Gaceta Parlamentaria, año XXIV, número 5867-III, lunes 13 de septiembre de 2021
- Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Conagua, el gobierno del estado de México y el ayuntamiento de Ecatepec de Morelos a generar lazos de coordinación para atender la emergencia en ese municipio por las intensas lluvias atípicas del 6 de septiembre de 2021, a cargo de la diputada María Guadalupe Román Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena
- Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y la Cofepris a difundir de manera asequible por medios físicos y digitales evidencia técnica y científica suficiente sobre la vacunación de menores de edad y su viabilidad, a cargo del diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, para exhortar al INM y la Guardia Nacional a garantizar el respeto de los derechos humanos y brindar seguridad y atención médica a migrantes que cruzan por la frontera sur de México, suscrita por las diputadas Laura Lorena Haro Ramírez y Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, para exhortar a la colegisladora a analizar, aprobar y expedir la Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil, a cargo del diputado Jaime Baltierra García, del Grupo Parlamentario del PT
- Con punto de acuerdo, para crear una comisión especial que vigile la actuación del CSG ante las conductas negligentes contra la salud de la ciudadanía, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
- Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Jucopo de esta soberanía a crear la comisión especial para la pacificación de México, a cargo del diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y la BUAP a garantizar el derecho a la educación en Puebla, a cargo del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena
- Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a instaurar una política pública de migración que atienda a migrantes y vele por los derechos humanos, a cargo de la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC a decretar por la Coordinación Nacional de Protección Civil la declaratoria de desastre natural en Zapopan, Jalisco, a cargo de la diputada Laura Lorena Haro Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE y la CRE a implantar la tarifa 1F en diversos municipios sonorenses por la persistencia de altas tarifas y bajas temperaturas extremas a lo largo del año y el confinamiento por la pandemia de Covid-19, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT
- Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la FGR a investigar los hechos de violencia ocurridos en los procesos electorales federales y locales de 2020-2021, y garantizar la reparación integral del daño; y a las autoridades federales y locales de seguridad pública a ejecutar mecanismos para garantizar la seguridad de las personas en el país, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Conagua, el gobierno del estado de México y el ayuntamiento de Ecatepec de Morelos a generar lazos de coordinación para atender la emergencia en ese municipio por las intensas lluvias atípicas del 6 de septiembre de 2021, a cargo de la diputada María Guadalupe Román Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada María Guadalupe Román Ávila, integrante de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 6 de septiembre del año en curso, intensas lluvias atípicas afectaron a municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México. Entre los más afectados, se encuentra el municipio de Ecatepec de Morelos; se encuentra en un estado de emergencia por severas anegaciones e inundaciones.
Derivado de estas intensas lluvias, lamentablemente, fallecieron 2 personas adultas y se registraron múltiples pérdidas materiales y afectaciones a la propiedad de los colonos de Ecatepec de Morelos. Datos de la Dirección de Protección Civil Municipal, mencionan que al menos 100 mil personas se verán afectadas por las inundaciones que se registraron.
Es importante resaltar que, por parte del gobierno de México; del gobierno del estado de México y del gobierno municipal de Ecatepec de Morelos, debe realizarse una mejor y mayor coordinación para la prevención y atención de esta contingencia. Es particularmente grave y preocupante la dimensión de los daños por falta de coordinación y colaboración entre gobierno del estado de México y gobierno municipal de Ecatepec de Morelos.
Como representante popular, siendo diputada por el distrito 17 federal, uno de los territorios con mayores afectaciones por estas intensas lluvias atípicas en la denominada Quinta Zona del Municipio de Ecatepec de Morelos, debo mencionar que es intolerable e indigno que miles de ecatepenses permanezcan aún con agua gris en sus domicilios. Esto es señal de que existe una ineficiencia en la atención de esta emergencia por parte de las autoridades municipales y estatales correspondientes.
Será importante y necesario que el gobierno de Ecatepec de Morelos, en conjunto con el gobierno de México puedan desarrollar un reporte y estatus sobre el funcionamiento del Túnel Emisor Oriente en el área de Ecatepec de Morelos. Debido a la dimensión del siniestro resulta inexplicable que muchas áreas permanezcan anegadas y los drenajes hayan colapsado en varias colonias y las familias estén inundadas con aguas negras.
El municipio de Ecatepec de Morelos se encuentra conectado al Túnel Emisor Oriente, uno de los sistemas de drenaje profundo más grandes de Latinoamérica. Tiene la función de eficientar el desalojo de aguas para evitar inundaciones, apoyando a las funciones de los cárcamos de la región que se ven rebasados en temporada de lluvias, provocando desbordamientos, anegaciones e inundaciones criticas; sin embargo, no se ha realizado el buen manejo técnico de este sistema, provocando que las aguas grises continúen inundando las calles de este territorio.
En este tenor, se tiene la urgencia de la revisión de la operación del sistema y de las compuertas hidráulicas del Valle de México Oriente, del Gran Canal, del drenaje del Canal de Cartagena y Río de los Remedios; para saber si están siendo operados con la destreza, experiencia y conocimiento suficiente para hacer frente a eventos de este tipo.
Realizo un llamado al gobierno municipal de Ecatepec de Morelos y lo exhorto a verificar el funcionamiento del sistema municipal de drenaje, cárcamos y colectores y a rendir un informe a la ciudadanía sobre lo que se realizó de manera preventiva para la temporada de lluvias y durante la contingencia.
Presento este punto de acuerdo como diputada federal y como vecina de la quinta zona del municipio de Ecatepec de Morelos. Haciendo un llamado a los tres niveles de gobierno para que se atiendan las necesidades de los ecatepenses afectados.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero.- La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de México a que debido a las afectaciones derivadas de las intensas lluvias atípicas, se declare el municipio de Ecatepec de Morelos como zona de desastre para acceder a los recursos necesarios y se destinen para la reparación de los daños y la realización de obras destinadas para evitar la repetición de un evento con consecuencias tan catastróficas.
Segundo.- La honorable Cámara de Diputados exhorta a los titulares de la Conagua (Comisión Nacional del Agua); CAEM (Comisión del Agua del Estado de México) y SAPASE (Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec de Morelos) para que de manera conjunta implementen un equipo técnico para el funcionamiento del Túnel Emisor Oriente para eficientar el desalojo de aguas residuales en el municipio de Ecatepec de Morelos y evitar futuras inundaciones.
Tercero.- La honorable Cámara de Diputados exhorta al gobierno de México, al gobierno del estado de México y al gobierno de Ecatepec de Morelos a que coadyuven en la realización de un censo sobre las personas afectadas en su salud o patrimonio y requieran de apoyo inmediato para la recuperación de bienes y/o en su caso indemnización de daños.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2021.
Diputada María Guadalupe Román Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y la Cofepris a difundir de manera asequible por medios físicos y digitales evidencia técnica y científica suficiente sobre la vacunación de menores de edad y su viabilidad, a cargo del diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario del PAN
El diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción 2, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud. doctor Jorge Alcocer Vidal; y al titular de la Cofepris, doctor Alejandro Svarch Pérez, a que, de manera coordinada y en el ámbito de sus atribuciones, difundan evidencia técnica y científica suficiente, de manera asequible, por los medios físicos y digitales que consideren, relativa a la vacunación en menores de edad y su viabilidad, al tenor de los siguientes
Antecedentes
El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al Coronavirus Covid-19 oficialmente como una pandemia mundial. Tras la declaración de la OMS, diversos países pusieron en marcha medidas para prevenir contagios masivos, incluido México.
El 6 de septiembre del presente año, se registraron 5 mil 127 nuevos contagios y 330 decesos por Covid-19. En total se han confirmado 3 millones 433 mil 511 casos positivos. Una cifra alta, sin embargo el número de decesos continúa a la baja gracias a la vacunación.1
Los avances en la vacunación, se dan de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación, el cual permite el desarrollo de programas estatales para organizar la aplicación de vacunas contra el Covid-19. Con datos al 6 de septiembre, en al menos 30 entidades federativas, el avance de la inmunización rebasa el 50%, lo que supone un panorama alentador, reconociendo que aún se tiene mucho por hacer.
Hasta el 5 de septiembre se han aplicado 87 millones 224 mil dosis contra Covid-19 de diversas farmacéuticas. Los segmentos de población para recibir la vacuna, se dividieron en: Adultos de 60 años y más, 50 a 59 años, 40 a 49 años, 30 a 39 años, 18 a 29 años y personal educativo.
Como se mencionó en párrafos anteriores, la vacunación ha permitido una reducción en el número de decesos, por lo que hoy en día en muchas entidades se mantienen un proceso abierto y permanente de vacunación para mayores de 18 años.
