Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los congresos estatales a tipificar la pederastia; y a los gobiernos locales, a realizar campañas informativas para prevenir delitos sexuales y proteger los derechos de niños y adolescentes, a cargo de la diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Nelly Minerva Carrasco Godínez , diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Introducción

Hablemos del impacto de los delitos sexuales para la integridad de niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con diversos estudios de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, en 2002, la OMS estimó que 150 millones de niñas y 73 millones de niños menores de 18 años experimentaron relaciones sexuales forzadas u otras formas de violencia sexual con contacto físico.

En México, las cifras de delitos sexuales contra menores deben ponernos en gran alerta. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar en el ámbito mundial en abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos al año.

Datos del Inegi indican que, en México una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños sufre violación antes de cumplir la mayoría de edad. De acuerdo con información reciente, más del 60 por ciento de los casos ha ocurrido en el hogar con familiares o personas de confianza a niños de entre 6 y 12 años.

De mil casos de abuso, sólo se denuncian ante la justicia alrededor de 100, de esos, sólo 10 van a juicio y de esos, solo uno llega a condena. Es decir, la impunidad es del 99 por ciento. Lamentablemente, la verdadera magnitud de la violencia sexual está oculta, debido a que la mayoría de los niños y las familias no denuncian los casos de abuso y explotación a causa del estigma, el miedo y la falta de confianza en las autoridades, y a la falta de conciencia y sensibilización sobre el tema.

La violencia contra los niños, directa o indirecta, puede causar trauma, baja autoestima, problemas de salud y bajo rendimiento escolar, y, en algunos casos, puede conducir a la depresión, al abuso del alcohol y las drogas, e incluso al suicidio.

Desgraciadamente, la violencia y el abuso sexual contra menores se ha agravado durante el confinamiento por la pandemia ocasionada por Covid-19.

Derechos de la Infancia a nivel internacional

Los derechos de la infancia están plenamente estipulados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Un tratado internacional de derechos humanos elaborado durante 10 años con las aportaciones de representantes de todos los países y que fue aprobado el 20 de noviembre de 1989.

México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 21 de septiembre de 1990, por lo que quedó obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella a favor de todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.

El artículo 19, numeral 1, de la Convención establece que los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.

De igual manera, en su artículo 34, señala a la letra que:

“Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;

b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;

c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.”

El 18 de enero de 2002 entró en vigor a nivel internacional el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

El artículo 1o. de dicho instrumento internacional establece que los Estados Partes prohibirán estos actos y adoptarán medidas para que queden íntegramente comprendidos en su legislación penal.

Legislación a nivel federal

En México, en el ámbito legislativo a nivel federal, se han adoptado medidas para reconocer los derechos de la niñez mexicana, para proteger su integridad y, en consecuencia, para castigar a todas aquellas personas que atenten contra la vida, salud e integridad de niñas, niños y adolescentes, especialmente tratándose de delitos sexuales.

El Código Penal Federal contiene la tipificación del delito de “pederastia”, definida por el artículo 209 Bis como “el aprovechamiento de confianza, subordinación o superioridad sobre un menor de dieciocho años, derivado del parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guardia o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole que obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual con o sin el consentimiento del menor o contra personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o de resistirlo.”

Se trata de uno de los delitos que más lesionan la integridad física, mental y emocional de nuestras niñas y nuestros niños.

Por ello, se establece para este delito una condena de nueve a dieciocho años de prisión y de setecientos cincuenta a dos mil quinientos días de multa y en caso de ser servidor público la separación del cargo, así como la reparación del daño ocasionado a la víctima.

El artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes estipula que “las autoridades federales y locales deberán tomar medidas para prevenir, sancionar y atender a las víctimas de estas conductas.”

Legislación a nivel local

Si bien el delito se sanciona en el Código Penal Federal, el delito tiene su mayor incidencia, principalmente, en el ámbito local.

Por ello, es muy necesario analizar el tratamiento que se le ha dado a este delito en cada uno de los Códigos Penales de las entidades federativas. Resulta que sólo 8 de los 32 Congresos locales tienen tipificado el delito de “pederastia”. Es decir, 24 entidades federativas no reconocen la “pederastia” como un delito.

A continuación, se presenta un cuadro en el que se aprecia el estado que guarda la legislación penal en los congresos locales de la República Mexicana y se señalan las entidades federativas que tipifican la “pederastia” como delito dentro de sus Códigos Penales, así como las penas otorgadas a quienes cometan dicho ilícito:

Derivado del análisis, únicamente ha sido tipificado el delito de pederastia en ocho entidades federativas: Baja California, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Querétaro, Tabasco y Veracruz.

Los estados que no tienen tipificado este delito son: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

En este orden de ideas, resulta sumamente relevante y necesario que los congresos locales que no lo han hecho, incorporen la “pederastia” al catálogo de delitos de su legislación penal, para dar respuesta a la demanda de la sociedad de castigar con mayor fuerza esta conducta.

Es un hecho incuestionable la prioridad de proteger los derechos de la infancia, debido a que un menor que se desarrolla en un ambiente sano, con bienestar y protección puede tener un óptimo desarrollo de la personalidad, y convertirse en una persona plena y saludable en todos los sentidos.

Para hacer justicia, necesitamos empezar por un marco jurídico encaminado a la protección de los derechos de la infancia armonizado con los estándares internacionales en materia de protección de los derechos de la infancia. Se lo debemos a nuestras niñas, niños y adolescentes.

No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo de nuestras niñas y nuestros niños, de quienes dependen la estabilidad y el progreso de nuestro país.

Por ello, someto a la consideración de la soberanía de esta honorable Cámara los siguientes

Puntos de Acuerdo

De Urgente u Obvia Resolución

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los congresos de las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas a establecer en su legislación penal la tipificación del delito de “pederastia”, en armonización con el Código Penal Federal, con base en el principio del interés superior de la niñez, y a fin de contribuir a consolidar un marco jurídico encaminado a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas de toda la República Mexicana a realizar campañas informativas para la prevención de delitos sexuales, con base en el principio del interés superior de la niñez, a fin de coadyuvar a la protección de los derechos, la integridad y la salud física y psico-emocional de niñas, niños y adolescentes.

Notas

1 Código Penal Federal -

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_081119.pdf

2 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes - https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/Ninez_familia /Material/ley-guarderias-ninos.pdf

3 https://www.unicef.org/spanish/protection/57929_58006.html

4 Organización de las Naciones Unidas -

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC. aspx

5 Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía – Asamblea General - Resolución A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000 Entrada en vigor: 18 de enero de 2002 –

https://www.cndh.org.mx/DocTR/2016/JUR/A70/01/JUR-201703 31-II84.pdf

6 https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/violencia_ sexual_contra_losninosylasninas.pdf

7 https://www.unicef.org/mexico/media/1731/file/UNICEF por ciento20PanoramaEstadistico.pdf

8 https://www.unicef.es/noticia/violencia-contra-los-ninos-nuevo-informe- ocultos-plena-luz

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2021.

Diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SFP a integrar y publicar en su portal de internet un registro público de ex servidores públicos de la APF impedidos para ocupar cargos en la iniciativa privada y las materias en que recaería dicha prohibición, a cargo del diputado Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputado Carlos Alberto Valenzuela González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción 2, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de la Función Pública, maestro Roberto Salcedo Aquino, a que, en ejercicio de sus atribuciones, integre y publique en su portal de internet un registro público de exservidores públicos de la administración pública federal que se encuentren impedidos para ocupar cargos en la iniciativa privada y las materias en que recaería dicha prohibición, por encontrarse en el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana. Lo anterior, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Dentro de los reiterados discursos emitidos por el titular del Poder Ejecutivo desde el inicio de su administración ha hablado de impulsar un supuesto ejercicio probo, ético y moral de la función pública, y en la LXIV Legislatura se aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana y entró en vigor el 20 de noviembre de 2019; ley que pudo enriquecerse con la discusión y el debate parlamentario que dicha norma se merecía.

Lamentablemente, esta ley cuenta con una serie de yerros que no pudieron corregirse ante la cerrazón de la mayoría parlamentaria afín al titular del Poder Ejecutivo.

En esta ley se señala como uno de los objetivos “fijar las bases para la aplicación de la política pública de austeridad republicana de Estado y los mecanismos para su ejercicio” y una de las bases que se sometió a un largo proceso de debate fue la redacción del párrafo segundo del artículo 24 el cual al texto dice:

Artículo 24 ....

Los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el manual de percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Gobierno Federal, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público , salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años. 1

Posteriormente, y con el fin de identificar a que tipo de funcionarios aplica cumplir esta prohibición, se considera que, conforme al artículo 10, fracción I, inciso c) y al Anexo 3-A del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el DOF el 31 de mayo del 2021, para efectos de dicho Manual se consideran servidores públicos de mando superior a quienes ocupen una plaza de los grupos jerárquicos “G” a “K”:

G -Secretaría de Estado

H -Subsecretaría de Estado, Oficialía Mayor o Equivalente

J -Jefatura de Unidad o Equivalente

K -Dirección General o Equivalente

Ante los diversos cambios de titulares o renuncias en las secretarías de Estado y funcionarios con mando jerárquico superior en las dependencias federales que desde 2019 a la fecha se han suscitado, no se tiene conocimiento público de las actividades que desempeñan exfuncionarios de la presente administración federal y que se encuentran dentro del supuesto del artículo 24 párrafo segundo, podemos tan solo mencionar a los exfuncionarios federales como Irma Eréndira Sandoval Ballesteros -exsecretaria de la Función Pública-, Arturo Herrera Gutiérrez - exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Julio Shcerer Ibarra -exconsejero jurídico de presidencia-, entre otros.

Si bien no existe un mecanismo determinado por la ley que permita dar seguimiento puntual a las actividades de los exfuncionarios y se vigile el cumplimiento de esta prohibición, es necesario que la Secretaría de la Función Pública y con fundamento en el artículo 6 constitucional; la ciudadanía, los entes privados y está soberanía requerimos tener información oficial precisa sobre quienes están limitados a tener relación laboral o participación en empresas privadas cuando la naturaleza de las mismas hayan sido reguladas, supervisadas o se dispongan de información privilegiada por parte del exfuncionario.

De igual manera, los lineamientos en materia de austeridad republicana de la administración pública federal, publicados el 18 de septiembre de 2020, tampoco expresan el mecanismo para garantizar el cumplimiento y vigilancia de esta prohibición; sin embargo, lo más próximo son los numerales 28 y 29 que señalan:

28. La Secretaría, a través de los órganos internos de control en los entes públicos, implementará las medidas para verificar el debido cumplimiento a la política de austeridad republicana prevista en la Ley y en los Lineamientos .

29. Las personas servidoras públicas que, por acción u omisión, incumplan con lo previsto en la ley y en los lineamientos serán sancionadas de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.2

Motivo por el cual resulta obligatorio para la Secretaría de la Función Pública difundir en los medios oficiales del Estado mexicano el listado de los funcionarios impedidos para estar en actividades privadas en las que pudieran estar en el supuesto de la prohibición multicitada.

Asimismo, y tal como lo refiere el artículo 5 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, es responsabilidad de la Secretaría de la Función Pública interpretar y hacer cumplir su aplicación a través de los Órganos internos de Control.

Artículo 5. El cumplimiento de la presente Ley recaerá sobre cada uno de los entes públicos, quienes para su vigilancia se apoyarán de la instancia encargada del control interno.

La Secretaría y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estarán facultadas, en el ámbito de sus atribuciones, para interpretar esta Ley.

Se considera que la discusión de urgente y obvia resolución de este punto de acuerdo, con el fin de que la Ley de Austeridad Republicana se cumpla y se fortalezca, y cubrir un vacío legal que permita al ciudadano conocer mediante la publicación de un registro federal de exfuncionarios que se encuentran en el supuesto de prohibición del párrafo segundo artículo 24 de esta Ley, puesto que a casi dos años de su entrada en vigor, la Secretaría de la Función Pública ha omitido el establecimiento de un mecanismo púbico de difusión y acceso a la información respecto de este asunto y vigilancia de cumplirse la ley.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. – La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de la Función Pública, maestro Roberto Salcedo Aquino, a que, en ejercicio de sus atribuciones, integre y publique en su portal de internet, un registro público de exservidores públicos de la administración pública federal que se encuentren impedidos para ocupar cargos en la iniciativa privada y las materias en que recaería dicha prohibición, por encontrarse en el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana.

Notas

1 Cámara de Diputados. Ley Federal de Austeridad Republicana. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFAR_191119.pdf

Consultada el 6 de septiembre de 2021.

2 Diario Oficial de la Federación. Lineamientos en materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública Federal. Publicado el 18 de septiembre de 2020. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5600749&fecha=18/09/2020 . Consultado el 06 de septiembre de 2021.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 21 de septiembre de 2021.

Diputado Carlos Alberto Valenzuela González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la STPS, la SEP y el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García a revisar y coordinar los respectivos lineamientos de operación con objeto de garantizar que no se vulneran los derechos laborales de los docentes, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada federal Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 30 de julio de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.1 Dicho programa surge como respuesta a encontrar una solución al problema de rezago educativo de tipo superior, y la necesidad de ampliar significativamente las posibilidades de acceso a ese tipo educativo, a través del establecimiento de sedes educativas donde se imparta educación de tipo superior, en municipios ubicados en zonas del país con mayor pobreza y rezago en desarrollo social.

El objetivo de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG) es prestar servicios educativos a los aspirantes que han sido excluidos de su derecho a cursar estudios superiores. De igual forma, aportar conocimientos profesionales para el desarrollo de comunidades y municipios en condiciones de rezago y situaciones de violencia, que les permitan potenciar sus capacidades para alcanzar niveles dignos y adecuados de vida, horizontes de bienestar, la plenitud, desarrollo y creatividad que requieren para enfrentar los retos, necesidades y carencias que plantea su supervivencia.

Según el tercer Informe de Gobierno de la Presidencia de la República, los avances más significativos del programa son:

• Se atendieron 28 mil 87 estudiantes hasta la conclusión del primer ciclo escolar 2021 con 1,002 docentes, en 140 sedes instaladas.

• Para el inicio del segundo ciclo escolar de 2021 se prevé atender a 40 mil estudiantes.

• Desde el inicio del programa, en 2019, se ha duplicado anualmente la matrícula escolar en 37 carreras registradas.

• En materia de infraestructura, se concluyó la primera fase de instalación de 90 sedes y ha comenzado la segunda fase; además

• 50 más esperan concluir la primera fase hacia el término de 2021.

• En este mismo año se dispone de una capacidad instalada dispuesta para atender a 80 mil estudiantes.

Las convocatorias de dicho programa han dado lugar a la incorporación de 28 mil 87 estudiantes y 992 docentes. Ha registrado un total de 36 carreras universitarias ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Cuenta con 140 sedes educativas en 31 estados del país.

La pieza clave para los resultados antes descritos sin duda alguna son las y los docentes y asistentes académicos que coadyuban en el fortalecimiento de dicho programa, sin embargo, recientemente se ha hecho públicas denuncias respecto de una serie de despidos injustificados realizados desde la Dirección General encabezada por Raquel de la Luz Sosa Elízaga, y la dirección académica de las diversas sedes de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez.

Los reportes mencionan que más de 150 maestras y maestros han sido despedidos injustificadamente a lo largo del país y que debido a eso se han formado asambleas de trabajadores de las Universidades del Bienestar para manifestarse en contra de los despidos que consideran arbitrarios.2

Adicionalmente, las y los maestros argumentaron que ingresaron a las Universidades a través de un proceso de selección que consideró sus credenciales académicas y experiencia laboral, que la mayoría de las y los trabajadores despedidos cuentan con estudios de posgrado, 60 por ciento con maestría, 24 por ciento con doctorado y 6 por ciento pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, además, de contar con experiencia en trabajo comunitario (organización, gestión y producción).3

De acuerdo con un documento firmado por 70 trabajadores despedidos en 19 estados de la República, dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el cual se exigieron la intervención de autoridades federales para dar solución a esta problemática, el reconocimiento de sus derechos laborales, la reinstalación de todas y todos los profesores y asistentes académicos que fueron removidos de sus labores, seguridad social conforme lo marca la Ley, cese a los descuentos y retenciones indebidas de jornadas trabajadas, reconocimiento de su antigüedad laboral, pago de jornada laboral completa y libertad de cátedra.4

Incluso este tema ha sido tratado en la conferencia de prensa de la mañanera y la respuesta del Ejecutivo Federal fue remitir a los perjudicados con la propia directora del Programa, la cual declaró que dichas Universidades son “un programa de subsidios, por lo que no contempla la contratación de profesores, ya que, en la retribución económica, los docentes son considerados beneficiarios sociales”.5

Es decir, para la autoridad los contratos con los maestros son convenios temporales y son considerados como subsidios y por ello no pueden ser considerados como despidos. Entre las denuncias se destaca también que “bajo represión obligan a maestros a firmar convenios de prestación de servicios educativos con el objetivo de no otorgarles derechos laborales”.6

Lo anterior se confirma al revisar los lineamientos para la instalación/rehabilitación, equipamiento y operación de las sedes educativas del Programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García en el Programa Presupuestal U083, correspondiente al Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, publicados el 31 de marzo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación.7 En los cuales, en el numeral 9 se establece:

9. Distribución general de los recursos federales otorgados al Programa

a) Entrega de subsidios a las Comisiones de Administración y Supervisión. El Organismo destinará hasta un 65 por ciento de sus recursos para procesos de instalación/rehabilitación, equipamiento y operación de las sedes educativas;

b) Entrega de subsidios para convenios por servicios educativos y apoyo administrativo a los servicios educativos. El Organismo destinará hasta un 34 por ciento de sus recursos en la entrega de subsidios y apoyos a docentes, residentes de obra, enlaces administrativos, asesorías técnicas y otros apoyos administrativos;

c) Gastos de operación. El Organismo destinará hasta un 1 por ciento para pago de viáticos, traslado de personas y hospedaje, entre otros gastos indirectos.

Ante tales hechos, es evidente que existen una serie de inconsistencias en la situación laboral de las y los maestros que brindan sus servicios en las Universidades del Bienestar, los reclamos respecto a su situación laboral requieren la atención urgente de las autoridades federales, por ello, considero se requiere una pronta respuesta que permita brindar de certeza jurídica a quienes con su labor ayudan a fortalecer el programa motivo del presente punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de Educación Pública y al Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García para que revisen, de manera urgente y coordinada, los lineamientos relacionados con la operación de las Universidades para el Bienestar para garantizar que éstos no vulneran los derechos laborales de las y los maestros que forman parte de dichas universidades y revisar los mecanismos para brindarles certeza jurídica a sus puestos de trabajo garantizando la estabilidad institucional de dicho programa.

Notas

1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5566761&fecha=30/07/ 2019

2 https://lasillarota.com/nacion/docentes-dieron-todo-por-las-universidad es-del-bienestar-ahora-estan-despedidos/560806

3 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Docentes-denuncian-despidos-en -la-Universidad-para-el-Bienestar-de-AMLO-20210812-0078.html

4 https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/profesores-despedidos- de-universidades-para-el-bienestar-benito-juarez-garcia-denuncian-agres iones-7076693.html

5 https://www.laizquierdadiario.mx/Despidos-en-las-Universidades-del-Bien estar-no-son-contrarios-a-la-politica-de-la-4T

6 https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/mas-despidos-en-universidades-d el-bienestar-7151652.html

7 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5614943&fecha=31/03/2021

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 21 de septiembre de 2021.

Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al INE a investigar si la firma por senadores del GPPAN de la Carta de Madrid, impulsada por políticos y organizaciones españoles, contraviene los artículos 23 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Juan Carlos Natale López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposicón con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La semana pasada, dirigentes del partido político español Vox y de la fundación Disenso estuvieron en nuestro país con el objetivo de, según sus propios dichos, “sumar apoyos en defensa de la libertad, el estado de derecho y la democracia”, a través de la firma de un documento conocido como la Carta de Madrid.

De acuerdo a este escrito, “la Iberosfera está integrada por más de 700 millones de personas que cuentan con un gran potencial económico y geopolítico”; sin embargo, aseguran sus promoventes que “una parte de la región está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista, apoyados por el narcotráfico y terceros países”.

“Todos ellos, se afirma, bajo el paraguas del régimen cubano e iniciativas como el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla, que se infiltran en los centros de poder para imponer su agenda ideológica”.

Asimismo, aseguran que “la amenaza no se circunscribe exclusivamente a los países que sufren el yugo totalitario. El proyecto ideológico y criminal que está subyugando las libertades y derechos de las naciones tiene como objetivo introducirse en otros países y continentes con la finalidad de desestabilizar las democracias liberales y el estado de derecho”.

Si se toma en cuenta el origen de la propuesta no sorprende la confusión conceptual exhibida al acusar el secuestro de la región por parte de regímenes totalitarios, cuando en la gran mayoría de los países que la conforman se celebran elecciones democráticas y en muchos casos quienes hoy gobiernan son personajes más afines a las ideas de Vox, o bien, cuando tachan de comunista a cualquier gobierno con una agenda progresista que impulse políticas a favor de los más necesitados, a favor de la recuperación de la soberanía nacional y a favor de la ampliación y protección efectiva de los derechos de sectores como las mujeres, los migrantes y la comunidad lésvico, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual e intersexual (LGBTTTI).

Asegurando que lucha contra lo que considera una corrección política asfixiante, Vox impulsa una agenda antiderechos que va en contra del feminismo, que niega el cambio climático, que criminaliza a los migrantes, que promueve el odio y el racismo y que desdeña a las minorías sociales. Sin embargo, todo eso lo dice abiertamente e incluso muchas de estas ideas forman parte de su plataforma política, así que nadie puede decirse engañado.

Más allá de lo anquilosado que resulta el hecho de revivir posturas correspondientes a la Guerra Fría o de suponer la existencia de una conspiración para imponer una determinada agenda ideológica, es importante revisar si la presencia en México de dirigentes del partido político español Vox y de la fundación Disenso representa una violación a lo dispuesto por nuestra Constitución y por las leyes mexicanas en cuanto respecta a actos de intervencionismo por parte de personajes de nacionalidad extranjera.

Aunque el Partido Acción Nacional (PAN) ha tratado de deslindarse del acto que celebraron sus legisladores la semana pasada en el Senado de la República, diciendo que éste fue realizado a título personal, lo cierto es que como firmante del documento referido figura el Senador Julen Rementería, coordinador del grupo parlamentario y quien por cierto es designado por el Comité Ejecutivo Nacional de ese instituto político. En el mismo sentido, se debe resaltar que en el sitio web de la fundación Disenso se destaca la firma de la Carta de Madrid por parte Fernando Rodríguez Doval, secretario de Estudios y Análisis Estratégicos del PAN.

A pesar de que en principio se trató de negar el acto, Santiago Abascal, dirigente de Vox, confirmó que se reunió con dirigentes del PAN la tarde del jueves 2 de septiembre y mencionó que fue invitado al Senado de la República por Julen Rementeria. “Hoy en el Senado de México hemos presentado el Foro Madrid, nuestra iniciativa para hacer frente al avance del comunismo en las naciones de la Iberosfera”, puntualizó a través de un tuit.

En dicha reunión, que se llevó a cabo el jueves por la tarde, estuvieron presentes 15 senadores del PAN. Así lo confirmó Julen Rementería a través de su cuenta de twitter al escribir que: “Hoy firmé la Carta de Madrid con Santiago Abascal en el Senado de la República. Vamos por la defensa de la democracia, la libertad y la propiedad privada”.

Días más tarde, Santiago Abascal siguió con su impertinencia política, opinando irresponsablemente respecto a los asuntos políticos de nuestro país al referirse al presidente Andrés Manuel López Obrador de la siguiente manera en su cuenta de twitter: “Quienes se abrazan a tiranos y protegen a narcos no van a impedir nuestra causa a favor de la libertad de las naciones”.

En este contexto, vale recordar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala lo siguiente:

Artículo 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución.

El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención.

Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país.

Por su parte, la Ley General de Partidos Políticos establece que:

Artículo 23.

1. Son derechos de los partidos políticos:

a) a g) ...

h) Establecer relaciones con organizaciones o partidos políticos extranjeros, siempre y cuando se mantenga en todo momento su independencia absoluta, política y económica, así como el respeto irrestricto a la integridad y soberanía del Estado mexicano y de sus órganos de gobierno;

Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

a) a l) ...

m) Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, organismos o entidades internacionales y de ministros de culto de cualquier religión;

Respecto a lo anterior, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala lo siguiente:

Artículo 443.

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:

a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de esta ley;

Artículo 451.

1. Constituyen infracciones a la presente ley de los extranjeros, las conductas que violen lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución y las leyes aplicables.

Artículo 456.

1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:

a) Respecto de los partidos políticos:

I. Con amonestación pública;

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;

Derivado de los preceptos anteriormente citados, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde consideramos oportuno que se investigue si el acto realizado en el Senado de la República la semana pasada entre senadores del PAN y dirigentes del partido político español Vox constituyen una violación a los mismos, por ello planteamos la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral a investigar si la firma por parte de integrantes del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República del documento conocido como Carta de Madrid, impulsado por políticos y organizaciones de nacionalidad española, contraviene lo dispuesto en los artículos 23 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2021.

