Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a indemnizar a los desplazados de diversos municipios chiapanecos despojados de sus propiedades a causa del levantamiento armado del EZLN en 1994, a cargo del diputado Alfredo Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena

Alfredo Vázquez Vázquez, diputado a la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presidente de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Breves antecedentes

Los procesos que generaron el fenómeno del desplazamiento forzado interno en Chiapas, resulta complejo y diverso, y abarcan a la totalidad de las regiones donde predomina la población indígena. Los movimientos forzados de población en Chiapas cobran notoriedad en la década de los 60 y en los años subsecuentes,1 sin embargo, esta situación se agudiza a raíz del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de 1994, que como resultado de los primeros enfrentamientos militares se produjo una migración forzada por motivos de guerra en la Zona de Conflicto. A esto se suma la aparición de los grupos paramilitares cuya finalidad fue combatir la insurgencia zapatista y crear enfrentamientos al interior de las comunidades indígenas, lo que generó sin duda alguna, más desplazamientos forzados.

En el año 2000 con el cambio de régimen estatal el asunto del desplazamiento forzado interno comenzó a figurar en el discurso oficial, de tal forma que se desplegaron algunas acciones gubernamentales tendentes a buscar alternativas a la problemática; una de ellas consistió en concretar negociaciones con los grupos confrontados para permitir el retorno de los grupos de desplazados a su lugar de origen, no obstante, dicha propuesta resultó inviable porque implicaba un enfrentamiento con los grupos zapatistas y además, era materialmente y físicamente imposible, motivo por el cual demandan una justa indemnización por las tierras despojadas.

Cabe señalar que, en esas tierras invadidas las comunidades zapatistas construyeron “municipios autónomos”, es decir, son autonomías de facto2 bajo una estructura política administrativa ejercida de la siguiente manera:

A. En el municipio de Ocosingo, Chiapas, se creó el Caracol de La Garrucha, con cuatro Municipios Autónomos que son: Francisco Gómez, San Manuel, Francisco Villa y Ricardo Flores Magón.

B. En el municipio de Las Margaritas, Chiapas, se creó el Caracol de la Realidad, con cuatro Municipios Autónomos que son: Autónomo General Emiliano Zapata, San Pedro de Michoacán, Libertad de los Pueblos Mayas y Tierra y Libertad.

C. En el Municipio de Palenque, Chiapas, se creó el Caracol de Roberto Barrios, con seis Municipios Autónomos que son: Del Trabajo, La Montaña, San José en Rebeldía, La Paz, Benito Juárez y Francisco Villa.

D. En el municipio de Altamirano, Chiapas, se creó el Caracol de Morelia, con siete Municipios Autónomos que son: 17 de Noviembre, Primero de Enero, Ernesto Che Guevara, Olga Isabel, Lucio Cabañas, Miguel Hidalgo y Vicente Guerrero.

E. En el Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se creó el Caracol de Oventic, con siete Municipios Autónomos que son: San Andrés Sacamch’en de los Pobres, San Juan de la Libertad, San Pedro Polhó, Santa Catarina, Magdalena de la Paz, 16 de Febrero y San Juan Apóstol Cancuc.

Es importante reiterar que es de sobra conocido que esas tierras actualmente están ocupadas, consecuentemente, no se pueden ingresar en ellas, ni acercarse a la zona porque se encuentran bajo el dominio de los simpatizantes del EZLN, quienes mantienen la posesión de las mismas.

En ese tenor, a más de 28 años de distancia a las personas desplazadas no se les ha garantizado su acceso a la justicia a pesar de que han acudido a diversas instancias de gobierno (gobierno local y federal), órganos no jurisdiccionales de protección de los derechos humanos, congreso local e instancias legislativas , a esto se suma que las instituciones mencionadas aducen no tener ninguna competencia legal para conocer y resolver la demanda de las personas desplazadas.

II. Puntos petitorios

En razón de lo descrito, es necesario que el gobierno federal asuma el compromiso de atender la demanda legítima de las personas que se encuentran en condición de desplazamiento forzado interno prolongado y así lograr una paz duradera en Chiapas. A continuación, se describen cada uno de los grupos que se han organizado para la lucha y defensa de sus derechos humanos, quienes exigen una indemnización justa y legítima por la pérdida de sus propiedades.

1. Propietarios Rurales Desplazados de la Zona de Conflicto de Chiapas A.C.

Se trata de un grupo de alrededor de 4,000 personas desplazadas, propietarias de 441 predios rústicos de los municipios de Altamirano, Ocosingo y Las Margaritas, con una superficie total de 41,937 hectáreas, que desde el 1o. de enero de 1994 fueron desplazadas de sus hogares de origen por el EZLN, mismos que actualmente están organizados en la asociación civil denominada Propietarios Rurales Desplazados de la Zona de Conflicto de Chiapas, AC.

Con motivo de las invasiones en sus pequeñas propiedades, perdieron todo su patrimonio producto del trabajo de varias generaciones (ganado, maquinaria, productos maderables), causándoles un gran daño. En el año 1996, la entonces Secretaría de la Reforma Agraria del gobierno federal creó el Fideicomiso de Aparcería Bovina y Proyectos Productivos Agropecuarios (FIAPAR), mediante el cual recibieron un irrisorio apoyo económico a cambio de entregar en garantía sus títulos de propiedad. Este fideicomiso se extinguió en 2015 por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Este grupo de personas desplazadas estima que el valor de una hectárea vale aproximadamente $100, 000.00 (Cien mil pesos).

2. Unión de pequeños propietarios “Benito Juárez” zona cañadas.

Se trata de un grupo de alrededor de 61 personas desplazadas, propietarios de 61 predios rústicos de los municipios de Altamirano, Ocosingo y Las Margaritas, con una superficie total de 10,105-60-97 hectáreas, que desde el primero de enero de 1994 fueron desplazados de sus lugares de origen por el EZLN, y que actualmente se encuentran aglutinados en la organización denominada Unión de pequeños propietarios “Benito Juárez” zona cañadas.

Cabe mencionar el año 1996, la entonces Secretaría de la Reforma Agraria del gobierno federal creó un Fideicomiso para beneficiar a las personas desplazadas, sin embargo, la Unión de pequeños propietarios “Benito Juárez” zona cañadas no fue beneficiada por diversas razones.

Este grupo de personas desplazadas estima que el valor de una hectárea vale aproximadamente $100, 000.00 (Cien mil pesos).

3. Pequeños Propietarios Desplazados del 94.

Este grupo de desplazados de los municipios de Ocosingo y Altamirano se integra por 110 propietarios, lo que equivale a un total de 6674 hectáreas; quienes fueron despojados de sus propiedades a causa del levantamiento armado del EZLN en 1994.

En el año 2006, 103 propietarios recibieron apoyos menores por parte del gobierno federal a través del Programa Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER), sin embargo, esos funcionarios se aprovecharon de que el grupo de desplazados no sabía leer ni escribir, o bien, no comprendían el alcance de los documentos que firmaron, pues éstos tenían por objeto considerar ilegalmente a estas personas como indemnizadas.

Este grupo de personas desplazadas estima que el valor de una hectárea vale aproximadamente $100, 000.00 (Cien mil pesos).

4. Ejido Paraíso del Carmen (Ocosingo, Chiapas).

En 1996 se les dotó de una superficie de 350 hectáreas a través del fideicomiso Fondo 95, meses después fueron expulsados de sus tierras por parte de integrantes del EZLN, los cuales se vieron obligados a refugiarse en su lugar de origen que es el ejido Laguna del Carmen Patathe. A más de 20 años de este acontecimiento, las 70 familias afectadas no se les han resarcido sus daños.

5. José Marcelo Toledo (Ocosingo, Chiapas).

En el año 1995 fueron dotados de 62 hectáreas a través del fideicomiso agrario F/95 017; en 1996 fueron expulsados de sus tierras por parte de integrantes del EZLN, quienes no se prestan al día de hoy para llevar a cabo una negociación con los legítimos propietarios.

6. Ejido San José la Soledad (Ocosingo, Chiapas).

En el año 1995 fueron dotados de 120 hectáreas a través de un fideicomiso agrario, sin embargo, en 2002 los 24 ejidatarios fueron expulsados de sus tierras por parte de integrantes del EZLN; ahora tienen la condición de desplazados en el ejido Delicias Casco.

7. Copropiedad Cintalapa (Ocosingo, Chiapas).

En el año de 1973 adquirieron la propiedad de 150 hectáreas con la denominación de Cintalapa, sin embargo, el 23 de marzo de 1995 fueron desplazados por integrantes del EZLN, quienes al día de hoy no se prestan para llevar a cabo una negociación con los legítimos propietarios.

8. Unión de Sociedades de Producción Rural y Limitada La Victoria (Altamirano, Chiapas).

Grupo integrado por 37 familias del municipio de Altamirano, quienes fueron desplazadas en el año 2000 por integrantes del EZLN; no pueden regresar a sus propiedades a fin de evitar una confrontación con los zapatistas.

III. Fundamentos constitucionales y convencionales de los derechos humanos de las personas desplazadas internas.

La omisión o abstención de las instancias o autoridades responsables para atender y garantizar los derechos humanos de las personas desplazadas en su calidad de víctimas, vulneran los artículos 8o., 21, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; numerales 17 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; preceptos 3o. y 6o. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos.

A nivel constitucional se violan entre otros, los siguientes derechos humanos, a partir del artículo 1o., que señala que todas las autoridades mexicanas dentro del ámbito de sus competencias están obligadas a promover y garantizar los derechos humanos: a no ser discriminado, a la propiedad, a una justicia pronta y expedita, a un recurso judicial efectivo.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones se pueda indemnizar a las personas desplazadas a causa del levantamiento armado del EZLN de 1994, toda vez que poseen la propiedad libre de gravamen de cada uno de sus propiedades, pero existe la imposibilidad física y material para volver a ocuparlas y trabajarlas.

Notas

1 Cfr. Cruz Burguete, Jorge Luis, “Las condiciones de desplazamiento interno en Chiapas”, en Ordoñez Cifuentes, José Emilio (coord.), Migración: pueblos indígenas y afromexicanos, México, UNAM, 2007, pp. 67 y ss. Disponible en:
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/2477-migracion-pueblos-indigenas-y-afroamericanos-xv-jornadas-lascasianas-internacionales (Consultado el 10 de abril de 2022).

2 Sobre el proyecto autonómico zapatista véase Burguete Cal y Mayor, Araceli, “Una década de autonomías de facto en Chiapas (1994-2004): los límites, en Dávalos, Pablo (comp.), Pueblos indígenas, Estado y Democracia, Buenos Aires, Clacso, 2005, pp. 239-278. Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/davalos/CapBurguete.pd f (Consultado el 30 de marzo de 2022).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2022.

Diputado Alfredo Vázquez Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a presentar a la opinión pública una MIA que sustente la viabilidad de los trabajos del Tren Maya en el tramo 5, a cargo de la diputada María Teresa Castell de Oro Palacios, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada María Teresa Castell de Oro Palacios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en apego a sus atribuciones, presente a la opinión pública una manifestación de impacto ambiental que sustente la viabilidad de los trabajos del Tren Maya en su tramo 5, en términos de las siguientes

Consideraciones

El denominado Tren Maya es uno de los proyectos insignia de la actual administración federal que busca reactivar la economía de la región sureste de México, y cuyas cifras estiman que con su construcción el traslado de mercancías en la región será hasta 72 por ciento más rápido, que habrá una derrama de más de 148 mil millones de pesos por visitas y que los ingresos generados al mejorar la interconectividad y las economías de aglomeración será de 33 mil millones de pesos.1

Sin embargo, a pesar del panorama halagüeño que el gobierno pretende mostrar, son múltiples los señalamientos de especialistas y organizaciones ambientales acerca de los impactos negativos que provocará a la selva de la península de Yucatán su construcción, especialmente en el tramo 5, que tendrá una extensión de 121 kilómetros y conectará a Tulum con el aeropuerto de Cancún.

Los trabajos en esta sección fueron modificados por la Secretaría de la Defensa Nacional, responsable de la obra, principalmente por la inestabilidad del suelo por el que iba a transitar originalmente y, en segundo lugar, por la expropiación de terrenos que se hubiese llevado a cabo en caso de seguir con el trazado original.

No obstante, los trabajos del tramo 5 han resultado alarmantes para la opinión pública y especialistas en materia medioambiental por el hecho de que se realizan en zonas con una enorme riqueza de flora y fauna, tal como lo señala el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, organización que realizó hincapié en algunos efectos adversos que podrían devenir con las obras en comento, donde resaltan los siguientes2 :

? Deforestación de 2 mil 500 hectáreas de selvas húmedas y secas.

? Ruido excesivo que podría afectar la orientación de los murciélagos.

? Impacto en áreas naturales protegidas.

? Desabasto de agua, principalmente en la zona de Calakmul.

? Pérdida de hábitat.

? Riesgo de crisis por acumulación de residuos.

? Conflictos sociales por tenencia de la tierra.

Además, se ha advertido que con la edificación del tramo 5 se corre el riesgo de colapsar el sistema de cenotes que se encuentran en el lugar, principalmente por las perforaciones, peso de la maquinaria empleada y las vibraciones que éstas provocan, lo que resulta de especial preocupación y tendría que ser objeto de atención por las autoridades gubernamentales debido a que estos sistemas de ríos subterráneos cuentan con una historia ancestral entre las comunidades de la región, quienes por años los han considerado como sitios sagrados.3

Organizaciones que históricamente han luchado en pro de la conservación del medio ambiente, como lo es Greenpeace , interpuso una serie de recomendaciones al gobierno de México para que sean reconsiderados los trabajos tal como se pretenden llevar a cabo, aunado a acciones como las del lunes 28 de marzo del presente año, donde se llevó a cabo una clausura simbólica de la maquinaria utilizada en la obra, junto con mensajes como “Protejamos la Selva Maya”.4

Otro sector que de igual forma se ha pronunciado ante las afectaciones que pueden llegar a sufrir, son las comunidades indígenas, donde una de sus preocupaciones primordiales es el abastecimiento de agua, ya que sus cosechas dependen enteramente de las temporadas lluviosas, porque temen quedarse sin el vital líquido que sin duda será utilizado tanto en los trabajos como una vez puesto el tren en funcionamiento.5

Las comunidades también han mencionado en reiteradas ocasiones que los funcionarios no les consultaron de una manera adecuada y que no se ha cumplido con estándares internacionales en cuanto a derechos humanos, violando su derecho a la consulta y a su consentimiento para dar pie al proyecto mencionado por lo que una ola de amparos y demás acciones legales han visto la luz desde que iniciaron las obras.6

Derivado de todo lo anterior, fue que el propio Congreso de Quintana Roo formuló una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Presidente López Obrador, al Fondo Nacional del Fomento al Turismo, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a suspender en su totalidad las obras y trabajos con motivo de la construcción del tramo 5, bajo el argumento de que las actividades relacionadas no cuentan con autorización de impacto ambiental y de cambio de uso del suelo en terrenos forestales, aunado a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tampoco ha presentado la manifestación de impacto ambiental (MIA).7

En este sentido, resulta preocupante que la dependencia del Gobierno federal encargada de evaluar y conducir la política medioambiental, como lo es la Secretaría de Medio Ambiente, no haya emitido los recursos necesarios para comprender el impacto en la Selva Maya y, en todo caso, dictaminar las acciones necesarias para privilegiar su conservación.

Por ello, el actual punto de acuerdo busca precisamente que la dependencia, atendiendo sus facultades y obligaciones inicie las acciones necesarias para presentar una manifestación de impacto ambiental, toda vez que esta es considerada por el propio gobierno como un instrumento de la política ambiental que tiene el objetivo de prevenir, mitigar y restaurar los daños al ambiente, así como la regulación de obras o actividades para evitar o reducir sus efectos negativos en el ambiente y en la salud humana. 8

Lo anterior, atendiendo lo dispuesto en el artículo 5o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que faculta a la federación, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a velar por la preservación y protección ecológica, en sus fracciones9 :

“II. La aplicación de los instrumentos de la política ambiental previstos en esta Ley, en los términos en ella establecidos, así como la regulación de las acciones para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realicen en bienes y zonas de jurisdicción federal;

X. La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a que se refiere el artículo 28 de esta Ley y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes;

XV. La regulación de la prevención de la contaminación ambiental originada por ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente;

XVIII. La emisión de recomendaciones a autoridades Federales, Estatales y Municipales, con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación ambiental;

XX. La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más entidades federativas”.

Igualmente, en la sección V de la ley en comento, se establece en el artículo 28 que la evaluación de impacto ambiental deberá ser un “procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente”.10

Por lo antes expuesto es que se somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en apego a sus atribuciones, presente a la opinión pública una manifestación de impacto ambiental que sustente la viabilidad de los trabajos del Tren Maya en su tramo 5.

Notas

1 Secretaría de Turismo. (2020). Tren Maya. Beneficios al Turismo del Sureste. Consultado en:
https://www.trenmaya.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/TM_Diptico_EmpresariosHoteleros_v4Digital_Baja.pdf

2 Tec Review. (2022). ¿Por qué importa el Tramo 5 del Tren Maya? Consultado en:
https://tecreview.tec.mx/2022/03/28/tendencias/tramo-5-del-tren-maya/

3 El Sol de México . (2022). Construcción del tramo 5 del Tren Maya derrumbaría milenarios cenotes de la selva maya. Consultado en: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/
tren-maya-construccion-del-tramo-5-derrumbaria-cenotes-de-selva-maya-8027276.html

4 Forbes . (2022). Greenpeace ‘clausura’ trabajos en tramo 5 del Tren Maya. Consultado en:
https://www.forbes.com.mx/greenpeace-clausura-trabajos-en-tramo-5-del-tren-maya/
#:~:text=De%20acuerdo%20con%20la%20organizaci%C3%B3n,cerca%20de%20200%20sitios%20arqueol%C3%B3gicos.

5 El País . (2020). La lucha indígena que busca ponerle freno al Tren Maya. Consultado en: https://elpais.com/mexico/sociedad/2020-12-17/la-lucha-indigena-que-bus ca-ponerle-freno-al-tren-maya.html )

6 Mongabay. (2022). México: nada detiene el proyecto del Tren Maya, ni siquiera las demandas judiciales. Consultado en: https://es.mongabay.com/2022/02/mexico-nada-detiene-el-proyecto-del-tre n-maya-demandas-judiciales/ )

7 El Universal . (2022). Presentan exhorto para pedir a AMLO suspender obras y actividades del Tramo 5 del Tren Maya. Consultado en: https://www.eluniversal.com.mx/estados/presentan-exhorto-para-pedir-aml o-suspender-obras-y-actividades-del-tramo-5-del-tren-maya

8 Gobierno de México. (2019). ¿Qué es la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)? Consultado en:
https://www.gob.mx/profepa/articulos/manifestacion-de-impacto-ambiental-mia#:~:text=11)-,%C2%BFQu%
C3%A9%20es%20la%20Manifestaci%C3%B3n%20de%20Impacto%20Ambiental%20(MIA)%3F,y%20en%20la%20salud%20humana.

9 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Consultado en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGEEPA.pdf

10 Ibíd

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2022.

Diputada María Teresa Castell de Oro Palacios (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a promulgar y publicar en el DOF la reforma de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La violencia contra las mujeres en México ha rebasado a las autoridades en los diferentes ámbitos de gobierno, hoy más que nunca nos sentimos inseguras y no existen políticas públicas o estrategias que permitan brindar los resultados que se requieren para proteger a las mujeres en nuestro país. Hasta el día de hoy el gobierno federal se ha encargado de minimizar las cifras de violencia, sin embargo, la realidad está rebasando las cifras oficiales y mostrando que la omisión en acciones está constando la vida de las mujeres.

Los casos de Nuevo León son sólo una muestra de lo que sucede a escala nacional. Si no se pone atención a este problema, continuaremos teniendo mujeres desaparecidas violentadas, secuestradas y asesinadas. Los datos están presentes: “De enero a noviembre de 2021, en México fueron asesinadas 3 mil 462 mujeres, un promedio de 10 al día. Del total de mexicanas asesinadas, 2 mil 540 fueron víctimas de homicidio doloso, mientras que 922 sufrieron feminicidio por razón de su género, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”. 1 En el informe del secretariado correspondiente al corte del 28 de febrero de 2022 se reporta que sólo en enero y febrero se presentaron 155 delitos de feminicidio. 2

Redim, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (Rnpdno), que publicó la Secretaría de Gobernación el 11 de abril de 2022, cada día, 14 personas de entre 0 y 17 años se reportaron desaparecidas, no localizadas o localizadas durante 2021. Desde que se tiene registro, 82 mil 328 niñas, niños y adolescentes han sido reportadas en esta situación, y 1 de cada 5 de estas personas continuaban desaparecidas o no localizadas hasta el 11 de abril de 2022 (16 mil 378 en total). En total, 710 niñas, niños y adolescentes reportadas como desaparecidos o no localizados han sido encontrados sin vida hasta el 11 de abril de 2022 . El Rnpdno no facilita información sobre el estado de las personas que fueron halladas con vida, aunque algunas de estas pudieron haber sufrido violencia.3

En este contexto de violencia contra las mujeres los mecanismos legales previstos en la ley para que las autoridades hagan frente de manera pronta y expedita se convierten en pieza clave para evitar que la violencia continue incrementando, ejemplo de ello es la alerta de violencia de género contra las mujeres.

La alerta de género surge con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007, los dictámenes correspondientes a esta ley reconocen la urgente necesidad de crear un marco jurídico a nivel nacional, que atienda los derechos humanos más fundamentales de las mujeres y niñas, a fin de brindar a éstas una mayor protección y dar cabal cumplimiento a los instrumentos internacionales ratificados por el Senado de la República y que para facilitar la difícil tarea de erradicar la violencia de género, es necesaria la intervención multidisciplinaria de distintos operadores sociales, tales como sanitarios, policiales y judiciales, ya que en este momento la prioridad de todos ellos ha de ser terminar con el ciclo de violencia y dotar a las víctimas de garantías legales y sociales para hacer efectiva su voluntad de cambiar la situación.

El artículo 22 de dicha ley establece a la letra lo siguiente:

Artículo 22. Alerta de violencia de género: Es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.

Como objetivo de este mecanismo se plantea garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra o eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos humanos.

Artículo 23. La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que se deberá:

I. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo;

II. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida;

III. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres;

IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres; y

V. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar.

De igual forma se establecieron los parámetros para el establecimiento de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el subsecuente artículo:

Artículo 24. La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, se emitirá cuando

I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame;

II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las Mujeres; y

III. Los organismos de derechos humanos a escala nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil o los organismos internacionales así lo soliciten.

Desde su implantación, en 2007, hasta 2021 se han realizado 36 solicitudes de alerta de violencia de género, de la cuales han derivado en 25 declaratorias: distribuidas alrededor de la república de la siguiente manera: Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, estado de México 2, Guerrero 2, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz 2 y Zacatecas.

La figura de la alerta de género contra las mujeres ha sido una prioridad para la actual legislatura. Por ello, el 8 de marzo de 2022, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en la Cámara de Diputados aprobamos por unanimidad una minuta para actualizar el procedimiento de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres ya que el actual presentaba grandes lagunas, de conformidad con el dictamen se resaltaron las siguientes deficiencias como 4

- El procedimiento actual establece la solicitud de declaratoria ante la Segob-Conavim, instancia que para emitir una opinión debe convocar a un comité de expertas independiente quienes después de varios meses de trabajo documental y de campo emiten un informe con recomendaciones y propuestas, mismo que sirve de base para la Declaratoria de la AVGM en casos de ser procedente, o bien, sirve de base para sustentar la negativa a la solicitud planteada. Este procedimiento implica una gran inversión de tiempo, de personal y de recursos, convirtiendo el trámite en sí mismo en un asunto burocrático muy complejo, desvirtuando con ello la naturaleza de urgencia e inmediatez que la naturaleza misma de la AVGM pretende atender.

- Tanto en el procedimiento de tramitación como en la distribución de las acciones para atender las declaratorias de la AVGM no resulta claro el nivel de responsabilidad ni de competencias de cada uno de los 3 órdenes de gobierno, por ejemplo, en la investigación del Comité de Expertas previo a la declaratoria de la alerta se solicita información a las autoridades estatales sobre determinada zona o determinado contexto, pero no se involucra a las autoridades municipales ni a las federales en relación a esa misma zona geográfica.

Lo mismo sucede al momento de emitir la declaratoria, pues la propia Conavim sólo dicta medidas hacia el gobierno estatal, hacia la fiscalía local y eventualmente al Poder Judicial de la entidad, omitiendo señalar medidas específicas de competencia del orden municipal, así como medidas de concurrencia o colaboración con el orden federal. Parecería que la Conavim reconoce la existencia de un problema “únicamente” en manos de las autoridades estatales, sin implicar en la solución a la problemática ni a los gobiernos municipales ni a la propia federación.

- Actualmente ninguna de las AVGM se ha levantado, en la legislación no existen criterios para que esta situación se actualice. En general faltan indicadores que permitan evaluar la efectividad de esta. Este tema está relacionado con la definición de si a través de la AVGM se determinaran acciones de política pública o no.

- La AVGM fue concebida en su diseño original como una medida urgente, inmediata y de intervención multinivel, para enfrentar una emergencia de violencia de género en una zona determinada del país, algo parecido a lo que ocurre con las declaratorias de emergencia del Fonden o del Plan DNIII.

Sin embargo, estas AVGM se han ido convirtiendo en planes de gobierno a largo plazo, con medidas que no se resuelven ni atienden la emergencia en lo inmediato, y que se convierten en programas de políticas públicas cuyos resultados pueden ser medidos objetivamente en 10 o 15 años para evaluar correctamente su eficacia.