Como ejemplo, la Ciudad de México se encuentra en semáforo amarillo a partir del 6 de septiembre, con sedes de vacunación permanentes en algunas Alcaldías, en lo que respecta a los jóvenes mayores de 18 años, la mayoría se encuentra vacunado al menos con una dosis.
Esta mejoría en la situación general de la pandemia en México, ha derivado en diversas acciones por parte del Gobierno e instituciones, con la reanudación de clases presenciales en los niveles básicos, aunque de manera escalonada, representa un avance.
Algunas instituciones de educación superior incluso se han pronunciado, tal es el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, que emitió un comunicado informando que se valorará la posibilidad de retomar actividades presenciales para prácticas, clínicas, experimentos o presentaciones, siempre y cuando así lo determinen los Consejos Técnicos.2
Con un entorno en donde las clases se han reanudado, la probabilidad de contagio entre los más pequeños era alta. Hasta la mañana del martes 7 de septiembre, se tuvo que proceder al cierre de 39 escuelas por la presencia de casos de Covid-19, con 88 casos de contagio detectados en las aulas.3
Como se ha observado en los casos de Covid-19 hay una posibilidad latente de estragos en órganos y el cuerpo humano en general. Por este motivo es importante prevenir entre los más pequeños el hecho de enfermar gravemente a consecuencia de este virus causante de la actual pandemia.
Desafortunadamente la desinformación y falta de claridad en las declaraciones de las autoridades sanitarias ha sido una constante en los meses que la pandemia ha azotado a nuestro país. Es necesario recordar cuando el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud menospreció la utilidad del cubreboca, así como del número de contagios probables en México, y la duración de la misma pandemia. Incluso hubo comunicados desafortunados en los que se desestimaba la situación sobre el Covid-19.
En Estados Unidos, Cuba y países de la Unión Europea se ha autorizado la vacunación entre menores de 18 años. La experiencia internacional, con dictámenes de organismos reguladores que han avanzado en los estudios y valoración de riesgos de este proceso de vacunación entre los más pequeños permite reducir la incidencia de casos graves.
En casos como el Reino Unido, se ha informado que la vacuna Pfizer es la única autorizada para personas mayores de 12 años, por lo que existe evidencia y antecedentes de la posibilidad de vacunar a este sector de la población.4 Del mismo modo, en Estados Unidos la misma vacuna, fue autorizada para su aplicación en mayores de 12 años el 10 de mayo del 2021.5
La vulnerabilidad de cara al regreso a clases es una situación que necesita especial atención, ya que si bien los mayores de 18 años cursan los últimos meses de educación media superior, la gran mayoría de estudiantes tiene menos de 18 años.
Esta situación ha propiciado la promoción de amparos, que hasta ahora suman un aproximado de 250, en los que se solicita que los menores de edad sean vacunados contra Covid-19. Es claro que el acceso a la vacunación no puede estar directamente relacionado a un amparo, sino que debe de ser universal, como parte del derecho a la salud establecido en el artículo cuarto de la Constitución de nuestro país.
Por este motivo, se considera necesario que exista información veraz, oportuna y clara sobre la vacunación correspondiente a los menores de 18 años, así como una evaluación técnica que permita poner en manos de los ciudadanos la información completa sobre este proceso.
Derivado de lo anterior, se presentan los siguientes:
Considerandos
Primero. Que la constitución en su artículo 4, párrafo cuarto establece que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.
Segundo. Que de acuerdo al artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Poder Ejecutivo de la Unión cuenta con la Secretaría de Salud para el despacho de los asuntos del orden administrativo.
Tercero. Que en el artículo 39 fracción I de la Ley antes mencionada, se establece que a la Secretaría de Salud le corresponde el despacho de: elaborar y conducir la política nacional en materia de servicios médicos universales y salubridad en general.
Cuarto. Que en el artículo 39 fracción VII de la ley referida, a la Secretaría de Salud le corresponde “planear, normar y controlar los servicios de atención médica, salud pública, asistencia social y regulación sanitaria”
Quinto. Que de conformidad con el artículo 39 fracción XVI le corresponde a la misma dependencia “estudiar, adaptar y poner en vigor las medidas necesarias para luchar contra las enfermedades transmisibles”.
Sexto. Que el párrafo primero del artículo 17 bis de la Ley General de Salud establece que: “La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios que conforme a la presente Ley, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los demás ordenamientos aplicables le corresponden a dicha dependencia en las materias a que se refiere el artículo 3o. de esta Ley en sus fracciones I, en lo relativo al control y vigilancia de los establecimientos de salud a los que se refieren los artículos 34 y 35 de esta Ley: XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, ésta salvo por lo que se refiere a cadáveres y XXVII, esta última salvo por lo que se refiere a personas, a través de un órgano desconcentrado que se denominará Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.”
Séptimo. Que de conformidad con la fracción II del artículo 17 bis de la Ley referida, a la Cofepris le corresponde la instrumentación de la política nacional de protección contra riesgos sanitarios en materia de medicamentos y otros insumos para la salud.
Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión LXV Legislatura la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud, doctor Jorge Alcocer Vidal; y al titular de la Cofepris, doctor Alejandro Svarch Pérez, a que, de manera coordinada y en el ámbito de sus atribuciones, difundan evidencia técnica y científica suficiente, de manera asequible por medios físicos, digitales y, en general, por los medios de difusión al alcance del gobierno federal, relativa a la vacunación en menores de edad y su viabilidad.
Notas
1 https://mexico.as.com/mexico/2021/09/06/actualidad/1630946929_903612.ht ml
2 https://www.infobae.com/america/mexico/2021/09/06/unam-volvera-a-clases -presenciales-en-semaforo-amarillo-estas-actividades-se-reanudaran/
3 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/09/07/covid-cierra-39-esc uelas-en-primera-semana-de-regreso-a-clases-presenciales/
4 https://www.gov.uk/government/publications/jcvi-statement-august-2021-c ovid-19-vaccination-of-children-and-young-people-aged-12-to-17-years/jc vi-statement-on-covid-19-vaccination-of-children-and-young-people-aged- 12-to-17-years-4-august-2021
5 https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-1 9-update-fda-authorizes-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-emergency-use
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el 13 de septiembre de 2021.
Diputado Luis Mendoza Acevedo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al INM y la Guardia Nacional a garantizar el respeto de los derechos humanos y brindar seguridad y atención médica a migrantes que cruzan por la frontera sur de México, suscrita por las diputadas Laura Lorena Haro Ramírez y Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI
Las que suscriben, diputadas Laura Lorena Haro Ramírez y Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la presente “proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Migración y a la Guardia Nacional para que asegure el respeto a los derechos humanos y brinde seguridad y atención médica a las personas migrantes que cruzan por la frontera sur de México”, considerando los siguientes
Antecedentes
El sábado 28 de agosto de 2021 se registró un hecho sumamente desagradable, vergonzoso y denigrante durante el operativo implementado en la carretera Tapachula-Arriaga, en el perímetro correspondiente al poblado Cruz de Oro del municipio Tuzantán del estado de Chiapas.
En el transcurso del operativo de control y verificación migratoria de las personas migrantes de países vecinos del sur del país, diversas personas integrantes de esta caravana fueron agredidas verbal y físicamente por elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración.
Las agresiones quedaron registradas por diversos medios de comunicación, de manera particular, circuló un video que evidenció el salvajismo con el que actuaron algunos elementos de estas instituciones. Esta prueba documental da cuenta del momento específico en el que dos hombres, pertenecientes al Instituto Nacional de Migración, someten y patean en la cabeza a una persona migrante, mientras elementos de la Guardia Nacional impiden que alguien detenga tal acto de barbarie.1
Producto de este hecho ruin y salvaje, actores políticos y organizaciones de la sociedad civil manifestaron su indignación y condenaron estos actos, destacando los realizados por Amnistía Internacional2 y la Organización de las Naciones Unidas3 en donde llaman a las instituciones de nuestro país para que privilegien y aseguren los derechos humanos de las personas migrantes:
Ante la polémica de la violación de protocolos y leyes que protegen los derechos humanos de los migrantes y personas en tránsito, el Instituto Nacional de Migración informó la tarde del lunes 30 de agosto de los corrientes, que los agentes involucrados fueron separados de sus cargos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.4
Esta situación debe trascender más allá de las sanciones y medidas preventivas. En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional consideramos que se debe analizar con urgencia la problemática migrante que se vive en la frontera sur, en el marco de una crisis sanitaria y económica que impulsa a un mayor número de personas a salir de sus países.
Hoy más que nunca requiere de una revisión puntual de la Política Migratoria bajo este contexto adverso y, es preponderante que se aplique la legislación vigente en la materia
Por ello consideramos necesario y urgente que el Instituto actué conforme a derecho para salvaguardar la integridad y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes y en tránsito, establecidos en nuestra Constitución y en diversos tratados internacionales.