Diputado Juan Carlos Natale López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de México a instruir un plan antirrobo de medicamentos en el sistema de salud pública con la participación de las dependencias del sector, entre otras, a cargo de la diputada Celeste Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Celeste Sánchez Romero, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobierno de México para que instruya la realización de un plan para combatir el robo de medicamentos en el sistema de salud pública del país con la participación de las dependencias involucradas en el sector salud así como las correspondientes a las áreas de fiscalización, jurídicas y procuración de justicia, entre ellas la Secretaría de la Función Pública, de Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Público, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Fiscalía General de la República, el Servicio de Administración, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su párrafo tercero precisa uno de los derechos fundamentales para la vida con dignidad de todo ser humano: el derecho a la protección a la salud. Sin salud, sin ella el transitar por la vida se desmorona e incluso lleva a la conclusión de la vida misma.

Por ello, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cifró dentro de uno sus 100 compromisos centrales al asumir su mandato Constitucional el 1 de diciembre de 2018 precisamente el de “garantizar a los mexicanos atención médica y medicamentos gratuitos” y cuyo cumplimiento está catalogado como en proceso.

En esta parte, hoy acudo a esta máxima tribuna parlamentaria del país a tocar un punto que lastima profundamente a un amplio segmento de mexicanos en todo el territorio nacional, en las 32 entidades de la República, como es el abasto insuficiente de medicamentos en el sector público de salud, como lo es esencialmente en instituciones rectoras del mismo como el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que concentran la atención de la salud de la gran mayoría de los mexicanos.

El primero de los tres grandes obstáculos del gobierno del presidente López Obrador fue el andamiaje legal construido en el pasado para la compra de fármacos ya que estaba hecho a modo para favorecer a un oligopolio farmacéutico, atando de manos al Gobierno de México para comprar medicamentos que hacen falta a mejor precio y/o en el extranjero cuando fuese necesario.

El segundo obstáculo fue el boicot de estas grandes empresas que, como una verdadera mafia, intentaron impedir que se lograra el propósito de adquirir todos los medicamentos de manera competitiva y a precios justos cuando el Presidente trajo a la luz pública esta red de influyentísimo y corrupción, lo que agudizó desde 2019 un desabasto que existía desde hace décadas, pero del que los medios de comunicación convencionales no hablaban, el pueblo lo sabe.

Los primeros dos obstáculos, la corrupción y el sabotaje, se han vencido, se rompió el sistema de corrupción establecido que impedía comprar medicamentos de buena calidad y a precios justos. Se modificó la ley para hacer legales las compras en el extranjero.

Así, el pasado 20 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Salud, Dr. Jorge Alcocer Varela, anunciaron la conclusión de un proceso de adquisición de medicamentos que involucró a la Organización de las Naciones Unidas a través de sus agencias: la Oficina de las Naciones Unidas y Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y que sumado a una compra sectorial internacional se logró la adquisición de mil 514 millones de piezas de medicamentos y mil 110 millones que son piezas de material de curación que suman un total de 2 mil 624 millones 768 mil 642 piezas, con una inversión de 76 mil 969 millones de pesos y que tendrá que cumplir con este objetivo presidencial.

Esta acción rompió, reitero, quebró el sistema de corrupción que se había establecido y que impedía contar con medicamentos y medicamentos de buena calidad. Además del abasto, esto ha significado también ahorros importantísimos para la hacienda pública por el orden de los 18 mil 919 millones de pesos, que representa cerca del 20% del presupuesto programado de este año para este fin.

En el pasado, en el régimen corrupto, el 80% de la compra de medicamentos se concentraba en diez empresas, en donde la mayoría ni siquiera producían medicamentos, eran meras distribuidoras, intermediarios predilectos en las compras gubernamentales; era un multimillonario negocio de una minoría rapaz, ambiciosos sin escrúpulos que medraban con el dolor humano.

Este nuevo sistema de contratación, tanto en lo que corresponde a Unops como la compra con otros países, que consiste en una comprar multianual, permitirá garantizar la adquisición de medicamentos hasta el 2024 y la compra anunciada tiene vigencia que alcanza hasta a mediados del año próximo.

El tercer gran obstáculo para se cristalice el garantizar que los medicamentos lleguen a la gente, es el “huachicol de medicinas”, es decir la corrupción y robo de medicamentos en alguna etapa de la cadena de suministro por parte de intermediarios, funcionarios o empleados del sector salud, con la finalidad de revenderlos y sacar un usufructo económico indebido. Este delito también llamado “robo hormiga”.

Según la Auditoria Superior de la Federación (ASF), en el sexenio pasado, se documentaron irregularidades cometidas en el sector salud en este rubro por 3 mil 137 millones de pesos. Datos de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm) señalan que el robo de medicamentos y el mercado negro representa entre 13 mil millones de pesos y 30 mil millones de pesos anuales, respectivamente, mientras que la Organización Mundial de Salud (OMS), estima que el 10% de los medicamentos a nivel mundial derivan del mercado ilegal.

Ahora, como lo ha reconocido el propio Presidente, sigue un reto no menos descomunal: mejorar el sistema de distribución interno para que lleguen a todos los hospitales los medicamentos, hasta los centros de salud, unidades médicas ubicadas en los pueblos marginados de la sierra, del semidesierto, de las zonas más apartadas y lo que es toral, central, objeto de este punto de acuerdo solicitado a este parlamento: combatir el robo de medicamentos, el “huachicoleo” de las medicinas, que se encuentra enquistado como un cáncer en la parte de abajo, en la conclusión de la entrega de sus medicinas a quien lo necesita.

Las quejas se multiplican por todo el país. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a todos los trabajadores del sector Salud a cuidar los medicamentos, a denunciar actos de corrupción. “Nada de que ingresa al almacén un lote de medicamentos, se firma y sale de nuevo para el comercio ilegal, para la clandestinidad. Que nos ayuden todos los trabajadores del sector Salud y todos los ciudadanos. Cero corrupción en el manejo de los medicamentos. Nada de que no hay medicina en el hospital, pero sí hay en las farmacias cercanas y hasta recomiendan: ‘Ve ahí, porque ahí la vas a encontrar’.”

Lo lamentable es que este robo, este saqueo, no es denunciado de manera formal por los usuarios ante el temor de represalias. De ahí la urgencia porque se adopte un esquema que permita primero detectar con precisión estos actos ilícitos y segundo combatirlos con las acciones legales y penales correspondientes para erradicar esta práctica que lastima profundamente la integridad, la salud y es una amenaza y ataque contra la vida misma de las personas.

El doctor Jorge Alcocer Varela, reconoció: “falta la última milla, que a veces es la más pesada, la que concluye el proceso del almacén a la farmacia y de la farmacia a las manos de los pacientes.... este proceso que involucra elementos administrativos, legales, científicos, médicos, técnicos, logísticos y financieros, no será útil si no se traduce en el cumplimiento cotidiano del artículo 4º de la Constitución para que los mexicanos y las mexicanas reciban cada día de manera gratuita y oportuna el medicamento que su médico le recetó”.

En suma, como lo ha señalado el presidente López Obrador, el siguiente paso, es mejorar el sistema de distribución interno para llevar los medicamentos hasta los rincones más apartados del país. Por lo que la colaboración del sector salud y de los ciudadanos para a cuidar los medicamentos mediante la denuncia de prácticas ilegales, como robos o actos de corrupción, es esencial para culminar con esta noble misión de garantizar medicamentos gratuitos a todos los mexicanos.

Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobierno de México para que instruya la realización de un plan para combatir el robo de medicamentos en el sistema de salud pública del país con la participación de las dependencias involucradas en el sector salud así como las correspondientes a las áreas de fiscalización, jurídicas y procuración de justicia, entre ellas la Secretaría de la Función Pública, de Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Público, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Fiscalía General de la República, el Servicio de Administración Tributaria y las que tenga a bien considerar el Ejecutivo Federal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de septiembre del 2021.

Diputada Celeste Sánchez Romero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión a continuar la capacitación de las policías locales y garantizar los derechos de la seguridad pública, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las suscritas diputadas y los suscritos diputados, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2 y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a la siguiente

Exposición de Motivos

I. El día 25 de abril de 2019 el Senado de la República aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República y publicándose en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de mayo de 2019, señalando que la seguridad de la gente debe ser un factor esencial del bienestar y la razón primordial de la existencia del poder público, el pacto básico entre este y la población consiste en que la segunda delega su seguridad en las autoridades constituidas las cuales adquieren el compromiso de garantizar la vida, la integridad física y el patrimonio de los individuos.1

Asimismo, dicha estrategia señala que la sociedad mexicana se encuentra en una situación vulnerable por la violencia que se vive en nuestro país, reconociendo los altos índices de criminalidad y la violencia por el crecimiento exponencial de la delincuencia en sus diferentes modalidades, lo que genera grandes costos sociales y económicos para la sociedad.

Ante este escenario, es importante destacar que a la fecha aún prevalece el aumento de la violencia criminal y social en todo el territorio nacional y que sigue siendo uno de los temas pendientes de la administración actual. A pesar del confinamiento ocasionado por la pandemia de Covid-19 las estadísticas continúan en aumento durante los últimos meses, destacándose principalmente el robo, la extorsión, el feminicidio y la violación, lo que se traduce en que la ciudadanía esta expuesta y vulnerable ante estas conductas que lesionan, o ponen en grave peligro, a bienes fundamentales para la sociedad.

Conforme a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el mes de enero de 2018 se registraron se registraron 2,563 homicidios dolosos, en enero de 2019 se registraron 2,855, en enero de 2020 aumentaron a 2,994 y la cifra para el mismo periodo en 2021 fue 2831, aunado a los daños colaterales que ha dejado hacia las víctimas de los familiares que han sufrido las consecuencias de dichos delitos.2

Asimismo, cabe señalar que en lo que respecta a la presente administración de diciembre de 2018 para el cierre de enero de 2021 la cifra total de víctimas por homicidio doloso asciende a 76,841 por lo que estadísticamente son 97 homicidios dolosos diarios lo que se registran en el país y en promedio son 4 por cada hora, dichos eventos no cuentan con una reducción significativa, al contrario, van en crecimiento en todo el territorio nacional.3

Imagen de Reporte trimestral de Seguridad elaborado por DataInt el 30 de abril de 2021.4

Cabe señalar que, desde que inició la gestión del Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió un año para comenzar a ver y dar resultados estructurales en materia de seguridad pública, cuando se cumplió dicho plazo solicitar otro año más, bajo el argumento de que existía una crisis heredada de los sexenios pasados pero supuestamente ya existían las bases para dicho iniciar dicho cambio y reducir significativamente el número de personas asesinadas en nuestro país.

La prevalencia de delitos durante los primeros cinco meses continúa en aumento, los homicidios dolosos durante este periodo se ubican en 14,666 de las cuales 1,610 eran mujeres y 496 niños, en promedio son asesinadas a diario 97 personas, superando en un 20 por ciento a las estadísticas comparadas con el año 2020. Todo ello y a pesar del despliegue de más de 100.000 elementos de la guardia nacional en todo el territorio nacional.5

Durante las últimas tres administraciones del Gobierno Federal en nuestro país se ha visto inmerso en una violencia sin precedentes, a pesar del confinamiento ocasionado por el virus SARS-CoV2 que ocasiona la enfermedad de Covid-19, se continúa con una estrategia de seguridad sin resultados para hacerle frente a el robo de autotransporte, robo en el transporte público, de combustibles, los homicidios dolosos, secuestros, ejecuciones o hasta los propios ataques entre grupos criminales lo que ha ocasionado daños colaterales hacia la sociedad, quienes viven constantemente temor de perder sus bienes económicos o patrimoniales, por lo que debemos de cambiar de manera urgente la estrategia en materia de seguridad en nuestro país.

II. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece que la función del Estado en materia de seguridad pública está a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, que comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas.

Por su parte, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria del artículo 21 de la CPEUM, señala que la Seguridad Pública tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos. Ésta comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado.

Por lo que respecta a las facultades por parte del Ejecutivo Federal puede de formular y ejecutar políticas públicas que sean tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y el de sus ciudadanos con el objeto de mantener y preservar la integridad del Estado frente a los grupos delincuenciales a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tal y como lo establece el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, principalmente la de garantizar la seguridad pública de la Nación.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 el Ejecutivo Federal señala en su apartado “Cambio de paradigma en seguridad “que se recurrió al empleo de las fuerzas armadas y se omitió la profesionalización de las corporaciones policiales por lo que viven las consecuencias de dicha política equivocada. Asimismo, en su apartado 12 titulado de las “estrategias específicas” describe que un elemento esencial, urgente y prioritario es el Nuevo Modelo de Policía para que en los tres niveles de gobierno cuenten con las condiciones de enfoque de proximidad y velar por la construcción coordinada entre los cuerpos policiacos en el ámbito municipal, estatal y federal. Mediante la capacitación, profesionalización, certificación y dignificación de nuestros policías.6

Hoy es apremiante revisar las condiciones y los escenarios que prevalecen en todo el territorio nacional en materia de seguridad pública, es evidente los niveles de inseguridad, de violencia, las desapariciones forzadas, los desplazamientos forzados, homicidios, feminicidios, robo en el transporte público o en la vía pública o las circunstancias y situaciones del sistema penitenciario, pero sobre todo la percepción de impunidad y la insuficiencia institucional para reparar y evitar los daños ocasionados hacia las víctimas y que permea directamente hacia sus familias, todo por una visión militarista y no de seguridad pública, debemos de establecer las condiciones que el propio Gobierno Federal propuso a través de su Plan Nacional de Desarrollo.

Por tal razón, quienes integramos la Bancada Naranja creemos necesario la implementación de manera urgente del Nuevo Modelo Policial, a fin de que puedan concretarse las condiciones mínimas de seguridad pública y velar por la construcción de un gobierno que pueda fortalecer a las instituciones de seguridad en los tres niveles de gobierno, y con ello, hacer frente a la inseguridad que padecen a diario miles de mexicanas y mexicanos en sus diferentes formas de expresión delincuencial, con la creación del Nuevo Modelo Policial para su capacitación, profesionalización y consolide los principios de proximidad con la ciudadanía.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión, a fin de que se continúe con los esfuerzos para el fortalecimiento y capacitación de las policías locales, con el objeto de que se garanticen los derechos de las personas que integran estos cuerpos y/o elementos de la Seguridad Pública, a través de las gestiones y previsiones necesarias para materializar el Nuevo Modelo Policial, previsto en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y aprobado por el Senado de la República y a lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Notas

1 Decreto por el que se aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República, “Diario Oficial de la Federación”, 16-05-2019, Presidencia de la República, recuperado de:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560463&fecha=16%2F05%2F2019

2 Incidencia delictiva, “Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, abril 2021, recuperado de:

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidenci a-delictiva-87005?idiom=es

3 Ibídem

4 Reporte de seguridad: 1T 2021, DataInt, 30 de abril de 2021, recuperado de: https://dataint.mx/2021/04/30/reporte-de-seguridad-1t-2021/

5 En 2021, los asesinatos crecen en 14 estados; repuntan las violaciones y extorsiones, Animal Político, 22 junio 2021, recuperado de: https://www.animalpolitico.com/2021/06/en-2021-los-asesinatos-crecen-en -14-estados-repuntan-las-violaciones-extorsiones-y-robos/

6 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Presidencia de la República, 17 feb 2019, recuperado de:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2021.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a actualizar por la CNPC y con los 32 gobiernos locales el Atlas Nacional de Riesgo, a cargo de la diputada Fabiola Rafael Dircio, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, la diputada Fabiola Rafael Dircio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que, nuestro país esta geográficamente localizado en zonas ubicadas en una región que se ve afectada de manera directa por numerosos fenómenos naturales y algunos más que son creados por el humano.

Estos fenómenos naturales y antropogénicos han generado a lo largo de los años pérdidas económicas y pérdida de vidas humanas.

El territorio nacional se ubica en una zona de alta actividad sísmica y volcánica la cual se genera a través del desplazamiento de 5 placas tectónicas, las cuales se definen de la manera siguiente:

“Caribe, Pacífico, Norteamérica, Rivera y Cocos. Estas últimas dos placas se encuentran en subducción (se sumergen) debajo de la placa de Norteamérica. Rivera se sumerge bajo Jalisco y Colima, mientras que Cocos lo hace debajo de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Al sur de Chiapas y en Centroamérica, Cocos continua, pero ahora subduciendo debajo de la placa del Caribe”.1

Por ello existen mecanismos en los cuales se plantea un sistema que integran información sobre fenómenos perturbadores a los que está expuesta la nación, identificados de manera cuidadosa y geográficamente identificados.

Esos fenómenos naturales se identifican como geológicos que engloba sismos erupciones volcánicas, tsunamis, erupciones.

Hidrometeorológicos; los cuales abarcan; Ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones, tormenta de nieve, granizo, etcétera.

Sanitario-Ecológicos; en los que se identifican, epidemias, plagas, contaminación del aire, agua y suelo.

El Instituto Mexicano de Tecnologìa del Agua también manifiesta que; “por su ubicación entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, México es susceptible a los efectos de un gran número de fenómenos naturales como huracanes, sismos, erupciones volcánicas, lluvias intensas, deslaves, etc., es decir, está expuesto a este tipo de amenazas naturales. Por otro lado, debido a la distribución de la población y zonas industriales en todo el territorio nacional, es propenso a otro tipo de amenazas consideradas como antropogénicas como pueden ser los incendios industriales, derrames químicos, explosiones, accidentes en el transporte, etcétera”.2

Asimismo, Irasema Alcántara-Ayala, investigadora del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mencionó que en los últimos años los desastres naturales en el país se han ido incrementando, que de 2000 a 2019, se suscitaron a causa de estas 3 mil 765 muertes, 1.8 millones de viviendas dañadas.

Un dato meritorio de subrayar es que cerca del 60 por ciento de los municipios o poblaciones afectadas por los desastres naturales viven en niveles de marginación altos o muy altos.

Si a lo anterior añadimos los costos generados por los destares naturales que según el Centro Nacional de Prevención de Desastres ha llegado a ser hasta del orden de los 7 mil 253 millones de dólares como en el año 2010 y unos 776 millones de dólares en 2018, el impacto resulta ser urgente de atender desde un punto de vista de prevención y no solo como medida de reacción.

3

La Secretaría de Hacienda estima que las potenciales pérdidas económicas por desastres naturales como sismos, tormentas tropicales y huracanes en 2022 ascenderían a 52 mil 500 millones de pesos4 .

Situaciones complejas se suscitaron los primeros días del mes de septiembre de 2021, en el estado de Hidalgo, las provocaron que se desbordara e inundara varias colonias del municipio de Tula el 7 de septiembre.

El río Tula se desbordó y generó, el desastre más grave de los últimos 40 años, según lo informó el ejecutivo estatal, en donde 17 personas murieron y más de 30,000 resultaron damnificadas.

En el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, la lluvia generó grandes cantidades de agua en algunas calles y avenidas del municipio, de acuerdo con las declaraciones del alcalde Fernando Vilchis, se debió a la bajada de grandes cantidades de agua desde las zonas altas de la Sierra de Guadalupe.

El día 07 de septiembre, también se registró un sismo de 7.1 grados de magnitud con epicentro a 14 kilómetros al sureste de Acapulco. El movimiento telúrico fue perceptible en diversos estados del centro del país, aunque tuvo consecuencias fatales en el estado de Guerrero, donde ya suman tres muertos hasta el momento. De igual forma, se reportaron daños en más de 500 casas.

Otro suceso que se suma a los anteriormente enunciados es el deslizamiento de tierra en el Cerro del Chiquihuite, en Tlalnepantla, estado de México, con afectaciones directas y serias para la salud y la vida de las personas, así como a su patrimonio.

Según el informe anual del Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), tan solo en 2020 al menos 101 mil personas tuvieron que desplazarse de manera forzosa en México a causa de desastres naturales.5

Por lo expuesto y fundado someto a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil y en coordinación con los gobiernos de las 32 entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, actualicen el Atlas Nacional de Riesgo, así como los atlas de riesgo estatales y municipales con la finalidad de incrementar la prevención y, en su caso, la recuperación ante los desastres naturales que afectan a los municipios, los estados y la federación.

Notas

1 http://www.ssn.unam.mx/

2 https://www.gob.mx/imta/

3 https://www.jornada.com.mx/

4 Ibídem.

5 https://www.jornada.com.mx/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2021.

Diputada Fabiola Rafael Dircio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos del estado de México y de Ecatepec a apoyar a los damnificados por las lluvias del 6 de septiembre, reparar daños, reubicar a habitantes de casas afectadas en las orillas de barrancas, instalar albergues integrales y dotar de agua para limpiar viviendas, a cargo de la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, María Eugenia Hernández Pérez , diputada federal de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, por el que se exhorta a los gobiernos del estado de México y de Ecatepec, a apoyar a los damnificados por las lluvias del 6 de septiembre, reparar daños, reubicar casas afectadas en las orillas de las barrancas, instalar albergues integrales y dotar de agua para la limpieza de sus viviendas , bajo las siguientes:

Consideraciones

Primera. El día 6 de septiembre de 2021, se registraron intensas lluvias en Ecatepec, estado de México, que dejaron graves daños al municipio y, lo que es más lamentable, provocando pérdida de vidas humanas. Las fuertes lluvias ocasionaron que al menos dos personas fallecieran, además de que decenas de vehículos fueron arrastrados por las fuertes corrientes de agua. Esas copiosas corrientes de agua eran auténticos ríos con muchísima fuerza y, debido a la lluvia atípica, bajaron de la Sierra de Guadalupe, principalmente en la zona de San Andrés de la Cañada y el centro del municipio. Por lo tanto, Ecatepec se encuentra en una situación de emergencia, ya que se registran anegaciones e inundaciones en casi toda la demarcación.

Estas lluvias atípicas causaron serios daños a los habitantes de Ecatepec, mismos que deben cuantificarse de manera más objetiva, precisa y sensible, con el objeto de apoyarlos para recuperar sus respectivos patrimonios.

Segunda. Un aspecto relevante de los daños y perjuicios que sufrió la población de Ecatepec por las fuertes lluvias del 6 de septiembre, es el relativo al deterioro de las viviendas y la pérdida de todo tipo de muebles y aparatos electrónicos y electrodomésticos, debido a la inundación de las casas, donde el agua alcanzó niveles hasta de metro y medio.

Al respecto, el gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo Maza, informó que unas 800 viviendas resultaron afectadas en Ecatepec por las lluvias que han caído en los últimos días. En entrevista televisiva, el mandatario precisó que en 100 de esas viviendas se registraron daños mayores y 700 con afectaciones menores. Dijo que 80 por ciento de calles y vialidades afectadas por la lluvia registrada la tarde-noche del lunes en este municipio han sido reabiertas y brigadas brindan apoyo a los vecinos para la limpieza de viviendas. En un comunicado, las autoridades de los tres niveles del gobierno estatal precisaron que el trabajo coordinado de más de 600 elementos y 100 unidades de respuesta, permitió retirar los materiales arrastrados por la corriente y abatir los niveles del agua para evitar la obstrucción de calles y vialidades, afectaciones a viviendas o el cierre temporal de negocios.i

Del mismo modo, se ha informado que se desplegaron brigadas de los tres niveles de gobierno, como la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), DIF estado de México (DIFEM), Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social (Sedesm), Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, Junta de Caminos y Secretaría de Seguridad, quienes de manera conjunta laboraron con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional y Cruz Roja Mexicana, así como personal de Sapase, Protección Civil y Bomberos, Servicios Públicos, Seguridad Pública, así como del Sistema municipal DIF del gobierno de Ecatepec de Morelos.ii

Es evidente que las autoridades de los tres órdenes de gobierno han llevado a cabo la evaluación de daños y el despliegue operativo de elementos y equipamiento para bajar el nivel del agua en las zonas anegadas, así como realizar limpieza, saneamiento, retiro de material de arrastre, evaluación de daños y análisis de necesidades. Incluso, el gobierno de Ecatepec estableció que mantendrá en territorio las brigadas conformadas por trabajadores municipales hasta que se restablezcan totalmente los daños ocasionados por la tormenta.

Sin embargo, es de la mayor importancia que dichas evaluaciones, diagnósticos y cuantificaciones de los daños ocasionados por las lluvias, se realicen con la mayor precisión y sensibilidad. Esto, porque la reparación de daños debe poner énfasis en el patrimonio de las personas, que, como ya se dijo, implica la reparación o restitución integral de las viviendas afectadas y la reposición de los muebles perdidos.

Por lo tanto, es fundamental que los censos que se realicen cuenten con parámetros que reflejen esta problemática y estas preocupaciones de las personas y familias que perdieron gran parte de su patrimonio.

Además, es indispensable que se considere que las personas y familias con graves afectaciones en sus viviendas, necesitan atención especial en materia de albergues adecuados para vivir transitoriamente, en los casos de los habitantes de las casas con daños estructurales que ponen en riesgo la vida y la integridad de éstos en caso de seguir ocupándolas.

Por lo tanto, es necesario que el tanto el gobierno municipal, como el gobierno estatal, en coordinación con el gobierno federal, instalen albergues que brinden alojamiento y apoyos integrales a las personas que no pueden regresar a habitar sus casas dañadas por el sismo. Que esos albergues tengan todos los servicios y que ahí se les ofrezca alimentación y cuidados. Dichos albergues, además deben estar cerca de las casas afectadas, con el fin de que los ocupantes tengan menos angustia por la seguridad de sus viviendas y muebles.

