Gaceta Parlamentaria, año XXIV, número 5868-III, martes 14 de septiembre de 2021
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Guerrero a reabrir las juntas locales de conciliación y arbitraje, a cargo de la diputada Susana Prieto Terrazas, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, Susana Prieto Terrazas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
Las juntas locales de conciliación y arbitraje en las entidades federativas son las encargadas de resolver con absoluta imparcialidad y apego a derecho, en un ambiente y trato humano digno, los conflictos laborales de competencia estatal, que se susciten entre los factores de la producción, mediante la conciliación y el arbitraje, para mantener el equilibrio en las relaciones de trabajo y preservar la paz social; es su objeto.
En el caso del Tribunal de Conciliación y Arbitraje se ventilan más de 27 mil juicios, entre los cuales algunos expedientes son promovidos por más de dos actores y hasta por 50 trabajadores; es decir, que sumando el número de actores, da un promedio de 100 mil justiciables que en ese lugar tienen en litigio sus controversias.1
Los contratos colectivos de trabajo de las paraestatales y paramunicipales están registrados en las juntas locales de conciliación y arbitraje, lo cual confirma su competencia, y cuando un trabajador demanda algún despido o reclamo de alguna prestación laboral, en ocasiones la junta local dolosamente se declara incompetente y lo envía al Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
No pocas veces se socavan los derechos fundamentales de los gobernados, porque lo antes señalado provoca incertidumbre jurídica, amén de que al estar sumando más carga laboral al tribunal, retrasa muchos otros juicios, siendo que están las juntas locales y a éstas les corresponde el conocimiento de esos casos.
Se informa en el link https://anews.mx/2020/08/21/en-guerrero-las-juntas-locales-de-conciliac ion-y-arbitraje-se-encuentran-en-servicio-con-las-medidas-sanitarias/ que con la finalidad de brindar los servicios esenciales a la población guerrerense, las juntas locales de conciliación y arbitraje continúan en sus labores de audiencias y diligencias, tomando las medidas correspondientes ante la emergencia sanitaria por el Covid-19, con el fin de salvaguardar la salud y la vida del personal que labora al interior de las oficinas, así como de los abogados y público en general que acude a realizar algún trámite.2
En el link mencionado y con el fin de no retrasar los casos por resolver, los plenos de las juntas locales de conciliación y arbitraje, reiniciaron sus actividades y para dar certeza jurídica a su compromiso se acordó publicar en el Periódico Oficial del Estado, el acuerdo en donde se indica que el funcionamiento será con un horario de lunes a viernes de las 9:00 a las 15:00 horas, previa cita telefónica con una operación reducida, así como la suspensión de los plazos y términos establecidos en la ley.
Hasta el 9 de septiembre del presente año, las juntas locales de conciliación y arbitraje no están proporcionando ningún servicio a los ciudadanos.
En otros estados de la República dichas juntas locales han puesto protocolos de sanidad, citas en línea, donde se atiende a los trabajadores con seguridad ante esta pandemia.
Por lo anteriormente expuesto que someto a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados, con pleno respeto a la división de poderes, y en el ámbito de sus atribuciones, exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Guerrero, licenciado Héctor Astudillo Flores, para que a la brevedad y con los protocolos sanitarios pertinentes, se pueda reaperturar el funcionamiento las juntas locales de conciliación y arbitraje.
Notas
1 https://congresogro.gob.mx/62/inicio/2021/04/15/plantean-que-juntas-loc ales-de-conciliacion-y-arbitraje-resuelvan-las-demandas-contra-los-opd/
2 https://anews.mx/2020/08/21/en-guerrero-las-juntas-locales-de-conciliac ion-y-arbitraje-se-encuentran-en-servicio-con-las-medidas-sanitarias/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2021.
Diputada Susana Prieto Terrazas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía reconoce el trabajo del Inmujeres y exhorta al Ejecutivo federal a realizar acciones para fortalecerlo y garantizar su correcto funcionamiento y abstenerse de impulsar cualquier acto que tenga como objetivo restarle autonomía técnica o de gestión o incorporarlo a cualquier otra dependencia, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada federal Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II y III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Hace un par de semanas diferentes medios de comunicación alertaron de la intención del Ejecutivo federal de incorporar al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) a la Secretaría de Gobernación. El pretexto, la austeridad república, la consecuencia, el debilitamiento de la política en favor de la igualdad de género y el desmantelamiento de una de las principales instituciones garantes de los derechos de las mujeres.1
La creación de un Instituto que se encargara de visibilizar y erradicar la discriminación contra las mujeres es el resultado de la lucha que emprendieron diversas mujeres pertenecientes de organizaciones de la sociedad civil, funcionarias públicas y mujeres de los distintos sectores, con la finalidad que el estado mexicano reconociera y garantizara los derechos de las mujeres mexicanas en la implementación de las políticas públicas, a través de un mecanismo institucional que trabajara en coordinación con la Administración Pública Federal y los distintos poderes y órganos de gobierno.2
En ese sentido, el 12 de enero de 2001 fue publicada la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), estableciendo la creación de este Instituto y recociéndolo como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, mismo que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como con autonomía técnica y de gestión,3 y entre sus objetivos se encuentra el promover y fomentar acciones para combatir la discriminación, y generar la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres.4
Asimismo, el Inmujeres es reconocido como la entidad del gobierno federal que tiene a su cargo el cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad sustantiva y busca la erradicación de la violencia contra las mujeres, por lo que tras 20 años de su creación, la presidenta del Instituto, Nadine Gasman, ha señalado que se han alcanzado sititos logros a través de políticas públicas, planes, programas, presupuestos y una legislación en favor de los derechos de las mujeres, con el objetivo que “... ninguna mujer se quede atrás y ninguna fuera. Porque esta no es una lucha individual, es una lucha colectiva”.5
En 20 años de funcionamiento, el (Inmujeres) ha logrado establecer conexión con 45 instituciones de la administración pública federal, para que las necesidades de las mujeres, niñas y jóvenes estén en el centro de los programas y en el actuar de los gobiernos federal, estatal y municipal.6
A lo largo de la función que ha desempeñado el instituto se han reconocido sus avances y logros, sin embargo, aún quedan muchos retos por cumplir para eliminar la desigualdad de género y la discriminación contra las mujeres en los distintos sectores, entre los cuales se encuentran las siguientes:7
• En el sector el laboral, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hay más de 21 millones de mujeres en nuestro país que no pueden acceder a un empleo debido a la falta de tiempo por estar bajo su cuidado una o más personas;
• El (Inegi) reporta que el 75 por ciento del trabajo del hogar y de cuidados no remunerado desempeñado por mujeres y niñas, representaría un total de 5.6 billones de pesos anuales, y
• De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), sólo el 42 por ciento de las mujeres cuentan con un trabajo remunerado, frente a un 72 por ciento de hombres con trabajo.
Estas son solo una de las problemáticas que refleja la desigualdad en nuestro país, por lo cual el Instituto ha señalado que solo a través del compromiso del gobierno, el sector privado y la sociedad en su conjunto se podrá lograr una igualdad de género entre mujeres y hombres, reconociendo el pleno goce de los derechos humanos de las mujeres.8
A pesar de lo anterior, de acuerdo con diversos medios, el Inmujeres dejará su autonomía y se incorporará a la Secretaría de Gobernación, eliminando la autonomía técnica y de gestión que se encuentra reconocida en la ley del instituto.9 Sin embargo, esto no ha sido confirmado por ninguna autoridad, e incluso la presidenta del Instituto, ha señalado en reiteradas ocasiones que las mujeres son la prioridad en la administración que encabeza el titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, por lo cual en la Jornada para la Promoción y Acceso de los Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas, indicó que en cuanto a las noticias acerca de la desaparición del instituto que encabeza “son solo rumores que no tienen fundamento”, señalando que “...no hay ninguna posibilidad de que desaparezca el Inmujeres. Es un ente descentralizado, creado por ley, con una Junta de Gobierno que es su autoridad, y no hay ninguna posibilidad de que se desaparezca”. Incluso, ha señalado que el actual gobierno se encuentra trabajando en la implementación de políticas públicas con el desarrollo de acciones que logren reducir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, brindando la atención prioritaria a mujeres indígenas y afromexicanas.10
Por su parte, los medios de comunicación han señalado que el plan del gobierno federal para reestructurar dependencias como el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim), e incluso el mismo instituto, entre otros más, se debe principalmente a la política de austeridad republicana que ha implementado el gobierno federal desde el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, por tal motivo se está buscando incorporar al Inmujeres bajo el mando de la Secretaría de Gobernación (Segob), con lo cual, se reduciría en gran medida el presupuesto asignado al instituto y asimismo, se eliminaría su autonomía, pasando de ser un organismo descentralizado, por uno desconcentrado del gobierno federal, dependiente de la aprobación y la toma de decisiones por parte de la Segob.11
Ante esta problemática, distintas expertas de Naciones Unidas han señalado que el Inmujeres es “parte del gabinete ampliado”, por lo que ni creando una subsecretaría de gobierno, respondería a su objetivo de dirigir la política de género nacional. Por lo tanto, la falta de pronunciamiento del titular del Ejecutivo federal ha ocasionado que al día de hoy exista una gran incertidumbre por saber si es cierta la eliminación del instituto, recordando que es una entidad creada por ley y que goza de plena autonomía, por lo que cualquier cambio que atente contra su autonomía, generará complicaciones en la política nacional de igualdad de género y combate contra la discriminación de las mujeres.12
En caso de afirmarse lo anterior, no tendría sentido estas modificaciones, ya que además de lo señalado por expertas en la materia, dentro de la ley del Inmujeres se establece la estructura orgánica y funcional del instituto, contando con una Junta de Gobierno, siendo esta, el órgano de toma de decisiones integrado por la Secretaría de Gobernación, tal como se establece en el artículo 12 del ordenamiento jurídico ya señalado:
“Artículo 12.- La Junta de Gobierno estará integrada por:
I. ...
II. Las y los vocales propietarios , quienes tendrán derecho a voz y voto , que se mencionan a continuación:
a) Las y los titulares de las siguientes dependencias y entidades de la administración pública federal :
Gobernación ;”
Con lo anterior, se demuestra que la Secretaría de Gobernación a través de la Junta de Gobierno del instituto, ya cuenta con derecho de voz y voto, en la implementación de la política nacional de igualdad de género, por lo que no se debe considerar la eliminación del reconocimiento de la autonomía del Inmujeres, y se debe proteger y reforzar esta autonomía, la cual ha significado un gran avance en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, y en la lucha contra la desigualdad de hombres y mujeres, a través del reconocimiento de su autonomía en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Plantear la eliminación del Inmujeres implica una serie de reformas que trastocan diversas políticas públicas enfocadas en la protección de las mujeres algunos ejemplos son:
• Ley del Instituto Nacional de las Mujeres , aprobada en 2001, la cual establece la creación del instituto, su personalidad jurídica, atribuciones, integración y objetivo.
• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres , aprobada en 2006, la cual establece la participación de Inmujeres en la instrumentación de la Política en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la faculta a coordinar el Sistema Nacional para la Igualdad de Mujeres y Hombres y a ser la institución encargada de revisar el Programa Nacional para la Igualdad.
• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia , aprobada en 2007, la cual establece las atribuciones de Inmujeres en el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación , aprobada en 2003, la cual establece que Inmujeres formará parte del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
• Ley General de Población , la cual considera a Inmujeres como integrante del Consejo Nacional de Población.
Lo anterior, solo demuestra como Inmujeres ha evolucionado institucionalmente y hoy se ha convertido en uno de los pilares para garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. Por ello plantear que dicha institución forme parte de la Secretaría de Gobernación se convierte en un retroceso en detrimento de las políticas de igualdad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión reconoce al Instituto Nacional de las Mujeres como uno de los pilares institucionales en la consolidación de las políticas públicas en favor de las mujeres garantizando el respeto de sus derechos y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país, así como a su labor en la promoción y el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.
Segundo. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a realizar todas la acciones necesarias para fortalecer y garantizar el correcto funcionamiento del Instituto Nacional de la Mujeres y abstenerse, bajo el pretexto de la austeridad republicana, de impulsar cualquier acción que tenga como objetivo restarle al Inmujeres su autonomía técnica o de gestión o su incorporación a la cualquier otra dependencia.
Notas
1 Índice Político. Se revela plan para eliminar al Instituto Nacional de las Mujeres, Sipinna, Conapred, Conapo y Conavim, Disponible en: https://indicepolitico.com/se-revela-plan-para-eliminar-al-instituto-na cional-de-las-mujeres-sipinna-conapred-conapo-y-conavim/
2 Gobierno de México. Inmujeres cumple 20 años en promover y fomentar los derechos de las mujeres mexicanas. Disponible en: https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/inmujeres-cumple-20-anos-en-promove r-y-fomentar-los-derechos-de-las-mujeres-mexicanas?idiom=es
3 Cámara de Diputados. Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/88_200521.pd f
4 Gobierno de México. ¿Qué hacemos? Disponible en:
https://www.gob.mx/inmujeres/que-hacemos
5 Gobierno de México. Inmujeres, Disponible en:
https://datos.gob.mx/busca/organization/about/inmujeres
6 Gobierno de México. Inmujeres cumple 20 años en promover y fomentar los derechos de las mujeres mexicanas, Op. cit.
7 El Economista. El gobierno federal va por el sistema nacional de cuidados; Inmujeres por encabezarlo. Disponible en:
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/El-gobiern o-federal-va-por-el-sistema-nacional-de-cuidados-Inmujeres-por-encabeza rlo-20210903-0048.html
8 Gobierno de México. Inmujeres cumple 20 años en promover y fomentar los derechos de las mujeres mexicanas, Op. cit.
9 Índice Político. Se revela plan para eliminar al Instituto Nacional de las Mujeres, Sipinna, Conapred, Conapo y Conavim. Disponible en:
https://indicepolitico.com/se-revela-plan-para-eliminar- al-instituto-nacional-de-las-mujeres-sipinna-conapred-conapo-y-conavim/
10 La Jornada. No hay ninguna posibilidad de que desaparezca Inmujeres: Gasman, Disponible en:
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/04/politica/las -mujeres-son-prioridad-en-administracion-federal-inmujeres/
11 Índice Político. Se revela plan para eliminar al Instituto Nacional de las Mujeres, Sipinna, Conapred, Conapo y Conavim. Op. cit.
12 Ídem.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 14 de septiembre de 2021.
Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los tres órdenes de gobierno a actuar de manera coordinada con objeto de llevar a cabo acciones y destinar recursos financieros para atender a los damnificados por el sismo del 7 de septiembre de 2021 en Guerrero, suscrita por los diputados Karen Castrejón Trujillo, Eunice Monzón García y Luis Edgardo Palacios Díaz, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quienes suscriben, Karen Castrejón Trujillo, Eunice Monzón García y Luis Edgardo Palacios Díaz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado martes 7 de septiembre, a las 20:47 horas, un sismo de magnitud 7.1 sacudió la región centro-sur del país.
El movimiento telúrico, con epicentro en Acapulco, en el estado de Guerrero, tuvo tal intensidad que se sintió también en la Ciudad de México, donde residentes atemorizados salieron a las calles tras escuchar la alerta sísmica.
Si bien el sismo fue percibido en diferentes zonas en el resto del país más allá de Guerrero, las autoridades reportaron no tener constancia de pérdidas humanas ni de daños relevantes.
En la capital del país, por ejemplo, la jefa del gobierno informó que después de activar los protocolos de revisión que incluyeron cuatro vuelos en helicóptero no había reportes inmediatos de daños graves en la ciudad, salvo cortes de suministro eléctrico en numerosas colonias.1
La Comisión Federal de Electricidad reportó que 1.6 millones de usuarios fueron afectados en la Ciudad de México, estado de México, Guerrero, Morelos y Oaxaca. Sin embargo, aseguró que para la mañana del miércoles 8 de septiembre, 98 por ciento de los clientes había recuperado el servicio.2
No obstante lo anterior, en Guerrero, lamentablemente, sí se registraron tanto pérdidas humanas como numerosas afectaciones materiales que aún no han terminado de ser contabilizadas, especialmente en las comunidades rurales, en donde la comunicación no es tan inmediata.
El mismo martes, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, confirmó la muerte de una persona, a quien cayó un poste encima frente al hotel Emporio, en Acapulco, a consecuencia del sismo.3
Dos días después del movimiento telúrico, el gobernador informó en conferencia de prensa que una mujer falleció a causa de un infarto tras ver cómo se derrumbaba una pared de su casa, en la comunidad de Xaltianguis.4
En cuanto a los daños materiales, estos han resultado cuantiosos. El coordinador de Protección Civil y Bomberos de Acapulco especificó el viernes 10 de septiembre que se habían atendido 3,289 reportes de incidencias en comunidades rurales, colonias populares y unidades habitacionales. Hasta la noche del viernes, Protección Civil estatal había contabilizado más de dos mil casas y departamentos en conjuntos habitacionales con daños en Acapulco.5
En general, Protección Civil estatal había registrado hasta el viernes pasado más de cinco mil casas y departamentos en unidades habitacionales con algún tipo de daño (bajo, medio o alto) en el estado de Guerrero, principalmente en Acapulco, Chilpancingo, Coyuca de Benítez, Juan R. Escudero, José Joaquín de Herrera, San Marcos y Acatepec; así como 27 hospitales y 47 planteles educativos con daños por el sismo en la entidad.
