Proposiciones

• Con punto de acuerdo, para exhortar a la colegisladora a ratificar el Convenio 149 de la OIT, para mejorar el empleo y condiciones de trabajo y de vida del personal de enfermería, a cargo de la diputada Araceli Ocampo Manzanares, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Segob, a intervenir ante la llegada masiva de caravanas migrantes al estado de Chihuahua, a cargo de la diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de las distintas dependencias, agencias y secretarías a su cargo, a reforzar y acelerar la implementación de las acciones destinadas a evitar la extinción de la vaquita marina, a cargo de la diputada Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a garantizar el buen funcionamiento del programa Héroes Paisanos, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y a la Conanp a declarar área natural protegida, en categoría de área de protección de flora y fauna, a la Laguna de las Ilusiones, en el estado de Tabasco, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Lotería Nacional, al Ejecutivo federal, así como a la Mesa Directiva de esta soberanía a llevar a cabo diversas acciones en conmemoración de los 500 años de la fundación de la Primera Villa de Colima, a cargo de la diputada María del Carmen Zúñiga Cuevas, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, relativa a garantizar la conectividad y fortalecer la interconexión de redes de telecomunicaciones, para promover la integración de los municipios que conforman la zona norte del estado de Jalisco, a cargo del diputado Gustavo Macías Zambrano, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Obras y Servicios a llevar a cabo las acciones legales correspondientes, a efecto de prevenir, vigilar y sancionar, en su caso, el robo y compra de coladeras, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC, a la FGR, a la Semarnat y al INPI a tomar medidas necesarias para prevenir los asesinatos de las personas medioambientalistas y apegarse al Acuerdo de Escazú, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, relativo a la permanencia de los “consultorios de farmacia”, a cargo del diputado Gustavo Macías Zambrano, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y a la SRE a abstenerse de intervenir y emitir opiniones juiciosas en torno a la política interna de la República del Perú, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, relativo a la construcción de una rampa de emergencia para frenado en la carretera Guadalajara-Tepic, en el entronque situado en la calle Francisco I. Madero del municipio de Tequila, Jalisco, a cargo del diputado Gustavo Macías Zambrano, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a investigar los probables hechos ilícitos en las adjudicaciones directas por el Ejecutivo federal durante 2022, a cargo del diputado Rodrigo Herminio Samperio Chaparro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, relativo a la protección de la comunidad wixárika de San Andrés Cohamiata, “Tatei-kie”, municipio de Mezquitic, Jalisco, a cargo del diputado Gustavo Macías Zambrano, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sener a informar a la opinión pública sobre las irregularidades que se han presentado en los procesos de contratación para llevar a cabo los trabajos de construcción de la Refinería Olmeca, situada en Dos Bocas, Tabasco, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y a la colegisladora a ratificar el Convenio sobre las cuarenta horas, 1935 (número 47), emitido por OIT, a cargo del diputado José Luis Báez Guerrero, del Grupo Parlamentario del PAN

Efemérides

• Con motivo del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT

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Con punto de acuerdo, para exhortar a la colegisladora a ratificar el Convenio 149 de la OIT, para mejorar el empleo y condiciones de trabajo y de vida del personal de enfermería, a cargo de la diputada Araceli Ocampo Manzanares, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Araceli Ocampo Manzanares, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por los que se exhorta al Senado de la República a ratificar el Convenio 149 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para mejorar las condiciones laborales del personal de enfermería, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La enfermería ha estado presente desde los primeros años de la historia de nuestro país, desde la época de los aztecas, los heridos en combate eran atendidos en el tuihuacan (hospital) por enfermeros varones; de forma paralela, las mujeres también practicaban la enfermería, especialmente como parteras y tanto a los hombres como a las mujeres se les identifica con por la palabra ticitl , “el hombre o mujer que se dedicaba a la atención de enfermos”. Posteriormente durante la época de la Colonia, las enfermeras realizaban curaciones en hospitales y cárceles, cabe mencionar que en aquellos tiempos no se requería de ningún tipo de estudio para ejercer estos cuidados.

El 9 de febrero de 1907 se institucionalizó en México la profesión de la enfermería, para 1908 la Escuela de Enfermería pasa a la Secretaría de Educación, y dos años más tarde Hermelinda García es reconocida como la primera enfermera que obtuvo su diploma y certificado oficial el 28 de febrero de 1910.

Durante la Revolución, las enfermeras participaran activamente en la asistencia de los heridos en la batalla, procurando su bienestar y pronta recuperación para defender a la patria. De esa manera, las y los enfermeros del país han estado presentes dando atención por generaciones para que contemos con una buena salud y calidad de vida.1

El 30 de diciembre de 1911, la Universidad de México aprueba su integración a la Escuela de Medicina, siendo éste el antecedente de la actual Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO) de la Universidad Nacional Autónoma de México. De aquí que el primer plan de estudios para la carrera de enfermeras y parteras, el cual incluía dos años para estudiar enfermería y otros dos años para partos; iniciándose la enseñanza conforme a este plan en 1912.2

La situación para este sector de la población no ha cambiado desde aquellos años, a pesar de que se dio apertura para la profesionalización de esta labor que tanto ha apoyado a nuestro país, sus condiciones laborales no han mejorado, es decir, ni siquiera han cambiado en un aspecto favorable ya que las y los enfermeros se enfrentan a los sueldos que les ofrecen, pues no son lo suficientemente proporcionales a las actividades que desempeñan pues la mayoría de ellos cobran como técnicos a pesar de contar con un título universitario y algunas cuentan con estudios de posgrado, pero son contratadas con categoría de auxiliares y salarios precarios por la inexistencia de un tabulador unificado a nivel de instituciones gubernamentales y privadas a nivel nacional. A continuación, se presenta a manera de ejemplo el tabulador de sueldos para personal de base del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Tabulador de sueldos para personal de base para el IMSS, https://sntss.org.mx/filesUpdates/tabulador-de-sueldos.pdf

Según el SIARHE de la Secretaría de Salud, actualmente hay 305 mil enfermeras en México, para atender a 128 millones de habitantes. Hay un déficit de 600 mil, con base en los indicadores promedio que marca la OMS. Deben ser 40 enfermeras por cada 10 mil habitantes. México tiene 28 enfermeras por cada 10 mil, y eso en áreas urbanas.

Por otro lado, el Convenio 149 de la OIT fue promulgado desde 1977 y es de suma importancia que México lo ratifique, puesto que desde 1989 los anteriores gobiernos mexicanos se han negado a su ratificación, y es una deuda histórica que el estado tiene con las enfermeras de nuestro país, es necesario que se les haga el reconocimiento a su labor, a su compromiso y profesionalismo, ya que en estos últimos años y tras haber enfrentado una pandemia, nos demostraron la calidad humana y entrega que tienen con toda la población, pues durante más de dos años continúan preservando la salud de las y los mexicanos, sin duda las enfermeras de nuestro país necesitan una justicia laboral que por tantos años se les ha negado.

Incluso, en 2012, la licenciada Eva Reyes Gómez, miembro en ese momento de la Junta Directiva del Consejo Internacional de Enfermeras, intentó impulsar la aprobación de este convenio en beneficio de las enfermeras mexicanas, asimismo, en 2016, el director general del mismo consejo promovió una carta dirigida al entonces presidente Enrique Peña Nieto, haciendo de su conocimiento la importancia de lograr una mejor cooperación entre los gobiernos y promover eficazmente la salud, insistiendo en fortalecer el diálogo y colaboración con la enfermería en el país.

Actualmente, cinco países de Latinoamérica –Ecuador, El Salvador, Guatemala, Uruguay y Venezuela–, a los pocos años de que se emitiera este convenio internacional lograron su ratificación para así poderlo implementar en sus legislaciones nacionales. Incluso recientemente en Colombia el pasado 1 de noviembre, la Comisión Segunda del Senado de la República aprobó por unanimidad el proyecto de ley número 79 de 2022,3 con el que se adopta el Convenio 149 de la OIT haciendo referencia a la protección de los derechos laborales de las enfermeras y así logrando dignificar su noble labor.

De los puntos importantes por destacar del convenio de la OIT se transcriben de manera textual los siguientes artículos, punta de lanza respecto al tema.

Artículo 2.

2. En particular, tomará las medidas necesarias para proporcionar al personal de enfermería:

(a) una educación y una formación apropiadas al ejercicio de sus funciones; y

b) condiciones de empleo y de trabajo, incluidas perspectivas de carrera y una remuneración, capaces de atraer y retener al personal en la profesión.

Artículo 6. El personal de enfermería deberá gozar de condiciones por lo menos equivalentes a las de los demás trabajadores del país correspondiente, en los aspectos siguientes:

• a) horas de trabajo, incluidas la reglamentación y la compensación de las horas extraordinarias, las horas incómodas y penosas y el trabajo por turnos;

• b) descanso semanal;

• c) vacaciones anuales pagadas;

• d) licencia de educación;

• e) licencia de maternidad;

• f) licencia de enfermedad; y

• g) seguridad social.

Con lo anterior y una vez considerado lo establecido en el convenio, el Estado mexicano deberá proporcionar capacitaciones para la formación a las y los enfermeros para un mejor ejercicio de sus labores. Esto quiere decir que contarán con mayores conocimientos y tendrán un mejor desempeño en sus actividades diarias.

Uno de los aspectos más importantes por implantar en el país son las mejoras en sus condiciones de empleo, teniendo como prioridad la mejora en los sueldos que perciben, que sus horarios de trabajo sean acordes con lo establecido en la ley y, en caso de que se les requieran horas extra para finalizar sus actividades, les sean pagadas debidamente. Como vimos, el convenio sugiere, entre otras cosas, las vacaciones anuales pagadas, según lo establecido, se les proporcionarían el número de días establecidos, en el caso de las enfermeras que vayan a ser madres, se les otorguen la licencia por maternidad, a fin de que atiendan durante los tiempos determinados a sus bebés, y claro, no menos importante, que se les proporcione seguridad social, ya que en muchos de los casos esta prestación no les es otorgada, vulnerando su derecho a la salud.

Respecto a la recomendación 157, sobre el personal de enfermería, de la misma OIT, se mencionan aspectos importantes y la forma en que se pudieran operar las mejoras en el aspecto laboral de las enfermeras como lo son la formación dentro del área de enfermería, que tengan un buen desempeño en el ejercicio de sus funciones, es decir que tengan un sueldo digno acorde a las actividades que desempeñan, asimismo, se plantea que tengan acceso a un descanso digno, pues es bien sabido que las jornadas laborales a las que se enfrentan son maratónicas, lo pudimos comprobar durante la pandemia del Covid-19, donde se enfrentaron a un virus jamás conocido, arriesgando su vida y velando siempre por la salud de toda la demás gente que acudían a los centros de salud donde laboraban.

Éstos son solamente algunos ejemplos en los cuales se debe poner mayor atención, la misma recomendación menciona aspectos a tratar como son los ejercicios de profesión y profesionalización, logrando capacitar a todos los profesionistas que se decidan a esta labor, y si se implementa de manera correcta logremos una cooperación a nivel internacional, para tener el intercambio de personal, ideas y conocimientos, logrando mejorar los servicios prestados por el personal de enfermería tanto en México como en el mundo. Sin duda por eso la necesidad de que el estado mexicano cumpla con su obligación y atienda este tema tan importante y necesario para lograr la justicia que tanto merecen.

Sabemos que a partir de la ratificación del Convenio 149, se deberán realizar distintas adecuaciones al marco jurídico que regula este sector laboral que sin duda son necesarias para homologar lo establecido en el criterio internacional con la legislación mexicana, se requerirá de un profundo análisis para lograr los objetivos en beneficio de este sector de la población, pero es importante comenzar a actuar en beneficio de todas ellas, pues es preocupante que no se haya hecho nada por ratificar tan importante ordenamiento para la defensa de los derechos laborales del personal de enfermería de México, pues las condiciones de trabajo en las que nuestras enfermeras han estado durante décadas no puede seguir así, ha sido ya mucho tiempo el que ha pasado y es justo y necesario que obtengan la justicia laboral que tanto han buscado y que, como se había mencionado, no se ha logrado por la falta de voluntad política de los gobiernos neoliberales del pasado.

Por las razones vertidas se someten a consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Senado de la República a ratificar el Convenio 149 de la Organización Internacional del Trabajo, a fin de mejorar las condiciones laborales y de vida para el personal de enfermería que labora en el territorio nacional.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Senado de la República a suscribir la recomendación 157 de la Organización Internacional del Trabajo y establecer así las condiciones de trabajo del personal de enfermería a escala nacional.

Notas

1 La enfermería en México, una profesión con historia, https://insp.mx/avisos/4866-dia-enfermeria-historia.html

2 Licenciada en enfermería Nidia Guadalupe Hernández Yáñez, Historia de la enfermería en México, http://www.aesculapseguridaddelpaciente.org.mx/docs/articulos/HISTORIA- DE-LA-ENFERMERIA-EN-MEXICO.pdf

3 Proyecto de ley número 79 de 2022 Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio 149, sobre el empleo y condiciones de trabajo y de vida del personal de enfermería, adoptado por la sexagésima tercera Conferencia Internacional de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, Suiza, con fecha 21 de junio de 1977. Gaceta del Congreso 891, página 61, del lunes 8 de agosto de 2022.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2022.

Diputada Araceli Ocampo Manzanares (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Segob, a intervenir ante la llegada masiva de caravanas migrantes al estado de Chihuahua, a cargo de la diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La migración es un fenómeno histórico que tiene diversas implicaciones a nivel mundial y nacional. México sigue siendo un país de tránsito y destino, con numerosas realidades. Los cambios políticos, sociales y económicos son parte de las problemáticas que enfrentan las personas que deciden migrar para tener una mejor calidad de vida.

Las caravanas de migrantes han aumentado considerablemente, a su paso y llegada a la frontera norte, requieren de los servicios mínimos. Chihuahua, principalmente Ciudad Juárez como destino, se encuentra colapsada ante la ola de migrantes que en su mayoría buscan llegar a los Estados Unidos.

Ante ello, se solicita que de manera urgente se destinen recursos extraordinarios para su atención, anteriormente se había requerido a través de otro exhorto fuera destinado mayor presupuesto para atender esta emergencia, sin obtener respuesta. Como se manifestó en su momento, las determinaciones del país vecino dieron como resultado la llegada masiva principalmente de ciudadanos venezolanos, lo que afectó el nivel de ayuda para los migrantes.

Maru Campos, Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, ha hecho un llamado urgente a la federación para que se otorguen recursos extraordinarios para atender esta problemática, sin que hasta el momento se visualice la llegada de más presupuesto. Los recursos estatales se agotan y la federación se queda con los brazos cruzados, sin tener la mínima empatía para atender esta situación. Nuestra gobernadora ha anunciado su respaldo para emprender acciones conjuntas con los municipios afectados, apoyando con comida y ropa.

La ayuda humanitaria no alcanza, los servicios como alimentación, atención médica, agua y refugio son lo que más necesitan los migrantes que han sido desplazados de sus lugares de origen, quienes sobreviven en condiciones deplorables. Es la sociedad la que se ha volcado a ayudarlos brindándoles comida y abrigo, pero aún con esto, no es suficiente. Los gimnasios y áreas públicas se han acondicionado para que tenga un lugar que los proteja de las inclemencias del tiempo.

El gobierno federal ha dejado de lado a los migrantes al no poner en marcha acciones específicas para su atención y protección, quienes son revictimizados, mientras siguen siendo utilizados por el crimen organizado. Lamentablemente no es un secreto sino una realidad vergonzosa que el crimen organizado ha estado secuestrando, torturando y desapareciendo migrantes, los casos se multiplican aunado a la arbitrariedad de las autoridades contra ellos, donde se violentan todos sus derechos.

La crisis de servicios sigue agravándose, los albergues se encuentran en su máxima capacidad, vemos en Ciudad Juárez cientos de casas de campaña en donde viven en condiciones deficientes, niñas y niños que requieren las mínimas atenciones por el respeto a sus derechos. Las personas duermen en las calles exponiéndose al clima, mientras la violencia e inseguridad sigue marcando el paso de los migrantes.

De forma incongruente los migrantes son custodiados por la Guardia Nacional, pero aun así, viven extorsiones y malos tratos. El flujo de migrantes sigue activo, en donde minuto a minuto se unen más personas de diversos países.

Este fenómeno se ha extendido a ciudades más lejanas a la frontera, pero que también requieren servicios. En estas semanas la llegada masiva de caravanas migrantes provenientes principalmente de Nicaragua, Venezuela, República Dominicana, Cuba, Ecuador y Panamá, quienes tienen clara su meta, cruzar hacia los Estados Unidos.

Se estima que llegaron en solo un día más de mil doscientos migrantes a Ciudad Juárez y se esperaba que llegaran más del doble en los días subsecuentes, contingentes que se trasladaban en trocas, camiones urbanos, entre otros, y que son dejados a pie de carretera. Mujeres embarazadas, niñas y niños no acompañados, hombres y familias completas que se quedaran varados en espera de tener una oportunidad de cruzar la frontera y que necesitan alimentos, ropa y medicinas.

Es por ello, que nos encontramos en emergencia por la falta de espacios y recursos para atenderlos. La presencia de personal del Instituto de Migración es mínima y los recursos no alcanzan.

Ante ello, solicitamos nuevamente la intervención del gobierno federal a través de las instancias correspondientes, para que atiendan urgentemente este exhorto y que se destinen recursos suficientes ante esta emergencia.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a consideración de este pleno, el presente

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Gobernación intervenga de manera urgente ante la llegada masiva de caravanas migrantes al Estado de Chihuahua, así mismo, reiterar nuevamente la solicitud de recursos económicos extraordinarios que se requieren para su atención.

Palacio Legislativo, a 13 de diciembre de 2022

Diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de las distintas dependencias, agencias y secretarías a su cargo, a reforzar y acelerar la implementación de las acciones destinadas a evitar la extinción de la vaquita marina, a cargo de la diputada Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II y demás aplicables al Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de las distintas dependencias, agencias y secretarías a su cargo refuercen y aceleren la implementación de las acciones destinadas a evitar la extinción de la vaquita marina (Phocoena sinus ) contenidas en el Plan de Aplicación en la Zona de Tolerancia Cero y el Área de Refugio para la Protección de la Vaquita Marina, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Vaquita Marina (Phocoena sinus ) y el pez Totoaba (Totoaba MacDonaldi ) son especies endémicas de México, originarias del Golfo de California o Mar de Cortés, ubicado en los Estados de Baja California, Sonora y Sinaloa. Actualmente ambas especies se encuentran en un estado de suma vulnerabilidad al ser altamente susceptibles a la pesca ilegal.1

La vaquita marina o “cochito” es el único mamífero marino endémico de México, es el cetáceo más pequeño del mundo y lamentablemente el más amenazado de todas estas especies.2

La Totoaba es codiciada para consumo en el sur de China, la vejiga natatoria de este pez conocida como “buche” ha llegado a ser llamada “la cocaína acuática”, ya que se considera que posee facultades curativas para el tratamiento de diversas enfermedades, sin embargo, esta creencia carece de fundamentos científicos. De igual manera su vejiga también es utilizada como objeto de colección, vendida en el mercado negro chino por más de 8 mil 500 dólares americanos el kilo.3

Una de las consecuencias más preocupantes de este contexto no es solo el peligro de extinción en el que se encuentra la totoaba, sino también el peligro latente que enfrenta la vaquita marina.