- Asimismo, se debe sumar a lo anterior que no existe una reglamentación específica sobre su funcionamiento, por lo que los criterios de implementación han venido definiéndose y modificándose en cada caso; no se asignan suficientes recursos para su implementación y no existe una regulación de todas las etapas del procedimiento de la Alerta, desde la presentación de la solicitud hasta el eventual levantamiento de la misma; lo cual ha resultado en la discrecionalidad en el procedimiento, así como a su politización.

Por todo lo anterior, la minuta aprobada por la Cámara de Diputados estableció cambios fundamentales en el procedimiento para la implantación de la alerta de violencia de género contra las mujeres, destacando los siguientes:

• Que la emisión de la alerta de violencia de género contra mujeres deberá ser de forma pronta y expedita, atendiendo a la situación de urgencia de los hechos documentados, al territorio especificado en la solicitud, así como al principio de debida diligencia.

• Se aprobó que las autoridades deberán adoptar las medidas presupuestales necesarias y suficientes de carácter extraordinario para hacer frente a la alerta de violencia de género contra las mujeres.

• Se estableció que el tiempo entre la admisión de la solicitud de alerta y la declaratoria no podrá exceder de 45 días naturales, esto para agilizar y dar urgencia a los casos que atentan contra las mujeres.

• Se estableció que una vez admitida la solicitud de alerta, se conformará un Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario integrado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Mecanismo para el adelanto de las mujeres de la entidad federativa sobre la cual se presenta la solicitud de Alerta de Violencia de Género, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las solicitantes, así como personas e instituciones que se consideren especialistas en derechos humanos de las mujeres.

• Se establece que las autoridades deberán hacer público el motivo de la alerta, la zona en que será implantada y las acciones que se deberán realizar, así como elaborar un programa de acciones que trasparente las acciones para hacer frente a la violencia feminicida.

Con la aprobación de este dictamen se fortalece la figura de alerta de violencia de género, pero sobre todo se mandata a las instituciones a realizar acciones claras, trasparentes, expeditas y urgentes y da claridad respecto de las obligaciones que tienen cada uno de los tres órdenes de gobierno para atender casos de urgencia como en los que hoy estamos viviendo.

A pesar de este asunto fue aprobado el 8 de marzo, hace ya más de un mes y medio, preocupa de sobremanera que el Ejecutivo Federal no ha realizado la publicación de esta reforma en el Diario Oficial de la Federación. Sin duda alguna este tema es de suma relevancia y requiere que se le dé un trato prioritario y hoy a la luz de hechos la publicación de esta reforma en el DOF debe ser urgente.

El artículo 72, inciso b), de la Constitución establece los plazos que tiene el Ejecutivo federal para publicar las reformas aprobadas por el Poder Legislativo los cuales deben realizarse:

B) Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción ; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto...

Y en caso de que el presidente de la República no realice la promulgación y publicación, entonces corresponde al presidente de la Cámara de origen realizarla de conformidad con la segunda parte del artículo citado, el cual establece: “Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado, y el presidente de la Cámara de origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracción no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente”.

Por lo anterior y la urgencia del caso, es necesario exhortar al Ejecutivo Federal para que publique la reforma antes citada, sobre todo porque no existe justificación alguna para detener la entrada en vigor de una reforma tan relevante sobre todo cuando el Ejecutivo federal ha demostrado que cuando tiene interés en que las leyes entren en vigor publica en el Diario Oficial al día siguiente de que son aprobadas por las Cámaras, por ello, se exige el mismo trato a un tema tan delicado y preocupante como es la seguridad de las mujeres en el país. En este sentido someto a consideración de la asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que de conformidad con el artículo 72, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgue y publique de manera urgente en el Diario Oficial de la Federación la reforma de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de alerta de violencia de género contra ellas, aprobada el 8 de marzo de 2022 por ambas Cámaras.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que de conformidad con la segunda parte del artículo 72, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se realice el computo del plazo para la promulgación y publicación que debe realizar el Ejecutivo federal respecto a la reforma de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de alerta de violencia de género contra ellas, para que, en su caso, ordene la promulgación y publicación correspondiente derivado de la urgencia del tema.

Notas

1 El País, edición México. El periódico global, Almudena Barragán Container: El País México Año: 2021. URL:

https://elpais.com/mexico/2021-12-31/mexico-cierra-un-an o-negro-con-mas-de-3000-mujeres-asesinadas.html

2 Info-delict-violencia contra las mujeres-Feb22.pdf. Documentos. Año: 2022. URL:

https://drive.google.com/file/d/1xH44QYX7latXz57Zx3CDfsP SlCOVfeaM/view

3 Niñez y adolescencia desaparecida en México - Blog de datos e incidencia política de REDIM, Blog de datos e incidencia política de Redim. Año: 2022. URL:

https://blog.derechosinfancia.org.mx/2022/04/11/ninez-y- adolescencia-desaparecida-en-mexico-4/

4 Dictamen aprobado por la Comisión de Igualdad de Género y publicado en la Gaceta Parlamentaria,

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2022/mar/20220308- III.pdf#page=2

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2022.

Diputada Ana Lilia herrera Anzaldo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedatu a ejercer acciones en favor de los pobladores de la colonia Camino Verde, en Tijuana, BC, afectados por derrumbes y desplazamientos de tierra, a cargo del diputado Fausto Gallardo García, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Fausto Gallardo García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Cientos de familias bajacalifornianas están viviendo una pesadilla porque de la noche a la mañana han sufrido daños en su patrimonio, sus hogares y sus enceres, sin embargo, en la acción gubernamental de las autoridades del ámbito federal, estatal y municipal vislumbran una luz en el camino para recuperar un poco de lo mucho que han perdido.

Desde noviembre de 2021, pobladores de la colonia Camino Verde, en Tijuana, Baja California, alertaron a las autoridades locales sobre los desplazamientos de tierra que se estaban registrando en el lugar, lo cual ha suscitado la evacuación de las y los colonos con el propósito de evitar pérdidas de vidas humanas, sin embargo, la mayoría se niega a abandonar sus viviendas, ya que sin duda resulta una situación dolorosa, pues les representan más de 35 años de trabajo y lucha por la conformación de su patrimonio.

Inicialmente, Protección Civil de Tijuana contabilizó 90 familias afectadas y poco más de 85 viviendas censadas con daños graves y consideradas de alto riesgo. Esta situación ha implicado, por la propia seguridad de las personas, su evacuación urgente hacia los albergues que se han dispuesto para recibir a los afectados.

Las imágenes que circulan no solo en los medios de comunicación, sino a través de las diversas plataformas digitales nos dan una perspectiva de la situación que impera en la colonia Camino Verde, donde el común denominador es la tristeza, la desolación y la pena por cómo se ha visto mermado su patrimonio, forjado gracias a años de trabajo, con las mencionadas afectaciones.

Testimonios de los afectados dados a conocer a través del diario El Mexicano detallan la situación prevaleciente para los habitantes de Camino Verde, con circunstancias que se ven agravadas con la pérdida del patrimonio, como es el caso siguiente: “Gilberto Hernández dijo que perdió el pequeño patrimonio que había construido durante su vida. Sumado a ello, la salud de su esposa María Magdalena empeora, pues el Parkinson y la diabetes que estaban controlados ya no lo están. Ahora, los movimientos involuntarios están presentes y no logra conciliar el sueño”.1

De acuerdo con los trascendidos por los diarios locales, el gobierno de Tijuana presentó algunas áreas en las que se podría reubicar a algunos de los damnificados por los deslizamientos de la ladera en la colonia de referencia.

Según el diario El Imparcial, “la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se comprometió a ayudar a las familias afectadas por los derrumbes en la colonia Camino Verde, de Tijuana, y que su secretario general de Gobierno, Catalino Zavala, señaló que se les reubicará de manera temporal en un albergue y se les podrá otorgar una vivienda, mientras que la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, señaló que todavía no se ha determinado una zona para otorgar a las víctimas debido a que primero se tiene que realizar una investigación”.2

Como es evidente, la autoridades locales y estatales han manifestado su amplia disposición en favor de los damnificados de Camino Verde, sin embargo, es necesaria también la colaboración de las autoridades federales en la búsqueda y consolidación del apoyo que las familias tijuanenses afectadas requieren para recuperar su estabilidad patrimonial y para proteger su vida e integridad en los términos más amplios.

Esta representación es sabedora que la decisión sobre los predios en donde se reubicará a los damnificados la tomará el gobierno estatal, no obstante, la autoridad municipal está trabajando de manera conjunta con la secretaría de Integración y Bienestar Social de Baja California para apoyar a las familias de Camino Verde.

Es importante que la Federación realice acciones contundentes en favor de las mil 175 personas afectadas, pues entre ellos se encuentran 782 adultos, 365 menores y 28 personas en situación de discapacidad, de acuerdo con el último censo realizado por el ayuntamiento de Tijuana.

Por la situación que prevalece para las familias involucradas en esta problemática, se considera oportuno que se les priorice como beneficiarios de los programas federales en materia de vivienda, a saber, el Programa de Vivienda Social de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en coparticipación con el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda de Baja California y la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental de Tijuana.

Lo anterior, toda vez que el programa referido persigue objetivos aplicables al caso en concreto y que, como lo señalan sus propios objetivos y mecanismos articuladores de las reglas de operación, se persigue la concreción normativa de lo mandatado por el artículo 4o., párrafo séptimo, de nuestra Carta Magna, a través de la atención prioritaria de la población afectada por algún fenómeno natural perturbador, de la población que habita en situación de riesgo, o bien, que pertenece a grupos en condición de vulnerabilidad.

Derivado de lo anterior, y en razón de la urgencia por atender la demanda de vivienda digna para los pobladores de la colonia Camino Verde de Tijuana, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que, en coordinación con el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda de Baja California y la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental de Tijuana, se emprendan las acciones necesarias para la incorporación al Programa de Vivienda Social a los pobladores de la Colonia Camino Verde, afectados por los derrumbes y desplazamientos de tierra causados por agentes perturbadores de origen geológico.

Notas

1 Lilia, 2022.

2 Reyes, 2022.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2022.

Diputado Fausto Gallardo García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas comisiones de la colegisladora a continuar el proceso legislativo de discusión y votación de la minuta sobre regulación del cannabis enviada el 11 de marzo de 2021 por esta soberanía, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a la siguiente

Exposición de Motivos

I. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) observó en la Primera Sala mediante los Amparos en Revisión 237/2014, 1115/2017, 623/2017, 547/2018 y 548/2018 y en cinco ocasiones respecto a la inconstitucionalidad de los artículos 235 último párrafo, 237, 245 fracción I, 247 último párrafo y 248 de la Ley General de Salud . La Suprema Corte estimó que dichos artículos resultan violatorios del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, por lo que emite un acuerdo relativo al procedimiento de Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018 .

En dichos artículos se determinó que la Secretaría de Salud establece una prohibición de autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos -sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar- del estupefaciente “cannabis” (sativa, índica y americana o mariguana, su resina preparados y semillas) y del psicotrópicos “THC” (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto, conocido como marihuana.1

Por tal razón, la Suprema Corte de Justicia determinó que este Congreso de la Unión debe de legislar en la materia, lo cual obliga modificar o derogar los artículos 235 último párrafo, 237, 245 fracción I, 247 último párrafo y 248 de la Ley General de Salud por ser violatorios del derecho al libre desarrollo de la personalidad, atento a los artículos 107 fracción II párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 232 de la Ley de Amparo.

“Que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emite autorizaciones para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente “cannabis” y del psicotrópico “THC”, en conjunto conocido como marihuana”

• Inconstitucionalidad de la prohibición absoluta al consumo lúdico o recreativo de marihuana prevista por la Ley General de Salud.

• Prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana no es una medida necesaria para proteger la salud y el orden público (Conforme a los derechos humanos y protección al desarrollo a la libre personalidad principio pro-persona).

El 19 de noviembre de 2020 el Senado de la República dio la primera lectura la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal y en la misma fecha fue aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones.

El dictamen presentado ante el Pleno de Sesiones del Senado de la República dentro de las iniciativas consideradas se ubica la presentada por las y los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano con fecha de 6 de noviembre de 2018. En este sentido vale la pena recordar que en el cuerpo normativo del dictamen de la colegisladora señalaba que en nuestro país se mantiene un modelo prohibicionista que sigue las reglas impuestas por los tratados internacionales y signados por nuestro país en torno a tal tópico.

Asimismo, que dicho modelo se sustenta en la necesidad de prohibir el uso de las drogas en aras de proteger la salud ante el daño que causan, por lo que se sancionan las diversas actividades relacionadas con su uso, desde la producción, hasta el consumo, salvo los mínimos casos previstos en la ley.2

No obstante, se destacó dentro de la discusión del pleno que el consumo de sustancias psicoactivas, entre estas el cannabis, no debe continuar con la tendencia de considerarla como uno de los graves problemas de salud pública en México, pues dicha prohibición y no regulación ha tenido como consecuencia una serie de mitos negativos hacia la salud; caso contrario se ha demostrado con información de la comunidad científica el uso para fines terapéuticos, siempre y cuando sea con los porcentajes adecuados.3 Asimismo la declaratoria de inconstitucionalidad no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de las sustancias.

En lo que respecta a la criminalización de uso y consumo del cannabis hacia las personas vale la pena recordar el ejercicio de parlamento abierto que se realizó donde organizaciones de la sociedad civil, especialistas, académicos y personal del sector salud coincidieron que el modelo prohibicionista provoca más daño de lo que se pudiera evitar, que no existe una relación funcional de las estrategias actuales de control y castigo como método de solución preventiva en materia de combate hacia las drogas y que es urgente y necesario la regulación del cannabis

Dicho modelo prohibicionista que se ha mantenido en diversos países no han demostrado una efectividad para el combate de los índices de criminalidad o de protección y prevención hacia los consumidores, ya que, a falta de regulación, se desconoce el origen y la cadena producción, proceso y calidad. Dicho lo anterior de mejor forma fomenta el uso de productos nocivos para la salud y su criminalización por quienes la distribuyen en el marco de la ilegalidad, así como los hechos delictivos que se desprenden por su distribución.

Esta tendencia ha replicado en algunos países donde está regulada o legalizada el uso de la mariguana como es Países Bajos, Estados Unidos (algunos para uso recreativo y otros medicinal), Uruguay, Costa Rica, Colombia, Australia, España, Portugal, Canadá, Chile, India, Argentina, Bolivia y Jamaica. (algunos otros para fines medicinales). En nuestro país comienza a dirigirse por una nueva ruta en materia de política de drogas, con el fin de establecer una regulación responsable sin los -estigmas de antaño que pone a las y los consumidores como delincuentes- .

Asimismo, las propuesta presentadas tanto en esta Cámara de Diputados como con la Colegisladora se intenta proteger a la sociedad, así como establecer nuevos lineamientos para su comercialización y consumo responsable con el objeto de garantizar los derechos amplios y progresivos en el desarrollo de la personalidad en virtud de crear nuevas condiciones para las y los mexicanos y que la regulación derivaría en la descriminalización del consumo, en la disminución de la inseguridad y en el combate al crimen y a la corrupción favoreciendo al mercado negro.

II. La regulación debe tener un enfoque regulatorio al uso y consumo de marihuana se impone frente a las graves fallas de las políticas enfocadas en la criminalización de las personas usuarias y que se ha venido replicando por décadas y reforzada por medios de comunicación y programas de televisión que estigmatizan el consumo y asociándolo con personas delincuentes y de personas de pocos recursos económicos.

En este sentido vale la pena recordar que, desde la reforma de 2009, la persecución de posesión simple ha incrementado la cantidad de las averiguaciones previas, así como detenciones ilegales por parte de los elementos de seguridad pública toda vez que no tienen los elementos necesarios para determinar la cantidad máxima permitida y no solo de la cannabis, sino hasta legalmente de otros narcóticos como lo establece el artículo 479 de la Ley General de Salud:

De lo anterior y conforme con datos del INEGI y la norma técnica para la “Clasificación Nacional de Delitos para fines Estadísticos”,4 en el que se analizaron las cinco conductas delictivas que conforman el narcomenudeo y los delitos contra la salud en 2018 registrados por las fiscalías estatales, el primero fue el de posesión simple con el 82.7% el delito más perseguido, la Ciudad de México destacó por presentar el mayor aumento de hombres imputados de 12 años y más, al pasar de mil 124 a 8 mil 514 en el periodo de 2016 a 2018, de este modo, la cantidad de mujeres imputadas se incrementó 216% respecto a 2016; en 2018, alrededor de 80% de los adolescentes fueron imputados por la tenencia de cannabis como se describe en la tabla siguiente:

Desde su prohibición nunca se ha demostrado que cumpliera con las metas en aras de reducir su consumo y ante dicha estigmatización lo que ha originado la persecución y criminalización de las y los consumidores hasta con detenciones arbitrarias por su aportación en cantidades mínimas o hasta quienes se encuentran en las prisiones por obligarlos a cultivar en sus propias tierras por los integrantes del crimen organizado de personas que se dedican al trabajo del campo o personas que se ubican en comunidades indígenas.

En este sentido, la prohibición ha originado actos tendientes al punitivismo a cargo de las instituciones de seguridad pública, ministerios públicos y hasta jueces penales que se ha derivado en la persecución y detención ilegal de personas ya que al no encontrarse una reglamentación clara del uso y portación de cannabis ya que restricciones de las conductas son ambiguas ocasionado corrupción y antinomias jurídicas que engrosan día a día las carpetas de investigación cuando en la mayoría de los casos son detenidos por posesión simple como se ha mencionado en este cuerpo expositivo de la presente propuesta.

III. Toda esta discusión y posturas se han dado durante los últimos meses en el Congreso de Unión, ya que la Minuta enviada por el Senado de la República fue recibida por esta Cámara de Diputados el día 24 noviembre de 2020 y turnada a las Comisiones de Justicia y Salud para realizar el análisis de la minuta enviada por la Cámara de Senadores para dar continuidad al mandato a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dar cumplimiento a los principios de igualdad ante la ley, certeza jurídica y la inherente obligación por parte del Estado para la protección de los derechos humanos.

El Dictamen realizado por las Comisiones de Justicia y Salud fue presentado en sesión ordinaria en la Cámara de Diputados el 10 de marzo de 2021, Decreto aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones y devuelto a la Cámara de Senadores para los efectos de la fracción E) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y recibida como Minuta el 11 de marzo de 2021, se turnó a las comisiones unidas de Justicia; de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la comisión de Seguridad Pública.5

Como puede apreciarse dicha Minuta enviada por esta Cámara de Diputados a la Colegisladora no ha sido discutida ni votada en las Comisiones Unidas de Justicia; de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Seguridad Pública, han pasado más de 12 meses desde que paralizaron o congelaron el proceso legislativo de dicha propuesta y que no solo se está incumpliendo a un mandato judicial, sino se está atentando en contra de los derechos a la libre personalidad de las personas que así determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Dicha omisión legislativa generó en 2021 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicará en Diario Oficial de la Federación la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018 por la que se modifican diversos artículos de la Ley General de Salud para eliminar las prohibiciones administrativas del consumo de cannabis en México, teniendo efectos y alcances esta que se limitan a remover los obstáculos jurídicos para permitir la autorización del consumo personal y regular con fines meramente lúdicos o recreativos, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: D6a (10a), D6a (7), D7, D8, D9, D10, D9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como “marihuana”.6

“Exhortó al Congreso de la Unión a legislar respecto del derecho al autoconsumo recreativo de cannabis y THC, a fin de generar seguridad jurídica a los usuarios y a terceras personas, así como las condiciones de información necesarias para ejercerlo responsablemente; a tomar las medidas que estime pertinentes para tratar esta cuestión como un problema de salud pública; y para brindar a las autoridades de salud un marco normativo que les permita delimitar adecuadamente el ejercicio de ese derecho para evitar daños a terceros, sin que corresponda a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación dar mayores lineamientos respecto de las políticas que el legislador, en uso de su libertad política, decida tomar al respecto”.7

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y de Estudios Legislativos Segunda, con opinión de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, para que continúe con el proceso legislativo de discusión y votación de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal el 11 de marzo de 2021 por esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Notas

1 México Unido Contra la Delincuencia, Análisis de las iniciativas a dictaminar para la regulación de la cannabis, febrero de 2020, recuperado de:

https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2020/02/
Analisis_de_iniciativas_a_dictaminar_para_la_regulacion_de_la_cannabis_febrero2020.pdf

2 De las Comisiones Unidas de Justicia, y de Salud, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 10 de marzo de 2021, recuperado de:

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2021/mar/20210310- II.pdf

3 Ibídem

4 Estadísticas a Propósito del día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico de drogas”, consultado en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/apropos ito/2020/LUCHAVSDROGAS20.pdf

5 Ficha técnica de Información Parlamentaria del Senado de la República, Del Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional, Senado de la República, recuperado de: https://www.senado.gob.mx/64/emergente/fichaTecnica/index.php?tipo=inic iativa&idFicha=12968

6 Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, así como los Votos Aclaratorio del señor Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, Concurrente del señor Ministro Javier Laynez Potisek y Particulares de la señora Ministra Yasmín Esquivel Mossa y de los señores Ministros Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo, Suprema Corte de Justicia de la Nación, recuperado de:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5623991&fecha=15/07/2021#:~:text=La%20declaratoria%
20general%20de%20inconstitucionalidad%20es%20procedente%20porque%20tiene%20como,237%2C%20245%2C%20fracción%20I%2C

7 Ibídem

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2022.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades municipales y estatales de Oaxaca a parar la violencia política contra las indígenas, a cargo de la diputada Evangelina Moreno Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Evangelina Moreno Guerra, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Morena en la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Que con fundamento en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, específicamente, en su artículo 20 Bis se define la violencia política contra las mujeres en razón de género como “toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella”.

Bajo este tenor, existe un caso en la región de la mixteca alta de Oaxaca de la compañera de origen mixteco, Maribel Aída Velasco García, Síndica municipal del H. Ayuntamiento de San Esteban Atatlahuaca del estado de Oaxaca, quién ha sufrido violencia política en razón de género y quien ha solicitado las medidas cautelares a la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (Ddhpo), debido a las diversas amenazas de muerte que ha sido objeto por parte del Frente Indígena de Resistencia Juxtlahuaca, a través de los señores Juan Gabriel Hernández García, José Fabián Bautista Hernández, Salvador Basante y Faustino Martínez Santiago.

Dichas amenazas devienen de conflictos comunitarios, por lo que su cargo de Síndica municipal es un blanco de violencia y de colisiones, pero cuando se rebasa la línea de las constantes amenazas y el riesgo es más inmanente, pues dichas amenazas ya escalaron a sus integrantes de familia. Por lo que, se invita a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Fiscalía General del estado de Oaxaca, a la Secretaría General de gobierno del estado de Oaxaca, a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, a la presidencia de San Esteban Atatlahuaca del estado de Oaxaca.

En este sentido, se requiere blindar y resguardar la seguridad pública de la funcionaria y del territorio municipal, a fin de garantizar la integridad de la víctima, sus derechos y bienes jurídicos.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración la siguiente proposición

Punto de Acuerdo

Único. La LXV Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Presidente Municipal de San Esteban Atatlahuaca del Estado de Oaxaca, a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, a la Secretaría de Seguridad Pública, para que, de acuerdo con atribuciones, establezcan acciones públicas para prevenir la violencia política contra las mujeres indígenas en razón de género, así como las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de las mujeres indígenas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2022.

Diputada Evangelina Moreno Guerra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat a analizar con el Conacyt la posibilidad de apoyar a los estudiantes y profesores del Tecnm en Tamaulipas que crearon la SM App para medir la calidad del aire, suscrita por los diputados Mariela López Sosa, Óscar de Jesús Almaraz Smer y Cesar Augusto Rendón García, del Grupo Parlamentario del PAN

Quienes suscriben, diputados Mariela López Sosa, Óscar de Jesús Almaraz Smer, César Augusto Rendón García y suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Uno de los problemas más graves y alarmantes que enfrentan las sociedades actuales, es la contaminación ambiental por efecto de la contaminación del aire, cuyas consecuencias son en extremo peligrosas, ya que afectan negativamente al planeta Tierra en general y particularmente a las zonas urbanas con mayor concentración poblacional.

Este problema no sólo debe llamar la atención de legisladores y de gobernantes, sino de todos los ciudadanos que habitamos este mundo, el país y las ciudades, pues independientemente de cualquier condición social o económica, todos somos vulnerables a los daños ocasionados por la contaminación y el deterioro ambiental.

La evolución y el desarrollo de las zonas urbanas a nivel nacional han venido acompañados por la proliferación de problemas ambientales, debido al incremento en la concentración de población, la actividad industrial, vehicular, doméstica y de servicios.

La contaminación que se genera en un determinado territorio recorre en ocasiones grandes distancias y sus efectos se manifiestan en otra región, trayendo como consecuencia la necesidad de mantener una vigilancia constante, no sólo en los lugares en los que se originan los contaminantes, sino en zonas aledañas, por lo que se requiere una acción conjunta entre la federación y los estados a fin de hacer frente al problema de la contaminación del aire.

En nuestro país, se identifican áreas que requieren mayor atención, como: poblaciones con alto grado de industrialización, zonas de posible riesgo ambiental y zonas degradadas por el hombre, clasificadas como críticas.

La atención a la necesidad de los gobiernos locales y de la comunidad de incrementar sus esfuerzos para obtener información confiable de la concentración de contaminantes, sus fuentes y sus efectos en estos sitios, es imperativa y fundamental para la toma de decisiones en materia de protección a la salud y ecosistemas.

Es evidente la necesidad de más información confiable y de calidad respecto a los niveles de contaminación del aire. Lo anterior supone la apremiante instrumentación y modernización de sistemas de monitoreo que incrementen la representatividad, compatibilidad y validez de la información que se colecta.

El monitoreo de la calidad del aire toma una importancia fundamental para identificar y proveer la información necesaria a fin de evaluar la calidad del aire de cada región y sus tendencias, como una herramienta para desarrollar estrategias de prevención y control, planes de manejo de la calidad del aire y políticas ambientales integrales, entre otras aplicaciones, por ello debe buscarse una homologación en los sistemas de medición de la calidad del aire, así como su modernización en el marco competencial de los Estados, a fin de que la garantía constitucional de acceso al medio ambiente sea efectiva y plena.

