Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos estatales a establecer un convenio con la SHCP y el ISSSTE para reconocer adeudos y regularizar el pago de las cuotas y aportaciones pendientes de cubrir de ejercicios anteriores hasta 2021, a cargo del diputado Irán Santiago Manuel, del Grupo Parlamentario de Morena

Irán Santiago Manuel , en mi carácter de diputado federal a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante 2018 el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado gastó 111 mil 609 millones de pesos; mientras que sus ingresos fueron por 23 mil 305 millones de pesos, es decir, erogó 4.7 veces más de lo que generó.

Debido a los subsidios y transferencias que percibió por parte del gobierno federal por 94 mil 70 millones de pesos, el Issste logró cerrar su balance general con un superávit de 5 mil 766 millones de pesos. Al quitar dichas transferencias, el Issste registraría un déficit por 88 mil 304 millones de pesos.

La falta de recursos al Issste le impide llevar a cabo inversión en infraestructura y equipamiento, en perjuicio de los derechohabientes.

La situación financiera del Issste no sería tan complicada si los gobiernos de los estados pagaran las cuotas y aportaciones en tiempo y forma.

Al día de hoy, el Issste enfrenta un serio problema con las entidades federativas que no le entregan los ingresos de cuotas y aportaciones que hacen los trabajadores a dicho Instituto.

El adeudo que mantienen las entidades federativas, de 2008 a julio de 2021, suma en total 66 mil 295 millones 419 mil 832.63 de pesos. Esta deuda se conforma, principalmente, por dos rubros. La primera, que es la más alta, proviene por concepto de cuotas, aportaciones a los seguros de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez (RCV) que se cobra a los trabajadores, y por las que los estados deben al Issste 58 mil 951 millones 277 mil 846.98 de pesos, es decir, 87.4 por ciento de la deuda total.

Y la segunda, es por concepto de cuotas, aportaciones y préstamos relativos a los seguros de salud, invalidez y vida, riesgos de trabajo y servicios sociales y culturales (Issste Asegurador) que suma 7 mil 344 millones 141 mil 985.65 de pesos, que representa el 12.6 por ciento de la deuda total de las entidades federativas.

Lo anterior, conforme al Reporte de adeudos registrados por concepto de cuotas, aportaciones a los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y al Reporte de adeudos registrados por concepto de cuotas, aportaciones y préstamos relativos a los seguros de salud, invalidez y vida, riesgos de trabajo y servicios sociales y culturales (Issste Asegurador), ambos al cierre del mes de julio de 2021 (quincena 14 de 2021).1

Con este panorama, una de las principales estrategias para mejorar la situación financiera del Issste, es la reingeniería financiera institucional y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ejecute los pagos vencidos, siendo una opción hacerlo con cargo a las participaciones y transferencias federales.

Por otra parte, la obligación de enterar las cuotas de las aportaciones de seguridad social legalmente no corresponde al trabajador, sino a las entidades federativas como patrones, las cuales están obligadas a cumplir con la obligación de enterar las cuotas de aportaciones de seguridad social de sus trabajadores.

Los artículos 4o. y 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan el acceso a servicios de salud y el derecho a la seguridad social, los cuales no pueden ser restringidos por la falta del entero oportuno de las cuotas y aportaciones de seguridad social correspondientes. Lo anterior es así, debido a que el pago de las referidas sumas obedece a una responsabilidad que corresponde cumplir exclusivamente al patrón y no a los trabajadores, lo que significa que no es posible privar a estos últimos del acceso a los servicios de seguridad social por cuestiones que no les son imputables directamente.

Las trabajadoras y trabajadores tampoco deben tener restricciones para acceder a préstamos o créditos, menos aún, a que presenten problemas al realizar trámites administrativos, por el hecho de que la entidad patronal no cumpla con su obligación de enterar oportunamente las cuotas y aportaciones de seguridad social.

El presente punto de acuerdo es con la finalidad de exhortar a las y los gobernadores de las 32 entidades federativas, para que concilien y determinen saldos de adeudos, y posteriormente celebrar un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para reconocer los adeudos pendientes de pagar, presenten un plan de pago y así, puedan solventar su deuda con el Issste.

En caso de que los estados entreguen las cuotas y aportaciones que adeudan, con ese recurso el Issste tendrá posibilidad de poder abastecer y dotar con mayor facilidad de equipamiento y mantenimiento que requieren las clínicas y hospitales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las y los titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas, para que, a la brevedad, establezcan un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a efecto de reconocer adeudos y regularizar el pago de las cuotas y aportaciones que tienen pendientes de cubrir de ejercicios anteriores, hasta 2021.

Nota

1 Publicación de adeudo al cierre de la quincena 14 de 2021 de conformidad con el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2021.

Diputado Irán Santiago Manuel (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno y la Secretaría de Salud poblanos a realizar acciones conducentes a agilizar la vacunación contra el Covid-19 y sus variables, a cargo del diputado Mario Gerardo Riestra Piña, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Mario Gerardo Riestra Piña, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Sexagésima Quinta Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79 numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y III; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con carácter de de urgente y obvia resolución, para exhortar, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla, así como al secretario de Salud de la entidad para que realicen las acciones necesarias para agilizar el proceso de vacunación contra Covid-19 y sus variables, al tenor de los siguientes

Considerandos

Que en marzo dos mil veinte, nuestro país se vio afectado por la enfermedad del coronavirus SARS-CoV-2, mejor conocida como Covid-19, convirtiéndose en una de las peores enfermedades en el mundo y la peor pandemia de los últimos años.

Si bien, en un principio pensábamos que el uso de cubrebocas, el lavado de manos frecuente, el uso de gel antibacterial, toallas desinfectantes, sanitizar los espacios, los tapetes sanitizantes y la sana distancia serían suficientes para detener esta enfermedad, el tiempo nos ha demostrado que no es así. Esta enfermedad sigue avanzando, miles de personas se siguen contagiando y muchas más pierden la batalla ante este virus.

Científicamente se ha comprobado que las vacunas salvan vidas, la probabilidad de hospitalización y muertes son muy reducidas.

Incluso, expertos en la materia consideran que además de mantener y seguir las medidas que desde el principio hemos implementado y que será necesario conservar, se deben aumentar las dosis aplicadas de las vacunas contra el virus; incluso se habla que por lo menos se debe vacunar entre el 70 por ciento y 90 por ciento de la población total para alcanzar la “inmunidad de rebaño”.1

En México, se han confirmado 3 millones 291 mil 761 casos totales y 256 mil 287 defunciones totales por Covid-19. En cuanto a los casos acumulados por entidad de residencia, son 10 las entidades que acumulan el mayor número de casos, siendo estos Ciudad de México, estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Sonora, Puebla, Coahuila, Tabasco y Veracruz, que en conjunto representan el 67 por ciento de todos los casos acumulados en el país.2

Tan solo en Puebla, según el Sistema de Monitoreo Regional Covid,3 las cifras con corte al 26 de agosto del año en curso son alarmantes, se han confirmado 104,761 casos positivos y 13 mil 697 defunciones, lo cual nos ubica no solo en semáforo rojo, sino en la categoría de riesgo máximo.

Ahora bien, en fechas recientes, se dio a conocer la noticia de que el estado de Puebla es el último lugar a nivel nacional en el avance de vacunación contra Covid-19, esto con base en la estadística de la Secretaría de Salud Pública federal en cuanto a la Estrategia Nacional de Vacunación4 debido a que, hasta el 24 de agosto del presente año, se ha vacunado, únicamente, al 38 por ciento de la población.5

Situación que resulta alarmante no solo ante las altas cifras de contagio, sino también porque nuestros hijos han regresado a las escuelas convirtiéndose estas en uno de los principales puntos de contagio para las familias y todos los poblanos; aunado a que Puebla es uno de los lugares turísticos con mayores visitas en el país, turismo nacional e internacional recorren el Estado, las calles de la capital o de alguno de sus 10 pueblos mágicos.

Por esto, se busca hacer un llamado a las autoridades en la entidad, para agilizar la vacunación; a mayor cantidad de personas vacunadas, menos posibilidad de contagios, menor riegos de muertes y mayor posibilidad de ver a nuestra sociedad renacer.

Sin duda, la vacuna es nuestra mejor aliada, por ello que se requiere agilizar la vacunación lo cual nos permitirá mantener la calma ante el regreso a clases o a los trabajos de manera física, nos dará mayor tranquilidad al salir de casa, convivir con nuestros seres queridos y, nos ayudará a reactivar la economía de manera segura, tendríamos comercios, empresas y destinos turísticos seguros, no solo para los poblanos sino para todos los turistas del mundo que visitan este hermoso Estado y su ciudad patrimonio del mundo.

Sin duda, la única manera de ganar esta batalla es acelerando el proceso de vacunación.

Por lo que someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla, así como al secretario de Salud de la entidad para que realicen las acciones necesarias para agilizar el proceso de vacunación contra Covid-19 y sus variables.

Notas

1 Necesario, vacunar a 70% de la población | El Economista, https://www.eleconomista.com.mx/politica/Necesario-vacunara-70-de-la-po blacion-20210125-0153.html

2 Coronavirus – gob.mx

3 Portal Informativo Covid-19 (puebla.gob.mx)

4 Vacuna Covid – Sitio Informativo,

http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/

5 https://twitter.com/JCarlos_Valerio/status/1430307911260061701

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2021.

Diputado Mario Gerardo Riestra Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se condena el uso excesivo de la fuerza por autoridades migratorias contra las caravanas migrantes que transitan por el país; y se exhorta al INM y la Guardia Nacional a establecer una estrategia que garantice una migración segura, ordenada y regular, suscrita por las diputadas Ana Lilia Herrera Anzaldo y Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI

Las que suscriben, la diputadas Ana Lilia Herrera Anzaldo y Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los últimos días hemos visto una serie de imágenes y videos indignantes en donde se atestigua el uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades migratorias de México contra las caravanas migrantes de centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos de América (EUA).

Son las notas periodísticas y las redes sociales quienes resguardan las evidencias de este abuso de autoridad y la carencia de una estrategia migratoria enfocada en la salvaguarda de los derechos humanos de las personas migrantes. El 28 de agosto de 2021 se captó en video cómo un agente del Instituto Nacional de Migración (INM) pateaba la cabeza de un migrante haitiano detenido por la Guardia Nacional para evitar que éste avanzara por la carretera Tapachula-Arriaga, en el perímetro del poblado de Cruz de Oro, en Tuzantán, Chiapas.1

El 29 de agosto el INM emitió un comunicado mediante el cual reprobó los actos que violen derechos humanos de la población migrante, e informó la suspensión de dos agentes migratorios y la notificación al Órgano Interno de Control sobre las acciones de los funcionarios que participaron en el operativo de Tapachula.2

A pesar del comunicado, en la mañana del miércoles 1 de septiembre, elementos de la Guardia Nacional y del INM, agredieron de nueva cuenta a migrantes, periodistas y activistas, esta vez en una redada en Mapastepec, Chiapas, en donde se reportaron un número indeterminado de personas arrestadas y que se desconoce su paradero.3

Posteriormente, el 2 de septiembre, volvió a circular otro video donde aparecen agentes migratorios y elementos de la Guardia Nacional persiguiendo a integrantes de una caravana migrante acompaña incluso con menores de edad. En los videos se muestran agentes armados con toletes y escudos quienes empujan y someten en el piso a migrantes para subirlos a sus vehículos.4

Los abusos no sólo se registran en los operativos, sino también en los estaciones migratorias donde se han denunciado por parte de los migrantes centroamericanos maltratos y discriminación por trabajadores del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) al momento de llegar a realizar sus trámites migratorios, particularmente porque no tienen el dinero para pagarlos.

El término “caravanas migrantes” surge como una forma de describir a los grandes grupos de personas que se mueven por tierra a través de las fronteras internacionales. Para ONU Migración, quienes migran de esta manera lo hacen pensando que las caravanas les representan una mayor protección ya que están expuestos a menos delitos y abusos que suelen encontrarse en la ruta; tienen mayor oportunidad de ser asistidos por entidades gubernamentales y no gubernamentales y además representa un menor costo para cruzar fronteras.5

El principal propósito de los migrantes es buscar empleos y mejores oportunidades de vida para sus familias. México se ha convertido en un país de origen, tránsito y retorno para la migración centroamericana. Si este tema le sumamos la presencia de menores de edad, evidentemente nos encontramos frente a un conflicto que requiere el mayor cuidado y atención gubernamental.

El 19 de abril de 2021, Jean Gough, directora regional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para América Latina y el Caribe, declaró que, desde el inicio de 2021, el número de niños, niñas y adolescentes migrantes reportados en México ha aumentado considerablemente. En muchos albergues mexicanos, los niños, niñas y adolescentes representan al menos 30 por ciento de la población migrante. La mitad de ellos han viajado sin sus padres, lo que supone la mayor proporción jamás registrada en México.6

En 2019 en comparación con 2018, las detenciones de menores indocumentados aumentaron 82 por ciento: se pasó de 27 mil 739 eventos entre enero y noviembre del año pasado, a los 50 mil 621 de este año. Pero si la comparación es con el mismo periodo de 2017, la diferencia es todavía mayor: 209 por ciento al alza.7

Desde que comenzó la nueva administración, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno mantendría el perfil humanitario hacia los migrantes, privilegiando el respeto a sus derechos humanos y buscando alianzas con los países expulsores para tener un mayor control de la migración a nivel regional.

Incluso, durante su mensaje con motivo del tercer Informe de Gobierno el Presidente calificó el caso del migrante haitiano como excepcional, mencionando que “No se han violado los derechos humanos de los migrantes. El caso excepcional de hace unos días, en que dos funcionarios de migración patearon a un ciudadano haitiano ese mismo día fueron dados de baja ”.

Sin duda alguna la migración masiva irregular es toda una problemática social, pues no se trata sólo de gente, sino de vidas, familias e historias que requieren la mayor sensibilidad posible, por ello, este fenómeno debe resolverse a través de acciones que promuevan el desarrollo, la cooperación, el diálogo y la responsabilidad compartida. Hoy lejos de ver un trato respetuoso a los migrantes por parte de la Guardia Nacional y de las autoridades migratorias, lo que resalta es una política migratoria abusiva, desorganizada y cuya estrategia está enfocada a la contención, persecución, detención y deportación de migrantes.

Todo lo anterior, ha generado que organizaciones sociales llamen al gobierno a poner fin a la militarización de la seguridad pública y que las fuerzas armadas regresen a sus cuarteles para el 2024, Amnistía Internacional y #SeguridadsinGuerra han manifestado que:

“Vemos con preocupación que la decisión del gobierno federal, de continuar con el enfoque de militarizar la seguridad pública, como lo hicieron los dos gobiernos que lo antecedieron, ha detonado el aumento de quejas por violaciones graves a los derechos humanos, de tal manera que hacemos un llamado urgente para que la seguridad pública esté en manos de personal civil, como lo establecen las normas del derecho internacional de los derechos humanos.

Nuestro llamado al gobierno incluye que: reitere su compromiso de devolver las fuerzas armadas a sus cuarteles para el año 2024 y publique la estrategia nacional a partir de la cual se logrará el desarme del país, particularmente en las zonas con más altos índices de violencia y criminalidad en el país .

Las autoridades deben adoptar también las medidas necesarias para que en la legislación se prevea el uso arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego, por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”.8

De igual forma, en su comunicado “Es urgente que el gobierno mexicano detenga la participación de militares en tareas de seguridad pública: organizaciones civiles”,9 estas organizaciones civiles resaltan datos relevantes como:

• Amnistía Internacional, en su Informe 2020/21 advirtió que en 2020 el gobierno desplegó a más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores.10

• La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró al menos 219 quejas contra la Guardia Nacional entre el 26 de mayo de 2019 y agosto de 2020.

• El Sistema Nacional de Alerta de Violencia a los Derechos Humanos de la CNDH establece que el número total de quejas registradas contra la Guardia Nacional en 2020 sumaron 350. En lo que va del año 2021 ha acumulado 261 quejas lo que sitúa a ese cuerpo de seguridad entre las 10 instituciones con más quejas por violaciones a derechos humanos.

Por todo lo anterior, con el propósito de contribuir a una solución de carácter humanitario, ajustada al marco legal y respetuosa de los derechos humanos, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión condena el uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades migratorias en contra de las caravanas migrantes que transitan por nuestro país y exhorta al Instituto Nacional de Migración y a la Guardia Nacional a establecer una estrategia que garantice una migración segura, ordenada y regular, salvaguardando en todo momento los derechos humanos de las personas migrantes.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Salud, a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, al Instituto Nacional de Migración y a la Guardia Nacional a realizar acciones coordinadas para garantizar la atención humanitaria de urgencia a las caravanas migrantes, particularmente a las niñas, niños y adolescentes y adultos mayores que los acompañan observando siempre el interés superior de la niñez y privilegiando la unidad familiar.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Migración y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados a establecer protocolos para agilizar los trámites migratorios y las solicitudes de refugiados, salvaguardando la integridad física y tomando las medidas de salud pertinentes derivadas de la contingencia sanitaria por el Covid-19.

Notas

1 El Universal . Captan en video a agente mexicano pateando cabeza de migrante en Tapachula, Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/estados/captan-en-video-agente-mexicano- pateando-cabeza-de-migrante-en-tapachula

2 Instituto Nacional de Migración. INM suspende de sus funciones a dos agentes federales, Disponible en:

https://www.gob.mx/inm/prensa/inm-suspende-de-sus-funcio nes-a-dos-agentes-federales-281338

3 Animal Político . Otro operativo agrede y amenaza a migrantes, activistas y periodistas en Mapastepec, Chiapas, Disponible en: https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/otro-operativo-agrede-y-amena za-a-migrantes-activistas-y-periodistas-en-mapastepec-chiapas/ar-AANZ8T E

4 Animal Político . INM y Guardia Nacional buscan a migrantes en hoteles de Chiapas; bloquean paso de caravana, Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2021/09/enfrentamiento-migrantes-chiapas -agresiones/

5 Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. Caravanas Migrantes, Disponible en: https://rosanjose.iom.int/site/es/caravanas-migrantes

6 UNICEF. Hay nueve veces más niños, niñas y adolescentes migrantes en México en los últimos tres meses – UNICEF, Disponible en: https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/hay-nueve-veces-m%C3%A 1s-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-y-adolescentes-migrantes-en-m%C3%A9xico-en-los

7 Animal Político . En 2019, detenciones de menores migrantes y de niños no acompañados batieron todos los récords en México, Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2019/12/2019-detenciones-menores-migrant es-ninos-batieron-records-mexico/ y http://portales.segob.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Sintesis_NNA

8 Amnistía Internacional. Es urgente que el gobierno mexicano detenga la participación de militares en tareas de seguridad pública: OSCs, Disponible en:

https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/es-urgente-q ue-el-gobierno-mexicano-detenga-la-participacion-de-militares-en-tareas -de-seguridad-publica-oscs/

9 Ídem.