El mismo viernes 10 de septiembre se dieron diferentes protestas de vecinos afectados en su patrimonio a consecuencia del sismo.
Por un lado, habitantes de la unidad habitacional Pedregal de Cantaluna bloquearon la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo para exigir que la empresa Casas Paquimé se haga responsable de la reparación o, en su caso, de la reconstrucción de 600 viviendas que resultaron con distintos tipos de afectación durante el sismo del 7 de septiembre.6
Por separado, habitantes de la unidad habitacional Vicente Guerrero 200 bloquearon el boulevard de las Naciones para exigir un dictamen del daño sufrido por edificios de la primera etapa, los cuales, aseguran, están a punto del colapso, en algunos casos por la antigüedad y la falta de mantenimiento, motivo por el cual varias familias ya no duermen en sus departamentos desde la noche del sismo.7
Hasta el domingo 12 de septiembre, a las 12:00 horas, según información de Protección Civil, se habían registrado 720 réplicas del sismo del 7 de septiembre –la más grande, de magnitud 5.2.
La cantidad y la gravedad de los daños registrados a causa del movimiento telúrico del pasado 7 de septiembre en Guerrero rebasan claramente la capacidad financiera y operativa de las autoridades municipales y estatales para atender adecuada y oportunamente a los damnificados con el propósito de que puedan recuperar lo antes posible la normalidad en sus vidas.
Todo esto se suma a la difícil situación que enfrenta nuestro país a consecuencia de las afectaciones provocadas por las fuertes lluvias en diferentes zonas del territorio nacional. Sin duda alguna, los damnificados por los fenómenos hidrometeorológicos merecen toda nuestra solidaridad y toda la atención de las autoridades a fin de que puedan superar la situación de emergencia que hoy están viviendo. Sin embargo, como aquí lo hemos expuesto, el estado de Guerrero también pasa por momentos de apremio tras los daños causados por el sismo del pasado 7 de septiembre y las réplicas del mismo, por lo cual se necesita del apoyo y la coordinación de los tres órdenes de gobierno.
Teniendo en cuenta lo anterior, proponemos a esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades correspondientes de los gobiernos municipales, del estatal y del federal a actuar de manera coordinada para llevar a cabo las acciones necesarias y destinar los recursos financieros requeridos para atender a los damnificados por el sismo del 7 de septiembre de 2021 en Guerrero.
Notas
1Véase “Terremoto en México: un sismo de magnitud 7.1 y epicentro cerca de Acapulco sacude el centro y sur del país”, en BBC News Mundo, 8 de septiembre de 2021. Disponible en
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-584835 04
2 Ibídem.
3 Véase “Reportan un muerto en Guerrero por sismo; hay varios daños materiales”, en Aristegui Noticias, 8 de septiembre de 2021. Disponible en https://aristeguinoticias.com/0809/mexico/reportan-un-muerto-en-guerrer o-por-sismo-hay-varios-danos-materiales/
4 Véase “Suman dos muertos por sismo de 7.1 en Acapulco, Guerrero”, en El Universal, 9 de septiembre de 2021. Disponible en https://www.eluniversal.com.mx/estados/suman-dos-muertos-por-sismo-de-7 1-en-acapulco-guerrero
5 Véase Héctor Briseño. “Afectaciones por sismo en Acapulco rebasan nuestra capacidad: alcaldesa”, en La Jornada, 11 de septiembre de 2021. Disponible en https://jornada.com.mx/notas/2021/09/11/estados/afectaciones-por-sismo- en-acapulco-rebasan-nuestra-capacidad-alcaldesa/
6 Véase Héctor Briseño. “Acapulco: reclaman a constructora por daños a 600 casas durante sismo”, en La Jornada, 10 de septiembre de 2021. Disponible en https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/10/estados/protestan-en-acapul co-por-danos-a-600-viviendas-tras-sismo/
7 Ibídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2021.
Diputados: Karen Castrejón Trujillo, Eunice Monzón García, Luis Edgardo Palacios Díaz (rúbricas).Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia contra la colaboración de legisladores federales con grupos extranjeros de extrema derecha que promueven la intolerancia, atentan contra los derechos humanos de las minorías y violentan las libertades de los mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Lilia Aguilar Gil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura, y de conformidad con lo previsto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, por el que la Cámara de Diputados se pronuncia contra la colaboración de legisladores federales con grupos extranjeros de extrema derecha que promueven la intolerancia, atentan contra los derechos humanos de las minorías y violentan las libertades de las y los mexicanos, con base en las siguientes
Consideraciones
El jueves 2 de septiembre, Santiago Abascal, presidente del partido español de ultraderecha Vox, sostuvo una reunión con los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) Julen Rementería –coordinador de éste–, Alejandra Reynoso, Lilly Téllez, Víctor Fuentes, Marco Gama, Mayuli Latifa Martínez, Nadia Navarro, Indira Rosales, Minerva Hernández, Guadalupe Murguía, Guadalupe Saldaña, Elizabeth Núñez y Roberto Moya.
Como resultado de la reunión, las y los senadores del GPPAN firmaron la Carta Madrid: en defensa de la libertad y la democracia en la iberosfera, donde se plasma un compromiso para detener el avance del comunismo pues, de acuerdo con el documento, “supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones”.
Lo anterior podría pasar como una pifia más del yunque mexicano –que ha fincado sus esfuerzos en denostar y combatir el proyecto de gobierno cimentado en el bienestar de los más desfavorecidos–, a no ser que se adviertan dos cuestiones:
• La reunión celebrada entre Santiago Abascal y las y los senadores del PAN fue de carácter oficial y se llevó a cabo en la Cámara de Senadores; y
• Legisladores federales firmaron un documento impulsado por la fundación española Disenso, que tiene entre sus patronos al líder del partido político de ultraderecha Vox, Santiago Abascal.
Entonces, los senadores del GPPAN recibieron al representante de la derecha más radical de España y líder del partido Vox en el Senado de la República, y suscribieron, en su carácter de senadores, el documento a través del cual acompañan a “su líder español” a combatir el comunismo en el país.
Lo anterior da cuenta de que los legisladores del PAN sirven a intereses extranjeros que para nada están relacionados con la defensa de los derechos humanos o la libertad de las personas, puesto que Vox -partido que lidera Santiago Abascal- se ha caracterizado por impulsar políticas xenófobas y antifeministas (como la propuesta de derogar la ley de violencia de género por considerar que discrimina jurídicamente a los hombres).
De tal suerte, al comprometerse a colaborar con una lucha en contra de las “amenazas comunistas” a nuestro país, en realidad suscribe una política dictada por entidades extranjeras que socava los derechos y libertades de las y los ciudadanos para defender, en todo caso, la propiedad privada.
Si bien algunos legisladores señalaron que la firma fue a título personal, basta con revisar la lista de firmantes de esta carta, en donde se ostentan los cargos públicos de todos aquellos que se comprometen a cumplir la meta trazada por los ultraderechistas españoles,1 y no será diferente en el caso mexicano.
Asimismo, si fue una coincidencia ideológica entre representantes políticos de extrema derecha que buscan coartar derechos y libertades de las minorías y que impulsan una agenda machista y retrógrada, esta reunión bien pudo celebrarse en la sede del PAN; no obstante, las y los firmantes de esta Carta lo hicieron en la Cámara de Senadores, que constitucionalmente tiene la facultad exclusiva para aprobar tratados internacionales,2 lo que envía una señal equívoca a los países iberoamericanos y puede comprometer la participación del país ante organismos internacionales.
Más aún, este personaje que viene a dictar la línea a los políticos de derecha en el país publicó una acusación velada al presidente de la República por “abrazar tiranos y proteger narcos”,3 lo que deja entrever la verdadera agenda que impulsa en México: desestabilizar un gobierno emanado del pueblo.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe a los extranjeros inmiscuirse en asuntos políticos del país, lo que a todas luces Abascal hizo al reunirse con legisladores y firmar un documento que los compromete a colaborar con su agenda.
En todo caso, quienes firmaron este “compromiso” con su líder español de ultraderecha, están faltando a la protesta que hicieran cuando asumieron su cargo, dispuesto en el artículo 128 constitucional y normado por el Reglamento del Senado de la República, que tradicionalmente reza:
Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande.
Los senadores del GPPAN que firmaron ese compromiso, están faltando a su palabra vulnerando las disposiciones Constitucionales, por lo que es nuestro deber reconvenirlos.
Por lo expuesto someto a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión rechaza la colaboración de legisladores federales con grupos extranjeros de extrema derecha que promueven la intolerancia, que atentan contra los derechos humanos de las minorías y que violenten las libertades de las y los mexicanos. Asimismo, las y los integrantes de la LXV Legislatura refrendamos nuestro compromiso para fortalecer el marco legal en favor de los derechos y libertades de las y los ciudadanos.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Jurisdiccional del Senado de la República a valorar la imposición de una sanción a las y los legisladores que, en su calidad de senadores, firmaron la Carta Madrid, lo anterior por auspiciar y promover organizaciones extranjeras que violentan sistemáticamente los derechos humanos y atentan contra las libertades y derechos conquistados por las minorías.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Senado de la República a ofertar cursos sobre política económica, particularmente sobre comunismo, para las y los legisladores que requieran reforzar sus conocimientos en la materia.
Notas
1 Carta de Madrid, Fundación Disenso. Consultado en https://fundaciondisenso.org/carta-de-madrid/
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 76, fracción I.
3 Abascal, Santiago. @Santi_ABASCAL, 3 de septiembre de 2021. Recuperado de https://twitter.com/Santi_ABASCAL/status/1433967761894608896?s=20
Dado en la Cámara de Diputados, a 14 de septiembre de 2021.
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SSPC a emitir la declaratoria de emergencia respecto a Tlalnepantla, México, por los daños tras el desgajamiento del Cerro del Chiquihuite y liberar los recursos del programa para la atención de emergencias, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita, diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a emitir la Declaratoria de Emergencia para el municipio de Tlalnepantla, estado de México por el desgajamiento del cerro del Chiquihuite y se liberen los recursos del programa para la Atención de Emergencias que afectaron a la población, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
El pasado 11 de septiembre alrededor de las 13:30 horas se reportó el desgajamiento del cerro del Chiquihuite, en la colonia Lázaro Cárdenas, Tercera Sección en el municipio de Tlalnepantla, estado de México, lo que originó la desaparición de personas, viviendas colapsadas y una persona muerta; el cual pudo ser originado por el sismo del pasado 7 de septiembre y las fuertes lluvias de los últimos días.
Una vez que las autoridades locales declararon Alerta Roja en el municipio, se institucionalizaron las labores de auxilio para salvaguardar a la población por lo que en el lugar se encuentran médicos, paramédicos, personal especializado en colapsos de estructura del Ejército Mexicano, elementos de la Guardia Nacional, de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del estado de México, personal de Seguridad Pública y Protección Civil estatales y municipales, así como especialistas del Urban Search and Rescue de la Cruz Roja, la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, los bomberos, el escuadrón de rescate de urgencias médicas de la Ciudad de México y los elementos de la Unidad Canina de la Policía Bancaria e Industrial, vecinos y voluntarios, quienes además de colaborar de manera permanente han priorizado el retiro de los escombros y el rescate de las personas que se vieron sepultadas.
El subdirector de Prevención de Delito informó que al menos 10 casas se desplomaron en la zona y se estima que 40 familias mexiquenses se encuentran afectadas, lo que representa 200 personas.
Por otro lado ante el riesgo de otro derrumbe debido a la inestabilidad de la zona, las autoridades mexiquenses se encuentran realizando trabajos de aseguramiento del cerro ya que la población que habita en los alrededores se mantiene expuesta y se habilitaron 3 albergues temporales para las familias afectadas en tanto se evacuan 80 viviendas más.
Dado que esta emergencia rebasa la capacidad financiera y los recursos presupuestarios con los que el ayuntamiento dispone para reparar los daños ocasionados por este fenómeno, se requiere que la Secretaría de Seguridad Ciudadana emita urgentemente la Declaratoria de Emergencia para el municipio de Tlalnepantla.
Resulta indispensable la colaboración de la federación en las acciones que deriven posterior al desalojo de las viviendas en situación de riesgo por otro deslave y en la atención urgente de las familias afectadas, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana al ser la responsable del Programa Nacional para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales sea quien haga frente de inmediato a los daños ocasionados por el derrumbe en el cerro del Chiquihuite, en Tlalnepantla, estado de México.
Como diputada federal de la entidad es mi obligación impulsar acciones urgentes que protejan la integridad de las personas que se han visto el día de hoy afectadas por este desastre natural.
Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente:
Punto de Acuerdo
De urgente resolución
Único. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a emitir de manera urgente la declaratoria de emergencia para el municipio de Tlanepantla, estado de México y a liberar los recursos necesarios del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales que permitan atender urgentemente y a reparar los daños ocasionados por el desgajamiento del cerro del Chiquihuite, en la colonia Lázaro Cárdenas, Tercera Sección, y la atención de las familias afectadas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2021.
Diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para solicitar al INAH, el INBA y el gobierno de la Ciudad de México que hagan pública la información relativa al traslado y la sustitución del monumento a Cristóbal Colón, que se encontraba sobre Paseo de la Reforma, a cargo de la diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, Gabriela Sodi, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; y 79, numeral 2, fracciones I a III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El complejo escultórico Monumento a Colón, en Paseo de la Reforma, Ciudad de México, fue inaugurado en agosto de 1877, como una donación del empresario Antonio Escandón y Garmendia, elaborada por el escultor francés Charles Cordier. Según Angélica Velázquez Guadarrama, especialista en arte del Siglo XIX,
En diciembre de 1875, la estatua llegaría a Veracruz, pero debido a las convulsiones electorales y la rebelión de Tuxtepec (1876) –que llevaron a Porfirio Díaz a la presidencia por primera vez–, se retrasó su instalación en la Plaza de Buenavista, lugar elegido por el donador con el propósito “de que los viajeros nacionales y extranjeros disfrutaran al salir de la estación del ferrocarril” de las figuras –hechas de bronce y mármol– de Colón y las cuatro ubicadas bajo sus pies de los frailes Pedro de Gante, Bartolomé de las Casas, Juan Pérez de Marchena y Diego de Deza, así como de los dos relieves a los costados del pedestal...”
En mayo de 1877, nombrado por Porfirio Díaz secretario de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, Vicente Riva Palacio inició los trabajos de ubicación del monumento. Contra el deseo de Escandón –quien murió en abril de ese año–, Riva Palacio decidió situarlo en la primera glorieta del Paseo del Emperador y de la Emperatriz –hoy conocido como “de la Reforma”–...1
El carácter artístico e histórico de la obra ha sido reconocido tanto por el Instituto Nacional de Antropología e Historia como por el Instituto Nacional de Bellas Artes que, catalogándolo como patrimonio histórico, han asumido su protección y defensa.
El 10 de octubre de 2020, el gobierno de la Ciudad de México indicó mediante una tarjeta informativa que
Para preservar el patrimonio cultural y artístico que significa el complejo escultórico de Cristóbal Colón, ubicado en Paseo de la Reforma, colonia Tabacalera, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informa que la madrugada de este sábado 10 de octubre fue retirado para ser restaurado de manera profunda.
Con el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Centro Nacional Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble, la estatua será objeto de análisis y restauración dentro del proceso de atención al patrimonio escultórico del Paseo de la Reforma.
La determinación de dar mantenimiento a la Glorieta de Cristóbal Colón, la cual históricamente fue la primera estatua colocada en Paseo de la Reforma, en 1877, fue consultada y aprobada por el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México.2
De manera paralela, la Secretaría de Cultura del gobierno federal declaró que las figuras serían “sometidas a diagnóstico para su eventual restauración por solicitud del gobierno de la Ciudad de México”.3
Hace algunos días, a poco más de un año del retiro del complejo escultórico, el Gobierno de la Ciudad de México informó que éste sería sustituido por otra escultura “para rendir homenaje a la mujer indígena... mientras que el monumento a Cristóbal Colón será reubicado en el parque América, en la colonia Polanco...4
Adicionalmente, fue hecho público que el escultor Pedro Reyes elaboraría esta nueva escultura, que tendría rasgos olmecas y que se llamaría Tlali, cuyo significado es en lengua náhuatl “tierra”. A través de un video, el escultor –sin raíces indígenas–señaló que la pieza estaba inspirada en cabezas olmecas estilizadas, conservando los “rasgos felinos de los ojos y la boca de jaguar. Llevará un peinado de dos trenzas”,5 lo que ha llamado la atención de todos los grupos defensores de derechos humanos de las mujeres, de los pueblos y comunidades indígenas y, particularmente, de la comunidad artística, quienes han exigido al
Gobierno de la Ciudad de México que se retire a Pedro Reyes la comisión de la obra escultórica denominada Tlali... y que se instale un comité curatorial formado por mujeres artistas, gestoras y curadoras que se autoidentifiquen como miembros de pueblos y naciones originarios, para elegir a un artista, también mujer y perteneciente a alguno de los pueblos originarios, para sustituirlo.6
Paralelamente, se informó que la resolución se tomó con base en una proposición con punto de acuerdo signada por las Senadoras Jesusa Rodríguez y Ana Lilia Rivera que, en lo atinente, señala
Tercero.- En el marco de la conmemoración de los 500 años de la conquista, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión EXHORTA respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México a que, una vez concluidos los trabajos de restauración de la estatua de Cristóbal Colón, originalmente ubicada en el Paseo de la Reforma, esta sea reubicada en una institución cultural como obra histórico-artística para su salvaguarda o en un hospedaje especializado para la conservación de monumentos con narrativas que ya no sean actualmente del interés público.