En este sentido, existe legislación en la materia, principalmente la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que obliga a los gobiernos de las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a establecer y operar sistemas de monitoreo de la calidad del aire. Asimismo, existe el “proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-156-SEMARNAT-2008, Establecimiento y operación de sistemas de monitoreo de la calidad del aire”, en el que se especifican las características técnicas que deben tener los sistemas.

Para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional es indispensable que los sistemas de monitoreo de la calidad del aire funcionen correctamente, y estén ubicados en sitios donde pueda haber una lectura confiable de los contaminantes ambientales ya que, en materia del cuidado del ambiente, si no comenzamos a actuar desde ahora, las consecuencias las padecerán nuestros hijos y las generaciones que nos siguen, y se traducirán en inundaciones, altas temperaturas, agua contaminada y sucia, sequías arrasadoras, entre muchas otras catástrofes.

Actualmente nuestro país enfrenta una compleja problemática en el tema de contaminación del aire con complejas repercusiones a la salud de la población, sobre todo de quienes habitan zonas urbanas y sus alrededores.

Por ello, cobra gran relevancia lo realizado en días recientes por estudiantes de distintas carreras del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Tamaulipas, quienes crearon la aplicación “SM APP” para medir la calidad del aire en la región sur de esta entidad federativa, donde se ubica una refinería y decenas de compañías petroquímicas.

Esta aplicación será una opción económica y viable para las autoridades del sur de Tamaulipas y se desarrolla, para medir el nivel de contaminación generada por el sector industrial.

La aplicación para dispositivos celulares fue creada por los estudiantes Jesús Antonio Padrón Castillo, Pedro Ernesto Sánchez Niñez y Rene Alejandro Reyes Álvarez, con el apoyo de los docentes José Arturo Barbosa y Alfonso Barbosa.

El maestro José Arturo Barbosa, explicó que la aplicación mide el nivel de partículas contaminantes de al menos 10 gases emitidos por empresas como la Refinería de Pemex y las que se ubican en Altamira.

“Pensamos en instalar unidades como meteorológicas para medir calidad del aire, temperatura y humedad, sensación térmica y es una app desarrollada por los muchachos y es vía Internet, entonces desde el celular tendrás acceso a un mapa y desde donde estén instaladas las unidades y accedes a la calidad del aire”, indicó en entrevista para un medio de comunicación nacional.

La aplicación arroja registros de calidad del aire, por ejemplo, durante un lapso corto de tiempo emitió 376 partículas por millón de contaminantes, sin embargo, días previos a dicha medición, se llegaron a contabilizar más de mil en toda la zona sur de Tamaulipas.

“Casi todo el día estuvo entre 800 a mil 200 y es mucho, es una propuesta, instalar varias unidades y se enlazan a una base de datos de Google y se descarga con la app, nosotros invertimos cerca de 600 pesos, no es caro, pero tiene que estar conectado a internet”, expuso.

Los estudiantes mostraron su creación en una exposición donde pretenden obtener un premio y poder llevarlo a nivel nacional, aunque dejaron en claro que es una opción para los gobiernos, pues en la región no hay medidores de la calidad del aire.

En Acción Nacional consideramos que acciones y propuestas como la de los estudiantes del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, contribuyen a tener un mejor manejo y control de la contaminación ambiental, en este caso la del aire. Por esta razón creemos oportuno y justo que se apoye este proyecto, tanto por el gobierno estatal como por el gobierno federal.

Mejorar la calidad del aire de las áreas metropolitanas es una labor ardua, requiere acciones específicas y permanentes hacia las diferentes fuentes de emisión. Sólo así se generaría, en el mediano y en el largo plazo, la reducción de los niveles de contaminación del aire.

Urge establecer, de manera coordinada, las políticas públicas necesarias entre los tres órdenes de gobierno y que se destinen los recursos necesarios para ejecutarlas de manera efectiva. Asimismo, se requiere crear conciencia en la población sobre el impacto de la actividad humana en el ambiente y sumar a la sociedad civil organizada, así como las universidades y centros de investigación.

En virtud de lo anterior y de la importancia de brindar la debida atención al medio ambiente, someto a consideración de esta asamblea del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, analicen la posibilidad de otorgar algún estímulo a los estudiantes y profesores del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero en el estado de Tamaulipas que, crearon la aplicación “SM APP” para medir la calidad del aire.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y los gobiernos estatales, fomenten los mecanismos para impulsar las creaciones de los jóvenes mexicanos, destinadas a mejorar la calidad del medio ambiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2022.

Diputada Mariela López Sosa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Mesa Directiva de esta soberanía a ofrecer una disculpa pública al pueblo de México por utilizar el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro para realizar actos indebidos y distintos de la actividad parlamentaria, suscrita por los diputados Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle, Armando Antonio Gómez Betancourt, Claudia Tello Espinosa y Rosalba Valencia Cruz, del Grupo Parlamentario del PVEM

Los que suscriben, Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle, Armando Antonio Gómez Betancourt, Claudia Tello Espinosa y Rosalba Valencia Cruz, integrantes de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el México del pasado, la vida política e institucional estuvo marcada por la corrupción, la simulación y el autoritarismo. Por eso millones de mexicanos seguimos trabajando para acabar con ese régimen corrupto, y así seguiremos hasta lograr que seamos más los que anhelamos el cambio que los que se han apoderado hasta de nuestros pensamientos.

El 20 de abril del presente año, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, confundió el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro con una cancha de “cascaritas” para jugar futbol, acompañado del ex futbolista veracruzano Luis Hernández “El Matador”. No obstante la utilización indebida de este recinto, elaboró un video para su amplia difusión en las redes sociales, mostrando su anticipada intención de contender por la gubernatura de Veracruz. No es malo que el presidente de la Cámara tenga sus aspiraciones, como cualquier político; lo reprobable es la inadecuada utilización de todos los recursos económicos, materiales y técnicos que tiene la Cámara, los cuales usa y aprovecha al amparo del cargo que tiene.

Debemos recordar al diputado Gutiérrez Luna que los legisladores que ocupamos una curul en la LXV Legislatura de los partidos que apoyamos la cuarta transformación, liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, concebimos la política como una vocación de servicio, como una forma de servir a este país y pensamos que el cambio verdadero comienza por cambiar la forma y estilo de hacer política, siendo ésta no sólo de los diputados o líderes, pues nuestro movimiento la concibe como una responsabilidad y un compromiso y como una forma de servir a los mexicanos.

No tenemos derecho a equivocarnos, debemos frenar las prácticas corruptas que se realizaban en otros gobiernos, no podemos traicionar la confianza que nos brindaron quienes nos eligieron para ser sus representantes en esta legislatura, ellos están pendientes de nuestro quehacer legislativo; los tiempos han cambiado, desempeñemos con dignidad nuestro cargo y mostremos con nuestros hechos que somos distintos a la política podrida de los gobiernos que nos antecedieron.

Debo señalar que el presidente de la Cámara está violando flagrantemente lo dispuesto en el artículo 8, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el cual señala los diputados deberán

Abstenerse de realizar actos que sean incompatibles con la función que desempeñan, así como ostentarse con el carácter de legislador en toda clase de asuntos o negocios privados;

De la misma forma, el presidente de la Cámara ha violentado lo establecido en el artículo 28, numeral 1, donde se señala:

El salón de sesiones será el lugar en las instalaciones de la Cámara destinado para que sus integrantes se reúnan a deliberar en el pleno y para la celebración de sesiones del Congreso General.

La forma errática de la conducción de las formas del presidente actual de la Cámara de Diputados debe ser cuestionada por quienes integramos la LXV Legislatura. No podemos permitir que siga utilizando los recursos de todos los mexicanos para su beneficio político personal.

Debemos recordar también al presidente que la Cámara es la casa del pueblo, por lo que resulta contradictoria la actitud y forma de otorgar permiso para que la mayoría de los ciudadanos ingresen en las instalaciones de la Cámara, que se encuentra resguardada como si dentro de ella estuvieran “personas intocables”. Es vergonzosa la forma en que tratan a algunos ciudadanos que vienen a reunirse con los legisladores, con la única finalidad de solicitar apoyo para resolver sus problemas.

Repruebo en su totalidad la utilización del recinto parlamentario como cancha de fútbol y le pido a mi paisano reconsiderar y aceptar que se trató de una acción que lo agravia como político, mostrando una grave falta de respeto a los diputados y a todos los mexicanos. Su investidura debe hacer guardar y respetar nuestras leyes, nuestra bandera y nuestro escudo nacional, así como todas las instalaciones de la Cámara de Diputados.

En nuestro movimiento no hay pensamiento único, sino principios democráticos en torno a un objetivo común, trabajamos para que México se consolide como una nación con oportunidades de desarrollo para todos, no para unos cuantos personajes sobresalientes.

Los miembros de nuestro movimiento debemos regirnos por nuestra buena conducta personal y esto sólo será posible demostrando nuestra vocación de servicio. Recuperemos la confianza y la política hoy pervertida con algunas de nuestras acciones.

El ejercicio de las funciones del presidente de la Cámara de Diputados debe sujetarse estrictamente a lo establecido en el Reglamento de la Cámara de Diputados para su desempeño en el salón de sesiones del Palacio Legislativo.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, a ofrecer una disculpa pública al pueblo de México por utilizar el Salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro para realizar actos indebidos y distintos de la actividad parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2022.

Diputada Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar la Secretaría de Cultura a instalar el Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, a que proceda a instalar el Consejo Nacional de Fomento a la Cultura, conforme a lo dispuesto en los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El fomento a la lectura, es una tarea en la que nos corresponde participar a todas y todos los ciudadanos desde cualquier ámbito de acción y responsabilidad, asimismo, el Estado Mexicano no sólo reconoce en la lectura un medio, sino el fin en sí mismo, en términos de educación y expresión cultural, sin embargo también es cierto que hoy por hoy, se reconoce en el hábito de la lectura, la consecución de una serie de habilidades y procesos que contribuyen a favorecer mejores condiciones y aptitudes para la realización humana.

Hablar hoy, de la necesidad de instrumentar acciones a favor de la lectura y el libro, es hablar del resultado de décadas de esfuerzo y trabajo sostenido e integral para la atención de las necesidades de educación y cultura en nuestro país.

Al paso del tiempo, hemos contado con la visión y el compromiso de mexicanas y mexicanos de las más alta generosidad intelectual y académica, que no sólo tuvieron una visión del México al que aspiraban, sino que supieron identificar los grandes ejes de trabajo en los que debían enfocarse los esfuerzos y trazar las rutas de acción para alcanzar metas concretas, esto es lo que permitió la creación de instituciones como la propia Secretaría de Educación Pública e instituciones educativas que hoy significan nuestro más alto orgullo, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional tan sólo por no dejar de mencionarlas.

Por otra parte, de la mano a esa visión se tuvo el valor y la entereza para afrontar los enormes retos que significaba abatir -en ese momento- los altísimos niveles de analfabetismo que predominaban en México, por lo que, en la primera mitad del siglo XX se trabajó intensamente en la construcción de nuestro sistema educativo nacional, lo que incluyó el desarrollo de la figura de la Biblioteca, como la fuente del conocimiento.

No omito mencionar que el Congreso Mexicano no fue indiferente ni a las necesidades, ni a los esfuerzos que en esos días se llevaban a cabo, sino que sumándose a ellos, en 1936 abrió sus puertas la Biblioteca del Congreso de la Unión en la calle de Tacuba, pensada para brindar atención tanto a los legisladores como al pueblo de México, por aquellas fechas, en el centro histórico de la Ciudad de México estaban asentadas distintas escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Biblioteca Nacional de México, así como la Biblioteca del Congreso de la Unión, años más adelante, ya en la segunda mitad de la década de los años cuarenta, abre sus puertas la Biblioteca de México con un acervo de cuarenta mil volúmenes.

De la misma manera, en otra vertiente de acción, se dio inicio a la implementación de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, no sin mayor esfuerzo para coadyuvar en el trabajo que supone la materia educativa sin descuidar el quehacer cotidiano bibliotecario.

En materia legislativa también se ha contado con el compromiso y la seriedad de los legisladores, que no sólo velaron por dotar de certeza jurídica a la figura de la Biblioteca como institución, a través de la Ley General de Bibliotecas, en materia de Depósito Legal, y como hecho concreto para favorecer el hábito de la lectura, se aprobó la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, en el espíritu de garantizar que la labor a favor de la lectura en nuestro país, no quedara determinada en planes o programas sexenales, sino por el contrario se consolidara, no sólo el esfuerzo de las autoridades de los diferentes órganos de gobierno y la participación de la sociedad, en un instrumento normativo en el cual se garantizara su concurrencia, así como los objetivos mínimos para el fomento de la lectura y el libro.

De tal manera que, la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro vigente, en su artículo 4 dispone que tiene por objeto:

I. Propiciar la generación de políticas, programas, proyectos y acciones dirigidas al fomento y promoción de la lectura;

II. Fomentar y estimular la edición, distribución y comercialización del libro y las publicaciones periódicas;

III. Fomentar y apoyar el establecimiento y desarrollo de librerías, bibliotecas y otros espacios públicos y privados para la lectura y difusión del libro;

IV. Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional con los distintos órdenes de gobierno y la vinculación con los sectores social y privado, para impulsar las actividades relacionadas con la función educativa y cultural del fomento a la lectura y el libro;

V. Hacer accesible el libro en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional para aumentar su disponibilidad y acercarlo al lector;

VI. Fortalecer la cadena del libro con el fin de promover la producción editorial mexicana para cumplir los requerimientos culturales y educativos del país.

VII. Estimular la competitividad del libro mexicano y de las publicaciones periódicas en el terreno internacional, y

VIII. Estimular la capacitación y formación profesional de los diferentes actores de la cadena del libro y promotores de la lectura.

Por otra parte, en su artículo 5 establece que son autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley en el ámbito de sus respectivas competencias:

A. La Secretaría de Cultura;1

B. La Secretaría de Educación Pública;2

C. El Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, y

D. Los Gobiernos de las entidades federativas, municipales y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Asimismo, en el Artículo 6 se establece que corresponderá a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de Educación Pública, la elaboración del Programa de Fomento para el Libro y la Lectura.

El Artículo 10, fracción VI) dispone de manera específica, que, corresponde a la Secretaría de Educación Pública, promover la realización periódica de estudios sobre las prácticas lectoras en el Sistema Educativo Nacional y sobre el impacto de la inversión pública en programas de fomento a la lectura en este sistema, así como la difusión de sus resultados en los medios de comunicación, entre otras disposiciones.

Y para alcanzar los objetivos y las acciones dispuestas por la Ley, en el artículo 12 se dispone la creación del Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, como un órgano consultivo de la Secretaría de Cultura, constituyéndose como un espacio de concertación y asesoría entre las diferentes instancias públicas, sociales y privadas, que participan en los procesos del libro y la lectura, dicho consejo quedará integrado por:

I. Un presidente, que será el titular de la Secretaría de Cultura. En su ausencia será suplido por quien éste designe;3

II. Un secretario ejecutivo que designe el presidente del Consejo. En ausencia del secretario ejecutivo será suplido por quien éste designe;4

II Bis. Un represente de la Secretaría de Educación Pública que designe su titular;5

III. El titular del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas;

IV. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana;

V. El presidente de la Asociación de Libreros de México;

VI. El presidente de la Asociación Nacional de Bibliotecarios;

VII. El presidente de la Sociedad General de Escritores de México;

VIII. El Director General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública;

IX. El Director General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura;6

X. El Director General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura;7

XI. El Director General del Fondo de Cultura Económica;8

XII. El Director General del Instituto Nacional del Derecho de Autor;9

XIII. El Director General de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos;10

XIV. El Presidente de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales de la Cámara de Senadores, y11

XV. El Presidente de la Comisión Bicamaral del Sistemas de Bibliotecas del Congreso de la Unión.12

Por acuerdo del Consejo se podrá convocar para participar con carácter de invitado no permanente a los titulares de las Secretarías, Consejos e Institutos de Cultura de las entidades federativas o a cualquier persona o institución pública o privada que se considere necesario para el cumplimiento pleno de sus funciones.13

La pertenencia y participación en este Consejo, es a título honorario.

Lo que ilustra la intención del legislador, no sólo de garantizar la continuidad de los esfuerzos a favor del fomento de la lectura y el libro, sino el sentido de participación e inclusión de todos los actores vinculados a la materia, para diseñar y sobre todo ejecutar acciones concretas, con fines y metas claramente establecidos.

Por lo que podemos afirmar que el fomento a la lectura requiere de una estrategia común en la que cada instancia deberá contribuir desde sus distintas áreas de acción, al cumplimiento de los objetivos para la formación de lectores, favorecer el acceso de la población a los libros, revisar el estatus de la infraestructura bibliotecaria, lo que incluye los criterios para facilitar y promover el acceso a la información a las poblaciones con discapacidad visual y otras discapacidades, la atención a las necesidades de información y difusión con base en los criterios de inclusión y respeto a la diversidad, para gestionar una cultura de convivencia y la cultura de paz.

Así como acciones encaminadas a la atención de las comunidades indígenas y afromexicanas, con base a su derecho a la lectura y la escritura para favorecer el desarrollo de sus lenguas, por otra parte, es urgente, impulsar el desarrollo de la industria editorial mexicana, así como la revisión de la oferta digital en medios, lo que todo en su conjunto, deberá contribuir al cumplimiento de los ODS.

El desafío no es menor ni puede quedar sujeto a la propuesta de una sola persona o de grupos, incluso instituciones o ideologías, las leyes son preceptos o conjunto de preceptos dictados por la autoridad, mediante el cual se manda o prohíbe algo acordado por los órganos legislativos competentes,14 Eduardo Antinori, se refiere a esto con sencillez, las leyes son generales, abstractas y obligatorias, que a la luz de la doctrina jurídica, son preceptos que se dictan para el hombre en cuanto a su pertenencia a la sociedad, regulando las relaciones “interindividuales”, su obligatoriedad responde al mandato de una voluntad superior que se conjuga con su carácter público, es decir, emana de la autoridad pública y su arbitrio no queda sujeto a la voluntad de las personas, por ello en caso del supuesto de un incumplimiento, deviene una sanción.15

Por lo que es el caso que, a la fecha, no se ha convocado a la instalación del Consejo Nacional de Fomento a la Lectura, siendo el gobierno federal el que ha impulsado una “campaña” para la “Estrategia Nacional de lectura” planteando como objetivos el que México sea un país de lectores; la recuperación del placer de la lectura, promoviendo la difusión y consumo de libros mexicanos y globales; la participación en la construcción de la paz, creando nuevos espacios de convivencia a través del diálogo que genera la lectura, se habla de la estimulación del hábito de la lectura y la escritura desde edades tempranas; fomentar el desarrollo de la lectura de comprensión y la recuperación del hábito de la lectura como manera de adquirir y enriquecer conocimientos para ensanchar la conciencia.16

Y a través del Programa Institucional 2021-2024 del Fondo de Cultura Económica, que establece como objetivo prioritario el contribuir a la Estrategia Nacional de Fomento a la Lectura, para que el acto de leer sea una actividad cotidiana y fortalecer la educación formal con libros que abran horizontes culturales más amplios.17

Y si bien, no se niega el esfuerzo a favor del fomento a la lectura, insisto nuestro marco jurídico contiene el instrumento normativo que establece no sólo las bases, sino el mecanismo a través del cual las -diferentes instancias públicas, sociales y privadas, que participan en los procesos del libro y la lectura- deberán concurrir, es decir, en el Consejo Nacional de Fomento a la Lectura.

Dado que en abril se conmemora el Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor, me parece que una buena forma de honrarlo desde el Congreso mexicano al solicitar el cumplimento de nuestras normas, por lo que no sólo conmino a la Titular de la Secretaría de Cultura a que proceda a la Instalación del Consejo Nacional de Fomento a la Lectura -conforme a lo dispuesto por la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro- sino que convoco a todas las instancias involucradas a pronunciarse a favor de la Lectura y el Libro, acompañándome en este exhorto y respetuosamente, se manifiesten a favor la activación de este importante espacio.

Por lo anteriormente expuesto se presenta la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, a que proceda a instalar el Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, conforme a lo dispuesto en los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

Notas

1 Inciso reformado DOF 17-12-2015

2 Inciso reformado DOF 17-12-2015

3 Fracción reformada DOF 17-12-2015

4 Fracción reformada DOF 17-12-2015

5 Fracción adicionada DOF 17-12-2015

6 Fracción reformada DOF 02-04-2015, 17-12-2015

7 Fracción reformada DOF 02-04-2015, 17-12-2015

8 Fracción adicionada DOF 02-04-2015

9 Fracción adicionada DOF 02-04-2015

10 Fracción adicionada DOF 02-04-2015

11 Fracción adicionada DOF 02-04-2015

12 Fracción adicionada DOF 02-04-2015

13 Párrafo reformado DOF 19-01-2018

14 Sistema de Información Legislativa. (2022). Ley. 19/04/2022, de SIL Sitio web:
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=145

15 Antinori, E. (2006). Conceptos Básicos del Derecho. Argentina: Editorial de la Universidad de Aconcagua

16 Gobierno de México. (2019). Estrategia Nacional de Lectura. 22/04/2022, de Leer nos transforma Sitio web:

https://www.gob.mx/leertransforma

17 Diario Oficial de la Federación. (15/07/2021). Programa Institucional 2021-2024 del Fondo de Cultura Económica. 22/04/2022, de Secretaría de Gobernación Sitio web:

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2022.

Diputada María Teresa Ochoa Mejía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de NL, la FGR y la Guardia Nacional a emprender acciones para la prevención, atención e investigación en el caso de las desapariciones de mujeres y feminicidios de la entidad, a cargo del diputado Mauricio Cantú González, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, el diputado Mauricio Cantú González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Reglamento de la Cámara de Diputados, en su artículo 79 numeral 3, fracción III, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de Nuevo León, al Gobierno del estado de Nuevo León, a la Fiscalía General de la República y a la Guardia Nacional, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La crisis de desapariciones y feminicidios que está enfrentado el estado de Nuevo León es aberrante. La falta de acciones certeras de seguridad pública preventivas, la impunidad y la falta de eficacia investigadora de la Fiscalía estatal está provocando esta terrible crisis. Se observa la ausencia de acciones preventivas e inclusive la revictimización de las familias y las víctimas por parte de las mismas autoridades locales. No existe un método de prevención en las instancias de seguridad pública, ni un método de investigación eficaz por parte de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León.

En lo que va del presente año 2022, 62 mujeres permanecen desaparecidas en Nuevo León, de las cuales 24 desaparecieron entre el 15 de marzo y el 15 de abril. En este último mes de abril, por rango de edad, las siete mujeres desaparecidas de entre 15 y 19 años igualaron al grupo mayoritario, siete hombres de entre 25 y 29 años, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno).

De acuerdo con estas cifras alarmantes y la información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas: Nuevo León es la cuarta entidad del país con más desapariciones, detrás del Estado de México (10 mil 848), Tamaulipas (11 mil 923) y Jalisco (14 mil 937).

De la misma forma, de acuerdo con la organización Cómo Vamos Nuevo León y las cifras que hace públicas con ayuda del Rnpdno, la reciente desaparición de mujeres jóvenes en el estado se da en un contexto de violencia de género en el que entre enero y marzo de 2022 se registraron 21 feminicidios y 54 tentativas de feminicidio; es decir, a la semana intentan asesinar a cuatro mujeres y asesinan a casi dos por motivo de género.

La seguridad de todas y todos los neoloneses requiere de una actuación urgente y coordinada de todos los órdenes de Gobierno.

Se requiere de mecanismos de investigación más eficientes, expeditos, eficaces e integrales ante la desaparición de cualquier persona, pero tratándose de casos que involucren a mujeres se debe seguir con perspectiva de género, dando cumplimiento a la normativa nacional e internacional para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

El proceso de investigación, además de abonar al esclarecimiento de los hechos y aportar los elementos de prueba suficientes para la aprehensión de quienes cometan estos delitos, debe también considerar como principio fundamental la protección de los derechos humanos de las víctimas y no cometer actos de revictimización en contra de aquellas personas que han sido víctimas de un delito, ni de sus familiares o seres cercanos.

Es necesaria una evaluación pormenorizada de todo el sistema de seguridad en Nuevo León que perpetúan la impunidad que tanto daño hace a nuestra sociedad, por lo que una revisión y posterior modificación de personal y protocolos de actuación se hace evidente.

Es nuestro deber contribuir al bienestar de todas y todos los mexicanos, en el caso que nos ocupa, de las mujeres neolonesas, para regresarles la confianza en las instituciones, y la seguridad en las calles, en las escuelas, en sus hogares y en cualquier sitio en el que se encuentren. Sin miedo a transitar libremente, vestir libremente y ser libres en su totalidad. Su integridad y seguridad tiene que ser asegurada.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Nuevo León, para que en el ámbito de sus atribuciones y obligaciones legales realice una evaluación e investigación exhaustiva de la actuación del Gobierno del Estado, de la Fiscalía General de Justica de Nuevo León, y de la Secretaría de Seguridad Pública, en lo que respecta a las acciones emprendidas para la prevención, atención e investigación en el caso de las desapariciones de mujeres y de los feminicidios en el estado de Nuevo León.

Así como una evaluación pormenorizada de la legislación local vigente en esta materia e identificar las lagunas legales que burocraticen los protocolos de búsqueda e investigación en caso de desapariciones, con la finalidad de reformar el marco normativo, e inclusive considerar destituciones, desde su titular, hasta funcionarios de la estructura. Buscando siempre garantizar la seguridad de las y los neoloneses por medio de una investigación y persecución de los delitos eficaz y eficiente.