10 Amnistía Internacional. Informe 2020/2021 Amnistía Internacional, Disponible en:

https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/20 21/05/POL1032022021SPANISH.pdf, pág. 305.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2021.

Diputadas: Ana Lilia Herrera Anzaldo, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (rúbricas)

Con punto de acuerdo, para exhortar al INE a investigar si la firma por los senadores del PAN de la Carta de Madrid, impulsada por políticos y organizaciones españoles, contraviene los artículos 23 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, integrante de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65 y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La semana pasada, dirigentes del partido político español Vox y de la fundación Disenso estuvieron en nuestro país con el objetivo de, según sus propios dichos, “sumar apoyos en defensa de la libertad, el estado de derecho y la democracia”, a través de la firma de un documento conocido como la Carta de Madrid.

De acuerdo a este escrito “la Iberosfera está integrada por más de 700 millones de personas que cuentan con un gran potencial económico y geopolítico”; sin embargo, aseguran sus promoventes que “una parte de la región está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista, apoyados por el narcotráfico y terceros países”.

“Todos ellos, se afirma, bajo el paraguas del régimen cubano e iniciativas como el foro de São Paulo y el Grupo de Puebla, que se infiltran en los centros de poder para imponer su agenda ideológica”.

Asimismo, aseguran que “la amenaza no se circunscribe exclusivamente a los países que sufren el yugo totalitario. El proyecto ideológico y criminal que está subyugando las libertades y derechos de las naciones tiene como objetivo introducirse en otros países y continentes con la finalidad de desestabilizar las democracias liberales y el estado de derecho”.

Si se toma en cuenta el origen de la propuesta no sorprende la confusión conceptual exhibida al acusar el secuestro de la región por parte de regímenes totalitarios, cuando en la gran mayoría de los países que la conforman se celebran elecciones democráticas y en muchos casos quienes hoy gobiernan son personajes más afines a las ideas de Vox, o bien, cuando tachan de comunista a cualquier gobierno con una agenda progresista que impulse políticas a favor de los más necesitados, a favor de la recuperación de la soberanía nacional y a favor de la ampliación y protección efectiva de los derechos de sectores como las mujeres, los migrantes y la comunidad LGBTTI.

Asegurando que lucha contra lo que considera una corrección política asfixiante, Vox impulsa una agenda antiderechos que va en contra del feminismo, que niega el cambio climático, que criminaliza a los migrantes, que promueve el odio y el racismo y que desdeña a las minorías sociales. Sin embargo, todo eso lo dice abiertamente e incluso muchas de estas ideas forman parte de su plataforma política, así que nadie puede decirse engañado.

Más allá de lo anquilosado que resulta el hecho de revivir posturas correspondientes a la Guerra Fría o de suponer la existencia de una conspiración para imponer una determinada agenda ideológica, es importante revisar si la presencia en México de dirigentes del partido político español Vox y de la fundación Disenso representa una violación a lo dispuesto por nuestra Constitución y por las leyes mexicanas en cuanto respecta a actos de intervencionismo por parte de personajes de nacionalidad extranjera.

Aunque el Partido Acción Nacional (PAN) ha tratado de deslindarse del acto que celebraron sus legisladores la semana pasada en el Senado de la República, diciendo que éste fue realizado a título personal, lo cierto es que como firmante del documento referido figura el senador Julen Rementería, coordinador del grupo parlamentario y quien por cierto es designado por el Comité Ejecutivo Nacional de ese instituto político. En el mismo sentido, se debe resaltar que en el sitio web de la fundación Disenso se destaca la firma de la Carta de Madrid por parte Fernando Rodríguez Doval, secretario de Estudios y Análisis Estratégicos del PAN.

A pesar de que en principio se trató de negar el acto, Santiago Abascal, dirigente de Vox, confirmó que se reunió con dirigentes del PAN la tarde del jueves 2 de septiembre y mencionó que fue invitado al Senado de la República por Julen Rementería. “Hoy en el Senado de México hemos presentado el Foro Madrid, nuestra iniciativa para hacer frente al avance del comunismo en las naciones de la Iberosfera”, puntualizó a través de un tuit .

En dicha reunión, que se llevó a cabo el jueves por la tarde, estuvieron presentes 15 senadores del PAN. Así lo confirmó Julen Rementería a través de su cuenta de twitter al escribir que: “Hoy firmé la Carta de Madrid con Santiago Abascal en el Senado de la República. Vamos por la defensa de la democracia, la libertad y la propiedad privada”.

Días más tarde, Santiago Abascal siguió con su impertinencia política, opinando irresponsablemente respecto a los asuntos políticos de nuestro país al referirse al Presidente Andrés Manuel López Obrador de la siguiente manera en su cuenta de twitter: “Quienes se abrazan a tiranos y protegen a narcos no van a impedir nuestra causa a favor de la libertad de las naciones”.

En este contexto, vale recordar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala lo siguiente:

“Artículo 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución.

El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención.

Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”.

Por su parte, la Ley General de Partidos Políticos establece que:

“Artículo 23.

1. Son derechos de los partidos políticos:

a) a g) ...

h) Establecer relaciones con organizaciones o partidos políticos extranjeros, siempre y cuando se mantenga en todo momento su independencia absoluta, política y económica, así como el respeto irrestricto a la integridad y soberanía del Estado mexicano y de sus órganos de gobierno;

Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

a) a l) ...

m) Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, organismos o entidades internacionales y de ministros de culto de cualquier religión;”.

Respecto a lo anterior, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala lo siguiente:

“Artículo 443.

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:

a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de esta Ley;

Artículo 451.

1. Constituyen infracciones a la presente Ley de los extranjeros, las conductas que violen lo dispuesto por el artículo 33 de la Constitución y las leyes aplicables.

Artículo 456.

1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:

a) Respecto de los partidos políticos:

I. Con amonestación pública;

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución”.

Derivado de los preceptos anteriormente citados, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos oportuno que se investigue si el acto realizado en el Senado de la República la semana pasada entre senadores del PAN y dirigentes del partido político español Vox constituyen una violación a los mismos, por ello planteamos la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral a investigar si la firma por parte de integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, en el Senado de la República, del documento conocido como Carta de Madrid, impulsado por políticos y organizaciones de nacionalidad española, contraviene lo dispuesto en los artículos 23 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2021.

Diputado Juan Carlos Natale López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual esta soberanía se pronuncia contra la colaboración de legisladores federales con grupos extranjeros de extrema derecha que promueven la intolerancia, atentan contra los derechos humanos de las minorías y violentan las libertades de los mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Lilia Aguilar Gil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura, y de conformidad con lo previsto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, de urgente resolución, por los que la Cámara de Diputados se pronuncia contra la colaboración de legisladores federales con grupos extranjeros de extrema derecha que promueven la intolerancia, atentan contra los derechos humanos de las minorías y violentan las libertades de las y los mexicanos, con base en las siguientes

Consideraciones

El jueves 2 de septiembre, Santiago Abascal, presidente del partido español de ultraderecha Vox, sostuvo una reunión con los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) Julen Rementería, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República, Alejandra Reynoso, Lilly Téllez, Víctor Fuentes, Marco Gama, Mayuli Latifa Martínez, Nadia Navarro, Indira Rosales, Minerva Hernández, Guadalupe Murguía, Guadalupe Saldaña, Elizabeth Núñez y Roberto Moya.

Como resultado de la reunión, las y los senadores del GPPAN firmaron el documento denominado “Carta Madrid: en defensa de la libertad y la democracia en la iberosfera”, donde se plasma un compromiso para detener el avance del comunismo, toda vez que, de acuerdo con el documento: “Supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones”.

Lo anterior podría pasar como una pifia más del yunque mexicano -que ha fincado sus esfuerzos en denostar y combatir el proyecto de gobierno cimentado en el bienestar de los más desfavorecidos-, a no ser que se adviertan dos cuestiones:

• La reunión celebrada entre Santiago Abascal y las y los senadores del PAN fue de carácter oficial y se llevó a cabo en la Cámara de Senadores;

• Legisladores federales firmaron un documento impulsado por la Fundación española “Disenso”, que tiene entre sus patronos al líder del partido político de ultraderecha Vox, Santiago Abascal.

Entonces, los senadores del GPPAN recibieron al representante de la derecha más radical de España y líder del partido Vox en el Senado de la República, y suscribieron, en su carácter de senadores, el documento a través del cual acompañan a “su líder español” a combatir el comunismo en nuestro país.

Lo anterior da cuenta de que los legisladores del PAN sirven a intereses extranjeros que para nada están relacionados con la defensa de los derechos humanos o la libertad de las personas, puesto que Vox –partido que lidera Santiago Abascal– se ha caracterizado por impulsar políticas xenófobas y antifeministas (como la propuesta de derogar la ley de violencia de género por considerar que discrimina jurídicamente a los hombres).

De tal suerte que, al comprometerse a colaborar con una lucha en contra de las “amenazas comunistas” a nuestro país, en realidad suscribe una política dictada por entidades extranjeras que socava los derechos y libertades de las y los ciudadanos para defender, en todo caso, la propiedad privada.

Si bien algunos legisladores señalaron que la firma fue a título personal, basta con revisar la lista de firmantes de esta carta, en donde se ostentan los cargos públicos de todos aquellos que se comprometen a cumplir con la meta trazada por los ultraderechistas españoles,1 y no será diferente en el caso mexicano.

Asimismo, si fue una coincidencia ideológica entre representantes políticos de extrema derecha que buscan coartar derechos y libertades de las minorías y que impulsan una agenda machista y retrógrada, esta reunión bien pudo celebrarse en la sede del PAN; no obstante, las y los firmantes de esa carta lo hicieron en la Cámara de Senadores, que constitucionalmente tiene la facultad exclusiva para aprobar tratados internacionales,2 lo que envía una señal equívoca a los países iberoamericanos y puede comprometer la participación de nuestro país ante organismos internacionales.

Más aún, este personaje que viene a dictar la línea a los políticos de derecha en nuestro país publicó una acusación velada al presidente de la República por “abrazar tiranos y proteger narcos”,3 lo que deja entrever la verdadera agenda que impulsa en México: desestabilizar un gobierno emanado del pueblo.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe a los extranjeros inmiscuirse en asuntos políticos de nuestro país, lo que a todas luces Abascal hizo al reunirse con legisladores y firmar un documento que los compromete a colaborar con su agenda.

En todo caso, quienes firmaron este “compromiso” con su líder español de ultraderecha, están faltando a la protesta que hicieran cuando asumieron su cargo, dispuesto en el artículo 128 constitucional y normado por el Reglamento del Senado de la República, que tradicionalmente reza:

Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la Nación me lo demande.

En ese sentido, las y los senadores del GPPAN que firmaron ese compromiso, están faltando a su palabra vulnerando las disposiciones Constitucionales, por lo que es nuestro deber reconvenirlos.

Por lo expuesto someto a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión rechaza la colaboración de legisladores federales con grupos extranjeros de extrema derecha que promueven la intolerancia, que atentan contra los derechos humanos de las minorías y que violenten las libertades de las y los mexicanos. Asimismo, las y los integrantes de la LXV Legislatura refrendamos nuestro compromiso para fortalecer el marco legal en favor de los derechos y las libertades de las y los ciudadanos.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Jurisdiccional del Senado de la República a valorar la imposición de una sanción a las y los legisladores que, en su calidad de senadores, firmaron la Carta Madrid. Lo anterior, por auspiciar y promover organizaciones extranjeras que violentan sistemáticamente los derechos humanos y atentan contra las libertades y los derechos conquistados por las minorías.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Senado de la República a ofertar cursos sobre política económica, particularmente sobre comunismo, para las y los legisladores que requieran reforzar sus conocimientos en la materia.

Notas

1 Carta de Madrid, Fundación Disenso. Consultado en https://fundaciondisenso.org/carta-de-madrid/

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 76, fracción I.

3 Abascal, Santiago. @Santi_ABASCAL, 3 de septiembre de 2021. Recuperado de

https://twitter.com/Santi_ABASCAL/status/143396776189460 8896?s=20

Dado en la Cámara de Diputados, a 9 de septiembre de 2021.

Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar tanto a los Ejecutivos federal y locales como al Congreso de la Unión a convocar a un debate público donde se revisen las atribuciones tributarias y se diseñen nuevos mecanismos de captación y recaudación de recursos en los tres órdenes de gobierno, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

1. Desde el 16 de julio de 2020, en una gira por Jalisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció que en materia de finanzas estatales y municipales el gobierno federal y las administraciones locales han heredado una carga de deuda importante. Esto, atendiendo al llamado de diversos Gobernadores de que se revise el esquema de coordinación fiscal, a fin de mejorar la distribución de los recursos federales.

En esa oportunidad, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez planteó al presidente de la República acordar una estrategia integral para efecto de que los Estados pudieran reconstruir sus economías con la ayuda de la Federación, derivado de la crisis generada por la pandemia por el SARS-Cov2 (Covid-19), cuestión que el presidente se comprometió a analizar el tema y proponer una solución.

2. En la investigación elaborada por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Una herramienta para el federalismo, publicada en julio de 2020, se reiteró la necesidad de continuar con los trabajos en el marco del federalismo fiscal para fortalecer las haciendas locales e incluir a los municipios con la finalidad de disminuir la dependencia a las participaciones federales. Esto, al determinar que es fundamental lograr acuerdos para que en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se establezcan las bases de la planeación hacendaria no solo para una mayor distribución de los recursos tributarios en beneficio de la población, sino también para atender las necesidades de los habitantes y de los lugares en los que viven.

3. Igualmente, desde el 17 de marzo de 2021 se instaló formalmente en la Cámara de Diputados el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, que fue aprobado por el pleno en sesiones anteriores, con el objetivo de realizar diagnósticos y propuestas de los temas hacendarios y fiscales en nuestro país, entre ellos, una eventual convocatoria a una convención nacional hacendaria, la revisión del reparto de recursos en entidades federativas y municipios, así como las bases para crear un instituto nacional de finanzas públicas.

Recientemente, como parte de sus trabajos, el 16 de julio, 11 de agosto y 18 de agosto del año en curso, sostuvieron diversos encuentros en los que también participaron especialistas en la materia fiscal y económica, en los que se advirtió que el federalismo fiscal no está balanceado con la debida rendición de cuentas y medidas de responsabilidad. Al respecto, urgieron actualizar el pacto fiscal federal con el propósito de garantizar la sustentabilidad del gasto público de estados y municipios, al haberse concluido que existe una gran falta de actualización de los esquemas y del pacto fiscal federal.

4. En este sentido se han pronunciado recientemente tanto el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, como el hoy gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, quienes incesantemente han urgido respecto a la necesidad de celebrar un nuevo pacto fiscal a fin de priorizar un reparto equitativo de recursos con la federación y los distintos estados.

Ambos efectuaron el 1 de julio de 2021 una rueda de prensa conjunta en la que externaron nuevamente la necesidad de revisar el Convenio de Coordinación Fiscal, y destacaron la presentación de una iniciativa de reforma para que sea obligación del Estado revisar cada determinado tiempo, estas reglas de coordinación fiscal entre las entidades y la federación. Incluso, destacaron particularmente el tema de las consultas ciudadanas en este rubro, al ser esenciales para conocer el sentir de la gente a este respecto.

Por un lado, resaltaron que en Nuevo León ya se ha efectuado una consulta ciudadana en esta materia, efectuada entre diciembre del año 2020 y febrero de 2021, en la cual una mayoría de ciudadanos optaron por una modificación a este convenio de coordinación fiscal, ya que, según especialistas, por cada peso que Nuevo León aporta al gobierno federal, solamente se le devuelven 29 centavos.

Señalaron que en Jalisco se llevará a cabo un ejercicio de esta naturaleza, partiendo de la experiencia que el gobernador tiene en este tipo de ejercicios, como aconteció con la ratificación de su cargo como presidente municipal en Tlajomulco de Zúñiga.

Concluyeron que la sinergia que harán de forma conjunta, pretende ejercer una mayor presión a fin de convencer a la federación de esta problemática existente, y lograr la modificación que se pretende con la referida iniciativa de ley.

En ese sentido, y a fin de fortalecer la discusión y ampliar el debate respecto de la necesidad de respecto de una nueva convención hacendaria donde se revisen las atribuciones tributarias de los tres órdenes de gobierno, y se diseñen nuevos mecanismos de captación y recaudación de recursos, así como esquemas más eficientes, transparentes y equitativos de distribución de los mismos.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, a los gobiernos de las entidades federativas y al Congreso de la Unión a convocar a un debate público, con efectos vinculatorios respecto a la necesidad de una nueva convención hacendaria donde se revisen las atribuciones tributarias de los tres órdenes de gobierno, y se diseñen nuevos mecanismos de captación y recaudación de recursos, así como esquemas más eficientes, transparentes y equitativos de distribución de ellos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2021.

Diputados: Jorge Álvarez Máynez(rúbrica), Mirza Flórez Gómez.

Con punto de acuerdo, para exhortar al INM, la Guardia Nacional, la CNDH y el Sipinna a garantizar en la frontera sur del país los derechos humanos de los migrantes, particularmente de familias, activistas y periodistas, a cargo de la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; y 79, numeral 2, fracciones I a III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. A partir del endurecimiento de los requisitos migratorios en los Estados Unidos, de los desastres naturales y políticos que agudizaron las crisis económica y de seguridad en Haití, se produjo un crecimiento en el flujo migratorio hacia nuestro país, como país de tránsito, que dejó varadas en nuestras fronteras a miles de personas buscando asilo o refugio en los Estados Unidos. Existen migrantes que, después de dos o más años, no han recibido respuesta alguna del gobierno norteamericano o mexicano, respecto a su situación migratoria, dejándolos en condiciones insalubres y de hacinamiento dentro de las estaciones migratorias.