Actualmente en 2022, solo quedan 10 vaquitas marinas con vida, a diferencia de 2014 donde aún existían 90, la causa principal de esta rápida extinción es la pesca ilegal de totoaba.4 En la búsqueda del “buche” los pescadores utilizan redes agalleras en las que la vaquita marina queda atrapada y finalmente al no poder escapar muere sofocada.5

Además, la pesca ilegal ha evolucionado en diferentes problemáticas una de ellas siendo la involucración del crimen organizado y empresarios en el tráfico de buche. Uno de los casos más importantes fue el del estadounidense Kam Wing Chan quien utilizaba su mueblería en Los Ángeles para traficar totoaba y enjuiciado en 2015.6

Nuestro país ha realizado diversas acciones para atender esta situación, pues desde principios de los años 30 se comenzaron a implementar vedas a la pesca de totoaba, intensificando su alcance con el paso de los años. En 1975 se prohibió totalmente la pesca de esta especie, sin embargo, la problemática continuó con la pesca ilegal y para 1991 la totoaba y por ende la vaquita marina fueron declaradas como especies en peligro de extinción.7

En diciembre de 2017, se llevó a cabo la décima reunión del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA) en ella se incluyeron ciertas recomendaciones para salvar a las vaquitas de la extinción, entre ellas detener toda la pesca dentro de la “zona de exclusión”, que es la zona donde se considera que hay la mayor cantidad de co-ocurrencia de vaquitas y redes agalleras para la pesca de totoabas. Así como incrementar la eficiencia y rapidez de la respuesta hacía actividades ilegales en esta zona a 30 minutos, y negociar un plan de rutas de tránsito adecuado para que la pesca legal se pueda llevar a cabo fuera de la zona de exclusión.8

Fuente: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)

En día recientes, las autoridades internacionales que dan seguimiento a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) pidió urgentemente a México que procure e implemente un plan para la conservación del pez totoaba y la vaquita marina, a no más tardar en febrero de 2023.

La CITES reconoció el esfuerzo de México en la creación de granjas de totoaba donde la especie se puede criar en cautiverio, sin embargo, explicó que estos esfuerzos son insuficientes ya que el buche es la parte del pez más valiosa y no crece de la misma manera en cautiverio, por lo que seguiría existiendo un mercado para la pesca ilegal.9

La CITES es un acuerdo internacional del que México ha sido parte desde el 30 de septiembre de 1991. Está dedicado a que el comercio de especies de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia, y depende de la cooperación internacional para evitar la sobreexplotación.10

Las consecuencias del incumplimiento de esta petición por parte de la CITES podría ser extremadamente dañina para la industria de la acuacultura en México, la cual en años recientes ha alcanzado un crecimiento a tasa media anual de 15% y una producción de 337,018 toneladas en la cual participan alrededor de 56 mil acuicultores que operan las 9230 granjas registradas, lo que representa 22% de la actividad pesquera del país.11

Juan Carlos Vásquez, jefe legal de la CITES expresó que, si México no logra este plan, se podría tomar la medida de parar todo el comercio de productos de especies CITES.12 Estas son alrededor de 38 mil especies, incluyendo algunas subespecies y poblaciones geográficamente aisladas, pero también incluye grupos de especies en su totalidad, como lo son, primates, tortugas marinas, loros, corales, cactus y orquídeas.13

La pérdida de la vaquita marina y la totoaba no tiene por qué ser inevitable, estudios recientes han demostrado que la vaquita no está necesariamente condenada a la extinción.14 Una de las preocupaciones más grandes cuando se trata de la extinción de una especie es la depresión resultante de la endogamia, que puede causar que los esfuerzos para salvarla no funcionen por factores genéticos. Sin embargo, este no es el caso para la vaquita, ya que, debido a su baja diversidad genética, no se encuentra en este peligro. Incluso, los autores de este estudio demostraron que si se termina por completo la pesca de estas especies y no mueren más vaquitas existe solo un 6% de posibilidad de que se extingan.

Ante ello, es de suma importancia que se tomen las medidas necesarias para terminar con la pesca ilegal y el tráfico del pez totoaba, en tanto que México tiene una obligación no solo con diversos instrumentos internacionales de salvaguardar estas especies, sino también consigo mismo y nuestras generaciones futuras.

Estas dos especies son endémicas de nuestro país, su extinción sería una tragedia nacional, sobre todo considerando que si se le brinda la debida importancia a la creación, implementación y seguimiento de un plan apropiado, que involucre medidas de concientización y alternativas eficaces para la pesca legal en las zonas permitidas, la probabilidad de salvar a ambas especies es casi asegurada.

Actualmente, el Gobierno Federal ha desplegado una serie de acciones enfocadas en atender este problema bajo el Plan de Aplicación en la Zona de Tolerancia Cero y el Área de Refugio para la Protección de la Vaquita Marina, publicado El 20 de enero del 2021 en el Diario Oficial de la Federación.

Dentro de este acuerdo se constata la obligación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo rural, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente así como de la Secretaría de Marina a desarrollar y fortalecer las acciones de vigilancia e inspección en el Norte del Golfo de California, con el fin de proteger a la vaquita marina, así como prevenir e inhibir el tráfico ilegal de productos de totoaba y sus derivados, garantizando el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en la materia.

Incluso, el alcance de dicho plan abarca la coordinación e intercambio con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para fortalecer la aplicación de la ley e intercambio de información para perseguir los delitos relacionados con la pesca ilegal de totoaba en el Golfo de México.

Sin embargo, es urgente acelerar y reforzar la implementación de las acciones destinadas a este fin.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de las distintas dependencias, agencias y secretarías a su cargo refuercen y aceleren la implementación de las acciones destinadas a evitar la extinción de la vaquita marina (Phocoena sinus ) contenidas en el Plan de Aplicación en la Zona de Tolerancia Cero y el Área de Refugio para la Protección de la Vaquita Marina, publicado el 20 de enero del 2021 en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. LatinUS. México podría enfrentar sanciones comerciales si no frena el tráfico de totoaba y protege a la vaquita marina: CITES (2022), Recuperado de: https://latinus.us/2022/11/19/mexico-podria-enfrentar-sanciones-comerci ales-si-no-frena-el-trafico-de-totoaba-protege-vaquita-marina-cites/

2. SEMARNAT. Vaquita marina, especie endémica de México(2015). Recuperado de: https://www.gob.mx/semarnat/articulos/vaquita-marina-especie-endemica-d e-mexico

3. BBC Mundo. La totoaba, el pez mexicano cuya vejiga es tan valiosa que la llaman “la cocaína acuática”(2017), Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-39949636

4. National Geographic. Vaquitas marinas: sólo quedan 10, pero la especie podría recuperarse si se termina ahora la pesca ilegal (2022). Recuperado de:

https://www.nationalgeographicla.com/animales/2022/05/va quitas-marinas-solo-quedan-10-pero-la-especie-podria-recuperarse-si-se- termina-ahora-la-pesca-ilegal

5. BBC Mundo. La totoaba, el pez mexicano cuya vejiga es tan valiosa que la llaman “la cocaína acuática”(2017), Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-39949636

6. El Universal. Totoaba: cien años de pesca y tráfico (2019). Recuperado de: https://www.eluniversal.com.mx/mochilazo-en-el-tiempo/totoaba-cien-anos -de-pesca-y-trafico

7. El Universal. Totoaba: cien años de pesca y tráfico (2019). Recuperado de: https://www.eluniversal.com.mx/mochilazo-en-el-tiempo/totoaba-cien-anos -de-pesca-y-trafico y El Universal. Trafican con totoabas, un pez más caro que la cocaína (2016). Recuperado de: https://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/201 6/12/13/trafican-con-totoabas-un-pez-mas-caro-que-la-cocaina

8. Gobierno de México. Décima reunión CIRVA Reporte Final(2017). Recuperado de: https://www.gob.mx/semarnat/documentos/decima-reunion-cirva-reporte-fin al

9. LatinUS. México podría enfrentar sanciones comerciales si no frena el tráfico de totoaba y protege a la vaquita marina: CITES (2022), Recuperado de: https://latinus.us/2022/11/19/mexico-podria-enfrentar-sanciones-comerci ales-si-no-frena-el-trafico-de-totoaba-protege-vaquita-marina-cites/

10. CITES. México. Recuperado de:

https://cites.org/esp/parties/country-profiles/mx

11. Gobierno de México. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Avanza México como una potencia en producción acuícola (2017). Recuperado de:

https://www.gob.mx/agricultura/prensa/avanza-mexico-como -una-potencia-en-produccion-acuicola

12. LatinUS. México podría enfrentar sanciones comerciales si no frena el tráfico de totoaba y protege a la vaquita marina: CITES (2022), Recuperado de: https://latinus.us/2022/11/19/mexico-podria-enfrentar-sanciones-comerci ales-si-no-frena-el-trafico-de-totoaba-protege-vaquita-marina-cites/

13. CITES. Especies CITES. Recuperado de:

https://cites.org/esp/disc/species.php

14. National Geographic. Vaquitas marinas: sólo quedan 10, pero la especie podría recuperarse si se termina ahora la pesca ilegal (2022). Recuperado de:

https://www.nationalgeographicla.com/animales/2022/05/va quitas-marinas-solo-quedan-10-pero-la-especie-podria-recuperarse-si-se- termina-ahora-la-pesca-ilegal

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a 13 de diciembre 2022.

Diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a garantizar el buen funcionamiento del programa Héroes Paisanos, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a garantizar el buen funcionamiento del Programa “Héroes Paisanos”, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El Programa Paisano fue creado en 1989 como resultado de la exigencia de diversas organizaciones sociales de mexicanos que residía en Estados Unidos debido a la problemática que enfrentaban nuestros connacionales en su travesía de regreso al territorio nacional, ya que eran víctimas de abusos, de servidores públicos, este programa consistía en procurar el respeto de los derechos de los mexicanos que residen en el extranjero y regresan a México de forma temporal, por medio de la coordinación de programas y servicios a los que pueden acceder en los consulados y en las representaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en Estados Unidos, así como en su ingreso, tránsito y estancia en México y su posterior retorno.

Desde su creación y hasta la fecha, el Programa Paisano ha funcionado razonablemente bien. Sin embargo, también es necesario señalar que, lamentablemente, a veintinueve años de su creación, la situación no ha cambiado mucho; nuestros paisanos continúan siendo víctimas de extorsión, robo y abuso de autoridad por parte de diversas autoridades mexicanas, desde militares, agentes policiales de todos los niveles de gobierno, hasta agentes migratorios.

A partir de 2019 el programa cambia de nombre por “Héroes Paisanos”, pero su función sigue siendo la misma, además de que informa y orientan a los connacionales que ingresan a México sobre sus derechos y obligaciones, reciben quejas y peticiones, este programa entró en funcionamiento del 29 de noviembre y durará hasta el 31 de diciembre, se involucrarán 40 dependencias de gobierno federal y local, así como 454 observadores.

Los observadores que son personas voluntarias de la sociedad civil elegidas por el programa para vigilar: amabilidad, proactividad, sentido de responsabilidad, puntualidad, vocación de servicio, por lo que pueden ser vigilantes y garantes del buen funcionamiento de este programa del INM.

Es necesario que se garantice el respeto a los derechos humanos de nuestros paisanos que vienen a visitar a sus familias para pasar las fiestas de fin de año, sin que sean víctimas de abuso o actos de corrupción por parte de algún servidor público al ingresas su vehículos, mercancías o actos de discriminación, debemos de recordar que ellos también mantienen la economía de nuestro país con el envío de remesas, que para el primer semestre de 2022 subió un 16.57 por ciento, y a quien el mismo presidente ha agradecido por el envío d dinero a sus familias llamándolos héroes, de ahí nace el cambio de nombre de este programa.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- La honorable Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Gobernación a garantizar la operatividad y funcionamiento del Programa “Héroes Paisanos” durante la temporada vacacional de invierno con la finalidad de salvaguardar la seguridad y derechos de los connacionales durante su ingreso, tránsito, estancia y salida del país.

Notas:

1 Página oficial de INM. https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/programa-heroes-paisanos

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2022.

Diputada Margarita García García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y a la Conanp a declarar área natural protegida, en categoría de área de protección de flora y fauna, a la Laguna de las Ilusiones, en el estado de Tabasco, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de conformidad con sus atribuciones legales, que se declare Área Natural Protegida en categoría de área de protección de flora y fauna la Laguna de las Ilusiones ubicada en el Estado de Tabasco , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Laguna de las Ilusiones es ícono de identidad cultural de la ciudad de Villahermosa y patrimonio ecológico intangible del estado de Tabasco, esta representa una reserva natural urbana que guarda las características endémicas naturales propias de Tabasco.

El ecosistema de la laguna es abundante, porque en ella habitan varias especies de animales como; aves, peces, reptiles, mamíferos y una gran diversidad de flora.

Dentro de los peces, se pueden encontrar el famoso pejelagarto (pez emblemático del estado de Tabasco), la importancia que la laguna de las Ilusiones es la contribución a la regulación del microclima, además por su importancia en la vida silvestre es un centro de esparcimiento y recreo familiar.1

Sin duda, la Laguna de las Ilusiones, es uno de los más bellos e importantes ecosistemas del sur de nuestro país. Tal vez no hay otra ciudad capital en el mundo que tenga en medio de ella una laguna natural donde habiten dos especies tan emblemáticas como los manatíes y los cocodrilos.2

Sin embargo, recurrentes han sido las acciones de quienes de una u otra forma han dañado y contaminado a este cuerpo lagunar. Esta laguna se considera un patrimonio ecológico, que desafortunadamente se oculta una historia de descuido, de contaminación, depredación y deforestación que lo han convertido en un vertedero de aguas negras, que recibe día y noche las descargas de desechos de la ciudad.

Con la conminación a esta Laguna se ha presentado la mortandad de especies protegidas y en peligro de extinción, además en las orillas de la laguna se puede apreciar residuos de basura que arrojan los visitantes, y aunado a esto se ha presentado la caza y pesca clandestina, incendios provocados y deforestación de la poca vegetación que sobrevive en las orillas de este cuerpo de agua.

Además de lo anterior, las nuevas construcciones en el margen de este vaso lagunar le roban cada día más espacio. Se tiene como conocimiento que la laguna se componía de 500 hectáreas, hasta el día de hoy se compone de 250 hectáreas con ello se ha reducido a un 50 por ciento de su tamaño, sin que las autoridades federales, estatales o municipales actúen para protegerla y darle saneamiento.

El motivo de este exhorto es mantener como Área Natural Protegida a la Laguna de las Ilusiones, por su contribución de la biodiversidad, conservar su ecosistema, enfrentar los efectos de cambio climático, salvaguardar la diversidad genética de las especies en el cuerpo lagunar, preservar de manera particular las especies endémicas y raras o que se encuentren en alguna categoría de riesgo.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, define que las Área Natural Protegidas son las herramientas más efectivas para conservar los ecosistemas, permitir la adaptación de la biodiversidad y enfrentar los efectos del cambio climático.

Actualmente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), administra 185 Áreas Naturales Protegidas de carácter federal que representan 90,958,374 hectáreas y apoya 382 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, con una superficie de 623,090.49 hectáreas.3

Además, que las áreas naturales protegidas se encuentran divididas en varias categorías:

• Reservas de la biósfera (44),

• Parques nacionales (67),

• Monumentos naturales (5),

• Áreas de protección de recursos naturales (40),

• Áreas de protección de flora y fauna (8),

• Santuarios (18).

Dando un total de 185 Áreas Naturales Protegidas, es un número muy bajo considerando a México un país megadiverso en áreas naturales. Por la diversidad de ecosistemas que se encuentran en el territorio nacional hacen de él uno de los países más especiales del mundo en términos ecológicos.4

De acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en su artículo 3, numeral II, establece que como Área Natural Protegida (ANP).

II.- Áreas naturales protegidas: Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la presente Ley;

Y en artículo 45 de esta misma ley establece que:

Artículo 45.- El establecimiento de áreas naturales protegidas, tiene por objeto:

I.- Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, así como sus funciones, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos;

II.- Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva; así como asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional, en particular preservar las especies que están en peligro de extinción, las amenazadas, las endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a protección especial;

III.- Asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, sus elementos, y sus funciones;

IV. Proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas y su equilibrio;

V.- Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o nuevas que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional;

VI. Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y aprovechamientos agrícolas, mediante zonas forestales en montañas donde se originen torrentes; el ciclo hidrológico en cuencas, así como las demás que tiendan a la protección de elementos circundantes con los que se relacione ecológicamente el área; y

VII.- Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la recreación, la cultura e identidad nacionales y de los pueblos indígenas.

Además, que en esta misma legislación en su artículo 57 establece que:

Artículo 57.- Las áreas naturales protegidas señaladas en las fracciones I a VIII del artículo 46 de esta Ley, se establecerán mediante declaratoria que expida el titular del Ejecutivo federal conforme a ésta y las demás leyes aplicables.5

Con base a este marco jurídico, se establece necesario considerar la Laguna de las Ilusiones como Área Natural Protegida tipo Área de protección de flora y fauna, describiendo que tiene las características necesarias para enfrentar los efectos del cambio climático y conservar la biodiversidad de este cuerpo lagunar.

Así mismo, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo cuarto del párrafo quinto establece que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”6

Con los artículos citados y como un derecho humano, se implementa una de las principales estrategias que tiene el gobierno federal en proteger la biodiversidad nacional y conservar el equilibrio ecológico de las Áreas Naturales Protegidas.

Es por lo anterior, que se propone exhortar, respetuosamente, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a realizar la declaración la Laguna de las Ilusiones como Área Natural Protegida tipo Área de protección de flora y fauna, con ello, gozar de los programas y recursos federales para su conservación y protección de su flora y fauna.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de conformidad con sus atribuciones legales, que se declare Área Natural Protegida en categoría de área de protección de flora y fauna la Laguna de las Ilusiones ubicada en el estado de Tabasco.

Notas:

1 Laguna de las Ilusiones y su Entorno Urbano. Disponible: https://revistas.ujat.mx/index.php/kuxulkab/article/view/1461

2 La triste historia de la Laguna de las Ilusiones. Disponible en: https://nubedemonte.com/lagunadelasilusiones/

3 Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Disponible en:

https://www.gob.mx/conanp/documentos/areas-naturales-pro tegidas-278226

4 Ibidem.

5 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Disponible:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGEEPA.pdf

6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, 7 de diciembre de 2022.

Diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Lotería Nacional, al Ejecutivo federal, así como a la Mesa Directiva de esta soberanía a llevar a cabo diversas acciones en conmemoración de los 500 años de la fundación de la Primera Villa de Colima, a cargo de la diputada María del Carmen Zúñiga Cuevas, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, María del Carmen Zúñiga Cuevas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, por los que se exhorta a los titulares de la Lotería Nacional y del Ejecutivo federal, así como a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a llevar a cabo diversas acciones en conmemoración de los 500 años de la fundación de la Primera Villa de Colima, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La conmemoración de los hechos históricos y relevantes para la nación, es de vital importancia para el país, pues nos permite conocer nuestras raíces, conservar nuestras tradiciones, comprender nuestra identidad y saber sobre el devenir histórico, el presente punto de acuerdo, se centra en la fundación de la primera Villa de Colima, como un hecho histórico y notorio del país.