Segundo. La H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Nuevo León, para que en el ámbito de su competencia y de sus obligaciones legales se conmine a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León al cumplimiento de sus obligaciones en lo relativo a las actividades de vigilancia, investigación y protección de la ciudadanía, así como a auditar la actuación de la Fiscalía de Nuevo León en los casos de la desaparición de mujeres en el Estado.

Tercero. La H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado a que solicite a la Fiscalía General de la República a que, en el ámbito de sus atribuciones, atraiga el caso de las desapariciones de mujeres en el Estado de Nuevo León, con la finalidad de esclarecer los hechos y la resolución de cada uno de los casos.

Cuarto. La H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado que realice una valoración objetiva de la actuación de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, y la pertinencia de realizar cambios en la estructura, desde su titular, hasta mandos medios y de base.

Quinto. La H. Cámara de Diputados exhorta a la Guardia Nacional para que conforme a sus atribuciones realice todas las acciones pertinentes enfocadas en asegurar la integridad de las mujeres neoleonesas, y participar en la capacitación de los elementos de las policías locales para la prevención de hechos delictivos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril del 2022.

Diputado Mauricio Cantú González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a analizar con la SHCP la posibilidad de dar incentivos fiscales a empresas que reciclan materiales, suscrita por los diputados Mariela López Sosa, Óscar de Jesús Almaraz Smer y César Augusto Rendón García, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, los diputados Mariela López Sosa, Óscar de Jesús Almaraz Smer y César Augusto Rendon García y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I y II y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados someten ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde hace años se ha generalizado el uso de envases y botellas de plástico, que remplazaron, por ejemplo, a las botellas de vidrio de los refrescos comunes y que eran retornables, esto bajo el argumento de proteger la salud por no contar con los procedimientos más sanos para esterilizar esas botellas.

Sin embargo, el problema provocado con las botellas de plástico es que su constante uso produce cantidades constantes de basura, sobre todo porque no se tiene una cultura del reciclaje.

El reciclaje es una de las mejores formas de controlar y disminuir la cantidad de residuos que necesitan disposición final en rellenos sanitarios, además de aminorar el impacto ambiental negativo de las actividades productivas y de consumo.

Esta actividad reciente y debe distinguirse del reúso. Reusar es recuperar materiales de desecho que son modificados ligeramente para el propósito original para el que fueron creados. Por su parte, el reciclaje requiere de un procesamiento físico, biológico o químico de tal forma que un material pueda ser utilizado como materia prima para nuevos productos.

Enviar los residuos sólidos a los rellenos sanitarios no constituye una solución óptima al problema del manejo y disposición de desechos. Por lo que es recomendable disminuir la cantidad de desechos enviados a los rellenos sanitarios. El enfoque del manejo integrado de los desechos consiste en jerarquizar las acciones políticas que otorgan la más alta prioridad a la reducción de la cantidad de desechos que se producen; una vez producidos, tratar de recuperar la mayor cantidad posible para reciclarlos.

México carece de políticas públicas y planes nacionales eficientes para el manejo de los residuos sólidos. Se calcula que en las ciudades latinoamericanas 60 por ciento del total de los residuos producidos no reciben una disposición final adecuada. El método más común para la disposición de los residuos sólidos en América Latina es el basurero a cielo abierto, opción que presenta una serie de riesgos ambientales y para la salud humana.

En los países desarrollados el reciclaje de materiales tiende a realizarse mediante programas oficiales sancionados y administrados por las municipalidades, mientras que en el mundo subdesarrollado la mayoría de las actividades de recuperación las efectúan los recicladores informales o los pepenadores.

Las actividades de reciclaje informal constituyen una fuente importante de ingresos para individuos de un nivel educativo bajo y migrantes, suministran materias primas baratas a la industria y disminuyen la cantidad de residuos que deben recogerse, transportarse y disponerse en basureros/rellenos sanitarios. Desgraciadamente, a menudo las autoridades municipales no observan los beneficios sociales, económicos y ambientales del reciclaje informal.1

En la actualidad, en todo el mundo, incluyendo México, otra problemática importante es la contaminación del agua, aire y suelo, ocasionada en gran medida, por los grandes volúmenes de residuos que se generan diariamente y que recibe escaso o nulo tratamiento adecuado. Esta situación se agrava porque la basura, que está conformada por residuos de composición muy variada, generalmente se junta y mezcla durante las labores de recolección lo que dificulta su manejo final.

Si bien por sus características de peligrosidad la mayoría de los plásticos sintéticos no representan un mayor riesgo para el ambiente, si son un problema mayor porque no pueden ser degradados por el entorno. Al contrario de lo que ocurre con la madera, el papel, las fibras naturales o incluso el metal y el vidrio, los plásticos no se oxidan ni se descomponen con el tiempo.

Se han desarrollado algunos plásticos biodegradables, pero ninguno ha demostrado ser válido para las condiciones requeridas en la mayoría de los vertederos de basura. Su eliminación es, por lo tanto, un problema ambiental de dimensiones considerables.

Un método práctico para solucionar este problema es el reciclaje, que se utiliza, por ejemplo, con las botellas de bebidas gaseosas fabricadas con tereftalato de polietileno, lo que representa un proceso bastante sencillo.

Empresas multinacionales que representan 20 por ciento de la producción de embalajes plásticos del mundo se han comprometido a que en 2025 cien por ciento de estos plásticos sea reutilizable, reciclable o convertible en composta. El bautizado como New Plastics Economy Global Commitment (Compromiso Global por la Nueva Economía de los Plásticos) persigue crear una economía circular eliminando el uso innecesario de envoltorios y pasar de los productos de usar y tirar a un modelo en el que prime la reutilización.

Entre las compañías firmantes del compromiso, presentado en la conferencia Our Ocean 2018 de Bali, se encuentran Danone, Coca-Cola, Carrefour, Inditex, Nestlé, H&M, L’Oréal, Unilever o grandes productores de embalajes y otros plásticos como Amcor o Novamon. La iniciativa está dirigida por la Fundación Ellen MacArthur en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ha sido avalada por el Foro Económico Mundial y The Consumer Goods (Una organización que representa a unos 400 minoristas y fabricantes de 70 países), junto a 40 universidades, instituciones y académicos.

El reciclaje es la línea que guía las estrategias de las principales multinacionales, por ejemplo, Coca-Cola, una de las empresas que ha firmado el acuerdo, explica que ya tiene en marcha un plan para recuperar el cien por ciento de las botellas y latas que lanzará al mercado para 2030. Actualmente 59 por ciento de sus envases son botellas PET, 12 por ciento está hecho de aluminio y acero y 8 por ciento en cristal rellenable.

Danone, otra de las marcas involucradas en el proyecto, señala que 87 por ciento de sus envases son reciclables, reutilizables o compostables, y que tiene planeado que este porcentaje suba al cien por ciento para 2025. En la misma línea se mueve Nestlé: quiere que la totalidad de sus envases sea reciclable o reutilizable en la misma fecha. Su actuación, explica la compañía, se centra en tres áreas: eliminar plásticos no reciclables, emplear los que permitan mejores tasas de reciclaje y suprimir o cambiar materiales de embalaje.2

En nuestro país, Coca-Cola quiere que, para 2030, la mitad de sus botellas de PET estén hechas de resina de otros envases, y que cien por ciento de ellas sean recuperadas y procesadas en sus plantas de reciclaje.

Actualmente, la empresa procesa cerca de 85 mil toneladas de PET, es decir, recolecta 6 de cada 10 botellas que lanza al mercado. Una vez que el consumidor compra y consume un producto, el envase vacío termina en la calle. Por eso instalaron dos plantas de reciclaje (IMER y PetStar) en Toluca, Estado de México, con el objetivo de recolectar las botellas que lanzan al mercado. Actualmente recuperan 6 de cada 10 botellas, que se reciclan para hacer nuevos envases. Por ejemplo, las botellas de Ciel, Sprite o Fresca son cien por ciento de envases reciclados y procesados en estas dos fábricas.

El proceso de reciclaje consiste en recolectar y seleccionar todas las botellas verdes de Sprite, que se someten a un proceso de descomposición, para hacer una botella nueva hecha con resina de otros envases del mismo color; lo mismo pasa con las botellas de la marca Ciel, que son azules.

Actualmente, en México procesan unas 85 mil toneladas de PET para hacer botellas nuevas, pero su aspiración es llegar a 100 mil. La planta recicladora PetStar procesa 3 mil 100 millones de botellas al año, por lo cual es considerada la más grande del mundo por la cantidad de plástico tipo PET que utiliza para alimentos que, en su caso, son bebidas. De acuerdo con PetStar, la cantidad de material que recicla equivale a llenar dos veces y media la capacidad del estadio Azteca.

La Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Anprac) no sólo cuenta con esta planta, sino con otras dos en el país, que también buscan recuperar los plásticos que utilizan. Con ello, el nivel de recolección de envases es de 56 por ciento, nivel que es similar al que se tiene en Europa, según datos de la misma industria.

En las instalaciones ubicadas cerca de la capital del Estado de México se reciben las pacas de botellas de PET que son recolectadas en mil 200 puntos de acopio. Después de un proceso en el que maquinaria identifica si la botella es apta para ser reciclada –sin importar que sea de una marca rival–. El material ya limpio es inspeccionado por trabajadores, antes de pasar a un molino que tritura los envases, para después transformarlos en resina.

PetStar produce más de 50 mil toneladas de resina reciclada de PET grado alimenticio, las cuales son utilizadas por Arca Continental, Bepensa, Coca-Cola México, Nayar, Corporación Rica y Corporación Del Fuerte y Embotelladora de Colima.

El resultado son botellas de agua hechas en su totalidad de material reciclado, mientras que los envases para otras bebidas adhieren 30 por ciento, aunque buscan incrementar esa cantidad en poco tiempo.3

El reciclaje es una actividad sencilla de realizar y con gran impacto en el medio ambiente que además representa grandes oportunidades de empleo y negocio. Por esta razón, el sector privado ya está incursionando en lo que será “el negocio del futuro.

La clasificación de residuos se ha convertido en una fuente de pequeños ingresos para el reciclaje doméstico y personal, pues algunas iniciativas dan remuneraciones económicas como puntos o dinero electrónico para pagar servicios, crédito para el transporte público y hasta productos agrícolas.

Por ejemplo, la campaña Ciel Botella Azul. A finales del año 2018 la Industria Mexicana de Coca-Cola (IMCC) lanzó un proyecto basado en la filosofía de “Economía Circular”, que consiste en diseñar envases que regresen nuevamente a ser botellas. Bajo esta premisa, la IMCC diseñó Ciel botella azul hecha cien por ciento de otros envases por lo que es completamente reciclada y reciclable. Además, este proyecto es un paso más cerca de la meta global “Mundo sin residuos” cuyo objetivo es recolectar y reciclar el cien por ciento de sus envases para 2030.

Otro gran ejemplo, es “Biobox”, que es un proyecto de responsabilidad social que busca facilitar y promover el reciclaje a través de máquinas recolectoras en la Ciudad de México que, a cambio otorgan puntos para viajes en el Metro, Metrobús, Ecobici y Tren Ligero o si se prefiere en puntos PayBack que se aceptan en lugares como Cinemex, Interjet o La Comer. El proceso es sencillo, se desliza la tarjeta del transporte o PayBack y se depositan las latas o botellas una por una para finalmente obtener los puntos.

También en la Ciudad de México, en la administración anterior, se llevaba a cabo el “Mercado del trueque” que, consistía en el intercambio de residuos reciclables como vidrio, PET, cartón, latas y Tetrapak por productos agrícolas producidos en la Ciudad de México. Dicho evento se realizaba los segundos domingos de cada mes en los bosques de la ciudad como Chapultepec, Aragón y Tlalpan y el Monumento a la Revolución y tenía como objetivo mostrar el valor que puede llegar a tener la basura y promover la separación de residuos.

Este programa se apoyaba de las dos plantas de reciclaje de PET grado alimenticio más grandes del país: IMER y PetStar creadas por la Industria Mexicana de Coca-Cola y que tiene la capacidad de procesar 85 mil toneladas de PET al año.

Estos son algunos de los programas y movimientos que fomentan el reciclaje y ayudan a la economía de los mexicanos. Sin embargo, los esfuerzos de las empresas privadas en cuanto a reciclaje no son suficientes para generar una cultura del reciclaje en toda la población, son esfuerzos aislados, que, si bien constituyen un valioso apoyo para el medio ambiente y la economía de las familias mexicanas, son escasos en relación con la población y el gran número de desechos plásticos, sobre todo de bebidas saborizadas, que se generan anualmente en nuestro país.

Por lo anterior, es que, para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, es de la mayor relevancia que para el reciclaje de botellas y envases plásticos se siga el principió contenido en la fracción V, del artículo 2 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que señala:

“La responsabilidad compartida de los productores, importadores, exportadores, comercializadores, consumidores, empresas de servicios de manejo de residuos y de las autoridades de los tres órdenes de gobierno es fundamental para lograr que el manejo integral de los residuos sea ambientalmente eficiente, tecnológicamente viable y económicamente factible”.

Revalorizar los residuos implica apreciarlos ya no como una mezcla de suciedades y desperdicios inútiles, sino como materias que pueden tener otro uso o formar parte de un nuevo proceso de producción. Esta visión se hace más que nunca necesaria para atajar algunos problemas ambientales, como el agotamiento de los sitios de disposición final o basureros, agotamiento de recursos naturales y contaminación. Al mismo tiempo, resulta una oportunidad para desarrollar actividades económicas favorables para el medio ambiente.

Es necesario realizar un trabajo coordinado entre la industria y las autoridades estatales y federales para lograr que la producción de envases de plástico no afecte al medio ambiente, además de que siga dinamizando a las economías locales.

El sistema de recolección no es suficiente, hay un sistema de gestión insuficiente e ineficiente y un manejo de residuos finales donde el bosquejo final es la disposición; se necesita coordinarse con las autoridades federales y locales.

En virtud de lo anterior y de la importancia de brindar la debida atención a este problema que perjudica de manera directa al medio ambiente, someto a consideración de esta asamblea del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, analicen la posibilidad de otorgar incentivos fiscales para las empresas que reciclan materiales con el objetivo de cuidar el medio ambiente y aquellas que realizan acopio de desechos para reciclaje.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, en coordinación con los gobiernos estatales, genere mecanismos que permitan la obtención de algún beneficio económico para los ciudadanos que participen en acciones de reciclaje de desechos.

Notas

1 Medina, M. (1999). Reciclaje de desechos sólidos en América Latina. Frontera Norte, Vol. 11, pp. 7-31.

2 Sánchez, E. (2018). 2050 grandes empresas se unen para reciclar todo el plástico en 2025. junio 25, 2020, de El País Sitio web: https://elpais.com/sociedad/2018/10/30/actualidad/1540929945_794833.htm l

3 Alegría, A. (2020). Busca industria refresquera eliminar daño ambiental con reciclaje. junio 25, 2020, de La Jornada Sitio web: https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/02/13/busca-industria- refresquera-eliminar-dano-ambiental-con-reciclaje-3681.html.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2022.

Diputada Mariela López Sosa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y diversas autoridades locales a emprender acciones que ayuden a la preservación de la cuenca de presa Madín, a cargo del diputado Rodrigo Herminio Samperio Chaparro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Rodrigo Herminio Samperio Chaparro, diputado federal integrante de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del poder ejecutivo federal a declarar la Cuenca de la Presa Madín como Área Natural Protegida, bajo la categoría de Zona de Área de Protección de Recursos Naturales y de Santuario y Bosque Forestal para garantizar su protección y como zona de reserva de aguas nacionales, así como los gobiernos municipales que comprenden la Cuenca de Presa Madín a emprender acciones que ayuden a la protección, restauración y preservación del ecosistema, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La Cuenca Hídrica de Presa Madín, ubicada en la zona metropolitana del valle de México, cuyo espacio compete principalmente a 5 municipios de esta región: Atizapán de Zaragoza, Naucalpan de Juárez, Jilotzingo, Tlalnepantla y Xonacatlán.

La situación actual de este ecosistema atiende a una preocupación social genuina por una demanda ambiental, en donde el desarrollo inmobiliario desmedido ha agotado los recursos naturales de su comunidad y ha afectado la calidad de los mismos. La Comisión Nacional del Agua reveló en un estudio, que de 2018 a la fecha el crecimiento inmobiliario en dicha zona ha sido del 300% aproximadamente, reconociendo a la zona de la cuenca hídrica como zona en condición de absoluta escasez.1

A pesar de la dependencia que los municipios que conforman la cuenca, como Atizapán de Zaragoza, tienen por el abasto de agua por parte de la presa, en abril del año pasado, se hizo pública la intención de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en colaboración con la exalcaldesa de Atizapán de Zaragoza, Ruth Olvera Nieto, de construir una planta potabilizadora en la Presa Madín, para así, enviar agua en 2022 hacia algunas zonas de la CDMX que ya padecen de escasez de agua como Iztapalapa,2 asunto que parece representar más un problema que una solución para atender el problema de escasez del agua, ya que la Presa Madín cuenta con una capacidad de tan solo 25 millones de metros cúbicos, mientras que la CDMX tiene una demanda de 480 billones de agua al año, generando la siguiente pregunta: ¿Presa Madín será suficiente para atender ambas demandas (Atizapán de Zaragoza, Zona metropolitana y CDMX)?3

De acuerdo a una investigación sobre la calidad del agua de la Cuenca de Presa Madín, realizada por la maestra en Toxicología por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), Marcela Galar Martínez, en diciembre de 2021, la contaminación que sufre este cuerpo de agua es sumamente alarmante, ya que dicho estudio reveló la presencia de metales y fármacos como el aluminio, mercurio, hierro, Diclofenaco, Naproxeno, Acetaminofen, Antreceno, Fenantreno e hidrocarburos en el agua de la presa1, siendo un peligro latente para la salud de las comunidades que se abastecen del agua de dicha cuenca hídrica, así como para la flora y fauna que habitan el ecosistema. Entre sus declaraciones la Mtra. Galar, señala que: “hay descargas que no reciben un tratamiento adecuado, se apropiaron de muchas zonas que deberían ser de preservación ecológica como las barrancas; en algunos casos las han rellenado para construir, han rellenado los lechos de los ríos para poder construir ahí y, bueno, prácticamente no tenemos áreas verdes...porque vemos muchas más construcciones que están descargando directamente al cuerpo de agua y sin tratamiento, entonces ahí llevas una descarga importante de contaminantes que están terminando de matar a los peces”.4 La investigadora, mencionó también durante su informe que el 37% del agua contaminada es destinada al consumo de los habitantes de Atizapán, mientras que el 79% de esta es para los habitantes de Naucalpan.5

Por otro lado, vale la pena mencionar que la Cuenca de Presa Madín, recibe al menos 17 descargas de drenajes extraoficiales que contribuyen a su contaminación,6 y que ante ello, la planta potabilizadora existente ha mostrado no ser suficiente para garantizar la calidad y el abastecimiento del agua en la zona ante la presencia de múltiples descargas de aguas residuales no registradas oficialmente por los gobiernos municipales que convergen en la zona, así como por la explotación de este cuerpo de agua por parte de los desarrollos inmobiliarios que se han aprovechado esta área natural en los últimos años.

Por otro lado, la investigadora y vocal de la Comisión de Cuenca de Presa Madín, Xiomara Trujillo Gutiérrez, ha sido insistente con el tema de protección a la fauna que habita la cuenca, señalando que más de 200 especies de aves se encuentran en riesgo por la urbanización de la zona, de las cuales, aproximadamente 50 son endémicas, semiendémicas o cuasiendémicas de Madín, y cuyo daño, es indicador clave de la salud del ecosistema, declarando que: “(las aves) son muy sensibles a los cambios en él y dependen del hábitat de la cuenca presa Madín para alimentarse, para refugiarse, incluso algunas más para anidar”,7 por lo que su afectación es causa y consecuencia de un desequilibrio ecológico en el medio amiente.

Tal y como se ha mencionado en párrafos anteriores, una de las razones por las que la Presa Madín sufra de problemas de escases y contaminación es el crecimiento desmedido de paraísos inmobiliarios, que poco a poco se han ido apoderado de los alrededores de dicha cuenca hidráulica.

En marzo del año pasado, fue aprobado a través de “consultas a modo”8 el Plan de Desarrollo Urbano Naucalpan, el cual, previamente en diciembre de 2020 había sido aprobado por el cabildo municipal, y propone un cambio de uso de suelo para su explotación (zonas urbanizables) a más de 3,000 hectáreas,9 de las cuales, algunas estaban catalogadas como “zonas territoriales de reserva para la conservación ecológica”. También propone cambios de uso de suelo de “Habitacional exclusivo” a “mixto”. Con esto, se podrían transformar inmuebles unifamiliares en torres o edificios en donde puedan habitar más personas, causando un impacto en la demanda de recursos como el agua, impactos en movilidad y en temas ambientales (sobrepoblación). Estos cambios de uso de suelo proyectan a su vez la construcción de 150 mil casas en algunas localidades de la cuenca como son: La concordia, la 6ta sección de lomas verdes y zona esmeralda.

Además de la explotación desmedida del suelo, que desembarcará en la sobrepoblación del municipio, otra de las principales críticas a este Plan de Desarrollo Urbano es la falta de estudios de impacto ambiental de acuerdo a normas de la SEMARNAT, la falta de estudios en infraestructura hidráulica del área para el suministro de agua y la falta de estudios de movilidad, sin los cuales, no se puede garantizar que este Plan sea en beneficio de la comunidad a la que impactará, ni que tampoco este Plan se haya elaborado con las máximas de transparencia necesarias.10 Esta problemática, además, evidenció la necesidad de que estos Planes de Desarrollo Urbanos y Municipales cuenten con apartados ecológicos en donde las actividades y obras planeadas detallen los impactos ambientales que estos traerán a la población y a los ecosistemas donde intervengan, para darle certeza a la población de que se respetará su derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, de acuerdo al artículo 4to Constitucional. Hasta el momento, el Plan de Desarrollo Urbano Naucalpan no ha entrado en vigor gracias a que un juez Federal del Juzgado Décimo de Distrito del Segundo Circuito del Poder Judicial de la Federación, declaró insubsistente el Plan Municipal de Desarrollo Urbano y ordenó se reponga el procedimiento de consulta ciudadana el pasado mes de octubre, más no, declaró inconstitucional el Plan en sí mismo.11

Un estudio de impacto ambiental es una evaluación metodológica realizada sobre actividades planificadas en el medio ambiente, cuyos resultados determinarán los impactos, ya sean positivos o negativos, que la intervención de dicha actividad tendrá sobre el medio ambiente, analizando diversos factores como las potenciales afectaciones hacia la biodiversidad, la flora, la fauna, la vegetación, el agua y el aire, así como aspectos económicos. Gracias a estas evaluaciones, las autoridades adquieren la información necesaria para ser conscientes sobre los potenciales riesgos ambientales que obras y demás actividades pueden causar al ambiente, ayudando a que, bajo esta perspectiva ecológica, puedan rediseñarse dichas actividades o bien, cuestionar su realización, en aras de preservar el medio ambiente y evitar posibles daños que afecten la biodiversidad de los ecosistemas, así como el cuidado de los recursos naturales y la preservación de la flora y la fauna.

La Ley de Aguas Nacionales, en su artículo 3ro, fracción LXIV, establece que se le conoce como “Zona de reserva” a “Aquellas áreas específicas de los acuíferos, cuencas hidrológicas, o regiones hidrológicas, en las cuales se establecen limitaciones en la explotación, uso o aprovechamiento de una porción o la totalidad de las aguas disponibles, con la finalidad de prestar un servicio público, implantar un programa de restauración, conservación o preservación o cuando el Estado resuelva explotar dichas aguas por causa de utilidad pública”. Su artículo 38 establece que el titular del Ejecutivo Federal, podrá decretar el establecimiento de zonas reglamentadas, zonas de veda o declarar la reserva de aguas, siempre y cuando se hayan realizado los estudios técnicos que al efecto se elaboren y publiquen, y considerando los programas nacionales hídrico y por cuenca hidrológica y las necesidades del ordenamiento territorial nacional, regional y local, así como lo dispuesto en los Artículos 6 y 7 de la presente Ley.

Por su parte, es importante considerar a la Cuenca de Presa Madín como área natural protegida, tomando en cuenta lo expuesto en el artículo 3ro, fracción II, de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, donde menciona son reconocidas como tal, aquellas “en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la presente Ley”. Así mismo, el artículo 45 establece que las áreas naturales tendrán por objeto:

I. Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, así como sus funciones, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos;

II. Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva; así como asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional, en particular preservar las especies que están en peligro de extinción, las amenazadas, las endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a protección especial;

III. Asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, sus elementos, y sus funciones;

IV. Proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas y su equilibrio;

V. Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o nuevas que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional;

VI. Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y aprovechamientos agrícolas, mediante zonas forestales en montañas donde se originen torrentes; el ciclo hidrológico en cuencas, así como las demás que tiendan a la protección de elementos circundantes con los que se relacione ecológicamente el área; y

VII. Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la recreación, la cultura e identidad nacionales y de los pueblos indígenas.

Acciones que son necesarias para recuperar el equilibrio ecológico en la zona debido a la explotación reciente que ha sufrido, así como para generar condiciones que auguren su protección y restauración a futuro.

Finalmente, el artículo 53 de esta misma ley, menciona que, en la categoría de áreas de protección de recursos naturales para su preservación y protección del suelo, están consideradas las cuencas hidrográficas, las aguas y en general los recursos naturales localizados en terrenos forestales de aptitud preferentemente forestal, tal y como se encuentra compuesto el ecosistema de la Cuenca de la Presa Madín. Dando prioridad a aquellas caracterizadas por que su uso se destine al abastecimiento de agua para el servicio de las poblaciones, criterio que también cumple la Cuenca de la Presa Madín. El beneficio que traerá la declaración de la Cuenca de Presa Madín como área de protección de recursos naturales, es que, a partir de ello, sólo podrán realizarse actividades relacionadas con la preservación, protección y aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales en ellas comprendidos, así como las actividades relacionadas con la investigación, recreación, turismo y educación ecológica.