2. Esta situación agudizó la ya compleja situación en materia de personas migrantes provenientes de países centroamericanos, que día a día son víctimas de la delincuencia organizada, del tráfico de personas o de la explotación laboral o sexual en nuestro territorio.

3. En 2019, el gobierno mexicano llegó a diversos acuerdos con el gobierno del presidente Trump para que México actuara, de facto, como tercer país seguro y brindara alojamiento a quienes intentan pasar la frontera norte de nuestro país, lo cual fue recientemente reiterado por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Se han organizado al menos una decena de caravanas que, a diferencia de las y los migrantes que viajan solos, acogen a familias enteras, niñas y niños no acompañados, adultos mayores y mujeres en situación de vulnerabilidad.

4. En días recientes, se han producido diversos operativos de contención por parte de la autoridad migratoria de nuestro país que han tenido por objeto la desarticulación de caravanas de personas en situación de migración y que, según la evidencia videofotográfica, han sido objeto de diversos abusos en contra de su integridad personal y de las familias, que han sido ilegalmente separadas, lo que refleja un uso excesivo de la fuerza por parte de la Guardia Nacional y los agentes del Instituto Nacional de Migración, no obstante los llamados del presidente López Obrador, realizados durante el tercer Informe de Gobierno.

5. A pesar de que la CNDH ha implementado acciones de acompañamiento, los operativos de la Guardia Nacional y del INM siguen llevándose a cabo, separando familias y generando agresiones hacia quienes pretenden protegerlos y denunciarlos. Periodistas y activistas han visto amenazada su labor por funcionarios de estas instituciones, generando un clima de incertidumbre y zozobra entre las y los comunicadores así como entre las y los activistas.

6. La Ley de Migración establece, en su artículo 2 que, entre otros, los principios en los que debe sustentarse la política migratoria son

...

Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada.

...

Unidad familiar e interés superior de la niña, niño y adolescente, como criterio prioritario de internación y estancia de extranjeros para la residencia temporal o permanente en México, junto con las necesidades laborales y las causas humanitarias, en tanto que la unidad familiar es un elemento sustantivo para la conformación de un sano y productivo tejido social de las comunidades de extranjeros en el país.

7. En el artículo 11 indica:

Artículo 11. En cualquier caso, independientemente de su situación migratoria, los migrantes tendrán derecho a la procuración e impartición de justicia, respetando en todo momento el derecho al debido proceso, así como a presentar quejas en materia de derechos humanos, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Constitución y demás leyes aplicables.

Los procedimientos aplicables a niñas, niños y adolescentes migrantes, se regirán por los derechos y principios establecidos en la Constitución, los tratados internacionales, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y demás disposiciones normativas aplicables en la materia. Previo al inicio de dichos procedimientos, se dará aviso inmediato a la Procuraduría de Protección. En todo momento se observará el principio de la no privación de la libertad de niñas, niños y adolescentes por motivos migratorios.

Por lo expuesto y fundado, plenamente comprometidas y comprometidos con los derechos humanos de las personas en situación de migración, ponemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a garantizar los derechos humanos de las y los migrantes, particularmente de las niñas, los niños, los adolescentes y sus familias, privilegiando la unidad familiar y el interés superior de la niñez en los operativos de contención que se llevan a cabo en Chiapas.

SEGUNDO. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional a garantizar las acciones que llevan a cabo activistas y periodistas en la defensa de las y los migrantes en Chiapas, en la frontera sur de país, y respetar sus derechos humanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2021.

Diputada Elizabeth Pérez Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Guanajuato a difundir los planes y programas con que cuenta para prevenir desastres naturales, como los recientes sismos en la entidad, y los avances del proyecto de la red sísmica local, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos diputados Emmanuel Reyes Carmona y Favio Castellanos Polanco , integrantes de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Morena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de cinco placas tectónicas: La placa de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la placa del Caribe. Por esta razón no es rara la ocurrencia de sismos.

La región de Guanajuato se localiza en el límite entre las provincias geológicas Faja Volcánica Transmexicana (FVTM) y la Mesa Central (MC); también en esa región se localiza parte de la traza de la Falla El Bajío, la cual limita a las provincias SMOc Sierra Madre Occidental, MC Mesa Central SMOr Sierra Madre Oriental y FVTM Faja Volcánica Transmexicana, constituyendo una de las fallas mayores del centro de México.i

De acuerdo con datos del Servicio Sismológico Nacional, en el lapso de los días 4 al 6 de septiembre del presente año, se han registrado en el estado de Guanajuato 27 sismos de todas las magnitudes y profundidades, siendo la más fuerte la reportada el 4 de septiembre a las 04:38 horas, con una magnitud de 4.5, a una profundidad de 5 kilómetros.ii

A este respecto, cabe resaltar que, de acuerdo a los mismos datos del Servicio Sismológico Nacional, del periodo que comprende de septiembre del año 2000 a septiembre de 2021, se tiene el registro de 53 sismos de todas las magnitudes y profundidades,iii es decir, tan solo en los dos últimos días se han registrado la mitad de los sismos de los últimos 20 años.

Sabemos que los sismos no se pueden predecir, ningún método o tecnología actual permite conocer cuándo ocurrirán, lo que sí sabemos es que nuestro país comprende regiones en los que han ocurrido grandes sismos.

iv

Por esa razón, y debido a que el Centro Nacional de Prevención de Desastres Naturales (Cenapred) ha advertido que en el estado se podrían registrar sismos constantes y con mayor intensidad, es necesario que como ciudadanos debamos estar conscientes del contexto tectónico en el que nos encontramos y estar preparados para saber qué hacer, antes, durante y después de un sismo.

En este sentido, es muy importante la participación de las autoridades locales, en el sentido de prevenir lo mayor posible las pérdidas humanas y materiales ante las catástrofes naturales como las ocasionadas por los sismos.

Al inicio de la actual administración estatal, se presentó el proyecto Red Sísmica del Estado de Guanajuato, el cual, dentro de sus alcances, manifestaba “la generación de información fundamental que coadyuvará con datos técnicos de alcance científico mediante la ubicación, evaluación y análisis de los movimientos sísmicos en el estado de Guanajuato, que sirvan para la prevención de los efectos catastróficos y en la toma de decisiones preventivas para disminuir las posibles pérdidas humanas y económicas que generan este tipo de fenómenos”.v

Sin embargo, en lo que va de la presente administración no se puede encontrar información respecto del funcionamiento de dicho proyecto, ni siquiera si está en operación, por lo que, ante los recientes acontecimientos es muy importante que la ciudadanía conozca las medidas que sus autoridades locales están tomando.

En virtud de lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a que haga del conocimiento público, los planes y programas con los que cuenta para la prevención de desastres naturales, como los sismos que se han presentado últimamente en la entidad.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a que haga del conocimiento público los avances que se tienen del proyecto Red Sísmica del Estado de Guanajuato.

Notas

i http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-33 222012000300010

ii México. Universidad Nacional Autónoma de México, I. d. G., Servicio Sismológico Nacional. (2021). Catálogo de sismos. Extraído de http://www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/

iii México. Universidad Nacional Autónoma de México, I. d. G., Servicio Sismológico Nacional. (2021). Catálogo de sismos. Extraído de http://www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/

iv http://www.ssn.unam.mx/recursos/imagenes/informacion/ssnmx_info_los_sis mos_no_se_pueden_predecir.jpg

v https://www1.cenapred.unam.mx/DIR_SERVICIOS_TECNICOS/SANI/CMPC/Guanajua to/CENAPRED/Red%20S%C3%ADsmica/PROYECTO%20GTO.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2021.

Diputados Emmanuel Reyes Carmona y Favio Castellanos Polanco (rúbricas)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a garantizar que las instituciones encargadas del tema migratorio y los elementos de la Guardia Nacional procedan con estricto arreglo a las leyes mexicanas y los tratados internacionales en derechos humanos, con la salvaguardia de la integridad física de los migrantes centroamericanos, en especial niños y adolescentes, y asistencia médica y jurídica, a cargo de la diputada Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Saraí Núñez Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de está soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se se exhorta al Ejecutivo federal para que los funcionarios de las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y del Instituto Nacional de Migración, responsables del tema migratorio, así como los elementos de la Guardia Nacional, se conduzcan con estricto apego a las leyes nacionales y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, salvaguardando la integridad física de todos y cada uno de los migrantes centroamericanos en especial de las niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados, brindando asistencia médica y jurídica, además de permitir un acceso ordenado a los migrantes que soliciten asilo político o estancia legal, a los migrantes que soliciten asilo político o estancia legal, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

La migración desde la antigüedad el ser humano ha estado en constante tránsito. Algunas personas se desplazan en busca de trabajo o de nuevas oportunidades económicas, para reunirse con sus familiares o para estudiar. Otros se van para escapar de conflictos, persecuciones, del terrorismo o de violaciones o abusos de los derechos humanos. Algunos lo hacen debido a los efectos adversos del cambio climático, desastres naturales u otros factores ambientales.

Detal suerte que La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define a un migrante como cualquier persona que se desplaza, o se ha desplazado, a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia independientemente de:

1) su situación jurídica;

2) el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento;

3) las causas del desplazamiento; o

4) la duración de su estancia.1

Es por lo anterior, México firma y se compromete a cumplir con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, la cual reconoce por primera vez la contribución de la migración al desarrollo sostenible. 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contienen metas e indicadores que son pertinentes para la migración o el desplazamiento. El principio básico de la Agenda es “no dejar a nadie atrás” y esto incluye a los migrantes.

La principal referencia a la migración en los ODS se establece en la meta 10.7: Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Otros objetivos tratan también distintos aspectos de la migración tales como la trata de personas, las remesas y la movilidad internacional de estudiantes, entre otros. Cabe añadir que la migración es indirectamente relevante para otros muchos objetivos.

Es por lo antes mencionado, que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional hace un enérgico llamado al Gobierno Federal por el reciente actuar de violación de las leyes nacionales y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos en contra migrantes centroamericanos que vienen con niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados el pasado 8 de agosto del presente año, en la frontera de Tapachula, Chiapas.

En donde “efectivos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración (INM), dispersaron a un grupo de varios centenares de migrantes, entre ellos muchos niños, que partió el sábado a pie de Tapachula, Chiapas, casi en la frontera con Guatemala, con la esperanza de avanzar hacia Estados Unidos.

El grupo, conformado por haitianos, cubanos y centroamericanos, estaba formado al principio por unas 300 personas, pero se fueron sumando más migrantes poco a poco hasta sumar varios centenares.

Su intención era llegar el sábado hasta la localidad de Huixtla, 40 kilómetros al norte de Tapachula, pero por la tarde, cuando comenzó a llover con fuerza, las fuerzas de seguridad iniciaron un operativo para bloquearles el paso y dispersarlos.

Efectivos de la Guardia Nacional con equipo antidisturbios hicieron barreras humanas cortando la carretera y dividieron al grupo. En algunos casos los migrantes lograron abrirse paso a empujones, algunos pudieron esquivarlos y huir campo a través, pero otros fueron detenidos.

Las imágenes grabadas constataron cómo un agente de migración propinaba patadas a un migrante que estaba ya inmovilizado y en el suelo.

El INM y la Guardia Nacional no respondieron de momento a una solicitud en busca de comentarios ni han emitido información pública sobre lo ocurrido.

El flujo de migrantes desde Centroamérica se ha incrementado desde principio de año y en los últimos días la desesperación había crecido, sobre todo entre la comunidad haitiana varada en Tapachula. Esta semana comenzaron a manifestarse para que se agilizaran sus trámites migratorios y amenazaban con partir en caravana el lunes en caso de no ser atendidos”.2

Es por lo antes dicho el espíritu de este punto de acuerdo se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración se conduzcan con estricto apego a las leyes nacionales y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, salvaguardando la integridad física de todos y cada uno de los migrantes centroamericanos en especial a las niñas, niños y adolescentes acompañaos y no acompañados brindando asistencia médica y asesoría jurídica, permitiendo un acceso ordenado.

Para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional es imperante la protección de “los derechos humanos, porque alientan la vida de una auténtica democracia, es la expresión concreta de la dignidad humana, ya que, sin respeto cabal a los derechos humanos, no hay democracia. De su pleno reconocimiento y protección jurídica depende la existencia de un Estado democrático de derechos”.3

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que los funcionarios de las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y del Instituto Nacional de Migración, responsables del tema migratorio, así como los elementos de la Guardia Nacional, se conduzcan con estricto apego a las leyes nacionales y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, salvaguardando la integridad física de todos y cada uno de los migrantes centroamericanos en especial de las niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados, brindando asistencia médica y jurídica, además de permitir un acceso ordenado a los migrantes que soliciten asilo político o estancia legal.

Notas

1 Naciones Unidas Paz, dignidad e igualdad en un planeta sano, 2020, recuperado el día 29 de agosto de 2021, de la página web: https://www.un.org/es/global-issues/migration.

2 Latinus, 2021, Integrantes de la Guardia Nacional y del INM dispersan a centenares de migrantes en Chiapas, recuperado el 29 de agosto de 2021, de la página web:

https://latinus.us/2021/08/28/guardia-nacional-inm-dispe rsan-centenares-migrantes-chiapas/

3 Principios de Doctrina de Acción Nacional 2002, 1. Persona y libertad, pagina 3, recuperado el 29 de agosto de 2021, de la página web: https://almacenamientopan.blob.core.windows.net/pdfs/documentos/toqfeHt QI8xfmvAAiJNc5U6xqTHiSO.pdf.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2021.

Diputada Saraí Núñez Cerón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía a emitir un acuerdo para denominar a la presente como la Legislatura de la Inclusión, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, los diputados Alma Carolina Viggiano Austria, Yolanda de la Torre Valdez, Norma Angélica Aceves García y Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Considerandos

La inclusión, como principio de equidad y justicia social, parte de la importancia de reconocer las diferencias y la discriminación que históricamente han existido para ciertos grupos sociales o minorías y, consecuentemente, establecer mecanismos que permitan solventar las distintas circunstancias sociales, políticas, económicas y físicas que marcan las diferencias a fin de poder ser incluidos en sociedad.

En este sentido, una perspectiva de la inclusión alude a la conformación de políticas públicas que atienden a las diferencias y desigualdades de las minorías con el objetivo de poder incluirlas en el espacio social a fin de garantizar el derecho humano de igualdad ante la ley.

En México, a pesar de que se han generado importantes avances en materia de igualdad y no discriminación, tal y como lo establece el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la realidad es que históricamente las minorías han sido discriminadas e incluso relegadas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2017, 20.2 por ciento de la población en México declaró haber sido discriminada.1 Por su parte, y con relación a los grupos sociales minoritarios, 40 por ciento de las personas no heterosexuales declararon que se les negó algún derecho.2 Asimismo, 25.1 por ciento de las personas con discapacidad y 20 por ciento de la población indígena declaró haber sido discriminadas.3

A fin de atender el fenómeno de la discriminación, garantizar el derecho de la igualdad y buscar construir un país que verdaderamente respete y proteja los derechos de todas las personas, se han generado diversos programas que pretenden combatir las desigualdades e integrar a las personas en distintos ámbitos de la vida diaria.

En este sentido, las pasadas elecciones, el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió el acuerdo INE/CG572/2020, el cual estableció la obligatoriedad de generar acciones afirmativas que permitieran incluir a grupos sociales históricamente discriminados en las campañas electorales.4

Cabe destacar que la acción afirmativa “hace referencia a aquellas actuaciones (medidas legales, administrativas o prácticas) dirigidas a reducir o, idealmente, eliminar las prácticas discriminatorias en contra de dos sectores históricamente excluidos como las mujeres y los niños y niñas indígenas, cuestión que es hoy en día un asunto de especial preocupación cuando se pone en la balanza el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y lo derechos individuales de estos sujetos”.5

A partir de acciones concretas, de leyes o acuerdos, se establecen mecanismos que obligan a la mayoría a abrir espacios para las personas menos favorecidas.

De esta forma, el INE estableció que los partidos políticos tenían la obligación de postular tres fórmulas de candidaturas integradas por personas afromexicanas en cualquiera de los tres distritos y una por el principio de representación proporcional en cualquiera de las cinco circunscripciones, debiendo ubicarla en los primeros diez lugares de la lista. Asimismo, las cuatro postulaciones debían hacerse de manera paritaria.6

Por lo que se refiere a las personas con discapacidad, el INE estableció que los partidos y las coaliciones debían postular a personas con algún tipo de discapacidad en seis de los 300 distritos. Por lo que se refiere a las listas de las diputaciones por principio de representación proporcional.7

En materia de discapacidad, partidos y coaliciones deberán postular fórmulas de candidaturas integradas por personas con discapacidad en seis de los 300 distritos que conforman el país. Asimismo, en las listas de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional, los partidos políticos nacionales también quedaron obligados para postular fórmulas en cualquiera de las cinco circunscripciones y también debían quedar en los primeros diez lugares de las listas.8

Por lo que se refiere a la diversidad sexual, se estableció la obligación de integrar, cuando menos, dos fórmulas para cualquiera de los 300 distritos electorales y, finalmente, debieron postular una fórmula en los primeros 10 lugares por el principio de representación proporcional.9

El resultado de lo anterior fue que, en el pasado proceso electoral, participaron 367 candidatos en representación de los sectores minoritarios y más vulnerables de la población: 169 personas indígenas; 37 afromexicanas; 31 de la diversidad sexual; 78 con discapacidad y 52 migrantes.

Del total de personas que compitieron por principio de mayoría relativa ganaron 20 representantes de la comunidad indígena, cuatro afromexicanas, dos en el de la diversidad sexual y tres en la de personas con discapacidad. Por el principio de representación proporcional entraron 31 personas.

La LXV Legislatura debe ser la legislatura de la paridad porque, por primera vez en la historia de las elecciones en México, existen 60 diputados que representan los intereses de grupos indígenas, afromexicanos, personas con discapacidad, integrantes de la comunidad LGBT, migrantes, entre otros.

