso, en virtud de la falta de pago de prestaciones enlistadas en el párrafo anterior debido a que el gobierno de México no ha ministrado los recursos correspondientes como históricamente lo ha hecho.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público a realizar los ajustes administrativos correspondientes para que se garantice a Hidalgo de manera permanente suficiencia presupuestal en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo y se realice el pago de prestaciones laborales correspondientes.

Nota

1 Véase DOF https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608315&fecha=21/12/ 2020 web [27/09/21]

Palacio Legislativo San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2022.

Diputada Sayonara Vargas Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat, el gobierno de la Ciudad de México y la Sedema a realizar acciones de protección y conservación del axolote, suscrita por la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Ana Laura Bernal Camarena, diputada integrante de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El axolote mexicano o ajolote, Ambystoma mexicanum , es una salamandra con la característica poco habitual de conservar sus rasgos larvales en su vida adulta. Esta condición, que se conoce como neotenia, significa que conserva su aleta dorsal de renacuajo –que recorre casi la totalidad de su cuerpo­ y sus branquias externas, que sobresalen de la parte trasera de su ancha cabeza en forma de plumas.1

El 11 de enero de 2006 se publicó en Gaceta Oficial del Distrito Federal el Acuerdo por el que se aprueba el programa de manejo del área natural protegida con carácter de zona de conservación ecológica “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”, en que establece en su artículo Décimo Quinto que:

[...] el Acuerdo por el que se crea la Comisión Interdependencial para la Conservación del Patrimonio Natural y Cultural de Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, a efecto de contar con un instrumento de coordinación que facilite la instrumentación aplicación efectiva de los programas, proyectos y acciones que inciden en dicha zona y que, de conformidad con sus atribuciones legales, desarrollan distintas dependencias y órganos del gobierno del Distrito Federal, las delegaciones Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco e instancias y dependencias del Ejecutivo Federal.2

Esto es con la finalidad, para mejorar las condiciones de estas Alcaldías con el apoyo de programas y proyectos para el marco del desarrollo sustentable para beneficiar la calidad de vida de los ciudadanos.

El axolote o ajolote, además, de ser una larva de salamandra, históricamente era venerada por los aztecas que a su vez, era un manjar y se utilizaba como medicamento. Asimismo, fue considerado un animal de culto para diversos escritores latinoamericanos del siglo XX, siendo inspiración y debate para personajes como José María Velasco, Aldous Huxley, Julio Cortázar, Salvador Elizondo y Octavio Paz quien lo llamó “puente de sangre fría-eje del movimiento”.3

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), creó un proyecto con el fin de dar alojamiento a esta especie endémica, para prevalecer su supervivencia en condiciones diversas en su entorno natural como agua transparente de los ríos o lagos. Los axolotes estarán de forma semicautiva, dentro de una jaula para ser protegidos en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel (REPSA).4

De acuerdo a un censo realizado por la UNAM en 1998, en Xochimilco se encontraron más de 6 mil axolotes por km2 sin embargo, en 2014 este número se redujo en un axolote por cada tres km2, es decir, en menos de 20 años se redujo exponencialmente, lo que ha provocado que esta especie se encuentre en peligro de extinción.5

El axolote es importante porque es neoténico, es decir, que nunca se transforma en adulto y se puede reproducir, lo que ha generado controversias entre la comunidad científica; por otro lado, tiene un DNA grande, y es capaz de regenerar cualquier parte de su cuerpo, lo que puede ser muy importante en el ámbito de la medicina.6

Aunque se ha intentado proteger está especie endémica, no ha sido suficiente para que siga encontrándose en peligro de extinción. Si bien el gobierno ha tratado de mejorar las condiciones del axolote no han sido suficientes, aunado a la sociedad que incentiva la contaminación del ecosistema donde reside.

Por ello, propongo la proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno de la Ciudad de México y diversas instituciones gubernamentales para la protección y conservación de esta especie endémica.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me sirvo someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, a realizar acciones de protección y conservación del axolote, especie endémica en peligro de extinción.

Notas

1 Axolote mexicano, National Geographic.

https://www.nationalgeographic.es/animales/axolote-mexic ano

2 Gaceta Oficial del Distrito Federal. Décima Sexta época, no. 5, 11 de enero de 2006.

https://paot.org.mx/centro/gaceta/2006/enero06/11enero06 .pdf

3 National Geographic, Axolote un Dios en peligro de extinción, septiembre, 2016, pp. 39-42.

4 Fundación UNAM, Albergue de Axolotes.

https://www.fundacionunam.org.mx/ecopuma/alberguedeaxolo tes/

5 Ídem.