Por su parte, conminamos a la Guardia Nacional a cumplir con los protocolos de actuación establecidos y evitar cualquier tipo de agresión y abuso de la fuerza. Es imprescindible que cualquier acto de autoridad se rija bajo los criterios elementales de respeto irrestricto a los derechos humanos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado ponemos a la consideración de la Asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración para que, en el marco de sus atribuciones, asegure la integridad y garantice el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas migrantes que pretenden ingresar al país por la frontera sur.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Guardia Nacional para que, con base en sus protocolos de actuación, evite cualquier abuso de autoridad y uso de la fuerza en contra de las personas migrantes. Asimismo, fortalezca sus sistemas de formación y capacitación de sus elementos para el cumplimiento y salvaguarda de los derechos humanos de este sector vulnerable.
Notas
1 https://www.youtube.com/watch?v=V09KwnKRy3Y
2 https://politica.expansion.mx/mexico/2021/08/30/la-cndh-y-ai-condenan-l as-agresiones-de-agentes-a-migrantes-en-chiapas
3 https://www.milenio.com/internacional/onu-exige-mexico-respetar-derecho s-migrantes-casos-chiapas
4 https://twitter.com/INAMI_mx/status/1432479902196928513
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2021.
Diputadas: Laura Lorena Haro Ramírez y Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (rúbricas)Con punto de acuerdo, para exhortar a la colegisladora a analizar, aprobar y expedir la Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil, a cargo del diputado Jaime Baltierra García, del Grupo Parlamentario del PT
El que suscribe, diputado Jaime Baltierra García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y la fracción III del numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la Cámara de Senadores para que, en uso de sus atribuciones, analice, apruebe y expida la Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Septiembre se ha convertido en el mes negro para el país. El pasado martes 7 de septiembre, como hace 4 y 36 años antes, el país se estremeció con un nuevo sismo con epicentro en el estado de Guerrero, que provocó miedo y pánico entre la población del centro del país.
En los días previos, varias entidades del país también padecen los estragos de las lluvias provocadas por la temporada de huracanes, que cada año cobran su cuota de víctimas.
Con estos eventos, una vez más los fenómenos naturales nos recuerdan cuán expuesta está la población a sufrir daños en sus bienes y personas y la alta responsabilidad que tenemos los diputados para dotar a todos los órdenes de gobierno de los instrumentos jurídicos para prevenir, mitigar y atender las consecuencias de los desastres naturales.
Si bien la frecuencia con la que se presentan este tipo de fenómenos que perturban la paz y tranquilidad de la población ha estimulado la generación de una cultura de la prevención, los esfuerzos aún no han sido suficientes. Ello obedece, entre otros factores, al crecimiento urbano, el desarrollo en vivienda y empresas que se siguen creando en el país, lo que obliga a mantener una permanente actualización en cuanto a las medidas de prevención que deben adoptarse.
Es en esa dirección como el pasado 3 de diciembre, en sesión ordinaria, la LXIV Legislatura aprobó la Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil, que establece las bases de coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno en materia de protección civil y de asistencia a la población que infortunadamente padece las consecuencias de los fenómenos naturales.
El dictamen que crea este nuevo ordenamiento abroga la Ley General de Protección Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012 y sus subsecuentes reformas.
Su confección deriva de diversas iniciativas presentadas por diferentes grupos parlamentarios. Entre los promoventes está la iniciativa presentada por mi compañera del Partido del Trabajo, Margarita García García, que también integraba la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres en la pasada Legislatura.
En su propuesta mi compañera señalaba que la iniciativa tiene como finalidad crear un ordenamiento jurídico con el objeto de establecer las bases de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno en materia de gestión integral de riesgos de desastres y protección civil.
Entre los puntos torales que señalaba, propuso la transformación del Sistema Nacional de Protección Civil al Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres y Protección Civil, así como la creación de nuevos instrumentos de plantación y nuevas instancias.
También la iniciativa consideraba un nuevo sistema financiero denominado Fondo para la Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre, el cual tiene como objetivo la promoción y fomento de la actividad preventiva tendiente a reducir los riesgos y disminuir o evitar los efectos del impacto destructivo originado por amenazas naturales.
Entre las consideraciones que presentó señalaba que “El vasto territorio que conforma nuestro país, es muy vulnerable a sufrir una gran cantidad de desastres naturales, tales como: sismos, huracanes, inundaciones, tsunamis, vulcanismo, inestabilidad de laderas entre otros”.
Como ejemplo de lo anterior la diputada ilustraba que “El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) estima que, en promedio, los desastres naturales cobran 480 vidas humanas y 25 mil millones de pesos al año”.
“No cabe duda –agregaba la diputada– que es necesario conocer la vulnerabilidad y cuáles son las medidas de mitigación que se deben de tomar para su mitigación, desafortunadamente ese diagnóstico o atlas de riesgo de nuestro país se encuentra incompleto, de los 2 mil 446 municipios, en México sólo 393 cuentan con un atlas de riesgos y es decir sólo 16 por ciento del país ha sido diagnosticado, pese a que la anterior Ley General de Protección Civil, estableció en el artículo 83 la promoción para la creación de los atlas de riesgo”.
En cuanto a la parte financiera señala que “México invierte en promedio 21 veces más en reconstrucción y atención a desastres que en prevención para hacer frente a los desastres naturales”.
A manera de ejemplo citaba que “4.9 en promedio del total de presupuesto se invierte en prevención, en contrario y citando datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por cada peso que se invierte en prevención se ahorran 10 en atención”, se señalaba en la iniciativa presentada. Esa es la importancia de la prevención en todas las áreas de las políticas públicas.
“Son los argumentos anteriores –concluía mi compañera diputada– algunos el porqué es necesario evolucionar y perfeccionar la antigua ley de protección civil a una Ley General de Gestión Integral del Riesgo del Desastres y Protección Civil, lo anterior es sin duda imperante, ya que la prevención es fundamental para encarar los fenómenos naturales de la mejor manera, logrando con esto salvar la vida de los ciudadanos , y sus pertenencias, así como sus animales de compañía, y teniendo en cuenta el enfoque protector de los derechos humanos”.
Con esa perspectiva y considerando las otras iniciativas presentadas por las diversas fuerzas políticas representadas, el pleno de la pasada legislatura aprobó Ley General de Gestión Integral del Riesgo del Desastres y Protección Civil que precisa las bases de coordinación para la reducción de riesgos de desastres y de pérdidas ocasionadas tanto de vidas como de bienes.
Además considera la prevención de nuevos riesgos a través de medidas integradas e inclusivas de carácter económico, estructural, jurídico, social, sanitario e institucional que tienden incrementar la preparación para la respuesta inmediata, la reintegración y reforzar la resilencia.
En su artículo quinto transitorio, el nuevo ordenamiento que abroga la Ley General de Protección Civil y determina que las Secretarías de Hacienda y de Seguridad y Protección Ciudadana deberán emitir las reglas de operación de los programas que atenderán l prevención, atención de emergencias y desastres en un plazo no mayor a noventa días a partir de la entrada en vigor de la ley.
Bajo estas consideraciones y pretendiendo dotar a las autoridades de los instrumentos jurídicos que provean la protección y seguridad de los mexicanos y sus bienes se considera urgente que el Senado de la República concluya la labor legislativa para que la ley aprobada pueda entrar en vigor y cumplir con el objetivo que pretende.
Por todo lo anterior, presento ante el pleno de esta Cámara de Diputados, de urgente u obvia resolución la siguiente resolución con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados, LXV Legislatura, exhorta a la honorable Cámara de Senadores para que, en uso de sus atribuciones, analice, apruebe y expida la Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil que aprobó la LXIV legislatura el pasado 3 de diciembre de 2020 y se remitió a esa instancia para sus efectos constitucionales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2021.
