Proposiciones

• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a realizar por la SHCP y la SEP acciones tendentes a impulsar un programa nacional de conocimiento y aprendizaje de inglés a nivel básico, a cargo de la diputada Gabriela Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a fiscalizar los recursos ejercidos por el gobierno de Chihuahua en el Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar, a cargo de la diputada Carmen Rocío González Alonso, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat, la Segob y la Conagua a atender y combatir tanto los incendios forestales que han consumido mil 500 hectáreas de la Sierra de Santiago como el grave problema originado por el desabasto de agua en la entidad, a cargo de la diputada Karina Marlen Barrón Perales, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sader y el Senasica a incluir el sistema informático de trazabilidad de mercancías agropecuarias, acuícolas y pesqueras para que la adquisición de los dispositivos electrónicos mediante los cuales funcionará sea subsidiada en beneficio de los pequeños productores ganaderos, a cargo del diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario del PVEM
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la colegisladora a dictaminar con la mayor brevedad la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 73 de la CPEUM, en materia de Sistema Nacional de Cuidados, suscrita por los diputados Maribel Martínez Ruíz y Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PT
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a inmunizar contra el Covid-19 en todo el país mediante la campaña nacional de vacunación para niños y adolescentes, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de BC a dictaminar y aprobar el Código de Familia local, a cargo de la diputada Rebeca Valle Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a mantener la autonomía del INECC y el IMTA y no integrarlos a la estructura de la Semarnat y la Conagua, a cargo del diputado Enrique Godínez del Río, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al CSG a promover la realización de sesiones ordinarias de la Comisión para el Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento de las Enfermedades Raras, a cargo de la diputada Cynthia Iliana López Castro, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía General de Chihuahua a proporcionar asistencia profesional especializada y garantizar la debida impartición de justicia en el caso de la denuncia de la madre de una menor de 4 años de edad víctima de abuso sexual por dos profesoras en una escuela local privada, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Conadis, la Ssa y la SEP a implantar acciones dirigidas a garantizar los derechos humanos de las personas con trastornos del espectro autista en México, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar a autoridades estatales y municipales de Chihuahua a realizar acciones orientadas a atender la problemática del antirrábico de Ciudad Juárez, a cargo de la diputada Andrea Chávez Treviño, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, las 32 legislaturas locales y las alcaldías a incluir en sus reglamentos de agua potable y alcantarillado el perfil profesional que deberán cumplir los aspirantes a directores de organismos operadores de agua y saneamiento, a cargo del diputado Enrique Godínez del Río, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la APF a mantener la neutralidad política y no asistir a actos de carácter proselitista con recursos públicos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos locales a incorporar en las respectivas leyes de salud como acción prioritaria de la atención materno-infantil la aplicación del tamiz neonatal ampliado, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Bienestar a establecer mecanismos dirigidos a garantizar que los operadores de los programas sociales denominados “Servidores de la Nación” no incurran en delitos electorales en los próximos comicios, a cargo del diputado Ignacio Loyola Vera, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Tabasco, la Semarnat y la Profepa a combatir la tala ilegal en los márgenes de la Laguna de las Ilusiones, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos estatales a instalar comisiones legislativas encargadas de vigilar e impulsar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, a cargo del diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la CNDH a establecer protocolos de actuación que brinden atención adecuada y digna a los mexicanos desplazados por la violencia en Zacatecas, a cargo del diputado Ignacio Loyola Vera, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobernador de Jalisco a implantar en el estado el programa de escuelas de tiempo completo, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a apoyar a los productores de granos y ganaderos de Jalisco, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Conade a instalar una mesa de trabajo por la Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte para hacer un análisis y propuestas de solución de los casos de agresiones ocurridos en recintos deportivos, a cargo de la diputada Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE y la CNBV a analizar la viabilidad de suscribir un convenio de colaboración sobre verificación de datos contenidos en el certificado de matrícula consular, suscrita por los diputados Rosa María González Azcárraga y Héctor Israel Castillo Olivares, del Grupo Parlamentario del PAN

Efemérides

• Con motivo del 5 de abril, Día Nacional del Cáncer de Pulmón, a cargo de la diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján, del Grupo Parlamentario de Morena

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Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a realizar por la SHCP y la SEP acciones tendentes a impulsar un programa nacional de conocimiento y aprendizaje de inglés a nivel básico, a cargo de la diputada Gabriela Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Gabriela Martínez Espinoza, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en la tierra se reconoce la existencia de 195 países y se sabe que en el concierto internacional de naciones se hablan más de 7 mil lenguas. Estos datos dan muestra de la amplitud y pluralidad cultural de nuestro mundo.

Considero que es cierto el que los idiomas con una mayor importancia, considerando el número de población hablante lo vienen siendo el chino mandarín, con 918 millones; en segundo lugar está el español, con 480 millones y posteriormente el inglés con 379 millones, lo anterior apoyada con datos de la revista Ethnologue , pero recalco que, aunque el inglés es el idioma de intercambio y comunicación internacional por excelencia al sumar 1,348 millones de hablantes, es por lo que se le considera como el idioma más estudiado en el mundo pues se emplea con mayor frecuencia tanto en entornos personales como profesionales. En nuestra época resulta innegable que el idioma inglés se ha convertido en el medio de transmisión de información más empleado en múltiples escenarios como el desarrollo tecnológico, la investigación, la literatura, la economía de servicios o incluso en el sector del entretenimiento.

En México, desde 1930, resalta la importancia del uso del idioma inglés, a tal grado que desde entonces se ha incluido su estudio y aprendizaje en el esquema de educación básica en el país. No fue sino hasta el año 1993 cuando, mediante el acuerdo 177 (publicado en el DOF el 4 de junio de 1993) se estableció un nuevo plan de estudios para la educación secundaria, en este documento se incorporó de manera oficial y obligatoria la enseñanza de la lengua extranjera inglés en todas las escuelas del país.

Después de instaurada la obligatoriedad de la enseñanza del idioma inglés en la educación secundaria, algunas entidades federativas desarrollaron iniciativas, a través de la creación de programas estatales de inglés, para que el estudiantado de educación primaria y en algunos casos de preescolar, recibieran formación en una lengua extranjera antes de la educación secundaria. Los programas estatales de inglés se crearon como respuesta a las demandas de la ciudadanía en los años noventa.

Así, los esfuerzos por la enseñanza y el aprendizaje de la lengua extranjera inglesa en el sistema educativo mexicano continuaron durante años y a lo largo de las distintas administraciones estatales y federales.

Por ello, al momento de iniciar el ciclo escolar 2009-2010, un total de 21 entidades federativas (Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz) instrumentaron Programas Estatales de inglés.

Las propuestas planteadas por las entidades fueron diferentes entre sí. Cada estado determinó los diversos elementos: grados atendidos, número de clases por semana, tipo de contratación de docentes, salarios, prestaciones, incluso perfil académico.

El Programa Nacional de inglés es un programa presupuestario que fue operado por la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública, teniendo como principal fin, contribuir a asegurar la calidad del aprendizaje en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población, mediante el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera inglés en las escuelas públicas.

El programa desde su inicio buscaba apoyar a las Autoridades Educativas Locales en la implementación de una lengua extranjera inglés en las escuelas públicas de educación básica.

Su creación se justificó en la relevancia del saber inglés como una ventaja competitiva que le permite a los estudiantes tener acceso a más información, mejorar sus oportunidades profesionales y laborales y mejorar sus oportunidades de movilidad social.

El Programa Nacional de inglés en Educación Básica inicia en 2009 como una fase piloto en las 32 entidades federativas, desde el año tercero de preescolar hasta sexto de primaria para vincularse luego con los tres grados del nivel secundaria. Se origina en las reuniones ordinarias plenarias del Consejo Nacional de Autoridades Educativas que fueron celebradas entre 2007 y 2009.

De 2009 a 2013, el Programa Nacional de inglés en Educación Básica, fue un Programa Presupuestario que sólo aplicaba la Federación, pero a partir del 2013 se aplicó en las 32 Entidades Federativas, pero sin contar personal suficiente que cubriera la demanda de profesores de inglés necesarios para la implementación y cobertura del programa. Para dar cumplimiento a los objetivos de expansión del programa se recurrió a la contratación de personas con el único requisito de dominar el idioma inglés. Dicha contratación fue bajo el esquema de honorarios y al personal se le asignó la categoría de Asesores Externos Especializados.

Entre los años fiscales de 2014 y 2015 ese programa se fusiona con el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica como componente 3. Fomento a los Procesos de Estudio de una Segunda Lengua (inglés) y Apoyo para la implementación de los Procesos de Estudio de una Segunda Lengua (inglés), respectivamente.

Un aspecto notable es que para el ejercicio fiscal de 2016, el Programa Nacional de Inglés se incluyó en el Presupuesto de Egresos de la Federación de ese año, teniendo como componentes principales; producción y distribución de material educativo para docentes y alumnos/as y el fortalecimiento de los/las docentes de la lengua; además contó con un respaldo de una política pública, es decir, contribuyó a metas nacionales y objetivos sectoriales que sustentan su aplicación, puesto que debe incidir de manera directa en la mejoría de un grupo social o en actividad determinada.

Por lo que el Programa Nacional de inglés operó por primera vez bajo Reglas de Operación como Programa Presupuestario con clave S-270, otorgándose así los subsidios a las 32 Entidades Federativas bajo Convenios Marco.

Dichos subsidios formalizados a través de una coordinación para la operación de los Programas Federales, en los convenios se especificó el número de ministraciones, el monto y calendario, así como también el pago de los Asesores Externos Especializados en el numeral 3.4 inciso C) Servicio de Asesores/as Externos/as Especializados/as.

Conviene subrayar que en ese año (2016), no se especificaba las características del perfil, fue hasta el ejercicio fiscal 2019 que se agregan las características necesarias para postularse como asesor externo especializado.

Por lo que se refiere al cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Nacional de inglés, en 2017 la Auditoria Superior de la Federación realizó una Auditoría de Desempeño a la Secretaría de Educación Pública. La Auditoría emitió su Dictamen el 18 de octubre de 2018, fecha en que concluyeron los trabajos de análisis. De dicha auditoría resaltan las siguientes resoluciones de la ASF:

2017-0-11100-07-0153-07-005 Recomendación

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos para disponer de información para evaluar la contribución del PRONI en asegurar el fortalecimiento en la enseñanza de una lengua extranjera inglés, así como el desarrollo de las competencias en el dominio del idioma en los docentes y asesores externos especializados que imparten la asignatura en cada grado escolar en las escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el programa, a fin de garantizar que éstos cuenten con las competencias necesarias para la enseñanza de dicha lengua, en los términos que se establezcan en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Inglés y del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.

Se destaca que la SEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó que, elaboró el proyecto de modificación de la Matriz de Indicadores para el ejercicio fiscal 2019, en la que se incluyeron los indicadores de componente “Porcentaje de docentes y asesores externos especializados que cuentan con las certificaciones en el dominio de inglés requeridas para enseñar la lengua en escuelas de educación preescolar y primaria general”, cuyo método de cálculo indica el número de certificaciones con nivel B1 o superior obtenido, respecto del total de certificaciones realizadas, y “Porcentaje de certificaciones otorgadas a docentes y asesores externos especializados en la enseñanza del idioma inglés”, cuyo método de cálculo señala el número de certificados otorgados a las figuras educativas, respecto del número de certificados a otorgar, y con el objetivo de que las AEL realicen la certificación internacional en el dominio del idioma y en la metodología de la enseñanza, con lo que se solventa lo observado.

2017-0-11100-07-0153-07-006 Recomendación

Para que la Secretaría de Educación Pública disponga de información suficiente de los docentes y asesores externos especializados en el dominio del idioma por nivel educativo, así como del nivel de certificación obtenido, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia, a fin de generar información confiable del proceso de certificación, en términos del artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, del acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.

2017-0-11100-07-0153-07-007 Recomendación

Para que la Secretaría de Educación Pública establezca mecanismos de seguimiento de las metas de certificación de los docentes y asesores externos especializados en la enseñanza del idioma definidas por las autoridades educativas locales, a fin de que, en ejercicios subsecuentes, la totalidad de entidades federativas programen y cumplan con oportunidad y eficacia las metas de certificación, en términos del artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.

Ahora bien, claramente las recomendaciones derivadas de la auditoría a un Programa buscan fortalecer el diseño de sus Reglas de Operación en el marco de una mejora continua de la educación. Pero hay elementos importantes que se dejan de lado en la revisión amplia y profunda del Programa, por ejemplo, las condiciones laborales de Asesores Externos Especializados que imparten la asignatura en cada grado escolar en los diversos planteles para garantizar la enseñanza del inglés a los estudiantes mexicanos de educación básica.

Otro informe presentado por la Auditoria Superior de la Federación respecto al Programa Nacional de Inglés en 2020 como resultado de las auditorías realizadas en la Cuenta Pública de 2019 a los recursos del Programa Nacional de Inglés, determinó 140 observaciones, de las cuales, 98 se solventaron antes de la emisión de los Informes Individuales de Auditoría y 42 observaciones con acciones se encuentran pendientes de atender.

De las 42 observaciones pendientes de solventar o de atender se generaron 43 acciones, de las cuales 28 son Pliegos de Observaciones, 14 Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias y 1 fue una Recomendación acordada en los términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Un dato importante aquí, es que en el análisis de la causa raíz de las irregularidades con impacto económico del programa, la auditoría señala la ambigüedad en el esquema de contratación de asesores.

Otro factor por destacar es la falta de precisión en las reglas de operación del programa en cuanto a la participación del personal del magisterio federal y estatal, como asesores en esta materia y de esta forma se indique si es procedente que el personal que forma parte de la nómina financiada con los recursos de otros fondos y programas, así como del personal que tenga una relación laboral con las Autoridades Educativas Locales pueda ser contratado por las Secretarías de Educación o sus equivalentes, en el esquema que estas determinen, y por lo tanto, recibir pagos por la prestación de servicios con cargo al Programa Nacional de Inglés y al Programa Expansión de la Educación Inicial, bajo el concepto de asesores externos especializados.

En la actualidad, la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa y Enfoque Territorial de la Secretaría de Educación Pública está a cargo del Programa Nacional de Inglés, y a pesar de que desde 2009 los involucrados en el Programa solicitaron nuevas claves presupuestales para los docentes de inglés, la problemática permanece.

Avanzando en nuestro razonamiento, en el siguiente aspecto recordamos lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3o.:

Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado del ambiente.

Los criterios que marca la Carta Magna para determinar una educación integral como derecho son vitales para entender la perspectiva de desarrollo que se ha planteado nuestra nación. Pero es también primordial verificar si esos principios están siendo garantizados a cabalidad a la población del país.

El documento, La educación en un mundo plurilingüe, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, plantea que tener en consideración a las muchas y variadas culturas y contextos lingüísticos que existen en las sociedades contemporáneas, implica retos enormes para los Estados y sus sistemas educativos:

Esto plantea un desafío para los responsables políticos, preocupados, por un lado, en asegurar las cualificaciones de naturaleza normativa para toda la población de un país, y por otro, al mismo tiempo, en proteger el derecho a ser diferentes de los que pertenecen a poblaciones lingüísticas y étnicas particulares.

En el mismo texto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura menciona directrices que podría considerar la comunidad internacional sobre los idiomas y la educación en el siglo XXI. Dichos lineamientos son derivados de todos los documentos, reflexiones, acuerdos y recomendaciones producidos a lo largo de los años en virtud del mandato de la UNESCO como eje rector, hacemos referencia al siguiente criterio:

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura apoya la educación bilingüe y/o plurilingüe en todos los niveles de enseñanza como medio de promover a un tiempo la igualdad social y la paridad entre los sexos y como elemento clave en sociedades caracterizadas por la diversidad lingüística.

Se reconoce entonces desde instrumentos normativos nacionales e internacionales la relevancia de una educación bilingüe y la trascendencia que estas herramientas de comunicación adquiridas representan en la vida cotidiana de las personas generando condiciones de equidad y propiciando un desarrollo personal y profesional competitivo.

Enfatizo por último si la Constitución Política establece la educación integral considerando entre otras materias, el inglés; si normas internacionales recomiendan la educación bilingüe y plurilingüe; incluso si el Programa Nacional de Inglés se sustenta en una propuesta curricular de calidad y avalada por la Universidad de Cambridge, institución líder a nivel mundial en la enseñanza y evaluación del idioma inglés; o si el Programa se ha demostrado que contribuye al desarrollo personal y social; si a pesar de las observaciones o recomendaciones de auditorías y fiscalizaciones el Programa ha mejorado y paulatinamente se incrementa la cobertura así como el número de estudiantes beneficiados ¿por qué el PRONI no ha dejado de ser un programa piloto a pesar de que la fase de prueba ha quedado superada y los beneficios del proyecto justificados y fundamentados, para convertirse en una política pública institucionalizada que garantice a docentes frente a grupo llamados asesores externos especializados, previa acreditación pedagógica, seguridad social, aguinaldo, pago de vacaciones, antigüedad y puedan aspirar a ser considerados dentro del Sistema Magisterial de Carrera? ¿Es justo que profesores y profesoras de inglés que han estado frente a grupo desde el comienzo del piloto Programa Nacional de Inglés, que se han certificado en estándares internacionales de la lengua y capacitado en competencias académicas y pedagógicas sigan hoy sin gozar de los derechos magisteriales y laborales que la ley establece? ¿Es posible garantizar aprendizaje del inglés a las y los estudiantes mexicanos de Educación Básica del sistema educativo nacional bajo la homologación de un programa nacional de lengua extranjera?

Dentro de los actuales programas presupuestales asignados al Ramo 11 correspondiente a la Secretaría de Educación Pública nos encontramos con que al PRONI se le asignaron 678.7 millones de pesos, 24.5 millones más que al Ejercicio Fiscal 2021, por lo tanto, si hay recursos para poder continuar con dicho programa en uno nuevo dónde, con la facultad revisora que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de las asignaciones presupuestales, tal y como lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual, en su artículo 31, en las fracciones I, XIV, XVI y XVII, la faculta para evaluar y calcular el gasto en el que se podría otorgar recursos presupuestales a un nuevo Programa en el cual se considere la contratación definitiva del personal que permita impulsar el conocimiento y el aprendizaje del idioma inglés, tan importante como el que, en base a esa actividad educativa y formativa están las esperanzas del desarrollo del país y de mejorar las relaciones internacionales con otros países del orbe.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública para que éstas realicen las acciones que sean necesarias para que se impulse un Programa Nacional de Conocimiento y Aprendizaje del Idioma Inglés a nivel básico en todo el país.

Fuentes

Organización de las Naciones Unidas, https://www.un.org/es/

Los idiomas, en cifras: ¿cuántas lenguas hay en el mundo?, https://www.europapress.es/sociedad/noticia-idiomas-cifras-cuantas-leng uas-hay-mundo-20190221115202.html

The 100 most-spoken languages in the world, https://word.tips/pictures/b684e98f-f512-4ac0-96a4-0efcf6decbc0_mos t-spoken-languages-world-5.png?auto=compress,format&rect=0,0,2001,7 115&w=800&h=2845

DOF, 27 de diciembre de 2015. Acuerdo número 20/12/15, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Inglés para el Ejercicio Fiscal de 2016, http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421425&fecha=27/12/2015

DOF, 28 de diciembre de 2016. Acuerdo número 20/12/16, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Inglés para el Ejercicio Fiscal de 2017,

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5467931&fecha=28/12/2016

DOF, 29 de diciembre de 2019. Acuerdo número 23/12/19, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Inglés para el Ejercicio Fiscal de 2020,

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583045&fecha=29/12/2019

Programas Presupuestarios Prioritarios, https://cefp.gob.mx/ixSis/2018/3-PPPs.pdf

Programa Nacional de Inglés, http://www.sepen.gob.mx/proni/

Secretaría de Educación Pública. Programa Nacional de Inglés. Auditoría de desempeño número 2017-0-11100-07-0153-2018 153-DS, https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017b/Documentos/Auditorias/201 7_0153_a.pdf

Auditoria Federal de la Federación, https://www.asf.gob.mx/Default/Index

ASF. Programa Nacional de Inglés. Cuenta Pública de 2019,
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/MR-PROG.INGL%C3%89S_a.pdf

El modelo organizativo del PNIEB y su vinculación con los tres niveles de educación básica,

https://cenedic.ucol.mx/fieel/pdf/54.pdf

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

La educación en un mundo plurilingüe: UNESCO educación documento de orientación,

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000129728_spa

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2022.

Diputada Gabriela Martínez Espinoza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a fiscalizar los recursos ejercidos por el gobierno de Chihuahua en el Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar, a cargo de la diputada Carmen Rocío González Alonso, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada federal Carmen Rocío González Alonso, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por los que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, para que se lleve a cabo la práctica de una auditoria a los recursos ejercidos por el gobierno del estado de Chihuahua en el Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar, así como los recursos ejercidos en el Plan de Inversión 2019-2021, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con fecha del 14 de agosto del 2019, el exgobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado , presentó el Plan de Inversión 2019-2021, el cual contemplaba obras que habrían de desarrollarse en toda la entidad en los próximos dos años.

En el informe rendido por el mandatario, detalló las obras de infraestructura por cerca de 19 mil millones de pesos que construirá el gobierno del estado de Chihuahua, en los 67 municipios, para atender las necesidades básicas y contribuir al desarrollo económico de la población.

Dicho plan se basó en 5 ejes rectores, los cuales abarcaban obras en materia de desarrollo humano y social; economía, innovación y desarrollo; infraestructura y desarrollo urbano; justicia y seguridad y el de gobierno responsable, esto con una inversión de 18 mil 882 millones de pesos.

Dentro de las principales obras, se destacaron la construcción de más puentes carreteros y vías de comunicación, escuelas, hospitales y centros de salud, obras de agua potable, drenaje y saneamiento, espacios recreativos y culturales, mejoras al sistema de transporte público, esto con la finalidad de “cerrar a tambor batiente la segunda mitad de la administración, con una inversión más del doble de lo invertido durante la primera parte la gestión”.

Solamente para la capital del estado, dicho plan contemplaba una inversión de 2 mil 518 millones de pesos, los cuales se invertirían en 363 proyectos y bolsas que después permitirían que se multiplique el número de obras, como el mejoramiento del Centro Histórico, la construcción del Parque de Innovación y Desarrollo Tecnológico Spark, el área de Teleterapia en el Centro Estatal de Cancerología, obras en el Periférico de la Juventud, una de las principales vialidades de la capital, así como pavimentación de rutas de transporte y la rehabilitación de las plantas de tratamiento de aguas residuales, norte y sur.

Además, uno de las inversiones más ambiciosas se daría en un plan estatal de conectividad, el cual, con una inversión de casi 600 millones de pesos, pretendía desplegar una red de telecomunicaciones con el cual se ofrecería Internet de alta velocidad y de manera gratuita en los municipios, con lo cual se aspiraba a tener una infraestructura tecnológica que se convertirá en una de las más importantes en el país.

Para la ciudad fronteriza de Juárez, la inversión total programada en obra pública para Juárez durante 2020 y 2021 fue de poco más de 6 mil millones de pesos. Durante la presentación el entonces gobernador Javier Corral Jurado, aseguró que se haría justicia a Ciudad Juárez con “452 obras, entre ellas, siete pasos a desnivel y una gaza vial como parte de una gran vialidad de flujo continuo en la que no existirá ni un solo alto para atravesar la ciudad, con una inversión de 517 millones de pesos.”

Otras obras incluidas en el plan de inversión para Juárez eran el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías, por 240 millones de pesos, y el Centro de Inteligencia Artificial, el proyecto integral en el parque El Chamizal, el centro de salud “Somos Mexicanos”, para atención a migrantes, la inversión de 310 millones de pesos para mejorar la ruta troncal 1 del Sistema BRT (transporte urbano), así como mil 6 millones de pesos para la construcción de la primera etapa de la ruta troncal 2 (BRT) en conjunto con la federación, y otros 280 millones de pesos para pavimentación de las rutas del transporte público.