Tercera. Es importante que las autoridades de los tres órdenes de gobierno tengan plena conciencia de la importancia que tienen los daños o pérdidas de vivienda, así como la pérdida de muebles para los habitantes de Ecatepec que padecieron los estragos de las lluvias del pasado 6 de septiembre.

Al respecto, es pertinente referir uno de los muchísimos testimonios relativos con este fenómeno. “El patio de la casa ubicada en la calle Ciprés, esquina con Olivo, albergaba muebles de madera, la sala, una mesa de centro y una computadora que quedó inservible debido a que se mojó completamente. Además, la cocina, aún inundada, mostraba un refrigerador con lodo dentro, los cuartos dejaban ver un sofá cama empapado y camas sobre cajas de madera para evitar aún más daños. Estamos viendo qué se puede salvar porque los muebles de madera se están inflando y se están despegando. Acabamos a las siete de la mañana de sacar el agua, y eso que empezamos a las 10 de la noche, indicó Griselda Islas, quien estima las pérdidas en hasta 45 mil pesos.”iii

Poe esta razón, las autoridades deben desplegar una estrategia para reparar, inmediatamente, estos daños y vigilar cabalmente las viviendas y muebles de las personas que no pueden habitarlas debido a los daños causados por las lluvias.

Cuarta. Si bien las autoridades de los tres órdenes de gobierno desplegaron y siguen realizando acciones de limpieza, desazolve, y reparación de infraestructura en las calles y redes de drenaje, es indispensable también atender las causas estructurales de los daños ocasionados por las lluvias.

En lo inmediato, se debe garantizar que las familias cuyas casas se inundaron y anegaron de lodo y aguas negras, cuenten con los apoyos necesarios para sanear sus viviendas, sobre todo agua potable y demás insumos de limpieza. Será necesario llevarles agua con pipas para acelerar la limpieza de sus casas.

En el mediano plazo, pero en corto tiempo, se tiene que revisar a fondo en qué estado se encuentra la infraestructura municipal, el alcantarillado, el drenaje, las calles, la recolección de basura y de deshechos, para evitar en que se vuelvan a presentar estos graves daños. También se deben solucionar de una vez por todas, los problemas de deforestación, de tala clandestina, la urbanización irregular de la Sierra de Guadalupe, porque debido a esas cuestiones la lluvia no encuentra freno en la Sierra y baja con gran violencia hacia las colonias urbanas.

Son muchos factores que se tienen que atender. Que, en coordinación con las autoridades federales competentes, se elabore una estrategia inmediata y programada para la conservación y reforestación de la Sierra de Guadalupe, que se evite y castigue la tala clandestina y la urbanización ilegal; que se lance un plan de disminución y recolección de residuos sólidos, de basura demás contaminantes de la Sierra. Solo así se vitará que el agua de las lluvias baje de forma tan violenta y destructiva.

Si no se emprenden estas acciones, las viviendas ubicadas a la orilla de las barrancas deberán ser reubicadas, para prevenir daños y tragedias cuando se presenten lluvias atípicas o algún otro fenómeno natural. Es imperioso tomar estas medidas, porque está visto que las lluvias cada vez serán más atípicas debido a los efectos del cambio climático, razón por la cual es mejor prevenir que lamentar.

Con base en las consideraciones expuestas, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México y al gobierno municipal de Ecatepec, a garantizar apoyos inmediatos y continuos a las personas afectadas por las lluvias atípicas del pasado 6 de septiembre en Ecatepec, especialmente a quienes sufrieron pérdida o daños en sus viviendas, así como pérdida de muebles y aparatos electrónicos. Los apoyos deberán incluir albergues con servicios integrales, cercanos a sus viviendas y con seguridad para su resguardo.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México y al gobierno municipal de Ecatepec, a considerar como zonas de alto riesgo las viviendas ubicadas a las orillas de las barrancas afectadas por las lluvias del pasado 6 de septiembre en Ecatepec, procediendo a reubicar a sus habitantes en albergues integrales, mientras se lleva a cabo la reparación de dichas viviendas o se determina su eventual restitución de la vivienda en otro lugar para sus habitantes.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México y al gobierno municipal de Ecatepec, a garantizar todo el apoyo a las familias cuyas casas se inundaron y anegaron de lodo y aguas negras debido a las lluvias del 6 de septiembre en Ecatepec; proporcionando, a través de pipas, acceso a agua potable para limpiar y sanear sus casas.

Referencias

i “Daños en 800 viviendas en Ecatepec por las lluvias: Alfredo del Mazo”, consultado el 11 de septiembre de 2021, disponible en https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/07/estados/danos-en-800-vivien das-en-ecatepec-por-las-lluvias-alfredo-del-mazo/

ii Ibid

iii “Tratamos de protegernos de la lluvia, pero no nos dio tiempo: afectados de Ecatepec”, consultado el 11 de septiembre, disponible en https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/valle-de-mexico/afectados-de -ecatepec-tratamos-de-protegernos-de-la-lluvia-pero-no-nos-dio-tiempo-7 185360.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2021.

Diputada María Eugenia Hernández Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a modificar la política nacional de vacunación contra el SARS-Cov2 para incluir en el esquema a los adolescentes de 12 a 18 años, con la vacuna Pfizer-BioNTech, aprobada por la Cofepris, a cargo del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que respetuosamente se exhorta a la Secretaría de Salud (SSA) para que se modifique la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la Prevención de la Covid-19 en México, para incluir en el esquema de vacunación contra la Covid-19 a las niñas, niños y adolescentes de 12 a 18 años de edad, con la vacuna Pfizer-BioNTech, que ha sido aprobada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para tal efecto, y con ello se protejan y se coadyuve a prevenir y erradicar la enfermedad en nuestro país; conforme a los siguientes

Antecedentes

La pandemia y la vacunación

A finales de diciembre del año 2019 se informó oficialmente que una nueva enfermedad estaba extendiéndose rápidamente en la provincia de Wuhan, China: la covid-19, ocasionada por el virus SARS-CoV-2. En pocos días, como es de conocimiento público, los contagios alcanzaron a Europa, África y a América, convirtiéndose en una pandemia.

Durante casi un año, los científicos y diversas farmacéuticas hicieron esfuerzos sobrehumanos para investigar lo suficiente sobre la enfermedad y para desarrollar vacunas que fueran inocuas para el ser humano y que permitieran enfrentar este terrible flagelo que ha cobrado una enorme cantidad de vidas en todo el globo.

Gracias al esfuerzo científico, varias vacunas fueron autorizadas para su uso de emergencia en prácticamente todos los países del orbe, incluido México. En nuestra nación, las vacunas que se han recibido, ya sea por donación o por adquisición, son las comúnmente conocidas como Pfizer-BioNTech; AstraZeneca; Moderna; CanSino, Sputnik V, Sinovac y Jannsen.

Si bien ha habido contratiempos, quejas y muchas oportunidades perdidas para mejorar el proceso, la vacunación ha ido avanzando poco a poco en el país. Conforme ha ido pasando el tiempo cada vez más personas han recibido al menos una dosis de alguna de las vacunas antes mencionadas.

A pesar de que las metas que se han fijado por diversas autoridades federales no han sido cumplidas como se hubiera deseado, estamos en una mejor situación que hace un año, cuando no existían aún las vacunas, lo que da esperanza para enfrentar la enfermedad, así como impulsar la recuperación de la economía y de la vida social con mayor velocidad y seguridad.

Desde mayo, el presidente López Obrador anunció que esperaba que en octubre próximo se concluyera con la vacunación de las personas adultas, para estar listos para enfrentar el invierno con toda la población con al menos una dosis.1

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, declaró desde julio que el final de la vacunación a personas mayores de 18 años en la ciudad se daría el 12 de octubre de 2021.2

Estamos muy cerca de llegar a octubre, fecha en la que se nos ha prometido que se concluirá con la vacunación de las personas adultas y, de acuerdo con los reportes de la autoridad, el avance en la vacunación continúa.

De acuerdo con la Secretaría de Salud,3 desde el inicio de la Estrategia Nacional de Vacunación y hasta el 11 de septiembre de 2021, 60 millones 759 mil 845 personas han recibido al menos una dosis de la vacuna, lo que representa 68 por ciento de avance en personas mayores de 18 años.

De esos 60 millones, 39 millones 70 mil 943 personas, es decir, el 64 por ciento cuenta con esquema completo; mientras que 21 millones 688 mil 902, es decir 36 por ciento son nuevos esquemas.

Con las vacunas aplicadas el día 11 de septiembre, se alcanzó un total de 91 millones 720 mil 391 aplicadas, de las 106 millones 376 mil 715 vacunas que se han recibido en México.

Así se aprecia gráficamente la situación de la vacunación en México actualmente:4

La vacunación de niñas, niños y adolescentes

Si bien en la población adulta ha habido avances, en la población infantil y adolescente estos han sido nulos, pues tanto el presidente de la República como el subsecretario de la Ssa, Hugo López-Gatell, han manifestado su negativa a iniciar un proceso de vacunación a niñas, niños y adolescentes.5

Esto niega flagrantemente y sin motivo, el derecho a la salud de millones de niñas, niños y adolescentes que tienen tanta necesidad de la vacuna y tanto derecho para obtenerla, como cualquier persona adulta.

Esta negativa ocasionó que cientos de padres y madres promovieran demandas de amparo en contra de la negativa a vacunar a sus menores hijos.

La negativa antes mencionada se basa en lo que establece la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la Prevención de la Covid-19 en México, que a la letra establece:

“La estrategia de contención de defunciones propone una priorización de grupos poblacionales a vacunar, basada en las características asociadas con un mayor riesgo de morir por Covid-19. Para definir los criterios, se realizó un análisis de mortalidad basado en los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que considera características individuales, así como con indicadores de pobreza, desigualdad e informalidad laboral con un nivel de desagregación hasta el municipio de residencia de las personas afectadas.

Ninguna vacuna será aplicada a personas menores de 16 años hasta que se cuente con la suficiente evidencia de seguridad en esta población; actualmente ningún ensayo clínico ha incluido a menores de 16 años.”6

Ante esta negativa absoluta dictada desde la Política Nacional de Vacunación, es evidente que existe una clara violación de derechos humanos en agravio de niñas, niños y adolescentes, en especial, en cuanto al derecho al acceso a la salud se trata, pues, incluso, su motivación es incorrecta, toda vez que sí existen ensayos clínicos en diversos países que han demostrado la inocuidad de las vacunas en personas de 12 a 18 años y, por ello, una gran cantidad de países, incluyendo a los Estados Unidos de América.

En dicho país, los CDC (Centros de Control y la Prevención de Enfermedades) recomiendan la vacunación de personas de más de 12 años de edad, tal como se aprecia a continuación:

“Los CDC recomiendan que todas las personas de 12 años de edad o más se vacunen contra el Covid-19 para protegerse y ayudar a proteger contra el Covid-19. La vacunación a una proporción grande de la población es una herramienta fundamental para detener la pandemia. Las personas que están totalmente vacunadas pueden reanudar actividades que solían hacer antes de la pandemia. Obtenga más información sobre lo que usted y su hijo o adolescente pueden hacer una vez que estén totalmente vacunados. Los niños de 12 años de edad o más puede recibir la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer-BioNTech.”7

Esto contrastas frente a la negativa absoluta que ha sostenido el gobierno de México sobre la vacunación a menores de edad y, por ello, cientos de demandas de amparo han sido promovidas en todo el territorio nacional.

Pero parece haber un giro en este tema, pues el subsecretario López-Gatell, en entrevista a diversos diarios de circulación nacional y, luego, el 14 de septiembre, en la conferencia mañanera del presidente de la República, admitió que se vacunará a un millón de niños y adolescentes de 12 a 17 años que tienen factores de riesgo para presentar cuadros graves e incluso de morir por covid-19, al declarar lo siguiente:

“Tenemos identificados a un millón de personas de 12 a 17 años con cáncer (leucemia, linfoma, tumores sólidos), insuficiencia renal o hepática, VIH/sida con trasplante de órganos, enfermedades congénitas y otras que disminuyen el sistema inmunológico”8

Pero este millón de menores que accederían a las vacunas no alcanza para inmunizar a los más de 13 millones de niñas, niños y adolescentes que habitan en México, por lo que es urgente que la Política Nacional de Vacunación se modifique y se permita la vacunación a esta población de 12 a 18 años, con la vacuna Pfizer-BioNTech, que ha sido aprobada por la Cofepris para tal efecto.

Por tal motivo, esta proposición con punto de acuerdo propone exhortar a la SSA para que se modifique la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la Prevención de la Covid-19 en México, para incluir en el esquema de vacunación contra la covid-19, a las niñas, niños y adolescentes de 12 a 18 años de edad, con la vacuna Pfizer-BioNTech, que ha sido aprobada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para tal efecto, y con ello se protejan y se coadyuve a prevenir y erradicar la enfermedad en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario, de urgente resolución, a consideración de esta soberanía, con el siguiente

Punto de acuerdo

Único. El pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, se modifique la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la Prevención de la Covid-19 en México, para incluir en el esquema de vacunación contra la Covid-19, a las niñas, niños y adolescentes de 12 a 18 años de edad, con la vacuna Pfizer-BioNTech, que ha sido aprobada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para tal efecto, y con ello se protejan y se coadyuve a prevenir y erradicar la enfermedad en nuestro país.

Notas

1 AMLO prevé que en octubre concluirá la vacunación contra el Covid-19 en México. El Economista, disponible en

https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-preve-que- en-octubre-concluira-la-vacunacion-contra-el-Covid-19-en-Mexico-2021051 8-0036.html

2 CDMX se ‘pone’ como fecha el 12 de octubre para terminar vacunación Covid. El Financiero. Disponible en

https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2021/07/23/cdmx-se- pone-como-fecha-el-12-de-octubre-para-terminar-vacunacion-covid/

3 Comunicado 385, de 12 de septiembre de 2021: En México, 68% de la población adulta cuenta con al menos una dosis contra Covid-19. Secretaría de Salud. Disponible en https://www.gob.mx/salud/prensa/385-en-mexico-68-de-la-poblacion-adulta -cuenta-con-al-menos-una-dosis-contra-covid-19

4 Fuente: Our World in Data.

5 AMLO dice que no comprará vacunas Covid para niños hasta que se analice si las requieren. Animal Político. Disponible en https://www.animalpolitico.com/2021/07/amlo-vacunas-ninos-covid-farmace uticas-negocio/

6 Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la Prevención de la Covid-19 en México. Documento Rector, versión 6.0, 11 de mayo de 2021. Secretaría de Salud, páginas 25 y 26. Disponible en

http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/documentos-de-consul ta/

7 Vacunas contra el Covid-19 para niños y adolescentes. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Gobierno de los Estados Unidos de América. Disponible en

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/r ecommendations/adolescents.html

8 López-Gatell corrige sobre vacunas a menores y ofrece 1 millón de dosis. Expansión Política. Disponible en https://politica.expansion.mx/mexico/2021/09/13/lopez-gatell-corrige-so bre-vacunas-a-menores-y-ofrece-1-millon-de-dosis

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 21 de septiembre de 2021.

Diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita la creación de una comisión especial de atención y seguimiento para informar sobre los trabajos realizados en las obras del Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, a cargo de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Eufrosina Cruz Mendoza, diputada federal de la LXV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno, como urgente y obvia resolución, la proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita la creación de una Comisión Especial de atención y seguimiento para informar sobre los trabajos realizados en las obras del Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, al tenor de las siguientes

Consideraciones

“El Tren Maya es un proyecto para mejorar la calidad de vida de las personas, cuidar el medio ambiente y detonar el desarrollo sustentable”,1 y “el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es uno de los proyectos estratégicos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.”2 La integración del corredor económico catalizará las inversiones públicas y privadas a través de la implementación de infraestructura urbana, social y productiva.”3

Como se ha mencionado, estos son dos proyectos con muchas ambiciones de “desarrollo económico”, no obstante, se desconoce de diversas situaciones que acontecen detrás de estos proyectos. Tal como lo manifiesta el periódico La Jornada: “Durante varios sexenios gubernamentales, poderosos intereses económicos y políticos han tratado de venderle a la opinión pública las innumerables ventajas de construir un corredor transístmico para comunicar al Golfo de México con el Océano Pacífico: un canal de Panamá de la modernidad y la globalización. Con éste, los beneficios que recibiría el sureste del país serían incontables.”4

“En un libro ya clásico y que sigue vigente: Geopolítica y desarrollo en el istmo de Tehuantepec, editado por el Centro de Ecología y Desarrollo, Cecodes, Alejandro Toledo Ocampo resumió por qué los repetidos intentos imperiales por apoderarse de tan importante región del país:

• Alto potencial de sus numerosas corrientes fluviales;

• Ricas reservas de hidrocarburos;

• Extensas planicies de inundación;

• Vastos recursos pesqueros y forestales;

• Ubicación estratégica respecto a los mercados externos;

• Sociedades rurales tradicionales con evidentes muestras de pobreza y marginación.

También ilustró cómo la historia reciente del istmo es la expresión clara de que el “desarrollo” que preconizan los modernizadores de ayer y de hoy conduce a dañar preciados ecosistemas. Y algo no menos grave: a alterar y destruir hasta sus raíces las estructuras comunitarias y culturales de las poblaciones que por sus conocimientos, manejo racional del medio y comprensión de la naturaleza, asombraron a los conquistadores españoles y a quienes, más recientemente, han estudiado tan vasto territorio y a sus pobladores.

Abundan las pruebas que muestran cómo la concepción tecnocrática vigente desde hace años en México ignora los problemas de la gente, de las comunidades y de la cultura que desde hace siglos forman la base de la organización de los grupos humanos del sureste. En cambio, aparece lo peor de la civilización del petróleo. No solamente se trata de los hidrocarburos sino de ecosistemas de incalculable valor que son destruidos o alterados: planicies costeras, pantanos, lagunas, ríos y estuarios. O las selvas tropicales húmedas como las de Uxpanapa y Chimalapa.”5

En el istmo de Tehuantepec convergen ecosistemas terrestres y marinos de gran importancia por su diversidad biológica y por los beneficios ambientales que generan. En el istmo central se localizan las sierras Mixe y de los Chimalapas, separadas por el corredor natural de baja altura sobre el nivel del mar, que conecta las planicies costeras del Golfo de México y el golfo de Tehuantepec.

El “desarrollo” dado en el istmo en las últimas seis décadas consiste en la acelerada explotación de mantos petroleros y azufreros; el aumento de la capacidad de refinación del crudo; el establecimiento de cinco grandes complejos petroquímicos; la instalación y operación de un complejo sistema de transportes; oleoductos, gasoductos y combustoleoductos; el crecimiento de la zona urbana y corredor industrial Coatzacoalcos-Minatitlán.

Todo lo expuesto anteriormente ha generado impactos ambientales muy severos reflejados en la devastación de decenas de miles de hectáreas de selvas tropicales húmedas y más del 80 por ciento de los ecosistemas de humedales en el delta del río Coatzacoalcos. Más la contaminación del aire, suelo y, sobre todo, de los cuerpos de agua alterándose la calidad para el consumo humano y la macrofauna acuática del río Coatzacoalcos. Ocurre lo mismo en el río Tonalá, en la laguna del Ostión y en las aguas del litoral del istmo norte, con fuertes descargas bacterianas y microbianas en general, de hidrocarburos y de metales pesados.

Esta situación crítica ha llevado a los especialistas que han estudiado la zona a declarar la región Coatzacoalcos-Minatitlán-Cosoleacaque-Cangrejeras como la de mayor contaminación de agua, suelo y aire de todo el país y a declarar al tramo final del río Coatzacoalcos, un río “muerto”.6

Por otra parte, “Varias organizaciones ambientalistas, especialistas y ciudadanos aglutinados en el colectivo Articulación Yucatán enviaron una carta a autoridades federales y estatales sobre los impactos del proyecto Tren Maya al acuífero de Yucatán y en particular a la ciudad de Mérida.

El colectivo señala en la misiva su preocupación por la deficiencia en el análisis de los impactos sociales y ambientales del Tren Maya en la península de Yucatán.”7

Lo antes mencionado definitivamente nos lleva a recapitular lo acontecido con los amparos que el Tren Maya tiene en su contra, tal como lo expone el periódico El Economista: “El segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador puntualiza que hasta el momento el Tren Maya suma seis amparos en su contra, de los cuales algunos tienen suspensión provisional, sin que ello impida la continuidad de las obras.

Otra suspensión definitiva fue concedida a un grupo de personas pertenecientes al pueblo Ch’ol, de las comunidades de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, quienes se ampararon desde el pasado 7 de mayo “en contra del presidente de la República, del secretario de Salud federal y del director general Fonatur”, argumentando violaciones a su derecho a la salud, así como afectaciones ambientales y a sus derechos como comunidades indígenas.

La juez a cargo del caso argumentó que continuar con los trabajos del Tren Maya durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19 ponía en riesgo la salud de las comunidades ch’ol de los referidos municipios, así como sus derechos a un medio ambiente sano.”8

De igual modo en este año 2021 se han concedió suspensiones definitivas en contra del Tren Maya, tal como se observa en el portal de internet de Aristegui Noticias en el cual plasma lo siguiente: “Por considerar que existe una incertidumbre sobre el verdadero impacto del proyecto denominado Tren Maya, la Juez Cuarta de Distrito en el estado de Yucatán determinó conceder tres suspensiones definitivas como resultado de tres amparos presentados por dos asociaciones civiles.

Para conceder la suspensión definitiva la juzgadora sostuvo que en el caso cobra aplicación el “principio de precaución, reconocido en el artículo 15 de la Convención de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que opera como pauta interpretativa ante las limitaciones de la ciencia para establecer con absoluta certeza los riesgos a los que se enfrenta la naturaleza, y que, en relación con la administración pública, implica el deber de advertir, regular, controlar, vigilar o restringir ciertas actividades que son riesgosas para el medio ambiente.”9

En ese sentido, es necesario que nuestro gobierno cumpla con las expectativas de los ciudadanos de nuestro territorio mexicano y en la medida transparentar todo acto realizado el cual será indispensable, ya que ésta es, simultáneamente, garantía de vida democrática, así como de eficiencia y eficacia de la gestión del gobierno.

Debido a ello y a lo que acontece con las obras de Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, es importante aplicar y hacer efectivo lo establecido en el artículo 1 y 2 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tal como lo plasmo a continuación:

Artículo 1. La presente ley es de orden público y de observancia general en toda la República, es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información.

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios.

Artículo 2 . Son objetivos de esta ley:

I. Distribuir competencias entre los organismos garantes de la federación y las entidades federativas, en materia de transparencia y acceso a la información;

II. Establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información;

III. Establecer procedimientos y condiciones homogéneas en el ejercicio del derecho de acceso a la información, mediante procedimientos sencillos y expeditos;

IV. Regular los medios de impugnación y procedimientos para la interposición de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales por parte de los organismos garantes;

V. Establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir proactivamente;

VI. Regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes;

VII. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales de cada región;

VIII. Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la consolidación de la democracia; y

IX. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio y las sanciones que correspondan.

Es necesario que el gobierno sea transparente en sus actos y decisiones para crear así un ambiente de democracia y libertades. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.

En definitiva, ambos proyectos tienen demasiadas inconsistencias y dudas al respecto, tal como lo mencionan los diversos medios de comunicación y los órganos jurisdiccionales. Es por ello por lo que es necesario y urgente la creación de una Comisión Especial de atención y seguimiento para informar sobre los trabajos realizados en las obras del Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Por lo anterior expuesto, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno, como urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita, en términos del artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la creación de una Comisión Especial de atención y seguimiento para informar sobre los trabajos realizados en las obras del Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Notas

1 https://www.trenmaya.gob.mx/

2 https://www.o-ru.mx/corredor-interocenico-istmo-de-tehuantepec

3 https://www.o-ru.mx/corredor-interocenico-istmo-de-tehuantepec

4 https://ecologica.jornada.com.mx/2021/03/14/el-corredor-interoceanico-u n-ecocidio-irreversible-2545.html

5 https://ecologica.jornada.com.mx/2021/03/14/el-corredor-interoceanico-u n-ecocidio-irreversible-2545.html

6 https://microadmin.jornada.com.mx/ecologica/2021/03/14/los-impactos-amb ientales-del-corredor-interoceanico-5401.html

7 https://www.eleconomista.com.mx/estados/Colectivo-alerta-sobre-impactos -negativos-del-Tren-Maya-en-la-peninsula-de-Yucatan-20210408-0092.html

8 https://www.eleconomista.com.mx/estados/Tren-Maya-suma-seis-amparos-en- su-contra-20200902-0093.html

9 https://aristeguinoticias.com/1703/mexico/concede-juez-tres-suspensione s-definitivas-en-contra-del-tren-maya/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 21 de septiembre de 2021.

Diputada Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SSPC a emitir de manera urgente la declaratoria de emergencia respecto a Tlalnepantla de Baz, México, y liberar recursos del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales que permitan atender a las víctimas y apoyar a los afectadas por el desgajamiento del Cerro del Chiquihuite, a cargo de la diputada Marisela Garduño Garduño, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Marisela Garduño Garduño, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo la siguientes

Consideraciones

La tarde del viernes 10 de septiembre de 2021, alrededor de la una y media de la tarde, hubo un derrumbe en el cerro del Chiquihuite. El alud sepulto varias viviendas en la Calle Club Exportadores de Chimalhuacán, en la colonia Lázaro Cárdenas Tercera Sección, en el Municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México, lo que ocasionó un saldo de una persona fallecida, un herido y 10 desaparecidos.