Lo anterior propició que, en la actualidad, 12 por ciento de las curules de la honorable Cámara de Diputados se encuentran ocupados por personas que representan a grupos sociales que históricamente han sido discriminados, lo cual constituye un avance importante para la construcción de un México más incluyente y respetuoso de todas las personas sin importar su condición social, étnica, preferencias sexuales o situación de discapacidad.

Si bien es cierto que todavía queda mucho camino por recorrer a fin de consolidar un país respetuoso de las diferencias, la Cámara de Diputados cuenta con representantes de la población indígena, de la comunidad LGTBTTTIQ+, discapacitados y migrantes, lo cual permitirá construir leyes que atiendan a la diversidad social y cultural de México.

Por lo anterior, y con pleno respeto y reconocimiento de los diputados que representan a un grupo social minoritario, la LXV debe ser considerada como la Legislatura de la Inclusión, precisamente por ser la primera que cuenta con representes que permiten dar fe de la diversidad social del país.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado ponemos a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política a emitir un acuerdo para denominar a la LXV Legislatura, la Legislatura de la Inclusión.

Notas

1 Encuesta Nacional sobre Discriminación, CONADIC, en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2017/doc/enadis201 7_resultados.pdf

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Acuerdo, SEGOB, en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610455&fecha=27/01/2021

5 Sistema de Monitoreo de la Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe, Fondo Indígena, en:

https://www.fondoindigena.org/apc-aa-files/documentos/mo nitoreo/Definiciones/Definicion%20Dominios/5_2_Accion%20afirmativa_def. pdf

6 Acuerdo, SEGOB, en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610455&fecha=27/01/2021

7 Ibídem.

8 Ibídem.

9 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2021.

Diputados: Alma Carolina Viggiano Austria, Yolanda de la Torre Valdez, Norma Angélica Aceves García, Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CNPC y la SHCP a llevar a cabo acciones relativas a las afectaciones provocadas por las inundaciones en diversas entidades, suscrita por el diputado Carlos Alberto Puente Salas e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Carlos Alberto Puente Salas, así como las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, integrantes de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En días pasados, distintos medios de comunicación han informado sobre las afectaciones en diversos estados de la República como consecuencia de las fuertes lluvias que desde inicios de septiembre se presentaron causando desbordamientos de distintos cuerpos de agua.

En Hidalgo, el secretario de Gobierno del estado informó afectaciones ocasionadas por la inundación en Tula, Tlaxcoapan, Tezontepec de Aldama, Tetepango, Atitalaquia, Tlahuelilpan y Atotonilco de Tula provocaron pérdidas humanas, sin precisar por el momento el número de personas. Mientras que autoridades municipales reportaron la muerte de 10 personas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a causa de una falla en el sistema de oxígeno por corte de energía eléctrica.

Estas inundaciones no solo han cobrado vidas humanas, han ocasionado también un severo daño al sector agrícola debido a que cultivos de calabaza, maíz y frijol quedaron bajo el agua, esto generará la pérdida total de las cosechas.

Entre las entidades afectadas también se encuentra el Estado de México, donde municipios como Ecatepec de Morelos, Tlalnepantla de Baz y Coacalco de Berriozábal registraron inundaciones y devastación en varias zonas a consecuencia de las lluvias atípicas que han afectado a la entidad.

En particular en Ecatepec, la Dirección Municipal de Protección Civil estima más de 19 colonias afectadas, lo cual representa un número de entre 120 mil y 150 mil personas, también se registró el fallecimiento de dos personas. El caso de Tlalnepantla no es muy diferente en cuanto a las afectaciones ocasionadas por las lluvias. La Coordinación Municipal de Protección Civil de Tlalnepantla reporta el rescate de cinco adultos y una menor, los cuales presentaban lesiones leves como raspones al ser arrastrados por la fuerte corriente cuando se encontraban en un tianguis de la colonia Doctor Jorge Jiménez Cantú, donde el agua acabó con cien puestos. En el municipio de Coacalco se informa de la afectación por inundación en por lo menos 80 viviendas de seis colonias y en más de una decena de automóviles, por las intensas lluvias.

En todos los casos los daños son preliminares ya que aún falta hacer los censos necesarios en las diversas colonias afectadas y conocer así las pérdidas que sufrieron los habitantes del estado de México.

En cuanto al impacto generado por las precipitaciones que tuvieron lugar en Veracruz en días pasados, se registraron nueve personas fallecidas, así como calles, avenidas, colonias y hasta plazas comerciales cubiertas por el agua. Las pérdidas humanas se dieron en Xalapa y Poza Rica como consecuencia de los desplomes de tierra y el flujo de escombros.

Los daños materiales se extendieron por 22 municipios de Veracruz y van desde árboles caídos, inundaciones, cortes telefónicos y de energía, comunidades incomunicadas, familias que perdieron sus hogares, entre otras. Las cifras arrojan más de 35 mil habitantes de la demarcación perjudicados, hay mil 300 casas dañadas y 12 comunidades anegadas, además del desplome de más de mil árboles y postes de electricidad en 25 colonias.

En Jalisco, los municipios afectados fueron Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, Cihuatlán, La Huerta, Autlán, Casimiro Castillo, El Grullo, Talpa, Cuautitlán de García Barragán, Mascota, San Gabriel, Teocuitatlán, Santa María del Oro, Atoyac, Atenguillo, Villa Purificación y Mixtlán.

Entre las afectaciones, está el daño de al menos mil 156 casas, decenas de puentes y dos fallecidos. Se estima el costo por atender las afectaciones de hasta 500 millones de pesos, de los cuales de 60 a 70 millones se destinarían a la zona costera. También se contabilizaron por lo menos 11 deslaves y un número sin determinar de árboles derribados por los intensos vientos. Además, 90 escuelas de la entidad se vieron imposibilitadas de iniciar el ciclo escolar debido a los daños ocasionados por las precipitaciones.

Por otra parte, en Yucatán se reportan daños menores en la península, el impacto del huracán Grace provocó algunas afectaciones en el suministro de electricidad, internet, telefonía o agua potable, pero no provocó ni heridos ni víctimas mortales. De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, fueron afectados 154 mil 488 usuarios en el estado, que recuperaron el servicio de manera paulatina.

Por lo que hace a Nayarit, el huracán Nora afectó a los municipios de Huajicori, Tecuala, Acaponeta, Tuxpan y Rosamorada; tras su paso por la entidad, de acuerdo a la información de las autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Civil Ciudadana, diversos ríos se desbordaron provocando pérdida de la energía eléctrica, así como el cierre de acceso y comunicación en los poblados de El Resbalón y El Filo en Tecuala.

Respecto a Puebla, el gobierno local confirmó la muerte de cinco personas en los municipios de Huauchinango, Tlaola y Olintla como consecuencia del huracán Grace; asimismo, se contabilizaron daños que van desde encharcamientos y filtraciones de agua hasta la pérdida total de por lo menos 20 mil viviendas instaladas en 28 municipios de las sierras norte y nororiental.

Si bien es cierto que anteriormente se contaba con los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el cual tenía por objeto proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia, para responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población, generadas ante la inminencia, la alta probabilidad u ocurrencia de un fenómeno natural perturbador, el pasado 28 de julio del presente año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hizo oficial la desaparición del mencionado fondo, al publicar el acuerdo por el que se abroga el diverso por el que se emiten las Reglas Generales del fondo, en el Diario Oficial de la Federación.

A pesar de la desaparición del Fonden, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021 están contemplados dentro del Ramo 23 de Provisiones Salariales y Económicas dos fondos enfocados a atender las afectaciones ocasionadas por desastres naturales:

1. Fonden, con 8 mil 727.3 millones de pesos

2. Fopreden, con 200 millones de pesos

Derivado de la nueva condición del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales en la cual no se asumirán compromisos adicionales a los adquiridos previamente, salvo los relativos a los gastos de operación, y donde únicamente se podrán llevar a cabo los actos tendientes a su extinción, surge el Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales contemplado en los Artículos 7, fracciones III, IV y V; 19, fracción XI; 21, 59, 61, 62, 64 y 74 de la Ley General de Protección Civil, el cual depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales es un programa presupuestario cuya Unidad Responsable es la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Tiene como objetivo general asegurar que la población afectada por amenazas naturales reciba atención suficiente por parte del gobierno estatal y municipal ante emergencias.

Los recursos de este programa se proporcionan de manera complementaria y coordinada con las entidades federativas, entidades y dependencias federales que intervengan en los procesos de atención de las emergencias, cuando haya mediado una declaratoria de emergencia. Con ella la Dirección General para la Gestión de Riesgos (DGGR) de la CNPC está facultada para autorizar la adquisición de insumos y materiales relacionados con la salud, conforme a la normatividad aplicable, con el fin de responder de forma inmediata a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de las personas. Los insumos y servicios proporcionados dependerán del presupuesto asignado para cada ejercicio fiscal.

Corresponderá a la DGGR establecer y ejecutar un programa de capacitación, así como la elaboración de materiales de capacitación, para las entidades federativas en el acceso a los recursos para la atención de emergencias por amenazas naturales.

La declaratoria de emergencia es el acto mediante el cual la SSPC, por conducto de la CNPC, reconoce que uno o varios municipios o demarcaciones territoriales de una o más entidades federativas, se encuentran ante la inminencia, alta probabilidad o presencia de una situación anormal generada por una amenaza natural, y por ello se requiere prestar auxilio a la población cuya seguridad e integridad están en riesgo. Los municipios o las demarcaciones territoriales deberán establecer los mecanismos de coordinación necesarios con las autoridades de las entidades federativas, según sea el caso, a fin de ser considerados en una solicitud.

Al emitirse la declaratoria, la Coordinación Nacional de Protección Civil podrá gestionar e implantar las acciones de colaboración necesarias para que las dependencias y entidades, en el ámbito de sus respectivas competencias, coadyuven a atenuar los efectos de la Emergencia, así como para responder a las necesidades urgentes generadas por la misma; para ello podrá requerirles información sobre cada una de las afectaciones, acciones y en su caso erogaciones realizadas, a fin de monitorear y evaluar la situación.

Por tal motivo y para atender oportunamente la situación presentada en los diversos estados de la República, es de vital importancia emitir la declaración de emergencia por la ocurrencia de la lluvia severa e inundaciones en los pasados días para que las entidades puedan acceder a los recursos del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales, por lo anterior proponemos a esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Coordinación Nacional de Protección Civil a emitir la declaratoria de emergencia para los municipios afectados de Hidalgo, estado de México, Jalisco, Nayarit, Puebla, Yucatán y Veracruz, por la presencia de las inundaciones durante agosto y septiembre de 2021, ello, con el propósito de que éstos puedan acceder a los recursos del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de sus atribuciones, ejecute los mecanismos presupuestarios que permitan ejercer los recursos para implementar programas y proyectos para atender los daños ocasionados por fenómenos naturales perturbadores en el territorio nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2021.

Diputados: Carlos Alberto Puente Salas, Kevin Angelo Aguilar Piña, María José Alcalá Izguerra, Jasmine María Bugarín Rodríguez, Juan Luis Carrillo Soberanis, Karen Castrejón Trujillo, María del Rocío Corona Nakamura, Fátima Almendra Cruz Pelaez, Itzel Aleli Domínguez Zopiyactle, José Antonio Estefan Gillessen, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Laura Lynn Fernández Piña, Fausto Gallardo García, Tomás Gloria Requena, Armando Antonio Gómez Betancourt, Luis Arturo González Cruz, Gilberto Hernández Villafuerte, Ana Laura Huerta Valdovinos, Javier Joaquín López Casarín, Luis Alberto Martínez Bravo, Luis Armando Melgar Bravo, Sonia Mendoza Díaz, Santy Montemayor Castillo, Juan Pablo Montes de Oca Avendaño, Eunice Monzón García, Marco Antonio Natale Gutiérrez, Juan Carlos Natale López, Consuelo del Carmen Navarrete Navarro, Juan Manuel Navarro Muñíz, Ali Sayuri Núñez Meneses, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Luis Edgardo Palacios Díaz, Angélica Peña Martínez, Mario Xavier Peraza Ramírez, María del Carmen Pinete Vargas, Andrés Pintos Caballero, Janine Patricia Quijano Tapia, Antonio de Jesús Ramírez Ramos, Roberto Antonio Rubio Montejo, Ciria Yamile Salomón Durán, Christian Joaquín Sánchez Sánchez, Valeria Santiago Barrientos, Roberto Alejandro Segovia Hernández. (Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SSPC a emitir de manera urgente la declaratoria de emergencia respecto a Ecatepec de Morelos, México, y liberar recursos del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales que permitan reparar los daños tras las torrenciales lluvias y atender a los afectados, a cargo de la diputada Marisela Garduño Garduño, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Maricela Garduño Garduño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 6 de septiembre de 2021, el pronóstico meteorológico para la tarde-noche en Ecatepec de Morelos indicaba una precipitación pluvial de entre 4 y 6 milímetros. Sin embargo, la tormenta excedió de 24, lo que superó la capacidad del sistema de drenaje para desalojar las aguas pluviales.

La lluvia que inició cerca de las 18:00 horas y se prolongó durante más de una hora de manera intensa, aunque continuó lloviendo toda la noche; la tormenta se concentró en la zona de la Sierra de Guadalupe, las principales afectaciones se reportaron en las avenidas San Andrés, Insurgentes, Vía Morelos y Avenida Central, donde se concentró toda el agua que bajó de las comunidades de la parte alta de la Sierra de Guadalupe, donde se registró el desbordamiento de las barrancas de San Andrés, Izcalli, Ecatepec y Tierra Blanca; lo que dejo al menos 15 comunidades afectadas, como San Cristóbal, Nuevo Laredo, la Quinta Zona y la zona de San Andrés de la Cañada, entre otras.

Derivado de las fuertes lluvias registradas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó el fallecimiento de dos personas en Ecatepec, arrastradas por la corriente.

El gobierno municipal activó de manera emergente el Plan Mixtli, donde colaboran las direcciones del Servicio del Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec de Morelos, Movilidad, Protección civil y bomberos, Servicios Públicos, Medio ambiente, y Seguridad Publica, para atender las contingencias en temporada de lluvias y apoyar a la población.

Se instalaron seis módulos en las llamadas “zonas cero” de inundaciones: Avenida Nuevo Laredo, en la colonia del mismo nombre; avenida Nacional, en Santa María Chiconautla; en vía Morelos, a la altura del hospital 76 del IMSS, colonia Urbana Ixhuatepec, y en avenida Pichardo Pagaza, en la Quinta Zona del municipio; y otros dos módulos en Jardines de Morelos.

En varias calles de la zona centro de San Cristóbal que resultaron afectadas se han realizado labores de limpieza, como Adolfo López Mateos, Juárez, Agricultura, Nicolás Bravo y Zapata, entre otras, así como comunidades como Río de Luz, Nuevo Laredo, Hank González y Polígonos 1 a 3, entre otras.

Cientos de casas dañadas, pérdidas materiales, personas que perdieron todo...

Las autoridades estiman que los afectados serían más de 100 mil personas. Dada la magnitud de esta tragedia, se requiere que la Secretaría de Seguridad Ciudadana emita urgentemente la Declaratoria de Emergencia para el municipio de Ecatepec de Morelos, y así poder pueda acceder a los recursos del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales para hacer frente de manera inmediata a los daños desencadenados por las lluvias y su efecto en la población.

Por lo expuesto someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. - Se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a emitir de manera urgente la declaratoria de emergencia para el municipio de Ecatepec de Morelos en el Estado de México, así como a liberar los recursos necesarios del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales que permitan reparar los daños ocasionados por las lluvias torrenciales en el municipio y para la atención a las víctimas.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a 9 de septiembre de 2021.

Diputada Maricela Garduño Garduño (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía a privilegiar en el análisis del PEF la participación del INPI, a cargo de la diputada Fabiola Rafael Dircio, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Fabiola Rafael Dircio, integrante del Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Consideraciones

Que en la estructura del Presupuesto de Egresos de la Federación, los anexos transversales tienen un papel elemental: en ellos se relaciona la distribución de recursos por ramo y temas específicos para atender determinadas problemáticas.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria reza en el artículo 2, fracción III Bis:

Artículo 2. Para efectos de esta ley se entenderá por

Anexos transversales: anexos del Presupuesto donde concurren programas presupuestarios, componentes de éstos o unidades responsables, cuyos recursos son destinados a obras, acciones y servicios vinculados con el desarrollo de los siguientes sectores: Igualdad entre Mujeres y Hombres; Atención de Niños, Niñas y Adolescentes; Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas; Desarrollo de los Jóvenes; Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; Atención a Grupos Vulnerables; y los recursos para la mitigación de los efectos del cambio climático;1

Los presupuestos asignados a través de estos anexos transversales, en la práctica, carecen de indicadores de resultados, no se conocen sus metas y tampoco existe una dependencia rectora de los recursos distribuidos en las diferentes secretarías, es decir se obvia el correcto cumplimiento para lo mandatado en la Ley Federal de Presupuesto, lo que impide seguir el correcto uso en la aplicación de los recursos asignados a través de dichos anexos.

Que el anexo 10 prevé la participación de los pueblos y comunidades indígenas, obligando al Estado a establecer un marco institucional que se encargue de promover su desarrollo integral y a los congresos federal y estatales para que incluyan en sus presupuestos de egresos las partidas y programas correspondientes.2

El presupuesto para los pueblos y comunidades indígenas es una herramienta económica que les reconoce derechos a los 68 pueblos indígenas.

Debe reconocerse que, según datos del Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social, el porcentaje de población indígena en pobreza es del orden de 76.8 y el de población en pobreza extrema de 38.0.

Es importante dejar de manifiesto que, durante los últimos años, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, particularmente en el periodo de 2016 2021, se han asignado montos crecientes en lo que corresponde al anexo 10.

No obstante, el presupuesto correspondiente al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas ha tenido un decrecimiento constante al tener de 2016 a 2021 apenas una tercera parte.

Algo que es preocupante si consideramos que

El Instituto es la autoridad del Poder Ejecutivo Federal en los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicano, que tiene como objeto definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades.3


El Estado está obligado a establecer las políticas necesarias para el desarrollo integral de los pueblos y las comunidades originarias, con el propósito de minimizar la brecha de rezago que los afecta.