Sin embargo, derivado de la pandemia por el Covid-19 y la grave crisis que se generó por las medidas de contención para mitigar los efectos del virus, el gobierno del estado implementó el denominado Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar, el cual se implementó haciendo una reestructura y reorientación de recursos de diversos programas y gasto corriente, presupuestados para el ejercicio fiscal de 2020, entre estos también se encontró el Plan de Inversión 2019-2021, ahorros de las diferentes secretarías de gobierno del estado y sus organismos descentralizados, contando además de un reajuste en el presupuesto asignado a los Poderes Legislativo y Judicial, así como a los organismos constitucionalmente autónomos.

El objetivo de este plan estaría enfocado en otorgar apoyos y subsidios por diversos medios a las familias chihuahuenses para disminuir el impacto económico y de salud generado por la pandemia del Covid-19, la cifra invertida en dicho programa alcanzó los 3 mil 465 millones de pesos, sin embargo más de mil 600 millones, según versión de la Secretaría de Hacienda y del coordinador de gabinete, en la administración 2016-2021 fueron incentivos fiscales y otros ingresos que dejaron de percibirse como parte del plan emergente, por lo que se estima que poco más de mil 800 millones de pesos fueron dispersados, según fuentes oficiales del gobierno estatal, a través de un programa de créditos y subsidios a las empresas, tanto formales como informales, al sector turístico, estímulos fiscales, descuento en trámites y apoyo a proyectos culturales; un programa muy amplio de alimentación del DIF Estatal, Desarrollo Social, Desarrollo Rural y la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas; un programa de ocupación temporal; un programa de ayuda psicosocial; la reconversión de 12 unidades médicas para tratar a pacientes confirmados con Covid-19; y la contratación de 414 profesionales de la salud.

Derivado de los trabajos realizados por el órgano fiscalizador local, se detectaron una serie de irregularidades en el ejercicio de los recursos destinados a este programa, estimándose una pérdida de 2 mil millones de pesos, aproximadamente, además de que se detectó una falta de transparencia en el ejercicio del gasto, lo cual se debe principalmente a que no se le asignó una estructura contable presupuestal específica para el programa, esto para facilitar la rendición de cuentas, ya que sin esos elementos no es posible identificar el origen, fuente de financiamiento, ni el destino de los recursos, lo que significa que, contablemente, en la Cuenta Pública no es posible identificar el ejercicio de dichos recursos, en resumen, aun y cuando por parte del Ejecutivo se quisiera transparentar el ejercicio y destino de estos recursos, a través de sus páginas sobre el avance de este plan implementado por la anterior administración, la realidad es, que hasta el momento no hay transparencia, ni certeza de las fuentes de financiamiento para el programa, tampoco sabemos a quienes se les brindaron los apoyos, los costos del equipo y material para el personal médico para atender a los pacientes infectados de Covid, los procedimientos de compra y el destino de innumerables donaciones de particulares para atender la pandemia, en términos generales no contamos con información del cómo se ejercieron estos recursos, ya que no se tienen datos de los beneficiarios de estos apoyos, ni tampoco se transparentaron montos de ingresos que dejaron de percibirse, se dijo que del dinero del plan de inversión se destinó una parte a atender el plan emergente, pero nunca se dieron a conocer las fuentes de financiamiento, además los apoyos alimenticios se clasificaron en este plan emergente y ya estaban presupuestados para ejercer en 2020.

En mi paso como legisladora local en el estado de Chihuahua, fui integrante de la Comisión de Fiscalización, por lo que por falta de transparencia y profunda opacidad por parte del gobierno que término en septiembre siete del 2021, en el asunto en cuestión, presenté una propuesta para poder instruir a la Comisión y que esta ordenará al Órgano técnico local, en materia de fiscalización, la práctica de una auditoria especial para este plan emergente.

Por otro lado, con lo que respecta al Plan de Inversión, hice una solitud directa al entonces coordinador general de Gabinete, en la cual le solicité información la siguiente información: 1. Respecto a si existían de entrada proyectos ejecutivos y presupuesto para cada uno dentro del Plan de Inversión 2019-2021; 2. El origen de los recursos con los que financiarían dichas obras, sin que se recibiera una respuesta de manera institucional.

Mi periodo como legisladora local estaba por agotarse, por lo que, a la fecha de mi licencia, no habían llegado los resultados de la auditoria especial practicada, y dado que en diversas reuniones vía zoom pregunté las fuentes de financiamiento del plan de inversión, solo atinaron a referir que derivaban de fuentes federales, sin especificarlas en ningún momento. Por lo anterior, es que solicito se practique una auditoria especial al 100 por ciento del recurso federal utilizado en este plan de inversión que además fue inconcluso.

La falta de transparencia y rendición de cuentas por parte de quienes encabezaron la anterior administración constituye un agravio al Estado de derecho y un perjuicio a los intereses de la sociedad chihuahuense, más quienes siempre se han autodenominado como principales promotores del combate a la corrupción y de la lucha contra impunidad.

Recordemos que, debido al esquema de coordinación fiscal que se lleva a nivel federal y por el cual los estados perciben sus ingresos, es muy probable que se hayan utilizado participaciones y transferencias federales en este programa, ya que como se sabe los estados dependen mayormente de las transferencias federales ya que la media nacional está en un 90 por ciento de recursos federales y 10 por ciento de recursos propios, es aquí donde la Auditoría Superior de la Federación tiene la obligación de fiscalizar si los recursos transferidos al estado de Chihuahua, fueron correctamente utilizados o se perdieron en un programa mal aplicado, es importante mencionar que, según lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas de la Federación, en su artículo 47, la Auditoría Superior de la Federación fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México; asimismo, fiscalizará directamente los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, de ahí la necesidad de que este órgano técnico intervenga.

Es por todo lo anterior y con fundamento en lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la cual faculta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara para que a través de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión, se ordene la práctica de una auditoria a los recursos ejercidos por el gobierno del estado de Chihuahua a los planes denominados Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar, así como Plan de Inversión 2019-2021, esto para transparentar el destino de dichos recursos, solicitando a su vez, de ser procedente, se de vista al órgano fiscalizador local, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias, conozca los resultados de la auditoría realizada y pueda actuar en consecuencia.

Se lo debemos a los chihuahuenses que mantuvieron una confianza en el anterior gobierno y terminaron decepcionados del mal uso de los recursos; los Chihuahuenses tenemos 11 años de los peores gobiernos estatales de la historia, un saqueo impresionante en los 6 años de Duarte y un gobierno ineficiente y con un pésimo manejo de las finanzas públicas.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para que, a través de la unidad correspondiente, se ordene la práctica de una auditoría a los recursos ejercidos por el gobierno del estado de Chihuahua en el Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar, así como los recursos ejercidos en el Plan de Inversión 2019-2021.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para que, una vez recibidos los resultados de la auditoría antes señalada, se dé vista de los resultados al órgano fiscalizador local, para que actúe en el ámbito de sus competencias con base en a los resultados obtenidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2022.

Diputada Carmen Rocío González Alonso (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat, la Segob y la Conagua a atender y combatir tanto los incendios forestales que han consumido mil 500 hectáreas de la Sierra de Santiago como el grave problema originado por el desabasto de agua en la entidad, a cargo de la diputada Karina Marlen Barrón Perales, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Karina Marlen Barrón Perales, integrante de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para que en el ámbito y cumplimiento de sus atribuciones, intervengan a la brevedad para atender los problemas que se originan en el estado de Nuevo León, a consecuencia de los incendios forestales y el desabasto de agua, con base en las siguientes

Consideraciones

Lo que sucede en el estado de Nuevo León , no es cosa menor y nos coloca como población, en un ambiente y estado de incertidumbre y vulnerabilidad, lo que me obliga hacer uso de la tribuna para solicitar de manera atenta y urgente, abrir la interlocución con las autoridades federales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Secretaria de Gobernación (Segob) y de la Comisiona Nacional del Agua (Conagua) y solicitar su intervención a la brevedad, para atender y ayudar en la estrategia, acciones y trabajos que se deban realizar, en esta difícil situación que vive el estado de Nuevo León, por una parte, nos embarga la sequía extrema y la escasez de agua potable y de uso humano y que hasta el momento, a pesar de todos los esfuerzos realizados por las autoridades locales no se ha podido solucionar o delimitar alguna estrategia que permita satisfacer las necesidades de la población y que la situación se agrava, porque las autoridades federales advierten no bajar la guardia en este momento de contingencia sanitaria por la que atraviesa el país y que, ha causado graves estragos a nivel mundial y, por el otro lado, el gran deterioro que ha sufrido el medio ambiente y al aire que respiramos en la periferia, ocasionada por los incendios forestales que se propagan con gran rapidez, principalmente el que se ubica en la Sierra de Santiago, que consumen nuestro estado y que no cesa ni se puede controlar, a pesar de los grandes esfuerzos que realizan las autoridades locales y municipales.

Y que como población, somos los más perjudicados, no contamos con agua para atender nuestras necesidades más básicas mientras las empresas que gozan de concesiones autorizadas, no se han inmutado en reaccionar a favor de nosotros, estamos doblemente expuestos a contraer cualquier enfermedad por falta de higiene tanto personal como en la preparación de alimentos y ahora, con la severa contaminación del aire que respiramos ¿Y qué hacemos?, cuando carecemos de herramientas para combatir o contrarrestar estos problemas, cuando nuestras demandas no han sido atendidas.

Simplemente, durante el mes de enero del presente año, se registraron 117 incendios que fueron considerados como siniestros de gran repercusión por el gran impacto que provocaron en el medio ambiente y que, las condiciones climáticas no han sido nada favorables, ya que hemos tenido largos periodo con falta de lluvias, frio, así como días muy soleados y secos y a momentos, con fuertes rachas de viento.

En la Sierra de Santiago, se registran mil 500 hectáreas consumidas por el incendio forestal que inició hace un par de semanas y que se mantiene al día hoy, los esfuerzos han sido múltiples de Protección Civil Nacional, Conafor, Sedena, Semar, Guardia Nacional, Protección Civil Municipal de Cadereyta, Santiago, Montemorelos, Escobedo, Santa Catarina, Guadalupe y Doctor González, pero siguen sin ser suficientes para controlarlo o terminar con él.

Arduas labores han continuado para sofocar el incendio y el gobernador anuncia que, el incendio fue provocado por la quema de basura y que actuarían de manera penal contra el responsable: “No es posible que por una persona que quemó la sierra, y que está ahorita ya en suspensión su terreno, su negocio, y se va a presentar hoy querella penal por delito contra el medio ambiente, además de las multas por violar el decreto”; posterior a esta intervención, la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno de Nuevo León presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de quien resulte responsable del incendio en la Sierra de Santiago; pero ¿acaso esto resuelve la situación que vivimos, esto no va a detener los incendios forestales que vivimos hoy en el estado, o cómo solucionamos la escasez del agua y la pésima calidad de en la entidad? Cómo responder a la ciudadanía que padece y sufre a consecuencia de estos graves problemas, todos en nuestro perjuicio.

El panorama en el estado de Nuevo León es aterrador y desalentador, necesitamos ayuda urgente y de manera prioritaria, las autoridades a nivel federal deben ayudar, deben intervenir con pericia y eficacia. Nos estamos consumiendo por afectaciones medio ambientales, no hay agua y el fuego no cesa.

Protección Civil del estado de Nuevo León reportó que no han cesado los incendios en la Sierra de Santiago, por lo que se ha tenido que trasladar a diversas familias a albergues y, además, difunde medidas para que todo mundo se aleje de la zona que se consume por el incendio forestal Sierra de Santiago porque, al momento, han tenido que evacuar a las familias de Potrero Redondo debido a la cantidad de humo que se hay en el área natural y desalojado a 57 familias con 120 personas que habitan en el pueblo ubicado en el sitio afectado.

Hoy se aprecia una gran pérdida de miles de hectáreas de zonas verdes, las especies de animales migran hacia otro lugar, existe una gran acumulación de contaminación, por lo que será largo tiempo de recuperación de la cobertura forestal y la disolución de la gran contaminación que se ha generado hasta hoy.

Pero eso no es todo, este problema no cesa ni se contiene por qué no podemos emplear agua para acabar con los incendios, ya que las autoridades señalan que no la hay en el estado, estamos bajo una sequía extrema pero que podemos hacer, si el agua que hay en el estado y la que se proporciona, la mayor parte, está bajo concesiones que se han otorgado a particulares, las cuales consumen 43 veces más agua que toda la población de la entidad, es decir, que tienen autorizado un total de 44 mil 690 millones 222 mil litros de agua al año para empresarios que poco han hecho por ayudar a la población del estado, este déficit ha hecho que las autoridades una vez más, sacrifiquen a la población y señala el gobierno estatal, que ha restringido el líquido a la población un día a la semana; mientras que Conagua, solo dispone de mil 33 millones 950 litros al año , dirigiéndose este recurso, principalmente para uso público urbano; por lo que resulta injusto que 15 empresas consuman 43.22 veces más litros de agua que la población en el Estado.

No podemos continuar así, la gravedad del problema es preocupante, toda la población, familias enteras, sufrimos los estragos de esta situación, no podemos continuar así, la falta de agua, la contaminación, la sequía extrema y los incendios forestales, provocaran un daño irreversible no solo al medio ambiente, sino a la salud de la población.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en el ámbito y cumplimiento de sus atri buciones a intervenir de manera urgente y coadyuvar con las autoridades locales y municipales para, combatir los incendios forestales que han consumido mil 500 hectáreas de la Sierra de Santiago y solucionar la grave situación hídrica que vive el estado y su población por la escasez de agua, lo que nos coloca en un estado de vulnerabilidad que afecta nuestra vida cotidiana y trae consigo, graves repercusiones en el salud de la población.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2022.

Diputada Karina Marlen Barrón Perales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sader y el Senasica a incluir el sistema informático de trazabilidad de mercancías agropecuarias, acuícolas y pesqueras para que la adquisición de los dispositivos electrónicos mediante los cuales funcionará sea subsidiada en beneficio de los pequeños productores ganaderos, a cargo del diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el país aún no se ha consolidado una política para contar con un registro de las unidades de producción pecuarias y de los prestadores de servicios ganaderos de todas las especies, pero se ha diseñado una base de datos en donde se registra la información de dichos prestadores, así como de los propietarios de las mismas, a quienes les es asignada una clave única nacional.

Conforme al “Acuerdo por el que se delegan en el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), las atribuciones que se indican”1 , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de julio de 2021, la entidad referida tiene, entre otras atribuciones, el registro en el Sistema Nacional de Identificación Animal para Bovinos y Colmenas en materia de control sanitario, trazabilidad y rastreabilidad de bovinos y colmenas, así como la administración, operación y uso de los sistemas informáticos que se puedan crear o hayan sido creados para los prestadores de servicios ganaderos y la identificación de bovinos y colmenas y el registro de unidades de producción y otros espacios físicos que alojen animales.

Actualmente, el Senasica asume el manejo de trazabilidad de ganado, esto para dar una mayor efectividad, eficacia y seguridad al sector productivo, así como para fortalecer los sistemas de rastreabilidad y trazabilidad considerando que estos serán prioritarios para el desarrollo del país.

Si bien es cierto que la identificación individual consiste en asignar a cada animal un número único que lo acompañe a lo largo de su vida y que permita dar seguimiento a sus movimientos, el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (Siniiga) se ha encargado de identificar a cada bovino, ovino y caprino mediante aretes en donde se muestra el número asignado al animal. En este contexto, los productores se han visto beneficiados con el nuevo Sistema Informático de Trazabilidad de Mercancías Agropecuarias, Acuícolas y Pesqueras (Sitma), el cual tiene por objeto integrar la información trazable de las mercancías agropecuarias, acuícolas y pesqueras para su rastreabilidad con la finalidad de atender cualquier eventualidad derivada de una contingencia sanitaria y otorgar a los agentes involucrados el acceso a la misma.

• Beneficios

Nivel productor

• Con base en la identificación individual permite al productor realizar prácticas básicas, correctas, controladas y la medición en la aplicación de nuevas tecnologías.

• Es una herramienta que contribuye con el control sanitario del hato, mejoramiento genético y manejo reproductivo.

• Ofrece oportunidades para mantenerse y acceder a otros mercados nacionales e internacionales.

• Permite tener acceso a los programas de apoyo.

Nivel nacional

• Permite contar con información actualizada y dinámica del inventario ganadero (es decir, el número de cabezas, estructura del hato, razas, cruzas, edades, sexo y finalidad zootécnica) y de las Unidades de Producción Pecuaria (o sea, la identificación del productor, ubicación del predio, tipo de tenencia y superficie).

• Es una herramienta confiable para establecer un sistema de rastreabilidad que permite la inmediata identificación del origen de los semovientes en caso de una contingencia zoosanitaria.

• Posibilita contar con información verídica y confiable que permita a las autoridades competentes la modificación de los estatus zoosanitarios.

• Mantiene y mejora la posición competitiva de la ganadería del país permitiendo el acceso a mercados nacionales e internacionales con la posibilidad de certificar productos con calidad e inocuidad.

• Hace más eficiente el uso de los recursos con base en la información para la aplicación de las políticas públicas de apoyo al sector ganadero.

Por otro lado, y con el objeto de atender las solicitudes de los ganaderos para integrarse al Sitma, se cuenta con ventanillas autorizadas, las cuales se encuentran distribuidas en todas las entidades federativas, que a su vez cuentan con un número determinado de ventanillas locales en las zonas de mayor densidad ganadera a fin de tener una cobertura amplia y suficiente para las necesidades de los productores.

En ese sentido, es importante señalar que con el propósito de contar con un registro de las unidades de producción pecuarias y de los prestadores de servicios ganaderos de todas las especies se diseñó una base de datos donde se registra información de dichas áreas, así como de los propietarios de las mismas. Esta clave es única y bajo ninguna circunstancia será repetida a nivel nacional por lo que la rastreabilidad de los animales existentes en ella está asegurada de origen.

Se debe tomar en consideración que el Senasica es la entidad que va a asumir el manejo y el control de la trazabilidad de ganado e implantará un nuevo mecanismo de identificación de los animales el cual llevará a cabo de manera individual, dentro del nuevo Sistema Informático de Trazabilidad de Mercancías Agropecuarias, Acuícolas y Pesqueras a través de dispositivos electrónicos de radio frecuencia.2

De esta manera se fortalecen los sistemas informáticos para validar el registro de Unidades de Producción Pecuaria y de los Prestadores de Servicios Ganaderos, con el objetivo de garantizar la distribución y entrega controlada del Sistema Informático de Trazabilidad de Mercancías Agropecuarias, Acuícolas y Pesqueras, consistente en un dispositivo electrónico de radio frecuencia.

Derivado de lo anterior, considero pertinente exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para que dentro del Programa Sectorial con relación al Programa de Estímulos a la Producción Ganadera se incluya el Sistema Informático de Trazabilidad de Mercancías Agropecuarias, Acuícolas y Pesqueras, a efecto de que la adquisición de los dispositivos electrónicos por medio de los cuales funcionará sea subsidiada en beneficio de los pequeños productores del sector ganadero.

Se busca que el sitma sea incorporado dentro de los programas sectoriales con el propósito de que la entrada en operación del primero no represente una carga para los pequeños productores del sector ganadero, quienes se han visto afectados por la alta incidencia de delitos como el abigeato, el cual ha ocasionado pérdidas millonarias para los ganaderos. No podemos soslayar que la ganadería ha representado más del 40 por ciento del Producto Interno Bruto del sector agropecuario y al día de hoy ésta ha sido parte fundamental de la producción de alimentos y materias primas de origen animal, por lo que resulta fundamental garantizar la sanidad y la calidad en el subsector.

Con el subsidio que se propone se logrará que los pequeños productores de ganado tengan un respiro en sus finanzas, severamente dañadas a consecuencias de las pérdidas atribuibles al abigeato, promoviendo su integración en tiempo y forma al Sistema Informático de Trazabilidad de Mercancías Agropecuarias, Acuícolas y Pesqueras.

Tenemos que buscar alternativas para que la propia Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, a través del Programa Sectorial con relación al Programa de Estímulos a la Producción Ganadera, sean los únicos responsables de llevar a cabo este tipo de programas, toda vez que es su competencia, y una de esas alternativas es incorporar a los programas sectoriales el nuevo Sistema Informático de Trazabilidad de Mercancías Agropecuarias, Acuícolas y Pesqueras, a efecto de que sean beneficiados los pequeños productores de ganado en nuestro país.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria para que dentro del Programa Sectorial con relación al Programa de Estímulos a la Producción Ganadera se incluya el Sistema Informático de Trazabilidad de Mercancías Agropecuarias, Acuícolas y Pesqueras, a efecto de que la adquisición de los dispositivos electrónicos por medio de los cuales funcionará sea subsidiada en beneficio de los pequeños productores del sector ganadero.

Notas

1 Véase, “Acuerdo por el que se delegan en el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, las atribuciones que se indican”, Diario Oficial de la Federación, 22 de julio de 2021. Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5624579&fecha=22/07/
2021#:~:text=El%20objeto%20del%20presente%20Acuerdo,SAG%2FGAN%2D2015%2C%20Sistema

2 Véase, “La Sader rediseña modelo de trazabilidad del ganado bovino”, 2000 Agro Revista Industrial del Campo, 28 de diciembre de 2021. Disponible en:
https://www.2000agro.com.mx/agriculturaprotegida/la-sader-redisena-modelo-de-trazabilidad-del-ganado-bovino/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2022.

Diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos

Con punto de acuerdo, para exhortar a la colegisladora a dictaminar con la mayor brevedad la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 73 de la CPEUM, en materia de Sistema Nacional de Cuidados, suscrita por los diputados Maribel Martínez Ruíz y Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PT

Los suscritos, diputada Maribel Martínez Ruiz y diputado Benjamín Robles Montoya, integrantes del Grupo Parlamentario del PT a la LXV Legislatura, de conformidad con lo establecido en los artículos 62, numeral 3, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 18 de noviembre de 2020, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada de 329 votos a favor, el dictamen que reforma y adiciona los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política, en materia de Sistema Nacional de Cuidados, cuyo objeto fundamental fue establecer que el Estado garantice corresponsabilidad entre mujeres y hombres en las actividades de cuidado, además de facultar al Congreso de la Unión para expedir la ley general en la materia.

La discusión y aprobación, en su caso, de este proyecto radica en la necesidad de reconocer que a pesar de que cada vez son más las mujeres que entran al mercado laboral remunerado, persiste un déficit de las mujeres en el mercado laboral debido a que su tiempo es ocupado en labores de cuidado y trabajo doméstico no remunerado, ello en virtud de que derivado de los roles y estereotipos de género se cree que las mujeres están mejor capacitadas, de manera natural, a desarrollar estas labores.

En cualquiera de los dos casos, ya sea que las mujeres tengan un empleo remunerado o se dediquen exclusivamente al trabajo doméstico no remunerado, subsisten enormes desequilibrios y desigualdades en la distribución del trabajo doméstico y de cuidados, lo que representa una enorme injusticia en perjuicio de las mujeres, ya que esto se traduce en una doble o hasta triple carga de trabajo.

Es por ello que la Cámara de Diputadas y Diputados en la LXIV Legislatura planteó de manera consciente y responsable que el Estado participe como corresponsable, en esta causa a favor de las mujeres en tres aspectos, por un lado, para que garantice el derecho al cuidado digno con base en el principio de corresponsabilidad entre mujeres y hombres, las familias, la comunidad, el mercado y el propio Estado en las actividades de cuidado; así mismo, para garantizar que las personas tengan la libertad de decidir si adquieren o no como obligación el cuidar a quien lo requiera; y por último, garantizar el derecho de las personas para decidir la distribución del tiempo propio acorde a sus necesidades e intereses.