De acuerdo con Noé Guerra Pimentel, historiador y miembro del Consejo Ciudadano de Planeación del Instituto de Planeación para el Municipio de Colima (IPCo), el cual proporcionó el texto para la reseña histórica de la fundación de Colima, consultable en el sitio del IPCo, a través de la página www.ipco.gob.mx 2 Texto tomado de la Enciclopedia de municipios de México, de la red mundial de información, del sitio www.e-local.gob.mx, se tiene el siguiente dato:

La Villa de Colima se fundó el 25 de julio de 1523, en un lugar cercano a Caxitlán (en términos de Tecomán). Su fundador fue el capitán Gonzalo de Sandoval, quien recibió de Hernán Cortés órdenes de “buscar un buen sitio y fundar una villa de españoles que debería llamarse Collimán”. El capitán Sandoval localizó este sitio, donde actualmente se encuentra la ciudad de Colima.

El licenciado Lorenzo Lebrón de Quiñones recorrió 200 pueblos de la provincia de Colima de 1551 a 1554, con el carácter de visitador, designado por el rey de España, para suprimir las múltiples injusticias de que eran víctimas los indígenas por los encomenderos españoles. Al licenciado Lorenzo se le llamó el “juez más severo que llegó a estos territorios”, quien además tuvo gran compasión y amor por los indios de estas tierras.

El Padre de la Patria don Miguel Hidalgo y Costilla, se hizo cargo de la parroquia de Colima del 10 de marzo al 26 de noviembre de 1792. Su presencia en Colima fue muy benéfica porque se mejoraron notablemente los servicios religiosos, mereciendo el respeto del clero regular colimense y de la feligresía. El padre Hidalgo frecuentaba a las comunidades indígenas ante lo cual hay fundadas presunciones de que en compañía del padre José Antonio Díaz concibieron grandes proyectos para lograr importantes cambios sociales en la Nueva España.

Los insurgentes Ignacio Sandoval, los Regalado, el lego Gallaga y otros patriotas defendieron la entonces Villa de Colima del asedio de los realistas con un poderoso contingente de luchadores por la libertad.

Colima con el carácter de partido, pertenecía a la Intendencia de Guadalajara cuando se consumó la Independencia el 27 de septiembre de 1821.

El 20 de junio de 1823, el coronel colimense Anastasio Brizuela Comandante de la 21 División de Milicias del Sur, que con anterioridad se había puesto de acuerdo con el ayuntamiento de la Villa de Colima y con los principales vecinos de la población, acordaron la segregación del partido de Colima de la Intendencia de Guadalajara. Finalmente, en 1824 el acta constitutiva de la república federal otorgó a Colima la categoría de territorio federal el 4 de octubre de 1824, separándolo definitivamente de Jalisco.

El 10 de septiembre de 1824, el Congreso federal otorgó a Colima el título de ciudad, lo que causó gran regocijo entre los colimenses.

La Constitución General de la República, promulgada el 5 de febrero de 1857, otorgó al territorio de Colima su categoría de estado libre y soberano. El primer gobernador fue el general Manuel Álvarez.

El licenciado Benito Juárez, presidente de la República, acompañado por miembros de su gabinete permaneció en Colima del 25 de marzo de 1858 al 11 de abril del mismo año, embarcándose en Manzanillo rumbo a Panamá. En esa ciudad nombró ministro de Guerra al general Santos Degollado.

El apóstol de la democracia, don Francisco I. Madero, arribó a Colima el 27 de diciembre de 1909, efectuando un mitin de carácter político en un lugar conocido como “El Rastrillo”, donde arengó al pueblo sobre la importancia del respeto al sufragio y a la democracia política.

El general Juan José Ríos fue el primer gobernante revolucionario que ejerció el poder entre 1914 y 1916, realizando un programa de grandes reformas sociales de importante significado en Colima.

En 1916, Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista y depositario del Poder Ejecutivo, fue invitado por el general Juan José Ríos para inaugurar la biblioteca pública del estado y abanderar el Batallón Rojo que se integró en Colima; este dato, con información proporcionada por Colima-Museo Virtual de Ciudades Hermanas.

Colima, también conocida como “La Ciudad de las Palmeras”, según Terriquez Samano (2012), siendo una de las primeras ciudades fundadas en nuestro país cuenta con una profunda historia que con el tiempo se ha enriquecido de enigmáticos mitos y apasionantes leyendas, perpetuadas en la memoria colectiva de sus habitantes.

Así, Colima cuenta con una extensión de 5 mil 626.9 metros cuadrados y 10 municipios, cuya historia se acentúa en la identidad única del estado, por su riqueza cultural, con la enorme cantidad de monumentos históricos, muchos de ellos prehispánicos, coloniales, modernistas, sus pueblos mágicos, sus artesanías, su gastronomía sin igual, por sus ecosistemas, sus ríos, sus lagunas, sus playas, sus volcanes, su flora y fauna, que hacen de Colima un estado con profunda riqueza natural.

El estado ha sido objeto de una constante inquietud generalizada de estudiosos de diferentes disciplinas por reconocer su patrimonio cultural tangible e intangible, por su patrimonio cultural, sus aristas de turismo, creatividad, tradición, folclor, ecosistemas y riqueza natural, la calidez de su población, que hacen de Colima un estado con una identidad muy valiosa, llena de encantos y talentos auténticos, que inspiran a otros estados y enamoran al resto del país y a los extranjeros que visitan la demarcación.

Conmemorar estos primeros 500 años nos permitirá revisar el devenir histórico a partir del cual se construye la identidad colimense para tener las claves de acceso a la comprensión y valoración de nuestro patrimonio cultural, y poder reforzar desde nuestras raíces el sentido de pertenencia que habrá de brindarnos viabilidad social para crear caminos de paz que nos permitan desde este presente forjar un mejor futuro.

Dado lo anterior, el objetivo del presente instrumento es la conmemoración de los 500 años de la fundación de la primera Villa de Colima, para lo cual se solicita la emisión de un billete de lotería y la emisión de una estampilla postal, conmemorativas de tan importante hecho histórico, así como la celebración de una sesión solemne en el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que deberá tener lugar la última semana de julio de 2023.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que, mediante decreto, a más tardar el 25 de julio de 2023, emita una estampilla postal conmemorativa de los 500 años de la fundación de la Primera Villa de Colima.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones, diseñe y expida un billete de lotería conmemorativo de los 500 años de la fundación de la primera Villa de Colima a más tardar el 25 de julio de 2023.

Tercero. Se exhorta a la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, autorice una sesión solemne y un homenaje en el Palacio Legislativo durante la última semana del mes de julio de 2023, con motivo de la conmemoración de los 500 años de la fundación de la Primera Villa de Colima.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2022.

Diputada María del Carmen Zúñiga Cuevas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativa a garantizar la conectividad y fortalecer la interconexión de redes de telecomunicaciones, para promover la integración de los municipios que conforman la zona norte del estado de Jalisco, a cargo del diputado Gustavo Macías Zambrano, del Grupo Parlamentario del PAN

Gustavo Macías Zambrano , diputado del Grupo Parlamentario del PAN, en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6o, numeral 1, fracción I; y 79 numeral 1, fracción 2, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, me permito poner a consideración de esta asamblea legislativa, proposición con punto de acuerdo relativa a garantizar la conectividad y fortalecer la interconexión de redes de telecomunicaciones, para promover la integración de los municipios que integran la Zona Norte del Estado de Jalisco, de conformidad con los siguientes

Considerandos

Aspecto fundamental para hablar de una democracia representativa es el contacto directo entre sociedad y autoridades. Para la colectividad, es indispensable que sus servidores la atiendan, pero no sólo ello, sino que regresen a los distritos; a los municipios y a las regiones, y esto es lógico, ya que es ahí, donde se conocen de cerca las verdaderas carencias y necesidades de los ciudadanos.

En ese contexto, parte del distrito electoral que me confirió la alta responsabilidad de fungir como legislador federal se encuentra enclavada en la Zona Norte de Jalisco. Con sus 69,932 habitantes (según el Conteo de 2005), la región 01 Norte después de la región 10 “Sierra Occidental” es la región con menor número de habitantes en el Estado de Jalisco, concentrando solo un 1.04 % de la población total de éste con una densidad de 6.78 Hab/km2, siendo su población eminentemente rural, y con la mitad de sus municipios comprendidos en las zonas con mayor índice de marginación. La región cuenta con 1058 localidades, de las cuales 469 corresponden al municipio de Mezquitic, teniendo 1054 localidades de menos de 2500 habitantes, y sólo 4 localidades de más de 2500 habitantes.

Esta zona se integra por los siguientes municipios: Villa Guerrero, Totatiche, Santa María de los Ángeles, San Martín de Bolaños, Mezquitic, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Colotlán, Chimaltitán y Bolaños.

Estamos hablando de una zona plena de misticismo, tradiciones, cultura, y folklore, que sin embargo, presenta muchas carencias y que necesita apoyo para salir adelante.

En ese sentido, en días pasados recibimos una solicitud de autoridades y ciudadanos del Municipio de Huejuquilla el Alto, pidiendo apoyo para que la señal de celular funcione, ya que en dicho municipio está fallando mucho, lo que causa la molestia de la población. Es por ello que piden con insistencia apoyo para que mejore el servicio, dadas las incomodidades que ocasiona la falta de señal, en especial, en una región como la ya descrita.

Al analizar la legislación en cuestión, en este caso, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión encontramos que conforme al artículo 2, las telecomunicaciones constituyen un servicio público de interés general. En la prestación de dicho servicio estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional. El Estado, al ejercer la rectoría en la materia, garantizará la eficiente prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones.

Por su parte, el artículo 9, establece como atribuciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, las siguientes:

XVI. Adquirir, establecer y operar, en su caso, por sí, a través o con participación de terceros, infraestructura, redes de telecomunicaciones y sistemas satelitales para la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión;

XVII. Promover la generación de inversión en infraestructura y servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y satelital en el país;

A su vez, para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la ley señala en su artículo 15, fracción XXXI, que le corresponde realizar las acciones necesarias para contribuir, en el ámbito de su competencia, al logro de los objetivos de la política de inclusión digital universal y cobertura universal establecida por el Ejecutivo Federal; así como a los objetivos y metas fijados en el Plan Nacional de Desarrollo y los demás instrumentos programáticos relacionados con los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones.

Es importante destacar que al regular el espectro radioeléctrico, mismo que conforme al artículo 54 de la ley en cita, es un bien del dominio público de la Nación, cuya titularidad y administración corresponden al Estado, el Instituto perseguirá como uno de los objetivos generales en beneficio de los usuarios: La promoción de la cohesión social, regional o territorial.

Finalmente, al acudir a la ley en comento, es importante destacar que el artículo 119 señala lo siguiente:

Artículo 119. Los concesionarios que tengan redes públicas de telecomunicaciones que presten servicios móviles, celebrarán libremente acuerdos relativos al servicio de usuario visitante en los que establezcan los términos y condiciones bajo los cuales se efectuará la conexión entre sus plataformas para originar o recibir comunicaciones de voz y datos. La celebración de dichos acuerdos será obligatoria para el agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones o a los agentes económicos con poder sustancial, a quienes se les podrá imponer la obligación de suscribir el acuerdo respectivo dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha de la solicitud por parte del concesionario interesado.

El agente económico preponderante o con poder sustancial, estará obligado a prestar el servicio de usuario visitante de manera temporal y exclusivamente en aquellas zonas en las que el concesionario interesado no cuente con infraestructura o no preste el servicio móvil.

En caso de desacuerdo, el Instituto resolverá los términos no convenidos que se susciten respecto del servicio de usuario visitante, buscando, en todo momento, el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones. Por lo que respecta al plazo, el Instituto establecerá el tiempo durante el cual estarán sujetos a la obligación de prestar el servicio de usuario visitante, a fin de que dentro de dicho plazo los concesionarios que no tengan infraestructura desplieguen la misma.

Y en ese tenor, el artículo 124 establece que los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones deberán adoptar diseños de arquitectura abierta de red para garantizar la interconexión e interoperabilidad de sus redes. A tal efecto, el Instituto elaborará los planes a los que deberán sujetarse los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones. Dichos planes deberán considerar los intereses de los usuarios y de los concesionarios, prevaleciendo los de los primeros, teniendo, entre otros, los siguientes objetivos:

- Promover un amplio desarrollo de nuevos concesionarios, tecnologías, infraestructuras y servicios de telecomunicaciones, por medio del despliegue y la inversión en redes de telecomunicaciones y el fomento de la innovación;

• Asegurar la interconexión e interoperabilidad efectiva de las redes públicas de telecomunicaciones;

• Definir las condiciones técnicas mínimas necesarias para que la interoperabilidad e interconexión de las redes públicas de telecomunicaciones se dé de manera eficiente, cumpliendo con los estándares de calidad que determine el Instituto;

• Establecer mecanismos flexibles que permitan y fomenten el uso de nuevas tecnologías en las redes de telecomunicaciones, en beneficio de los usuarios.

De igual forma, el artículo 139 prevé que el Instituto fomente la celebración de convenios entre concesionarios para la coubicación y el uso compartido de infraestructura.

Como podemos apreciar, existe un marco legal sólido y claro, que busca la eficiente prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones; que promueve con la participación de los particulares, el logro de los objetivos de la política de inclusión digital universal y cobertura universal; y que en la regulación del espectro radioeléctrico, se promueva la cohesión social, regional o territorial.

En el caso concreto que se plantea, es claro que no se están cumpliendo dichos fines y objetivos de la ley, por lo que toca a Huejuquilla el Alto y en general, la Zona Norte de Jalisco.

Conviene destacar adicionalmente, que no se está cumpliendo con uno de los apartados fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024:

Cobertura de Internet para todo el país

Mediante la instalación de Internet inalámbrico en todo el país se ofrecerá a toda la población conexión en carreteras, plazas públicas, centros de salud, hospitales, escuelas y espacios comunitarios. Será fundamental para combatir la marginación y la pobreza y para la integración de las zonas deprimidas a las actividades productivas .1

Porque en ese sentido es claro que debemos asegurar medios de comunicación efectivos para los habitantes de la Zona Norte. Que se puedan comunicar a través de las redes de telecomunicación vía aparatos celulares, o bien, mediante otras aplicaciones a través de la red de internet.

Es por ello, que a través de esta proposición con punto de acuerdo, se propone exhortar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que coordinen esfuerzos con los concesionarios que tengan redes públicas de telecomunicaciones que presten servicios móviles, con el fin cumplir con los objetivos de la política de inclusión digital universal y cobertura universal establecida por el Ejecutivo Federal; así como a los objetivos y metas fijados en el Plan Nacional de Desarrollo y los demás instrumentos programáticos relacionados con el sector de telecomunicaciones, en beneficio concreto de los habitantes del Municipio de Huejuquilla el Alto y en general, de los municipios que integran la Zona Norte de Jalisco.

Por otro lado, hablando del tema de internet, recordemos que México cuenta con una Estrategia Digital Nacional que “se ocupa de las necesidades y desafíos digitales en torno a dos ejes de acción: 1) Política Digital en la Administración Pública Federal (APF) y, 2) Política Social Digital para dar cumplimiento al mandato del Art. 6 Constitucional, con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, mismo que se relaciona con el artículo 3o, fracción V, en el que se señala que toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, y tomando en consideración que el derecho humano a la ciencia es articulador de otros derechos.

La EDN centra su razón de ser en la necesidad de orientar el uso y el desarrollo de las TIC al bienestar social del pueblo mexicano con una visión humanista del uso de estas tecnologías y guardando estrictamente los principios de austeridad republicana, transparencia, privilegiando lo público y el uso o desarrollo nacional de tecnologías de acceso abierto. Se enfoca en conducir el potencial transformador de las tecnologías hacia un mayor impacto de los programas sociales y su población beneficiaria, bajo la premisa de que los servicios tecnológicos gubernamentales atiendan “por el bien de todos, primero los pobres”, de tal manera que se logre una transformación positiva y humanista en la forma de gobierno, en la dinámica social y en la economía de las familias mexicanas a partir del uso estratégico de las TIC.

Para garantizar lo anterior, es prioritario cerrar la brecha de acceso a Internet, pues una proporción muy grande de la población mexicana aún no cuenta con este servicio. Este segmento marginado de la población no resulta atractivo para la inversión privada y se encuentra en las zonas periféricas urbanas y en las comunidades rurales más alejadas y pobres del país.

Ante esta situación, la EDN orienta sus objetivos hacia la atención de esas carencias y presenta un cambio de perspectiva en las acciones y en las relaciones entre el gobierno, la industria privada, la comunidad científica y tecnológica, y la sociedad, privilegiando la autonomía, la soberanía y la independencia tecnológicas del Gobierno de México .

Por lo tanto, se concibe un proyecto coordinado y colaborativo entre instituciones públicas gubernamentales, instituciones científicas y de desarrollo tecnológico, organizaciones, empresas, y ciudadanía, que conforme el carácter integral de la política pública de la EDN. La estrategia establece potencializar el acceso y promover el uso responsable e intensivo de las TIC, así como la vinculación y diseminación del desarrollo tecnológico de calidad y la innovación.

Se trata de aprovechar la tecnología como un elemento fundamental de la cultura general de la sociedad; lo que permite combatir la corrupción y aumentar el bienestar social, siempre asegurando los derechos y el bienestar de las personas ”.

Es importante hablar de la Política Social Digital, ya que consideramos que se enmarca perfectamente en la problemática ya expuesta. Ello, ya que “el eje de política social digital tiene como propósito impulsar una nueva vía hacia el desarrollo para el bienestar, con la indispensable participación de la sociedad, sin excluir a nadie y que garantice la conectividad y fortalezca la interconexión de redes gubernamentales para promover la integración de las zonas más pobres y alejadas, así como la garantía del derecho a la información y a las tecnologías de la información y comunicación, a la banda ancha y al Internet. Con ello, es posible que la ciudadanía pueda acceder a servicios de comunicación, culturales y educativos en línea, así como transitar del consumo hacia la generación de contenidos desde múltiples realidades ”.2

Derivado de lo ya expuesto, el Ejecutivo Federal cuenta con la Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT).

Según la información que presenta esta empresa productiva, la misma trabaja en “el programa de inversión denominado: Red Pública de Telecomunicaciones; la cual proveerá de servicios de telefonía móvil y banda ancha que beneficiarán a una población de más de 6 millones de personas en diferentes puntos de la República Mexicana.

La finalidad es ofrecer servicios móviles de banda ancha con tecnología 4G LTE de manera homogénea, continua y no discriminatoria en zonas marginadas de exclusión digital. Este proyecto considera una inversión de 8 mil 710 MDP... el incremento de la cobertura de servicios de telecomunicaciones en el territorio nacional será aproximadamente en 26 mil localidades, incluyendo 173 cabeceras municipales ”.

El director general del organismo en comento también ha dado a “conocer el programa de inversión: Red Nacional de Acceso y Agregación de Internet para Todos, que contará con una inversión de 6 mil 859 MDP, que beneficiará aproximadamente a 62 millones de habitantes, más de 3 mil localidades y 15 mil 500 entidades federativas además de hospitales, escuelas, bancos de Bienestar, centros Telecom y oficinas federales .

Este programa plantea la adquisición de equipo de transmisión de servicio a través de Fibra Óptica, lo que permitiría generar de forma oportuna una red de gran capacidad que cubrirá la necesidad de conectividad a nivel nacional, y con ello estrechar la brecha tecnológica entre comunidades desconectadas, llevando comunicaciones de calidad a cada rincón del país...