Diputado Jaime Baltierra García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para crear una comisión especial que vigile la actuación del CSG ante las conductas negligentes contra la salud de la ciudadanía, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Los suscritos, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
I. La pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), tuvo su génesis en diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, República Popular China, misma que se extendió a diversas regiones de otros países. Ante ello, el 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró emergencia sanitaria internacional por dicho brote, por el cual, hasta ese momento, se tenían más de 200 muertes en China.1 Derivado del incremento en el número de casos y la rapidez con que el virus se extendía a varias naciones, el 11 de marzo de 2020, la OMS declaró como pandemia a la Covid-19; y el 16 de marzo de 2020 informa que se tenían casos confirmados en 151 países.2
Al 9 de septiembre de 2021, datos de la Universidad Carnegie Mellon, muestran que se han contagiado 223 millones 880 mil 207 personas en todo el mundo, de las cuales han fallecido 4 millones 616 mil 442. En el caso de México, el número de casos positivos, hasta esta misma fecha, asciende a 3 millones 465 mil 171, y ha padecido la muerte de 265 mil 420 personas.3
II. En México, la llegada de la Covid-19 comenzó en febrero de 2020, donde se detectaron los primeros contagios, sin embargo, no se establecieron las medidas correctas para detener su propagación, generando así, un incremento en el número de casos positivos en el país. Derivado de esto último, el Gobierno federal comenzó a dictar diversas medidas, las cuales se establecieron en el “Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, por lo que se establecieron las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia”, mismo que se publicó el 23 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación.4
Del mismo modo, se adicionó a este, el “Decreto por el que se declararon acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir dicha enfermedad”, el cual fue publicado el 27 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación.5
A su vez, el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el “Acuerdo por el que se declara emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19)”,6 y posteriormente, el 31 de marzo de 2020, se publica el “Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada”.7
De manera general, dichas medidas establecían: el confinamiento de una parte de la población más vulnerable, la cancelación de actividades no esenciales del sector público, así como del privado y social.
III . Las acciones tomadas por el Gobierno federal para mitigar los efectos de esta crisis sanitaria no han tenido resultados positivos, ya que en la toma de decisiones ha imperado la improvisación, teniendo como estrategia la mitigación y no la contención, esto con la finalidad de minimizar el costo económico que generan las medidas para frenar el contagio, todo ello sin tomar en cuenta a los expertos y especialistas en la materia.
Ejemplo de lo anterior se ve reflejado en el número de muertes que se han dado por Covid-19. En este sentido, al 9 de septiembre de 2021, México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial, en el número de muertos con 265 mil 420 fallecidos. Esto por debajo de la India con 441 mil 749; Brasil con 584 mil 421; y Estados Unidos de América (EUA) 652 mil 657. Asimismo, en esta misma fecha, nuestro país ocupó el segundo lugar a nivel mundial con 879 fallecimientos por día, tan sólo por debajo de EUA con 2 mil 146.8
Por su parte, las cifras que la Secretaría de Salud ha venido manejando, no han sido del todo confiables y la certeza de éstas queda en duda, ya que la información pública que ofrecen pareciera que es manipulada acorde a sus intereses, por lo que resulta incoherente escuchar cada semana cómo se aplazan los tiempos para llegar a los múltiples picos de contagios con la finalidad de aperturar las actividades económicas según les convenga.
Además, en esta pandemia por Covid-19 hemos visto cómo se han saturado los servicios de salud y como se han incrementado el número de fallecimientos colocándonos en el cuarto lugar a nivel mundial con 265 mil 420 fallecidos, los cuales perdieron la vida con la esperanza de tener un lugar en las clínicas y hospitales para ser atendidos.
Lo anterior ha generado una crisis no solamente sanitaria, sino también de carácter económico y social, ya que ha provocado el cierre de millones de empresas, la pérdida de millones de empleos y el aumento del rezago educativo de nuestros niños y adolescentes generado por la implementación de una estrategia fallida.
IV. Hoy, el mal manejo de la pandemia ha ocasionado graves efectos en la economía mexicana, lo cual ha dejado más de diez millones de nuevos pobres, de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).9
A su vez, otro de los sectores más afectados por los estragos de la pandemia es el empresarial, integrado por las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que para junio del año 2020 según los resultados de la encuesta realizada por la Asociación de Emprendedoras de México (ASEM), del 77 por ciento de las Mipymes corrían el riesgo de finalizar sus operaciones en menos de dos meses, 25 por ciento se verían forzadas a disminuir su personal, mientras que 57 por ciento de los micro empresarios expresaron que se les dificultaría pagar a sus empleados, así también, 3 de cada 10 tendrían problemas para pagar sus préstamos o créditos y 40 por ciento para pagar sus impuestos, asimismo, 47 por ciento presentaría dificultades de cobranza a sus clientes y el 87 por ciento de las empresas perderían ventas, clientes y aprobación de nuevos trabajos.10
Por su parte, en el sector educativo, de acuerdo con datos de la Encuesta de Medición del Impacto Covid-19 en la Educación (ECovid-ED) 2020, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), mostró que, tras varios meses del confinamiento y la crisis económica a causa de las medidas implementadas durante la emergencia sanitaria, 5.2 millones de personas tuvieron que interrumpir sus estudios, de las cuales 2.9 millones, entre 3 a 29 años de edad, no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021, por falta de recursos económicos, viéndose obligados a buscar trabajo para contribuir al ingreso familiar; y, 2.3 millones dejaron sus estudios por motivos relacionados con el Covid-19.11
Por todo lo anterior, podemos ver como en nuestro país no se ha contado con una estrategia certera, ya que desde un inicio no se hicieron pruebas suficientes para detectar los contagios de casos asintomáticos, que son la mayor fuente de infección y dispersión del virus, no se cerraron ni se vigilaron las fronteras; se ha desestimado el uso del cubrebocas; no hubo apoyo económico real y efectivo para las familias más vulnerables y tampoco se apoyó de manera adecuada a las micro, pequeñas y medianas empresas para que siguieran adelante con sus labores y la inversión en salud no fue una prioridad.
Si bien es cierto que contener una crisis sanitaria de un virus totalmente desconocido resulta ser un gran reto, también es cierto que a más de un año de esta pandemia se siguen cometiendo los mismos errores, en lugar de aprender de ellos, lo que se convierte en una irresponsabilidad y negligencia generada por el Ejecutivo.
V. En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano estamos comprometidos en hacer valer los derechos de las mexicanas y los mexicanos, por lo que es imperante ser vigilantes de los errores y omisiones del Ejecutivo federal.
En tal sentido, es importante señalar que el mal manejo de la crisis sanitaria por Covid-19 ha generado graves afectaciones en los sectores torales para el desarrollo de nuestro país, sin que por ello se tenga alguna repercusión ante la falta de ética de las autoridades responsables, por esto, el propósito del presente punto de acuerdo es contar con un órgano evaluador independiente que en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, ello a través de la Cámara de Diputados, la cual deberá crear de manera inmediata, una Comisión Especial que vigile y fiscalice la actuación del Consejo de Salubridad General ante actos o conductas negligentes que atenten contra la salud o vida de los ciudadanos, misma que servirá como antecedente para sancionar al presidente del consejo, conforme a lo establecido en el artículo 108 de nuestra Carta Magna.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Que en términos del artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que con base en sus atribuciones, realice los trámites necesarios para la creación de la comisión especial la cual tendrá como finalidad la vigilancia y la fiscalización de la actuación del Consejo de Salubridad General ante actos o conductas negligentes que atenten contra la salud o vida de la ciudadanía, misma que servirá como antecedente para sancionar al presidente del consejo, así como a las autoridades que resulten responsables por su actuación.
Segundo. La comisión especial se integrará por el número de diputados que así lo determine la Junta de Coordinación Política y de manera proporcional a la representación de cada uno de los grupos parlamentarios con representación en la Cámara de Diputados.
Tercero. La comisión especial de la Cámara de Diputados tendrá vigencia a partir del día de publicación de su creación en la Gaceta Parlamentaria hasta que se termine la presente legislatura o bien se haya cumplido o agotado su objeto.
Cuarto. La comisión especial de la Cámara de Diputados contará con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la realización de sus atribuciones que para tal efecto autorice el Comité de Administración con sujeción a la normatividad aplicable de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Notas
1 “Coronavirus de China: la OMS declara el brote de neumonía de Wuhan emergencia internacional”, BBC News Mundo, 2020: recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51318222
2 “La OMS declara el brote de coronavirus pandemia global”, EL PAÍS, 2020, recuperado de: https://elpais.com/sociedad/2020-03-11/la-oms-declara-el-brote-de-coron avirus-pandemia-global.html
3 “Covid-19”, Universidad Carnegie Mellon, 2021
https://www.covidvisualizer.com/
4 “Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia.”, Diario Oficial de la Federación, 2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020
5 “Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19).”, Diario Oficial de la Federación, 2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590673&fecha=27/03/2020
6 “Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19).” Diario Oficial de la Federación, 2020, recuperado de:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/2020
7 “Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2.” Diario Oficial de la Federación, 2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020
8 “Covid-19 - Crisis del coronavirus”, Expansión/Datosmacro.com, 09 de septiembre del 2021
https://datosmacro.expansion.com/otros/coronavirus
9 Excélsior , “‘Covid-19 dejará 10 millones más de pobres’: Coneval”, 12 de mayo de 2020, recuperado de:
https://www.excelsior.com.mx/nacional/covid-19-dejara-10 -millones-mas-de-pobres-coneval/1381333
10 Expansión , “El Efecto Covid-19en las pymes”, 12 de junio de 2020, recuperado de: https://expansion.mx/opinion/2020/06/12/el-efecto-covid-19-en-las-pymes
11 “Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación (ECovid-ED) 2020”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/investigacion/ecovided/2020/doc/eco vid_ed_2020_presentacion_resultados.pdf (consultado el 31 de agosto de 2021).