Sin lugar a dudas esto redunda en la libertad y autonomía de las mujeres, despojándolas de la obligación de asumir de manera exclusiva los trabajos de cuidados, comenzando por elegir si desean o no asumir la responsabilidad y en qué proporción, además de disponer tiempo para desarrollar libremente su personalidad y capacidades en pie de igualdad con los hombres.

En este sentido, la minuta enviada al Senado resalta que para garantizar el derecho al cuidado digno se implementará el Sistema Nacional de Cuidados, que incluye sus dimensiones económica, social, política, cultural y biopsicosocial, así como políticas y servicios públicos con base en diseño universal, ajustes razonables, accesibilidad, pertinencia, suficiencia y calidad.

Tendrán prioridad en dicho Sistema las personas que requieran cuidados por enfermedad, discapacidad, niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores, quienes vivan en condiciones de extrema pobreza, y las personas que realicen actividades de cuidados sin remuneración alguna. Además, se precisa que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Los niños y las niñas tendrán derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, así como a los servicios para la atención, cuidado, y desarrollo integral infantil, en términos de lo dispuesto en la ley en la materia. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

No omito señalar que el Estado deberá cuidar el impacto presupuestal de la implementación del Sistema Nacional de Cuidados, no generando nuevas estructuras orgánicas y se deberá hacer uso de las instalaciones y recursos con los que se cuenta.

Dado lo anterior, resulta fundamental insistir en la importancia de implementar en México un Sistema Nacional de Cuidados en favor de toda la población, pero especialmente en favor de las personas receptoras de cuidados y de las mujeres, ya que son ellas las más afectadas por la imposición de esta carga sobre ellas debido a las desigualdades sexo-género de la división social del trabajo y a segmentaciones en el mercado de trabajo.

Acabemos de una vez por todas con el mandato cultural que dicta que las mujeres se ocupen de estas labores generalmente de forma no remunerada, que se constituyen como techos de cristal, muros y laberintos de cristal, así como en suelos pegajosos para que las mujeres puedan participar en igualdad de condiciones en el mercado laboral.

La falta de este Sistema Nacional de Cuidados contribuye a perpetuar las desigualdades y segmentaciones del sistema sexo-género a escala social, y potencia las desigualdades de las prestaciones de cuidado en razón de las contrastantes condiciones socioeconómicas.1

Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de este pleno el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Senado de la República a dictaminar a la brevedad la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Sistema Nacional de Cuidados, recibida con fecha 19 de noviembre de 2020 y cuya recepción fue publicada en la Gaceta del Senado del 26 de noviembre de ese mismo año.

Nota

1 Sobre el cuidado y las políticas de cuidado. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Consultable en https://www.cepal.org/es/sobre-el-cuidado-y-las-politicas-de-cuidado

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 5 de abril de 2022.

Diputados: Maribel Martínez Ruiz, Benjamín Robles Montoya (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a inmunizar contra el Covid-19 en todo el país mediante la campaña nacional de vacunación para niños y adolescentes, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. La pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), tuvo su génesis en diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, República Popular de China, misma que se extendió a diversas regiones de otros países. Ante ello, el 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró emergencia sanitaria internacional por dicho brote, por el cual, hasta ese momento, se tenían más de 200 muertes en China.1 Derivado del incremento en el número de casos y la rapidez con que el virus se extendía a varias naciones, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como pandemia a la Covid-19; y el 16 de marzo de 2020 informa que se tienen casos confirmados en 151 países.2

En México, la llegada de la Covid-19 comenzó en febrero de 2020, donde se detectaron los primeros contagios; sin embargo, como se documentó en el libro La gestión de la pandemia en México 3 escrito por seis ex secretarios de salud, no se establecieron las medidas correctas para contener su propagación.

El 27 de marzo de 2020, el titular del Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto de las acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad, para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), destacando lo siguiente:

• Se estableció que las dependencias y entidades de la administración pública federal deberían coordinarse para la instrumentación y el apoyo con la Secretaría de Salud, para adoptar medidas de mitigación y control sanitario por el virus SARS-CoV2 (Covid-19).4

Posteriormente, el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria, dada la situación que guardaba la epidemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) y se declararon acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional y que debe ser atendida con urgencia y de manera prioritaria, destacando lo siguiente:

• Se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19). Se estableció que la Secretaría de Salud debería determinar las acciones necesarias para atender dicha emergencia.5

El 31 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud publicó el Acuerdo por el que se establecieron acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), con el objeto de fortalecer la coordinación y garantizar la acción inmediata del Gobierno Federal, destacando lo siguiente:

• Se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria para los sectores público, privado y social.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 73 fracción XVI, 1a., 2a. y 3a. base, señalan que las facultades de las autoridades sanitarias para atender casos de emergencias sanitarias a través del Consejo de Salubridad General, además del artículo 4, fracción II, y 15 de la Ley General de Salud, disponen que es un órgano colegiado sin intervención de otras secretarías y que depende de manera directa del Presidente de la República.

En este sentido vale la pena señalar que las acciones que ha realizado el Gobierno federal para mitigar los efectos de esta crisis sanitaria no han tenido resultados positivos, ya que desde su inicio y hasta la fecha en las políticas y la toma de decisiones ha imperado la improvisación, teniendo como estrategia la mitigación y no la contención, con la finalidad de minimizar el costo económico que generan las medidas para frenar el contagio; todo ello sin tomar en cuenta a los expertos y especialistas en la materia.

A diferencia de otros países, vale la pena recordar que dicha falta de una estrategia coordinada y clara para contener la pandemia, al 9 de septiembre de 2021, México ocupaba el cuarto lugar a nivel mundial en el número de decesos por Covid-19 (265 mil 420). Esto sólo por debajo de la India con 441 mil 749; Brasil con 584 mil 421; y Estados Unidos de América (EUA) 652 mil 657. Asimismo, en esta misma fecha, nuestro país ocupó el segundo lugar a nivel mundial con 879 fallecimientos por día, tan sólo por debajo de EUA con 2 mil 146.6

Por ello la importancia de contar con una verdadera planeación y estrategia y replantear las políticas que hasta hoy han costado miles de vidas, y que las variantes de Covid-19 continuarán incrementándose, por ejemplo, a nivel internacional, países como España e Inglaterra han conformado comisiones independientes para evaluar, corregir y reorientar la gestión contra la pandemia. Esto es lo que requiere México, para escapar del escenario inercial y de acercamiento con las entidades federativas y con el sector salud privado y se permita que puedan adquirir las vacunas y con ello evitar la centralización y el uso político de estas.

II. En nuestro país las acciones de inmunización para las personas mayores de edad avanzaron de manera significativa, sin embargo, para niños, niñas y adolescentes ha quedado en el olvido y rezago por parte de las autoridades de salud federal en el rango de edad de 5 a 15 años. Lo anterior, se traduce en una violación a sus derechos fundamentales de la protección a la salud a pesar de que ya en la mayoría de los casos ya se están presentando a clases de manera presenciales y lo que implica la movilidad de personas por este hecho.

La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ha aprobado 10 vacunas contra Covid-19, y que es nuestro país son utilizadas 4, por ejemplo, la vacuna PfizerBioNTech se ha comprobado su eficacia para prevenir contagios e inmunizar a niñas y niños a partir de los 5 años, pero lamentablemente en nuestro en país la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) únicamente aprobó su uso de emergencia a partir de los 12 años, pero sólo si tienen comorbilidades.7 Ello significa que en la actualidad sólo se inmuniza a las y los adolescentes a partir de los 15 años, esto se traduce en que en nuestro país hay más de 16 millones de niñas y niños en México sin vacunar .8

Entidades federativas como Nuevo León y Tamaulipas la vacunación para niños, niñas y adolescentes de 5 a 15 años ya es una realidad, donde a diario son transportados en autobuses entre 500 y mil menores hacia EUA, en aras de hacer frente a la cuarta ola de Covid-19 y que en su momento el Gobierno federal no aceptaba la realidad. Hoy China está nuevamente estableciendo medidas de contención ante una nueva ola de contagios y que debemos tomar acciones para prevenir la posible llegada de una nueva ola de contagios.9

En este sentido vale la pena destacar que tan sólo hace unas semanas comenzó a detonar la noticia de que ya existía la autorización por parte de la Cofepris10 para realizar la inmunización de niños y niñas mayores de 5 años en el país, y que en los últimos días se expuso de que desde el pasado 3 de marzo ya estaba aprobada y que la Secretaría de Salud hasta el día de hoy ha sido omisa en comunicar de manera oficial a la población lo siguiente:

Por otro lado, en el contexto internacional las vacunas de niños, niñas y adolescentes se ubican muy por delante de nuestro país, ejemplo de ello es Chile hasta enero se tenía registrado 71.3 por ciento de la población de niñas, niños y adolescentes de entre 3 y 17 años con primera y segunda dosis de la marca Sinovac, donde el Sector Salud señaló lo siguiente: “la producción de anticuerpos en niños es mejor... lo que podría evidenciar –y es parte de lo que hay que seguir investigando– que probablemente en niños vacunados el contagio disminuiría a cero.11

Asimismo, en otros países como EUA, Canadá, Argentina, Cuba, Panamá, Ecuador, Brasil, Francia, Portugal, España, Alemania y El Salvador se han realizado la inmunización de niñas, niños y adolescentes a partir de los 5 años, y excepcionalmente, como se mencionó, en Chile es a partir de los tres años desde diciembre de 2021, especialmente con la vacuna Pfizer.

Por tal razón, quienes integramos la Bancada Naranja creemos necesario que se lleven a cabo las acciones necesarias y de manera urgente para que se realice la inmunización de niños, niñas y adolescentes para la enfermedad de Covid-19, toda vez que ya la Cofepris tiene autorizada la vacuna Pfizer, Inc./BioNTech desde el 3 de marzo de 2022. Asimismo, exhortamos a las autoridades de salud para que realicen campañas de información para dar a conocer a las y los mexicanos dicha información ya que consideramos que es de interés nacional.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud para que, con base en sus facultades y atribuciones, se realice de manera urgente la inmunización en todo el territorio nacional para la enfermedad de Covid-19, mediante la campaña nacional de vacunación para niñas, niños y adolescentes, con la vacuna aprobada y autorizada desde el 3 de marzo de 2022 por la Cofepris, el biofármaco de Pfizer, Inc./BioNTech.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud para que, con base a sus facultades y atribuciones legales, realice las campañas de información hacia la sociedad mexicana de la aprobación y autorización del biofármaco de Pfizer, Inc./BioNTech.

Notas

1 “Coronavirus de China: la OMS declara el brote de neumonía de Wuhan emergencia internacional”, BBC News Mundo, 2020: recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51318222

2 “La OMS declara el brote de coronavirus pandemia global”, EL PAÍS, 2020, recuperado de: https://elpais.com/sociedad/2020-03-11/la-oms-declara-el-brote-de-coron avirus-pandemia-global.html

3 Chertorivski, S. et al. “La Gestión de la Pandemia en México,” Consejo Ciudadano Pensando en México, 2020

4 Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Diario Oficial de la Federación, 27 de marzo de 2020, recuperado de: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590673&fecha=27/03/2020

5 Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) Diario Oficial de la Federación, recuperado de: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/ 2020

6 “Covid-19 - Crisis del coronavirus”,

Expansión/Datosmacro.com, 09 de septiembre del 2021, recuperado de: https://datosmacro.expansion.com/otros/coronavirus

7 La vacuna contra covid-19 es un derecho de las niñas, niños y adolescentes e indispensable para garantizar que México salga adelante, Save The Children, 25 de enero de 2022, recuperado de: https://www.savethechildren.mx/enterate/noticias/la-vacuna-contra-covid -19-es-un-derecho-de-las-nin#_ftn10

8 Cuéntame Población en México por edades, INEGI, 2022, recuperado de:

https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx? tema=P

9 Nuevo León y Tamaulipas adelantan al Gobierno federal en la vacunación para menores mexicanos de 5 a 11 años en EE UU, periódico El País, 16 de noviembre de 2021, recuperado de:

https://elpais.com/mexico/2021-11-17/nuevo-leon-y-tamaul ipas-adelantan-al-gobierno-federal-en-la-vacunacion-para-menores-mexica nos-de-5-a-11-anos-en-ee-uu.html

10 Vacunas autorizadas para uso de emergencia y sus principales características, Página Oficial del Gobierno de México, fecha de consulta 1 de abril de 2020, recuperado de:

https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/vacunas -covid-19-autorizadas

11 Ministerio de Salud de Chile, Yo me vacuno, 14 de enero de 2022, recuperado de: https://www.minsal.cl/713-de-la-poblacion-entre-3-y-17-anos-ha-completa do-su-esquema-de-vacunacion-contra-sars-cov-2/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2022.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de BC a dictaminar y aprobar el Código de Familia local, a cargo de la diputada Rebeca Valle Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Rebeca Valle Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Como es bien sabido, las sociedades y el derecho que las regula son dinámicas. La sociedad está cambiando constantemente y por ende las leyes también mutan y se van adecuando a la realidad emergente. Baja California no es ajeno a esta dinámica social, prueba de ello es la reforma constitucional de junio de 2021 que reconoció en el estado el matrimonio igualitario.

Además del tema del matrimonio igualitario ya mencionado, existen otros fenómenos sociales que es necesario regular (muchos de los cuales son ampliamente polémicos) y es precisamente por ello que se redactó una propuesta para dotar de un Código de Familia a Baja California, el cual busca poner a dicha entidad federativa a la vanguardia jurídica en relación con otras entidades de la República Mexicana, muchas de las cuales ya cuentan con su propio código familiar.

Conscientes de la necesidad de tener un instrumento legal que de certeza jurídica en materia familiar, las diputadas locales de Baja California Evangelina Moreno Guerra y María Trinidad Vaca Chacón convocaron a especialistas en la materia para que hicieran aportes y poder conformar un anteproyecto de Código de Familia.

La propuesta del Código en comento fue producto de diversas sesiones de Parlamento Abierto, en las cuales especialistas, ministerios públicos, juzgadores, académicos, integrantes de barras de abogados que litigan en materia familiar y diversos grupos de la sociedad civil, incluyendo 128 peritos en la materia familiar que, de forma entusiasta participaron, constituyendo un ejercicio inédito en Baja California, llevando a cabo diversas mesas de trabajo del 4 al 6 de marzo de 2021, contando además con el apoyo técnico y parlamentario del Congreso de Baja California.1

Las sesiones de parlamento abierto produjeron relatorías y memorias que fueron incluidas en el anteproyecto, para posteriormente turnarlo a revisión y control académico del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, a cargo de la Investigadora de tiempo completo doctora Tatiana Vanessa González Rivera, así como de diversas doctoras especialistas en la materia familiar de Nicaragua, Colombia, estado de México y Tijuana, entre otros.

El proyecto final de Código de Familia para Baja California fue presentado en junio de 2021 por Evangelina Moreno Guerra en su calidad de presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas y por María Trinidad Vaca Chacón en su calidad de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Familia y Asuntos Religiosos, durante sus mandatos como integrantes de la XXIII legislatura del Congreso de Baja California.

Tres son las justificaciones que se destacan en la exposición de motivos del porqué es necesario la aprobación de un Código de Familia para Baja California y que a continuación se refieren:

Primero. Que la familia se ha caracterizado universalmente por ser la institución natural, social y jurídica base para el desarrollo de las sociedades, ya que ella misma prima por encima de cualquier otra institución positiva, en virtud de que cualquier individuo, antes que ciudadana o ciudadano y miembro de la sociedad, es originalmente miembro de una familia.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos define a la familia como “el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”. Lo anterior, bajo el principio de igualdad y no discriminación, ya que toda familia es igual ante la ley, según lo establece el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por consiguiente, la Familia es el grupo compuesto por dos o más personas que coexisten como unidad espiritual, cultural y socioeconómica, que tienen necesidades comunes, psicoemocionales y materiales, así como objetivos e intereses de superación, cuya prioridad y dinámica pertenecen a su libre albedrío psicológico, sociocultural, biológico, económico y jurídico; por ello como elemento natural y fundamental, la familia de la sociedad debe ser protegida por la misma sociedad y el Estado.

Segundo . Que la familia como institución está sujeta a cambios estructurales, de índole ideológico, económico y sociocultural, debido a su estrecha relación con los fenómenos sociopolíticos, hecho que exige la transformación de los ordenamientos jurídicos en materia de derecho familiar, ya que estos deberán adecuarse siempre a las necesidades de la ciudadanía, regidos por lo establecido en los tratados internacionales.

Tercero . Que, debido a la falta de instrumentos jurídicos en materia familiar, se crea el Código de Familia para el Estado de Baja California, el cual representa el número 10 del país. Conscientes de la necesidad de crear un código que sirva al desarrollo integral de las familias bajacalifornianas, el proyecto en cuestión tiene como principal objetivo lograr una estructura jurídica, de tal forma que, con ello, se reestablezca el tejido social como eje central de la sociedad.2

El Proyecto de Código de Familia en comento es un documento de vanguardia, pensado en las familias del siglo XXI, además, está redactado considerando los tratados internacionales que han sido ratificados por el Estado mexicano, también incluye jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de tribunales de Baja California. Entre los aportes más relevantes de la propuesta del nuevo código se encuentran los siguientes:

1. Cambio en el concepto de familia.

2. Cambio en el concepto de violencia familiar.

3. Consideración de la violencia virtual como una forma de violencia familiar.

4. Cambio en la denominación de “concubinato” por “unión marital de hecho” y de los “concubinos” por “compañeros extramaritales”.

5. Cambios en la denominación de la clasificación por edades de niños, infantes y adolescentes.

6. Se considera persona desde la separación completa del vientre materno y supervivencia un instante siquiera.

7. Se integran los seudónimos como elementos constituyentes del nombre propio.

8. Posibilidad de acuerdo en el orden de los apellidos de los padres.

9. Matrimonio y divorcio ante notario público.

10. Cursar taller especial, un requisito para casarse en Baja California.

11. Variaciones del régimen patrimonial de las uniones familiares se podrán tramitar ante notario.

12. Normas relativas a alimentos para compañeros permanentes.

13. Declaratoria de nacimiento de niños por personas diferentes de sus padres.3

Una vez que la propuesta del Código Familiar fue presentada oficialmente ante el Congreso del Estado, se inició el proceso legislativo, dando turno la presidencia de la Mesa Directiva a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales para su dictaminación y es en dicha comisión donde se encuentra en estos momentos, pendiente de ser debatida y dictaminada, para posteriormente ser enlistada en el orden del día en sesión plenaria de la asamblea y poder ser votada.

El 1 de agosto del 2021 inició sus funciones la XXIV Legislatura del Congreso de Baja California, de la cual diversos integrantes ya han manifestado su compromiso para retomar el debate y aprobar el Código de Familia para dicha entidad.

Por tal motivo es menester que, tanto la comisión dictaminadora, así como los integrantes de los órganos de gobierno del Congreso de Baja California, garanticen el derecho a la certeza jurídica las familias bajacalifornianas al aprobar el Código de Familia.

Por lo expuesto me permito someter a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la XXIV Legislatura del Congreso de Baja California para que dictamine y apruebe el Código de Familia para dicha entidad federativa.

Notas

1 Pueden consultarse las sesiones de trabajo videograbadas en el canal de Youtube del Congreso de Baja California

2 Proyecto de Código de Familia para Baja California

3 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2022.

Diputada Rebeca Valle Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a mantener la autonomía del INECC y el IMTA y no integrarlos a la estructura de la Semarnat y la Conagua, a cargo del diputado Enrique Godínez del Río, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Enrique Godínez del Río, diputado federal por el estado de Michoacán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que el la Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Poder Ejecutivo federal a mantener la autonomía del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y a no integrarlos a la estructura de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua, a darle publicidad a la importancia de las funciones que llevan a cabo ambos institutos y a tomar acciones más efectivas para garantizar la seguridad hídrica y para cumplir con los compromisos climáticos del país, lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

A lo largo de este sexenio, el sector ambiental ha sufrido recortes presupuestales y cambios en su estructura, con el despido de empleados comprometidos con su trabajo y con amplia experiencia profesional, resultando en un sector debilitado bajo una constante amenaza e incertidumbre que le resta capacidad para cumplir con sus obligaciones.

El 17 de diciembre del año pasado sufrió un nuevo golpe. La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmaron la reforma administrativa que resultará en la desaparición del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Supuestamente, las atribuciones y personal del INECC pasarán a formar parte de la Semarnat y, en el caso del IMTA, sus actividades se sumarán a la estructura de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La secretaria declaró que “resulta necesario continuar la transformación y el fortalecimiento de las dependencias con alternativas que implican reformas administrativas profundas (...) y eficientar la labor para atender las causas de los problemas ambientales”. Mientras que el presidente expresó que “entre más se ahorre, más dinero liberamos para el bienestar de la gente (...) Y no es un asunto administrativo, es un asunto de principios, no puede haber duplicidad de funciones”.1

Ambas declaraciones han generado polémica, incertidumbre y desconfianza por parte del sector académico y la sociedad civil, así como en funcionarios públicos del propio gobierno federal ya que no se ha presentado información clara y concisa respecto a cómo quedarían integrados estos institutos dentro de las otras dependencias y si tendrían los recursos humanos, financieros y servicios administrativos que requieren para cumplir con las funciones que les otorga la legislación. La misma exdirectora general del INECC, María Amparo Martínez Arroyo, desconoce cómo será el proceso de integración.

El primero de enero la Conagua comunicó en su portal que ya inició dicho proceso y asegura que se robustecerá la administración y preservación de las aguas nacionales con políticas que fortalezcan el conocimiento y la innovación científica y tecnológica y que se respetarán los derechos laborales de los trabajadores, tanto de oficinas como de laboratorios y demás instalaciones que opera el IMTA.2 Sin embargo, se desconoce cómo será la nueva estructura, si continuarán el mismo número de servidores públicos, si seguirán realizando las mismas labores, si habrá reubicación de personal, cambios en los perfiles de las plazas, entre otras cosas. Tampoco hay información sobre el presupuesto que canalizará la Conagua o si se contará con otro tipo de apoyos económicos para garantizar lo que se promete en el comunicado.

Tanto la comunidad científica como asociaciones de la sociedad civil informadas sobre temas climáticos e hídricos explican que esta simplificación orgánica es un golpe para gestionar desde el conocimiento técnico y científico la formulación de políticas, desarrolladas por organismos auxiliares que necesitan autonomía de gestión. Agregan que además de ser un “retroceso” en materia de derechos humanos, “se contrapone a principios jurídicos previstos en la Constitución y en tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano” para atender la crisis del cambio climático.3

El pasado mes de noviembre se discutió y se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022 y con ellos nos quedó claro que sí hay recursos económicos, pero que estos son asignados sin considerar las prioridades como es la seguridad hídrica y el combate a la emergencia climática.

Importancia de los institutos

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático es un organismo de investigación del Estado mexicano que genera e integra investigación técnica y científica en materia de ecología y cambio climático, para apoyar la toma de decisiones. El Instituto fue creado con la entrada en vigor de la Ley General de Cambio Climático.4

El INECC es de gran relevancia toda vez que funge como entidad de coordinación interinstitucional, así como con otras entidades de la República para que la política nacional incluya una perspectiva transversal en temas de bioseguridad, desarrollo sustentable, protección del medio ambiente; informes de la calidad del aire y del desempeño de las redes de monitoreo atmosférico de los estados, preservación y restauración del equilibrio ecológico y conservación de los ecosistemas y cambio climático.