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Presidente de la República Mexicana, para que con base en sus atribuciones, declare, de acuerdo la Fracción LXIV del artículo 3, a la Fracción III del artículo 6 y el artículo 38 de la Ley de Aguas Nacionales, a la Cuenca de la Presa Madín como zona de reserva de Aguas Nacionales para garantizar su protección.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Presidente de la República Mexicana, para que, con base en sus atribuciones, declare, de acuerdo a la Fracción II del artículo 3, a la Fracción VI del artículo 46 y el artículo 57 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a la Cuenca de la Presa Madín como área Natural Protegida, bajo la categoría de Zona de Área de Protección de Recursos Naturales y de Santuario y Bosque Forestal para garantizar su protección.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Gobierno del Estado de México, a los gobiernos locales de Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla de Báz, Naucalpan de Juárez, Jilotzingo y Xonacatlán, para que con base en sus atribuciones, realicen los estudios pertinentes, señalados en las Fracciones I y II del artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para declarar a la Cuenca de Presa Madín como Área Natural Protegida.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los gobiernos locales de Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla de Báz, Naucalpan de Juárez, Jilotzingo y Xonacatlán, para que con base en sus atribuciones, incluyan, en su Plan Municipal de Desarrollo un apartado ecológico en donde con perspectiva de medio ambiente y desarrollo sostenido hagan públicos sus proyectos de obra pública, así como todo aquel proyecto relacionado con una intervención del Estado en la Cuenca de Presa Madín, para que la población pueda conocer el impacto ambiental de estos proyectos en la vida pública de sus respectivas comunidades.

Quinto. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que con base en sus atribuciones, realice un levantamiento topográfico en la Cuenca de la Presa Madín para que los gobiernos locales tengan identificados sus límites territoriales dentro de la zona, así también, para que el área de la Cuenca pueda ser considerada como Área Natural Protegida en función de la Fracción I del artículo 60 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Notas

1 Claudia Terrón. “Insisten vecinos en atender problemática en Presa Madín”. El Sol de Toluca. 02/11/2021. Disponible en:
https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/insisten-vecinos-en-atender-problematica-en-presa-madin-7424193.html (12/04/2022)

2 Patricia Venegas. “Gobierno del EDOMEX confirma dotación de agua de la Presa Madín para la CDMX”. El Sol de Toluca. 21/04/2021. Disponible en: https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/gobierno-del-edomex-confirma-dot acion-de-agua-de-la-presa-madin-para-la-cdmx-6626354.html (12/04/2022)

3 Teresa De Miguel. “La Presa Madín, el plan b para abastecer de agua a la Ciudad de México”. El País. 29/04/2021. Disponible en: https://elpais.com/elpais/2021/04/28/album/1619628211_819401.html#foto_ gal_8 (12/04/2022)

4 Ángeles Velasco. “Presa Madín coloca en más riesgo a población y entorno”. Excélsior. 04/11/2021. Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/presa-madin-coloca-en-mas-riesgo- a-poblacion-y-entorno/1480705 (12/04/2022)

5 Patricia Venegas. “Vecinos de Naucalpan y Atizapán consumen agua tóxica de la Presa Madín”. El Sol de Toluca. 30/09/2021. Disponible en: https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/vecinos-de-naucalpan-y-atizapan- consumen-agua-toxica-de-la-presa-madin-7277592.html (12/04/2022)

6 Rebeca Jiménez. “Presa Madín recibe descarga de 17 drenajes. El Universal. 06/10/2021. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/presa-madin-recibe-la-descarga -de-17-drenajes (12/04/2022)

7 Carlos Medellín. “Más de 200 aves, en riesgo si no se controla contaminación en presa Madín”. La Silla Rota. 28/02/2022. Disponible en: https://lasillarota.com/metropoli/mas-de-200-especies-de-aves-en-riesgo -si-no-se-controla-contaminacion-en-presa-madin/622556 (12/04/2022)

8 Ramírez. “Luchan contra cambio de uso de suelo en Satélite y lomas verdes”. La Silla Rota. 11/11/2020. Disponible en: https://lasillarota.com/metropoli/luchan-contra-cambio-de-uso-de-suelo- en-satelite-y-lomas-verdes/454221 (12/04/2022)

9 Verónica Méndez Borja. “Vecinos buscan tumbar Plan de Desarrollo Urbano Naucalpan”. WRadio. 02/06/2021. Disponible en: https://wradio.com.mx/radio/2021/06/03/nacional/1622683102_298210.html (12/04/2022)

10 S/A. Piden cancelar la consulta ciudadana del Plan de Desarrollo Urbano en Naucalpan. El Sol de Toluca. 17/11/2020. Disponible en: https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/piden-cancelar-la-consulta-ciuda dana-del-plan-de-desarrollo-urbano-en-naucalpan-6027922.html (12/04/2022)

11 Carlos Medellín. “El Plan de Desarrollo Urbano Municipal de Naucalpan sigue vigente”. La silla rota. 01/10/2021. Disponible en: https://lasillarota.com/metropoli/el-plan-de-desarrollo-urbano-municipa l-de-naucalpan-sigue-vigente/566522 (12/04/2022)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2022.

Diputado Rodrigo Herminio Samperio Chaparro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al IMSS y la ASF a esclarecer la situación que guarda el proyecto de sustitución del hospital general regional número 36 de San Alejandro y acelerar su implantación, suscrita por los diputados Alejandro Carvajal Hidalgo y Martín Sandoval Soto, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, Alejandro Carvajal Hidalgo y Martín Sandoval Soto en nuestro carácter de diputados, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III, IV y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el cual la Cámara de Diputados exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Auditoría Superior de la Federación, a fin de esclarecer la situación que guarda el proyecto de sustitución del Hospital General Regional No. 36 de San Alejandro, así como de acelerar su implementación, con base en lo siguiente

Consideraciones

El derecho a la salud es un derecho humano que el Estado debe garantizar para poder disfrutar de una vida plena y digan, es por ello que el párrafo cuarto del artículo 4o, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , establece que toda persona tiene el derecho a la protección de la salud, precepto que a continuación cito:

“Artículo 4o.- ...

...

...

“Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. ”i

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye entre sus principios que “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades ” ii, reconociendo a la protección de la salud como un derecho humano y fundamental.

La Declaración Universal de Derechos Humanos iii en el artículo 25.1 determina que la salud es un componente del derecho al nivel de vida adecuado, por lo que lo relaciona con otros que inciden en su conservación y por lo tanto deben ser asegurados, tales como la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios y seguros por enfermedad e invalidez .

Derivado del terremoto registrado el pasado 19 de septiembre de dos mil diecisiete que azotó a diversas entidades del país, las condiciones sanitarias en la Zona Metropolitana en el estado de Puebla no son adecuadas y se necesitan tomar acciones de manera inmediata para revertirlas, siendo el caso del “Hospital General Regional Número 36 San Alejandro” del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde sus instalaciones se vieron dañadas estructuralmente, dejándolo inservible.

El mencionado HGR San Alejandro tuvo que ser evacuado de manera inmediata con la finalidad de salvaguardar la integridad de los derechohabientes, usuarios y los trabajadores del IMSS, al igual que evitar riesgos sanitarios y de otra índole

Dicho nosocomio era considerado la maternidad más grande de América Latina, ya que diario nacían aproximadamente 30 niños; contaba con 415 camas censables, atendía el 43% del total de camas de hospitalización para pacientes del Instituto; en 2017 el total de pacientes fue de 32 mil personas, un promedio de 2 mil 700 personas; con un porcentaje de ocupación diario del 90 por cientoiv y diariamente servían a los derechohabientes poco más de 2 mil 500 trabajadores, es decir, la capacidad de atención a usuarios de dicho hospital era imprescindible.

Lo anterior, trajo como consecuencia que otros institutos de la región se vieran afectados por la sobredemanda de los derechohabientes, como es el caso del Hospital General Zona 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social “La Margarita”, en la capital de Puebla, el cual, actualmente atiende “el triple de derechohabientes”v que atendía hasta antes de que quedara con daños estructurales la infraestructura del San Alejandro, siendo esta, la que mayormente concentró a los usuarios. No obstante, la crisis de salubridad provocada por la Covid-19, exacerbó esta situación, lo que ha provocado que haya hacinamiento en la unidad hospitalaria, llegando al grado que a los derechohabientes se les llegó atender en el suelo tras llevar largos periodos de tiempo para poder ser atendidos.

Cabe señalar que de conformidad con el Informe al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión Sobre la Situación Financiera y los Riesgos del IMSS 2017-2018 la administración en turno realizó la compraventa del terreno para la edificación de una nueva unidad médica hospitalaria que resolvería el problema de los daños causados al hospital San Alejandro, el cual, había sido un proyecto de un hospital privado conocido como Centro Internacional de Medicina (Cima), transacción que tuvo un costo de 427.7 millones de pesos 1 . Una de las principales justificaciones que daban lugar a la compraventa del terreno fue que los tiempos de construcción de la nueva unidad médica se reducirían en un 40%2 , ya que se aprovecharía un área de obra gris que no fue afectada por el terremoto. El problema surge cuando la actual administración, identificó que el edificio en obra gris no cuenta con las condiciones para ser utilizado como hospital, derivado de la realización de un dictamen de seguridad estructural, ya que la obra se construyó con las normas de muchos años atrás.

Ante este escenario, el actual director general del IMSS, anunció en un evento acompañado por el gobernador del estado de Puebla, y por el titular del Instituto de Salud para el Bienestar, en agosto del 2019 un plan de infraestructura hospitalaria para la Zona Metropolitana del Estado de Pueblavi con el propósito de garantizar mejores condiciones de salud, dando como indicador que se tendrá un promedio de una cama por cada mil derechohabientes.

El mencionado plan cuenta con cuatro ejes de acción, el primero será la demolición del Hospital San Alejandro, ya que con ello se iniciará la construcción de uno nuevo; el segundo, buscará la ampliación del Hospital General La Margarita, aumentando 100 camas más, a razón de tener 178 y terminar con 278, al igual que la remodelación de un segundo piso para el área administrativa, para crear servicios de hospitalización; el tercero, referente a la construcción del Hospital Regional de Amozoc, el cual tiene como objetivo tener 260 camas; y por último la construcción del Hospital Regional de Cholula con el mismo objetivo de alcanzar 260 camas, lugar donde se encuentra la estructura de la obra civil del Hospital CIMA.

A casi 3 años del anuncio del director General del IMSS de implementar un plan de infraestructura hospitalaria para la Zona Metropolitana del estado de Puebla , a penas en agosto del año pasado inició la demolición del Hospital San Alejandro y que hasta el momento no se sabe la fecha con exactitud en la que se terminará dicha demolición, ni para cuándo iniciarán con las demás partes de rehabilitación y construcción de infraestructura que sirva para atender la demanda creciente de derechohabientes del seguro social en el estado de Puebla.

Cabe hacer mención que el pasado 15 de diciembre de 2021 el director general del IMSS visitó la obras de demolición del Hospital San Alejandro, en Puebla, en donde señaló que “el Instituto enfrentó diversas anomalías ante empresas constructoras que tenían más abogados que ingenieros y no tenían el compromiso de buscar soluciones reales para esta obra”vii , por lo tanto, se deberá esclarecer cuánto dinero han recibido dichas empresas y cuál ha sido su participación en el proyecto de sustitución del multicitado hospital.

Ahora bien, de conformidad con información obtenida por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Gobierno Federal mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación ha destinado recursos desde el 2018 para el Programa de Emergencia para la Sustitución del Hospital General Regional con Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 36 en San Alejandro, Puebla, como se puede observar en el siguiente cuadro:

Como podemos ver, hasta antes del 2019 no hay registro del gasto ejercido para este rubro, a lo que se puede inferir que de los más de 777 millones al menos 427.7 millones fueron utilizados para comprar el inmueble CIMA ¿y los otros 350 millones?; para el ejercicio 2019 se aprobaron más de 2 mil millones y se ejercieron solo 10 millones; para el año 2020 de igual forma se aprobaron más de 2 mil millones pero solo se ejercieron 675 pesos y por último como podemos observar a partir del PEF 2021 no se ha destinado recursos para continuar con este mega proyecto.

Han pasado casi 5 año desde que sucedió esta tragedia y a pesar de que el Gobierno ha destinado recursos para la restitución de dicho nosocomio la realidad es que no se ve para cuando quede resulta esta problemática. Mientras tanto sigue siendo evidente que existe una crisis sanitaria por falta de atención médica en la Zona Metropolitana del Estado de Puebla.

Motivo por el cual, la presente propuesta tiene como objetivo exhortar al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de que haga público un informe detallado sobre la situación física y financiera que guarda el proyecto de sustitución del Hospital General Regional con Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 36 en San Alejandro, Puebla, con un especial énfasis en detallar en qué se han utilizado los recursos que desde el 2018 y hasta el 2020 se destinaron para dicho fin; así mismo se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que incluya en su programa anual de auditoria el “Programa de Emergencia para la Sustitución del Hospital General Regional con Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 36 en San Alejandro, Puebla.” Con la finalidad de hacer público su avance físico y financiero.

Cabe señalar que la presente propuesta le da continuidad a la proposición con punto de acuerdo que aparece en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados con número 5452-VI, presentada el jueves 6 de febrero de 2020, en la LXIV Legislatura, la cual, no concluyó el correcto procedimiento parlamentario y se quedó en la comisión correspondiente de la cámara de origen.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en estricto respeto al principio federalista de división de poderes, extiende un respetuoso exhorto al ciudadano director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de que, en cumplimiento a su mandato legal, haga los actos conducentes a fin de que haga público un informe detallado sobre la situación física y financiera que guarda el proyecto o programa de sustitución del Hospital General Regional con Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 36 en San Alejandro, Puebla, con un especial énfasis en detallar en qué se han utilizado los recursos que desde el 2018 y hasta el 2020 se destinaron para dicho fin; así como enlistar en dicho informe, a las empresas constructoras que han participado en el proyecto o programa de Emergencia para la Sustitución del Hospital General Regional con Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 36 en San Alejandro, Puebla y detallar individualmente, cuánto recurso se les ha destinado y la justificación de su intervención en él.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en estricto respeto al principio federalista de división de poderes, extiende un respetuoso exhorto al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social para que acelere la implementación de la Sustitución del Hospital General Regional con Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 36 en San Alejandro, Puebla . Con la finalidad de satisfacer la demanda hospitalaria de los derechohabientes del IMSS

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, extiende un respetuoso exhorto a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para que incluya en su programa anual de auditoria el “Programa de Emergencia para la Sustitución del Hospital General Regional con Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 36 en San Alejandro, Puebla .” Con la finalidad de hacer público su avance físico y financiero.

Notas:

1. Como lo señala el “Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de La Unión Sobre la Situación Financiera y los Riesgos del IMSS 2017-2018”, véase en la siguiente liga electrónica

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/20 172018/21-InformeCompleto.pdf

2. El dato se puede corroborar en el Análisis Costo – Beneficio del “Programa de emergencia para la sustitución del Hospital General Regional con Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 36 en San Alejandro, Puebla”, del instituto, véase en la siguiente liga electrónica https://www.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2019/10/vpublicahgr.p df

Referencias:

i. Véase en la siguiente dirección electrónica: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

ii. Véase en la siguiente dirección electrónica:

https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pd f

iii. Véase en la siguiente dirección electrónica:

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights /

iv. Véase en la siguiente dirección electrónica: https://www.eluniversal.com.mx/estados/demoleran-emblematico-hospital-d el-imss-san-alejandro-en-puebla

v. Véase en la siguiente dirección electrónica: https://www.animalpolitico.com/2019/10/fallido-proyecto-hospital-satura cion-imss-puebla/

vi. Véase en la siguiente dirección electrónica:

http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201908/267

vii. Véase en la siguiente dirección electrónica:

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/i2f_news/IMSS.% 20Bolet%C3%ADn.%20576.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro a los 26 días de abril del 2022.

Diputados : Alejandro Carvajal Hidalgo, Martín Sandoval Soto (rúbricas)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobernador de Zacatecas y tanto a la SICT como a la SHCP a realizar acciones para ejecutar obras de construcción y mantenimiento carretero en todo el estado, a cargo del diputado Miguel Ángel Varela Pinedo, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Miguel Ángel Varela Pinedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones realicen las acciones correspondientes para ejecutar obras de construcción y mantenimiento carretero en todo el territorio estatal.

Consideraciones

Desde principios de agosto del año inmediato anterior, el entonces gobernador electo y ahora gobernador en funciones de Zacatecas, David Monreal, manifestó en diversas entrevistas periodísticas que una de las acciones de sus primeros 100 días de gobierno sería la construcción y el mejoramiento carretero, entre las que destacarían: “Fresnillo, la que corresponde de Guadalupe de Trujillo al entronque de la carretera a Valparaíso, San Mateo entronque Valparaíso con Lobatos, Jiménez del Teúl a la comunidad de Atotonilco y la de Villanueva al Plateado... ¿Por qué estas carreteras? Porque están bien gachas, destruidas, completamente destruidas, porque es un asunto de seguridad, porque es un asunto de justicia, porque lo necesitamos para el tema de salud, para el tema de tránsito, para el tema de saca cosecha, para el manejo”.1

Sin embargo, a la fecha, el Gobierno federal a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT) determino reducir 110 de los 160 millones de pesos que estaban destinados a la entidad para su mejoramiento carretero, dejándolo sólo con 50 millones de pesos para estas tareas.

Situación que es realmente preocupante, pues la construcción y el mejoramiento de las carreteras y caminos estatales es un asunto de primera importancia en el Estado zacatecano, pues debido a su posición geográfica en el centro del país, diariamente transitan por su territorio millones de toneladas de diversas mercancías de norte a sur, así como cientos de camiones de pasajeros que van de un lado a otro de nuestras fronteras.

Aunado a lo anterior, el mejoramiento de caminos y carreteras es importante para el desarrollo económico al interior del propio estado, pues sirve para el transporte a los centros de trabajo desde las pequeñas y alejadas comunidades a las ciudades y municipios que por su turismo concentran la mayor parte del capital humano del estado, en el mismo sentido, también es prioritario pues permite el traslado de mercancías de manera segura de un municipio a otro, además de que activaría la economía pues se generarían empleos derivado de los trabajos de construcción de dichas obras.

Como zacatecano y en mi calidad de diputado federal, una de mis principales atribuciones es la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación y por ende de las entidades federativas, en ese sentido, el pasado mes de noviembre presenté diversas reservas para aumentar el presupuesto destinado a Zacatecas en todos los rubros, entre ellos en el de Construcción y Mantenimiento Carretero, sin embargo, no fueron aprobadas y el presupuesto destinado a la entidad no se modificó, pues fueron votadas en contra por las y los diputados de Morena, PT y Partido Verde.

En consecuencia propongo a esta soberanía exhortar al titular del Ejecutivo del estado de Zacatecas, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones realicen las acciones tendientes a ejecutar el presupuesto aprobado desde esta Cámara de Diputados para el estado de Zacatecas en el rubro de infraestructura carretera, así como para que se coordinen de manera efectiva para llevar a cabo la construcción y el mantenimiento carretero necesario en la entidad, pues ello beneficiará a millones de zacatecanos en diversos sectores como el económico, turismo, prestación de servicios, salud, agrícola, ganadero, etcétera.

Por último, solicito se exhorte al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a hacer públicos los informes de los avances respecto de la ampliación a cuatro carriles de la carretera Jerez-Tlaltenango y de la de Zacatecas-Aguascalientes, ambas, compromisos del Presidente López Obrador durante su gira de trabajo por la entidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a través de las Secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público y al gobierno del estado de Zacatecas, para que en el ámbito de sus atribuciones realicen las acciones tendientes a ejercer en tiempo y forma el presupuesto aprobado en el rubro de infraestructura carretera para la entidad, toda vez que las obras programadas favorecen a la población e incentivan a los sectores productivos de la entidad.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que, a través de su página electrónica, haga públicos los informes respecto de la ampliación a cuatro carriles de las carreteras Jerez-Tlaltenango y Zacatecas-Aguascalientes.

Notas

1 “Las carreteras serán prioridad durante los 100 días de gobierno”, Zacatecas en Imagen, mismo que puede ser consultado en la siguiente página electrónica:

https://imagenzac.com.mx/capital/las-carreteras-seran-pr ioridad-durante-los-100-dias-de-gobierno-de-david-monreal/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2022.

Diputado Miguel Ángel Varela Pinedo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sectur a emitir una alerta a la población por las altas temperaturas en los destinos turísticos del país y recomendaciones para evitar los daños causados por los golpes de calor, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1 y el artículo 79 numeral 2 Fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

Hoy en día, las olas de calor se han vuelto cada vez más frecuentes en el país, esto tiene que ver obviamente por el calentamiento global provocando un alza en las temperaturas, que año con año aumentan en todo mundo.

Paulina Ordóñez, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, precisa que, de acuerdo con diversas investigaciones, en el hemisferio norte es en donde se presentan más olas de calor en las latitudes medias:

“Una ola de calor es un fenómeno climático extremo; un episodio de temperaturas anormalmente altas que se mantienen durante varios días o incluso semanas, que afectan a una parte importante de una región o un país. Para que una ola de calor ocurra, la tropósfera (capa de la atmósfera terrestre que está en contacto con la superficie de la Tierra), debe registrar una alta presión.

Las olas de calor pueden intensificarse o durar más días por la interacción con la superficie de la atmósfera si existen sequías; también influyen algunos modos de variabilidad climática, esto es, fenómenos como El Niño o La Niña .

Cuando sucede una ola de calor, se supera un umbral durante varios cinco días o una semana, aproximadamente, dependiendo de la temperatura máxima de una región. Por ejemplo, en la ciudad de México, una ola de calor puede ser de 30 grados, en tanto que en Sonora podría ser de 50 grados.1 ”

La recomendación más evidente por parte de las autoridades debe ser la de exhortar a la población a exponerse lo menos posible a los rayos de sol, así como el uso de cremas y portación de accesorios eficaces contra el calor.

Sin embargo, no está de más mencionar que los niños y adultos mayores son el sector más vulnerable ante esta situación. La deshidratación y problemas cardiovasculares son las principales dolencias ante las que las autoridades deben estar alerta.

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la exposición a un calor excesivo tiene impactos fisiológicos de gran alcance en todos los seres humanos, y a menudo amplifica las enfermedades existentes y se traduce en muerte prematura y discapacidad.

Entre 2000 y 2016, el número de personas expuestas a olas de calor aumentó en aproximadamente 125 millones. Solo en 2015, 175 millones de personas más estuvieron expuestas a olas de calor en comparación con otros años promedio2”

Lo anterior continúa aumentando conforme pasa el tiempo, lo que llega a traducirse a mediano plazo en una emergencia de salud pública, dando lugar a un alza en la mortalidad, así como impactos en la economía de las y los mexicanos, ya que se puede perder la capacidad de trabajo, productividad en las labores diarias y en los peores casos, enfermedades tan graves como el cáncer de piel.

Para atender esta situación entre las recomendaciones que la Secretaría de Salud, así como Protección Civil y demás dependencias pueden emitir están:

Recomendaciones ante las olas de calor

• Evitar exponerse al sol

• Usar bloqueador solar de alto rango

• Ingerir líquidos en todo momento, aunque no se tenga sed

• Usar ropa holgada, ligera y de colores claros

• Evitar el trabajo físico intenso y prolongado

• Evitar ejercitarse bajo el sol, especialmente en horas de más calor

• Usar sombrero o sombrilla

• Evitar dejar personas o mascotas dentro del vehículo

• Evitar la automedicación en caso de golpe de calor

En un llamado a la prevención de efectos adversos por el calor, y buscando que las personas que comiencen a conocer las zonas turísticas del país (muchas de ellas, playas) es que se exhorta a las autoridades competentes a implementar y hacer un llamado a tomar las medidas necesarias de cuidado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a respetuosamente la Secretaría de Turismo Federal a emitir una alerta a la población por las altas temperaturas en los destinos turísticos del país, así como las recomendaciones para evitar los daños causados por los golpes de calor.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Protección Civil a emitir las siguientes recomendaciones de cuidado ante las olas de calor en territorio nacional, principalmente en pueblos mágicos y playas de los estados con mayores temperaturas en el país:

• Evitar exponerse al sol

• Usar bloqueador solar de alto rango

• Ingerir líquidos en todo momento, aunque no se tenga sed

• Usar ropa holgada, ligera y de colores claros

• Evitar el trabajo físico intenso y prolongado

• Evitar ejercitarse bajo el sol, especialmente en horas de más calor

• Usar sombrero o sombrilla

• Evitar dejar personas o mascotas dentro del vehículo

• Evitar la automedicación en caso de golpe de calor

Notas:

1. Ciencia UNAM. “Holas de calor, cada vez más frecuentes en México”. Disponible en: http://ciencia.unam.mx/leer/1018/las-olas-de-calor-cada-vez-mas-frecuen tes-en-mexico

2. Pressreader. “Afectaciones a la Salud”. Disponible en
https://www.pressreader.com/mexico/el-sol-de-puebla/20201004/282114934030049

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2022.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los 32 gobiernos locales, la SRE y la Segob a crear una red regional de oficinas de atención de migrantes, a cargo de la diputada Nora Elva Oranday Aguirre, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Nora Elva Oranday Aguirre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobernadores de las entidades federativas de la República, al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y al titular de la Secretaría de Gobernación, a coordinarse para crear una red regional de oficinas de atención a migrantes, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Es necesario que el pueblo y gobierno de México entendamos que la atención al tema migrante en nuestro territorio no puede esperar más. Que la esperanza nutre los sueños y la resiliencia de nuestros migrantes. Es tiempo de retribuir su contribución solidaria y de atender sus derechos como mexicanos.