Por otra parte, el gasto público debe ejecutarse de manera que beneficie a todas y todos, por ello es necesario conocer las necesidades de los pueblos originarios, a fin de lograr un presupuesto que atienda sus problemas de origen.

El discurso no se reflejará en resultados sino se fortalecer a través de la asignación de recursos que sean suficientes para alcanzar estándares dignos de acceso a la salud y justicia; enfrentar la violencia sexual, obstétrica y feminicidios, y el acceso al trabajo digno.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a privilegiar en la discusión y el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022 la participación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en el anexo transversal definido para la atención de los pueblos indígenas, a fin de garantizar la adopción de políticas públicas adecuadas para atender las necesidades de los pueblos originarios.

Notas

1 http://www.diputados.gob.mx/

2 https://cefp.gob.mx/

3 https://www.gob.mx/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2021.

Diputada Fabiola Rafael Dircio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno mexiquense a generar un programa urgente de apoyo a los damnificados de Ecatepec y municipios aledaños afectados por las precipitaciones pluviales del pasado 6 de septiembre, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscribimos, diputados federales integrantes de la LXV Legislatura, por el Estado de México, pertenecientes al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 59, 65 numeral 4, 79, numeral 1, fracción III, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Las fuertes lluvias atípicas que azotaron este lunes seis de septiembre al municipio de Ecatepec, así como zonas de Coacalco, Tultepec y Tultitlán, todos del estado de México, han provocado alarma en la población, pues se han reportado descargas eléctricas, inundaciones, afectaciones en vialidades, así como, personas lesionadas e incluso, hay quienes, lamentablemente perdieron la vida.

Medios de comunicación refieren que se registraron acumulaciones de agua que superan los cincuenta centímetros de alto, personas y autos quedaron varados, viéndose obligadas a pedir auxilio a las autoridades y extremar precauciones.

Hay quienes perdieron todas sus propiedades: muebles, vehículos e incluso sus negocios y medio de sustento quedaron inservibles.

Los diputados federales del estado de México, a fin de ser empáticos con los vecinos de los municipios mencionados, nos unimos para exigir al titular del gobierno del estado de México que genere de manera inmediata un programa emergente de apoyo a los damnificados del municipio de Ecatepec y de los municipios aledaños del estado de México, afectados por las precipitaciones pluviales.

Ecatepec de Morelos es uno de los municipios que se encuentran conectados al Túnel Emisor Oriente, el sistema de conexión de drenaje profundo más grande de Latinoamérica. Este sistema de drenaje profundo tiene la función de eficientar el desalojo de aguas para evitar inundaciones, liberando las funciones de los cárcamos de la zona que se ven rebasados cada temporada de lluvias, provocando desbordamientos e inundaciones severas.

Desde el año 2016 se realizó la conexión de Ecatepec de Morelos al Túnel Emisor Oriente con la línea de desagüe del municipio; sin embargo, tras concluirlo nunca se realizó el buen manejo técnico de este sistema, provocando que las aguas grises continuaran inundando las calles de este territorio.

Los daños ocasionados por las lluvias el día de ayer obligan a reconocer que, ante los fenómenos de la naturaleza, hay estrategias preventivas que se deben tomar desde el gobierno del estado de México, a fin de evitar daños como los que se presentaron.

A falta de ello, los legisladores del estado de México presentamos esta proposición con punto de acuerdo, para solicitar al gobierno del estado de México brinde apoyo a las familias afectadas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular del gobierno del estado de México a generar un programa emergente de apoyo a los damnificados de Ecatepec y de los municipios aledaños afectados por las precipitaciones pluviales del pasado 6 de septiembre del presente año.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a los titulares de la Conagua (Comisión Nacional del Agua); CAEM (Comisión del Agua del Estado de México) y Sapase (Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec de Morelos) para que, de manera conjunta, implementen un equipo técnico para el funcionamiento del Túnel Emisor Oriente para eficientar el desalojo de aguas en el municipio de Ecatepec de Morelos y evitar futuras inundaciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre 2021.

Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades competentes a informar a la opinión pública sobre los avances en las investigaciones por el colapso de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado federal en la LXV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades competentes a que informen a la opinión pública respecto a los avances en las investigaciones por el colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, así como se informe la fecha de reactivación de la misma, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La corrupción y la impunidad que desde hace décadas prevalece en las instituciones públicas del país, constituye una afrenta para todas las y los mexicanos. Nuestro país ha estado entre los primeros lugares cuando de corrupción se trata, sin poder erradicar ni la práctica, ni sus efectos secundarios.

Asimismo, la corrupción es un lastre del sistema político que lo ha ido degradando paulatinamente. Así también es considerada como una enfermedad que se multiplica y crece a niveles exponenciales, con estructuras y estrategias que se reproducen casi a diario en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

La impunidad se ha convertido en una generalidad entre los servidores públicos, frente a quienes los actos de corrupción quedan impunes, aun cuando existan leyes específicas en la materia para sancionarlos, pero que por múltiples factores no se materializan en la práctica.

Por otro lado, la corrupción se ha posicionado como uno de los principales problemas a combatir, ya que en la actualidad se ventilan múltiples casos de ésta en su modalidad pública, en los que se encuentran relacionados los tres órdenes de gobierno, y por ende servidores públicos de todos los niveles jerárquicos, quienes han estado relacionados en denuncias públicas que involucran el uso y abuso de los recursos públicos para beneficio privado.

Resulta más lacerante cuando estas conductas son denunciadas con tiempo de antelación, para evitar en muchos casos desgracias y eventos fatídicos, pero son ignoradas.

Ejemplo de ello es la tragedia ocurrida en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, ya que el pasado 3 de mayo durante la noche colapsó el paso elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco, que dejó aproximadamente 26 fallecidos y decenas de heridos.

Los primeros informes arrojaron que una “falla estructural” asociada a deficiencias en el proceso constructivo estuvo detrás del derrumbe.

Este hecho indignó a toda la sociedad mexicana, además, de dejar a familias desamparadas con la perdida de algún familiar, resultando así, un hecho de corrupción que dejaba como resultado pérdidas humanas.

Es del conocimiento que la construcción y mantenimiento de esta Línea siempre estuvo bajo la lupa; es así que, como diputado local de la V Legislatura de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, derivado del caso de corrupción e investigaciones que se dieron desde ese entonces respecto al cierre parcial de la Línea 12 del Metro, alcé la voz y advertí de graves irregularidades que podrían representar un riesgo para los usuarios.

Así también, presenté un paquete de iniciativas para reformar diversas disposiciones y ordenamientos jurídicos en la capital y así evitar influyentísimo y opacidad en contrataciones de la importancia de la Línea 12.

Hoy en día después de la tragedia solo existen promesas incumplidas, pues no existen responsables al respecto que les permita a las familias afectadas saber que habrá justicia, tampoco se sabe sobre la rehabilitación del tramo afectado, y no se tiene conocimiento de cuando operará la Línea, situación que afecta a los usuarios.

El informe que presentó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respecto al desplome de la Línea Dorada, se caracterizó por la falta de transparencia, no ofreció fechas específicas para la rehabilitación de la Línea de transporte, como tampoco fechas para que la población pueda acceder a un transporte colectivo público seguro. Sin dejar pasar, el claro encubrimiento de Florencia Serranía Soto, directora general del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) y anteriormente subgerente de Mantenimiento del mismo, pues a pesar de las evidentes fallas y tragedias acontecidas en dicho transporte se negó a destituirla, y cuando esta renunció se fue sin dar cuenta de su actuar y responsabilidad frente al desplome de la Línea 12.

Tampoco la Fiscalía General de Justicia de la CDMX ha informado el avance en las investigaciones, si ya hay nombres de los responsables de este lamentable acontecimiento, ya que en este tiempo solo ha existido impunidad.

Así como tampoco existe información del Sistema de Transporte Colectivo Metro sobre la fecha de reactivación del tramo afectado, y de la seguridad de los usuarios cuando esto suceda.

Es importante mencionar los constantes recortes presupuestales al Metro, ya que en el 2020 se había aprobado un presupuesto inicial de 15 mil 652 millones de pesos, al cual se le redujeron 774 millones, quedando un presupuesto aprobado de 14 mil 878.4 millones, de los que se ejercieron 14 mil 290.5 millones.

Otra parte que no debemos olvidar es la transparencia en el gasto que esta reactivación traerá aparejada, pues las autoridades están obligadas a informar, cuánto costará, cuáles son los procedimientos administrativos a seguir, y sobre todo qué empresas participarán.

A cuatro meses de la tragedia, solo se puede observar que la impunidad cobra vidas, pues desde la planeación y construcción de la multicitada Línea durante la administración de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno, se denunciaron graves omisiones que alertaban sobre accidentes y nada sucedió.

A cuatro meses, las familias de las víctimas observan impunidad al no tener claridad de si habrá responsables y serán sancionados por este lamentable acontecimiento.

A cuatro meses, la ciudadanía no conoce a detalle cuáles fueron las causas de este accidente, y mucho menos saben si cuando reanude el servicio podrán contar con la certeza de que accederán a un servicio de transporte seguro y de calidad.

El pasado 7 de septiembre, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, publicó el Dictamen Final Fase II, el cual no aporta nada novedoso en lo publicado anteriormente, además, de que este dictamen carnal continúa encubriendo a los verdaderos responsables de la tragedia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.- La LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y a la Secretaría de la Contraloría General de dicha entidad, a que informen a la opinión pública respecto a los avances en las investigaciones para aplicar las sanciones penales correspondientes por el colapso de la Línea 12 del Metro de la CDMX, así como, de las responsabilidades fincadas a los funcionarios y ex funcionarios públicos relacionados con este hecho.

Segundo. - La LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a través del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), a informar a la ciudadanía la fecha de reactivación del tramo Olivos-Tezonco de la Línea 12, así como, la transparencia en el gasto para dicha reactivación y la seguridad estructural para los usuarios.

Tercero. - Se exhorta a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que en su propuesta de presupuesto para la Ciudad de México, no se consideren recortes al mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Cuarto. - Se pone a consideración de la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados a crear una comisión plural de seguimiento a las investigaciones por el colapso de la Línea 12 del Metro de la CDMX, así como, al proceso de reactivación del tramo Olivos-Tezonco.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2021.

Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conade a realizar acciones en pro del deporte paralímpico, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Norma Angélica Aceves García, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) a realizar diversas acciones en favor del deporte paralímpico, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. De acuerdo con el Comité Paralímpico Mexicano (Copame), los juegos paralímpicos tienen su origen en Inglaterra en el año 1943, cuando el doctor sir Ludwig Guttmann, quien es considerado el fundador del deporte para personas con discapacidad en el mundo, decidió como estrategia para apoyar la recuperación de sus pacientes, introducir el deporte, lo cual tuvo muy buena aceptación y pasó de ser una medida estrictamente médica a una opción para la recreación que al paso del tiempo dio pauta a que se realizaran competiciones.1

Años después, en el año 1948, el doctor Guttmann organizó la primera competición entre hospitales de ámbito nacional para deportistas en silla de ruedas, llamados “Juegos de Stoke Mandeville”, en la cual únicamente hubo la competición de tiro con arco con 16 participantes con lesión medular. La celebración de esta competición coincidió con la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Londres.2

Por su parte, abonado a la construcción de la competición paralímpica, en el año 1949 en Estados Unidos de América (EUA) empezaba a practicarse baloncesto en silla de ruedas, a tal magnitud que se realizó el denominado Torneo Nacional de Baloncesto y se formó la Asociación Nacional.3

Así, gracias a la suma de esfuerzos, en el año de 1960 se realizaron los primeros juegos paralímpicos en Roma, ciudad en la que se dieron cita 400 deportistas con lesión medular de 23 países, para disputar 58 eventos con medalla en ocho deportes: atletismo, baloncesto, dardos, esgrima, natación, billar, tenis de mesa y tiro con arco. A partir de ese momento, los Juegos Paralímpicos se han llevado a cabo cada cuatro años al finalizar los Juegos Olímpicos.4

En esa virtud, gracias a la gran aceptación y participación de atletas paralímpicos de todo el mundo, se crea el 22 de septiembre de 1989 el Comité Paralímpico Internacional, como un mecanismo para abonar a la consolidación y proyección de la especialidad, con la responsabilidad de apoyar a nuestros más de 200 miembros a desarrollar el Para deporte, así como para promover la inclusión social, garantizar la realización y organización exitosa de los Juegos Paralímpicos y actuar como federación internacional de diez disciplinas.5

2. México hizo su debut en los Juegos Paralímpicos en 1972 obteniendo a través del tiempo grandes resultados. Hasta la competición de Río de Janeiro, Brasil, en 2018, México tenía un total de 289 medallas; sin embargo, la gran actuación de la Delegación mexicana en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, en donde hasta el día de hoy se han ganado 13 preseas, suman un total de 302 medallas acumuladas en la historia de la participación de nuestro país, teniendo en Juana Soto, Doramitzi González y Josefina Cornejo, nuestras mayores ganadoras con 14, 11 y 10 medallas, respectivamente.6

Para la actual edición de Juegos Paralímpicos, la Delegación mexicana cuenta con un total de 60 deportistas, 29 mujeres y 31 hombres, quienes compiten en para atletismo, boccia, para ecuestre, judo, para natación, para powerlifting , para remo, para taekwondo, para tenis de mesa, para tiro con arco, para triatlón.7 Las y los ganadores de medallas, hasta el momento, son:

3. Es una realidad que el deporte paralímpico ha dado un sinfín de alegrías a nuestro país y también que lo seguirá haciendo en cada evento en que participen nuestros atletas, por lo que podemos asegurar que, si se fortalecen los apoyos y se destinan más recursos a la creación de espacios y centros de práctica especializada en las disciplinas paralímpicas, los resultados serían aún mejores.

Lamentablemente, en un sentido totalmente contrario, estamos ante la incertidumbre que ha generado la desaparición de diversos fideicomisos, entre los cuales se encuentra el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), a través del cual se pagaban las becas vitalicias a medallistas olímpicos y paralímpicos, y a la fecha no existe claridad respecto del instrumento legal o norma en el cual quedará plasmada la manera en la que se entregará la citada beca.

Situación que no es congruente con los grandes resultados deportivos, ni con una visión que pretenda apoyar e incentivar a mediano y largo plazo al deporte paralímpico, por lo que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte debe emplear las acciones a las que haya lugar con la finalidad de asegurar que las becas ganadas, con tanto esfuerzo y sacrificio, sean cubiertas en su totalidad.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que:

a) Garantice el pago de las becas vitalicias a deportistas medallistas paralímpicos, y

b) Refuerce las estrategias encaminadas a la formación y desarrollo de los deportistas paralímpicos mexicanos, en congruencia con los excelentes resultados obtenidos en las competiciones internacionales.

Notas

1 Visto en: https://www.copame.org.mx/ Consultado el 31 de agosto de 2021.

2 Ibídem.

3 Ibíd.

4 Ibíd.

5 Visto en: https://www.paralympic.org/ipc/who-we-are Consultado el 31 de agosto de 2021.

6 Visto en: https://www.gob.mx/conadis/es/articulos/participacion-de-mexico-en-los- juegos-paralimpicos?idiom=es Consultado el 31 de agosto de 2021.

7 Visto en: https://www.gob.mx/conade/prensa/mexico-va-a-juegos-paralimpicos-tokio- 2020-con-60-seleccionados?idiom=es Consultado el 31 de agosto de 2021.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2021.

Diputada Norma Angélica Aceves García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SFP a investigar al subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción de la SCTG oaxaqueña por actos de corrupción en el desempeño de sus labores, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar las investigaciones correspondientes al subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción, de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Luis Raúl Arzate Libien, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Un funcionario público es una persona física, servidor del Estado designado por elección popular o por nombramiento de autoridad competente, el cual ocupa grados superiores de la estructura orgánica el cual asume funciones de representatividad, iniciativa, decisión y mando.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo define en su artículo 108 como:

“Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

...

...

...

...”1

Este artículo se encuentra insertado en el Título Cuarto que se refiere a las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción y Patrimonial del Estado, por lo que el hecho de ser un servido púbico recaen en el cumplimiento de ciertas responsabilidades y en caso de no cumplirlas se harán acreedores a sanciones.

En la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece en su artículo 7, los principios y directrices que deben seguir los servidores públicos, cuidando siempre en su desempeño los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.2

En caso de no realizar sus actividades conforme el artículo anterior se harán acreedores a sanciones dependiendo la gravedad de la falta cometida, ya que esta misma ley establecen la sanciones para faltas graves y no graves que van desde una amonestación, suspensión, destitución o inhabilitación, sanciones enumeradas en el artículo 75 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En el ámbito local cada estado hace sus adecuaciones sin perder de vista los principios Generales de la ley, tal es el caso de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, en su artículo 5 establece:

“Artículo 5. Todos los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público.”

De igual manera las sanciones son las establecidas en la Ley General conforme lo establece el artículo 51 de la ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, a saber:

“Artículo 51. Las Faltas administrativas no graves, las Faltas administrativas graves y las de Particulares, serán sancionadas en los términos previstos en los Capítulos I, II, III y IV del Título Cuarto de la Ley General.”3

Como podemos observar los funcionarios tienen que cumplir con ciertos compromisos a los que los obliga la ley, sin embargo, hay quienes olvidan que están obligados a cumplir con la ley y siguen actuando con prepotencia e irresponsabilidad como es el caso del Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción, de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Luis Raúl Arzate Libien, el cual ha sido denunciado públicamente por realizar reuniones privadas en su oficina en donde se dice no trata asuntos laborales, sino de índole personal además de que en el mes de julio del año en curso, en donde una persona solicitó el trámite de subdivisión de 24 lotes de un predio ubicado en el Puerto Escondido, en donde después de 6 meses de comenzar un trámite con toda la entrega de los documentos requeridos a la Dirección de Catastro el señor Raúl Arzate lo busco para que a cambio del trámite le fueran entregados 2 lotes para el gobernador, ya que de no ser así el trámite no sería autorizado, tal como paso, pero no fue suficiente el que le negaran el trámite, además ha recibido constante hostigamiento para obligarlo a presentarse a un notario público para firmar las escrituras de los terrenos que quieren como pago; estos actos de corrupción han caído en situaciones como el de suplantar personalidad y la falsificación de firmas.