Dentro las aportaciones del INECC se incluyen:

1. Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero

2. Inventario Nacional de Sustancias Químicas y la Evaluación Inicial del Convenio de Minamata

3. Atlas Nacional de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático

4. Índice Nacional de Calidad del Aire

5. Apoyo en el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos

6. Apoyo en el desarrollo del Sistema de Comercio de Emisiones

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua es un organismo público descentralizado que se aboca a enfrentar los retos nacionales y regionales asociados con el manejo del agua y a perfilar nuevos enfoques en materia de investigación y desarrollo tecnológicos para proteger el recurso y asignarlo de manera eficiente y equitativa entre los distintos usuarios.5

Los objetivos del Instituto son:

1. Contribuir a la gestión sustentable del agua a través del conocimiento, la tecnología, la formación de recursos humanos y la innovación.

2. Incorporar al sector hídrico en la sociedad del conocimiento.

3. Crear un alto valor agregado para las instituciones del sector hídrico mediante el conocimiento, la creación y adaptación de tecnologías y el suministro de servicios tecnológicos altamente especializados.

4. Impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología del agua, en especial mediante la formación de personal altamente capacitado a nivel especialización y posgrado.

El IMTA dispone de capacidades y competencias específicas que le dan una ventaja competitiva y le permiten agregar valor a los productos y servicios que ofrece a sus clientes y usuarios.

Cuenta con más de 300 especialistas altamente capacitados en la atención de la problemática prioritaria del sector, muchos de ellos con más de 20 años de experiencia y con infraestructura de laboratorios, software y documental única en México.

Su visión es ser una institución líder y de clase mundial que propicie la transformación del sector hídrico e impulse la gestión sustentable del recurso agua en el país. Esta no podrá ser cumplida si no se garantiza su permanencia y su autonomía.

Realiza investigación prospectiva para prever futuros escenarios de oportunidades y riesgos en el sector hídrico. Sus temas de investigación abarcan: seguridad hídrica, calidad del agua y ecología, gobernanza del agua y sistemas hídricos.

El IMTA ha sido una institución clave para el cumplimiento de los derechos humanos al agua y a un medio ambiente sano.

Dentro las aportaciones del IMTA se incluyen:

1. Índices de Seguridad Hídrica a escala municipal

2. Propuesta de política nacional de manejo de aguas transfronterizas México-EUA

3. Sistema de Información de Tarifas de Agua Potable

4. Fortalecimiento de las capacidades en materia hídrica

¿Por qué es grave la desaparición de estos institutos?

Al integrar estos institutos de naturaleza técnica a la Semarnat y a la Conagua, dependencias con funciones principalmente de gestión, administrativas y política pública, se pierde la continuidad en las investigaciones que son la base para la toma de decisiones encaminadas al cumplimiento de la legislación y los compromisos internacionales en materia de manejo de los ecosistemas, mitigación y adaptación al cambio climático y el desarrollo tecnológico e innovación para los recursos hídricos.

Por si fuera poco, en el recientemente aprobado presupuesto de egresos, no se están considerando recursos adicionales para la integración de las funciones de estos institutos en otras dependencias de la administración pública federal.

Dentro de los mayores retos que enfrenta la humanidad son los relativos a la calidad y gestión del agua, debido a que se han convertido en factores limitantes para la salud e higiene de las personas, la producción de alimentos y las estabilidades social y política de los pueblos.6

El agua es la base de todas las actividades económicas, el recurso para garantizar otros derechos como la salud, la educación, la vivienda y en general, el desarrollo humano de todos los mexicanos. Sin el IMTA buscando mejores alternativas para su distribución, uso, saneamiento y conservación será más difícil enfrentar la crisis del agua.

Por otro lado, todos sabemos que la emergencia climática es la mayor crisis que ha enfrentado la humanidad, sin el INECC a cargo de este enorme compromiso, no solo con los mexicanos, si no con todos los países parte de tratados internacionales y con la madre tierra, será imposible acercarse a los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y todas sus consecuencias que ya estamos viviendo, como los desastres naturales cada vez más intensos y frecuentes y las migraciones por la destrucción de ecosistemas y poblaciones humanas.

De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la arbitraria decisión de desaparecer al INECC envía un muy desafortunado e incongruente mensaje en cuanto al compromiso que el país tiene para combatir el cambio climático, justo a pocos días de haber concluido la Conferencia de las Partes (COP26) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), realizada en Glasgow, Escocia, donde México suscribió varias declaraciones para mitigar sus emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI)7 y donde México fue evidenciado como un país con políticas que no van en línea con el Acuerdo de París y por haber presentado en 2020 una Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) menos ambiciosa que la presentada en 2015.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. - La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Poder Ejecutivo federal a mantener la autonomía del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y no integrarlo a la estructura de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Segundo. - La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Poder Ejecutivo federal a detener el proceso de integración del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua a la Comisión Nacional del Agua y mantener su economía.

Tercero. - La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Poder Ejecutivo federal a darle publicidad a la importancia de las funciones que lleva a cabo el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y a tomar acciones más efectivas para cumplir con los compromisos climáticos del país.

Cuarto. – La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Poder Ejecutivo federal a darle publicidad a la importancia de las funciones que lleva a cabo el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y a tomar acciones más efectivas para garantizar la seguridad hídrica del país.

Notas

1 Científicos y ONG rechazan desaparición del INECC y el IMTA.

https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Cientificos-y-ONG-rechazan-desaparicion-del-Instituto-Nacional
-de-Ecologia-y-Cambio-Climatico-y-el-Instituto-Mexicano-de-Tecnologia-del-Agua-20211219-0020.html

2 https://www.gob.mx/conagua/prensa/da-inicio-el-proceso-de-integracion-e ntre-la-conagua-y-el-imta

3 Ídem.

4 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

https://www.gob.mx/inecc/que-hacemos

5 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

https://www.gob.mx/imta/que-hacemos

6 Regulación de los servicios de agua potable y saneamiento en México. IMTA, 2017.

https://www.imta.gob.mx/biblioteca/libros_html/regulacio n-servicios/files/assets/common/downloads/publication.pdf

7 Desaparecer al INECC y el IMTA debilita aún más la capacidad de México para proteger el medio ambiente y combatir el cambio climático.

https://www.cemda.org.mx/desaparecer-al-inecc-y-el-imta-debilita-aun-mas-la-capacidad-de-mexico
-para-proteger-el-medio-ambiente-y-combatir-el-cambio-climatico/

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 5 de abril de 2022.

Diputado Enrique Godínez del Río (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al CSG a promover la realización de sesiones ordinarias de la Comisión para el Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento de las Enfermedades Raras, a cargo de la diputada Cynthia Iliana López Castro, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Cynthia López Castro, diputada por la Ciudad de México e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, fracción III, y demás artículos relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al Consejo de Salubridad General para que en el marco de sus atribuciones y posibilidades presupuestarias promueva las sesiones ordinarias de la Comisión para el Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento de las Enfermedades Raras, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

La Secretaría de Salud estima que aproximadamente ocho millones de personas padecen una enfermedad rara, y para ser catalogada como tal, no se deben presentar más de cinco casos por cada 10 mil habitantes.1 En nuestro país, el Consejo de Salubridad General publicó en el 2018 una lista con las enfermedades que se han determinado como tal: Mucopolisacaridosis I Hurler; Mucopolisacaridosis II Hurler; Mucopolisacaridosis IV Morquio; Mucopolisacaridosis VI Maroteaux-Lamy; Enfermedad de Gaucher Tipo I, II y III; Enfermedad de Fabry; Enfermedad de Pompe; Síndrome de Turner; Espina Bífida; Fibrosis Quística; Hemofilia; Histiocitosis; Hipotiroidismo Congénito; Fenilcetonuria; Galactosemia; Hiperplasia Suprarrenal Congénita; Deficiencia de G6PD, Glucosa 6 Fosfato deshidrogenasa; y, Homocistinuria.2

Estos padecimientos pueden afectar la capacidad física, motriz, sensorial e intelectual del paciente que puede conducir a reducción de autonomía y vulnerabilidad.3 En la mayoría de los casos, los signos y síntomas de estos padecimientos pueden presentarse desde la infancia, pero solo a partir de la edad adulta, casi el 50 por ciento de las enfermedades son tratadas debido al diagnóstico tardío, consecuencia de un déficit de conocimiento en los profesionales de la salud y científico.4

A partir de los años 80, este tipo de padecimientos llama la atención de especialistas y de gobiernos. Por poner un ejemplo, en 1983, Estados Unidos promulga la Ley de Medicamentos Huérfanos, ODA (por sus siglas en inglés), una ley federal que implementó políticas de acceso y definió por primera vez el término de enfermedad rara como “cualquier enfermedad o condición rara que afecte a menos de 200.000 individuos en los Estados Unidos”.5

En Europa, las enfermedades raras se definen como aquellas “con peligro de muerte o de invalidez crónica, de baja prevalencia y alto nivel de complejidad”. Considerándose enfermedad rara aquella que “no afecta a más de 5 personas de cada 10.000 individuos, lo que significa que de 6 a 8 por ciento de la población de la Comunidad Europea padecen de alguna enfermedad rara”.6

En América Latina, el tema comenzó a ser discutido muy recientemente a partir del 2010. En el Foro Regional de Enfermedades de Baja Prevalencia, y Agenda 2030, realizado el pasado 24 de noviembre de 2021, organizado por la iniciativa Nadie es Menos, diversos expertos de la región señalaron los obstáculos que el marco normativo tiene para lograr una atención integral a los pacientes en la región. En Perú, por ejemplo, se cuenta con un marco regulatorio de las enfermedades raras o huérfanas desde 2011, cuando se emitió una ley que declara de interés nacional y preferente la atención de personas que padecen enfermedades raras o huérfanas. En Ecuador se presentó una ley en 2011 e inició su vigencia en 2012; sin embargo, la ley no ha podido sea aplicada. No se tiene un censo de personas con enfermedad rara en aquel país.

Por su parte, en Colombia se tiene una ley donde se establece la definición, atención, gestión de información, vigilancia y financiamiento de las enfermedades huérfanas y se tiene una mesa de enfermedades huérfanas con el Ministerio de Salud, en donde actores de distintos sectores, incluida sociedad civil, autoridades e industria, se encargan de supervisar el avance y defensoría.7

En México no existe una legislación referente y particular a las enfermedades raras, tampoco una línea clara de política pública, con lo que contamos son diversos programas para dar atención a las personas afectadas por estas enfermedades, con un muy limitado enfoque en medicación y tratamiento. El mayor avance fue la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de enero de 2012, donde se adicionó los artículos 224 Bis y 224 Bis 1 a la Ley General de Salud que incorpora los medicamentos huérfanos, así como las definiciones de enfermedades raras. El artículo 224 Bis de la Ley General de Salud, las define como las cuales tienen una prevalencia no más de 5 personas por cada 10 mil habitantes.8

Esta ausencia normativa limita la actuación de la academia, las autoridades, las instituciones de salud y la población en general frente al problema de estos padecimientos. En primer lugar, tenemos un registro limitado de 20 padecimientos a comparación de los discutidos e identificados a nivel mundial. Es imperativo que se realice una labor de actualización del listado de enfermedades raras o búsqueda intencionada de pacientes.

Pese a que existe desde 2017 la Comisión para el Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento de las Enfermedades Raras, dependiente del Consejo de Salubridad y de su reglamento, hasta el momento no hay una claridad para atender este problema de salud pública. Se vuelve vital una actualización de la lista de padecimientos; además de contar con un adecuado acceso al tratamiento, lograr la adherencia, vigilancia y así mejorar la calidad de vida de los pacientes. Por ejemplo, la Federación Española de Enfermedades Raras tiene un registro de 3 mil 23 patologías y tan solo la Porfiria, un padecimiento clasificado como enfermedad endócrina y metabólica, tiene registrado 13 subtipos, mientras en nuestro país se cuenta con la identificación muy limitada.

Cabe mencionar que durante el foro La atención de las enfermedades raras, celebrado en esta Cámara de Diputados, el pasado 18 de febrero de este año, el doctor César Alberto Cruz Santiago, en representación del Consejo de Salubridad General, aseguró que el pasado 2 de diciembre de 2021, la Comisión para el Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento de las Enfermedades Raras acordó la realización del primer Censo Nacional de Pacientes con enfermedades raras. Sin embargo, en medios de comunicación se ha informado que dicho censo no ha concluido y no se han dado mayores detalles.

Otra problemática relacionada con las enfermedades raras es el adecuado diagnóstico. La mayoría de las veces es hasta la edad adulta que se somete al paciente a un tratamiento adecuado. Este desconocimiento podría propiciar una identificación deficiente o un diagnóstico equivocado con consecuencias adversas en la salud de los pacientes de este tipo de enfermedades. Lo anterior podría revelar una falta de capacitación sobre esta problemática dirigida a los profesionales de la salud; o bien, de deficiencias formativas en estas enfermedades en las instituciones de educación, lo que convierte a las enfermedades raras en enfermedades invisibles para el personal de las instituciones de salud.

Como puede observarse, el tema de las enfermedades raras es sumamente complejo, por lo que requiere de la intervención del Estado con acciones contundentes. Es urgente una política integral que estimule la participación de los pacientes y asociaciones de enfermedades raras, que se escuche a los expertos, se retomen las mejores prácticas internacionales y se actué con evidencia científica para el planteamiento y desarrollo de políticas públicas, toda vez que se formularían bajo la mirada de las necesidades y servicios dirigidos a aquellos que se ven afectados por estas condiciones.

Es bien sabido que, en México en los últimos tres años, nuestro sistema de salud atraviesa un profundo proceso de transformación, sin olvidar la contingencia generada por la pandemia de la Covid-19, que al igual que todos los sistemas sanitarios del mundo, se ha mantenido expuesto a una enorme presión por la exigencia de atención médica. Sin embargo, es necesario trabajar en el corto plazo para que se cuente con un marco normativo y una directriz de política pública.

Por lo anteriormente expuesto, es que someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta respetuosamente al Consejo de Salubridad General para que, en el marco de sus atribuciones y posibilidades presupuestarias, promueva las sesiones ordinarias de la Comisión para el Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento de las Enfermedades Raras.

Notas

1 Gerardo Rivera-Silva. (21 mayo 2018). Enfermedades raras en México. Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, 56, 214-215.

2 http://www.csg.gob.mx/contenidos/priorizacion/enfermedades-raras/listad o.html

3 Federación Española de Enfermedades Raras. Sobre las enfermedades raras. [Internet]. Feder. Disponible en: https://enfermedadesraras.org/index.php/enfermedades-raras/preguntas-fr ecuentes. [Consultado el 22 de febrero de 2022].

4 Orphanet. Acerca de las enfermedades raras. [Internet]. Disponible en:
https://www.orpha.net/consor/cgibin/Education_AboutRareDiseases.php?lng=ES. [Consultado el 22 de febrero de 2022].

5 Prevalencia, O. D. B. (2005). Medicamentos huérfanos: una revisión necesaria para un problema sanitario no resuelto. Acta Farm. Bonaerense, 24(1), 123-9. http://www.latamjpharm.org/trabajos/24/1/LAJOP_24_1_6_1_7AESQNE9G7.pdf

6 European Commission Health & Consumer Protection Directorate-General. Useful Information on rare diseases from an EU perspective. [Internet]. Luxembourg. Disponible en:
http://ec.europa.eu/health/ph_information/documents/ev20040705_rd05_en.pdf.

7 https://twitter.com/INadieesmenos/status/1463560180810014730

8 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5231484&fecha=30/01/ 2012

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 5 de abril de 2022.

Diputada Cynthia Iliana López Castro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía General de Chihuahua a proporcionar asistencia profesional especializada y garantizar la debida impartición de justicia en el caso de la denuncia de la madre de una menor de 4 años de edad víctima de abuso sexual por dos profesoras en una escuela local privada, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Dionicia Vázquez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, y los demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del estado de Chihuahua a que, en el ámbito de sus atribuciones, se proporcione asistencia profesional especializada y se garantice la debida impartición de justicia en el caso de la denuncia presentada por parte de la madre de una menor de 4 años víctima de abuso sexual por parte de dos maestras en una escuela privada en el estado de Chihuahua, bajo las siguientes

Consideraciones

En México cada año hay 5.4 millones de casos de abuso sexual infantil y al menos 9 de cada 10 casos no son denunciados; una de cada 4 niñas ha sufrido algún tipo de abuso sexual antes de los 18 años, mientras que en el caso de los niños es de cada 6.1 Estas cifras denotan una terrible realidad: más del 90 por ciento de niñas o niños que sufren abuso sexual permanecen en silencio.

Esta es la terrible realidad en la que viven actualmente millones de niñas y niños en el mundo y que, en México, la reciente y espantosa noticia sobre una niña abusada por sus maestras, en una escuela particular en el estado de Chihuahua, nos impulsa a revisar los avances en el diseño e implementación de las políticas públicas que prevengan y traten el abuso sexual infantil, asimismo, la actuación de los jueces y el combate a la impunidad.

Al respecto, el 8 de marzo de 2022, la madre de una niña de 4 años, interpuso una denuncia por violación hacia la menor de edad por parte de una maestra y la directora de una escuela privada, ante la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delito por Razón de Género y Familia (FEM).

Se hace mención en notas periodísticas que, de acuerdo con la carpeta de investigación respectiva, la menor dejó de asistir a la escuela el pasado 23 de febrero luego de la insistencia de la niña que le decía que no quería ir y fue el 7 de marzo cuando le contó la razón por la cual les temía a sus maestras.2

Se relata que, durante la audiencia, se estableció que los hechos que se les imputan a las maestras se registraron en el periodo comprendido del mes de agosto de 2021 al mes de febrero de 2020 en la escuela particular “Colegio Montessori Internacional”.3

De acuerdo con las investigaciones ministeriales efectuadas por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, las acusadas presuntamente violaron a una menor de cuatro años, esto aprovechando la relación de confianza que tenían.4

El juez de control resolvió formularles cargos por el delito de violación agravada, bajo la medida cautelar de prisión preventiva por 12 meses.5

No obstante, la FEM interpuso el 3 de abril del presente una apelación ante la reclasificación del delito de violación agravada a abuso sexual agravado en el caso descrito líneas arriba.

“La FEM pretende que se clasifique jurídicamente de manera adecuada el caso y se valore la evidencia conforme a la etapa y las reglas del proceso”, señaló la fiscal Wendy Chávez Villanueva, quien explicó que la dependencia interpuso el recurso porque no está de acuerdo con la resolución del juez, la cual, afirmó, derivó de una inexacta aplicación de la ley.6

Al respecto, la fiscal Wendy Chávez Villanueva señaló que durante la última década la Fiscalía se ha pronunciado en diversas ocasiones en contra de las resoluciones emitidas por algún juez, en espera de que las víctimas tengan acceso a la justicia. “La respuesta depende de la sala penal, no hay una temporalidad específica, pero esperamos que sea lo antes posible”, señaló.7

Por si esto no fuera suficiente, Chihuahua, en cifras recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ocupa el tercer lugar en delitos sexuales;8 de acuerdo con reportes y carpetas de investigación que ha integrado la Fiscalía General del estado en diversos municipios de la entidad, en el primer trimestre del año 2022 se han contabilizado por lo menos 176 casos de menores que han sido víctimas de violación sexual.9

Según la organización social Imaginalco, el 75 por ciento de los abusadores son personas que las niñas o los niños conocen y en las que sus padres confían.10

De acuerdo con médicos especialistas en psiquiatría y psicología, “el silencio que el abusador impone a la niña o al niño mediante amenazas es reforzado por la actitud de la sociedad, que mira para otro lado. La mayoría de los casos de abuso sexual infantil ocurren a manos de quienes se supone que deberían brindar protección a los niños: se dan en el seno familiar, en escuelas y en iglesias, entre otras instituciones respetables de la sociedad”.11

Al respecto, los expertos en la materia consideran que la razón más importante por la cual no se resuelven en el ámbito de las autoridades judiciales la mayoría de los casos de abuso sexual infantil no es la ignorancia de los instrumentos legales disponibles, sino la voluntad de descartarlos, y eso tiene una raíz ideológica y de discriminación hacia las víctimas de abusos, en su mayor parte mujeres y niños. Asimismo, sostienen que cuando las niñas y los niños que fueron objeto de abuso sexual entran en los Tribunales de Justicia creen que van a encontrar protección, pero la mayoría de las veces lo que descubren es otra realidad.

El niño abusado se cansa de contar, siente que no le creen, en definitiva, vuelve a ser revictimizado. Ese contexto es aprovechado por los abusadores para llevar adelante estrategias legales agresivas que tienen como fin desacreditar a los niños o a los denunciantes.12

En esta tesitura, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por nuestro país el 21 de septiembre de 1990, obliga al Estado mexicano a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella.

Al efecto, dicho instrumento, en su artículo 19, se señala: “Los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.13

De igual manera, en su numeral 34, se dispone: “Los Estados parte se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales”.14

En virtud de las atribuciones constitucionales, quienes ocupamos un cargo público, en nuestro caso una diputación federal, debemos promover, respetar, proteger y garantizar estas prerrogativas fundamentales. Con mayor razón, si se involucra a las niñas y los niños.

En este sentido, poniendo en consideración que la lucha en contra del abuso sexual de menores de edad es responsabilidad de todos, solicito a las y los diputados integrantes de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión me acompañen en la aprobación de la presente propuesta.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del estado de Chihuahua a que, en el ámbito de sus atribuciones, se proporcione asistencia profesional especializada y se garantice la debida impartición de justicia en el caso de la denuncia presentada por parte de la madre de una menor de 4 años víctima de abuso sexual por parte de dos maestras en una escuela privada en el estado de Chihuahua.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Chihuahua a que, en el ámbito de sus atribuciones, se fortalezcan los protocolos para prevenir y atender de manera oportuna el abuso sexual infantil y se establezcan las medidas necesarias para garantizar el interés superior de la niñez.

Notas

1 Imaginalco. Datos importantes del abuso sexual infantil en México. Disponible en: https://cutt.ly/vD7D38Z. Consultado el 4 de abril de 2022.

2 Pressreader. Apela FEM reclasificación de abuso sexual en Montessori. Disponible en: https://cutt.ly/7D7Oxko. Consultado el 4 de abril de 2022.

3 Excélsior. Detienen a directora y maestra acusadas de violar a niña de 4 años en Chihuahua. Disponible en:

https://cutt.ly/MD7UAc2. Consultado el 4 de abril de 2022.

4 El Sol de México. En tres meses 176 menores de edad sufrieron abuso sexual en Chihuahua: Fiscalía. Disponible en:

https://cutt.ly/QD71iRD. Consultado el 4 de abril de 2022.

5 Ibid.

6 Pressreader. Apela FEM reclasificación de abuso sexual en Montessori. Disponible en: https://cutt.ly/7D7Oxko. Consultado el 4 de abril de 2022.

7 Ibid.

8 El Diario. Ocupa Chihuahua tercer lugar en delitos sexuales. Disponible en:

https://cutt.ly/KD7B7FX. Consultado el 4 de abril de 2022.

9 El Sol de México. En tres meses 176 menores de edad sufrieron abuso sexual en Chihuahua: Fiscalía. Disponible en:

https://cutt.ly/QD71iRD. Consultado el 4 de abril de 2022.

10 Imaginalco. Datos importantes del abuso sexual infantil en México. Disponible en: https://cutt.ly/vD7D38Z. Consultado el 4 de abril de 2022.

11 Asamblea Permanente contra el Abuso. ¡No te calles! Tu silencio legitima el abuso. Disponible en:

https://doi.org/10.14409/kaf.v1i2.138. Consultado el 4 de abril de 2022.

12 Ibid.

13 Unicef. Convención sobre los Derechos del Niño. Disponible en: https://cutt.ly/lD5rF0s. Consultado el 4 de abril de 2022.