La población mexicana en los Estados Unidos de América (EUA) corresponde a 30 por ciento de los habitantes del territorio nacional. Indudable es que las remesas que envían a sus familias han sido factor de estabilidad en el consumo en los difíciles años de la pandemia. Es inminente exigir un sistema eficiente de vinculación institucional y protección a nuestros migrantes y sus familias desde sus lugares de origen.

No nos confundamos, México tiene una crisis humanitaria por la migración creciente en nuestro territorio. Esos migrantes que se desplazan aquí, en tránsito o como destino, desde distintos orígenes, son sujetos de derechos humanos y merecen un trato digno.

No obstante, esta proposición con punto de acuerdo se refiere a los millones de mexicanos que cruzan o residen en el exterior para mejorar sus condiciones de vida y los de sus familias. Esos migrantes que tienen sus raíces, afectos y responsabilidades en nuestro suelo. Su atención y el auxilio a sus familiares tiene un rezago de muchas décadas. Con el esfuerzo conjunto y con las acciones gubernamentales correctas, podemos aliviar el dolor de miles de mexicanos de no saber de una persona ausente que se vio orillada a migrar para trabajar en EUA; podemos disminuir la incomunicación, los riesgos y el abandono del migrante o de sus seres queridos.

Hoy los convoco a aprobar un punto de acuerdo para establecer Oficinas Regionales de Atención Especializada en Asuntos Migrantes, bajo la responsabilidad de las entidades federativas y con la asesoría y supervisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en coordinación con la Secretaría de Gobernación, según el siguiente razonamiento:

La política migratoria debe regirse por los principios de respeto irrestricto a los derechos humanos de toda persona de manera inclusiva y no discriminatoria, otorgando a los migrantes extranjeros el mismo respeto que desearía les fuera otorgado a los migrantes mexicanos. Lo anterior sin ignorar que la movilidad de las personas en todo el mundo es un fenómeno complejo, que se da por la necesidad de resolver la adquisición de los elementos básicos para garantizar la sobrevivencia.

Considerandos

Los mexicanos que toman la decisión de emigrar al extranjero, especialmente si no cuentan con los documentos requeridos en el país de destino, son vulnerables. En su tránsito, llegada y esfuerzos por estabilizar su situación se exponen a infinidad de riesgos y carecen de los recursos básicos para satisfacer sus necesidades de trabajo, atención médica, educación y seguridad física. Los servicios consulares, cuando los hay cerca, pueden proveer algún respaldo en el exterior, pero en situaciones ordinarias, estas personas requieren de ayuda por parte de la autoridad competente en sus lugares de origen, y sus familiares puedan resolver problemas de emergencias de todo tipo.

Con el fin de facilitar el acceso a información y a la localización y auxilio de personas en tránsito, o residentes en el extranjero, tanto para proteger los derechos humanos de ellos mismos, como los de sus familias, es indispensable facilitar el acceso a asesoría e intermediación competentes en poblaciones distantes de las ciudades mayores y en las regiones campesinas de las que proceden muchos de quienes emigran hacia el norte, en clara diferencia con la simulación que representa una oficina de apoyo en la capital de cada entidad federativa.

El artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su fracción II, establece que entre los asuntos que le corresponde despachar a la Secretaría de Relaciones Exteriores se encuentra el de impartir protección a los mexicanos; en este caso a los mexicanos residentes en el extranjero que se encuentran de manera transitoria en territorio nacional o a sus familias para que sepan de su seguridad; cuando ellos se encuentran en sus lugares de residencia en EUA.

El artículo 20 de la Ley de Migración, en su fracción VIII, establece que le corresponde al Instituto Nacional de Migración la coordinación de la operación de los grupos de atención a migrantes que se encuentren en territorio nacional.

Las entidades federativas también son competentes para brindar protección a los mexicanos residentes en el extranjero, cuando éstos se encuentran en alguna de sus demarcaciones o municipios.

Es urgente que las acciones de atención a migrantes se intensifiquen dada la dimensión del fenómeno migratorio en nuestro país, pues la mayoría de los migrantes buscan hacer realidad sus sueños en tierra norteamericana, pero también desean visitar a sus familias y no romper la estrecha relación que tienen con México, que es su país de origen.

Por lo aquí expuesto, me permito poner a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXV Legislatura, exhorta respetuosamente a los gobernadores de las entidades federativas, al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, licenciado Marcelo Ebrard Casaubón y al titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a realizar de manera conjunta las acciones necesarias para que en el ámbito de sus competencias, se instalen Redes Municipales de Oficinas para la Atención Especializada en Asuntos de Migrantes que están ausentes y migrantes de retorno, así como a sus familiares en México; integrada con por lo menos dos oficinas municipales en cada estado con mayor afluencia de connacionales. Dichas redes estarían a cargo de las entidades federativas con asesoría y supervisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en coordinación con la Secretaría de Gobernación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2022.

Diputada Nora Elva Oranday Aguirre (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Subsecretaría de Educación Media Superior, las autoridades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y demás universidades autónomas del país a intensificar las acciones y medidas aplicables contra los cobros de cuotas solicitadas por ellas, a cargo del diputado Zeus García Sandoval, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe Zeus García Sandoval, diputado de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Subsecretaria de educación media superior y a las autoridades de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca y las demás Universidades Autónomas del país, para que intensifiquen las acciones y medidas aplicables contra los cobros de cuotas solicitadas por la Universidad, cuotas que atentan contra la educación gratuita garantizada por el estado, al tenor de los siguientes

Consideraciones

Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza y aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación.

El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción IV, establece que: “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita”; la fracción X señala que: “La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale”. Asimismo, el precepto constitucional invocado establece que se proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas.

El derecho a la educación conferido en el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se distingue por el interés legítimo de respetar y hacer respetar el orden jurídico establecido que garantiza un acceso a la educación de calidad, laica y gratuita misma que será obligatoriamente proporcionada por el Estado.

Desafortunadamente estos preceptos constitucionales no se aplican a la realidad en la Uabjo donde las cuotas de inscripción por nuevo ingreso comienzan desde los 2 mil 500 hasta los 17 mil 500 pesos. Para ingresar, la más caras son las facultades de Odontología y Enfermería, con una cuota de 17 mil 500, la Facultad de Medicina y Cirugía, con 11 mil 500, la Facultad de Arquitectura, 7 mil 500 pesos y la Facultad de Ciencias Químicas, con 6 mil 500 pesos, de acuerdo a una consulta hecha por El Universal.

A finales de mayo de 2019 a través de un oficio, el secretario de Planeación de la Uabjo, Aristeo Segura Salvador, advirtió que con la reforma las facultades y unidades académicas de la casa de estudios no podrían realizar cobros por inscripción, reinscripción o similares a los estudiantes .****1 Sin embargo se hace caso omiso y el cobro se sigue requiriendo.

Uno de los objetivos de esta proposición es transparentar el destino de estos recursos económicos que se les exige a los estudiantes, La Reforma Educativa prohíbe las cuotas obligatorias y que se condicione la inscripción, las clases, los exámenes, la entrega de documentos. Si la comunidad desea mejorar su escuela, está en todo su derecho de hacer contribuciones voluntarias.

Es de destacar que la Ley General de Educación en su artículo 7 establece claramente que corresponde al Estado la rectoría de la educación; la impartida por éste, además de obligatoria, será gratuita. Al ser un servicio público garantizado por el Estado, prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio en la educación que imparta el Estado; impide condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos al pago de contraprestación alguna, ni afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los educandos.

El artículo 7 de la Ley General de Educación también hace mención que las donaciones o aportaciones voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestación del servicio educativo. En ese contexto, las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, definirán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de los recursos financieros, además tendrán la facultad de apoyarse en instituciones que se determinen para tal fin.

Para el correcto funcionamiento de las Universidades públicas estatales, el Gobierno de la República destina cuantiosos recursos para 65 instituciones educativas públicas de nivel superior en las entidades federativas a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de 2022 se etiquetaron aproximadamente 67 mil millones de pesos para estas instituciones educativas.

El programa de transferencia de recursos para las Universidades Estatales busca contribuir a la ampliación y cobertura de los servicios proporcionados por los Organismos Descentralizados Estatales de educación media superior y superior, mediante la asignación de subsidios federales para cubrir las necesidades del gasto corriente y de operación. Los Organismos Descentralizados Estatales deben pertenecer a los sub sistemas que coordina, cada unidad responsable que participa en el programa que en este caso, es la Subsecretaria de Educación media Superior.

Realizando una revisión a el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año en curso, en particular el denominado Anexo 29 Subsidios para los Organismos Descentralizados Estatales, se observa que para el estado de Oaxaca se destinaron $1320 millones, 276 mil,755 de pesos; que haciendo una confronta con Presupuesto de Egresos del Gobierno de estado de Oaxaca para 2022 arroja que se destinan para la universidad $1197 millones, 205mil, 219 es de reconocer que son recursos considerables.

Es de destacar que en relación al año anterior los recursos etiquetados se incrementaron, en 2021 en el PEF, anexo 29, los subsidios para Oaxaca en ese rubro fueron de $1272 millones, 519 mil, 453 pesos y los destinados a través del presupuesto del gobierno de la entidad fueron de $1127 millones, 880mil, 756 pesos.

En el Programa U006-UR511 ,los desafíos no se limitan a aumentar los espacios educativos disponibles en universidades, sino que se requiere tener la capacidad de desarrollar una oferta pertinente que atraiga a los jóvenes a la escuela, que sea capaz de retenerlos a partir de entender y atender las razones que motivan el abandono, y prepararlos para que puedan acceder a mejores empleos o continuar con sus estudios de posgrado, desafíos que con el cobro a los estudiantes de la Uabjo no se esta actuando en el sentido de resolverlos.

La exigencia del pago de cuotas tan cuantiosas en una universidad pública dificulta la continuidad de los estudios superiores de estudiantes en situación de escasos recursos económicos, siendo este un obstáculo que causa deserción o desalienta a potenciales estudiantes. Los estudiantes que trabajan y estudian para soportar sus gastos personales, al enfrentarse a los últimos semestres de la carrera profesional tendrán que liberar el servicio social o prácticas profesionales.

Mismos que se caracterizan por una remuneración económica simbólica, porque el objetivo es, el servir a la sociedad y conseguir experiencia, en la mayoría de las ocasiones es incluso el estudiante que debe hacer uso de sus propios recursos económicos, por lo que la exigencia de cuotas resulta violatorio la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por la argumentación previamente expuesta, se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Subsecretaria de educación media superior para que con fundamento a las atribuciones que le establecen las leyes invocadas atienda, resuelva e implemente las acciones puntuales que corrijan el indebido e ilegal cobro de cuotas a los alumnos de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca y a cualquier otra Universidad Autónoma del país que incurra en las mismas prácticas.

Segundo: La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca con la finalidad de qué se sujeten plenamente a lo que establece el artículo 3ero. Constitucional y la Ley General de Educación con respecto a la gratuidad de la educación superior y dejen de cobrar cuotas inmediatamente a los alumnos de la institución educativa.

Tercero: Que las instituciones públicas antes referidas, hagan público sus medidas y acciones para dar solución a este punto de acuerdo.

Nota:

1. Zavala, J. C. (2019, 5 agosto). Pese a reforma, UABJO sigue cobrando cuotas de inscripción de hasta 17 mí/ pesos. Oaxaca. https://oaxaca.eluniversal.com.mxJestatal/05-0B-2019/pese-reformauabjo- sigue-cobrando-cuotas-de-inscripcion-de-hasta-17-mí/-pesos

Cámara de Diputados, Palacio Legislativo de San Lázaro, 26 de abril de 2022

Diputado Zeus García Sandoval (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a implantar acciones orientadas a restaurar y sanear el área afectada en la población de Santiago, en Los Cabos, BCS, por los recientes incendios, a cargo de la diputada Sonia Murillo Manríquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Sonia Murillo Manríquez, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las zonas forestales son imprescindibles para la vida en el planeta. Además de ser parte fundamental en los ciclos de producción y distribución del agua, purifican el aire que respiramos al capturar bióxido de carbono y liberar oxígeno. También regulan la temperatura y la humedad, con lo que se equilibra el clima; proporcionan alimento, medicina y refugio a los seres vivos; y son fuente de materia prima en muchas actividades humanas.

Estos procesos vitales se ven amenazados por diversos factores ajenos a las actividades forestales como: la degradación de suelos, la deforestación, la tala inmoderada, los fuegos no controlados que están relacionados con otras actividades como la agricultura, la ganadería y el desarrollo urbano.

El fuego puede tener una influencia positiva en la naturaleza, pues ayuda a mantener la biodiversidad. Pero cuando se utiliza de forma irresponsable o se produce por alguna negligencia, puede convertirse en un incendio forestal de consecuencias devastadoras para el medio ambiente, incluso para la salud y seguridad de las personas.

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.

El pasado sábado 5 de marzo, la Delegación de Santiago, municipio de Los Cabos, en Baja California Sur, se presentó un incendio que consumió al menos 50 hectáreas de palmar, así lo informó el director de Protección Civil de Los Cabos, Francisco Cota.

La localidad de Santiago se encuentra a 135 kilómetros al sur de La Paz, y pertenece a la región del municipio de Los Cabos. Es una pequeña localidad en las faldas de la Reserva de la Biósfera Sierra de la Laguna, de apenas 644 personas, según el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 2020.

Las autoridades informaron que fueron más de 12 horas de trabajo para elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y demás corporaciones de seguridad, quienes este día se reunieron en la plaza principal de la delegación de Santiago y que se ordenó abrir mesas de trabajo para recibir principales solicitudes de los damnificados para tener el dato exacto de los daños parciales y totales que generó el incendio, así como con la remoción de escombros y cenizas a fin de tener la certeza de que haya quedado extinguido completamente.

Por su parte, el ayuntamiento de Los Cabos envió un equipo de brigadas médicas en apoyo a las familias que resultaron afectadas, pues reportaron al menos diez intoxicados por el incendio y, afortunadamente, ninguna pérdida humana que lamentar, asimismo se activaron cuatro centros de acopio en Cabo San Lucas, San José del Cabo, Miraflores y La Rivera, que estarán recibiendo entre otras cosas ropa, calzado, agua embotellada, pañales, comida enlatada, leche en polvo, cobijas, artículos de higiene personal y medicinas.

Se requiere que la Coordinación Nacional de Protección Civil emita para el poblado de Santiago la declaratoria de emergencia para las casas afectadas por este incendio.

Esta tragedia ha sido una de las más complicadas que hemos tenido en Santiago y en Baja California Sur, pues además esto conllevará importantes pérdidas económicas, pues la región es atractiva para el turismo rural y ecológico, pues cuenta con un oasis y en sus alrededores paisajes emblemáticos de la zona que contrastan con la región mayormente desértica de Baja California Sur. Allí se ubican también rancherías y sembradíos de mango, y otros productos orgánicos.

Un incendio forestal trae consigo más afectaciones de las que se perciben a simple vista, pues hay otros daños que son difíciles de cuantificar. Por ejemplo, las plantas y árboles quedan más desprotegidos ante las plagas y enfermedades, además de que se daña su capacidad de crecimiento. También se reducen los recursos genéticos y el valor recreativo de las zonas siniestradas, en tanto que los suelos modifican propiedades físicas, químicas y biológicas. En general, se trata de una cadena de reacciones que contribuye de diferentes maneras al calentamiento atmosférico.

En términos económicos, la pérdida de productos forestales merma el potencial comercial. La evaluación de daños incluye las pérdidas materiales en productos y en servicios, es decir, los valores monetarios y no monetarios que proporcionan los bosques: madera afectada, costos de reforestación, costos de rehabilitación, incluidos suelos, ríos, etcétera; valores ecológicos, históricos, políticos, escénicos, y los costos del combate de incendios, que incluyen al personal, junto con los recursos materiales y financieros.

Por ello quiero hacer un llamado al gobierno a implementar de manera urgente los apoyos a fin de que los cercanos a la zona forestal que sufrió daños por los recientes incendios en Baja California Sur, y se implementen acciones que contribuyan a la protección, conservación, restauración e incorporación al manejo forestal sustentable, de los terrenos forestales.

Por ello, a través de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) se deben coordinar las acciones de prevención, combate y control especializado de incendios forestales y promover la asistencia de las demás dependencias y entidades de la administración pública federal, de las entidades federativas y los municipios.

En virtud de lo antes expuesto, solicito a esta soberanía se apruebe la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a emitir de manera urgente la declaratoria de emergencia para el municipio de Los Cabos, en el estado de Baja California Sur, así como a liberar los recursos necesarios del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales que permitan reparar los daños ocasionados y la atención a las víctimas por los incendios que consumieron decenas de hectáreas y dañó casas en la población de Santiago.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que asigne los recursos suficientes a fin de que la Comisión Nacional Forestal realice las acciones tendientes a la restauración y saneamiento del área afectada en la población de Santiago, en Los Cabos, Baja California Sur por los recientes incendios forestales y se intensifiquen las campañas de prevención, difusión y concientización en materia de incendios forestales.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno federal y a los gobiernos estatales y municipales, para que, en el ámbito de sus atribuciones, se asignen los recursos necesarios a los heroicos cuerpos de bomberos a fin de implementar las medidas preventivas de capacitación y difusión en materia de protección civil y prevención de incendios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2022.

Diputada Sonia Murillo Manríquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a hacer públicos los datos de abandono y deserción escolares en México en el ciclo 2021-2022, y los avances de la estrategia nacional para el regreso seguro a las escuelas de educación básica, a cargo del diputado Alberto Villa Villegas, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Alberto Villa Villegas, diputado del Grupo Parlamentario Morena en la LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En México como en el mundo la educación es un derecho humano, el cual para el caso de nuestro país se encuentra incluido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 3o.- Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.

Y es en este artículo donde se especifican los criterios y garantías que debe seguir el Estado, para hacer valer este derecho y cumplir con la educación para todas las personas en todos sus niveles, desde el nivel preescolar, primaria y secundaria, medio superior y recientemente, superior, por otro lado, también en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de Educación, fundamentan el derecho y respeto a la educación, con el objetivo de alcanzar el desarrollo humano.

Artículo 1 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que: reconoce “a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”; además de “garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos” entre los que se encuentra la educación.

Artículo 11 de la Ley General de Educación: señala el que la NEM buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación para lo cual colocará en el centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de NNA y jóvenes, y que tendrá como objetivos el desarrollo humano.

Actualmente este derecho es prioridad para el Estado Mexicano, sin embargo, adversidades como lo ha sido la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID 19, han significado un reto para la educación.

Una de las estrategias del Plan de Emergencia Sanitaria fue suspender las clases presenciales y reemplazarlas por un nuevo modelo, el modelo educativo vía remota.1

Sin duda el cierre de las aulas, se convirtió en un reto para las y los alumnos que carecen no solo de una educación de calidad, si no de los medios para el seguimiento de su instrucción y elaboración de las tareas.

A más de 2 años de haber implementado el Plan de Emergencia Sanitaria, y pese a que en lo que va del 2022 ya muchas escuelas retomaron la normalidad, lo real es que la deserción escolar es una de las consecuencias que deja el COVID 19.

De acuerdo con la encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación (Ecovid-ED) 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reveló que: “33.6 millones de personas entre los 3 y 29 años estuvieron inscritas en el ciclo escolar 2019- 2020, es decir el 62.0% del total. Por otro lado, aproximadamente 740 mil, es decir el 2.2% no concluyeron el ciclo escolar, de los cuales cerca del 58.9% fue por alguna razón relacionada con el COVID-19 y 8.9% por falta de dinero o recursos.

Grafica 1Población estudiantil de 3 a 29 años que No Concluyo el año Escolar 2019-2020

Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi. Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación (Ecovid-ED) 2020. Indicadores básicos y sus precisiones por nivel de escolaridad. 2021

Como se puede observar en la anterior gráfica, el nivel que más bajas presento, fue la secundaria, seguido del nivel medio superior y primaria, cabe señalar que estos niveles son de educación básica. Por lo que la formación de las y los estudiantes está en riesgo, y basta conocer los datos del ciclo 2019 – 2020, para reconocer que el impacto en el sector educativo será pronunciado.

Gráfica 2Causas por las que las y los estudiantes no terminaron el año escolar 2019- 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi. Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación (Ecovid-ED) 2020. Indicadores básicos y sus precisiones por nivel de escolaridad. 2021

Por otro lado, es importante reconocer los factores que fueron clave en la deserción de la población educativa en las aulas, ya que prevalece, la falta de contacto con maestras/maestros o no pudo hacer tareas con un 28.8%, seguido de, la perdida de trabajo y reducción de ingresos 22.4%, además, de las escuelas que se vieron obligadas a cerrar definitivamente con un 20.2%.

Si bien, el actual gobierno ha implementado una Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a las Escuelas de Educación Básica en el ciclo escolar 2021 – 20222 , hoy la crisis educativa que vive México no está solucionada. Y cabe señalar que a pesar de que los programas escolares recibieron un incremento presupuestal.

Tabla 1

Fuente: Elaboración con datos de la Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a las Escuelas de Educación Básica, ciclo 2021 – 2022.

Si bien hay presupuesto, y ya existe una Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a las Escuelas de Educación Básica, ciclo 2021 – 2022, lo cierto es que las consecuencias del COVID 19 y la crisis transitoria que deja, será la pobreza en el aprendizaje, el cual es un grave problema ya que las Niñas, Niños y adolescentes se quedaran sin las herramientas necesaria para su futuro laboral.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal, a través de la secretaría de educación pública, para que, desde el ámbito de sus respectivas competencias, haga público los datos de abandono y deserción escolar en México en el ciclo 2021 – 2022, así como también haga público los avances de la estrategia nacional para el regreso seguro a las escuelas de Educación Básica, Ciclo 2021 – 2022

Notas:

1. Acuerdo: número 02/03/20, Secretaria de Educación Pública,

2. Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a las Escuelas de Educación Básica, ciclo 2021 – 2022.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril 2022

Diputado Alberto Villa Villegas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los 32 gobiernos locales a generar mecanismos especiales para disminuir las desapariciones de mujeres, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Gina Gerardina Campuzano González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

En México, en lo que va del año, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, reportó a 748 mujeres en esa condición en el periodo 1 de enero-14 de abril; es decir, aproximadamente en promedio 7 mujeres son reportadas cada día.1

“La desaparición de personas en México constituye un grave problema de derechos humanos que puede ser caracterizado como una violación generalizada y persistente, la desaparición de personas no ha cesado.2

Tan sólo el estado de México, la Ciudad de México y Morelos concentran 46 por ciento de los casos. Sumando las desapariciones en Jalisco, Nuevo León y Zacatecas, la proporción se eleva a 71.5 por ciento. La estadística corresponde a las mujeres reportadas como desaparecidas en lo que va del año y que permanecen en esa condición, pues en el mismo período han sido localizadas 729 en todo el país, 12 de ellas muertas.3

En su último informe sobre México, el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas alertó que hay un incremento en los casos de mujeres, el incremento es más notable de casos de niños y niñas a partir de los 12 años y de mujeres.4

“Dichos casos corresponderían a desapariciones vinculadas con la sustracción de niños y niñas, dentro o fuera del ámbito familiar; a desapariciones como medio para ocultar la violencia sexual y feminicidio, al reclutamiento y a las represalias. Las víctimas y las autoridades también reportaron desapariciones que tenían por objetivo la trata y explotación sexual”.

Asimismo, la coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, María Luisa Aguilar, destaco que, en las desapariciones vinculadas a otro tipo de violencias, el Estado tendría que actuar de manera distinta. “Estos patrones que hemos visto en Nuevo León, en estos últimos días, tendrían que generar acciones en dos vías, por un lado, en las búsquedas y los protocolos, pero también en mecanismos de prevención, porque cuando ves que están aumentando las desapariciones en un lugar en concreto tendrían que generarse mecanismos especiales”.5

Además, de acuerdo con el registro oficial de mujeres desaparecidas en lo que va de 2022, 320 víctimas tienen entre 10 y 19 años de edad. Del total de 2 mil 272 desapariciones en el país, 33 por ciento corresponde a mujeres.6

La crisis de este Estado se enmarca en una espiral todavía mayor: en el país continúan cada día desapareciendo siete mujeres y once son asesinadas. El Comité de la ONU denunció en su informe que, con casi 100 mil personas sin localizar, en México la desaparición es el paradigma del crimen perfecto. “Estamos ante una tragedia humanitaria”.7

Por ello presento este exhorto a la Fiscalía General de la República, para que se fortalezcan las estrategias realizadas en sus ámbitos de competencia y generar mecanismos especiales para disminuir los casos de desapariciones de mujeres en las entidades, así como a sumar esfuerzos para su rápida denuncia, investigación y localización de las mujeres desaparecidas.

Por lo antes y fundamentado someto respetuosamente a consideración de esta asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y se fortalezcan las estrategias realizadas en sus ámbitos de competencia y generen mecanismos especiales para disminuir los casos de desapariciones de mujeres en las entidades, por lo que me permito proponer los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Seguridad Pública a que, en ejercicio de sus atribuciones, formule, ejecute y dé seguimiento a políticas públicas y procedimientos tendientes a prevenir y combatir la desaparición de mujeres en el territorio nacional.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República a que, en ejercicio de las atribuciones conferidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, coordinen y fortalezcan de manera urgente las acciones relativas a la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, y a suscribir programas de coordinación con las entidades federativas, loa municipios, la Ciudad de México y con sus demarcaciones territoriales en dicha materia.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas y de la Ciudad de México a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, suscriban estrategias de coordinación con las respectivas fiscalías de justicia locales, a efecto de generar mecanismos especiales para disminuir los casos de desapariciones de mujeres, así como a fortalecer los mecanismos de búsqueda, denuncia, investigación y localización de las desaparecidas.