Este asunto ha traído grandes discusiones públicas, lo cierto es que las autoridades no han consultado a las comunidades indígenas, ni a las personas que habitan en la zona ni tampoco a la comunidad académica en la toma de unas decisiones que se antojan trascendentes no sólo para la identidad histórica de la Ciudad de México, sino que afectan directamente a la actividad económica de esas colonias que, desde el confinamiento obligado por la pandemia, no ha podido recuperar los niveles que, anteriormente, tenía.
Debemos señalar que, a partir del anuncio de estas decisiones, muchas inquietudes saltan a la conversación pública:
1. Como el Paseo de la Reforma es en su conjunto una unidad artística e histórica, el retiro de este complejo escultórico afectará su composición y representatividad.
2. ¿Cuáles son los resultados de los estudios de impacto cultural que debieron haberse realizado para autorizar la remoción del complejo escultórico y cuáles los resultados de los dictámenes elaborados por los Institutos Nacionales de Antropología e Historia, y de Bellas Artes?
3. ¿Se consultó a los pueblos y comunidades indígenas del país que, constitucionalmente y convencionalmente tienen derecho a ser consultados, para “influir en las decisiones del Estado que sean susceptibles de afectarles en sus derechos colectivos”, como la identidad y sus representaciones en el espacio público?
4. ¿Se consultó a las y los comerciantes y prestadores de servicios de la zona, así como a la ciudadanía que resulta directamente afectada por este cambio –y otros que pudieran darse– en el paisaje urbano y el patrimonio histórico, como establecen el artículo 24 y el primer párrafo del artículo 77 de la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México? Ahí se indica a la letra:
Artículo 24. El Comité Técnico de las Áreas de Gestión Estratégica7 es el órgano encargado de dar seguimiento a la dinámica urbana sustentándose en el Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, para definir la visión estratégica y el modelo territorial de las áreas de gestión estratégica y las acciones a implementar con la participación de los sectores público, social y privado.
Artículo 77. La administración pública promoverá y apoyará equitativamente la participación social y privada en los proyectos estratégicos urbanos; en proyectos de infraestructura, equipamiento y prestación de servicios públicos, habitacionales, industriales, comerciales, recreativos y turísticos; en el reciclamiento y rehabilitación de vivienda, especialmente la de interés social y popular; en la determinación de espacios públicos, del paisaje urbano, del patrimonio arqueológico, histórico, artístico y cultural; en la regeneración y conservación de los elementos naturales del Distrito Federal; en la prevención, control y atención de riesgos, contingencias naturales y urbanas.
5. ¿Se realizaron estudios de impacto económico que afectarían la actividad económica en la zona, debido a la desarticulación del paisaje urbano y el patrimonio artístico y cultural?
6. ¿Se pidió la asistencia internacional del Comité Intergubernamental de Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural para evitar violentar los derechos culturales establecidos en la convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural?... ¿O se ha actuado unilateralmente?
7. En el mismo sentido, debe iniciarse la discusión relativa a la disposición de un espacio artístico y cultural destinado específicamente al resguardo, protección y mantenimiento del patrimonio histórico que genere certidumbre respecto de su salvaguarda.
En el Grupo Parlamentario del PRD nos encontramos convencidas y convencidos de que una visión unilateral del arte y la histórica únicamente genera polarización y la imposición de esta concepción, rechazo por parte de los grupos relegados. Por todo lo anterior, plenamente comprometida con el desarrollo económico de la Ciudad de México, con sus derechos culturales y con los derechos convencionales de los pueblos y las comunidades indígenas, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a los Institutos Nacionales de Antropología e Historia, y de Bellas Artes que hagan públicos los dictámenes por los cuales se autorizan la sustitución del complejo escultórico Monumento a Colón y la colocación en ese espacio, de otra escultura.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita al gobierno de la Ciudad de México que haga pública la información relativa a
a) El dictamen del Comité Técnico de las Áreas de Gestión Estratégica y los procesos de consulta a la ciudadanía y empresariado, del impacto económico que tendrá la sustitución del complejo escultórico Monumento a Colón.
b) El proceso de consulta previa, libre e informada a que tienen derecho los pueblos y comunidades indígenas, respecto a la representación escultórica de la mujer indígena, como parte de su identidad histórica, para ser colocado en el espacio público de la Ciudad de México.
Notas
1 https://www.gaceta.unam.mx/el-monumento-a-colon-parte-del-patrimonio/
2 https://www.secgob.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/38-20
3 https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ariel-gonzalez/adios-colon-y-la- ley-de-monumentos
4 https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2021/09/08/remover-monumento-de-cr istobal-colon-incurre-en-un-delito-federal/
5 https://www.animalpolitico.com/2021/09/tlali-pedro-reyes-escultura-colo n-reforma/?fbclid=IwAR2lBnkr2B5cSYdWWlWVGsmlxJB3R25KM_aPtAYpyAG4JhVJi4w hFwJvLuQ
6 https://www.eluniversal.com.mx/cultura/exigen-que-se-retire-pedro-reyes -la-comision-de-la-obra-escultorica-tlali
7 Un área de gestión estratégica se define en la propia ley como el “instrumento de planeación y ordenamiento territorial del desarrollo urbano-ambiental, en áreas específicas de la ciudad, cuyos objetivos fundamentales son: incidir positivamente en la regeneración, recualificación y revitalización urbana y/o ambiental; proteger y fomentar el patrimonio cultural urbano o el paisaje cultural; acciones multidimensionales y multisectoriales; de gestión participativa; de desarrollo integral y, de interés general; y, definidas por el Comité Técnico de las Áreas de Gestión Estratégica”.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2021.
Diputada Gabriela Sodi (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob y la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración a intervenir para que se realicen las acciones políticas, administrativas y jurídicas conducentes a la liberación de presos políticos por el caso de represión caciquil de Coyomeapan, Puebla, a cargo de la diputada Inés Parra Juárez, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Inés Parra Juárez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Gobernación federal y a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, su intervención para que se realicen las acciones políticas, administrativas y jurídicas, en el ámbito de su atribución, necesarias para la liberación de presos políticos por el caso de represión caciquil de Coyomeapan, Puebla.
Exposición de Motivos
En el distrito de Ajalpan, en el estado de Puebla, se encuentra enclavada la Sierra Negra, zona de alta marginación de comunidades indígenas y de una añeja tradición de caciques locales. Los cacicazgos locales han mantenido el control político de la región a través de acciones de “intimidación social”, corrupción y se han traspasado los cargos públicos locales entre familiares o bajo la lógica cultural del compadrazgo. Se presenta específicamente en el municipio de Coyomeapan, mismo que el presidente municipal, David Celestino Rosas, quien está por concluir su periodo, intervino políticamente para suceder el cargo a su cuñado, Rodolfo García López; asimismo realizó acciones de infiltraciones para que su hermana Aracely Celestino Rosas, accediera al cargo de diputada federal. Estos hechos de nepotismo político ocasionaron malestar social que se tradujo en protestas y acciones ciudadanas de denuncia, libre manifestación, reunión y toma pacífica de espacios públicos municipales.
De estos hechos de resistencia civil en Coyomeapan , el gobierno del estado de Puebla intervino a través de una delegación de la Secretaría de Gobernación que citó a ciudadanos inconformes, bajo el supuesto de dialogar y distender la situación; por lo que la comunidad nombró una comisión ciudadana para el dialogo con los funcionarios enviados por parte de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, misma que se efectuó en el Centro Integral de Servicios (CIS) de Ajalpan, ubicado en dirección carretera Tehuacán-Teotitán kilómetro 16.2, esquina del ejido, Ajalpan, Puebla, el 1 de septiembre de 2021, resultando una emboscada política en la que agentes de la Fiscalía Estatal de Puebla y policías estatales, detuvieran a los ciudadanos: Basilisa Montaño Gutiérrez, Adán Anastacio González Sangines y Eruviel Aguilar Gómez. Hecho que se cataloga anticonstitucional y violatorio de derechos cívicos, políticos y humanos.
Días después del 5 de septiembre, fue detenido en su domicilio, con lujo de violencia y sin orden de un juez, el ciudadano Gonzalo Martínez Herrera, ante estos hechos violatorios de derechos humanos se solicita la intervención de la Secretaría de Gobernación federal.
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación federal y a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, su intervención para que se realicen las acciones políticas, administrativas y jurídicas, en el ámbito de su atribución, necesarias para la liberación de los presos políticos: Basilisa Montaño Gutiérrez, Adán Anastacio González Sangines, Eruviel Aguilar Gómez, Gonzalo Martínez Herrera, ubicados en el Cereso de Tehuacán, Puebla.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación federal su intervención para que atienda la situación represiva y autoritaria en la región de la Sierra Negra del estado de Puebla.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2021.
Diputada Inés Parra Juárez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SFP a hacer del conocimiento público el informe de evaluación de 2020 tras el análisis de los informes de austeridad republicana remitidos por los entes públicos, la evaluación de los resultados de los indicadores de desempeño establecidos para evaluar la política de austeridad, y la relación de las dependencias que han proporcionado ese reporte y las que no, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada federal Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracciones II y III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Ley de Austeridad Republicana fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2019, dicha ley tiene por objeto regular y normar las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, conforme lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus disposiciones son aplicables a todas las dependencias, entidades, organismos y demás entes que integran la administración pública federal.
Como parte de las obligaciones que surgen de dicha ley, los entes públicos obligados, al final de cada año fiscal de conformidad con el artículo 7 de dicha ley, deben entregar un “informe de austeridad republicana” en el cual se reportarán los ahorros obtenidos por la aplicación de dicha ley, y serán evaluados en términos de los propios lineamientos y demás normatividad aplicable.
Para evaluar dichos informes, la Ley de Austeridad Republicana previó en su artículo 27, un comité evaluador como un órgano responsable de promover y evaluar las políticas y medidas de austeridad republicana de los entes públicos.
El 4 de marzo de 2020, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para la operación y funcionamiento del Comité de Evaluación de las Medidas de Austeridad Republicana, 1 en los cuales se estableció que dicho comité se integraría por los titulares de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública quienes presidirán el Comité de Evaluación en forma alternada por periodos de un año. También por dos representantes de la Subsecretaría de Egresos y uno de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y tres representantes de la Secretaría, quienes tendrán voz y voto.
Dichos lineamientos establecen que los representantes titulares podrán designar por escrito a sus suplentes, quienes deberán tener un nivel jerárquico inmediato inferior al del titular y mencionan que el Comité de Evaluación contará con el apoyo de una Secretaría Técnica designada por la Presidencia en turno, quien no será miembro de éste, y concurrirá a las sesiones de este con voz, pero sin voto.
Se considera también que el comité puede invitar a sus sesiones a representantes de entes públicos, sociedad civil, academia y asociaciones no gubernamentales.
En septiembre del año pasado, la entonces secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, realizó la instalación del Comité de Evaluación de la Política de Austeridad. En su primera sesión ordinaria, el comité aprobó por unanimidad el Manual para Elaborar el Informe de Austeridad Republicana, que cada entidad de la APF debe entregar, tanto a este órgano como a la Cámara de Diputados, dentro de los diez días hábiles posteriores a la presentación de la Cuenta Pública.2
De acuerdo con el manual, el informe de austeridad debe contener todo lo referente al ejercicio del gasto público, las medidas de austeridad por las entidades gubernamentales, el impacto presupuestario de dichas medidas, la temporalidad de los efectos de los ahorros, el destino del ahorro obtenido y las posibles mejoras a las medidas de austeridad republicana.
De todo lo anterior, se hace notar que al aprobarse la Ley de Austeridad Republicana también se aprobó una política de seguimiento que consiste en una revisión anual de informes que las dependencias deben remitir tanto al Comité de Evaluación como a la propia Cámara de Diputados y la responsabilidad de dicho comité de realizar un informe general.
Las obligaciones de los entes públicos están consignadas en el artículo 7 que establece:
Artículo 7. ...
Al final de cada año fiscal los entes públicos obligados entregarán al Comité de Evaluación y a la Cámara de Diputados un “informe de austeridad republicana ”, en el cual se reportarán los ahorros obtenidos por la aplicación de la presente ley, y serán evaluados en términos de los propios lineamientos y demás normatividad aplicable.
...
Por lo que corresponde a la obligación del Comité de Evaluación, el artículo 27 establece:
Artículo 27. ...
El Comité de Evaluación deberá entregar informes de evaluación de forma anual, los cuales deberán ser remitidos a la Cámara de Diputados para su conocimiento y contener al menos los siguientes elementos:
I. Medidas tomadas por la Administración Pública Federal;
II. Impacto presupuestal de las medidas;
III. Temporalidad de los efectos de ahorro;
IV. Posibles mejoras a las medidas de austeridad republicana; y
V. Destino del ahorro obtenido.
Los resultados de dicha evaluación serán presentados ante el Ejecutivo federal y deberán servir para retroalimentar y mejorar futuras medidas de austeridad republicana.
Por su parte, los lineamientos para la operación y funcionamiento del Comité de Evaluación de las Medidas de Austeridad Republicana , en su numeral 6 establecen como atribuciones del Comité:
c. Recibir el informe de austeridad republicana remitido por cada uno de los entes públicos dentro de los 10 días posteriores a la presentación de la Cuenta Pública ;
g. Dar seguimiento periódico y evaluar los resultados de los indicadores de desempeño establecidos para evaluar la política de austeridad, y
h. Integrar y presentar por conducto de su presidente, a la Cámara de Diputados, el informe de evaluación, una vez analizados los informes de austeridad republicana.
A pesar de lo anterior y a dos años de la aprobación de la Ley de Austeridad Republicana, en los registros parlamentarios de la Cámara de Diputados obran algunos informes de dependencias que han dado cumplimiento a lo que establece el artículo 7 de la Ley de Austeridad Republicana, ejemplo de ello es que el pasado 19 de mayo del 2021, la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación remitió a la Comisión Permanente los informes de austeridad de 38 dependencias:
1) Agencia Espacial Mexicana de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 2) Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano; 3) Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (Cidesi), del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 4) Centro de Integración Juvenil, AC; 5) Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea de la Secretaría de Salud; 6) Colegio de la Frontera Sur del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 7) Comisión Nacional de Hidrocarburos; 8) Comisión Reguladora de Energía; 9) Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 11) a Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur de la Secretaría de Gobernación; 12) Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación; 13) Fondo de Cultura Económica; 14) Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías de la Secretaría de Cultura; 15) Instituto Mexicano del Seguro Social; 16) Instituto Nacional de Ciencias Penales; 17) Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; 18) Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, AC, coordinado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 19) Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 20) Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; 21) Petróleos Mexicanos; 22) la Oficina de la Presidencia de la República; 23) Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social; 24) Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 25) Secretaría de Cultura; 26) Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 27) Secretaría de Economía; 28) Secretaría de Educación Pública; 29) Secretaría de Energía; 30) Secretaría de la Función Pública; 31) Secretaría de Gobernación; 32) Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 33) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 34) Secretaría de Relaciones Exteriores; 35) Secretaría de Salud; 36) Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; 37) Secretaría de Trabajo y Previsión Social; 38) Secretaría de Turismo.
Sin embargo, de los registros parlamentarios no se desprende la recepción del Informe que debe presentar el Comité de Evaluación previsto en el artículo 27 de dicha ley.
Lo anterior toma mayor relevancia ya que el 8 de septiembre el secretario de Hacienda y Crédito Público presentó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico de 2022, por lo que la información que se desprende el informe de la austeridad república del Comité de Evaluación es de mayor importancia para que las y los legisladores puedan revisar los resultados de las políticas de austeridad implementadas por esta administración.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al secretario de la Función Pública, en su carácter de presidente del Comité de Evaluación de Austeridad Republicana, en el marco de la discusión del Paquete Económico de 2022, haga del conocimiento público la siguiente información:
1. El Informe de Evaluación 2020 resultado del análisis de los informes de austeridad republicana remitida por los entes públicos, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Austeridad Republicana, que contenga:
a. Medidas tomadas por la administración pública federal;
b. Impacto presupuestal de las medidas;
c. Temporalidad de los efectos de ahorro;
d. Posibles mejoras a las medidas de austeridad republicana; y
e. Destino del ahorro obtenido.