14 Ibid.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2022.

Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Conadis, la Ssa y la SEP a implantar acciones dirigidas a garantizar los derechos humanos de las personas con trastornos del espectro autista en México, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los trastornos del espectro autista (TEA) son un grupo de afecciones diversas que se caracterizan por presentar un grado de dificultad para la interacción social y la comunicación de las personas que los padecen, así como otras características que se reflejan mediante patrones atípicos de actividad y comportamiento.1

Las capacidades y las necesidades de las personas con autismo, son distintas y varían de acuerdo al grado de espectro que presenten, las cuales pueden evolucionar con el paso del tiempo. Asimismo, es importante resaltar que algunas personas con autismo pueden vivir de manera independiente y desarrollar una vida sin mayor problema, sin embargo, hay otras personas con dificultades graves que necesitan una constante atención y apoyo durante toda su vida, esto debido a que presentan afecciones como epilepsia, depresión, ansiedad, trastorno de déficit de atención, hiperactividad, comportamientos problemáticos, como dificultad para dormir y autolesiones.

Por otro lado, el nivel intelectual varía mucho de un caso a otro, y va desde un deterioro profundo hasta casos con aptitudes cognitivas altas con gran atención a los detalles y a la perfección de las cosas y situaciones.

Lamentablemente, en muchas ocasiones el autismo influye de manera negativa en la educación, oportunidades de empleo, inclusión y acceso oportuno a servicios de salud, además, impone exigencias considerables a las familias y personas cercanas que prestan atención y apoyo.

De acuerdo a académicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las características del autismo, en su mayoría, se detectan desde la primera infancia, por lo que un diagnóstico y atención oportuna y dentro de los primeros 18 meses de vida puede hacer la diferencia y ayudar a los menores a desarrollar su lenguaje y a tener aptitudes de interacción social básica, sin embargo, a menudo, el autismo no se diagnostica hasta mucho más tarde, lo que implica complicaciones.2

II. Se estima que a nivel mundial, uno de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista. Esta estimación representa una cifra media, pues la prevalencia observada varía considerablemente entre los distintos estudios. No obstante, en algunos estudios bien controlados se han registrado cifras notablemente mayores. La prevalencia de TEA en muchos países de ingresos bajos y medios es hasta ahora desconocida.3

En México no existen datos actuales sobre la incidencia del autismo, sin embargo, se proyecta que esta discapacidad afecta a uno de cada 115 niños, lo que significa que al año nacen aproximadamente 6 mil 200 personas con este condición.4

Por tal motivo, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo (A/RES/62/139) para poner de relieve la necesidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo, para que puedan llevar una vida plena y gratificante como parte integrante de la sociedad.5

Asimismo, en mayo de 2014, la 67 Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución titulada Medidas integrales y coordinadas para gestionar los trastornos del espectro autista , que fue apoyada por más de 60 países. La resolución insta a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a colaborar con los estados miembros y organismos asociados en el fortalecimiento de las capacidades nacionales para abordar los TEA y otros problemas del desarrollo.6

Por lo anterior, la OMS y sus asociados han reconocido la necesidad de fortalecer la capacidad de los países para promover una salud y un bienestar óptimos para todas las personas con autismo.

Los esfuerzos de la OMS se centran en:

• Aumentar el compromiso de los gobiernos con la adopción de medidas que mejoren la calidad de vida de las personas con autismo.

• Proporcionar orientación sobre políticas y planes de acción que aborden el autismo en el marco más general de la salud, la salud mental y las discapacidades.

• Contribuir a fortalecer la capacidad de los cuidadores y del personal de salud para proporcionar una atención adecuada y eficaz a las personas con autismo.

• Fomentar los entornos inclusivos y favorables para las personas con autismo y otras discapacidades del desarrollo.

III. En México, a pesar de que existen instituciones que atienden a personas con autismo, éstas son insuficientes o incosteables para la mayoría de la población, y han sido las organizaciones de la sociedad civil, las cuales han impulsado diversas campañas en apoyo a las personas con autismo y sus familias para que tengan acceso a diagnóstico y atención posterior y con esto mejorar su calidad de vida.

Es por lo anterior que es importante que las autoridades de salud, en sus tres órdenes de gobierno, ofrezcan a la persona con autismo información, diagnóstico, servicios pertinentes, atención, rehabilitación y derivación a especialistas de acuerdo con sus necesidades, y con esto reforzar el acceso a la salud que actualmente es precario y complejo.

Por otro lado, el involucramiento de diversos sectores, en particular los relacionados con la educación, el empleo y la asistencia social, es fundamental para la construcción de políticas públicas dirigidas a las personas con autismo, mismas que deben ser implementadas, diseñadas y realizadas con la participación de personas que presentan estos trastornos y sus familias, para lograr mayor accesibilidad, inclusión y una red consolidada de apoyo.

En materia de educación, es relevante reconocer los problemas que atraviesan las personas con autismo, entre los que destacan el riesgo que estas personas corren de ser excluidos de las escuelas, así como una discriminación constante por parte de compañeros y autoridades educativas, que por falta de información y capacitación no cuentan con las bases suficientes para convivir y atender a las personas con autismo.

Incluso familiares han expresado que las escuelas han decepcionado y afectado a las personas estudiantes con autismo, ya que las instituciones educativas no reconocen los retos que estos pasan y no los apoyan, por lo que dar visibilidad a este sector de la población y fortalecer la capacitación de profesores puede representar una mejora en la educación de las personas que sufren esta condición.

IV. Cabe señalar que el marco jurídico mexicano contempla la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, misma que en su artículo 10 dice lo siguiente:

“Artículo 10. Se reconocen como derechos fundamentales de las personas con la condición del espectro autista y/o de sus familias, en los términos de las disposiciones aplicables, los siguientes:

I. Gozar plenamente de los derechos humanos que garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables

II. Recibir el apoyo y la protección de sus derechos constitucionales y legales por parte del Estado Mexicano, federación, entidades federativas y municipios;

III. Tener un diagnóstico y una evaluación clínica temprana, precisa, accesible y sin prejuicios de acuerdo con los objetivos del Sistema Nacional de Salud;

IV. Solicitar y recibir los certificados de evaluación y diagnóstico indicativos del estado en que se encuentren las personas con la condición del espectro autista;

V. Recibir consultas clínicas y terapias de habilitación especializadas en la red hospitalaria del sector público federal, de las entidades federativas y municipios, así como contar con terapias de habilitación;

VI. Disponer de su ficha personal en lo que concierne al área médica, psicológica, psiquiátrica y educativa (al igual que de los certificados de habilitación de su condición), al momento en que les sean requeridos por autoridad competente;

VII. Contar con los cuidados apropiados para su salud mental y física, con acceso a tratamientos y medicamentos de calidad, que les sean administrados oportunamente, tomando todas las medidas y precauciones necesarias;

VIII. Ser inscritos en el Sistema de Protección Social en Salud, conforme a lo establecido en la Ley General de Salud;

IX. Recibir una educación o capacitación basada en criterios de integración e inclusión, tomando en cuenta sus capacidades y potencialidades, mediante evaluaciones pedagógicas, a fin de fortalecer la posibilidad de una vida independiente;

X. Contar, en el marco de la educación especial a que se refiere la Ley General de Educación, con elementos que faciliten su proceso de integración a escuelas de educación regular;

XI. Acceder a los programas gubernamentales para recibir alimentación nutritiva, suficiente, de calidad, y de acuerdo a las necesidades metabólicas propias de su condición;

XII. A crecer y desarrollarse en un medio ambiente sano y en armonía con la naturaleza;

XIII. Ser sujetos de los programas públicos de vivienda, en términos de las disposiciones aplicables,con el fin de disponer de vivienda propia para un alojamiento accesible y adecuado;

XIV. Participar en la vida productiva con dignidad e independencia;

XV. Recibir formación y capacitación para obtener un empleo adecuado, sin discriminación ni prejuicios;

XVI. Percibir la remuneración justa por la prestación de su colaboración laboral productiva, que les alcance para alimentarse, vestirse y alojarse adecuadamente, así como también para solventar cualquier otra necesidad vital, en los términos de las disposiciones constitucionales y de las correspondientes leyes reglamentarias;

XVII. Utilizar el servicio del transporte público y privado como medio de libre desplazamiento;

XVIII. Disfrutar de la cultura, de las distracciones, del tiempo libre, de las actividades recreativas y deportivas que coadyuven a su desarrollo físico y mental;

XIX. Tomar decisiones por si? o a través de sus padres o tutores para el ejercicio de sus legítimos derechos;

XX. Gozar de una vida sexual digna y segura;

XXI. Contar con asesoría y asistencia jurídica cuando sus derechos humanos y civiles les sean violados, para resarcirlos, y

XXII. Los demás que garanticen su integridad, su dignidad, su bienestar y su plena integración a la sociedad de acuerdo con las distintas disposiciones constitucionales y legales.”7

Por eso, la Bancada Naranja considera necesario que se realicen de manera constante campañas de concienciación y visibilización respecto al trastorno del espectro autista y promover la inclusión a la sociedad las personas con esta condición con la finalidad de prevenir y eliminar toda discriminación y falta de acceso a oportunidades.

De la misma forma, la Bancada Naranja está convencida que es menester del Gobierno federal, mediante la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, garantizar el acceso a los derechos humanos de las personas con autismo mediante políticas públicas bajo los principios de autonomía, dignidad, igualdad, inclusión, justicia, libertad, respeto y transparencia para mejorar su calidad de vida.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a realizar de manera constante campañas de concienciación y visibilización del trastorno del espectro autista; y a que promueva la inclusión de las personas con autismo en México a la sociedad, con la finalidad de prevenir y eliminar toda discriminación y falta de acceso a oportunidades.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a crear el Registro Nacional de Personas con Trastorno del Espectro Autista, para fortalecer las políticas públicas, rediseñar el presupuesto federal en materia de salud y diseñar planes y programas para la atención e inclusión de las personas con autismo en México.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a garantizar el derecho humano a la salud, a través del acceso a un diagnóstico oportuno y cobertura a servicios de salud especializada como terapias y atención psicológica a las personas con autismo en México.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación a crear programas especializados de educación a nivel preescolar, educación básica primaria, educación básica secundaria y educación media superior, con la finalidad de garantizar el derecho a la educación de las personas con autismo en México.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud. “Trastornos del Espectro Autista” Recuperado de: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-dis orders

2 UNAM. “EN MÉXICO, UNO DE CADA 115 NIÑOS PADECE AUTISMO” Recuperado de: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_291.html

3 Organización Mundial de la Salud. “Trastornos del Espectro Autista” Recuperado de: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-dis orders

4 Gobierno Federal. “Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.2019” Recuperado de: dia-mundial-de-concienciacion-sobre-el-autismo-2019

5 Ídem.

6 Ídem.

7 Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista. Recuperado de: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAPPCEA_270516.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2022.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a autoridades estatales y municipales de Chihuahua a realizar acciones orientadas a atender la problemática del antirrábico de Ciudad Juárez, a cargo de la diputada Andrea Chávez Treviño, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Andrea Chávez Treviño, diputada federal del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Actualmente no se cuentan con datos oficiales exactos o censos respecto a la cantidad de perros que hay en México. Sin embargo, algunos estudios recientes indican que en el país existen alrededor de 23 millones de perros y gatos, de los cuales 70 por ciento están situación de calle, de forma que México se encuentra en el primer lugar en Latinoamérica con la mayor población de perros callejeros en la región, según lo han señalado la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre otros.1

Segunda. En ese contexto, algunas fuentes periodísticas registradas en el 2016, a nivel local en el estado de Chihuahua, señalaron que en nuestra ciudad capital se tenían datos de casi 30 mil perros en situación de calle.2 Para 2017, los medios de comunicación documentaban ya cerca de 55 mil perros abandonados en la ciudad. Por su parte, el caso de Ciudad Juárez, la Coordinación de Salud Pública y Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria II estimó que al 2016 se encontraban cerca de 200 mil animales callejeros en las calles juarenses.3 En este marco, el reflejo del problema de salud pública derivado de aumento de la población callejera canina, a la par de los llamados de activistas y académicos especialistas a las autoridades locales en Ciudad Juárez para implementar legislaciones y políticas púbicas progresistas que fomenten recoger, esterilizar, vacunar, identificar y entregar en adopción, a los caninos en situación de calle, sin maltratos y sacrificarlos innecesariamente4 han ido en aumento, pues a pesar de que el Congreso del estado de Chihuahua expidiera desde el 2010 la Ley de Bienestar Animal para el estado de Chihuahua, la gestión del único centro antirrábico de Ciudad Juárez, continúa sin ser atendida de manera integral, y la normatividad vigente se incumple, especialmente respecto a los principios generales que deberán atender las autoridades, a fin de procurar el bienestar integral de los animales, pues se continúa privilegiando su sacrificio, como parte de una política de salud pública, como se si se tratará de una fauna nociva, desde el punto de vista sanitario.

Tercera. Precisamente por esto, en recientes fechas, grupos organizados de ciudadanos han manifestado su inquietud por las condiciones precarias de estancia y trato animal, los métodos de captura y las reglas respecto al sacrificio animal, así como por la opacidad de la operación del Centro Antirrábico en Ciudad Juárez. La Ley de Bienestar Animal del estado de Chihuahua, se refiere de manera textual a los “centros de control animal” y no a los “centros antirrábicos”, sin embargo, es una normatividad vigente que de interés público aplicable en todo el territorio del estado de Chihuahua que regula lo relativo al bienestar animal, de manera que no hay excusas, se debe procurar el bienestar de los animales que ocupan sus instalaciones y salvaguardar los principios que rigen el espíritu de la normatividad que claramente establece que se deberá promoverse una cultura de respeto, protección, preservación de la vida, la salud y la integridad de los animales, y hace un listado muy puntual de las obligaciones que deberán cumplir los centros de control animal en su funcionamiento.5 Es de hacer notar que no suficiente con el maltrato y los sacrificios, por ejemplo, un juarense expuso recientemente en redes sociales que su perro de raza Pitbull había sido llevado por el antirrábico y cuando éste fue a buscarlo al Centro, su perro ya no estaba. Luego de indagar, supo que a los perros “de raza” los venden para peleas clandestinas, este manejo irregular de los centros antirrábicos es inaceptable.6

Cuarta. De tal manera que actualmente que el único centro antirrábico en Ciudad Juárez opera violando la Ley de Bienestar Animal para el estado de Chihuahua y, si bien no es técnicamente un centro de control animal, el resto de la normatividad que establece principios generales de aplicación en protección al bienestar animal, al ser una ley de interés público, deben garantizarse. Es por lo anterior que resulta imperante que se supervise su adecuado funcionamiento con apego a la citada legislación y, en su caso, que se estudie una posible reestructuración y armonización legislativa de forma que pase de ser un centro antirrábico, a un centro de control animal, eliminando cualquier contradicción, normativa, laguna o lugar a duda, pues al día de hoy, los animales en el centro antirrábico son víctimas de maltrato sistemático y padecen con instalaciones deterioradas.

Quinta. Esta situación resulta de gran importancia pues los ciudadanos que habitan en los alrededores del centro antirrábico, así como vecinos y activistas han documentado casos a lo largo de los años y dan fe de que no se respeta el bienestar animal, pues no se brinda un trato respetuoso y digno a los animales, la áreas de estancia no son adecuadas de acuerdo a su especie, tamaño o raza, las infraestructuras para su operación están rebasadas, no se provee alimento y agua suficientes a los animales resguardados, el personal de los centros no es capacitado, y no se respeta la prevalencia de las campañas para buscar a sus dueños, esterilizarlos, vacunarlos y priorizar la adopción frente a sacrificio animal.

“El reglamento dice que los perros pueden permanecer 10 días en observación para esperar si llega a reclamarlo el dueño, y los del antirrábico ahorita no lo están haciendo”, señaló Robledo vecino de Juárez.7

Es indudable que estos centros cumplen una función importante de salud pública de la comunidad como un espacio de prevención y contención de las enfermedades que pueden transmitir los caninos, como la rabia, sarna, enfermedades de la piel, entre otros; no obstante, los tiempos actuales y le legislación vigente nos llaman a atender la salud de la ciudadanía, considerando igualmente el bienestar de los animales en situación de calle.

Es por lo anteriormente expuesto que se somete a su consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría General de Gobierno en conjunto con las Secretaría de Salud y de Desarrollo Urbano y Ecología del gobierno del estado de Chihuahua, a fin de que coordinen las acciones que resulten necesarias para que en conjunto con las autoridades municipales de Ciudad Juárez, se atienda la situación de opacidad y el manejo indebido de los animales, que actualmente prevalece en el centro antirrábico de Ciudad Juárez, de forma que se analice su posible conversión administrativa a centro de control animal en los términos de la Ley de Bienestar Animal para el estado de Chihuahua y demás normatividad aplicable.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Congreso del estado de Chihuahua a fin de que de conformidad con las atribuciones que le corresponden en materia presupuestaria, se estudie, analice y considere la asignación de un presupuesto suficiente para atender la problemática de los centros de control animal o antirrábicos en el estado de Chihuahua, en especial en Ciudad Juárez.

Tercero . La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del estado de Chihuahua, a fin de que en colaboración con las autoridades municipales de Ciudad Juárez, verifiquen las condiciones en que se encuentran los animales ubicados en el centro antirrábico de Ciudad Juárez, de manera que se dé cumplimiento de lo establecido en la Ley de Bienestar Animal para el estado de Chihuahua, el Reglamento para la Protección y Control de Animales Domésticos del Municipio de Juárez, estado de Chihuahua, y las norma oficiales aplicables, priorizando el bienestar y la vida digna de los animales en condición de calle.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y de Desarrollo Urbano y Ecología del gobierno del estado de Chihuahua a que mediante los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, en el ámbito de su competencia, hagan públicas las acciones realizadas en el centro antirrábico de Ciudad Juárez, de manera que se accesible al público el censo de animales que ocupan el centro, así como los registros de animales sacrificados, los vacunados y esterilizados, y finalmente, los entregados en adopción.

Notas

1 Cónfer
http://www.cusur.udg.mx/es/sites/default/files/adjuntos/francisco_javier_vazquez_navarro.pdf

2 Cónfer
https://www.congresochihuahua.gob.mx/detalleNota.php?id=3512

3 Cónfer https://diario.mx/Opinion/2016-12-16_eeb6e3a9/una-espina-clavada-en-la- ciudad/

4 Cónfer https://diario.mx/juarez/protestan-por-maltrato-a-perros-en-el-antirrab ico-20200917-1709472.html¸
https://diario.mx/juarez/exigen-con-planton-en-antirrabico-el-cese-de-sacrificios-de-perros-20220313-1908223.html

5 Cónfer artículo 1o., 35 y 36 de la Ley de Bienestar Animal para el estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial del Estado número 92 del 17 de noviembre de 2010.

6 Cónfer https://laopcion.com.mx/local/denuncian-que-antirrabico-vende-perros-pa ra-peleas-20220304-376847.html

7 Cónfer https://netnoticias.mx/juarez/con-marcha-buscan-exigir-respeto-a-los-an imales/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2022.

Diputada Andrea Chávez Treviño (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, las 32 legislaturas locales y las alcaldías a incluir en sus reglamentos de agua potable y alcantarillado el perfil profesional que deberán cumplir los aspirantes a directores de organismos operadores de agua y saneamiento, a cargo del diputado Enrique Godínez del Río, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Enrique Godínez del Río, diputado federal por el Estado de Michoacán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a los titulares del Ejecutivo y legislaturas estatales de las 32 entidades federativas y a los municipios a incluir en sus reglamentos de agua potable y alcantarillado el perfil profesional que deberán cumplir los aspirantes al cargo de directores de los Organismos Operadores de Agua y Saneamiento y garantizar un periodo de prestación de servicio de al menos 3 años, lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

El derecho humano al agua

Dentro de los mayores retos que enfrenta la humanidad son los relativos a la calidad y gestión del agua, debido a que se han convertido en factores limitantes para la salud e higiene de las personas, la producción de alimentos y las estabilidades social y política de los pueblos.1

En palabras del secretario general de las Naciones Unidas, “un agua potable segura y un saneamiento adecuado son cruciales para la reducción de la pobreza, para un desarrollo sostenible y para lograr todos y cada uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.”

Es por esto que dentro de la Agenda 2030 está el objetivo 6, Agua limpia y saneamiento. Sus metas incluyen lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos, el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos.2

El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de la ONU reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, a través de la Resolución 64/292, donde se expresa que el agua potable limpia y el saneamiento son esenciales no sólo para la vida, sino para la realización y cumplimiento de todos los derechos humanos.3

Esto dio origen a la reforma constitucional del párrafo sexto del artículo cuarto, para quedar como sigue:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la Ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

A pesar de que el Estado es el responsable de garantizar este derecho, esta recae en los municipios, quienes dependen de las aportaciones y participaciones federales y programas presupuestarios en la materia para atender esta necesidad básica de sus habitantes.

Los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento para cada persona deben ser continuos y suficientes para el uso personal y doméstico. Estos usos incluyen normalmente agua de boca, saneamiento personal, lavado de ropa, preparación de alimentos, higiene personal y limpieza del hogar. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para garantizar que se cubren las necesidades básicas y que no surjan grandes amenazas para la salud.4

Todas las personas tienen derecho a unos servicios de agua y saneamiento físicamente accesibles, que se encuentren dentro o en las inmediaciones de su hogar, su lugar de trabajo o las instituciones educativas o de salud. Unos ajustes relativamente pequeños a los servicios de agua y saneamiento pueden garantizar que las necesidades de las personas con discapacidad, los ancianos, las mujeres y los niños sean tenidas en cuenta, mejorando así la dignidad, la salud y sobre todo la calidad de vida de todo el mundo.

Según la OMS, la fuente de agua debe encontrarse a menos de 1.000 metros del hogar y el tiempo de recogida no debe superar los 30 minutos.5

El servicio de agua y saneamiento en los hogares mexicanos

Hay 6 millones 811 mil 616 habitantes sin servicio público domiciliario de agua potable y 7 millones 825 mil 198 sin cobertura de alcantarillado. Además, el 38 por ciento del agua potable se pierde por fugas en las tomas y fugas en la red.6

Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, en el año 2020, el 69 por ciento de la población urbana recibía agua diariamente y 77 por ciento el habitaba en viviendas con drenaje conectado a la red pública.7

El servicio público domiciliario de agua potable requiere construir y conservar infraestructura, instalar y mantener maquinaria, pagar servicios personales, energía y reactivos químicos, y cubrir los derechos fiscales por el uso de las aguas nacionales, lo que tiene un alto costo para los prestadores del servicio, sean públicos, privados, comunitarios o mixtos.

El artículo 47 de la Ley de Aguas Nacionales establece que “la Autoridad del Agua promoverá el aprovechamiento de aguas residuales por parte de los municipios, los organismos operadores o por terceros provenientes de los sistemas de agua potable y alcantarillado”.

Organismos operadores

Según la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS), hay 3,501 prestadores de servicios, de los cuales 672 son organismos operadores formales.

De forma general, los organismos operadores municipales se integran por:

1. Una junta de gobierno

2. Un administrado o director

3. Un consejo consultivo municipal

4. Uno o varios comisarios

5. Personal técnico y administrativo

Se recomienda que el director del organismo operador municipal cuente con experiencia técnica y administrativa comprobable en materia de agua, ya que tiene las siguientes atribuciones:

1. Representar legalmente al organismo operador

2. Coordinar las actividades técnicas, administrativas y financieras

3. Gestionar y obtener el financiamiento para obras, servicios y amortización de pasivos, así como suscribir títulos de crédito, contratos u obligaciones ante instituciones públicas y privadas

4. Vigilar el pago de los derechos por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales

5. Ejecutar los acuerdos de la junta de gobierno municipal

6. Establecer relaciones de coordinación con las dependencias y entidades

7. Nombrar y remover al personal del organismo operador municipal8

En el caso de Michoacán, el artículo 32 de la Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el estado de Michoacán establece que:

“Los municipios, los prestadores de los servicios o contratistas deberán adoptar las medidas necesarias para que se alcance la autonomía financiera en la prestación de los servicios públicos y establecerán los mecanismos de control para su eficacia técnica y administrativa.

