Proposiciones

• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SSP de Guanajuato a redoblar esfuerzos para restablecer la paz social, suscrita por los diputados Emmanuel Reyes Carmona, Favio Castellanos Polanco y Pedro David Ortega Fonseca, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades competentes a practicar una auditoría integral al programa La Escuela es Nuestra e informar así a la ciudadanía sobre el ejercicio de los recursos, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Conacyt y la STPS a tomar las medidas conducentes a atender las demandas de los integrantes del programa Cátedras Conacyt y garantizar el cumplimiento de sus derechos laborales, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a liberar con la SHCP, el SAT y la STPS estímulos fiscales a empresas para poder deducir aportes tributarios, que recaigan en el ISR o en el ISN, a efecto de ayudar a mexicanos de 45 años y adultos en situación de vulnerabilidad durante esta pandemia, logrando una inserción e inclusión laboral, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT
• Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Jucopo de esta soberanía que cree un grupo de trabajo para dar seguimiento y atender la situación en materia migratoria respecto a lo suscitado en Tapachula, Chiapas, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y la FGR a reforzar las medidas de seguridad y acceso del personal autorizado en hospitales por el incremento del robo de infantes en sus instalaciones, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas dependencias a atender el funcionamiento de las alertas sísmicas dañadas en la Ciudad de México, a cargo del diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat, la Conagua y la Profepa a realizar acciones tendentes al saneamiento y rescate de la cuenca del río Duero, a cargo de la diputada Adriana Campos Huirache, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT a reparar y atender con la mayor brevedad los inmuebles de valor patrimonial dañados por la construcción de la línea 3 del tren ligero en Guadalajara Jalisco, a cargo del diputado Sergio Barrera Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para elaborar o actualizar un plan integral de mitigación de inundaciones y rehabilitación del sistema hidráulico, así como su implantación en la república y, en particular, en Tamaulipas, a cargo de la diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a revisar con base en evidencia científica los tratamientos alternativos para prevenir y combatir el SARS-Cov2, como complementos o coadyuvantes de las dosis suministradas en la estrategia nacional de vacunación, a cargo de la diputada María Teresa Castell de Oro Palacios, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Instituto Electoral de Guanajuato a dar seguimiento a la denuncia por violencia política de género contra la diputada Magdalena Rosales, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal y el secretario de Relaciones Exteriores a dar facilidades para el ingreso, el tránsito y la salida del territorio mexicano, aun con pasaporte vencido, a los venezolanos, dada la situación política en que se encuentran en su país, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades federales y mexiquenses a investigar a la ciudadana Delfina Gómez Álvarez por los hechos evidenciados por el INE que pueden constituir faltas administrativas graves de cohecho y, de encontrarlas afirmativas, sancionarlas, suscrita por los diputados Mariana Gómez del Campo Gurza y Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del PAN

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Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SSP de Guanajuato a redoblar esfuerzos para restablecer la paz social, suscrita por los diputados Emmanuel Reyes Carmona, Favio Castellanos Polanco y Pedro David Ortega Fonseca, del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos, diputados Emmanuel Reyes Carmona, Favio Castellanos Polanco y Pedro David Ortega Fonseca, integrantes de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición, de urgente u obvia resolución, con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La paz pública constituye se construyen en razón de la dignidad humana y los derechos que emanan de esta, pues “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.

El concepto de “paz social” adquiere en este contexto una especial significación ya que nos sitúa frente a la complejidad e incertidumbre del espacio público y, muy especialmente, frente a los conflictos que pueden generarse en unos contextos sociales en los que se ha multiplicado la diversidad. Desde esta dimensión, el concepto de “paz social” enlaza con el de “paz positiva”, en la medida en que con ella nos referimos a las condiciones de bienestar, justicia, solidaridad, concordia y equilibrio que deben alcanzarse en una sociedad para erradicar de ella la violencia .

Preocupa la violencia que está sucediendo en Guanajuato, pero preocupa aún más la indolencia de las autoridades estatales ante este escenario, pareciera que en lo que va de esta administración la meta es mantener posicionado a Guanajuato dentro de los primeros lugares de los territorios más violentos del mundo.

El claro ejemplo es lo ocurrido el domingo, 19 de septiembre, en la tarde en que dos hombres fallecieron, la tarde de este domingo, en Salamanca, Guanajuato; por un explosivo. Lo cual deja de manifiesto la gravedad e incremento de inseguridad que se vive en el estado.

Diversos estudios han catalogado, que tan solo en 2020 la tasa de homicidios fue de 73 víctimas por cada 100 mil habitantes, esto de acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Para hacer un comparativo más adecuado, de la gravedad del asunto, en el 2018 el país más violento del planeta fue El Salvador, con una tasa de homicidios de 52 víctimas por cada 100 mil habitantes.

En este sentido, está de más que las autoridades estatales quieran definir o no si se trata de terrorismo, es innegable que la ciudadanía guanajuatense vive en un estado constante de terror, con la incertidumbre de salir de casa a trabajar y tratar de regresar con vida.

Es necesario que el gobierno del estado asuma su responsabilidad de garantizar la seguridad de los guanajuatenses y de los visitantes, ya hemos comparado las tasas de homicidio estatal con estadísticas internacionales, ahora imagínense como está la entidad en sus números internos.

Los datos de incidencia delictiva municipal están por arriba de las 100 víctimas por cada 100 mil habitantes, el peor caso se encuentra en Santiago Maravatío, donde el indicador es de 208 casos por cada 100 mil habitantes, según México Social, ONG, quien nos comparte estos datos, es más peligroso vivir en Santiago Maravatío que en Siria. Dichos datos son muy alarmantes, porque existe la posibilidad de que estas cifras sean mucho más graves, pues al gobierno estatal le conviene disfrazar un homicidio intencional como un homicidio culposo, reduciendo así sus índices.

Sin embargo, la gravedad del tema se encuentra sobre la mesa, desde la Cámara de Diputados hacemos un enérgico llamado al gobierno de Diego Sinhué y al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato para que asuman su responsabilidad y garanticen el estado de derecho en Guanajuato, pues, no es posible que la delincuencia siga actuando con impunidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto ante esta soberanía la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Secretario de Seguridad Pública del estado de Guanajuato, a efectos de que redoble los esfuerzos y estrategias de seguridad pública para que se restablezca la paz pública en dicha entidad federativa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días de septiembre de 2021.

Diputados: Emmanuel Reyes Carmona, Favio Castellanos Polanco, Pedro David Ortega Fonseca (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades competentes a practicar una auditoría integral al programa La Escuela es Nuestra e informar así a la ciudadanía sobre el ejercicio de los recursos, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Héctor Saúl Téllez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a las autoridades competentes a practicar una auditoría integral exhaustiva del programa social La Escuela es Nuestra, a fin de informar a la ciudadanía sobre el ejercicio de los recursos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Para 2022, la Secretaría de Educación Pública solicitó un presupuesto de 364 mil 484 millones de pesos, lo que significa un incremento en términos reales de 4 por ciento respecto a 2021.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de 2022 se advierte que, aunque el presupuesto solicitado a programas y acciones para mejorar la infraestructura escolar del país tendría un incremento del 9 por ciento en términos reales respecto al destinado en 2021, para el próximo año se destinarían 14 mil 763 millones de pesos, es decir, 4 por ciento del presupuesto de educación.

Estos recursos se concentrarán en cinco programas: La Escuela es Nuestra, Mantenimiento de Infraestructura, Programa nacional de reconstrucción, Proyectos de infraestructura física educativa y el Programa de mantenimiento e infraestructura física educativa.

Salta a la vista y es alarmante que si bien se trata de cinco políticas que atenderán la infraestructura educativa, el programa La Escuela es Nuestra concentra los recursos pues de acuerdo con la propuesta, para este programa se están solicitando 13 mil 964 millones de pesos, un incremento en términos reales de 11 por ciento respecto a 2021. La Escuela es Nuestra es uno de los programas prioritarios de la administración federal. Este programa se incorporó al PEF en 2019.

Originalmente su objetivo era mejorar las condiciones de la infraestructura y el equipamiento de planteles públicos de educación básica por medio de la asignación de un subsidio económico directo al comité escolar de administración participativa (CEAP), conformado por las figuras docentes, madres, padres, tutores y alumnos con los siguientes cargos:

• Presidente (madre, padre, tutor o cuidador).

• Secretario (madre, padre, tutor o cuidador; directivo, docente o figura educativa).

• Tesorera (madre o tutora).

• Dos vocales (madre, padre, tutor o cuidador; directivo, docente o figura educativa).

• Un estudiante (alumna o alumno a partir del cuarto grado, sin derecho a voto y con autorización de madre, padre o tutor).

Las funciones del CEAP son

• Recibir y administrar los recursos asignados al plantel.

• Realizar el diagnóstico y elaborar el plan de trabajo.

• Ejecutar las acciones y acuerdos adoptados en la asamblea escolar.

• Llevar el registro y comprobación de los gastos.

• Rendir cuentas del uso y aprovechamiento de los recursos.

En 2021 se ampliaron sus objetivos y se incluyeron subsidios a los CEAP y al personal docente para servicios de alimentación en los planteles y la ampliación del horario de las escuelas entre seis y ocho horas diarias.1

Pero a raíz del regreso a clases presenciales el 30 de agosto del presente año (desde marzo de 2020 a fin de evitar la propagación de contagios a causa de la pandemia por Covid-19), han sido detectadas que las condiciones de los planteles educativos no son óptimas porque a lo largo de todos esos meses no se les dio ningún tipo de mantenimiento.

De acuerdo con datos del primer Informe de la Jornada Nacional en Apoyo al Regreso Seguro a las Escuelas, elaborado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 48 mil 667 escuelas requieren reparaciones de infraestructura y más de 31 mil planteles no cuentan con agua potable.

Las escuelas con necesidades de tipo hidráulico, de electricidad y sanitarias están concentradas sobre todo en los estados de Guanajuato, Tamaulipas, Puebla y Guerrero, de acuerdo con información contenida en el informe antes mencionado.

El programa La Escuela es Nuestra había ejercido al segundo trimestre de 2021 el 83 por ciento del presupuesto asignado, de 10 120 800 000 pesos; sin embargo, con un subejercicio de un poco más de 1 000 000 000 de lo que se tenía previsto.

En 2008 se creó el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), mediante decreto por el que se expide la Ley General de la INFE en el Diario Oficial de la Federación.

El Inifed emite normas y especificaciones técnicas, participa en la elaboración de normas mexicanas, y elabora guías operativas para la administración de los recursos destinados a la infraestructura educativa.

En 2019 se propone desaparecerlo pasando el presupuesto a manos de la SEP, para no desentonar con la tendencia centralista de la administración pública federal y su obsesión por centralizar la dispersión de recursos, ahora quienes recibirían los recursos serán las sociedades de padres de familia de preescolares, primarias y secundarias del país con el fin de que ellos sean quienes cuiden las instalaciones educativas, a través del programa La Escuela es Nuestra.2

Derivado de lo anterior, a partir de 2019 se observa que el presupuesto para el Inifed se reduce drásticamente y, en contraparte, el de La Escuela es Nuestra cada año ha tenido un incremento sumamente considerable:

La Escuela es Nuestra, una transferencia directa a cada uno de los CEAP, es considerado un subsidio y por ende forma parte del gasto corriente y no como gasto en infraestructura, lo cual repercute en que la inversión en infraestructura educativa se mantenga a la baja.

Entre 2010 y 2021, el gasto público en infraestructura educativa ha caído en promedio 21.6 por ciento real cada año. Tan sólo en 2021, el presupuesto asignado a este propósito asciende a 240 mdp, lo que resulta 79.1 por ciento menor en términos reales que el ejercido en 2020.

De 2019 a 2021, educación básica y servicios científicos y tecnológicos son los que han tenido subejercicios constantes. El rubro de otros servicios educativos y actividades inherentes ha tenido anomalías año con año, ya que el presupuesto aprobado en el PEF contra la Cuenta Pública siempre tiene aumentos considerables.

En temas de la educación pública en México, es verdad que hay incremento anual del presupuesto. Sin embargo, más de 98 por ciento corresponde a gasto corriente, por lo que la inversión es decreciente en este campo.

La decisión de esta administración no está del todo planeada, como tristemente nos han acostumbrado, ya que es necesario que especialistas analicen el mantenimiento y la construcción de una escuela, y no una sociedad de padres de familia, con lo que aumenta el riesgo de accidentes fatales en las escuelas.

La desaparición del Inifed trae una serie de problemáticas; el mayor de todos, que no habrá expertos en temas de infraestructura para tomar decisiones.

