Citatorios
Iniciativas Actas Convocatorias Invitaciones

Citatorios

De la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a la sesión preparatoria del segundo año de ejercicio de la LXV Legislatura, que tendrá lugar el miércoles 31 de agosto de 2022, a las 18:00 horas

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, numeral 7; y 23, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; se cita a las diputadas y diputados federales, a la sesión preparatoria del segundo año de ejercicio de la LXV Legislatura, que tendrá lugar el miércoles 31 de agosto de 2022, a las 18:00 horas, en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sito en avenida Congreso de la Unión, número 66, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, en modalidad presencial.

El sistema electrónico instalado en las pantallas de las curules del salón de sesiones para el registro de asistencia, estará abierto a partir de las 15:00 horas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de agosto de 2022.

Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (rúbrica)

Presidente


Iniciativas

Que reforma la fracción VIII del artículo 9 de la Ley General de Educación, en materia de implementación de escuelas con horario completo, recibida de la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de agosto de 2022

La que suscribe, diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra de la LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 55 fracción II y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 9 de la Ley General de Educación, en materia de implementación de escuelas con horario completo, al tenor de la siguiente:

Propuesta legislativa

Esta iniciativa tiene como objeto establecer un horario extendido en las escuelas de nivel básico y medio superior para apoyar a las madres de familia trabajadoras en el cuidado y atención de niñas y niños.

Exposición de Motivos

La educación es uno de los pilares fundamentales de cualquier nación, por tal motivo desde los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se ha considerado a la política educativa como parte de la agenda de seguridad, toda vez que la inversión y la creación de nuevas estrategias en materia educativa es, hoy más que nunca, un catalizador para el desarrollo económico de los países y las personas.1

México no es la excepción, durante lo que va de este sexenio, nuestro país se ha mantenido a la vanguardia en el incremento a los derechos de niñas y niños en México; y si bien es cierto que esta es una de las agendas prioritarias para el gobierno federal, no menos cierto es que la situación actual a nivel mundial, así como las resistencias todavía persistentes en las sociedades contemporáneas, han tenido un impacto en el desarrollo educativo de la juventud.

En primer lugar se señala como una de las causas de este impacto negativo a los estragos de la pandemia por SARS-CoV-2 (mejor conocida como Covid-19), en donde las medidas de distanciamiento social y el cierre temporal de las escuelas2 modificó las dinámicas laborales de los padres y las madres, quienes todavía deben dividir el tiempo de atención entre la atención de sus hijos y el trabajo, que de acuerdo a un estudio elaborado por el Boston Consulting Group3 durante el contexto más cruento de la pandemia, invertían un promedio de 17 horas semanales sólo para dedicarse a atender las necesidades derivadas de la educación a distancia de sus hijos4 , lo que se agrava particularmente en el caso de las familias uniparentales, que en la mayoría de los casos son encabezadas por mujeres trabajadoras, quienes constituyen el único sustento de su casa y se ven obligadas a priorizar entre dos aspectos fundamentales de su vida: el aspecto laboral y el familiar.

Al respecto ONU-Mujeres ha señalado que la tasa de actividad, es decir, las personas disponibles para trabajar, se vio reducida mayoritariamente en las mujeres que en los hombres debido al cierre temporal de escuelas.5

Lamentablemente, aún en el siglo XXI, subsisten modelos de educación que desde la casa perpetúan la idea de que las mujeres y las niñas deben sacrificar sus metas en el ámbito profesional para entregarse a la vida marital, del cuidado de los hijos y del hogar.

Situación que por supuesto, es inaceptable y que conmina a las instituciones estatales a diseñar estrategias y programas encaminados a la construcción de un entorno que posibilite la ampliación de derechos para las mujeres y niñas con el propósito de transformar entornos en los cuales puedan acceder a mayores oportunidades.

De manera que para contribuir en el empoderamiento femenino, a una mayor incorporación de la fuerza laboral femenina y al consecuente desarrollo económico, se hace necesario albergar y atender las demandas de las madres trabajadoras, con la finalidad de superar una de las brechas que actualmente les impide una total reintegración a las actividades económicas del país, en perjuicio de su desarrollo personal y profesional.

Al respecto, algunos Estados han incorporado en sus sistemas de gobernanza la perspectiva de género, siendo uno de ellos el encabezado por nuestro Presidente de la República, que, en este esfuerzo, ha escuchado las diferentes voces que han optado por la reivindicación de la dignidad de las 22,321,951 de mujeres trabajadoras6 de las cuales 35.2 por ciento son mujeres solteras7 que día a día salen de sus hogares para llevar ingresos a sus familias. Además, este contexto donde las mujeres ocupan un rol nodal en la fuerza laboral dimensiona su importancia ya que en un periodo de 15 años (2005-2020) han incrementado su participación en la población económicamente activa en un 67.8 por ciento.8

Así, desde el Gobierno de la República se ha buscado impulsar a este grupo poblacional, que de manera incansable lucha para participar en la reactivación económica del país, pues beneficia por medio del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras9 a aquellas mujeres que en su condición de madres solteras buscan ocupar un lugar en el mercado laboral a través del apoyo por medio de transferencias monetarias, al cierre del cuarto trimestre del año 2021 este programa había brindado apoyos a 295,422 beneficiarias, y a 41,539 niñas, niños, adolescentes y jóvenes en orfandad.10 De manera similar, la Beca para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica11 ha favorecido a las familias en condición de vulnerabilidad que tienen hijas e hijos estudiantes menores de 18 años “del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021 se entregaron becas a 3.8 millones de familias, con un monto de 29,349.5 millones de pesos. Lo que benefició a 5.6 millones de estudiantes de educación básica de 192,407 escuelas”12 .

Sin embargo, todavía quedan esfuerzos que el Estado mexicano puede maximizar para incrementar la fuerza laboral de las mujeres; un estudio realizado por McKinsey Global Institute ha sugerido que para que se reorienten y ajusten las actividades económicas de las mujeres a un escenario de automatización y tecnificación es menester que los gobiernos tomen medidas para que las mujeres reduzcan el tiempo que toman para las tareas del cuidado, ya que anualmente las madres dedican 1.1 billones de horas al año al cuidado no remunerado de niños y adultos mayores frente los 400 mil millones de horas de los hombres.13

Así, con el fin de crear un entorno que pueda cerrar estas barreras, se considera pertinente impulsar, desde el ámbito legislativo, un sistema escolar de jornada ampliada, en el que las y los estudiantes puedan permanecer más tiempo en la escuela con el fin de favorecer la inclusión laboral de las mujeres y con ello incidir en su empoderamiento.

Este mecanismo de jornada ampliada propone que por cuatro horas las niñas y los niños adquirirán aprendizajes en las aulas y las otras cuatro horas restantes las dedicarán a actividades extracurriculares, con ello se podrá coadyuvar a la generación de un ambiente en el que las madres se encuentren menos preocupadas por la seguridad de sus hijos y también podrán utilizar ese tiempo en beneficio de la productividad económica y desarrollo laboral.

Cabe mencionar que nuestra propuesta no implica impacto presupuestal pues no considera erogaciones nuevas, sino una reorientación del gasto dentro de la misma dependencia al pasar las transferencias enviadas a las madres para pagar por el cuidado de sus hijos en guarderías y el apoyo para sus hijos en secundaria, hacia financiar la ampliación de atención escolar.

En razón de lo anterior, se incluye el siguiente:

Cuadro comparativo

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 9 de la Ley General de Educación.

Artículo Único. Se reforma la fracción VIII del artículo 9 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 9. ...

I. a VII. ...

VIII. Establecer, de forma gradual y progresiva la continuidad en la operación, de acuerdo con la suficiencia presupuestal, de las escuelas con horario completo en educación básica, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para promover un mejor aprovechamiento del tiempo disponible, generar un mayor desempeño académico y desarrollo integral de los educandos;

IX. a XIII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para la implementación de este decreto, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Bienestar, brindarán los recursos económicos o financieros necesarios a fin que el presupuesto que actualmente se destina al cuidado de estudiantes sea canalizado total o parcialmente para garantizar la operación de las escuelas con horario completo.

Notas

1 OECD. “Education at a Glance 2021”. Consultado en: https://www.oecd-library.org/education/education-at-a-glance-2021 b35a14e5

2 En México para proteger a las niñas y niños de la propagación de contagios, las medidas impuestas por la Secretaría de Educación Pública consistieron en que las escuelas de educación básica, media superior y superior suspendieran clases con base en la semaforización de cada estado. Vid SEP. ACUERDO número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medios superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública. Consultado en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589479&fecha=16/03/ 2020#gsc.tab=O

3 El presente estudio fue realizado con base en una muestra de 3,055 madres y padres trabajadores en cinco países: Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Alemania y Francia del 3 de abril al 20 de marzo del 2020. Vid. Matt Krentz, et al. “Easing the COVID-19. Burden on Working Parents”. 21 de mayo del 2020. Consultado en https://www.bcg.com/publications/2020/helping-working-parents-ease-the- burden-of-covid-19

4 Instituto Belisario Dominguez, El trabajo de cuidados en México en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Senado de la República. LXIV Legislatura. p. 9. Consultado en: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/
bitstream/handle/123456789/5225/docto%20cuidados%20aRev4%20pxp.pdf?sequence=1&isAllow

5 ONU Mujeres. “Análisis del Impacto de la pandemia en el mercado laboral, la desigualdad y la pobreza según el género”. Abril de 2021. Consultado en:

https://www2.unwomen.org/media/field%20office20americas/documentos/publicaciones/2021/05/
analisis%20mercado%201aboral%20postcovid250521%20web.pdf?la=es&vs=5640

6 INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Cuarto Trimestre de 2021. p. 26. Consultado en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletin es/2022/enoe_ie/enoe_ie2022_02.pdf

7 Instituto Nacional de las Mujeres. “Madres Solteras”. Consultado en:
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Madres_solteras.pdf

8 DOF. 28/12/20. Secretaría del Bienestar. ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de la Niñas, Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal de 2021. Consultado en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609027&fecha=28/12/2020#gsc.tab=O

9 Gobierno de México. “Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras”. Consultado en: https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/programa-de-apoyo-par a-el-bienestar-de-las-ninas-y-ninos-hijos-de-madres­trabajadoras-203284

10 Secretaría de Bienestar, Cuarto informe Trimestral 2021, Programas de subsidio del ramo administrativo 20-Bienestar. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/694815/4_INFORME_TRIMEST RAL_2021_VFFF.pdf

11 Gobierno de México. “Beca para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica”. Consultado en: https://www.gob.mx/becasbenitojuarez/articulos/beca-bienestar-para-las- familias-de-educacion-basica

12 Secretaría de Educación Pública. Tercer Informe de Labores 2020-2021.
https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/informes/labores/2018-2024/3er_informe_de_labores.pdf

13 McKinsey Global lnstitute. The Future of women at work. Transitions in the age of automation. p. 99. Consultado en:
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/gender%20equalitv/
the%20future%20of%i20women%20at%20work%20transitions%20in%20the%20age%20of%20automation/
mgi-the-future-of-women-at-work-full-report-june%202019.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, 24 de agosto de 2022.

Diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra (rúbrica)

Que reforma la fracción XIV del artículo 30 de la Ley General de Educación, en materia de educación financiera, recibida de la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de agosto de 2022

La que suscribe, diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra de la LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 55, fracción II, y179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIV del artículo 30 de la Ley General de Educación, en materia de educación financiera, al tenor de la siguiente:

Propuesta legislativa

Darle a la educación financiera la calidad de asignatura propia en los niveles de educación básica, media superior y superior, con la finalidad de:

1. Coadyuvar en el flujo de financiamiento hacia emprendedores y microempresarios que cuenten con la educación financiera para elaborar reportes y transparencia financieros, necesarios para que fluyan hacia sus proyectos recursos de crédito e inversión que requieren esta transparencia;

2. Asegurar que la juventud cuente con los conocimientos básicos que les permitan tomar decisiones informadas y responsables en la planeación financiera de su vida útil, y

3. Fortalecer la educación financiera femenina que cierre brechas de género.

Educación financiera y su enseñanza en México

La educación financiera es un mecanismo que favorece el empoderamiento de los sectores más vulnerables, quienes tienen el potencial de adquirir información en un lenguaje accesible para tomar decisiones de carácter económico basado en el conocimiento de los instrumentos financieros básicos para tomar decisiones de consumo y ahorro, y atraer financiamiento para sus proyectos.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) desde el año 2005 ha instado a los Estados a contemplar la educación financiera en los planes de estudio de los sistemas educativos, basados en enfoques pedagógicos que faciliten y motiven el aprendizaje de las y los alumnos.

Nuestro actual gobierno, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Grupo Parlamentario de Morena, en atención a las necesidades de nuestra juventud y con la finalidad de crear una herramienta que acercara a todo el público al funcionamiento del sistema financiero mediante conceptos simplificados, desde 2019, optó por incluir a la educación financiera dentro de los planes y programas de estudio, tal y como se advierte de la lectura del artículo 30, fracción XIV de la Ley General de Educación.

De esta manera, México en el marco de sus instituciones financieras ha concebido una definición a través del Banco del Bienestar del gobierno federal, el cual señala a la educación financiera como:

“Un proceso de desarrollo de habilidades y actitudes que, mediante la asimilación de información comprensible y herramientas básicas de administración de recursos y planeación, permiten a los individuos tomar decisiones personales y sociales de carácter económico en su vida cotidiana, y b) utilizar productos y servicios financieros para mejorar su calidad de vida bajo condiciones de certeza”.1

En ese sentido, instituciones como la Secretaría de Educación Pública (SEP), como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), han realizado importantes avances en su enseñanza.

Hoy en día, existen guías que imparten educación financiera para niñas y niños2 mediante las cuales se orienta sobre la importancia del ahorro, el uso del dinero con responsabilidad y se inculcan valores de compromiso y responsabilidad en las finanzas personales; asimismo se imparte educación financiera por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), cuyas instituciones han procurado que un mayor número de personas sean previsoras en su futuro, logrando así una cultura de la previsión y el ahorro en las y los niños.

Sin embargo y a pesar de los importantes esfuerzos realizados en este sexenio, se advierte que en la actualidad no existen mecanismos para evaluar el aprendizaje del alumnado en esta materia, toda vez que la enseñanza de la educación financiera sigue siendo vista como una acción complementaria en el aprendizaje, lo que sin lugar a dudas representa un importante reto dadas las cifras actuales que instituciones como el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), ofrecen sobre la situación de México y en general de América Latina y el Caribe, de donde se desprende que las personas de entre 15 a 24 años tienen menos de la mitad de las probabilidades de tener una cuenta bancaria, a diferencia de las personas entre los 25 y los 64 años.3

Paralelamente en México, una publicación reveló que en el 2020 sólo el 33 por ciento de la población en México contaba con conocimientos financieros “básicos”; mientras que, el 67 por ciento de esta población poseía conocimientos deficientes y débiles respecto al uso de los servicios financieros.4

Asimismo, 54.5 millones de personas, o sea, el 69 por ciento en 2018 no tenían algún instrumento de financiamiento formal, entre las causas que se encuentran vinculadas al analfabetismo financiero es que el 26 por ciento de estos muestran desinterés y el 4 por ciento tiene una percepción de desconfianza hacia las instituciones bancarias.5

Situación que se agrava cuando se habla de los sectores poblacionales que comprenden a mujeres, niñas, niños y adolescentes, poblaciones que han atravesado mayores vulnerabilidades para acceder a servicios y productos financieros, quienes requieren de necesidades específicas que solo pueden ser atendidas mediante la implementación de medidas y estrategias focalizadas, por ejemplo: mediante el diseño de planes de ahorro para la vejez o campañas que fomenten el emprendimiento en mujeres.6

MiPyMes

Estas carencias del actual sistema se terminan trasladando a la incubación de empresas, lo que constituye una importante barrera para el emprendimiento; de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Financiamiento para las Empresas (ENAFIN), las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MiPyMes), enfrentan escenarios en donde sólo el “23 por ciento contaban con cuentas de depósito empresarial; 11 por ciento tenían tarjetas de crédito y el 18 por ciento utilizó la dispersión de nómina ofrecida por los bancos7 situación que se agrava en el caso de las microempresas, en donde sólo el 6 por ciento poseen tarjeta de crédito empresarial.8

Al respecto, la SHCP ha señalado como una de las causas de este efecto, la falta de suficiente educación financiera.

Adicionalmente, prevalece una generalizada falta de educación financiera en este sector y en el de emprendimiento, que impide que dichos agentes económicos sean capaces de entender la necesidad de entender y transparentar sus finanzas y proyectos de manera que atraiga crédito e inversión.

Estas deficiencias en las capacidades de las Mipymes impactan negativamente en su capacidad crediticia, tal y como se advierte de las cifras que arroja la Encuesta Nacional de Financiamiento (ENAFIN) de Inegi en 2018, de donde se desprende que de las 4,188 empresas que fueron encuestadas, sólo el 81.9 por ciento de las microempresas solicitaron financiamiento; mientras que el panorama es similar para las medianas y pequeñas empresas, en donde el 57.9 y el 73.3 por ciento respectivamente, tampoco solicitaron créditos para realizar sus operaciones.9

Ello, debido a que usualmente les es negado el financiamiento a través de crédito hacia las y los emprendedores, principalmente por carecer de un historial crediticio, lo cual afecta a medianas, pequeñas y micro empresas en un 6, 16.1 y 47.3 por ciento respectivamente del total de créditos socilitados.10

Asimismo, a este escenario se suma la poca capacidad de pago, o el desconocimiento de los documentos que son requeridos para continuar con el proceso; lo cual se esquematiza en la siguiente gráfica:

Necesidad de impartir la educación financiera a través de una materia específica

A pesar de que el marco legal actual ya contempla la enseñanza de la educación financiera, para alcanzar el escenario deseado, es necesario un papel activo del Gobierno Federal en la enseñanza de estos conocimientos; por lo que a pesar del excelente papel que el gobierno actual ha realizado al incrementarlos canales de la educación financiera a través de las estrategias prioritarias delimitadas en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2020-2024 (Pronafide); la enseñanza de la educación financiera no puede quedar al arbitrio de la autoridad ejecutiva , ya que sin el suficiente compromiso de los subsecuentes gobernantes, sería muy fácil revertir los esfuerzos que la Cuarta Transformación ha realizado para democratizar los servicios y productos financieros, razón por la cual se debe considerar, desde la Ley General de Educación, una materia específica, enfocada en la educación financiera, que permita de manera transversal, desarrollar e impulsar las habilidades necesarias que toda persona necesita para tomar decisiones responsables en materia financiera.

En razón de lo anterior, se incluye el siguiente:

Cuadro comparativo

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforma la fracción XIV del artículo 30 de la Ley General de Educación.

Artículo Único. Se reforma la fracción XIV del artículo 30 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 30. ...

I. a XXIII. ...

XXIV. La promoción del emprendimiento, el fomento de la cultura del ahorro y la educación financiera, cuya enseñanza se impartirá en los planes y programas de estudio a través de asignaturas propias, evaluables y acreditables de acuerdo a cada nivel educativo, a efecto de verificar el cumplimiento de su propósito;

XV. a XXV. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Banco del Bienestar. Et al. ¿Qué es la educación financiera?. Disponible en:
https://www.gob.mx/bancodelbienestarldocumento/que­es-la-educacion-financiera

2 s/a. Educación financiera para niñas y para niños. Consultado en: https://revista.condusef.gob.mx/2020/03/
educacion-financiera-para-ninas-y­ninos/#:-:text=Educaci%C3%B3n%20financiera%20para%20ni%
C3%B1as%20y%20ni%C3%B1os%201%20El.y%20mediano%20plazo.%20.%204%200tros%20ahorros.

3 Banco de Desarrollo de América Latina. La educación financiera en América Latina y el Caribe. Situación actual y perspectivas. p. 28. Consultado en: https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/
oecd_caf_financial_education_latinamericaes.pdf

4 ITAM, Nacional Monte de Piedad y Centro de Estudios de Competitividad. Iniciativas privadas de educación financiera en México. Oferta, demanda y oportunidades de mejora. Disponible en: https://docplayer.es/195001460-lniciativas-privadas-de-educacion-financ iera-en­ mexico-oferta-demanda-y-oportunidades-de-mejora.html

5 Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El crédito en México: productos, instrumentos y evolución (con datos de la Encuesta Nacional de inclusión Financiera). Marzo de 2021. p.34. Consultado en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/624795/Estudio_Credito.pdf

6 OECD, lnternational Network Financial Education. Adressing womens needs for financial education. pp. 4-5. Consultado en: https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/OECD_INFE_women_FinEd2 013.pdf

7 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2020-2024. p. 23. Consultado en: https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/
Finanzas_Publicas/docs/pronafide/pronafide2020.pdf

8 Ídem.

9 INEGI. Encuesta Nacional de Financiamiento 2018. p. 13. Consultado en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enafin/2018/doc/ENAFIN2018Pres.pdf

10 lbíd. p. 16.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, 24 de agosto de 2022.

Diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra (rúbrica)

Que adiciona una fracción IV al artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en materia de inversión pública productiva, recibida de la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de agosto de 2022

La suscrita, diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II y179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a la consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV del artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en materia de inversión pública productiva.

Propuesta legislativa

Esta iniciativa tiene como objetivo impulsar la inversión pública productiva municipal como un real vehículo de desarrollo social y económico. Para ello se plantea establecer como una obligación de los municipios el presentar un plan anual de inversión pública productiva certificable como parte del presupuesto anual municipal y que defina claramente las acciones, los montos, las direcciones georeferenciadas, los impactos, los beneficios y las dimensiones socio-económicas que atenderá cada inversión.

Exposición de Motivos

La inversión es uno de los elementos económicos fundamentales y necesarios para lograr el crecimiento, el desarrollo y la consecución del bienestar social. La que realizan los gobiernos es una de las más importantes ya que tiene dos dimensiones fundamentales, la primera es la de satisfacer necesidades sociales y la segunda es la de impulsar el desarrollo social y económico nacionales, estatales y/o locales.

Lograr esto requiere identificar las distintas necesidades socio-económicas de manera concreta y específica, a fin de entender las dimensiones multifactoriales que las detonan y darles soluciones acordes. Esto solo puede ser posible llegando al nivel más inmediato de la gente, lo cual en términos de órdenes de gobierno le corresponde a los municipios.

Los municipios son el orden de gobierno más cercano a la ciudadanía, son el primer contacto del ciudadano ante una demanda o solicitud de servicio, son los gobiernos municipales los que dan respuesta en menos tiempo a una demanda ciudadana, son los que integran las especificidades de cada territorio, colonia, pueblo y/o localidad en su quehacer de gobierno, son quienes tienen una mayor flexibilidad para identificar claramente elementos socioeconómicos como las zonas de marginación, los tipos de violencia más presente, los principales problemas ecológicos, sociales y/o económicos; y también son quienes identifican las potencialidades, los recursos naturales, humanos y socioeconómicos existentes, las capacidades acumuladas, los mercados más próximos o rentables, en fin, que los municipios son el orden de gobierno que tiene la mayor capacidad y flexibilidad para atender de manera más concreta, enfocada y eficiente las diferentes dimensiones de una política pública.

Lograr generar y mantener las políticas y la provisión de servicios públicos eficientes requiere de mantener funcionales la infraestructura urbana y sectorial así como sistemas de producción de bienes y servicios públicos. Es por ello que se requiere que los municipios inviertan de manera constante y sustantiva en diferentes áreas que permitan fortalecer la seguridad pública, el medio ambiente, la educación, la salud, la capacitación, la creación de empleos, la movilidad, la cultura, etcétera, y no se queden sólo en la pavimentación de calles y embellecimiento de sus poblaciones y canchas deportivas como únicos sinónimos de inversión pública.

Culturalmente las presidencias municipales tienden a gastar sus recursos de manera prioritaria en obras de embellecimiento y revestimiento de calles, que si bien son necesarias no son sustantivas ni productivas per se, pues existen actividades y necesidades de inversión e infraestructura igual o más prioritaria por ejemplo plantas de tratamiento de agua, infraestructura y servicios de rastros municipales, centros de tratamiento de basura, servicios de infraestructura agrícola, reforestación, plantas municipales de acopio y beneficio de café, etcétera, orientados a incrementar el ingreso y calidad de vida de sus habitantes.

Así, por ejemplo en 2020 la inversión municipal se concentró en obra pública en bienes de dominio público que representó el 92 por ciento del total, dentro de ella dominaron la inversión en diversas obras públicas en bienes de dominio público con un 34.56 por ciento y que van desde pintura de fachadas y arreglo de parques y jardines hasta inversiones mayores; la inversión en división de terrenos y construcción de obras de urbanización con un 19.27 por ciento, así como construcción de vías de comunicación con 14.64 por ciento, estas dos últimas juntas representan más de un tercio del total de lo que se invirtió por parte de los municipios.

En contraparte, para escuelas apenas se destinó 2.13 por ciento y para hospitales 0.10 por ciento de total de la inversión de ese año, de nuevo la inversión municipal no se destina a la creación o mejoramiento de servicios y bienes públicos.

Así, que los municipios realicen inversión pública productiva y genere nuevos y mejores servicios públicos es fundamental para contribuir a que mejoren las comunidades, los índices de desarrollo humano, el medio ambiente, la productividad económica de las unidades privadas que operan en cada municipio y en general para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

Sin embargo, la inversión pública de todos los niveles de gobierno se ha reducido en la última década y es muy dispar entre ellos, pues la federación ha participado con el 82 por ciento del total de la inversión pública nacional, mientras que los estados y los municipios apenas lo hacen con el 9 por ciento cada uno1 .

Si bien la inversión pública federal tiene efectos multiplicadores de impacto regional y de beneficio social, por sí misma no tiene el alcance suficiente para llegar a todos los municipios o satisfacer las necesidades específicas de todas las personas del área de impacto pues su naturaleza es distinta, quienes deberían de cubrir estas necesidades son en particular los municipios.

La inversión municipal vista por estados ha variado mucho, en el periodo 2013-2020 hubo municipios de estados como Chiapas y Oaxaca que invirtieron más del 50 por ciento de sus ingresos, mientras que otros no llegaron al 10 por ciento y aún dentro de cada estado, la inversión de cada municipio varía tanto en monto como en tiempo pues puede haber algunos que llegan a invertir más del 60 por ciento del ingreso en un año mientras que en otro año no llegan al 10 por ciento. Esto nos da cuenta de la necesidad que los municipios aumenten sus participación en la inversión pública total nacional y lo realicen de manera estable, continua y sustentable.2

Contenido de la propuesta

Como se ha desarrollado, los municipios deben participar de manera más activa y sustantiva en la realización de inversiones públicas productivas.

Por ello, se plantea reformar el artículo 18 de la misma Ley añadiéndole un numeral IV y recorriendo el actual a V, a fin de que los municipios integren en sus iniciativas de ley de ingresos y sus proyectos de presupuestos de egresos, un programa anual de inversión pública productiva certificada de al menos el 25 por ciento del presupuesto total anual y que especifique las acciones, los montos, las direcciones georeferenciadas, los impactos, los beneficios y las dimensiones sociales que atenderá cada inversión.

Para facilitar la comprensión de la presente propuesta legislativa, se ofrece el siguiente:

Cuadro comparativo

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente:

Decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Artículo Único. Se adiciona una fracción IV, recorriéndose la subsecuente al artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para quedar como sigue:

Artículo 18. ...

I. a III. ...

IV. Un programa anual de inversión pública productiva certificable de al·menos el 25 por ciento del presupuesto total, que especifique las acciones, los montos, la dirección georeferenciada, los impactos, los beneficios y las dimensiones sociales que atenderá cada inversión, y

V. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Guadarrama, Manuel, (2022), Inversión: la prioridad olvidada de las finanzas públicas. Instituto Mexicano para la Competitividad, Centro de Investigación en Política Pública.

https://imco.org.mx/inversion-la-prioridad-olvidada-de-l as-finanzas-publicas

2 lbid

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, 24 de agosto de 2022.

Diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra (rúbrica)

Que adiciona la fracción XI del artículo 47 Bis de la Ley de Aviación Civil, en materia de derechos de los pasajeros, recibida de la diputada Claudia Selene Ávila Flores, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de agosto de 2022

La suscrita, diputada Claudia Selene Ávila Flores, integrante del Grupo Parlamentario Morena de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente la siguiente iniciativa, de acuerdo con la siguiente:

Exposición de Motivos

Consideraciones

I. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) es considerado uno de los más grandes del mundo y de acuerdo con el Índice Internacional de Megahubs 2019 de la consultora OAG fue posicionado en el número 15 de los aeropuertos internacionales mejor conectados del mundo, siendo el número 1 en toda América Latina.1

Ahora bien, de acuerdo con cifras2 de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en 2018 el sistema aeroportuario constaba de 77 aeropuertos, 64 de ellos internacionales, lo que implica un gran flujo de pasajeros, no sólo a nivel nacional, sino internacional, como más adelante se detallará.

Ahora bien, uno de los problemas a los que se enfrenta el sistema aeroportuario y sobre todo las personas que viajan en las aerolíneas comerciales en cuanto al equipaje documentado es el robo de pertenencias.

En ese sentido, así lo documentó la nota del diario La Silla Rota sobre el incremento del robo de equipaje o pertenencias dentro del mismo y uno de los diversos casos que se menciona, es de una persona que en noviembre de 2017 en una de las bolsas laterales de sus maletas le fueron violados los broches y sustrajeron algunos objetos y el contenido estaba todo revuelto.3

Además, una de las principales dificultades de los pasajeros que llegan a ser víctimas del robo de objetos contenidos en el equipaje es que no suelen presentar la denuncia formal, lo anterior, sucede tanto en vuelos nacionales como internacionales, y como se menciona en la nota referida, la mayoría de los afectados son turistas. En relación con ello, los objetos que más suelen ser robados son aparatos electrónicos, que van desde tabletas, celulares, videograbadoras, pero también joyas, dinero y relojes.4

Asimismo, el medio Forbes señaló que de acuerdo con datos del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, en 2017, el robo de equipaje de los usuarios que utilizaban el AICM se incrementó 25 por ciento.5

Por otro lado, no se omite mencionar algunos de los casos excepcionales que han ocurrido en nuestro país relativo a la “siembra” de objetos, que en una de las acepciones que tiene dicho concepto en el Diccionario de la Real Academia Española, lo señala como: “Colocar droga u otra cosa comprometedora entre las pertenencias de una persona con el fin de comprometerla”.6

En ese contexto, en noviembre de 2013 se conoció el caso del mexicano Ernesto de la Torre, contador, quien fue detenido por la PGR cuando provenía de un vuelo de Argentina, luego de que en una maleta se descubrieran 27 kilos de cocaína.7

Asimismo, está el conocido caso de Angélica López, una bailarina a la que le “sembraron” droga en una maleta cuando volvía de Sudamérica en diciembre de 2014, para celebrar el año nuevo con su familia, y al arribar al AICM, su maleta no apareció, lo cual reportó y en ese momento fue detenida por elementos aduanales y trasladada a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.8 Algunos años después, fue liberada.9

En tal sentido, una nota del periódico La Jornada de 2015, refirió como “reiterada” la siembra de droga en el AICM, señalando casos de mexicanos que viajaron a nuestro país procedentes de Sudamérica a quienes les sembraron una maleta que contenía algún estupefaciente, ejemplos de lo anterior, es la maestra Ángel de María Soto Zárate, en julio de 2013, quien voló de Brasil a México; Ernesto de la Torre en noviembre de 2013, quien viajó de Argentina a México, con conexión en Perú; y el caso de Óscar Álvaro Montes de Oca, sociólogo de la UAEM, que tomó un vuelo de Argentina-México, con escala en Perú y Colombia.10 Si bien los casos expuestos son excepcionales, es una situación muy delicada por la cual nadie quisiera vivir.