2. La evaluación de los resultados de los indicadores de desempeño establecidos para evaluar la política de austeridad de conformidad con lo que establecen los lineamientos para la operación y funcionamiento del Comité de Evaluación de las Medidas de Austeridad Republicana, publicados en el DOF el 4 de marzo de 2020.
3. Una relación de las dependencias que han remitido su informe de austeridad republicana y las que no han cumplido con el mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Austeridad Republicana.
Notas
1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5588439&fecha=04/03/ 2020
2 https://newsreportmx.com/2020/09/23/sfp-instala-el-comite-de-evaluacion -de-la-politica-de-austeridad-republicana/
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 14 de septiembre de 2021.
Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Guerrero y las autoridades municipales a realizar acciones urgentes de apoyo a los damnificados por el sismo del 7 de septiembre, así como evaluar y reparar los daños en escuelas, hospitales, viviendas, carreteras y espacios turísticos, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del PT
El que suscribe, Victoriano Wences Real, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, de urgente resolución, por los que se exhorta al gobierno de Guerrero y las autoridades municipales a realizar acciones urgentes de apoyo a los damnificados por el sismo del 7 de septiembre, así como evaluar y reparar los daños en escuelas, hospitales, viviendas, carreteras y espacios turísticos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. El martes 7 de septiembre de 2021 ocurrió un fuerte sismo en Guerrero, con epicentro prácticamente en Acapulco. El Servicio Sismológico Nacional reportó que el sismo tuvo una magnitud de 7.1 grados, localizado a 11 kilómetro al sureste de Acapulco. El sismo ocurrió a las 20:47 y fue sentido en Guerrero, Morelos, Puebla, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Guanajuato, estado de México y Ciudad de México. La magnitud del sismo se refleja en que, hasta las 6:00 horas del sábado 11 de septiembre se habían registrado 631 réplicas. La mayor de éstas fue de magnitud 5.2 grados, a las 21:18 horas del mismo martes 7.1
El mencionado sismo causó una serie de daños y afectaciones a la infraestructura, al patrimonio y a los servicios públicos de los guerrerenses, principalmente en Acapulco y Chilpancingo, incluyendo, lamentablemente, la pérdida de vidas humanas.
Segunda. La magnitud del sismo del 7 de septiembre, generó la necesidad de que el gobierno del estado de Guerrero aprobara, el 9 de septiembre, solicitar la declaratoria de desastre, de tal forma que se puedan acelerar y concentrar la atención de los tres órdenes de gobierno en el apoyo de los guerrerenses afectados por el sismo. Incluso, se instaló de inmediato el Comité Estatal de Protección Civil para dar seguimiento puntual a este proceso.2
Tercera. Los daños materiales del sismo con epicentro en Acapulco, son de una magnitud considerable, que coloca a Guerrero en una situación de emergencia que es necesario atender con prontitud y de manera integral.
En un corte de la evaluación de daños al 10 de septiembre, el gobernador del estado, Héctor Astudillo, informó que más de 2 mil viviendas y departamentos en la entidad resultaron con algún daño debido al sismo del martes, principalmente en Acapulco, Chilpancingo y José Joaquín de Herrera. Por su parte, el secretario de Protección Civil estatal, Marco Mayares Salvador, informó que también se detectaron algunas afectaciones en 13 hospitales, 35 escuelas, 6 centros religiosos y 13 hoteles; también hubo 63 derrumbes carreteros, los cuales están siendo atendidos. Del mismo modo, se detalló que los daños ocasionados por el sismo, si bien se concentran en Acapulco y Chilpancingo, lo cierto es que son muchos los municipios afectados, a tal grado que se han anexado 20 municipios a la solicitud de la declaratoria de desastre, de las regiones Acapulco, Centro, Norte y La Montaña.3
Cuarta. Es evidente que los daños causados por el sismo del 7 de septiembre, generan una situación de emergencia que rebasa la capacidad de los municipios y requiere una acción pronta y decidida del gobierno del estado de Guerrero, incluyendo la coordinación de éste con el gobierno federal, a fin de garantizar la atención integral y oportuna a los damnificados.
Al respecto y a manera de ilustrar lo anterior, la presidente municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, determinó que el gobierno municipal no cuenta con la capacidad financiera ni operativa para atender las afectaciones generadas por el sismo, en viviendas e infraestructura municipal. En conferencia de prensa para informar los daños y las acciones emprendidas ante la emergencia por fenómenos naturales, la presidenta municipal demandó el respaldo de los gobiernos federal y estatal para brindar apoyo a la ciudadanía afectada. Solo para darse una idea de la dimensión de los daños ocasionados por el sismo, mencionó que han atendido 3 mil 289 reportes de incidencias en comunidades rurales, colonias populares y unidades habitacionales.4
Quinta. Como se observa, los daños ocasionados por el sismo del 7 de septiembre de 2021 afectan a gran parte del estado de Guerrero. Los gobiernos municipales tienen el reto de enfrentar esta situación y brindar apoyo a sus habitantes, aunque es evidente que el fenómeno rebasa sus capacidades en muchas ocasiones. El gobierno de Guerrero debe asumir una responsabilidad más activa, pues cuenta con recursos y atribuciones para brindar a poyo a los gobiernos municipales y los guerrerenses afectados. También, el gobierno estatal debe acelerar la evaluación y cuantificación de los daños ocasionados por el sismo, de tal forma que pueda coordinarse con el gobierno federal de la manera más ágil y efectiva.
Porque los perjuicios derivados del sismo son notables. Para abundar, podemos señalar que vecinos de la unidad Pedregal de Cantaluna, de Acapulco, ya tuvieron que recurrir a protestas para exigir que la empresa Casas Paquimé se haga responsable de la reparación, o en su caso, de la reconstrucción de 600 viviendas que resultaron dañadas durante el sismo del 7 de septiembre. En cuanto a los derrumbes, hubo una gran cantidad, como el que ocurrió cerca del Puente Papagayo, así como en la carretera federal, entre Agua de Obispo y Rincón de la Vía, a lo cual se suma una gran cantidad de piedras y desprendimientos en grandes tramos de la infraestructura carretera de Guerrero.
Resulta urgente que los ayuntamientos y el gobierno de Guerrero se coordinen para atender a las personas damnificadas, evaluar los daños, reparar y reintegrar los bienes y los patrimonios perdidos. Restablecer la normalidad en viviendas, zonas rurales, hospitales, escuelas, y carreteras afectadas, con la finalidad de que la población y la economía guerrerense recobren la tranquilidad.
Por lo expuesto someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador de Guerrero, a los alcaldes y al Consejo Municipal de Ayutla de los Libres a desplegar de forma coordinada y en el ámbito de sus respectivas competencias una estrategia de atención inmediata e integral de los damnificados por el sismo del 7 de septiembre de 2021, a fin de garantizar apoyos de emergencia, reparación y reintegración de sus patrimonios, así como la restauración de los servicios básicos.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador de Guerrero, a los alcaldes y al Consejo Municipal de Ayutla de los Libres a realizar en coordinación con el gobierno federal una evaluación expedita de los daños ocasionados por el sismo del 7 de septiembre de 2021, con objeto de restaurar la infraestructura afectada, con especial énfasis en escuelas, hospitales, viviendas, caminos, carreteras y espacios turísticos, con la finalidad de reparar los daños y recuperar las actividades sociales esenciales y la economía del estado.
Notas
1 “Reporte especial del grupo de trabajo del Servicio Sismológico Nacional, UNAM”, consultado el 11 de septiembre de 2021. Disponible en http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2021/SSNMX_rep_es p_20210907_Guerrero_M71.pdf
2 “Aprueba mesa de seguridad solicitar declaratoria de desastre”, consultado el 10 de septiembre de 2021. Disponible en https://suracapulco.mx/aprueba-mesa-de-seguridad-solicitar-declaratoria -de-desastre-por-el-sismo/
3 “Con daños tras sismo, más de 2 mil viviendas en Guerrero”, consultado el 10 de septiembre de 2021. Disponible en
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/11/estados/con- danos-tras-sismo-mas-de-2-mil-viviendas-en-guerrero/
4 “Rebasan capacidad financiera y operativa daños por sismo: Adela Román”, consultado el 10 de septiembre de 2021. Disponible en https://acapulco.gob.mx/2021/09/rebasan-capacidad-financiera-y-operativ a-danos-por-sismo-adela-roman/
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 14 de septiembre de 2021.
Diputado Victoriano Wences Real (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para solicitar la creación de la comisión especial de seguimiento a las investigaciones relacionadas con el colapso de un tramo de vía de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México, ocurrido el 3 de mayo de 2021, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
I. La construcción de la Línea 12 del Sistema Colectivo Metro de la Ciudad de México inició en el año 2008, esta comprende 23 kilómetros entre las estaciones Mixcoac y Tláhuac al sur de la ciudad trayendo el beneficio a más de 400 mil usuarios diarios. Sin embargo, desde su inauguración en el año 2012, esta ha sobresalido no por lo que su construcción podría representar, es decir como un avance para la mejora del servicio de transporte público, sino más bien por las diversas polémicas que se han generado derivado de los fallos y desperfectos que esta ha presentado durante los 9 años de servicio caracterizados por cierres, deterioros y reparaciones.
La construcción de la obra se concretó a través de un contrato para la realización de la obra civil y electromecánica entre el gobierno del entonces Distrito Federal encabezado por Marcelo Ebrard y los consorcios constructores de ICA, Alstom y Carso, por la cantidad de 15 mil 290 millones de pesos por la obra, la cual sería entregada en diciembre de 2011.1 Empero, las cifras y las fechas cambiaron ya que el proyecto no estuvo listo en tiempo y forma y el costo de la infraestructura se elevó a más de 24 mil millones de pesos.2
A tan solo 1 año y medio de que comenzara a funcionar la Línea 12, los problemas de esta obra comenzaron a notarse, ya que para marzo de 2014 se tuvieron que cerrar 11 de las 20 estaciones de dicha línea del metro, lo anterior derivado de múltiples fallas técnicas en dicha construcción, esto de acuerdo con un diagnóstico realizado por una empresa especializada en la materia, en el cual dijeron que esta obra presentaba una serie de fallas en la planeación, diseño y construcción, derivando así en la sobrecarga de las vías y causando un deterioro prematuro a estas.3
Lo anterior, debió ser una suficiente evidencia del mal estado de la Línea 12 y su antecedente para que las autoridades correspondientes hicieran todo lo posible para revisar a cabalidad los problemas que se podrían tener o las nuevas fallas que esta enfrentaría, sin embargo en el año 2017 con el sismo del 19 de septiembre se dañaron varias estructuras en algunos tramos elevados de esta, de entre las cuales se encontraba una columna ubicada en el tramo Nopalera-Olivos, esto nuevamente denostó los problemas de origen que tiene dicha construcción ya que se detectaron vicios ocultos y fallas en la estructura.4
II. La omisión por parte de las autoridades ante tales fallas trajo como consecuencia que la noche del 3 de mayo del 2021 alrededor de las 22:25 horas, una estructura de la Línea 12 ubicada entre las estaciones Olivos y Tezonco sobre Avenida Tláhuac, se desplomó ocasionando que uno de los trenes que circulaba en dicha zona con decenas de usuarios cayera sobre la vialidad encima de un automóvil en el que viajaban dos personas. Aproximadamente una hora más tarde se suspendió el servicio en toda la Línea 12 y llegaron los servicios de emergencia para realizar los trabajos de rescate de personas lesionadas y de los cuerpos de personas que perdieron la vida.
Los lesionados fueron trasladados a hospitales como el Hospital General Dr. Manuel Gea González, el Hospital General Tláhuac, el Instituto Nacional de Rehabilitación y el Instituto Nacional de Neurología, sin embargo, según datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México este incidente dejó un saldo de 26 personas fallecidas, al menos 79 personas lesionadas de gravedad y 100 personas con cuidados ambulatorios.5
En consecuencia, dos meses después el Gobierno de la Ciudad de México anunció que entregará un millón de pesos a los familiares de las personas que fallecieron en dicho accidente, a su vez, Armando Ocampo Zambrano, comisionado de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, dijo que “la suma de este millón de pesos más los 870 mil que ya se entregó, a través de la póliza de seguro, más los 50 mil pesos que se entregaron por medidas alimenticias, esto implica que al finalizar la semana habremos indemnizado con un millón 920 mil pesos a los 26 núcleos de familia que resintieron la pérdida de un familiar”.6
Asimismo, Armando Ocampo Zambrano declaró que la reparación integral del daño incluye 253 becas de manutención de 2 mil 500 a 6 mil 400 pesos mensuales hasta culminar estudios de nivel superior; 145 empleos gestionados; la entrega de 60 casas habitación a través del Instituto de Vivienda (Invi); 19 cancelaciones de créditos hipotecarios. Además, enfatizó que las personas lesionadas se indemnizarán conforme a sus afectaciones (hasta ahora se han indemnizado a 82 personas).7
Por otro lado, el 3 de agosto del año en curso, el gobierno de la Ciudad de México anunció que no será sino hasta el próximo 23 de agosto que se dé a conocer el dictamen final sobre el desplome y que este será realizado por la empresa noruega DNV, a su vez también dijeron que acorde con los tiempos que dicha empresa solicitó, el análisis causa-raíz se dará a conocer el próximo 6 de septiembre.8
De lo anterior y a más de tres meses de que ocurrió esta tragedia, todo sigue bajo incertidumbre, ya que las víctimas siguen alzando su voz debido a que no han sido atendidos, ejemplo de ello fue la declaración de Adriana Galván, una de las sobrevivientes de dicho accidente, ella declaró que “se le apoya con terapia y traslados para su rehabilitación, pero no le dan los medicamentos necesarios para su tratamiento ni el bastón que necesitaba porque ya no había presupuesto”. También señaló que: “le ofrecieron 250 mil pesos, los cuales aseguró que no ha utilizado por considerarlos una falta de respeto, y un departamento, que no aceptó porque era a crédito”.9
A su vez, las víctimas y familiares han solicitado tener acceso a las investigaciones, sin embargo, el abogado defensor de las víctimas, Teófilo Benítez Granados dijo que: “Están igual o peor que antes, pues la autoridad competente jamás ha señalado el avance real de las investigaciones y en específico el resultado de los informes parciales de los peritajes en su supuesta investigación”. Asimismo, declaró que: “impera la opacidad y las mentiras de las autoridades judiciales, y que es absolutamente falso que titulares de diversas áreas del gobierno han brindado atención a todas las víctimas y a sus familiares”.10
Del mismo modo el abogado señaló: “Resulta que hay una carpeta, pero no sabemos los probables responsables, tampoco sabemos si se están investigando a todos los denunciados o querellados”, también indicó que la Fiscalía capitalina ha imposibilitado que los abogados representantes de las víctimas ya que “pudiéramos designar peritos de nuestra parte a fin de conocer las causas del siniestro, que a todas luces el resultado de acciones y omisiones en la línea 12 muestra que no fue un accidente”.11
III. Es decir, la opacidad sigue permeando este proceso en donde las víctimas y los familiares no han recibido el apoyo prometido ni mucho menos han tenido una respuesta acerca de quiénes son los responsables de los hechos ocurridos el pasado 3 de mayo en la Línea 12 del metro, por lo que, las diputadas y los diputados de Movimiento Ciudadano creemos que nosotros como legisladores de no hacer nada con respecto de esta tragedia representaría una antinomia de lo que buscamos y representamos para los mexicanos, exigir justicia y dar seguimiento a las acciones de las autoridades responsables es lo que menos podemos hacer desde esta casa que pertenece pueblo mexicano.
Por tal razón, es que solicitamos a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados la creación de la Comisión Especial de seguimiento a las investigaciones relacionadas con el incidente del 3 de mayo de 2021, donde colapsó un tramo de vía de la Línea 12 del Sistema Colectivo Metro de la Ciudad de México para garantizar que se haga justicia a los mexicanos que fueron víctimas de esta tragedia, y para verificar que se realicen acciones de revisión y mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México para salvaguardar la integridad física de las y los usuarios y así evitar otra tragedia de esta magnitud.
Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. – Que en términos del artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que con base en sus atribuciones, realice los trámites necesarios para la creación de la Comisión Especial de seguimiento a las investigaciones relacionadas con el incidente del 3 de mayo de 2021, donde colapsó un tramo de vía de la Línea 12 del Sistema Colectivo Metro de la Ciudad de México para la presente legislatura.
Segundo. - La Comisión Especial de seguimiento a las investigaciones relacionadas con el incidente del 3 de mayo de 2021, donde colapsó un tramo de vía de la Línea 12 del Sistema Colectivo Metro de la Ciudad de México de la Cámara de Diputados, se integrará por el número de diputados que así lo determine la Junta de Coordinación Política y de manera proporcional a la representación de cada una de las fracciones parlamentarias con representación en la Cámara de Diputados y tendrá como funciones las siguientes:
A. Dar seguimiento oportuno a la entrega de los apoyos prometidos por el gobierno de la Ciudad de México a las víctimas y sus familiares para garantizar la reparación integral del daño que dejó el colapso de un tramo de vía de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México.