Notas

1 El Mañana/Reforma, Desaparecen 7 mujeres al día, periódico el Mañana/Reforma, consultado por última vez el 17 de abril de 2022 en https://www.elmanana.com/noticias/nacional/desaparecen-7-mujeres-al-dia /5529362

[1]2 Mario Luis Fuentes, Nombrarlas para encontrarlas: desaparición forzada, México Social La Cuestión Social en México, consultado por última vez el 17 de abril de 2022 en https://www.mexicosocial.org/nombrarlas-para-encontrarlas/

[1]3 El Mañana/Reforma, Desaparecen 7 mujeres al día, periódico el Mañana/Reforma, consultado por última vez el 17 de abril de 2022 en https://www.elmanana.com/noticias/nacional/desaparecen-7-mujeres-al-dia /5529362

[1]4 Ibídem.

[1]5 Ibídem.

[1]6 El Mañana/Reforma, Desaparecen 7 mujeres al día, periódico el Mañana/Reforma, consultado por última vez el 17 de abril de 2022 en https://www.elmanana.com/noticias/nacional/desaparecen-7-mujeres-al-dia /5529362

[1]7 Beatriz Guillén, El terror de las últimas desaparecidas de Nuevo León, periódico EL PAIS, consultado por última vez el 17 de abril de 2022 en https://elpais.com/mexico/2022-04-17/el-terror-de-las-ultimas-desaparec idas-de-nuevo-leon.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2022.

Diputada Gina Gerardina Campuzano González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Fiscalía de Jalisco a hacer públicos tanto la información sobre las estrategias implantadas para solucionar el incremento de feminicidios en la entidad como los avances en materia de protección real y efectiva a las víctimas de violencia contra las mujeres, a cargo del diputado Alberto Villa Villegas, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Alberto Villa Villegas, diputado del Grupo Parlamentario Morena en la LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El feminicidio es el acto más cruel de violencia contra las mujeres por razón de género. Y basta con señalar que, de todos los asesinatos de mujeres, solo el 25.6 por ciento son considerados como feminicidios.1

Lamentablemente para el 8 de marzo del año en curso, ya se registraban 157 feminicidios cometidos en el país en lo que va del 2022. Además, es importante señalar las clases de feminicidio, que existen y son acciones que a partir de las circunstancias y modus operandi agravian y vulneran a las mujeres.

Tabla 1
Clases de feminicidio

Fuente: Elaboración con datos, de la Estadísticas de feminicidios en México 2022. ¿Cuántas mujeres son asesinadas al día?

La violencia contra las mujeres es sistemática y estructural, y como se observa en la Tabla 4, son múltiples formas de violencia, aunado a la intolerancia social e impunidad al agresor, se tiene como resultado un freno a la justicia.

Gráfica 1
Estadísticas de feminicidios en México 2015 - 2021

Fuente: Elaboración propia con datos, de la Estadísticas de feminicidios en México 2022. ¿Cuántas mujeres son asesinadas al día?

Tan solo en 6 años en México se han duplico las cifras de feminicidios, lo cual obedece a un contexto de cultura machista y misógina arraigada, pero también a una serie de factores sociales, económicos y políticos. Por ejemplo: discriminación por género, impunidad, condición social, edad, etnia y criminalidad, entre otros, esta situación ha elevado el nivel de violencia de género en México, es elevado lo cual permea en todos los ámbitos de la vida cotidiana, además se han visto obstaculizados los proceso.

Gráfica 2
Victimización de mujeres en febrero de 2022

Fuente: Elaboración propia con datos de “Victimización de mujeres” del Instituto de Información de Estadística y Geografía de Jalisco.

Tan solo en el estado de Jalisco para febrero de 2022 ya superaba esta cifra con 476 víctimas mujeres. y a diferencia hay pocas personas sentenciadas por cometer este delito, y un factor principal que se ha señalado es que la Fiscalía del Estado de Jalisco no detiene a los presuntos responsables de cometer feminicidios, por lo que se impide garantizar la justicia a todas las victimas de feminicidio, pues sólo detiene a 1 de cada 10.2

Ante la alarmante creciente de violencia, en México, Principalmente en Jalisco, es necesario que se armonicen las Leyes y los marcos legales, pues han demostrado ser insuficientes e ineficaces en la prevención, sanción y erradicación del feminicidio.

Actualmente Jalisco se encuentra entre los estados con mayor impunidad en feminicidio, posicionándose en el quinto lugar a nivel nacional. Aunado a un alto índice de arbitrariedad en las investigaciones por el delito de feminicidio realizadas por la Fiscalía General del Estado de Jalisco, hacen evidente la falta de protección real y efectiva a las víctimas directas e indirectas por violencia contra las mujeres.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a través de la Fiscalía del Estado de Jalisco a que haga pública la información sobre las estrategias implementadas para dar solución al alza de feminicidios en el estado de Jalisco, así como también hacer públicos los avances en materia de protección real y efectiva a las víctimas de violencia contra las mujeres.

Notas:

1. Suman casi 3 mil mujeres asesinadas en México en 2019; solo 726 se investigan como feminicidios, https://www.animalpolitico.com/2019/11/3-mil-mujeres-asesinadas-mexico- 2019-ocnf/

2. Agenda Legislativa pendiente en materia de Derechos Humanos, Jalisco septiembre 2021.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril 2022

Diputado Alberto Villa Villegas

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de NL a solicitar al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres la declaratoria de violencia de género contra las mujeres en los 51 municipios de la entidad, a cargo del diputado Héctor Israel Castillo Olivares, del Grupo Parlamentario del PAN

Héctor Israel Castillo Olivares, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuevo León enfrenta una de las mayores crisis en materia de seguridad, agudizada por las sistemáticas desapariciones de adolescentes y feminicidios, que actualmente lo ubican con el tercer lugar a nivel nacional como uno de los estados más violentos, con 14 feminicidios de los 155 reportados en las demás entidades federativas; lo anterior, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.1

La Cartografía de Muertes Violentas de Mujeres de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León, ha registrado 25 muertes violentas en lo que va de este año y cifra que se suma a las 284 registradas desde 2017 en la entidad.2

La Asociación Civil Cómo Vamos, Nuevo León,3 dio a conocer en su plataforma ciudadana que, de las 284 mujeres desaparecidas que sumó Nuevo León del 1 de enero al 12 de abril del presente año, 56 de ellas siguen sin aparecer y que en marzo se registraron 21 feminicidios y 54 tentativas de feminicidio.

En los primeros 15 días de abril, el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata emitió 20 alertas por la desaparición de mujeres y reputando la cifra al emitir en un solo días hasta tres reportes de búsqueda de mujeres en la entidad.4

Ante esta problemática alarmante de violencia y desapariciones, el gobernador de Nuevo León, en uso de atribuciones, el 11 de abril de 2022 emitió el decreto por el cual se instruyen acciones urgentes y extraordinarias en materia de búsqueda de personas desaparecidas en Nuevo León,5 con objeto de articular los esfuerzos interinstitucionales orientados a enfrentar con responsabilidad y de manera inmediata, el problema de seguridad que representa la desaparición de personas en Nuevo León, con una visión de cero tolerancia y erradicación del fenómeno en el territorio neolonés.

Por el que se instruye a todo el gabinete de la administración pública estatal6 a realizar las acciones necesarias para la búsqueda generalizada de personas desaparecidas de manera directa y con carácter institucional para el Estado de León;7 crear el Grupo Interinstitucional de Fuerza de Tarea, integrado por dependencias del Gabinete de Buen Gobierno, para que de inmediato establezcan los mecanismos de coordinación y colaboración con las autoridades federales, las diferentes corporaciones de seguridad pública municipales, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León; la Comisión Local de Búsqueda de Personas y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, para articular un procedimiento de búsqueda inmediata generalizada en el que se obtengan mejores y más amplios resultados en las acciones.8

Respecto a las Secretarías General de Gobierno, de Seguridad, y de las Mujeres, el citado decreto establece que dichas instancias tomarán las siguientes medidas:9

a) Destinar en el Centro de Coordinación Integral, de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado C5, una plataforma de atención que dirija, coordine y canalice toda la información enfocada y dedicada a la localización de personas desaparecidas, que esté canalizado con la estructura operativa del Grupo Policial de Búsqueda y el Grupo Interinstitucional de Fuerza de Tarea antes señalado, así como con la Comisión Local de Búsqueda de Personas.

b) Fortalecimiento operativo de la Comisión Local de Búsqueda de Personas y de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, en su despliegue operativo, capacitaciones y protocolos de atención.

c) Reducir los tiempos de respuesta de todo el proceso de búsqueda de manera interinstitucional.

d) Dar el acompañamiento total y permanente a las familias de las víctimas de desaparición, incluyendo sin limitar apoyo en atención psicológica.

e) Realizar un reporte diario de desapariciones y localizaciones.

f) Formalizar un convenio de colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado para el efecto de que entre ambas instancias se agilice y amplíe el intercambio de información, la coadyuvancia técnica y operativa, así como el acceso a las carpetas de investigación que provea mayores resultados en los procesos de búsqueda de personas.

g) Instalar mesas de análisis en contexto dl origen de las desapariciones, que lleven a seguir fortaleciendo las políticas públicas con perspectiva de género, en materia de desaparición de personas. En dichas mesas de análisis se involucrará a las diferentes organizaciones sociales inherentes al tema para recibir sus aportaciones que serán de gran valor para la política pública.

Tratándose de las autoridades municipales, el decreto de referencia únicamente las exhorta para que colaboren y se coordinen con las autoridades estatales en la realización de las acciones descritas.

Ante el aumento acelerado de cifras de mujeres desaparecidas pertenecientes a grupos etarios entre los 12 y 19 años, las perpetradas en el kilómetro 26 de la carretera 85 Monterrey-Nuevo Laredo, las de mujeres del municipio de Sabinas Hidalgo entre agosto y noviembre de 2021 y las recientes de marzo y abril de 2022, en las que se han visibilizado casos indignantes gracias a los diversos medios de comunicación, resulta indiscutible la crisis de seguridad y violencia que enfrenta como la cuarta entidad del país con más desapariciones, detrás del estado de México (10 mil 848), Tamaulipas (11 mil 923) y Jalisco (14 mil 937).10

De acuerdo con la información publicada en el portal web del Instituto Nacional de las Mujeres,11 el 18 de noviembre de 2016, el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, acordó la procedencia de declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres (AVGM), en Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey.

Derivado de un minucioso proceso de análisis de la situación que viven las mujeres en la entidad y de corroborar diversas problemáticas culturales, sociales e institucionales que han derivado en altos índices de violencia cometida en contra de las mujeres.

A seis años de distancia de la AVGM, sus resultados y ante el incesante clima de violencia que enfrentamos las familias que vivimos en los 51 municipios del estado de Nuevo León, por el aumento de desapariciones y feminicidios, en mi calidad de Diputado Federal por el Distrito 01 de Santa Catarina y San Pedro Garza García, considero urgente analizar la viabilidad de una posible ampliación de la Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres en la entidad.

De acuerdo con el artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas , el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que se deberá

I. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo;

II. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida ;

III. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres ;

IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres ; y

V. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres , y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar.

El artículo 24, fracción III, de la LGAMVLV establece que la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, se emitirá cuando los organismos de derechos humanos a escala nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil o los organismos internacionales, así lo soliciten.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León para que en el ámbito de sus atribuciones solicite a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación, la Declaratoria de Violencia de Género contra las Mujeres en los 51 municipios de la entidad.

Notas

1 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Información sobre violencia contra las mujeres, Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1, Centro Nacional de Información, Información con corte al 28 de febrero de 2022. P. 15.

2 CEDHNL, Comunicado de Prensa UC/17/2022

3 https://www.excelsior.com.mx/nacional/nuevo-leon-ha-sumado-284-mujeres- desaparecidas-en-2022

4 https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/04/12/suman-4-las-jovenes- desaparecidas-en-nuevo-leon-en-las-ultimas-24-horas/

5 Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 11 de abril de 2022,

6 Artículo Primero del Decreto por el que se instruyen acciones urgentes y extraordinarias en materia de búsqueda de personas desaparecidas en el Estado de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, 11 de abril de 2022.

7 Ídem.

8 Ibídem, página 3.

9 Ibídem, página 4.

10 Marcela Nochebuena, “199 personas desaparecidas en Nuevo León en lo que va de 2022, muestra de una crisis que ha crecido durante 10 años”,

https://www.animalpolitico.com/2022/04/personas-desap arecidas-nuevo-leon-2022-crisis, 18 de abril de 2022.

11 https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-d e-genero-contra-las-mujeres Fecha de publicación: 24 de octubre de 2021. Fecha de consulta: 19 de abril de 2022.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2022.

Diputado Héctor Israel Castillo Olivares (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades federales y locales a atender la problemática político-social en Coyomeapan, Puebla, a cargo de la diputada Inés Parra Juárez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Inés Parra Juárez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente

Exposición de Motivos

Antecedente: se tuvo un Proceso Municipal Electoral fraudulento en junio de 2021, correspondiente al periodo 2021-2024, en las cuales se suscitó un conflicto político originado por el cacicazgo político, entre familia la Celestino/Rosas, que han mantenido el poder en el gobierno municipal; iniciando con David Celestino Rosas (2011-2014), Araceli Celestino Rosas (2014- 2018), David Celestino Rosas (2017- 2021) y Rodolfo García López (esposo de Araceli Celestino Rosas) (2021-2024). Coyomeapan y que, hasta la fecha presente, no ha tenido una solución.

El domingo 6 de junio del 2021, un grupo de pobladores mantuvieron tomadas las oficinas del Consejo Municipal Electoral, debido a que durante las votaciones en las que resultara ganador Rodolfo García López, él y su equipo de campaña compraron votos y días antes recurrieron a la intimidación de los habitantes. Incurriendo en los siguientes delitos electorales:

• Condicionamiento.

• Coerción.

Los cuales no fueron atendidos, ni perseguidos por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales (Feide) del estado de Puebla.

Lo que generó un fuerte descontento social que como consecuencia de ello condujera a que el día 22 de agosto del 2021, la Manifestación de la población en contra de la imposición del sucesor del cacique municipal Rodolfo García cuñado del presidente saliente David Celestino Rosas, tomaran las instalaciones del Ayuntamiento y otros edificios públicos de la cabecera de manera pacífica en la que no se presentó vandalismo en esos hechos y los bienes públicos muebles e inmuebles se tomaran bajo resguardo de la comunidad.

Rodolfo García López tuvo que asumir el cargo en el Centro Integral de Servicios de Ajalpan, lugar en el cual ha mantenido la gestión del municipio ante la imposibilidad de su ingreso a la cabecera municipal de Coyomeapan.

Ante los hechos de protesta social, conferidos por los artículos 6,7 y 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el ejercicio constitucional de libre expresión, manifestación y exigencia de democracia, el gobierno del Estado de Puebla intervino a través de una delegación de la Secretaria de Gobernación que citó a ciudadanos inconformes, bajo el supuesto de dialogar y distender la situación; por lo que la comunidad nombró una comisión ciudadana para el dialogo con los funcionarios enviados por parte de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, misma que se efectuó en el Centro Integral de Servicios (CIS) de Ajalpan, ubicado en Dirección Carretera Tehuacán Teotitán Km 16.2, Esquina del Ejido, Ajalpan, resultando una emboscada política en la que agentes de la Fiscalía Estatal de Puebla y Policías Estatales, detuvieran a los ciudadanos: Basilisa Montaño Gutiérrez, Adán Anastasio González Sanguines, Eruviel Aguilar Gómez y Gonzalo Martínez Herrera. Mismos hechos que se catalogan como anticonstitucionales y violatorios de sus derechos cívicos, políticos y humanos, suscitándose estas violaciones entre el 1 y el 5 de septiembre y que acrecentara la desconfianza en el Gobierno Municipal y Estatal que mermó la posibilidad de generar un ambiente de Gobernabilidad con el actual Ayuntamiento.

Se presume la Fabricación de delitos y pruebas simuladas por parte de la Fgep, así como falsos testigos con declaraciones ilegitimas en contra de los 4 presos políticos. El juzgado de control y de oralidad penal de Tehuacán del Poder Judicial del Estado de Puebla ha instrumentado una estrategia perversa de descalificación y desestimación, contraria a la correcta impartición de justicia, basada en la dilación y obstrucción. Se ha aplazado el proceso de impartición expedita de justicia, del cual han transcurrido ya cinco meses de un proceso lleno de dilaciones sin sentencia, en el que se ha violado en todo momento el debido proceso y el principio de la presunción de inocencia.

En la Carpeta de investigación FGEP/CDI/FIR/1/10156/2021, se presenta un Golpe a la defensa de los presos políticos con la revocación de su abogado en acuerdo emitido por el juez el 06 de enero, en el que, de manera tendenciosa y arbitraria, con la intención de afectar a los detenidos en su correcta defensa y la intención del mismo juez de imponer a un defensor de oficio a modo para los detenidos. Dicha determinación unilateral y extra legal por parte del juez de decidir el abogado o defensor que llevara el proceso de defensa violando flagrantemente el juez con esto la libertad de los acusados de determinar su defensa o que abogado de su confianza es un hecho corrupto y deshonesto por parte del Juez Gabriel Rocha Pérez JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR ORIENTE, CIUDAD DE TEHUACÁN, está violentando a todas luces la libertad de elección de defensa.

I. Se ofreció la prueba en materia pericial con el perito Alan Ramírez Miguel, la cual contenía audios y videos, donde se aprecia que no tuvieron participación y no estuvieron presentes en el día de los hechos los imputados.

II. La Fiscalía se opuso, manifestando que no existía cadena de custodia y que no se le había entregado la memoria de color azul, que hacía mención el perito en su dictamen y que no se acreditaba el origen de los videos y de todo el material que se tenía que incorporar.

III. Se ofreció conjuntamente a la Fiscalía, una USB que contiene todo el material de audio y videograbación que se pretendía Incorporar en la audiencia de término constitucional.

IV. El Juez de control le dio la razón al Ministerio Público manifestando que no existía cadena de custodia y no que no se sabía el origen del video, siendo este argumento totalmente ineficaz de acuerdo con la postura de la defensa.

V. No se admitió la pericial en materia de criminalística a cargo de Alan Ramírez Miguel. En contra de ellos Se presento el recurso de reducación, que en síntesis se le hizo saber al Juez de control que se está a reserva de que se pronuncie el Juez Federal, sobre sí se cumplió o no la ejecutoria del amparo de los puntos centrales, en los que no se respetaba el debido proceso, al no admitir la prueba pronunciada por la defensa, ya que se restringió el derecho de defensa y el acceso a la justicia conforme al artículo 17 de la Constitución, además de violentar el artículo 20, apartado A, fracción sexta del mismo ordenamiento. Siendo que es de obviedad la unidad de impertinencia de la prueba y que en ella se contenían archivos que demuestran la inocencia de los imputados.

VI. La investigación complementaria donde el ministerio público pidió 2 meses para cierre de investigación, alegando que faltan más informes y otras pruebas. La defensa se opuso, solicitando un mes para el plazo de cierre de investigación, tomando en cuenta que ya existía una acusación y que la investigación ya estaba realizada por ambas partes; que la defensa ya tenía las pruebas suficientes para acudir a juicio y por lo tanto objetivamente un mes era el plazo razonable para el cierre de investigación, finalmente se otorgó un plazo de un mes para el cierre de investigación complementaria.

VII. Se le manifestó al Juez que existía era idónea la prueba pericial, puesto que un experto extrajo la información, hizo comparativas, hizo también la extracción de datos la identificación de los imputados y así mismo la comparativa con los documentales que la cuestión de la academia de custodia, otras circunstancias y el origen de los videos era lo que el perito iba a advertir. Por lo tanto, sólo bastaba pronunciarse sobre la teoría del caso, la pertinencia con los hechos y la idoneidad.

VIII. La defensa señaló que de acuerdo con el artículo 300 y 315 del Código Nacional de procedimientos penales en la audiencia de término constitucional, la defensa está obligada a justificar la admisión de los medios de prueba siempre que sean idóneos y pertinentes se incorporarán toda la información para las reglas del juicio.

IX. La actitud del Juez se considera parcial a intereses del Ministerio Público, ya que en la audiencia fue descortés con la defensa a la Lic. Aidé, en todo momento le dio un trato racista y déspota hacia su persona y se tornó molesto cuando se estaba manifestando la población a las afueras del juzgado de control.

El juez debe enlazar la ética de la función judicial con su desempeño como función primordial en el ejercicio cotidiano toda vez que como administrador de justicia y garante de los derechos de los ciudadanos debe velar para mantener una conducta imparcial ante la tramitación y resolución de conflictos judiciales que le son sometidos a su consideración, mostrándose ante estos con diligencia.

Todo juez profesional del derecho debe entender que la ética, en sentido general, es el arte de elegir la mejor conducta, asimismo debe tomar en consideración que la ética judicial procura regular la conducta de los funcionarios al servicio de la justicia y de sus administradores, el juez debe entender que la ética judicial coadyuva para asegurar la represión de las violaciones de la ley.

El juez también estará consciente que por el hecho de ser juez no debe abusar de dicho cargo para favorecer intereses privados ajenos a la función judicial; además la ética judicial le prohíbe participar en actos y reuniones de índole política, incluso el juzgador debe evitar declaraciones de esa naturaleza ante los medios de comunicación, salvo que fuese indispensable, también tiene la prohibición de dar consulta en asuntos jurídicos y por consiguiente le está prohibido ejercer la abogacía directamente o a través de una tercera persona.

El juez debe tener la obligación de evitar privilegios, discriminación por motivos de filiación política, religión, raza, condición social, parentesco y otros criterios que colindan con los derechos humanos y con el mérito personal.

El juez como tal debe ser un hombre de hierro, que no se amedrenta ante los poderosos y las amenazas, que no se deja comprar con bienes materiales, para el juez no hay amigos, parientes o recomendados, el juez está en constante peligro de perder su vida y el alma ante tantas tentaciones y por ello debe ser prudente, justo, revestido de fortaleza y templanza.

El juez debe ser poseedor de principios y valores tales como: la independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, excelencia, responsabilidad, justicia y equidad, capacitación, secreto profesional, proyección social y desempeño profesional. 1

Ante las condiciones actuales de crispación social e ingobernabilidad en el municipio de Coyomeapan Puebla, el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, en el ámbito de sus atribuciones debe INTEGRAR UN CONSEJO MUNICIPAL, como condición necesaria para permitir la distención social, que genere armonía, tranquilidad y paz social en el municipio de Coyomeapan Puebla. Esto para reponer el proceso electoral viciado de junio de 2021 sustentado en la coacción y el condicionamiento del voto, permitiendo nuevamente el nepotismo político en Coyomeapan, sustentado en la sucesión de linaje familiar “Celestino Rosas” de tipo caciquil. La integración de un consejo municipal facilitara la gobernabilidad democrática en el municipio de Coyomeapan Puebla donde el Congreso del estado de Puebla debe atender su integración atreves de la representación indígena que permita la libre determinación de los pueblos originarios de Coyomeapan.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. - La Cámara de Diputados exhorta al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, para que en el ámbito de sus atribuciones integre un Consejo Municipal en Coyomeapan de conformidad con el Artículo 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.

Segundo. - La Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía General de la Republica a que de conformidad con el Articulo 19, fracción XIX y demás ordenamientos jurídicos aplicables de la LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ejerza su facultad de atracción para la liberación de los presos políticos contenidos en la lista de personas detenidas en la causa penal 347/2021 del juzgado de oralidad penal de la región de Tehuacán, Puebla; que deseche la imputación, contenida en la carpeta de investigación número FGEP/CDI/FIR/TEHUACAN-1/0156/2021; retire las órdenes de aprehensión causa penal 347/2021, del Juzgado de Oralidad Penal de la Región Sur Oriente con sede en Tehuacán, Puebla, y la lista de ciudadanos con amparo indirecto 887/2021 del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal del estado de Puebla relativo a la orden de aprehensión de la causa penal 347/2021 del juzgado de control de Tehuacán, Puebla.

Tercero. - La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación Federal y a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, a que conforme a lo dispuesto por los artículos 14, 16, 17, 17 Bis, 18 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y REGLAMENTO Interior de la Secretaría de Gobernación, a través de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, la Dirección General Adjunta de Recepción de Casos y Reacción Rápida, la Dirección General Adjunta de Prevención, Seguimiento y Análisis, la Dirección General Adjunta de Investigación y Atención a Casos, la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos, la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia y la Dirección General para la Reconciliación y Justicia, implementen las acciones y/o protocolos necesarios para la atención y defensa de los derechos humanos de los citados presos políticos y los ciudadanos de Coyomeapan; así mismo, funja como enlace para la concordia y la pacificación en Coyomeapan, Puebla.

Cuarto. - La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el puntual seguimiento y atención a las violaciones de derechos humanos cometidas por la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, la Fiscalía General del Estado de Puebla y el poder Judicial del Estado de Puebla.

Quinto. - La Cámara de Diputados exhorta al Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial del Estado de Puebla, GABRIEL PÉREZ ROCHA PÉREZ con Cédula Número: 6763415, a conducirse conforme a los principios de constitucionalidad a los valores de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, excelencia, responsabilidad, justicia y equidad, capacitación, secreto profesional, proyección social y desempeño profesional, inherentes al su cargo.

Nota:

1. Segundo Encuentro Estatal de Jueces, 8 de Agosto del Año 2009. Juez Menor Mixto. Lic. Arnulfo Sandoval Villalobos.

Palacio Legislativo de San Lázaro 26 de abril de 2022

Diputada Inés Parra Juárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SFP a investigar si la directora general del Conacyt incurrió en actuación bajo conflicto de interés en la designación de su madre como investigadora nacional emérita, a cargo del diputado Mario Gerardo Riestra Piña, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Mario Gerardo Riestra Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Sexagésima Quinta Legislatura de la Cámara de Diputados, así como los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permiten presentar a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública federal a investigar si la ciudadana María Elena Álvarez Buylla, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, incurrió en actuación bajo conflicto de interés en la designación de su madre, ciudadana Elena Roces Dorronsora de Álvarez-Buylla, como investigadora nacional emérita, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que el 18 de marzo del año en curso, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) dio a conocer el “aviso de resultados de la convocatoria 2021 para la distinción de investigador nacional emérito en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI)”; esto, derivado de la cuarta sesión extraordinaria de 2022 del Consejo General del SNI.