Como podemos observar que el actuar y el comportamiento de este servidor público no es el que se establece en la ley, por lo cual debe ser investigado por actos de corrupción, para que no siga extorsionando a la ciudadanía, más cuando se supone que es un funcionario que está a cargo de esta área dentro de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para que investigue al Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción, de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Luis Raúl Arzate Libien, por actos de corrupción en el desempeño de sus labores.

Notas

1 Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas

Bibliografía

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

- Ley General de Responsabilidades Administrativas

- Martínez Platas, Ignacio. Denuncia corrupción y despojo en Instituto Catastral de Oaxaca. Cuarta Plana (sábado, 24 de julio de 2021)

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días del mes de septiembre de 2021.

Diputada Margarita García García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar tanto a los congresos locales cuyos ordenamientos penales criminalizan la interrupción voluntaria del embarazo de forma absoluta como a las autoridades encargadas de perseguir los delitos y salud pública a adecuar y tomar como referente en sus actuaciones y determinaciones los razonamientos de la decisión de la SCJN en la acción de inconstitucionalidad 148/2017, a cargo del diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros , integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 55, numeral 4; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III, IV y VI; y 100, numerales 1 y 2, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución , con base en las siguientes:

Consideraciones

El pasado 7 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 148/2017, por la cual se declara la invalidez de diversas disposiciones del Código Penal del estado de Coahuila de Zaragoza, incluidas aquellas que tipifican el aborto voluntario en cualquier etapa de la gestación.

Con esta resolución, la Corte dio un paso histórico en favor de la protección y garantía de los derechos y libertades de las mujeres y personas con capacidad de gestar, al determinar por primera vez la inconstitucionalidad de las normas que sancionan penalmente la interrupción voluntaria del embarazo.

La autonomía de las mujeres a decidir sobre su proyecto de vida, sobre su salud y su cuerpo, es un derecho reconocido y protegido por la Constitución, como lo estableció el máximo tribunal de nuestro país. El Estado no solo no puede recurrir al derecho penal para castigar el ejercicio de esa autonomía, sino que, por el contrario, debe garantizar todas las condiciones materiales y jurídicas para que las libertades reproductivas de las mujeres se ejerzan de manera segura. La postura a este respecto es clara: “el ejercicio de un derecho constitucional no puede ser, al mismo tiempo, un delito”.1

Tutelar el valor fundamental de la autonomía de las mujeres y personas con capacidad de gestar es una obligación del Estado mexicano, pues dicho principio maximiza el ejercicio de los derechos a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad jurídica, la privacidad, la salud y a la libertad reproductiva. Impedir y, aun más, criminalizar la interrupción voluntaria del embarazo supone una limitante injustificada a la luz de nuestra Constitución y de los tratados internacionales protectores de derechos humanos suscritos por nuestro país.

La autodeterminación de las mujeres ha sido negada históricamente, con base en prejuicios de género fundados en estructuras patriarcales que buscan subordinarlas e imponer sobre ellas mandatos que niegan toda forma de autonomía y el derecho a una vida digna. Paradójicamente, esos mandatos patriarcales se esconden en la defensa de la vida. Sin embargo, como lo explicaron las ministras y ministros, aunque la vida es un valor fundamental en nuestro sistema jurídico, no es un valor absoluto, pues en nombre de ella se suelen minimizar problemáticas e invisibilizar –u obstaculizar – otros derechos. Precisamente, en nombre de la vida, el Código Penal de Coahuila impedía que las mujeres y personas gestantes que interrumpían su embarazo fueran asistidas por personal sanitario y, por otra parte, limitaba a 12 semanas la posibilidad de abortar en casos de violación, inseminación o implantación artificial.

La determinación de cuándo inicia la vida es el principal objeto de discusión al momento de hablar sobre aborto, sin embargo, esas posturas suelen olvidar que –como sostuvo la ministra Margarita Ríos Farjat– “la idea de vida sobrepasa, en muchas dimensiones, la posibilidad normativa del derecho”.2

La idea de cuándo comienza la vida depende, muchas veces, de apreciaciones subjetivas que no pueden ser la base de las decisiones que toma el Estado.

Ni el Poder Legislativo, ni cualquier otra autoridad, pueden resolver en definitiva cuándo comienza la vida, pero sí pueden reconocer grados de protección. Así pues, la interpretación de la Corte determinó que, en nuestro sistema jurídico constitucional, este valor goza de una protección progresiva, por cuanto ninguna prerrogativa tiene un carácter absoluto, y los derechos y principios en juego exigen un espacio de resguardo y defensa propio en dicho sistema.

La decisión de la Corte se basa, de acuerdo con el ministro Luis María Aguilar, “en una narrativa jurídica propia del contexto actual, que responde a los cambios y a la dinámica cultural de la sociedad mexicana y que tiene sus bases generales en los principios fundamentales que definen al Estado mexicano, como son democracia, laicidad, pluralidad y la propia vocación social de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de un discurso de derechos fundamentales y desde la razón pública”.3

La decisión de la Corte es paradigmática, como ya se ha mencionado, porque establece por primera vez que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, además de reconocer el derecho y la necesidad de garantizar el derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar, sin enfrentar por ello consecuencias penales. La decisión adoptada por unanimidad de 10 votos tiene efectos generales en el estado de Coahuila, por lo que se expulsan del sistema jurídico las normas declaradas inconstitucionales, lo cual tiene por efecto eliminar el fundamento para mantener privadas de la libertad a las mujeres, personas con capacidad de gestar y demás sujetos involucrados en casos de interrupción voluntaria del embarazo.

Ahora bien, de conformidad con el párrafo décimo segundo del artículo 94 constitucional, las razones que justifican esta decisión son obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas. Los efectos de la sentencia que en su momento se publique son obligatorios, por supuesto, para las autoridades encargadas de la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales en el estado de Coahuila, no así para los poderes legislativos o autoridades administrativas que no se encuentren obligados a acatar este fallo paradigmático de la Corte.

No obstante esos efectos, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sienta un precedente que, más temprano que tarde, llevará a que las legislaturas de los estados armonicen sus leyes y códigos locales con base en esta interpretación garantista sentada en lo relativo a la interrupción voluntaria del embarazo. Por su parte, los actos y decisiones de las autoridades encargadas de la persecución de los delitos, cuando estos se refieran al aborto tipificado como la interrupción del embarazo de manera voluntaria y en términos absolutos, se enfrentarán al ejercicio del control de constitucionalidad de los órganos jurisdiccionales locales y federales que sí están vinculados por la sentencia de la Corte.

De esta manera, al decidir sobre casos futuros, las y los juzgadores deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta, lo cual – de acuerdo con la Corte – ocurre cuando los tipos penales no contemplan la posibilidad de interrumpir el embarazo en un período cercano a la implantación, o cuando las normas solo establecen la posibilidad de abortar en el contexto de excusas absolutorias, pues en este último caso el delito existe aun cuando no se imponga una sanción por ello.

El ejercicio de las libertades y derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, su autonomía para decidir sobre su proyecto de vida, su salud y su cuerpo, no pueden aplazarse más. El respeto y garantía de estos derechos no es optativo para el Estado mexicano, máxime cuando estos se encuentran plenamente reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos en los que hemos decidido formar parte.

Reiteramos, el derecho a decidir de las mujeres y personas con capacidad de gestar no puede ser confrontado por el Estado, menos aún mediante el derecho penal. Por el contrario, es nuestra obligación garantizar que todas las mujeres y personas con capacidad de gestar accedan a servicios de salud seguros, gratuitos y accesibles; que tengan a su alcance información, educación y medios que las acompañen en el ejercicio de sus derechos, de manera no invasiva y respetuosa de su privacidad, inteligencia y autonomía; que no sean sujetas a ninguna forma de violencia, coerción o que vulnere su consentimiento durante la decisión de su proyecto de vida.

Es por todo lo anterior que proponemos a esta soberanía considerar como puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución, por ser de interés público y trascendencia nacional, los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas, cuyas legislaciones locales en materia penal tipifican la interrupción voluntaria del embarazo de manera absoluta, o bien, que únicamente contemplan causas de exclusión de la responsabilidad en casos de aborto, a derogar dichas normas por ser inconstitucionales y a regularizar su contenido conforme a los parámetros constitucionales y convencionales protectores de derechos humanos, tomando como eje para ello, la jurisprudencia sentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 148/2017.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Fiscalías, ministerios públicos y demás autoridades encargadas de la persecución de los delitos, a tomar como referente los motivos y razonamientos que justifican la jurisprudencia sentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 148/2017, durante el ejercicio de sus atribuciones de persecución y ejercicio de la acción penal.

En consecuencia se exhorta específicamente a las autoridades ministeriales que empleen la figura del desistimiento de la acción penal para beneficiar a las mujeres que hayan sido imputadas por los delitos de aborto, homicidio en relación de parentesco u otros semejantes.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades administrativas de salud pública de las entidades federativas, a garantizar el derecho a la salud de las mujeres y personas con capacidad de gestar, mediante el acceso a servicios de interrupción voluntaria del embarazo seguros, gratuitos y accesibles, mediante personal capacitado, suficiente y no objetor de conciencia; así como a brindar información objetiva, veraz, accesible y no invasiva de la libre determinación y autonomía de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Notas

1 Acción de Inconstitucionalidad 148/2017. Versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el martes 7 de septiembre de 2021. p. 19.

2 Ibídem, p. 6.

3 Acción de Inconstitucionalidad 148/2017. Versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el lunes 6 de septiembre de 2021. p. 11.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2021.

Diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y el Sistema Nacional DIF a informar a la opinión pública sobre el número real de menores de edad en orfandad derivada de la pandemia por Covid-19, y entregarles becas Benito Juárez, a cargo de la diputada Karen Michel González Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Karen Michel González Márquez, diputada federal por el estado de Guanajuato e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para que se informe a la opinión pública el número real de menores de edad en situación de orfandad derivada de la pandemia por Covid-19; y se entreguen “Becas Benito Juárez” para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad, derivada de la pandemia por Covid-19; y que se asignen recursos presupuestales para ese fin. Lo anterior, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con estudios realizados por la revista médica británica “The Lancet”1 la pandemia provocada por el Covid-19 ha dejado en México a 131 mil 325 niñas, niños y adolescentes sin padres o cuidadores principales. La misma publicación añadió que de un grupo de 21 países en dónde se realizaron las mediciones, nuestro país es el más afectado en ese rubro a nivel mundial, por encima de Estados Unidos, India, Brasil, Perú y Sudáfrica.2

El estudio se realizó por investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, el Banco Mundial y la University College London. Utilizaron métodos desarrollados y validados hace años para estimar la cantidad de niños en todo el mundo que habrían quedado huérfanos a causa del sida para pronosticar la cantidad de huérfanos de Covid-19.2

El estudio se realizó tomando las cifras de muertes por Covid-19 de los meses de marzo de 2020 a abril de 2021. En todo el mundo, se estima que, en ese periodo, hubo 1 millón 134 mil menores de 18 años que sufrieron la pérdida de por lo menos uno de sus padres o abuelos con custodia.

El estudio también reveló que se calcula que 33 mil 342 menores perdieron a su madre, 97 mil 951 perdieron a su padre; y 32 menores perdieron a ambos. Sí se considera a aquellos menores de edad que también perdieron a sus cuidadores secundarios, la cifra se eleva a 141 mil 312.

El estudio de “The Lancet” añade que la muerte de los cuidadores puede tener graves consecuencias colaterales, porque los menores que viven esta situación tienen mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental; violencia física, emocional y sexual; y pobreza familiar. Precisa que estas experiencias adversas aumentan el riesgo de suicidio, embarazo adolescente, enfermedades infecciosas, incluido el VIH/sida, y enfermedades crónicas.

Otro aspecto que se señala en el estudio es que el número de víctimas mortales, y en consecuencia de menores huérfanos, seguirá aumentando en la medida en que avance la pandemia.

La suscrita, así como mi grupo parlamentario, estamos convencidos que es nuestro deber como legisladores, apoyar a esos menores de edad que han quedado desamparados.

El medio más valioso que se puede proporcionar a cualquier persona es una educación de calidad, sobre todo para los menores de edad. La educación les permitirá enfrentarse a la vida de adultos con herramientas valiosas para aspirar a una vida mejor en todos los sentidos.

Desde antes de la pandemia, el Sistema Educativo Mexicano ya enfrentaba graves problemas. Los menores de edad se ven obligados a desertar a sus estudios porque en la mayoría de los hogares tienen que empezar a trabajar desde pequeños para contribuir al ingreso familiar.

Por ello es de vital importancia que el Estado mexicano les proporcione apoyos para que puedan continuar con sus estudios, y más en situaciones como la que estamos viviendo por la pandemia por Covid-19, en que miles de hogares de bajos ingresos se han quedado sin el soporte económico de los padres.

El gobierno federal tiene el programa de “Becas Benito Juárez”,4 que está dirigido a niñas, niños y adolescentes estudiantes de educación básica y educación media superior.

De acuerdo con la página de internet informativa del programa, la solicitud de incorporación al padrón de Becas Benito Juárez debe ser realizada por la madre, padre o tutor a través del Sistema Nacional del DIF; situación que de entrada pone en desventaja a los menores de edad en situación de orfandad.

Desde noviembre de 2020, la Secretaría de Educación Pública a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a través de la Unidad de Atención a la Población Vulnerable, suscribieron el Convenio de Colaboración de Transferencia de Información para la Identificación de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad derivada de la pandemia causada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19).

Según cifras del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en México hay al menos 6 mil 866 niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad a consecuencia de la pandemia por Covid-19.5

Según esas cifras oficiales, de ese total de niñas, niños y adolescentes, 5 mil 74 ya han sido beneficiados con becas y además están pendientes de resolver mil 792 casos.6 Lo anterior representa que el 73.9 por ciento de menores de edad en situación de orfandad derivada de la pandemia, ya cuentan con el beneficio de la “Beca Benito Juárez”; y que el 26.1 por ciento restante está por resolverse.

El problema es que las cifras que maneja el DIF son abismalmente inferiores a las que proporcionó la revista médica “The Lancet”. Lamentablemente, el gobierno del presidente López Obrador, durante toda la pandemia, ha publicado cifras muy por debajo de las reales, porque este gobierno le da un manejo político y electoral a la pandemia, y no lo hace con un enfoque científico y con el ánimo de salvar vidas.

La cuarta transformación maneja esos números tan bajos, para dar el mensaje de que las víctimas por Covid-19 son muy pocas y negar lo que muchos en México y en gran parte del mundo sabemos: que la estrategia de Andrés Manuel López Obrador y de su gobierno para combatir la pandemia por Covid-19 es un absoluto fracaso.

Recordemos lo dicho por el presidente López Obrador en abril de 20207 “esto (la pandemia) nos vino como anillo al dedo para afianzar la cuarta transformación”.

El gobierno federal tiene la obligación de atender la pandemia por Covid-19 con enfoque humanitario y científico y dejar de utilizarla para obtener beneficios políticos y electorales.

Por ello exhortamos a la Secretaría de Educación Pública y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia-DIF, para que den a conocer el número real de niñas, niños y adolescentes que quedaron en estado de orfandad, derivado de la Pandemia por Covid-19; y que faciliten los trámites y procedimientos, para que los menores de edad puedan ser beneficiados con las “Becas Benito Juárez”.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para que, a la brevedad, den a conocer a la opinión pública, las cifras reales de las niñas, niños y adolescentes que quedaron en situación de orfandad, derivada de la pandemia por Covid-19.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para que faciliten y agilicen los trámites y procedimientos requeridos, para que las niñas, niños y adolescentes que quedaron situación de orfandad, derivada de la Pandemia por Covid-19, puedan ser beneficiados con las “Becas Benito Juárez”.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que asigne los recursos suficientes, para el número adicional de “Becas Benito Juárez” que se requieran.

Notas

1 https://politica.expansion.mx/mexico/2021/07/21/voces-el-covid-19-ha-de jado-a-131-000-ninos-huerfanos-en-mexico-estima-the-lancet

2 https://cnnespanol.cnn.com/2021/07/25/mexico-pais-con-mas-huerfanos-por -covid-19-segun-estudio-orix/

3 Ídem.

4 https://www.gob.mx/becasbenitojuarez/prensa/firma-de-convenio-para-apoy ar-a-familiares-de-victimas-de-covid-19?idiom=es

5 https://www.razon.com.mx/mexico/roza-7-000-cifra-ninos-orfandad-covid-c ontando-443614

6 Ídem.

7 https://aristeguinoticias.com/0204/mexico/esto-nos-vino-como-anillo-al- dedo-para-afianzar-el-proposito-de-la-transformacion-lopez-obrador-ente rate/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2021.

Diputada Karen Michel González Márquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a celebrar una sesión solemne para reconocer a los medallistas paralímpicos de Tokio 2020, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada Norma Angélica Aceves García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se acuerda celebrar sesión solemne en la que se reconozca a las y los medallistas de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El deporte paralímpico ha dado un sinfín de alegrías a nuestro país y lo seguirá haciendo en cada evento en que participen nuestros atletas.

Los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, que se llevaron a cabo del 24 de agosto al 5 de septiembre de 2021, contaron con la participación de la delegación mexicana conformada por 60 deportistas, 29 mujeres y 31 hombres, quienes compitieron en para atletismo, boccia, para ecuestre, judo, para natación, para powerlifting, para remo, para taekwondo, para tenis de mesa, para tiro con arco y para triatlón1 , y en cada competencia entregaron excelentes resultados.

Esta justa olímpica ha sido histórica para México, al conseguir un total de 22 medallas, siete de oro, dos de plata y 13 de bronce, situándose en el número 19 del medallero2 . Lo anterior, representa que el 36.66 por ciento de quienes formaron parte del equipo paralímpico mexicano obtuvieron una presea.

Las ganadoras y los ganadores de medallas, son3 :

1. Fabiola Ramírez.

Disciplina: Para Natación, 100 metros dorso, clasificación S2.

Medalla: Bronce.

2. Rosa María Guerrero.

Disciplina: Lanzamiento de disco, clasificación F55.