El segundo es a partir de la creación del programa La Escuela es Nuestra, no existe un fondo que sea específico para temas de infraestructura en escuelas. Con este programa, se le otorga facultades de decisión al CEAP, dejando a un lado la inversión regular en infraestructura y mantenimiento.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a incluir en el programa anual de auditoría del siguiente ejercicio fiscal una exhaustiva revisión del programa social La Escuela es Nuestra, con objeto de que los resultados que arroje dicha auditoría sean públicos y se informe a la ciudadanía sobre la forma en que han sido ejercidos los recursos de dicho programa.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la secretaria de la Función Pública a realizar una revisión a detalle del actuar del personal encargado de llevar a cabo la selección de los planteles por ser beneficiados por los componentes del programa social La Escuela es Nuestra, y del personal encargado de la asignación de recursos; esto, a fin de informar a la ciudadanía si no hubo irregularidades en dichos procesos.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, a rendir un informe pormenorizado a la opinión pública respecto a los planteles intervenidos por el programa La Escuela es Nuestra, y enumerar todas las mejoras llevadas a cabo en los planteles educativos beneficiarios del programa, así como montos ejercidos en cada uno de los beneficiados y la relación de comités escolares de administración participativa que hayan solicitado y recibido recursos del programa en cometo durante los ejercicios fiscales de 2019 a 2021, a fin de tener certeza de cómo han sido ejercido los recursos destinados al mejoramiento por medio del programa La Escuela es Nuestra.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, a garantizar que las reglas de operación del programa La Escuela es Nuestra se elaboren de modo que cuenten con más y mejores herramientas de fiscalización y transparencia, y se agregue la obligación de que sean presentadas las evidencias de resultados del programa que permitan una adecuada fiscalización del destino del gasto de dicho programa y se eviten la discrecionalidad y corrupción en el uso del gasto asignado a este sensible programa.

Quinto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, a atender las necesidades de infraestructura educativa apremiantes de mantenimiento preventivo y correctivo en los centros educativos, instalaciones eléctricas y, en especial, los servicios de agua potable en atención de la contingencia sanitaria a causa del Covid-19.

Notas

1 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610347&fecha=26/01/2 021

2 DOF, 4 de enero de 2021, https://www.dof.gob.mx/imagesnew/word.jpg

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2021.

Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Conacyt y la STPS a tomar las medidas conducentes a atender las demandas de los integrantes del programa Cátedras Conacyt y garantizar el cumplimiento de sus derechos laborales, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada Norma Angélica Aceves García , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y a la Secretaría de Trabajo y Previsión social (STPS) a que en el ámbito de sus atribuciones tomen las medidas pertinentes para atender las demandas de los integrantes del programa “Cátedras Conacyt” y garanticen el cumplimiento de sus derechos laborales.

Consideraciones

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (en adelante Conacyt) es un organismo descentralizado del Estado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía técnica, operativa y administrativa, con sede en la Ciudad de México.1

Dicho Consejo fue creado el 29 de diciembre de 1970 por disposición del honorable Congreso de la Unión, con el objetivo de impulsar el desarrollo científico del país a través de la formación de cuadros profesionales de recursos humanos, el fomento y financiamiento de proyectos de investigación, así como la difusión de la información tecnológica y específica que se concluyera de estos.

Además de las actividades mencionadas, actualmente esta institución es la responsable de la organización y administración del sistema de becas para que la población mexicana tenga la oportunidad de estudiar un posgrado, ya sea dentro del país o en el extranjero, la coordinación del Sistema Nacional de Investigadores y la creación de políticas públicas en humanidades, ciencias, tecnología e innovación de México.

Para garantizar la ejecución de dichas tareas, el Consejo cuenta con 26 centros públicos de investigación y otorga cada año alrededor de 85 mil becas de posgrado para maestrías, doctorados, posdoctorado y especialidades. Por otro lado, también financia el trabajo de más de 30 mil personas investigadoras de las cuales alrededor de dos mil colaboran en diversas instituciones públicas en el país.

Esta última actividad nació en el 2014 cuando se lanzó el programa Cátedras Conacyt con el objetivo de posicionar a investigadoras e investigadores en las Instituciones de Educación Superior Públicas, en los centros públicos de investigación y en las entidades del sector público federales y estatales, de tal manera que se formen áreas especializadas y prioritarias de estudio superior dentro de la administración pública del país.

Las Cátedras Conacyt son dirigidas a jóvenes investigadores (la edad promedio es de 36 años) con doctorado, instituciones de educación superior públicas, centros públicos de investigación y en general a instituciones públicas de cualquier del nivel de gobierno estatal o federal que se dediquen a la investigación.

Dentro de este proyecto las instituciones presentan “planes de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, que tengan por objetivo atender problemas de importancia nacional” de manera que aquellos que se consideren de mayor relevancia y calidad son elegidos por el Conacyt para asignar entre una hasta cinco cátedras por proyecto, las cuales son ocupadas por candidatos que la Institución beneficiada propone, que a su vez tienen que ser ratificados por el Consejo.

Esta política pública tiene grandes beneficios para el país, ya que gracias a ella hay personas investigadoras que pueden ocupar cargos públicos y desarrollar técnica y científicamente un tema en favor de México y su población, a la vez que disponen de un salario y prestaciones aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por otro lado, las instituciones públicas también se ven beneficiadas al reclutar recursos humanos expertos en áreas específicas para llevar a cabo proyectos institucionales sin tener que disponer de su propio presupuesto para hacerlo.

Según cifras oficiales del propio Conacyt, “actualmente mil 76 a investigadoras e investigadores desarrollan 664 proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico en 132 instituciones de todo el país, de los cuales el 75 por ciento pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SIN) y el 42 por ciento es ocupado por mujeres”.

En cuanto a la distribución de las Cátedras es el Consejo quien las determina de acuerdo con la prioridad de los temas conforme al contacto nacional en relación con el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. De tal manera, que a la fecha los catedráticos están desplegados en cinco tipos distintos de proyectos, de la siguiente forma:

-Desarrollo Tecnológico: 27 por ciento.

-Ambiente: 14 por ciento.

-Desarrollo Sustentable: 14 por ciento.

-Salud: 14 por ciento.

-Conocimiento del Universo: 12 por ciento.

-Sociedad: 11 por ciento.

-Energía: 8 por ciento.

Esta política funcionaba de manera favorable, de tal forma que desde el 2014 más de 6,420 jóvenes se habían inscrito al Padrón de Jóvenes Investigadores con la intención de unirse a Cátedras Conacyt como medio para incorporarse al mercado laboral del país. Sin embargo, recientemente se han dado una serie de arbitrariedades han afectado la situación laboral de los investigadores de las Cátedras, por ejemplo, el hecho de ser asignados en las listas de “personal de confianza” de las instituciones en las que están colaborando, a pesar de no pertenecer formalmente a ellas.

En ese sentido, quienes integran este programa han comenzado la búsqueda de mecanismos que les garanticen el cumplimiento de sus derechos laborales de tal manera que en búsqueda de una negociación para la firma de un contrato colectivo, algunos de los integrantes de las Cátedras se han unido al Sindicato Independiente de Trabajadores de Investigación de Cátedras Conacyt (Siintracátedras), el cual se encuentra registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social desde el 20 de febrero del 2020.

No obstante, no han recibido respuesta alguna y, por el contrario, el 26 de agosto del 2021, a través del comunicado 236 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se informó la creación del Estatuto de Personal Académico (EPA), en el cual se establece que para seguir siendo parte del programa de Cátedras es necesario comprobar “su inserción laboral en la institución receptora o en cualquier otra”, es decir, que deberán ser contratados formalmente por alguna entidad distinta al Conacyt.

Diversos investigadores han manifestado su inconformidad con dicha decisión pues la consideran una precarización laboral. De tal manera que, en días recientes, a través de la red social Twitter, utilizando la etiqueta #BuscoTrabajo, denunciaron lo sucedido. A continuación, se mencionan algunos ejemplos que demuestran el sentir de las y los académicos:

“#BuscoTrabajo. Soy doctora en Ciencias Sociales y me especializo en antropología de las violencias y de la justicia, metodologías y espistemologías feministas y colaborativas. Actualmente soy Catedrática @Conacyt_MX y para conservar mi trabajo tengo que buscar trabajo.”

“#BuscoTrabajo Doctor en Sociología. SNI 1. Especialista en sociología de grupos armados, violencia criminal y política de drogas. Experiencia en investigación, docencia, vinculación y difusión. Catedrático @Conacyt_MX. Pero, para conservar mi empleo tengo que buscar empleo.”

“#BuscoTrabajo para conservar mi trabajo como cátedra Conacyt. Soy doctora en Ciencias de los alimentos, SNI1, trabajo con alimentos de origen vegetal y su función en la prevención y el tratamiento enfermedades crónicas no transmisibles.”

Resulta importante mencionar que el Conacyt tiene la obligación de promover la participación de la comunidad científica en el sector público. Lo anterior de acuerdo al artículo 2, fracción IX de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que a la letra expone lo siguiente:

“Artículo 2. El Conacyt tendrá por objeto ser la entidad asesora del Ejecutivo federal y especializada para articular las políticas públicas del gobierno federal y promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país. En cumplimiento de dicho objeto le corresponderá al Conacyt, a través de los órganos que establece esta Ley y de sus representantes, realizar lo siguiente:

I a VIII...

IX. Promover la participación de la comunidad científica y de los sectores público, social y privado en el desarrollo de programas y proyectos de fomento a la investigación científica y tecnológica y al desarrollo tecnológico;

X a XXX...”

Por otro lado en cuanto a las obligaciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece:

“Artículo 40. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I a XVIII...

XIX. Promover la democracia sindical y el acceso a la contratación colectiva;

XX a XXII...”

Ante tales circunstancias, hago un llamado a las autoridades correspondientes a realizar las acciones necesarias para solucionar esta situación, con la intención de hacer cumplir lo establecido en la Ley, ya que tanto al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social les corresponde atender las demandas y necesidades de las y los investigadores, toda vez que son parte esencial para el desarrollo del país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a que, en el ámbito de sus atribuciones, tome las medidas pertinentes para atender las demandas de quienes integran el programa “Cátedras Conacyt” y garantice el cumplimiento de sus derechos laborales.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a que, en el ámbito de sus atribuciones, tome las medidas pertinentes para atender las demandas de quienes integran el programa “Cátedras Conacyt” y garantice el cumplimiento de sus derechos laborales.

Nota

1 Artículo 1 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, 5 de junio de 2002.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre del 2021.

Diputada Norma Angélica Aceves García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a liberar con la SHCP, el SAT y la STPS estímulos fiscales a empresas para poder deducir aportes tributarios, que recaigan en el ISR o en el ISN, a efecto de ayudar a mexicanos de 45 años y adultos en situación de vulnerabilidad durante esta pandemia, logrando una inserción e inclusión laboral, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Ana Karina Rojo Pimentel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero sustenta el derecho a la no discriminación por actos que tengan por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, ya sea por origen étnico, género, edad, discapacidades, condición social, salud, religión, opiniones o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo quinto provee la libertad de ocuparse en la profesión, industria, comercio o trabajo que se le acomode siendo lícito y la única razón para vedarse es por determinación judicial, se ataquen derechos de terceros o por resolución gubernativa.

Estando alertas y de conocimiento por los obstáculos causados por la enfermedad de Covid-19, y que, tomando en cuenta los avances en la generación de empleos, hay aún números alarmantes respecto a la desocupación laboral.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), durante el segundo trimestre de 2021, se tomó como totalidad la población de 15 años y más, que representa a 97.7 millones de mexicanos.

De esos 97.7 millones que representan el cien por ciento, sólo 57.7 millones (59 por ciento) se encuentra categorizada como población económicamente activa (PEA), que se refiere a todas las personas en edad de trabajar, o contaban con una ocupación durante el periodo de referencia o no contaban con una, pero estaban buscando emplearse con acciones específicas. Así, la PEA tiene 4.2 por ciento de población desocupada (2.4 millones de personas de 15 años y más), es decir abiertamente desempleada.

Sin embargo, la población no económicamente activa (PNEA) representa 41 por ciento, es decir 40 millones de personas que no participan en la actividad económica ni como ocupados ni como desocupados.

De ese 41 por ciento de PNEA como totalidad, 19.8 por ciento se encuentra disponible para ocuparse laboralmente, es decir, 7.9 millones de mexicanos de 15 años o más dispuestos a emplearse.

Ahora, teniendo el contexto de la situación del país, y tomando sólo los datos de la población económicamente activa brindadas por el Inegi y su ENOE, la población desocupada de 45 años y más pasó de 641 mil 112 desempleados en el segundo trimestre de 2020 a 544 mil 67 en el segundo trimestre de 2021. Contando con un detrimento en el desempleo de apenas 97 mil 45 mexicanos en un año.

Por lo anterior, sabemos que los adultos de 45 años y más, añadiendo a los adultos en situación de vulnerabilidad, necesitan de un impulso frente a las generaciones más jóvenes en cuanto a la oportunidad de ocuparse y participar de manera activa en la situación económica del país.

Se toma como un acto de discriminación que vulnera los derechos de los mexicanos y como excusa la asunción que los adultos y el avance de las tecnologías de la información y la comunicación no son compatibles o imposibles de dominar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de la honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Que esta honorable Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al titular del Ejecutivo federal para que, de acuerdo a su facultad plasmada en el artículo 39, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Sistema de Administración Tributaria y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, liberen estímulos fiscales a empresas para poder deducir aportes tributarios, y que recaigan en el Impuesto sobre la Renta (ISR) o en el Impuesto sobre Nómina (ISN), a fin de ayudar a mexicanos de 45 años y adultos en situación de vulnerabilidad durante esta pandemia, logrando una inserción e inclusión laboral.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre 2021.