En este sentido, el objetivo de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos es aprovechar las ventajas que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación para contribuir con la disminución de la desigualdad, es decir, propiciar el uso igualitario y equitativo de las TIC como derecho humano, dar prioridad a los sectores más vulnerables para hacer posible la inclusión digital y llevar los programas de bienestar social a las poblaciones más vulnerables ”.3

Consideramos que los municipios a los que hemos hecho referencia cumplen con la característica de contar con población vulnerable, en concreto, la perteneciente a pueblos originarios, así como de tratarse de comunidades desconectadas que requieren comunicación de calidad. Es por lo anterior, que se propone exhortar a la Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT), para que considere a los municipios que integran la Zona Norte del Estado de Jalisco, como zonas prioritarias en el marco de los programas de inversión: Red Pública de Telecomunicaciones y Red Nacional de Acceso y Agregación de Internet para Todos.

Finalmente, nos referimos al Programa de Conectividad en Sitios Públicos, mismo que conforme a la información presentada, constituye una herramienta de política pública para concretar la visión del Gobierno de México de promover el bienestar de la población a través del uso de aplicaciones y servicios digitales en todo el territorio nacional.

“Este Programa en conjunto con el resto de los proyectos y programas impulsados por el Gobierno de México, forma parte de la Política de Inclusión Digital Universal (PIDU) para avanzar Juntos por la Transformación e Inclusión Digital del país. La presente administración se ha propuesto generar bienestar para toda la población, en especial para quienes están en alguna situación de vulnerabilidad. En este sentido, las comunicaciones y el Internet son herramientas fundamentales para su logro. El énfasis que la actual administración ha puesto en cerrar la brecha digital existente responde a una visión orientada a aprovechar las comunicaciones y las tecnologías de la información como habilitadoras de bienestar y de igualdad de oportunidades. A través de la conectividad en sitios públicos se hace realidad esta visión de justicia social y se acerca la banda ancha y el Internet a todas las personas, comunidades y grupos sociales. El Programa de Conectividad en Sitios Públicos facilita el acceso, disponibilidad y asequibilidad a las nuevas tecnologías para derribar las barreras históricas que han impedido a una buena parte de la población hacer uso de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, así como las tecnologías de la información ”.4

Continuando con la información que presenta el Gobierno Federal, el Programa de Conectividad en Sitios Públicos impulsa la cobertura universal significativa y útil, para que todas las personas y las comunidades que concurren a los sitios públicos identificados cuenten con la conectividad y acceso a diversas aplicaciones y servicios.

Al conectar espacios en donde se llevan a cabo actividades y programas públicos, se fomenta que la conectividad genere bienestar para quienes más lo necesitan. De acuerdo con la legislación vigente, los sitios públicos se identifican como: escuelas, universidades y, en general, inmuebles destinados a la educación; clínicas, hospitales, centros de salud y, en general, inmuebles para la atención de la salud; oficinas de los distintos órdenes de gobierno; centros comunitarios; espacios abiertos tales como plazas, parques, centros deportivos y áreas públicas de uso común; y otros espacios utilizados para los diferentes programas públicos –tales como los Centros Integradores del Desarrollo (CID-Bienestar).

Corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de la Subsecretaría de Comunicaciones, identificar los inmuebles en donde se podría ofrecer conectividad de banda ancha e Internet de manera gratuita en sitios públicos que han incorporado las Secretarías de Bienestar, Educación y Salud del Gobierno Federal a bases de datos. Estos inmuebles, de acuerdo con estas dependencias solicitantes, requieren conectividad en el corto plazo. En conjunto, se identificaron 112,706 sitios públicos por conectar. De este universo, 19,041 sitios fueron clasificados como prioritarios, ya que se encuentran en localidades con alto y muy alto grado de marginación en donde viven a 4.8 millones de mexicanos. Del universo de 13,500 localidades que contarán con Centros de Integración para el Desarrollo anunciados por la Secretaría del Bienestar, se han incorporado al Programa 11,2501, sitios que ya se encuentran en operación.

Nuevamente, requerimos un mayor impulso de este programa en la Zona Norte de Jalisco. Insistimos, estos municipios requieren mayor cantidad de sitios públicos identificados que cuenten con la conectividad y acceso a diversas aplicaciones y servicios, para generar bienestar entre quienes más lo necesitan.

Como destacábamos, buscamos que se eficienten las telecomunicaciones en los municipios ya descritos, pero a la vez, que a través del internet, los habitantes de esta zona tengan una mayor conectividad.

Por ello, proponemos exhortar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para que considere mayor cantidad de sitios públicos de los municipios de la Zona Norte del Estado de Jalisco, en el Repositorio Único de Sitios Públicos Conectados y por Conectar, dentro del Programa de Conectividad en Sitios Públicos.

Con lo anterior, considero que se da una respuesta viable a las legítimas demandas de la población del Municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco, y en general, de los municipios que integran la Zona Norte de Jalisco, ante sus problemas de conectividad y telecomunicaciones. Corresponde ahora al Ejecutivo Federal, a través de las dependencias y entidades competentes, el hacer cumplir la ley y demás programas, planes y estrategias derivadas que buscan garantizar la conectividad y fortalecer la interconexión de redes para promover la integración de las zonas más pobres y alejadas.

Con esta propuesta, manifiesto una vez más que estoy convencido de la necesidad de orientar el trabajo de la Cámara de Diputados hacia la búsqueda de condiciones de prosperidad para los municipios y regiones de Jalisco, así como de las demás entidades federativas, porque sólo volteando los ojos hacia los mexicanos que ahí habitan, se logrará un verdadero desarrollo regional, justo y equitativo en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de esta asamblea legislativa la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Gírese atento y respetuoso oficio a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Poder Ejecutivo Federal, así como al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que coordinen esfuerzos con los concesionarios que tengan redes públicas de telecomunicaciones que presten servicios móviles, con el fin cumplir con los objetivos de la política de inclusión digital universal y cobertura universal establecida por el Ejecutivo Federal; así como a los objetivos y metas fijados en el Plan Nacional de Desarrollo y los demás instrumentos programáticos relacionados con el sector de telecomunicaciones, en beneficio concreto de los habitantes del Municipio de Huejuquilla el Alto y en general, de los municipios que integran la Zona Norte de Jalisco.

Segundo. Gírese atento y respetuoso oficio a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Poder Ejecutivo Federal, para que considere mayor cantidad de sitios públicos de los municipios de la Zona Norte del Estado de Jalisco, en el Repositorio Único de Sitios Públicos Conectados y por Conectar, dentro del Programa de Conectividad en Sitios Públicos.

Tercero. Gírese atento y respetuoso oficio a la Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT), para que considere a los municipios que integran la Zona Norte del Estado de Jalisco, como zonas prioritarias en el marco de los programas de inversión: Red Pública de Telecomunicaciones y Red Nacional de Acceso y Agregación de Internet para Todos.

Notas:

1. Ver: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/ 2019#gsc.tab=0

2. Ver: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5628886&fecha=06/09/2021 #gsc.tab=0

3. Ver: https://app.cfe.mx/Aplicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=2540

4. Ver: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/515841/
PROGRAMA_DE_CONECTIVIDAD_EN_SITIOS_P_BLICOS.pdf

Ciudad de México, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2022.

Diputado Gustavo Macías Zambrano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Obras y Servicios a llevar a cabo las acciones legales correspondientes, a efecto de prevenir, vigilar y sancionar, en su caso, el robo y compra de coladeras, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada federal Ana Karina Rojo Pimentel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Que el Código Penal de la Ciudad de México señala en el artículo 224, que se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando el robo se cometa en contra del equipamiento y mobiliario urbano de la Ciudad de México.

Se entiende por equipamiento urbano el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario urbano, destinados a prestar a la población servicios públicos, de administración pública, de educación y cultura; de comercio, de salud y asistencia; de deporte y de recreación, de traslado y de transporte y otros, para satisfacer sus necesidades y su bienestar.

Que se ha vuelto un riesgo para la ciudadanía el caminar libremente por las calles y avenidas de esta ciudad, ya que el robo de la infraestructura hidráulica se ha vuelto un negocio para los delincuentes al vender estas tapas o alcantarillas de coladeras a diferentes locales que se dedican a la compra de fierro viejo a muy bajo precio, pero con un grave riesgo para peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas de la Ciudad de México.

De acuerdo con datos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en las 16 alcaldías de la capital hay al menos 470 mil 413 pozos de visita, rejillas de piso y coladeras pluviales y aunque desde hace unos años se usa polímero reciclado los casos de robo han ido en aumento.

Tan solo en 2022, Sacmex reportó el robo de 361 pozos de visita y 187 rejillas, un total de 548 piezas, un aumento de 416 por ciento en comparación con el 2018.1

Cada año, el gobierno de la Ciudad de México tiene que reponer alrededor de mil coladeras que son robadas de la vía pública, se ha convertido en un negocio para los delincuentes, que se sirven de la oscuridad de la noche para cometer este robo, cargándolas en diablitos, las llevan a vender a depósitos de desperdicios industriales, a sabiendas de que los dueños incurren en un delito, ya que muchas de estas tapas tienen grabado el logotipo de la CDMX. Es justo aclarar que no todos los establecimientos de desperdicio industrial aceptan comprar mobiliario público, por las sanciones a las que se harían acreedores si se les encontrara en una de las inspecciones que realizan las alcaldías a dichos establecimientos.

De acuerdo con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), a finales de 2017 en las 16 alcaldías había 244 mil 965 coladeras de fierro fundido, policoncreto, concreto, hierro dúctil y polietileno de alta densidad; de éstas, durante los últimos tres años se han tenido que sustituir 3 mil 792 y sólo hasta noviembre de 2021 se habían repuesto mil 712. A pesar de que sólo representan 1.55 por ciento del total de coladeras que hay en la capital, el monto para sustituirlas ha alcanzado sumas millonarias.2

Lo más lamentable, el daño que causa a las personas que circulan y que desafortunadamente llegan a causarles daños físicos como materiales, provocado por el escaso cuidado de las autoridades encargadas para prevenir y sancionar estas conductas que tanto dañan a la población; por la venta de estas alcantarillas, el delincuente llega a conseguir en el mercado negro la cantidad que oscila de entre 250 a 400 pesos, ya que el precio de compra por kilo en estos establecimientos varia de entre 3.50 y 5.00 pesos, por el promedio de 50 kilógramos de peso de este bien público.

En contraste, el costo de la reposición de coladeras de los últimos tres años alcanzó los 9 millones 677 mil 337 pesos, de los que 4 millones 800 mil 488 pesos se habían gastado a noviembre de 2021, lo que representa el 49.61 por ciento, es decir, casi la mitad de lo invertido de 2019 a la fecha. Los costos de reposición incluyen también los salarios de una cuadrilla de seis trabajadores en promedio, así como el material utilizado para su colocación.3

Desafortunadamente, este delito no solo afecta a los bienes públicos de la ciudad, sino también a varias personas que han caído y no solamente se han lesionado al golpearse o sufrir al hundirse en el fango y la basura, también han perdido la vida, como el caso de las hermanas Sofía y Esmeralda al caer a una coladera sin tapa en rio Piedad y Añil, como también la señora que se lesionó en calles de la Colonia Morelos al caer en una coladera sin tapa. Asimismo, y sin medida de comparación, el daño que sufren los ciclistas y automovilistas al causarles daño a su transmisión, dirección y pinchaduras por caer en estas coladeras descubiertas.

Por lo anterior; es apremiante que las autoridades de la Ciudad de México, realice operativos para capturar y detener a estos delincuentes y de inspección a los depósitos de compra de desperdicios industriales, sancione y clausure estos negocios donde se detecte la compra de coladeras y tapas de fierro, para que en consecuencia la población se encuentre lo más protegida en las calles y avenidas de esta ciudad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- Que esta honorable Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX, para que, en el ámbito de sus competencias, se lleven a cabo las acciones legales correspondientes, a efecto de prevenir, vigilar y sancionar, en su caso, el robo y compra de coladeras.

Notas:

1 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/cual-es-condena-robo-tapas-colad era-cdmx/1551882

2 https://www.milenio.com/politica/cdmx-robo-coladeras-negocio-ilegal-per didas-4-mdp

3 idem

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 8 de diciembre 2022.

Diputada Ana Karina Rojo Pimentel (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC, a la FGR, a la Semarnat y al INPI a tomar medidas necesarias para prevenir los asesinatos de las personas medioambientalistas y apegarse al Acuerdo de Escazú, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Salvador Caro Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXV Legislatura, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

En 2021, México fue el país con más agresiones y asesinatos de activistas medioambientales en el mundo por tercer año consecutivo. Por lo tanto, es una prioridad para las y los mexicanos prevenir los asesinatos de las personas medioambientalistas y apegarse al Acuerdo de Escazú, al permitir los derechos de acceso en asuntos ambientales de la ciudadanía mexicana, particularmente de las poblaciones indígenas y los grupos en situación vulnerable.

Contexto nacional.

El número de asesinatos a medioambientalistas en México en 2021, 54 lamentables casos, representa más de un cuarto de los asesinatos por este motivo documentados en el mundo, según el Reporte de Defensores Ambientales de la organización Global Witness:

En los últimos diez años, el país [México] se ha convertido rápidamente en uno de los lugares más peligrosos para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, con 154 casos documentados durante este período. La mayoría de los asesinatos (131) ocurrieron solo entre 2017 y 2021.1

Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), 2021 también representó el año con más violencia en contra de los medioambientalistas , ya que hubo un total de 108 eventos de agresión2 registrados, 64% más que en 2020. Entre los tipos de agresiones con mayor repetición en el país se encuentran la intimidación, el hostigamiento y las amenazas,3 como se muestra a continuación:

Esto afecta principalmente a las personas que pertenecen a grupos en situación vulnerable, como las mujeres, las cuales siendo activistas también son víctimas de violencia por razón de género, o las personas provenientes de pueblos indígenas, cuyas tradiciones y espiritualidad tienen base en la tierra y su protección.

Medioambientalistas indígenas en riesgo

Las personas indígenas que luchan por la preservación del medio ambiente se encuentran en una posición particular, ya que sus derechos son vulnerados al dañar la tierra que habitan, por ejemplo, con la construcción de megaproyectos, poniéndolas en un riesgo más alto. Por lo cual, representan el grupo más agredido de activistas por el medio ambiente.4 Global Witness documentó que más de 40% de las personas medioambientalistas asesinadas eran indígenas, de las cuales más de un tercio vivió desaparición forzada.5 Del mismo modo, el CEMDA identificó que, de las 238 agresiones individuales registradas, 98 fueron en contra de integrantes o comunidades indígenas.6

Esto ocurre principalmente porque las organizaciones delictivas como el Cártel Jalisco Nueva Generación han tomado provecho. Al diversificar sus actividades económicas, ejercen violencia contra las comunidades indígenas que defienden sus tierras y, al desarrollarse en sectores económicos ilegales, no hay regulaciones que limiten sus acciones.7 Esto ha ocurrido principalmente en el sector minero, el cual fue el sector más involucrado en agresiones contra medioambientalistas.8

La especialista Adriana Cadenas explica un caso en el que se usa a la delincuencia organizada para amedrentar.

[La compañía minera] se ha coludido, ha llamado a los servicios de la delincuencia organizada como brazo armado para poder amedrentar, amenazar a la población que está en contra de estas operaciones de la mina, para amenazarlos e intimidarlos y que desistan de esta defensa.9

Entre los casos relacionados con estas operaciones mineras, se encuentra el de José Santos Isaac Chávez, un abogado que realizó la denuncia de las afectaciones ambientales de un proyecto minero e impulsó la defensa de las tierras de su comunidad. Lamentablemente, fue hallado sin vida en abril del 2021 con signos de tortura dentro de su coche, el cual fue arrojado a un precipicio.10

Desgraciadamente, estos casos tienen raíces más profundas, ya que ven involucrados a diversos actores, no sólo los cárteles, entre los cuales se encuentran los gobiernos corruptos que promueven la impunidad.

Impunidad y colusión con el narco

Un problema que enfrentan estos crímenes en el país es la impunidad y la falta de acción de las instituciones gubernamentales, ya que de cada 100 delitos que se denuncian sólo 14 son resueltos. Esto se debe a omisiones e ineptitud de las instituciones a cargo, o a la colusión de éstas con los grupos delictivos.11

Como un ejemplo de esto se encuentra el caso de Celedonio Monroy Prudencio, quien fue víctima de desaparición forzada en octubre de 2012, por oponerse a la misma industria minera que José Santos Isaac Chávez, mencionado líneas arriba. De la investigación que produjo su desaparición, actores independientes llegaron a la conclusión de que las operaciones mineras de la Planta Peña Colorada se mantienen debido al narcotráfico, al cual se debe seguir combatiendo.12

Al cumplirse un año de su secuestro, se inició el juicio de amparo 1645/2013,13 en el cual el Juez Segundo de Distrito de Colima concedió la suspensión de plano de los actos reclamados consistentes en la extracción violenta e ilegal y la desaparición forzada del señor Monroy, así como la violación de los artículos 1, 14, 16, 18, 19 y 22 constitucionales por parte de las autoridades responsables, donde se establece que las personas tienen derecho de no ser privadas de su libertad, de no ser víctimas de tortura y de tener pleno acceso a sus derechos humanos.

En la sentencia del juicio de amparo con número de expediente 1645/ 2013 señala:

Asimismo, se les requiere para que en caso de que sea procedente, se lleve a cabo la reparación a las víctimas, toda vez que conforme al marco de los artículos 1, numeral 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los familiares de las víctimas tienen el derecho, y los Estados la obligación, a que los hechos sean efectivamente investigados por las autoridades estatales y, en ese sentido, a conocer la verdad de lo sucedido; en este contexto, el derecho a conocer la verdad en casos de desaparición forzada de personas, implica el derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos; el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o de sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes , a través de la investigación y el otorgamiento de una justa reparación.

Aunado a lo anterior, la duración de las consultas es de hasta tres años, lo que genera incentivos perversos para los actores involucrados, los cuales evaden el acto a toda costa, principalmente mediante acuerdos corruptos con las autoridades.14

Por otro lado, para la aprobación de proyectos, el artículo 2 constitucional y los artículos 4 y 5 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas establecen que es un derecho de los pueblos indígenas ser consultados en los planes de desarrollo que sean susceptibles de afectar los derechos de los pueblos, ya sea a nivel nacional, estatal o municipal, promoviendo sus derechos y participación.15

Sin embargo, el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo menciona que hay diversos problemas al ejercer consultas, si es que se llegan a hacer (porque es normal que se ignore totalmente este derecho). Es común que participen pocas mujeres, lo cual no es representativo de la población indígena a la que se está afectando. Del mismo modo, normalmente se ejerce presión, con violencia verbal, psicológica o física y con asesinatos, para obtener el consentimiento al proyecto, aprovechando la asimetría de poder entre las comunidades indígenas y las partes promotoras, las cuales comúnmente están involucradas con el gobierno o el narcotráfico.16

Ante este problema, al cual se enfrentan diferentes países de América latina y El Caribe, se propuso un acuerdo regional que promoviera la justicia ambientalista y trabajara por el bienestar de las personas de la región.