Pobladores y autoridades locales fueron los primeros en llegar e iniciar los trabajos de remoción de escombros para agilizar el auxilio de las personas afectadas por el desgajamiento del cerro.

En el lugar del siniestro laboran de manera conjunta elementos de los tres órdenes de Gobierno como el Ejército, la Guardia Nacional, Brigada de Rescate Topos, Protección Civil estatal y municipal, Bomberos Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza, Base Fénix, Cruz Roja, equipo USAR Ciudad de México, Secretaría de Seguridad del Estado de México, para apoyar y agilizar los trabajos de aseguramiento del cerro para evitar más derrumbes y de remoción de material para localizar posibles personas afectadas.

Autoridades señalan que al menos 126 viviendas deben ser desalojadas de sus hogares por el alto riego que existe en esta zona. Por ello, el municipio de Tlalnepantla habilitó albergues temporales para las familias afectadas en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, calle Club Excursionistas Tzinantécatl esquina calle Montañistas de México, colonia Lázaro Cárdenas Primera Sección; el Comedor Comunitario El Puerto, en avenida del Puerto, esquina Jesús García, colonia El Puerto; el Deportivo Caracoles: calle Uruapan número 3, colonia Constitución de 1917; Albergue 4: Salón Kamakiri, calle Club Sierra 3990, Colonia Lázaro Cárdenas, Primera Sección; y Nuestra Señora del Carmen, calle Guardianes de la Montaña esquina con calle Excursionistas 13, en la colonia Lázaro Cárdenas.

Dada la magnitud de esta tragedia, con el fin de apoyar a las familias que han sido desalojados ya que sus viviendas se encuentran en riesgo por el derrumbe en el Cerro del Chiquihuite; así como brindar apoyos a las personas heridas y a los familiares de la persona que perdió la vida, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a emitir de manera urgente la declaratoria de emergencia para el municipio de Tlalnepantla de Baz en el Estado de México, así como a liberar los recursos necesarios del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales que permitan atender a las víctimas y apoyar a las familias afectadas por el desgajamiento del Cerro del Chiquihuite.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular del gobierno municipal de Tlalnepantla de Báez y al titular del Poder Ejecutivo del gobierno del estado de México a que conforme a sus atribuciones les den una pronta y eficaz respuesta a todas y todos los ciudadanos desalojados de su propiedad, así como a los que desafortunadamente perdieron esta, derivado al desgajamiento del Cerro del Chiquihuite, el pasado viernes 10 de septiembre del año en curso.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 21 días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno.

Diputada Marisela Garduño Garduño (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Jucopo de esta soberanía que se cree una comisión especial para rediseñar una propuesta integral del sistema de salud pública de alta calidad, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

I. La pandemia de Covid-19, sin duda, representa el reto sanitario más grande que ha enfrentado México en el siglo XXI. De acuerdo con el Coronavirus Resource Center de la Johns Hopkins University, desde que comenzó la pandemia, en nuestro país se han registrado 3,549,229 casos confirmados de Covid-19 así como 270,348 lamentables decesos por esta enfermedad.1 En este tenor, resulta evidente que esta pandemia expuso aún más las vastas deficiencias del sistema de salud mexicano.

El 29 de noviembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud a fin de crear el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi)2 y desaparecer la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, organismo encargado de operar el Seguro Popular.3 En este sentido, cabe señalar que el Seguro Popular garantizaba el acceso a 300 servicios de salud, así como 70 intervenciones de alto costo tales como cuidados intensivos neonatales, tratamiento de todos los tipos de cáncer en niños y niñas, VIH/sida, cáncer de mama así como el infarto agudo al miocardio.4

Lamentablemente, aunque el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, prometió que el nuevo Sistema de Salud Pública funcionaría para el 1 de diciembre de 2020 “con normalidad, un servicio de calidad, atención médica y medicamentos gratuitos”,5 tal como funciona en otros países del mundo como Dinamarca, Canadá o Reino Unido, la realidad es que casi un año después de esta fecha, las y los mexicanos siguen sin contar con estos servicios.

En este mismo orden de ideas, resulta necesario señalar que de acuerdo con la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, del 11 de diciembre de 2019 al 11 de diciembre de 2020 se han registrado 2,190 fallecimientos de niñas y niños con cáncer en nuestro país. Lo anterior debido a la detección tardía de la enfermedad, la falta de acceso oportuno a tratamientos médicos, el desabasto de medicamentos, así como a las propias complicaciones de la enfermedad.6 Es por ello que padres y madres de niñas y niños con cáncer se han manifestado en múltiples ocasiones para expresar su descontento ante la situación que atraviesan sus hijas e hijos.7 y 8

Sin embargo, las problemáticas para acceder a servicios de calidad en el sector salud no son exclusivas de niñas y niños con cáncer. Las mujeres con cáncer también han sido afectadas de manera severa. Entre junio y julio de 2020, el 87% de 142 mujeres con cáncer encuestadas se vieron obligadas a interrumpir o modificar su tratamiento para el cáncer de mama debido a múltiples factores como la transición del Seguro Popular al Insabi (61%), desabasto de medicamentos oncológicos (23%) o la pandemia de Covid-19 (38%).9

De igual manera, David Argen de la revista médica The Lancet, apuntó que las decisiones públicas de la presente administración han originado la actual crisis de desabasto de medicamentos.10 Lo anterior, en virtud de que en 2019 se centralizó la compra de medicamentos al designar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como la autoridad responsable de realizar todas las compras públicas del país. Sin embargo, en julio de 2020 la facultad de compra de medicamentos fue transferida al Insabi con la firma de un acuerdo con la UNOPS.11 En este tenor, algunos especialistas en la materia como el ex Secretario de Salud, el Dr. Julio Frenk, han apuntado que es recomendable que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) retome las compras de medicamentos a fin de evitar problemas de desabasto.12

Aunado a lo anterior, las reformas a la Ley General de Salud del 2019 hicieron que hubiera un retroceso en la cobertura de servicios especializados. Estos pues se limitó la responsabilidad del Insabi a cubrir meramente los servicios básicos de los dos primeros niveles de atención, mas no del tercer nivel. Dicho de otro modo, el tercer nivel de atención, el más especializado que es el que requieren las enfermedades de alto costo, no es atendido en el nuevo instituto.13 Ello generó, sin duda, un importante retroceso en el acceso al derecho a la protección de la salud de las y los ciudadanos.

Como ha quedado evidenciado, el sistema de salud de nuestro país, actualmente no garantiza la atención de calidad para todas y todos los mexicanos. Por ello, es preciso que se inicie una discusión seria, analítica, plural y crítica a fin de comenzar la planeación del rediseño del sistema de salud a fin de que no excluya a nadie.

II. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, entre 2000 y 2015, el gasto total en salud en México incrementó del 4 al 6% del PIB.14 y 15 Por su parte, el presupuesto de la Secretaría de Salud del gobierno federal casi se cuadriplicó en términos reales en este mismo periodo pues pasó de 39,422 a 153,839 millones de pesos.16 Ello, junto con la implementación del Seguro Popular, permitió extender la protección social en salud de 40 millones en el 2000 a 99 millones de mexicanas y mexicanos en 2015. En términos porcentuales, el 82% de la población gozaba en 2015 de servicios de protección social en salud.17

Sin embargo, aunque el gasto en el sector salud incrementó de manera importante, no es posible omitir que el promedio de gasto corriente de los países de la OCDE en salud per cápita para el año 2017 resulta ser prácticamente cuatro veces mayor que el de países como México. Esto pues mientras México invierte 1,138 dólares per cápita en el sector salud, en promedio los países de la OCDE invirtieron 3,994 dólares en este mismo rubro.18 De hecho, países como Trinidad y Tobago (2,206), Chile (2,182) y Panamá (1,786) invirtieron más que nuestro país en esta área.19 A fin de ilustrar con mayor claridad esta situación, se citará a continuación una tabla comparativa del Gasto total en salud per cápita en 2017 elaborada por la OCDE:20

Ahora bien, a fin de sobreponerse a los enormes obstáculos sociales, legales y financieros que implica el rediseño del sistema de salud pública que sea universal y de calidad, resulta necesario que se consolide una comisión plural y especializada que cuente con la participación de múltiples actores reconocidos del sector público y privado, academia, organizaciones sindicales así como organizaciones de la sociedad civil.

Uno de los principales impulsores de esta propuesta es el Dr. Julio Frenk, ex Secretario de Salud del Gobierno Federal y actual Presidente de la Universidad de Miami. El Dr. Frenk ha apuntado que la comisión propuesta no representaría un ejercicio nuevo. Lo anterior en virtud de que a lo largo de la historia reciente ya han existido exitosas comisiones que han tenido la encomienda de plantear propuestas para reformar sistemas nacionales de salud. Algunos ejemplos son: el Servicio Nacional de Salud Inglés el cual nació en 1942 a raíz de una comisión encabezada por William Beveridge; la Comisión sobre el Futuro de la Atención de Salud en Canadá en 2001 y la Comisión Interministerial para la Reforma de Salud de 2005 la cual creó el Plan de Acceso Universal a Garantías Explícitas en Chile.21

III. En cuanto al marco jurídico, resulta necesario señalar que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la protección de la salud de todas las personas. Asimismo, este precepto constitucional refiere que el marco legal mexicano deberá establecer un sistema de salud que garantice la atención integral y gratuita para quienes no cuenten con seguridad social. Textualmente dicho artículo establece que:

“Artículo 4 (...)

“Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. ”22

Sin embargo, tal como se ha apuntado anteriormente, el Estado Mexicano no ha logrado garantizar plenamente la atención integral de la salud para las y los mexicanos pues se han registrado decenas de denuncias de desabasto de insumos y de medicamentos así como la desatención de múltiples padecimientos.

Por su parte, es de apuntar que el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, contempla la posibilidad de que se constituyan comisiones especiales “cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico.”23 A la letra dicho artículo establece lo siguiente:

“Artículo 42. 1. El Pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico. El acuerdo que las establezca señalará su objeto, el número de los integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado. Cumplido su objeto se extinguirán. Cuando se haya agotado el objeto de una comisión especial o al final de la Legislatura, el Secretario General de la Cámara informará lo conducente a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, la cual hará la declaración de su extinción.”24

En este sentido, resulta evidente que existe la posibilidad legal de que el Congreso de la Unión constituya la Comisión Especial para la Reforma del Sistema de Salud a fin de que se mandate la realización de una propuesta para el rediseño integral del sistema de salud.

De igual manera, resulta necesario subrayar que el artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece que las comisiones especiales serán creadas mediante el acuerdo del Pleno de la Cámara a propuesta de la Junta de Coordinación Política. Textualmente dicho artículo refiere lo siguiente:

“Artículo 207.

1. Las comisiones especiales son órganos colegiados no dictaminadores que se encargan de atender los asuntos específicos que se les encomiendan. Se crearán mediante acuerdo del Pleno de la Cámara, a propuesta de la Junta que debe señalar:

I. Su objeto y duración;

II. Sus tareas, con plazos para su cumplimiento;

III. Las tareas específicas que le sean encomendadas;

IV. El número de integrantes que la conforman, y

V. Los integrantes de su Junta Directiva.

2. Una vez que haya finalizado la legislatura o que hayan cumplido o agotado su objeto, se extinguirán. La Conferencia a través de acuerdo, lo comunicará al Pleno.”25

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Que en términos del artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que con base en sus atribuciones, realice los trámites necesarios para la creación de la Comisión Especial para la Reforma del Sistema de Salud misma que deberá tener como objetivo el planteamiento de una propuesta de rediseño integral del Sistema de Salud Pública con el fin de alcanzar la universalidad de cobertura de servicios de alta calidad y protección financiera de las y los usuarios. Dicha Comisión deberá escuchar las opiniones y recomendaciones de instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, representantes sindicales y actores de los sectores público y privado en el desempeño de sus funciones.

Segundo. La Comisión Especial para la Reforma del Sistema de Salud deberá ser integrada por el número de diputados y diputadas que así lo determine la Junta de Coordinación Política, junto con la aprobación del Pleno de la Cámara de Diputados, de manera proporcional a la representación de cada una de las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados y tendrá como funciones las siguientes:

A. La formulación de un paquete de iniciativas con proyecto de decreto que reformen diversas disposiciones legales e incluso constitucionales a fin de garantizar la universalidad de cobertura de servicios de alta calidad y protección financiera de las y los usuarios del Sistema de Salud Pública en México.

B. La formulación de un sólido plan de instrumentación financiero e institucional que sea sustentable y que garantice la óptima atención en los servicios de salud a las personas en México.

C. La formulación de una estrategia política y de comunicación social que garantice que la ciudadanía comprenda los alcances de las reformas al Sistema de Salud Pública en México a fin de que se pueda ejercer plenamente el derecho a la protección de la salud.

Notas

1 Coronavirus Resource Center. (2021). Covid-19 Dashboard. Johns Hopkins University. Recuperado de:

<https://coronavirus.jhu.edu/map.html>

2 Diario Oficial de la Federación. (2019). DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Diario Oficial de la Federación. Recuperado de:

<https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=55804 30&fecha=29/11/2019>

3 Cámara de Diputados. (2019) Publica DOF decreto que crea el Insabi y desaparece el Seguro Popular. Cámara de Diputados. Recuperado de: <http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de- Noticias/2019/Noviembre/29/3808-Publica-DOF-decreto-que-crea-el-Insabi- y-desaparece-el-Seguro-Popular>

4 Ídem.

5 Arista y Flores. (2020). AMLO asegura que el 1 de diciembre habrá cero cuotas en el Sistema de Salud. Expansión Política. Recuperado de:

<https://politica.expansion.mx/presidencia/2020/01/16 /amlo-asegura-que-el-1-de-diciembre-habra-cero-cuotas-en-el-sistema-de- salud>

6 Mulato, A. (2021). Cifra de niños con cáncer que fallecieron en México desde 2018 es incorrecta. AP News. Recuperado de: <https://apnews.com/article/ap-verifica-393937263495>

7 Forbes. (2021). Padres de niños con cáncer marcharán el sábado para exigir medicamentos. Forbes. Recuperado de:

<https://www.forbes.com.mx/padres-de-ninos-con-cancer -marcharan-para-exigir-medicamentos/>

8 Forbes. (2021). Padres de niños con cáncer bloquean AICM para exigir medicamentos. Forbes. Recuperado de:

<https://www.forbes.com.mx/padres-ninos-con-cancer-ai cm-medicamentos/#:~:text=Padres%20de%20ni%C3%B1os%20con%20c%C3%A1ncer%2 0bloquean%20la%20Terminal%201%20del,los%20familiares%20de%20estos%20peq ue%C3%B1os.>

9 Ortega, A. (2020). Encuesta 87% de mujeres con cáncer han interrumpido su tratamiento en 2020. Expansión Política. Recuperado de: <https://politica.expansion.mx/mexico/2020/10/23/encuesta-87-de-muje res-con-cancer-han-interrumpido-su-tratamiento-en-2020>

10 Código F. (2021). Escasez de medicamentos en México se debe a la falta de planificación y a una gestión pública ineficiente: The Lancet. Código F. Recuperado de: <https://codigof.mx/escasez-de-medicamentos-en-mexico-se-debe-a-la-f alta-de-planificacion-y-a-una-gestion-publica-ineficiente-the-lancet/>

11 ídem.

12 Ramírez, M. (2021). Que UNOPS salga y que el IMSS retome compras de medicamentos: ex secretario Julio Frenk. El Economista. Recuperado de:

<https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Que-UNOPS-s alga-y-que-el-IMSS-retome-compras-de-medicamentos-exsecretario-Julio-Fr enk-20210901-0040.html>

13 Frenk y Gómez. (2021). Salud: es tiempo de corregir el rumbo. Nexos. Recuperado de: <https://www.nexos.com.mx/?p=60158>

14 Frenk y Gómez. (2021). Salud: es tiempo de corregir el rumbo. Nexos. Recuperado de: <https://www.nexos.com.mx/?p=60158>

15 WHO. (2021). Global Health Expenditure Database. WHO. Recuperado de: <https://apps.who.int/nha/database/Select/Indicators/en>

16 ídem.

17 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2015). Principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015. Estados Unidos Mexicanos, Inegi, p. 40. Recuperado de: <http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_s erv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825078966.pdf>

18 OCDE. (2020). Gasto en Salud per Cápita y relación al PIB. OCDE. Recuperado de:

<https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b01ad37f-es/inde x.html?itemId=/content/component/b01ad37f-es#:~:text=Los%20pa%C3%ADses% 20de%20la%20OCDE,pa%C3%ADs%2C%20m%C3%A1s%20gasta%20en%20salud.>

19 ídem.

20 ídem.

21 Frenk y Gómez. (2021). Salud: es tiempo de corregir el rumbo. Nexos. Recuperado de: <https://www.nexos.com.mx/?p=60158>

22 Cámara de Diputados. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. Recuperado de:

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/168_0805 19.pdf>

23 Cámara de Diputados. (1999). Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. Recuperado de:

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/168_0805 19.pdf>

24 ídem.

25 Cámara de Diputados. (2010). Reglamento de la Cámara de Diputados. Cámara de Diputados. Recuperado de: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/Reg_Diputados_270421.pd f>

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso de la Unión a 21 de Septiembre de 2021.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a investigar la posible violación de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales durante la ceremonia cívica en el Consulado de México en Estambul, Turquía, y en diferentes entidades federativas, a cargo del diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Grupo Parlamentario del PRD

Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6 numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

I. Consideraciones

1. El inicio de la Independencia se ubica durante la madrugada del 16 de septiembre de 1810, mediante el llamado al levantamiento armado por el Cura Miguel Hidalgo y Costilla e Ignacio Allende en Dolores Hidalgo, Guanajuato.

2. Este festejo tiene su registro histórico a partir del 16 de septiembre de 1812, donde Ignacio López Rayón celebró en el estado de Hidalgo este memorable grito de libertad.

3. Al año siguiente, José María Morelos y Pavón incluyó en su tratado Sentimientos de la Nación, una solicitud para conmemorar el inicio de este movimiento independentista y para dar reconocimiento a sus iniciadores.

4. El Grito de Independencia es una ceremonia cívica con connotación simbólica e histórica, que podría ser una de las más emblemáticas en México. Para las y los mexicanos, no es un día cualquiera, es el inicio de la conformación de nuestro país como una nación independiente.

5. Sin embargo, pese a lo anterior, el presidente municipal en Ensenada, Baja California, la alcaldesa de Iztapalapa, Ciudad de México, la nueva gobernadora de Campeche y la Cónsul de Estambul, en la celebración del aniversario de la Independencia, en su arenga mencionaron al actual presidente de México.

6. Tener mayoría en un sexenio, no equivale a ser parte de la historia y mucho menos se equipara a los héroes que nos dieron patria y libertad a las mexicanas y los mexicanos.

7. La fiesta más patriótica que se celebra en nuestro país, así como en representaciones de México en el extranjero, no se puede ver desdibujada por el culto a la personalidad de un individuo. No se debe permitir que se banalice algo tan simbólico como es el grito de independencia. Lo que hicieron los servidores públicos antes referidos no representa el sentir de las mexicanas y los mexicanos.

8. Como servidora o servidor público, especialmente como representante de México en el extranjero, uno de los actos de mayor privilegio es dar el grito de independencia, por lo que es de cuestionarse el papel desempeñado por la Cónsul en Estambul, Turquía. El grito de independencia es nacional, no es exclusivo de ningún partido político, es lo que nos identifica como mexicanas y mexicanos, no sólo en territorio nacional, sino también en el extranjero. Independientemente de si nos referimos a una Cónsul de carrera o general, si tomó o no protesta ante el Senado de la República, su obligación es conducirse con imparcialidad. Además de lo anterior, lamentablemente cuando pronunciaba su arenga en el Consulado, no evitó que la Bandera tocara el piso.

9. Asimismo, el artículo 41 del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, estable que:

“Artículo 41. Quienes conforme a la ley y al presente Reglamento ingresen al Servicio Exterior de carrera deberán rendir protesta de lealtad y servicio ante el secretario, así como conducir su actuación con apego a la legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia .”

10. Cabe señalar, que, en septiembre de 2019, cuando soldados intentaban bajar la Bandera Nacional del asta que se encuentra en el Zócalo de la Ciudad de México, fue apoyado por un grupo de civiles que lucharon contra el viento para poder realizar esta labor. Tan importante es nuestro símbolo patrio, que las ciudadanas y ciudadanos lo aprendemos desde la escuela.

11. Por otra parte, cuando la Bandera de México en ceremonias especiales saludará a otra bandera nacional o extranjera, no debe tocar el suelo. Lo anterior se encuentra establecido en el artículo 13 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera e Himno Nacionales, que a la letra dice:

Artículo 13. La Bandera Nacional saludará, mediante ligera inclinación, sin tocar el suelo , solamente a otra bandera, nacional o extranjera; en ceremonia especial, a los restos o símbolos de los héroes de la patria; y para corresponder el saludo del presidente de la República o de un jefe de Estado extranjero en caso de reciprocidad internacional. Fuera de estos casos, no saludará a personas o símbolo alguno.

Si la ley vela por cuidar de los símbolos patrios, ¿no tiene mayor responsabilidad quien ostenta un cargo en el extranjero de hacer lo mismo? Somos respetuosos de la libertad de expresión, pero no a costa de violentar nuestros símbolos patrios.

Por lo expuesto y legalmente fundado, solicitamos atentamente se apruebe la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero . Se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a hacer del conocimiento público sobre la posible violación de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, así como por los hechos ocurridos durante la ceremonia cívica en el Consulado de México en Estambul, Turquía, así como en diferentes entidades federativas.

Segundo. Se proceda conforme a la ley en la materia.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 21 de septiembre de 2021.

Diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la XXIV Legislatura de BC a aprobar la reforma constitucional en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas, a cargo de la diputada Evangelina Moreno Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Evangelina Moreno Guerra , diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución , al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Que la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Baja California, mediante oficio número CEDHBC/TIJ/OT/19/2021, exhortó a las y los diputados del honorable Congreso del estado de Baja California “para que lleven a cabo las acciones necesarias para armonizar la legislación local, con el marco jurídico nacional e internacional, referente al reconocimiento de las comunidades y pueblos indígenas como sujetos de derecho público, reformándose de esta manera el artículo 7o. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California”.

Que el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC) emitió la resolución del Incidente de Inejecución de Sentencia del Recurso de Inconformidad RI-30/2018 INC, el día 29 de septiembre de 2020, que a la letra establece:

Primero. Se declara el cumplimiento defectuoso de la sentencia del RI-30/2018 dictada por este Tribunal, en los términos de la presente resolución.

Segundo. Se impone al Congreso del estado de Baja California, la medida de apremio consistente en apercibimiento.

Tercero. Se vincula al Congreso del estado de Baja California, a la debida observancia de la sentencia de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente RI-30/2018, en términos de la presente resolución.

Cuarto. Se vincula al Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en términos de la presente sentencia.

Por lo que esta resolución de Incidente de Inejecución de Sentencia del TJEBC mandato al Congreso del estado de Baja California a realizar, por un lado, la “consulta respectiva a los pueblos y comunidades indígenas asentadas en la entidad -tanto originarios como procedentes de otras regiones-, deberá iniciarse a más tardar dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la presente resolución, tomando en cuenta las indicaciones y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la autoridad sanitaria federal, emitidas con motivo de la emergencia sanitaria para evitar la propagación del virus Covid-19”.

Y, por el otro lado, se mandata a las y los legisladores del Congreso local a legislar a favor de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en la entidad para lograr una “igualdad sustantiva entre hombres y mujeres indígenas para el ejercicio de sus derechos de votar y ser votado, toda vez que el Congreso local fue omiso en legislar de manera plena sobre ese punto; ello, a fin de garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental en torno al principio de autodeterminación, así como al principio de igualdad sustantiva y no discriminación entre el hombre y la mujer de las comunidades indígenas”.

Bajo esta tesitura, el Congreso de Baja California ha sido omiso, pues no ha realizado las reformas correspondientes para garantizar los derechos de las comunidades y pueblos indígenas. Así pues, es urgente que las y los diputados de la XXIV Legislatura comiencen a reformar el marco jurídico de la entidad, a fin de salvaguardar los derechos de este grupo social. Pues, ya lo dijo nuestro presidente de la república, licenciado Andrés Manuel López Obrador, “daremos preferencia a los más humildes y olvidados, en especial, a los pueblos indígenas de México”.

Por lo que es urgente que las y los diputados del Congreso de Baja California legislen a favor de los pueblos y comunidades indígenas. Toda vez que existen iniciativas que salvaguardan los derechos humanos de este grupo social, mismas que han sido presentadas por diversos actores, las cuales fueron presentadas por representantes indígenas, por organizaciones civiles, así como por diversos legisladoras y legisladores.