Diputada Ana Karina Rojo Pimentel (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Jucopo de esta soberanía que cree un grupo de trabajo para dar seguimiento y atender la situación en materia migratoria respecto a lo suscitado en Tapachula, Chiapas, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado Salvador Caro Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. En nuestro país en los últimos meses la ciudad de Tapachula en el estado de Chiapas se ha convertido en una de las fronteras más transitadas del mundo a causa de la migración de centroamericanos en búsqueda de mejores condiciones de vida. Desde el mes de junio de 2019, el Gobierno mexicano firmó un acuerdo migratorio con Estados Unidos de América (EUA) con el objeto de reducir el flujo de migrantes e impedir que transiten en nuestro territorio para llegar a EUA. En ese año, conforme a datos del Instituto Nacional de Migración (INM) se reportó que entre junio y julio ingresaron 39 mil 267 extranjeros a nuestro territorio, provenientes de Honduras, El Salvador, Haití y Guatemala, de los cuales prácticamente ochenta por ciento fueron deportados a su país de origen, es decir 31 mil 146 fueron retornados cuando empezaron los efectos de dicho acuerdo migratorio, lo cual ha originado racismo, xenofobia, discriminación y una serie de violación de derechos humanos.1

Muchas de las razones por las que los migrantes optan por cambiar de país obedecen principalmente a buscar mejores condiciones de vida para ellos y sus familiares o por la situación política, social o económica de su país de origen. México, a pesar de ser un país que se destacaba por su política migratoria, optó por desplegar a más 6 mil elementos de la Guardia Nacional para contener el flujo de migrantes centroamericanos que pretenden llegar a nuestro país para solicitar su estancia legal, refugio o trabajo.

La frontera sur cuenta con diez puntos de interacción para el cruce de peatones y vehículos, entre ellos el que se ubica en Tapachula, Chiapas, donde se ha observado un incremento sustancial de migrantes que pretenden ingresar a nuestro país, lo que ha derivado en que los últimos seis meses las autoridades mexicanas tengan un colapso de solicitudes de asilo o trámites que resuelvan su estatus migratorio, lo que a su vez ha ocasionado una molestia generalizada en los mismos por no darles una respuesta, sumado a la presión de EUA por contenerlos en la frontera sur.

La Secretaría de Gobernación reportó que durante los últimos siete meses de este 2021 se detuvo a 117 mil migrantes dentro del territorio nacional, 23 mil más comparados con el mismo periodo de 2020. Nuestro país atraviesa por un momento crítico en esta materia ya que tan sólo en Tapachula, Chiapas, se tienen 77 mil solicitudes para el ingreso al territorio nacional, por lo que debemos poner atención en ese punto migratorio.2

II. La incapacidad de las autoridades mexicanas en materia migratoria y los operativos de la Guardia Nacional en conjunto con el Ejército han generado que las personas migrantes, ante la desesperanza y los abusos por los que están pasando, traten de ingresar a la fuerza a nuestro territorio nacional mediante caravanas de diversos países. Asimismo, es preciso señalar que se ha notado un incremento de tránsito de niños, niñas y adolescentes.

Desde el primer trimestre de este 2021, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha documentado un incremento de hasta de 3 mil 500 menores de edad que viajan solos hasta dos meses, por lo que corren peligro de ser víctimas de algún delito o de explotación infantil.3 Además, los que viene acompañados por sus padres o algún familiar son utilizados como escudos humanos cuando se realiza un operativo de contención de la Guardia Nacional de alguna caravana; incluso, la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos señala que existe una sobrepoblación de 250 por ciento en los albergues del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).4

La situación actual que prevalece en Tapachula, Chiapas, no puede ser ignorada por las autoridades mexicanas. Hemos sido testigos durante las últimas semanas en los diversos medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil o por las propias autoridades de cómo los funcionarios de INM y la Guardia Nacional para contener el flujo migratorio han arrinconado, golpeado, pateado, detenido, encerrado y emprendido una cacería de migrantes centroamericanos en nuestro país.

Lo anterior ha generado una serie de críticas a nivel internacional por las violaciones de derechos humanos y la evidente injerencia de EUA en nuestra soberanía nacional; la poca visión humanitaria que marcó por décadas a nuestro país de asilo o hermandad hacia los migrantes reflejan la crisis gubernamental en materia de seguridad.

Las caravanas de migrantes no pueden ser tratados de forma inhumana e indignante, pues constituye una violación a los derechos humanos y a la política migratoria de tránsito que señalan la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la General de Población y la Ley de Migración.

Por tal razón, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propone la creación de un grupo de trabajo plural de diputados y diputadas de esta Cámara de Diputados, a fin de que se dé puntual seguimiento a la situación de los hechos suscitados en Tapachula, Chiapas, ante las posibles violaciones a los derechos humanos de nuestros hermanos migrantes provenientes de Centroamérica.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para la creación de un grupo de trabajo plural de diputadas y diputados con el objeto de dar seguimiento y atender la situación en materia migratoria relacionada con los hechos suscitados en la comunidad de Tapachula, Chiapas.

Segundo. El grupo de trabajo deberá ser formado por el número de miembros que así determine la Junta de Coordinación Política y de todos los grupos parlamentarios respetando la paridad de género entre sus miembros.

Tercero. El grupo de trabajo en materia migratoria realizará las actividades que estime necesarias para darle puntual seguimiento de los hechos ocurridos en Tapachula, Chiapas, en materia migratoria, y contará con los apoyos necesarios que así determine la Junta de Coordinación Política y estará vigente hasta la conclusión de su objeto o bien en cuanto se integré la Comisión de Migración de la LXV Legislatura y acuerde lo conducente.

Notas

1 México ha deportado a 80 por ciento de migrantes desde que se firmó acuerdo con EU, periódico El Financiero , 22 de julio de 2019, recuperado de:

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/en-mes-y-medio- mexico-deporto-a-80-de-migrantes-que-llegaron-al-pais/

2 Rebasa flujo migratorio a México, periódico El Norte , 9 de septiembre de 2021, recuperado de: Norte

https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/arti culo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/rebasa-flujo-migratorio-a-m exico/ar2255410?referer=—7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a78—

3 Se dispara el número de niños migrantes en México durante los primeros tres meses de 2021, Organización de las Naciones Unidas, 20 de abril de 2021, recuperado de:

https://news.un.org/es/story/2021/04/1491052

4 Son niños migrantes escudos humanos, periódico El Norte , 14 de septiembre de 2021, recuperado de:es

https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/arti culo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/son-ninos-migrantes-escudos -humanos/ar2258231

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2021.

Diputado Salvador Caro Cabrera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y la FGR a reforzar las medidas de seguridad y acceso del personal autorizado en hospitales por el incremento del robo de infantes en sus instalaciones, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, el artículo 79, numeral 1, y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, con las siguientes

Consideraciones

Más de 4 millones de bebés nacen por año, en aproximadamente 4,800 centros hospitalarios. La mayoría de estos regresa a sus casas con sus padres. Entre 1983 y 1991, 69 recién nacidos fueron literalmente robados de los hospitales por extraños a las familias. Si bien más del 90% de estos bebés fueron localizados y devueltos a sus padres sin daños, generalmente dentro de las primeras horas, cuatro de estos niños aún se encuentran desaparecidos. Obviamente, el robo de un bebé representa una tragedia para la familia involucrada.

Pero de impacto también puede ser devastador para el hospital en donde ocurrió el hecho. La publicidad que rodea generalmente estos eventos puede afectar severamente la reputación del centro, con pérdidas que son mucho mayores que las de un eventual juicio.

Aún devolviendo al niño sin ningún daño, lo más probable es que se inicie una demanda. Un experto estima que, el 95% de estos casos termina con un reclamo judicial al hospital.

El robo de un bebé expone al hospital al menos en dos frentes. Todo centro tiene una obligación general (además de la contractual) de tomar todas las medidas razonablemente necesarias para prevenir la ocurrencia de daños tanto a los pacientes (el niño) como a terceras personas (los padres). Es por ello que el hospital puede ser responsable tanto por los daños físicos o psicológicos del niño robado como del daño psicológico de los padres como así también de los costos que demanden la recuperación del niño.

Es virtualmente imposible predecir qué hospitales presentan un mayor riesgo de robo o secuestro de niños. Si bien el perfil del típico secuestrador es claramente conocido, las estadísticas del FBI y del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (Nacional Center for Missing and Exploited Children) demuestran que estos robos se produjeron tanto en grandes hospitales urbanos como en pequeños centros rurales. Si bien en muchos casos los secuestradores lograron burlar las medidas de seguridad, hay distintos pasos que los hospitales y clínicas pueden, y deberían tomar para prevenirse de esta amenaza. Entre estos pasos, podemos mencionar los siguientes:

1. Desarrollar normas y procedimientos escritos

2. Controlar el acceso.

3. Capacitar al personal

4. Capacitar a los padres

5. Desarrollar un plan de respuesta ante el incidente.

Un personal capacitado y advertido en estos temas podrá prevenir la ocurrencia de un robo o bien, en el caso de que haya un intento, podrá detener al secuestrador en la salida. Debe haber un entrenamiento continuo. El mismo debe realizarse con todo el personal nuevo como así también en intervalos regulares con el personal estable.

Algunos expertos recomiendan actualizaciones trimestrales y otros anuales. La frecuencia puede estar determinada por el grado de cumplimiento de las normas por parte del personal. El acatamiento de las mismas debería ser supervisado por la jefa de enfermería

El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), también recomienda al personal hospitalario que esté alerta a cualquier conducta sospechosa o inusual, como: Repetidas visitas “sólo para ver” o “sólo para alzar” al bebé Preguntas repetidas acerca de los procedimientos del hospital y del diseño de la planta, tales como “¿a qué hora lo alimentan?”, “¿cuándo les llevan los bebés a las madres?”, “¿dónde están las puertas de emergencia?”, “¿adónde conducen las escaleras?”, “¿hasta qué hora se permiten las visitas en el piso?” Personas que se llevan uniformes o cualquier otro medio de identificación del hospital.

Este tipo de conductas debería ser notificada a la supervisora de enfermería, al encargado de seguridad y a la administración. El NCMEC también recomienda retener a la persona y que la misma sea entrevistada por la supervisión de enfermería y por el personal de seguridad. El NCMEC también recomienda que cada hospital designe a una persona para alertar a otros centros con atención obstétrica del área cuando ha habido algún intento o cuando alguien tiene este tipo de conductas. Todo robo debe ser denunciado a la policía y a las autoridades que correspondan.

Exposición de Motivos

Hace unos meses se dio a conocer la noticia de que un video de una cámara de seguridad de las inmediaciones del Hospital General, en Ciudad de México, captó el momento en que una mujer huyó del lugar con una bebé en brazos a la que no conocía, hecho denunciado por los familiares de la menor como un robo y secuestro.

En la grabación, tomada de la estación del metro cercana al hospital, se ve al adolescente junto a la mujer desconocida, que sostiene a la bebé en brazos mientras él entra a un negocio. Un minuto después, la sospechosa huyó con paradero desconocido.

Pero el caso anterior, no es un hecho aislado, recientemente localizaron a una bebé robada en Zapopan, Jalisco. La recién nacida que fue sustraída por una mujer que se hizo pasar por enfermera del Hospital General de Occidente, ya fue localizada, sana y salva por la policía municipal en la colonia Arcos de Zapopan. No obstante, aún se desconoce el paradero de la persona que se había llevado a la bebé.

No podemos ser intransigentes antes estos deleznables acontecimientos, algo tan importante como la seguridad y la vida de un recién nacido no puede quedar en manos de la suerte y de no tener la certeza de que llegara con bien a los brazos de sus familiares.

Es necesario modificar los mecanismos de seguridad en los recintos hospitalarios, tanto del personal como de las instituciones de seguridad, si bien hay muchos frentes por atender en el ámbito de la salud, este sin duda, es uno de los mas importantes.

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud y a la Fiscalía General de la Republica a que, de la mano, refuercen las medidas de seguridad y acceso del personal autorizado en hospitales, respecto a la alza en el robo de infantes dentro de sus instalaciones.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como a los hospitales Materno Infantil del sector público como privado para desarrollar, reforzar e implementar normas y procedimientos escritos en materia del control de acceso, capacitación del personal, capacitación a los padres en un plan de respuesta ante el robo de infantes dentro de los recintos hospitalarios.

Nota

1 Nacional Center for Missing and Exploited Children. Disponible en: https://www.missingkids.org/HOME

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, a los 21 días del mes de septiembre de 2021.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas dependencias a atender el funcionamiento de las alertas sísmicas dañadas en la Ciudad de México, a cargo del diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario del PAN

El diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción 2, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de diversas dependencias a atender el funcionamiento de las alarmas sísmicas dañadas en la Ciudad de México, al tenor de los siguientes

Antecedentes

La Ciudad de México fue fundada sobre los cimientos de un enorme sistema de lagos que conforman el Valle de México. Dichos cuerpos de agua, actualmente se encuentran canalizados a través de mega estructuras hidráulicas y canales pluviales. Esto ha ocasionado que derivado de los asentamientos humanos, la Ciudad de México se hunda al menos 50 centímetros al año.1

La ubicación de México la hace propensa a vivir sismos fuertes debido a que está en la llamada zona de subducción. Este tipo de zonas son partes de la tierra donde una placa de la corteza terrestre se desplaza lentamente debajo de otra. En el caso de México, una placa oceánica, la de Cocos, se desliza gradualmente bajo la placa continental, la de Norteamérica

Con el tiempo se crea tensión por la fricción entre las placas y, en determinado momento, la tensión es tal que la energía reprimida se libera en forma de sismo.