B. Dar puntual seguimiento a las investigaciones, dictámenes, análisis causa-raíz y conclusiones correspondientes, que realizará la empresa DNV con la finalidad de garantizar que las observaciones y recomendaciones que esta realizará se lleven a cabalidad.
C. Promover las acciones que se requieran para que la Línea 12 del Sistema Colectivo Metro de la Ciudad de México reanude sus actividades con todos los protocolos y la seguridad que se requiere para que los usuarios puedan hacer uso de dicho servicio sin poner en riesgo la integridad física de las y los pasajeros de dicho transporte público.
D. Dar seguimiento a los procesos jurídicos que determinarán quienes son los responsables del colapso de un tramo de vía de la Línea 12 del Sistema Colectivo Metro de la Ciudad de México, con la finalidad de verificar que estos sean juzgados y pueda haber justicia para las víctimas y los familiares de aquellos que fallecieron en este lamentable suceso.
E. Promover que se realice una investigación de todas las instalaciones y obras de carácter público desarrolladas por las constructoras que integraron el consorcio constructor de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, y que se haga público un informe detallado del estado que guardan dichas obras, con el objeto de prevenir futuras eventualidades o problemáticas en las construcciones en las que participaron dichas empresas involucradas.
F. Vigilar que se destinen los recursos presupuestarios suficientes para iniciar acciones de revisión y mantenimiento preventivo del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, y que estas se realicen a través de un órgano autónomo, técnico y especializado que ejecute diagnósticos y genere recomendaciones de cartera de inversión en infraestructura.
Tercero. - La Comisión Especial de seguimiento a las investigaciones relacionadas con el incidente del 3 de mayo de 2021, donde colapsó un tramo de vía de la Línea 12 del Sistema Colectivo Metro de la Ciudad de México de la Cámara de Diputados tendrá vigencia a partir del día de publicación de su creación en la Gaceta Parlamentaria hasta que se termine la presente Legislatura o bien se haya cumplido o agotado su objeto.
Cuarto. - La Comisión Especial de seguimiento a las investigaciones relacionadas con el incidente del 3 de mayo de 2021, donde colapsó un tramo de vía de la Línea 12 del Sistema Colectivo Metro de la Ciudad de México de la Cámara de Diputados contará con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la realización de sus atribuciones que para tal efecto autorice el Comité de Administración con sujeción a la normatividad aplicable de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Notas
1 “La línea 12 del Metro: una tragedia anunciada”, Animal Político, 2014
https://www.animalpolitico.com/lo-que-mexico-evalua/la-l inea-12-del-metro-una-tragedia-anunciada/
2 Ibidem.
3 Animal Político, “Vecinos denunciaron y especialistas lo advirtieron: había fallas y daños en la Línea 12 del Metro”, 2021, recuperado de https://www.animalpolitico.com/2021/05/metro-linea-12-colapso-historia- denunciasfallasirregularidades/#:~:text=La%20L%C3%ADnea%2012%20present% C3%B3%20un,reporte%20de%20el%20diario%20Reforma.
4 Ibidem.
5 Milenio, “Víctimas, demandas y apoyos; esto sabemos del desplome en la L12 del Metro de CdMx”, 16 de junio 2021, recuperado de https://www.milenio.com/politica/comunidad/accidente-linea-12-metro-cdm x-paso-muertos-peritaje
6 Animal Político, “Gobierno de CDMX dará un millón de pesos a familiares de víctimas de la Línea 12”, 3 de julio de 2021, recuperado de https://www.animalpolitico.com/2021/07/gobiern-cdmx-dara-un-millon-vcti mas-linea-12/
7 Ibidem.
8 El Financiero, “Dictamen final de Línea 12: CDMX anuncia que se dará a conocer el 23 de agosto”, 03 de agosto de 2021, recuperado de: https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2021/08/03/dictamen-final-de-linea -12-cdmx-anuncia-que-se-dara-a-conocer-el-23-de-agosto/
9 Animal Político, “Víctimas de Línea 12 denuncian falta de atención; ya fueron indemnizadas 98% de las familias, dice GCDMX”, 3 de agosto de 2021, recuperado de:
https://www.animalpolitico.com/2021/08/victimas-linea-12 -metro-dicen-falta-atencion-gcdmx-lo-niega-ya-indemnizaron-familias/
10 Ibidem.
11 Ibidem.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso de la Unión a 14 de Septiembre de 2021.
Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al INE a fortalecer mecanismos de control para asegurar que los espacios destinados a grupos vulnerables sean ocupados por población con esas características; y a los organismos públicos electorales de los estados, a replicar tales acciones, a cargo de la diputada Mónica Herrera Villavicencio, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, Mónica Herrera Villavicencio, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el cual la Cámara de Diputados exhorta al Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos electorales a realizar acciones afirmativas en pro de los grupos vulnerables y fortalecer los mecanismos de control de selección de participantes para asegurarse que sean parte de esa comunidad, a fin de garantizar el derecho a la participación e inclusión social, con base en los siguientes
Antecedentes
La discapacidad es una condición de vida que a la fecha, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al año 2020 en el país existen 20 millones 838 mil 108 personas con limitación para la vida cotidiana o discapacidad, de un total de 126 millones 14 mil 24. Esto representa 16.53 por ciento de la población total del país, dato que es significativo si lo expresamos diciendo que aproximadamente 1 de cada 7 mexicanos presenta una limitación o discapacidad.
La participación de las personas con discapacidad, como la que suscribe, en la vida cotidiana, pública y política de los países siempre ha sido un tema de controversia y amplia discusión, ya que como ciudadanos mexicanos, la Constitución política mexicana, como máximo ordenamiento legal en el país, nos da la facultad de votar y ser votados, nos garantiza el derecho de asociación, de divulgación de las ideas y de participación política, sin embargo, en la vida real, la falta de movilidad, de accesos adecuados a los espacios públicos, la falta de recursos económicos por la escasez de empleos para personas con discapacidad y la discriminación a la que nos enfrentamos, hacen que sea casi imposible para las personas como yo poder ser nominados por un partido político y poder participar en un proceso constitucional para lograr alcanzar un espacio público de elección popular como el que hoy orgullosamente ostento.
Considerandos
Que, en vista de estas condiciones, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 13 de diciembre de 2006, a través de su asamblea general, aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual tiene como objetivo fundamental asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos para las personas con discapacidad, la cual nuestro país firmó y ratificó en su Protocolo Facultativo el 30 de marzo de 2007, convirtiéndose así en parte de los estados comprometidos a proteger y promover los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad.
En dicha convención nuestro país se comprometió a garantizar a las personas con discapacidad la posibilidad de gozar de sus derechos políticos en igualdad de condiciones con las demás personas, obligándose a promover el derecho de estas personas con discapacidad a que sean elegidas mediante el voto popular y empeñándose en hacer todo lo posible para que las personas con discapacidad puedan presentarse como candidatos en las elecciones populares y ejercer cargos o desempeñar cualquier función pública en todos los niveles de gobierno.
Derivado de estos acuerdos, en mayo de 2011, a la par de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se promulgó la Ley para la Inclusión de Personas con Discapacidad, la cual establece como los principios que deberán observar las políticas públicas del Estado mexicano la equidad y la igualdad de oportunidades entre otras, así como en su artículo 4o. establece que las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que dicta el orden jurídico mexicano, sin distinción alguna, así como las medidas contra la discriminación que tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una situación comparable, creando así las Acciones Afirmativas.
Las acciones afirmativas positivas consisten en apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural, por lo que con la promulgación de dicha ley, quedó fijada como prioridad de la administración pública adoptar toda clase de medidas de acción afirmativa positiva para beneficiar y compensar en sus diferencias a las personas con discapacidad.
Como resultado de lo anterior señalado, el Instituto Nacional Electoral (INE), el pasado el 15 de enero de 2021, ordenó medidas para favorecer a las personas comprendidas dentro de los grupos vulnerables, entre ellas destacó que, en materia de discapacidad, partidos y coaliciones deberán postular fórmulas de candidaturas integradas por personas con discapacidad en seis de los 300 distritos que conforman el país. Asimismo, en las listas de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional, los partidos políticos nacionales deberán postular dos fórmulas integradas por personas con discapacidad. Dichas fórmulas podrán postularse en cualquiera de las cinco circunscripciones electorales y deberán ubicarse en los primeros diez lugares de la lista respectiva.
Esto puso en aprietos a aquellos partidos políticos que no acostumbran abrir sus espacios a personas con perfiles indígenas, personas trans, afromexicanas y con discapacidad, porque no contaban con esos cuadros políticos dentro de sus filas, recurriendo a la improvisación y a colocar en estas listas a parientes y amigos que tuvieran esta condición, o más grave aún, haciendo pasar a personas sin discapacidad o pertenencia a grupos vulnerables, como si lo fueran, restándole así la oportunidad a quienes sufren de una discapacidad o pertenecen a algún grupo vulnerable de poder acceder a un cargo de elección popular.
En mi caso, como beneficiaria de estas acciones afirmativas, tuve la oportunidad de participar en el proceso electoral de 2021, en el cual tuve la oportunidad de visitar los nueve municipios de mi distrito, recorriendo sus localidades y recogiendo en cada una de ellas sus necesidades y sus aspiraciones, pero sobre todo, dando un ejemplo a las personas que como yo, sufren de una discapacidad de que el Estado mexicano se está transformando y que día a día, con el trabajo de nuestro Presidente de la República y las instituciones, se generan más espacios y oportunidades para quienes formamos parte de los grupos vulnerables y que deseamos participar en la vida política.
Como resultado de estas decisiones, el día de hoy en esta honorable Cámara de Diputados se encuentran integrados ocho compañeros que presentan una discapacidad, así como personas de origen indígena, personas trans y personas de origen afromexicano; sin embargo, en el camino nos encontramos con muchas fallas de los procesos de selección de estos candidatos, que permitieron que personas ajenas a estos grupos vulnerables se beneficiaran de estas acciones afirmativas obteniendo un puesto de elección popular o cuando menos la nominación a alguno.
Por lo anterior expuesto y contado con su apoyo a la lucha por un país más inclusivo pero sobre todo más justo, es que se somete a su consideración la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorte a los organismos públicos locales electorales de los estados de la República a que repliquen las acciones afirmativas ordenadas por el INE en enero de 2021 para que se obligue a los partidos políticos a incluir a personas pertenecientes a grupos vulnerables en sus propuestas de candidatos a puestos de elección popular.
Segundo. Se exhorte al Instituto Nacional Electoral y a los organismos locales electorales a que, en el uso de sus atribuciones y a través de los organismos correspondientes, se tomen todas las previsiones y medidas necesarias a fin de asegurar de que en las propuestas que presenten los partidos políticos para cumplir la cuota de personas con discapacidad o grupos vulnerables, realmente se cumpla con las condiciones de salud, preferencia sexual u origen que se requieren para manifestarse como perteneciente a un grupo vulnerable, esto en atención de evitar que impostores se beneficien de las acciones afirmativas dirigidas a estos grupos poblacionales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2021.
Diputada Mónica Herrera Villavicencio (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a realizar acciones para fortalecer y garantizar el correcto funcionamiento del Sipinna y abstenerse de impulsar cualquier acción orientada a incorporarlo al DIF Nacional, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada federal Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados. somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En los últimos días, diversos medios de comunicación han alertado el plan del gobierno federal para reestructurar dependencias a su cargo, así como de revisar los organismos autónomos y de otra naturaleza que a su consideración duplican funciones y son una carga económica para el Estado. Entre las instituciones mencionadas se encuentra el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), mismo que se pretende sea absorbido por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la familia (SNDIF), con la finalidad de establecer la política de austeridad republicana que ha implementado el gobierno federal desde el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.1
Dicha alerta es preocupante porque se suma a lo mencionado por el presidente de la República en su conferencia mañanera del 22 de junio de 2020, en la cual hizo referencia al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la siguiente manera:
“Me enteré de otro grupo, otro organismo, para la defensa del niño y de la niña... así crearon para todo, porque era simular y cooptar. Cooptar significa, o su equivalente, su sinónimo es comprar, porque si digo cooptar, a lo mejor no se va a entender bien; es comprar conciencia; es comprar voluntades; decirlo todavía más claro y coloquial, maicear; tener a todos ahí Entonces, vamos a hacer un ejercicio para ahorrar... no hacen nada y son una carga burocrática pesada para el Estado Mexicano...”
Por lo anterior, las notas relacionadas con esta reestructuración toman mayor relevancia, sobre todo porque con el pretexto de la austeridad república se deja a un lado el diagnostico real y social del impacto que podría tener una modificación de esta naturaleza y más alarmante aún porque con esta modificación se puede dañar una política pública dirigida a la protección de nuestras niñas, niños y adolescentes.
Creación del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
El Sipinna surge el 4 de diciembre de 2014 con la entrada en vigor la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual de acuerdo con su artículo 1, fracción III, tiene como objetivo “Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados;”2
Con la finalidad que el estado mexicano cumpliera con su función de garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como con los tratados internacionales de los que forma parte. En 2015 bajo una coordinación entre las entidades federativas, los Poderes Legislativo y Judicial, la sociedad civil, el sector privado y académico, y las niñas, niños y adolescentes, se logró poner en marca dicho Sistema.3
Entre sus principales funciones se encuentran: Difundir el marco jurídico nacional e internacional de protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes; Integrar la participación de los sectores público, social y privado y de la sociedad civil en la definición e instrumentación de políticas para la garantía y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes; Generar los mecanismos necesarios para garantizar la participación directa y efectiva de niñas, niños y adolescentes en los procesos de elaboración de programas y políticas para la garantía y protección integral de sus derechos; Promover, en los tres órdenes de gobierno, el establecimiento de presupuestos destinados a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; Impulsar la incorporación de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la planeación nacional del desarrollo; así como garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la elaboración de programas, así como en las políticas y acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entre otros.
De igual forma el Sipinna tiene como objetivo conformar un sistema de información a nivel nacional, con el objeto de contar con datos desagregados que permitan monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país, incluyendo indicadores cualitativos y cuantitativos.
Una de las principales características del mecanismo (Sipinna) es su gran coordinación y transversalidad que permite generar políticas públicas sólidas, homogéneas y coordinadas entre los diferentes ámbitos de gobierno y con los diferentes sectores que intervienen en el mismo, de esa manera los menores de edad vulnerados puedan exigir y ejercer sus derechos humanos, y se garantiza su libertad de decisión y opinión en torno a lo que consideran que es mejor para sus intereses.4
Sipinna su trascendencia en el desarrollo de una política pública para las niñas, niños y adolescentes
La función del Sipinna en nuestro país, ha generado la instalación a nivel federal de una Procuraduría Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la instalación de un Sistema Nacional y una Secretaría Ejecutiva. A nivel estatal, ha generado la implementación de 32 leyes en la materia (una por cada entidad federativa), logrando la creación de sistemas, secretarías ejecutivas y procuradurías estatales; y a nivel municipal, ha generado la instalación de mil 800 sistemas y secretarías ejecutivas en los distintos municipios, con lo cual se busca garantizar la protección de los derechos de 40 millones de niñas, niños y adolescentes, que representan 1/3 de nuestra población.5
El sistema es presidido por el Ejecutivo federal y se integra por 8 secretarías de Estado, las entidades federativas, organismos públicos como la Fiscalía General de la República, la CNDH y el IFTEL y por representantes de la sociedad civil. Adicionalmente, son invitados permanentes a las sesiones del Sistema Nacional de Protección Integral, los presidentes de las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, un representante del Poder Judicial de la Federación, así como representantes de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, las asociaciones de municipios, legalmente constituidas, quienes intervendrán con voz pero sin voto.
Para poder dimensionar los alcances de este del Sistema, a los tres años de su implementación se reportaron los siguientes resultados:6
• Se instalaron los 32 sistemas locales de protección en las entidades federativas.
• Se instalaron mil 677 Sipinna a nivel municipal.
• Se crearon 156 comisiones a nivel federal y local para la atención de áreas prioritarias.
• Se creó la Procuraduría Federal de Protección de NNA y se nombró a su titular.
• Se armonizaron las 32 procuradurías de protección de los estados.
• Se conformaron más de mil procuradurías locales o áreas de atención para la protección de NNA, entre ellas, 984 áreas de primer contacto.
• Se publicaron las 32 leyes locales de derechos de niñas, niños y adolescentes, armonizadas a la LGDNNA, en un tiempo récord de un año.
• 29 entidades federativas armonizaron su normatividad local estableciendo los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, sin dispensas ni excepciones.
• 23 estados cuentan con Anexo Transversal para niñas, niños y adolescentes dentro de su Presupuesto de Egresos para 2018.