6 Villegas Hilda, Axolote, el de la sonrisa eterna, Gaceta CCH, UNAM. https://gaceta.cch.unam.mx/es/axolote-el-de-la-sonrisa-eterna

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los siete días del mes de enero de 2022.

Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a informar a la opinión pública sobre la situación estructural, de habitabilidad, higiene y seguridad de las estaciones migratorias del INM, suscrita por el diputado Eliseo Compeán Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Eliseo Compeán Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación para que en su carácter de encargada del Instituto Nacional de Migración informe a la opinión publica la situación estructural, de habitabilidad, higiene y de seguridad en las que se encuentran cada una de las estaciones migratorias con las que cuenta el instituto, poniendo especialmente atención y prioridad a la estación migratoria “Las Agujas” para que esta reúna las condiciones suficientes de habitabilidad e higiene esenciales para garantizar una estancia digna de las personas alojadas y ponga solución a la brevedad posible al problema del hacinamiento que tiene, asimismo para que instruya al comisionado del Instituto Nacional de Migración para que implemente de manera urgente programas de capacitación sobre prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, dirigidos a servidores públicos y a los responsables de la seguridad y custodia de las personas aseguradas y sean acatadas las recomendaciones realizadas por la comisión nacional de derechos humanos desde el 2018 y las cuales no han sido atendidas, con base en la siguiente

Exposición de motivos

México es concebido como un país de origen y de tránsito de migrantes. El éxodo de millones de personas de origen mexicano y centroamericano que transitaron por el país hacia Estados Unidos se ha ido incrementando en los últimos años. El número de eventos de migrantes retenidos en México se han disparado este 2021 en comparación con el 2020.

Entre enero y julio pasado, se han registrado 117 mil 52 eventos de extranjeros presentados ante la autoridad migratoria, de acuerdo con las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación; en 20 mil 186 estuvieron involucrados menores de edad; de ellos, en 795 casos iban sin compañía de un adulto. Personas de los países de América Central, son quienes más han sido retenidos por las autoridades migratorias mexicanas con 90.7 por ciento (106 mil 253) los eventos.

De este universo, los migrantes de Honduras (56 mil 156); Guatemala (35 mil 849) y El Salvador (9 mil 454) son quienes mayor número de eventos agrupan. Si se comparan los más de 117 mil eventos de migrantes presentados ante autoridades migratorias mexicanas con los 41 mil 512 eventos registrados, en los mismos meses del 2020, hay un alza de 181.9 por ciento.

Desde hace tiempo, y más ahora se ha tenido una mayor presencia de migrantes provenientes de Centroamérica, lo cual generó una serie de acciones por parte del gobierno de Estados Unidos para frenar el paso y desalentar a estos flujos. Una de las medidas más controversiales fue el programa “Quédate en México”, el cual, ha dejado a 60 mil solicitantes de asilo varados en la frontera norte de México en espera de la resolución de su caso.

Hasta el pasado mes de septiembre ya eran cuatro las caravanas que han partido en los últimos días rumbo Estados Unidos desde México, la última que partió desde Tapachula, estaba conformada aproximadamente por unas 300 personas, en su inmensa mayoría centroamericanas, sus integrantes, fundamentalmente venezolanos, cubanos y haitianos se muestran cansados de esperar los papeles que les permitan quedarse legalmente en este país y optan por intentar pedir asilo en Estados Unidos.

Por lo que la detención migratoria lamentablemente es un fenómeno global en el que se violan de formas múltiples los derechos humanos de la población migrante detenida en todas partes del planeta. En México, hay una doble moral muy visible, no quejamos del trato que reciben los mexicanos al querer cruzar hacia Estados Unidos y hacemos lo mismo con los migrantes que están huyendo de sus países por vivir en gobiernos represivos para tener una mejor vida.

Algunos de los migrantes son llevados a las llamadas estaciones migratorias, pero ¿que son estas estaciones?

Las estaciones migratorias, se les han denominado legalmente así, a los recintos migratorios en nuestro país y, más recientemente se incorporaron las Estancias Provisionales. Las Estaciones Migratorias son lugares establecidos o habilitados por la Secretaría de Gobernación por conducto del Instituto Nacional de Migración para el alojamiento temporal de las personas en contexto de migración que no puedan acreditar su situación migratoria regular en el país.

Una de las estaciones migratorias más polémicas y que se encuentra en el ojo del huracán es la Estación migratoria “Las Agujas”, ubicada en la alcaldía Iztapalapa ya que desde 2018 se han denunciado diversas irregularidades y violaciones a los derechos humanos.