En otro orden de ideas, retomando el punto del robo de pertenencias, mediante comunicado de 22 de febrero de 2022, la Secretaría de la Marina-Armada de México (Semar) informó que por instrucciones del mando supremo y como parte de la Estrategia de Seguridad Aeroportuaria Integral, se integraron al trabajo que realizan en coordinación con dependencias de los tres órdenes de gobierno, con el propósito de garantizar la seguridad integral y apoyar a la administración del AICM, en su tarea de mejorar la calidad de los servicios que presta a los usuarios.11

En relación con lo anterior, en conferencia mañanera del 24 de marzo de 2022, José Rafael Ojeda Durán, en su carácter de secretario de Marina, informó que derivado la vigilancia que realizan en el AICM habían logrado captar robos en las cámaras de videovigilancia y devolver los objetos a sus dueños.12

Derivado de lo anterior, se visibiliza que el robo de pertenencias dentro del aeropuerto sigue ocurriendo en nuestra actualidad, por lo que si bien es cierto que la Semar se ha sumado a la vigilancia y ha contribuido a disminuir el número de robos, también lo es que se debe de coadyuvar para que no se den robos a equipaje documentado, ni que se sustraiga ningún objeto del mismo y mucho menos que existan éstos casos excepcionales de “siembra”, lo anterior, a efecto de otorgar certeza y seguridad jurídica a todas las personas que utilicen las aerolíneas comerciales.

II. En tal orden de ideas, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1°, párrafo primero dispone que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos por este ordenamiento así como en los tratados internacionales en los que México sea parte, así como las garantías para su protección, y no podrán restringirse ni suspenderse su ejercicio.

Por otro lado, el párrafo tercero del citado artículo determina que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Asimismo, el artículo 16 constitucional establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En tal sentido, ninguna persona o autoridad puede generar actos de molestia por cuanto hace a la persona o posesiones, salvo el supuesto permitido.

En relación con lo anterior, el Código Penal Federal del artículo 367 señala que comete el delito de robo el que se apodera de cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley.

Como se mencionó anteriormente, el supuesto excepcional de la “siembra” de objetos ajenos es una situación que resultaría totalmente injusta para una persona que fuera comprometido de esa manera, pues las consecuencias jurídicas podrían ser graves.

En tal tesitura, pese a que el artículo 20 constitucional, apartado B, relativo a los derechos de toda persona imputada, en su fracción I, reconoce el derecho a la presunción de inocencia hasta en tanto no se declare la responsabilidad de alguien mediante sentencia emitida por el juez de la causa, lo ideal es que este tipo de situaciones no ocurran, para tal efecto, se puede sumar y contribuir a través de reformas que permitan robustecer los derechos de los pasajeros que garanticen su certeza y seguridad jurídica.

Al respecto, resulta pertinente atraer a colación que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en tesis jurisprudencial 1a./J. 139/2012 (1Oa.) que el principio de seguridad jurídica consagrado en la Constitución General de la República, es la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, de manera tal que lo que tutela es que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica, y por tanto, en estado de indefensión. En ese sentido, el contenido esencial de dicho principio radica en “saber a qué atenerse” respecto de la regulación normativa prevista en la ley y a la actuación de la autoridad.13

Por otro lado, la Ley de Aviación Civil determina en su artículo 1° que el objeto de dicha Ley es regular la explotación, el uso y aprovechamiento del espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, respecto de la prestación y desarrollo de los servicios de transporte aéreo civil y de Estado.

En ese sentido, el artículo 47 Bis de dicha Ley señala que el concesionario o permisionario está obligado a proporcionar un servicio de calidad y eficiente a todos sus pasajeros, para efecto de lo anterior, deberán respetar los derechos del pasajero que señala en cada una de las fracciones de dicho precepto.

Asimismo, el artículo 61 de la referida Ley establece que los concesionarios o permisionarios de los servicios de transporte aéreo nacional, serán responsables por los daños causados a los pasajeros, a la carga y al equipaje en el transporte.

Por su parte, el segundo párrafo de dicho artículo indica que en el caso de pasajeros, se entenderá que los daños se causaron en el transporte, si ocurren desde el momento en que el pasajero aborda la aeronave hasta que ha descendido de la misma. Además, el párrafo tercero del precepto invocado, determina que el concesionario o permisionario será el responsable del equipaje facturado desde el momento en que expida el talón correspondiente hasta que entregue el equipaje al pasajero en el punto de destino.

De lo anterior, podemos estimar que la normatividad vigente se establece una obligación y responsabilidad hacia las aerolíneas comerciales de custodiar el equipaje, y en su caso, de hacerse responsable de ocasionar algún daño al mismo.

III. Ahora bien, de acuerdo con datos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y de la hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en 2021, se tuvo un total de 36,056,614 pasajeros comerciales, correspondiendo 25,883,725 a usuarios nacionales y 10,172,889 a internacionales.14

Asimismo, durante los primeros tres meses de 2022, han utilizado el aeropuerto un total de 10,202,405 viajeros, siendo 7,077,588 nacionales y 3,124,817 internacionales.15

Fuente: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. “AICM en cifras. Marzo 2022”. Pasajeros comerciales.16

En ese sentido, si bien es cierto que, la pandemia de Covid-19 afectó el flujo de pasajeros con tendencia a la baja, dicho número ha ido en una recuperación favorable. Derivado de lo anterior, en el registro del primer trimestre de 2021, hubo un total de 6,027,249, y en el mismo periodo para el 2022, un total de 10,202,405, es decir, en relación con un año, incrementó en 59.08 por ciento el número de pasajeros. Lo anterior, puede apreciarse en el siguiente gráfico:

Fuente: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. “AICM en cifras. Marzo 2022”. Pasajeros comerciales.17

Esto significa que la confianza se ha retomado para realizar viajes tanto a nivel nacional como internacional, pues el número de pasajeros se ha incrementado respecto al año anterior, como se apreció en los números referidos, sumado a que las actividades económicas regresaron a la “nueva normalidad” y apuntan a una recuperación económica, lo que implica un mayor número de visajes por diversos motivos, tales como por turismo, trabajo, salud, etcétera.

Adicionalmente, de acuerdo con datos de los Resultados de la Actividad Turística (RAT) de la Secretaría de Turismo durante el periodo de enero a marzo de 2022, se tiene como llegada de turistas internacionales por cualquier vía de llegada, un total de 8,576,000 turistas de ésta índole y 6,722 millones de dólares (equivalente a $131,639,278, 700.00 pesos) ingresos por éste tipo de visitantes.18

Fuente: Secretaría de Turismo. “Resultados de la Actividad Turística (RAT). Marzo 2022.” Ingreso de divisas por visitantes internacionales.19

De igual forma, durante el primer trimestre de 2022, de 70 centros turísticos monitoreados se tuvo una ocupación hotelera de 50.6 por ciento, siendo superior en 22.8 por ciento, respecto al mismo periodo de 2021.20

Fuente: Secretaría de Turismo. “Resultados de la Actividad Turística (RAT). Marzo 2022.” Porcentaje de ocupación hotelera.21

Asimismo, de la llegada de turistas a cuartos de hotel en cuanto hace al primer trimestre de 2022, se tuvo un total de 12,036,000 nacionales (equivalente al 70.8 por ciento del total) y4,968,000 internacionales (29.2 por ciento del total), lo que representó un aumento de 62.35 por ciento respecto al periodo similar del año anterior.22

Fuente: Secretaría de Turismo. “Resultados de la Actividad Turística (RAT). Marzo 2022.” Ingreso de divisas por visitantes internacionales.23

Ahora bien, de acuerdo información del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) durante el año 2020 el producto interno bruto (PIB) Turístico aportó 1,475,107 millones de pesos, lo que significó una participación del 6.7 por ciento del PIB nacional. Asimismo, en dicho año se generaron alrededor de 2 millones de puestos de trabajo en el sector turismo.24

De lo anteriormente referido, se aprecia la trascendencia que tiene el sector turístico en nuestro país, y en consecuencia, la necesidad de proteger a las personas que utilizan las aerolíneas comerciales, que en gran medida son turistas, para que cuenten con plena certeza y seguridad jurídica de sus propiedades y posesiones, y que al viajar no tengan una experiencia negativa que puedan afectar los ingresos turísticos de México, sobretodo en un contexto de Covid-19 donde hay una recuperación económica.

Por otro lado, de acuerdo con datos de la plataforma Buró Comercial de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), del giro de aerolínea comercial, se encontró que durante el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 30 de abril de 2022, se han registrado un total de 64,056 quejas. 25

A pesar de ello, la plataforma resulta un impedimento poder saber el número desglosado de quejas por motivo de reclamación, por lo que no se tiene plena certeza de dicha información, pero se pueden conocer los principales motivos en dicho periodo, dentro de los cuales se encuentra el de daño o extravío de equipaje, no obstante, no se puede determinar si están incluidas las quejas relativas al robo de pertenencias del equipaje, que lamentablemente sucede, aunado a que las personas no suelen proceder a levantar la denuncia o queja correspondiente.

En conclusión, la presente iniciativa supone una oportunidad para contribuir a crear mejores condiciones en los pasajeros de aerolíneas comerciales para proteger sus propiedades y posesiones del equipaje documentado, lo que resulta fundamental para crear un ambiente de confianza, plena certeza y seguridad jurídica, que repercutirá favorablemente en nuestro país, pues será una experiencia positiva para que continúen viajando éste país, que como hemos visto el turismo deja una importante derrama económica y generación de empleos.

Cuadro comparativo

Para mayor claridad se presenta el siguiente cuadro comparativo que incluye el texto propuesto de la reforma:

Por lo anterior, se somete a la consideración de esta honorable soberanía, el siguiente:

Decreto por el que se adiciona la fracción XI al artículo 47 bis de la Ley Aviación Civil.

Único. Se adiciona la fracción XI del artículo 47 Bis de la Ley de Aviación Civil, para quedar como sigue:

Artículo 47 Bis. ...

...

XI. El pasajero tiene derecho a que los concesionarios o permisionarios, coloquen y empleen cintillos de seguridad para sellar el equipaje adecuadamente, lo que será al momento de realizar la documentación de su equipaje y/o antes del ingreso al avión. Lo anterior, con la finalidad de otorgar plena certeza y seguridad jurídica sobre el equipaje de los pasajeros.

Para ello, dichos cintillos deberán ser de un material sustentable y de durabilidad que asegure su inviolabilidad y que incluya un distintivo de autenticidad del concesionario o permisionario de forma que no pueda imitarse o falsificarse.

No estará permitido un cobro adicional por el ejercicio del presente derecho. En cuanto a las sanciones administrativas derivadas de la falta de cumplimiento que dé certidumbre jurídica y patrimonial al ejercicio del presente derecho se seguirá lo previsto por el artículo 47 bis 3 de la presente Ley.

(...)

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes contará un término de noventa días para efecto de emitir los lineamientos correspondientes a los cintillos de seguridad que contengan las especificaciones necesarias.

Tercero. Los concesionarios o permisionarios contarán con un término de ciento ochenta días contados a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los lineamientos referidos en el transitorio anterior, para efecto de realizar todas las gestiones necesarias para garantizar el cumplimiento del derecho objeto del presente decreto.

Notas

1 Consultora OAG, The World’s Most internacionally Connected Airports, ·Megahubs lndex 2019, disponible para consulta en: https://www.oag.com/oag-megahubs-2019

2 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Dirección General de Aeronáutica Civil, Aviación Mexicana en Cifras 2018, p. 18, disponible para consulta en:

https://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC­ archivo/modulo5/presentacion-amc-2018.pdf

3 La Silla Rota, Metrópoli, Así roban equipaje en el aeropuerto de la CDMX, publicado el 13 de febrero de 2018, disponible para consulta en: https://lasillarota.com/metropoli/asi­roban-equipaje-en-el-aeropuerto-d e-la-cdmx/205231

4 Ídem.

5 Forbes., Robo de equipaje en el aeropuerto de la CDMX aumentó 25% en 2017, publicado el 13 de febrero de 2018, disponible para consulta en: https://www.forbes.com.mx/robo-de-equipaje-en-el-aeropuerto-de-la-cdmx- aumenta-25-en-2017/

6 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Edición del Tricentenario, Actualizado 2021, disponible para consulta en: https://dle.rae.es/sembrar

7 Aristegui Noticias, Otro caso de “siembra” de droga a un joven mexicano en el AICM, publicado el 5 de noviembre de 2013, disponible para consulta en:

https://aristeguinoticias.com/0511/mexico/denuncian-siem bra-de-droga-a-joven-mexicano­en-el-aicm/

8 El Financiero, “Angye” lleva 8 meses presa; le “sembraron” cocaína en el AICM, publicado el 11 de agosto de 2015, disponible para consulta en: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/angye-lleva-meses-presa-le-sem braron­cocaina-en-el-aicm/

9 Radio Fórmula, Sale libre Lilia Angélica, bailarina acusada de tráfico de drogas en 2014, publicado el 11 de diciembre de 2018, disponible para consulta en:

https://www.radioformula.com.mx/breaking-news/2018/12/11 /sale-libre-lilia-angelica- bailarina-acusada-de-trafico-de-drogas-en-2014-389205.htm1

10 La Jornada, Política, “Reiterada”: la siembra de droga en el AICM, publicada el 10 de agosto de 2015, disponible para consulta en: https://www.jornada.com .mx/2015/08/10/politica/010n1pol

11 Gobierno de México, SEMAR, La Secretaría de Marina-Armada de México se suma a la Estrategia de Seguridad Aeroportuaria Integral, en el AICM, comunicado 012/2022, publicado el 22 de febrero de 2022, disponible para consulta en:

https://www.gob.mx/semar/prensa/la-secretaria-de-marina-armada-de-mexico-se-suma-a­la-estrategia
-de-seguridad-aeroportuaria-integral-en-el-aeropuerto-internacional-de-la­ciudad-de-mexico?idiom=es-MX

12 Expansión, Política, “Todo el aeropuerto está vigilado”: la Marina capta robos en el AICM, publicado el 24 de marzo de 2022, disponible para consulta en: https://politica.expansion.mx/presidencia/2022/03/24/marina-capta-a-rob os-en-el-aicm

13 Suprema Corte De Justicia de la Nación, “Seguridad Jurídica en materia tributaria. En qué consiste.” Primera Sala, Tesis: 1a./J. 139/2012 (10a.), Tipo: Jurisprudencia, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVI, enero de 2013, Tomo 1, página 437. Reg. Digital 2002649, disponible para consulta en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2002649

14 Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), AICM en Cifras, Marzo 2022, p. 2, disponible para consulta en: https://www.aicm.eom.mx/acercadelaicm/archivos/files/Estadisticas/Estad isticasMarzo2022.pdf

15 Ídem.

16 Ídem.

17 Ídem.

18 Secretaria de Turismo, Resultados de la Actividad Turística Marzo 2022, p. 4, disponible para consulta en: https://www.datatur.sectur.gob.mx/RAT/RAT-2022-03(ES).pdf

19 Ibídem, p. 6.

20 Ibídem, p. 18.

21 Ídem.

22 Ídem.

23 Ídem.

24 Instituto Nacional de Estadistica y Geografía (INEGI), Comunicado de Prensa. Cuenta Satélite del Turismo de México 2020, publicado el 15 de diciembre de 2021, Disponible para consulta en: https://www. inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021 /turismo/turismo2020.docx

25 Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Buró Comercial, Giro Aerolínea Comercial, corte al 30 de abril de 2022, disponible para consulta en: https://burocomercial.profeco.gob.mx/#

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de agosto de 2022.

Diputada Claudia Selene Ávila Flores (rúbrica)

Que reforma al artículo 27 la Ley General de Responsabilidades Administrativas, recibida de la diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de agosto de 2022

La suscrita, Ana Elizabeth Ayala Leyva , diputada federal en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas , al tenor de lo siguiente:

Exposición de Motivos

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) 2021 realizada por el Inegi, el 83.6 por ciento de la población mexicana consideró que los actos de corrupción en las instituciones son recurrentes. Además, según el índice de Percepción de la Corrupción 2021, México mantiene la posición 124 de 180 en términos de desconfianza del servidor y servidora pública. Esto quiere decir que la percepción que tiene la ciudadanía sobre estos hechos es que aún son muy altos y recurrentes.

De hecho, se considera que a nivel nacional los costos de incurrir en actos de corrupción se estiman en 9 mil 500 millones de pesos; esto significa que en promedio a cada mexicano y mexicana la corrupción le cuesta 3 mil 44 pesos anuales (Encig, 2021).

Por eso, en pro de un marco jurídico de responsabilidades para las y los servidores públicos que contemplen aspectos como la definición de las conductas que deben ser consideradas como corrupción y acorde con el principio de máxima publicidad de las declaraciones de intereses, fiscal y patrimonial resulta importante que la Ley General de Responsabilidades Administrativas se encuentre acorde a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Por ello resulta necesario adicionar al artículo 27 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas los sistemas electrónicos que integran la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción. Y reformarlo en lo relativo a la evolución patrimonial, de conflicto de intereses y registro de sanciones de acuerdo a los artículos 51, 52 y 53 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

La anterior propuesta busca relacionar ambas leyes de manera coherente y armónica para con ello, robustecer las bases adecuadas para sistematizar una política y acciones a nivel nacional. Además, esta iniciativa resulta ser también un reconocimiento a la labor ciudadana que en 2016 impulso la creación de esta ley.

Como parte del cuerpo legislativo tenemos el reto de contribuir y reforzar el marco normativo que coadyuve a prevenir, combatir y castigar la corrupción con eficacia.

Así, al fortalecer la Ley General de Responsabilidades Administrativas se busca limitar y erradicar la presencia de los actos de corrupción como el desvió de fondos públicos, el soborno, el nepotismo, la conspiración o el tráfico de influencias.

Es importante señalar que al ser una Ley General busca ser parámetro de regularidad de las leyes ordinarias y, por lo tanto, en caso de que estas se contradigan, es posible activar los medios de control constitucional según corresponda.

Proyecto de Decreto

Único. Se reforma al artículo 27 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para quedar de la siguiente manera:

Ley General de Responsabilidades Administrativas

Artículo 27. La información prevista en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de constancias de presentación de declaración fiscal se almacenará en la Plataforma digital nacional que contendrá la información que, para efectos de las funciones del Sistema Nacional Anticorrupción, generen los entes públicos facultados para la fiscalización y control de recursos públicos y la prevención, control, detección, sanción y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, de conformidad con lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

La Plataforma digital nacional contará además con los sistemas de información específicos que estipula la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, entre los que se encuentran:

I. Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal;

II. Sistema de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas;

III. Sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados;

IV. Sistema de información y comunicación del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de Fiscalización;

V. Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción, y

VI. Sistema de Información Pública de Contrataciones.

Los sistemas de evolución patrimonial y de declaración de intereses, así como de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas, operarán en los términos de esta Ley General.

El Sistema de Información Pública de Contrataciones contará con la información pública que remitan las autoridades competentes al Comité Coordinador a solicitud de este, para el ejercicio de sus funciones y los objetivos-de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. El sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados tiene como finalidad que las sanciones impuestas a servidores públicos y particulares por la comisión de faltas administrativas en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y hechos de corrupción en términos de la legislación penal, queden inscritas dentro del mismo y su consulta deberá estar al alcance de las autoridades cuya competencia lo requiera.

Las sanciones impuestas por faltas administrativas graves serán del conocimiento público cuando estas contengan impedimentos o inhabilitaciones para ser contratados como servidores públicos o como prestadores de servicios o contratistas del sector público, en términos de esta Ley General. Los registros de las sanciones relativas a responsabilidades administrativas no graves quedarán registradas para efectos de eventual reincidencia, pero no serán públicas.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las autoridades involucradas realizarán las adecuaciones a sus respectivos reglamentos, derivadas del presente decreto en un plazo no mayor a 90 días hábiles, contadas a partir de su entrada en vigor.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 24 de agosto de 2022.

Diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva (rúbrica)

(Turnada a la Comisión a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Miércoles 24 de agosto de 2022)

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de eliminación del tope a deducciones en ingresos del contribuyente, recibida del senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de agosto de 2022

Víctor Oswaldo Fuentes Solís , senador a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; por la fracción I, numeral 1, del artículo 8, artículo 164 y artículo 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de este honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de eliminación del tope a deducciones en ingresos del contribuyente , lo anterior al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El impuesto sobre la renta es un impuesto que se aplica directamente a las ganancias obtenidas en cada ejercicio fiscal, siendo las ganancias la diferencia entre los ingresos y las deducciones autorizadas.

Dicho impuesto debe ser pagado mensualmente al Servicio de Administración Tributaria o dependiendo de lo que diga la ley y la normativa en relación a la Coordinación Fiscal entre las entidades federativas y la federación, puede ser pagado también a las oficinas autorizadas por las entidades federativas.

En este órdenes de ideas, es importante señalar que a consecuencia del brote del coronavirus denominado Covid-19 en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China, a partir de esa fecha los casos en el mundo fueron incrementándose exponencialmente hasta decretarse la pandemia, registrando contagios que suman hasta el momento de la realización de este documento legislativo 590 millones 331 mil 311 casos confirmados y desafortunadamente más de 6 millones 435 mil 631 muertes por esta causa.1

En México, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal dio a conocer en su informe del 15 de agosto de 2022 que el número de casos acumulados por la Covid-19 es de 6 millones 929 mil 6362 casos confirmados y 328 mil 732 defunciones por Covid-19.

Esta emergencia sanitaria de talla mundial ha comprometido en mayor medida la ya compleja situación económica de los emprendedores mexicanos e inevitablemente de sus contribuyentes.

Al respecto, conviene señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 31, fracción IV, la obligación de contribuir al gasto público de forma proporcional y equitativa mediante el pago de las contribuciones impositivas, el cual considera que:

“Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

I. Ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años concurran a las escuelas, para recibir la educación obligatoria y, en su caso, reciban la militar, en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo;

II. Asistir en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas, y conocedores de la disciplina militar.

III. Alistarse y servir en los cuerpos de reserva, conforme a la ley, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor,

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de Ios estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. ”

Es decir, los impuestos deben ser fijados reconociendo en todo momento la capacidad financiera y, por ende, contributiva de los mexicanos, así los que obtengan mayores ingresos deben tributar en forma proporcionalmente superior a los de menores ingresos.

Es así que el impuesto sobre la renta es un impuesto que se aplica directamente a las ganancias obtenidas en cada ejercicio fiscal, siendo las ganancias la diferencia entre los ingresos y las deducciones autorizadas.

Dicho impuesto debe ser pagado mensualmente al Servicio de Administración Tributaria o dependiendo de lo que diga la ley y la normativa en relación a la Coordinación Fiscal entre las entidades federativas y la Federación, puede ser pagado también a las oficinas autorizadas por las entidades federativas.

En este sentido, los contribuyentes adquieren el derecho a solicitar ante la autoridad fiscal las deducciones autorizadas dependiendo la fuente del Ingreso, lo que permite que los mexicanos sean beneficiarios de un reintegro económico.

Es así que el régimen fiscal consagrado en el artículo 151 de la Ley del ISR para las personas físicas brinda la posibilidad de deducir ciertos gastos personales, y en caso de obtener un saldo a favor respecto del impuesto pagado se tiene el derecho de solicitar su devolución.

Al respecto, las deducciones personales autorizadas son las siguientes:

i. Los pagos por honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición;

ii. Los gastos de funerales;

iii. Los donativos no onerosos ni remunerativos;

iv. Los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios destinados a la adquisición de su casa habitación contratados con las instituciones integrantes del sistema financiero;

v. Las aportaciones complementarias de retiro;

vi. Las primas por seguros de gastos médicos;

vii. Los gastos destinados a la transportación escolar de los descendientes en línea recta cuando esta sea obligatoria;

viii. Los pagos efectuados por concepto del impuesto local sobre ingresos por salarios;

Conviene señalar que previo a la reforma fiscal del año 2013, la Ley del Impuesto Sobre la Renta era permisiva con los contribuyentes de efectuar la deducción de sus gastos personales sin un límite, lo que permitía reducir la base gravable y, en consecuencia, la tasa efectiva pagada de referido impuesto. Dichas deducciones personales tienen razones humanitarias y de empatía ante la situación sanitaria que enfrenta la humanidad entera por lo que la autoridad fiscal debe reconocer que las personas tienen que destinar parte de su renta para cubrir sus necesidades más fundamentales para vivir y sobrevivir ante los efectos devastadores que trae esta emergencia sanitaria.

Por ello se deben eliminar las referidas adecuaciones que fueron meramente recaudatorias en un tiempo, situación política y económica completamente ajenos a la realidad que hoy nos ha situado la pandemia. Al respecto, es importante recordar que el Ejecutivo federal en su reforma fiscal del año 2014 implementó un monto máximo global a las deducciones personales que pueden realizar los contribuyentes anualmente, y es la cantidad que resulte menor entre cuatro salarios mínimos generales elevados al año del área geográfica del contribuyente o del 10 por ciento del total de los ingresos del contribuyente, incluidos los exentos, para el año 2015 esta cantidad aumentó a 5 salarios mínimos y al 15 por ciento del total de los ingresos del contribuyente.

Como ya se evidenció en el párrafo anterior, esta reforma fiscal absolutamente recaudatoria fue plasmada plenamente por el Ejecutivo federal en su exposición de motivos a fin de justificar su medida, el legislador señaló que:

1. El monto de las deducciones personales que declararon los contribuyentes ha crecido en los últimos años alrededor de 270 por ciento en términos reales.

2. Que el limite al monto máximo de las deducciones realizadas por una persona física al año tiene como finalidad “incrementar la recaudación, mejorar la distribución de los beneficios tributarios y dar mayor progresividad al ISR de las personas físicas”.

3. Esa medida ayudará a lograr un sistema más progresivo y justo, toda vez que el beneficio que otorgan las deducciones personales se concentra en forma desproporcionada en aquellos contribuyentes de mayor capacidad económica.

4. Se incrementan de dos a cinco salarios mínimos las deducciones personales en virtud de un nuevo tramo a la tarifa del impuesto sobre la renta a personas físicas aplicable para los contribuyentes con ingresos gravables superiores a 500 mil pesos anuales, con una Casa marginal de 35 por ciento, a efecto de que dichas personas físicas puedan efectuar sus deducciones personales hasta por un monto razonable, acorde a sus ingresos.

En este orden de ideas y ante las razones expuestas, el Poder Legislativo en plena facultad legislativa reconfiguraron el sistema tributario, al intentar, como lo señala Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) que “con la limitación de las deducciones personales se generaría una mejor distribución de los beneficios tributarios, y que el beneficio de las deducciones personales no se concentrara solo en los contribuyentes de mayor capacidad económica.”3

Lamentablemente, las finalidades no surtieron efectos, y lejos de ello se transgredieron los principios de proporcionalidad y equidad del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principios que en el caso de los contribuyentes cuyos ingresos no superaron el monto correspondiente al área geográfica relativa, no se respetaron, pues dichas personas no tienen la posibilidad de efectuar deducciones personales hasta por el importe de cinco salarios mínimos elevados al año que dispone el último párrafo del artículo 151 de la Ley del impuesto Sobre la Renta, y deben aplicar la limitante del 15 por ciento del monto total de sus ingresos.

Así los contribuyentes que no obtienen la cantidad de ingresos señalada, tienen la obligación legal de aplicar deducciones personales en el porcentaje fijo que establece la ley, es decir, la cantidad equivalente al 15 por ciento del total sus ingresos incluyendo aquellos por los que no se pague el impuesto, lo que transgrede el principio de proporcionalidad tributaria.

Por lo que, con lo anteriormente expuesto y partiendo de una perspectiva de recuperación económica para la ciudadanía que les permita salir adelante y superar los danos económicos de los trabajadores ocasionados por la emergencia sanitaria, es necesario dar marcha atrás a esta reforma fiscal impulsada por el entonces presidente Enrique Pena Nieto; lo anterior permitirá brindar certeza económica a la población y se traducirá en un gesto de solidaridad económica para los ciudadanos que con esfuerzo cumplen con las medidas fiscales impuestas, por lo que es importante reducirles la carga impositiva y resguardar sus derechos a fin de relanzar el mercado interno y promover una economía que salga fortalecida ante esta pandemia.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente, el siguiente proyecto de:

Decreto

Artículo Único. Se deroga el último párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 1. ...

I. a VIII. ...

...

...

...

(Se deroga)

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2023.

Notas

1 Fuente: OMS Situación report-111 al 15 de agosto de 2022.

2 https://datos.covid-conacytmx/

3 “Argumentos de demanda, tope a deducciones personales” Prodecon http://www.prodecon.gob.mx/Documentos/
argumentos-de-defensadeducciones/files/downloads/Argumentos%20de%20Defensa%20tope%
20a%20deducciones%20personales.pdf

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 24 agosto de 2022

Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Miércoles 24 de agosto de 2022)

Que adiciona una fracción al artículo 27 de la Ley de Migración en Materia de Salud Mental en Centros de Asistencia Social, recibida de la diputada Ana Laura Valenzuela Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de agosto de 2022

La suscrita, diputada federal Ana Laura Valenzuela Sánchez , y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 27 de la Ley de Migración , al tenor de la siguiente:

Planteamiento del Problema

Casi 50 millones de niños de todo el mundo, por hacer un cálculo prudente, han atravesado fronteras o han tenido que desplazarse a la fuerza. Más de la mitad de esas niñas y niños, 28 millones en total, han escapado de la violencia y la inseguridad.

Estos niños pueden ser refugiados, desplazados internos o migrantes, pero, antes que nada, son niños, sin importar de donde vienen, quiénes son y sin excepción.

Los niños no tienen la culpa de las bombas y los tiroteos, de la violencia de las pandillas, de la persecución, de los campos de cultivo devastados ni de los salarios bajos que reciben sus familias y que los obligan a dejar sus hogares. A pesar de ello, la guerra, los conflictos, el cambio climático y la pobreza les afectan más que a nadie.1

La violencia, la pobreza y el acceso limitado a servicios sociales y a una educación de calidad afectan la vida de niñas, niños y adolescentes de Latinoamérica, en particular de México y algunos países de Centroamérica. Esto los obliga a tomar la difícil decisión de dejar sus países.

En muchos casos, los niños transitan solos por México hacia la frontera con Estados Unidos para reunirse con sus familiares que viven en aquel país o buscando una vida mejor.

Los niños y niñas migrantes son vulnerables a situaciones que pueden violentar sus derechos como:

-Ser detenidos

-Estar expuestos al crimen organizado o al tráfico de personas

-Sufrir violencia y discriminación

-Pasar hambre y frío

-No tener acceso a servicios de salud

Según el Unicef, en 2017, casi 9 mil niños, niñas y adolescentes mexicanos que llegaron a Estados Unidos sin documentos fueron repatriados; la mayoría viajaban sin la compañía de un adulto.

Las niñas y niños migrantes corren el riesgo de sufrir hambre y frío en su trayecto, de padecer enfermedades, sin tener acceso a servicios de salud, de ser explotados por el crimen organizado y de ser detenidos, además de otros tipos de violencia y discriminación por parte de la población de los lugares que atraviesan.

Todas estas situaciones tienen graves consecuencias para su salud mental y su bienestar.2

Al margen de las amenazas físicas a las que se exponen los niños, que pueden ser considerables, los expertos en salud mental infantil coinciden en destacar que a largo plazo pueden experimentar en el peor de los casos de forma irreversible depresión, ansiedad, ideas suicidas o estrés postraumático.

Lo propuesto va en concordancia a los principios de derechos humanos de universalidad, progresividad e interdependencia señalados por el primer artículo de la Constitución e interpretado por órgano judicial y constitucional competente en el país.

Por lo anteriormente expuesto es que a continuación y para un mejor entendimiento de lo que se propone, me permito exponer un cuadro comparativo con el texto normativo vigente y la propuesta de modificación:

Fundamento de la Iniciativa

Lo constituye el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, y demás disposiciones aplicables, mismos que quedaron precisados desde el inicio de este documento.

Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 27 de la Ley de Migración

Único. Se adiciona una fracción al artículo 27 de la Ley de Migración, para quedar como sigue:

Artículo 27. Corresponde a la Secretaría de Salud:

I. a IV

V. Diseñar y difundir compañas de salud mental en los Centros de Asistencia Social, a fin de prevenir la depresión, ansiedad o estrés postraumático en niñas, niños y adolescentes, y

VI. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Unicef. (s. f.). Desarraigados: una crisis creciente pare los niños migrantes y refugiados I

Unicef. Unicef España. Recuperado 12 de agosto de 2022, de https://www.unicetes/publicaciones/desarraigados-una-cdsis-creciente-oa ra-los-ninos-miqrantes-y-refugiados

2 Migración de niñas, niños y adolescentes. (s. f.). Unicef. Recuperado 12 de agosto de 2022, de

https://www.unicef.org/mexico/migraci%C3%B3n-de-ni%C3%B1 os-y-adolescentes

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 24 de agosto de 2022.

Diputada Ana Laura Valenzuela Sánchez (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Asuntos Migratorios. Miércoles 24 de agosto de 2022)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, en materia de protección a alertadores de actos de corrupción, recibida del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de agosto de 2022

Los que suscriben, Éctor Jaime Ramírez Barba, Juan Carlos Romero Hicks, Noemí Berenice Luna Ayala, Patricia Terrazas Baca, María Elena Pérez-Jaén Zermeño y Carmen Rocío González Alonso , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, en materia de protección a alertadores de actos de corrupción , conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

La iniciativa que sometemos a la consideración de esta asamblea tiene por objeto regular uno de los grandes pendientes que tenemos en el país, que consiste en proteger a aquellos servidores públicos y ciudadanos que alerten o denuncien conductas que pudieran ser constitutivas de responsabilidad administrativa.

Durante los últimos años, en nuestro país se ha avanzado en el fortalecimiento del marco jurídico aplicable a la administración pública en el ámbito de atención al ciudadano, y por ende, en regular de una manera más eficiente y eficaz la actuación de los servidores tanto de los encargados de atender directamente las necesidades de la población, como de aquellos que toman decisiones que guiarán las acciones de todas las dependencias que integran los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y a los organismos constitucionales autónomos, y demás entidades que prestan servicios públicos. A pesar de la aprobación de la reforma constitucional para combatir la corrupción que estableció el Sistema Nacional Anticorrupción, así como de la expedición del marco jurídico secundario, no se puede decir que los trabajos han terminado. Este esfuerzo debe ser permanente para detectar las áreas de oportunidad que nos permitan atacar la corrupción en todos sus niveles.

De acuerdo con el estudio de la Secretaría de la Función Publica del 2018, en el marco del Plan Nacional Anticorrupción,1 indica que, la proporción del total de denuncias que concluyen con una sanción es muy inferior a la proporción del total de sanciones con origen en una denuncia. La SFP expone que el resultado puede apuntar hacia tres consideraciones relevantes: 1) que la calidad de información aportada a través de la denuncia, en promedio, es baja; 2) que el procedimiento de atención de la denuncia es deficiente; o 3) que, a pesar de lo anterior, la denuncia es el medio más efectivo —solo detrás de la situación patrimonial— para encontrar elementos que permitan imponer sanciones administrativas.

El mismo análisis confirma que puede esperarse que la implementación de un mecanismo de protección a denunciantes en donde incluya medidas de protección específicas para denunciantes que son servidores públicos, incrementará no solo el número de quejas o denuncias que se presenten ante las instancias encargadas de investigar, sancionar faltas y delitos relacionados con hechos de corrupción, sino que, también incrementará la calidad de la información proporcionada por los denunciantes, lo cual generaría un número mayor de actos de corrupción sancionados.

En el mismo sentido, en el estudio de la OCDE sobre integridad en México,2 se destaca que la protección de denunciantes que divulguen irregularidades en el servicio público debe ser un componente esencial de todo sistema de integridad pública, sobre todo debido a que, normalmente quienes denuncian irregularidades o hechos delictivos enfrentan a menudo intimidación, acoso, amenazas, despido y violencia por parte de funcionarios, compañeros de trabajo, superiores u otras personas que actúen en su nombre.

La OCDE menciona que el marco jurídico mexicano de denuncias previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas es de amplio alcance y aplicable a todos los niveles de gobierno, incluyendo las empresas propiedad del Estado, sin embargo, existe muy poca protección contra represalias en caso de ser divulgada la identidad del denunciante, además, hay una gran incertidumbre en cuanto a la manera en que serían aplicadas las medidas de protección previstas actualmente en la ley mexicana.

Por lo anterior, la OCDE sugiere que:

-México debe prohibir específicamente el despido o cualquier otra sanción a denunciantes sin causa válida, justificada mediante un debido proceso, cuando la información reportada pueda razonablemente ser considerada como verídica en el momento en que fue revelada (es decir, si se considera que la denuncia fue hecha “de buena fe”).

-México podría también considerar trasladar al empleador la carga legal de la prueba que demuestre que ninguna sanción ejercida contra un denunciante, posterior a la divulgación de una irregularidad, estuviese relacionada con dicha divulgación.

-El gobierno debe imponer sanciones tras el debido proceso a quienes ejerzan represalias contra denunciantes, así como proveer reparaciones para quienes hayan sido despedidos injustificadamente.

-Se debe trabajar en leyes integrales para denunciantes que sienten las bases de un marco efectivo de denuncias, para promover efectivamente una culture de transparencia, legalidad e integridad que apoye a quienes toman riesgos al revelar irregularidades en su lugar de trabajo.

-México podría considerar instituir campañas de concientización enfatizando la obligación primaria del funcionario de ser fiel al interés público, dando a los empleados confianza para discutir inquietudes o presuntas irregularidades, y así ayudar a crear un ambiente de trabajo guiado por los principios de integridad. En ese sentido, la capacitación diseñada específicamente para la denuncia de irregularidades, dirigida a áreas o posiciones de alto riesgo en el servicio público, constituye una parte importante de las campañas dirigidas de concientización.

La creación del Sistema Nacional Anticorrupción representa un avance histórico para el país en la lucha contra la corrupción, las reformas constitucionales en materia anticorrupción se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de mayo de 2015, y posteriormente, el 18 de julio de 2016, fueron publicadas en el DOF las leyes secundarias que dan vida al Sistema Nacional Anticorrupción: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el Código Penal Federal y Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En estos mecanismos se contempló la creación de un marco normativo para el desempeño íntegro de los servidores públicos y la denuncia de actos de corrupción. Además, en la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas se estableció en su artículo 6 que todos los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público.

La misma ley, en su artículo 7, mandata que los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.3

Asimismo, en el artículo 3 de la referida Ley, se considera como denunciante, a la persona física o moral, o el servidor público que acude ante las autoridades investigadoras a que se refiere la presente Ley, con el fin de denunciar actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con faltas administrativas.

Sin embargo, en estos mecanismos que se contemplan, se ha elevado los actos de corrupción por la impunidad, dado que: las leyes no se cumplen, las corporaciones de seguridad pública y procuración de la justicia cuenta con una mala reputación por corrupción.

La solución que el gobierno ha tratado de dar a esto es aumentar los castigos en vez de corregir las causas de la corrupción.

Una encuesta realizada por MCCI-Reforma en marzo de 2020, se identifica a la impunidad como la principal causa de corrupción en México con un 39 por ciento, esta encuesta señala que cada de 100 actos ocurridos, 29 son denunciados y tan solo 8 generan una consecuencia.

Sin embargo, en comparación a la cifra del 2019 hay una ligera reducción en la tasa de impunidad a pesar de ello, aun no es suficiente.4

Por lo anterior, en lo que respecta a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se hace necesario fortalecer los procedimientos para la tramitación y resolución de las responsabilidades administrativas, como para fortalecer la denuncia de dichos actos. La Ley General de Responsabilidades Administrativas consideró de manera general la protección a las personas que denuncian alguna falta administrativa, estableciendo las siguientes disposiciones:

Artículo 22. Obligación de las personas físicas o morales que participen en contrataciones así como cámaras empresariales u organizaciones industriales o de comercio, de incluir dentro de sus controles internos medidas que inhiban la práctica de conductas irregulares, que orienten a sus socios, directivos y empleados sobre el cumplimiento del programa de integridad y que incorporen herramientas de denuncia y de protección a denunciantes.

Artículo 64. Los servidores públicos responsables de investigación, substanciación y resolución de faltas administrativas, incurrirán en obstrucción de justicia, cuando simulen conductas no graves, no inicien procedimiento que corresponda durante los 30 días posteriores a que tengan conocimiento de la conducta de corrupción o cuando expongan la identidad de un denunciante anónimo protegido bajo los preceptos establecidos en la ley.

Como se observa, las disposiciones señaladas son por demás ambiguas al no señalar en que consisten las herramientas de protección a denunciantes, ni lo que debe entenderse por medidas de protección razonables, tampoco señala la manera en que estas se proporcionarán, ni en qué momento se proporcionarán.

Por otro lado, este tema lleva años pendiente de una regulación, desde 2010 el titular del Ejecutivo federal presentó a la Cámara de Senadores una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a través de la cual se pretendía establecer los requisitos mínimos de las denuncias o quejas, su presentación anónima, integrar como obligaciones de los servidores públicos abstenerse de inhibir a denunciantes y establecer recompensas a personas que aportaran información. Sin embargo, la propuesta no concluyó con el procedimiento legislativo correspondiente.

Nuestro país ha suscrito diversos tratados internacionales en materia de combate a la corrupción, como son:

-Convención Interamericana contra la Corrupción, firmada por México el 26 de marzo de 1996 y ratificada por la Cámara de Senadores el 2 de junio de 1997. En este instrumento se establece la obligación de los Estados parte a emprender acciones jurídicas y políticas públicas tendientes a crear y fortalecer mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar actos de corrupción.

-Convención para combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), firmada por México el 21 de noviembre de 1997 y ratificada por la Cámara de Senadores el 27 de mayo de 1999. En este instrumento se establece la obligación de los Estados parte de implementar mecanismos para evitar la corrupción en transacciones comerciales internacionales.

-Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, firmada por México el 9 de diciembre de 2003 y ratificada por la Cámara de Senadores el 29 de abril de 2004. En este instrumento se establece la obligación de los Estados parte de brindar en conjunto asistencia legal para perseguir casos de corrupción transnacional.

En el mismo contexto internacional, desde el año 2011, en el marco de las evaluaciones periódicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre la implementación de la Convención Anticohecho, se recomendó a México establecer una normatividad específica para la protección a denunciantes de corrupción, en los siguientes términos:

“3. With respect to the reporting of transnational bribery to the appropriate authorities, the Working Group recommends that Mexico:

Welcoming the consensus existing between the business sector, public officials and civil society, consider the adoption of general whistleblower protection sufficient to protect employees from dismissal or other forms of retaliation in respect of the reporting of foreign bribery”.

Al dar respuesta al “Informe relativo al seguimiento de la implementación en México de las recomendaciones formuladas y las disposiciones analizadas en la segunda ronda, así como con respecto a las disposiciones de la convencían seleccionadas para la quinta ronda”, realizado por el Comité de expertos-del-Mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, nuestro país ha informado sobre los avances a su obligación de establecer mecanismos de protección a denunciantes de actos de corrupción, haciendo referencia al Programa y al Centro Federales de Protección a Personas, establecidos de conformidad con la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal de junio de 2012, así como a las disposiciones aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas publicada en julio de 2016.

Derivado de dicho informe se establece que, pese al desarrollo normativo que ha tenido el combate a la corrupción en los últimos años, el Comité de expertos recomienda la realización de una serie de acciones en la materia, las cuales se señalan íntegramente dada su importancia:

[294] En vista de las observaciones formuladas en las secciones 2.1 y 2.2 del capítulo II de este informe, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:

2.3.1 Considerar adoptar una regulación integral sobre protección de los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con la CPEUM y los principios fundamentales del ordenamiento jurídico interno, teniendo en cuenta los criterios establecidos en la “Ley Modelo para Facilitar e Incentivar la Denuncia de Actos de corrupción y Proteger a sus Denunciantes y Testigos”. (Véase párrafo 276 en la sección 2.1 del capítulo II de este informe).

2.3.2 Desarrollar medidas de protección para quienes denuncien actos de corrupción que puedan estar o no tipificados como delitos y que puedan ser objeto de investigación en sede judicial o administrativa. (Véase párrafo 276 en la sección 2.1 del capítulo II de este informe).

2.3.3 Desarrollar medidas de protección orientadas a proteger la integridad física del denunciante de actos de corrupción y su familia, al igual que de su situación laboral, especialmente cuando se trate de un funcionario público y cuando los actos de corrupción denunciados puedan involucrar al superior jerárquico y/o compañeros de trabajo. (Véase párrafo 276 en la sección 2.1 del capítulo II de este informe).

2.3.4 Desarrollar solicitudes de protección de denunciantes de actos de corrupción simplificadas. (Véase párrafo 276 en la sección 2.1 del capítulo II de este informe). 2.3.5 Desarrollar medidas adicionales para la protección de testigos, peritos y victimas, que otorguen a estos las mismas garantías previstas para los denunciantes de actos de corrupción. (Véase párrafo 276 en la sección 2.1 del capítulo II de este informe). 2.3.6 Desarrollar mecanismos que faciliten la cooperación internacional en materia de protección de denunciantes de actos de corrupción, cuando sea pertinente. (Véase párrafo 276 en la sección 2.1 del capítulo II de este informe).

2.3.7 Dotar al Centro Federal de Protección a Personas, dentro de los recursos disponibles, con la infraestructura física necesaria para llevar a cabo las funciones que en términos de la LFPPIPP le competen, principalmente aquellas que podrían relacionarse con la protección a denunciantes de actos de corrupción. (Véase párrafo 287 en la sección 2.2.1, literal b), del capítulo II de este informe).

2.3.8 Diseñar e implementar mecanismos que permitan realizar evaluaciones integrales periódicas para valorar la utilización y efectividad del Programa Federal de Protección a Personas establecido en dicha normativa, principalmente en los procedimientos penales que involucren actos de corrupción y, con base en sus resultados, si corresponde, se definan y adopten las medidas que se estimen pertinentes para asegurar la eficiencia del mismo. (Véase párrafo 293 en la sección 2.2.3 del capítulo II de este informe).

Como se observa, nuestro país aún tiene la obligación de implementar nuevos mecanismos para responder a las recomendaciones que ha realizado el Comité de expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción.

Ahora bien, en el rubro de derecho comparado, encontramos que en países como Perú y Chile, donde ya se contemplan medidas enfocadas a proteger la permanencia laboral de aquellas personas que denuncien alguna falta administrativa o acto de corrupción. En Chile, en la Ley 18.834 Sobre Estatuto Administrativo se establecen derechos para aquellos funcionarios que denuncien ante el Ministerio Público o ante la policía crímenes o simples delitos, o ante la autoridad competente los hechos de carácter irregular, especialmente los que contravienen el principio de probidad administrativa, cuyas conductas se encuentran previstas en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (Ley N° 18.575)54

En el caso de Perú, la regulación normativa se establece en el “Decreto Legislativo que establece medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe”, expedido por el Titular del Ejecutivo Federal. Este Decreto Legislativo tiene por finalidad fomentar y facilitar que cualquier persona que conozca de la ocurrencia de un hecho de corrupción en la administración publica pueda denunciarlo, estableciendo, además, como competencia de la máxima autoridad administrativa de la entidad de que se trate, la imposición de medidas de protección al denunciante.

Por otra parte, la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha señalado que: “La protección de las personas que denuncian actos de corrupción aumenta la disponibilidad de información y su presentación puntual. Las personas que denuncian actos de corrupción pueden garantizar el acceso a la información mucho antes de que puedan realizarse los procedimientos de acceso de los ciudadanos. De hecho, los datos proporcionados por personas que denuncian actos de corrupción pueden indicar la necesidad de utilizar los procedimientos de acceso público a documentos y registros gubernamentales para llevar adelante la investigación de la supuesta conducta ilícita que revela esa información.”

En el año 2013 la OEA emitió una “Ley Modelo para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción y proteger a sus denunciantes y testigos” para ayudar a los Estados a que desarrollen legislaciones que les permitan la correcta implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, desarrollando específicamente sistemas de protección para los funcionarios públicos y ciudadanos que denuncien actos de corrupción.

En dicha ley, se regulan incentives para la denuncia de actos de corrupción, medidas de protección a denunciantes, solicitud y concesión de medidas de protección, medios impugnatorios, responsabilidades por incumplimiento de funciones, entre otras.

Como se observa, esta ley modelo muestra las directrices que deben atenderse para regular la protección de denunciantes de actos de corrupción, por lo cual, sirvió de referencia para la elaboración de la propuesta que aquí se presenta.

Ahora bien, la doctrina existente en materia de protección a denunciantes, contempla como referencia la figura vigente en Estados Unidos conocida como “whistleblowers”, término que, sin tener una traducción exacta, hace referencia a aquella persona que da aviso de algo a la autoridad, que da alerta de la comisión de una conducta indebida, de ahí que también llegue a utilizarse el término “alertador”.

Algunos teóricos del tema, como la ex secretaria de la Función Pública Irma Sandoval Ballesteros, ha señalado la necesidad de atacar la corrupción desde arriba y desde adentro, recurriendo a los llamados alertadores, que son aquellas personas que están realmente dispuestas a combatir la corrupción, pero que necesitan garantías laborales y para sus derechos cívicos más básicos .

En el mismo sentido, Carlos Requena ha recalcado la importancia que ha tenido la práctica del whistleblowing en los gobiernos corporativos, ya que mediante esta “cada miembro de la organización asume el deber de poner en conocimiento de los órganos de auditoria, de vigilancia o de las autoridades, los actos u omisiones ilícitas y los comportamientos presuntamente delictivos cometidos internamente.” Además, hace referencia a los valores que se concretan con la implementación de esta figura, entre los que se encuentran la honestidad, transparencia, control organizacional, productividad, fidelidad y cultura de la legalidad.

Esta propuesta se enmarca en un contexto en el que nuestro país es cada vez peor evaluado en materia de corrupción de acuerdo con las cifras del Índice de Percepción de la Corrupción 2021 emitido por Transparencia Internacional, las cuales colocaron a México en el lugar 124 de los 180 países que son evaluados, además resulto ser el país más corrupto entre los pertenecientes a la OCDE.6

De esta manera, la presente iniciativa busca proteger a los alertadores de actos de corrupción, en forma de favorecer la cultura de la denuncia en todas las personas que tengan conocimiento de un acto indebido cometido por alguna autoridad, y que teniendo la obligación o no de denunciar el acto, lo hagan, con la tranquilidad de que actuar conforme a su ética no le ocasionara ningún tipo de represalia.

La forma en que se encuentra diseñado nuestro marco jurídico en el tema de protección a denunciantes y testigos de actos de corrupción, hace necesario que se regule, no mediante la expedición de una ley específica, sino más bien, en la legislación vigente que regula los procedimientos de responsabilidad administrativa, principalmente en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal.

De esta manera, las reformas que se proponen a la Ley General de Responsabilidades Administrativas se enfocan a favorecer la denuncia de faltas administrativas (graves o no graves) tanto por servidores públicos como por ciudadanos, así como la protección laboral de los servidores públicos que participen como alertadores, denunciantes o testigos en el procedimiento.

Para ello:

Se incorporan en la ley los conceptos de “alertador” y de “alerta” y se establece la definición de “medidas de protección”, mismas que, deberán ser instrumentadas por la autoridad para proteger a los alertadores y testigos.

Se crea un nuevo capítulo específico para protección de alertadores en el cual se establece expresamente en que consistirán las medidas de protección y la autoridad que debe imponerlas, garantizando con ello la protección del servidor público que denuncie, así como para darle certeza de que no será sujeto de ninguna represalia de carácter laboral u otra acción que vulnere sus derechos.

Se propone que, de manera inmediata a la presentación de la denuncia, la autoridad investigadora otorgue las siguientes medidas de protección básicas:

I. Asistencia legal para los hechos relacionados con su alerta, denuncia o testificación;

II. Asistencia en los procedimientos de índole laboral o civil que sean seguidos en su contra;

III. La reserva de su identidad, cuando así lo solicite;

IV. Protección de sus condiciones laborales, no pudiendo ser cesado, despedido o removido de su cargo, cuando sea funcionario público;

V. Asistencia legal para hacer valer sus derechos conforme a las normas laborales del sector privado, tratándose de alertadores que no tengan carácter de servidor público;

VI. Protección para el alertador, denunciante, testigo y su familia; VII. Atención psicológica o medica

Para el caso de denuncia a nombre de una persona moral que se encuentre participando en algún proceso de contratación pública, se establece la prohibición de que se perjudique su participación en el mismo o, que se le impongan trabas para evitar su participación en futuros procedimientos.

Adicionalmente y a efecto de motivar que los servidores públicos acudan sin presiones a dar testimonio en un procedimiento de responsabilidad administrativa se establece de facto la prohibición de que sean cesados, removidos o suspendidos de sus funciones. Se propone, además, que, tratándose de faltas administrativas graves, la autoridad podrá imponer adicionalmente medidas extraordinarias de protección laboral y personal, cuando ante la gravedad del hecho denunciado se encuentre en peligro la seguridad personal del alertador, denunciante o testigo, pudiendo ser:

-Traslado de área administrativa dentro de la dependencia,

-Traslado de centro de trabajo,

-Suspensión con goce de sueldo,

-Utilización de procedimientos, mecanismos o tecnologías que eviten la participación física del sujeto de protección en las diligencias;

-Otras que considere la autoridad.

A efecto de desincentivar la denuncia de mala fe, se establece multa económica a aquellos que denuncien un hecho a sabiendas de que es falso. Además, se incluyen algunas obligaciones de las personas sujetas a protección, para que estas puedan cumplir con su finalidad. Las denuncias se podrán efectuar de manera presencial, correspondencia, en línea, vía telefónica, y se le brindara asesoría por las mismas vías.

A efecto de guardar un vínculo de protección para investigaciones administrativas de las que se desprenda una responsabilidad penal, se propone que las medidas de protección sigan aplicándose, para lo cual se deberá dar cuenta a la autoridad respectiva para que se inicien los procedimientos pertinentes, debiéndose mantener las máximas garantías que impidan difundir la información confidencial que ponga en riesgo la integridad del alertador o del testigo del hecho. Para tal efecto serán aplicables las medidas previstas en las leyes penales correspondientes, específicamente lo previsto en la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal.

Como se sabe, este último es el ordenamiento especifico en el cual se establecen las bases de protección de las personas que intervienen en un proceso penal y cuya integridad se encuentra en riesgo. De ahí que en la presente iniciativa se presenten propuestas enfocadas a la protección de las condiciones laborales de la persona. Además, se establece que se incorpore directamente al Programa de protección de testigos, a las personas protegidas en un proceso administrativo del cual derive algún procedimiento penal, cuando se prevea su participación en el mismo, en calidad de testigo.

En conclusión, las propuestas de reforma que se presentan en esta iniciativa tienen el objetivo fundamental de complementar el diseño de las instituciones y la normativa vigente para el combate a la corrupción, por lo que, al ser prevista esta protección en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, deberá ser observada por las autoridades competentes de todos los órdenes de gobierno.

Decreto

Primero. Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. a IV. ...

V. Establecer los mecanismos para facilitar e incentivar la denuncia de hechos que pudieran constituir una responsabilidad administrativa o de otra naturaleza, y para proteger al funcionario público o a cualquier persona física o moral que, de buena fe, alerte o denuncie dichos hechos o testifique sobre los mismos, y

VI. Crear las bases para que todo ente público establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público.

Artículo 3. ...

I. Alerta: Es aquella comunicación, manifestación o entrega de información, que el servidor público, persona física o moral privada, realizan o proporcionan para generar un aviso, señalamiento o datos, que pongan sobre aviso la posible comisión de actos de corrupción;

I. Bis Alertador. El servidor público, o la persona física o moral privada, que acude ante las Autoridades investigadoras a que se refiere la presente Ley, con el fin de denunciar actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con faltas administrativas o de otra naturaleza;

I. Bis. Auditoría Superior: La Auditoría Superior de la Federación;

II a XX. ...

XX Bis. Medidas de Protección. Conjunto de acciones dispuestas por la autoridad competente orientadas a proteger los derechos de los alertadores, denunciantes y testigos de faltas administrativas o delitos de otra índole, mismas que protegen sus derechos personales, laborales e integridad personal;

XXI. a XXVIII. ...

Artículo 22. En el diseño y supervisión de los mecanismos a que se refiere el artículo anterior, se considerarán las mejores prácticas internacionales sobre controles, ética e integridad en los negocios, además de incluir medidas que inhiban la práctica de conductas irregulares, que orienten a los socios, directivos y empleados de las empresas sobre el cumplimiento del programa de integridad y que contengan herramientas de denuncia y de protección a alertadores, denunciantes y testigos, conforme a las bases previstas en la presente ley.

Artículo 64. ...

I. a II. ...

III. Revelen la identidad de un alertador, denunciante o testigo anónimo protegido bajo los preceptos establecidos en esta Ley.

Para efectos de la fracción anterior, los Servidores Públicos que denuncien una falta administrativa grave o faltas de particulares, o sean testigos en el procedimiento, podrán solicitar medidas de protección previstas en esta ley.

Artículo 64 Quintus. Es falta administrativa grave generar acciones que directa o indirectamente causen a los alertadores, denunciantes o testigos:

I. Afectaciones laborales;

II. Acoso psicológico;

III. Daño a la reputación de la persona;

IV. Hostigamiento;

V. Comentarios ofensivos;

VI. Actos discriminatorios;

VII. Cambio injustificado de funciones;

VIII. Traslado a otra Unidad Administrativa o área;

IX. Modificación injustificada de las tareas;

X. Modificación de horario;

XI. Sometimiento a investigación y vigilancia;

XII. Separación de tareas o proyectos;

XIII. Evaluaciones desfavorables;

XIV. Obstaculización de las posibilidades de ascenso laboral;

XV. Denegación injustificada de autorizaciones de vacaciones a otros tipos de licencia;

XVI. Demora en trámites o reconocimientos de derechos;

XVII. Omisión de proporcionar capacitación, y

Entre otras.

Artículo 93 Bis. Al recibir una alerta o denuncia, las autoridades, iniciarán los procedimientos competentes para la prevención, corrección, investigación y sanción de responsabilidades conforme a lo que establece la presente ley, debiéndose mantener las máximas garantías que impidan difundir la información confidencial que ponga en riesgo la investigación de los hechos o la identidad e integridad del alertador o denunciante.

Para lo señalado en el presente capítulo, también serán aplicables las medidas previstas en las leyes penales y civiles correspondientes y en la ley en materia de transparencia y protección de datos, mismas que serán determinadas por la autoridad competente.

Artículo 93 Ter. Los alertadores o denunciantes contarán con las siguientes medidas de protección básicas, cuando la autoridad así lo considere procedente:

I. Asistencia legal para los hechos relacionados con su alerta, denuncia o testificación;

II. Asistencia en los procedimientos de índole laboral o civil que sean seguidos en su contra;

III. La reserva de su identidad, cuando así lo solicite;

IV. Protección de sus condiciones laborales, no pudiendo ser cesado, despedido o removido de su cargo, cuando sea funcionario público;

V. Asistencia legal para hacer valer sus derechos conforme a las normas laborales del sector privado, tratándose de alertadores que no tengan carácter de servidor público;

VI. Protección para el alertador, denunciante, testigo y su familia; VII. Atención psicológica o médica

Asistencia en los procedimientos de índole laboral o civil que sean seguidos en su contra, con motivo de la alerta o denuncia

VIII. Tratándose de personas morales que participen en un procedimiento de compras públicas y denuncien una falta administrativa o delito de cualquier naturaleza, no se podrá perjudicar su participación en el proceso de contratación en el que participen o su posición en la relación contractual establecida con la entidad. Tampoco puede perjudicarles en futuros procesos en los que participen.

En caso de que los alertadores, denunciantes o testigos sean personas físicas o morales privadas, se respetará la confidencialidad de la información que aporten, se garantizará su anonimato y brindará la asesoría jurídica que se estime conveniente.

Los servidores públicos que sean llamados como testigos en el procedimiento, gozarán de las medidas de protección previstas en el presente artículo cuando así lo soliciten.

Todos los alertadores, denunciantes y testigos deberán ser informados sobre el estado que guarda el proceso de investigación o sanción impuesta, derivada de la alerta o denuncia que presentaron.

Artículo 93 Quater. Adicionalmente, y a criterio del Tribunal u órgano competente, se podrán otorgar nuevas medidas de protección a los alertadores, denunciantes o testigos de faltas administrativas graves, con carácter de excepcionalidad, siempre que se considere que existe un peligro inminente para su integridad y derechos personales, la de sus bienes o sus condiciones laborales, sin que ello implique la reducción en su sueldo, prestaciones y demás condiciones de trabajo. Estas podrán ser:

I. Traslado de área dentro de la dependencia o entidad;

II. Traslado de centro de trabajo según sea el caso, misma que podrá ser geográfica o entre instituciones;

III. Licencia con goce de sueldo por el tiempo que determine la autoridad, y

IV. Otras que considere la autoridad.

Artículo 93 Quintus. La autoridad otorgante de las medidas de protección a los alertadores, denunciantes o testigos, una vez finalizado el proceso de investigación e impuestas las sanciones-del caso, podrá, siempre que estime que se mantiene la circunstancia de peligro, extender la continuación de las medidas de protección.

En cualquier momento los alertadores, denunciantes o testigos podrán solicitar que finalicen las medidas de protección.

En ningún caso, la protección exime al servidor público o particular, sea persona física o moral, de responsabilidades por hechos diferentes a los de la denuncia.

Artículo 93 Sextus. El servidor público o particular, sea persona física o moral, que realice una denuncia sabiendo que los actos no se han cometido o aporta información falsa, se le aplicará multa de den y hasta ciento cincuenta Unidades de Medida y Actualización, sin perjuicio de las responsabilidades de naturaleza civil y penal a que hubiese lugar.

Al momento de comprobarse la falsedad de la denuncia o alerta en cualquier fase del proceso de investigación, la autoridad correspondiente dará por terminada la aplicación de las medidas de protección que se hubieren otorgado al alertador, denunciante o testigo.

No podrá brindarse ninguna medida de protección si la denuncia o alerta se sustenta en información obtenida lesionando derechos fundamentales.

Artículo 101. ...

I. ...

II. ...

La autoridad investigadora o el alertador denunciante o testigo, podrán impugnar la abstención, en los términos de lo dispuesto por el siguiente Capítulo.

Artículo 102. La calificación de los hechos como faltas administrativas no graves que realicen las autoridades investigadoras, será notificada al alertador, denunciante o testigo, cuando este fuere identificable. Además de establecer la calificación que se le haya dado a la presunta falta, la notificación también contendrá de manera expresa la forma en que el notificado podrá acceder al Expediente de presunta responsabilidad administrativa.

La calificación y la abstención a que se refiere el artículo 101, podrán ser impugnadas, en su caso, por el alertador, denunciante o testigo , mediante el recurso de inconformidad conforme al presente Capítulo. La presentación del recurso tendrá como efecto que no se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa hasta en tanto este sea resuelto.

Artículo 108. El recurso será resuelto tomando en consideración la investigación que conste en el expediente de presunta responsabilidad administrativa y los elementos que, en caso de existir, aporten el alertador, denunciante, testigo o el presunto infractor. Contra la resolución que se dicte no procederá recurso alguno.

Artículo 116. Son partes en el procedimiento de responsabilidad administrativa:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. Los terceros, que son todos aquellos a quienes pueda afectar la resolución que se dicte en el procedimiento de responsabilidad administrativa, incluido el alertador, denunciante o testigo.