Papel del gobierno y el Acuerdo de Escazú

El 22 de abril de 2021 entró en vigor el acuerdo regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como el Acuerdo de Escazú. Es el primer tratado regional ambiental y de derechos humanos en América Latina y el Caribe, y el primer instrumento legalmente vinculante en el mundo que incluye disposiciones sobre personas defensoras ambientales.17 Se originó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible conocido como Rio+20, y se fundamenta en el Principio 10 de la Declaración de Desarrollo Sostenible sobre el Medio Ambiente de 1992, también conocida como Declaración de Río:

Principio 10. El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados , en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.18

El Acuerdo de Escazú garantiza el derecho de acceso en asuntos ambientales , lo que implica acceder a la información, el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones y el derecho al acceso a la justicia. Asimismo, requiere a los Estados que prevengan e investiguen los ataques contra las personas defensoras ambientales.19

Artículo 9. Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales

1. Cada parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad .

2. Cada parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para ejercer los derechos de acceso, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de dicha Parte en el ámbito de los derechos humanos, sus principios constitucionales y los elementos básicos de su sistema jurídico.

3. Cada parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente Acuerdo.20

Si bien México ratificó el Acuerdo de Escazú en enero de 2021, existe poca capacidad estatal y disposición de las autoridades para apoyar a las personas defensoras, disminuyendo la probabilidad de que las personas y las comunidades obtengan acceso a la justicia y reparación.21 El gobierno federal ha negado en diferentes ocasiones los derechos de las personas medioambientalistas y ha deslegitimado su lucha actuando en contra de los intereses comunes:

• El presidente López Obrador se ha pronunciado en contra de las personas activistas, al declarar que “el neoliberalismo alentó al feminismo y el ecologismo” y acusar a los movimientos sociales de haber impulsado derechos humanos para desviar la atención de las personas sobre la corrupción.22

• Se disminuyó el presupuesto para mitigar el cambio climático por cuatro Presupuestos de Egresos de la Federación consecutivos, como plantea la Organización Causa Natura:

Ya en la administración de Andrés Manuel López Obrador, el presupuesto disminuyó aún más en 2019 y 2020. El presupuesto ambiental de 2020, que fue de 29 mil 869 millones de pesos, representó apenas el 43 por ciento del monto asignado en 2015. En el 2021, tras la pandemia, hubo una recuperación mínima, al alcanzar 31 mil 020 millones, mientras que para el 2022 se alcanzaron 40 mil 945 millones de pesos.23

Si bien en 2022 se alcanzaron los niveles previos a la Cuarta Transformación, para el Presupuesto de Egresos 2023 se tiene contemplado el monto más alto en la historia para el rubro ambiental. Sin embargo, los recursos se concentrarán en la Comisión Nacional de Agua, la cual recibirá 49% más presupuesto para la inversión de infraestructura pública, principalmente de presas,24 los cuales son megaproyectos que ponen en riesgo a la ciudadanía.

• Se publicó el acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional del 22 de noviembre del 2021,25 mediante el cual se negaron de iure los derechos al territorio y la autonomía de los pueblos indígenas y comunidades. Del mismo modo, se negaron mecanismos construidos para garantizar los derechos de información y participación, como es la Evaluación de Impacto Ambiental.26

• Se anunció la desaparición del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) el 17 de diciembre del 2021 como parte de una reforma administrativa que se mantiene en curso.27 Ante esto, diversas organizaciones de la sociedad civil manifestaron su descontento en un comunicado, al defender que se perderá capacidad de investigación para mitigar el cambio climático.28

• Se publicó el comunicado. ¿Dónde estaban los pseudoambientalistas cuando hace años empezó la verdadera devastación del sureste de México? Por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 25 de marzo del 2022, el cual es claramente violento hacia las personas activistas, ya que las responsabiliza de diversas atrocidades medioambientales en el Sureste de México,29 buscando cierta legitimidad para su propio megaproyecto.

Derecho Internacional

En la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la cual fue ratificada por el Estado Mexicano se establece el derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza .

Principio 1. (...) Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.30

Sumado a lo anterior el Principio 10 establece que la mejor manera de gestionar los asuntos ambientales es contar con la participación de todos los ciudadanos.31

La declaración también prevé la participación especifica de grupos de la sociedad en defensa del medio ambiente.

Principio 20. Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo . Es, por tanto, imprescindible contar con su plena participación para lograr el desarrollo sostenible.32

Principio 22. Las poblaciones indígenas y sus comunidades , así como otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible .33

Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, adoptó la resolución A/HRC/40/L.22/Rev.1 “Reconocimiento de la contribución que hacen los defensores de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente al disfrute de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible”34 y que para su resolución se fundamentan en la Carta de las Naciones Unidas; la Declaración Universal de Derechos Humanos; los Pactos Internacionales de Derechos Humanos; la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; el Acuerdo de París; el Convenio sobre la Diversidad Biológica; la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; la resolución 70/1 de la Asamblea General, de 25 de septiembre de 2015; la resolución 53/144 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1998, resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 22/6, de 21 de marzo de 2013; entre otras.

La resolución A/HRC/40/L.22/Rev.1; reconoce el trabajo de las personas activistas medioambientales, destacando su importante contribución, e incluso señala que estos son los más expuestos y los que corren mayores riegos.

Reconociendo que los defensores de los derechos humanos hacen una contribución positiva, importante y legítima a la promoción y protección de los derechos humanos relativos al disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, y profundamente preocupado porque los defensores de los derechos humanos que se ocupan de cuestiones relativas al medio ambiente, conocidos como defensores de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente, figuran entre los que están más expuestos y corren mayores riesgos (...).

Alarmado por el hecho de que los defensores de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente, incluidas las mujeres y las personas indígenas, y los defensores de los derechos humanos que se ocupan de cuestiones relacionadas con los derechos sobre la tierra, así como sus familiares, comunidades, asociados y representantes legales, son cada vez más víctimas de asesinatos, actos violentos, incluidos actos de violencia de género, amenazas, actos de acoso, intimidaciones, campañas de difamación, actos de criminalización y acoso judicial, desalojos forzosos y desplazamientos , según han informado la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y otros procedimientos especiales (...)35

Ante la alarmante situación que viven los activistas medioambientales la misma resolución señala:

2. Destaca que debe garantizarse a los defensores de los derechos humanos, incluidos los defensores de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente, un entorno seguro y propicio que les permita llevar a cabo su labor sin obstáculos ni inseguridad, en reconocimiento de que prestan una ayuda importante a los Estados para que cumplan las obligaciones que les incumben en virtud del Acuerdo de París y lleven a la práctica la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (...)36

14. Exhorta a los Estados a que:

(...)

f) Promuevan un entorno seguro y propicio en el que los individuos , los grupos y los órganos de la sociedad, incluidos los que se ocupan de los derechos humanos y las cuestiones ambientales, incluida la diversidad biológica, puedan actuar sin violencia, amenazas, trabas ni inseguridad ;37

En concordancia con la resolución anterior, el “Informe del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible”,38 señaló que los Estados deben prestar especial atención a los defensores del medio ambiente por lo tanto deben dar prioridad a las medidas que tengan que protejan a los defensores de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente estableciendo normas que atajen las causas fundamentales de la violencia contra estos y apoyen su labor.

Derecho Nacional

En primer lugar, es importante señalar que el derecho a un medio ambiente sano está consagrado en la Carta Magna.

Artículo 4.- (...)

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. (...)39

Aunado a lo anterior, al ser un derecho humano, su protección también se encuentra prevista en el artículo 1 de la Carta Magna, en el que también se establecen las obligaciones generales y específicas de todas las autoridades del Estado mexicano.

Por otro lado, a partir de 2012 el Estado mexicano cuenta con la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en la cual se subraya que al ser el medio ambiente sano un derecho humano elevado a rango constitucional, las personas que lo defienden son sujetos de derecho de esta ley, la cual tiene por objeto:

Artículo 1.- (...) tiene por objeto establecer la cooperación entre la federación y las entidades federativas para implementar y operar las medidas de prevención, medidas preventivas y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos , y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

Esta ley crea el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos.40

Si bien la citada ley crea mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, lo cuestionable de esto es si dicho mecanismo ha servido o sólo es una simulación que poco ha hecho para defender y proteger a los activistas medioambientalistas.

Cabe mencionar que el artículo 20 Bis 8 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales promueve el proceso de consulta y participación de las comunidades indígenas y afromexicanas .

Artículo 20 Bis 8.- La Secretaría promoverá el proceso de consulta previa, libre e informada y la participación de las comunidades indígenas y afromexicanas, las comunidades equiparables y de los propietarios y poseedores de la tierra en los procesos de elaboración, observancia, revisión y modificación de los Ordenamientos Ecológicos Territoriales, Ordenamientos Ecológicos Regionales y Ordenamientos Ecológicos Locales.41

Solución al problema

De este modo, la honorable Cámara de Diputados puede intervenir de forma significativa al exigir a los titulares de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a tomar las medidas necesarias para prevenir los asesinatos de las personas medioambientalistas, al apegarse al Acuerdo de Escazú y permitir los derechos de acceso en asuntos ambientales de la ciudadanía mexicana, particularmente de las poblaciones indígenas.

Por lo expuesto anteriormente, se somete a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- La honorable Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República, a que promuevan el trato digno a las personas medioambientalistas y se apegue al artículo 9 del Acuerdo de Escazú, el cual establece en su inciso 3, que se deberán tomar las medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones hacia las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.

Segundo.- La honorable Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales restablecer el INECC y el IMTA para apegarse al artículo 6 del Acuerdo de Escazú, el cual establece en su inciso 3, que se deberán de contar con sistemas de información ambiental actualizados y promover la investigación.

Tercero.- La honorable Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a establecer un proceso único que sea justo, transparente y replicable en la realización de consultas indígenas.

Notas:

1 Global Witness (oct, 2022). “Una década de resistencia. Diez años documentando el activismo por la tierra y el medio ambiente en el mundo”. Global Witness. Recuperado el 5 de diciembre del 2022 de: https://www.globalwitness.org/es/decade-defiance-es/

2 Un “evento de agresión” implica un conjunto de agresiones realizadas en un mismo espacio y tiempo. CEMDA (2022). “Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2021”.. CEMDA Recuperado el 5 de diciembre del 2022 de:

https://www.cemda.org.mx/publicaciones-y-estudios-del-ce mda/cemda-informe-2021/

3 Ibid.

4 CEMDA (2022). “Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2021”. CEMDA. Recuperado el 5 de diciembre del 2022 de: https://www.cemda.org.mx/publicaciones-y-estudios-del-cemda/cemda-infor me-2021/

5 Global Witness Op. cit.

6 CEMDA Op. cit.

7 Global Witness Op. cit.

8 CEMDA Op. cit.

9 Zerega, Georgina (28 de septiembre del 2022). “México se convierte en el país más mortífero para los ambientalistas con 54 asesinados en 2021”. El País. Consultado el 5 de diciembre del 2022, de: https://elpais.com/america-futura/2022-09-29/mexico-se-convierte-en-el- pais-mas-mortifero-para-los-ambientalistas.html

10 CEMDA Op. cit.

11 Impunidad Cero (2022). “El tamaño de la impunidad en México”. Impunidad Cero. Consultado el 8 de diciembre del 2022, de: https://www.impunidadcero.org/impunidad-en-mexico/#/

12 Zamora, Pedro (2021). “La desaparición de Celedonio Monroy: Reminiscencias de la Guerra Sucia”. Interpretextos, 25/Primavera de 2021, pp. 101-122. Consultado el 9 de diciembre del 2022, de:

http://ww.ucol.mx/interpretextos/pdfs/575_inpret2510.pdf

13 Sentencia recaída al Amparo 1645/2013, Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, 19 de abril de 2016.

14 Cervantes, Fernando (7 de diciembre del 2022). “Problematización del derecho a la consulta indígena en México”. PNUD. Consultado el 9 de diciembre del 2022, de:

https://www.undp.org/es/mexico/blog/problematizacion-del -derecho-la-consulta-indigena-en-mexico

15 (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, art. 2) y (Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, art. 4 y art. 5).

16 PNUD Op. cit.

17 Global Witness, Op. cit.

18 (Declaración de Desarrollo Sostenible sobre el Medio Ambiente, Principio 10)

19 (Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe)

20 (Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, art. 9)

21 Global Witness Op. cit.

22 Morán, Carmen (29 de octubre, 2021). “López Obrador abre una nueva polémica: ‘El neoliberalismo alentó el feminismo y el ecologismo’”. El País. Consultado el 8 de diciembre del 2022, de: https://elpais.com/mexico/2021-10-30/lopez-obrador-abre-una-nueva-polem ica-el-neoliberalismo-alento-el-feminismo-y-el-ecologismo.html

23 Castro, Alejandro (3 de octubre, 2022). “México: crece la crisis ambiental, pero cae el presupuesto”. Causa Natura. Consultado el 8 de diciembre del 2022, de: https://causanatura.org/periodismo-cn/mexico-crece-la-crisis-ambiental- pero-cae-el-presupuesto#:~:text=El%20presupuesto%20ambiental%20de%20202 0,mil%20945%20millones%20de%20pesos.

24 Causa Natura Op. cit.

25 (ACUERDO por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional)

26 CEMDA (16 de diciembre, 2021). “Desaparecer al INECC y el IMTA debilita aún más la capacidad de México para proteger el medio ambiente y combatir el cambio climático”. CEMDA. Consultado el 8 de diciembre del 2022, de:

https://www.cemda.org.mx/desaparecer-al-inecc-y-el-imta- debilita-aun-mas-la-capacidad-de-mexico-para-proteger-el-medio-ambiente -y-combatir-el-cambio-climatico/

27 SEMARNAT (17 de diciembre, 2021). “SEMARNAT impulsa reforma administrativa”. SEMARNAT. Consultado el 8 de diciembre del 2022, de: https://www.gob.mx/semarnat/prensa/semarnat-impulsa-reforma-administrat iva

28 CEMDA Op. cit.

29 SEMARNAT (25 de marzo, 2022). “¿Dónde estaban los pseudoambientalistas cuando hace años empezó la verdadera devastación del sureste de México?”. SEMARNAT. Consultado el 8 de diciembre del 2022, de:

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/donde-estaban-los- pseudoambientalistas-cuando-hace-anos-empezo-la-verdadera-devastacion-d el-sureste-de-mexico

30 (Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Principio 1).

31 (Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Principio 10).

32 (Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Principio 20).

33 (Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Principio 22).

34 CEPAL (20 de marzo del 2019). “Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprueba histórica resolución sobre los defensores de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente”. CEPAL. Consultado el 8 de diciembre del 2022, de: https://www.cepal.org/es/notas/consejo-derechos-humanos-naciones-unidas -aprueba-historica-resolucion-defensores-derechos

35 Resolución A/HRC/40/L.22/Rev.1 “Reconocimiento de la contribución que hacen los defensores de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente al disfrute de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible”

36 Resolución A/HRC/40/L.22/Rev.1 “Reconocimiento de la contribución que hacen los defensores de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente al disfrute de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible”.

37 Resolución A/HRC/40/L.22/Rev.1 “Reconocimiento de la contribución que hacen los defensores de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente al disfrute de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible”

38 Consejo de Derechos Humanos (28 de febrero, 2022). “Derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible: el medio ambiente no tóxico”. Asamblea General, 49º periodo de sesiones, tema 3 de la agenda. Consultado el 10 de diciembre del 2022, de: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/004/51/PDF/G2200451.p df?OpenElement

39 (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, art. 4, párrafo quinto).

40 (Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, primer párrafo, art.1).

41 (Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, artículo 20 BIS 8).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2022

Diputado Salvador Caro Cabrera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la permanencia de los “consultorios de farmacia”, a cargo del diputado Gustavo Macías Zambrano, del Grupo Parlamentario del PAN

Gustavo Macías Zambrano , diputado del Grupo Parlamentario del PAN, en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6o, numeral 1, fracción I; y 79 numeral 1, fracción 2, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, me permito poner a consideración de esta asamblea legislativa, proposición con punto de acuerdo relativa a la permanencia de los denominados “consultorios de farmacia”, de conformidad con los siguientes

Considerandos

De conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

Este reconocimiento del derecho a la salud está alineado con marcos normativos internacionales en la materia, así como con los compromisos adquiridos por el Estado al ratificar los distintos tratados sobre derechos humanos. La norma establecida en la Ley General de Salud (LGS) establece el elemento base que debe ser garantizado por el Estado para que toda persona pueda ejercer su derecho constitucional a la protección de la salud y, por tanto, al acceso a los servicios de salud. Adicionalmente, este derecho forma parte de los derechos sociales, como lo establece la LGDS en su artículo 6o, lo que obliga al Estado a garantizarlo y protegerlo a través de políticas gubernamentales, programas sociales o reformas legales, con el objeto de que el derecho a la salud pueda ejercerse plenamente.

Es claro que estamos frente a un objetivo que todavía no se alcanza. Más allá de sistemas escandinavos de salud prometidos, falta todavía mucho para que el derecho a la salud sea una realidad para todos los mexicanos y ello debe suponer un gran esfuerzo por parte de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno para lograrlo.

Y aún con una coordinación plena, como en tantos otros rubros, el Estado no puede por sí mismo cubrir esas necesidades y es dónde la iniciativa privada entra a apoyar. Para el tema que nos ocupa, encontramos hospitales, consultorios, profesionistas, universidades, órdenes religiosas u organizaciones de la sociedad civil que realizan una labor subsidiaria en materia de salud en beneficio de la sociedad. Por ende, estaría totalmente fuera de lugar estigmatizar esa participación del ámbito privado, cuando le quita presión a las instituciones públicas de salud; por el contrario, debe reconocerse y apoyarse.

Por ello nos preocupan sobremanera las recientes declaraciones del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en contra de los consultorios de farmacia:

“Los consultorios de farmacias representan un riesgo para la salud y la vida porque no tienen la capacidad de atender enfermedades crónicas, alertó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Cuestionado sobre este tema en la conferencia matutina de este martes, el funcionario señaló que estas unidades médicas pertenecen a empresas lucrativas que tienen como principal objetivo la venta masiva de medicamentos y no la salud de los mexicanos .

“La idea básica con la que estos consultorios empezaron a hacer fama fue la resolución inmediata, porque simplemente hay que pararse en el consultorio y se le atiende. Pero en realidad es un gran engaño, los consultorios adyacentes a la farmacia no resuelven problemas de salud de mayor importancia”, sentenció el subsecretario.

“Alguien que tiene diabetes, hipertensión, o una enfermedad pulmonar o cardíaca crónica, como gran cantidad de la población mexicana, estos consultorios no le van a resolver o incluso podrían poner el peligro su salud y su vida. Esto está documentado”, agregó .

Asimismo, criticó las condiciones laborales de los médicos que trabajan en estos establecimientos, pues, asegura, no cuentan con prestaciones, son obligados a firmar contratos eventuales que no generan antigüedad y tienen una presión por fungir como agentes de venta.

“Básicamente el personal de salud está bajo presión porque tienen que hacer recetas de múltiples medicamentos, porque ese es el interés principal, no es dar consulta, no es resolver problemas de salud”, acusó .

“Algunas de estas cadenas incluso no cobran por la consulta y les llaman ‘asesoría médica gratuita’ porque no lo consideran relevante, para estas cadenas lo importante es que (los pacientes) salgan con una receta de 6, 8, 10, 15 medicamentos, la gran mayoría no correctamente indicados”, advirtió López-Gatell.