No obstante, de que existe una variedad de propuestas legislativas turnadas a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso local, están durmiendo el sueño de los justos, ya que dicha Comisión no las ha podido dictaminar, es más, para estas iniciativas aún no inicia el proceso legislativo correspondiente. A pesar de que existe una Recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado y de que existe una amonestación del TJEBC hacia el Congreso local y una resolución que obliga a los y las diputadas de dicho Congreso a legislar a favor de los derechos de los pueblos indígenas.

Ante esta gran omisión que enfrentan los pueblos indígenas en Baja California por parte del poder legislativo de la entidad, vengo a esta soberanía a conminar a ustedes diputadas y diputados de la LXV Legislatura a que den votemos a favor de esta propuesta de punto de acuerdo.

Por todo lo anterior expuesto, me permito someter a consideración la siguiente proposición de urgente y obvia resolución con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la XXIV Legislatura del Congreso del estado de Baja California a aprobar la reforma constitucional en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas mandatada por la resolución del Incidente de Inejecución de Sentencia del Recurso de Inconformidad RI-30/2018 INC del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California y por la Recomendación CEDHBC/TIJ/OT/19/2021 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Baja California.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2021.

Diputada Evangelina Moreno Guerra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a iniciar con la Ssa la vacunación contra el Covid-19 entre los niños de 12 años y más para prevenir y disminuir los contagios en el país, a cargo del diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Marco Antonio Mendoza Bustamante, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracciones II y III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 11 de marzo de 2020 al Covid-19 como pandemia y como emergencia de salud pública de interés global, emitiendo una serie de recomendaciones para su control y atención.

Dicho organismo menciona que la enfermedad por coronavirus Covid-19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. La mayoría de las personas infectadas con el virus experimentarán una enfermedad respiratoria grave y requerirán atención médica. Las personas mayores con enfermedades como la diabetes, cardiovasculares, respiratorias crónicas o cáncer tienen más probabilidades de desarrollar de enfermarse gravemente, es decir, fallecer a cualquier edad.1

Dicho organismo menciona que el virus se propaga desde la boca o la nariz de una persona infectada en pequeñas partículas líquidas cuando tose, estornuda, habla, canta o respira. Estas partículas varían desde gotas respiratorias más grandes hasta aerosoles más pequeños.

Lamentablemente la pandemia del Covid-19 ha impactado a millones de vidas y ha afectado gravemente a todos los sectores poblacionales principalmente a los más vulnerables.

Para dimensionar la magnitud de esta grave problemática, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través del informe: Estadísticas Sanitarias Mundiales 2021, se estima que el número real de muertes por coronavirus son 2 o 3 veces superior a los 3.4 millones de fallecimientos notificados actualmente, es decir, podrían estar entre los 6.8 y los 10 millones a nivel mundial.2

La organización destaca que la pandemia de Covid-19 supone una importante amenaza para la salud y el bienestar de la población a nivel mundial y dificulta los avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, principalmente.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) describe que para los niños a medida que avanza la pandemia y demuestra que, si bien los síntomas entre los menores infectados siguen siendo leves, las infecciones están aumentando y el impacto a largo plazo en la educación, la nutrición y el bienestar de toda una generación de niños y jóvenes puede alterar la vida.3

En este mismo sentido, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señala que en 87 países los niños y adolescentes menores de 20 años representaban una de cada nueve infecciones por Covid-19, o el 11 por ciento de los 25.7 millones de infecciones notificadas por estos países.4

Cabe mencionar que, de acuerdo con medios internacionales, el pasado 5 de mayo de 2021, Canadá declaró el uso de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el Covid-19 a partir de los 12 años, convirtiéndose en el primer país para personas tan jóvenes.5

En este mismo orden de ideas, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos mediante una declaración amplió la autorización el uso de emergencia de la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer en niños de 12 años a 15 años de edad. Con esta acción, Estados Unidos de América se convirtió en avalar la vacuna anti Covid de Pfizer y BioNTech en adolescentes.6

Según reportes internacionales, al menos seis países europeos han autorizado la inoculación para los menores, la cual ya fue recomendada por el Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización del Reino Unido como por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.7

Igualmente, tan solo en el mes de junio, Francia declaró la vacunación para los menores de 12 a 17 años. Hasta el momento, alrededor del 40 por ciento de los jóvenes han recibido al menos una inyección.

Para los países de América Latina según datos periodísticos, Uruguay fue el primer país en iniciar a inocular a menores de entre 12 y 17 años con la vacuna Pfizer a comienzos de junio. Chile, al igual que Uruguay también tiene una de las mayores tasas de vacunación del mundo.8

Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana también iniciaron a vacunar a niños con comorbilidades a partir de los 12 años, entre junio y julio.

Para el caso de México, sin duda, no existe esfuerzo para atender esta grave problemática. Para ponderar esta situación, de acuerdo con la Secretaría de Salud al corte del 13 de enero de 2021, se registraron un total de 136 mil 917 defunciones confirmadas por el Covid-19 y una tasa de letalidad del 8 por ciento a nivel nacional.9

Y según cifras de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), hasta el 22 de agosto de 2021, hay un aproximado de 156 mil 990 contagios acumulados de SARS-CoV-2 confirmados y asociados en menores de edad.10

En tanto que en medios periodísticos se han evidenciado el aumento de casos entre este sector poblacional, tan solo en la Ciudad de México, se triplicaron los casos, al pasar de cuatro a 17 en un mes, del 11 de julio al 13 de agosto de 2021.

En este tenor, la titular de la Secretaría de Salud capitalina reportaba sólo cuatro casos en hospitales, pero, para el 1 de agosto ya eran 12, y para el 13 el registro se elevó a 17 menores internados de este año, en medio de una creciente alerta e incertidumbre entre los familiares.11

El manejo de la pandemia en nuestro país continúa siendo un caos y ha provocado que aumenten los contagios de manera sostenida, no existiendo ninguna prioridad para las niñas, niños y adolescentes de 12 años y más.

A pesar de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha dictaminado procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los 12 años.12

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que en a través de un ensayo de fase III en el que se incluyó a niños de 12 a 15 años, se examinó que la vacuna era muy eficaz y bastante segura en este grupo de edad.

La OMS menciona que, probablemente, los adolescentes, sobre todo los de más edad, transmiten el SARS-CoV-2 igual que los adultos. Por lo que recomienda que los países administren la vacuna a los niños de 12 a 15 años. Por lo que se debe ofrecer la vacunación, junto con los otros grupos de riesgo elevado, que presenten enfermedades concurrentes que aumenten significativamente el riesgo de sufrir síntomas graves de Covid-19.13

Sin duda, la vacunación constituye uno de los elementos medulares para la protección contra las enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas, pues activa las defensas naturales del organismo para que resistan infecciones específicas y fortalezcan el sistema inmunitario.

La vacuna contra el Covid-19 permite reducir el riesgo de enfermar de forma grave y mejor protegido. No se alcanzará la inmunidad al 100 por ciento, sin embargo, las consecuencias en el organismo son menores. Los principales beneficios son: seguras y efectivas, protege a las personas que lo rodean y una forma de desarrollar la inmunidad.

La vacunación también es una herramienta fundamental para detener la pandemia. Las personas que están totalmente vacunadas pueden reanudar actividades que solían hacer antes de la pandemia.

De allí la trascendencia del punto de acuerdo, por el que se solicita de manera urgente al titular del Ejecutivo Federal para que, en coordinación con la Secretaría de Salud, inicien la vacunación contra el Covid-19 entre los niños de 12 años y más, con el propósito de prevenir y disminuir los contagios en el país.

Es urgente que el Estado mexicano, asuma su responsabilidad y garantice la seguridad y bienestar del Interés Superior de la Niñez estipulado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Y en el artículo 4 fracción Novena de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como dice a la letra:

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.14

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que en coordinación con la Secretaría de Salud y en el ámbito de sus atribuciones, inicien de manera urgente la vacunación contra el Covid-19 entre los niños de 12 años y más, con el propósito de prevenir y disminuir los contagios en todo el país.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud (OMS) (2021) Enfermedad por coronavirus (Covid-19). Sitio web: https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1

2 Organización de las Naciones Unidas (2021), Estadísticas Sanitarias Mundiales 2021. ONU. Sitio web:

https://news.un.org/es/story/2021/05/1492332

3 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2020). El Covid-19 sí afecta a los niños y la pandemia puede dejar una “generación perdida”. Sitio web:

https://news.un.org/es/story/2020/11/1484262

4 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2020). El Covid-19 sí afecta a los niños y la pandemia puede dejar una “generación perdida”. Sitio web:

https://news.un.org/es/story/2020/11/1484262

5 Expansión (2021). Vacunar a los niños contra el Covid-19 en los países ricos puede traer problemas. Sitio web: https://expansion.mx/mundo/2021/05/06/vacunar-a-los-ninos-contra-el-cov id-19-en-los-paises-ricos-puede-traer-problemas

6 CNN, Español (2021) La FDA autoriza la vacuna de Pfizer para menores de 12 a 15 años: Sitio web:

https://cnnespanol.cnn.com/2021/05/10/la-fda-autoriza-la -vacuna-de-pfizer-para-menores-de-12-a-15-anos/

7 AP NEMS (2021). Reino Unido listo para vacunar a jóvenes de 12 a 15 años. Sitio web:

https://apnews.com/article/4e39f8985ba5e65b11fd34ff03441 e3f

8 Qué países están vacunando a niños contra la Covid-19 y por qué (y cuáles son los de América Latina). Sitio web:

https://www.bbc.com/mundo/noticias-58590941

9 Versión estenográfica. Conferencia de prensa. Informe diario sobre coronavirus Covid-19 en México (2021). Sitio web: https://www.gob.mx/salud/prensa/version-estenografica-conferencia-de-pr ensa-informe-diario-sobre-coronavirus-covid-19-en-mexico-261235?idiom=e s

10 Reportan pico de contagios de Covid-19 en niños (2021). Sitio web: https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/reportan -pico-de-contagios-de-covid-19-en-ninos/ar2250325

11 Los niños mexicanos no están a salvo del Covid: han hospitalizado a 8,491. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/08/16/en-mexico-han-hospi talizado-a-8491-menores-a-causa-del-covid/

12 La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (2021). COFEPRIS emite modificación a la autorización para uso de emergencia de vacuna Pfizer-Biontech; permitirá aplicación a partir de 12 Años. Sitio web: https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-emite-modificacion-a-la- autorizacion-para-uso-de-emergencia-de-vacuna-pfizer-biontech-permitira -aplicacion-a-partir-de-12-anos?idiom=es

13 Lo que debe saber sobre la vacuna BNT162b2 de Pfizer-BioNTech contra la Covid-19. Sitio web:

https://www.who.int/es/news-room/feature-stories/detail/ who-can-take-the-pfizer-biontech-covid-19—vaccine

14 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sitio web:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 21 de septiembre de 2021.

Diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SCT a implantar con Capufe un esquema de exención de peaje o tarifa especial en las carreteras México-Pirámides y Peñón-Texcoco para beneficiar a la población de los respectivos municipios, a cargo del diputado Francisco Favela Peñuñurí, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado federal Francisco Favela Peñuñuri, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de está soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Consideraciones

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 tiene como propósito el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo de México, a través del bienestar general de la población, para lo cual precisa que, entre otros aspectos, “el sector público fomentará la creación de empleos, mediante programas sectoriales, proyectos regionales y obras de infraestructura” para “que todos los habitantes del país tengan las oportunidades que exige el ser humano para gozar de una vida digna y que disminuyan en México las enormes diferencias que nos agobian”.1

Para contribuir y alcanzar tal objetivo, en su más reciente informe de labores, el Gobierno Federal señala que se hizo un “reordenamiento de labores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para que los beneficios que conllevan las vías de comunicación terrestres, aéreas, marítimas, férreas, así como las telecomunicaciones y el Internet puedan llegar a todas y todos los mexicanos, en especial a los menos favorecidos”.2

Así mismo, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), establece como uno de sus objetivos prioritarios “contribuir al bienestar social mediante la construcción, modernización y conservación de infraestructura carretera accesible, segura, eficiente y sostenible, que conecte a las personas de cualquier condición, con visión de desarrollo regional e intermodal”.

A esto último contribuyen las obras y proyectos de infraestructura, sin embargo es necesario prestar atención especial, pues si bien contar con infraestructura carretera es primordial en el desarrollo de toda sociedad, de su comercio, turismo, economía y vida cotidiana, progreso en vano resulta cuando se cuenta con vías de comunicación y de transporte que al final no le es posible costear a la gran mayoría de población o a la menos favorecida, lo que pone en cuestión los aspectos de accesibilidad y de personas de cualquier condición mencionados en dicho objetivo del programa, pues gran número de población no tiene el ingreso suficiente para cubrir el pago de peaje de autopistas que en algunos casos incluso es la única vía para llegar a otras urbes o centros económicos.

México cuenta con una superficie territorial de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, y una población que supera los 112 millones de habitantes, la mayor parte de su población se desplaza a través de la infraestructura carretera del país, siendo el transporte carretero y vehicular el principal medio de comunicación para los ciudadanos; a través de esta movilidad se detonan actividades que generan desarrollo comercial, industrial, tecnológico, financiero, se mejora la distribución oportuna de bienes y servicios, se promueve la cultura y el turismo en beneficio de nuestra nación.

Para transitar y trasladarse por el territorio nacional, se requiere necesariamente la utilización de vehículos de motor o medios de trasporte que faciliten el desplazamiento, aunado a una red de carreteras cuya infraestructura otorgue garantías de accesibilidad, equipamiento, diseño, protección y seguridad para los ciudadanos.

En datos del Instituto Mexicano del Transporte, la Red Nacional de Caminos de nuestro país tiene una longitud por encima de los 780 mil kilómetros (contempla pavimentados y sin pavimentar), y el Programa Sectorial de SCT precisa que 51,197 kilómetros corresponden a la Red Carretera Federal conformada por 40,583 kilómetros de carreteras federales libres de peaje con 9,167 puentes, y 10,767 de cuota con 1,261 plazas de cobro.3

Por sus características, las carreteras de peaje o de altas especificaciones se concesionan para su explotación, conservación y mantenimiento, a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), así como a los gobiernos estatales o a particulares; mientras que el Gobierno Federal asume la responsabilidad de las carreteras de medias especificaciones y los gobiernos estatales o municipales de aquellas de bajas especificaciones.4

Capufe es el organismo descentralizado que administra, opera y conserva una red de caminos y puentes de cuota, bajo las modalidades de red propia, red contratada y red correspondiente al Fondo Nacional de Infraestructura; cuya presencia institucional representa el 35% de la Red Nacional de Autopistas y el 60% de la Red Nacional de Puentes en todo el país, conforme lo señala en su informe de labores la SCT.

Todo lo anterior se puede encontrar también integrado en el Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2018-2024, que tiene los objetivos siguientes:

• Lograr el desarrollo regional y el ordenamiento territorial de la nación, con visión de largo plazo.

• Transitar hacia una red intermodal de comunicaciones y transportes integral, eficiente, sustentable, segura y moderna.

• Lograr un sistema de verdadero respaldo a la competitividad nacional y superar la posición de nuestro país en este rubro, que nos ubica en el lugar 62 de 137 países calificados en el orbe.

• Garantizar una infraestructura carretera que se vincule -sin cuellos de botella ni sitios de conflicto sin solución de continuidad- con las infraestructuras de puertos, vías férreas y aeropuertos y sin zonas de riesgo, y que incorpore el equipamiento conveniente para la conectividad de las telecomunicaciones modernas.

• Resolver los puntos de conflicto con la infraestructura de las zonas urbanas, que permita el tránsito ágil y seguro de personas y bienes por el territorio nacional y que dé a todos la posibilidad personal, comercial, cultural y política de conectarse con el resto de los mexicanos y con el mundo.

Así, el gobierno tiene la encomienda de dotar al país de la infraestructura que permita a las personas el ejercicio de otros derechos, como es el de libre tránsito plasmado por los constituyentes en al Artículo 11 de nuestra Carta Magna, que establece que “toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país”.5

Esta disposición legal para desplazarse por todo el territorio nacional es única y exclusivamente para proteger el derecho que tiene toda persona en cuanto a ente individual, por lo tanto, se protege sólo al individuo y su derecho a transitar libremente, más no protege a los automóviles, objetos o bienes en general.

No obstante, cabe destacar que la movilidad ciudadana por las carreteras del país no siempre es a título gratuito, pues en gran parte de las vías se realiza un cobro o pago de peaje para transitar en ellas.

Al respecto, de acuerdo con cifras de la SCT del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, Capufe registró un ingreso por peaje, a nivel devengado de 26,688.3 millones de pesos, sin IVA. De este monto, el 42.2% correspondió a automóviles, 53.9% a camiones y 3.8% de autobuses. A través del Sistema de Telepeaje, se registraron 99.8 millones de cruces vehiculares que generaron ingresos por 13,975 millones de pesos, sin IVA. Es importante mencionar que, a junio de 2021 el ingreso recaudado en la red operada, a través de telepeaje, representó el 52.4% del ingreso total por peaje.6

El beneficio e impacto que las autopistas generan en la dinámica social, económica y cultural de las localidades que atraviesa y de las que comunica es innegable, todos los días miles de personas se trasladan entre diferentes comunidades estatales y municipales conectadas por las carreteras de cuota, sin embargo un aspecto negativo de estas obras es que nos son opción accesible al bolsillo de gran parte de la población que, en su mayoría por cuestiones laborales, radica o se desplaza en los municipios donde se ubican, además de no contemplar descuentos o algún tipo de beneficio que haga de estas carreteras una alternativa atractiva.

Evidentemente, los datos de ingreso muestran que no se trata de un problema de recaudación, sino una cuestión de voluntad política para beneficiar a los ciudadanos residentes de muchos municipios del país, que se ven marginados en la condonación de tarifas o disminución de porcentajes de cobro.

En el caso que nos ocupa, se trata de vías que interconectan el oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México, que convergen y unen a los municipios del Estado de México y de Hidalgo con la Ciudad de México: las carreteras México– Pirámides y Peñón– Texcoco, que comunican e impactan el área conformada por los municipios de Acolman, Atenco, Axapusco, Chiautla, Chiconcuac, Nopaltepec, Otumba, Papalotla, San Martín de las Pirámides, Temascalapa, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc y Tezoyuca.

Esta zona registra una población de más de 420 mil personas, de la cuál más de 200 mil son personas de 12 años y más económicamente activa según datos del Inegi,7 es decir, personas que realizan alguna actividad laboral o remunerada que implica traslados y movilización por los caminos del país. Alberga también uno de los primeros lugares del país en ser declarado por la UNESCO, en 1987, como Patrimonio cultural de la Humanidad: la ciudad prehispánica de Teotihuacán, Zona Arqueológica que junto con San Martín de las Pirámides también fue denominada Pueblo Mágico en el año 2015, consolidando el lugar que desde sus orígenes ya venían ocupando entre los principales destinos turísticos del país.

Este tesoro del patrimonio mundial se ubica en la posición número tres de las preferencias de visitantes a museos, monumentos históricos y zonas arqueológicas en lo que va del año, aunque, como en la mayoría de actividades, sus niveles de aforo han disminuido a consecuencia de la pandemia por Covid-19.8

No obstante, con todo y la derrama económica que genera este destino turístico, no se observa un beneficio directo para la población de la zona, o no constituye un factor preponderante para su desarrollo, pues “hay elementos que han limitado esa derrama, por ejemplo, que la mayoría de los millones de visitantes que recibe la zona arqueológica realizan el mayor gasto o consumo en Ciudad de México y que ahí sólo pagan el boleto de entrada. Algunos compran alguna artesanía o consumen alimentos. Lo anterior se debe a que la autopista que comunica directamente la Ciudad de México con la zona arqueológica ha favorecido que los turistas lleguen y se vayan sin pasar por las comunidades aledañas.”9

Al tenor de esto, resulta necesario que toda obra/proyecto carretero como lo son las autopistas México– Pirámides y Peñón– Texcoco, contemplen un esquema de beneficios directos y tangibles para la población que radica en las localidades en las que se ubican a lo largo de su trazo, sobretodo a todos aquellos que tienen la necesidad de trasladarse en busca del sustento para sus familias, que tienen que cruzar largas distancias para poder estudiar y superarse, en suma, toso aquel que en busca de esas mejores condiciones de vida invierte horas en trayectos más largos porque no le es posible costear los caminos de cuota.

De todo esto también nos da perspectiva el Inegi, de cuya Encuesta Intercensal 2015 y sus resultados se da nota en el portal de Excélsior, con los datos relevantes y reveladores siguientes:

• La población que ingresa al Distrito Federal diariamente para estudiar o trabajar provenientes del Estado de México, Hidalgo y Morelos asciende a un millón 720 mil 145 personas, de las cuales entre 39 y 47 por ciento tardan de una a dos horas en su traslado.

• Como referencia, la gente que ingresa al DF para estudiar o trabajar equivale a 19% del total de la población capitalina que asciende a 8.9 millones.

• Tomando en cuenta el menor tiempo de traslado referido en la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y que para su regreso esta población flotante realiza por lo menos el mismo tiempo, al año se pierden por lo menos unas 386 mil horas hábiles, solamente tomando en cuenta de lunes a viernes.

• Los resultados también revelan que el Estado de México es la entidad que más habitantes envía a la Ciudad de México para trabajar o estudiar, con un millón 676 mil 644 de personas.

• En total, un millón 320 mil 748 mexiquenses que se trasladan a la Ciudad de México para trabajar y representan 21.3 por ciento de la población ocupada del Estado de México. Durante la encuesta 47.3 por ciento revelaron que en promedio tardan más de una y hasta dos horas para llegar a su trabajo.

• En tanto que de los mexiquenses que se trasladan a alguna de las 16 delegaciones para estudiar —355 mil 896 en total— 42.1 por ciento tarda más de una y hasta dos horas para trasladarse a la Ciudad de México.10

Datos más recientes se tiene con los resultados de la Encuesta de Origen-Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México (EOD) 2017, que recoge información sobre la movilidad cotidiana de los habitantes y las características de los viajes que realizan en 16 delegaciones de la Ciudad de México y 59 municipios conurbados del Estado de México, además de Tizayuca, Hidalgo:11

• Entre semana se realizan 34.56 millones de viajes en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM); El 58.1% es para ir al trabajo y duran entre media y dos horas.

• De los viajes que se realizan para ir al trabajo, el 36.6% duran hasta media hora; el 58.1% tardan de 31 minutos hasta 2 horas y, en el 5.3% de los casos, emplean más de 2 horas. En el caso de la Ciudad de México, 6 de cada 10 viajes tardan de 31 minutos a 2 horas, en tanto que, en los municipios conurbados, el 7.2 % de los viajes emplean más de 2 horas.

• Para regresar al hogar, el 55 % de los viajes duran menos de 30 minutos; el 40.7% tardan de 31 minutos hasta 2 horas, y el 3.8% se prolongan por más de 2 horas.

• Del total de viajes de los municipios conurbados, cerca de 2.25 millones (12.6%) se realizan hacia la Ciudad de México. En tanto que, del total de viajes de la Ciudad de México, 2.16 millones (13.3%) se realizan hacia los municipios conurbados.

• Tan sólo en un día entre semana se registra 8.69 millones de personas que viajan de Municipios conurbados del Estado de México y Tizayuca, siendo en transporte privado (automóvil).

Buscar beneficios para estos segmentos de población, que necesita desplazarse entre ciudades y no precisamente por asuntos recreativos, que sacrifica tiempos por economía y en algunos casos incluso se ve obligada a optar por abandonar sus actividades en ese comparativo costo/beneficio, el procurar y garantizar que las personas ejerzan el derecho de libre tránsito es un tema vigente.

Se trata de algo más que una justa demanda social, es una premisa reconocida por el derecho internacional, plasmada en el Artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, referente al Derecho de Circulación y de Residencia,12 lo que en cumplimiento de las normas internacionales la hace obligatoria en nuestro país.

Precedentes los hay, pues el tema del cobro de peaje a residentes de comunidades donde se ubican obras de cuota ha sido una preocupación constante y permanente de los Legisladores a lo largo del tiempo, Diputados y Senadores compañeros nuestros y de congresos locales han propuesto en sus ámbitos de competencia iniciativas de ley, puntos de acuerdo y diversas propuestas normativas con el fin de promover esfuerzos de manera conjunta para bajar peajes o exentar del pago a residentes de las zonas donde se ubican las casetas de cobro.

El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado presentó el 30 de abril del 2002 y el 29 de abril de 2011 en la Cámara de Diputados, punto de acuerdo por el que se exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Capufe a disminuir o a exentar a todos los residentes de Ciudad del Carmen que sean propietarios de vehículos del pago de las tarifas del Puente Zacatal, y establecer como una de las funciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la creación de esquemas tarifarios o exenciones de pago a residentes en aras de otorgar beneficios de peaje en las carreteras de cuota donde no existe una vía alterna libre de peaje.

En la LX Legislatura, el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado presentó punto de acuerdo por el que se exhortó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a eliminar o reubicar la caseta de cobro de la carretera Tihuatlán-Tuxpan, en el municipio de Tuxpan, Veracruz.

EL Diputado Armando Reyes Ledezma del Grupo Parlamentario del PT en la Cámara de Diputados, presento una iniciativa en octubre de 2018, para reformar la ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para que en aquellas carreteras, puentes y autopistas con cobro de peaje que estén en operación y administración por CAFUPE o el Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura y su inversión inicial este recuperada, se permita la libre circulación y gratuita de los vehículos particulares con placas nacionales y fronterizas.