Artículo 194. ...

I a VII. ...

VIII. La solicitud de medidas cautelares, de ser el caso,

IX. El informe de las medidas de protección al alertador, denunciante o testigo que se hayan dictado, y

X. Firma autógrafa de Autoridad investigadora.

Artículo 208. En los asuntos relacionados con faltas administrativas no graves, se deberá proceder en los términos siguientes:

I. a X. ...

XI. La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su caso, se notificara a los alertadores, denunciantes o testigos únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, para los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor de diez días hábiles.

Artículo 209. ...

...

I a IV. ...

V. La resolución deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su caso, se notificará a los alertadores, denunciantes o testigos , únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, para los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor de diez días hábiles.

El Tribunal, al momento de recibir el expediente, deberá pronunciarse en un plazo no mayor de 48 horas sobre la aplicación de medidas de protección excepcionales a los alertadores, considerando la gravedad del asunto.

Segundo. Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, para quedar como sigue:

Artículo 18. ...

I. ...

a) a d). ...

e) Laboral.

II. a IX. ...

X. Protección de las condiciones laborales de la persona, no pudiendo ser cesada, despedida o removida de su cargo como consecuencia de su participación en el procedimiento penal.

XI. Implementar cualquier otra medida de seguridad que de conformidad con la valoración de las circunstancias, se estime necesario adoptar con la finalidad de proteger la vida y/o la integridad física de la persona.

...

...

Artículo 20. ...

...

...

Tratándose de la investigación de delitos por hechos de corrupción, los servidores públicos o personas físicas o morales, a las que se les hayan otorgado medidas de protección en un procedimiento de responsabilidad administrativa, serán incorporadas directamente al Programa, cuando así lo soliciten.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las entidades federativas deberán realizar las modificaciones necesarias a su marco jurídico en un plazo de 180 días a partir de la publicación del presente Decreto, a efecto de cumplir con lo aquí previsto.

Notas

1 http://cpc.org.mx/wp-content/uploads/2018/06/PNA-UVSNA-1-1.

2 https://www.oecd.org/goviethicsiestudio-integridad-mexico-aspectos-clav es.pdf

3 https://cpc.org.mx/wp-content/uploads/2019/01/IPC-2018-Comunicado-de-Pr ensa.pdf

4 https://conualacorrupoon.mxpa-aesconrianza-en-el-guaraidni

5 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_Co rrupcion2021.pdf

6 https://www.tm.org.mx/ipc2021/

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 24 de agosto de 2022.

Diputados: Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica), Juan Carlos Romero Hicks, Noemí Berenice Luna Ayala, Patricia Terrazas Baca, María Elena Pérez-Jaén Zermeño y Carmen Rocío González Alonso.

(Turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Miércoles 24 de agosto de 2022)

Que reforma la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, recibida del diputado José Antonio García García, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de agosto de 2022

El suscrito, José Antonio García García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio y con arreglo a las facultades y atribuciones conferidas en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona al artículo 51 y 67 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en atención de la siguiente

Exposición de Motivos

Hoy en día el uso del automóvil se ha convertido en una de las necesidades más básicas para los ciudadanos, ya que, a través de estos, la gran mayoría de personas tiene la oportunidad de trasladarse a sus centros laborales, educativos o del ámbito social. De esta manera dicho medio de transporte se vuelve una herramienta indispensable para la movilidad urbana, así como para la vida social y económica del país.

Actualmente el poseer un vehículo para la gran mayoría de los mexicanos se ha convertido, no en un lujo, sino en una necesidad para miles de familias, ya que en caso de un suceso de emergencia pueden trasladarse más rápido a cualquier lugar o trasladarse a sus distintas actividades de una forma más segura.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)1 , hasta junio del presente año se tenían contabilizados alrededor de 50 millones de vehículos registrados a nivel nacional, de los cuales poco más de 33 millones corresponden a automóviles particulares.

En nuestro país, de acuerdo con el artículo 49 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, se señala que para poder conducir un vehículo motorizado cualquiera que sea su tipo, las personas conductoras deben contar con licencia o permiso de conducir vigente, además de algunos requisitos que se establecen en las disposiciones normativas en el ámbito federal y local.

Respecto de la licencia de conducir, dicho documento certifica que la persona tiene los conocimientos básicos y teóricos sobre conducir, normas y reglamentos de tránsito e identificación de las partes importantes del vehículo a conducir.

Si un conductor no cumple con los requisitos necesarios para demostrar que puede operar un vehículo de manera segura en la vía pública o si comete ciertas infracciones enmarcadas por las disposiciones reglamentarias, se le puede guitar el privilegio de tener una licencia de conducir valida. Dependiendo de las circunstancias, su privilegio de conducir puede suspenderse temporalmente o revocarse indefinidamente.

La federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, integran las bases de datos de movilidad y seguridad vial, para lo cual deben incluir en sus reglamentos de tránsito disposiciones respecto de las medidas mínimas de tránsito, así como su aplicación y supervisión de estas, atendiendo y salvaguardando la seguridad, protegiendo la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos bajo el principio de que toda muerte o lesión por siniestros de transito es prevenible.

El artículo 51 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial señala que el periodo de vigencia que se establece para las licencias de conducir puede ser de una vigencia no mayor a cinco años de forma general y de dos años en el caso de licencias para la conducción de vehículos de emergencia, incluyendo aquellos que se dirijan a actividades de atención medica, policiaca y vehículos de transporte escolar.

Respecto de los costos para la obtención de licencias de conducir en el país, estos rondan en un rango de 400 hasta los 5 mil pesos, según los años de vigencia y el tipo de licencia: automovilista de uso particular, chofer y operador de transporte público, en la mayoría de los estados se establece un límite de vigencia que abarca entre uno y diez arios. Este año, el costa promedio por un ario de licencia de automovilista a nivel nacional ronda aproximadamente en los de 450 pesos.

Lamentablemente el costo económico que tienen que erogar los conductores para la obtención de su licencia de conducir representa un duro golpe para el bolsillo de las y los ciudadanos y para su economía familiar, ya que la misma la tienen que renovar en promedio cada 3 a 5 años, lo que provoca en muchas ocasiones el que miles conductores opten por no renovarla o por licencias de conducir falsas e incluso optar por licencias de otros estados que resulta complicado afirmar su veracidad y legalidad.

La situación económica por la que atraviesa el país y la cual repercute negativamente en las y los mexicanos, no este apta para que los ciudadanos sigan pagando cada cierto periodo cargas fiscales o impuestos que afecten su economía, más aún en un contexto donde de acuerdo con datos de la Organización México ¿Como Vamos?, durante el primer trimestre del presente año el 38.8 por ciento de la población, no pudo adquirir la canasta básica con los ingresos laborales.

Aunado a ello, datos del Índice de Precios al Consumidor del Inegi, refieren que atravesamos actualmente la peor inflación de los últimos 21 años situada durante junio del presente año en 8.16 por ciento, lo cual afecta gravemente al bolsillo de las mexicanas y los mexicanos.2

En virtud de lo anterior la presente iniciativa tiene como objeto establecer que la federación, las entidades federativas y los municipios, establezcan en su normativa respectiva, el expedir licencias de conducir con una vigencia de carácter permanente en la modalidad de uso particular, y con ello favorecer el bolsillo y economía de las familias mexicanas.

Resulta importante evitarles además a las y los ciudadanos, la necesidad de regresar y asistir periódicamente a renovar su licencia de conducir, lo cual implica, no solo un costo económico, sino también la pérdida de tiempo que pudiera invertir en su desarrollo personal o familiar.

Cabe señalar que de acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo respecto de su estudio “El fin del tramite eterno: ciudadanos, burocracia y gobierno digital”, publicado en 2018, señala que los tramites presenciales son engorrosos y complejos para la ciudadanía, pues en promedio, se necesitan 5.4 horas para completar una gestion.3

La posibilidad de que los ciudadanos tengan la oportunidad de acceder a una licencia de conducir permanente representaría un ahorro significativo de tiempo y económico, además de brindar certeza jurídica de los automovilistas en caso de que se presenten incidentes en materia de salud, accidentes, choques o cualquier tipo de infracción de tránsito.

Por otra parte, con la finalidad de tener la certeza y reconocimiento de que la personas que opten por la emisión de una licencia de conducir de carácter permanente preserven sus capacidades y aptitudes para conducir, se propone que las autoridades correspondientes instrumenten las acciones necesarias para que los usuarios actualicen cada 5 años de forma gratuita y en línea, sus datos biométricos y realicen los exámenes de valoración integral y teórico y practico de conocimientos y habilidades necesarias, a fin de garantizar la seguridad de los conductores y de los peatones.

Con la presente propuesta los estados incentivarían el uso de licencia de conducir en sus demarcaciones y construirían o actualizarían su padrón de las personas que transitan en su entidad, ya sea como particulares, en la realización de actividades económicas o cotidianas.

Por último, es importante mencionar que diversas entidades federativas a nivel nacional como Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz han avanzado en la materia y han legislado en este tema, beneficiando el bolsillo de sus ciudadanos, por lo que resulta importante mandatar desde la legislación nacional en la materia, acciones que para la obtención de la licencia de conducir, reduzca los tramites burocráticos, favorezcan la economía familiar y generen confianza y certeza jurídica a los conductores.

Todos los sectores de la sociedad, desde el sector más vulnerable requieren que el trabajo de nosotros como legisladores se traduzca en reformas trascendentes, que cobren sentido en la convergencia positiva y ascendente en el nivel de vida de las y los ciudadanos, por ello resulta apremiante y urgente implementar acciones tangentes que tengan como objetivo ayudar en el bolsillo de las y los mexicanos.

Por lo expuesto, se somete a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona al artículo 51 y 67 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial

Artículo Único. Se adicionan un segundo párrafo al artículo 51, recorriéndose los subsecuentes y un segundo párrafo a la fracción XI del articulo 67; y se reforma el primer párrafo del artículo 51, todos de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para quedar como sigue:

Artículo 51. De la acreditación y obtención de licencias y permisos de conducir.

La federación, las entidades federativas y los municipios, establecerán en su normativa aplicable que todas las personas que realicen el trámite para obtener o renovar una licencia o permiso de conducir, deberán acreditar el examen de valoración integral que demuestre su aptitud para ello, así como el examen teórico y practico de conocimientos y habilidades necesarias, antes de la fecha de expedición o renovación de la licencia o permiso. Asimismo, podrán establecer que las licencias de conducir en la modalidad de uso particular tengan una vigencia de carácter permanente, mientras que para las demás modalidades, no tengan una vigencia mayor a cinco arlos de forma general y de dos años en el caso de licencias para la conducción de vehículos de emergencia, incluyendo aquellos para actividades de atención medica o policiaca y vehículos de transporte escolar.

Para el caso de las licencias de conducir de carácter permanente, las autoridades correspondientes instrumentaran las acciones necesarias para que los usuarios actualicen cada 5 años de forma gratuita y en lima, sus datos biométricos y realicen los exámenes de valoración integral y teórico y practico de conocimientos y habilidades necesarias.

...

...

Artículo 67. De las entidades federativas .

...

I. a X. ...

XI. ...

Las licencias de conducir en su modalidad de uso particular podrán tener una vigencia de carácter permanente.

XII a la XXIII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de los Estados, en el ámbito de su competencia, tendrán el plazo de un año para armonizar el marco jurídico en la materia, conforme a este decreto.

Notas

1 Vehículos de motor registrados en circulación, Inegi; disponible en la página Web.-https://www.inegi.org.mx/temasivehiculos#Informacion general, consultada el 4 de agosto de 2022.

2 Índice Nacional de Precios al Consumidor Junio de 2022; disponible en la página web. https://www.inegi.org.mx/contenidosisaladeprensa/boletines/2022/inpc/2q /inpc2q202207.pdf; consultada el 4 de agosto de 2022.

3 El fin del tramite eterno: ciudadanos, burocracia y gobierno digital”, BID, disponible en la página web.

https://publications.iadb.orgies/el-fin-del-tramite-eter no-ciudadanos-burocracia-y-gobierno-digital

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 24 de agosto de 2022.

Diputado José Antonio García García (rúbrica)

(Turno a la Comisión de Movilidad.)

Que reforma la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, recibida de la diputada Leticia Zepeda Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de agosto de 2022

La suscrita, diputada Leticia Zepeda Martínez integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la Comisión Permanente, la iniciativa con proyecto de decreto adiciona un párrafo a la fracción I del artículo 11 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista y de la misma forma se sustituye la denominación Distrito Federal por Ciudad de México en los artículos 3 fracción V, 5 en el segundo renglón y 11, fracción I, todos de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, bajo el siguiente

Planteamiento del problema

El autismo es un padecimiento de naturaleza neurobiológica muy compleja, que se caracteriza por una progresiva alteración de la conducta. No se sabe con certeza cuales son las causas del autismo, pero en la comunidad científica existe la idea generalizada que se hay un origen genético debido a mutaciones en algunos genes, algunos de los cuales han sido identificados. El avance en la investigación ha permitido hallar más pistas de las causas de esta enfermedad.

Este trabajo parlamentario busca crear en la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista una instancia en la que los municipios puedan realizar un registro y seguimiento de los pacientes que se detecten y lo puedan informar a las autoridades estatales y federales con la finalidad de generar políticas públicas efectivas, y además se busca armonizar la legislación que aun contempla en sus textos al Distrito Federal en vez de a la Ciudad de México, que es la definición constitucional actual.

Este trabajo parlamentario se plantea bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Los trastornos del espectro autista (TEA) son un grupo de afecciones diversas. Se caracterizan por algún grado de dificultad en la interacción social y la comunicación. Otras características que presentan son patrones atípicos de actividad y comportamiento; por ejemplo, dificultad para pasar de una actividad a otra, gran atención a los detalles y reacciones poco habituales a las sensaciones.

Las capacidades y las necesidades de las personas con autismo varían y pueden evolucionar con el tiempo. Aunque algunas personas con autismo pueden vivir de manera independiente, hay otras con discapacidades graves que necesitan constante atención y apoyo durante toda su vida. El autismo suele influir en la educación y las oportunidades de empleo. Además, impone exigencias considerables a las familias que prestan atención y apoyo. Las actitudes sociales y el nivel de apoyo prestado por las autoridades locales y nacionales son factores importantes que determinan la calidad de vida de las personas con autismo.

Las características del autismo pueden detectarse en la primera infancia, pero, a menudo, el autismo no se diagnostica hasta mucho más tarde.

Las personas con autismo presentan a menudo afecciones comórbidas, como epilepsia, depresi6n, ansiedad y trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y comportamientos problemáticos, como dificultad para dormir y autolesiones. El nivel intelectual varía mucho de un caso a otro, y va desde un deterioro profundo hasta casos con aptitudes cognitivas altas.

Se calcula que, en todo el mundo, uno de cada 100 niños tiene autismo1 . Esta estimación representa una cifra media, pues la prevalencia observada varía considerablemente entre los distintos estudios. No obstante, en algunos estudios bien controlados se han registrado cifras notablemente mayores. La prevalencia del autismo en muchos países de ingresos bajos y medianos es hasta ahora desconocida.

La evidencia científica disponible indica la existencia de múltiples factores, entre ellos los genéticos y ambientales, que hacen más probable que un niño pueda tener autismo.

Los datos epidemiológicos disponibles demuestran de forma concluyente que no hay pruebas de una relación causal entre el autismo y la vacuna contra el sarampión, la parotiditis y la rubeola. Los estudios anteriores que señalaban una relación causal estaban plagados de errores metodológicos.

Tampoco hay prueba alguna de que otras vacunas infantiles puedan aumentar el riesgo de autismo. Los exámenes de los datos sobre una posible asociación entre el riesgo de autismo y la presencia en las vacunas inactivadas del conservante tiomersal o de adyuvantes con aluminio han concluido firmemente que las vacunas no incrementan dicho riesgo.

Desde la primera infancia y durante toda la vida, una amplia gama de intervenciones pueden optimizar el desarrollo, la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas con autismo. El acceso oportuno a intervenciones psicosociales tempranas basadas en las evidencias puede mejorar la capacidad de los niños con autismo para comunicarse eficazmente e interactuar socialmente. Se recomienda incluir el seguimiento del desarrollo infantil en la atención sistemática a la salud de la madre y el niño.

Una vez diagnosticado el autismo, es importante que se les ofrezca al niño o adolescente con autismo y a su familia información y servicios pertinentes, derivación a especialistas y ayudas prácticas de acuerdo con sus necesidades y preferencias y con la evolución de estas.

Las necesidades de atención de salud de las personas con autismo son complejas y requieren una serie de servicios integrados, que abarcan la promoción de la salud, la atención y la rehabilitación. Es importante la colaboración entre el sector de la salud y otros sectores, en particular los relacionados con la educación, el empleo y la asistencia social.

Las intervenciones dirigidas a las personas con autismo y otras discapacidades del desarrollo deben diseñarse y realizarse con la participación de personas que presenten esos trastornos. La atención debe ir acompañada de medidas en el ámbito comunitario y social para lograr mayor accesibilidad, inclusividad y apoyo.

Todas las personas, incluidas las que padecen autismo, tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

Sin embargo, las personas con autismo a menudo son objeto de estigmatización y discriminación, que incluye la privación injusta de atención de salud, educación y oportunidades para personas participar en sus comunidades.

Las personas con autismo tienen los mismos problemas de salud que el resto de la población, pero pueden tener además otras necesidades asistenciales especiales relacionadas con el autismo u otras afecciones comórbidas. Pueden ser más vulnerables a padecer enfermedades no trasmisibles crónicas debido a factores de riesgo como inactividad física o malas preferencias dietéticas, y corren mayor riesgo de sufrir violencia, lesiones y abusos.

Al igual que el resto de los individuos, las personas con autismo necesitan servicios de salud accesibles para sus necesidades de atención de salud generales, en particular servicios de promoción, prevención y tratamiento de enfermedades agudas y crónicas. Sin embargo, en comparación con el resto de la población, las personas con autismo tienen más necesidades de atención de salud desatendidas y son también más vulnerables en caso de emergencia humanitaria. Un obstáculo frecuente radica en los conocimientos insuficientes y las ideas equivocadas que tienen los proveedores de atención de salud sobre el autismo.

En mayo de 2014, la 67 Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución titulada “Medidas integrales y coordinadas para gestionar los trastornos del espectro autista”, que contó con el apoyo de más de 60 países.

En la resolución se insta a la OMS a colaborar con los Estados miembros y organismos asociados en el fortalecimiento de las capacidades nacionales para abordar los TEA y otros problemas del desarrollo.

La Organización Mundial para la Salud (OMS) y sus asociados reconocen la necesidad de fortalecer la capacidad de los países para promover una salud y un bienestar óptimos para todas las personas con autismo.

Los esfuerzos de la OMS se centran en:

• Aumentar el compromiso de los gobiernos con la adopción de medidas que mejoren la calidad de vida de las personas con autismo;

• Proporcionar orientación sobre políticas y planes de acción que aborden el autismo en el marco más general de la salud, la salud mental y cerebral y las discapacidades;

• Contribuir a fortalecer la capacidad del personal de salud para proporcionar una atención adecuada y eficaz a las personas con autismo y promover normas Optimas para su salud y bienestar; y

• Fomentar los entornos inclusivos y favorables para las personas con autismo y otras discapacidades del desarrollo y prestar apoyo a sus cuidadores.

En el Plan de Acción Integral de la OMS sobre Salud Mental 2013-2030 y la resolución WHA73.10 de la Asamblea Mundial de la Salud sobre “Medidas mundiales contra la epilepsia y otros trastornos neurológicos” se hace un llamamiento a los países para que aborden las considerables deficiencias actuales en la detección temprana, atención, tratamiento y rehabilitación para los trastornos mentales y las alteraciones del desarrollo neurológico, entre los que se incluye el autismo. En la resolución se insta asimismo a los países a que aborden las necesidades sociales, económicas, educativas y en materia de inclusión, de las personas con trastornos mentales y otros trastornos neurológicos, así como de sus familias, y a que mejoren la vigilancia y la investigación pertinentes.

Por lo expuesto y fundado, me permito poner a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto

Primero. Se adiciona un párrafo a la fracción I del artículo 11 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista para quedar como sigue:

Artículo 11. Son sujetos obligados a garantizar el ejercicio de los derechos descritos en el artículo anterior, los siguientes:

I. ...

...

En el caso de los municipios se generara un registro documental de pacientes, que permitirá contar con información de detección y seguimiento del tratamiento de todos los pacientes de autismo. Esta información servirá para poder generar mejores políticas públicas de atención. Los municipios estarán en coordinación con las autoridades de salud estatales y federales.

II. a V. ...

Segundo. Se sustituye la denominación Distrito Federal por Ciudad de México en los artículos 3 fracción V, 5 en el segundo renglón y 11 fracción I, todos de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista para quedar como sigue:

Artículo 3. ...

I a IV. ...

V. ...Ciudad de México ...

VI a

Artículo 5. ...Ciudad de México ...

Artículo 11. ...

I. ...

...Ciudad de México ...

II. a V. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Global prevalence of autism: A systematic review update. Zeidan J. entre otros, Autism Research-marzo de 2022

2 Wakefield’s affair: 12 years of uncertainty whereas no link between autism and MMR vaccine has been proved. Maisonneuve H, Floret D. Presse Med. 2012 Sep; versión en francés

(https://www.ncbLnlm.nih.gov/pubmed/22748860).

3 Lancet retracts Wakefield’s MMR paper. Dyer C.8ª412010;340:c696.2 de febrero de 2010

(https://www.bmj.com/content/340/bmj.c696.1ong).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de agosto de 2022.

Diputada Leticia Zepeda Martínez (rúbrica)

(Turno a la Comisión de Salud.)

Que reforma la Ley General de Educación, recibida del diputado Víctor Manuel Pérez Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de agosto de 2022

El suscrito, Víctor Manuel Pérez Díaz y las diputadas y los diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea al presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción I del artículo 9 y la fracción XII del artículo 114 de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La presente iniciativa forma parte de un plan integral para el fortalecimiento de la educación que busca hacer efectivo el derecho a la educación establecido en el artículo tercero de la Constitución; que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado –federación, estados, Ciudad de México y municipios– impartirá y garantizara la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.”

A pesar de que está establecido en la Carta Magna, la garantía del derecho a la educación por parte del Estado, no es una realidad para millones de personas, pensando en eso y en la falta de oportunidades para tener una educación de calidad he presentado varias iniciativas; como una reforma al artículo 6o. Constitucional para garantizar la conectividad y que efectivamente haya internet para todos.

En ese mismo sentido está pendiente de aprobación otra iniciativa para que la Ley General de Educación establezca las bases para la modalidad de clases virtuales o en línea.

Por medio de la presente iniciativa, quiero contribuir a que miles de niñas y niños tengan la oportunidad de recibir una ayuda por parte del Estado para contar con uniformes escolares, sin que esto signifique un gasto más para sus familias. De acuerdo con cifras del Inegi 5.2 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de entre los 3 y los 29 años de edad, no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021 por motivos económicos y por causas del Covid-191 .

De esos 5.2 millones, 3 millones son alumnos de educación básica, y de esos 3 millones, 1.3 millones abandonaron la escuela a causa de Covid-19; pero hay 1.6 millones que la dejaron por falta de recursos económicos2 .

Aunado a lo anterior, el país está atravesando una grave situación económica. La inflación en México ha llegado a una tasa anualizada a 8.15 por ciento, la mas alta en 20 años.

Esto no solo afecta la calidad de vida de las familias, sino que repercute en un aspecto fundamental y que-me preocupa especialmente, que es la educación de nuestras niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con los resultados de la Medición Multidimensional de la Pobreza del Coneval, 4 millones de personas se encontraban en rezago educativo. Lo anterior significa que, 872 mil niños y jóvenes de 3 a 21 años se sumaron a las estadísticas de rezago en educación, tan solo durante el año pasado. Estimaciones del Banco Mundial, indican que la pandemia causó en México un rezago que equivale a dos años de escolaridad. Previo a la pandemia los mexicanos alcanzaban en promedio aprendizajes correspondientes a 3° de secundaria, al día de hoy su conocimiento llegara solo al equivalente a primero de secundaria3 .

Según cálculos del Banco Interamericano de Desarrollo, se estima que por lo menos 628 mil jóvenes entre 6 y 17 años han interrumpido sus estudios debido a la crisis económica derivada de la pandemia. Una disminución de esta magnitud significa un retroceso de 13 años en el nivel de asistencia escolar. El rezago educativo puede tener consecuencias trascendentales para los trabajadores y la competitividad del país4 .

Lamentablemente, las perspectivas de una recuperación económica no son alentadoras, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recorto considerablemente su perspectiva de crecimiento del producto interno bruto de México para 2023, cifra que pasó de 2.5 por ciento a 1.2 por ciento.

En el Grupo Parlamentario del PAN estamos decididos a que la educación sea una prioridad, y vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para que nadie tenga que abandonar la escuela por falta de recursos, porque eso es algo que debe estar garantizado por el Estado.

Entiendo la complicada situaci6n en la que se encuentran millones de madres y padres de familia ante el inicio del nuevo ciclo escolar, ya que implica un enorme gasto.

Tan sólo los uniformes para una niña o niño que curse educación básica están entre 665 y mil 121 pesos en promedio; los precios pueden incrementarse si los uniformes se adquieren en tiendas de autoservicio y ese es un costo que no se pueden permitir las familias de escasos recursos.

Es precisamente por esa razón que la iniciativa que propongo pretende reformar la fracción I del artículo 9 y la fracción XII del artículo 114 de la Ley General de Educación para que los uniformes se les den de forma gratuita a tus hijos y así ayudar a la economía de las personas que más lo necesitan.

En ese sentido, es necesario tomar medidas para ayudar a la economía de las familias, para contribuir a evitar la deserción escolar, por ello con la presente iniciativa se busca que los uniformes escolares se entreguen de manera gratuita a nivel nacional y que todos los alumnos puedan verse beneficiados.

Derivado de lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía, para su discusión y, en su caso, aprobación, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforman, la fracción I del artículo 9 y la fracción XII del artículo 114 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 9. ...

I. Establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género, para otorgar becas, uniformes escolares y demás apoyos económicos que prioricen a los educandos que enfrenten condiciones socioeconómicas que les impidan ejercer su derecho a la educación;

II. a XIII. ...

Artículo 114

I a XI. ...

XII. Garantizar la distribución oportuna, completa, amplia y eficiente, de los libros de texto gratuitos, uniformes escolares y demás materiales educativos complementarios que la Secretaría les proporcione;

XIII. a XVII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Comunicado de prensa núm. 185/21 23 de marzo de 2021. Visible en:

https://www.ineqi.ora.mxicontenidos/investioacioniecovid ed/20201doclecovided 2020 nota tecnica.pdf Fecha de consulta, 18 de agosto de 2022.

2 Ídem.

3 Imco El rezago educativo pone en riesgo a una generación de estudiantes, visible en:
file:///Users/luisamariacarrillogalleaos/Desktop/Dito.%20VMP/20210602El-rezago-educativo
-pone-en-riesqo-a-una-generacio%CC°/081n-de-estudiantes Boleti%CC%81n-jodf fecha de consulta, 18 de agosto de 2022.

4 Ídem.

Sede de la Comisión Permanente, a 24 de agosto de 2022.

Diputado Víctor Manuel Pérez Díaz (rúbrica)

(Turno a la Comisión de Educación.)


Actas

De la Comisión de Movilidad, correspondiente a la sexta sesión ordinaria, efectuada el jueves 26 de mayo de 2022

A las 11:15 horas del jueves 26 de mayo de 2022, en su modalidad virtual, se reunieron los legisladores integrantes de la Comisión de Movilidad, de conformidad con la convocatoria de fecha 23 de mayo del presente año, para el desahogo del siguiente orden del día:

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.

4. Asuntos generales.

5. Clausura y cita a la siguiente reunión.

1. Lista de asistencia inicial y final y declaratoria de quórum

Se registró la asistencia de los siguientes diputados:

Presidencia

Salomón Chertorivski Woldenberg

Secretaría

Alma Delia Navarrete Rivera
Rocío Esmeralda Reza Gallegos
María Del Carmen Zúñiga Cuevas
José Antonio Zapata Meraz
Ricardo Aguilar Castillo

Integrantes

Jacqueline Hinojosa Madrigal
Catalina Diaz Vilchis
Ángel Miguel Rodríguez Torres
Flor Ivone Morales Miranda
José Antonio García García

En virtud de que se contó con el quórum reglamentario, el presidente de la comisión, diputado Salomón Chertorivski Woldenberg, dio por iniciada la reunión.

1. Lectura del orden del día

El presidente de la comisión, el diputado Salomón Chertorivski Woldenberg, puso a consideración de los miembros presentes de la comisión el orden del día.

2. Intervención a cargo de los diputados de la comisión

El presidente Salomón Chertorivski Woldenberg: A ver cómo le hacemos para que la que sigue tenga un poquito más de acción por lo menos, pero bueno. Tenemos que cumplir con esto, así que saludamos a todas y a todos con enorme gusto, ya se registraron las asistencias en el sistema APRAV o ya lo hicieron de viva voz quienes no pudieron conectarse.

Por tanto, solicito a la amable diputada Carmen Zúñiga que está fungiendo como secretaria, haga del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados de la Comisión de Movilidad.

La diputada María del Carmen Zúñiga Cuevas: Buenos días. Se informa a la Presidencia que hay un registro previo de 9 diputadas y diputados. Por lo tanto, existe quórum, diputado presidente.

El presidente Salomón Chertorivski Woldenberg: Muchas gracias, secretaria. Se abre la reunión. Solicito a la Secretaría dar lectura del orden del día y consultar si es de aprobarse.

La diputada María del Carmen Zúñiga Cuevas: Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al orden del día.

1. Registro de asistencia y declaración del quórum;

2. Lectura y, en su caso, aprobación el orden del día;

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior;

4. Asuntos generales;

5. Clausura y cita a la siguiente reunión.

¿Algún legislador o legisladora que quiera hacer uso de la palabra al respecto del orden del día? No habiendo quien haga uso de la palabra, se consulta, en votación económica, si se aprueba el orden del día. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo (votación).

La diputada Catalina Diaz Vilchis: A favor, diputado Chertorivski.

El presidente Salomón Chertorivski Woldenberg: Muchas gracias. Gracias, ya estamos viendo aquí las manitas, más o menos. Muchas gracias.

La diputada María del Carmen Zúñiga Cuevas: Los legisladores que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo (votación). Parece que nadie está por la negativa, diputado presidente, tenemos unanimidad por la afirmativa.

El presidente Salomón Chertorivski Woldenberg: Muchas gracias, se aprueba el orden del día. Pasamos al siguiente asunto que es la aprobación del acta de la sesión anterior, secretaria.

La diputada María del Carmen Zúñiga Cuevas: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las y los diputados si podemos dispensar la lectura del acta anterior en un mismo acto, dispensar la lectura y aprobar en un mismo acto el acta de la sesión anterior. Los que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando la mano (votación). Se abre el sistema APRAV para emitir su voto sobre el acta.

(Votación)

El presidente Salomón Chertorivski Woldenberg: No aparecen en la pantalla, pero están apareciendo en la aplicación móvil. Mira, aquí están, ahí están.

La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos: Presidente, si se puede tomar mi votación a favor, por favor, porque no me funciona mi sistema APRAV.

El presidente Salomón Chertorivski Woldenberg: Registramos, diputada Reza, por supuesto.

La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos: Muchas gracias.

El diputado Ángel Miguel Rodríguez Torres: Presidente, de favor si pueden tomar mi votación.

El presidente Salomón Chertorivski Woldenberg: Claro que sí, diputado Ángel Miguel Rodríguez.

El diputado Ángel Miguel Rodríguez Torres: Gracias.