Medalla: Bronce.

3. Amalia Pérez

Disciplina: Para Powerlifting, categoría de 61 kilogramos.

Medalla: Oro.

4. Jesús Hernández.

Para Natación, 150 metros individual combinados, clasificación SM3.

Oro.

Disciplina: Para Natación 50 metros pecho, clasificación SB2.

Medalla: Bronce.

Disciplina: Para Natación 200 metros libres, clasificación S3.

Medalla: Bronce.

5. Eduardo Ávila.

Disciplina: Judo, categoría 81 kilogramos.

Medalla: Bronce.

6. Lenia Ruvalcaba.

Disciplina: Judo, categoría, 70 kilogramos.

Medalla: Bronce.

7. Diego López.

Disciplina: Para Natación, 50 metros libres, clasificación S3.

Medalla: Bronce.

Disciplina: Para Natación 50 metros dorso, clasificación S3.

Medalla: Oro.

Disciplina: Para Natación 200 metros libres, clasificación S3.

Medalla: Plata.

8. Mónica Rodríguez.

Disciplina: 1500 metros femenil, clasificación T11.

Medalla: Oro.

9. Gloria Zarza.

Disciplina: Impulso de Bala, F54.

Medalla: Plata.

10. Arnulfo Castorena.

Disciplina: Para Natación 50 metros pecho, clasificación SB2.

Medalla: Oro.

11. Nely Miranda.

Disciplina: Para Natación 50 metros pecho, clasificación SB3.

Medalla: Bronce.

12. Rodolfo Chessani.

Disciplina: 400 metros, clasificación T38.

Medalla: Oro.

13. Juan Pablo Cervantes.

Disciplina: 400 metros, clasificación T54.

Medalla: Bronce.

14. Rebeca Valenzuela.

Disciplina: Impulso de Bala, clasificación F12.

Medalla: Bronce.

15. Leonardo de Jesús.

Disciplina: 100 metros, clasificación T52.

Medalla: Bronce.

16. Ángel de Jesús Camacho.

Disciplina: Para Natación 50 metros dorso, clasificación S4.

Medalla: Bronce.

17. Juan Diego García

Disciplina: Para Taekwondo K44, categoría , 75 kilogramos.

Medalla: Oro.

18. Rosa Carolina Castro.

Disciplina: Lanzamiento de Disco, clasificación T13.

Medalla: Bronce.

Con estas 22 preseas, nuestro país llegó a un total de 311 medallas en la historia de participaciones en los Juegos Paralímpicos, que nos deja en claro la capacidad que tienen las y los atletas paralímpicos de nuestro país, así como su alto nivel competitivo, y es una muestra de que si los esfuerzos destinados en su preparación y equipamiento se redoblan, los resultados serán aún mejores.

Ahora, es momento que desde esta Cámara de Diputados seamos ejemplo de reciprocidad con las y los deportistas paralímpicos que dieron al país una medalla y, evidentemente además de en su momento trabajar por dotar de más recursos el deporte paralímpico, reconozcamos su esfuerzo y celebremos sus logros, con los cuales dejaron en alto el nombre de México y de nuestro deporte paralímpico.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión acuerda celebrar sesión solemne en la que se reconozca a las y los medallistas de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

Segundo. Se solicita respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía, emitir el acuerdo respectivo en donde se determine la fecha de la sesión solemne y los lineamientos para su celebración.

Notas

1 Visto en: https://www.gob.mx/conade/prensa/mexico-va-a-juegos-paralimpicos-tokio- 2020-con-60-seleccionados?idiom=es Consultado el 31 de agosto de 2021.

2 Visto en: https://www.copame.org.mx/ Consultado el 5 de septiembre de 2021.

3 Visto en: https://www.copame.org.mx/notas Consultado el 5 de septiembre de 2021.

Dado en el pleno de la honorable Cámara de Diputados, a 9 de septiembre de 2021.

Diputada Norma Angélica Aceves García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de México a tomar medidas encaminadas a atender de manera pronta, eficaz y eficiente las afectaciones causadas a la población y sus bienes por las inundaciones en Ecatepec, Coacalco, Nezahualcóyotl y demás zonas de la entidad, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Dionicia Vázquez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta respetuosamente al gobernador del estado de México a tomar medidas para atender de manera pronta, eficaz y eficiente las afectaciones causadas a la población y sus bienes por las inundaciones en Ecatepec, Coacalco y Nezahualcóyotl y en todas las demás zonas afectadas en la entidad derivado de los fenómenos meteorológicos ocurridos recientemente; asimismo, a implantar acciones preventivas que reduzcan el efecto de las intensas lluvias, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las lluvias son esenciales para la vida, pero si no existen mecanismos de prevención de desastres en los entornos habitados por los humanos estas pueden resultar en situaciones de riesgo que atentan contra la población y sus bienes. En esta tesitura, las inundaciones y el desbordamiento de ríos constituyen en el estado de México las principales problemáticas en la temporada de lluvias.

A los elementos naturales causales de las inundaciones deberemos agregar los factores de carácter antrópico, pues la ocupación, usos de suelo en áreas inundables y desechos sólidos sin ninguna planeación urbana han traído como consecuencia la potencial multiplicación de efectos negativos ante eventuales situaciones de emergencia.

Tal es el caso de diversas localidades en el Estado de México en donde la población ha sido severamente afectada en esta temporada de lluvias y en donde las medidas de prevención por parte del gobierno local han sido insuficientes o inexistentes a pesar de contar con los planes parciales para ello.

Para poner en perspectiva el tema que motiva la presente proposición con puntos de acuerdo, basta mencionar algunos casos extremos que se han presentado en los últimos días y que algunos medios de comunicación relatan:

• La lluvia torrencial de ayer en Ecatepec provocó la muerte de dos personas, inundaciones y corrientes de agua que arrastraron automóviles y puestos semifijos. De acuerdo con el Gobierno municipal, un rayo que cayó en la Colonia Almárcigo Norte causó una descarga eléctrica en una joven de aproximadamente 17 años de edad, lo que le provocó la muerte. En el pueblo de Santa María Tulpetlac, un hombre de 73 años de edad murió tras haber sido arrastrado por el torrente. Hasta ayer en la noche, el hombre era la única víctima mortal confirmada por la Fiscalía mexiquense.1

• Vecinos de diferentes colonias de Ecatepec pidieron ayuda a las autoridades por los estragos que dejaron las inundaciones de ayer.2

• Un total de 15 personas que se encontraban en zonas de riesgo por corrientes de agua en Ecatepec, fueron rescatadas por el personal de la Cruz Roja Mexicana.3

• De acuerdo con la delegación del estado de México de la Cruz Roja, la institución envió una brigada de apoyo humanitario con 33 elementos a las zonas afectadas por inundaciones en la zona oriente de la entidad.4

• Coacalco, Neza y Ecatepec son los municipios del estado de México más azotados por las fuertes lluvias que causaron inundaciones y peligrosas corrientes de agua.

• En Coacalco, “las precipitaciones causaron el derrumbe del embovedado de un río localizado en la calle Lluvia de la colonia Los Acuales, donde el agua alcanzó un metro y medio de altura”.5

Por si estos reportes no fueran suficientes, de acuerdo con el Atlas de Inundaciones XXVII del Estado de México Edición 2021, el año pasado, la entidad registró afectaciones por encharcamientos e inundaciones en 75 sitios distribuidos en 90 colonias de 25 municipios de la entidad, con una superficie de 3.74 km2 y una población afectada de 3 mil 155 habitantes.6

El mayor número de encharcamientos se dio en zonas urbanas y como principales causas se señala que es debido en primer lugar a la infraestructura hidráulica insuficiente, desbordamiento de cauces, falta de mantenimiento, bajadas de aguas broncas de laderas, hundimientos diferenciales de terreno granizadas, entre otros.7

No obstante lo anterior, la gran cantidad de basura que se acumula en las calles, alcantarillas y cauce de ríos, forman parte de una causal más y que el Atlas de inundaciones 2021 no menciona. Rubén Tovar Díaz, director de Operación de Atención de Emergencias de la Comisión de Agua del estado de México señaló que el personal del grupo Tláloc ha recolectado de noviembre de 2020 a la fecha más de 3 mil 800 toneladas de basura en esos sitios, por lo que llamó a la conciencia de la población a no arrojar desechos en la vía pública.8 “No tirar basura en la calle y evitar que la gente arroje desechos sólidos (cascajo, basura, animales muertos, etcétera) en los drenajes a cielo abierto y redes de atarjeas” es vital para que no se hagan encharcamientos por el agua pluvial”.9

La Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Toluca señala que el 60 por ciento de las inundaciones son provocados por la presencia de basura.

De acuerdo con el Plan de Desarrollo 2017-2023 del estado de México a consecuencia del crecimiento urbano y del desarrollo industrial, entre 2007 y 2016 la generación de residuos sólidos en el estado de México creció en 13.2 por ciento. De las más de 100 mil toneladas de residuos sólidos que se generan diariamente en el país, 12.7 mil toneladas (13 por ciento del total nacional) se producen en la entidad, lo cual equivale a 0.7 kilogramos per cápita al día.10 La inadecuada disposición de los residuos sólidos y el reducido porcentaje de residuos reciclados tienen consecuencias ambientales como la emisión de GEI, la proliferación de fauna nociva y riesgos para la salud humana, así como la contaminación de suelos y cuerpos de agua.

Lo anterior arroja un panorama donde en algunas problemáticas de orden público como el descrito existe una corresponsabilidad de la población afectada por lo que es urgente implementar campañas y fortalecer las existentes de concientización en la población para mantener las calles limpias y no arrojar basura en ellas pues de lo contrario resulta en afectaciones a su propio bienestar.

Esto último es importante subrayar puesto que tanto en el Plan de Desarrollo 2017-2023 del estado de México, ni en el Atlas de Inundaciones XXVII, edición 2021 (desarrollado por la Comisión de Agua del Estado de México, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra), se menciona alguna propuesta de cambios en la infraestructura para evitar las inundaciones así como una campaña de concientización dirigida a la población para que esta no tire basura en las calles, siendo que estos documentos oficiales son la base para el diseño de las políticas públicas.

De acuerdo con diversos especialistas, las medidas para contrarrestar el problema deben de ir más allá de acciones emergentes y atender las condiciones estructurales. Al respecto, el Arquitecto y académico Dante Álvarez las medidas también deben contemplar la reforestación del volcán Xinantécatl y otros cerros adyacentes en el valle; evitar mayor erosión de las montañas; además se debe recuperar los ríos Tejalpa, Verdiguel y Lerma, entre otros, construyendo una ingeniería hidráulica que filtre las aguas pluviales al suelo y también las canalicen río abajo sin contaminarlas.11

La doctora Susana Bianconi propone juntar el agua de sus techos, mandarlas a cisternas o a tambos rompepicos, plantar al menos un árbol por cada vivienda y no tener patios secos sino patios verdes, aprender a hacer pozos de absorción”.12

Ambos especialistas insisten en la importancia del involucramiento de la población en las acciones preventivas para evitar inundaciones y futuras tragedias.

Lo señalado es de suma importancia en virtud de que de no atenderse las condiciones estructurales los riesgos en el mediano plazo van a ser mayores y mayor la población afectada. Por mencionar un ejemplo, de acuerdo con la doctora Susana Bianconi, la cantidad de lluvia ha ido en aumento, pues en 1979 llovían 777 milímetros al año, ahora, 40 años después, se estima que llueve de mil 100 a mil 300 milímetros.13

El artículo 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México señala:

En los casos de riesgo, siniestro o desastre, el o la titular del Ejecutivo del Estado acordará la ejecución de acciones y programas públicos en relación a las personas, sus bienes o del hábitat para el restablecimiento de la normalidad; para ello podrá disponer de los recursos necesarios, sin autorización previa de la Legislatura. Asimismo, podrá ordenar la ocupación o utilización temporal de bienes o la prestación de servicios...14

En la fracción XXXI del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México se señala que a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra corresponde “expedir la evaluación técnica de impacto en materia urbana de conformidad a los ordenamientos jurídicos aplicables y emitir, a través de la Comisión del Agua del Estado de México, la evaluación técnica de impacto en materia de distribución de agua, así como la de agua, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales”.15

Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos que la prevención y gestión del riesgo ante inundaciones implica la necesidad de desarrollar distintas estrategias de actuación al menos en dos ámbitos: unas dirigidas a generar conciencia en la población en la importancia de no arrojar basura en las calles y otras a la aplicación de medidas directas en trabajos de infraestructura en atención a las condiciones estructurales ante la eventual ocurrencia de situaciones de emergencias.

Por lo expuesto someto a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de México, licenciado Alfredo del Mazo Maza, a tomar las medidas necesarias para atender de manera pronta, eficaz y eficiente las afectaciones causadas a la población y a sus bienes por las inundaciones en Ecatepec, Coacalco y Nezahualcóyotl y en todas las demás zonas afectadas en la entidad derivado de los fenómenos meteorológicos ocurridos recientemente; asimismo, a implementar acciones preventivas que reduzcan el efecto de las intensas lluvias.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de México, licenciado Alfredo del Mazo Maza, a que se actualice el Atlas de Inundaciones XVII edición 2021 para que éste cuente con un plan integral de prevención que incluyan propuestas de cambio en infraestructura y operación a fin de evitar las inundaciones que se presentan en la entidad por las precipitaciones propias de la temporada de lluvias; una campaña de concientización de la población en no arrojar basura en las calles como una medida de prevención a inundaciones; así como propuestas para la recolección y tratamiento del agua de lluvia para satisfacer las necesidades de agua en la población, para diferentes usos.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Desarrollo Urbano y Obra del estado de México a realizar en el ámbito de su competencia campañas de concienciación ciudadana a fin de informar sobre los efectos nocivos de tirar basura en los lugares no establecidos para ello.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua y la Comisión del Agua del Estado de México a fortalecer las acciones preventivas referente a las inundaciones que afectan a los habitantes de la entidad, provocadas por el desbordamiento del arroyo, a la altura de Los Acuales, en Coacalco.

Notas

1 Reforma. “Deja tormenta dos fallecidos”, 7 de septiembre de 2021.

2 Reforma. “Piden ayuda vecinos tras inundaciones”, 7 de septiembre de 2021.

3 Reforma. “Piden ayuda vecinos tras inundaciones”, 7 de septiembre de 2021.

4 Reforma. “Rescatan a 15 personas tras lluvias en Ecatepec”, 7 de septiembre de 2021.

5 El Sol de Toluca. “Tormenta deja varias colonias inundadas en Ecatepec y Coacalco”. Disponible en https://cutt.ly/VWG8qHn Consultado el 7 de septiembre de 2021.

6 Atlas de inundaciones XXVII 2021. Disponible en

https://cutt.ly/hmSRAJk Consultado el 7 de septiembre de 2021.

7 Ibídem.

8 asisucede. “Piden generar conciencia y no tirar basura para evitar inundaciones en temporada de lluvias”. Disponible en

https://cutt.ly/6mSYeYx Consultado el 7 de septiembre de 2021.

9 El Sol de Toluca. “¿Qué hacer para evitar inundaciones en las zonas urbanas?” Disponible en https://cutt.ly/2mSAXbb Consultado el 7 de septiembre de 2021

10 Plan de Desarrollo 2017-2023 del estado de México. Disponible en https://cutt.ly/smNv4fe Consultado el 7 de septiembre de 2021.

11 ADN Noticias. “Inundaciones en el valle de Toluca, ¿por qué ocurren y cómo podemos evitarlas? Disponible en

https://cutt.ly/8mSDGro Consultado el 7 de septiembre de 2021.

12 Ibídem.

13 Ibídem.

14 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Disponible en https://cutt.ly/EmNnsc7 Consultada el 7 de septiembre de 2021.

15 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. Disponible en https://cutt.ly/vmNnTKp Consultada el 7 de septiembre de 2021.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2021.

Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Jalisco a difundir el presupuesto destinado a enfrentar los desastres tras el huracán Nora, y declarar con la Segob estado de emergencia, a cargo de la diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes, del Grupo Parlamentario de Morena

Cecilia Márquez Alkadef Cortés , diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Jalisco para que haga público el presupuesto que está destinando para hacer frente a los desastres ocasionados por el paso del huracán Nora ; asimismo, y en coordinación con la Secretaría de Gobernación, se declare estado de emergencia, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Cada año, entre el 15 de mayo y el 30 de noviembre transcurre en México la temporada de huracanes o ciclones tropicales, fenómenos hidrometeorológicos que acarrean vientos destructivos, lluvias torrenciales, inundaciones e incluso tornados, los cuales, sin embargo, son importantes para la distribución de lluvia y beneficio de zonas áridas y semiáridas, además de recargar mantos acuíferos y presas.

Según su grado de fuerza, un huracán puede producir estragos devastadores, no solo para las poblaciones costeras que reciben el impacto mayor, sino para zonas interiores y sitios naturales a lo largo y ancho de grandes extensiones sobre territorios costeros, marinos e insulares.

Las causas de los huracanes y su procedencia son muy variadas, y a medida que sus vientos son más rápidos, crece su peligrosidad.

Los desastres naturales constituyen una fuente significativa de riesgo fiscal en países altamente expuestos a catástrofes naturales, presentando así pasivos contingentes de considerable magnitud para los gobiernos. La ausencia de mecanismos eficientes de preparación y atención de emergencias y de una adecuada planeación financiera para hacer frente a los desastres puede crear dificultades y demoras en la respuesta, lo que podríaa agravar las consecuencias en términos de pérdidas humanas y económicas. En estado de emergencia por desastres naturales, los gobiernos pueden verse obligados a utilizar fondos que habían sido previamente destinados a proyectos fundamentales de desarrollo económico, y esto, en el largo plazo, puede impactar negativamente el proceso de desarrollo y crecimiento económico de los países.

En nuestro país cada vez hay más conciencia del riesgo fiscal derivado de desastres naturales que no pueden ser ignorados. Al mismo tiempo, aunque la exposición de la población y de los activos físicos a los desastres sigue en crecimiento, poca atención se dirige a la construccio?n de una sociedad resiliente ante feno?menos naturales adversos. Incrementos en la frecuencia y magnitud de fenómenos climatológicos extremos que se prevén debido al cambio climático pueden potencialmente agravar la tendencia creciente en las pérdidas económicas causadas por desastres.