La zona de subducción responsable de los dos terremotos recientes va a lo largo de la costa de Centroamérica, desde el centro de México a Panamá, dijo Gavin Hayes, un investigador geofísico del Servicio Geológico de Estados Unidos. Hay otras zonas de subducción en el mundo que, dicen los expertos, son las causantes de la mayoría de los terremotos más potentes.2

En conjunto, la Ciudad de México por sus condiciones de asentamiento y la ubicación geofráfica del país, hacen totalmente vulnerable a la capital ante movimiento telúricos de gran magnitud.

El 19 de septiembre de 1985, México había sufrido el peor terremoto del tiempo moderno, cobrando alrededor de 10 mil vidas y más de 200 inmuebles dañados. Derivado de este terremoto, la sociedad mexicana y gobierno, tomaron consciencia sobre la eventual desgracia que podría suscitarse en un futuro incierto. Por lo que se aplicaron diversas políticas en materia de protección civil y prevención de desastres.

Treinta y dos años después, el país sufrió un par de terremotos de magnitudes altas; el primero de 8.1 grados sobre la escala de Richter, y el segundo de 7.1 grados. El segundo, más devastador que el primero, pues su epicentro se suscito a 100 km de la capital del país generando la caída de decenas de inmuebles y cobrando más de 700 vidas.

La Ciudad de México, cuenta con una red de altavoces que tienen diversas cámaras de videovigilancia de la CDMX, siendo una herramienta de difusión que permiten transmitir alertas e información de seguridad a la ciudadanía como sismos, incidentes de alto riesgo, incluso el voceo de personas extraviadas.

Derivado del macro simulacro realizado el pasado 21 de junio de 2021 en la Ciudad de México, a través de redes sociales, cientos de ciudadanos se manifestaron para señalar que los altavoces de sus colonias o cercanías no funcionaron, enviando la ubicación de los mismos y que a continuación se presentan:

Lo anterior, se hizo del conocimiento de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, a través de un oficio girado a su oficina entregado el 2 de julio del presente año.

El pasado 7 de septiembre, un sismo 7.1 grados golpeó a la Ciudad de México, sin dejar lesionados ni inmuebles dañados, sin embargo, nuevamente se presentó la problemática sobre la inoperancia de los altavoces, pues en diversas colonias de la alcaldía Benito Juárez siguieron sin funcionar a más de 2 meses de enviar la solicitud a la jefa de gobierno. Gracias a las denuncias de los vecinos por redes sociales, se pudo realizar un listado de los aparatos que no funcionaron o sonaron a un nivel muy bajo debido a la falta de mantenimiento.

A continuación, se presentan los altavoces que no funcionaron el 7 de septiembre en el sismo antes mencionado de las colonias de Benito Juárez siendo más de 15 colonias afectadas.

Derivado de lo anterior, las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México licitaron un contrato por 97 millones de pesos con la empresa Accuracy It Consulting , con el objetivo de renovar el sistema análogo a un sistema digital “IP” a los más de 11 mil altavoces de la Ciudad de México.

Dicha empresa ha recibido anteriormente diversos contratos por parte del Gobierno de la Ciudad, acumulando casi 900 millones de pesos entre 2018 y 2021.

De acuerdo con el C5, la infraestructura de altavoces análogos, instalados en su mayoría en 2009, es obsoleta, “por lo que se requiere integrarla al sistema de altavoces con tecnología IP, misma que actualmente ya opera en el C5 con un esquema de alta disponibilidad”.

El 11 de abril pasado el C5 realizó una prueba sonora de los altavoces, de la que se desprendió que solamente el 3.2 por ciento de los 12 mil 826 postes con altavoces, equivalente a 413 postes, no funcionó, por razones como falla eléctrica, falla en el enlace de comunicación, amplificador dañado, entre otras.3

Por lo anteriormente expuesto, se considera urgente atender el problema del funcionamiento de los altavoces en la Ciudad de México para prevenir a la población ante un posible sismo de magnitud de desastre, así como conocer cuál es el avance en el mantenimiento y renovación de los altavoces realizados durante el presente año por parte de las empresas contratadas por el gobierno de la Ciudad de México.

Considerandos

1. Que con fundamento en los artículos 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México correspondiente al apartado de Ciudad Segura, inciso A, Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil, establece que:

“Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos.”

2. Que con fundamento en el artículo 16, Ordenamiento Territorial, inciso I, Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos, numeral 1 del mismo ordenamiento de la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad garantizará la seguridad de las personas, estableciendo medidas de prevención, mitigación y gestión integral de riesgos que reduzcan la vulnerabilidad ante eventos originados por fenómenos naturales y por la actividad humana. Asimismo, establece en su inciso A lo siguiente:

“El gobierno de la ciudad garantizará la seguridad de las personas, estableciendo medidas de prevención, mitigación y gestión integral de riesgos que reduzcan la vulnerabilidad ante eventos originados por fenómenos naturales y por la actividad humana.”

3. Que con fundamento en el artículo 85 de la Ley de Gestión integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, correspondiente al Sistema de Alerta Temprana y alertas, avisos, y quejas en materia de protección civil:

“El Sistema de Alerta Temprana de la Ciudad de México se conformará por los sistemas existentes y que estén operando en el territorio, como el Sistema de Alerta Sísmica ; el Sistema sobre el Índice de Radiación Ultravioleta, el Sistema de Calidad del Aire y otros de competencia federal a cargo de Conagua, las Secretarías de Salud Federal y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) serán coordinados operativamente para efectos de alertamient o por la Secretaría, en coordinación con las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil.”

4. Asimismo, el artículo 86 del mismo ordenamiento, destaca que el Sistema de Alerta Temprana de la Ciudad de México es un derecho para los residentes de la Ciudad de México , se tendrá que promover a través de tecnologías de información y comunicación . Ésta deberá ser clara y oportuna con base en el conocimiento del riesgo y monitoreo del potencial peligro debiendo tomar en cuenta, cuando menos, los siguientes aspectos:

I.- ...

II.- Los equipos de medición, monitoreo, transmisión, adquisición y procesamiento de la información que se requieran, así como los sistemas para difundir las alertas . Para efectos de lo anterior deberán contemplarse aspectos relacionados con la operación y mantenimiento del sistema, designación de los responsables de la operación de este, así como, la adopción de modelos que permitan, en su caso, el pronóstico de intensidad y definición de umbrales para su activación;

III.- Los mecanismos de difusión y comunicación para diseminar las alertas a la población en riesgo y a las autoridades. Se deberán implementar canales y protocolos que se emplearán para la diseminación de datos e información; y

IV.- ...

5. Que con fundamento en el artículo 89 de la misma ley, establece que es competencia de la secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México lo siguiente:

“La Secretaría promoverá la instalación de sistemas de alarma audible y visible conectados al Sistema de Alerta Sísmica en puntos de la ciudad geográficamente estratégicos y de afluencia masiva, a fin de prevenir a la población en caso de un sismo , en los términos que establezca el reglamento. Asimismo, el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México (C5), a través de la infraestructura instalada, difundirá los alertamientos públicos audibles y visuales ante todo tipo de fenómeno perturbador, realizando en todo momento las pruebas y el mantenimiento necesarios para asegurar su correcto funcionamiento.”

6. Que de conformidad con el Manual Administrativo del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5); el Centro fue creado para fortalecer y crecer los servicios que proporciona el Centro para la Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México (CAEPCCM), teniendo como objetivo la captación de información integral para la toma de decisiones en las materias de protección civil, procuración de justicia, seguridad pública, urgencias médicas, movilidad, medio ambiente, servicio a la comunidad, emergencias y desastres...

7. Que de conformidad con el decreto por el que modifica el diverso por el que se crea el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, en sus resolutivos primero y segundo que a la letra señala:

Primero. Se crea el órgano desconcentrado denominado Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México en adelante (C5) adscrito a la jefatura de gobierno del Distrito Federal cuyo objetivo es la captación de información integral para la toma de decisiones en materia de protección civil, procuración de justicia, seguridad pública, urgencias médicas, movilidad, medio ambiente, servicio a la comunidad, emergencias y desastres. Mediante la integración y análisis de información captada a través de su centro integral de vídeo, monitoreo, de la utilización de las herramientas tecnológicas

Y en el resolutivo segundo que señala que el “C5” tendrá las siguientes atribuciones:

I. a IV.- ...

VII.- Administrar y operar la infraestructura , herramientas tecnológicas, servicios, sistemas o equipos de comunicación y geolocalización de que se disponga; y

VIII. a XIX ...

XX.- Implementar y contratar los servicios, sistemas y equipos de comunicación o geolocalización, equipamiento e infraestructura tecnológica que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados LXV Legislatura, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta de manera respetuosa a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, a que implemente las acciones necesarias para dar mantenimiento a los miles de altavoces que emiten la alerta sísmica que no funcionan o tienen deficiencia en el servicio; y que son controlados por el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México.

Segundo.- Se exhorta de manera respetuosa y en el ámbito de sus atribuciones al coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, maestro Juan Manuel García Ortegón, a que publique los avances en el cumplimiento de los contratos relativos al mantenimiento y renovación de los altavoces que emiten la Alerta Sísmica.

Notas

1 El Financiero 2021.- ¿La Ciudad de México se está hundiendo?.- Página web:

https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2021/05/08/la-cdmx- se-esta-hundiendo-estudio-sugiere-que-si-y-no-hay-algo-que-pueda-detene rlo/

2 The New York Times 2017.- ¿Por qué México sufre tantos sismos fuertes?.- Página web:

https://www.nytimes.com/es/2017/09/22/espanol/america-la tina/por-que-mexico-sufre-tantos-sismos-fuertes.html

3 Forbes 2021.- Contrato de altavoces C5 a empresa que vendió archiveros a Policía.- Página web: https://www.forbes.com.mx/contrato-de-altavoces-del-c5-a-empresa-que-ve ndio-archiveros-a-la-policia/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2021.

Diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat, la Conagua y la Profepa a realizar acciones tendentes al saneamiento y rescate de la cuenca del río Duero, a cargo de la diputada Adriana Campos Huirache, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Adriana Campos Huirache , diputada a la LXV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Comisión Nacional del Agua y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a efecto de que realicen acciones tendientes al saneamiento y rescate de la cuenca del río Duero, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La cuenca del río Duero se localiza en el noroeste del estado de Michoacán y se encuentra a una altura de dos mil metros sobre el nivel del mar, con una superficie de 2 mil 531 km2. Pertenece a la jurisdicción de la región administrativa número VIII Lerma – Santiago – Pacífico, en la región hidrológica 1 Lerma Santiago y específicamente en la denominada zona hidrológica río Lerma – Chapala.i

El río Duero nace en los manantiales del poblado de Carapan en la región conocida como La Cañada de los Once Pueblos, perteneciente al municipio de Chilchota, cruza por los valles de Zamora y Guadalupe y la Ciénega de Chapala, uniéndose al río Lerma en los límites de Michoacán y Jalisco, cerca de la población de Ibarra en el municipio de Briseñas, con un recorrido total de 75 km en línea recta.ii

Al referirse a los antecedentes históricos de la cuenca, Aguirre Olguín señala que el aprovechamiento del agua en la zona se remonta a la época prehispánica y un ejemplo de lo anterior lo es el nombre del valle donde se localiza Zamora, Tziróndaro, palabra de origen purépecha que significa “Lugar de Ciénegas”. Entre los restos prehispánicos de infraestructura hidráulica se tienen los terraceados que eran construcciones para cambiar el cauce del río con el fin de tener terrenos para uso agrícola.iii

Los climas predominantes dentro de la cuenca van de semicálido a subhúmedo con tendencia a templados, mientras que la cobertura vegetal y el uso de suelo que caracteriza a la cuenca del río Duero son muy diversos, siendo de destacarse que el uso agrícola y los asentamientos humanos ocupan prácticamente la mitad del territorio, reconociéndose la existencia de los siguientes tipos de vegetación: bosque de pino; bosque de encino; matorral subtropical, y vegetación halófila.iv Dentro de la fauna acuícola de esta cuenca se encuentran los acociles, las carpas, las cheguas, el bagre, el gupy, el pescado blanco, el charal, la lamprea y la sardina de Orandino.v

En la zona se cultivan maíz, trigo y sorgo, pero la fresa adquiere especial importancia, dada su cercanía con varios de los puntos de distribución de comercio a nivel nacional y con varias de las empresas congeladoras y empacadoras localizadas principalmente en Celaya e Irapuato. Michoacán ocupó en 2019 el primer lugar en producción de fresa con 564 mil 554 toneladas, lo que constituyó un aumento del 24.1 por ciento con respecto al año anterior, destacándose el municipio de Zamora en la producción de este fruto. Vale la pena señalar que de las poco más de 8.3 millones de toneladas cosechadas de fresa en el mundo, 7.8 por ciento tiene origen en los fresales de México. La fresa mexicana tiene reconocimiento internacional y en 2019 se consolidó un nuevo máximo histórico en volumen exportado: 286 mil 915 toneladas, las cuales alcanzaron un valor de 912 millones de dólares. Los principales clientes de las exportaciones mexicanas son los Estados Unidos, Canadá, Hong Kong, Arabia Saudita, Japón, el Reino Unido, Costa Rica, Perú, Kuwait, El Salvador y Panamá. Nueva Zelanda, Líbano y Tailandia adquirieron la frutilla de México por primera vez.vi

De un análisis realizado hace algunos años en 25 sitios representativos de la cuenca se concluyó que la totalidad de las muestras analizadas no cumplían con lo previsto en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 (SSA 2000) para el caso del uso y consumo humanos, normativa en el cual se estipula que el agua destinada a dicho propósito necesita de la ausencia de coliformes totales y de Eschirichia coli, por lo que se requiere de un proceso de potabilización en las mismas. A decir de algunos especialistas, la presencia de tales bacterias constituye un indicador de las amenazas, impactos y presiones a que pueden estar sometidos los manantiales.vii

De conformidad con un estudio relativo a la operación, cantidad y calidad de los manantiales de la cuenca del río Duero en 43 por ciento de estos se presentaron amenazas de impacto negativo por la presencia de una fuente de contaminación, ya sea por aguas residuales, crecimiento demográfico u otras actividades.