Para mediados de 2019 la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó que los migrantes recluidos padecen de chinches, alimentos de mala calidad y hacinamiento.

Después de una visita a la esta estación migratoria por parte del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) en el 2018, se revelaron las verdaderas condiciones en las que se viven en ese lugar con deficientes condiciones de mantenimiento e higiene, hacinamiento en dormitorios, insuficiente ración alimenticia y de mala calidad, falta de revisión médica al ingreso de las personas alojadas y de programas para prevenir y atender incidentes violentos,

Que las estancias carecen de modificaciones y adaptaciones para las personas mayores o con alguna discapacidad puedan deambular. Ya que el después de la visita se pudo constatar que el INM no garantiza que las personas migrantes ahí alojadas gocen de estancia digna, segura y reciban trato con debido respeto a su dignidad”.

Adicionalmente en el informe se advierte que el personal no ha recibido capacitación acerca de la prevención de la tortura y los Protocolos de Estambul, lo que hace susceptible al centro de violar los derechos humanos de los detenidos.

En el informe derivado de la Supervisión ISP-8/2018 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), se hizo del conocimiento del comisionado de Migración por irregularidades relacionadas con la falta de trato humano y digno, a la legalidad y la seguridad jurídica, protección de la salud e integridad personal.

Ya que durante el recorrido por esas instalaciones se observaron basura, residuos de comida debajo en las literas, pañales sucios, presencia de humedad en paredes y techos, así como deficientes condiciones en el mantenimiento general, con presencia de fugas de agua en baños y lavabos, falta de agua caliente y literas, condiciones de hacinamiento.

El 70.83 por ciento de las personas alojadas que fueron entrevistados señalaron que sí cuentan con cama en su estancia y 20.83 por ciento indicó que no tiene cama y duerme en el piso en una colchoneta; el 66.6 por ciento de las personas aseguradas manifestó inconformidad porque las raciones de alimento que les sirven son insuficientes y la calidad es mala, 16.6 por ciento la consideró regular y 12.5 por ciento buena, mientras que 4.3 por ciento no contestó.

Adicionalmente no se cuenta con algún programa de prevención de enfermedades transmisibles y crónicas y, en caso de existir algún brote, tampoco se cuenta alguna estrategia de contención epidemiológica.

También, señalan que las personas alojadas pertenecientes a la comunidad LBGTTTI permanecen en el área de ingreso y en el patio, y duermen en colchonetas sin las condiciones mínimas de habitabilidad.

Ya que uno de los riesgos del hacinamiento y de la falta de capacitación de los agentes migratorios es precisamente el brote de Covid-19, que actualmente causa alarmas en el país por el aumento e contagios y la llegada de la variante Lambda.

También, es importante señalar que en el 2020 ya se había denunciado a través de medios que no todas las estaciones tienen servicio médico las 24 horas y que no se realizaban las pruebas necesarias para los contagios a pesar de identificarse síntomas entre los detenidos.

No queda duda de que en las estaciones migratorias se tortura lo que incluye tratos crueles, inhumanos y degradantes a las personas que lamentablemente caen en ellas, de este modo la impunidad generalmente está acompañada de una naturalización de la violencia y a pesar de que las dinámicas torturantes de las dos estaciones migratorias no son exclusivas –la violencia que pasa en Iztapalapa, es parecida a la de Tapachula y viceversa– son regímenes que operan de maneras diferentes, debemos poner solución a este problema ya que la migración es un derecho. No es un delito. De este modo la criminalización y la encarcelación de la población migrante irregular es altamente injusta y contradice al discurso de la defensa de los Derechos Humanos al nivel de los órganos de la ONU.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a informar sobre a la opinión publica la situación estructural, de habitabilidad y de seguridad con la que cuentan cada una de las Estancias Migratorias con las que cuenta el Instituto Nacional de Migración y en caso de que estas no se encuentren en óptimas condiciones se genere un programa de mejora para cada una de ellas para que se encuentren en la condiciones óptimas para lo que fueron creadas. Asimismo, elabore una política pública para la mitigación de la migración de centroamericanos al territorio nacional.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que instruya al comisionado del Instituto Nacional de Migración para que las instalaciones de la Estación Migratoria “Las Agujas” reúnan las condiciones suficientes de habitabilidad e higiene esenciales para garantizar una estancia digna de las personas alojadas y pongan solución a la brevedad posible al problema del hacinamiento que tiene y de realizar modificaciones y adaptaciones en las estancias destinadas para las personas mayores o con discapacidad para facilitar su acceso y libre desplazamiento.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que instruya al comisionado del Instituto Nacional de Migración para que implemente de manera urgente programas de capacitación sobre prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, dirigidos a servidores públicos y a los responsables de la seguridad y custodia de las personas aseguradas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero de 2022.