David Calderón de “Mexicanos Primero”, al respecto destaca que “en esta administración, el Sipinna logró, por ejemplo, que tengamos por primera vez una Estrategia Nacional de Primera Infancia, con una ruta clara para coordinar las atenciones que van desde el registro civil hasta la nutrición, desde la educación inicial que le toca a SEP hasta la vacunación que le toca a Salud, con la coordinación ordenada de todo lo que puedan y quieran aportar las agencias internacionales y las iniciativas de sociedad civil. Fue el Sipinna, todos juntos y coordinados por el mínimo equipo de la Secretaría Ejecutiva, quien sacó adelante las políticas nacionales para atender integralmente el fenómeno del embarazo adolescente –no sólo los temas de ginecología, sino su derecho a la educación, por ejemplo, evitando la discriminación– o apenas hace dos semanas, haber logrado la reforma para que quede proscrito por ley en el país el castigo corporal y humillante, que dañó física y emocionalmente generaciones y generaciones de niñas y niños mexicanos.”7
Recientemente Sipinna durante la pandemia ha tenido un papel fundamental en la estrategia para la protección de las y los niños. El 30 de abril de 2020 en su primera sesión extraordinaria los integrantes del Sistema aprobaron las “acciones indispensables para la atención y protección integral de niñas, niños y adolescentes en el contexto del Covid-19”,8 en la cual se señalaron 43 acciones indispensables que corresponden a 11 agendas identificadas como prioritarias durante la emergencia sanitara destacando:
Servicios de salud: Controles prenatales, atención a las niñas y niños recién nacidos y el fomento a la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y complementaria hasta los dos años; Esquemas completos de vacunación para mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, incluyendo quienes están en espacios alternativos, como Centros de Asistencia Social, de Internamiento o Penitenciarios; prevención y atención de trastornos emocionales que se pueden generar en las familias durante el confinamiento; prevención del embarazo en niñas y acceso oportuno al aborto seguro, sobre todo en caso de violación sexual; entrega de métodos anticonceptivos, anticoncepción de emergencia, orientación y consejería para adolescentes; proporcionar a niñas, niños y adolescentes información precisa y en formatos amigables y accesibles, sobre el Covid-19; proporcionar información a madres, padres y cuidadores acerca de la prevención en el hogar de accidentes, enfermedades diarreicas agudas y violencia, así como de buenas prácticas de cuidado cariñoso y sensible y atención de enfermedades prevalentes en la infancia.
Prevención y atención de violencias: Promover información para madres, padres y personas cuidadoras para fortalecer prácticas de una crianza positiva, cariñosa y sensible y libre de violencias contra niñas, niños y adolescentes; optimizar el funcionamiento de líneas telefónicas de emergencia y/o ayuda para atender la violencia familiar, coordinadas con el 9-1-1, sin desestimar las llamadas que hagan niñas, niños y adolescentes, así como difundir por radio, televisión y redes sociales los números telefónicos y la información sobre las instancias que brindan la atención especializada; coordinar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de atención a la niñez y adolescencia víctima de violencia; apoyar extraordinariamente a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de los tres órdenes de gobierno, y asegurar la continuidad de sus servicios; apoyar la operación de refugios para mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia para que éstos cuenten con planes de contingencia para evitar el contagio a su interior; Difundir información que permita identificar y atender casos de violencia y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes y solicitar a las Fiscalías de Justicia de los estados y el Tribunal Superior de Justicia la continuidad de los procedimientos de atención a la violencia de género y familiar y el otorgamiento de las pensiones alimenticias.
Educación: Apoyar los esfuerzos de los centros escolares dedicados a dar continuidad a los procesos de enseñanza y aprendizaje con una perspectiva de inclusión y equidad; informar a madres, padres y personas cuidadoras, sobre recursos didácticos y de aprendizaje a los que pueden acceder niñas, niños y adolescentes para continuar con su formación académica en casa y el papel que juegan las familias en dicha formación; poner al alcance de madres, padres y personas cuidadoras, mediante medios electrónicos y digitales, materiales de orientación que les permita apoyar el proceso de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes, así como los programas de apoyo socioemocional que ofrecen los centros escolares; impulsar evaluaciones diagnósticas que permitan al personal docente identificar los niveles de aprendizaje y aprovechamiento de las y los estudiantes para, con base en ellas, establecer estrategias diferenciadas de refuerzo, recuperación y nivelación; promover acciones ante el riesgo de deserción y abandono escolar, impulsando a nivel nacional el Programa de Alerta Temprana; y sistematizar la experiencia de esta emergencia sanitaria y recuperar la de otros países, a fin de aprovecharla para desarrollar un esquema de educación a través de medios digitales y electrónicos como apoyo al esquema escolarizado.
El seguimiento de los resultados de estas acciones es publicado en el portal de Sipinna9 en donde se pueden encontrar las acciones específicas realizadas en diferentes materias.
Los datos duros
De acuerdo con la UNICEF y el Coneval respecto de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país:10
• La pobreza afecta en mayor proporción a los menores que a otros grupos de edad. Aproximadamente uno de cada dos niños, niñas y adolescentes en México vive en situación de pobreza (21.4 millones) y experimenta por lo menos alguna carencia social, como acceso a servicios de salud, acceso a la alimentación, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos de la vivienda, a la seguridad social o rezago educativo.
• 78.6 por ciento de niñas, niños y adolescentes que habitan en hogares indígenas y 90.8 por ciento de quienes hablan una lengua indígena se encuentran en situación de pobreza. La diferencia respecto de la población infantil y adolescente no indígena es de 27.9 y 40.1 puntos porcentuales, respectivamente (UNICEF-Coneval 2014).
• La población de menos de un año de edad es el grupo con mayor incidencia de la carencia por acceso a los servicios de salud (23.3 por ciento) (UNICEF-Coneval 2014).
• 16.2 por ciento de los niños, niñas y adolescentes en México tiene carencia por acceso a los servicios de salud (UNICEF-Coneval 2014).
• Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012, 13.6 por ciento de las niñas y niños menores de cinco años tiene talla baja (desnutrición crónica) (INSP 2012).
• De acuerdo con la Ensanut 2016, una de cada tres (para niñas y niños entre 5 y 11 años la cifra es 33.2 por ciento, mientras que en adolescentes de 12 a 19 años asciende a 36.3 por ciento) tiene sobrepeso y obesidad (INSP 2016).
• La fecundidad adolescente para 2014 (entre mujeres de 15 a 19 años) fue de 77 nacimientos por cada mil mujeres (Inegi 2014).
• Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2017, una de cada cuatro personas justifica mucho, algo o poco golpear a las niñas y niños por razones de disciplina (Conapred 2018).
Estos son solo algunos datos que muestran la importancia de continuar fortaleciendo a Sipinna y de que falta mucho por hacer em favor de la protección de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país; Por ello, es alarmante que exista la pretensión del Ejecutivo Federal de trasladar al Sistema al DIF y más preocupante aún que el argumento sea la austeridad republicana.
Una propuesta de retroceso para la niñez
Un balance de porque la fusión de Sipinna con el DIF sería un gran error que perjudicaría la política pública en favor de nuestra niñez puede resumirse en los siguiente:
1. El Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes responde a una problemática social sensible y prioritaria como lo es la niñez. Su fundamento Jurídico lo encuentra en una Ley General y su creación responde a observaciones de organismos internacionales y tratados de los que México forma parte.
2. Sipinna tiene como mandato legal poner a la niñez como sujeto de derecho, lo que genera una amplitud y progresividad en la protección de las y las niños y adolescentes de nuestro país. Mientras que el DIF tiene como objetivo la asistencia social, es decir, un marco legal más reducido y que acotaría los derechos ya garantizados mediante el sistema.
3. Sipinna ya cuenta con una articulación federal, estatal y municipal que le permite una transversalidad y homogeneidad cuando se trata de implementación, difusión y evaluación de política pública en favor de la niñez.
4. Dicho sistema en un mecanismo de coordinación el cual por ley es presidido por el Ejecutivo federal, mediante una Secretaría Ejecutiva que recae en la Secretaría de Gobernación y su conformación es plural y ciudadana. Sus recursos están garantizados mediante el presupuesto autorizado a las instancias que forman parte de dicho sistema, por lo que realmente la austeridad republicana no es excusa para desmantelarlo.
Es preciso retomar también que, en junio de 2020, la diputada Lorena Villavicencio presentó un punto acuerdo relacionado con la presunta desaparición de Sipinna, en su documento, la diputada hace alusión a que los recursos presupuestales recibidos para la protección de la niñez han sido cada vez menores y destaca que “en los ejercicios presupuestales aprobados para el 2019 y el 2020, los recursos destinados a la atención de las niñas, niños y adolescentes en el anexo 18, han sufrido una disminución de más de 30 mil millones de pesos lo cual, sin duda, ha redundado en la falta de funcionalidad de las instituciones y en la calidad de vida de millones de niñas y niños”.11
El Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes es resultado no solo del cumplimiento de compromisos y tratados internacionales, también es el mecanismo para garantizar el derecho fundamental de la niñez que resguarda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Si bien, la pretensión de esta reestructuración ha salido de nueva cuenta a la luz de manera informal y a través de notas periodísticas; el simple planteamiento de esta modificación es motivo de alarma ya que a lo largo de estos tres años de este gobierno hemos visto como rumores se convierten en realidad y sobre todo, cuando se tiene los votos en el Congreso, se toman decisiones sin ningún tipo de diagnóstico que permitan realmente fundamentar de manera sólida los motivos para desmantelar a las instituciones del país que poco a poco van abriendo brecha en la consolidación de un marco jurídico más sólido y la conformación de políticas públicas que benefician a la ciudadanía, en este caso, a un sector prioritario como lo es la niñez de nuestro país, siendo 1/3 de la población mexicana.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con el siguiente
Punto de Acuerdo
Único - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a realizar las acciones necesarias para fortalecer y garantizar el correcto funcionamiento del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y abstenerse, bajo el pretexto de la austeridad republicana, de impulsar cualquier acción que tenga como objetivo incorporar al Sipinna al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la familia (SNDIF).
Notas
1 Índice Político. Se revela plan para eliminar al Instituto Nacional de las Mujeres, Sipinna, Conapred, Conapo y Conavim, Disponible en: https://indicepolitico.com/se-revela-plan-para-eliminar-al-instituto-na cional-de-las-mujeres-sipinna-conapred-conapo-y-conavim/
2 Cámara de Diputados. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_11012 1.pdf
3 Secretaría de Gobernación. ¿Qué hacemos? Disponible en: https://www.gob.mx/sipinna/que-hacemos
4 Secretaría de Gobernación. Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes #Sipinna. Disponible en: https://www.gob.mx/segob/documentos/sistema-nacional-de-proteccion-inte gral-de-ninas-ninos-y-adolescentes-sipinna
5 Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna). “Consolidación de los Sistemas Nacionales de Protección Integral”, Disponible en:
http://www.iin.oea.org/pdf-iin/reunion/93/documentos/3.5 .1_Presentaci%C3%B3n_M%C3%A9xico_Qu%C3%A9_es_el_Sipinna_OCT18_fin.pdf
6 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/462232/MEMORIA_vf_compre ssed.pdf
7 https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/david-calderon/asistencia-y-pro teccion-integral/
8 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593790&fecha=26/05/ 2020
9 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/636316/Tercer_Informe_de _Avances_y_Resultados_Acciones_Indispensables_actualizado_Abril_2021.pd f
10 https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/FichaTematica_NNA%282%29.pd f
11 https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/3/2021-05-31-1/assets/docu mentos/164-PA_Morena_Dip_Lorena_Villavicencio_Infancia.pdf
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 14 de septiembre de 2021.
Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las autoridades competentes a realizar adecuaciones para que se consideren prioritarios los proyectos de inversión de la línea 4 del tren ligero y las obras de la presa El Zapotillo, en Jalisco, a cargo de la diputada María Elena Limón García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita, diputada María Elena Limón García, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, conforme a la siguientes
Exposición de Motivos
El pasado 8 de septiembre, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal de 2022. De manera específica, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022, que sigue los criterios generales de política económica, estima un gasto neto de 7,088,250.3 millones de pesos.
Así, los criterios generales de política económica contienen tres pilares fundamentales: El primero, los apoyos sociales para el bienestar; el segundo, la estabilidad y solidez de las finanzas públicas; el tercero, el apoyo a proyectos regionales detonadores de desarrollo con impactos positivos directos e indirectos en el bienestar y el empleo de las personas.1 Subrayo el tercer pilar porque las inversiones al interior del país, efectivamente detonan la región, beneficiando a la ciudadanía de esas regiones y localidades.
Los proyectos regionales, invariablemente, deben ser considerados y propuestos a partir de las necesidades de la población, haciendo un esfuerzo para que estos proyectos realmente resuelvan los problemas que se presentan en las regiones. De acuerdo con el artículo 31, fracción IV de nuestra Constitución, los mexicanos contribuyen a través de sus impuestos con el gasto público de la federación, la Ciudad de México y los municipios de manera proporcional, en equidad y legalidad.
Es decir, al momento de realizar la programación presupuestal del gasto y, por tanto, los proyectos en los que se decidirá gastar el dinero público, se debe seguir una máxima básica: hacerlo en condiciones de equidad y legalidad.
En este sentido, en 2020, Jalisco aportó 7.1 del producto interno bruto del país, pero recibió menos de 2 por ciento.2 Esa misma proporción se mantuvo para este 2021 en cuanto a la aportación de la entidad federativa. Así, los recursos federales a las entidades federativas y a los municipios no recibieron incremento real en este proyecto de Presupuesto de Egresos.
Ahora bien, los principios tributarios establecidos en la Carta Magna deben ser recíprocos y corresponsables en ambos sentidos: de las entidades federativas a la Federación y viceversa. En este sentido, buscamos que estos principios de reciprocidad y de carga tributaria se vean reflejados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022.
De los 2,108,869.1 millones de pesos de gasto federalizado (y que incluyen 77,572.69 millones de pesos para Salud Pública), 1,019,490.0 millones corresponden a Participaciones Federales (Ramo General 28) ; 890,544.4 millones corresponden a Aportaciones Federales ; 111,377.4 millones corresponden a Convenios , y 9,884.5 millones corresponden al Ramo 23. 3
Ahora bien, con respecto a los programas y proyectos de inversión del proyecto de Presupuestos de Egresos, en el Tomo VIII, se encuentran reflejados esos proyectos que el gobierno federal impulsa para detonar el desarrollo de las regiones.
Para Jalisco, el PPEF contemplan los siguientes proyectos e inversiones:
1. A través del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C, la “Reubicación, construcción y equipamiento de una sucursal bancaria en Zapopan”, según clave 2106G1H0003, con una inversión de 33,058,300 millones . Se trata de una sucursal del Banco del Bienestar.
2. A través de la Defensa Nacional se contempla la “Adquisición de activos de entrenamiento para la escuela militar de aviación”, específicamente la sustitución de las “... aeronaves Cessna C-182s y Aermacchi SF-260EU de la Escuela Militar de Aviación (E.M.A), por aeronaves de similares características y reciente modelo”, por un monto de 148,390,000 millones de pesos.
3. “Adquisición de un activo para reformar y complementar las operaciones de erradicación por aspersión”, también a cargo de la Defensa Nacional, por un monto de 17,480,883 millones de pesos.
Aunado a esta lista, existen otros proyectos de inversión de suma importancia para coadyuvar en la solución de otros problemas en la Zona Metropolitana de Guadalajara que no han sido considerados por la federación. De manera específica, el “modelo integral de movilidad de la zona sur del área metropolitana de Guadalajara (Línea 4 Tren-Tram)”, estimado en 14,211,545,291 millones de pesos, no recibió monto de inversión para el ejercicio fiscal de 2022.
No obstante, la Línea 4 no es el único proyecto de inversión que se quedó sin asignación en este Proyecto de Presupuesto. Uno de los más importantes es, también, la “construcción del proyecto de abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León, Guanajuato. En su visita a la presa el pasado 14 de agosto, el presidente de México, el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la opción para avanzar en los trabajos de esa presa –que habían sido detenidos por la oposición de tres comunidades- era bajar la cortina de 105 metros a 80.
“No es lo deseable; es lo posible en términos técnicos, porque la presa fue diseñada para tener una cortina de 105 metros y se quedaría en 80 metros [...] sería menos volumen disponible de agua, no alcanzaría para dar agua a León, así de claro, el agua se quedaría en Jalisco”.4
En esa misma reunión, el presidente de México aseguró:
“Lo tenemos que seguir haciendo de manera conjunta con el gobierno del estado, con el gobernador Enrique Alfaro, con el que llevamos buenas relaciones. Podemos tener diferencias, porque así es la democracia, no hay pensamiento único, ni en las casas todos pensamos igual, pero en cuestiones de interés público tenemos que cerrar filas en las casas y en la escuela y en el gobierno, juntos siempre, poniendo por delante el interés general, el interés del pueblo, el interés de la nación”.5
También en temas de inversión relacionados con el agua, el “Proyecto integral de obras y acciones de solución de la problemática pluvial de la zona conurbada de Guadalajara primera etapa, Cuencas Atemajac, San Juan de Dios, San Andrés y Osorio”, mismo que sería instrumentando para el mejoramiento de la infraestructura pluvial, además de mitigar los daños a la población provocados por lluvias extremas, también se quedó sin recurso.