El presidente Salomón Chertorivski Woldenberg: Entiendo que también el diputado Carlos Guadarrama, pero es que cuando hablas, no se te escucha.

La diputada María del Carmen Zúñiga Cuevas: Señor presidente, con 11 votos a favor está aprobada el acta de la sesión anterior y dispensada su lectura.

El presidente Salomón Chertorivski Woldenberg: Muchas gracias, secretaria. El siguiente punto del orden del día se refiere a asuntos generales, preguntaría si hay algún diputado o diputada que quisiera hacer uso de la voz. Si a mí me hace el favor, secretaria, de regístrame.

La diputada Alma Delia Navarrete Rivera: Por favor.

El presidente Salomón Chertorivski Woldenberg: Alma Navarrete, la diputada Flor Ivone Morales. ¿Alguien más? Diputado Guadarrama tiene su mano levantada, ¿es para participar también en asuntos generales? ¿Algún otro diputado o diputada?

Adelante, empezamos con la diputada Flor Ivone, luego con la diputada Alma Delia Navarrete, luego el diputado Carlos Guadarrama y un servidor, si no es que alguien más quisiera hacer uso de la voz. Adelante, diputada Flor Ivone, por favor.

La diputada Flor Ivone Morales Miranda: Gracias, buenos días. Disculpen, nada más es para mencionar que entré en un dispositivo que no es mío, no me permitían el acceso. Por tal motivo no pude votar y tampoco me he podido registrar en la plataforma. Solamente para eso, presidente. Muchas gracias y buenos días a todos.

El presidente Salomón Chertorivski Woldenberg: Muchas gracias, diputada Morales. En este momento hacemos el registro de su voto y de su asistencia. Diputada Navarrete, adelante, por favor.

La diputada Alma Delia Navarrete Rivera: Sí, buenos días, presidente. Buenos días, compañeros integrantes de la Comisión de Movilidad. La verdad pedí el uso de la voz, presidente y compañeros, para no dejar de mencionar y celebrar la reciente publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, lo cual era algo que estábamos esperando antes de que concluyera el periodo.

Y creo que se van cumpliendo los objetivos, felicitarlos a todos y agradecer por el trabajo en equipo que se ha llevado a cabo. Felicitar al presidente por esta conducción, presidente. Es cuanto, buenas tardes.

El presidente Salomón Chertorivski Woldenberg: Muchas gracias, estimada diputada Navarrete. Ya me ganó el anuncio, pero, bueno, creo que es fundamental que celebremos. Realmente comisión nueva, pero pues hemos sido la comisión que logró por consenso una ley general en esta legislatura, así que pues sí hay mucho que celebrar.

Creo que, como lo platicamos en la última sesión, tenemos mucho trabajo por delante. En estos meses, una cuestión a lo que los quiero convidar a todas y a todos, es que en sus respectivos estados se involucren mucho con los Congresos locales, que tienen 180 días para la homologación de sus propias de sus propias leyes, en el caso de que las tengan, ya sea de movilidad o de transporte, o bien van a tener que presentar la iniciativa de leyes de movilidad donde no existan.

Entonces, creo que vale mucho la pena, hay muchos foros en donde nos están convidando a participar para explicarles la relevancia. Si alguna de ustedes, alguno de ustedes va a participar y necesita apoyo por parte de la Secretaría Técnica tenemos presentaciones de la ley, etcétera, que con mucho gusto podemos compartir con ustedes para que puedan transmitirla a sus colegas, insisto, en sus lugares de origen.

Damos el uso de la voz al diputado Guadarrama. Adelante, por favor. No, Carlos, no trae sonido. No se oye, Carlos. Tal vez nos puedes escribir en el chat y ahorita lo comentamos.

Mientras, en lo que el diputado Guadarrama, López Guadarrama, resuelve, permítanme comentarles que esta Presidencia quisiera hacer de su conocimiento que hemos estado recibiendo solicitudes de algunas asociaciones de la sociedad civil, buscando audiencia con el pleno de la comisión.

Hasta hoy hemos recibido solicitud de la organización WRI de México para hablar de sistemas seguros de movilidad y de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que quieren platicar con nosotros el tema del seguro de responsabilidad civil obligatorio.

Proponemos, si es del interés del pleno, invitar a dichas organizaciones a presentar sus temas ante la comisión, que sean parte de los órdenes del día de las siguientes dos sesiones ordinarias, la de junio y la de julio. Yo les preguntaría a ustedes si estuvieran de acuerdo, al mismo tiempo que estamos totalmente abiertos, o sea, que ustedes sugieran otras organizaciones que quisieran presentar. Y creo que con ello podríamos hacer un poquito más divertidas estas sesiones intermedias de periodo, que están un poco aburridas.

Así que preguntaría si, a la secretaria, si nos puede ayudar a ver si podemos aprobar el que recibamos en audiencia en la siguiente reunión de comisión a la WRI y a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Diputada Zúñiga.

Bueno, si no, si podemos. ¿Podemos votar?

La secretaria diputada María del Carmen Zúñiga Cuevas: ... porque no podía...

El presidente Salomón Chertorivski Woldenberg: Ah.

La secretaria diputada María del Carmen Zúñiga Cuevas: Ah, okey. Sí, ¿ya me escuchan? Solicito a los diputados presentes si están de acuerdo en la propuesta de invitar a estas organizaciones a presentar sus temas ante el pleno de la comisión en las siguientes dos sesiones ordinarias, en junio y julio. ¿Algún legislador desea hacer uso de la palabra en este sentido? ¿No?

Si están de acuerdo, entonces, favor de manifestarlo levantando la mano, por favor (votación). Señor presidente, por unanimidad se aprueba que en las próximas reuniones de junio y julio se pueda atender la solicitud de estas organizaciones y podamos contar con ellas en el pleno de estas reuniones.

El presidente Salomón Chertorivski Woldenberg: Muchas gracias, compañeras, compañeros. El diputado Carlos López Guadarrama nos invita a participar en el Foro Nacional de Movilidad, que se realizará en Chimalhuacán, estado de México, los días 1, 2 y 3 de junio, con motivo de la Semana Nacional de la Bicicleta y el Día Mundial de la Bicicleta. Les hacemos llegar desde la Secretaría Técnica la invitación específica del diputado López Guadarrama, el lugar específico. Y con mucho gusto, diputado, de mi parte ahí estaré acompañándote en este foro.

¿Alguna otra diputada o diputado que quisiera hacer uso de la voz? No habiendo quien haga uso de la palabra, se levanta esta reunión de la sexta sesión ordinaria de la Comisión de Movilidad, correspondiente a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, y siendo las 11 con 46 minutos del día 26 de mayo de 2022. Le solicito a las diputadas y los diputados registren su asistencia de salida en la plataforma APRAV, con oportunidad se les citará a la próxima reunión.

Pues les agradezco, de verdad, me encanta verlos, aunque sea por esta. Y pues sí trataremos de hacer algo pues más creativo, más ágil, porque juntarnos para estas cosas es un poco burocrático y aburrido, pero, bueno, lo tenemos que hacer, así que muchas gracias por el deber cumplido. Les deseo que todo esté muy bien por sus tierras y que puedan disfrutar un poquito a las familias con mucha salud. Muchísimas gracias a todas y a todos. Nos vemos en la que sigue.

La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos: Muchas gracias, presidente. Igual, de igual manera, se puede registrar mi asistencia.

El presidente Salomón Chertorivski Woldenberg: Claro que sí, diputada Reza.

La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos: Muchas gracias.

La secretaria diputada María del Carmen Zúñiga Cuevas: Muchas gracias a todos. Saludos.

El diputado Ángel Miguel Rodríguez Torres: Si registran de favor mi asistencia de...

3. Clausura y cita

Se clausuró la reunión a las 11:46 horas del jueves 26 de mayo de 2022.

Reporte de votación

Acta de la sexta reunión ordinaria

A favor

Diputados: Alma Delia Navarrete Rivera, Ángel Miguel Rodríguez Torres, Carlos López Guadarrama, Catalina Díaz Vilchis, José Antonio Zapata Meraz, Juan Francisco Espinoza Eguía, Ricardo Aguilar Castillo, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, Salomón Chertorivski Woldenberg, Santy Montemayor Castillo, Xavier González Zirión.

Ausentes

Diputados: Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Graciela Sánchez Ortiz, Joanna Alejandra Felipe Torres, José Antonio García García, María del Carmen Zúñiga Cuevas.

De la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, relativa a la novena reunión ordinaria, celebrada el 22 de junio de 2022

A las 12:15 horas del 22 de junio de 2022, los diputados integrantes de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos se reunieron de manera semipresencial, en los salones C y D del edificio G, en las instalaciones de este Palacio Legislativo de San Lázaro, y en conferencia virtual a través de la plataforma Zoom, para realizar la novena reunión ordinaria de esta comisión.

Antes de comenzar la reunión la diputada presidenta Juan Carlos informó del deceso de la diputada Alma Rosa Hernández Escobar integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el estado de Veracruz y externó un sentido pésame y condolencias a su familia y amigos.

A continuación, dio la bienvenida a la diputada Karla Verónica González Cruz del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, del estado de Veracruz, y a la diputada Esther Martínez Romano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, del estado de Puebla, quienes se integraron a la comisión.

La diputada presidenta informó que la diputada Blanca Carolina Pérez Gutiérrez, fungiría como secretaria de esta reunión.

La reunión se desarrolló de la siguiente manera:

1. Registro de asistencia y verificación de quórum

La diputada presidenta Irma Juan Carlos solicitó a la secretaria, diputada Blanca Carolina Pérez Gutiérrez, dar cuenta del registro de asistencia.

La diputada secretaria informó que el registro inicial fue de 21 integrantes asistentes de la comisión.

La diputada secretaria declaró la existencia de Quorum. El registro final de asistencia fue de 27 diputadas y diputados: 16 registrados por el sistema, y once diputados registrados de viva voz.

Registraron asistencia por el sistema los siguientes diputadas y diputados:

Presidenta: 1. Irma Juan Carlos (Oaxaca-Morena); secretarios: 2. Blanca Carolina Pérez Gutiérrez (Chiapas-Morena), 3. Anabey García Velazco (Michoacán-PAN), 4. Yeimi Yazmín Aguilar Cifuentes (Chiapas-PRI), 5. Esther Martínez Romano (Puebla-PT), 6. Fabiola Rafael Dircio (Guerrero-PRD); integrantes: 7, Alfredo Vázquez Vázquez (Chiapas­Morena), 8. Brianda Aurora Vázquez Álvarez (Sonora-Morena), 9. Luz Adriana Candelaria Figueroa (Jalisco-Morena), 10. María del Rosario Reyes Silva (Guerrero­ Morena), 11. Mayra Alicia Mendoza Álvarez (Chiapas-Morena), 12. Berenice Montes Estrada (Guanajuato-PAN), 13. Carlos Alberto Valenzuela González (Veracruz-PAN), 14. Sergio Enrique Chalé Cauich (Yucatán-PAN), 15. Fátima Almendra Cruz Peláez (Puebla-PVEM) y 16. Roberto Antonio Rubio Montejo (Chiapas-PVEM).

Registraron asistencia de viva voz las diputadas y diputados siguientes: secretarios: 17. Brenda Ramiro Alejo (Ciudad de México-Morena), 18. Consuelo del Carmen Navarrete Navarro (Yucatán-PVEM), 19. Eduardo Zarzosa Sánchez (Estado de México-PRI), 20. Horacio Fernández Castillo (Jalisco-Movimiento Ciudadano), 21. Pedro Sergio Peñaloza Pérez (Guerrero-Morena); integrantes: 22. Araceli Ocampo Manzanares (Guerrero-Morena), 23. Celestina Castillo Secundino (Guerrero-Morena), 24 Karla Verónica González Cruz (Veracruz PAN), 25. María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (Estado de México-Movimiento Ciudadano), 26. Maribel Martínez Ruiz, (Oaxaca-PT) y 27. Sayonara Vargas Rodríguez (Hidalgo-PRI).

No asistieron las diputadas y diputados siguientes: 28. Carlos López Guadarrama (Estado de México-Morena) y 29. Saúl Hernández Hernández (San Luis Potosí-Morena).

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día

En este punto, la diputada presidenta Irma Juan Carlos solicitó, en virtud de haberse distribuido previamente, se dispensara la lectura del Orden del Día. A continuación, la secretaria de la reunión diputada Fabiola Rafael Dircio, solicitó manifestaran en votación económica si era de dispensarse la lectura del orden del día. como resultado de la votación se dispenso la lectura del orden del día. La diputada presidenta solicitó se pusiera a discusión, para ello la diputada secretaria solicitó que quien deseara tomar la palabra lo manifestara.

A petición de la presidenta, la diputada secretaria solicitó a los diputados que manifestaran su voto, de forma económica, primero si estaban de acuerdo con el orden del día, después si estaban en contra y por último las abstenciones. El resultado de la votación fue de unanimidad por la aprobación:

Acuerdo: Se aprobó por unanimidad, en votación económica, el orden del día propuesto, el cual quedó de la siguiente manera:

Orden del día aprobado

1. Registro de asistencia y verificación de quórum.

2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del acta de la octava reunión ordinaria de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos realizada el 25 de mayo de 2022.

4. Lectura, discusión, y en su caso, aprobación de los dictámenes a iniciativas siguientes:

Turno 31, Expediente 1629. Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. A cargo de la diputada Shirley Guadalupe Vázquez Romero, GPPT.

Turno 36. Expediente 1989. Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 7 y 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. A cargo del diputado José Ángel Sibaja Mendoza, GP Morena.

Turno 48. Expediente 2634. Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7, 15 y 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. A cargo de la diputada Esther Martínez Romano, GP PT.

Turno 63. Expediente LXIV 5474. Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. A cargo de la diputada Julieta Macías Rábago, GP MC.

Turno 64. Expediente LXIV 7820. Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. A cargo de la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno. GP PES.

Turno 65. Expediente LXIV 11358. Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. A cargo del diputado Ariel Rodríguez Vázquez, GP MC.

Turno 70. Expediente 3500. Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. A cargo de la diputada Evangelina Moreno Guerra. GP Morena.

Turno 72. Expediente 3541. Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. A cargo de la diputada Irma Juan Carlos, GP Morena

5. Asuntos turnados por la Mesa Directiva.

6. Asuntos generales.

7. Clausura de la reunión y cita para siguiente reunión.

3. Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del acta de la octava reunión ordinaria de la comisión realizada el 25 de mayo de 2022

En este punto, en consideración que el acta de la octava reunión ordinaria de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, realizada el 25 de mayo de 2022, fue oportunamente distribuida, la diputada presidenta propuso que se dispensará su lectura y solicitó a la diputada secretaria consultara en votación económica, si era de aprobarse la dispensa de su lectura; la diputada secretaria consultó si era de dispensarse la lectura del acta de la reunión anterior por lo que solicitó a los integrantes, que manifestaran su voto de manera económica levantando la mano: primero a los integrantes quine estuvieran por la afirmativa, después quien estuviera por la negativa y después que manifestaran las abstenciones. Como resultado de la votación se aprobó por mayoría la dispensa de la lectura del acta en comento.

A continuación, la diputada presidenta Irma Juan Carlos solicitó a la Secretaría de la Reunión diputada Fabiola Rafael Dircio, consultara, a través del dispositivo electrónico, si se aprobaba el acta de la octava reunión ordinaria. La diputada secretaria solicitó a los integrantes que realizaran su votación a través de su dispositivo electrónico en el sistema de votación. Asimismo, solicitó a los diputados que tuvieran dificultades para realizarlo, que lo realizaran de viva voz. Votaron a Favor de viva voz, en zoom, las diputadas, Celestina Castillo Secundino (GP Morena), Maribel Martínez Ruiz (GP PT), Brenda Ramiro Alejo (GP Morena), Araceli Ocampo Manzanares (GP Morena, Karla Verónica González Cruz (GP PAN), Horacio Fernández Castillo (GP MC), Sayonara Vargas Rodríguez (GP PRI).

El registro final fue 24 votos a favor, cero votos en contra, cero abstenciones y 5 ausencias. La diputada secretaria Blanca Carolina Pérez Gutiérrez declaró aprobada el acta en discusión.

Acuerdo: se aprobó en votación nominal, por unanimidad, el acta de la octava reunión ordinaria de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos realizada el 25 de mayo de 2022.

4. Lectura, discusión, y en su caso, aprobación de los dictámenes a las iniciativas siguientes:

Turno 31, expediente 1629. Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. A cargo de la diputada Shirley Guadalupe Vázquez Romero, GP PT.

A continuación, la diputada presidenta, solicitó a la diputada secretaria en virtud de haberse hecho llegar con anterioridad a los integrantes de la comisión, el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Shirley Guadalupe Vázquez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y de haberse incluido las observaciones recibidas, consultara en votación económica, a las y los integrantes de esta comisión, si se dispensaba su lectura y discusión; al no haber participaciones ni comentarios la diputada secretaria solicitó a las y los integrantes que manifestaran, de manera económica, su voto, primero por la aprobación de la dispensa de lectura y discusión de la iniciativa, después por la negativa y por último las abstenciones.

Como resultado de esta votación económica la diputada secretaria declaró que la mayoría de los diputados y las diputadas votó a favor de dispensar la lectura y discusión del dictamen en comento.

En seguida la diputada presidenta toda vez que se integraron al dictamen las observaciones recibidas, solicitó, a la secretaria sometiera a votación el dictamen en comento, acto seguido la diputada secretaria, solicitó a las y los diputados integrantes de la comisión que emitieran su voto a través del sistema electrónico respecto al dictamen en mención, además indicó que quienes tuvieran dificultad para realizarlo, lo emitieran de viva voz.

Votaron de viva voz, en zoom las y los integrantes: Celestina Castillo Moreno (GP Morena), Araceli Ocampo Manzanares (GP Morena), Maribel Martínez Ruiz (GP PT), Brenda Ramiro Alejo (GP Morena), Karla Verónica González Cruz (GP PAN, ), Sayonara Vargas Rodríguez (GP-PRI), Horacio Fernández Castillo (GP-MC), la diputada secretaria declaro el resultado de la votación. El registro final de la votación quedó 24 votos a favor 0 en contra, 0 abstenciones y 5 ausentes. Se declaró aprobado el dictamen.

Acuerdo: se aprobó, en votación nominal, por unanimidad el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a cargo de la diputada Shirley Guadalupe Vázquez Romero, GP PT.

Turno 36, expediente 1989. Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 7 y 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. A cargo del diputado José Ángel Sibaja Mendoza, GP Morena.

La diputada presidenta, solicitó a la diputada secretaria que en votación económica consultara a las y los integrantes de la comisión si se dispensaba la lectura y discusión del dictamen, tomando en cuenta que fue previamente distribuido y fueron consideradas las observaciones; al no haber participaciones ni comentarios la diputada secretaria solicitó a las y los integrantes que manifestaran, de manera económica su voto, primero por la aprobación de la dispensa de lectura y discusión del dictamen comento, después por la negativa y por último las abstenciones. la diputada secretaria declaró que la mayoría de los diputados y las diputadas votó a favor de dispensar la lectura y discusión del dictamen en comento.

A continuación la diputada presidenta solicitó, a la secretaria consultara en votación nominal si se aprobaba el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 7 y 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado José Ángel Sibaja Mendoza, GP Morena, acto seguido la diputada secretaria solicitó a las y los diputados integrantes de la comisión que emitieran su voto a través del sistema electrónico respecto al dictamen mencionado, además indicó que quienes tuvieran dificultad para realizarlo, lo emitieran de viva voz. Votaron de viva voz a favor las y los integrantes: Celestina Castillo Moreno (GP Morena), Araceli Ocampo Manzanares (GP Morena), Maribel Martínez Ruiz (GP PT), Brenda Ramiro Alejo (GP Morena), Karla Verónica González Cruz (GP PAN), Berenice Montes Sayonara Vargas Rodríguez (GP-PRI), Horacio Fernández Castillo (GP-MC), Sayonara Vargas Rodríguez (GP-PRI), la diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía (GP-MC) votó en abstención en el sistema electrónico.

La diputada secretaria declaró el resultado de la votación. El registro final de la votación fue de 23 votos a favor 0 en contra, 1 abstención y 5 ausentes. Se declaró aprobado el dictamen.

Acuerdo: se aprobó, en votación nominal, por mayoría el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 7 y 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado José Ángel Sibaja Mendoza, GP Morena.

A continuación, se procedió con el siguiente dictamen:

Turno 48, expediente 2634. Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7, 15 y 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. A cargo de la diputada Esther Martínez Romano, GP PT.

A continuación, la diputada presidenta, toda vez que las observaciones ya fueron atendidas solicitó, a la secretaria consultara en votación nominal, a través del sistema electrónico, si se aprobaba el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7, 15 y 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Esther Martínez Romano, GP PT, acto seguido, en vista de no haber intervenciones, ni comentarios, la diputada secretaria, solicitó a las y los diputados integrantes de la comisión que emitieran su voto a través del sistema electrónico con respecto al dictamen enunciado, además indicó que quienes tuvieran dificultad para realizarlo, lo emitieran de viva voz. Votaron de viva voz, en zoom las y los integrantes: Araceli Ocampo Manzanares (GP Morena), Celestina Castillo Moreno (GP Morena), Maribel Martínez Ruiz (GP PT), Karla Verónica González Cruz (GP PAN), Brenda Ramiro Alejo (GP Morena), Sayonara Vargas Rodríguez (GP-PRI), la diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía (GP-MC) y el diputado Horacio Fernández Castillo (GP-MC) votaron en abstención en el sistema electrónico.

La diputada secretaria declaró el resultado de la votación. El registro final de la votación fue de 22 votos a favor 0 en contra, 2 Abstenciones y 5 ausentes. Se declaró aprobado el dictamen.

Acuerdo: se aprobó, en votación nominal, por mayoría de votos el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7, 15 y 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. A cargo de la diputada Esther Martínez Romano, GP PT.

La diputada presidenta continuó con el dictamen siguiente:

Turno 63, expediente LXIV 5474. Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones, de la Ley de/Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a cargo de la diputada Julieta Macías Rábago, GP MC.

A continuación, la diputada presidenta, toda vez que ya fueron atendidas las observaciones solicitó, a la secretaria consultara en votación nominal a través del sistema electrónico, si se aprobaba el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones, de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos indígenas a cargo de la diputada Julieta Macías Rábago, GP MC. A continuación, en vista de no haber intervenciones, ni comentarios, la diputada secretaria, solicitó a las y los diputados integrantes de la comisión que emitieran su voto a través del sistema electrónico con respecto al dictamen enunciado, además indicó que quienes tuvieran dificultad para realizarlo, lo emitieran de viva voz. Votaron a favor de viva voz, las y los integrantes: Araceli Ocampo Manzanares (GP Morena), Celestina Castillo Moreno (GP Morena), Karla Verónica González Cruz (GP PAN), Sayonara Vargas Rodríguez (GP-PRI), Brenda Ramiro Alejo (GP Morena), la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (GP-MC) votó en abstención.

La diputada secretaria declaró el resultado de la votación. El registro final de la votación fue de 23 votos a favor; 1 voto en contra; 1 abstención y 4 ausentes. Se declaró aprobado el dictamen.

Acuerdo: se aprobó, en votación nominal, por mayoría de votos el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. A cargo de la diputada Julieta Macías Rábago, GP MC.

La diputada presidenta procedió con el siguiente dictamen:

Turno 64, expediente LXIV 7820. Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley de/Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. A cargo de la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno, GP PES.

A continuación, la diputada presidenta, en virtud de que ya fueron incorporadas las observaciones a este dictamen solicitó, a la secretaria consultara en votación nominal a través del sistema electrónico, si se aprobaba el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. A cargo de la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno, GP PES.

Acto seguido la diputada secretaria, en vista de no haber intervenciones, ni comentarios, solicitó a las y los diputados integrantes de la comisión que emitieran su voto a través del sistema electrónico con respecto al dictamen enunciado, además indicó que quienes tuvieran dificultad para realizarlo, lo emitieran de viva voz.

Votaron a favor de viva voz, las y los integrantes: Araceli Ocampo Manzanares (GP Morena), Celestina Castillo Moreno (GP Morena), Maribel Martínez Ruiz del GP .PT), Karla Verónica González Cruz (GP PAN), Eduardo Zarzosa Sánchez (GP PRI) Brenda Ramiro Alejo (GP Morena), Teresa Ochoa, Sayonara Vargas Rodríguez (GP-PRI), y Sayonara Vargas Rodríguez (GP-PRI); La diputada secretaria declaró el resultado de la votación. El registro final de la votación fue de 26 votos a favor; 0 votos en contra; 2 abstenciones y 3 ausentes. Se declaró aprobado el dictamen.

Acuerdo: se aprobó, en votación nominal, por mayoría de votos el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. A cargo de la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno, GP PES.

La diputada presidenta continuó con el siguiente dictamen:

Turno 651 expediente LXIV 11358. Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. A cargo del diputado Ariel Rodríguez Vázquez, GP MC.

A continuación, la diputada presidenta, toda vez que ya fueron incorporadas las observaciones solicitó, a la secretaria consultara en votación nominal a través del dispositivo electrónico, si se aprobaba el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. A cargo del diputado Ariel Rodríguez Vázquez, GP MC.

Acto seguido, la diputada secretaria, solicitó a las y los diputados integrantes de la comisión que emitieran su voto a través del sistema electrónico con respecto al dictamen enunciado, además indicó que quienes tuvieran dificultad para realizarlo, lo emitieran de viva voz.

Votaron a favor de viva voz, las y los integrantes: Araceli Ocampo Manzanares (GP Morena), Celestina Castillo Moreno (GP Morena), Brenda Ramiro Alejo (GP Morena), Maribel Martínez Ruiz del GP .PT), Karla Verónica González Cruz (GP PAN), Eduardo Zarzosa GP PRI. Sayonara Vargas Rodríguez (GP PRI) diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía (GP-MC) y el diputado Horacio Fernández Castillo (GP-MC), en abstención. El resultado de la votación fue de 23 votos a favor 0 en contra; 2 Abstenciones. Se declaró aprobado el dictamen.

Acuerdo: se aprobó, en votación nominal, por mayoría de votos el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. A cargo del diputado Ariel Rodríguez Vázquez, GP MC.

La diputada presidenta continuó con el siguiente dictamen:

Turno 70, expediente 3500. Dictamen a la Iniciativa con Berenice Montes Estrada de Decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Ley de Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. A cargo de la diputada Evangelina Moreno Guerra, GP Morena.

A continuación, la diputada presidenta, toda vez que ya fueron incorporadas las observaciones solicitó, a la secretaria consultara en votación nominal a través del sistema electrónico, si se aprobaba el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. A cargo de la diputada Evangelina Moreno Guerra, GP Morena.

Acto seguido la diputada secretaria, al no haber observaciones ni comentarios, solicitó a las y los diputados integrantes de la comisión que emitieran su voto a través del sistema electrónico con respecto al dictamen enunciado, además indicó que quienes tuvieran dificultad para realizarlo, lo emitieran de viva voz.

Votaron a favor de viva voz, las y los integrantes: Araceli Ocampo Manzanares (GP Morena), Brenda Ramiro Alejo (GP Morena), Celestina Castillo Moreno (GP Morena), Maribel Martínez Ruiz del (GP .PT), Karla Verónica González Cruz (GP PAN), Brianda Aurora Vázquez Álvarez (GP­ Morena), Eduardo Zarzosa GP PR, Berenice Montes (GP PAN) Sayonara Vargas Rodríguez (GP-PRI) Diputado Horacio Fernández Castillo (GP-MC), y Consuelo del Carmen Navarrete Navarro (GP-PVEM).

La diputada secretaria declaró el resultado de la votación. El registro final de la votación fue de 24 votos a favor; 0 votos en contra; 0 abstenciones. Se declaró aprobado el dictamen.

Acuerdo: se aprobó, en votación nominal, por mayoría de votos el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. A cargo de la Diputada Evangelina Moreno Guerra, GP Morena.

La diputada presidenta continuó con el siguiente dictamen:

Turno 72, expediente 3541. Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. A cargo de la diputada Irma Juan Carlos, GP Morena.

A continuación, la diputada presidenta, toda vez que ya fueron incorporadas las observaciones solicitó, a la secretaria consultara en votación nominal a través del sistema, si se aprobaba el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Irma Juan Carlos, GP Morena.

Acto seguido la diputada secretaria, solicitó a las y los diputados integrantes de la comisión que emitieran su voto a través del sistema electrónico con respecto al dictamen enunciado, además indicó que quienes tuvieran dificultad para realizarlo, lo emitieran de viva voz.

Votaron a favor de viva voz, las y los integrantes: Araceli Ocampo Manzanares (GP Morena), Celestina Castillo Moreno (GP Morena), Brenda Ramiro Alejo (GP Morena), Maribel Martínez Ruiz, del GP PT, Karla Verónica González Cruz (GP PAN), Eduardo Zarzosa Sánchez (GP PRI), y Berenice Montes Estrada (GP PAN).

La diputada secretaria declaró el resultado de la votación. El registro final de la votación fue de 26 votos a favor; 0 voto en contra; 0 abstenciones y 3 ausentes. Se declaró aprobado el dictamen.

Acuerdo: se aprobó, en votación nominal, por mayoría de votos el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. A cargo de la diputada Irma Juan Carlos, GP Morena.

5. Asuntos turnados por la mesa directiva

La diputada Irma Juan Carlos, presidenta de la comisión, hizo del conocimiento a las y los integrantes que el único turno recibido desde la reunión anterior, fue entregado en las carpetas de trabajo y es el siguiente:

1. Turno para conocimiento: Contestación de la Subdirección de Servicios Jurídicos del Estado de Oaxaca, al Turno 74, Expediente 2397, consistente en la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y a sus homólogas en el Estado de Oaxaca a establecer una estrategia de fortalecimiento a los centros de integración social. A cargo del diputado Azael Santiago Chepi del Grupo Parlamentario de Morena.

Turnada a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos para dictamen, cuyo Punto de Acuerdo fue aprobado en la sexta reunión ordinaria el 23 de marzo de 2022.

6. Asuntos generales

1. Redistritación en municipios Indígenas La diputada presidenta informó a los integrantes que recibió inquietudes de los diputados, Saúl Hernández Hernández y Carlos Alberto Valenzuela González, respecto a los trabajos de redistritación que está elaborando el Instituto Nacional Electoral (INE).

Solicitó la participación del diputado Carlos Alberto Valenzuela González.

Manifestó que Veracruz va a ser uno de los estados afectados y que, de 20 distritos electorales actuales, quedaría con 19; comentó que tuvo reunión con gente de la región del Totonacapan, de diversas fuerzas políticas en el distrito 6 de Papantla, señaló que este distrito es un distrito de acción afirmativa, comunicó que se le expresaron la preocupación respecto a que la cabecera deje de ser Papantla, donde coinciden los pueblos totonacos.

Señaló que la visión que trae el INE, es quitar esa cabecera y enviarla a la Ciudad de Poza Rica, la cual tiene vocación petroquímica, Industrial y comercial, el diputado afirmó que con ello se perdería identidad con los pueblos totonacas.

El diputado mostró un oficio dirigido al INE donde solicita, que se tomen en cuenta la acción afirmativa hacia los Pueblos originarios y no se vaya a retroceder en esos avances, y pide a los diputados pugnen por que se realice la distritación a favor de pueblos indígenas y afromexicanos, ya que sería lamentable que lo que se ha avanzado se eche para atrás, por una decisión de escritorio, y que tienen que hacer ver a los pueblos indígenas, que se les vea y se les reconozca, que la comisión de la redistritación no junte los distritos o municipios indígenas, con otros de vocación diferentes; pidió que se solicite al INE que comparta el proyecto para que los integrantes puedan revisar la redistritación.