Diputado Eliseo Compeán Fernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la SHCP que envíe a esta soberanía un informe de la reunión con el presidente de Perú, Pedro Castillo Terrones, en representación de su homólogo mexicano el 8 de diciembre de 2021 respecto a los acuerdos alcanzados en materia económica, comercial e implantación de programas sociales, a cargo de senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, senadores Nuvia Mayorga Delgado, Ángel García Yáñez, Miguel Ángel Osorio Chong, Verónica Martínez García, Beatriz Paredes Rangel y Claudia Ruiz Massieu Salinas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 28 de julio de 2021 rindió protesta como presidente de Perú para el periodo 2021-2026, Pedro Castillo Terrones, con una votación de 38 por ciento, la más baja de los últimos 20 años.

A menos de cinco meses de asumir el cargo, el mandatario peruano tuvo que enfrentar un amago de juicio político promovido por la oposición en el Congreso de aquel país, similar a las que provocaron la destitución de los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski, en 2018, y Martín Vizcarra, en 2020. Cabe resaltar que esta es la quinta moción de vacancia presentada en el Congreso peruano en los últimos cuatro años.

Sin embargo, la moción de destitución por “incapacidad moral” promovida por los partidos Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular no prosperó debido a que en la sesión del 7 de diciembre de 2021 el Congreso peruano registró una votación de 76 votos en contra, 46 a favor (se necesitaban 52 para aprobarla) y 4 abstenciones.

Cabe mencionar que el nivel de desaprobación del mandatario peruano es de 57 por ciento, mientras que la del Congreso es de 75 por ciento de acuerdo con las encuestas. Este escenario, aunado a los conflictos sociales y políticos prevalecientes en estos momentos, dificultan que el desempeño de su gestión se desarrolle en un ambiente de gobernabilidad.

Perú presenta un alto nivel de conflictividad política, además de una percepción de corrupción generalizada que ha traído un descontento contra el actual gobierno.

Pedro Castillo Terrones es un maestro rural de 52 años que le ganó la segunda vuelta de junio a Keiko Fujimori. Desde que asumió la presidencia, el 28 de julio de 2021 ha sido cuestionado repetidamente por la oposición por actos de corrupción, lo que ha provocado la salida de una docena de ministros, además de ser acusado por una supuesta injerencia del gobierno en los ascensos militares. Por este caso, fue citado a declarar el pasado 14 de diciembre ante la fiscal nacional, Zoraida Ávalos.

Esta situación deriva de que Pedro Castillo Terrones designó a un jefe de gabinete y un equipo de gobierno muy cuestionado por la opinión pública, lo que ha ocasionado un gran malestar social y que miles de peruanos y peruanas salieran a las calles de Lima para protestar e insistir en su destitución.

Este contexto de incertidumbre política ha provocado presiones sobre la economía peruana, desatándose una inflación ascendente, depreciación de su moneda y la caída de la inversión privada, elementos que generan un pesado lastre para la recuperación económica y financiera del Perú en el contexto de la postpandemia.

Hace unos días el secretario de Hacienda y Crédito Público de México viajó a aquel país sudamericano en representación del Presidente de la República, bajo el argumento de que el mandatario peruano le había solicitado ayuda por la “difícil situación por la que está atravesando.”

De acuerdo a información oficial, la visita del secretario de Hacienda a Perú se enfocó en plantear al presidente Pedro Castillo diversas propuestas de carácter económico en apoyo a las finanzas públicas de ese país sudamericano y, que, a su vez, traigan consigo un beneficio para México.

De este modo, dice el comunicado 79 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)1 se “analizaron opciones que permitan fortalecer el intercambio comercial entre ambos países y otorgar líneas de crédito de la banca de desarrollo con el propósito de fomentar las exportaciones”.

Asimismo, de acuerdo con la información de esa misma dependencia “las reuniones que se realizaron con el presidente de Perú y su gabinete también incluyeron un intercambio de experiencias sobre la implementación de programas sociales en apoyo a diversos sectores de la población, varios de los cuales ya existen en ese país sudamericano, como el de apoyo a adultos mayores”.