En este contexto, señaló que durante la pandemia de COVID-19 estás farmacias fomentaron el abuso de antibióticos y de esteroides ...”.1

Nos preocupa sobremanera este tipo de declaraciones, que parecen constituir, nuevamente, la puntada del día, antes que una verdadera estrategia de una autoridad competente.

Porque efectivamente pueden existir malas prácticas en estos consultorios, pero para eso existe una autoridad administrativa en materia de salud, que debe vigilar, inspeccionar y hacer cumplir leyes, reglamentos y demás normas aplicables en materia de salud, por lo que toca al funcionamiento de estos consultorios privados.

Y es claro que la labor de estos consultorios no es resolver los problemas de diabetes o hipertensión que sufren los mexicanos. Esto deberían resolverlo el IMSS. el ISSSTE o el Insabi y lastimosamente no lo hacen. El drama de nuestros niños con cáncer es un gran ejemplo de ello.

Estos consultorios están para resolver las infecciones respiratorias o estomacales que aquejan a las personas. Están para dar una asesoría sobre el cuidado de la salud, aplicar inyecciones o extender certificados de buena salud, solicitados en escuelas, gimnasios o clubes deportivos.

¿En qué ayuda lo anterior? Qué le quita presión a los hospitales públicos; que evita que personas permanezcan todo el día en una clínica del IMSS para que se revise el resfriado de su hijo, que le impide ir a la escuela o guardería.

Por eso, son necesarios y fundamentales estos consultorios. Pensarán, por otro lado, las autoridades de salud que en momentos de desempleo, recesión e inflación, es adecuado poner en la calle a miles de profesionales de la salud que prestan sus actividades en este tipo de establecimientos. Recordemos que, según el IMCO, “todavía falta recuperar cerca de 2 millones de empleos perdidos durante la pandemia para regresar a los niveles de ocupación registrados a inicios de 2020. Sólo en 8 entidades se ha restablecido el nivel de empleo previo a la pandemia. El empleo informal ha encabezado la recuperación: 94% de los puestos generados desde mayo del 2020 son informales...”.2

De hecho, el propio funcionario en cuestión reconoce la necesidad de este esquema de salud particular, al señalar que no se puede prescindir de ellos de forma inmediata, pues actualmente no hay una oferta suficiente de médicos e instalaciones de salud públicas.

Finalmente, como destacó nuestra compañera Margarita Zavala: “No les bastó con destruir el seguro popular, ni con el desmantelamiento del sistema de salud en México; ahora Morena quiere cerrar los consultorios de las farmacias. Es una más de sus crueles medidas contra la clase media y los más pobres de México ”.3

Es por ello, que a través de esta proposición con punto de acuerdo, se propone exhortar a la Secretaría de Salud, para que reconsidere la desaparición de los denominados consultorios de farmacia, y en su lugar, integre y coordine los esfuerzos de la iniciativa privada, en la política y estrategias nacionales de salud.

Así mismo, para que dirija sus esfuerzos en el fortalecimiento del sistema público de salud, tan necesitado hoy de recursos, insumos, instalaciones y personal médico. Recordemos que según el CONEVAL, a nivel nacional, entre 2018 y 2020, se observó un aumento de la población con carencia por acceso a los servicios de salud al pasar de 16.2% a 28.2%, lo cual representó un aumento de 20.1 a 35.7 millones de personas en este periodo. Lo anterior significa que en dos años hubo un aumentó de 15.6 millones de personas que reportaron no estar afiliadas, inscritas o tener derecho a recibir servicios de salud en una institución pública o privada.4

Por ello, estoy convencido que antes de demeritar o estigmatizar, hay que hacer cumplir la ley. Y esa ley, en nuestro caso, la norma básica, es decir la Constitución, nos asegura que toda persona tenga derecho a la protección de la salud. Entonces, debemos trabajar, sociedad y gobierno; sector público e iniciativa privada, para hacer realidad ese derecho en beneficio de todos los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de esta asamblea legislativa la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Gírese atento y respetuoso oficio a la Secretaría de Salud, exhortándola para que reconsidere la desaparición de los denominados consultorios de farmacia, y en su lugar, integre y coordine los esfuerzos de la iniciativa privada, en la política y estrategias nacionales de salud.

Así mismo, para que dirija sus esfuerzos en el fortalecimiento del sistema público de salud, tan necesitado hoy de recursos, insumos, instalaciones y personal médico, considerado en particular, el aumento de la población con carencia por acceso a los servicios de salud.

Notas:

1. Consultorios de farmacias ‘son un gran engaño’ y ponen en riesgo la vida, alerta López-Gatell. El Financiero. Redacción. Agosto 16, 2022 | 10:10 AM horas. Ver:

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/08/16/cons ultorios-de-farmacias-son-un-gran-engano-ponen-en-riesgo-la-salud-y-la- vida-alerta-lopez-gatell/

2. Todavía falta recuperar cerca de 2 millones de empleos perdidos durante la pandemia. https://imco.org.mx/todavia-falta-recuperar-cerca-de-2-millones-de-empl eos-perdidos-durante-la-pandemia/

3. Margarita Zavala defiende consultorios de farmacias: ‘Cerrarlos es contra los más pobres’. El Financiero. Redacción. Agosto 16, 2022 | 21:50 PM horas. Ver: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/08/16/margarita-zavala-de fiende-consultorios-de-farmacias-cerrarlos-es-una-medida-vs-los-mas-pob res/

4. Nota técnica sobre la carencia por acceso a los servicios de salud, 2018-2020. CONEVAL. 5 de agosto de 2021. Ver: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2018_2020/Notas_po breza_2020/Nota_tecnica_sobre_la_carencia_por_acceso_a_los_servicios_de _salud_2018_2020.pdf

Ciudad de México, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2022.

Diputado Gustavo Macías Zambrano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y a la SRE a abstenerse de intervenir y emitir opiniones juiciosas en torno a la política interna de la República del Perú, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Salvador Caro Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura, con fundamento en lo señalado por el artículo 71, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fracción I, numeral 1, articulo 6, numeral 2 del artículo 62, fracción IV, numeral 1 del artículo 76, fracción I, numeral 1 y fracciones III, IV y VI, numeral 2, del artículo 79, numeral 2 fracción I del artículo 82, numeral 2 articulo 100, articulo 113 Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

México, como un país con respeto a la soberanía de las naciones y a la autodeterminación de los pueblos, tiene la responsabilidad de no intervenir ni emitir opiniones juiciosas en torno a la política interna de la República del Perú, tras la destitución constitucional del presidente Pedro Castillo, apegándose a la tradición diplomática y las Doctrinas que caracterizan nuestras relaciones internacionales.

Intromisión de México ante la destitución del presidente Pedro Castillo

El 7 de diciembre del 2022, el presidente Pedro Castillo intentó disolver el Parlamento peruano previo a que las y los legisladores votaran su destitución por tercera vez en un año y medio de gestión.1 Sin embargo, a falta de respaldo del Parlamento y la milicia, el Legislativo le destituyó alegando “incapacidad moral permanente”. Posteriormente, fue detenido por las autoridades y declarado culpable del delito de rebelión, por el cual se enfrentará a una sentencia de prisión de entre 10 y 20 años.2

Ante este hecho, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, salió en la defensa de Pedro Castillo, declarando:

...consideramos lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas, desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución con el sui géneris precepto de “incapacidad moral”.3

Esta declaración fue respaldada por el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El Canciller comentó, en la conferencia de prensa tras la reunión con el Consejo Directivo de Caintra, que la opinión dada por el Presidente López Obrador es la del Gobierno Federal.4

Por su parte, el gobierno peruano ha pronunciado su descontento ante las opiniones mexicanas. El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en que menciona que hubo una reunión con el embajador de México en Perú, Pablo Monroy, para hacerle saber que las expresiones del presidente López Obrador y del Canciller Ebrard “constituyen una injerencia en los asuntos internos del Perú”.5

Posteriormente, cuando se le preguntó a la cabeza del Ejecutivo Federal si México está interviniendo de alguna manera, respondió:

No, no, estamos opinando, nada más, allá van a resolver ellos, pero sí es violatorio lo que se está haciendo de la democracia, porque si lo eligió el pueblo por qué lo van a quitar. Ellos tienen que resolver este asunto, pero creo que se extralimitaron.6

Estas declaraciones son una falta de respeto a la democracia peruana y su presidencialismo reglamentado en la Constitución Política del Perú, la cual establece en su Artículo 113 que la vacancia presidencial puede darte por incapacidad moral declarada por el Congreso.7 Por lo cual, es falso que se esté violando la democracia, si el contrato social estipula tales normas que se están siguiendo adecuadamente.

Finalmente, es importante señalar que estas opiniones que son incorrectas demeritan a las instituciones peruanas y posicionan a México como un juez de las mismas, hecho que viola enteramente las doctrinas con las cuales las relaciones internacionales del país se han dirigido.

Violatorio a las doctrinas de las relaciones internacionales mexicanas

Estas opiniones violan lo establecido en la tradición diplomática mexicana, cuyas bases se centran en la Doctrina Juárez, Doctrina Carranza y Doctrina Estrada:

• Son violatorias de la Doctrina Juárez, la cual estableció como piedra angular el principio de no intervención y el respeto a la soberanía de las naciones.8

Es irrespetuoso a la soberanía peruana opinar de manera tendenciosa sobre el proceso político enteramente constitucional que están viviendo.

• Son violatorias de la Doctrina Carranza, la cual estableció que los países deben de respetar “mutua y escrupulosamente sus instituciones, sus leyes y su soberanía”.9

Es una falta de respeto a las instituciones peruanas ponerlas en duda, cabe señalar que, sin fundamento, por sentimientos afines que el presidente López Obrador tiene hacia Pedro Castillo.

• Son violatorias de la Doctrina Estrada, la cual estableció, ante la existencia de gobiernos extranjeros y actividades emanadas de ellos, México no se mostraría partidario de emitir juicios al respecto. Menciona que permitir que los gobiernos extranjeros decidan y critiquen sobre asuntos propios de la soberanía de otros Estados, especialmente en América Latina, es una costumbre denigrante.10

Es un acto de partidismo el que México esté pronunciándose a favor de uno u otro gobierno en plena crisis política, poniendo trabas al proceso justo y reglamentado que están viviendo. Asimismo, se está posicionando como un juez al emitir críticas y puntos de vista que carecen de fundamento y sentido común.

Estado soberano

El jurista Modesto Seara Vázquez, define al Estado soberano como “el Estado sería una institución jurídico-política, compuesta de una población establecida sobre un territorio y provista de un poder llamado soberanía”.11

Mientras que la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados, también conocida como Convención de Montevideo de 1933, señala:

Artículo 1

El Estado como persona de Derecho Internacional debe reunir los siguientes requisitos:

I.—Población permanente.

II.—Territorio determinado.

III.—Gobierno.

IV.—Capacidad de entrar en relaciones con los demás Estados12

De acuerdo con la definición de Verdross, Estado soberano es “Una comunidad humana perfecta y permanente, capaz de gobernarse a sí misma en forma independiente, la cual debe tener la capacidad necesaria para imponer su propio ordenamiento jurídico y mantener relaciones jurídicas internacionales con el resto de la comunidad internacional”

Antes de mencionar si Perú tiene una comunidad humana perfecta, me permito señalar que Verdross define al “Estado como una comunidad humana perfecta por ser esta algo más que una simple asociación humana con fines particulares”13 cabe mencionar que las civitas perfecta son capaces de perseguir por sí mismas los fines que le son propios, algo que claramente ha cumplido el Estado peruano.

En cuanto hace a la capacidad que el Estado tiene para gobernarse plenamente, esto se entiende como la capacidad del Estado de elegir por sí mismo su forma de gobierno sin intervención o injerencia de terceros Estados, algo que claramente hizo el Congreso de Perú al destituir de la presidencia a Pedro Castillo y elegir a Dina Boluarte.

Cabe mencionar que la no intervención se encuentra presente en la citada convención.

Artículo 8

Ningún Estado tiene derecho de intervenir en los asuntos internos ni en los externos de otro.14

Sumado a lo anterior la soberanía debe ser entendida desde dos aspectos:15

- Aspecto interno: La libe autodeterminación del Estado para regular su organización política, jurídica, social y comercial interna.

- Aspecto externo: La independencia y autonomía del Estado en sus relaciones con los demás miembros de la comunidad internacional

De este último emanan principios reconocidos en el Derecho Internacional, los cuales son:16

• Igualdad de los Estados frente al Derecho Internacional.

• La no injerencia en los asuntos internos de los Estados.

• La inmunidad de jurisdicción de los Estados.

La soberanía de los estados conlleva que ningún estado tiene autoridad sobre otro: par in parem non habet imperium. Mientras que la inmunidad abarca al Estado mismo, a su gobierno, a las entidades que ejercen prerrogativas del poder público, a los objetos utilizados en el ejercicio de tal poder y a los órganos estatales de las relaciones internacionales.17

Principio de no intervención

La Corte Internacional de Justicia en el asunto sobre Actividades Militares y Paramilitares en y contra de Nicaragua, señaló:

El principio de No Intervención implica el derecho de todo Estado soberano de conducir sus asuntos sin injerencia extranjera.18

La resolución 2625 (XXV), adoptada el 24 de octubre de 1970 por la Asamblea General de Naciones Unidas, “Declaración relativa a los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”. Señala que la igualdad soberana comprende los elementos siguientes:

a) Los Estados son iguales.

b) Cada Estado goza de los derechos inherentes a la plena soberanía.

c) Cada Estado tiene el deber de respetar la personalidad de los demás Estados.

d) La integridad territorial y la independencia política son inviolables.

e) Cada Estado tiene el derecho a elegir y llevar adelante libremente su sistema político, social, económico y cultural.

En el apartado tercero, se declara que los principios de la Carta de Naciones Unidas incorporados en esta resolución, entre ellos el de no intervención, “constituyen principios básicos de Derecho Internacional”.19

En la parte resolutiva la Asamblea General proclama que

Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo , en los asuntos internos o externos de cualquier otro. Por tanto, no solamente la intervención armada, sino también cualesquiera otras formas de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen, son violaciones del Derecho Internacional.20

La Asamblea General también sostiene que

Ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos.21

Claramente en dichos escritos se encuentra plasmado el principio de no intervención, el cual conlleva no intervenir en su sistema político, ni en los asuntos de otro Estado. Lo cual el licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República en turno, en contubernio con el canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, quisieron intervenir, primero deslegitimando al Congreso de Perú, sumado a que los descalificaron, además de que intentaron que no se le juzgara ni se le aplicaran las leyes peruanas a Pedro Castillo.

Cabe recalcar que, bajo ningún motivo, ningún Estado debe intervenir.

Artículo 19

Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen.22

En el caso de las autoridades antes mencionadas, quisieron intervenir de una forma no armada en sus elementos políticos que en este caso constituyen al Estado peruano.

La Corte de La Haya sostiene que el principio de no intervención pone en juego o implica el derecho de todo Estado soberano de conducir sus asuntos sin ningún tipo de injerencia exterior. La misma corte también estima que el respeto al derecho internacional exige igualmente, respeto a la integridad política.23

De esto se desprende la soberanía implica una doble responsabilidad, por un lado, el deber externo de respetar la soberanía de otros Estados y el deber interno de respetar la dignidad y los derechos básicos de toda la población del Estado. Lo cual también fue reconfirmado en el informe “Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos”, 24 del Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio, de Naciones Unidas”, del año 2004, a letra señala,

Al suscribir la Carta de las Naciones Unidas, los Estados no sólo se benefician de los privilegios de la soberanía, sino también asumen sus responsabilidades. Cualesquiera hayan sido las percepciones prevalecientes cuando el concepto de la soberanía estatal surgió tras la Paz de Westfalia, hoy día dicho concepto conlleva claramente la obligación de los Estados de proteger el bienestar de su población y de cumplir sus obligaciones con la comunidad internacional en general .25

Es menester recordar lo que estable la fracción X del artículo 89 de la Carta Magna.

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes:

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales (...). En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención ; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo ; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;26

De este modo, la honorable Cámara de Diputados puede intervenir de forma significativa, al plantearle al titular de la presidencia de la República y al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores que se abstengan de intervenir ni emitir opiniones juiciosas en torno a la política interna de la República del Perú, tras la destitución constitucional del presidente Pedro Castillo, apegándose a la tradición diplomática y las Doctrinas que caracterizan nuestras relaciones internacionales.

Por lo expuesto anteriormente, se somete a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- La honorable Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al titular de la Presidencia de la República y al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a que se abstengan de intervenir ni emitir opiniones juiciosas en torno a la política interna de la República del Perú, que emitan una disculpa pública y que tomen las medidas pertinentes para asegurar la no repetición.

Notas:

1 AP (7 de diciembre, 2022). “Crisis en Perú: Pedro Castillo instala Gobierno de emergencia y disuelve el Congreso”. El Financiero. Consultado el 10 de diciembre del 2022, de: https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/12/07/crisis-en-peru-pedro-c astillo-instala-gobierno-de-emergencia-y-disuelve-el-congreso/

2 Bloomberg (8 de diciembre, 2022). “Pedro Castillo: la sentencia que puede recibir si es hallado culpable por golpe de Estado en Perú”. El Financiero. Consultado el 10 de diciembre del 2022, de: https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/12/08/pedro-castillo-la-sent encia-que-puede-recibir-si-es-hallado-culpable-por-golpe-de-estado-en-p eru/

3 Andrés Manuel López Obrador vía Twitter (7 de diciembre, 2022). Consultado el 10 de diciembre de 2022, de: https://twitter.com/lopezobrador_/status/1600599512363327489

4 Infobae (10 de diciembre, 2022). “Marcelo Ebrard negó que exista intervencionismo de México en los asuntos políticos de Perú”. Infobae. Consultado el 10 de diciembre del 2022, de: https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/11/marcelo-ebrard-nego-q ue-exista-intervencionismo-de-mexico-en-los-asuntos-politicos-de-peru/

5 Ministerio de Relaciones Exteriores (9 de diciembre, 2022). “Comunicado de Prensa”. Gobierno de la República del Perú. Consultado el 10 de diciembre del 2022, de:

https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/678662-comu nicado-de-prensa

6 Rodríguez, Luis Carlos (10 de diciembre del 2022). “’Sólo estamos opinando’: AMLO rechaza que esté interviniendo en crisis de Perú”. El Universal. Consultado el 10 de diciembre del 2022, de: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/solo-estamos-opinando-amlo-rechaz a-que-este-interviniendo-en-crisis-de-peru

7 (Constitución Política del Perú)

8 INEHRM. “Política exterior de Benito Juárez”. INEHRM. Consultado el 10 de diciembre del 2022, de:

https://www.inehrm.gob.mx/work/models/inehrm/Resource/47 93/Politica_exterior_Benito_Juarez.pdf

9 Carranza, Venustiano (1 de septiembre, 1918). “1918 Segundo Informe de Venustiano Carranza. Fragmento sobre los principios de política internacional”. Instituto Nacional de Estudios Políticos A.C. Consultado el 10 de diciembre del 2022, de: https://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/6Revolucion/1918-VC-C.ht ml

10 Telegrama de SRE a la Legación de México en Lima, Perú de fecha 20 de septiembre de 1930 AHGESRE, III-1315-4, 72-74

11 Seara Vázquez, Modesto, Derecho Internacional Público, 25 ed. 1 reimpresión, México, Editorial Porrúa, págs. 89-142.

12 (Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados, art. 1).