El diputado envío a la presidenta el oficio y solicitó lo pudiera compartir con los demás integrantes, solicita consulta con autoridades y localidades y se cumplan los criterios de acción afirmativa. Solicita que esa redistritación sea a favor de los pueblos originarios, y que no se junten municipios que no tiene la misma vocación y que comparta el proyecto para que los diputados puedan opinar.

Diputada Maribel Martínez señaló que en Oaxaca hay preocupación, porque el documento del INE que ha circulado por las autoridades va en el mismo sentido, todos los distritos están sufriendo modificaciones y dio el ejemplo en el que un distrito electoral federal 08 se divide, de tres distritos locales, pasa a cinco distritos locales.

Señaló que eso representa un grave riesgo, ya que están modificando, y debido a la diversidad étnica que se presenta entre un lugar a otro considera que es necesaria la revisión., manifestó e en Oaxaca están en la primera fase. Solicitó que desde esta comisión se alce la voz para que se haga una redistritación acorde a los pueblos indígenas y con respeto a los usos y costumbres. Posteriormente manifestó que las reuniones que había tenido el INE con las autoridades municipales no eran con carácter de consulta.

La diputada presidenta solicito le compartan el proyecto del que se habló para estar en condiciones de atender las peticiones, concordó con la diputada Maribel Martínez en que este es el espacio para alzar la voz. Y propuso se realizará un escrito como un acuerdo para solicitar información al INE, mencionó que en Oaxaca se reunieron con autoridades municipales y no se sabía si era con carácter de consulta.

El diputado Carlos Alberto Valenzuela González sugirió de manera respetuosa que en ese oficio se solicitara al INE una reunión para los que están interesados, y que asistan los diputados de los diferentes estados donde están los pueblos indígenas.

Manifestó que no se está consultando a los hermanos indígenas, puntualizó que en el oficio que se firmaría se pida la entrevista a los responsables del proyecto o con las y los consejeros, para que conozcan la preocupación que se tiene en esta comisión y que no tiene partidos, sino que todos están preocupados para que esa redistritación no se haga solo desde el escritorio sino se considere a los pueblos indígenas, y pidió a los interesados firmaran ese oficio.

La diputada Consuelo del Carmen Navarrete Navarro solicitó la palabra, debido a problemas de conexión no pudo realizar su intervención.

La diputada Irma Juan Carlos solicitó autorización para que, como comisión se solicite esa reunión con el INE, con los consejeros y consejeras, o los responsables de ese trabajo técnico.

La diputada presidenta solicitó poner a votación económica la propuesta, se acordó hacer una votación económica para lograr el acuerdo, la diputada presidenta solicitó a los y las integrantes expresaran su voto levantado la mano para aprobar que esta Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos solicite una reunión con el Instituto Nacional Electoral para solicitar información del proyecto de distritación electoral que está realizando.

Primero se votó por la aprobación, después en contra y al final las abstenciones. como resultado se aprobó la propuesta por mayoría de votos.

Acuerdo: Se elaborará un oficio para que la Comisión de Pueblos Indígenas y afromexicanos solicite una reunión con las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral para tratar el tema de distritación en distritos electorales indígenas.

2. La diputada presidenta Irma Juan Carlos Informó que se está dando seguimiento en los temas pendientes de la comisión. informó que recibió una invitación al Senado de la República a una reunión técnica con las áreas jurídicas de ambas comisiones, debatir y hacer un análisis con objeto de revisar el estatus que lleva la minuta respecto a la Ley General de Consulta a los Pueblos Indígenas. señaló que la reunión sería semipresencial.

La presidenta extendió la invitación de la senadora Xóchitl Gálvez, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado, a los integrantes para que conocieran la posición del Senado.

Informó que la reunión se realizaría al día siguiente a las 10 de la mañana y que se enviarían por correo los datos para ingresar virtualmente o para asistir personalmente.

3. informó sobre la reunión de comisiones unidas, y comentó que se aprobó un acuerdo para atender la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respecto a la legislación en materia de educación indígena. Informó que pudo hablar con el Director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) del INPI y que le comentó respecto del papel que tendría el INPI, que además le entregó el documento generado en la reunión de comisiones unidas, el cual revisaría el para ver que le corresponde realizar al INPI, lo anterior, se hizo del conocimiento de los integrantes.

7. Clausura de la reunión y cita para siguiente

La diputada presidenta Irma Juan Carlos solicitó a los integrantes que registraran asistencia de salida mediante el sistema electrónico y a continuación clausuró la reunión de la siguiente manera.

Se clausuró la novena reunión ordinaria de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos a las 13:24 del 22 de junio de 2022.

Aprueban las y los Integrantes de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Ciudad de México, a 23 de junio de 2022.

Reporte de votación

Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos

Diputados: Alfredo Vázquez Vázquez (a favor), Anabey García Velasco (a favor), Araceli Ocampo Manzanares (a favor), Berenice Montes Estrada (ausente), Blanca Carolina Pérez Gutiérrez (a favor), Brenda Ramiro Alejo (a favor), Brianda Aurora Vázquez Álvarez (a favor), Carlos Alberto Valenzuela González (ausente), Carlos López Guadarrama (ausente), Celestina Castillo Secundino (a favor), Consuelo del Carmen Navarrete Navarro (a favor), Eduardo Zarzosa Sánchez (ausente), Esther Martínez Romano (a favor), Fabiola Rafael Dircio (a favor), Fátima Almendra Cruz Peláez (a favor), Horacio Fernández Castillo (a favor), Irma Juan Carlos (a favor), Karla Verónica González Cruz (a favor), Luz Adriana Candelario Figueroa (a favor), María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (a favor), María del Rosario Reyes Silva (a favor), Mayra Alicia Mendoza Álvarez (a favor), Pedro Sergio Peñaloza Pérez (ausente), Roberto Antonio Rubio Montejo (a favor), Saúl Hernández Hernández (a favor), Sayonara Vargas Rodríguez (a favor), Sergio Enrrique Chalé Cauich (ausente), Yeimi Yazmín Aguilar Cifuentes (ausente).

De la Comisión de Puntos Constitucionales, relativa a la décima reunión de junta directiva, celebrada el jueves 14 de julio de 2022

A las 11:00 horas –previa a la octava reunión ordinaria– se llevó a cabo la reunión de junta directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales, en el salón de juntas de la propia comisión, con base en el siguiente

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la novena reunión de junta directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales.

4. Discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo de la junta directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales sobre los criterios para la reunión y discusión de asuntos de la comisión.

5. Discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo de la junta directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales sobre los criterios para el funcionamiento de las subcomisiones que la integran.

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día de la octava reunión ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales.

7. Asuntos generales.

8. Clausura.

- El diputado Salvador Caro Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (en adelante, diputado Salvador Caro Cabrera), registra su asistencia de viva voz.

- El diputado Manuel Vázquez Arellano, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, registra su asistencia de viva voz (en adelante, diputado Manuel Vázquez Arellano).

- El diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, integrante del Grupo Parlamentario del PRI (en adelante, diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante), registra su asistencia de viva voz.

- El diputado Juan Ramiro Robledo Ruíz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales (en adelante, diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz), refiere que al parecer ya se cuenta con el quórum necesario, para darle formalidad y legalidad a los trabajos de la junta directiva.

- El diputado Juan Ramiro Robledo Ruíz solicita el apoyo del diputado Pedro Vázquez González, integrante del Grupo Parlamentario del PT, para ayudar a conducir la reunión en calidad de diputado secretario (en adelante, diputado Pedro Vázquez González).

- El diputado Pedro Vázquez González informa a la Presidencia que hay un registro previo por medio del sistema APRAV de 5 diputadas y diputados y de viva voz, 4; hay 9 presentes.

Asimismo, menciona que si la Presidencia se lo permite, va a dar enunciar a los diputados que se encuentran de manera presencial, como es el caso del diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, el de la voz, Pedro Vázquez González, mientras que vía zoom tengo registrados a la diputada Lidia García Anaya, integrante del Grupo Parlamentario de Morena (en adelante diputada Lidia García Anaya); al diputado Jorge Luis Llaven Abarca, integrante del Grupo Parlamentario de Morena; al diputado Manuel Vázquez Arrellano; a la diputada Laura Lorena Haro Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI (en adelante, diputada Laura Lorena Haro Ramírez); al diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante; el diputado Salvador Caro Cabrera y el diputado Jesús Alberto Velázquez Flores, integrante del Grupo Parlamentario del PRD y por el sistema APRAV, está presente el diputado Óscar Cantón Zetina, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, el diputado Armando Antonio Gómez Betancourt, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, en total, somos 10 diputadas y diputados presentes, por lo tanto, hay quórum.

- El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz refiere que entonces podemos comenzar y esperemos que las restantes diputadas y diputados se integren a nuestra reunión, adelante por favor, diputado Pedro Vázquez González.

- El diputado Pedro Vázquez González se refiere al segundo punto del orden del día, que es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la orden del día, en virtud de que el mismo ha sido circulado previamente a la discusión, les pedimos si algún legislador quiere hacer uso de la palabra favor de manifestarlo y el sentido de su manifestación.

- La diputada Lidia García Anaya pide, por favor, si leen el orden del día para saber en cuál estamos, porque nos mandaron 2, entonces para que haya un poquito de claridad.

- El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz aclara que va el orden del día de esta reunión de junta directiva, pero también se acompaña un posible orden del día que es el que se aprobaría para la siguiente reunión plenaria, que será de la semana que viene a la otra, al rato se los preciso y les doy la fecha aproximada a la que convocaríamos con mucho más tiempo de los 5 días que tenemos para circular los proyectos de dictamen, entonces, el orden del día del cual estamos hablando es el que se circuló inicialmente con la convocatoria para esta reunión, por lo que le solicita al diputado Pedro Vázquez González si se podría leer de nuevo, para que ya no quede ninguna duda.

- El diputado Pedro Vázquez González refiere: Décima reunión de la junta directiva, de este día 14 de julio de 2022, punto número 1, registro de asistencia, declaratoria de quórum; punto número 2, lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día; punto número 3, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la novena reunión de la junta directiva; punto número 4, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo de la junta directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales sobre los criterios para la reunión y discusión de los asuntos de la Comisión; punto número 5, discusión y en su caso, aprobación del acuerdo de la junta directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales sobre el criterio para el funcionamiento de las subcomisiones que la integran; punto número 6, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día de la octava reunión ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales; punto número 7, asuntos generales y el punto número 8, clausura de los trabajos.

- La diputada Lidia García Anaya agradece al diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz.

- El diputado Pedro Vázquez González informa al presidente que ya no hay más oradores.

- El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz pide que hay que someter a votación el orden del día de esta reunión.

- El diputado Pedro Vázquez González refiere que por instrucciones de la Presidencia se consulta en votación económica, si se aprueba el orden del día, las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, gracias; las diputadas y los diputados de manera presencial, somos 2 a favor, gracias; las diputadas y los diputados de manera telemática si nos apoyan por favor, gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo por favor, gracias; por unanimidad de los presentes, tanto presencial como telemáticamente, se aprueba por la afirmativa, presidente.

- El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz agradece, seguimos con nuestro orden del día.

- El diputado Pedro Vázquez González alude al punto tercero del orden del día, que es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la novena reunión de junta directiva, en virtud de que se ha circulado previamente la ponemos a su discusión, si algún legislador o legisladora desea hacer uso de la palabra favor de manifestarlo e indicar el sentido de su participación, señor presidente no hay legisladores o legisladoras que deseen hacer uso de la voz en este punto.

- El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz solicita recabar la votación, para ver si se aprueba el acta de la novena reunión de la junta directiva pasada.

- El diputado Pedro Vázquez González cita que, por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación electrónica, si se aprueba el acta de la novena reunión de la junta directiva, está abierto el sistema electrónico de votación hasta por 5 minutos.

- El diputado Manuel Vázquez Arellano, vota a favor de viva voz.

- La diputada Laura Lorena Haro Ramírez para pedir que se registre su asistencia y vota a favor, de viva voz.

- El diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante vota a favor de viva voz.

- El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz cita que se registra la asistencia del diputado Jorge Luis Llaven Abarca.

- La diputada Joanna Alejandra Felipe Torres, integrante del Grupo Parlamentario del PAN (en adelante, diputada Joanna Alejandra Felipe Torres), también pide se registre su asistencia y emite su voto a favor de viva voz.

- El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz vota a favor de viva voz.

- El diputado Pedro Vázquez González solicita se cierre el sistema electrónico de votación, para dar los resultados.

- El diputado Salvador Caro Cabrera vota a favor de viva voz.

- El diputado Jorge Arturo Espadas Galván, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, vota a favor de viva voz.

- El diputado Pedro Vázquez González informa el resultado de la votación que es 12 votos a favor, 8 de viva voz y cuatro en el sistema APRAV, es aprobada por unanimidad el acta de la novena reunión de la junta directiva, señor presidente.

- El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz anuncia que pasamos al siguiente punto de la orden del día.

- El diputado Pedro Vázquez González se refiere al siguiente punto del orden del día, que es la discusión y en su caso, aprobación del acuerdo de la junta directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales, sobre los criterios para la reunión y discusión de asuntos de la comisión, en virtud de que él mismo ha sido circulado previamente, está a la discusión de los señores y señoras diputadas, si algún legislador desea hacer uso de la palabra le solicitamos que por favor nos indique el sentido de su participación.

- El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz aclara que, en este punto, tenemos un pliego de comentarios y propuestas de modificación a este proyecto de acuerdo y al del punto número 5, que es el otro proyecto de acuerdo; el primero, para el funcionamiento de la Comisión de Puntos Constitucionales en pleno y, el segundo, para el funcionamiento de las subcomisiones que están ya regularmente trabajando. El primero, que tiene que ver con los temas de los derechos fundamentales, cuyo coordinador es el diputado Jorge Luis Llaven Abarca; el segundo, que tiene que ver con la organización política del Estado y cambios a la estructura del Estado mexicano, esta subcomisión la coordina la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres; y, el tercero, que tiene que ver con el resto de los temas, pero principalmente los que son una innovación, lo que son un desafío, lo que son algo innominado todavía en materia constitucional, esta tercera subcomisión la coordina la diputada Laura Lorena Haro Ramírez. La diputada Joanna Alejandra Felipe Torres por un lado y la propia diputada Laura Lorena Haro Ramírez, por otro lado, nos hicieron llegar sus observaciones a los 2 proyectos de acuerdo, entonces ustedes lo tienen ya su correo oficial en este momento, porque el secretario técnico, el doctor Uriel Piña Reyna, se los acaba de hacer llegar, un cuadro comparativo del proyecto de texto original, la propuesta de modificación de la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres y la propuesta de modificaciones de la diputada Laura Lorena Haro Ramírez y además, una cuarta columna de consideraciones, observaciones, en un caso y otro, estos documentos pretenden darle funcionalidad al trabajo, un poquito de orden, porque es demasiada la tarea que tenemos y mucho el deseo de participación de las diputadas y los diputados, que bueno que son parte de esta Comisión de Puntos Constitucionales, no hay ninguna urgencia para aprobarlo el día de hoy, como tampoco en la sesión pasada en la novena que lo presentamos, entonces con la circulación de estas propuestas de nuestras 2 compañeras diputadas, yo les quiero sugerir que nos tomemos el tiempo suficiente y que ya de fondo entremos a discutirla y votarla en la siguiente sesión, que consideren lo que proponen la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres y la diputada Laura Lorena Haro Ramírez, que si alguno de ustedes tiene otras consideraciones que hacerme los siguientes días, háganoslo llegar por escrito y los circulamos y si es posible lo podemos componer en una sola tabla, para que tengan el cuadro completo, son reglas muy sencillas, muy ordenadas, parten de la base de que esta epidemia que nos tiene todavía con prevenciones y con restricciones y con modalidades para trabajar en colectivo, hoy estamos en una de ellas, va a continuar de manera indefinida; considera esa circunstancia. Les quiero sugerir que lo analicen y lo reflexionen y ahora sí nos emplazamos para la siguiente en agosto a discutirla, no hay prisa, pero hagámoslo. Respecto el punto número 4 si ustedes tienen a bien hacerlo, podemos tomar el acuerdo de diferirlo para una sesión más y continuamos con la observación de estos temas, no sé si alguno de ustedes tenga algo que comentar, veo a la diputada Lidia García Anaya levantando la mano.

- La diputada Lidia García Anaya manifiesta que está de acuerdo con la propuesta que el presidente hace en este momento, porque las observaciones van llegando en este momento y nadie creo que las ha visto o solamente las conocen las proponentes, pero también, en relación con el punto de que si hay observaciones se establezca una fecha para que los legisladores podamos mandar observaciones, por lo que sugiero solamente se establezca una fecha límite presidente.

- El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz cita: les propongo que sean los restantes días de julio, porque tendríamos para agosto alguna siguiente reunión de junta directiva preparatoria de la siguiente reunión plenaria Comisión de Puntos Constitucionales, la de agosto, entonces quedan más de medio mes para que nos hagan llegar sus observaciones y poderlas comparar, escribir y presentar, para que las tengan de fácil acceso. Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Arturo Espadas Galván.

- El diputado Jorge Arturo Espadas Galván alude que procuraremos hacer llegar las observaciones en caso de que las tengamos y reservando obviamente mi derecho de manifestarlo en la propia sesión de la junta directiva, pero haremos ese trabajo previo.

- El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz comenta acerca de qué pasa si nos la mandan por escrito antes, las comparamos en una tabla y es más fácil la discusión; así ordenamos nuestros tiempos al 31 de julio, el plazo para que nos presenten otras observaciones, comentarios, propuestas de cambios o de supresiones de estos 2 proyectos de acuerdos para ordenar un poco más los trabajos de la junta directiva y de la Comisión de Puntos Constitucionales, esto es por lo que toca al punto 4 y por lo que toca al punto 5, es exactamente igual, el mismo esquema de comentarios y de discusión, si quieren lo damos por abordado también, si el diputado Pedro Vázquez González no tiene inconveniente, entonces el mismo acuerdo para el punto 4, el mismo acuerdo para el punto 5, pero hay que someter en votación económica primero, el punto 4 y luego el punto 5, para darle la formalidad que nos piden, estamos de acuerdo de prolongar el plazo respecto del proyecto de acuerdo que está en el punto 4.

- El diputado Pedro Vázquez González anuncia que por instrucciones de la Presidencia, consulta en votación económica a los integrantes de esta junta directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales si están de acuerdo en que este punto que representa el punto 4 del orden del día, sea prorrogado para recibir recomendaciones, sugerencias, propuestas, puntos de vista, a más tardar el día 31 de julio de 2022 y abordarlo en la siguiente reunión, las diputadas y los diputados que estemos de acuerdo, favor de manifestarlo de manera económica, gracias; las diputadas y los diputados que estén en sentido negativo, favor de manifestarlo levantando la mano, gracias; por unanimidad de los presentes, se aprueba diferir el punto 4 del orden del día y si no tiene inconveniente, presidente, vuelvo otra vez a someter a consideración de los asistentes a esta reunión posponer el punto 5 del orden del día, para que de la misma manera en el plazo hasta el 31 de julio máximo, podamos hacer llegar propuestas u observaciones, puntos de vista y en la siguiente reunión abordarlo ya en forma definitiva. Las diputadas y los diputados que estén de acuerdo de manera económica, favor de manifestarlo, gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa, favor de manifestarlo, gracias; presidente, también por unanimidad se difiere el punto 5 de la orden del día en los términos que ya lo planteé.

- El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz declara aprobados los puntos 4 y 5 del orden del día, para continuar con la discusión en una etapa previa de recepción de puntos, observaciones y comentarios a los proyectos de acuerdo para abordar su discusión y en su caso, votación en la siguiente reunión de la junta directiva, que será la décimo primera, allá por el mes de agosto. Adelante con el siguiente punto del orden del día diputado Pedro Vázquez González.

- El diputado Pedro Vázquez González, por instrucciones de la Presidencia, aborda el siguiente punto de la orden del día, relativo a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día, para la octava reunión ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, en virtud de que él mismo ha sido circulado previamente, está a la discusión de las diputadas y los diputados, si alguno de ellos desea hacer uso de la palabra, favor de manifestar en qué sentido es su participación.

- El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz comenta que, para que se facilite la comprensión de lo que aquí estamos proponiendo en este punto, el orden del día de la reunión plenaria de la Comisión de Puntos Constitucionales que será de la semana que viene a la próxima, que habrá en aquella, el orden del día de la octava reunión ordinaria de fecha por confirmar, a las 11:00 horas, la cual será semipresencial y los puntos son, el registro de asistencia y la declaración de quórum; lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día de la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales del mes de julio; la aprobación del acta de la séptima reunión ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales y luego, el asunto es que se enlisten como dictámenes respecto de iniciativas de reforma constitucional presentadas y que se propongan para la discusión, ¿cuáles son? A la fecha, hemos elaborado 9 proyectos de dictamen, aquí la Secretaría Técnica y el equipo de colaboración de la Comisión de Puntos Constitucionales, diligentemente se han puesto a estudiar varias iniciativas, algunas van dictaminadas de manera conjunta en estos proyectos, están prácticamente listos y sujetos a una última revisión, que tiene que ver con formato, con forma, con sintaxis, con estilo, con mecanografía, con ortografía, y estarán en manos de ustedes todo el proyecto completo con sus antecedentes, con sus consideraciones y con sus puntos resolutivos, en los próximos días, hasta el sábado. Es el esfuerzo que vamos a tratar de hacer a más tardar el lunes en la mañana, habida cuenta que enseguida la convocatoria partirá por esa fecha, pero quizá, la podamos hacer mañana viernes, para enlistar los asuntos hasta el lunes y celebrarla o el día 26 de julio o el día 28 de julio, martes o jueves, porque el miércoles hay sesión de la Comisión Permanente y ahí me distraen personalmente toda la mañana hasta las 3 o 4 de la tarde y no podría ser de otra manera. ¿Qué asuntos son? Ahora les digo, que está circulado también por la vía digital en los correos institucionales de todas las diputadas y los diputados que están aquí, por APRAV, quienes están por zoom, en este momento; se trata de una tabla que contiene la relación de dictámenes que se proponen para abordar en la siguiente reunión ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, no sólo dictámenes, solo un listado; hay algunos que están ahí enunciados, quién propone, qué artículos trata de reformar, qué propone, que es nada más del texto del proyecto de decreto propuesto, el sentido y brevísimamente las razones, no es el dictamen, sólo un listado de enunciados de los asuntos que se pueden concluir como proyecto de dictamen y que tendrán ustedes a más tardar el lunes. Ahí hay uno que trata de reformar el artículo 2o. de nuestra Constitución, relativo a lenguaje incluyente en cuanto a organización y usos y costumbres y derechos humanos de comunidades indígenas; hay otro, que trata de modificar los artículos 90 y 92 de la Constitución, para darle en una larga propuesta de adición el artículo 90 constitucional, contenido atributivo a la Consejería Jurídica del presidente del Ejecutivo, ahí está el sentido de qué se propondría a consideración de ustedes, para que los secretarios que forman esta junta directiva y todos los miembros mujeres y hombres de nuestra Comisión de Puntos Constitucionales digan la última palabra después de discutirlos; hay otro que propone reformar varios artículos de la Constitución, relativo a velar, cuidar y asegurarse de manera técnica, pericial, documental, de la salud mental, psicológica del presidente de la República; hay otro que propone otorgar becas a estudiantes de educación superior; uno más, que me parece muy interesante, muy importante, muy trascendente, para que se conviertan en modificaciones constitucionales, son 3 muy interesantes. El primero, a mí me parece muy trascendente y lo conozco, déjeme explicárselo brevemente, les va a aparecer igualmente importante para el país, existen prácticamente cuatro regímenes laborales en el país; uno, para los trabajadores ordinarios de los patrones particulares en todo México; otro, para los burócratas lo digo sin ánimo despectivo de la palabra, quiere decir empleado del buró, del gobierno, es decir, de la administración pública federal; otro más, en el conjunto de 32 órdenes normativos laborales de los trabajadores al servicio de los estados y de los municipios del país, creo que todos tienen homologados su reglamentación laboral burocrática a los trabajadores de los estados y de los trabajadores de los municipios, si no, serían miles de regímenes laborales; y, uno más, para las Fuerzas Armadas, para la Marina y para el Ejército, ellos tienen su propio estatuto laboral y verdaderamente hay un fuero ahí, por lo menos, en el aspecto laboral militar, no en otras materias para los miembros de la Armada y del Ejército. En el gobierno que ejerció en lo federal entre los años 2006 y 2012, el secretario de Seguridad Pública poderoso entonces, no me meto a referir nada más, hizo una propuesta importantísima para modificar una fracción del Apartado B del artículo 123 de la Constitución, referido a los burócratas federales, pero prácticamente está copiado para todo el mundo de los burócratas estatales y municipales, que consiste en que aquellos policías agentes del ministerio público o peritos en el área de la procuración de justicia tanto federal como estatal que fueran despedidos por la causa que fuera, normalmente pérdida de confianza, porque son empleados de confianza, aunque en muchos lados están sindicalizados y operan como si fueran sindicalizados ordinarios en los estados, que fueran despedidos, tendrían derecho a una indemnización, pero no a la reinstalación, ésta, a veces, puede ser obligada, puede ser demandada; si se concede por el laudo, es difícil que se pueda evadir, sólo para trabajadores domésticos, trabajadores que tengan menos de un año, y trabajadores de confianza, me parece, pero el patrón quedó obligado a dar una sobre indemnización. Aquí la prohibición fue tajante, policía, perito, agente del ministerio público, que fuera despedido por la causa que fuera, aun cuando ganara el laudo, aun cuando el laudo dijera que fue despedido de manera injustificada, había que indemnizarlo, no podría solicitar su reinstalación, ergo, eso vino acarreando desde hace unos 15 años para acá enormes deudas públicas de estados y de municipios, sobre todo en los municipios, me consta, es un problema vivido en la provincia mexicana, desde luego aquí en la Ciudad de México, porque llega el siguiente presidente municipal y necesita meter a su personal y echa para afuera de 5 a 10 o 15 o 20 o más, empezando por el jefe de la policía y poner a los suyos y al que quitó va a demandar y en el trienio de ese presidente municipal o en el que sigue, tendrá un laudo definitivo favorable y ya ese presidente municipal u otro u otros que tendrán que pagar la indemnización, más los salarios vencidos que siguen corriendo sin tope alguno en el Apartado B. En el apartado A, el de los trabajadores y patrones particulares de todo el país, se estableció un tope con un criterio patronalista, promovido en el mismo gobierno que fungió entre 2006 y 2012 y ese tope dice que nunca más salarios vencidos, se le llama normalmente caídos, la ley los llama salarios vencidos, hasta el tope de un año y ahí se detiene y entonces, el tope de un año presiona al trabajador a llegar a un arreglo. Antes el presionado era el patrón, porque como seguían corriendo los salarios del trabajador y el abogado del trabajador, se ponían a echar la fiaca esperando a que el patrón se diera cuenta que va creciendo su deuda y llegar a la conciliación, a la negociación, ya estamos hablando de laudos firmes, de cosa juzgada. Con los burócratas del apartado B federales, estatales y municipales, peritos, policías y ministerios públicos, que eran federales o estatales, no hay tope, las deudas públicas de los municipios del país siguen creciendo y creciendo, porque se prohibió en los años 2007, 2008, la reinstalación como medida de conciliación y de resolución de un arbitraje laboral, qué es lo que propone esta iniciativa, que se regrese al estatuto anterior, que se permita la reinstalación. ¿Qué sucede? que el perito, el Ministerio Público, o el policía que fue despedido injustificadamente y tiene un laudo a su favor de que fue despedido injustificadamente, puede ser reinstalado para bien de él, a lo mejor para bien del servicio también y, sobre todo, para bien de las finanzas públicas municipales particularmente, esa es la propuesta. Incluimos el proyecto con todos sus antecedentes, con algo de derecho comparado, con las consideraciones atinentes al tema y la propuesta de resolutivos la tendrán de aquí al sábado, quizá el lunes, igual que todas las demás. Hay uno más, también muy interesante que propuso el diputado Hamlet García Almaguer, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, porque aunque no pertenece a la Junta Directiva, es bienvenido y éste, también consiste en una modificación al artículo 97 de la Constitución, para que una regla que intenta ser preventiva de la corrupción tratar de desbaratar las relaciones personales, sociales, que de manera natural se dan entre un juzgador, entre cualquier funcionario público y su entorno social de personas con el curso del tiempo, se anteponga una previsión y entonces, en tratándose de jueces y magistrados federales, se circulen, cómo se hace, pero no por obligación constitucional, como sucede con el Ejército, como sucede con el personal del servicio de carrera, que es el único que funciona bien en México del Servicio Exterior y como medio sucede con el Poder Judicial, pero no tienen la obligación, sino sólo a fuerza de iniciativa del Consejo de la Judicatura. Aquí la propuesta es que quede inscrito en la Constitución que haya una rotación cuando menos quinquenal, propone el iniciante de esta reforma y pues tiene categoría constitucional, puede tenerla, por eso la incluimos, puede caer en la ley, pero es una disposición preventiva de posibles circunstancias que engendren la mal llamada corrupción que hay entre gobierno y sociedad desde hace muchos años en México y nuestro empeño es al igual que todos, el gobierno federal, del Congreso y de todos en México, pues ayudar a erradicarla, a reducirla. Y luego, hay otra que les parecerá una gran innovación, sobre el artículo 28 constitucional, que propone un diputado de apellido Briano, que es una gran novedad, este sería un tema para que pudiera estudiar nuestra diputada Laura Lorena Haro Ramírez, porque está tratando de regular jurídicamente con una norma constitucional el espacio más allá de la atmósfera, ésta, es territorio nacional al igual que la plataforma continental y el subsuelo o los zócalos submarinos de las islas. La atmósfera es territorio nacional, pero el espacio aéreo más allá de la atmósfera, también se aborda en esta propuesta. Para qué sirve ese espacio más allá de la atmósfera, se llama la estratósfera, para las señales satelitales y para tantísimas cosas más, pues también es una innovación importante. Son las cosas que yo creo que merecen entrar a estudiar y discutirse. Hay muchas otras que podrían caer en las leyes, pocas son las que creo que deben quedar al nivel de la Constitución necesariamente algunas como éstas, pero nada más son proyectos, no son dictámenes; dictamen lo será cuando la mayoría absoluta dice que es proyecto, aunque de acuerdo al Reglamento de la Cámara de diputados no dice mayoría absoluta, nuestro proyecto de acuerdo interno de la Comisión de Puntos Constitucionales, dice que cuando la mayoría absoluta de los miembros mujeres y hombres de nuestra comisión digan procede que se convierta en dictamen, va para el pleno.

Quiero tocar un punto que a todos nos inquieta, porque hay un grupo de partidos políticos que han propuesto no votar reformas constitucionales, no sé hasta donde tengan ustedes el límite de esa prohibición y en qué casos, que no tienen que ver con la política, puedan abordar los temas y votar en un sentido o en otro, porque entiendo que la moratoria es no votar. Ahí están las propuestas, creo que todos esos que serían 8, esos pueden estar listos a más tardar para el sábado o quizás como mucho el lunes y dejaríamos más de 5 días, desde luego, con los inhábiles en medio, más de 7 u 8 días naturales, para que todas y todos los puedan analizar, estudiar y venir afiladísimos para discutirlos en la próxima sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales. Con esta información que les doy creo que quedó un poquito más claro el punto que estamos discutiendo. Dice el diputado Jorge Arturo Espadas Galván en el chat, que se pueda circular, desde luego que sí, les estoy diciendo que ya están hechos los proyectos, pero vamos a dar una última revisada como debe ser, porque si no, el diputado Pedro Vázquez González nos va a corregir toda la forma, sintaxis, espacio y sentido de fondo, porque es muy acucioso para revisar todos los documentos que circulamos, desde luego que van a estar circulados, repito a más tardar el lunes por la mañana por lo menos, si no, no vale el que no se circule con la antelación reglamentaria, pues no puede discutirse.