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2021.
Diputados: Jorge Álvarez Máynez, Salomón Chertorivski Woldenberg (rúbricas).Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Jucopo de esta soberanía a crear la comisión especial para la pacificación de México, a cargo del diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, Francisco Javier Huacus Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, LXV, con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 79, 205, 207 y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados, acude ante el pleno de esta soberanía a fin de presentar la proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se solicita a la Junta de Coordinación Política la creación de la Comisión Especial para la pacificación de México, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Se dice que en política se vive siempre sobre un volcán; hay que estar siempre preparados para súbitas convulsiones y erupciones. Y esta frase bien cabe en el marco de la inseguridad pública en México. Hoy nos encontramos sobre un volcán incierto, riesgoso y azaroso.
México se encuentra en una situación insostenible, donde la inseguridad, la violencia y grupos delictivos atentan contra el bienestar de los ciudadanos. En diversos estados de la república, las autoridades han sido suplantadas de sus funciones constitucionales por los poderes fácticos, ante los profundos vacíos de autoridad y la continua socavación del Estado de derecho de la nación.
El Poder Ejecutivo presentó en 2018 su Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, y en 2019 se presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 con el objetivo de emprender la construcción de la paz y la promoción de la cultura de la paz, sin embargo, estos no han tenido mayor impacto en la seguridad en México.
Ya que el 2021, en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), solo en mayo pasado fueron asesinadas en México 3 mil 61 personas, asimismo la ONG señalo que menos 15 de los 32 estados de México están en foco rojo en delitos de crimen organizado, pues tienen las tasas más altas de homicidio, secuestro, extorsión, narcotráfico y robo de vehículo.
La organización explicó que el delito de homicidio se comportó de manera similar al año pasado, pues registró una ligera disminución del 1 por ciento por lo que se mantiene la tasa de 28 víctimas de homicidios por cada 100 mil habitantes. Refiriendo que las zonas del territorio con tasas más altas de homicidio son aquellas en donde dos o más células delictivas se disputan los territorios, con el objetivo de producir, importar, traficar o vender alguna sustancia prohibida.2
En Michoacán, en marzo de 2021, se anunció un operativo de seguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en coordinación con la Guardia Nacional (GN), estableciendo un despliegue operativo de 980 elementos de la GN y el Ejército, a fin de reducir la elevada tasa de homicidios en la entidad particularmente en los municipios de Zamora, Jacona, Uruapan, Zitácuaro y Morelia, donde posteriormente se podría extenderse a los municipios que así lo requieran.
Sin embargo, este despliegue nunca cumplió con sus objetivos en el Valle de la Tierra Caliente de Apatzingán, donde se viven momentos de temor, miedo y angustia. Ante este contexto de impunidad pública, se registra otro fenómeno derivado por la violencia como es el éxodo de la población, hecho que se registra diariamente. Ante ello, la ciudadanía decidió abandonar sus hogares y lugares de residencia solo para salvaguardar la vida y la de sus familias. Así, por el profundo vacío institucional de la autoridad en los municipios que integran la demarcación política, los grupos delictivos se apropiaron de territorios, de la vida y de la libertad de los habitantes.
En semanas recientes la violencia se incrementó con fuerza en los municipios de Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla y Coalcoman, derivado de ello, se registró el desplazamiento forzado de familias en la región, ocasionado por las acciones beligerantes de los grupos delictivos que operan indiscriminadamente en los límites de Michoacán y Jalisco.3
Por ello, como integrante del Partido de la Revolución Democrática asumimos la responsabilidad legal y constitucional, con el fin de resolver la problemática que viven diversos estados, y donde el poder Ejecutivo federal no ha cumplido con la encomienda de avanzar en la disminución de la tasa de violencia debido a su disímbola complejidad, por lo que urge transitar por otros mecanismos institucionales para asumir la problemática al conformar una comisión especial con el objetivo de reestablecer las garantías constitucionales y derechos humanos en el país.
Como diputado del distrito 12 de Apatzingán, coadyuvaré y seguro estoy de que también el resto de los integrantes de la honorable Cámara de Diputados para recuperar la paz y la seguridad de los mexicanos; por ello, proponemos la creación de la Comisión Especial para la pacificación de México, con el objetivo diseñar estrategias en harás de erradicar la violencia de estados como Michoacán, Zacatecas, Colima, Baja California, Morelos, Sonora, San Luis Potosí, estado de México, Chihuahua, Tlaxcala, Quintana Roo, Querétaro, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Tamaulipas y Baja California Sur.
Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Que en términos del inciso c), numeral 1, del artículo 34; y el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se solicita a este honorable pleno y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura, integre la Comisión Especial para la pacificación de México.
Segundo. Que la Comisión Especial para la pacificación de México, se integre por diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios con base en el criterio de proporcionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con la representación de legisladores correspondientes a las zonas con mayor índice de violencia.
Tercero. La Comisión Especial para la pacificación de México tendrá por objeto establecer un diálogo sostenible y permanente con la población afectada por la violencia, con el propósito de restituir la estabilidad social del país, al fomentar espacios de plena coordinación entre el poder federal, estatal y local, donde los sectores sociales afectados por los altos índices de violencia protagonicen las propuestas que solventen la problemática.
Cuarto. Que la Comisión Especial para la pacificación de México podrá solicitar la información que considere pertinente y realizar las acciones que correspondan para el cumplimiento de su objetivo, de conformidad con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.
Quinto. Que la Comisión Especial para la pacificación de México estará vigente todo el tiempo que sea requerido para alcanzar su objetivo.
Notas
1 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia- delictiva-87005
2 https://www.forbes.com.mx/al-menos-15-estados-en-foco-rojo-por- crimen-organizado-semaforo-delictivo/
3 https://elpais.com/mexico/2021-07-14/el-conflicto-criminal-en- michoacan-escala-a-la-tierra-caliente.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2021.
Diputado Francisco Javier Huacus Esquivel (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y la BUAP a garantizar el derecho a la educación en Puebla, a cargo del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Alejandro Carvajal Hidalgo, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, por el cual la Cámara de Diputados exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública Federal y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a fin de garantizar el derecho a la educación superior en el estado de Puebla, con base en las siguiente
Consideraciones
El derecho a la educación es un derecho fundamental de todos los seres humanos, lo cual permite adquirir conocimientos y alcanzar así una vida social plena. Es vital para el desarrollo económico, social y cultural de todas las sociedades, así como para el ejercicio de otros derechos humanos; es por ello que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3o. establece el derecho humano a la educación, el cual a continuación cito:
“Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación . El Estado -federación, estados, Ciudad de México y municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.”1
En el ámbito internacional la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre2 en su artículo XII, establece que toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,3 numeral 1, artículo 13, reconoce el derecho de toda persona a la educación; la Convención Americana Sobre Derechos Humanos4 en su artículo 26, establece que los Estados parte se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación; la Convención sobre los Derechos del Niño5 en su artículo 28, numeral 1, reconoce el derecho del niño a la educación.
Así mismo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad6 en el numeral 1, del artículo 24, así como los artículos 26, 27 y 29 del Convenio número 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, de la Organización Internacional del Trabajo7 reconoce el derecho de las personas con discapacidad y de pueblos indígenas a la educación.
Bajo este orden de ideas, la máxima casa de estudios del estado de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el pasado 27 de julio del presente año dio a conocer los resultados de admisión, donde 52 mil 500 estudiantes hicieron la prueba para poder ocupar los 37 mil 481 plazas disponibles, dando como resultado que cerca del 30 por ciento de los aspirantes quedaron sin un lugar .
Lo anterior trajo como consecuencia que al día siguiente el Frente Estudiantil Educación para Todos (FEET) se manifestara en contra de los resultados y le exigiera a la BUAP mediante un pliego petitorio, becas para los estudiantes de nivel superior, que no resultaron aceptados en dicho proceso de admisión.
De conformidad con una entrevista llevada a cabo con integrantes del FEET, señalaron que son un grupo que desde hace más de 11 años ha luchado por la ampliación de la matrícula en las instituciones de educación superior, el cual, cuando inició su activismo la BUAP tenía una matrícula de 45 mil estudiantes y hoy en día tiene alrededor de 125 mil; señalaron que la carrera de medicina sólo se ofertan 790 para licenciaturas en medicina en la BUAP y 300 lugares en la Universidad de la Salud del Estado de Puebla (USEP), pese a que ambas instituciones cuentan con la infraestructura y capacidad para recibir más estudiantes, la primera hasta mil 200 alumnos y la segunda hasta 450 alumnos.