Los municipios, los prestadores de los servicios o contratistas estarán obligados a diseñar y revisar periódicamente un Proyecto Estratégico de Desarrollo, tomando en cuenta las proyecciones de incremento de la demanda, la disponibilidad del recurso, en estricto apego a los planes ambientales y de desarrollo urbano, que contenga la definición de acciones que se requieran para incrementar la eficiencia física y comercial, así como la cobertura de los servicios públicos en el corto, mediano y largo plazo”.

Por lo anterior, lo más recomendable es que los organismos operadores tengan un periodo de permanencia que les permita cumplir con estas obligaciones.

Situación de los Organismos Operadores

Los organismos operadores en México se encuentran en desventaja porque presentan diversas deficiencias significativas que les impiden cumplir adecuadamente con sus objetivos y el mandato constitucional al respecto.9 Las principales dificultades son:

1. Insuficiencia de recursos económicos

2. Falta de continuidad de sus administraciones y profesionalización del personal

3. Deficiencia en la gestión de funcionamiento y prestación de los servicios

4. Ineficiencia en las gestiones de organización, técnica y comercial

5. Carencia de un marco regulatorio de los servicios de agua potable y saneamiento

6. Rigidez en los esquemas de autorización de tarifas

7. Endeudamiento excesivo por falta de liquidez

8. Baja o nula disposición de pago por parte de los usuarios

9. Politización de las decisiones y de los programas operativos anuales

10. Estructuras y niveles tarifarios que no reflejan los costos reales de operación para la prestación del servicio

Además de esto, se necesita un marco jurídico que respalde la certidumbre de su existencia y permanencia estable y prolongada y libertad para el ejercicio de sus funciones técnico operativas, administrativas, financieras y de inversión debido a que al ser creados por decreto municipal, no se sabe por cuánto tiempo persistirán, siendo altamente vulnerables, lo que trae como consecuencia la falta de interés y seguridad de las inversiones en infraestructura hidráulica necesaria para mejorar los servicios.

Garantía de un periodo mínimo de operación

Contar con una garantía de tiempo podría asegurar el periodo de retorno de inversiones y la posible obtención de recursos que generen utilidad para las reinversiones, indispensable para aplicar en desarrollos tecnológicos de punta, rehabilitación de la infraestructura, modernización que facilite la operación del sistema con oportunidad para beneficio de los usuarios y garantía de un buen servicio, fomentando la recaudación, reducción del rezago y la disminución de los costos de operación; principalmente, la energía eléctrica, optimizando el empleo de los recursos humanos, materiales, económicos, financieros, orientados hacia una transición integral que permita la autosostenibilidad y la solución a las dificultades enunciadas sobre el cumplimiento al derecho humano al agua.

Perfil del director del organismo operador

Como se mencionó anteriormente, es necesario que la persona que tenga el cargo de director cuente con experiencia técnica y administrativa comprobable en materia de agua para garantizar que tenga la capacidad de cumplir con todas las funciones que demanda el cargo, ya que de él depende el éxito o fracaso del organismo.

Finalmente, la pandemia de la Covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia vital del saneamiento, la higiene y un acceso adecuado a agua limpia para prevenir y contener las enfermedades.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el lavado de manos es una de las acciones más efectivas que se pueden llevar a cabo para reducir la propagación del virus de la Covid-19. Aun así, hay miles de millones de personas que carecen de este servicio básico.

La Covid-19 no desaparecerá sin acceso a agua salubre para las personas que viven en situaciones de vulnerabilidad, de acuerdo con los expertos de Naciones Unidas.1

Puntos de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a los titulares del Ejecutivo y legislaturas estatales de las 32 entidades federativas y a los municipios, a incluir en sus leyes y reglamentos de agua potable y alcantarillado el perfil profesional que deberán cumplir los aspirantes al cargo de directores de los organismos operadores de agua y saneamiento.

Segundo.- La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a los titulares del Ejecutivo y legislaturas estatales de las 32 entidades federativas y a los municipios, a garantizar a los organismos operadores de agua y saneamiento un periodo de prestación de servicio de al menos 3 años con el objetivo de poder concluir con sus proyectos de inversión, siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas en el reglamento municipal.

Notas

1 Regulación de los servicios de agua potable y saneamiento en México. IMTA, 2017.

https://www.imta.gob.mx/biblioteca/libros_html/regulacio n-servicios/files/assets/common/downloads/publication.pdf

2 Organización de las Naciones Unidas. Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-s anitation/

3 El derecho humano al agua y al saneamiento. Nota para los medios. Organización de las Naciones Unidas.

https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/human_ right_to_water_and_sanitation_media_brief_spa.pdf

4 Ídem.

5 Ídem.

6 Presentación “Panorama del agua en México”. Jaime Collado. Noviembre 2021.

7 Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 2020 Nueva serie.

https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2020/

8 Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Integración de un Organismo Operador. Comisión Nacional del Agua.

https://files.conagua.gob.mx/conagua/mapas/SGAPDS-1-15-L ibro1.pdf

9 Regulación de los servicios de agua potable y saneamiento en México. IMTA 2017

https://www.imta.gob.mx/biblioteca/libros_html/regulacio n-servicios/files/assets/common/downloads/publication.pdf

10 Organización de las Naciones Unidas. Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-s anitation/

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 5 de abril de 2022.

Diputado Enrique Godínez del Río (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la APF a mantener la neutralidad política y no asistir a actos de carácter proselitista con recursos públicos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. El pasado 2 de abril del presente año, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, participaron en una supuesta “Asamblea Informativa”, la cual constituyó un acto convocado por un partido político, en este caso Morena, en el que se realizó propaganda gubernamental en favor de un funcionario público en periodo prohibido por la ley.

Dicho acto se realizó en un centro de convenciones de Torreón, y estuvo bajo la conducción del dirigente nacional morenista, Mario Delgado Carrillo, quien presentó a López Hernández y al general Rodríguez Bucio, haciendo un reconocimiento a las tareas de seguridad que la Guardia Nacional realiza en el país.1

La reunión ocurrió a puerta cerrada, sin embargo, el secretario de Gobernación había dado una entrevista previa en la que aseguró que asistía al evento con el propósito de explicar la reforma eléctrica que propone el Ejecutivo, ya que el estado de Coahuila tiene una vocación productiva relacionada con el carbón y el acero, materias primas relacionadas con la industria eléctrica.2

Sin embargo, durante este evento, el secretario de Gobernación exclamó: “El momento de Coahuila inicia al amanecer del 10 de abril porque no tengo ninguna duda de que en Coahuila se dirá “no estás solo Andrés Manuel López Obrador”.3

Durante este mismo evento, Mario Delgado recordó la licencia solicitada por Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, como subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para promover la revocación de mandato en Coahuila, donde el próximo año habrá elecciones, un asunto al que también se refirió el secretario de Gobernación, sin embargo apenas mencionó la presencia del subsecretario Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con licencia.

Aunado a ello, no debe soslayarse que ha sido criterio reiterado de las autoridades electorales, que nos encontramos inmersos en un proceso de revocación de mandato, el cual obliga a todas las autoridades y personas funcionarias del país a no realizar actos o expresiones que puedan traducirse en propaganda gubernamental en favor del Presidente de la República.

No obstante, en este acto vemos no sólo la vulneración a esta obligación a cargo de todas las autoridades del país, sino también el uso de recursos públicos para ello.

Se dice lo anterior, ya que además de no existir duda respecto a la intención de la presencia del secretario de Gobernación, referida por él mismo, el transporte para su asistencia a un evento de carácter partidista e indebido por el proceso de revocación de mandato, se llevó a cabo mediante un avión de la Guardia Nacional, con matrículas XC-PFM, lo cual es claramente un uso de recursos públicos con fines prohibidos.

II. La Marina y el Ejército mexicanos son las instituciones en las que más cree la ciudadanía, pues de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE 2021), nueve de cada diez mexicanos afirma tener algo o mucha confianza en las fuerzas armadas. Del mismo modo, la percepción de desempeño mostró que 87 por ciento de los adultos mexicanos, considera a la Marina como efectiva, mientras que 86 por ciento consideró lo mismo en el caso del Ejército.

La confianza ganada por nuestras Fuerzas Armadas no es algo que se haya dado de la noche a la mañana, pues tanto las instituciones navales como las militares han estado apoyando y resguardando a la población civil en momentos de catástrofe como sismos, huracanes o inundaciones, dando siempre la batalla y atendiendo de manera inmediata los desastres e implementando todo su esfuerzo en los procesos de reconstrucción.

Sumado a esto, tanto militares como marinos han formado parte activa para el despliegue de programas sociales, especialmente en aquellas comunidades donde la accesibilidad es el mayor de los problemas, convirtiéndose, en varios casos, en la única opción para que la población pueda acceder a algún tipo de apoyo.

Además de todo esto que se menciona, nuestras fuerzas armadas se han ganado un gran prestigio por la imagen que han venido preservando, pues los ciudadanos ven una institución con una lealtad inquebrantable al orden constitucional y a su nación.

Pero esta imagen no sólo depende de las acciones que realizan, ya que éstas han ido de la mano con la neutralidad política que han demostrado tanto marinos como militares, pues aun cuando llega a existir algún tipo de afinidad política de manera personal, esto no debe influir en su deber ante la nación, toda vez que las fuerzas armadas deben obedecer al titular del Ejecutivo, pero esto no significa que deban alinearse al proyecto político que éste tenga.

Resulta complejo y peligroso la mezcla de simpatía política con el desarrollo del deber de militares y marinos, pues esto implica un riesgo en el respaldo que tiene la sociedad que no simpatiza con el gobierno en turno, hacia la Marina y el Ejército. Más aún, el no tener neutralidad política en este tipo de instituciones puede generar que las divisiones políticas que se dan en la sociedad se vean reflejadas al interior de éstas, llegando incluso a generar conflictos graves, tal y como sucedió en la época revolucionaria.

Por ello, la entrada del comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, a una asamblea informativa del partido Morena resulta preocupante, ya que esto rompe con toda la neutralidad que deben de guardar nuestras instituciones de seguridad y que sólo muestra que más allá de tener una visión que debería estar enfocada en el resguardo de la ciudadanía, se ve cegada por la afinidad partidista que tiene con el presidente en turno.

Es bien sabido que los militares han intervenido en asuntos políticos de manera discreta y que han hecho valer su poder en diferentes momentos de la historia de nuestro país, sin embargo, esto que ocurrió es un hecho que no cuenta con tantos precedentes desde hace ya varias décadas, pues, hasta ahora, nunca se llegó a cruzar la línea que mantenía a los altos mandos lejos del proselitismo partidista.

Nos queda claro que Morena tiene una notoria urgencia por generar un vínculo más estrecho con las Fuerzas Armadas, ya que el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional tienen un gran prestigio y respaldo social, el cual quiere aprovechar de manera ventajosa el gobierno en turno y su partido.

III. Debemos recordar que los servidores públicos tienen la obligación de observar el principio de imparcialidad para preservar condiciones de equidad en la contienda electiva.

De manera que los funcionarios no deben aprovechar el cargo que ostentan, ya que esto llega a afectar los procesos electorales a favor o en contra de un candidato o un partido político.

En este sentido, cuando se encuentran jurídicamente obligados a realizar actividades permanentes en el desempeño del cargo público, sólo podrán apartarse de esas actividades y asistir a eventos proselitistas.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, así como el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, son servidores públicos y, por lo tanto, no debieron vincular su cargo, asistir al evento y emitir un discurso en el mismo, ya que éste únicamente tenía el objeto de ser una asamblea informativa para llamar al voto este próximo 10 de abril para la Revocación de Mandato.

Cabe resaltar que el artículo 134 constitucional menciona en su párrafo séptimo que:

“Los servidores públicos de la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.

Asimismo, el artículo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, prevé diversas infracciones a cargo de los servidores públicos de todos los niveles de gobierno, entre las que se encuentran conductas que atentan contra la debida equidad en la contienda electoral.

Además, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en diversos artículos, tipifica conductas que atentan contra la imparcialidad que deben guardar todos los servidores públicos durante los procesos electorales, a efecto de que se mantenga un marco de respeto a las decisiones ciudadanas en un entorno democrático.

Por ello es que sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública federal a mantener la neutralidad política con que se deben conducir y que deben de guardar las instituciones públicas de nuestro país, no sólo dentro del presente proceso de revocación de mandato, sino en todo momento.

Segundo. Se exhorta a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública federal a cumplir con la normativa en materia electoral y a guardar la imparcialidad durante el proceso electoral en curso.

Tercero. Se exhorta a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública federal a no asistir a eventos de carácter proselitista, mucho menos empleando recursos económicos, materiales y humanos de carácter público para ello.

Notas

1 Adán Augusto y Rodríguez Bucio participan en acto para promover la revocación de mandato (Video). Proceso. Recuperado de: https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/4/2/adan-augusto-rodriguez-buc io-participan-en-acto-para-promover-la-revocacion-de-mandato-video-2835 82.html

2 Ibídem.

3 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2022.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos locales a incorporar en las respectivas leyes de salud como acción prioritaria de la atención materno-infantil la aplicación del tamiz neonatal ampliado, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El tamiz neonatal “es una prueba de laboratorio que debe realizarse a todo recién nacido para identificar a aquellos que están en riesgo de padecer desórdenes metabólicos serios que son tratables, pero que no son visibles al momento de su nacimiento”.1 Esta actividad tiene como objetivo descubrir y tratar enfermedades graves de manera oportuna para así evitar consecuencias irreversibles. En otras palabras, el tamiz neonatal es una poderosa herramienta preventiva para detectar enfermedades a tiempo y así garantizar una mejor calidad de vida a las personas.

Es por lo anterior que se vuelve se suma importancia el impulsar medidas y acciones para que más personas sepan sobre estas pruebas y se pueda promover la ampliación de los programas de realización del tamiz neonatal ampliado en México, pues además de ayudar a mejorar la calidad de vida, como se mencionó, representa una medida de medicina preventiva que debe ser considerada por los gobiernos y personas.

En el caso de México en 1973 fue cuando se realizó por primera vez el tamiz neonatal para enfermedades metabólicas. En aquel momento se utilizó para la detección de cinco enfermedades: la galactosemia, la fenilcetonuria, la EOOJA (o enfermedad de orina de jarabe de maple), la homocistonuria y la tirosinemia.

En 2003 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA2-2002, “Para la prevención y control de los defectos al nacimiento”, la cual incluye los principales defectos prevenibles o susceptibles de diagnóstico temprano, así como las medidas de prevención y control que puedan tener un impacto epidemiológico prioritario en las tasas de morbilidad y mortalidad perinatal durante un periodo no mayor de cinco años.

Dicha norma estableció los criterios y especificaciones para la prevención, diagnóstico, tratamiento y control de los defectos al nacimiento, siendo de observancia obligatoria para el personal de salud que brinde atención en el campo de la salud reproductiva de las instituciones públicas, sociales y privadas del Sistema Nacional de Salud. El 25 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 61 de la Ley General de Salud para incluir la prueba de tamiz ampliado, tamiz auditivo al prematuro y tamiz oftalmológico neonatal, al modificar e incluir las fracciones II a IV de dicho artículo.

Como resultado de lo antes dicho a nivel federal el sistema de salud cuenta con el marco jurídico que le mandata la aplicación de dichas pruebas neonatales, sin embargo, a nivel estatal no existe disposición alguna que establezca la obligatoriedad en la aplicación de dichas pruebas por parte del Sistema Estatal de Salud.

En ese sentido, resulta indispensable la existencia de un marco jurídico que otorgue certeza a los recién nacidos y a sus padres, que no permita la elusión de la responsabilidad del Estado, pero sobre todo que dé una guía de referencia en la actuación de los servicios de salud en la atención preventiva de las enfermedades, tan evidentemente necesaria en los tiempos actuales, especialmente si consideramos que en nuestra Constitución Política, en su artículo cuarto, así como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y en la Convención sobre los Derechos de los Niños, se ha establecido que se debe velar siempre en materia de salud por el interés superior de la niñez.

Al respecto la Fundación Mexicana de Prevención y Salud Materna, AC, y la Iniciativa Pensemos en Cebras México, en conjunto con el Comité Científico “Cebras México”, han promovido una campaña permanente en todos los sectores, Por el Bien Superior de la Niñez, impulsando la homologación del tamiz neonatal ampliado en todo México, así como el Día Nacional de los Tamices Neonatales y Atención Integral de las Enfermedades Raras.

La importancia de la homologación nacional para que todo recién nacido en México tenga la misma oportunidad de vida es indispensable, en este sentido, el tamiz neonatal ampliado representa una medida efectiva para prevenir la discapacidad y muerte a causa de enfermedades que pudieron detectarse a tiempo.

Por todo lo anterior expuesto, y asumiendo la responsabilidad que como legisladores tenemos con la sociedad, particularmente con la infancia, es que someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos de los estados de las 32 entidades federativas, para que incorporen en sus leyes locales de salud, como acción prioritaria de la atención materno-infantil, la aplicación del tamiz neonatal ampliado.

Nota

1 https://www.invegem.org/tamizaje-neonatal/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2022.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Bienestar a establecer mecanismos dirigidos a garantizar que los operadores de los programas sociales denominados “Servidores de la Nación” no incurran en delitos electorales en los próximos comicios, a cargo del diputado Ignacio Loyola Vera, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Ignacio Loyola Vera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura federal, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes

Antecedentes

Los delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal e intransferible.1

La Ley General en materia de Delitos Electorales, en su Capítulo Primero, artículo 5, establece lo siguiente:

Artículo 5.- Tratándose de servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos previstos en esta Ley, se les impondrá, además de la sanción correspondiente en el tipo penal de que se trate, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de dos a seis años y, en su caso, la destitución del cargo.2

En la propia ley mencionada y con las reformas realizadas en años recientes, la configuración del delito electoral, tiene una vinculación directa al Código Penal, bajo la interpretación de delito grave, es por esta razón, que el artículo 6 de la Ley General en materia de Delitos Electorales, establece la Prisión Preventiva Oficiosa, como procedimiento ante los delitos estipulados en el artículo 7, fracción VII, párrafo tercero; artículo 7 Bis, artículo 11, 11 Bis y artículo 20, fracción segunda. La mayoría de los artículos antes mencionados implican, en una gran medida, la utilización de recursos públicos, programas sociales y, la comisión de delitos electorales por parte de servidores públicos.

La ley es clara, en la fracción VII del artículo 7 se expone que, quien solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma, está cometiendo un delito grave, con una pena de hasta cien días de multa y de seis meses a tres años de prisión. Lo mismo sucede con quien amenace con la suspensión de programas sociales o retiro de apoyos gubernamentales a la sociedad con tal de influir en el proceso electoral. Sin embargo, las penas para los servidores públicos contemplan acciones más enérgicas en multas hasta con 600 días y penas de 4 a 5 años, así como la prisión preventiva oficiosa durante el proceso de investigación, tal como se señala en el artículo 7 Bis de la ley en comento.

En el artículo 11, se establece que al servidor público que coaccione o amenace, presione a sus subordinados o, brinde licencias, permisos especiales, asignaciones de contratos a cambio de votar en favor de un candidato, se le impondrán de 200 a 400 días de multa y una pena de 2 a 4 años y, en el 11 Bis, se establece con claridad la utilización de recursos públicos o programas sociales para influenciar una votación.

Los servidores de la nación, principal recurso humano de la Secretaría de Bienestar, que operan los recursos federales y los programas sociales, bajo la administración de la Secretaría de Bienestar, son servidores públicos vulnerables a la violación de la ley electoral. En varias ocasiones, se han documentado casos flagrantes y violatorios de las leyes en materia de delitos electorales, a estos servidores públicos a lo largo y ancho de la República Mexicana. Los servidores de la nación obedecen planes de acción y órdenes de sus superiores, los cuales, han quedado evidenciados a través de denuncias públicas, medios de comunicación, denuncias ante ministerios públicos y, ante la propia Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales, que estos servidores públicos, incurren en frecuentes delitos electorales. En sus declaraciones, los servidores de la nación han establecido que sólo cumplen órdenes de sus delegados municipales, regionales o estatales.

El artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se da figura a la interpretación del concepto de servidores públicos y establece con claridad la vinculación de procedimientos administrativos, legales o penales, a los servidores que incurran en faltas o delitos durante el ejercicio de su cargo. Los servidores de la nación son servidores públicos y, los delitos cometidos por ellos, sujetos a la legalidad vigente, tienen que ser sancionados.

Como se mencionó con antelación, los servidores de la nación son agentes vulnerables a la comisión de delitos electorales bajo diversas circunstancias, por lo cual, es urgente y necesario, que se establezca una normatividad y las acciones necesarias al interior de la Secretaría de Bienestar, para evitar acciones pongan en riesgo a la democracia mexicana, en virtud del establecimiento de un marco normativo con apego a derecho que regule, sancione y corrija las acciones de los servidores de la nación.

Por lo anteriormente expuesto e invocado en el proemio, someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero - La honorable Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la ciudadana Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, a establecer los mecanismos necesarios y oportunos, conforme a derecho, para que los operadores de los programas sociales, denominados “servidores de la nación”, no incurran en delitos electorales en los próximos comicios democráticos de abril y junio del presente año.

Segundo.- La honorable Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la ciudadana Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, a establecer mecanismos de vigilancia al interior de la Secretaría de Bienestar, en especial en las áreas operativas de campo y las delegaciones de los estados, con el fin de que no se utilicen programas sociales y recursos públicos como herramientas de delito electoral.

Notas

1 Explicación del concepto de delito electoral, proporcionado por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade).

2 Transcripción del artículo 5 de la Ley General en materia de Delitos Electorales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2022.

Diputado Ignacio Loyola Vera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Tabasco, la Semarnat y la Profepa a combatir la tala ilegal en los márgenes de la Laguna de las Ilusiones, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Gerardo Gaudiano Rovirosa, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al gobierno de Tabasco, Ayuntamiento del Centro de Tabasco, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para combatir la tala ilegal de árboles en los márgenes de la Laguna de las Ilusiones del estado de Tabasco , al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los medios de comunicación de Tabasco se dio la terrible noticia de la tala ilegal de árboles en las demarcaciones de la laguna de las ilusiones, dicha afectación sería de al menos media hectárea de diversos árboles.1

Por el comité ciudadano que protege la Laguna de las Ilusiones, realizaron una denuncia por el derribo arboles como: ceibas, macuilíes, macayos y plantas endémicas de Tabasco en un predio ubicado atrás de lo que era antes el rastro estatal tipo inspección federal, en la colonia Tierra Colorada.2

Por tanto, hace unos días, empezaron con la tala ilegal de árboles en márgenes federales de la Laguna de las Ilusiones con maquinaria y obreros, dicha ilegalidad está afectando con una hectárea de flora.3

Para los activistas en pro de la Laguna de las Ilusiones, comentan que tiene más de 40 años en agonía las áreas forestales y la Laguna, debido a la “irresponsabilidad” de las anteriores administraciones gubernamentales, pero hasta el día de hoy, la nueva administración gubernamental no ha tratado de evitar la terrible contaminación de este cuerpo lagunar.4

Tabasco cuenta con una de flora más ricas en variedad del país encontrándose en ella árboles frutales, como cuijinicuil, mamey, tamarindo, cocotero, papayo, guanábana, anona, pitahaya, nance, caimito, melocotón, corozo, chinín, aguacate, marañón, guayaba, toronja, limón agrio, limón real, naranja dulce y agria, ciruela, jondura, guaya, chicozapote, jagua, guineo morado y enano, uspí, surumuflo y desde luego, plátano, cacao y cafeto. Además, hay hierbas como el chipilín, chaya, momo, perejil, epazote, ruda, toronjil, maguey, yerbabuena y cañafístola.5

Para el país, la tala ilegal de árboles es uno de los problemas que sufre nuestros bosques y selvas con este hecho se acelera más la perdida de nuestra flora y fauna.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, da la definición de tala ilegal; es el corte y la extracción de recursos forestales sin la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, lo tipifica como un delito federal, por lo tanto; puede ser denunciado ante las autoridades competentes establecidos en los artículos, 189 y 190 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.6

Este problema de contaminación que presenta la Laguna de las Ilusiones y sus alrededores, ya ha sido denunciado anteriormente en los medios de comunicación locales, por la descarga de aguas negras, atentando contra las especies y vegetación que se encuentran en ella.7

Por tanto, no hay respuesta de las autoridades competentes para intervenir en el combate a la tala ilegal de árboles, ni para el cuidado y protección de la laguna de las Ilusiones.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno de Tabasco, ayuntamiento del Centro de Tabasco, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a combatir la tala ilegal de árboles en los márgenes de la Laguna de las Ilusiones del estado de Tabasco.