13 Ortiz Ahlf, Loretta, Derecho Internacional Público, 4 ed. México, Oxford University Press, págs. 61-104.

14 (Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados, art. 8).

15 Ortiz Ahlf, Loretta, Derecho Internacional Público, 4 ed. México, Oxford University Press, págs. 61-104.

16 Ortiz Ahlf, Loretta, Derecho Internacional Público, 4 ed. México, Oxford University Press, págs. 61-104.

17 Ortiz Ahlf, Loretta, Derecho Internacional Público, 4 ed. México, Oxford University Press, págs. 61-104.

18 (CASO RELATIVO A LAS ACTIVIDADES MILITARES Y PARAMILITARES EN NICARAGUA Y CONTRA NICARAGUA, ASAMBLEA GENERAL)

19 (RESOLUCIONES APROBADAS SOBRE LA BASE DE LOS INFORMES DE LA SEXTA COMISIÓN, ASAMBLEA GENERAL)

20 (RESOLUCIONES APROBADAS SOBRE LA BASE DE LOS INFORMES DE LA SEXTA COMISIÓN, ASAMBLEA GENERAL)

21 Ibid.

22 (Carta de la Organización de los Estados Americanos, art. 19).

23 https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/ view/3036/3294#:~:text=Bas%C3%A1ndose%20en%20la%20pr%C3%A1ctica%20gener almente,externos%20de%20un%20tercer%20Estado.

24 ONU (2004). “Un mundo más seguro: La responsabilidad que compartimos”. ONU. Consultado el 11 de diciembre del 2022, de: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/602/34/PDF/N0460234.p df?OpenElement

25 Ibid.

26 (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 89, fracción X).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2022.

Diputado Salvador Caro Cabrera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la construcción de una rampa de emergencia para frenado en la carretera Guadalajara-Tepic, en el entronque situado en la calle Francisco I. Madero del municipio de Tequila, Jalisco, a cargo del diputado Gustavo Macías Zambrano, del Grupo Parlamentario del PAN

Gustavo Macías Zambrano , diputado del Grupo Parlamentario del PAN, en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6o, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción 2, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, me permito poner a consideración de esta asamblea legislativa, proposición con punto de acuerdo relativa a la construcción de una Rampa de Emergencia para Frenado en la Carretera Guadalajara-Tepic en el entronque ubicado en la calle Francisco I. Madero del Municipio de Tequila, Jalisco, de conformidad con los siguientes

Considerandos

Aspecto fundamental para hablar de una democracia representativa es el contacto directo entre sociedad y autoridades. Para la colectividad, es indispensable que sus servidores la atiendan, pero no sólo ello, sino que regresen a los distritos; a los municipios y a las regiones, y esto es lógico, ya que es ahí, donde se conocen de cerca las verdaderas carencias y necesidades de los ciudadanos.

En ese contexto, una de las solicitudes que con más claridad y contundencia recibimos, tiene que ver con la ampliación y mejoramiento de la red carretera del país, no sólo aquella que conecta pueblos y comunidades al interior de las entidades federativas, sino también la que enlaza a las mismas con el resto del país.

Y aspecto primario que debe presentar esa red carretera, es el de garantizar la seguridad de las personas. Debemos evitar que por una infraestructura obsoleta o falta de mecanismos de seguridad se ponga en riesgo la vida de quienes por las mismas circulan.

Sin embargo, es lo que desgraciadamente ocurre en la carretera libre a Tequila, donde el conductor de tráiler Román Ortega, originario de Tamazula, perdió la vida al incendiarse su unidad de carga tras chocar contra un muro en la calle Francisco I. Madero, en el entronque de la carretera libre a Tequila, hacia la carretera de cuota, al no poder controlar la unidad por haber perdido los frenos de la misma1 .

El 26 de julio de 2021, según oficio del Director de Protección Civil y Bomberos del Municipio de Tequila, se da cuenta de otro tráiler sin frenos en dicha vía de comunicación:

Accidentes como el anteriormente señalado, ocurren con demasiada frecuencia en el referido entronque del Municipio de Tequila, cobrando desde hace muchos años y de forma lamentablemente diversas pérdidas, tanto materiales y humanas, lo anterior en razón de la falta de una rampa de emergencia para frenado que permita disipar la energía cinética de los vehículos que queden fuera de control por fallas mecánicas, principalmente en sus sistemas de frenado, desacelerándolos en forma controlada y segura, mediante el uso de materiales granulares sueltos y aprovechando, en su caso, la acción de la gravedad2 .

En el caso particular, cabe mencionar que el entronque de referencia se encuentra ubicado en el final de una pendiente de aproximadamente cuatro kilómetros en el sentido Guadalajara-Tequila, por lo que con demasiada frecuencia los vehículos, principalmente de carga, quedan sin frenos y terminan por impactar en el área física referida.

De hecho, según información proporcionada por autoridades del Ayuntamiento de Tequila, de 2018 a la fecha se contabilizan 7 accidentes, con 6 pérdidas mortales y 4 personas accidentadas. Anexo a esta proposición, se encuentran tres fotografías de accidentes en esta vía de comunicación, proporcionadas por las autoridades municipales de Tequila, Jalisco.

Dadas las características de esta vía, es que se ha insistido en la necesidad de una rampa de frenado en la misma, realizándose diversas gestiones, mismas que hasta el momento no han dado frutos.

El 16 de mayo de 2019, desde el Congreso del Estado de Jalisco, quien esto suscribe presentó iniciativa de acuerdo legislativo dirigida a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Poder Ejecutivo Federal, solicitando la realización de los actos tendientes a la construcción de una Rampa de Emergencia para Frenado en la Carretera Guadalajara-Tepic en el entronque ubicado en la calle Francisco I. Madero del municipio de Tequila, Jalisco; con el fin de salvaguardar la integridad física de conductores y peatones de la zona.

Dicha iniciativa, aprobada por el Congreso del Estado de Jalisco, recibió como única respuesta, el documento que a continuación se plasma:

Tal vez de haberse dado seguimiento puntual a esta petición en ese momento, hoy no estaríamos lamentando tres pérdidas mortales en dicha vía de comunicación, razón por la cual, es importante que la Secretaría de Gobernación, a través de sus subsecretarías competentes, de puntual seguimiento a las peticiones de autoridades estatales y municipales que versan sobre la salvaguarda de la vida e integridad física de las personas.

Por su parte, el Presidente Municipal de Tequila, C. José Alfonso Magallanes Rubio, nos proporcionó copia del oficio número D.P./347/2021, mismo que se plasma en este documento y a través del cual se solicita apoyo a la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, para encontrar soluciones a la serie de accidentes suscitados en el entronque de la autopista.

De igual forma, nos ha solicitado apoyo para llevar este tema a la tribuna más alta de la nación, buscando hacer eco de la importancia de evitar más accidentes en la citada vía de comunicación. Como representante del distrito electoral en el que se encuentra Tequila y como oriundo de dicho municipio, realizo lo anterior.

Es por ello, que a través de esta proposición con punto de acuerdo, se propone girar atento y respetuoso oficio a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Poder Ejecutivo Federal, así como al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, solicitando de la manera más atenta, tenga a bien realizar los actos tendientes a la construcción de una Rampa de Emergencia para Frenado en la Carretera Guadalajara-Tepic en el entronque ubicado en la calle Francisco I. Madero del Municipio de Tequila, Jalisco, así como el establecimiento de reductores de velocidad, medidas de señalética y la realización de operativos para supervisar el cumplimiento de la NOM-012 sobre pesos y dimensiones para el autotransporte federal de carga, a fin de reducir la accidentalidad y salvaguardar la integridad física de conductores y peatones de la zona.

Hablamos de carreteras en una zona de tráfico agrícola y comercial; en un municipio cargado de historia, tradiciones y cultura; en el marco del paisaje agavero, patrimonio de la humanidad, por lo que estoy convencido que se justifican plenamente los exhortos que esta proposición con punto de acuerdo contiene.

Estoy convencido de la necesidad de orientar el trabajo de la Cámara de Diputados hacia la búsqueda de condiciones de prosperidad para los municipios y regiones de Jalisco, así como de las demás entidades federativas, porque sólo volteando los ojos hacia los mexicanos que ahí habitan, se logrará un verdadero desarrollo regional, justo y equitativo en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de esta asamblea legislativa la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Gírese atento y respetuoso oficio a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Poder Ejecutivo Federal, así como al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, solicitándoles de la manera más atenta, tengan a bien realizar, en sus respectivos ámbitos competenciales, los actos tendientes a la construcción de una Rampa de Emergencia para Frenado en la Carretera Guadalajara-Tepic en el entronque ubicado en la calle Francisco I. Madero del Municipio de Tequila, Jalisco; así como el establecimiento de reductores de velocidad, medidas de señalética y la realización de operativos para supervisar el cumplimiento de la NOM-012 sobre pesos y dimensiones para el autotransporte federal de carga, a fin de reducir la accidentalidad y salvaguardar la integridad física de conductores y peatones de la zona.

Notas:

1. https://www.eloccidental.com.mx/policiaca/muere-chofer-de-trailer-en-ac cidente-en-tequila-3606127.html

2. Norma Oficial Mexicana “Rampas de Emergencia para Frenado en Carreteras” NOM -036-SCT2-2016.

Ciudad de México, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2022.

Diputado Gustavo Macías Zambrano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a investigar los probables hechos ilícitos en las adjudicaciones directas por el Ejecutivo federal durante 2022, a cargo del diputado Rodrigo Herminio Samperio Chaparro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Rodrigo Herminio Samperio Chaparro, diputado federal integrante de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a investigar probables hechos ilícitos en las adjudicaciones directas realizadas por el gobierno de la república durante el año 2022, conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

En una reciente investigación, llevada a cabo por la asociación civil “Mexicanos vs la corrupción y la impunidad”, existe un problema desde el sector público para llevar a cabo procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios con transparencia, dado a que los resultados de este estudio señalan que en México, 8 de cada 10 contratos se otorgan bajo la modalidad de “adjudicación directa”, evitando que pasen por los procesos de análisis y competencia establecidos por las leyes mexicanas, mientras que solo el 11 por ciento, 1 de cada 10 contratos aproximadamente, de estas contrataciones se otorgan por medio de una licitación pública.

Si tomamos en cuenta que durante el presente año, de acuerdo a lo investigado por la asociación, el Gobierno Federal ha gastado cerca de 360 MMDP en más de 125 mil contratos, el equivalente a 1,329 MDP en 465 contratos diarios.1 Es preocupante pensar que la opacidad sea una característica para la realización de estos, sobre todo si pensamos que, de acuerdo al estudio, 37 pesos de cada 100 pesos gastados por el sector público, son otorgados a contratos bajo “procedimiento de excepción” y otros 15 pesos son enviados a otros tipos de contratación como créditos externos o incluso procedimientos no clasificados.

En ese sentido, el estudio arrojó que existen 299 instituciones públicas que han otorgado contratos bajo el concepto de “procedimiento de excepción”, de las cuales, 160 contaban con más del 50 por ciento de sus contratos bajo ese concepto, y otras 40 instituciones tenían bajo esta misma categoría al 100 por ciento de sus contratos, brincándose los procesos de transparencia y competencia establecidos por nuestras leyes.

Así mismo, el reporte emitido por “Mexicanos vs la corrupción y la impunidad” señala que las instituciones que más dinero han otorgado bajo “procedimientos excepcionales”, son aquellos que a su vez los adjudican con menor competencia, destacando por las altas cifras de dinero destinados a este tipo de contratos: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), seguido de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Banco del Bienestar, Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Liconsa. Por su parte, las instituciones señaladas por tener poca o nula competencia gracias al alto porcentaje de gastos que tuvieron en el otorgamiento de contratos bajo el concepto de “procedimientos de excepción” fueron: Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) con un 99 por ciento, Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) con un 94 por ciento y Diconsa con un 94 por ciento.

Las anomalías de transparencia para llevar a cabo contratos desde el gobierno federal no es una novedad, ya que de acuerdo al mismo estudio, la opacidad es una constante desde que se ha medido esta problemática, aún a pesar de la incorporación de mecanismos innovadores, como la plataforma oficial CompraNet, que tienen por objetivo hacer más transparente los procesos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios al sector público. De hecho, en julio de este año hasta la primer semana de agosto, el sitio oficial CompraNet, que por ley debe de ser usado para llevar a cabo los procesos previamente mencionados, estuvo fuera de servicio por presuntos problemas técnicos, orillando al sector público a llevar a cabo las tareas desempeñadas por el sitio de manera física, pero sin la vigilancia ni las garantías de seguridad que la plataforma proporciona frente a los latentes riesgos de corrupción y opacidad que estas labores conllevan.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Auditoría Superior de la Federación a realizar las acciones correspondientes para investigar probables hechos ilícitos en las adjudicaciones directas realizadas por el gobierno de la República durante el año 2022, especialmente a personas morales señaladas por probables irregularidades.

Notas:

1 “Más irregularidades en las compras del Gobierno y la caída de CompraNet”. Mexicanos vs la corrupción y la impunidad. 01/11/2022. Disponible en: https://contralacorrupcion.mx/nuestro-dinero/mas-irregularidades-en-las -compras-del-gobierno-y-la-caida-de-compranet/ (Recuperado el 05/11/2022)

Palacio Legislativo de San Lázaro a 13 de diciembre de 2022

Diputado Rodrigo Herminio Samperio Chaparro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la protección de la comunidad wixárika de San Andrés Cohamiata, “Tatei-kie”, municipio de Mezquitic, Jalisco, a cargo del diputado Gustavo Macías Zambrano, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Gustavo Macías Zambrano , diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional correspondiente a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6o, numeral 1, fracción I; y 79 numeral 1, fracción 2, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, me permito poner a consideración de esta asamblea legislativa, la siguiente proposición con punto de acuerdo relativa a la protección de la comunidad Wixárika de San Andrés Cohamiata Taatei-kie, Mezquitic, Jalisco, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

De conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Señala dicho dispositivo constitucional que son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico, establece también el citado artículo 2 de la Carta Fundamental.

Según datos del INEGI, en Jalisco hay 66,963 personas mayores de 3 años de edad que hablan alguna lengua indígena.

Así mismo, según información del Gobierno del Estado de Jalisco, los pueblos indígenas con mayor presencia en Jalisco son los Wixáritari o Huicholes al norte de la entidad y los Nahuas que se concentran en la zona sur.

En 2018 había 2 millones 084 mil 374 jaliscienses que se consideraban indígenas, es decir, un 26.5% de la población total del estado. De esa cantidad, el 41.2% eran personas de 30 a 59 años y 23.4% jóvenes de 15 a 29 años.1

Adicionalmente, se encuentran en Jalisco, principalmente en el Área Metropolitana de Guadalajara, integrantes indígenas de diversos pueblos o comunidades procedentes de otros estados de la República.

El territorio Wixárika está asentado sobre la Sierra Madre Occidental, en el norte del Estado de Jalisco; su extensión es de 3,912.07 Km2. Según los datos del INEGI, los municipios donde se encuentra la mayor concentración de huicholes son Mezquitic y Bolaños, con grupos minoritarios en Huejuquilla el Alto, Villa Guerrero, San Martín de Bolaños y Chimaltitán. La zona huichola de Jalisco se encuentra bien definida por tres grandes comunidades: San Andrés Cohamiata, Santa Catarina y San Sebastián Teponahuaxtlán, con su anexo, Tuxpan de Bolaños. Las tres primeras están localizadas en el municipio de Mezquitic, y la última, en Bolaños.

El municipio de Mezquitic es el más extenso del Estado de Jalisco, tiene 434 localidades y, de acuerdo con Fábregas (2001), fue un punto fronterizo de destacada importancia para la expansión castellana hacia lo que actualmente son territorios de los estados de Durango y Nayarit.2

Como diputado federal por el Distrito 1 de Jalisco, es para mí un orgullo representar a la comunidad Wixárika asentada en los municipios antes citados. Una de mis principales encomiendas, por tanto, es apoyar a sus integrantes y colaborar en su desarrollo.

Es por ello que me preocupa la situación y en especial, la seguridad de la comunidad Wixárika de San Andrés Cohamiata Taatei-kie, de Mezquitic, Jalisco. Algunos de sus integrantes me han hecho llegar el pronunciamiento público de esta comunidad en el que piden seguridad y el restablecimiento de la paz en el territorio que la misma ocupa. Lo anterior, en el marco de un añejo conflicto por la tenencia de la tierra en la zona donde convergen los estados de Jalisco y Nayarit.3 Y donde fuerzas policiales del estado nayarita han hecho presencia en la citada comunidad indígena, lo que trastoca su tranquilidad y normal desarrollo, acorde al documento ya citado:

La intención de esta proposición con punto de acuerdo no es politizar aún más, un conflicto ya añejo, que en todo caso, debe ser resuelto por los tribunales competentes, pero sí, apelar a las autoridades federales, en este caso, la Secretaría de Gobernación, para que intervenga en esta situación y asegure un clima de paz y tranquilidad en esta zona, en especial, para la comunidad Wixárika de San Andrés Cohamiata Taatei-kie, de Mezquitic, Jalisco.

Por otro lado, hablábamos de la necesidad de resoluciones por parte de los tribunales competentes. En este caso, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentran sin resolver las siguientes controversias constitucionales:

a) 108/2018. La parte actora es el Estado de Jalisco; al acto recurrido es 1) Del (sic) EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT reclamo la invalidez del Decreto de fecha 17 de abril del presente año que reforma el artículo 16 de la Ley de División Territorial del Estado de Nayarit mismo que fue publicado en el Periódico Oficial de dicha Entidad Federativa, el día 20 de Abril de 2018, en la Sección Quinta del Tomo CCII, Número 079 y Tiraje 030. 2) Del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, reclamo su intervención en la promulgación del Decreto de fecha 17 de abril del presente año que reforma el artículo 16 de la Ley de División Territorial del estado de Nayarit, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el día 20 de Abril de 2018, en la Sección Quinta del Tomo CCII, Número 079 y Tiraje 030. 3) Del Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, reclamo la aprobación del Decreto de fecha 17 de abril del presente año que reforma el artículo 16 de la Ley de División Territorial del estado de Nayarit, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el día 20 de Abril de 2018, en la Sección Quinta del Tomo CCII, Número 079 y Tiraje 030. 4) De todas las anteriores reclamo la inminente ejecución de actos de autoridad sobre el territorio del Estado Libre y Soberano de Jalisco .4

b) 122/2018. La parte actora es PODER EJECUTIVO DEL NAYARIT, en contra de “El Decreto 26837/LXI/18, el cual contiene la delimitación del territorio del municipio de Mezquitic, Jalisco; el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el día domingo tres de junio de dos mil dieciocho, registrado en el Tomo CCCXCI, Número 45 Bis, Edición Especial, el cual entró en vigor el mismo día de su publicación. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por su Artículo Primero Transitorio. Del Decreto 26837/LXI/18, se demandan a los siguientes Poderes: a) Del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, su intervención en la discusión y aprobación en el proceso legislativo que crea el Decreto 26837/LXI/18. En virtud, de que con fechas treinta y uno de mayo, y tres de junio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo Sesión Extraordinaria donde delimitan del territorio del Municipio de Mezquitic, Jalisco; y ordena su demarcación de sus linderos. b) Del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, por su intervención en la iniciativa, sanción, promulgación y publicación del Decreto 26837/LXI/18. Toda vez, que de conformidad con lo establecido por el artículo 50, fracción, I de la Constitución Política del Estado de Jalisco, es obligación del Gobernador del Estado, realizar la promulgación de los decretos que emita el Poder Legislativo del Estado de Nayarit. c) Del Secretario General del Estado de Jalisco, su refrendo otorgado en el Decreto 26837/LXI/18, así como la promulgación y publicación. Lo anterior, en términos de los artículos 12 fracción I y 13 fracciones IV y V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, que establece que es una obligación del Secretario General del Estado de Jalisco, refrendar las leyes y decretos del Congreso del Estado. De ahí la legitimación pasiva de la autoridad para que comparezca a la presente Controversia Constitucional. De conformidad, con la jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA PARA COMPARECER EN AQUÉLLAS, TANTO RESPECTO DEL REFRENDO, COMO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS DECRETOS DEL GOBERNADOR. Por lo tanto, el Secretario General del Estado de Jalisco, tiene legitimación para comparecer al presente juicio constitucional.5

c) 125/2018. La parte actora es el Poder Legislativo del Estado de Nayarit; el acto recurrido es “... el Decreto 26837/LXI/18, que indebidamente delimita el territorio del Municipio de Mezquitic, Jalisco, y ordena su demarcación, que fue publicado el día tres de junio de dos mil dieciocho, número 45 bis, edición especial, tomo CCCXCI, habiendo entrado en vigor el mismo día de su publicación en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, conforme al artículo primero transitorio del referido decreto .”6

Como podemos ver, según la página web de la SCJN, en el Índice de Controversias Constitucionales, al 29 de septiembre de 2022, éstas 3 controversias están pendientes de resolverse aún.