Con fecha 08 de diciembre de 2016, el Senador Sofía Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, presento la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer la condonación del peaje de las casetas de la Autopista del Sol en el estado de Guerrero.

Los legisladores locales del Estado de México Exhortaron al secretario de Comunicaciones del gobierno del estado y al Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México para que realicen las gestiones necesarias a fin de que se aplique la condonación al 100% de la cuota de 90 pesos que se cobra en las casetas de entrada y salida del ramal a Valle de Bravo a vecinos de la zona.

Así mismo, se puede mencionar acciones de gobierno como el Programa de Residentes de Capufe, que contempla un esquema tarifario aplicable a 29 Plazas de Cobro de la red operada por este organismo, aunque sólo se otorga a algunas poblaciones aledañas a esas casetas, criterio que bien podría replantearse en beneficio de otro tipo de residentes de municipios y localidades que cubren las autopistas.13

Es evidente que con estos antecedentes el tema de cobro de peaje sigue siendo un planteamiento recurrente a nivel nacional, requiere soluciones inmediatas para beneficiar a muchos ciudadanos residentes, en suma, falta una mayor sensibilización hacia estos segmentos de la población.

Ante todo, lo expuesto, compañeros legisladores, tenemos la oportunidad de impulsar acciones que mejoren las condiciones de vida de las personas, que beneficien su bolsillo y con ello su economía, que les permita trasladarse a sus hogares en el menor tiempo posible y con esto coadyuvar también al mayor disfrute de sus familias, de sus hogares, actividades de esparcimiento o sencillamente su descanso.

Es un ganar-ganar: se afecta positivamente la economía de las familias y también las finanzas de la obra concesionada.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a realizar las acciones necesarias para la implementación de un esquema de exención o tarifa especial en el cobro de peaje de las carreteras México-Pirámides y Peñón-Texcoco, a fin de beneficiar a la población que reside en los municipios donde se ubican dichas obras.

Notas

1 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024. D.O.F. 02-07-2020.

2 Tercer Informe de Labores de SCT.

3 Consultado en: https://www.gob.mx/imt/

4 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, Evaluación No. 1374-DE “Evaluación de la Política Pública de Redes Multimodales de Transporte”, Auditoria Superior de la Federación (ASF).

5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM.

6 Ibídem, SCT.

7 Estadísticas Censales a Escalas Geoelectorales 2020, Inegi.

8 Datatur, con información del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

9 Hernández Espinosa, R., & Mendoza Ontiveros, M. M. (2020). Teotihuacán y el turismo: la experiencia de los residentes en sus narrativas. Región y Sociedad, 32, e1301. Disponible en: https://doi.org/10.22198/rys2020/32/1301

10 Sitio Web del Periódico Excélsior:

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/12/24/106514 0

11 Encuesta Origen-Destino 2018, Inegi. Sitio: https://www.inegi.org.mx

12 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).

13 Programa de Residentes, Capufe. Sitio: ttps://www.gob.mx/capufe

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2021.

Diputado Francisco Favela Peñuñuri (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SCT a investigar las afectaciones a la construcción de la línea 3 del tren ligero en Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque, Jalisco, a fin de que se realicen las reparaciones necesarias para garantizar la continuidad del servicio del transporte público ahí, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Sergio Barrera Sepúlveda, Diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXV Legislatura de esta Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, fracción II, numeral 2, fracciones I, II y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

I. El transporte público en cualquier zona urbanizada es una alternativa para lograr el desplazamiento de un lugar a otro de quienes habitan en una ciudad, sobre todo en nuestro país donde las y los mexicanos son quienes más lo utilizan debido a su rapidez, economía y eficiencia. Contribuyendo principalmente al cuidado del medio ambiente.

Además de lo anterior, es importante señalar que el uso del transporte público resulta ser uno de los más baratos en nuestro país para realizar el traslado al destino deseado, ya que está comprobado que el uso del vehículo privado ha ocasionado un incremento sustancial al gasto familiar como es el mantenimiento del automóvil, la gasolina, etc.

Por tal razón el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) desde el año 1986 ha recopilado diversa información de manera mensual referente a los sistemas de transporte urbano de pasajeros, particularmente en las ciudades de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Por ejemplo, señala el Instituto que en el año 2020 a pesar de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 y que genera la enfermedad de COVID-19, registró más de 476 millones de personas que utilizaron el Metrobús, Macrobús y Trolebús como su medio de transporte.1

II. Hemos de señalar que el Congreso de Jalisco “requirió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes [...] un informe sobre fallas y omisiones en la construcción del túnel de la L3”,2 para lo que dicha Secretaría respondió el 18 de septiembre de 2019, mediante oficio 4.3.1321, “que eran temas “comunes” ya solucionados”.3

Al respecto, se ha dado a conocer que “desde el 15 de agosto de 2018, la SCT tenía conocimiento de que había dovelas que conforman los anillos del túnel, ubicadas entre el tramo de Independencia y Plaza de la Bandera, con daño estructural, según un dictamen de la Comisión Federal de Electricidad”,4 dictamen “dado a conocer por la Auditoría Superior de la Federación mediante un informe emitido el pasado 17 de octubre”,5 que “concluye que las fallas subsisten a la fecha y que se desconoce el procedimiento de reparación”.6

De igual manera, el 26 de julio de 2021, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, a través de su titular, el Mtro. David Miguel Zamora Bueno, envió el oficio No. SIOP/DS/DGJI/2081/2021 al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Ing. Jorge Arganis Díaz Leal, a fin de informar que, respecto del “proyecto denominado “Ampliación del sistema del tren eléctrico urbano de la zona metropolitana de Guadalajara, que consiste en la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero en Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque”, a cargo de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”, se realizaron recorridos “el 02 de julio de la presente anualidad, en el tramo subterráneo de la Línea 3, además de las filtraciones que ya tiene conocimiento y que están siendo atendidas de acuerdo a lo señalado en el oficio número 4.3.1.4.1.-0494/2021 [...] se han detectado 3 situaciones que se enuncian a continuación:”

“Algunas filtraciones señaladas a la SCT y supuestamente reparadas son persistentes”;

“La aparición de nuevas filtraciones”; y,

“Drenajes inducidos del agua, que escurre en muros pero que derraman el agua sobre la losa de concreto que soporta la vía”, detalladas en una ficha informativa y en un video que se adjuntaron al referido oficio.

También, se informa que las filtraciones relativas a los anillos que conforman el túnel antes serían reparadas, sin embargo, “los trabajos no fueron realizados conforme al procedimiento” acordado; además, que “los trabajos ejecutados por la SCT únicamente constaron de colocación de junta de polietileno, sellar con un producto bicomponente a base de cemento [...] y colocación de mangueras para la conducción de agua hacia la canaleta longitudinal sobre el prisma de servicio”, “procedimiento que se encuentra fuera de lo establecido para atender estos trabajos”.

Consecuentemente, “se informa todo lo antes expuesto, a efecto de que gire las instrucciones pertinentes para reparar las filtraciones supuestamente ya atendidas que aún son persistentes, la aparición de las nuevas filtraciones y los drenajes inducidos del agua, que escurre en muros pero que derraman el agua sobre la losa de concreto que soporta la vía; para con ello, prevenir un daño mayor en la infraestructura de la Línea 3 del Tren Ligero, así como garantizar la continuidad del servicio de transporte público de pasajeros y la seguridad e integridad de los usuarios”.

En respuesta, el 25 de agosto de 2021, la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, adscrita a la Subsecretaría de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante oficio 4.3.-899/2021, indicó que se instruiría “a la empresa contratista por la reparación de vicios ocultos que hubieran ocurrido durante el período de garantía de doces meses y no fallas en la conservación o mantenimiento al tramo subterráneo de la Línea 3 del Tren Ligero”.

Asimismo, que “las filtraciones señaladas por el SITEUR y SIPO fueron atendidas por la empresa contratista, en presencia de personal de ambos organismos, a entera conformidad, la responsabilidad de atender eventuales filtraciones futuras, así como de garantizar el servicio de transporte público de pasajeros y la seguridad e integridad de los usuarios es del Organismo Operador SITEUR, pues [...] la Línea 3 del Tren Ligero está a su cargo y operando”. Por lo que, “cualquier incidencia que no constituya un vicio oculto, que se haya suscitado y reportado dentro del plazo cubierto por la garantía correspondiente, no es materia de atención por [...] [la Dirección General respectiva] ni de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

No obstante, se considera indispensable la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de garantizar la seguridad e integridad de las personas usuarias de la Línea 3 del Tren Ligero, toda vez que fue quien estuvo a cargo de la construcción de la misma, y ha sido informada en tiempo y forma sobre las afectaciones que se enumeran -y que son muy recientes, por lo que no implican un tema de mantenimiento, sino de origen-.

Por tal razón, debe de realizarse una investigación y estudio detallado que den certeza de las condiciones de la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero en Jalisco. Asimismo, y en aras de fortalecer los principios rectores de transparencia debe existir la información necesaria de las y los ciudadanos que utilizan la Línea 3 del Tren Ligero de Jalisco.

Por lo anterior, se presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones legales, realice una investigación respecto a los daños y afectaciones reportadas respecto de la “Ampliación del sistema del tren eléctrico urbano de la zona metropolitana de Guadalajara, que consiste en la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero en Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque”, a fin de realizar las reparaciones que sean necesarias para garantizar la continuidad del servicio de transporte público de pasajeros y la seguridad e integridad de las personas usuarias de la Línea 3 del Tren Ligero de Jalisco.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones legales, realice una investigación respecto a los daños y afectaciones reportadas respecto de la “Ampliación del sistema del tren eléctrico urbano de la zona metropolitana de Guadalajara, que consiste en la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero en Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque”, a fin de realizar las reparaciones que sean necesarias para garantizar la continuidad del servicio de transporte público de pasajeros y la seguridad e integridad de las personas usuarias de la Línea 3 del Tren Ligero de Jalisco.

Notas

1 Vid., “Importancia del Transporte Público en México”, Scania. Disponible en:

https://www.scania.com/mx/es/home/descubre-scania/blog/i mportancia-transporte-publico-en-mexico.html (consultado el 19 de septiembre de 2021).

2 “SCT-oculto-danos-en-la-Linea-3-a-autoridades-de-Jalisco”, Debate. Disponible en:

https://www.debate.com.mx/guadalajara/SCT-oculto-danos-e n-la-Linea-3-a-autoridades-de-Jalisco-20191106-0126.html (consultado el 19 de septiembre de 2021).

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 Ibídem.

6 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2021.

Diputado Sergio Barrera Sepúlveda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a autoridades de los tres niveles de gobierno a considerar la colocación de una estatua en las respectivas jurisdicciones y territorios en memoria del personal sanitario fallecido en la actual pandemia; y definir una fecha para homenajearlo en todo el país, a cargo de la diputada María Bertha Espinoza Segura, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal María Bertha Espinoza Segura , integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, elevo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a las autoridades federales del gobierno de la república y locales del gobierno de la Ciudad de México, a considerar la colocación de una estatua o monumento sobre la avenida Reforma de la Ciudad de México, en reconocimiento a la entrega del personal sanitario durante la actual pandemia, así como a fijar una fecha en el calendario para que, en todo el país, en ese día se rinda homenaje a médicos, enfermeras, técnicos y trabajadores de mantenimiento y limpieza de hospitales públicos y privados que estuvieron, que han estado y que están en la primera línea de atención a los pacientes contagiados por el virus SARS CoV-2 . Lo anterior con base a los siguientes

Considerandos

1. Que la crisis del coronavirus ha demandado una enorme muestra de solidaridad de todas y todos los mexicanos, pero en particular del personal médico, enfermeras, técnicos, personal de mantenimiento y limpieza, etcétera, que desde el inicio de la pandemia hasta el momento actual, han estado en la primera línea de atención hospitalaria y, consecuentemente, de riesgo sanitario.

2. Que la pandemia no fue anticipada por nadie en ninguna parte del planeta. En diciembre del 2019, China reportó los primeros casos de contagio por SARS CoV-2. Luego fue Italia, que en cuestión de días entró en shock y le siguió España, que declaró estado de alarma. Después de casi dos años de esta crisis, la Covid-19 no tiene fecha de salida. Pero el personal médico y hospitalario del país, mantiene un esfuerzo extraordinario de atención a los enfermos.

3. Que en declaraciones, diversos jefes de Estado y de Gobierno han dimensionaron el desafío que tenemos. Emmanuel Macron, de Francia, dijo: “Estamos en guerra, en una guerra sanitaria. Es cierto, no luchamos ni contra un Ejército ni contra una nación, pero el enemigo está ahí, invisible y evasivo...la circunstancia reclama una nueva solidaridad...”. (Emmanuel Macron citado por Delgado, 2020:8).

4. La canciller alemana, Angela Merkel, declaró: “...desde la Segunda Guerra Mundial no ha existido un reto... que exija como éste, una acción común”. (Angela Merkel citada por Ramos, 2020:8).

5. “Esta pandemia ha vuelto a recordarnos cosas muy elementales: la fragilidad no sólo de nuestra propia civilización, sino de la vida humana. Es la humanidad entera la que está siendo puesta a prueba. La pandemia actúa ciegamente”. (Sánchez, 2020). Y en el esfuerzo de contención no sólo está la comunidad científica, sino todo el personal que atiende a los enfermos en hospitales públicos y privados.

6. Que ese espíritu comunitario al que alude la canciller alemana o la nueva solidaridad a la que se refiere el presidente francés,o el espíritu humano que se requiere en medio de esta crisis sanitaria, a la que alude el jefe de gobierno de España, es el que ha caracterizado y caracteriza el esfuerzo que ha desarrollado y desarrolla todo el personal sanitario del sistema nacional de salud.

7. Que más allá de la forma cómo se construya el relato nacional de la gran crisis de la Covid-19, el fondo de ella es simple: una vez que pase, habrá un antes y un después de las cosas. Pero una constante será absoluta: la presencia del personal sanitario: médicos, enfermeras y personal de apoyo técnico, de mantenimiento y de limpieza. Son héroes sin los cuales México se habría roto.

8. Que el SarsCoV-2 que paró el mundo no se irá pronto. La humanidad deberá aprender a vivir con él, como lo ha hecho con otros virus que ya controla, pero que no erradica del todo. Los hombres y mujeres de blanco, merecen un justo reconocimiento por lo que han hecho desde el inicio de la pandemia, por lo que hacen ahora mismo y por lo que harán en el futuro cercano.

9. Que estamos ante un virus que muta y se adapta a las condiciones prevalecientes en las diferentes regiones donde ya se encuentra. Ninguna crisis antecedente logró tanto en tan poco tiempo. La del coronavirus lo hizo: paró al mundo. El coronavirus no amenaza a un político o a un gobierno sino a la humanidad tal y como la conocemos.

10. Que nadie atina a saber si esta es la gran pandemia que desde hace tiempo anuncian los epidemiólogos del mundo o es sólo una de sus antesalas. En todo caso, es un crudo recordatorio de que nos encontramos en la sociedad del riesgo global y que requerimos como nunca, la solidaridad del personal sanitario.

11. Que el SARS-CoV-2 sigue activo en todo el mundo. En México hay una clara tendencia decreciente de la tercera ola, pero en otros países cursas los estragos de la cuarta o quinta ola y otros ni siquiera cierran el ciclo de la primera o la segunda. El potencial destructor del virus es incontrastable. Por ello, resulta obligado reconocer de todas las maneras posibles al personal del sistema de salud que hace posible la atención de enfermos a lo largo y ancho del territorio nacional.

Por las consideraciones anteriores, y porque resulta de elemental justicia reconocer el esfuerzo cotidiano de atención a los enfermos y, en la medida de sus posibilidades, de contención profesional de la pandemia, del personal del Sistema Nacional de Salud, se formula la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las autoridades federales del gobierno de la república, a los gobiernos de los estados y municipios y al gobierno de la Ciudad de México, a considerar la colocación de una estatua en sus respectivas jurisdicciones y territorios, para honrar la memoria del personal sanitario –médicos, enfermeras, técnicos, de mantenimiento y de limpieza-, que han perdido la vida durante la actual pandemia. Este monumento será un humilde reconocimiento a su entrega y labor para salvar otras vidas y punto de reunión, desahogó y consolación para familiares, amigos y sociedad en general. Asimismo, se exhorta a las autoridades del Sistema Nacional de Salud a definir una fecha en el calendario para que, en todo el país, en ese día, se rinda homenaje a los caídos durante la pandemia.

Referencias:

-Delgado, R. (2020), Sobreaviso. Reforma. México, marzo 21, 2020. p.-8.

-Ramos, J. (2020), De pronto el mundo se paró. Reforma. México, marzo 21, 2020. p.-8.

-Sánchez, P, (2020), #CORONAVIRUS| Declaración del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El País. España, marzo 28, 2020. Recuperado de:

<https://www.youtube.com/watch?v=nAkH1Co56zQ>

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2021.

Diputada María Bertha Espinoza Segura (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS y el Conacyt a establecer con los miembros del programa Cátedras Conacyt una mesa de diálogo donde se revisen los requisitos de evaluación previstos en el estatuto de personal académico y elaborar en conjunto una ruta crítica que permita una solución institucional que garantice a los investigadores su permanencia en el trabajo y el respeto de sus condiciones laborales, suscrita por los diputados Ana Lilia Herrera Anzaldo y Brasil Alberto Acosta Peña, del Grupo Parlamentario del PRI

Los diputados Ana Lilia Herrera Anzaldo y Brasil Alberto Acosta Peña, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha señalado que uno de los pilares de la política en materia de ciencia, tecnología e innovación implementada por el mismo Consejo es el capital humano de alto nivel. En ese sentido en el 2014 fue creado el programa de “Cátedras Conacyt” buscando satisfacer la necesidad de generar una opción para los jóvenes investigadores altamente calificados con la finalidad que se dedicaran exclusivamente a la realización de actividades de investigación y generación de conocimiento, atendiendo al sector educativo y de investigación en nuestro país.1

Recientemente el Conacyt ha señalado que los instrumentos que establecían el programa de “Cátedras Conacyt”, daban lugar a la discrecionalidad, por lo cual informaron que fue necesario reestructurar los estatutos y realizar mejoras en los derechos laborales “encaminadas a impulsar el desarrollo profesional de los investigadores del programa Cátedras Conacyt”,2 reestructuración conocida desde el pasado 29 de junio de 2021, fecha en la que el Comité Directivo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) aprobó un nuevo Estatuto de Personal Académico (EPA), mismo que tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones académicas del personal de cátedra del Conacyt, entre los cuales se incluyen los relativos a su ingreso y permanencia.3

Entre las modificaciones sustanciales a este nuevo estatuto, destaca lo establecido en el artículo 11, que se refiere a la permanencia del personal de cátedra del Conacyt, de conformidad con lo siguiente:4

“Artículo 11. El Comité Directivo, con base en el informe de actividades , en la opinión sobre el informe de actividades y en los demás insumos que considere pertinentes, llevará a cabo las siguientes evaluaciones:

I. Una evaluación anual , con el objeto de identificar el grado de desarrollo profesional del Personal de Cátedra Conacyt, así como el cumplimiento de los objetivos y metas señalados en su programa de trabajo.

En los casos de las personas que no tengan antecedentes de haber formado parte del programa, las primeras dos evaluaciones anuales, contadas a partir del ingreso al programa, serán de naturaleza diagnóstica, con el objeto de identificar los aspectos que debe fortalecer el personal de Cátedra Conacyt para lograr su desarrollo profesional y el cumplimiento de los objetivos y metas señalados en su programa de trabajo.

En la evaluación también se valorará el cumplimiento de las obligaciones que establecen los Lineamientos para el personal de Cátedra Conacyt , en particular la relativa a procurar su inserción laboral en la institución receptora o en cualquier otra.

La permanencia del personal de Cátedra Conacyt en el programa estará condicionada al resultado satisfactorio de la evaluación a la que se refiere esta fracción.”

Dicho artículo, en su penúltimo párrafo, hace referencia clara a la obligación de los catedráticos para buscar su inserción laboral, ya sea en su institución o en cualquier otra, y en caso contrario, estos perderán su trabajo dentro del programa “Cátedras Conacyt”, si no lo hacen antes de la presentación de su evaluación anual, la cual además está condicionada a un resultado satisfactorio.

Por su parte, diversos miembros investigadores del programa anteriormente señalado, ya han manifestado su descontento ante el “endurecimiento de los lineamientos” para establecer la permanencia de los catedráticos, ya que se ha mencionado en distintas ocasiones que los miembros “deben buscar un trabajo para poder conservar su actual trabajo”, siendo una modificación sustancial que atenta contra sus derechos laborales, sobre todo en la permanencia de sus trabajos al imponer esta medida la cual no estaba prevista anteriormente.5

El 27 de agosto del presente año 2021, la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, en reunión con más de 600 miembros activos del programa “Cátedras Conacyt”, con la finalidad de desmentir lo señalado y visibilizar las mejoras, señaló que la nueva normativa contempla el compromiso de los catedráticos para promover su inserción laboral, mejorando los derechos y garantías laborales de los investigadores, asegurando que los nuevos lineamientos siguen los principios de “humanismo, derechos humanos y laborales, así como la equidad de género y la eliminación de toda forma de discriminación”, por lo cual indicó que estas modificaciones aplicadas de forma retroactiva establecerán que los contratos laborales de los catedráticos sean indefinidos, sin condicionarse a la duración de los proyectos.6 Sin embargo las redes sociales han sido un claro ejemplo del descontento de la comunidad científica, por lo que a través de “Twitter”, se ha viralizado el hashtag “#BuscoTrabajo”, en el cual a través de esta red social, distintos investigadores han señalado que para tener que conservar su trabajo, estos están siendo obligados a buscar uno nuevo,7 siendo injusto para los miembros del programa de esta institución, quienes cuentan con la preparación para no tener que pasar por estas situaciones, debido a que la mayoría de los afectados cuentan con doctorados en distintas áreas de la ciencia, experiencia en la publicación de libros y artículos científicos, y distintas especialidades científicas, siendo indignante que estas personas que cuentan con trayectoria y experiencia, tengan que buscar trabajo para poder conservar el mismo.8

Asimismo, los catedráticos han señalado que el programa “Cátedras Conacyt”, no es una especie de beca, sino un trabajo de plaza indefinida, el cual gracias a la modificación de forma “unilateral” de los lineamientos, sin previa consulta y sin tomar en cuenta la opinión de los miembros, han generado una afectación y una nueva preocupación para los catedráticos (Conacyt).

Actualmente existen 1 mil 273 catedráticos contratados dentro del programa “Cátedras Conacyt”, con un salario que promedia alrededor de los 30 mil pesos mensuales, de estos existen 315 catedráticos que conforman el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras Conacyt (Siintracátedras), que ha sido creado para establecer la negociación de un contrato colectivo de trabajo que pueda garantizar sus derechos laborales,9 por lo que los mismos integrantes del sindicato han señalado que no buscan un aumento salarial o una huelga, lo que únicamente busca es que se les pueda brindar certeza laboral.10

Es por lo anterior que la doctora Carolina Robledo, quien es catedrática Conacyt, comisionada del Centro de Investigaciones Superiores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (CIESAS) y secretaria de prensa del (Siintracátedras), ha señalado que “... el nuevo estatuto hace referencia a que los investigadores catedráticos, son trabajadores con condiciones de permanencia, por lo que se les obliga a buscar otro trabajo ya que en el consejo no hay una certidumbre laboral”.11 En ese sentido ha señalado que los proyectos desempeñados por los catedráticos, generan resultados en dos o tres años, por lo que se está atentando también con el desarrollo de diversos proyectos científicos.12

Asimismo, Saraí Miranda Juárez, secretaria de Relaciones Exteriores del Siintracátedras, expresó que después de una revisión exhaustiva, se concluyó que los nuevos lineamientos de cátedras y el EPA “conservan y acentúan la vulneración de los derechos humanos laborales de las cátedras, no cuentan con perspectiva de género y son unilaterales”.13

Se debe hacer énfasis en que anteriormente la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, ya había reconocido la precariedad de los contratos, comprometiéndose a solucionar la problemática; sin embargo, la solución ha sido delegarle esa problemática a las instituciones que contraten a los catedráticos, siendo una solución bastante preocupante , ya que desde la creación del programa “Cátedras Conacyt”, es decir a 7 años de su existencia, menos del 5 por ciento de los catedráticos cuentan con una plaza formal en las instituciones en que se desempeñan, ya sean universidades, centros públicos de investigación, e instituciones académicas, toda vez que estas no cuentan con espacio para la contratación de personal, razón por la cual en 2014 se decidió crear el programa “Cátedras Conacyt”.14

Hasta el año 2018, el programa contabilizó 1 mil 508 cátedras y la realización de 982 proyectos institucionales distribuidos en las 32 entidades federativas que conforman nuestro país; asimismo, este programa funciona como incorporación al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), por lo cual el 78 por ciento de los miembros del programa, se encontraban adscritos al sistema, de los cuales desempeñaban los siguientes niveles:15

• 48 por ciento en nivel candidato del (SNI);

• 51 por ciento en nivel 1 del (SNI); y

• 2 por ciento en nivel 2 del (SNI).