Notas

1 Ídem.

2 Ídem.

3 Ídem.

4 Consultado en https://www.xevt.com/primeraplana/
denuncian-ahora-deforestacion-en-margenes-de-la-laguna-de-las-ilusiones/203896

5 http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM27tabasco/
mediofisico.html#:~:text=La%20flora%20de%20Tabasco%20es,naranja%20dulce%20y%20agria%2C%20ciruela%2C

6 Consultado en https://www.gob.mx/sspc/es/articulos/protejamos-el-medio-ambiente?idiom=es#:~:text=
%C2%BFQu%C3%A9%20es%3F&text=Es%20el%20corte%20y%20extracci%C3%B3n,y%20la%20Protecci%C3%B3n%20al%20Ambiente).

7 Consultado en

https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/por-alta-con taminacion-agoniza-laguna-de-las-ilusiones-6232018.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2022.

Diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos estatales a instalar comisiones legislativas encargadas de vigilar e impulsar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, a cargo del diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Carlos Sánchez Barrios, con fundamento en los arti?culos 6, numeral 1, fraccio?n I, y 79 del Reglamento de la Ca?mara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Con dicho documento, los pueblos del mundo definimos una agenda en favor de las personas, el planeta y la prosperidad.

Así se establecieron 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas, que sólo se conseguirán a través de alianzas y de acciones conjuntas. Uno de los principales objetivos es poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo, estableciendo como fecha límite el 2030, combatir las desigualdades, proteger los derechos humanos, promover la igualdad entre los géneros, el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales. Nos comprometimos, también, a luchar por el progreso económico, social y tecnológico, y a configurar sociedades justas e inclusivas, que estén libres del temor y la violencia.

Sin embargo, a 8 años de que se cumpla el plazo, en México tenemos grandes pendientes:

1. De acuerdo con el Coneval, el 43.9 por ciento de la población en México vive en condiciones de pobreza. La situación se agrava en algunas entidades federativas, como Chiapas, donde dicho porcentaje asciende a 75.5 por ciento y en Guerrero, con el 66.4 por ciento.

2. Con datos del Observatorio de Mortalidad Materna, sabemos que, durante las 11 primeras semanas de 2022, 160 mujeres en México murieron por causas relacionadas con la maternidad.

3. El Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, realizado por el Inegi, reveló que casi 3 millones de niñas y niños entre 3 y 11 años, no asiste a la escuela.

4. Aún no se publica la norma oficial relacionada con la trazabilidad de los productos del mar, que garantice la sustentabilidad de los recursos pesqueros.

5. Noticias, como las agresiones masivas ocurridas en un partido de futbol, revelan que estamos lejos de alcanzar el objetivo de vivir en una sociedad libre de violencia.

Estos hechos exigen redoblar esfuerzos. En tal sentido, la propia resolución aprobada por la ONU reconoce que los Poderes Legislativos desempeñan un papel fundamental en el cumplimiento de los compromisos: promulgando legislación, aprobando presupuestos, garantizando la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

De la misma forma, el documento titulado “Localización de la Agenda 2030 en los Congresos locales de México”, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en colaboración con el honorable Congreso de la Unión, recomienda transversalizar el enfoque de Agenda 2030 en los trabajos legislativos, constituir comisiones o grupos de trabajo, y garantizar que tenga suficientes recursos humanos y financieros para llevar a cabo las funciones que se le asignen.

Enfatiza que la creación de estructuras parlamentarias enfocadas en el seguimiento de la Agenda 2030 puede ser un instrumento muy útil para fortalecer el papel de los Congresos en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Dicha estrategia debe complementarse con la sensibilización de las y los legisladores y del personal técnico sobre los principios del desarrollo sostenible, para su posterior apropiación.

Así, en la presente Legislatura de la Cámara de Diputados existe un grupo de trabajo que se encarga de transversalizar la agenda en todas las comisiones, en el Senado de la República opera también una comisión especial; no obstante, se identificó que sólo en 10 de los 32 Congresos estatales, existen órganos encargados de dar seguimiento a la implementación de la Agenda y, en 2 más, se han presentado iniciativas para impulsar la creación de comisiones especiales:

Ante ello, se propone exhortar respetuosamente a los Congresos locales para que instalen comisiones legislativas encargadas de vigilar e impulsar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente los Congresos de las entidades federativas para que instalen comisiones legislativas encargadas de vigilar e impulsar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2022.

Diputado Carlos Sánchez Barrios (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CNDH a establecer protocolos de actuación que brinden atención adecuada y digna a los mexicanos desplazados por la violencia en Zacatecas, a cargo del diputado Ignacio Loyola Vera, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Ignacio Loyola Vera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura Federal, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes

Antecedentes

La violencia en el territorio zacatecano no ha tenido tregua en los últimos años. Los conflictos entre grupos de la delincuencia organizada y los constantes enfrentamientos en diversos municipios de la entidad han generado desplazamientos forzados de familias completas y el abandono de comunidades ante el clima de inseguridad que prevalece en la región.

Las estrategias de seguridad federales, estatales y municipales no han logrado contener una violencia expansiva que ha perforado el tejido social de zonas urbanas y rurales de Zacatecas.

Municipios como Jerez, Valparaíso, Fresnillo, Ciudad Cuauhtémoc, Nochistlán, Apulco, y las regiones conocidas como Los Cañones y la zona centro y norte de la entidad, han vivido en silencio el empoderamiento de grupos delincuenciales ante la falta del Estado de derecho y la ingobernabilidad vigente.

Los últimos sucesos han llamado la atención a nivel nacional e internacional; una migración masiva de comunidades completas, custodiadas por efectivos de la Guardia Nacional, para poder salir con seguridad de sus hogares y trasladarse a un lugar seguro, acaparó los titulares de la prensa mexicana y, algunas páginas importantes de la prensa internacional.

Aún no existe una cifra oficial que exponga la gravedad del conflicto, pues el desplazamiento forzado en Zacatecas se ha dado, en su mayoría, de manera silenciosa, donde familias completas abandonan sus hogares sin dar información al respecto. Comunidades, municipios y ciudades, durante muchos años, han experimentado este tipo de migración silenciosa, motivados por el clima de inseguridad vigente en Zacatecas en los últimos años.

Algunas cifras extraoficiales señalan un aproximado de 2 mil 500 personas desplazadas, principalmente de los municipios de Jerez, Valparaíso y Fresnillo, sin embargo, las instituciones de la entidad no cuentan con una cifra o base de datos que nos permita conocer el fenómeno a profundidad. Este desplazamiento forzado silencioso, ha dejado en el abandono a comunidades de los 58 municipios de la entidad, empero, el último desplazamiento forzado no fue silencioso, sino, una llamada de atención a México y a los mexicanos para evidenciar un lamentable fenómeno que lleva muchos años enquistado en Zacatecas y, en la actualidad, con un proceso acelerado de descomposición.

Iglesias, auditorios, edificios municipales y espacios deportivos se han tenido que acondicionar de manera urgente como albergues temporales para hacer frente a la emergencia. Los municipios y el gobierno del estado se han visto rebasados en contención, manejo y atención de la crisis.

La intervención de la CNDH es de vital importancia para dar un acompañamiento a las víctimas de este desplazamiento forzado. Una atención integral y, el fortalecimiento y respeto a sus derechos humanos con una prioridad en este momento.

Por lo anteriormente expuesto e invocado en el proemio, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la ciudadana Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a que, en ejercicio de sus facultades como encargada de proteger los derechos humanos, proponga y coordine con las autoridades correspondientes del estado de Zacatecas, aquellas acciones que tengan por objeto garantizar y proteger, de manera digna y urgente, los derechos humanos de las personas que están siendo desplazadas de sus comunidades en dicho estado, como efecto de la violencia e inseguridad pública que se presenta actualmente en dicha entidad federativa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2022.

Diputado Ignacio Loyola Vera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobernador de Jalisco a implantar en el estado el programa de escuelas de tiempo completo, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Las y los suscritos, diputados Paulina Rubio Fernández, Ana Laura Sánchez Velázquez, Martha Estela Romo Cuellar, Miguel Ángel Monraz Ibarra, Gustavo Macias Zambrano y Desiderio Tinajero Robles, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 62, 76 fracción IV y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la educación, y que corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.

También señala que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos.

“La educación es necesaria en todos los sentidos. Para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico; para nivelar las desigualdades económicas y sociales; para propiciar la movilidad social de las personas; para acceder a mejores niveles de empleo; para elevar las condiciones culturales de la población; para ampliar las oportunidades de los jóvenes; para vigorizar los valores cívicos y laicos que fortalecen las relaciones de las sociedades; para el avance democrático y el fortalecimiento del Estado de derecho; para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación.”1

Pero además, el sistema educativo tiene otros objetivos, el artículo 3 de la Ley General de Educación dispone que el Estado fomentará la participación activa de los educandos, madres y padres de familia o tutores, maestras y maestros, así como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo y, en general, de todo el Sistema Educativo Nacional, para asegurar que éste extienda sus beneficios a todos los sectores sociales y regiones del país, a fin de contribuir al desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes.

De acuerdo con la fracción IV del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, compete a la Secretaría de Educación Pública “crear y mantener, en su caso, escuelas de todas clases que funcionen en la República, dependientes de la federación, exceptuadas las que por la ley estén adscritas a otras dependencias del gobierno federal;”

Además del servicio educativo, las escuelas son un apoyo para padres y madres de familia, que pueden dejar a sus hijos en ellas. En ocasiones los horarios laborales, les demandan un tiempo adicional de estancia en dichas escuelas, que les permitan concluir sus jornadas en tanto sus hijos están seguros y con servicios adecuados a sus necesidades.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), los escolares y adolescentes necesitan una buena dieta para crecer, desarrollarse, protegerse de enfermedades y tener energía para estudiar, aprender y ser físicamente activos.

Por ello, para el ciclo escolar 2007-2008, se creó el programa de Escuelas de Tiempo Completo, impulsado por la entonces secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, y con el claro objetivo de impulsar la educación básica, otorgando a padres y madres trabajadoras opciones extracurriculares y servicios de alimentación mediante la ampliación del horario escolar de sus hijos y permitiéndoles cumplir con jornadas laborales completas.

El programa de Escuelas de Tiempo Completo es una política pública de excelencia, que ha generado de forma progresiva un mejor aprovechamiento del tiempo en que padres y particularmente madres laboran, dejando a sus hijos e hijas en un espacio seguro, que además les provee una buena alimentación y una mejor educación.

En 2018, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) determinó, derivado de la aplicación de la prueba Planea, que el programa logro? disminuir el número de estudiantes en rezago, además de que incremento el índice de alumnos en un lugar destacado, lo que implica una mayor calidad en la educación, los alumnos y maestros recibían el beneficio de la comida, mientras que los padres de familia lograban cumplir con sus jornadas de trabajo sin problema alguno.

El programa beneficiaba a cercas de 25 mil escuelas, el 12.7 por ciento del total de las escuelas públicas en el país; con el 70 por ciento de los planteles beneficiados siendo escuelas indígenas, y un 55 por ciento ubicadas en comunidades rurales, beneficiando en total a más de 3.6 millones de niños y adolescentes de escasos recursos de nuestro país; también, brindaba servicio durante los 200 días que abarca el ciclo escolar.

El programa “funciona desde 2007 y ha logrado impactos respaldados por estudios de organizaciones como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Banco Mundial, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre los que destacan:

• Mayor nivel de aprendizajes, además de menor proporción de alumnos que no alcanza conocimientos básicos.

• Cierre de brechas de desigualdad. Su impacto sobre los aprendizajes en escuelas de alta o muy alta marginación es 30 por ciento mayor que en escuelas con menor marginación.

• Menor desnutrición entre los alumnos más vulnerables, para 66 por ciento de los estudiantes beneficiados el alimento que recibían en su escuela era el primero del día.

• Mayor participación laboral de las madres de familia en 5 puntos porcentuales y las horas que trabajan en 1.8 por semana.”2

En general, este programa ha sido una de las herramientas más eficaces para mejorar los aprendizajes y disminuir el abandono escolar, para combatir la desigualdad educativa.

Sin embargo, en una decisión inexplicable, el 28 de febrero de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF)3 el acuerdo número 05/02/22 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa la Escuela es Nuestra para el ejercicio fiscal de 2022, mediante el cual, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, formalizó la eliminación del financiamiento al programa Escuelas de Tiempo Completo, transformándolo en un programa denominado “La Escuela es Nuestra”, con objetivos y alcances diferentes al programa desaparecido.

La desaparición del programa citado generará un perjuicio al ya existente rezago escolar y perjudicará en el derecho a la alimentación de muchos niños y niñas, afectará la precaria situación laboral de las madres, eliminando un espacio seguro para la infancia en este supuesto.

Por ello, prácticamente todos los grupos parlamentarios de oposición han señalado lo lamentable de la desaparición del programa, y se han hecho diversos exhortos al gobierno federal, particularmente a la secretaria de Educación Pública, a efecto de que recule en esta decisión, sin que se haya encontrado eco.

Incluso diversas instituciones privadas han señalado lo perjudicial de esta acción. Por ejemplo, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) se sumó a otras voces que realizan “un exhorto al gobierno federal para revertir la decisión de eliminar el Programa d que afecta el futuro de los mexicanos y del país. La SEP tiene todavía oportunidad para volver a incluir los componentes de jornada ampliada y alimentación en el programa de La Escuela es Nuestra (LEEN) y así evitar que con sus decisiones condenen a los estudiantes a arrastrar los rezagos causados por la falta de clases presenciales durante el resto de su trayectoria en el sistema escolar.”

Igualmente, la organización Mexicanos Primero publicó una fuerte crítica. Según el organismo, la desaparición del programa va en contra de los derechos humanos de la niñez.4

El caso es que la decisión afecta a estudiantes y familias en prácticamente todas las entidades federativas.

Y tan negativa es esta decisión del gobierno federal que incluso gobernantes del partido en el poder han rechazado la desaparición del programa, como es el caso de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien el 4 de marzo pasado declaró “vamos a mantener las escuelas de tiempo completo en la ciudad, estamos trabajando con recursos propios, obviamente la Secretaría de Educación Pública participa, porque lo más importante es el personal docente”.5

Los legisladores federales de Acción Nacional por Jalisco coincidimos en esta preocupación y nos sumamos a la petición de realizar esfuerzos en las entidades federativas por conserva el programa que finalmente a quien beneficia o perjudica su desaparición o reinstalación es a las madres y padres de familia.

En el caso del estado de Jalisco, la eliminación del programa afectó aproximadamente a 945 planteles con clases, talleres y alimentos en un horario ampliado. Nadia Soto, directora de Programas Estratégicos de la Secretaría de Educación de Jalisco, señaló que en 2020 sólo recibieron la mitad del presupuesto para las Escuelas de Tiempo Completo (148 millones de pesos) y se atendió a 95 mil alumnos, de los cuales 29 mil tenían alimentación en 945 planteles, el 3.5 por ciento de escuelas beneficiadas a nivel nacional.

En virtud de lo anterior, consideramos necesario que todas las entidades federativas subsanen esta grave decisiones del gobierno federal que atenta contra el principio del interés superior de la niñez, por consecuencia solicitamos de manera atenta y respetuosa que el gobierno de Jalisco estudie y analice las posibilidades y rutas para que el gobierno estatal asuma las funciones que desempeñaba la SEP y se mantenga, a nivel estatal, el programa de Escuelas de Tiempo Completo.

Por lo anteriormente expuesto esta honorable Cámara de Diputados extiende el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXV Legislatura exhorta respetuosamente a Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional del estado de Jalisco, a implementar a nivel estatal el programa de Escuelas de Tiempo Completo, garantizando el interés superior de la niñez y en apoyo a las madres y padres de familia que requieren un espacio seguro para sus hijos e hijas, mientras laboran.

Notas

1 Véase:
http://www.planeducativonacional.unam.mx/CAP_00/Text/00_05a.html Consultado el 23 de marzo de 2022.

2 Véase: https://imco.org.mx/
eliminar-el-programa-de-escuelas-de-tiempo-completo-refuerza-la-desigualdad/ Consultado el 22 de marzo de 2022.

3 Véase:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5643991&fecha=28/02/2022 Consultado el 22 de marzo de 2022.

4 Véase: https://www.oinkoink.com.mx/noticias/recursos-humanos/como-afecta-la-de saparicion-de-las-escuelas-de-tiempo-completo/ Consultado el 22 de marzo de 2022.

5 Véase: https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/
cdmx-mantiene-escuelas-de-tiempo-completo-segun-claudia-sheinbaum-7945907.html Consultado el 22 de marzo de 2022.

Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, a 5 de abril de 2022.

Diputada Paulina Rubio Fernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a apoyar a los productores de granos y ganaderos de Jalisco, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Las y los suscritos, diputados Paulina Rubio Fernández, Ana Laura Sánchez Velázquez, Martha Estela Romo Cuellar, Miguel Ángel Monraz Ibarra, Gustavo Macias Zambrano y Desiderio Tinajero Robles, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 62, 76 fracción IV y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La invasión de Rusia a Ucrania generará un impacto en todo el mundo, en materia económica, medioambiental e incluso alimentaria.

En este sentido, los precios de los fertilizantes subirán, aunándose a los incrementos derivados por temas energéticos, logísticos e inflacionarios, que afectan la producción agrícola mexicana.

En 2021, los costos se elevaron entre 100 y en algunos casos hasta 300 por ciento, cotizándose en unos 900 dólares por tonelada, tres veces más que un año antes, pero debido a que Rusia y Ucrania son productores de algunos de ellos, prevén que el alza continuará y se agravará.

De acuerdo con diversas fuentes, la tonelada de urea tiene un precio de 960 dólares, 850 la de potasio y 950 la de fósforo en puerto, a lo que debe de agregarse otros 50 dólares por costos de flete y comercialización. Gabriel Duarte, presidente de la Asociación Nacional de Comercializadores y Productores de Fertilizantes (Anacofer), señaló que el conflicto disparó los precios en todos los mercados internacionales, incluidos los costos de los fertilizantes porque el gas es la materia prima.1

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha señalado que los precios base de los fertilizantes a nivel global aumentarán hasta 13 por ciento, y proyecta, en su último reporte sobre la situación del conflicto Ucrania-Rusia, que el incremento respondería a mayores costos de insumos por los precios elevados del crudo, pero también por el encarecimiento de los cultivos. El aumento afectará a los costos de producción en la temporada 2022/23.

“El alza en el precio proyectada por la FAO sumaría al encarecimiento que se vio durante 2021. En México, el precio de los fertilizantes agroquímicos aumentó, en promedio, 89 por ciento durante el año, según un análisis realizado por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).”2

Según Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, “Rusia exporta al mercado mundial 23.3 millones de toneladas, de las cuales, un millón vienen a México. “Este es un tema que podría provocar alzas en los precios de los insumos en el país, ya que aproximadamente 29 por ciento de las importaciones de fertilizantes proviene de Rusia. Ucrania exporta 1.8 millones. México tiene alta dependencia de los fertilizantes de Rusia, “pero el aumento exorbitante de precios ha llevado a una reducción drástica en la aplicación de este insumo en la producción de alimentos, lo que se reflejó en la caída de alrededor de 30 por ciento en la importación de fertilizantes en 2021 respecto a 2020, y con la tendencia de costos al alza en enero y febrero de este año, seguirá en declive”.3

El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

En consecuencia, en México se implementan actualmente diversos programas para garantizar la seguridad alimentaria, como el Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos y el programa Fertilizantes para el Bienestar.

El Programa de Apoyo a la Soberanía Alimentaria de Maíz operado por Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo sectorizado en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, busca incentivar el ingreso de los medianos productores comerciales de maíz blanco y amarillo, dueños de hasta 50 hectáreas de riego o temporal, a quienes dará la certeza de obtener un precio mínimo de 4 mil 150 pesos por tonelada.

“El Programa se alinea a los tres objetivos prioritarios del Programa Institucional 2020-2024 de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), en torno a mejorar el ingreso y calidad de vida de los pequeños y medianos productores rurales que contribuya a la producción de granos básicos y leche, así como a la autosuficiencia alimentaria; fortalecer el sistema de abasto social de alimentos, con énfasis en productos de calidad y alto valor nutricional, considerando las preferencias y costumbres regionales, a través de la canasta básica de Diconsa, con los precios más bajos y su disponibilidad en las localidades de mayor marginación y pobreza del país; e impulsar la economía familiar y la alimentación sana y nutritiva a través del abasto de leche de calidad a precio preferencial para sus beneficiarios.”4

Según el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos Arámbula, el programa Fertilizantes para el Bienestar, en 2022, abarca nueve entidades del país, ya que contempla a Guerrero, Tlaxcala, Morelos y Puebla, Durango, Zacatecas, Nayarit, Oaxaca y Chiapas.

El caso es que, el estado de Jalisco es un importante estado productor de granos, y su economía depende en buena parte de dicha producción. Por ello, los productores están preocupados por el incremento de precios, que, además, impactan al sector ganadero, sin que cuenten con los beneficios de los programas mencionados.

Jalisco es el principal productor de alimentos reconocido por Aldo Mares Benavides, vicepresidente del Consejo Nacional Agroalimentario y es llamado el gigante agroalimentario, por lo que es indispensable que se considere la protección y apoyo de los productores jaliscienses ante el embate del alza de insumos para su actividad, de no ser así, el país podría padecer la deficiencia de los cultivos y con ello la deficiencia de la productividad agrícola.

En este sentido, se considera necesario que el Ejecutivo federal, por medio de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, realice acciones de apoyo a los productores de grano y a los ganaderos de Jalisco, ya sea a través del Programa de Apoyo a la Soberanía Alimentaria de Maíz, y en específico, mediante el Programa Fertilizantes para el Bienestar.

Por lo anteriormente expuesto, esta honorable Cámara de Diputados extiende los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXV Legislatura exhorta respetuosamente a titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que, en el ámbito de sus atribuciones y facultades, apoye a los productores de granos y ganaderos del estado de Jalisco, en el contexto de la crisis de precios generada por la coyuntura internacional de la guerra de Rusia con Ucrania.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXV Legislatura exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que se incluya al estado de Jalisco en el Programa Fertilizantes para el Bienestar.

Notas

1 Véase: https://www.tierrafertil.com.mx/vuelven-a-subir-fertilizantes-por-confl icto-rusia-ucrania/ Consultado el 30 de marzo de 2022.

2 Véase:

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/03/25/
fertilizantes-se-encareceran-13-en-el-mundo-por-guerra-en-ucrania-preve-la-fao/ Consultado el 30 de marzo de 2022.