“El deterioro de la calidad microbiológica del agua se ha convertido en un motivo de preocupación a nivel regional dado el crecimiento agrícola en el ámbito del cultivo de frutillas (fresa, zarzamora, frambuesa, etcétera), cuyos estándares de inocuidad son muy estrictos. El agua es fundamental en el cumplimiento de este requisito. La problemática que enfrentan los manantiales es muy variada, por lo que es necesario emprender una serie de trabajos para su restauración, protección y mejor aprovechamiento, tales como el cercado perimetral, la reforestación, la limpieza de maleza acuática, el mantenimiento de la infraestructura disponible, la reubicación de abrevaderos y lugares de lavado de ropa”, señalaron los investigadores quienes concluyeron que “los manantiales presentes en la cuenca del río Duero son abundantes y de buena calidad química, no así en términos microbiológicos ya que se encontró la presencia de E. coli en un porcentaje importante de ellos, haciéndolos de alto riesgo a la salud humana, por lo que para su uso doméstico requiere de un proceso de potabilización. El caudal total medido acumulado en manantiales fue de 8.526 m3/s, lo que es suficiente para cubrir las demandas de los diversos sectores económicos. Sin embargo, es importante reconocer que al ser parte del caudal del río Duero, su deterioro es inmediato ya que al mismo se vierten de manera directa descargas de aguas residuales lo que provoca su contaminación”.viii

A pesar de los años transcurridos desde la publicación de la investigación en comento y de los numerosos llamados hechos por la sociedad civil y los representantes populares, a efecto de que sea atendido el problema de la contaminación existente en el río Duero, lo cierto es que ésta persiste y se manifiesta a través de la presencia de jabón, ácidos y otras sustancias nocivas en el agua, lo que pone en riesgo la vida de miles de personas, la salud del ecosistema y la viabilidad de diversas actividades agrícolas, como, por citar sólo un ejemplo, el cultivo de fresas, tal y como lo han advertido representantes de productores.ix

La situación es de tal gravedad en la región que, incluso, en el Parque Nacional Lago de Camécuaro se han venido presentando descargas de aguas contaminadas, lo que ha hecho peligrar la belleza del sitio que hasta hace poco era un espacio idílico propio para el descanso de las familias michoacanas.

Es por todo esto que se vuelve indispensable la intervención de las autoridades competentes en materia hídrica y medio ambiental, a efecto de que realicen acciones tendientes a sanear la cuenca del río Duero, las cuales podrían consistir en la instalación o reparación de plantas tratadoras, la verificación de descargas a los cuerpos de agua, el saneamiento de los cauces y la vigilancia sobre el crecimiento de las áreas urbanas, entre otras.

Ante lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente:

Punto De Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Comisión Nacional del Agua y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a efecto de que realicen acciones tendientes al saneamiento y rescate de la cuenca del río Duero.

Notas

i Silva García, José Teodoro; Ochoa Estrada, Salvador; Manantiales de la Cuenca del Río Duero Michoacán: operación, calidad y cantidad. Instituto Politécnico Nacional, Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, México, 2015.

ii Ibid

iii Aguirre, op. cit.

iv Aguirre Olguín, Jessica, Niveles de vulnerabilidad acuífera mediante el método SINSTASC en la cuenca hidrológica del Río Duero, Michoacán, México, 2010.

v Guzmán Arroyo, Manuel; López Hernández, Martín y Seefoó Luján, J. Luis, Los manantiales de la cuenca del Río Duero, ¿es posible y deseable preservarlos?, El Colegio de Michoacán, Instituto Michoacano de Cultura, México, 2010.

vi Fuente: Panorama Agroalimentario 2020. Datos de un campo que avanza sin dejar a nadie atrás, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, México, 2020. Consultado en <Atlas-Agroalimentario-2020.pdf (inforural.com.mx)> el 19 de agosto de 2021 a las 20:35 horas.

vii Silva, op. cit.

viii Ibid

ix Zavala, Ana María, “Contaminación del río Duero, colapsaría economía del campo. Se requiere de dos mil millones de pesos para sanear el cauce”, México, 28 de febrero de 2020, El Sol de Zamora. Consultado en < Contaminación del río Duero, colapsaría economía del campo - El Sol de Zamora | Noticias Locales, Policiacas, sobre México, Michoacán y el Mundo>, el 19 de agosto de 2021 a las 22:45 horas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2021.

Diputada Adriana Campos Huirache (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT a reparar y atender con la mayor brevedad los inmuebles de valor patrimonial dañados por la construcción de la línea 3 del tren ligero en Guadalajara Jalisco, a cargo del diputado Sergio Barrera Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Sergio Barrera Sepúlveda, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo con base a la siguiente

Exposición de Motivos

I. El transporte público, en cualquier zona urbanizada, es una alternativa para lograr el desplazamiento de un lugar a otro de quienes habitan en una ciudad, sobre todo en nuestro país donde las y los mexicanos son quienes más utilizan debido a su rapidez, economía y eficiencia. Contribuyendo principalmente al cuidado del medio ambiente.

Además de lo anterior, es importante señalar que el uso del transporte público resulta ser uno de los más baratos en nuestro país para realizar el traslado al destino deseado, ya que está comprobado el que uso del vehículo privado, ocasionado un incremento sustancial al gasto familiar como es el mantenimiento del automóvil, la gasolina.

Por tal razón el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) desde el año 1986 ha recopilado diversa información de manera mensual referente a los sistemas de transporte urbano de pasajeros, particularmente en las ciudades de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Por ejemplo, señala el Instituto que en el año 2020 a pesar de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 y que genera la enfermedad de Covid-19, registró más de 476 millones de usuarios que utilizaron el Metrobús, Macrobús y Trolebús como su medio de transporte”.1

II. A pesar de que se ha invertido en la construcción de diversos medios de transporte público en las ciudades de nuestro país, es de apuntar que para el caso de Guadalajara se ha generado una problemática respecto al posible daño que se ha ocasionado al patrimonio histórico y cultural de dicha ciudad.

Asimismo, es importante señalar que la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara, era necesaria e indispensable para cambiar la problemática y generar las condiciones necesarias de movilidad social de dicha ciudad. Sin embargo, es importante señalar que desde su inicio de construcción hubo desafortunadamente daños que se ocasionaron a nuestro patrimonio histórico o cultural emblemático del Centro Histórico de Guadalajara.

En esta tesitura, diversos medios de comunicación han evidenciado o documentado diversas afectaciones en los inmuebles del Paseo Alcalde, donde en una parte se realizó la construcción de Línea 3 de manera subterránea. Por lo que se ha denunciado daños a la Iglesia de San Francisco, dicha infraestructura data de hace 471 años y que se encuentra cerrada ya hace 4 años.2

Asimismo, los medios de comunicación y vecinos de la localidad señalan que existen afectaciones en las estructuras del Santuario de Guadalupe, Catedral y otros edificios patrimoniales, los más graves están en el recién clausurado edificio Plaza, donde existe miedo o temor de que pudiera colapsar en caso de no realizarse una revisión o, en su caso, reforzar la estructura.

Por otro lado, es el caso Museo del Periodismo y Artes Gráficas, mejor conocido como Casa de los Perros, no olvidando que en dicho inmueble estuvo la primera imprenta de Nueva Galicia y que data de la época independista ya que se publicó el primer periódico insurgente en 1810.

Lo anterior, no debe ser un caso menor por los posibles daños que han ocasionado por las empresas encargadas de realizar la construcción y obra de la Línea 3 del Tren Ligero, y que deben de estar supervisadas por la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de evitar un daño a la estructura de nuestro patrimonio.

Por tal razón, debe de realizarse una investigación y estudio detallado de las condiciones en las que se encuentran los inmuebles y, en su caso, las necesarias que den certeza de las condiciones del suelo o subsuelo tras la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero en la ciudad de Guadalajara.

Por lo anterior, se presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que ejecute acciones con el fin de restaurar, reparar y atender a la brevedad los daños causados a los inmuebles de valor patrimonial con motivo de la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero en Guadalajara, Jalisco.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en el marco de sus atribuciones, ejecute las acciones pertinentes a fin de restaurar, reparar y atender a la brevedad los daños causados a los inmuebles de valor patrimonial con motivo de la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero en Guadalajara, Jalisco.

Notas

1 Importancia del Transporte Público en México. Recuperado de: https://www.scania.com/mx/es/home/descubre-scania/blog/importancia-tran sporte-publico-en-mexico.html

2 Periódico El Mural , Patrimonio en peligro, “Isabel Sepúlveda” 20 agos-21, recuperado de: https://www.mural.com.mx/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.a spx?rval=1&urlredirect=/patri monio-en-peligro-2021-08-20/op210691?referer=—7d616165662f3a3a6262623b7 27a7a7279703b767a78

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2021.

Diputado Sergio Barrera Sepúlveda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para elaborar o actualizar un plan integral de mitigación de inundaciones y rehabilitación del sistema hidráulico, así como su implantación en la república y, en particular, en Tamaulipas, a cargo de la diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Claudia Alejandra Hernández Sáenz, diputada federal de la LXV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, en su informe “Medidas de protección contra inundaciones basadas en la naturaleza, principios y orientaciones para la implementación”, señala que las inundaciones son el peligro natural más frecuente y perjudicial del mundo. Entre 1994 y 2013, equivalieron al 43% de todos los fenómenos naturales registrados y afectaron a casi 2,500 millones de personas. Durante algunos años, como en 1998 y 2010, las pérdidas totales ocasionadas por inundaciones superan los 40 mil millones de dólares. Se prevé que, en las próximas décadas, con el cambio climático, la urbanización y el crecimiento demográfico, el impacto de las inundaciones costeras, fluviales y pluviales aumentará considerablemente. Una gestión eficaz del riesgo de inundaciones es clave para proteger a las personas y sus medios de subsistencia y limitar las pérdidas futuras. Las medidas basadas en la naturaleza y su capacidad para abordar el riesgo de inundaciones están recibiendo cada vez más atención.

Por su parte, se tiene previsto que, en la primera quincena del mes de septiembre, se tendrá lluvias arriba de lo normal, especialmente hacia la franja centro-sur, extendiéndose gradualmente hacia el noreste producto de ciclones, ondas tropicales y quizá, los primeros frentes fríos de la temporada. Aunque con variaciones, la segunda quincena luce favorable para más lluvias y de forma extensa en nuestro país.

Las lluvias y tormentas se concentraron el lunes 13 y martes 14 de sobre Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas y sierras de Sinaloa, Durango, Coahuila y sur de Sonora con acumulados diarios de 10-25 mm y puntuales de 40 a 70 mm, alcanzando máximos de 150-300 mm en estados costeros del Pacífico sur, especialmente entre Michoacán y Guerrero. Por lo que se le ha recomendado a la población que vive en zonas vulnerables, extremar precauciones por inundaciones, crecida de ríos y deslizamientos o derrumbes.

En el Pacífico se tiene a la perturbación 97E al sur de las costas de Oaxaca con movimientos al oeste sobre las costas de Guerrero hacia Jalisco en la primera quincena del mes de septiembre.

Del miércoles 15 al viernes 17 de septiembre las precipitaciones continuaron en los estados mencionados, extendiéndose y aumentado en Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Quintana Roo, sur de Durango y Chiapas con puntuales de 50-100 mm. Esto mantuvo latente la posibilidad de inundaciones, crecidas o desborde de ríos/arroyos, deslizamientos o derrumbes y corrientes peligrosas de agua.

Estadísticamente la temporada de frentes fríos inicia el 15 de septiembre, y es probable que en la segunda quincena de septiembre tengamos un sistema frontal, incrementado las lluvias en algunas zonas del país.

Por su parte, a últimas fechas, se presentaron inundaciones en Estados como Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Hidalgo y Chiapas, dejando las siguientes afectaciones:

La tormenta tropical “Nora”, dejó en Michoacán derrumbes de bardas, desbordamiento del río Chuquiapan, daños en carreteras, inundaciones, deslaves, decenas de árboles caídos y daños en comercios y viviendas, cerrándose la navegación y cancelación de vuelos.