Se ha demostrado que actualmente la investigación y el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, no es un tema que le interese al gobierno federal, por lo que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022 nuevamente no ha tomado en cuenta a los investigadores, ocasionando que el Conacyt sea uno de los organismos que tendrán menos recursos en comparación con el año inmediato anterior, reduciendo en un 11.26 por ciento los recursos económicos.16

Adicionalmente, durante el presente año se han manifestado distintas modificaciones que han afectado los derechos laborales de los investigadores, sin embargo el Grupo Parlamentario del PRI ha estado siempre en la lucha de la protección laboral de los investigadores, recordando la presentación de la proposición con punto de acuerdo en julio del 2021 por la diputada Laura Isabel Hernández Pichardo, exhortando al Conacyt a garantizar la libertad de investigación y cátedra, ante la reciente modificación del reglamento del SNI, que eliminó la “evaluación de pares” para el ingreso y permanencia en el sistema, así como la eliminación de estímulos a los miembros del sistema que pertenecían a instituciones privadas, generando una desigualdad de oportunidades y una discriminación a los miembros por el sector en el que se desempeñaban.17

Estas afectaciones se suman a la problemática de disminución de recursos al Conacyt, que está originando un desmantelamiento paulatino del programa “Cátedrás Conacyt”, ya que la contratación de catedráticos al inicio del programa fue de 342 personas, y en el 2020 únicamente se realizaron 7 contrataciones, con lo cual claramente se está perjudicando el desarrollo científico, tecnológico y de innovación.18

Ahora más que nunca se tiene que rescatar la ciencia, tecnología e innovación mexicana, y con ello, la permanencia de los miembros investigadores del programa, que desde hace años han sido una parte fundamental para el desarrollo de la investigación en nuestro país, es fundamental poder garantizarles certidumbre y que sus opiniones puedan ser tomadas en cuenta para fortalecer los lineamientos del EPA, reforzando sus derechos laborales y con ello, la continuidad de este programa tan importante.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para establecer de manera urgente mesas de diálogo con los miembros del programa “Cátedras Conacyt”, con el objetivo de revisar los requisitos de evaluación previstos en los Lineamientos del Estatuto de Personal Académico, publicados el 29 de junio de 2021, y elaborar en conjunto una ruta crítica que permita una solución institucional que garantice a las y los investigadores su permanencia en el trabajo y el respeto a sus condiciones laborales.

Notas

1 Ciencia y Desarrollo. Aprovechando el talento Cátedras Conacyt para jóvenes investigadores. Disponible en: https://www.cyd.conacyt.gob.mx/?p=articulo&id=397 Consultado el viernes 17 de septiembre de 2021.

2 El Universal. Bajo el hashtag #Buscotrabajo, científicos e investigadores denuncian incertidumbre laboral en Conacyt. Disponible en:

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/buscotrab ajo-denuncian-incertidumbre-laboral-en-conacyt Consultado el viernes 17 de septiembre de 2021

3 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Estatuto de Personal Académico, Disponible en:

https://www.siicyt.gob.mx/index.php/normatividad/4955-es tatuto-del-personal-academico-de-conacyt/file

4 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Estatuto de Personal Académico, Disponible en:

https://www.siicyt.gob.mx/index.php/normatividad/4955-es tatuto-del-personal-academico-de-conacyt/file

5 La Silla Rota. “Busco trabajo para conservar mi trabajo”, otra crisis de investigadores de Conacyt. Disponible en: https://lasillarota.com/nacion/busco-trabajo-para-conservar-mi-trabajo- otra-crisis-de-investigadores-de-conacyt/560719 Consultado el viernes 17 de septiembre de 2021.

6 La Jornada. Presenta Álvarez-Buylla mejoras en las garantías de los jóvenes investigadores. Disponible en:

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/27/politica/pre senta-alvarez-buylla-mejoras-en-las-garantias-de-los-jovenes-investigad ores/ Consultado el viernes 17 de septiembre de 2021.

7 Forbes. Con el hashtag #BuscoTrabajo, investigadores denuncian al Conacyt. Disponible en: https://www.forbes.com.mx/con-el-hashtag-buscotrabajo-investigadores-de nuncian-al-conacyt/ Consultado el viernes 17 de septiembre de 2021.

8 Proceso. Científicos e investigadores acusan al Conacyt de obligarlos a “buscar trabajo”. Disponible en:

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/9/15/cientifico s-investigadores-acusan-al-conacyt-de-obligarlos-buscar-trabajo-272026. html/ Consultado el viernes 17 de septiembre de 2021.

9 El Universal. Bajo el hashtag #Buscotrabajo, científicos e investigadores denuncian incertidumbre laboral en Conacyt. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/buscotrabajo-denuncian-i ncertidumbre-laboral-en-conacyt Consultado el viernes 17 de septiembre de 2021.

10 El Economista. “No queremos huelga ni aumento salarial, queremos certeza laboral”: Siintracátedras. Disponible en:

https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/No-queremos- huelga-ni-aumento-salarial-queremos-certeza-laboral-Siintracatedras-202 10819-0139.html Consultado el viernes 17 de septiembre de 2021.

11 El Universal. Bajo el hashtag #Buscotrabajo, científicos e investigadores denuncian incertidumbre laboral en Conacyt. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/buscotrabajo-denuncian-i ncertidumbre-laboral-en-conacyt Consultado el viernes 17 de septiembre de 2021.

12 El Universal. Bajo el hashtag #Buscotrabajo, científicos e investigadores denuncian incertidumbre laboral en Conacyt. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/buscotrabajo-denuncian-i ncertidumbre-laboral-en-conacyt Consultado el viernes 17 de septiembre de 2021.

13 El Economista. “No queremos huelga ni aumento salarial, queremos certeza laboral”: Siintracátedras. Disponible en:

https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/No-queremos- huelga-ni-aumento-salarial-queremos-certeza-laboral-Siintracatedras-202 10819-0139.html Consultado el viernes 17 de septiembre de 2021.

14 El Economista. “Para conservar mi empleo tengo que buscar empleo”, denuncian integrantes de Cátedras Conacyt. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Para-conservar-mi-empleo-te ngo-que-buscar-empleo-denuncian-integrantes-de-Catedras-Conacyt-2021091 7-0028.html Consultado el viernes 17 de septiembre de 2021.

15 Ciencia y Desarrollo. Aprovechando el talento Cátedras Conacyt para jóvenes investigadores. Disponible en:

https://www.cyd.conacyt.gob.mx/?p=articulo&id=397 Consultado el viernes 17 de septiembre de 2021.

16 Forbes. Con el hashtag #BuscoTrabajo, investigadores denuncian al Conacyt. Disponible en: https://www.forbes.com.mx/con-el-hashtag-buscotrabajo-investigadores-de nuncian-al-conacyt/ Consultado el viernes 17 de septiembre de 2021.

17 El Universal. Piden diputados del PRI que Conacyt garantice y otorgue estímulos económicos a investigadores. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/piden-diputados-del-pri-que-conac yt-garantice-y-otorgue-estimulos-economicos-investigadores consultado el viernes 17 de septiembre de 2021.

18 El Economista. “No queremos huelga ni aumento salarial, queremos certeza laboral”: Siintracátedras. Disponible en:

https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/No-queremos- huelga-ni-aumento-salarial-queremos-certeza-laboral-Siintracatedras-202 10819-0139.html

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 21 de septiembre de 2021.

Diputados: Ana Lilia Herrera Anzaldo, Brasil Alberto Acosta Peña (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a resolver el aumento de contagios de Covid-19 en zona fronteriza mexicana, a cargo del diputado Saúl Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

Que suscribe, Saúl Hernández Hernández , diputado federal en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a escrutinio de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvio resolución , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primero. La pandemia del coronavirus (Covid-19) es una de las más devastadoras de este siglo originada en China en diciembre de 2019 y causada por el virus SARS-CoV-2, en menos de un mes ya había sido catalogada como “Emergencia de Salud Pública de Alcance Internacional”, el coronavirus afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables, y corren mayor riesgo de contraerlo quienes viven en entornos superpoblados. Además, un estudio apunta que la falta de desglose de los datos favorece la desigualdad de los resultados sanitarios, ya que solo el 51 por ciento de los países incluyen datos desglosados en sus informes estadísticos nacionales.

La pandemia terminará cuando el mundo decida acabar con ella, está en nuestras manos y tenemos todas las herramientas que necesitamos: podemos prevenir esta enfermedad, podemos realizar pruebas y tratarla” la pandemia como una “prueba” el mundo está “fallando”, y más de 4 millones de personas han muerto.

Segundo. La OMS está colaborando estrechamente con expertos mundiales, gobiernos y asociados para ampliar rápidamente los conocimientos científicos sobre este nuevo virus, rastrear su propagación y virulencia y asesorar a los países y las personas sobre la medidas para proteger la salud y prevenir la propagación del brote.

Tercero. México vive un incremento en la tendencia de casos de Covid-19, al reportar un aumento del 17 por ciento, entre las semanas 28 y 29 del año, la Secretaría de Salud registró 6 mil 506 casos recientes, por lo que van 2 millones 861 mil 498 personas que han enfermado por el virus, desde el inicio de la epidemia.

Cuarto. Que las personas acudan a otros países para recibir atención médica no es un fenómeno nuevo, pero la búsqueda de protección contra la Covid-19 aumentó este flujo de personas entre países, tanto que ya se ganó su propio término: turismo de vacunas.

La vacunación no ha avanzado al mismo ritmo en todos los países, en México solo el 33 por ciento de la población ha sido vacunada. El 19 por ciento de la población mexicana está bajo un esquema completo y el 14 por ciento con un esquema nuevo, en contraste con Estados Unidos, donde se ha vacunado al 56 por ciento de la población con el 49 por ciento de esquemas completos y 7.8 por ciento de esquemas nuevos, según cifras de Our World in Data.

La mayor preocupación es estar protegido con la vacuna ante un contagio de Covid, por lo que algunos decidieron arriesgar un viaje al extranjero e invertir dinero para obtener una protección, lo más pronto posible.

Por ello, que las personas busquen destinos en donde la vacunación está abierta a todas las personas, sin importar su nacionalidad, Estados Unidos, Rusia, las Maldivas, Bali e Indonesia, son algunos ejemplos de esto, estos últimos dos incluso promocionaron la creación de paquetes de turismo y vacunación, para incentivar que las personas visiten las playas y poder reactivar sus economías más rápidamente.

Debido a regulaciones como esta, muchas personas que no cuentan con la ciudadanía de los Estados Unidos pudieron obtener la vacuna en algunos estados de este país.

Quinto. Las autoridades mexicanas instalaron puestos de control sanitario en varios puntos de entrada a lo largo de su frontera norte, ya que tanto en México como en Estados Unidos temen que una oleada de cruces. La prohibición de los viajes fronterizos no esenciales ha estado vigente desde marzo en un intento por parte de ambos gobiernos de limitar los contagios de coronavirus, pero el tráfico transfronterizo ha estado concurrido.

En Sonora, que tiene la tercera tasa de coronavirus per cápita más alta del país latinoamericano y se ubica frente a Arizona, que los exámenes de salud abarcarían playas y pueblos frecuentados por mexicanos y turistas, Baja California, incluida la bulliciosa ciudad fronteriza de Tijuana, frente a San Diego, ocupa el quinto lugar en la mayoría de los casos de coronavirus per cápita.

Los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas han registrado al menos varios miles de casos confirmados, y todos están frente a Texas, que está lidiando con un aumento de infecciones que propiciaron un número récord de hospitalizaciones, cientos de miles de personas cruzan por tierra por día a pesar de la prohibición de viajes no esenciales.

Por lo anterior, sometemos a consideración de las y los legisladores que integran el pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a las diversas autoridades a la Secretaría de Salud e Instituto Nacional de Migración, para que en el ámbito de sus facultades y medidas preventivas resuelvan el aumento de contagios por Covid-19 en zona fronteriza del territorio mexicano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2021.

Diputado Saúl Hernández Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE y el INM a fortalecer las acciones tendentes a proteger y atender a niños y adolescentes migrantes no acompañados, garantizando el interés superior de la niñez, a cargo de la diputada Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Raquel Bonilla Herrera , integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y la fracción III del numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración a fortalecer las acciones tendientes a proteger y atender a las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados garantizando el interés superior de la niñez , con base en las siguientes:

Consideraciones

La situación de los menores de edad en los recientes años se ha profundizado dentro de los procesos migratorios. El flujo de niñas, niños y adolescentes mexicanos repatriados por Estados Unidos sin compañía de un familiar en los últimos meses se ha agudizado, este sector de la población se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad en razón a los diferentes factores como la edad, el género y su condición migratoria.

Fuente: Secretaria de Gobernación, Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes en situación migratoria irregular, desde y en tránsito por México, Unidad de Política Migratoria, http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM /Estadistica/NNA/NNYA_S%C3%ADntesis_ene-jun_2021.pdf

En lo que respecta al tránsito dentro del territorio mexicano se ha observado un notable incremento de la presencia de miles de niñas, niños y adolescentes procedentes de los países centroamericanos, en especial del denominado Triángulo Norte, conformado por los países de Guatemala, Honduras y El Salvador y por supuesto de nuestro país, en los flujos migratorios irregulares que se dirigen hacia Estados Unidos.

Fuente: Secretaria de Gobernación, Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes en situación migratoria irregular, desde y en tránsito por México, Unidad de Política Migratoria, http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM /Estadistica/NNA/NNYA_S%C3%ADntesis_ene-jun_2021.pdf

Fuente: Secretaria de Gobernación, Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes en situación migratoria irregular, desde y en tránsito por México, Unidad de Política Migratoria, http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM /Estadistica/NNA/NNYA_S%C3%ADntesis_ene-jun_2021.pdf

La falta de desarrollo económico, social y político se convierte en el principal impulsor para la migración de los países centroamericanos hacia los Estados Unidos de América y Canadá, incrementando la migración de tránsito que recorre el territorio nacional de la frontera sur hacia la frontera norte, en busca de mejores condiciones económicas. En lo tocante a la migración de los menores de edad, este sector primordialmente decide viajar por el deseo de reunirse con sus familiares; para mejorar su nivel de vida a través del desempeño de un trabajo y; para escapar de la violencia familiar o de la explotación sexual a que son sometidos.

La migración irregular conformada por menores de edad que viajan solos, es preocupante dentro del fenómeno migratorio, su súbito incremento exige que las diversas instancias gubernamentales implementen acciones para reducir el impacto de su condición de vulnerabilidad, asegurando y garantizando el ejercicio de sus derechos y protección de su interés superior conforme al marco jurídico nacional así como con base en los instrumentos internacionales.

Más allá de las causas que originan los procesos migratorios, nuestro país debido a su localización geográfica experimenta flujos migratorios en los cuales se involucran a menores de edad sin acompañamiento de un familiar, tanto centroamericanos como mexicanos que se dirigen a los Estados Unidos de América, potencializando su vulnerabilidad en razón de que están más expuestos a la acción de las redes de tráfico de migrantes y de trata de personas.

En este sentido, el Estado mexicano reconoce que toda persona migrante, independientemente de su estatus migratorio, es sujeta de derechos, en lo concerniente a los menores de edad, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se determina que el principio del interés superior de la niñez, es primordial durante todo el proceso administrativo migratorio al que estén sujetos las niñas, niños y adolescentes migrantes. En su artículo 100, señala que corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de las representaciones consulares garantizar la asistencia y protección consular de niñas, niños y adolescentes migrantes que se encuentran en el extranjero en proceso de repatriación.1 En el caso de los menores de edad de nacionalidad mexicana, éstos son entregados en la frontera al Instituto Nacional de Migración, organismo que se encarga de trasladarlos a refugios temporales del DIF mientras contactan a los familiares.

En tanto, en los artículos 89 al 101, se señala que, se deberá proporcionar asistencia social para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes que requieran servicios para su protección; otorgar facilidades de estancia independientemente de su nacionalidad y situación migratoria, garantizar el principio de unidad familiar y el cumplimiento de las medidas de protección para la restitución integral de derechos vulnerados de niñas, niños y adolescentes; identificar a las niñas, niños y adolescentes extranjeros que requieren de protección internacional, ya sea como refugiado o de algún otro tipo.2

De acuerdo a las cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaria de Gobernación,3 el total de menores sin acompañamiento equivale a 80.5 por ciento de los 11 mil 975 niñas, niños y adolescentes repatriados desde Estados Unidos entre enero y junio de 2021. De acuerdo a estos datos se observa un incremento en el número de migrantes mexicanos menores de edad devueltos al país en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando fueron repatriados 4 mil 016 menores de edad, representando un incremento del 140 por ciento.

Fuente: Secretaria de Gobernación, Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes en situación migratoria irregular, desde y en tránsito por México, Unidad de Política Migratoria, http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM /Estadistica/NNA/NNYA_S%C3%ADntesis_ene-jun_2021.pdf

Del universo de 9 mil 638 niñas, niños y adolescentes sin acompañamiento que fueron repatriados desde Estados Unidos, se desglosa que los estados con la mayor cantidad fue, Tamaulipas con el 13.4 por ciento, Guerrero con 12 por ciento, Oaxaca con 10.3 por ciento, Chiapas con 8.7 por ciento, Guanajuato con 7.5 por ciento, Veracruz con 6.9 por ciento, y Michoacán con 5.7 por ciento.

Fuente: Secretaria de Gobernación, Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes en situación migratoria irregular, desde y en tránsito por México, Unidad de Política Migratoria, http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM /Estadistica/NNA/NNYA_S%C3%ADntesis_ene-jun_2021.pdf

Las niñas, niños y adolescentes sufren graves violaciones en su integridad física y en sus derechos humanos en su intento por cruzar la frontera sin compañía, en su tránsito por nuestro país en ocasiones son atraídos a redes del crimen organizado, ser sometidos a explotación sexual o laboral; sufrir maltrato en el momento de la repatriación o perder la vida al cruzar la frontera, entre otras circunstancias.

Nuestro país enfrenta uno de los mayores desafíos en materia de política migratoria, cada año, se incrementa el número de migrantes que son repatriados desde Estados Unidos hasta México. En este contexto, es importante remarcar que las niñas, niños y adolescentes son personas con derechos, los cuales en todo momento deben ser respetados, sin importar su nacionalidad, situación migratoria, raza, etnia, sexo o religión, en este escenario de migración es trascendental realizar un seguimiento y análisis sobre la situación de los menores de edad migrantes no acompañados. Por ello, el tema migratorio es, un asunto que requiere estrategias consolidadas de coordinación intergubernamental en sentido transversal.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diversos foros ha manifestado su preocupación sobre la situación de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados4 que están llegando a la frontera sur de Estados Unidos. Este organismo ha expresado que se han registrado denuncias de abuso físico, verbal y sexual por parte de los agentes en contra de los menores de edad que se encuentran detenidos, entre las condiciones registradas se encuentran la falta de comida y alimentos, ambientes insalubres en sus celdas, falta de mantas, ropa y colchones limpios y adecuados, aunado a ello, sufren violencia durante la detención y son maltratados durante su estancia en los centros de migración.5

Fuente: Secretaria de Gobernación, Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes en situación migratoria irregular, desde y en tránsito por México, Unidad de Política Migratoria, http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM /Estadistica/NNA/NNYA_S%C3%ADntesis_ene-jun_2021.pdf

La protección de los derechos de los migrantes menores de edad para el Estado mexicano debe ser prioridad, es fundamental que reciban un trato digno por parte de las autoridades asegurando la reunificación familiar. Es importante efectuar un llamado a las autoridades a fin de que fomenten la atención y protección de este sector vulnerable creando un ambiente para su desarrollo físico-mental, a través de medidas y acciones de coordinación y cooperación entre las autoridades fronterizas y aquellas que atienden los procesos de migración, con el objetivo de coadyuvar a la implementación de instrumentos entre las naciones enfocados a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, con ello, evitar que sean violentados.6

Los diversos factores y consecuencias que conlleva la migración infantil, deben ser atendidas dentro de una política nacional de migración para evitar que más menores de edad se expongan al querer cruzar la frontera, y en el caso, de las niñas, niños y jóvenes que transitan por nuestro territorio a fin de cruzar hacia los Estados Unidos, estos sean atendidos en todo momento velando por el respeto de sus derechos humanos.

En este sentido, recordemos que los principios en los que se sustenta la política migratoria del Estado mexicano, se encuentra el respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígena, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito.7

Esto conlleva a ser congruentes con respecto a la vigencia de los derechos que se reclaman para nuestros connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido. Enfoque que nos lleva a una responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos países, y sus diversas instituciones involucradas en el tema migratorio.

Por todo lo anterior, presento ante el pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división de poderes, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a enriquecer las acciones, instrumentos y mecanismos implementados por los consulados mexicanos en el territorio de los Estados Unidos de América enfocados a la protección y atención de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, observando y exigiendo en todo momento el pleno respeto del interés superior de la niñez, ante el incremento de las deportaciones por parte de las autoridades norteamericanas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división de poderes, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a entablar mesas de trabajo de alto nivel con sus homologas en los Estados Unidos de América, Canadá y los diversos países de Centroamérica, con el objetivo de efectuar un análisis sobre el fenómeno migratorio en particular el concerniente a las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, a fin de implementar mecanismos de protección de sus derechos humanos y unificación familiar.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división de poderes, exhorta al Instituto Nacional de Migración, a fortalecer los programas de atención migratoria garantizando, vigilando y protegiendo los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados que transitan por el territorio nacional independientemente de su calidad migratoria, respetando el principio del interés superior de la niñez.

Notas

1 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Cámara de Diputados, disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_11012 1.pdf

2 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Cámara de Diputados, disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_11012 1.pdf

3 Secretaria de Gobernación, Unidad de Política Migratoria, disponible en

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/Politic aMigratoria/CEM/Estadisticas/Boletines_Estadisticos/2021/Boletin_2021.p dff

4 Organización de Estados Americanos-Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución 4/19, Principios Interamericanos sobre los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de personas, disponible en

https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Principios%20D DHH%20migrantes%20-%20ES.pdf

5 Organización de Estados Americanos-Comisión Interamericana de Derechos Humanos, La CIDH saluda terminación de los “Protocolos de Protección del Migrante”, y llama a Estados Unidos a adoptar políticas migratorias que incorporen un enfoque de derechos humanos, Comunicado de prensa, Washington, D.C., 25 de junio de 2021, disponible en

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/ comunicados/2021/158.asp

6 Organización de Estados Americanos-Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Guía práctica sobre protección a la unidad y reunificación familiar en situaciones de movilidad humana en el contexto de la pandemia, disponible en

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/guia_practica_m igracion_esp.pdf

7 Artículo 2 de la Ley de Migración, Cámara de Diputados, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_200521.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2021.

Diputada Raquel Bonilla Herrera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Jalisco a responder las observaciones formuladas por la ASF tras la fiscalización de la Cuenta Pública de 2019, a cargo del diputado Favio Castellanos Polanco, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Favio Castellanos Polanco, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la matriz de datos básicos del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2019, cuyo informe consolidado fue remitido a la Cámara de Diputados en febrero pasado, la entidad que registró mayores irregularidades en el manejo de los recursos fue Jalisco, con 11 mil 543.5 millones de pesos (mdp). Eso quiere decir que 16.57 de cada 100 pesos que la federación entregó a Jalisco en 2019 tuvieron un gasto irregular.

De las 22 auditorías, 14 fueron a dependencias del Ejecutivo estatal, de las cuales en 7 fueron observados con 4 mil 626 mdp, pero consiguió comprobar durante la auditoría un total de 69.95 mdp, quedando un total de 4 mil 556 mdp por aclarar.

Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el recurso proveniente de participaciones federales fue el más observado. En total se detectaron irregularidades por 4 mil 503 mdp.

En torno a dicho monto, la ASF emitió dos solicitudes de aclaración al gobierno de Jalisco. La primera es por permitir que la Universidad de Guadalajara (UdeG) fuera omisa en presentar la documentación que compruebe el ejercicio de 4 mil 500 mdp en pago de nómina.

Según el informe de 2019 de la ASF, la UdeG recibió de manera directa 6 mil 79 millones 169 mil 400 pesos, que fueron auditados en su totalidad sin que la casa de estudios presentara un solo documento para justificar el gasto.

Lo anterior quiere decir que de los 10 mil 812 mdp sin comprobar de Jalisco, 10 mil 579 mdp son responsabilidad directa de la UdeG.

La ASF también envió la solicitud de aclaración 2019-A-14000-19-0858-03-001 a la Secretaría de la Hacienda Pública por irregularidades observadas en el pago de nómina a personal educativo que solicitó licencia sin goce de sueldo o causó baja definitiva en la nómina del magisterio por un monto total de 3 millones 696 mil 577.69 pesos. Este monto completa los 4 mil 503 mdp observados directamente al gobierno de Jalisco.

También en torno a los docentes se señaló a la Secretaría de Educación Jalisco por el ejercicio de presupuesto de la partida del Fondo de Aportaciones para Nómina Educativa y Gasto Operativo, por un total de 45 millones 945 mil 700 pesos.

La ASF pidió al gobierno del estado aclarar 8 millones 723 mil 700 pesos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, así como 664 mil 800 pesos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.

Al gobierno del estado también se le señaló el gasto de 33 millones 778 mil 800 pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, así como de 33 millones 105 mil 500 pesos del Fondo Metropolitano, pero ambas cifras logró comprobarlas durante las auditorías.