Este gesto diplomático llama mucho la atención porque el Presidente de México ha sido enfático y reafirmado en reiteradas ocasiones que la postura de su gobierno se fundamenta en los principios de política exterior establecidos en la Constitución, es decir: no intervención, respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos.

En este punto es importante advertir que la política exterior del gobierno mexicano ha sido errática y confusa. México ha sido contradictorio al definir posiciones diplomáticas cuando se presentan conflictos internos en otros países o cuando determinadas decisiones políticas o económicas de otras naciones nos afectan directamente.

Tal es el caso del apoyo al mandatario Donald Trump con la visita del presidente de México a Washington antes de las elecciones por la presidencia en los Estados Unidos de América (EUA); la abstención por parte de México ante el asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021, o cuando se trata de atender el problema del fenómeno migratorio con nuestro vecino del norte, donde nuestro país ha mostrado una cooperación irrestricta.

Otros episodios han sido aquellos donde nuestro país se decantó a favor del expresidente boliviano Evo Morales al brindarle asilo político; durante la celebración de los diálogos de paz entre el régimen de Maduro y la oposición venezolana, o cuando se ofreció apoyo para venderle gasolina al gobierno de Venezuela ante la escasez que ha enfrentado o el apoyo humanitario ofrecido a partir de las restricciones que EUA le ha impuesto a esa nación sudamericana.

De igual forma, cuando se extendió el apoyo y solidaridad al presidente Miguel Díaz Canel durante las manifestaciones del 11 julio de 2021 en contra del gobierno de Cuba, protestas, que, por cierto, han sido las más grandes que la isla haya visto en décadas, en medio de una grave crisis económica y sanitaria, con una fuerte escasez de alimentos, medicinas y otros insumos básicos, derivado del bloqueo económico, financiero y comercial que se ha ejercido de forma unilateral por parte de los estadounidenses a lo largo de seis décadas.

En este sentido, sería conveniente mostrar mayor congruencia con los principios rectores de nuestra política exterior tales como: autodeterminación de los pueblos, no intervención en los asuntos de otro estado y solución pacífica de las controversias.

Lo anterior, en consonancia con la Doctrina Estrada, promulgada en 1930, en donde México encumbró los principios de libre autodeterminación de los pueblos y de no injerencia en los asuntos internos de otros países como elementos rectores de la diplomacia a nivel internacional.

Principios, que, por cierto, son recogidos en la Carta de las Naciones Unidas y en la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuando se establece, entre las facultades y obligaciones del presidente de la República, la siguiente:

“Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

Las y los que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional nos pronunciamos a favor de que, en el concierto internacional, México siga construyendo vínculos con otras naciones para impulsar el progreso, la solidaridad y la justicia, lo que ha permitido una sólida integración y cooperación de nuestro país con otras naciones.

En este sentido, es importante conocer los pormenores de la visita del secretario de Hacienda y Crédito Público, el pasado 8 de diciembre a Perú y, para ello, consideramos pertinente que envíe un informe para que los legisladores que conformamos esta Comisión Permanente podamos analizar los acuerdos alcanzados con el presidente Pedro Castillo Terrones y su gabinete en materia económica, comercial y de política social, a fin de contribuir en la formulación de una sólida política exterior de Estado.

Lo anterior, como parte de las atribuciones que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la Cámara de Senadores para analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo federal.

La Cámara de Senadores debe mantenerse atenta de forma permanente a la política exterior que desarrolla nuestro país como parte de su responsabilidad republicana y con el propósito de mantener el equilibrio entre poderes, al tiempo de coadyuvar a que México se vincule de mejor forma con otras naciones defendiendo nuestra soberanía y participando con liderazgo para encontrar soluciones globales y multidimensionales en el ámbito internacional, respetando, en todo momento, los valores y principios que nos dan identidad como nación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, solicita respetuosamente al secretario de Hacienda y Crédito Público, enviar un informe a esta soberanía para conocer los pormenores de su reunión con el presidente de Perú, Pedro Castillo Terrones, en representación del Presidente de la República el 8 de diciembre de 2021, respecto a los acuerdos alcanzados en materia económica, comercial e implementación de programas sociales.

Nota

1 Consultar en: https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-79-el-secretario-de-hacien da-planteo-en-su-visita-a-peru-diversas-propuestas-de-caracter-economic o

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2022.

Senadores: Nuvia Mayorga Delgado (rúbrica), Ángel García Yáñez, Miguel Ángel Osorio Chong (rúbrica), Verónica Martínez García, Beatriz Paredes Rangel, Claudia Ruiz Massieu Salinas.