Las lluvias registradas en el Estado de México provocaron inundaciones en colonias y vialidades del municipio de Ecatepec, registrándose el fallecimiento de dos personas, además de 19 colonias afectadas, con entre 120 y 150 mil habitantes.

En Hidalgo, cientos de viviendas quedaron bajo el agua, dejando nueve colonias afectadas, con el desbordamiento de los ríos Tula, Rosas y Salado, propiciando la evacuación de pobladores, en particular de pacientes del Hospital General de Zona 5 en Tula, y que lamentablemente produjo el fallecimiento de 17 pacientes del Hospital antes mencionado.

En Chiapas, las fuertes lluvias provocaron que comunidades como Venustiano Carranza quedarán incomunicados, por afectaciones a vías de comunicación que provocaron bloqueos, a la vez que más de doscientas colonias quedarán sin el servicio de agua potable, por el rompimiento del tubo que abastece el brazo norte.

En Oaxaca se informan daños severos, con viviendas inundadas y comunidades incomunicadas, ya que los niveles del agua alcanzaron niveles de hasta dos metros al interior de las viviendas, provocando que se tuviera que demoler la carretera con la finalidad de desfogar el agua, además de que se carece de insumos alimenticios, por el difícil acceso a las comunidades. Además, se reportaron caídas de árboles, pérdida total de siembra de campesinos y pérdida total de bienes materiales y patrimoniales.

Actualmente se vigila a la tormenta tropical “Nicholas”, sobre el Golfo de México, ubicada a 385 kilómetros al sur-sureste de la desembocadura del Río Grande con viento sostenido de 65km/h, moviéndose al nor-noreste a 22 km/h y que pasó muy cerca de Tamaulipas el pasado lunes 13 de septiembre, para después alejarse hacia Texas.

Por lo anterior, es necesario destacar que históricamente, el Estado de Tamaulipas ha sido afectado por el fenómeno de inundaciones debido a las intensas lluvias por la presencia de meteoros, por ejemplo, en el año 1967 el ciclón tropical Beulah, huracán de categoría 5, afecto a los Municipios de Valle Hermoso, Río Bravo, Camargo y San Fernando. Otras afectaciones importantes han sido producto de las lluvias que causa la presencia de ciclones tropicales y por otros eventos extraordinarios (choque de frentes fríos y corrientes tropicales). A últimas fechas la Coordinación de Protección Civil de Tamaulipas anunció que se esperaban lluvias para el fin de semana que concluyo, mismas que se mantendrán para toda la semana, por un canal de baja presión en el Golfo de México, que provocará una alta probabilidad de lluvias desde ligera a fuerte en la mayor parte del Estado, siendo la probabilidad más alta para los municipios de la zona sur y centro de Tamaulipas.

Las constantes amenazas por fenómenos naturales y los desastres que conllevan, como hemos visto forman parte de la historia de Tamaulipas. Estos fenómenos exponen a la ciudadanía a diferentes peligros y riesgos, por lo que debemos recordar que las inundaciones se generan cuando la precipitación provoca que el flujo de agua sea superior al área de cauce o cuerpo de captación, estas ocasionan catástrofes naturales desastrosas, ya que en temporada de lluvias cobran un número importante de víctimas.

Las principales causas asociadas a las inundaciones son generalmente:

• La precipitación intensa, sobre todo cuando el terreno presenta pendientes considerables o zonas planas donde se anegan grandes cantidades de agua.

• La falta de filtración del agua en el terreno, asociado con el tipo de roca o suelo lo cual no permite su almacenamiento subterráneo, lo que provoca un volumen mayor de escurrimiento superficial en consecuencia un aumento en el nivel de los ríos.

• La insuficiente capacidad y taponamiento en las redes de drenaje pluvial, superficies asfaltadas, urbanización en los cauces naturales de ríos y arroyos (Asociado principalmente a zonas urbanas).

• El aprovechamiento de recursos maderables es otro factor que contribuye a que se presenten inundaciones, ya que con dicha actividad se debilita el suelo, aérea la superficie vegetal, se reduce la cantidad infiltrada, lo que se traduce en un incremento de la escorrentía que facilita las inundaciones y provoca desgajamiento y arrastre de sólidos que azolvan los cuerpos superficiales de agua.

Tradicionalmente, el manejo de desastres se ha limitado a responder a las calamidades ocasionadas por fenómenos naturales, tomándose muy pocas medidas preventivas. Protección Civil de Tamaulipas, en su Atlas de Riesgos ha reconocido que hoy en todo el mundo, la manera más eficiente y económica del manejo de desastres es la prevención y planificación de las respuestas.

La red hidrográfica de la entidad tamaulipeca inicia en las sierras altas formando corrientes que son alimentadas principalmente por la lluvia, las cuales descienden y recorren a través de importantes afluentes que se van distribuyendo en cuatro regiones hidrológicas: Bravo-Conchos, San Fernando-Soto de la Marina, panuco-Tamesí y El Salado. Los Ríos cortos descienden de la zona montañosa, paralelos entre sí y cuyo poco caudal aumenta gradualmente mientras se avanza hacia el sur del Estado. El más caudaloso es el Río Bravo, ubicado en prácticamente el extremo norte del Estado, asimismo, destacan el Bravo y sus afluencias Salado y Sabinas, el San Fernando y el Soto la Marina, en cuyos márgenes se han establecido la mayoría de las poblaciones importantes; hacia el sur las corrientes importantes que encontramos son el Guayalejo, que en su curso inferior recibe el nombre de Tamesí, antes de unirse al caudal del Pánuco y posteriormente desembocar en el Golfo de México.

La región Bravo-Conchos, alberga al Río Bravo cuyo afluente constituye el límite fronterizo con los Estaos Unidos de América, nace en las montañas del país vecino y recorre la porción norte con una longitud de 3,034 kilómetros hasta su desembocadura en el golfo de México, sobre su margen derecho se ubican ciudades importantes como Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Reynosa, Río Bravo y Matamoros. A este afluente se suma el Río San Juan que nace en las entidades de Coahuila y Nuevo León, que a su vez son alimentados por el río Pesquería Grande, Salinas y la corriente de Santa Catarina. Esta región aloja cinco cuencas principales: Río Bravo-Matamoros-Reynosa, Río Bravo-San Juan, Río Bravo-Sosa, Río Bravo-Nuevo Laredo y La Presa Falcón-Río Salado.

La Región San Fernando-Soto de la Marina, cuenta con una corriente principal que surge en la Sierra Madre como río Bravo y se una a los manantiales del Río Purificación en su curso superior. Al confluir con los ríos Pilón y Corna en la Presa Vicente Guerrero, cambia su denominación por la de Soto de la Marina al cual se suman los escurrimientos superficiales hasta desembocar en el Golfo de México.

En esta región se encuentran cuatro cuencas: Lagua de San Andrés-Laguna Morales, Río Soto de la Marina, donde se ubica la Presa Vicente Guerrero y el Distrito de Riesgo número 32, por otro lado, se localizan también las cuencas Lagua Madre y Río San Fernando.

El Río San Fernando nace en la Sierra Madre Oriental, en Nuevo León, al entrar a Tamaulipas por el Municipio de Burgos recibe como tributarios al Río San Lorenzo y a los arroyos Fresno y Burgos. Su cuenca tiene como una extensión de 15,640 kilómetros y toma el nombre de Río San Fernando al pasar por la localidad del mismo nombre, para posteriormente desembocar en la Laguna Madre. El Río Corona llamado también como Santa Engracia, se enriquece con las aguas de los ríos Caballeros, San Pedro y San Marcos que provienen de la Sierra madre oriental, al igual que con las aguas del arroyo Grande o de Croix. El Río Pilón proviene de la Sierra de San Carlos y atraviesa los Municipios de Mainero, Villagrán e Hidalgo y es alimentado por los ríos Santa Lucía y San Carlos y los arroyos Trinchera y Torrecillas.

Región Panuco-Tamesí, corresponde a una de las regiones hidrológicas más importantes del país, tanto por su volumen de escurrimiento como por la superficie que ocupa. Dentro de esta se ubican tres cuencas importantes, la cuenca de los ríos Tamesí, Panuco y Tamuín. El río Tamesí una se origina entre las montañas que forman el valle de Palmillas, en la Sierra Madre. Recibe primeramente el nombre del Río Jaumave y luego confluye con el Río Chihue, entrando al Municipio de Llera por el Cañón de Santa Rosa. El Río Panuco luego de recibir las aguas del Río Tamesí a la altura del Puente del Moralillo, en la ciudad de Tampico, se constituye como límite con el Estado de Veracruz, a lo largo de ocho kilómetros aproximadamente hasta desembocar en el Golfo de México.

Por último, la región denominada El Salado es la que menor área ocupa en todo el Estado, constituida por una serie de cuencas cerradas, entre ellas la Sierra Madre, siendo la única con presencia en Tamaulipas. Cubre una pequeña porción del suroeste del Estado a la altura del Trópico de Cáncer, el cual se sitúa treinta kilómetros al sur de Ciudad Victoria. Está constituida por una serie de cuencas cerradas de diversas dimensiones.

Referente a cuerpos de almacenamiento de agua, el Estado de Tamaulipas cuenta con tres presas principales, cuyo uso principal es la generación de energía eléctrica, riego agrícola y consumo humano. Al norte del Estado, en el Municipio de Guerrero, se localiza la Presa Falcón, mientras que en los Municipios de Camargo se ubica la Presa Marte R. Gómez, así como la Presa Purificación, San Carlos y Pilón. Cabe mencionar que la presa más grande del Estado es la Presa Internacional Falcón, con una capacidad de 5,038,000,000 metros cúbicos.

Aunado a lo anterior, los tiempos de concentración de los escurrimientos depende de las características fisiográficas de cada cuenca, debiéndose considerar los siguieres factores:

• Precipitación;

• Pendiente;

• Capacidad hidráulica de los ríos o arroyos;

• Longitud del cauce.

Estos factores permiten determinar si las inundaciones se van a presentar de manera:

• Súbita Natural: generalmente se presentan en cuencas con pendientes considerables, barrancas, valles y áreas montañosas.

• Súbita antropogénica: se deben al rompimiento de un bordo, cortina de presa o represa, para el caso específico asociado a zonas urbanas la poca capacidad de las redes de drenaje, así como el azolvamiento de las mismas.

• Proceso lento: en estos casos se puede pronosticar una posible inundación y prevenir pérdidas humanas principalmente.

El fenómeno de las inundaciones es considerado uno de los más devastadores por su gran extensión de afectación, tanto en México como en el mundo, este suceso climatológico se hace cada vez más frecuente, debido a la acción del ser humano (crecimiento urbano), que modifica los ecosistemas que son invadidos, provocando menos infiltración hacia los mantos freáticos, a consecuencia de la adición de carpeta asfáltica, y más aún, por la deforestación, alteración de la red de drenaje, etc.; además, esto es aunado al cambio climático que origina una mayor frecuencia de huracanes, que generan como consecuencia, lluvias de mayor intensidad.

El “Programa de Desarrollo Urbano (tema: agua), programa de las 100 ciudades” de la Comisión Nacional del Agua y al Informe Técnico denominado “La Infraestructura urbana y la disponibilidad de Agua” de Herrera T.C. (Cenapred, 2001), identifica como zonas urbanas más afectadas en el Estado de Tamaulipas las ciudades de Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Ciudad Victoria, Ciudad Altamira, Tampico y Madero e identifica sectores en los que causarían daños importantes, siendo estos la porción centro-norte del Estado de Tamaulipas donde se encuentran las zonas de mayor riesgo, mientras que la parte sureste se clasifica como peligro medio; finalmente para los sectores noreste, centro y suroeste ubican las zonas de más baja susceptibilidad.

Con el aumento en la frecuencia de precipitaciones intensas, se aumenta el riesgo de inundaciones en zonas urbanas que recurrentemente generan pérdidas materiales y humanas, así como importantes daños a la infraestructura de las ciudades que afectan notablemente a las economías nacionales y locales. Aunado al aumento de la temperatura, provocado por el cambio climático, genera alteraciones en el ciclo hidrológico, produciéndose fenómenos acentuados como lluvias más intensas en zonas húmedas y sequías más prolongadas en lugares áridos, siendo las poblaciones más afectadas aquellas que se localizan en zonas con precarios sistemas de drenaje o asentamientos informales construidos en los márgenes de los ríos o invadiendo las áreas de inundación natural de los cuerpos de agua. El riesgo permanente de inundación menoscaba la calidad de vida de las personas y contribuye a profundizar las inequidades entre la población urbana.

Con la entrega del Paquete Económico 2022 a esta soberanía, el pasado 08 de septiembre, se destaca la responsabilidad y compromiso del Gobierno de México, al plantear un incremento del 30.13% al dinero asignado al sector de Medio Ambiente y Recursos Naturales, beneficiando en particular a la Comisión Nacional del Agua, pues contará con más del 80% de los recursos asignados.