De conformidad con el informe más reciente de Estadísticas en Salud de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el país se estima que hay “2.4 médicos por cada mil habitantes, mientras que la media de las naciones que conforman la organización es de 3.5”.8 Por lo que nuestro país se encuentra entre los últimos lugares en cuanto a número de médicos , resultando imperante llevar a cabo acciones necesarias y suficientes para incrementar dicha cifra, máxime que hoy en día nos enfrentamos ante una crisis de salubridad provocada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), que requiere de egresados de dicha profesión para poder darle atención médica correspondiente a quien lo necesite y así evitar el alarmante número de fallecimientos.
Motivo por el cual, el suscrito legislador pretendo exhortar a los titulares de la Secretaría de Educación Pública federal y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, para que implementen acciones que garanticen el acceso a la educación superior en la entidad federativa de Puebla y al mismo tiempo se lleve a cabo una mesa de trabajo con el Frente Estudiantil de Educación .
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en estricto respeto al principio federalista de división de poderes, extiende un respetuoso exhorto a los titulares de la Secretaría de Educación Pública federal y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, para que en el ámbito de sus respectivas competencias implementen acciones que garanticen el acceso a la educación superior en la entidad federativa de Puebla, con la finalidad de garantizar el derecho a la educación .
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en estricto respeto al principio federalista de división de poderes, extiende un respetuoso exhorto a los titulares de la Secretaría de Educación Pública Federal y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, para que, en coordinación con el Frente Estudiantil de Educación para Todos, lleven a cabo una mesa de trabajo, con la finalidad de buscar alternativas y soluciones al problema de exclusión de quienes buscan ingresar a la educación superior.
Notas
1 Recuperado de:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf . Consultado el 6 de septiembre del 2021.
2 Recuperado de: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp. Consultado el 6 de septiembre del 2021.
3 Recuperado de:
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cesc r.aspx. Consultado el 6 de septiembre del 2021.
4 Recuperado de: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_de rechos_humanos.htm. Consultado el 6 de septiembre del 2021.
5 Recuperado de:
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc. aspx. Consultado el 6 de septiembre del 2021.
6 Recuperado de:
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs. pdf. Consultado el 6 de septiembre del 2021.
7 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-americas/—-ro-lima/documents /publication/wcms_345065.pdf. Consultado el 6 de septiembre del 2021.
8 Recuperado de: https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-doctores-por-abajo-del-prom edio-de-OCDE-20210218-0154.html. Consultado el 6 de septiembre del 2021.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2021.
Diputado Alejandro Carvajal Hidalgo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a instaurar una política pública de migración que atienda a migrantes y vele por los derechos humanos, a cargo de la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal para que instrumente una política pública de migración que atienda a las personas migrantes; y cita a una reunión de trabajo al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez y al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, conforme a los siguientes
Antecedentes
La migración es un fenómeno mundial que ha obedecido a diversas causas como el cambio climático, la pobreza, las guerras, la falta de oportunidades, entre otros. Sin duda, el caso de América ha sido un fenómeno constante a lo largo de muchas décadas en el que gobiernos, organizaciones y actores de la sociedad civil han tratado de encontrar una solución.
En el sexenio de Vicente Fox se apeló por el respeto a los derechos de migrantes en su tránsito por México, se publicó el Plan Sur; se firmaron diversos Memorandos de Entendimiento como en el año 2002 en Materia de Derechos Humanos de Migrantes México-Guatemala; en el 2004 para la Protección de Mujeres y Menores de Edad Víctimas de Trata y Tráfico de Personas en la Frontera México-Guatemala y un similar con el Salvador en el 2005. Asimismo, se implementó el proyecto Fortalecimiento de las Delegaciones Regionales de la Frontera Sur.
Del 2006 al 2012, en la administración de Felipe Calderón se implementó el Plan de Reordenamiento de la Frontera Sur en el 2007; se firmó el Memorando de Entendimiento entre los gobiernos de México, El salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua para la repatriación digna, ágil y segura en el 2008 y en ese mismo año se reforma la Ley de Población para sancionar la migración indocumentada como falta administrativa quitando la sanción penal; en el 2011 se publicó la Ley de Migración con objetivos de respeto y principalmente protección de los derechos de las personas migrantes y la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto se emite el Programa Frontera Sur con el objetivo de dar protección a personas migrantes en su paso por México hacia Estados Unidos; se da a conocer el Plan “Estás en tu casa” cuyo objetivo era regularizar la situación migratoria de personas provenientes de Centroamérica; asimismo se publicaron los reglamentos de la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados y Protección complementaria.
Lo anterior, solo por mencionar algunas acciones de gobiernos que han mostrado la voluntad, con el objeto de velar por el respeto de los derechos de las personas migrantes.
En su Tercer Informe de Gobierno, el Presidente López Obrador mencionó que en el actual gobierno “no se han violentado derechos humanos de migrantes”, cuando un par de días anteriores de ese discurso veíamos a agentes federales migratorios golpeando brutalmente a un migrante y días después a otro agente migratorio amedrentando con palabras altisonantes a familias migrantes.
La situación está fuera de control para el gobierno federal quedando en evidencia que tanto el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional ahora son los principales violadores de derechos humanos de las personas migrantes que han tenido que abandonar su lugar de origen buscando una mejor vida.
Los abusos son sistemáticos y preocupantes, Human Rights Watch ha denunciado que más de 70 mil solicitantes de asilo han sufrido violación por parte de policías, agentes migratorios, y grupos criminales, a ello sumado el abuso por parte de las autoridades pues tan solo en México se reporta, por Médicos Sin Fronteras, alrededor de 40 mil personas en una grave crisis de persecución, hacinamiento y falta de accesos de servicios médicos.
Este gobierno atenta contra los derechos humanos de las personas migrantes, violentándolos física y psicológicamente, haciendo detenciones, con uso excesivo de la fuerza y deportaciones sin el debido proceso, así como casos de corrupción y coalición con el crimen organizado.
Urge revisar la actuación de los funcionarios y la responsabilidad de sus superiores para tomar la palabra al gobierno federal de la transparencia que resalta y poner bajo la lupa los informes y actuaciones de todos los que tienen que ver con esta grave violación a los derechos humanos.
La situación que guarda México lo hace ser un país de origen, tránsito, destino y retorno por lo que se necesita se instrumente una política pública migratoria donde su principal eje rector sea velar por los derechos humanos con principios pro persona y escuchar, mediante una reunión de trabajo al Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas y al Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño para explicar lo que sucede en la frontera sur de nuestro país y no permitir este tipo de violaciones.
Considerandos
I. Que el artículo 6, fracción I, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de las y los diputados.
II. Que conforme al artículo 1 párrafo primero, tercero y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, quedando prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional.
III. Conforme al artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, con el siguiente resolutivo:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal para que, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración instrumenten una Política Pública de migración que atienda a las personas migrantes velando por los derechos humanos con principios pro persona.
Segundo. La Cámara de Diputados cita a una reunión de trabajo al Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez y al Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez ante las Comisiones de Asuntos Frontera Sur, Asuntos Migratorios y Derechos Humanos de esta Cámara con el fin de explicar los sucesos en la frontera sur.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los trece días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno.
Diputado Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC a decretar por la Coordinación Nacional de Protección Civil la declaratoria de desastre natural en Zapopan, Jalisco, a cargo de la diputada Laura Lorena Haro Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, Laura Lorena Haro Ramírez, diputada federal de la LXV Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6, y en la fracción II del numeral 1 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, decrete la declaratoria de desastre natural en el municipio de Zapopan, estado de Jalisco, considerando los siguientes:
Antecedentes
El 24 de julio del año en curso, Jalisco registró la caída de lluvia más grande en la última década, afectando en su mayor parte al municipio de Zapopan y derivado de ello hubo el desbordamiento del Arroyo Seco, afectando a 17 colonias con grandes inundaciones.1
El pasado 29 de julio de 2021, nuevamente el municipio de Zapopan se vio afectado a causa principal de la ruptura de dos gaviones, mismos que fue ocasionado por la caída de 110 litros de agua por cada metro cuadrado en un lapso de 1 hora 20 minutos, la cual dejó múltiples inundaciones resultado afectadas a 24 colonias y más de 500 casas habitación de acuerdo al censo levantado por la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos.
Algunas de las afectaciones más relevantes son:
• 340 viviendas:
• 71 daño estructural;
• 33 inhabilitadas
• 272 daño en menaje (las cuales sólo son cifras aproximadas por no tener por concluido el censo)
• 59 vialidades afectadas.
• Escuelas con daño por azolves.