De igual manera, otros proyectos que se quedaron sin recursos son los relacionados con el turismo; dos estudios de prefactibilidad, uno para Barra de Navidad y otro para Puerto Vallarta, se quedaron sin recursos.
Derivado de lo anterior, es que considero más que oportuno resaltar la falta de presupuesto para estos proyectos. Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que realice las adecuaciones necesarias, dentro del marco de sus competencias, a fin de que se consideren prioritarios los proyectos de inversión de la Línea 4 del Tren Ligero, así como de las obras de la presa El Zapotillo, ubicados en el estado de Jalisco.
Notas
1 https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publi cas/docs/paquete_economico/cgpe/cgpe_2022.pdf (consultado 9 de septiembre de 2021).
2 https://www.eleconomista.com.mx/estados/Jalisco-podria-abandonar-el-pac to-fiscal-20200410-0034.html (consultado 10 de septiembre de 2021).
3 Se refiere a los recursos correspondientes al derecho extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (FEIEF), así como otros subsidios que se entregan a las entidades federativas para impulsar el desarrollo regional.
4 https://lopezobrador.org.mx/2021/08/14/version-estenografica-visita-a-l a-region-de-la-presa-el-zapotillo-en-canadas-de-obregon-jalisco/ (consultado el 11 de septiembre de 2021).
5 Ídem.
Cámara de Diputados, LXV Legislatura, a 14 de septiembre de 2021.
Diputada María Elena Limón García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Coordinación Estatal de Protección Civil de Guanajuato a redoblar esfuerzos en la temporada pluvial, suscrita por los diputados Emmanuel Reyes Carmona, Favio Castellanos Polanco y Pedro David Ortega Fonseca, del Grupo Parlamentario de Morena
Los suscritos, diputados Emmanuel Reyes Carmona, Favio Castellanos Polanco y Pedro David Ortega Fonseca, integrantes de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Morena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El desarrollo urbano altera de manera importante la hidrología de las cuencas donde se origina. En particular, se modifican la red de drenaje y el proceso de transformación lluvias-correntía. Como consecuencia de la actividad urbanizadora, los cauces naturales que conforman la red hidrográfica original deben ser conservados y adecuados a las nuevas condiciones, esto para que no afecte de forma directa a su capacidad de desagüe y por tanto no se propicie la existencia de inundaciones.
Ya no es aceptable que la transformación lluvia-escorrentía sea alterada como consecuencia del tradicional criterio que se tenía en muchos procesos de urbanización: las aguas pluviales deben ser eliminadas lo más eficaz y rápido posible. Según el denominado Esquema Sanitarista (drenaje rápido de agua de lluvia) del drenaje urbano.
Es necesario promover y realizar la temporal retención superficial o subterránea (estanques o depósitos de retención/detención) y la infiltración (estructuras de infiltración en donde sea factible), para no incrementar el volumen y la velocidad de circulación del agua hacia las partes más bajas de la cuenca.
Las inundaciones ocurridas en días recientes en diversas comunidades y municipios del estado de Guanajuato son una demostración de la problemática que se vive por la lluvia-escorrentía.
Por ello, la importancia de dar soluciones a los problemas de inundación existentes en una determinada zona urbana, normalmente es indispensable que se planten actuaciones que tiendan a restituir de una forma artificial el comportamiento natural existente en la cuenca antes de ser ocupada por el sector a desarrollar de la ciudad.
Fundamentalmente cabe dividir estas actuaciones en dos categorías: las que tienen por objeto incrementar la capacidad de desagüe de la red de colectores (que sustituye a la red hidrográfica natural) y las tendentes a disminuir la escorrentía (aumentar la retención superficial y/o subterránea y la infiltración).
Por lo expuesto y fundado, sometemos respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al coordinador estatal de Protección Civil de Guanajuato para que redoble esfuerzos en la temporada pluvial en cuanto a los servicios de drenaje y el proceso de transformación lluvias-correntía, los cauces naturales que conforman la red hidrográfica original para que sean conservados y adecuados a las nuevas condiciones, esto para que no afecte de forma directa a su capacidad de desagüe y por tanto no se propicie la existencia de inundaciones que afectan a la población.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2021.
Diputados: Emmanuel Reyes Carmona, Favio Castellanos Polanco, Pedro David Ortega Fonseca (rúbricas).Con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos federal y de Cuernavaca, Morelos, a resolver los cortes de suministro de agua y garantizar el libre acceso a ésta, a cargo de la diputada Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y municipal de Cuernavaca, Morelos, a implementar acciones relativas a solucionar el corte del suministro de agua, garantizar este derecho humano y su libre acceso”, en los siguientes términos
Antecedentes
1. Las Naciones Unidas ha definido los Derechos Humanos como “derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición”.1
Los derechos humanos se rigen bajo los principios de universalidad, inalienabilidad (no se pueden enajenar), irrenunciabilidad, imprescriptibilidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
2. En México, los derechos humanos están consagrados en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que es Estado parte. Entre estos, se encuentra el derecho al agua, considerado dentro de la clasificación de segunda generación con un contenido social de carácter colectivo.
3. De acuerdo con el artículo 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento vinculante ratificado por el Estado mexicano, los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar un nivel de vida adecuado, que nos asegure, entre otras, la salud y el bienestar.
Para lograr este objetivo, es fundamental garantizar el acceso al agua potable, como medio indispensable para su cumplimiento.
4. El agua es un recurso natural necesario para tener un nivel de vida dignó y con salud que coadyuva a las condiciones de existencia.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha señalado que el derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica.
5. Mediante decreto publicado el 8 de noviembre de 1995 en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, se creó el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Cuernavaca, Morelos (en adelante SAPAC) , como un organismo público descentralizado de la administración pública municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Dicho organismo se encuentra incorporado al Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua del estado de Morelos, en términos del Convenio de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Desarrollo Ambiental Estatal y el Ayuntamiento de Cuernavaca.
6. Actualmente existe un adeudo histórico del SAPAC con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) superior a los 250 millones de pesos por consumo de energía eléctrica.
Consideraciones
1. Por lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales para un nivel de vida adecuado y medios de subsistencia, se encuentra el derecho humano al agua, México forma parte de diversos tratados internacionales en los que se reconoce:
• Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 25, numeral 1).
• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo XI).
• Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11 y 12).
2. En noviembre de 2002, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptó la observación general número 15, en la que se estableció que el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna.
3. El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento, estableciendo que el agua limpia y el saneamiento, son esenciales para la realización de los demás derechos humanos.2
La resolución 64/292, a través de la que se hace este reconocimiento, exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a propiciar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos, por medio de recursos financieros, capacitación y transferencia de tecnologías.
4. El 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, en materia de derechos humanos.
Dicha reforma tuvo como objetivo reconocer a nivel constitucional los derechos humanos de las personas, así como establecer las garantías para lograr su apropiada protección.
De las modificaciones realizadas al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se destaca el reconocimiento de los derechos humanos, mediante el principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de la norma jurídica, y en segundo lugar, la prohibición de todo tipo de discriminación.
En ese sentido, el Estado mexicano tiene la obligación de observar los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en los que sea parte.
5. El párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que:
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”
Como ya ha quedado establecido, el derecho humano al agua debe de ser garantizado por el Estado para asegurar, entre otras: a) un nivel de vida adecuado; b) satisfacer las necesidades básicas de consumo e higiene; y c) reducir el riesgo de enfermedades.
6. En el año 2015, nuestro país se comprometió a cumplir con los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible, contenidos en la Agenda 2030.
Dentro del Objetivo 6 denominado “Agua Potable y Saneamiento”, las instituciones del Estado mexicano están comprometidas con lograr que todas las personas tengan accesos al agua potable, que contribuya a tener una mejor calidad de vida, con salud digna y reduzca las condiciones de pobreza.
7. Actualmente, en el municipio de Cuernavaca se ha vulnerado el libre acceso al suministro de agua potable a través del corte del citado suministro de dicho recurso natural.
Estos cortes se han dado por la falta de suministro de energía eléctrica a los pozos y otras fuentes de abastecimiento, por la falta de pago de las administraciones municipales anteriores, situación que vulnera el derecho de los cuernavaquenses a disfrutar de un sistema de abastecimiento y una adecuada gestión del agua.
8. Existen antecedentes de la implementación de mecanismos para la condonación de deudas históricas por concepto de consumo de energía eléctrica:
a) Convenio entre el gobierno del estado de Tabasco y la CFE para reducir la deuda de usuarios domésticos, impulsado por intervención de Legisladores Federales de distintos grupos parlamentarios de 2018 a 2021.
b) Artículo Décimo Cuarto de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2020, en el que se establece la condonación de adeudos a los organismos públicos prestadores de servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales que dependan de éstos.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal, a través del titular de la Comisión Federal de Electricidad, a implementar los mecanismos y programas necesarios para condonar al cien por ciento el adeudo histórico por consumo de energía eléctrica del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Cuernavaca, estado de Morelos.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno municipal de Cuernavaca, Morelos, a través del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, a continuar explorando la implementación de mecanismos y acciones en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad, relativas a solucionar el corte del suministro de agua, garantizar el derecho humano al agua y su libre acceso, a través de la reanudación del servicio de suministro de energía eléctrica a los pozos y otras fuentes de abastecimiento.
Notas
1 Naciones Unidas, consultable en: https://www.un.org/es/global-issues/human-rights#:~:text=Los%20derechos %20humanos%20son%20derechos,religi%C3%B3n%20o%20cualquier%20otra%20cond ici%C3%B3n.
2 Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución 64/292 emitida el 28 de julio de 2010.
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/6 4/292&Lang=S Consultado: 10 de septiembre de 2021.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2021.
Diputada Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Coordinación Estatal de Protección Civil de Guanajuato a difundir las actualizaciones aplicadas a los atlas de riesgos en la presente administración pública, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Morena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Atlas de Riesgos Estatal y Municipal contiene la información geográfica, cartográfica, y estadística sobre los riesgos a que está potencialmente expuesta una población, sus bienes y el entorno ecológico.1
Por ello es de suma importancia la actualización periódica del Atlas Estatal de Riesgos de Guanajuato, que posibilite a las autoridades competentes regular la edificación de asentamientos.
La necesidad de profundizar la relación entre la protección civil y el ordenamiento territorial en México se ha evidenciado a partir de la revisión a la articulación e interconexión de diferentes instrumentos y guías metodológicas que pretenden evaluar, prevenir y/o mitigar la existencia de riesgos y la ocurrencia de desastres, con aquéllos que tienen como objetivo la regulación de los usos del suelo y la prevención, atención y mitigación de procesos de degradación de los componentes del medio físico-geográfico que pueden convertirse en factores de intensificación de amenazas naturales.2
Es importante recalcar que los atlas de riesgo además de prevenir y proteger frente a la diversidad de fenómenos naturales que pueden ocasionar un desastre, es un deber jurídico que se encuentra establecido en el artículo 19, fracción XXII, de la Ley General de Protección Civil; artículo 15, fracción VI y el artículo 43, fracción II, de la Ley de Protección Civil del Estado de Guanajuato.
Por lo que es necesario conocer de las actualizaciones que se han llevado a cabo en los atlas de riesgo durante la administración pública estatal 2018-2024 ya que la importancia de establecer planes, programas y estrategias a corto, mediano y largo plazo, que busquen prevenir y mitigar los efectos de estos riesgos, además de optimizar los recursos para la atención de las emergencias y posibles reconstrucciones permite salvaguardar la vida de las y los guanajuatenses.
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al coordinador estatal de Protección Civil de Guanajuato para que haga públicas las actualizaciones a los atlas de riesgo durante la presente administración pública estatal 2018-2024.
Notas
1 Consultado el 11 de septiembre de 2021 del sitio web: https://isos.edu.mx/atlas-de-riesgo/
2 Ruiz Rivera, Naxhelli; Casado Izquierdo, José María y Sánchez Salazar, María Teresa. Los Atlas de Riesgo municipales en México como instrumentos de ordenamiento territorial. Invest. Geog [online]. 2015, n.88 [citado 2021-09-11], pp.146-162. Disponible en:
<http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_artte xt&pid=S0188- 46112015000300146&lng=es&nrm=iso>. ISSN 2448-7279. https://doi.org/10.14350/rig.48326.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2021.
Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades competentes a cambiar la nomenclatura geográfica de Mar de Cortés a Mar del Yaqui, a cargo del diputado Hirepan Maya Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, diputado Hirepan Maya Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Sexagésima Quinta Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición de punto de acuerdo para que esta Cámara de Diputados exhorte a las autoridades competentes al cambio de la nomenclatura geográfica de Mar de Cortés al Mar del Yaqui, reivindicando el papel histórico del Pueblo Yaqui durante la gesta de la Revolución Mexicana de 1910.
Considerando
Que el Mar de Cortés es parte del Golfo de California. Su nombre proviene de California, nombre que le dio Hernán Cortés a la península, que originalmente se pensó, erróneamente, que era una isla, y de este el de Mar de Cortés. Su nombre en kiliwa es Ja’ Tay Eñoom (mar del Oriente), y Xepe (mar), en seri.1
Ubicación geográfica y antecedentes históricos 2
El Océano Pacífico que cubre el occidente de nuestro país, ofrece como uno de sus accidentes geográficos más importantes el Golfo de California llamado también Mar de Cortés o Mar Bermejo. La formación de este mar inició hace unos 130 millones de años, en plena era Mesozoica, debido a que una masa de tierra, que posteriormente sería la península de Baja California, empezó a separarse del continente a causa de una serie de movimientos tectónicos originados por lo que hoy se conoce como falla de San Andrés.
El Golfo de California adquirió sus características actuales hace aproximadamente 4.5 millones de años. Desde entonces, hasta ahora, la península se ha desplazado del macizo continental unos 650 kilómetros y el movimiento aún continúa, y se calcula que dentro de algunos millones de años se separará totalmente del continente.
Ubicado en el noroeste de México en latitudes extremas 23°-31° 40’ norte y longitudes 107°- 115° oeste, el Mar de Cortés limita al norte con el delta del río Colorado, al poniente con la península de Baja California, al oriente con los estados de Sonora y Sinaloa, teniendo su entrada al sur entre Punta Arena, Baja California Sur., en la península y Altata en la costa del estado de Sinaloa. Tiene una longitud de mil 200 kilómetros y anchuras variables de entre 92 y 222 kilómetros.
Las primeras expediciones en estas latitudes datan del siglo XVI, fue descubierto por Fortún Ximénez Vizcaíno, piloto de la nave Concepción, quién zarpó de Santiago (hoy Manzanillo, Colima) el 25 de octubre de 1533 y llegó a Santa Cruz (hoy La Paz, capital del estado de Baja California Sur) pensando que había llegado a una isla. Poco tiempo después, Hernán Cortes siendo gobernador y capitán general de la Nueva España navegó en sus aguas en las embarcaciones San Lázaro, Santo Tomás y Santa Águeda llegando a Santa Cruz y bautizando las aguas como el Mar de Cortés. Más tarde, durante el proceso de evangelización de los grupos indígenas por la Corona española, el jesuita Venegas lo nombraría también Mar Bermejo por la apariencia de sus aguas a las del Mar Rojo.
Los grupos indígenas son los habitantes originales del Golfo de California; los cuatro estados que componen la región contaban con población indígena cuando llegaron los españoles. Debido al proceso de colonización europea su población fue drásticamente diezmada e incluso para algunos grupos, este periodo fue el fin de su historia. En lo que actualmente es el norte del estado de Nayarit, habitaban los grupos coras, huicholes y mexicaneros entre otros; en Sinaloa, estaban los grupos cahita, tehueco, zuaque, tahue, xixime, acaxee, los guasave, zoe, temoris y guazapares. asimismo, en sonora habitaban también parte del grupo cahita (mayos y yaquis), guarijios, seris, pima bajo, pima alto o pápagos, eudeve, jova y ópatas. Mientras que la Península de California estaba poblada por los pericu, guaycura, monqui, cochimi, kiliwa, paipai, kwatl, huerte, cucapá y tipai.3
Patrimonio Natural de la Humanidad
El 15 de julio de 2005, las islas del golfo de California fueron declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad en su categoría de bienes naturales, bajo la denominación de islas y áreas protegidas del Golfo de California. El área se ha convertido en uno de los destinos favoritos de los turistas de la región e internacionales, dado que integra formaciones rocosas singulares. Además, debido a la presencia de diferentes tipos de ballenas que se pueden encontrar, tales como la ballena jorobada, la ballena gris y la ballena azul.4 Los bancos de perlas descubiertos cerca del puerto de Santa Cruz, hoy La Paz, en Baja California Sur, y tal vez la exageración, denominador común de muchas de las crónicas escritas durante la conquista, fueron motivo para que los turistas se interesaran aún más en viajar a la zona.