Por todo lo anterior, de la manera más respetuosa, propongo la creación de un Plan Preventivo de Manejo Integral de las Cuencas de los Ríos a nivel nacional y en particular al Estado de Tamaulipas, que permita conocer la viabilidad de la implementación de canales complementarios, la ampliación y perfilado de cauces naturales, así como el mejoramientos de las condiciones actuales del escurrimiento, ejecutando obras de reemplazo, ampliación de puentes, cruces y compuertas, además de acciones de gestión territorial y ambiental para el logro de una administración eficiente y marcos de gestión territorial adecuados a las necesidades hídricas, ambientales y socioculturales de la zona, aunado a un Sistema de Alerta Temprana que brinde la posibilidad de tomar medidas con antelación, así como medidas de mitigación del riesgo meteorológico. Lo anterior, con apego a la transparencia y rendición de cuentas, considerando la política de austeridad, racionalidad y eficiencia de los recursos públicos.

Por lo anteriormente expuesto, presento ante el pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La honorable Cámara de Diputados exhorta al Centro Nacional de Prevención de Desastres y a la Comisión Nacional del Agua en coordinación con los Gobiernos Estatales, con apego a la política de austeridad, racionalidad y eficiencia de los recursos públicos, se elabore o actualice un plan integral en materia de mitigación de inundaciones y rehabilitación del sistema hidráulico, así como su implementación en la República Mexicana y en lo particular en el Estado de Tamaulipas, a fin de evitar pérdidas humanas, patrimoniales y de infraestructura a causa de este fenómeno hidrológico.

Notas

1. Medidas de protección contra inundaciones basadas en la naturaleza, Banco Mundial, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 2017. Recuperado de: https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/Brochure%20Implem enting%20nature-based%20flood%20protection_ESP.pdf

2. Información de Meteored, “Tormenta Nicholas- lluvias torrenciales con inundaciones al sur de México”, del 12 de septiembre de 2021, recuperado de: https://www.meteored.mx/noticias/prediccion/tormenta-nicholas-lluvias-t orrenciales-con-inundaciones-al-sur-de-mexico-deslizamientos-derrumbes. html

3. Medio de Información: Animal Político, “‘Nora’ se convierte en huracán; desborda río en Michoacán y provoca daños en Colima”, 28 de agosto de 2021, recuperado de: https://www.animalpolitico.com/2021/08/nora-huracan-fuertes-lluvias-y-a lto-oleaje-siete-estados/

4. Medio de Información: Animal Político, “Inundaciones en Ecatepec, Estado de México, dejan dos muertos; hay 19 colonias afectadas”, 6 de septiembre de 2021, recuperado de: https://www.animalpolitico.com/2021/09/ecatepec-lluvias-inundaciones-mu ertos-afectaciones/

5. Medio de información: Infobae, “Fuertes lluvias causaron inundaciones e incomunicaron comunidades en Chiapas”, 11 de septiembre de 2021, recuperado de: https://www.infobae.com/america/mexico/2021/09/11/fuertes-lluvias-causa ron-inundaciones-e-incomunicaron-comunidades-en-chiapas/

6. Medio de Información: Diario AS México, “Inundaciones Hidalgo: estas son las zonas más afectadas y con riesgo de anegación”, 08 de septiembre de 2021, recuperado de:

https://mexico.as.com/mexico/2021/09/09/actualidad/16311 47282_895731.html

7. Medio de Información: Milenio, “Inundaciones en Tula, Hidalgo dejan al menos 17 muertos: últimas noticias EN VIVO”, recuperado de: https://www.milenio.com/estados/inundaciones-tula-hidalgo-noticias-lluv ias-envivo

8. Atlas de Riesgos del Estado de Tamaulipas, Protección Civil del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Economía, Servicio Geológico Mexicano, 2017, recuperado de:

https://www.tamaulipas.gob.mx/proteccioncivil/wp-content /uploads/sites/36/2017/09/ATLAS-DE-RIESGOS-DEL-ESTADO-DE-TAMAULIPAS.pdf

9. Programa de Desarrollo Urbano (tema: agua), programa de las 100 ciudades.

10. La Infraestructura urbana y la disponibilidad de Agua” de Herrera T.C. (Cenapred, 2001).

11. Banco de Desarrollo de América Latina, “¿Cómo mitigar los riesgos de las inundaciones urbanas en Latinoamérica?”, recuperado de: https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2017/01/como-mitigar-los-r iesgos-de-las-inundaciones-urbanas-en-latinoamerica/

12. Impacto Socioeconómico de los Principales Desastres Ocurridos en México, Resumen Ejecutivo 2020, dirección de Análisis y Gestión de Riesgos, Subdirección de Estudios Económicos y Sociales, Centro Nacional de Prevención de Desastres, recuperado de:

http://www.Cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/45 5-RESUMENEJECUTIVOIMPACTO2020.PDF

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2021.

Diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a revisar con base en evidencia científica los tratamientos alternativos para prevenir y combatir el SARS-Cov2, como complementos o coadyuvantes de las dosis suministradas en la estrategia nacional de vacunación, a cargo de la diputada María Teresa Castell de Oro Palacios, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, María Teresa Castell de Oro Palacios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a revisar con base en evidencia científica los tratamientos alternativos para prevenir y combatir el SARS-Cov2, como complementos o coadyuvantes de las dosis suministradas en la estrategia nacional de vacunación, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La llegada del SARS-Cov2 (coronavirus) ha modificado el panorama mundial del cuidado de la salud pública, tanto en el ámbito social como en las estrategias implantadas por los países para combatir el virus, la enfermedad que provoca y sus secuelas.

Lo anterior, debido principalmente al desconocimiento global acerca del virus, ya que, a casi dos años de su descubrimiento, las cifras que ha dejado a su paso son enormes. Tan sólo en México, hasta el 3 de septiembre del presente año se contabilizaron 3 millones 428 mil 384 casos de personas contagiadas de Covid-19, enfermedad causada por el SARS-Cov2, de las cuales, lamentablemente perdieron la vida 263 mil 140, según cifras del gobierno federal.1

Ante dicho escenario, los organismos de salubridad se han dado a la tarea de implementar una serie de medidas con la intención de reducir los índices de contagio por Covid-19, como el lavado frecuente de manos, el resguardo en casa, mantener la sana distancia, el uso de mecanismos de barrera (cubrebocas, caretas, etcétera), así como la aplicación de las vacunas desarrolladas por distintos laboratorios.

No obstante, la realidad del país provoca que miles de familias mexicanas no se puedan permitir la suspensión de actividades, conseguir los insumos de protección o, en el peor de los casos, obtener los medicamentos necesarios para hacer frente a la enfermedad.

Aunado a lo anterior, la desinformación ha propiciado el consumo de sustancias como el dióxido de cloro o la ivermectina, mismas que no cuentan con ninguna evidencia científica que demuestre un efecto positivo para fortalecer el sistema inmune o combatir al SARS-Cov2 una vez que entra al organismo, sino lo contrario, pueden causar cuadros de intoxicación si se consumen en altas cantidades.

Otro tipo de acciones sin sustento científico que se han vuelto populares para supuestamente contrarrestar el Covid-19 son los enjuagues nasales con sustancias salinas, la exposición a altas temperaturas, beber cloro o desinfectante, rociarse con alcohol, consumir suplementos de vitaminas, comer ajo e incluso aplicarse vacunas contra la influenza; y si bien algunas son menos riesgosas que otras, lo que se demuestra es que la población se encuentra preocupada y en busca de otro tipo de alternativas para cuidarse.

Las vacunas desarrolladas a la fecha resultan cada vez menos efectivas, lo cual resulta visible con el incremento de la tasa de personas vacunadas que contraen la enfermedad, producto principalmente de la gran capacidad de mutación del virus, que actualmente cuenta con variantes como la británica (B.1.1.7), la sudafricana (B.1.351), la brasileña (P.1), la india (B.1.617) o la andina (C.37).2

El peligro de dichas mutaciones reside en el hecho de que cada vacuna está diseñada para inocular sub unidades del virus en comento para preparar al sistema inmunológico del receptor en caso de que este acceda, pero lógicamente se pierde efectividad con las variantes nuevas, ya que la tendencia de los virus al mutar es evadir las defensas del cuerpo.

Resulta indispensable que la población cuente con medios alternativos para el tratamiento de la enfermedad en caso de contagiarse, ya que a pesar de contar con un esquema de vacunación completo, los propios centros para el control y la prevención de enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), reconocen que ninguna vacuna cuenta con 100 por ciento de efectividad, y aunque reducen las posibilidades de sufrir afecciones graves, el portador puede padecer la denominada “infección en vacunados” y esparcir el virus.3

Los CDC también concluyen que la efectividad de la inmunización, aun recibiendo las 2 dosis, no siempre alcanza los niveles óptimos de protección, debido a las particularidades metabólicas de cada persona, sus conmorbidades y estilo de vida, por lo que, los mismos centros sugieren continuar con las mismas precauciones que las personas no vacunadas.

Por ello, la posibilidad de contraer el virus y presentar síntomas será latente, mismos que, aunque pueden ser menores, podrían causar molestias y requerir tratamientos paliativos.

Ante esta problemática y teniendo en cuenta que aún no es posible hablar de un medicamento capaz de curar en su totalidad la enfermedad ocasionada por el Coronavirus, es que resulta indispensable pensar en estrategias no supletorias, sino complementarias, que permitan coadyuvar con los tratamientos preventivos y poscovid-19.

Algunos han sido reconocidos en el marco normativo mexicano, como el caso de la herbolaria, donde se establecen los requisitos necesarios para los remedios en esta área, su fabricación, almacenamiento y distribución, con el fin de garantizar productos de calidad que cumplan con los requerimientos para funcionar como una alternativa real.

Dado lo reciente del tema y las pocas investigaciones respecto a tratamientos alternativos, vale la pena reiterar que dichas terapias son planteadas como complementarias a los esquemas de vacunación establecidos, siempre y cuando se demuestre estadística y científicamente un impacto favorable.

Incluso, la Organización Mundial de la Salud, a través del programa Solidarity, impulsa la búsqueda de la mayor cantidad de tratamientos posibles para combatir el Covid-19, a través de ensayos en 500 hospitales de 30 países.4 Entonces, vale la pena considerar el trabajo de los científicos mexicanos que en este momento realizan pruebas sobre los ya citados tratamientos, en pro de contribuir a superar la complicada situación que padece la humanidad.

En el país, la primera fase de vacunación inició el 24 de diciembre, en el hospital Rubén Leñero, de la Ciudad de México. A la fecha se han administrado 87 millones 750 mil 381 dosis a 59 millones 334 mil 972 personas, lo que arroja 28.32 por ciento de mexicanos con el esquema completo.5 Ello demuestra que la estrategia para combatir el virus a la fecha no ha podido alcanzar una parte significativa de la población, por lo que se crea una incertidumbre, acerca de cuánto tiempo tardara su aplicación.

De tal manera, a pesar de la implantación de la Jornada Nacional de Vacunación contra el Covid-19, los contagios siguen incrementándose afectando a gran parte de la población, incluso, con rebrotes potencialmente peligrosos como el de la tercera ola.

Con base en lo anterior, se vuelve necesario que el Estado mexicano contemple los tratamientos alternativos que han demostrado mayor eficacia, y que cuenten con mayor respaldo técnico, científico, metodológico, y cumplan con los protocolos adecuados en materia de salubridad tienen el potencial de convertirse en un elemento preventivo ante el Coronavirus, toda vez que la Ley General de Salud faculta en el artículo 134, fracción XIV, a la Secretaría de Salud para llevar a cabo las medidas necesarias para prevenir las enfermedades consideradas por el Consejo de Salubridad General, el cual reconoce el Covid-19 como una enfermedad grave de atención prioritaria, por lo que establecerá las medidas de preparación, prevención y control de la epidemia de enfermedad por el SARS-Cov2.6

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a revisar con base en evidencia científica los tratamientos alternativos para prevenir y combatir el SARS-Cov2, como complementos o coadyuvantes de las dosis suministradas en la estrategia nacional de vacunación.

Notas

1 Secretaría de Salud, Informe técnico diario Covid-19, México, 2021.

2 Universidad Nacional Autónoma de México, Coronavirus. Las mutaciones de los virus y el papel que juegan en una pandemia, México, 2021. Consultado en

http://ciencia.unam.mx/leer/1128/coronavirus-las-mutacio nes-de-los-virus-y-el-papel-que-juegan-en-una-pandemia

3 Centers of Disease Control and Prevention, Hospitalization Surveillance Network Covid Net , Atlanta, 2020.

4 Organización Mundial de la Salud, Ensayo clínico Solidaridad sobre tratamientos contra la Covid-19. Consultado en

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-corona virus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-cl inical-trial-for-covid-19-treatments

5 Expansión, “México: Covid 19. Vacunas administradas”, México, 2021.

6 Diario Oficial de la Federación, “Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-Cov2 (Covid-19) en México como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia”, México, 23 de marzo de 2020.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2021.

Diputada María Teresa Castell de Oro Palacios (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Instituto Electoral de Guanajuato a dar seguimiento a la denuncia por violencia política de género contra la diputada Magdalena Rosales, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Morena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida.