Es necesario que para fortalecer la cultura de la transparencia y erradicar la corrupción del país, el gobierno de Jalisco cumplimente en tiempo y forma las observaciones realizadas por el órgano fiscalizador.

Resulta urgente que dicte las instrucciones pertinentes a los servidores públicos encargados de las áreas observadas para evitar daños o perjuicios a la hacienda pública federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos.

En virtud de lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados el Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Jalisco a dar respuesta a las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación derivadas del proceso de fiscalización sobre la Cuenta Pública de 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2021.

Diputado Favio Castellanos Polanco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al IFT y la Profeco a vigilar, supervisar y verificar que la prestación de los servicios de telefonía celular e internet se ajuste a la ley y lo pactado entre proveedores y consumidores para proteger los derechos de los usuarios finales, a cargo del diputado Ángel Domínguez Escobar, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Ángel Domínguez Escobar, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, acude ante el pleno de esta soberanía a fin de presentar proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta a los titulares del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Procuraduría Federal del Consumidor a vigilar, supervisar y verificar en el ámbito de sus competencias que la prestación de los servicios de telefonía celular e internet se realice conforme a la ley, y lo pactado entre proveedores y consumidores para proteger los derechos de los usuarios finales, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Desde su aparición en la tierra, el hombre siempre ha tenido la necesidad de relacionarse con sus semejantes, pero en su afán de acotar la distancia, buscando que sea más rápido, seguro y a un bajo costo, revolucionó y sigue revolucionando la comunicación inventando cada día artefactos más sofisticados como la televisión, la telefonía inalámbrica, la red informática formada por la conexión directa entre computadoras mediante un protocolo especial de comunicación en todo el mundo conocido como “internet”.

Estas tecnologías de la información se han vuelto fundamental en este mundo con cambios vertiginosos, contribuyendo en el mejoramiento de la calidad de vida, al hacer los trámites más agiles y eficientes, e impulsar el desarrollo regional de manera integral.

Como palanca de desarrollo, generan y siguen generando cambios muy importantes a nivel internacional, nacional y estatal entre los que destacan, el acceso a la información, la ampliación del concepto de libertad de expresión, el mejoramiento en la impartición de la educación, al grado de posicionarse como una herramienta transcendental en la vida de todos. Tan es así que las redes sociales se han convertido es una alternativa para los consumidores de noticias, debido a su inmediatez y a la cobertura en tiempo que ofrecen.

Ahora bien para con objeto de regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos, los derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y libre concurrencia en estos sectores, para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 6o., 7o., 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como disponen la fracción XV del artículo 28 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y el artículo 7 de la Ley Federal de Telecomunicaciones:

Artículo 28. ...

El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución.

Artículo 7 . ...

El instituto tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios satelitales, las redes públicas de telecomunicaciones y la prestación de los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones, así como del acceso a la infraestructura activa y pasiva y otros insumos esenciales, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a otras autoridades en los términos de la legislación correspondiente.

Es indispensable que las instancias competentes garanticen el derecho de las y los usuarios de la telefonía inalámbrica mejor conocido como celular y del internet para el disfrute efectivo del derecho a que tienen de recibir una prestación de servicio previamente pactado, es importante señalar que estos servicios cumplen una función social, de interés y de utilidad público donde las instancias gubernamentales deben poner mayor atención a medida de hacer efectivo la utilización de la tecnologías de la información, transmisión y recepción como una pieza clave de desarrollo tal y como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido la función social que entraña el acceso efectivo a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión ([J]; novena época; pleno; SJF y su Gaceta; tomo XXVI, diciembre de 2007; página 986). De acuerdo con nuestro Máximo Tribunal, la función social de dichos servicios reside en su reconocimiento como instrumentos para hacer efectivo el ejercicio de los derechos fundamentales. En esta medida, el acceso efectivo a las tecnologías de la información y a la banda ancha, se reconoce como una pieza clave en el desarrollo de una política de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, indispensable para la construcción en nuestro país de una sociedad de derechos y libertades, tal y como lo prevé el párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución (iniciativa de reforma de telecomunicaciones, enviada por el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos al Congreso de la Unión, http://www.presidencia.gob.mx/wp-content/uploads/2013/03/Iniciativa-Ref orma-Constitucional-Telecom.pdf).

Dado que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene como objetivo el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones en México con apego a lo establecido en la Constitución que la otorga las atribuciones de regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios públicos de radiodifusión y telecomunicaciones. Así como ser la responsable de garantizar el acceso equitativo a infraestructura y otros insumos esenciales para las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluidos los de banda ancha e internet. Por ello el exhorto a esta dependencia, pues debe garantizar que a los usuarios finales se le respete sus derechos, pues está dentro de sus atribuciones vigilar, supervisar y verificar el cumplimiento a lo dispuesto en los títulos de concesiones con el fin de garantizar que la prestación de los servicios se realice con apego a la ley, como dispone la fracción XXVII del artículo 15 de la Ley Federal de Telecomunicaciones:

Artículo 15. Para el ejercicio de sus atribuciones corresponde al instituto

XXVII. Vigilar el cumplimiento a lo dispuesto en los títulos de concesión otorgados en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y ejercer facultades de supervisión y verificación, a fin de garantizar que la prestación de los servicios se realice con arreglo a esta ley y a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, a los títulos de concesión y a las resoluciones expedidas por el propio instituto;

El objetivo principal del ente público denominado “Procuraduría Federal del Consumidor” es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, es pertinente hacerle también el exhorto para que de manera oficiosa intervenga para proteger los derechos de los usuarios finales de telefonía celular e internet específicamente en Tlaxiaco, en su carácter de autoridad administrativa, como disponen los artículos 20 y 24, fracciones I a III, de la Ley Federal del Consumidor:

Artículo 20. La Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en esta ley, los reglamentos de ésta y su estatuto.

Artículo 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

I. Promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores;

II. Procurar y representar los intereses de los consumidores, mediante el ejercicio de las acciones, recursos, trámites o gestiones que procedan;

III. Representar individualmente o en grupo a los consumidores ante autoridades jurisdiccionales y administrativas, y ante los proveedores;

Por lo expuesto queda claro que el Instituto Federal de Telecomunicaciones es el ente público encargado de regular la radio, la televisión, la telefonía celular, lo satélites, internet y demás a que se refiere al sector telecomunicaciones y que la Procuraduría Federal del Consumidor tiene la atribución de promover y proteger los derechos del consumidor, pero sobre todo aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad entre proveedores y consumidores; en ese sentido, consideramos procedente hacerle el exhorto en los términos planteados. Así al tratarse de una relación comercial donde la concesionaria no está cumpliendo lo pactado a pesar de que el usuario final cumple cabalmente la contraprestación del servicio, lo que me permite someter a consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los titulares del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Procuraduría Federal del Consumidor a vigilar, supervisar y verificar en el ámbito de sus competencias que la prestación de los servicios de telefonía celular e internet se realice conforme a la ley, y lo pactado entre proveedores y consumidores para proteger los derechos de los usuarios finales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2021.

Diputado Ángel Domínguez Escobar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Insabi y la Secretaría de Salud de Oaxaca a tomar medidas conducentes a establecer mecanismos para solucionar el desbasto local de medicamentos, a cargo de la diputada María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, María del Carmen Bautista Peláez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Salud de Oaxaca, doctor Juan Carlos Márquez Heine; y el director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), maestro Juan Antonio Ferrer Aguilar, a tomar las medidas necesarias a fin de establecer los mecanismos adecuados para dar solución al problema de desbasto de medicamentos en Oaxaca, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El país vive una crisis en el sector salud, derivado de la pandemia por Covid-19, lo cual ha hecho que los medicamentos presenten escasez y los pacientes no puedan adquirir sus medicinas. Entre los grupos más afectados por la falta de medicamentos se encuentran los pacientes con cáncer, especialmente los niños, pacientes con VIH que necesitan antirretrovirales y la población infantil que requiere vacunas.

De acuerdo con la información pública recabada por el Colectivo Cero Desabasto, durante 2020 el número de recetas no surtidas de forma efectiva en hospitales públicos se triplicó, superando los 16 millones de casos. Además, se identificó que entre 2019 y 2020, 20 por ciento de las recetas –1 de cada 5– no fue surtido completo en la primera ocasión que la presentó el paciente. Si se analiza por institución, durante el mismo periodo, en el IMSS 20.9 millones de recetas no fueron surtidas de forma efectiva; y en el ISSSTE, 1.8 millones.1

Por ello, el gobierno federal implantó una estrategia por medio de un acuerdo entre la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos y el Insabi para establecer un nuevo modelo. La UNOPS se encargaría de las compras consolidadas de medicamentos para el periodo 2021-2024. Este proyecto costará al gobierno mexicano 6 mil 800 millones de dólares, de los que la Oficina de Naciones Unidas cobrará 1.25 por ciento.

Sin embargo, los problemas de logística han continuado, pues a pesar de que se han llevado a cabo las licitaciones de medicamentos, existe un problema en la distribución de estos. Generando así un problema en el proceso de compra y abasto de medicamentos e insumos, ya que las empresas continúan con la imposibilidad de entregar medicamentos en a los operadores logísticos.

Instituciones como el Insabi, institutos nacionales y hospitales de alta especialidad, Pemex, el ISSSTE y el IMSS presentan mayor afectación por falta de recepción de insumos. Lo cual ha prolongado las fechas de entrega de los insumos, lo que ha generado una saturación en la calendarización de citas de dichos operadores, extendiendo aún más la recepción de los insumos.

Uno de los principales problemas en el sector salud es la insuficiencia de medicamentos, ya que no se ha logrado garantizar totalmente el surtimiento de las recetas de los pacientes. Hay 19 entidades federativas con un porcentaje inferior al promedio nacional. Registran los peores valores Chiapas, con apenas 13.9; Michoacán, 18.9; Oaxaca, 19.6; Tabasco, 19.9; Guerrero, 21.4; Morelos, 22.4; Campeche, 22.6; Colima, 23.5; y Veracruz, 24.6.2

Otro problema es la insuficiencia del personal médico. En 13 entidades se tienen valores por debajo del promedio nacional; las más bajas: Oaxaca, con 40.2 por ciento; Tlaxcala, 42.6; Morelos, 43.7; estado de México, 45.3; Ciudad de México y Guerrero, 47.7; y Michoacán, 49.5.

Además de ello, la saturación en clínicas y hospitales es otro grave problema, y Oaxaca nuevamente se encuentra entre las entidades con peores valores.

Esto hace evidente las deficientes condiciones en que se encuentra el Sector Salud, a pesar del proceso de transición hacia el hoy llamado “Insabi”, mediante el cual se sustituyó al Seguro Popular; y cuyo proceso se encuentra incompleto ya que no se ha logrado que se ejecute de manera correcta en toda la república, sobre todo en Oaxaca, donde se presentan demasiadas insuficiencias.

Por ello se requiere que el Insabi tome las medidas necesarias a fin de establecer los mecanismos adecuados para darle una solución principalmente al problema de desbasto de medicamentos. Para ello se debe establecer un canal de comunicación institucional y permanente entre el Insabi, las instituciones de salud, fabricantes de insumos y operadores logísticos, que permita generar un seguimiento puntual y coordinado del proceso.

El gobierno federal, a través del Insabi como instancia responsable de la ejecución del proyecto de “Adquisición de medicamentos y material de curación”, debe crear puentes de negociación efectivas con las empresas farmacéuticas, a fin de dar solución al desabasto de medicamentos, ya que el no atender dichas demandas, genera la suspensión de tratamientos y en algunos casos provoca como consecuencia la muerte de pacientes. Por estas razones resulta urgente solucionar dicha problemática.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al secretario de Salud de Oaxaca, doctor Juan Carlos Márquez Heine; y el director del Instituto de Salud para el Bienestar, maestro Juan Antonio Ferrer Aguilar, a tomar las medidas necesarias a fin de establecer los mecanismos adecuados para dar solución al problema de desbasto de medicamentos en Oaxaca.

Notas

1 https://coparmex.org.mx/crisis-por-el-desabasto-de-medicamentos-pacient es-sin-esperanza/

2 https://www.mexicosocial.org/los-estados-con-los-peores-servicios-de-sa lud/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2021.

Diputada María del Carmen Bautista Peláez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a autoridades de las 32 entidades federativas a evitar la criminalización de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, y revisar las carpetas abiertas por el mismo tema, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Julieta Kristal Vences Valencia, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 7 de septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad de diez votos que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales.

Con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que el artículo 196 del Código Penal de Coahuila que establecía una pena de prisión a la mujer que voluntariamente practicara su aborto o a quien la hiciere abortar con el consentimiento de aquélla, es inconstitucional, pues vulnera el derecho de la mujer y de las personas gestantes a decidir.

En el comunicado de prensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se menciona: “La Suprema Corte entendió que el producto de la gestación merece una protección que incrementa en el tiempo, a medida que avanza el embarazo”. Sin embargo, precisó que esa protección no puede desconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes a la libertad reproductiva. Por tanto, estableció el pleno, “criminalizar de manera absoluta la interrupción del embarazo es inconstitucional”.

Asimismo, extendió la invalidez a porciones del artículo 199 que criminalizaban el aborto y limitaban a 12 semanas la posibilidad de abortar en caso de violación, inseminación o implantación artificial.

Al haberse alcanzado una mayoría que supera los ocho votos, las razones de la Corte obligan a todas y todos los jueces de México; tanto federales como locales. A partir de ahora, al resolver casos futuros, deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta, como lo son los tipos penales que no contemplan la posibilidad de interrumpir el embarazo en un periodo cercano a la implantación, o las normas que sólo prevean la posibilidad de abortar como excusas absolutorias, pues en esos supuestos la conducta se cataloga como un delito, aunque no se imponga una sanción.

En este mismo sentido se invalidó el artículo 224, fracción II, del Código Penal local, al establecer una pena menor para el delito de violación entre cónyuges, concubinos y parejas civiles, que la pena para la violación en general, por ser discriminatoria, especialmente contra las mujeres.

El trabajo por realizar en todo el país es largo, ya que la mayoría de los congresos estatales penaliza la interrupción legal del embarazo. El País menciona: “Dependiendo de la entidad, existen ciertas circunstancias, llamadas ‘causales de no punibilidad’, bajo las que cada código penal no lo castiga o considera delito. En casos de violación, interrumpir un embarazo está garantizado a través de la Norma Oficial Mexicana 046. Sólo 4 entidades autorizan el aborto voluntario hasta la semana 12 de gestación: Ciudad de México (desde 2007), Oaxaca (2019), Veracruz e Hidalgo (2021). Otras causales vigentes para interrumpir legalmente un embarazo son violación (en todo el país), aborto imprudencial o culposo (en 29 estados), peligro de muerte para la madre (24), riesgos para su salud (16), alteraciones graves en el producto (16), inseminación artificial no consentida (15) y motivos económicos (2)”.1

De los 32 estados del país, sólo Chiapas, Michoacán y Veracruz no imponen prisión por interrumpir el embarazo.

El Grupo de Información en Reproducción Elegida menciona: “La criminalización del aborto impacta no solo a las mujeres que son sometidas a un proceso penal por este delito, sino a todas aquellas que tienen embarazos no deseados y deben enfrentar el riesgo de llevar a cabo abortos fuera de la ley, continuar un embarazo no deseado o, incluso, enfrentar maltratos por parte del personal de salud al solicitar interrupciones del embarazo dentro de un marco legal”.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben asegurar el libre desarrollo de las mujeres, evitando la criminalización por ejercer sus derechos sexuales, por lo que resulta necesario analizar los casos de las personas acusadas por el delito de aborto en todas las entidades del país.

En México, según datos proporcionados por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, actualmente se encuentran 432 carpetas de investigación registradas en 27 estados este año.

Tomando en cuenta la resolución del pasado 7 de septiembre, es necesario y urgente que las autoridades locales y federales, fiscalías y procuradurías, poderes judiciales locales, deben de trabajar con el propósito de evitar la criminalización de las mujeres o cualquier caso en el que se vulnere sus derechos.

El 8 de septiembre del presente año, el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer el acuerdo mediante el cual se definió que el Instituto Federal de Defensoría Pública brinde asesoría, representación y defensa a toda mujer que sea o haya sido sujeta a procedimiento en su contra por el delito de aborto.2

El Poder Legislativo ha trabajado de manera constante para eliminar todo tipo de violencia contra las mujeres, por ello resulta de suma importancia hacer el llamado a todas las autoridades locales para evitar la violación de derechos humanos de las mujeres.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a las 32 fiscalías y procuradurías de los estados de la república a evitar en el ámbito de sus atribuciones, funciones y responsabilidades la criminalización de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a las 32 fiscalías y procuradurías de los estados de la república a revisar en el ámbito de sus atribuciones, funciones y responsabilidades las acusaciones abiertas por el delito de aborto.

Notas

1 María Julia Castañeda (2021). “Mapa de la despenalización del aborto en México: en 28 de 32 estados sigue siendo delito”, 12 de septiembre de 2021, de El País, https://elpais.com/mexico/2021-09-12/mapa-de-la-despenalizacion-del-abo rto-en-mexico-en-28-de-32-estados-sigue-siendo-delito.html

2 Más información disponible en https://www.cjf.gob.mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosP rensa/2021/comunicado25.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2021.

Diputada Julieta Kristal Vences Valencia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT y el gobierno de Tamaulipas a sustituir la carpeta asfáltica y propiciar el desarrollo de una infraestructura moderna, segura y de calidad en la carretera federal número 2, Nuevo Laredo-Reynosa, tramo Nuevo Laredo-Guerrero, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Olga Juliana Elizondo Guerra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La infraestructura carretera en México ha ido en aumento durante los últimos años. De acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de 2019 a 2020 se aumentaron 29 mil 819 kilómetros de caminos, de los cuales mil 969corresponden a carreteras pavimentadas y 24 mil 768 a caminos rurales.1

Tamaulipas cuenta con una red de infraestructura carretera que, según los datos de la SCT, tiene 2 mil 157.30 kilómetros de la red federal pavimentados, de los cuales, 757.72 son de corredor, 649.58 son básicos y 750 secundarios.2

No obstante la loable labor que ha desempeñado la presente administración, encabezada por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, es necesario no sólo crear vialidades sino también dar mantenimiento a las existentes a fin de que sigan beneficiando a los millones de mexicanos que por ellas transitan a diario.

Esta infraestructura vial ha permitido la comunicación entre sus habitantes y la introducción de servicios como los de seguridad social, electricidad, educación y comercio; así como otros que son indispensables para las actividades de las y los ciudadanos. Sin embargo, la infraestructura carretera de la ribereña tamaulipeca representa un peligro latente para los habitantes de la región. Transitarlas implica altos riesgos derivado de las pésimas condiciones en las que se encuentran y, aunado a ello, debe considerarse el aumento alarmante de los índices delictivos en la zona, lo que supone un grave peligro para las y los tamaulipecos que la recorren todos los días.

La carretera federal 02, La Ribereña, es una de las principales vías de comunicación que atraviesa el estado de Tamaulipas. Su trayecto principal conecta a Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz y Reynosa en la región fronteriza. Las y los ciudadanos de estas comunidades se ven obligados a utilizarla, ya que les permite acceder a sus actividades cotidianas.

La principal problemática que enfrenta esta infraestructura vial es la falta de mantenimiento y, a causa de ello, la constante aparición de los denominados “baches” que se han multiplicado de manera drástica en los últimos meses. La zona más afectada es la que se ubica entre los municipios de Nuevo Laredo y Guerrero. En el transcurso de 2021, los accidentes viales ocasionados por los desperfectos en la carpeta asfáltica han aumentado de manera alarmante en esta zona.

De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2021 se está convirtiendo en el año con el mayor índice de accidentes en las carreteras mexicanas. Tan sólo en el primer semestre se han contabilizado 7 mil 463 muertes. Ello muestra una diferencia de 1 mil 316 muertes más que en el mismo periodo de 2020, lo equivalente a un alza de 21.5 por ciento, y de 34.5 en comparación con 2015.3 En promedio, hay mil 273 percances automovilísticos cada mes (42 diarios). El primer semestre de 2021 ha demostrado ser el más letal desde que, en 2015, comenzó a llevarse un registro oficial de víctimas en el país.4

Los habitantes de las comunidades aledañas han reconocido que la intervención de esta carretera será de gran utilidad e importancia para sus municipios, ya que con ello se acortará el tiempo de traslado y se permitirá el tránsito seguro.

Como servidores públicos, contamos con la obligación de hacer que la transformación de México avance. Por ello, las autoridades competentes deben garantizar a los usuarios de las carreteas un servicio de calidad de acuerdo a sus necesidades y requerimientos que les permita trasladarse con seguridad y comodidad a sus destinos. Este importante tramo carretero, no debe ser olvidado por las autoridades.

En razón de lo anterior, los diversos niveles de gobierno deben actuar a la altura de las circunstancias, con una visión de corto, mediano y largo plazo, y con una profunda convicción transformadora que apunte al interés público, al crecimiento económico y al bienestar social.

De ahí que se ponga a consideración de la Cámara de Diputados la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno de Tamaulipas a sustituir la carpeta asfáltica y propiciar el desarrollo de una infraestructura moderna, segura y de calidad en la carretera federal número 2 Nuevo Laredo-Reynosa, en el tramo Nuevo Laredo-Guerrero, Tamaulipas, así como supervisar el tránsito de camiones de carga pesados no autorizados para su circulación en este tipo de vía o, en su caso, realizar las modificaciones necesarias a la infraestructura para que los usuarios transiten por una vía en óptimas condiciones.

Notas

1 https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos

2 https://www.sct.gob.mx/carreteras/direccion-general-de-conservacion-de- carreteras/longitud-red-federal/

3 https://www.animalpolitico.com/2021/08/accidentes-trafico-muertes-lesio nes-2021/

4 https://www.sct.gob.mx/carreteras/direccion-general-de-servicios-tecnic os/estadistica-de-accidentes-de-transito/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2021.

Diputada Olga Juliana Elizondo (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 21 de septiembre, Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Mexicano, a cargo de la diputada María José Alcalá Izguerra, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada María José Alcalá Izguerra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción XI, presenta ante esta soberanía la siguiente efeméride, con motivo del Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Mexicano.

El 12 de septiembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que el honorable Congreso de la Unión declaró el 21 de septiembre de cada año, como el Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano, lo cual ha contribuido de manera significativa a que se reconozca a la lucha libre y en especial a los luchadores como parte del patrimonio intangible, popular y cultural de México.

La lucha libre es uno de los deportes más emblemáticos de nuestro país y por casi nueve décadas se ha ido configurando como uno de los pasatiempos más populares entre nuestra población, convirtiéndose en un espectáculo arraigado en la cultura, en las tradiciones y la propia historia de los mexicanos en sus diferentes sectores sociales.

La mayoría de sus especialistas la consideran como un arte y una fiesta en donde se conjugan elementos míticos, simbólicos y lingüísticos, mismos que representan el amplio folclore nacional. Así, en sus diversas narrativas, resaltan que la lucha libre, más que un espectáculo, es una actividad productiva, turística y generadora de miles de empleos; lo cual permite con su desarrollo que vendedores, fabricantes de máscaras, restauranteros, maestros sastres, acomodadores, meseros y expendedores obtengan un ingreso seguro, en lo que consideran ya es toda una industria a su alrededor, ello en paralelo a la también industria cultural en que ha sabido transformarse a lo largo del tiempo gracias a sus figuras y estrellas, protagonistas del misticismo que ha marcado a épocas y generaciones enteras de mexicanos.

Así, la lucha libre, siendo considerada cultura, espectáculo y recreación, ha ido ganando terreno hasta convertirse en el deporte nacional por excelencia pues parte de la historia recreativa e idiosincrática de nuestro país no podría entenderse sin el pancracio y sus enigmáticos luchadores.

Cuestión relevante y a destacar es que una de las características más importantes de la lucha libre mexicana es la escenificación de la batalla eterna en donde se disputa el bien contra el mal, mediante la utilización de vestuarios y máscaras por medio de las que se interpretan una amplia diversidad de personajes que los convierten en ídolos sin rostro que entregan en cada espectáculo lo mejor de sí.

De esta manera, a nivel internacional, la lucha libre es una industria admirada por su misticismo, su colorido y sus habilidades; basta mencionar que en el país sede de los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020 es un deporte que se admira y se respeta por sus grandes figuras representativas dentro del arte de las acrobacias.

En ese tenor, países como España, Alemania, Francia, el Reino de Mónaco, Brasil, Guatemala, entre otras naciones, identifican a la lucha libre mexicana como una de las más importantes del mundo y se reconoce que, por más de tres décadas, se ha impulsado la participación de las mujeres, lo cual tiene un gran significado dentro y fuera del cuadrilátero.

Por lo anterior, la que suscribe, en el marco del Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano, expresa un amplio reconocimiento a todas aquellas mujeres y hombres que debajo de sus personajes desarrollan una vida en familia y productiva por la que mediante su exposición deportiva profesional inculcan a las nuevas generaciones de mexicanos anhelos de éxito y superación, promoviendo los principios fundamentales de la actividad física por llevar una vida saludable a través del deporte.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2021.

Diputada María José Alcalá Izguerra (rúbrica)