Entre las 24 colonias más afectadas sobresalen Miramar, Arenales Tapatíos, Lomas de la Primavera, Carlos Rivera Aceves, Santa Ana Tepetitlán y la Floresta de Colli.
Sin embargo, no sólo dos gaviones resultaron afectados como fue reportado por Protección Civil, también el cuarto gavión resulto afectado, razón por la cual los daños fueron catastrales.2
El 24 de julio del año en curso, Jalisco registró la caída de lluvia más grande en la última década, afectando en su mayor parte al municipio de Zapopan y derivado de ello hubo el desbordamiento del Arroyo Seco, afectando a 17 colonias con grandes inundaciones.
En este sentido, y derivado del fenómeno natural perturbador identificado como hidrometeorológico, el municipio de Zapopan se encontraba ya en una situación vulnerable y con grandes afectaciones que aún no se encuentran reparadas en su totalidad.
Aunado a ello, la tarde del pasado 4 de septiembre del año en curso, se registró una intensa y nueva lluvia, misma que en minutos registró corrientes de agua afectando diversas colonias como lo son Villas de la Primavera, Lomas de la Primavera y Miramar, esta última teniendo como consecuencia el desbordamiento del Arroyo Seco, recordado que son colonias que en los pasados últimos días de julio se habían afectado y que a la fecha se encuentran con daño estructural.
El registro de esta intensa lluvia ha dejado un sin número de inundaciones y resulta importante señalar que por lo menos en una vivienda que había sido declarada pérdida total en las inundaciones anteriores con esta nueva lluvia tuvo como consecuencia el desplome.
Del mismo modo se vieron afectadas vialidades principales afectando las comunicaciones, pues la lluvia alcanzó una altura aproximada de 15 centímetros, considerado que la intensidad disminuyó, sin embargo, las lluvias persistieron de moderadas a ligeras, pero sin parar por completo, situación que deja en desamparo a los residentes del municipio y en específico a los que habitan en las colonias mencionadas.
Encontrándose afectaciones en el suministro de agua potable que al día de hoy se encuentran aun regularizándose derivado de las tormentas que día a día se han presentado.
Motivo por el cual, resulta urgente que se puedan obtener los recursos federalizados para que se puedan ejecutar y mitigar los daños que al día de hoy se han presentado a causa de los fenómenos hridrometeorológicos por las lluvias pluviales que han afectado gravemente al Municipio de Zapopan.
De tal modo que es urgente que se decrete la Declaratoria de Desastre Natural y se publique en el Diario Oficial de la Federación a la brevedad posible con la finalidad de poder apoyar a la población afectada.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Jalisco a solicitar a la Coordinación Nacional de Protección Civil para que a la brevedad posible emita la Declaratoria de Desastre Natural, sea publicada en el Diario Oficial de la Federación y se otorguen los Apoyos Parciales Inmediatos al Municipio de Zapopan, Jalisco.
Notas
1 https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=haDhPjfisH8
2 https://www.youtube.com/watch?v=v1pQPJXBaRw
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2021.
Diputada Laura Lorena Haro Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE y la CRE a implantar la tarifa 1F en diversos municipios sonorenses por la persistencia de altas tarifas y bajas temperaturas extremas a lo largo del año y el confinamiento por la pandemia de Covid-19, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT
La suscrita, Ana Laura Bernal Camarena, diputada integrante de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, así como 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes
Antecedentes
El 24 de marzo de 2020 el Gobierno federal público en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se establece las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19)”, por la pandemia mundial originada por el virus que se originó en la ciudad de Wuhan, República Popular de China.
Por lo que el Gobierno federal realizó las medidas necesarias para disminuir los riesgos de contagios entre la población mexicana, por lo que exhortó al confinamiento temporal de manera de salvaguardar la salud y la de sus familias. Trayendo como consecuencia que en todos los hogares ocuparan más frecuentemente los aparatos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos, generando el aumento de suministro de luz eléctrica.
El aumento en los recibos de luz fue mayor en las entidades federativas que se encuentran en el norte del país, por las altas temperaturas que oscilan mayor a de los 35 grados centígrados (°C). El estado de Sonora se encuentra en la zona pacífico norte del país, donde inclusive tiene temperaturas más altas que el resto de las entidades federativas que comparten la frontera norte.
A comienzos del presente año, el gobierno del estado de Tabasco y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunciaron la eliminación del adeudo histórico en dicha entidad y la firma del convenio para la implementación de la tarifa doméstica 1F, la más baja del espectro eléctrico nacional para ayudar a la economía de las familias tabasqueñas.
Exposición de Motivos
El Estado Libre y Soberano de Sonora es una de las entidades federativas con las más altas temperaturas del país. La temperatura anual es de alrededor de 22 grados centígrados (°C), alcanzando la temperatura máxima promedio de 38°C, y la temperatura mínima en promedio es de 5°C.1
El ser humano ha buscado la forma de resguardarse principalmente del calor y del frío, por ello ha creado diversos aparatos que ayuden a regular las temperaturas en sus hogares. Y los sonorenses no son la excepción ya que indiscutiblemente necesitan de mínimo un ventilador y calefactor por el clima extremo en el que se encuentra.
Recientemente la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió a la población sonorense de la llegada de una ola de calor que aumentará la temperatura hasta los 47°C, emitiéndose así una alerta por las altas temperaturas, convirtiéndose en un tema sumamente preocupante para la salud de la población, principalmente a los grupos vulnerables.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que en los próximos días las temperaturas máximas en el estado de Sonora oscilan entre los 40 a 45 °C, emitiendo el aviso de precaución y debido cuidado a la salud de sus habitantes.2
Es de alta necesidad que en cada hogar sonorense exista como mínimo un ventilador y un calentador para regular las altas y bajas temperaturas que se presenta en todo el año.
Dicho anterior, conlleva el aumento en los recibos de luz que afecta los bolsillos de los sonorenses. Por ello la actual gobernadora del estado, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, logró que 33 municipios de los 72 que integran a Sonora, se subsidiará este servicio de primera necesidad. Además, acordó con la Comisión Federal de Electricidad la suspensión temporal de la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), por el uso frecuente de aparatos de ventilación.3
La tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) es una tarifa que se aplica a los servicios domésticos que registran mayor consumo mensual del límite superior promedio permitido por las tarifas domésticas.4
El confinamiento por la contingencia sanitaria generada por la pandemia del virus Covid-19, generó el aumento de uso de aparatos eléctricos y electrodomésticos que más aumentaron el consumo de energía eléctrica, aparte del ya necesario para la ventilación y calefacción en el hogar.
La Tarifa 1F es aplicable para las regiones del país con temperaturas muy cálidas y que corresponde a los hogares que cumplan con estas características:
• Tener menos de 2 mil 500 Kilowatts-hora de consumo de electricidad promedio mensual.
• Habitar dentro de una región que su temperatura sea de mínimo 33°C durante verano.5
Si bien el estado de Sonora, específicamente el Distrito 2 Federal que se compone con su cabecera en municipio de Nogales, conformado además por Agua Prieta, Arizpe, Bacoachi, Cananea, Cucurpe, Fronteras, Ímuris, Magdalena, Naco y Santa Cruz; se encuentran en una región con clima seco y semiseco, con temperaturas altas y bajas extremas durante todo el año; que desafortunadamente no cuentan con el beneficio de la Tarifa 1F y deben de pagar la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC).
Por ello, realizó el exhorto a la Comisión Federal de Electricidad a otorgar a la tarifa 1F a todos los municipios del Distrito 2 Federal del Estado de Sonora que no cuentan con esta tarifa subsidiada por el gobierno federal, ya que es la mayoría de la población se encuentra en estado de pobreza, convirtiéndose en un grupo vulnerable, lo que beneficiaría a la economía de las familias sonorenses.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía, a considerar la implementación de la Tarifa 1F en los municipios de Nogales, Agua Prieta, Arizpe, Bacoachi, Cananea, Cucurpe, Fronteras, Ímuris, Magdalena, Naco y Santa Cruz, todos pertenecientes al estado de Sonora, por la persistencia de altas y bajas temperaturas extremas a lo largo de todo el año y por el confinamiento debido a la pandemia de Covid-19 que influye radicalmente en los recibos de luz.
Notas
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Clima Sonora.
http://www.cuentame.org.mx/monografias/informacion/son/t erritorio/clima.aspx?tema=me&e=26
2 Gobierno de México. Pronóstico Meteorológico General. 09/septiembre/2021.
https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossub menu/pronostico-meteorologico-general
3 El Sol de Hermosillo . Suspensión de tarifa DAC será de gran ayuda: Pavlovich. 26/abril/2020.
https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/suspension-de -tarifa-dac-sera-de-gran-ayuda-pavlovich-5154254.html
4 Comisión Federal de Electricidad. Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC).
https://www.cfe.mx/hogar/infcliente/Documents/tarifaalto consumo.pdf
5 Comisión Federal de Electricidad. Tarifa 1f CFE: Precios de luz 2021. https://tarifasdeluz.mx/cfe-tarifas/domesticas-1f#cuando-asigna-cfe-la- tarifa-1f
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2021.
Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la FGR a investigar los hechos de violencia ocurridos en los procesos electorales federales y locales de 2020-2021, y garantizar la reparación integral del daño; y a las autoridades federales y locales de seguridad pública a ejecutar mecanismos para garantizar la seguridad de las personas en el país, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Los suscritos, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El 13 de mayo de 2021, el ciudadano Abel Murrieta, quien fuera procurador general de Sonora, abogado de la familia LeBarón, y entonces candidato de Movimiento Ciudadano, a la alcaldía de Cajeme, Sonora, fue víctima de la inseguridad y la violencia por la que atraviesa nuestro país.1
Al respecto, la Fiscalía General del Estado de Sonora realizó un operativo “para dar con los responsables del cobarde ataque en el que fue privado de la vida Abel Murrieta Gutiérrez, ex procurador de Justicia de Sonora y candidato a la alcaldía de #Cajeme”.2 Sin embargo, según se ha reportado recientemente, y consta en las investigaciones, algunos presuntos autores materiales habrían escaparse, y otros detenidos, y el asesinato continúa impune.3
Asimismo, el 25 de mayo de 2021, la entonces candidata a la presidencia municipal de Moroleón, Alma Rosa Barragán Santiago, fue igualmente víctima de la violencia en nuestro país.4 De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, se ha detenido a dos presuntos responsables de dicho asesinato.5
No obstante lo anterior, dichas lamentables y dolorosas pérdidas no fueron aisladas. De acuerdo con el Sexto Informe de Violencia Política en México 2021, de Etellekt, durante el proceso electoral se registraron 910 agresiones contra personas candidatas, y vinculadas a actividades políticas; 91 personas asesinadas, entre ellas, 36 aspirantes y candidatas, de las cuales 14 eran mujeres.
Asimismo, se indica que 75 por ciento de las víctimas de las 910, eran opositores a los gobiernos locales. De los 36 aspirantes que perdieron la vida, 31 buscaban cargos a nivel municipal. Por si fuera poco, de los 910 registros que se tienen, 321 resultaron en amenazas.
Es indispensable mencionar que una de las condiciones para que prevalezca nuestro estado democrático de derecho, es la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, “mediante elecciones libres, auténticas y periódicas”, según dispone nuestro artículo 41, párrafo tercero, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, de acuerdo con el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis V/2006, de rubro “Principio de neutralidad. Lo deben observar los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones (legislación de Colima) ”, conllevan la existencia de “los principios que rigen las elecciones de los poderes públicos, como son: el voto universal, libre, secreto y directo; la organización de las elecciones por un organismo público autónomo; la certeza, imparcialidad, legalidad, independencia y objetividad; el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a medios de comunicación social; el financiamiento de las campañas electorales y el control de la constitucionalidad y legalidad de actos y resoluciones electorales”, “tutelan los valores fundamentales de elecciones libres y auténticas que implican la vigencia efectiva de las libertades públicas, lo que se traduce en que el voto no debe estar sujeto a presión”.
Se entiende pues que, para garantizar la celebración de elecciones libres y auténticas, es necesario eliminar cualquier tipo de presión sobre el electorado, o violencia durante los respectivos procesos electorales.
Al respecto, la propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Tesis X/2001, de rubro “Elecciones. Principios constitucionales y legales que se deben observar para que cualquier tipo de elección sea considerada válida ”,6 ha establecido criterios para que cualquier tipo de elección sea considerada válida: “las elecciones libres, auténticas y periódicas; el sufragio universal, libre, secreto y directo; que en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales prevalezca el principio de equidad; la organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral, el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social, el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales”. De ese modo, la observancia de dichos principios en un proceso electoral se traducirá en el cumplimiento de lo establecidos en los artículos 39, 41, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagran los principios que toda elección debe contener para que se pueda considerar como válida.
• “En el artículo 39 se establece, en lo que importa, que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”;
• “El artículo 41, párrafo segundo, establece que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas”;
• “En el artículo 99 se señala que todos los actos y resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”;
• “Por su parte, el artículo 116 establece, en lo que importa, que las constituciones y leyes de los estados garantizarán que las elecciones de los gobernadores de los estados se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, y que serán principios rectores de las autoridades estatales electorales, los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia”.
De ese modo, el cumplimiento de los elementos de dichas disposiciones resultan fundamentales de una elección democrática, a fin que una elección se considere producto del ejercicio popular de la soberanía. Lo anterior es así puesto que, como ha mencionado el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, el derecho a votar y ser votado –que constituyen una unidad encaminada a la integración legítima de los poderes públicos– “entraña la libre determinación de cada uno de los ciudadanos para elegir libremente a sus candidatos y no por los beneficios o contraprestaciones que puedan recibir de él, pues de otra manera tal proceder, se puede traducir en una coacción al electorado y, por lo tanto, a la emisión libre del voto”. Por lo que, consecuentemente, dichas normas “tutelan la libertad del sufragio”.
Por ello, es indispensable, por la seguridad de las personas de este país, así como la salud de nuestra democracia, que las autoridades competentes, intervengan en este tipo de sucesos, a fin de atraer las investigaciones en curso, para esclarecer los lamentables hechos; así como, exhortarles a garantizar la seguridad de las personas de este país, redoblando los esfuerzos en las zonas en que se detecte que pueden resultar más complicadas, y con ello, establecer las condiciones para que las personas puedan ejercer en plenitud sus derechos fundamentales.
Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía General de la República a que ejerza su facultad de atracción, a fin de dar celeridad a las investigaciones relativas a los hechos de violencia ocurridas durante los diversos procesos electorales, federal y locales, 2020-2021, y esclarecerlos y garantizar la reparación integral del daño, con énfasis en las garantías de no reparación, no repetición, el derecho a la verdad y a la memoria.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades en materia de seguridad pública, tanto federal como locales, a fin de, con base en sus respectivas competencias, diseñen y ejecuten mecanismos y medidas para garantizar la seguridad de las personas de este país, así como las condiciones para que las personas puedan ejercer en plenitud sus derechos fundamentales.
Notas
1 “Asesinan a Abel Murrieta, exprocurador de Justicia en Sonora y candidato de MC a la alcaldía de Cajeme”, LatinUs. Disponible en: https://latinus.us/2021/05/13/asesinan-abel-murrieta-exprocurador-justi cia-sonora-candidato-mc-alcaldia-cajeme/ (consultado el 10 de septiembre de 2021).
2 Ídem.
3 “Asesinato de Abel Murrieta continúa impune”, Milenio. Disponible en: https://www.milenio.com/opinion/ricardo-raphael/politica-zoom/asesinato -de-abel-murrieta-continua-impune (consultado el 10 de septiembre de 2021).
4 “Detienen a dos presuntos responsables del asesinato de Alma Barragán, candidata a Moroleón”, El Financiero. Disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2021/08/18/detienen-a-dos-presu ntos-responsables-del-asesinato-de-alma-barragan-candidata-a-moroleon/ (consultado el 10 de septiembre de 2021).
5 Ídem.
6 Vid., Tesis X/2001. “Elecciones. Principios constitucionales y legales que se deben observar para que cualquier tipo de elección sea considerada válida. Los artículos 39, 41, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagran los principios que toda elección debe contener para que se pueda considerar como válida. En el artículo 39 se establece, en lo que importa, que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno; el artículo 41, párrafo segundo, establece que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; en el artículo 99 se señala que todos los actos y resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; por su parte, el artículo 116 establece, en lo que importa, que las constituciones y leyes de los estados garantizarán que las elecciones de los gobernadores de los estados se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, y que serán principios rectores de las autoridades estatales electorales, los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. De las disposiciones referidas se puede desprender cuáles son los elementos fundamentales de una elección democrática, cuyo cumplimiento debe ser imprescindible para que una elección se considere producto del ejercicio popular de la soberanía, dentro del sistema jurídico-político construido en la Carta Magna y en las leyes electorales estatales, que están inclusive elevadas a rango constitucional, y son imperativos, de orden público, de obediencia inexcusable y no son renunciables. Dichos principios son, entre otros, las elecciones libres, auténticas y periódicas; el sufragio universal, libre, secreto y directo; que en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales prevalezca el principio de equidad; la organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral, el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social, el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales. La observancia de estos principios en un proceso electoral se traducirá en el cumplimiento de los preceptos constitucionales antes mencionados.”
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2021.
Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)