La zona alberga cerca de 40 por ciento de las especies de mamíferos marinos que existen en el mundo, y un tercio del total de las especies de cetáceos además de ser el único lugar en el mundo donde existen cascadas submarinas de arena. Incluye 244 islas e islotes y zonas costeras de los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit. Contiene 4 mil 500 especies conocidas de invertebrados marinos, 181 especies de aves y 695 de plantas, de las cuales 28 sólo se encuentran en esta región.
Dado que contiene más de ochocientas noventa especies de peces –unas noventa son exclusivas de la región–, el golfo constituye un laboratorio natural para el estudio de la vida del mar. Debido al poco cuidado de la fauna, están disminuyendo los ejemplares de muchas especies, entre ellas una marsopa difícil de encontrar: la vaquita marina. La vaquita es el miembro más pequeño de la familia de las marsopas, pues mide un metro y medio de largo. Fue descubierto en 1958, cuando se hallaron los cráneos de tres ejemplares en una playa de Baja California.
El Pueblo Yaqui
Los yaquis se localizan hacia el oriente del estado de Sonora, en la región conocida como Valle del Yaqui, limitada al norte por el Valle de Guaymas, al sur por el Valle Sur del Yaqui, al este por la Sierra Madre Occidental y al oeste por el Golfo de California. La mayoría del grupo se concentra en los municipios de Guaymas y Bácum, seguidos en importancia por Cajeme y Empalme. En total, hay ocho pueblos yaquis pertenecientes a los cuatro municipios antes mencionados: Cócorit, Loma de Bácum, Tórin, Vícam, Pótam, Belem, Ráhum y Huirivis, todos ellos ubicados en las inmediaciones del río Yaqui, a excepción de los dos últimos.
Los yaquis se han caracterizado como un pueblo aguerrido en pro de la defensa de su territorio y el derecho a autogobernarse, lo cual los ha marcado a través de las distintas etapas de conformación del país. Los primeros enfrentamientos con los españoles tuvieron lugar hasta 1607, en ellos salieron victoriosos los yaquis. Hacia 1610 los yaquis aceptaron la presencia de dos misioneros jesuitas, con lo que dieron inicio las relaciones entre indios y conquistadores.
Durante este periodo se llevó a cabo la concentración de los yaquis en los ocho pueblos tradicionales, con tal éxito, que esta organización territorial fue considerada sagrada, e imposible la reducción o aumento de otro pueblo cabecera. Con la expulsión de los jesuitas en 1767 concluyó este periodo de relativa paz. Los franciscanos, que remplazaron a los jesuitas, no lograron mantener el control. En este periodo los yaquis empezaron a tener uno de los principales problemas que enfrentan hasta la fecha: el despojo de su territorio por parte de los colonos. Las luchas guerrilleras se sucedieron una a otra con el cambio de distintos líderes que eran ejecutados por el ejército. Este periodo es conocido como las Guerras del Yaqui y constituyó para el grupo un proceso de merma demográfica, pérdida de su territorio y desajustes políticos. Durante el Porfiriato se intensificó la ofensiva y miles de yaquis fueron vendidos como esclavos y deportados a Yucatán y a Quintana Roo. Los que lograron huir se refugiaron en Arizona.
En el conflicto revolucionario hubo una importante participación yaqui, pues prometieron devolverles su territorio al final de la guerra. Obregón faltó a la promesa y se dieron nuevos levantamientos hasta 1929.
Mediante los acuerdos establecidos con Lázaro Cárdenas en 1937, se les ratificó la posesión de 485 mil 235 hectáreas reconocidas como territorio exclusivo. Con estos acuerdos se perdieron dos poblados tradicionales, Cocoryt y Bácum; para reestablecer los ocho pueblos originales se fundaron Loma de Guamúchil y Loma de Bácum.
Con la construcción de la presa de la Angostura (1941) y la del Oviachic (1945), los yaquis perdieron el recurso indispensable del agua, por lo que tuvieron que migrar masivamente a los centros urbanos del estado; este problema se resolvió en parte con la construcción de canales. Es a través de todas estas movilizaciones de resistencia que los yoemes adquirieron un fuerte sentido de identidad y sentaron las bases de lo que sería su estructura social y organización comunitaria, la que hasta nuestros días sigue prevaleciendo a pesar de que casi han desaparecido como grupo étnico, producto del genocidio del que fueron objeto y de la llamada diáspora, es decir, de las movilizaciones que emprendieron, tanto de manera forzada como para huir de la persecución, culpables únicamente de ser un pueblo resistente a la asimilación económica y política que pretendía el Estado mexicano de la época.
Fundamento jurídico
El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos declara en su párrafo cuarto “Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que, en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos...” y en el artículo 42, el territorio nacional comprende: fracción IV. “La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes; y fracción V. “Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el derecho internacional y las marítimas interiores;” Así, de manera implícita se establece la pertenencia de las aguas e islas del Mar de Cortés al dominio de la nación mexicana.5
Po otro lado, el 28 de agosto de 1968, Gustavo Díaz Ordaz promulgó el decreto por el que delimita el Mar Territorial Mexicano en el Golfo de California. La zona situada al norte de las islas San Esteban, Tiburón y San Lorenzo, se convirtió en Mar Interior, con una superficie cercana a los 48 mil kilómetros cuadrados (km2). El 6 de febrero de 1976 las aguas de la mitad sur del Golfo de California, obviamente fuera de la franja de Mar Territorial, quedaron sujetas al régimen de Zona Económica Exclusiva, donde México tiene los derechos de soberanía sobre los recursos marinos, renovables y no renovables, de los fondos y subsuelo marino y de las aguas suprayacentes (DOF 13 de noviembre de 1976).6
José Luis de Azcárraga-Bustamante, puntualiza7 :
“Primera. El Golfo de California, en su totalidad, constituye una evidente inflexión o escotadura de las costas mexicanas del Océano Pacífico, al norte del Trópico de Cáncer, del paralelo 22 grados y medio al paralelo 32 grados y medio de latitud, aproximadamente, con riberas, asimismo en su totalidad pertenecientes al Estado mexicano y territorios circundantes de notoria extensión bajo igual soberanía.
Segunda. El llamado Mar de Cortés, que arranca, por su ribera oriental del Cabo Corrientes (20 grados 30 minutos) forma parte principal del tramo de entrada del Golfo y constituye pórtico de los títulos históricos de su conquista inicial, de su dominio y de su posterior y actual dependencia mexicana, nunca contestada y siempre aceptada por terceros países”.
En aras de reconocer a los pueblos originarios de México, en el Pueblo Yaqui de Sonora, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades competentes nacionales e internacionales, al cambio de nomenclatura geográfica de Mar de Cortés, para que se denomine Mar del Yaqui ; que, en todos los mapas y cartas, portulanos, que se generan por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y las que produce o utiliza la Secretaría de Marina, y la Comisión Nacional para la Biodiversidad, se adopte la nomenclatura de esta proposición de punto de acuerdo, Mar del Yaqui en lugar de Mar de Cortés.
Segundo. Que se comunique oficialmente por la Cámara de Diputados el acuerdo de este exhorto, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a la Secretaría de Marina, a la Comisión Nacional de Biodiversidad, al Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, y a la presidencia del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Nombres Geográficos.
Notas
1 Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_California#Toponimia. 26 de agosto de 2021. A las 18 horas.
2 Cap. de Nav. CG. Carlos Alejandro Sans Aguilar, 2010. El Golfo de California en su Totalidad como Aguas Interiores o Territoriales Mexicanas. Centro de Estudios Superiores Navales, Secretaría de Marina.
3 Luque Agraz, Diana y Robles Torres, Antonio (2006), Naturalezas, saberes y territorios Comcáac (Seri). Semarnat. México.
4 Guerrero Ruiz, Mercedes (2006). Las ballenas del Golfo de California. Instituto Nacional de Ecología (INE-Semarnat). Consultado el 26 de agosto de 2021. A las 18:00 horas.
5 Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, Articulo 27 y 42.
6 Conanp, 2000. Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California. Semarnat.
7 Azcárraga-Bustamante, José Luis de, 1976. El «Mar de Cortes» y el de Golfo de California: actualidad de una reivindicación mexicana a la luz del derecho internacional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2021.
Diputado Hirepan Maya Martínez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a instituciones de los tres niveles de gobierno a establecer un programa de atención integral de quienes requieren apoyo y acompañamiento para evitar el suicidio, a cargo de la diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, María Guadalupe Chavira de la Rosa, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud federal, del Instituto Nacional de Salud Pública y de las instituciones de los tres niveles de gobierno que se dedican a la atención, prevención, diagnóstico, y tratamiento de personas vulnerables, para que en el ámbito de sus atribuciones establezcan un programa de atención integral para las personas que requieren apoyo y acompañamiento a fin de evitar la decisión de quitarse de la vida, con base en las siguientes
Consideraciones
El suicidio es un acto privado que se puede sustentar a partir de las libertades y la autonomía de las personas, pero cuando alguien decide quitarse la vida por problemas económicos severos, por falta de acceso a servicios de salud, por violencia intrafamiliar, por acoso escolar, adicciones, por depresión de los jóvenes al ser rechazados para ingresar a la universidad, etcétera, hay una responsabilidad del Estado que debe atender a partir de políticas públicas.
El derecho a la vida es un derecho fundamental de todos los seres humanos, asimismo el acceso a los programas de bienestar es un derecho contemplado en nuestra Constitución política en el artículo cuarto, artículo 4o. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
...
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.
...
En el ámbito internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala lo siguiente:
Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
...
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 1 señala que todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y en su artículo 11 señala que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.
La tendencia ascendente y sostenida de suicidios no ha cesado en la actualidad, por el contrario, ésta se ha agudizado con la crisis sanitaria de la Covid-19, así lo señalan el Consejo Ciudadano, la Línea de la Vida de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) y la Red Mundial de Suicidólogos, quienes dan cuenta que en este escenario de la pandemia a nivel mundial, las personas suelen caer en cuadros de depresión, miedo y ansiedad que los pueden llevan al impulso de quitarse la vida.
Si bien México no es de los países con más suicidios en el mundo, ha reportado una tendencia creciente, constante y acelerada desde 2007. “Desde 1990 y hasta 2015 se suicidaron en México 104 mil personas 83 por ciento de ellas fueron hombres, y de éstos 72 por ciento tenían menos de 44 años de edad. Así, casi 62 mil hombres jóvenes se quitaron la vida en 26 años. En términos absolutos, en los noventa se suicidaban en promedio cada año 2 mil 731 personas. En 2020, sucedieron 7 mil 818 fallecimientos por lesiones auto infligidas en el país, lo que representa 0.7 por ciento del total de muertes en el año y una tasa de suicidio de 6.2 por cada cien mil habitantes. Las estrategias internacionales parten de la premisa de que el suicidio es prevenible ya que se da como un proceso que inicia con la ideación (preocupación autodestructiva, planificación de un acto letal o deseo de muerte), posteriormente pasa a intentos y, finalmente, a la consumación
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2018, de la población de 10 años y más, 5 por ciento declaró que alguna vez ha pensado en suicidarse; esto ocurre en 4 por ciento de los hombres y en 6 por ciento de las mujeres.
La idea suicida está más presente en las mujeres de 50 a 59 años (8 por ciento), seguida por las niñas y adolescentes de 10 a 19; las mujeres de 40 a 49 años y las de 60 años y más, los tres grupos con 7 por ciento. En la población masculina la idea suicida se presenta mayormente en la población de 40 a 49 años (6 por ciento), continuada por aquellos que tienen de 30 a 39 y los de 60 años y más, con 5 por ciento en cada uno de estos dos últimos grupos.
Si bien el vínculo entre el suicidio y los trastornos mentales (en particular, la depresión y el consumo de alcohol) está bien documentado en los países de altos ingresos, muchos casos se dan en personas que lo cometen impulsivamente en situaciones de crisis en las que su capacidad para afrontar las tensiones de la vida, como los problemas económicos, las rupturas de relaciones o los dolores y enfermedades crónicos, está mermada, además, se ha demostrado suficientemente que vivir conflictos, catástrofes, actos violentos, abusos, pérdida de seres queridos y sensación de aislamiento puede generar conductas suicidas. Las tasas de suicidio también son elevadas entre los grupos vulnerables y discriminados, como los refugiados y migrantes; los pueblos indígenas; las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales; y los reclusos. El principal factor de riesgo es, con diferencia, un intento previo de suicidio.
Derivado de lo anteriormente expuesto queda claro que el Estado tiene la obligación de velar por la vida, y la salud física y emocional de sus gobernados, con el fin de evitar que las personas tomen la decisión de quitarse la vida, por las distintas causas ya mencionadas.
Por tal motivo pretendo exhortar a los titulares de la Secretaría de Salud federal, del Instituto Nacional de Salud Pública y de las instituciones de los tres niveles de gobierno que se dedican a la atención, prevención, diagnóstico y tratamiento de personas vulnerables para que, en el ámbito de sus atribuciones, establezcan un programa de atención integral para las personas que requieren de apoyo y acompañamiento a fin de evitar la decisión de quitarse de la vida.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en estricto respeto al principio federalista de división de poderes, extiende un respetuoso exhorto a los titulares de la Secretaría de Salud federal, del Instituto Nacional de Salud pública y de las instituciones de los tres niveles de gobierno que se dedican a la atención, prevención, diagnóstico, y tratamiento de personas vulnerables para que, en el ámbito de sus atribuciones, establezcan un programa de atención integral para las personas que requieren de apoyo y acompañamiento a fin de evitar la decisión de quitarse de la vida.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2021.
Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SSPC y la Coordinación Nacional de Protección Civil a actualizar los atlas de riesgo en los 2 mil 469 municipios y alcaldías de México para evitar desastres naturales, a cargo de la diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, María Guadalupe Chavira de la Rosa, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el cual la Cámara de Diputados exhorta a los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y de la Coordinación Nacional de Protección Civil, a actualizar los atlas de riesgo en los dos mil cuatrocientos sesenta y nueve municipios y alcaldías de México, a fin de evitar y prevenir situaciones de desastre en territorio nacional, con base en las siguientes
Consideraciones
El derecho a la vida es el único bien tutelado por el Estado, en múltiples instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, es la vida misma. Las distinciones y excepciones generalmente van encaminadas a proteger a las personas, la expresión “derechos humanos” conceptualiza las prerrogativas más elementales que posee una persona, especialmente aquellas relacionadas con la protección a la vida, asimismo el derecho de las personas a disfrutar de una vivienda digna y a la seguridad, están establecidos en nuestra Carta Magna, así como en diversos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos que en sus artículos 3 y 25 establecen lo siguiente:
“Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
...
Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.
En el ámbito internacional la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre1 en su artículo I, establece que toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Bajo este orden de ideas, queda claro que la vida, la vivienda digna y la seguridad de las personas, son derechos fundamentales de los seres humanos y esenciales para el desarrollo económico, social y cultural de todas las sociedades, así como para el ejercicio de otros derechos humanos;
Según datos del Centro Nacional para la Prevención de Desastres (Cenapred), sólo 493 municipios y alcaldías de la República Mexicana cuentan con un atlas de riesgo actualizado al 2021, es decir solo 20 por ciento de los municipios, siendo el Estado de México la única entidad que cuenta con cien por ciento, por tanto se vuelve una obligación contar con esta actuación, para poder evitar en medida de lo posible pérdidas de vidas y futuros desastres como los acontecidos en fechas recientes, por desbordamiento de ríos, inundaciones provocadas por fenómenos naturales y terremotos.
De acuerdo con datos del Cenapred, las inundaciones son uno de los fenómenos naturales más comunes en nuestro país, prácticamente todos los años se producen por el desbordamiento de ríos, debido al exceso de lluvia, y pueden causar daños severos, los efectos negativos de las inundaciones, se deben en gran medida por la actividad humana, por la deforestación y la ubicación de las viviendas en zonas bajas cercanas a los ríos y costas.
Lo anterior trajo como consecuencia la pérdida de vidas, además de que familias enteras perdieran su patrimonio.
Por tal motivo, la suscrita legisladora realiza un exhorto a los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Coordinación Nacional de Protección Civil, para que actualicen los atlas de riesgo de los dos mil cuatrocientos sesenta y nueve municipios y alcaldías de México, a fin de evitar y prevenir situaciones de desastre natural en el territorio nacional, que implementen acciones que garanticen en la medida de lo posible que se siga asentando la población en zonas de riesgo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en estricto respeto al principio federalista de división de poderes, extiende un respetuoso exhorto a los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y de la Coordinación Nacional de Protección Civil para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, actualicen los atlas de riesgo de los dos mil cuatrocientos sesenta y nueve municipios y alcaldías de México, a fin de evitar y prevenir situaciones de desastre natural en el territorio nacional
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en estricto respeto al principio federalista de división de poderes, extiende un respetuoso exhorto a los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y de la Coordinación Nacional de Protección Civil, que implementen acciones que garanticen, en la medida de lo posible, que se siga asentando la población en zonas de riesgo.
Nota
1 Recuperado de: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp. Consultado el 12 de septiembre del 2021.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2021.
Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa (rúbrica)