- El diputado Pedro Vázquez González anuncia que, por instrucciones de la Presidencia, se procede a realizar la votación económica, después de las reflexiones que nos ha manifestado el presidente, si se aprueba el orden del día de la octava reunión ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor, gracias; las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo por favor, gracias; Señor presidente, por unanimidad de los presentes se aprueba el orden del día para la octava reunión ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales.

- El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz refiere que el siguiente punto del orden del día es el relativo a asuntos generales.

- El diputado Pedro Vázquez González pregunta si algún legislador o legisladora desea hacer uso de la palabra, favor de solicitarla, nadie quiere hacer uso de la palabra en este punto señor presidente.

- El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz anuncia que está agotado el orden del día, hay que registrar la asistencia de salida.

- El diputado Pedro Vázquez González informa que hay que registrar la asistencia de salida, los que puedan hacerlo por el sistema APRAV y los otros, lo pueden manifestar de viva voz.

- El diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante solicita por favor registrar su asistencia de salida.

- La diputada Laura Lorena Haro Ramírez solicita que se registre su asistencia de salida.

- El diputado Manuel Vázquez Arellano solicita de favor registrar su asistencia de salida.

- El diputado Salvador Caro Cabrera solicita registrar su asistencia de salida.

- La diputada Joanna Alejandra Felipe Torres solicita registrar su asistencia de salida.

- El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz solicita registrar su asistencia de salida.

- El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz anuncia que ya están todos registrados. Asimismo, agradece a las diputadas y los diputados asistentes y comunica que son las 12:00 horas del día de su fecha en la que finaliza la reunión de Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Reporte de votación

Acta de la décima reunión de junta directiva

A favor

Diputados: Armando Antonio Gómez Betancourt, Jesús Alberto Velázquez Flores, Joanna Alejandra Felipe Torres, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Laura Lorena Haro Ramírez, Manuel Vázquez Arellano, Marco Antonio Mendoza Bustamante, Óscar Cantón Zetina, Pedro Vázquez González.

Ausentes

Diputados: Iran Santiago Manuel, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Luis Llaven Abarca, José Elías Lixa Abimerhi, Karla María Rabelo Estrada, Lidia García Anaya, Salvador Caro Cabrera.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, relativa a la décima reunión de junta directiva, celebrada el miércoles 20 de julio de 2022

A las 10:15 horas del miércoles 20 de julio de 2022, en los salones C y D del edificio G, situado en Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, de la honorable Cámara de Diputados, se reunieron los legisladores integrantes de la junta directiva de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, de conformidad con la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha 18 de julio de 2022, para el desahogo del siguiente orden del día:

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la novena reunión de junta directiva celebrada el 22 de junio de 2022.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de proyectos de dictamen.

5. Aprobación del orden del día correspondiente a la décima reunión ordinaria.

6. Asuntos generales.

7. Clausura.

1. Registro de asistencia y declaración de quórum

Se contó con un quórum de 11 diputados. En virtud de que se contó con el quórum reglamentario, el presidente de la Comisión, diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, dio por iniciada la reunión.

2. Lectura y aprobación del orden del día

El presidente, diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, consultó en votación económica su aprobación, quedando aprobada por los diputados presentes. Se pasó al siguiente punto del orden del día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la octava reunión de junta directiva, celebrada el 22 de junio de 2022

El presidente, diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, sometió a consideración el acta, no existiendo intervenciones, solicitó la apertura de la plataforma digital hasta por tres minutos para que los diputados emitieran su voto, resultando aprobada por unanimidad. Se pasó al siguiente punto.

4. Análisis, discusión y, en su caso aprobación de proyectos de dictamen

El presidente señaló que se enviaron dos proyectos de dictamen:

El primer proyecto de dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, se informa que se ha notificado el retiro de la iniciativa, por lo que no es procedente su discusión y votación.

El segundo proyecto de dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VIII al artículo 529 y se modifica el artículo 1006 de la Ley Federal de Trabajo, presentada por la diputada María Teresa Castell de Oro Palacios e integrantes del Grupo Parlamentario PAN. La iniciativa propone establecer una coordinación entre la federación y las entidades locales, para que estas últimas tengan la atribución de corroborar que las ofertas laborales que se anuncian en medios digitales dentro de sus demarcaciones sean verídicas; asimismo, se busca como incorporar una sanción equiparable a la que actualmente la Ley Federal de Trabajo otorga, en su artículo 1006, a aquellas personas que presenten documentos o testigos falsos para realizar contrataciones o actividades inherentes al trabajo o proceso de reclutamiento. Se presenta en sentido negativo toda vez que los mecanismos que pretende incorporar ya se encuentran previstos en el artículo 539 de la propia Ley Federal del Trabajo, y las atribuciones se indican por el artículo 30 del Reglamento de Agencias de Colocación de Trabajadores en el que se señala que la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones relacionadas con las ofertas de empleo está a cargo de la Inspección Federal del Trabajo, la que podrá auxiliarse de las inspecciones laborales de los estados y de la Ciudad de México, con lo que se prevé los mecanismos de vigilancia y de coordinación necesarios para verificar la veracidad de las ofertas laborales.

Sin que existieran intervenciones, el presidente sometió a votación proyecto y solicitó la apertura de la plataforma digital hasta por tres minutos para que los diputados emitieran su voto, resultando aprobado por unanimidad. Se pasó al siguiente punto.

5. Aprobación del orden del día correspondiente a la décima reunión ordinaria

El diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo sometió a votación económica el orden del día de la décima reunión ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el miércoles 20 de julio a las 11:00 horas y sometió a consideración la propuesta de orden del día que estará conformada por el proyecto de dictamen aprobado por la junta directiva y la reunión con el magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Plácido Morales Vázquez.

El orden del día fue aprobado por unanimidad en votación económica. Se pasó al siguiente punto.

6. Asuntos generales

No existiendo más asuntos generales se pasó al siguiente punto.

7. Clausura

A las 10:40 horas, se dio por terminada la décima reunión de junta directiva de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del 20 de julio de 2022.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de agosto de 2022.

Votación del acta

A favor

Diputados: Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, presidente; Érika de los Ángeles Díaz Villalón, Pablo Gamboa Miner, Margarita García García, Zeus García Sandoval, Elvia Yolanda Martínez Cosío, Tereso Medina Ramírez, Berenice Montes Estrada, Araceli Ocampo Manzanares, Sandra Simey Olvera Bautista, Prieto Terrazas Susana, secretarios.

Ausente

Diputada Claudia Delgadillo González.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, concerniente a la décima reunión ordinaria, llevada a cabo el miércoles 20 de julio de 2022

A las 11:00 horas del miércoles 20 de julio de 2022, en los salones C y D del edificio G, situado en Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, de la honorable Cámara de Diputados, se reunieron los legisladores integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, de conformidad con la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha 20 de julio del presente año, para el desahogo del siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia inicial, final y declaratoria de quórum

Se pasó lista de asistencia, encontrándose presentes 18 diputados integrantes de la Comisión. Quórum final 22.

En virtud de que se contó con el quórum reglamentario, el presidente de la Comisión, diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, dio por iniciada la reunión.

2. Lectura y aprobación del orden del día

El presidente, diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, solicitó al secretario dar lectura al orden del día y consultar si era de aprobarse. El secretario, diputado Tereso Medina Ramírez, dio lectura al orden del día, integrada por los siguientes puntos:

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la novena reunión ordinaria, celebrada el 22 de junio de 2022.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de proyecto de dictamen.

5. Presentación del magistrado Plácido Morales Vázquez, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

6. Sesión de preguntas y respuestas.

7. Asuntos generales.

8. Clausura.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la novena reunión ordinaria, celebrada el miércoles 22 de junio de 2022

El presidente de la Comisión solicitó al secretario, diputado Tereso Medina Ramírez, consultar si era de aprobarse el acta de la novena reunión ordinaria, celebrada el miércoles 22 de junio de 2022, con 19 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó el acta por mayoría.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de proyecto de dictamen

El presidente de la Comisión se refirió al primer proyecto de dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, enviado por el honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, informando que esta presidencia ha notificado el retiro de la iniciativa por lo que no procede a su discusión y votación.

Pasaron al segundo proyecto de dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VIII al artículo 529 y se modifica el artículo 1006 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por la diputada María Teresa Castell de Oro Palacios e integrantes del Grupo Parlamentario PAN, la iniciativa propone establecer una coordinación entre la federación y las entidades locales, para que éstas últimas tengan atribuciones para corroborar que las ofertas laborales que se anuncian en medios digitales dentro de su demarcaciones sean verídicas, asimismo se busca cómo incorporar una sanción equiparable a la que actualmente la Ley Federal el Trabajo otorga en su artículo 1006 a aquellas personas que presenten documentos falsos para realizar contrataciones o actividades inherentes al trabajo o proceso de reclutamiento; se presenta en sentido negativo, toda vez que los mecanismos que pretenden incorporar ya se encuentran previstos en el artículo 539 de la propia Ley Federal del Trabajo y las atribuciones indican por el artículo 30 del reglamento de agencias de colocación de trabajadores en el que se señala que la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones relacionadas con las ofertas de empleo está a cargo de la inspección federal del trabajo lo que podrá auxiliarse de las inspecciones laborales de los estados y de la Ciudad de México, con lo que se prevé los mecanismos de vigilancia y de coordinación necesarios para verificar la veracidad de las ofertas laborales.

El presidente de la Comisión consultó si se encontraba presente la diputada promovente de la iniciativa hasta por tres minutos, la diputada María Teresa Castell de Oro Palacios solicitó el uso de la palabra para referirse a su iniciativa, mencionó que el proyecto de iniciativa que propuso atiende un problema que afecta a la ciudadanía, mencionando diversos casos de personas que han sido víctimas de esta situación de ofertas laborales falsas; posteriormente el presidente de la Comisión solicitó al secretario poner a consideración el proyecto de dictamen para que las diputadas y diputados emitan su voto, por lo que el secretario Tereso Medina Ramírez solicitó a las y los diputados emitieran su voto por el dictamen mencionado, se emitieron 18 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones, se aprobó por mayoría.

5. Presentación del magistrado Plácido Morales Vázquez, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje

El diputado Baldenebro Arredondo dijo que esta reunión es con el fin de que las y los diputados conozcan las necesidades del Tribunal y planteamiento de algunas sugerencias de cambios o iniciativas que se podrían analizar y construir.

Comentó que había situaciones en todos los distritos donde las organizaciones se acercan a las y los legisladores para exponerles sus problemáticas laborales, que a veces se encuentran sin avance en el Tribunal. En su intervención, el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, magistrado Plácido Morales Vázquez, señaló que la reforma al artículo 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que permitió el voto personal, libre, directo y secreto para la elección sindical, empezó a dar oxígeno a este gremio. “Fue fundamental esta reforma y cómo desmanteló el viejo sindicalismo corporativo que de alguna forma neutralizaba las demandas de los trabajadores al servicio del Estado; generaba una casta de privilegios y de acuerdos, y los avances en lo que realmente son prestaciones que eleven el nivel de vida de los trabajadores no se daban”, agregó.

Manifestó que lo que hace falta es una reforma constitucional para el apartado B del artículo 123 de la Constitución que diera el siguiente paso al proceso de la reforma laboral.

Mencionó que sostuvo una plática con la magistrada Rocío Rojas Pérez, representante de los trabajadores, la presidenta de la Octava Sala, la magistrada María del Rosario Jiménez, el secretario de estudio de la Sexta Sala, Fernando Pérez Robles y Luciano Yáñez, secretario de estudio de la Tercera Sala, para trabajar en algo que les deje buenos dividendos en el universo del apartado B del artículo 123 constitucional.

Destacó que lo que le corresponde al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, es cómo hacer que el proceso laboral del tribunal federal de arbitraje sea un proceso ágil que la justicia sea pronta y expedita, es decir, si ya se hizo la reforma laboral para el apartado A haciendo preeminente la conciliación y hacer la justicia pronta y expedita con juzgados laborales, aquí se tendría que encontrar la forma por la naturaleza de la relación laboral la forma de hacerla ágil y expedita la resolución en materia procesal, mencionó que por su parte pensaron en dos cuestiones: una la conciliación y la otra la audiencia única donde se haga lo posible por desahogar todas pruebas, principalmente la pericial.

Menciono que encuentra cuestiones, como en el refugio de la autonomía sindical, donde también hay maniobras para la continuidad de grupos en el control sindical, pero la ley puede dar, sin violentar la autonomía sindical, los elementos para que se pueda garantizar la democracia en los sindicatos nacionales, tanto los federales como locales.

6. Sesión de preguntas y respuestas

La diputada Susana Prieto Terrazas, del Grupo Parlamentario de Morena dijo, vía zoom, que la reforma a la Ley Federal del Trabajo no alcanzó para el apartado B en materia de la conciliación. Destacó que las instituciones de gobiernos de los tres niveles siempre dicen que no hay presupuesto para conciliar los asuntos laborales y cada cambio de administración tienen el problema de cientos de casos de despido a nivel municipal, estatal y federal, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En respuesta, la magistrada presente en la reunión mencionó que el artículo 17 constitucional, referente a la justicia pronta y expedita, consideran necesario hacer una reforma a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, particularmente en el caso que menciona la diputada Susana Prieto, mencionó que efectivamente se dicte un laudo por alguna de las salas del tribunal que por su naturaleza no es tan rápido como ellos quisieran, por ello buscan la implementación de medidas para que la autoridad patrón equiparado cumpla con el laudo, inclusive implementar sanciones para aquellos funcionarios que notoriamente retrasen el cumplimiento del laudo. La diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, comentó que con esa reforma se avanzó en la ley, pero en los hechos aun no porque existe corrupción y malas prácticas donde el patrón sigue favoreciendo a los sindicatos mayoritarios.

Resaltó lo importante es que de este diálogo tengan comunicación directa para que sean atendidas las peticiones y podamos contribuir en este tema. De la misma bancada, la diputada Ana Karina Rojo Pimentel manifestó que, si se enfocan en la materia y la ley, se podrá ir erradicando todo lo que se ha incumplido en materia de los trabajadores. Agregó que es necesario que en los sindicatos prevalezca la paridad entre las mujeres y hombres, y se amplié la ley en cuestiones de género.

Del Grupo Parlamentario de Morena, el diputado Iran Santiago Manuel, propuso una reforma integral para garantizar los derechos laborales sindicales de los trabajadores, que los dirigentes no participen más de dos veces, impulsar la participación de los empleados en todo el proceso de la elección del sindicato y establecer que los sindicatos minoritarios tengan los mismos derechos que los mayoritarios.

Por su parte el diputado Tereso Medina Ramírez, del PRI, consideró que la aplicación de la justicia laboral no depende de una sola persona, sino de todos; por ello, planteó que al igual que la reforma de los trabajadores del apartado A, en el apartado B en el proceso del derecho del trabajo se incluya la conciliación obligatoria como un medio alterno para resolver conflictos. Vía zoom, la diputada de Morena, Araceli Ocampo Manzanares, reconoció el trabajo del funcionario y expresó la necesidad de generar mesas de trabajo para atender la solicitud de los sindicatos minoritarios y que se garantice la justicia, la democracia y la libertad en materia laboral. Resaltó que ha impulsado iniciativas para garantizar los derechos laborales, entre ellas la adición al artículo 124, en el Apartado B, para que la autoridad que no quiera reconocer un registro y una toma de nota sea sancionada.

El magistrado Morales Vázquez solicitó a la magistrada Jiménez de manera precisa responder sobre los asuntos cuestionados, la magistrada Jiménez inicio con el asunto del Inegi mencionando que el Tribunal está haciendo todo lo posible para poder llevar a cabo ese recuento y poder definir quién va a quedar en ese sindicato mencionando que está previsto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado la creación de salas auxiliares en el interior de la Republica pero no se ha llevado a cabo por falta de presupuesto, de manera que el tribunal sigue trabajando con la finalidad de llevar a cabo las verificaciones.

En cuanto al segundo tema referente a las modificaciones específicas, en primer término la asistencia obligatoria a una conciliación el tribunal cuenta con una unidad de funcionarios conciliadores, resaltando que atienden a más de 6.5 millones de burócratas, los cuales se triplicarán con la competencia de los organismos públicos descentralizados, pero que esa asistencia, utilizando la figura de la mediación que no se incluyó en el apartado A pero solicito que se incluya en el apartado B, conciliación y mediación para la resolución de los conflictos, mencionando que podría ser en esta unidad de funcionarios conciliadores, destacó que posteriormente tienen una audiencia prevista en el artículo 131, lo que se propone es una audiencia única en la que se invierta los párrafos que están en el artículo 131 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a efecto de que una vez que el actor presentó su demanda, el trabajador con pruebas y documentos que acreditan la personalidad en esa fase escrita y contestó la demanda la autoridad o dependencia y si es que hay una reconvención o el ajuste de demanda, llegar a esta audiencia con la inversión del artículo que permita que testigos, peritos y absorbentes estén presentes en esa audiencia única para empezar los desahogos para su resolución definitiva.

Referente a la tutela de acceso a la justicia en el artículo 17 constitucional mencionó que no solamente incluye esa etapa previa de ir a un tribunal y tener un debido proceso legal sino que también es obtener una resolución y que ésta pueda ser ejecutable de manera que para que el aluda pueda ser ejecutable se requeriría un aumento de la sanción que se establece en el artículo 148 de la Ley que es de un peso, habla de mil pesos la Ley, pero fue antes de la reconversión de los tres ceros, por lo que un aumento de 100 a 500 UMAS para evitar modificar la ley posteriormente, y además establecer como una omisión grave la falta de cumplimiento a un laudo firme que se añada en el artículo 148 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que sería una causa más de las causas graves consideradas en el artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de esta manera se haría la consideración ante la contraloría interna de cada dependencia, para que proceda al funcionario responsable, al órgano interno de control de la dependencia o entidad y que lleve el procedimiento para que existan todas las sanciones como la que desea el diputado Baldenebro, que son los que podrían aplicar la destitución.

La magistrada Jiménez recomendó dotar de presupuesto suficiente para poder terminar con los asuntos y para que puedan ser indemnizados en términos de ley, como es una indemnización que se impone por cambio de sistema de justicia, deberá de ser incluyendo la sanción de los artículos 49 y 50 de la Ley Federal del Trabajo, es decir tres meses de indemnización constitucional más la sanción de 20 días por año y también pagar todas las prestaciones, garantizar el acceso a la seguridad social, dar los 12 días por año de prima de antigüedad.

La magistrada resaltó que es muy necesario que se hagan estos cambios a la ley, que es de 1963, la cual ya no tiene vigencia en cuanto a las medidas de apremio por esa razón y los sistemas ya cambiaron, ahora se cuenta con los sistemas orales, que con presupuesto adecuando se podrían llevar audiencias por videoconferencia, por último una medida es la inscripción en el siguiente ejercicio presupuestal de la condena que se está estableciendo y que la dependencia pueda crear un fondo junto con otras dependencias que puedan cumplir rápidamente con el laudo para no esperar la inscripción en el siguiente ejercicio presupuestal.

El magistrado Morales Vázquez comentó que en materia sindical hacen falta en la ley los elementos para que ellos sean garantes de la igualdad, imparcialidad y libre competencia y no que en el principio de la autonomía sindical se sigan preservando privilegios u opacidad. “Esta la ley, falta que hagamos el ejercicio. Todos pensamos que nuestro país es un país de trabajadores, de gente que trabaja y que los trabajadores tienen derechos”, agregó. Manifestó que está a disposición de las y los integrantes de la Comisión para las dudas que tengan y para que trabajen de la mano en estos temas. Asimismo, estuvo de acuerdo en una agenda de mesas de trabajo.

7. Asuntos generales

La diputada Margarita García García agradeció al magistrado Plácido Morales Vázquez, posteriormente solicitó a la Comisión su apoyo para formular una iniciativa que salvaguarde los derechos de los trabajadores de confianza de la honorable Cámara de Diputados.

El diputado Baldenebro Arredondo resaltó que los derechos laborales en este país tienen que ser universales. “La gestión sindical, cuando está bien llevada por unos buenos dirigentes, día con día y cada revisión va consiguiendo más prestaciones para sus trabajadores. Debe haber ese equilibrio”.

8. Clausura

A las 13:20 horas, se dio por terminada la décima reunión ordinaria de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, del 20 de julio de 2022.

Dada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de agosto de 2022.

Votación del acta

A favor

Diputados: Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, presidente; Érika de los Ángeles Díaz Villalón, Pablo Gamboa Miner, Margarita García García, Zeus García Sandoval, Elvia Yolanda Martínez Cosío, Tereso Medina Ramírez, Berenice Montes Estrada, Araceli Ocampo Manzanares, Sandra Simey Olvera Bautista, Prieto Terrazas Susana, secretarios; Horacio Fernández Castillo, Blanca Araceli Narro Panameño, Marco Antonio Natale Gutiérrez, Jorge Armando Ortiz Rodríguez, Leslie Estefanía Rodríguez Sarabia, Ana Karina Rojo Pimentel, José Francisco Yunes Zorrilla.

Ausentes

Diputados: Ana María Balderas Trejo, Claudia Delgadillo González, Genoveva Huerta Villegas, Iran Santiago Manuel, Valentín Reyes López, Verónica Collado Crisolia.

De las Comisiones Unidas de Educación, y de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, referente a la primera reunión, realizada el 15 de junio de 2022

A las 11:12 horas del 15 de junio de 2022, los diputados integrantes se reunieron de manera semipresencial, en el mezzanine sur de las instalaciones de esta Cámara de Diputados, y en conferencia virtual, a través de la plataforma Zoom, para realizar la primera reunión de comisiones unidas.

La diputada presidenta de la Comisión de Educación, Flora Tania Cruz Santos, inició la reunión que se desarrolló de la siguiente manera

1. Registro de asistencia y verificación de quórum

La diputada presidenta Flora Tania Cruz, solicitó a la secretaria, diputada Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos a que diera cuenta del registro de asistencia de las diputadas y los diputados integrantes de las comisiones.

La diputada Irma Juan Carlos, da cuenta y se inicia con un registro de asistencia inicial de 54 diputadas y diputados, 32 por parte de la Comisión de Educación y 22 por parte de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, declaró la existencia de quórum.

El registro final de asistencia fue de 57 diputadas y diputados: 34 por parte de la Comisión de Educación y 23 por parte de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Las y los diputados asistentes de la Comisión de Educación fueron los siguientes:

Presidenta: 1. Flora Tania Cruz Santos (Veracruz-Morena); secretarios: 2. María Josefina Gamboa Torales (Veracruz – PAN), 3. Sayonara Vargas Rodríguez (Hidalgo-PRI), 4. Willbert Alberto Batun Chulim (Quintana Roo – Morena), 5. Blanca Araceli Narro Panameño (Tamaulipas – Morena), 6. Juan Pablo Sánchez Rodríguez (Estado de México – Morena), 7. María Isabel Alfaro Morales (Hidalgo – Morena), 8. Martha Rosa Morales Romero (Veracruz – Morena), 9. Esther Mandujano Tinajero (Guanajuato – PAN), 10. Lilia Caritina Olvera Coronel (Tlaxcala – PAN), 11. María del Carmen Pinete Vargas (Veracruz – PVEM), 12. Francisco Amadeo Espinosa Ramos (Chiapas – PT), 13. Agustín Carlos Basave Alanís (Nuevo León – MC), 14. Olga Luz Espinosa Morales (Chiapas – PRD); integrantes: 15. Adela Ramos Juárez (Chiapas – Morena), 16. Ana Laura Huerta Valdominos (Tamaulipas – PVEM), 17. Ana Lilia Herrera Anzaldo (Estado de México –PRI), 18. María del Refugio Camarena Jaureguí (Jalisco – PRI), 19. María Leticia Chávez Pérez (Jalisco – MC), 20. Mónica Herrera Villavicencio (Veracruz – Morena), 21. Olegaria Carrazco Macías (Sinaloa – Morena), 22. Román Cifuentes Negrete (Guanajuato – PAN), 23. Sandra Luz Navarro Conkle (Sonora – Morena), 24. Sergio Enrique Chalé Cauich (Yucatán-PAN), 25. Yesenia Galarza Castro (Guerrero – PAN), 26. Félix Durán Ruíz (Nayarit – Morena), 27. Martha Barajas García (San Luis Potosí – Morena), 28. Miguel Ángel Pérez Navarrete (Hidalgo – Morena), 29. Sonia Rincón Chanona (Chiapas – Morena), 30. Juan Carlos Romero Hicks (Guanajuato – PAN), 31. María de los Ángeles Gutiérrez Valdez (Chihuahua – PAN), 32. Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino (Puebla – PRI), 33. Fátima Almendra Cruz Peláez (Puebla-PVEM), 34. Shirley Guadalupe Vázquez Romero (Sonora – PT).

No asistieron las y los diputados siguientes:

35. Armando Contreras Castillo (Oaxaca-Morena), 36. Cynthia Iliana López Castro (Ciudad de México – PRI), 37. Gabriela Martínez Espinoza (Sonora – Morena), 38. Alfredo Femat Bañuelos (Zacatecas – PT).

Las y los diputados asistentes de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos fueron los siguientes:

Presidenta 1. Irma Juan Carlos Oaxaca-Morena; secretarios: 2. Brenda Ramiro Alejo (Ciudad de México-Morena), 3. Horacio Fernández Castillo (Jalisco-MC) 4. Blanca Carolina Pérez Gutiérrez (Chiapas-Morena), 5. Carlos López Guadarrama (Estado de México-Morena), 6. Pedro Sergio Peñaloza Pérez (Guerrero-Morena), 7. Eduardo Zarzosa Sánchez (Estado de México-PRI), 8. Yeimi Yazmín Aguilar Cifuentes (Chiapas-PRI), 9. Consuelo del Carmen Navarrete Navarro (Yucatán-PVEM), 10. Fabiola Rafael Dircio (Guerrero-PRD); 11. Brianda Aurora Vázquez Álvarez (Sonora-Morena); integrantes: 12. Alfredo Vázquez (Chiapas-Morena), 13. Berenice Montes Estrada (Guanajuato-PAN), 14. Roberto Antonio Rubio Montejo (Chiapas-PVEM), 15. Sayonara Vargas Rodríguez (Hidalgo-PRI), 16. Sergio Enrique Chalé Cauich (Yucatán-PAN), 17. Araceli Ocampo Manzanares (Guerrero-Morena), 18. Celestina Castillo Secundino (Guerrero-Morena), 19. Luz Adriana Candelario Figueroa (Jalisco-Morena), 20. Mayra Alicia Mendoza Álvarez (Chiapas-Morena) 21. Saúl Hernández Hernández (San Luis Potosí –Morena), 22. Fátima Almendra Cruz Peláez (Puebla-PVEM), 23. Maribel Martínez Ruiz (Oaxaca-PT). 24. La diputada Anabey García Velasco del GP –PAN asistió y participó en la reunión, pero no registro su asistencia.

No asistieron las y los diputados siguientes:

25. Alma Rosa Hernández Escobar (Veracruz – PAN), 26. Carlos Alberto Valenzuela González (Veracruz – PAN), 27. Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía (Estado de México – MC), 28. María del Rosario Reyes Silva (Guerrero – Morena).

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día

En este punto, la diputada presidenta Flora Tania Cruz, solicita a la Secretaría , en virtud de haberse distribuido previamente, se dispensara la lectura del orden del día se sometiera en votación económica la aprobación del orden del día de la Primera Reunión de Comisiones Unidas de Educación y de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. La secretaría solicita primero que quien esté a favor de que se apruebe el orden de día lo manifieste levantando la mano, después quienes estén en contra y por último quien esté en abstención. El resultado de la votación fue por la aprobación.

Acuerdo: Se aprobó por unanimidad, en votación económica, el orden del día propuesto, el cual quedó de la siguiente manera:

Orden del Día

1. Registro de asistencia y verificación de quórum.

2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del acuerdo de las juntas directivas de la Comisión de Educación y de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, por el que se regula el procedimiento para el cumplimiento de la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad 121/2019 en materia de educación indígena.

4. Asuntos generales.

5. Clausura y cita.

3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acuerdo de las juntas directivas de las Comisiones de Educación, y de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, por el que se regula el procedimiento para el cumplimiento de la sentencia dictada en acción de inconstitucionalidad 121/2019 en materia de educación indígena

En este punto la diputada presidenta de la Comisión de Educación, Flora Tania Cruz antes de instruir a la votación del acuerdo de las Comisiones Unidas de Educación, y de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, por el que se regula el procedimiento para el cumplimiento de la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad 121/2019 en materia de educación indígena, informa que se realizó una modificación al apartado cuarto del acuerdo para que la duración para el proceso de dictaminación se amplié 30 días más y quede de 120 días, en lugar de 90 días como se había expresado en la primera propuesta, asimismo, se comentó que la propuesta de acuerdo incluía cuatro iniciativas, sin embargo se agregó una última al proyecto, de la diputada Cecilia Luisa Gabriela Sodi que igual que las otras tienen que ver con el tema.

La presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, diputada Irma Juan Carlos, realiza una aclaración y pide que en cuanto se apruebe el dictamen no tenga ninguna modificación al llegar al pleno para su votación.

El diputado Juan Carlos Romero Hicks realiza otra propuesta en el que sugiere la creación de un grupo de redacción en el proyecto.

La diputada Anabey García Velasco pide el uso de la voz para apoyar la propuesta del diputado Juan Carlos Romero Hicks y pide tomar en cuenta las propuestas de los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Araceli Ocampo Manzanares se suma y apoya la propuesta de la presidenta de la Comisión de Educación de ampliar el plazo para el proceso de dictaminación.

El diputado Juan Pablo Sánchez Rodríguez, habla sobre el tema del presupuesto para las consultas y agradece a ambas presidentas de las comisiones.

La diputada Flora Tania Cruz instruye a la secretaría, para que se someta a votación económica las dos propuestas, primero la propuesta de ampliar el tiempo de 90 a 120 días para el proceso de dictaminación.

Antes de la votación, la diputada Anabey García solicita se precisen dos cosas: 1. La propuesta del diputado Juan Carlos Romero, o que pueda ser tomado en cuenta en la integración de la redacción del dictamen final y quienes resolverán los asuntos de rápida y urgente resolución que se presenten y que no están contemplados dentro del acuerdo.

La diputada Irma Juan Carlos le hace la aclaración a la diputada Anabey, señalando que anteriormente se había comentado que se iba a someter a votación la propuesta del diputado Romero Hicks en el sentido de crear el grupo de redacción que el proponía que fuera de siete personas. También dijo que las Juntas Directivas serán quienes van a resolver los asuntos y que si se contemplan en el acuerdo.

La diputada Irma Juan Carlos solicita votar de manera económica las dos propuestas, primero la necesidad de ampliar el plazo de 90 a 120 días y segundo, la propuesta del diputado Romero Hicks

El diputado Juan Carlos Romero señaló que no se tiene mucha experiencia trabajando en dos juntas directivas, que es un grupo bastante grande y el sentido práctico de su propuesta no es el de suplantar las juntas directivas, solamente y justo eso es lo que lo lleva al espíritu de su propuesta.

La diputada Brianda comentó que ya había quedado claro que las juntas directivas de las comisiones realizaran su trabajo

La diputada Irma Juan Carlos somete a votación la primera propuesta de ampliar de 90 a 120 días el plazo, solicitó que quienes estuvieran a favor levantaron la mano, después quienes estén por la negativa y por último los que estén en abstención.

Acuerdo: En votación económica se aprueba la propuesta de ampliar el tiempo de proceso de dictaminación de 90 a 120 días.