3 Véase: https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/02/politica/
pegara-a-cosechas-alza-de-precios-y-desabasto-de-fertilizantes-por-la-guerra/ Consultado el 30 de marzo de 2022.

4 Véase: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609037&fecha=28/12/ 2020 Consultado el 30 de marzo de 2021.

Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, a 5 de abril de 2022.

Diputada Paulina Rubio Fernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Conade a instalar una mesa de trabajo por la Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte para hacer un análisis y propuestas de solución de los casos de agresiones ocurridos en recintos deportivos, a cargo de la diputada Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Sonia Rocha Acosta, y los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esa soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se solicita la intervención urgente de la titular de la Conade para la instalación de la Comisión Especial contra la violencia en el deporte, por el aumento en la escalada de violencia y por el caso del partido de futbol del sábado pasado.

La violencia en los estadios de futbol en México no es un suceso nuevo, cada torneo tiene registro de riñas entre aficionados en alguno de los 17 inmuebles donde se disputa la Liga Mx. La Liga Mx ha tenido la oportunidad de abrir con aforo limitado a lo largo de la temporada regular de Guardianes 2021 y parte del torneo Grita México Clausura 2022 actual. La reactivación de la taquilla trajo de vuelta un mal social que las autoridades públicas y privadas no han podido erradicar o controlar las riñas entre aficionados en las tribunas y en la periferia de los estadios.

La violencia no es novedad y los castigos a los rijosos no han sido referencia de peso o ejemplo para que nadie se atreva a agredir y terminar una temporada con saldo blanco. Las leyes hablan de sanciones, pero en la práctica la violencia es una conducta que muchas veces se queda en la impunidad.

En estas dos temporadas de la Liga Mx, diversos episodios de riñas entre aficionados han manchado los torneos. El clásico tapatío del estadio Jalisco; el clásico regio en la reapertura del estadio Universitario y el choque entre Puebla y Pumas en el regreso de los fans en el estadio Cuauhtémoc, donde entraron 12 mil 778 asistentes. Y al cierre de la jornada, tras el partido entre Tuzos y Santos, aficionados intercambiaron golpes en el estacionamiento del estadio Hidalgo. Todos los hechos de violencia mencionados fueron documentados por medios de comunicación y en las redes sociales de los seguidores de los equipos.

La tarde del sábado 5 de marzo del año en curso México vivió uno de los episodios más violentos en la historia del futbol nacional, pues al minuto 60 del encuentro entre Querétaro vs. Atlas, correspondiente a la jornada 9 del Torneo Grita México Clausura 2022, una trifulca entre barras de ambas escuadras causó que el partido se suspendiera.

No obstante, con el pasar de los minutos, las acciones aumentaron de gravedad concluyendo con 26 personas hospitalizadas, según las cifras oficiales; así como el resto de los partidos suspendidos de la Liga Mx, Liga de Expansión, Liga Mx Femenil y las fuerzas inferiores de los equipos.

La suma de varios esfuerzos entre autoridades del orden privado y público pudo haber prevenido el sábado trágico, violento en el estadio La Corregidora en el partido de la jornada 9 entre Querétaro y Atlas.

Asistentes entre aficionados y medios de comunicación que fueron testigos de los hechos en el inmueble, donde asistieron cerca de 14 mil fans, han comentado que cerca del minuto 60 del partido, la violencia brotó de la cabecera de la porra de Gallos Blancos y se fue derramando a lo largo de las gradas. Los grupos de fans colisionaron pasando las vallas de seguridad y cruzaron hasta por el campo, de acuerdo con lo que muestran las imágenes, iban armados con tubos, sillas, botes de basura metálicos, entre otros objetos que a su paso ocuparon para agredirse hasta dejar cuerpos de personas en estado inconsciente.

Existe un Manual de Estadio Seguro, que en sus líneas dicta la necesaria presencia de elementos de seguridad dentro y en el perímetro del estadio. Además, existían antecedentes de una gresca entre las porras de la Resistencia Albiazul y la Barra 51, que tuvieron en noviembre del 2021 en el estadio Jalisco e incluso desde el Clausura 2007.

Los 18 equipos de la Liga Mx condenaron los hechos a través de sus redes sociales. La Federación Mexicana de Futbol anunció la apertura de una carpeta de investigación. El organismo ya enfrenta un problema con la afición mexicana al tratar de erradicar el grito homofóbico. Para ello, en los últimos dos partidos de la Selección Mexicana en el estadio Azteca implementó el registro de fans para conocer sus datos personales al momento de comprar un boleto.

México está en el ojo internacional de la FIFA por varias multas y sanciones debido al grito homofóbico, algo que ha perseguido a la Selección Mexicana en su trabajo de clasificación al Mundial de Qatar 2022. Además, nuestro país será sede del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá.

Por otra parte, un análisis sociológico apunta que la violencia es un fenómeno multifactorial, y no se puede responsabilizar a la pandemia como causa. No hay relación directa, la violencia no es nueva. En el discurso construido alrededor de la afición del fútbol hay muchas contradicciones. Por un lado, los medios de comunicación y el discurso de los narradores exaltan la pasión por consumir el fútbol y, por otro lado, viene la condena cuando se desbordan las emociones. En la condena siempre hay una incomprensión de las verdaderas raíces de la violencia, que forma parte de la sociedad y siempre estará con nosotros. En el caso del fútbol en México, la violencia raras veces se castiga, eso es un punto importante, podemos tener el mejor reglamento del mundo, pero no se aplica. Cualquier manifestación de violencia debe ser castigada, lo extraño es que se sigue dejando entrar a las barras, no se identifica con claridad a las personas. Hay una doble moral que cuando este tipo de cosas suceden realmente no debería sorprendernos tanto, porque la misma industria del futbol promueve que esa violencia surja”, señala Samuel Martínez López, profesor e investigador del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana.

La corresponsabilidad de la seguridad en un estadio es una división de tareas entre las autoridades de gobierno locales y de la Liga MX, cada quien delimita sus alcances, pero se basan en reglamentos que se trabajaron sin el factor pandemia, hecho social que es parte de otro protocolo a cumplirse, el sanitario.

Ante estos lamentables hechos hay un reglamento que especifica cuáles son las medidas que contempla la ley frente a disturbios al interior de recintos deportivos; medidas que fueron agravadas tras otro acto de violencia en 2014.

La Ley de Cultura Física y Deporte establece que comete el delito de violencia en eventos deportivos, el espectador o cualquier otra persona que sin ser juez, jugador o parte del cuerpo técnico de los equipos contendientes y encontrándose en el interior de los recintos acuda a los mismos a:

- Lanzar objetos que pongan en riesgo la salud o integridad de las personas (se impondrá de seis meses a dos años de prisión y de cinco a 30 días de multa).

- Ingrese sin autorización al terreno de jugo y agreda a personas o cause daños irreparables (será castigado de seis meses a tres años de prisión y de 10 a 40 días de multa).

- Incite o genere violencia, que participe en riñas o agresiones física.

- Cause daños materiales en los bienes muebles o inmuebles.

- Introduzca armas de fuego, explosivos o cualquier arma prohibida.

Los últimos tres puntos contemplan una pena de un año y seis meses a cuatro años seis meses de prisión, así como de 20 a 90 días de multa.

Además, de acuerdo con el artículo 152 de dicho andamiaje jurídico, considerando la gravedad de la conducta, se impondrá a los aficionados, asistentes o espectadores en general que haya participado en conatos de violencia la expulsión inmediata de las instalaciones deportivas; amonestación privada o pública; multa de 10 a 90 días de salario mínimo; y suspensión de uno a cinco años de acceso a eventos deportivos masivos o con fines de espectáculo.

Mientras que para los organizadores de los eventos deportivos con fines de espectáculo se contempla una amonestación privada o pública; limitación, reducción o cancelación de apoyos económicos; suspensión temporal o definitiva del uso de instalaciones oficiales de cultura física y deporte; y suspensión temporal o definitiva de la inscripción al Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade).

Para los directivos se plantea la amonestación privada o pública; suspensión temporal o definitiva de la inscripción al Sinade, así como el desconocimiento de su representatividad. Finalmente, los deportistas podrán ser amonestados; limitarles al apoyo económico; y la suspensión definitiva o temporal al Sinade.

Conviene destacar que dichas medidas no son perjudiciales a las sanciones penales, civiles o de cualquier naturaleza que pudieran generarse considerando la gravedad del acto que se haya realizado, así como una posible reincidencia en la conducta.

Ante las constantes manifestaciones de violencia en los estadios de futbol es necesario endurecer las leyes y aumentar la punibilidad a quien cometa el delito de violencia en eventos deportivos; para poder prevenirla y garantizar la sana convivencia entre las personas que asisten a los eventos deportivos, protegiendo la vida de cada uno de ellos y salvaguardando su integridad física. Y de esta forma evitar acontecimientos violentos como el que se vivió el sábado 5 de marzo que ponen en riesgo la vida de los espectadores, así como su integridad física, vulnerando la paz social.

Fundamentando el artículo 139 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, por lo anterior mencionado y motivado, me permito someter a la consideración del pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, para que se instale de manera urgente una mesa de trabajo por parte Comisión Especial contra la violencia en el deporte, en seguimiento del art ículo 139 de la Ley de cultura física y deporte, a fin de hacer un análisis integral y propuestas de solución a los casos de violencia ocurridos en diversos recintos deportivos, especialmente con el futbol soccer en donde se incluyan a los titulares federales de Protección Civil, la Federación Mexicana de Futbol, el Comité Olímpico Mexicano, los dueños de equipo de las diferentes divisiones, representantes estatales, jugadores y árbitros, a cargo de la diputada Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2022.

Diputada Sonia Rocha Acosta (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE y la CNBV a analizar la viabilidad de suscribir un convenio de colaboración sobre verificación de datos contenidos en el certificado de matrícula consular, suscrita por los diputados Rosa María González Azcárraga y Héctor Israel Castillo Olivares, del Grupo Parlamentario del PAN

Rosa María González Azcárraga y Héctor Israel Castillo Olivares, diputada y diputado federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con el Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación (Segob), en enero de 2022, México recibió 18 mil 175 connacionales desde Estados Unidos de América (EUA), en al menos cinco de las 12 entidades federativas con puntos de repatriación; entre las que destacan Baja California, Chihuahua, Coahuila, Sonora y Tamaulipas. En el caso de mexicanas y mexicanos devueltos por Canadá, la cifra asciende a 47, quienes fueron remitidos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, reconocido como punto oficial de internación del Instituto Nacional de Migración (INM).1

A partir de septiembre de 2015, se establecieron en nuestro territorio nacional 12 puntos de repatriación para la población mexicana en Tijuana, El Chaparral, Mexicali, Ciudad Juárez Libertad, Ojinaga, Ciudad Acuña, Piedras Negras II, Nogales Uno, San Luis Río Colorado, Nuevo Laredo II, “Juárez-Lincoln”, Puerta México (Matamoros II), Reynosa-Hidalgo, Benito Juárez I y II y el A. I. “Benito Juárez” de la Ciudad de México. A través de éstos, miles de mexicanas y mexicanos regresan a nuestro país en contextos de repatriación.

Adicionalmente a las estadísticas de la UPM, el Instituto Nacional de Migración (INM), en el Boletín número 605/2021 informó que, de enero a noviembre de 2021, recibió a 203 mil 619 personas connacionales repatriadas de Estados Unidos: 41 mil 135 más con respecto al mismo periodo del año anterior. De las personas retornadas, 182 mil 752 son adultas, entre ellas, 163 mil 108 hombres y 19 mil 644 mujeres. Del resto, 20 mil 867 son menores de edad; 18 mil 132 varones y 2 mil 735 niñas y adolescentes.

En lo que respecta al Procedimiento de Repatriación al Interior de México (PRIM), el cual forma parte de los compromisos asumidos en el “Memorándum de Coordinación suscrito por la Secretaría de Gobernación de México y el Departamento de Seguridad Interna de EUA”, para salvaguardar la integridad física y seguridad de los migrantes; se reporta que los eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos, en 2021 ascendieron a 168 mil 498 en las entidades federativas y puntos oficiales de recepción.

El Programa de Repatriación para las y los mexicanos retornados desde EUA y Canadá, ejecutado a través del INM y en colaboración con otras dependencias del gobierno de México, consiste en tres etapas: salida, recepción y reintegración. Respecto a la última, el INM coordina a nivel federal y estatal a distintos actores que cuentan con acciones en beneficio de los connacionales en retorno, promoviendo su inclusión en todos los programas sociales, entre los que destaca:2

• Acceso a servicios de Salud, incluyendo la psicosocial.

• Acceso al empleo.

• Acceso a programas sociales que promuevan su recuperación de pertenencias

• Derecho a la identidad

• Revalidación de estudios

• Certificación y evaluación de capacidades y habilidades adquiridas

• Acceso a servicios financieros

• Orientación jurídica con temas en México

• Asesoría con temas pendientes en Estados Unidos o Canadá, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Como parte del esquema de apoyos otorgados en puntos de recepción fronterizos de los programas federales de atención a mexicanos repatriados desde Estados Unidos, la UPM reportó en enero de 2022, las siguientes cifras:

Fuente: Síntesis del cuadro 5.6.1 Apoyos otorgados en puntos de recepción fronterizos por programas federales de atención a mexicanos repatriados desde Estados Unidos, según tipo de apoyo.3

De los apoyos destinados a la población migrante repatriada a cargo del INM, el relacionado con el acceso a servicios financieros ocupa uno de los últimos lugares. En la mayoría de los casos, se debe a que las personas migrantes extravían o no tienen oportunidad de recuperar su documentación oficial de identidad en el proceso de repatriación, mismo que se lleva a cabo en menos de 24 horas a partir de la detención. Pese a la pandemia por el virus SARS-Cov2 (Covid-19), la administración del expresidente Donald Trump continuó con las deportaciones exprés, en condiciones indignas. Para incrementar las penurias que enfrentan, cuando regresan a nuestro país carecen de alternativas para acceder a programas sociales que permitan su integración.4

De acuerdo con la Ley de Nacionalidad, la documentación oficial que acredita la nacionalidad de la población es el acta de nacimiento, el certificado de nacionalidad mexicana, la carta de naturalización, el pasaporte, la cédula de identidad ciudadana y el Certificado de Matrícula Consular.

La Matrícula Consular, expedida por las oficinas consulares que corresponden al domicilio de las personas migrantes, con independencia de su estatus migratorio, cuenta con los siguientes elementos de seguridad: a) Fotografía digitalizada; b) Banda magnética, y c) Identificación holográfica.

Por su parte, Reglamento de Matrícula Consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el artículo 2, fracción I, reconoce que la Matrícula Consular, es un documento de identidad que expide una oficina consular a favor de connacional, para hacer constar que en el registro de mexicanos se encuentre matriculado por residir dentro de su circunscripción.

Asimismo, la SRE define a la Matrícula Consular como un documento público de alta seguridad, probatorio de nacionalidad y de identidad que acredita que el titular se encuentra domiciliado y registrado dentro de la circunscripción de la Representación de México en el Exterior que lo expidió.5

Pese a lo anterior, miles de mexicanas y mexicanos en contexto de repatriación no pueden acceder a servicios financieros, ya sea directamente en instituciones bancarias o en tiendas de conveniencia, para cobrar envíos de dinero o aperturar cuentas básicas, también conocidas como express, reponer sus plásticos; entre otros servicios, por no contar con la credencial para votar con fotografía o el pasaporte, reconocidos como documentos oficiales de identificación en este país para estos efectos.

Como parte de la reciente visita de trabajo en materia de asuntos migratorios al estado de Nuevo León, quienes suscribimos el presente exhorto, visitamos dos organizaciones donde conocimos directamente las necesidades de nuestros connacionales repatriados y migrantes internacionales. El primero es Casa Monarca , organización de la sociedad civil en la ciudad de Monterrey, que apoya a las personas migrantes que transitan por la ciudad y ayudan en sus necesidades más urgentes de alimentación, ropa, calzado, asistencia médica, orientación jurídica y acompañamiento. El segundo, Casa INDI , Hogar y Comedor de los Pobres Padre Infante, también en la capital de Nuevo León. Tras las visitas, identificamos que entre los reclamos más sensibles y generalizados se encuentran, en palabras de una persona entrevistada:

“Que la Matrícula Consular emitida por la SRE a través de los Consulados de México y sea reconocida como documento de identidad en todos los casos, porque una vez en México se nos niega el acceso a recursos que nos depositan nuestras familiares en el Oxxo, Extra o si queremos ir al banco para abrir una cuenta para que nos depositan no podemos por la falta de identificación y no podemos movernos entre los estados y a su vez el acceso al empleo o servicio de salud en caso de necesitarlo.

Para los regresamos a México, es difícil enfrentar el fracaso sin tener dinero para regresar al pueblo y esperar a que nos cobren comisión o nos roben, quiénes si pueden cobrar porque tienen IFE, aquí no vale la Matrícula Consular no es identificación.”

Ante la problemática de repatriación en aumento y la falta de expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana, como derecho fundamental previsto en el artículo 36, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quienes suscribimos esta propuesta de punto de acuerdo vemos con preocupación que se sigue usando en su defecto la Credencial para Votar con Fotografía del Instituto Nacional Electoral y otros documentos oficiales, como el Pasaporte emitido por la SRE, la Cédula Profesional a cargo de la Secretaría de Educación Pública, la Cartilla Militar Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional y el Certificado de Matrícula Consular, que expiden los consulados de México en el exterior.

Por lo anterior, consideramos urgente la intervención de la SRE y de la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV), para analizar la viabilidad de suscripción de un convenio de colaboración entre ambas instancias, con el objeto de validar la vigencia y la coincidencia de los datos contenidos en el Certificado de Matrícula Consular de las mexicanas y mexicanos quienes en contextos de repatriación decidan acceder a servicios financieros en instituciones bancarias y tiendas de conveniencia.

Nuestro criterio se basa sobre la consideración que la SRE tiene atribuciones en la materia previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la Ley de Nacionalidad y en la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Por su parte, la CNBV es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con facultades en materia de autorización, regulación, supervisión y sanción sobre los diversos sectores y entidades que integran el sistema financiero en México, así como sobre aquellas personas físicas y morales que realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero.

En este proceso y los acuerdos que se lleguen a tomar, tanto la SRE como la CNBV deben garantizar la protección de datos personales en términos de lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y, de esta forma, así como cumplir con las medidas de seguridad necesarias en documentos oficiales, para contribuir a la prevención de delitos como el fraude, la extorsión, permitiendo de la misma forma prevenir otras conductas delictivas como el lavado de dinero.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que, en el ámbito de sus atribuciones, analicen la viabilidad de suscripción de un convenio de colaboración en materia de verificación de datos contenidos en el Certificado de Matrícula Consular, con el objeto de que las mexicanas y mexicanos en contextos de repatriación, tengan acceso a servicios financieros en instituciones bancarias y tiendas de conveniencia.

Notas

1 Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2022, Secretaría de Gobernación, Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración; Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, México, 2022, páginas 117-119, 132.

2 https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/programa-de-repatriacion

3 Ídem, página 128.

4 https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/tema-migratorio-160221/

5 https://consulmex.sre.gob.mx/nuevayork/index.php/espanol/servicios-cons ulares/matricula-consular

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 5 de abril de 2022.

Diputados: Rosa María González Azcárraga, Héctor Israel Castillo Olivares (rúbricas).

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Con motivo del 5 de abril, Día Nacional del Cáncer de Pulmón, a cargo de la diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján, del Grupo Parlamentario de Morena

En México, desde hace cuatro años, cada 5 de abril se conmemora el Día Nacional contra el Cáncer de Pulmón,1 con la finalidad de atender tres objetivos: concientizar a la población sobre esta grave enfermedad; comunicar los factores de riesgos asociados a este padecimiento; y lograr que autoridades, sociedad civil y especialistas de la salud desarrollen políticas públicas que garanticen la prevención y el acceso al diagnóstico oportuno y los tratamientos integrales que mejoren la calidad de vida de las y los pacientes.

Escuchar que alguien cercano a nosotras tiene cáncer, nos produce tristeza y temor, sobre todo para las personas que no gozan de seguridad social, porque para ellas, esa enfermedad estuvo históricamente excluida de su atención gratuita en el sistema público y no se consideró para su financiamiento en el mal llamado Seguro Popular, es por ello que el gobierno de la cuarta transformación considerará en acatamiento de la instrucción del presidente de México a que toda atención, independientemente de la condición laboral de cada persona y de su situación de aseguramiento, se le debe proporcionar atención por el Estado. Nunca más, una persona con cáncer de pulmón debe ser excluida de la atención gratuita de su padecimiento, por ello, este Poder Legislativo debe establecer las normas que garanticen este derecho.

En 2020, se estimó una incidencia de más de 2 millones de casos de cáncer de pulmón en el mundo y alrededor de 1.8 millones de muertes por esta causa.2 En México, se registraron 7 mil 588 casos nuevos y 7 mil 100 muertes por cáncer de pulmón en el mismo año.3

La razón principal de su alta letalidad es su característica “silenciosa” en las etapas tempranas, lo que retrasa su detección.

Difundir los factores de riesgo de esta enfermedad es fundamental para su disminución a través de políticas de prevención y educación para la salud. Invertir en la prevención será mejor que curar o brindar cuidados paliativos en la etapa cercana a la muerte.

De acuerdo con la OMS, los principales factores de riesgo son el consumo de tabaco; respirar el humo de cigarrillo que otras personas producen; la exposición a la contaminación, la radicación, el humo de leña y al asbesto; el sedentarismo y una alimentación poco saludable.4

Es de resaltar que, en México, en algunas regiones esta enfermedad afecta principalmente a mujeres con una alta exposición al humo de leña, o carbón, utilizados como combustibles para cocinar, o para calentar los hogares.5

Hoy, además, se agrega como factor de riesgo los vapeadores, tecnología electrónica que no produce combustión, pero con lo cual la industria del tabaco busca continuar con sus ganancias al utilizar nuevas tácticas para retener a los fumadores de cigarros combustibles y, con ello, mantener y aumentar la adicción a la nicotina con los daños a la salud que esto implica. Dichos vapeadores se encuentran a la venta sin regulación alguna en tiendas de conveniencia, al alcance de la población infantil y adolescente y de la población en general.6

La acción nefasta de las empresas tabacaleras contra la salud de la población debe ser detenida. Son estas empresas las principales causantes de este padecimiento, no debemos permitir que continúen afectando la salud pública del mundo y de nuestro país.

También debemos impulsar las normas que garanticen los recursos necesarios para sustituir la utilización de la leña como combustible para preparar alimentos, no podemos permitir que las mujeres pobres se sigan enfermando por esta desigualdad.

Desde el Grupo Parlamentario de Morena mantendremos una alianza con las organizaciones de la sociedad civil y con el personal de salud para encontrar las mejores alternativas para disminuir este padecimiento.

Notas

1 Diario Oficial de la Federación (26 de enero de 2018). Decreto por el que se declara el día 5 de abril de cada año como “Día Nacional contra el Cáncer de Pulmón”. Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5511498&fecha=26/01/2018

2 International Agency for Research on Cancer (2020). Cancer Today. Global Cancer Observatory 2020. Disponible en

http://bit.1y/3bsvutw

3 Organización Mundial de la Salud (2020). Globocan 2020. OMS.

4 Organización Mundial de la Salud (2 de febrero 2022). Cáncer. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer

5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2 de febrero 2022). Estadísticas a propósito del Día Mundial contra el Cáncer (4 de febrero) Datos Nacionales. Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_CANCER22.pdf

6 Instituto Nacional de Salud Pública (2021). Evidencia actualizada sobre vapeo: un reporte del repositorio Sean. México: INSP.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2022.

Diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján (rúbrica)