Es necesario precisar que no toda la violencia política tiene elementos de género, pues en una democracia, la política es un espacio de confrontación, debate, disenso, porque en ésta se hacen presentes diferentes expresiones ideológicas y partidistas, así como distintos intereses. En este sentido, los siguientes criterios auxiliarán para identificar cuando la violencia política tiene componentes de género:

1. Cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer. Es decir, cuando las agresiones están especialmente orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer y por lo que representan en términos simbólicos, bajo concepciones basadas en estereotipos. Incluso, muchas veces el acto se dirige hacia lo que implica lo “femenino” y a los roles que normalmente se asignan a las mujeres.

2. Cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres; esto es, a) cuando la acción u omisión afecta a las mujeres de forma diferente que a los hombres o cuyas consecuencias se agravan ante la condición de ser mujer; y/o b) cuando les afecta en forma desproporcionada. Este último elemento se hace cargo de aquellos hechos que afectan a las mujeres en mayor proporción que a los hombres. En ambos casos, habrá que tomar en cuenta las afectaciones que un acto de violencia puede generar en el proyecto de vida de las mujeres.

En días recientes en el Congreso del Estado de Guanajuato la diputada Magdalena Rosales Cruz, presentó ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) una denuncia por violencia de género en contra del diputado Isidoro Bazaldúa Lugo, luego de que, en sesión del pleno del Congreso del Estado, éste se refiriera a la legisladora como “caricatura de diputada”, “chapulín de comal” y “chapulinita”.

Los hechos acaecidos el pasado 13 de septiembre no deben quedar impune, por lo que se debe sentar un precedente importante para las mujeres políticas que son víctimas de agresión con actitudes y palabras misóginas. Pues dichos calificativos de chapulina, caricatura de diputada o que resulta más grave aún, referirse a la diputada como su mamá, deja de manifiesto la violencia política en razón de género mediante estas descalificaciones.

No se puede permitir que un legislador, en un espacio público como es el Congreso del estado de Guanajuato se refiera de tal manera a una mujer y que dicha violencia sea normalizada por quien se supone es un representante del pueblo.

Hay que resaltar de nueva cuenta que, la violencia política de género son todas aquellas acciones y omisiones basadas en género, que se presentan en el marco del ejercicio de sus derechos político-electorales y que tienen por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de sus derechos políticos-electorales o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, con todo respeto a la autonomía del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a que dé oportuno seguimiento a la denuncia por violencia política de género en contra de la diputada Magdalena Rosales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días de septiembre de 2021.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal y el secretario de Relaciones Exteriores a dar facilidades para el ingreso, el tránsito y la salida del territorio mexicano, aun con pasaporte vencido, a los venezolanos, dada la situación política en que se encuentran en su país, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados; y demás disposiciones jurídicas aplicables, se permite somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal y el secretario de Relaciones Exteriores a otorgar conforme a sus atribuciones las facilidades necesarias para el ingreso, el tránsito y la salida del territorio mexicano, aun con pasaporte vencido, a los ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela, derivado de la situación política en que se encuentran en su país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con el Consejo Noruego para los Refugiados, más de 5 millones de venezolanos han huido de su país debido a “la represión y escasez de alimentos y medicinas desde 2014, convirtiéndola en una de las mayores crisis de desplazamiento en el mundo”.

Según datos de la Organización de Estados Americanos, antes de la llegada de la pandemia, cerca de 5 mil venezolanos huían diariamente de su país.

El país sudamericano ha estado en la lista de “crisis de desplazamiento desatendido” todos los años durante los últimos seis, con poca atención internacional prestada a la emergencia. En 2020, Naciones Unidas recibió menos de 40 por ciento de los fondos de ayuda solicitados para auxiliar a los venezolanos necesitados dentro del país y a los que habían huido a naciones vecinas.

La emergencia humanitaria en Venezuela ha mostrado pocas señales de ceder bajo el peso de la crisis económica y política; es de destacar que 1 de cada 3 venezolanos padeció inseguridad alimentaria a finales de 2020 y 30 por ciento de los niños menores de 5 años padeció desnutrición crónica.

Por si no fuera poco, la pandemia de Covid-19 ha exacerbado una situación humanitaria ya grave para personas vulnerables, con el sistema de salud empujado al borde del colapso y con la amenaza del retorno de otras enfermedades infecciosas.

En el marco de la Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos,1 celebrada en junio de este año, Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, declaró que la pandemia está “causando devastación en América Latina y el Caribe, que hace que los refugiados y migrantes de Venezuela se enfrentan a crecientes problemas de protección”.

Diferentes actores en el terreno aseguran que las condiciones de vulnerabilidad con las que llegan las personas venezolanas a los países de acogida son cada vez más críticas con un aumento significativo del número de menores de edad y mujeres que están ingresando por estas vías.

La Oficina de la Secretaría General para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos de la OEA2 instó a unir esfuerzos en toda la región para reforzar las vías regulares para cruzar fronteras en 2021 y facilitar mecanismos de protección para una población que huye por razones humanitarias.

Ante las trabas del Servicio de Administración, Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela, para renovar o expedir pasaportes, en junio de 2019, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, firmó un decreto para extender la validez de los pasaportes venezolanos vencidos, por cinco años. Esta resolución fue reconocida por Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil y Panamá.

Considerando que la emisión de pasaportes y otros documentos de identificación es necesaria para salvaguardar los derechos humanos relacionados con el derecho a la identificación, así como el derecho a la movilidad, especialmente de los migrantes y refugiados venezolanos; y que el régimen que usurpa la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela ha obstruido la emisión de dichos documentos agravando la violación de los derechos humanos de la diáspora venezolana, es urgente que nuestro país autorice el ingreso, tránsito y salida de los nacionales venezolanos al tenor del Decreto número 6,3 expedido por Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela que extiende de manera automática la vigencia hasta por cinco años de todos los pasaportes expedidos por la República Bolivariana de Venezuela.

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la protección amplia y progresiva de los derechos humanos; considerando que asimismo las autoridades tienen la obligación de promoverlos, se fundamenta la solicitud a los titulares del Ejecutivo federal y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en el ámbito de su competencia salvaguarden la integridad de los migrantes venezolanos que se encuentran en el territorio nacional, y los que tengan intención de refugiarse en el país.

La Constitución mexicana recoge el espíritu plasmado en los tratados de internacionales en derechos humanos estipulado en su artículo 11 que consagra el derecho a recibir asilo y refugio por razones de carácter humanitario.

De igual forma, el artículo 89 de la Constitución, fracción X, facultad a la persona titular del Ejecutivo Federal dirigir la política exterior observando siempre la protección y promoción de los derechos humanos.

El artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores conducir la política exterior.

Asimismo, el artículo 5 de la Ley sobre Refugio, Protección Complementaria y Asilo Político acciona diversos principios, conceptos y criterios que deberán observarse para las personas, en particular la no sanción por ingreso irregular, cuando su vida peligre por los motivos o en donde existan razones fundadas para considerar que estaría en peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Dicha hipótesis se enuncia en el artículo 6 de la misma ley.

Es facultad de la Secretaría de Relaciones Exteriores promover y coordinar acciones públicas, estrategias y programas orientados a la protección y asistencia de refugiados, además de promover soluciones duraderas a la problemática que enfrentan los refugiados (artículo 15 Ley sobre Refugio, Protección Complementaria y Asilo Político).

En esa misma tesitura, conforme al artículo 28 de la misma Ley, establece que la Secretaría de Relaciones Exteriores podrá otorgar protección complementaria al extranjero que requiera protección para no ser devuelto al territorio de otro país donde peligre de ser sometido a tortura, u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

La Ley de Migración, conforme a sus principios, sustenta que la política migratoria del Estado mexicano debe de sujetarse a la hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un nuevo lugar de residencia temporal o permanente debido a condiciones extremas en su país de origen que ponen en riesgo su vida o su convivencia, de acuerdo con la tradición mexicana en este sentido, los tratados en derechos humanos y el derecho internacional.

En conclusión, conforme a los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano debe de garantizar y reconocer a todo extranjero que se encuentre en territorio nacional, bajo, entre otros, el supuesto de que ha huido de su país de origen, porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal y el secretario de Relaciones Exteriores a otorgar conforme a sus atribuciones las facilidades necesarias para el ingreso, el tránsito y la salida del territorio mexicano, aun con pasaporte vencido, a los ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela, derivado de la situación política en que se encuentran en su país.

Notas

1 Declaración en la Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos: ACNUR, Declaración en la Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos.

2 Informe de situación de la crisis de migrantes y refugiados venezolanos (OEA): 2 SR-OEA (oas.org)

3 Decreto número 6, por el que se conceden atribuciones especiales de los servicios consulares en el extranjero para el resguardo del derecho a la identificación de la diáspora venezolana: Decreto-006-2019-Atribuciones-especiales-de-los-servicios-consulares-en -el-extranjero-para-el-resguardo-del-derecho-a-la-identificacion-de-la- diaspora-venezolana.pdf (embajadavenezuela.org)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2021.

Diputado Jorge Triana Tena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades federales y mexiquenses a investigar a la ciudadana Delfina Gómez Álvarez por los hechos evidenciados por el INE que pueden constituir faltas administrativas graves de cohecho y, de encontrarlas afirmativas, sancionarlas, suscrita por los diputados Mariana Gómez del Campo Gurza y Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados Mariana Gómez del Campo Gurza y Jorge Triana Tena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta Cámara proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados solicita a la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, realicen una investigación a la ciudadana Delfina Gómez Álvarez por los hechos evidenciados por el Instituto Nacional Electoral, que pueden constituir faltas administrativas graves de cohecho y, en caso de encontrarlas afirmativas, procedan a las sanciones correspondientes, conforme a los siguientes

Antecedentes

La corrupción es un problema que ha dañado fuertemente a países e incluso un factor determinante que impide el desarrollo económico, político y social. Este mal afecta directamente a toda la población, desde una persona que no recibe una atención médica, hasta la construcción de mega obras que ponen en riesgo a poblaciones enteras.

Es importante señalar que no basta con descender lugares en los índices de “percepción”, sino que para que ello sea efectivo es necesario llevar a cabo acciones concretas que sancionen y eliminen la corrupción. Asimismo, la organización no gubernamental Transparencia Internacional, ha señalado que en México aún es un tema “delicado” que no se impongan sanciones en los casos y redes de corrupción que son revelados a la opinión pública e incluso puntualizó, “el riesgo de impunidad tras conocerse estos casos y no haber identificado sanciones firmes por parte de las autoridades, sigue latente”.

El pasado 3 de septiembre, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó a dos partidos políticos: Partido del Trabajo (PT) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el primero con casi 120 millones de pesos y el segundo con cuatro millones 529 mil 225.06 pesos por la acreditación de esquemas irregulares de financiamiento.

La actual secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez ejerció como presidenta municipal de Texcoco, Estado de México, de 2013 a 2015, puesto del cual solicitó licencia para postularse como candidata a diputada federal por el partido Morena. El INE señaló que durante esta gestión, Delfina Gómez llevó a cabo un sistema de financiamiento paralelo, que dio como resultado el beneficio al partido Morena por dos millones 114 mil 612.5 pesos, los cuales no fueron reportados.

Lo anterior deriva de una queja presentada por el Partido Acción Nacional (PAN), en la cual denunció que se aplicaban descuentos vía nómina a empleados del municipio de Texcoco y del DIF municipal, recursos que eran entregados a Sara Iveth Rosas Rosas y María Victoria Anaya Campos, ambas empleadas cercanas a la entonces presidenta municipal y con puestos de confianza. El dinero descontado era bajo el rubro de “Grupo de Acción Política” a 550 empleados, reteniéndoles hasta 10 por ciento de su sueldo o depositados mediante cheques, los cuales ascendieron a más 13 millones de pesos.

Además de la sanción impuesta por el INE, se dio vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por posibles delitos electorales; a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y a la Unidad de Inteligencia Financiera.

Resulta importante señalar que al fungir como presidenta municipal de Texcoco, Estado de México, ostentaba el cargo de servidora pública, por lo que su responsabilidad administrativa era imperativa. Bajo este rubro de legalidad, la Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla, como una falta administrativa grave, el servidor público que exija por sí o a través de terceros, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración consistente en dinero o “donaciones”.

Considerandos

I. Que el artículo 6, fracción I, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de las y los diputados.

II. Que conforme al artículo 4 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, son sujetos de dicha ley los servidores públicos y aquellas personas que habiendo fungido como tal se ubiquen en el supuesto de la misma.

III. Que de acuerdo con el artículo 11 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización serán competentes para investigar y substanciar el procedimiento por faltas administrativas graves.

IV. Que conforme al artículo 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas “Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte”.

V. Que de acuerdo con el artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas la prescripción por faltas administrativas graves será de siete años.

VI. Que de acuerdo con el artículo 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas las sanciones a los servidores públicos por faltas graves consistirán en:

“I. Suspensión del empleo, cargo o comisión;

II. Destitución del empleo, cargo o comisión;

III. Sanción económica, e

IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

A juicio del tribunal, podrán ser impuestas al infractor una o más de las sanciones señaladas, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la gravedad de la falta administrativa grave”.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, con el siguiente resolutivo

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados solicita a la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, realicen una investigación a la ciudadana Delfina Gómez Álvarez, por los hechos evidenciados por el Instituto Nacional Electoral que pueden constituir faltas administrativas graves de cohecho y, en caso de encontrarlas afirmativas, procedan a las sanciones correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2021.

Diputados: Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Triana Tena (rúbricas).