A continuación, la diputada presidenta solicitó a la secretaria poner a votación la segunda propuesta, del diputado Juan Carlos Romero Hicks, de crear un grupo de redacción integrado por 7 personas, la diputada Irma Juan Carlos solicita en votación económica primero levantar la mano quienes estén a favor de la propuesta, después por los que estén en contra y por último quienes voten en abstención de la propuesta. El resultado fue de 8 votos a favor, 27 votos en contra y cero abstenciones.

Acuerdo: se desechó la propuesta de crear un grupo de redacción integrado por 7 personas del diputado Juan Carlos Romero Hicks.

Enseguida la diputada secretaria sometió a votación el acuerdo de las Comisiones Unidas de Educación y de Pueblos Indígenas y Afromexicanos por el que se regula el procedimiento para el cumplimiento de la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad 121/2019 en materia de educación indígena para ello, instruyó abrir el sistema de votación para que las integrantes y los integrantes emitan su voto a través del sistema y que quién tenga dificultades para realizarlo lo hagan de viva voz. De la Comisión de Educación quienes emitieron su voto de viva voz fueron las Diputadas y Diputados Ma. Josefina Gamboa, Sandra Luz Navarro, Sergio Chalé Cauich, Olegaria Carrasco Macías, Ana Laura Huerta, Fátima Cruz Peláez, Mónica Herrera, Ana Lilia Herrera y Sayonara Vargas. Por parte de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos LAS Diputadas y Diputados Araceli Ocampo Manzanares, Rosario Reyes, Brenda Ramiro Alejo, Sayonara Vargas, Sergio Chalé, Berenice Montes y Eduardo Zarzosa.

El resultado final fue por parte de la Comisión de Educación 28 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. Por parte de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos el resultado final fue de 25 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones.

Acuerdo: Se aprueba el acuerdo de las Comisiones Unidas de Educación y de Pueblos Indígenas y Afromexicanos por el que se regula el procedimiento para el cumplimiento de la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad 121/2019 en materia de educación indígena.

4. Asuntos generales

El diputado Juan Carlos Romero Hicks pide quede constancia de que el acuerdo votado si se puede modificar, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no instruyo que hubiera restricciones.

El diputado Saúl Hernández señaló el hecho de llevar a cabo la consulta es lo correcto, un ejercicio que requiere de un profundo análisis donde se involucra a muchos sectores, comento que en Chiapas han tenido grupos que durante 27, 28 años aproximadamente se ha venido desarrollando la narración intercultural bilingüe desde sus comunidades y no han tenido un reconocimiento legal, además de recibir una beca de 1,400.00 pesos mensuales y hacen una labor como cualquier maestro en cualquier punto de la república que hable otra lengua. Precisó que la decisión que está tomando seguramente va en favor de la educación intercultural bilingüe y en la acción de inconstitucionalidad se sabrá corregir la ruta más correcta con el fin de ser incluyentes con todos los sectores, por lo que celebró se llevará a cabo la reunión de comisiones unidas para poder avanzar en ese sentido.

El diputado Juan Pablo, reconoció el trabajo de las comisiones y señaló que el trabajo que se haría no sería fácil ya que se trata de 22 sedes para consultar a 68 pueblos indígenas más los afromexicanos del país, aseguró que se hará un buen equipo para sacar adelante la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la ampliación que fue aprobada de los 120 días para poder dar un buen resultado a los pueblos indígenas y afromexicanos del país.

La diputada Anabey García señaló que era el inicio de un reto que será un aprendizaje y dijo que esperaba que el ejercicio deje transparencia, en donde no haya sesgos políticos y si una inclusión de los pueblos originarios de México. Hablo de la necesidad de que los pueblos indígenas y afromexicanos sean consultados, resalto que la educación indígena en México se encontraba en un atraso, desde el ejercicio del presupuesto hasta la atención misma y la erradicación de las escuelas, en el sentido bilingüe en la disminución del presupuesto y las escuelas de tiempo completo las cuales han desaparecido y que principalmente atendía las zonas indígenas y afromexicanas, señaló que se espera que en este ejercicio se vea el resultado de que la prioridad son nuestros pueblos y desde luego México.

La diputada Martha Barajas celebró la reunión por dar paso a una respuesta de inconstitucionalidad, refirió que algo más que algo jurídico, se hacía valer el derecho de garantizar a los pueblos indígenas y afromexicanos, el derecho a la educación

La diputada Shirley Guadalupe comentó que celebraba los acuerdos tomados en la reunión y manifestó su entusiasmo por las consultas que los pueblos originarios están esperando en el marco de los planes de justicia.

La diputada Irma Juan Carlos en su calidad de presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y también como Diputada indígena señaló a quienes dudan del trabajo que realizaran las comisiones, lo harán con el espíritu de abonar al desarrollo de las comunidades, se harán consientes de la deuda histórica que el estado mexicano tiene con los pueblos originarios, además, que los foros de consulta se realizan en el marco de una sentencia de la Suprema Corte, debido a que en años pasados las comunidades y pueblos indígenas no fueron consultados, a pesar de que la reforma en materia de educación indígena es para acciones afirmativas y las autoridades, en este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); que es garante de los derechos humanos decidió emitir la sentencia a favor de los pueblos indígenas, porque en los años pasados no fueron tomados en cuenta, ni consultaron reconocieron los derechos que tenían como es el derecho a las consultas.

Por otra parte, reconoció que es algo que se ha logrado después de muchos años de lucha y que hoy quien ha garantizado el derecho a las consultas ha sido la SCJN.

La diputada María de los Ángeles Gutiérrez comentó que en la legislatura anterior se realizaron algunas consultas, además agregó que esperaba que en las siguientes consultas que se realizaran en los 68 pueblos originarios y afromexicanos se cuente con la suficiente logística, tanto en el aspecto, económico, humano y material para que se concreten dichas consultas, para que no se tenga carencia económica para concluir los procesos que buscan de mejorar las condiciones de vida de todos los pueblos.

La diputada Irma Juan Carlos por alusiones a la diputada María de los Ángeles Gutiérrez, dijo que en la pasada legislatura efectivamente si se realizaron varias consultas para no incurrir en faltas en las reformas que se han propuesto y aprobado, pero la situación real que se ha vivido de quienes están al frente es la falta de un presupuesto acorde, pero a veces quienes aprueban el presupuesto son los diferentes grupos parlamentarios en la Junta de Coordinación Política, por lo que se requiere del apoyo de todos los grupos parlamentarios y de no contar con el apoyo de los coordinadores de los grupos parlamentarios, no hay condiciones para realizar las consultas, motivo por el cual pidió al diputado Juan Carlos Romero Hicks, se impulse desde la Junta de Coordinación Política un presupuesto acorde a las necesidades que se van a requerir en las 20 sedes donde se llevaran a cabo los foros o asambleas de consulta para no sufrir las precariedades, ya que se tiene que contar con la presencia de los 68 pueblos indígenas y muchos de ellos tienen dificultades con el presupuesto para el transporte y hospedaje y apeló al espíritu de colaboración de todos los grupos parlamentarios para que se impulse el tema cuando se toque en la Junta de Coordinación Política, para que se apruebe.

Finalmente la presidenta de la Comisión de Educación, Diputada Flora Tania, agradeció por la asistencia a la Primera reunión de Comisiones Unidas.

5. Clausura

Se da por terminada la primera reunión de Comisiones Unidas de Educación y de Pueblos Indígenas y Afromexicanos siendo las 12:33 horas del 15 de junio de 2022.

Aprobada por los integrantes de la Comisión de Pueblos Indígenas y afromexicanos el 23 de agosto de 2022;

Aprobada por los integrantes de la Comisión Educación el _________ de_____ de____

Recinto Legislativo de San Lázaro en la Ciudad de México.


Convocatorias

De la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres

A la undécima reunión ordinaria, la cual se realizará el martes 30 de agosto, a las 11:00 horas, en modalidad telemática.

Orden del Día

I. Lista de asistencia.

II. Declaratoria de quórum.

III. Lectura y aprobación del orden del día.

IV. Lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la reunión anterior.

V. Asuntos generales.

VI. Clausura y cita para próxima reunión.

Atentamente

Diputada Ana María Balderas Trejo

Presidenta

De la Comisión de Puntos Constitucionales

A la novena reunión ordinaria, que tendrá lugar el martes 30 de agosto, a las 11:00 horas, en el salón B del edificio G, en modalidad semipresencial.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Aprobación del acta de la octava reunión ordinaria de la comisión.

4. Discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo de la junta directiva de la comisión para la discusión interna de las iniciativas de reforma política-electoral.

5. Asuntos generales.

6. Clausura.

Atentamente

Diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz

Presidente

De la Comisión de Igualdad de Género

A la decimocuarta reunión de junta directiva, que se realizará el martes 30 de agosto, a las 12:30 horas, en modalidad virtual.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación de los temas que se discutirán en la próxima reunión ordinaria de la comisión.

4. Asuntos generales.

5. Clausura y cita para la próxima reunión.

Atentamente

Diputada Julieta Kristal Vences Valencia

Presidenta

De la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación

A la sexta reunión ordinaria, que se celebrará el miércoles 31 de agosto, a las 10:00 horas, en el mezzanine sur del edificio A, en modalidad semipresencial.

Orden de Día

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de le quinta reunión ordinaria de la comisión correspondiente a la reunión del 16 de junio de 2022.

4. Comentarios de la presidencia sobre el seguimiento de la demanda de los grupos de desplazados internos del estado de Chiapas.

5. Comentarios de la presidencia sobre el seguimiento de la demanda de los docentes que integran el Proyecto Educador Comunitario Indígena.

6. Asuntos generales.

7. Clausura ita para la próxima reunión.

Atentamente

Diputado Alfredo Vázquez Vázquez

Presidente

De la Comisión de Seguridad Social

A la decimotercera sesión de junta directiva, que tendrá lugar el miércoles 31 de agosto, a las 9:30 horas (cambio de horario), en la sala de reuniones de la convocante, situada en el edificio D, segundo piso.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y. en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la décimo segunda reunión de la junta directiva, en modalidad semipresencial, celebrada el 27 de julio de 2022.

4. Proyectos de dictámenes y opiniones para discusión y votación en la Comisión de Seguridad Social:

4.1. Proyecto de dictamen en sentido positivo, a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 210 de la Ley del Seguro Social, en materia de apoyo nutricional en periodo de gestación y periodo neonatal, suscrita por senadoras y senadores de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional. LXIV Legislatura. (Expediente 6437).

4.2. Proyecto de dictamen en sentido positivo con modificaciones a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones V, VI, y VII del artículo 84 de la Ley del Seguro Social, en materia de seguridad social para menores sobre quienes se ejerza la patria potestad o guarda y custodia o tutela, suscrita por la Diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez, del Grupo Parlamentario de Morena. LXV Legislatura. (Expediente 3958).

4.3 Proyecto de dictamen, en sentido negativo, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 18, 38 y 230 de la Ley del Seguro Social, en materia de seguridad social para los trabajadores de las plataformas digitales, suscrita por la diputada Genoveva Huerta Villegas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. LXV Legislatura. (Expediente 4041).

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del segundo informe semestral de actividades de la comisión.

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del programa de trabajo anual de la comisión correspondiente al segundo año de ejercicio de la LXV Legislatura.

7. Seguimiento a los acuerdos aprobados por la comisión en su décimo primera reunión ordinaria:

a) Reprogramación de la reunión de trabajo con el titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, doctor Pedro Zenteno Santaella.

b) Reprogramación del foro Reflexiones para fortalecer la coordinación entre instituciones de salud, para avanzar en el acceso universal.

8. Informe de asuntos turnados por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

9. Asuntos generales.

10. Clausura y convocatoria a la siguiente reunión.

Atentamente

Diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján

Presidenta

De la Comisión de Cultura y Cinematografía

A la séptima sesión ordinaria, que tendrá lugar el miércoles 31 de agosto, a las 11:00 horas, en la sala de juntas de la convocante, situada en el edificio D, tercer piso, en modalidad semipresencial.

Orden del Día

l) Registro de asistencia y declaración de quórum.

2) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sexta reunión ordinaria.

4) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen a la minuta proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Fomento a la Cocina Mexicana.

5) Asuntos generales.

6) Clausura.

Atentamente

Diputado Carlos Francisco Ortiz Tejeda

Presidente

De la Comisión de Relaciones Exteriores

A la octava reunión ordinaria, que se llevará a cabo –de manera semipresencial– el miércoles 31 de agosto, a las 11:00 horas, en la sala de juntas de la comisión Gilberto Bosques Saldívar, situada en la planta baja del edificio D.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la séptima reunión ordinaria.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de dictámenes.

5. Asuntos generales.

6. Clausura.

Atentamente

Diputado Alfredo Femat Bañuelos

Presidente

De la Comisión de Igualdad de Género

A la decimoprimera reunión ordinaria, que se realizará de manera virtual, el miércoles 31 de agosto, a las 13:30 horas.

El enlace de acceso a la plataforma digital es

https://diputados-gob-mx.zoom.us/j/83739453830?pwd=VSt2QmxZcTQ5VDVaU VVIVGlzUDM3UT09

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la decima reunión ordinaria.

4. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, promovida por la diputada Olga Luz Espinosa Morales del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, expediente 2955.

5. Asuntos generales.

6. Clausura y cita para la próxima reunión.

Atentamente

Diputada Julieta Kristal Vences Valencia

Presidenta

De la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad

A la octava reunión de junta directiva, que se realizará el miércoles 31 de agosto, a las 15:00 horas (cambio de horario), en el salón A del edificio G, en modalidad semipresencial.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaratoria del quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día para la séptima reunión ordinaria.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del plan anual de trabajo 2022-2023 de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la LXV Legislatura.

4. Asuntos generales.

5. Clausura.

Atentamente

Diputada Edna Gisel Díaz Acevedo

Presidenta

De la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad

A la séptima reunión plenaria, que se realizará el miércoles 31 de agosto, a las 15:30 horas (cambio de horario), en el salón A del edificio G, en modalidad semipresencial.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaratoria del quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día para la séptima reunión ordinaria.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sexta reunión ordinaria.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del plan anual de trabajo 2022-2023 de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la LXV Legislatura.

5. Asuntos generales.

6. Clausura.

Atentamente

Diputada Edna Gisel Díaz Acevedo

Presidenta

De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

A la quinta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el jueves 1 de septiembre, de manera semipresencial, en los salones C y D del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la cuarta reunión ordinaria.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de las opiniones de las iniciativas con proyecto de decreto que se enlistan a continuación:

4.1 Que expide la Ley de Gobierno de Coalición. Promovida por la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI.

4.2 Que expide la Ley Federal de Atención de los Efectos Causados por la Pandemia de Covid 19. Promovida por la senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN.

4.3 Que expide la Ley General para la Cultura de la Paz y Reconciliación. Promovida por la diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz, del Grupo Parlamentario de Morena.

4.4 Que expide la Ley Federal para la Regulación del Cáñamo Industrial. Promovida por la diputada María Clemente García Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena.

4.5 Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de presupuesto con enfoque de derechos humanos. Promovida por el diputado Román Cifuentes Negrete Román, e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

4.6 Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Desarrollo Social, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y expide la Ley del Instituto Nacional para la Vigilancia y Evaluación de las Políticas Públicas. Promovida por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

4.7 Que expide la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social. Promovida por la diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Sodi Miranda, del Grupo Parlamentario del PRD.

4.8 Que expide la Ley General de Pensiones Públicas. Promovida por el diputado Marco Antonio Medina Pérez del Grupo Parlamentario de Morena.

5. Asuntos generales.

6. Clausura.

Atentamente

Diputado Erasmo González Robledo

Presidente

De la Comisión de Reforma Política-Electoral

La Cámara de Diputados y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Escuela Judicial Electoral, al Diplomado en derecho electoral comparado; “diseño y constitución de las autoridades electorales: los modelos de conformación, organización y justicia electoral en América Latina y algunos casos de Europa”, primera edición, que se llevará a cabo los lunes, miércoles y viernes comprendidos entre el 20 de junio y el 7 de septiembre.

La Cámara de Diputados, LXV Legislatura del Congreso de la Unión, a través de la Comisión de Reforma Política-Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Escuela Judicial Electoral, convocan a las personas interesadas en cursar el Diplomado en derecho electoral comparado, de conformidad con las siguientes:

Bases

Primera. Objetivos del diplomado:

Objetivo general:

• Proporcionar conocimientos especializados teóricos y prácticos, desde una perspectiva comparativa, sobre el diseño de autoridades electorales, su conformación, competencias, financiamiento e impartición de justicia electoral.

Objetivos particulares:

1. Conocer los aspectos fundamentales de las formas de Estado y formas de gobierno.

2. Estudiar los regímenes federal y unitario, así como confederación y uniones de Estados.

3. Identificar las características básicas de los sistemas presidencial y parlamentario.

4. Comprender los temas básicos del constitucionalismo contemporáneo.

5. Analizar los elementos fundamentales de los sistemas electorales y sistemas de partidos.

6. Evaluar los criterios básicos de una reforma electoral.

7. Determinación de los alcances de la materia electoral.

8. Exponer una perspectiva comparativa de los modelos de financiamiento.

9. Diferenciar los modelos de comunicación electoral, sus antecedentes.

10. Establecer los estándares internacionales en materia de elecciones y de integración de autoridades electorales.

11. Repasar la evolución de las instituciones y procedimientos electorales en México.

12. Distinguir las funciones básicas para la autoridad en materia electoral.

13. Analizar las funciones registral electoral; administrativa electoral y jurisdiccional electoral, desde una perspectiva comparativa.

14. Analizar los aspectos básicos del acceso a la justicia como derecho humano.

15. Analizar los principales problemas de la política y la función judicial electoral.

Segunda. Perfil de los participantes:

El diplomado está dirigido a integrantes de la Cámara de Diputados.

Tercera. Requisitos de selección:

Podrán participar legisladoras y legisladores, así como asistentes parlamentarios, asesores, personas de apoyo y de enlace técnico, y así como personas interesadas en la materia electoral, de acuerdo con los espacios disponibles, de cualquier edad sin comprobar un grado mínimo de estudios. Únicamente se tienen previstos 150 lugares.

Para obtener el diploma de participación es necesario que al término de la etapa correspondiente a las sesiones semipresenciales las personas participantes envíen las constancias que acrediten calificación aprobatoria de los siguientes cursos en línea:

1. Introducción al Derecho Electoral (40 horas).

2. Medios de Impugnación en Materia Electoral (40 horas).

Cuarta. Selección de los participantes:

La Escuela Judicial Electoral recibirá de la Comisión de Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados, la lista de las personas interesadas en cursar el Diplomado a más tardar el 16 de junio, para poder notificarles la liga de acceso al mismo.

Quinta. La estructura académica y duración de los estudios:

El diplomado estará conformado por lo siguiente:

1. Curso en línea. Introducción al Derecho Electoral (40 horas).

2. Curso en línea. Medios de impugnación en materia electoral (40 horas).

3. Sesiones presenciales y semipresenciales, en las que se estudiarán doce temas especializados en la materia electoral (44 horas).

La duración del programa es de un total de 124 horas, (44 horas de clase semipresenciales; 80 horas en línea mediante la acreditación de los dos cursos virtuales ya indicados) para llevarse a cabo del 20 de junio al 7 de septiembre del presente año.

Sexta. Fechas de inscripción y fecha de inicio

La Comisión de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados determinará los mecanismos para la integración de la lista de las personas que cursarán el diplomado, mientras que el inicio del programa es el 20 de junio de 2022. Los horarios de clase serán de 10:00 a 12:00 horas, lunes, miércoles y viernes.

Los días miércoles, únicamente, las sesiones serán presenciales y se llevarán a cabo en el auditorio Aurora Jiménez, situado en el edificio E, y, en su caso, el auditorio norte del edificio A, ambos en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, condicionado a la situación provocada por Covid-19.

Séptima. Acreditación:

Para obtener el diploma se requiere:

• 80% de asistencia a las sesiones semipresenciales.

• Aprobación de los cursos on line: Introducción al Derecho Electoral y Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Octava. Planta Docente y modalidad de impartición:

Las clases serán impartidas por el claustro del profesorado de la Escuela Judicial Electoral.

Novena. Inscripciones e informes:

Se realizarán a partir de la publicación de la presente Convocatoria hasta las 17:00 horas del 16 de junio del presente año, en las oficinas de la Comisión de Reforma Política-Electoral, situadas en el edificio F, planta baja de esta Cámara de Diputados, y en las extensiones 55283 y 51109.

Décima. Temario:

El plan de estudios está formado de la siguiente manera:

46 Horas.

Temario

Décima sesión, 29 y 31 de agosto.

Conferencias magistrales: Función jurisdiccional electoral

a) Mecanismos de justicia electoral;

b) Clasificación de los sistemas de justicia electoral: i) Clasificación de los sistemas de justicia electoral en el mundo, y ii) Sistemas de justicia electoral en los regímenes federales;

c) Sistemas de justicia electoral en América Latina y en el resto del mundo, y

d) Evolución de la justicia electoral en México.

Ponente: Doctor José de Jesús Orozco Henríquez, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

4 horas.

Undécima sesión, 2 de septiembre.

El acceso a la justicia como derecho humano:

a) El derecho humano a la justicia;

b) Recurso efectivo y debido proceso;

c) Garantías institucionales, y

d) Principios y garantías de los sistemas de justicia electoral: i) Tendencia a establecer un sistema de justicia electoral de carácter jurisdiccional; ii) Garantías institucionales u orgánicas, y iii) Garantías procesales.

Ponente: Doctor Flavio Galván Rivera, Escuela Judicial Electoral.

2 horas.

Duodécima sesión, 5 y 7 de septiembre.

Principales problemas de la política y la función judicial electoral

a) Politización de la justicia y judicialización de la política;

b) Independencia judicial e ideología política de la judicatura;

c) Carácter contramayoritario de la judicatura, la legitimación democrática directa e indirecta y legitimidad de sus decisiones, en especial, en la creación judicial del Derecho y el juicio ciudadano en los procesos de democracia representativa y directa o participativa;

d) Control inter orgánico (Checks and balances) y Quis custodiat ipsos custodes;

e) Deferencia al carácter racional y democrático del legislador;

f) Activismo judicial;

g) Juicios mediáticos, y

h) Protección inclusiva de los grupos desaventajados, la oposición y las minorías, y litigio estratégico y derechos humanos.

Ponente: Maestro Juan Carlos Silva Adaya, Escuela Judicial Electoral.

4 horas.

Atentamente

Diputada Graciela Sánchez Ortiz

Presidenta


Invitaciones

Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública

Y la Cámara de Diputados, a través de la Secretaría General y la Secretaría de Servicios Parlamentarios, a la decimosegunda edición del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública, cuya convocatoria abierta estará vigente hasta el miércoles 31 de agosto.

• Dirigido a todos los interesados en contribuir al conocimiento para el desarrollo social, regional y sustentable del país o a la construcción de políticas públicas de alcance nacional

• Consulta las bases en: https://bit.ly/3Abxqnv

Atentamente

M. en D. Hasuba Villa Bedolla

Encargada del Despacho de la Dirección General del CESOP

De la Cámara de Diputados, LXV Legislatura del Congreso de la Unión

A través de la Comisión de Reforma Política-Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por medio de la Escuela Judicial Electoral, al Diplomado en derecho electoral comparado; “diseño y constitución de las autoridades electorales: los modelos de conformación, organización y justicia electoral en América Latina y algunos casos de Europa”, primera edición, que se llevará a cabo los lunes, miércoles y viernes comprendidos entre el 20 de junio y el 7 de septiembre.

La Cámara de Diputados LXV Legislatura del Congreso de la Unión, a través de la Comisión de Reforma Política-Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Escuela Judicial Electoral, convocan a las personas interesadas en cursar el Diplomado en derecho electoral comparado, de conformidad con las siguientes:

Bases

Primera. Objetivos del diplomado:

Objetivo general:

• Proporcionar conocimientos especializados teóricos y prácticos, desde una perspectiva comparativa, sobre el diseño de autoridades electorales, su conformación, competencias, financiamiento e impartición de justicia electoral.

Objetivos particulares:

1. Conocer los aspectos fundamentales de las formas de Estado y formas de gobierno.

2. Estudiar los regímenes federal y unitario, así como confederación y uniones de Estados.

3. Identificar las características básicas de los sistemas presidencial y parlamentario.

4. Comprender los temas básicos del constitucionalismo contemporáneo.

5. Analizar los elementos fundamentales de los sistemas electorales y sistemas de partidos.

6. Evaluar los criterios básicos de una reforma electoral.

7. Determinación de los alcances de la materia electoral.

8. Exponer una perspectiva comparativa de los modelos de financiamiento.

9. Diferenciar los modelos de comunicación electoral, sus antecedentes.

10. Establecer los estándares internacionales en materia de elecciones y de integración de autoridades electorales.

11. Repasar la evolución de las instituciones y procedimientos electorales en México.

12. Distinguir las funciones básicas para la autoridad en materia electoral.

13. Analizar las funciones registral electoral; administrativa electoral y jurisdiccional electoral, desde una perspectiva comparativa.

14. Analizar los aspectos básicos del acceso a la justicia como derecho humano.

15. Analizar los principales problemas de la política y la función judicial electoral.

Segunda. Perfil de los participantes:

El diplomado está dirigido a integrantes de la Cámara de Diputados.

Tercera. Requisitos de selección:

Podrán participar legisladoras y legisladores, así como asistentes parlamentarios, asesores, personas de apoyo y de enlace técnico, y así como personas interesadas en la materia electoral, de acuerdo con los espacios disponibles, de cualquier edad sin comprobar un grado mínimo de estudios. Únicamente se tienen previstos 150 lugares.

Para obtener el diploma de participación es necesario que al término de la etapa correspondiente a las sesiones semipresenciales las personas participantes envíen las constancias que acrediten calificación aprobatoria de los siguientes cursos en línea:

1. Introducción al Derecho Electoral (40 horas).

2. Medios de Impugnación en Materia Electoral (40 horas).

Cuarta. Selección de los participantes:

La Escuela Judicial Electoral recibirá de la Comisión de Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados, la lista de las personas interesadas en cursar el Diplomado a más tardar el 16 de junio, para poder notificarles la liga de acceso al mismo.

Quinta. La estructura académica y duración de los estudios:

El diplomado estará conformado por lo siguiente:

1. Curso en línea. Introducción al Derecho Electoral (40 horas).

2. Curso en línea. Medios de impugnación en materia electoral (40 horas).

3. Sesiones presenciales y semipresenciales, en las que se estudiarán doce temas especializados en la materia electoral (44 horas).

La duración del programa es de un total de 124 horas, (44 horas de clase semipresenciales; 80 horas en línea mediante la acreditación de los dos cursos virtuales ya indicados) para llevarse a cabo del 20 de junio al 7 de septiembre del presente año.

Sexta. Fechas de inscripción y fecha de inicio

La Comisión de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados determinará los mecanismos para la integración de la lista de las personas que cursarán el diplomado, mientras que el inicio del programa es el 20 de junio de 2022. Los horarios de clase serán de 10:00 a 12:00 horas, lunes, miércoles y viernes.

Los días miércoles, únicamente, las sesiones serán presenciales y se llevarán a cabo en el auditorio Aurora Jiménez, situado en el edificio E, y, en su caso, el auditorio norte del edificio A, ambos en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, condicionado a la situación provocada por Covid-19.

Séptima. Acreditación:

Para obtener el diploma se requiere:

• 80% de asistencia a las sesiones semipresenciales.

• Aprobación de los cursos on line: Introducción al Derecho Electoral y Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Octava. Planta Docente y modalidad de impartición:

Las clases serán impartidas por el claustro del profesorado de la Escuela Judicial Electoral.

Novena. Inscripciones e informes:

Se realizarán a partir de la publicación de la presente Convocatoria hasta las 17:00 horas del 16 de junio del presente año, en las oficinas de la Comisión de Reforma Política-Electoral, situadas en el edificio F, planta baja de esta Cámara de Diputados, y en las extensiones 55283 y 51109.

Décima. Temario:

El plan de estudios está formado de la siguiente manera:

46 horas.

Temario

Décima sesión, 29 y 31 de agosto.

Conferencias magistrales: Función jurisdiccional electoral

a) Mecanismos de justicia electoral;

b) Clasificación de los sistemas de justicia electoral: i) Clasificación de los sistemas de justicia electoral en el mundo, y ii) Sistemas de justicia electoral en los regímenes federales;

c) Sistemas de justicia electoral en América Latina y en el resto del mundo, y

d) Evolución de la justicia electoral en México.

Ponente: Doctor José de Jesús Orozco Henríquez, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

4 horas.

Undécima sesión, 2 de septiembre.

El acceso a la justicia como derecho humano:

a) El derecho humano a la justicia;

b) Recurso efectivo y debido proceso;

c) Garantías institucionales, y

d) Principios y garantías de los sistemas de justicia electoral: i) Tendencia a establecer un sistema de justicia electoral de carácter jurisdiccional; ii) Garantías institucionales u orgánicas, y iii) Garantías procesales.

Ponente: Doctor Flavio Galván Rivera, Escuela Judicial Electoral.

2 horas.

Duodécima sesión, 5 y 7 de septiembre.

Principales problemas de la política y la función judicial electoral

a) Politización de la justicia y judicialización de la política;

b) Independencia judicial e ideología política de la judicatura;

c) Carácter contramayoritario de la judicatura, la legitimación democrática directa e indirecta y legitimidad de sus decisiones, en especial, en la creación judicial del Derecho y el juicio ciudadano en los procesos de democracia representativa y directa o participativa;

d) Control interorgánico (Checks and balances) y Quis custodiat ipsos custodes;

e) Deferencia al carácter racional y democrático del legislador;

f) Activismo judicial;

g) Juicios mediáticos, y

h) Protección inclusiva de los grupos desaventajados, la oposición y las minorías, y litigio estratégico y derechos humanos.

Ponente: Maestro Juan Carlos Silva Adaya, Escuela Judicial Electoral.

4 horas.

Del diputado Armando Contreras Castillo

Al foro Entornos escolares saludables: agenda pendiente en México, que se realizará el viernes 9 de septiembre, a las 10:00 horas, en la zona C del edificio G, en modalidad presencial.

Atentamente

Diputado Armando Contreras Castillo

Del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias

Y la Cámara de Diputados, a través de la Secretaría General y la Secretaría de Servicios Parlamentarios, al curso Régimen y naturaleza jurídica de la subcontratación especializada, cuyo acto inaugural será el miércoles 14 de septiembre, a las 9:00 horas, mediante la plataforma digital Zoom.

Objetivo: Analizar la subcontratación especializada para conocer cómo se presenta en la práctica jurídica, examinar el presupuesto legislativo de esta figura para determinar cómo se han blindado los derechos laborales y de seguridad social para la clase trabajadora con la finalidad de establecer si es eficaz el cumplimiento de esta situación jurídica por parte de la patronal.

Atentamente

Doctor Juan Carlos Cervantes Gómez

Director General

Del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias

Y la Cámara de Diputados, a través de la Secretaría General y la Secretaría de Servicios Parlamentarios, al curso Introducción al análisis de políticas públicas, cuyo acto inaugural será el miércoles 21 de septiembre, a las 9:00 horas, mediante la plataforma digital Zoom.

Objetivo: Exponer las principales características del análisis de políticas públicas y su utilidad para la resolución de problemas públicos.

Atentamente

Doctor Juan Carlos Cervantes Gómez

Director General

Del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias

Y la Cámara de Diputados, a través de la Secretaría General y la Secretaría de Servicios Parlamentarios, al curso Retos del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo acto inaugural será el miércoles 5 de octubre, a las 9:00 horas, mediante la plataforma digital Zoom.

Objetivo: Realizar un análisis del estado del Sistema Nacional Anticorrupción y, con ello, determinar los retos y prospectivas de éste, y cuáles son las necesidades en materia regulatoria.

Atentamente

Doctor Juan Carlos Cervantes Gómez

Director General