Por tanto, consideramos que es válido hacer un urgente llamado a la Corte, para que resuelva conforme a derecho y a la brevedad posible, estas tres controversias constitucionales. No estamos frente a una controversia política o una cuestión ideológica, sino frente a un tema que de verdad tiene que ver con los derechos humanos, en concreto, de los integrantes de la comunidad Wixárika de San Andrés Cohamiata Taatei-kie, de Mezquitic, Jalisco.

Resolver estas controversias implica desde luego, dar certeza y seguridad jurídica a los estados de Jalisco y Nayarit, así como a las comunidades indígenas asentadas en la Zona Norte de Jalisco, muy en especial, a la citada comunidad wixarika de San Andrés Cohamiata Taatei-kie, de Mezquitic, Jalisco.

De igual forma, puede traer paz y seguridad a esta zona, evitando conflictos que después, todos lamentaremos.

Por ello, a través de esta proposición con punto de acuerdo, reitero mi compromiso con las comunidades indígenas asentadas en la Zona Norte de Jalisco y hago el respetuoso llamado para que se asegure su tranquilidad y desarrollo, con especial énfasis para la Suprema Corte, esperando que ya resuelva las tres controversias constitucionales citadas, conforme a derecho, y recordando el postulado básico de nuestra Constitución Política:

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de esta asamblea legislativa la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal, para que desde su respectivo ámbito de competencias, y en coordinación con las autoridades de los estados de Jalisco y Nayarit, intervenga en el conflicto que vive de la comunidad Wixárika de San Andrés Cohamiata Taatei-kie, de Mezquitic, Jalisco, asegurando la paz, tranquilidad, normal desarrollo y respeto por los derechos humanos en dicha zona, en especial, para los miembros de la citada comunidad indígena.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que a la brevedad y conforme a derecho, resuelva las controversias constitucionales con números 108/2018, 122/2018 y 125/2018, como medio para traer seguridad jurídica a la zona limítrofe de los estados de Jalisco y Nayarit, así como paz y tranquilidad a las comunidades indígenas allí asentadas, en especial a la de San Andrés Cohamiata Taatei-kie, de Mezquitic, Jalisco

Ciudad de México, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2022.

Diputado Gustavo Macías Zambrano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sener a informar a la opinión pública sobre las irregularidades que se han presentado en los procesos de contratación para llevar a cabo los trabajos de construcción de la Refinería Olmeca, situada en Dos Bocas, Tabasco, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Héctor Saúl Téllez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía a informar en uso de sus facultades y atribuciones a la opinión pública sobre las irregularidades presentadas en los procesos de contratación para llevar a cabo los trabajos de construcción de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Uno de los puntos medulares del proyecto de nación del presidente López Obrador es el impulso al sector energético, es de todos conocido que su gobierno ha volcado todos sus esfuerzos en volver redituable tanto a Pemex, como a la Comisión Federal de Electricidad.

Su incipiente interés en dicho sector quedó más que claro al momento de rendir su discurso de toma de posesión (https://embamex.sre.gob.mx/sudafrica/index.php/discurso-integro-de-and res-manuel-lopez-obrador-al-rendir-protesta-como-presidente) el 1 de diciembre de 2018, en el cual expresó: “Es tan grave el daño causado al sector energético nacional durante el neoliberalismo, que no solo somos el país petrolero que más gasolinas importa en el mundo, sino que ahora ya estamos comprando petróleo crudo para abastecer a las únicas seis refinerías que apenas sobreviven, téngase en cuenta que precisamente desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en el país”.

Dicha refinería es uno de los proyectos insignia de su administración. La refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, cuya finalidad es de acuerdo con la página web https://dosbocas.energia.gob.mx/ reforzar la seguridad energética del país a través del incremento en la producción de gasolina y diésel que se produce en el país para abatir así la importación de éstos, la cual ha llegado a ser de 77 por ciento.

Otro de los objetivos que busca esta obra es incrementar la elaboración de productos de mayor valor agregado en el país, cuidar la balanza comercial e impulsar el desarrollo económico y social del sureste mexicano.

Este proyecto fue presentado en el Plan Nacional de Infraestructura a finales de 2018 y dio inicio el pasado 02 de junio del 2019, cuando el ejecutivo inauguró la construcción ubicada en el municipio de Paraíso, Tabasco, acompañado de la secretaria de Energía, Norma Rocío Nahle García.

De acuerdo con el presidente, aseguró en primera instancia que este proyecto sería construido en tres años con un costo de 8 mil millones de dólares. (156 mil 600 millones de pesos – precio dólar 2019). Posteriormente, y de acuerdo con las declaraciones de la titular de la Sener, este costo se elevó mil 800 millones de dólares más, es decir, 9 mil 800 millones de dólares (199 mil 528 millones de pesos), explicando que este incremento se debió a que se añadió a la construcción de una planta de cogeneración de electricidad, para la autonomía de la refinería; un gasoducto de 65 kilómetros y un acueducto.

Pero no sólo los sobrecostos de la obra han generado suspicacias, ya que al momento de el otorgamiento de los contratos a empresas con una notoria inexperiencia en el ramo de la infraestructura para el sector energético. Tal es el caso de Manufactura Especial y Proyectos industriales, SA de CV, se creó en 2020.

Pese a su reciente creación y falta de experiencia recibe contratos multimillonarios para edificar una obra especializada y de valor estratégico para el gobierno Obradorista como lo es la refinería Olmeca, en Dos Bocas Paraíso, Tabasco.

Es universalmente reconocido que las adjudicaciones directas constituyen una de las prácticas que más se prestan a la corrupción. Este gobierno ha abusado de ellas a pesar de haber prometido que se erradicarían.

La corrupción es uno de los males que más han aquejado a nuestro país a lo largo de la historia, inclusive la lucha contra la corrupción ha sido uno de los pilares para promover el proyecto político de quienes prometían tener la solución a todos los problemas de México. Con el lema de que la corrupción se barría como las escaleras, “de arriba para abajo”, el presidente López Obrador asumió el compromiso de erradicar la problemática generada por la corrupción desde el primer día de su gobierno, hoy en los hechos solo vemos que fueron palabras vacías. Una de las principales propuestas durante la campaña de 2018 del actual presidente era su plan conformado por nueve ejes principales que van desde eliminar las empresas fantasmas hasta prohibir las adjudicaciones directas de contratos.

En la actualidad, estamos ante un escenario totalmente opuesto a lo que se prometió hace ya cuatro años, el método favorito de la presente administración es la adjudicación directa, de acuerdo con una investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, durante 2021 8 de cada 10 contratos del gobierno han sido entregados por adjudicación directa.

Por lo que los contratos adjudicados a Manufactura Especial y Proyectos industriales S.A. de C.V. constituye una contradicción más de este gobierno. Pero sobre todo lo anteriormente expuesto nos hace plantearnos las siguientes preguntas:

¿La Secretaría de Energía no supervisa los antecedentes de las empresas a que asigna contratos directos? Y ¿cuáles son los criterios para asignar contratos millonarios a cinco empresas con dos años de creación, con evidente falta de capacidad y experiencia para ejecutar las obras públicas especializadas y de valor estratégico?

Es de suma importancia que se aclare por qué fueron otorgados los contratos a dicha empresa cuando, evidentemente, dista mucho de ser la opción idónea a fin de llevar a cabo los trabajos requeridos para la construcción de la refinería.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la secretaria de Energía, Norma Rocío Nahle García, a que informar a la opinión pública en sus medios electrónicos oficiales de comunicación sobre las razones para adjudicar de manera directa diversos contratos relacionados con los trabajos de construcción de la refinería Olmeca ubicada en Dos Bocas, en el municipio de Paraíso en el Estado de Tabasco a la empresa Manufactura Especial, Proyectos Industriales, SA de CV, Asociados Constructores DBNR y Grupo Huerta Madre.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2022.

Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y a la colegisladora a ratificar el Convenio sobre las cuarenta horas, 1935 (número 47), emitido por OIT, a cargo del diputado José Luis Báez Guerrero, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Luis Báez Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con puntos de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La Organización Internacional del Trabajo fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente, consagrada a la promoción de la justicia social, de los derechos humanos y laborales reconocidos internacionalmente, persiguiendo su misión fundadora: la justicia social es esencial para la paz universal y permanente. Reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 Estados miembros a fin de establecer las normas del trabajo, formular políticas y elaborar programas promoviendo el trabajo decente de todos, mujeres y hombres. La OIT, contribuye a mejorar la situación económica y las condiciones de trabajo que permiten que todos los trabajadores, empleadores y gobiernos participen en el establecimiento de una paz duradera, de la prosperidad y el progreso.1

La OIT, es un organismo especializado en materia del trabajo y de justicia social, su misión fundamental la constituye la formulación del derecho internacional de trabajo, actividad que materializa al adoptar en sus Conferencias Internacionales, Convenios, y Recomendaciones; demás, en su vinculación con sus Países miembros desempaña funciones de divulgación y asesoría, y con base en una adecuada política laboral, apoya, recomienda, exige el cumplimiento de los instrumentos internacionales ratificados por sus miembros.2

El 12 de septiembre de 1931, México se incorporó a la Organización Internacional del Trabajo.3

Ahora bien, la OIT aprobó en la decimonovena reunión, de fecha 4 de junio de 1935, el Convenio sobre las Cuarenta Horas, número 47, en el que se declara el principio de la semana de 40 horas, a favor de los trabajadores.4

Ergo, el legislador mexicano estableció que la duración de la jornada máxima será de 8 horas; asimismo, los trabajadores disfrutarán de al menos 1 día de descanso por cada 6 de trabajo,5 estableciendo implícitamente una jornada semanal de 48 horas.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 24,6 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 7, inciso d),7 señalan que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo.

Para el tratadista Néstor de Buen L. , el descanso semanal para los trabajadores, permite razonablemente reponer las energías, por lo que señala conveniente un descanso semanal de dos días, reduciendo la jornada semanal de 40 horas; toda vez que, considera que la disminución del tiempo de trabajo se traduciría en que, estando los trabajadores más descansados, tendrían mejor ánimo, lo que se compensaría con productividad.8

Baltasar Cavazos Flores señala que el descanso semanal se ha considerado como una necesidad inaplazable para que el trabajador pueda recuperar las fuerzas gastadas por su trabajo; asimismo, argumenta en pro de la semana de 40 horas, que ésta abate el desempleo e incluso se podría dar más empleo a más trabajadores; asimismo, se permitirá al trabajador integrarse más a su familia, además de que su trabajo será más eficiente, ya que el descanso adicional le servirá de estímulo cuando reanude sus labores; igualmente estima que no debe confundirse la semana de 40 horas con la semana de 5 días trabajados, es decir, se desea que los trabajadores laboren 40 horas pero que las empresas sigan laborando con otros empleados.9

Propuestas anteriores, que tiene como finalidad reducir de 48 horas a 40 horas la jornada semanal; si bien son distintas, ambas comprenden una misma finalidad, lo cual es congruente con el artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo, en el que se establece que el trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo, sin que pueda exceder los máximos legales. Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo, a fin de permitir a los primeros el reposo del sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que el descanso semanal posee fundamento biológico y tiene como finalidad preservar la salud física y mental del trabajador, procurándole el reposo necesario para recuperar energías.10

La ratificación del Convenio sobre las Cuarenta Horas, 1935 (número 47), implica el compromiso del Estado mexicano, de acatar las disposiciones que en él se contiene, conforme al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que todas las personas son titulares de los derechos humanos que estén reconocidos tanto en la norma fundamental como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Lo anterior es así en razón de que, los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que México sea parte, son normas jurídicas que integran el control de regularidad, por lo que reconocer derechos humanos, en normas internacionales, se amplía el catálogo privilegios a los trabajadores.11

Si el Estado mexicano ratifica el Convenio sobre las Cuarenta Horas, conllevaría a que forme parte del ordenamiento jurídico de nuestro país y, por consiguiente, se reduciría la jornada semanal a cuarenta horas, a favor de los trabajadores.

En consecuencia, en el deber de proteger y garantizar los derechos humanos laborales reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales, de conformidad con los artículos 1o. y 133 de la Constitución federal; y conforme a las facultades establecidas en los artículos 76, fracción I, segundo párrafo, 77, fracción II, y 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se propone exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y a la Cámara de Senadores a ratificar el Convenio sobre las Cuarenta Horas, 1935 (número 47), emitido por la Organización Internacional Del Trabajo, conforme a lo siguiente:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a impulsar en el marco de sus atribuciones la ratificación del Convenio sobre las Cuarenta Horas, 1935 (número 47), emitido por la Organización Internacional del Trabajo.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Cámara de Senadores a ratificar el Convenio sobre las cuarenta horas, 1935 (número 47), emitido por la Organización Internacional del Trabajo.

Notas

1 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang—es/index.htm

2 Citation INS16 \l 2058 (Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2016).

3 https://www.ilo.org/mexico/la-oficina/WCMS_209748/lang—es/
index.htm#:~:text=El%2012%20de%20septiembre%20de,188%20adoptados%20por%20la%20OIT.

4 https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_I LO_CODE:C049

5 Artículos 123, Base A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 69 de la Ley Federal del Trabajo.

6 https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights

7 https://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo_social/docs/marco/Pacto _IDESC.pdf

8 Citation DEB02 \l 2058 (De Buen L., 2002).

9 Citation Bal04 \l 2058 (Cavazos Flores, 2004).

10 Tesis aislada con número de registro digital 169895, de la novena época, materia laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, abril de 2008, página 2343, de rubro “Descanso semanal. Finalidad que se persigue con su otorgamiento”. Asimismo, en la jurisprudencia con número de registro digital 207764, octava época, materia laboral, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Número 69, septiembre de 1993, página 18, de rubro “Descanso obligatorio. Validez del convenio que dispone laborar en los días de”.

11 Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Salón de sesiones, a 13 de diciembre de 2022.

Diputado José Luis Báez Guerrero (rúbrica)

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Con motivo del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, diputada Ana Karina Rojo Pimentel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción XI; 62, numeral 2 y 76, fracción VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía la siguiente efeméride con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Consideraciones

Los derechos humanos son la base de la dignidad humana y la piedra angular de las sociedades pacíficas, inclusivas, justas, igualitarias y prósperas. Son una fuerza unificadora y un clamor colectivo.

António Guterres

Secretario General ONU

El Día de los Derechos Humanos se conmemora cada 10 de diciembre, día en que celebramos el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana y establecidas en nuestra Carta Magna para la efectiva realización del desarrollo integral de las personas.

En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos para proclamar los derechos inalienables de todas las personas, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Estableciendo a nivel mundial, con consenso de países de todos los continentes, aquellos derechos fundamentales que los Estados tenían la responsabilidad de defender y promover, al igual que los ciudadanos en general, donde se desprenden los derechos humanos relacionados con la vida, la educación, la alimentación, la libertad e, incluso, la recreación.

Sin embargo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos como documento orientador exigió de pactos internacionales para garantizar que los estados parte cumplieran con las premisas pactadas, así entonces, en 1995 se presentaron el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional, estableciendo las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o abstenerse de actuar, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos.

Por ello; esta fecha, nos brinda la oportunidad de renovar la larga lucha de la humanidad por la conquista y respeto a los derechos y la dignidad de las personas ante los terribles retos a los que nos enfrentamos derivados de como la pobreza, desigualdad, violencia, exclusión y discriminación, pero también reconocemos que aún falta un largo camino por recorrer y muchas cosas por mejorar.

El Estado mexicano en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor de todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna.

Los derechos humanos intentan lograr que no se amplíe cada vez más la brecha entre los sectores poblacionales más privilegiados y los más vulnerables, es por ello que, dentro de sus antecedentes, se encuentra el estado de bienestar, que tiene como base al conjunto de instituciones gubernamentales que suministran las políticas públicas sociales dirigidas al mejoramiento de las condiciones de vida y procurar la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos, contribuyendo de esta manera a la disminución de la pobreza.

El Día de los Derechos Humanos es una oportunidad para concientizar y reafirmar la importancia de los derechos humanos en la construcción de sociedades más equitativas y justas, nos ha costado mucho tiempo, revoluciones, sacrificios, y sigue la lucha por pretender hacer realidad los derechos humanos, quizá sea una utopía necesaria para aspirar a mejores estadios de desarrollo.

De acuerdo con la encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México, las personas encuestadas consideran que el grupo más discriminado son quienes tienen la piel morena, seguido de las personas indígenas. En tercer lugar, se ubicaron las mujeres, grupo sobre el que aumentó drásticamente la percepción de discriminación hacia ellas, pues pasó de 2.7 por ciento en 2013 a 4.3 por ciento en 2017 y ahora 9.4 por ciento en la EDIS 2021. El cuarto y quinto lugar corresponden a las personas gays y a aquellas en condición de pobreza, respectivamente.1

Lo anterior nos permite comprender las enormes dificultades a las que se enfrentan las personas al intentar ejercer sus derechos, en especial las personas a quienes no les hemos podido garantizar su inclusión plena en todas las actividades de la vida cotidiana de nuestro país.

En conclusión, esta conmemoración se ha construido sobre una base de esfuerzos y sacrificios, que seguirán siendo insuficientes si no se llevan a cabo mejores políticas públicas de carácter social que destinen presupuestos decorosos para enfrentar la discriminación que afecta principalmente a los derechos humanos, para generar un ambiente justo y de bienestar que beneficie al individuo para que luego esta pueda realizar aportes a la colectividad.

Notas:

1 https://www.copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/copred-presenta-result ados-de-la-edis-2021

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre 2022

Diputada Ana Karina Rojo Pimentel (rúbrica)