El articulo 28 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores señala que las distinciones que confiere el Conacyt a través del SNI son candidato a investigador nacional, investigador nacional 1, 2 y 3, e investigador nacional emérito.

Asimismo, el artículo 29 del citado reglamento establece que el investigador nacional emérito deberá “demostrar una trayectoria académica docente y profesional de al menos treinta años”, “contar con nivel 3 de investigadora o investigador nacional con anterioridad al cierre de la convocatoria para investigadores eméritos”, y los demás que establezca la convocatoria y el reglamento.

Dicha distinción fue otorgada a 183 investigadores, entre ellas la otorgada a la doctora Elena Roce Dorronsoro, madre de la titular del Conacyt, ciudadana María Elena Álvarez-Buylla.

Que la doctora Roce Dorronsoro fue distinguida con el nombramiento de Investigadora Nacional Emérita, máxima distinción que da el Conacyt a través del SNI.

La doctora Roces Dorronsoro es bióloga y profesora investigadora de tiempo completo del Centro Universitario de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Colima. Ha publicado 75 artículos en revistas indizadas, 3 libros y 5 capítulos de libros. Ha asesorado a 37 tesistas de licenciatura, maestría y doctorado.

Si bien el articulo 43 del Reglamento del SNI establece que las resoluciones serán definitivas e inapelables; es necesario que se esclarezca tal nombramiento, dado que se trata de la madre de la titular del Conacyt y existe conflicto de intereses.

Si bien reconocemos la trayectoria de los investigadores y reconocemos el trabajo que realizan, en aras de la transparencia y la rendición de cuentas, resulta necesario se investigue dicho nombramiento dado que la investigadora nacional emérito recibirá recursos federales de forma vitalicia, 456 mil pesos al año.

Por lo anterior someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública Federal para que investigue si la ciudadana María Elena Álvarez Buylla, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, incurrió en actuación bajo conflicto de interés en la designación de su madre, ciudadana Elena Roces Dorronsora de Álvarez-Buylla, como investigadora nacional emérita.

Segundo. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a investigar si la ciudadana María Elena Álvarez Buylla, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, incurrió en actuación bajo conflicto de interés en la designación de su madre, ciudadana Elena Roces Dorronsora de Álvarez-Buylla, como investigadora nacional emérita, quien, debido a ello, recibirá de forma vitalicia recursos federales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2022.

Diputado Mario Gerardo Riestra Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a Pemex a revisar los procesos de contratación y subcontratación para evitar omisiones en los contratos y acatar así los lineamientos compliance de la empresa productiva del Estado, a cargo de la diputada Rosalba Valencia Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Rosalba Valencia Cruz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXV Legislatura, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a revisar los procesos de contratación y subcontratación a fin de evitar omisiones en los contratos y con ello acatar los lineamientos Compliance de la empresa productiva del Estado, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Petróleos Mexicanos como cualquier otra empresa en nuestro país requiere de proveedores para su funcionamiento y operación de todas y cada una de sus actividades, proceso de contratación que es supervisado por el área jurídica de Pemex Exploración y Producción (PEP), trámite que con el tiempo se ha actualizado para llevar a cabo sus negociaciones con los prestadores de servicios que requiere a través de normas específicas y sumado a ello, han adoptado la figura de Compliance.

¿Qué es Compliance?, según World Compliance Association1 , El Corporate Compliance es: un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos .

Además el World Compliance Association señala que, el Compliance en muchos casos, y a tener de la evolución del marco legal a nivel mundial y la clara tendencia en este sentido, ha dejado de ser una opción voluntaria para muchas organizaciones y ha pasado a ser un requisito a integrar dentro de su estrategia y estructuras internas a fin de dar cumplimientos a los preceptos legales o bien poder protegerse ante situaciones de riesgo que pondrían en serios problemas la estabilidad y continuidad de la actividad de la organización .

Aunado a lo anterior, la página electrónica de “El Financiero”2 señala lo siguiente:

“Los contratos que firma Petróleos Mexicanos (Pemex) con proveedores y otras compañías contienen cláusulas anticorrupción , mediante las cuales la petrolera puede rescindir esos contratos sin ninguna penalización. José Salvador de la Mora, titular de Control Institucional de Pemex, explicó que estas cláusulas son aplicadas en caso de que cualquier proveedor o compañía infrinja alguna norma de ética ”.

En la misma tesitura, es de citar que, en el sitio web de la Sociedad de Ex Alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México3 , al respecto destaca lo siguiente:

“En la conferencia Presentación del Programa de Compliance de Petróleos de México y sus empresas, el ingeniero José Salvador de la Mora Leal, titular de la Unidad de Control Interno Institucional de Petróleos de México, informó que a finales del año pasado el Consejo de Administración aprobó el Programa de Compliance, el cual se aplica en todas las áreas (productivas subsidiarias o filiales, inclusive a proveedores).

Como énfasis añadido, el término Compliance es utilizado para definir “al conjunto de directrices normativas y herramientas de control establecidos para que cualquier empresa, sus directivos, empleados, clientes, proveedores, contratistas y en general cualquier tercero con el que se mantienen relaciones comerciales, cumplan con las disposiciones jurídicas aplicables y les permita mitigar los riesgos, como el de corrupción ” Compliance Pemex está conformado por Manuales de Organización, Política Anticorrupción, Transparencia y Rendición de Cuentas, Sistema de Control Interno, Línea de denuncia, Administración de Riesgos, Programas de Capacitación y Código de Ética y de Conducta: “los cuales son los principios de actuación delineados en éstos juegan un papel fundamental para convertir a Pemex en una empresa competitiva, confiable y honesta”(sic).

Conforme a las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, se establece lo siguiente:

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Las Contrataciones que realicen las Empresas Productivas se regularán por lo dispuesto en la Ley, su Reglamento, las Disposiciones y sus Políticas y Lineamientos. Las Contrataciones que realicen las Empresas Filiales, se ajustarán a lo que, para esta materia, apruebe el Consejo de Administración.

Las Contrataciones que realicen entre sí las Empresas Productivas, así como las que realicen éstas con otras empresas productivas del Estado, se sujetarán al derecho común, por lo que no les serán aplicables las presentes Disposiciones.

A las Contrataciones de actividades reguladas en forma específica por la Ley de Hidrocarburos o relacionadas con las mismas, así como a las importaciones de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, no les serán aplicables las presentes Disposiciones. No obstante, lo anterior, la Subdirección de Abastecimiento podrá establecer criterios, directrices, mecanismos o acciones para llevar a cabo las Contrataciones reguladas por dicha ley.

Artículo 20. Convocatoria y Bases de Contratación.

Las Áreas de Contratación publicarán la convocatoria y las Bases de Contratación al concurso abierto en el medio que corresponda.

Las Bases de Contratación deben ser claras y específicas, evitando establecer requisitos innecesarios o que direccionen la adjudicación de los contratos, debiendo privilegiar la libre concurrencia e igualdad entre los Participantes. De acuerdo con sus características contendrán lo siguiente:

...

VIII. Los términos de la subcontratación , la información y justificación que deberá rendir el Participante para sustentar su procedencia;

XI. Los criterios para la evaluación y desempate de las propuestas, así como los mecanismos y criterios de adjudicación, incluyendo en su caso, los relativos a la subcontratación ;

Artículo 38. Modelos de contratos.

El Área Jurídica elaborará modelos de contratos genéricos y cláusulas tipo para las distintas Contrataciones que se lleven a cabo, los cuales considerarán como mínimo lo siguiente:

...

VII. Responsabilidad de las partes incluyendo, cuando aplique, la responsabilidad de los Proveedores y Contratistas respecto de sus subcontratistas ;

...

XXVI. Subcontrataciones , debiéndose establecer las medidas necesarias que deberá llevar a cabo el Proveedor o Contratista a efecto de verificar que sus subcontratistas cuenten con la capacidad técnica y económica para cumplir con sus obligaciones , debiendo acreditar dicha verificación al Administrador del Proyecto, conforme a lo dispuesto en la Políticas y Lineamientos;

Artículo 39.- Formalización de los contratos.

Una vez adjudicado el contrato, el Área de Contratación deberá:

I. Revisar y, en su caso, recibir de conformidad:

a.

b. Las constancias de cumplimiento por parte del Participante Adjudicado de sus obligaciones fiscales y de seguridad social, con las Empresas Productivas y con terceros; así como de sus Subcontratistas , en caso de haberlo requerido;

Artículo 47.- Programa Pemex Cumple.

Los Participantes, Proveedores, Contratistas o subcontratistas con los que la Empresa Productiva pretenda mantener o mantenga una relación comercial, deberán contar con programas de Cumplimiento para el desarrollo de sus operaciones, actividades o servicios. Éstos deberán mantenerse vigentes durante la ejecución de los contratos. La Empresa Productiva se reserva la facultad de verificar lo anterior de manera directa o mediante tercero autorizado.

En caso de que los Participantes, Proveedores, Contratistas o subcontratistas no cuenten con programas de Cumplimiento, podrán adherirse al Código de Ética de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, Código de Conducta de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales y a las Políticas y Lineamientos Anticorrupción para Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales que forman parte del Programa Pemex Cumple , con un compromiso suscrito de implementación de un programa de Cumplimiento propio, hasta en tanto implementen en definitiva su propio programa de Cumplimiento. Las normas internas de Pemex al que se adhieran deberán observarse y cumplirse durante la vigencia y ejecución del contrato.

Para efectos del cumplimiento e interpretación del Programa Pemex Cumple, deberá observarse lo contenido en la normatividad emitida al respecto.

Previo a la formalización del contrato, el Área de Contratación aplicará, a los que tengan el carácter de Terceros de conformidad con la normatividad aplicable, el proceso de Debida Diligencia ; aquellos Terceros que no proporcionen información para el desarrollo de la Debida Diligencia, o bien que, derivado del resultado del proceso en comento, no hayan aprobado el proceso de Debida Diligencia y se acredite que se ubican boletinados en alguna de las listas restrictivas que se indican en la normatividad de la materia o proporcionen información falsa, no podrán ser adjudicados. En cualquier caso, el resultado de la aplicación de la Debida Diligencia deberá formar parte del expediente del Procedimiento de Contratación que corresponda.

Las Bases de Contratación deberán prever la aceptación expresa de los Participantes para someterse al proceso de Debida Diligencia en los términos de la normatividad en la materia, incluyendo en su caso, la obligación de dar cumplimiento a las medidas de mitigación asociadas a posibles riesgos en matera de ética e integridad corporativa que se determinen como resultado del citado proceso.

Los modelos de contrato deberán incluir como causal de rescisión la falta de cumplimiento a las medidas de mitigación asociadas a posibles riesgos en materia de ética e integridad corporativa que se determinen como resultado del proceso de Debida Diligencia.

Todo lo anterior, es derivado de que Pemex Exploración y Producción firmó contrato con C.P.I. Ingeniería y Administración de Proyectos S.A. de C. V., Grupo Especializado de Obras Marinas S.A. de C.V. y SACMAG S.A de C.V ., por un periodo del 25 de julio de 2019 al 27 de diciembre de 2020 tal y como se señala en la cláusula número 6, que se refiere a PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS, sin embargo, dichas empresas antes señaladas omitieron incluir en la cláusula número 15 que se refiere a: SUBCONTRATACIÓN a la empresa Grupo Integrador e Ingeniería del Sur S.A.DE C.V., empresa que estuvo trabajando durante toda la vigencia del contrato celebrado; las empresas C.P.I. Ingeniería y Administración de Proyectos S.A. de C. V., Grupo Especializado de Obras Marinas S.A. de C.V. y SACMAG S.A de C.V., señalaron y decidieron firmar el contrato en comento, con la cláusula de la siguiente manera:

“15. SUBCONTRATACIÓN.-

No se considera la subcontratación de alguna parte del servicio, sin embargo, si durante el desarrollo de la ejecución del contrato, EL PROVEEDOR requiere la subcontratación de cualquier parte del servicio, deberá solicitar la autorización al representante de PEP, por lo menos con 15 (quince) días de anticipación al inicio programado de los trabajos que pretenda subcontratar ”.

Lo que evidentemente no fue así en ningún momento durante la vigencia del contrato aludido, lo que a todas luces las empresas a C.P.I. Ingeniería y Administración de Proyectos S.A. de C. V., Grupo Especializado de Obras Marinas S.A. de C.V. y SACMAG S.A de C.V., fueron omisas en proporcionar toda la información con lo que dolosamente incurrieron en contra de los principios de Pemex exploración y Producción, sin menoscabo de resaltar el daño económico que se generó a Grupo Integrador e Ingeniería del Sur S.A.DE C.V . porque las empresas C.P.I. Ingeniería y Administración de Proyectos S.A. de C. V., Grupo Especializado de Obras Marinas S.A. de C.V. y SACMAG S.A de C.V., no pagaron los servicios prestados a la subcontratada .

No es posible que en el proceso de contratación de particulares con Pemex Exploración y Producción (PEP), los particulares actúen con dolo y mala fe al firmar los contratos y de manera ventajosa no declaren en los documentos formales a las empresas subcontratadas con el fin de que los particulares eviten su responsabilidad adquirida al requerir de los servicios de alguna otra empresa y más aún dejar de lado las obligaciones señaladas en un contrato.

Es por ello que la promovente considera necesario que las empresas que celebran este tipo de contratos con Pemex Exploración y Producción (PEP) y que incurren en este tipo de prácticas y acciones dolosas y ventajosas, sean boletinadas en las listas restrictivas de contratación con Pemex Exploración y Producción (PEP), con el fin de que no se incurra más en este tipo de situaciones.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La H. Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos, a revisar los procesos de contratación y subcontratación a fin de evitar omisiones en los contratos y con ello acatar los lineamientos Compliance de la Empresa Productiva del Estado.

Notas:

1. https://www.worldcomplianceassociation.com/que-es-compliance.php

2. https://www.elfinanciero.com.mx/economia/pemex-blinda-sus-contratos-con -clausulas-anticorrupcion/

3. http://www.sefi.org.mx/index/noticias/99

Palacio Legislativo, 26 de abril de 2022.

Diputada Rosalba Valencia Cruz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a CFE Transmisión a resolver la problemática en la zona de transmisión II de Veracruz y dar mantenimiento a la red eléctrica de la región, a cargo de la diputada María Josefina Gamboa Torales, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, María Josefina Gamboa Torales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, somete a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta respetuosamente a CFE Transmisión a solucionar la problemática en la zona II de transmisión de Veracruz y dar mantenimiento a la red eléctrica de la región, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La energía eléctrica se ha convertido en un servicio indispensable para el correcto funcionamiento de nuestras sociedades, así estemos en una zona urbana o en una rural, ya que nos permite iluminar el interior de nuestros hogares durante la noche, o usar nuestros electrodomésticos para la elaboración y conservación de nuestros alimentos, o el poder valernos de otros tipos de utensilios que nos asistan en la comunicación a distancia o simplemente permitan la recreación de nuestras familias.

En un plano social, es el medio con el cual alimentamos las redes de iluminación de nuestras calles y avenidas, haciendo espacios seguros para el tránsito nocturno, o pieza indispensable para el funcionamiento de semáforos y otros aparatos que permitan el correcto desenvolvimiento de la vida cotidiana durante todo el día.

Incluso, la pandemia por la que estamos pasando nos ha mostrado cuan necesaria es la energía eléctrica para todos, ya que nos ha permitido implantar comunicaciones vía telemática, permitiendo por ejemplo, que los procesos de enseñanza para nuestra niñez y juventud no se vean completamente interrumpidos, así como de ser posible, cumplir con las jornadas y productos de trabajo desde nuestras casas.

No menos importante, es que también gracias a la energía eléctrica se han podido emprender negocios vía internet o telefónica, lo que nos posibilitó que las personas pudieran cumplir de mejor manera el aislamiento necesario por el Covid-19 hace tan sólo unos meses, así como el realizar pagos electrónicos, disminuyendo aún más los riegos de contagio a través del intercambio de monedas y billetes.

Como podemos observar, nuestra sociedad depende en gran medida del correcto funcionamiento de la red eléctrica nacional. Por ello es necesario que la empresa subsidiaria de la CFE encargada de realizar las actividades necesarias para prestar el servicio público de transmisión de energía eléctrica, realice su trabajo de forma pronta y de manera eficaz, no podemos dejar escapar el hecho que dentro de dichas atribuciones se halla el de dar mantenimiento a las redes de transmisión.

Para ser precisos, la empresa a que nos referimos es la denominada CFE Transmisión la cual, de acuerdo con los artículos 57 y 63 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, es la encargada del financiamiento, instalación, mantenimiento , gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar los servicios de transmisión de la energía eléctrica.

Todo esto se trae a colación porque en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río (región que pertenece a la Zona de Transmisión II Veracruz) tras el paso de los más recientes frentes fríos ha quedado en evidencia la vulnerabilidad de las instalaciones de transmisión de energía eléctrica para el consumo en los miles de viviendas y negocios asentados en dicha región.

Esta problemática se ha visto reflejada en el estallido de cuando menos cuatro transformadores y postes con cortos circuitos, tal y como lo han reportado diversos usuarios en la colonia Ricardo Flores Magón; al igual en un sinnúmero de apagones que han afectado a múltiples colonias como lo son: el Fraccionamiento Reforma, Virginia, Floresta, Zona centro, Primero de Mayo, Flores Magón, Pocitos y Rivera, Formando Hogar, 21 de Abril, Miguel Hidalgo, Ruiz Cortines y Vista Mar, entre otras más,1 hay quienes hablan de más de 45 colonias afectadas.2

Dicho problema muestra la urgencia del mantenimiento de las redes de transmisión de la energía eléctrica, de lo contrario durante las noches las calles han de lucir obscuras, generando un ambiente de inseguridad para los habitantes, comerciantes y turistas que visitan los atractivos de las citadas ciudades.

Tan sólo por citar las interrupciones más recientes y prolongadas que se han suscitado tenemos las ocurridas el 12, 14 y 18 de marzo.3 Es más, el 14 de marzo, comerciantes de la zona centro de Veracruz se manifestaron, ante la falta de suministro de energía, ya que estos apagones les ha generado pérdidas directas en sus negocios, las que van desde la descomposición de perecederos, hasta la descompostura de aparatos eléctricos, así como la imposibilidad de brindar un adecuado servicios a sus comensales y clientes.

Lamentablemente, ese día, pero por la noche, se registraron nuevos apagones en distintas colonias, entre ellas la zona centro. Lo que hace evidente que CFE a pesar de que se le han hecho llegar las quejas respectivas, no ha dado la solución que corresponde, lo que lleva a los ciudadanos a manifestarse.

Sin duda, es urgente que CFE Transmisión atienda los reportes a fin de restablecer la normalidad del servicio lo más pronto posible, así como iniciar los trabajos de mantenimiento a las redes de transmisión de la energía eléctrica, al ser la empresa que tiene la obligación de mantener en buenas condiciones la red y prestar el servicio al público.

La citada urgencia señalada se multiplica ante la iniciante temporada de temperaturas altas, periodo del año en donde en Veracruz se llega a consumir hasta 20 por ciento más de energía que durante las otras estaciones,4 pues se echan a andar aparatos para mitigar el calor al interior de hogares y negocios, así como el de mantener los alimentos en buenas condiciones.

Si bien la vía la cual se acoge una servidora es la de solicitar un exhorto realizado por esta Soberanía a una empresa con autonomía técnica y de gestión, se considera oportuno que se otorgue un plazo prudente para que CFE Transmisión analice la viabilidad de la conminación que se le hace e informe a la sociedad a través de sus portales electrónicos las razones que sustenten la postura que tome al respecto, y de ser favorable, informe las acciones que ha tomado o planeé llevar a cabo para dar solución a la población afectada, pero a su vez informe con la debida anticipación a la zonas en donde se efectuarán las reparación para perturbar en la menor medida posible a los negocio y habitantes.

Por lo expuesto, fundado y motivado someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, LXV Legislatura, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con pleno respeto del principio de división de poderes, exhorta respetuosamente a CFE Transmisión para que dé puntual respuesta a los usuarios de la zona de transmisión II Veracruz, ante las constantes fallas en la red eléctrica en los municipios de Veracruz y Boca del Río.

Segundo. La Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con pleno respeto del principio de división de poderes, exhorta respetuosamente a CFE Transmisión para que emprenda los trabajos de mantenimiento en la red eléctrica de la zona de transmisión II Veracruz, ante las constantes fallas en la red eléctrica en los municipios de Veracruz y Boca del Río, con la finalidad de evitar futuros cortes de energía.

Tercero. La Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con pleno respeto del principio de división de poderes, exhorta respetuosamente a CFE Transmisión para que, dentro del plazo de 30 días posteriores a ser notificado, informe de manera pormenorizada a la opinión pública, a través de sus portales electrónicos, sobre las acciones emprendidas para atender la problemática que afecta a los municipios de Veracruz y Boca del Río, ambos del Estado de Veracruz, debiéndose informar con anticipación a las zonas en donde se realizarán los trabajos de mantenimiento para provocar la menor afectación posible.

Notas

1 https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1205709&t=reportan-apagones-en-varia s-colonias-de-veracruz

2 https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/boca-ver/45-colonias-de- veracruz-han-sido-afectadas-tras-apagones/

3 https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1206391

4 https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/
que-calor..y-el-consumo-de-luz-aumenta-hasta-20-cfe-energia-tarifas-clima-temperatura-6603866.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2022.

Diputada María Josefina Gamboa Torales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a nombrar Zacatecas como sede del organismo público descentralizado que explore, explote y comercialice el litio, a cargo de la diputada Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, del Grupo Parlamentario de Morena

La proponente, diputada Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, integrante de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I, II, Y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La minería es uno de los pilares económicos del Estado de Zacatecas y es un factor que nos ha dado identidad, y ha traído desarrollo económico, también la Minería ocupa el 2o sector económico en cuanto a aportaciones del PIB1 .

Zacatecas es líder mundial en la producción de plata y es el segundo mayor productor minero del país, a nivel nacional tiene el primer lugar en producción de plomo y Zinc, segundo lugar en cobre y quinto lugar en oro.

También nuestro estado, cuenta con 4 localidades con manifestaciones de litio de salmuera. Lo relevante de esta entidad es que los datos obtenidos hasta el momento indican una concentración que varía entre las localidades, pero que se encuentra en un rango de entre 222 y 440 ppm o 222 y 440 mg/kg, que es superior a la concentración normal de litio en este tipo de depósitos, que va de 0.001 a 0.2 mg/kg. Comparado con el caso de Chile, por ejemplo, que tiene una de las mejores concentraciones del mundo, es de 140 mg/kg.2

Los datos de concentración son especialmente positivos porque, de confirmarse se estaría hablando de recursos y reservas de tamaño considerable. A ello se adiciona el hecho de que el grueso de las manifestaciones de litio es de salmuera o roca dura, porque son los que se consideran económicamente viables.3

Debido a lo anterior, es que les mencionamos que el pasado 20 de abril de 2022, se publicó en el Diario Oficial el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley minera, dentro de los cuales se reforman entre otros el artículo 10 donde a la letra dice:

Artículo 10. Con excepción del litio y demás minerales declarados como estratégicos por el Estado, en términos de los artículos 27 y 28 constitucionales, la exploración y explotación de los minerales o sustancias a que se refiere el artículo 4, así como de las salinas formadas directamente por las aguas marinas provenientes de mares actuales, superficial o subterráneamente, de modo natural o artificial, y de las sales y subproductos de éstas, sólo podrá realizarse por personas físicas de nacionalidad mexicana, ejidos y comunidades agrarias, pueblos y comunidades indígenas a que se refiere el artículo 2o. constitucional reconocidos como tales por las Constituciones y Leyes de las Entidades Federativas, y sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, mediante concesiones mineras otorgadas por la Secretaría.

...

La exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio quedan exclusivamente a cargo del Estado, y se llevarán a cabo por el organismo público descentralizado que determine el Ejecutivo Federal en términos de las disposiciones aplicables. El cumplimiento de la legislación y Tratados Internacionales en materia de protección al medio ambiente y derechos de los pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas será escrupuloso por parte de dicho organismo público.

...

...

Por lo anterior, sabemos que Zacatecas es un estado Minero con amplia experiencia en el ramo, entonces se debe poner a consideración que es una propuesta viable, para que sea tomado en cuenta para la sede del Organismo Público descentralizado, que explore explote y comercialice el litio.

Debemos tener en cuenta que uno de los principales desafíos que plantea esta transformación es la formación y capacitación de los recursos humanos de empresas mineras y sus proveedores, pues el estado tiene lo ideal para desarrollar las competencias requeridas para dominar la encomienda.

El sector minero resulta ser altamente competitivo, es un sector que dinamiza la economía de la región productora así como su zona de influencia. En general, la producción del sector minero en México, y en particular en el estado de Zacatecas, presenta proyecciones positivas.

Por ejemplo, el Gobierno del estado de Zacatecas ya ha avanzado en esta dirección. Evidencia de esto es su apoyo a la instalación de centros de investigación para la minería en el parque científico y tecnológico Quantum Ciudad del Conocimiento, el cual abre un espacio para la colaboración público-privada y la vinculación de la industria minera con el sector académico a fin de generar innovaciones que consoliden la competitividad y sustentabilidad de sus actividades.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. - La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a que por medio de la Secretaría de Economía, nombre al Estado de Zacatecas, como sede del Organismo Público descentralizado, que explore explote y comercialice el litio.

Notas:

1. https://www.liderempresarial.com/asi-opera-la-industria-minera-enzacatecas/
#:~:text=Durante%20los%20%C3%BAltimos%20cuatro%20a%C3%B1os%20ha%20tenido%20una%20producci%C3%B3n%20total,
de%20722%20mil%20063%20kilos.

2. https://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/se/SAE-ASS-03-22.pdf

3. Ibid

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril del 2022.

Diputada Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas (rúbrica)