En este contexto, es de suma importancia que se le dé un mayor énfasis a la gestión integral del riesgo de desastres que incluya medidas de protección financiera y aseguramiento ante desastres para poder hacer frente a estas tendencias disruptivas.

El huracán Nora impactó en el municipio de Tomatlán, Jalisco, con categoría 1 el día sábado 28 de agosto entre las comunidades de Majahuas, La Cumbre, Las Pintadas y la cabecera municipal de Tomatlán, ocasionando severos daños a las vías de comunicación, a la ganadería y a la agricultura, particularmente a los cultivos de plátano, papaya, mango y piña, daños que al día de hoy aún no son cuantificados totalmente.

De acuerdo con la información recabada, en el vaso de la presa Cajón de Peñas de Tomatlán, por las torrenciales lluvias del huracán Nora , se registró el recibo de 2,110.0 m3/segundo, por lo que hasta estos momentos se realiza el desfogue de 500 m3/segundo, teniéndose a la fecha un embalse de 525 millones de m3, lo que representa una captación del 87 por ciento del total del almacenamiento.

Se detectaron la caída de árboles y líneas conductoras de electricidad y líneas de comunicación, así como siniestros totales en 2 mil 165.0 hectáreas y la pérdida de 49 cabezas de ganado bovino en el municipio de Tomatlán y de 2 mil 150.0 hectáreas de plátano en el municipio de Cihuatlán, Jalisco.

En el municipio de Cabo Corrientes, se registraron 820.0 hectáreas de maíz amarillo con siniestro total y 36.0 hectáreas con siniestro parcial en el mismo cultivo.

En el municipio de Puerto Vallarta se detectó el desbordamiento del río Cuale por el centro de la ciudad, la caída de árboles y líneas conductoras de electricidad y comunicación, además de varios edificios dañados y el derrumbe de casas a consecuencia del paso de los torrentes de agua.

Asimismo, en el municipio de Talpa de Allende, en donde todos los caminos rurales de las cordilleras: Talpa, Ocotes, Cañada, Cabos, Talpa, Cumbre, La Cuesta, Talpa, Aranjuez, Murguía, Bramador, Talpa, Desmoronado, Concha Bramador y Talpa, se encuentran con afectaciones severas con múltiples derrumbes, la presencia del caudal de agua dañó las cunetas, inundó los arroyos vehiculares y por ende estropeó las brechas rústicas, dejando a las comunidades incomunicadas y sin acceso a la cabecera municipal.

Por lo que se requiere que se declare estado de emergencia, a fin de que se atienda con urgencia a todos los danmificados.

No podemos ser indiferentes ante esta situación, cientos de personas han perdido sus viviendas y su patrimonio.

Nuestro gobierno y la cuarta transformación estamos comprometidos con el pueblo y con los que más nos necesitan. Es por eso que como diputada federal, preocupada y aún más ocupada por nuestro estado, me permito proponer el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno de Jalisco para que haga público el presupuesto que está destinando para hacer frente a los desastres ocasionados por el paso del huracan Nora .

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno de Jalisco para que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, declare estado de emergencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2021.

Diputados: Cecilia Márquez Alkadef Cortés, Laura Imelda Pérez Segura, Claudia Delgadillo González, Maximiano Barboza Llamas, Hamlet García Almaguer y Bruno Blancas Mercado.

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a establecer mecanismos dirigidos a transmitir clases en vivo por plataformas digitales en los planteles que cuenten con los medios adecuados para ello, a cargo de la diputada María Teresa Castell de Oro Palacios, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada María Teresa Castell de Oro Palacios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a establecer los mecanismos necesarios para transmitir clases en vivo a través de plataformas digitales, en los planteles que cuenten con los medios adecuados para la transmisión de contenido digital, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

El pasado 30 de agosto, más de 25 millones de estudiantes fueron convocados a regresar a clases presenciales en plena tercer ola de contagios en la pandemia originada por el coronavirus, sin embargo, de acuerdo con cifras proporcionadas por la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, al 31 de agosto solo se habían presentado 11.4 millones con datos preliminares, estimando que podrían llegar a ser 20 millones en el transcurso de la primera semana de clases,1 cifras que contrastan con las fotografías de escuelas vacías o padres de familia que se manifestaban en contra de estas medidas en todos los estados del país, lo que se traduce en millones de estudiantes que no se presentaron de forma presencial a las aulas.

Esto en consideración a que el regreso a clases se generó de una manera abrupta, con poca planificación y en un entorno de gran incertidumbre, donde muchos padres, ante el temor del contagio de sus hijos, decidieron no llevarlos a las escuelas y continuar con el esquema de clases en línea, precaución que tiene sentido ante los crecientes números registrados en los últimos días, aumentando la tasa de contagios y defunciones nuevamente, que tan solo al 22 de agosto, ya había cobrado la vida de 640 menores y más de 65 mil contagios en este grupo poblacional, de acuerdo con el reporte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.2

Actualmente, a solo una semana de haber iniciado el ciclo escolar, la falta de controles sanitarios adecuados y medidas suficientes, ha llevado a las autoridades a suspender actividades en los planteles donde ya se han registrado nuevos contagios entre alumnos o personal educativo, situación que se está generando en varios estados del país, como la secundaria Antonio Caso, en Cuautla, Morelos que regreso a clases virtuales por el contagio de una alumna, 13 casos positivos por Covid, de nueve de alumnos y cuatro de docentes en Guanajuato, siete casos más en tres escuelas de Jalisco, un alumno, cuatro docentes, y dos auxiliares de intendencia, el cierre de la secundaria oficial número 0007 del estado de México por el posible contagio de personal administrativo, la escuela secundaria multigrado Miguel Huerta Valerio, de Zinacatepec, así como el preescolar multigrado Quintiliano, de Palmar de Bravo en Puebla,3 por citar algunos ejemplos que ponen en duda a muchos padres de familia el llevar a sus hijos a los centros educativos, al no estar garantizada su integridad y salud física pese a los lineamientos y protocolos que establece la Secretaría de Educación Pública junto con la Secretaría de Salud en la “Guía para el Regreso Responsable y Ordenado a las Escuelas del ciclo escolar 2021-2022”.

En este contexto, resulta entendible que cientos de alumnos permanezcan en sus hogares accediendo a clases virtuales, al considerar más seguro tomar cátedra a distancia que de forma presencial, por lo tanto, deben establecerse los mecanismos adecuados que permitan acceder a sus clases en un modelo mixto, donde algunos estarán en las aulas y otros conectados de vía remota, de conformidad con el acuerdo número 23/08/21,4 publicado por la Secretaría de Educación Pública, que establece entre otras disposiciones para el desarrollo de este ciclo escolar, que el regreso a clases presenciales será voluntario y que se continuará ofreciendo el servicio público educativo mediante la utilización de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, así como el uso y aprovechamiento de programas de educación a distancia como “Aprende en Casa”, “Jóvenes en TV”, “Bachillerato en TV” y otras estrategias desarrolladas por las comunidades escolares con la finalidad de que toda la comunidad estudiantil pueda seguir accediendo al contenido educativo.

Resulta menester que se implementen nuevos mecanismos para garantizar que los alumnos que asisten de forma presencial reciban el mismo contenido, atención y asesoría que aquellos que se encuentren tomando clases virtuales, en virtud, a que ya existe un profesor dando la clase directamente en las aulas y que en los planteles donde sea posible, la tecnología permite la transmisión de esas clases completamente en vivo a través de internet sin generar mayores costos para las instituciones educativas ni requerir instalaciones adicionales, permitiendo a los estudiantes interactuar con su profesor de una manera más eficiente que en programas grabados o transmitidos por televisión, al llevar a cabo una dinámica más apegada a la normalidad, hacer preguntas directamente e incluso estar más familiarizados con sus salones o entorno.

Si bien, esta medida es aplicable solo para los centros educativos que cuenten con conexión a internet y los medios para realizar la transmisión de contenido vía remota mediante plataformas digitales, con la implementación de mecanismos adecuados, se garantiza el aprendizaje de manera equitativa para alumnos presenciales y a distancia, ya que en muchos planteles, se están generando modelos educativos distintos entre quienes asisten y reciben clase directamente de un profesor y aquellos que están recibiendo contenido pregrabado a través de televisión, causando un perjuicio en la calidad de los conocimientos y la manera de acceder a ellos.

En este sentido, podrían considerarse lineamientos más adecuados para estimular la enseñanza en línea donde sea posible, como los establecidos por la Universidad Nacional Autónoma de México, que, ante la creciente cifra de contagios decidió continuar con las clases a distancia y estableció que sólo se podrá requerir la asistencia del alumnado, tres semanas después de permanecer en semáforo verde de manera consecutiva,5 salvaguardando la integridad de su comunidad, manteniendo sus funciones en modalidades digitales, donde las clases se transmiten en vivo por los profesores a través de plataformas digitales que permiten la interacción, evaluación y hasta el intercambio de documentos.

Aunado a lo anterior, es importante tener en consideración que con este mecanismo los profesores no tendrán una carga extra de trabajo, al tener que ofrecer asesorías adicionales u horas extras que no les son retribuidas y que en muchas ocasiones se les han solicitado en algunos planteles, violentando sus derechos laborales. Además, no se verán expuestos a grandes tumultos, lo que podrá maximizar la protección de los menores y del personal.

Es en esta dirección y en atención a las demandas e inquietudes de padres de familia de todo el país, que debe considerarse el máximo aprovechamiento de las tecnologías disponibles para garantizar que los alumnos que no puedan asistir, no queden fuera de las dinámicas educativas, donde exista la posibilidad de reducir el impacto que la pandemia está generando en el sector escolar, además de que hoy más que nunca, se debe garantizar a todos los estudiantes el acceso a los medios informáticos, así como el aprendizaje del uso de las TIC, ya que, además de estar establecidos en la Constitución como un derecho, son fundamentales en términos de equidad, tomando en cuenta el actual contexto de información global y la necesidad de su uso e implementación durante la presente emergencia sanitaria.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la proposición con

Punto de Acuerdo

Único. - Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a establecer los mecanismos necesarios para transmitir clases en vivo a través de plataformas digitales, en los planteles que cuenten con los medios adecuados para la transmisión de contenido digital.

Notas

1 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/08/31/regreso-a-clases-11 4-millones-de-alumnos-arrancan-ciclo-de-manera-presencial/

2 https://elpais.com/mexico/2021-08-30/mas-de-25-millones-de-estudiantes- mexicanos-regresan-a-clases-presenciales-en-plena-pandemia.html

3 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/09/03/a-una-semana-del-re greso-a-clases-presenciales-que-estados-presentan-casos-de-covid-en-esc uelas/

4 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5627244&fecha=20/08/ 2021

5 https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_614.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2021.

Diputada María Teresa Castell de Oro Palacios (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por la que se exhorta a los tres órdenes de gobierno a promover tanto la inclusión y el empoderamiento de las mujeres con discapacidad como el ejercicio de sus derechos humanos en condiciones de igualdad, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Norma Angélica Aceves García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición, con puntos de acuerdo, que exhorta a los tres órdenes de gobierno a promover la inclusión y empoderamiento de las mujeres con discapacidad, así como a promover el ejercicio de sus derechos humanos en condiciones de igualdad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Las mujeres con discapacidad son objeto de discriminación múltiple no sólo en el ámbito público, sino también en la esfera privada sufren desigualdades en la contratación, remuneración por igual trabajo y enfrentan dificultades como obstáculos en el acceso a una vivienda adecuada, así como a los servicios de salud, educación, formación profesional y empleo y, por las visiones médicas asistencialistas de muchos países, tienen más posibilidades de ser internadas en instituciones1 .

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en su artículo 6, reconoce que las mujeres con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación, por lo que los Estados partes deben adoptar medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales2 .

Al respecto, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, señala que la discriminación contra mujeres y niñas con discapacidad puede adoptar muchas formas3 :

a) Discriminación directa: cuando las mujeres con discapacidad reciben un trato menos favorable que otra persona en una situación similar e incluye los actos u omisiones que causen perjuicio.

b) Discriminación indirecta: hace referencia a leyes, políticas o prácticas en apariencia neutras pero que influyen de manera desproporcionadamente negativa en las mujeres con discapacidad.

c) Discriminación por asociación: contra personas a causa de su asociación con una persona con discapacidad. Las mujeres que desempeñan una función de cuidadoras suelen sufrir discriminación por asociación.

d) Denegación de ajustes razonables: constituye discriminación cuando no se realizan las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas a pesar de que se requieran para garantizar que las mujeres con discapacidad gocen, en igualdad de condiciones con las demás, de sus derechos humanos o libertades fundamentales.

e) Discriminación estructural o sistémica: se manifiesta a través de patrones ocultos o encubiertos de comportamiento institucional discriminatorio, tradiciones culturales discriminatorias y normas y/o reglas sociales discriminatorias. La falta de concienciación a menudo puede dar lugar a la violación de derechos.

Asimismo, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en las Observaciones realizadas sobre el informe inicial de México, señaló lo siguiente:

Mujeres con discapacidad (artículo 6)

13. Al Comité le preocupa la falta de acciones de atención específica implementadas por el Estado parte para prevenir y combatir la discriminación interseccional que enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad, así como la ausencia de información al respecto.

14. El Comité recomienda al Estado parte a:

(a) Poner en marcha la legislación y todos los programas y acciones previstas para las mujeres y niñas con discapacidad, incluidas medidas de nivelación y acción afirmativa, para erradicar su discriminación en todos los ámbitos de la vida, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, garantizando su participación efectiva en su diseño e implementación.

(b) Recopilar sistemáticamente datos y estadísticas sobre la situación de las mujeres y niñas con discapacidad con indicadores que puedan evaluar la discriminación interseccional.

2. En México, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía hay 64 millones 540 mil 634 mujeres, que representan 51.2 por ciento de la población total, de las cuales 3 millones 275 mil 342, es decir, 5.07 por ciento, viven con discapacidad4 .

La Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2017, reporta que5 :

• 20.1 por ciento de las mujeres de 18 años y más percibieron haber sido discriminadas por al menos un motivo en los últimos 12 meses, por el siguiente motivo:

• 51.3 por ciento de las mujeres por su apariencia (tono de piel, forma de vestir, peso o estatura).

• 25.9 por ciento de las mujeres por su edad.

• 16.7 por ciento de las mujeres por su manera de hablar.

• 32.3 por ciento de las mujeres por sus creencias religiosas.

• 29.5 por ciento de las mujeres por su sexo.

• 17.7 por ciento de las mujeres por el lugar en donde vive.

• 16 por ciento de las mujeres por su clase social.

Estás situaciones se agravan tratándose de mujeres con discapacidad, quienes además de padecer el contexto desigual que vive la mujer en el mundo, y particularmente en nuestro país, deben de enfrentar discriminación multifactorial e invisibilidad, dado que no se cuentan con datos precisos oficiales y actualizados del complejo entorno que viven y las condiciones que afrontan. Prueba de ello, es el tercer Informe de Gobierno 2020-2021, en el que no se señala ninguna acción focalizada en favor de las mujeres con discapacidad.

Ante esta serie de elementos, es vital seguir insistiendo en la necesidad de que los tres órdenes de gobierno establezcan las medidas necesarias y suficientes, a fin de promover que las mujeres con discapacidad sean visibilizadas y sus derechos sean debidamente protegidos.

Para lograr lo anterior, en el país contamos con el Instituto Nacional de las Mujeres, cuyo objeto es promover y fomentar las condiciones que posibiliten el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación igualitaria en la vida política, cultural, económica y social del país6 , así como el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que tiene por objeto el establecimiento de la política pública para las personas con discapacidad, mediante la coordinación institucional e interinstitucional7 , quienes deben coordinarse a fin de desarrollar una estrategia nacional focalizada en promover la inclusión y el empoderamiento de las mujeres con discapacidad.

3. Finalmente, es importante mencionar que como una oportunidad para hacer visibles las demandas y propuestas de este sector social, alentando su participación para representarse en voz propia y aportar su contribución para la construcción del entorno, el 18 de septiembre de 2019 se presentó en el Senado de la República la iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se declara el 12 de septiembre como “Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad8

La citada propuesta fue aprobada el 22 de septiembre de 2020 en la Cámara de Senadores, por unanimidad de votos. Posteriormente, fue recibida en esta Cámara de Diputados, el 30 de septiembre siguiente, turnándola a la Comisión de Gobernación y Población.

Hasta el día de hoy la citada minuta no se ha dictaminado, por lo que convencida en la urgencia de avanzar en el camino de la inclusión de las mujeres con discapacidad, conmino a esta honorable asamblea para que este asunto sea uno de los primeros que aprobemos cuando sean instaladas las comisiones de trabajo y, en ese contexto, solicito respetuosamente a la Mesa Directiva, para que en cumplimiento dl Reglamento de la Cámara de Diputados, ponga especial atención en que la citada minuta sea resuelta a la brevedad9 .

Por lo expuesto, someto a consideración de este pleno el siguiente:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de las Mujeres y al Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad a diseñar, coordinadamente, una estrategia nacional focalizada en promover la inclusión y el empoderamiento de las mujeres con discapacidad.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las entidades federativas, en sus Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para que en el marco de sus atribuciones diseñen e implementen acciones focalizadas a promover la inclusión y empoderamiento de las mujeres con discapacidad, así como el ejercicio de sus derechos humanos en condiciones de igualdad.

Notas

1 Visto en: Las mujeres y las niñas con discapacidad | Disabilities ES (un.org) Consultado el 4 de septiembre de 2021.

2 Artículo 6

Mujeres con discapacidad

1. Los Estados partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

2. Los Estados partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales establecidos en la presente Convención.

3 Observación general núm. 3 (2016), sobre las mujeres y las niñas con discapacidad, párrafos 16 y 17. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

4 Tomando como referencia el Censo de Población y Vivienda 2020 que establece que hay 6,179,890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa 4.9 por ciento de la población total del país. De ellas 53 por ciento son mujeres y 47 por ciento son hombres. Visto en:

http://www.cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad. aspx?tema=P Consultado el 24 de agosto de 2021.

5 Visto en:

http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Disc riminacion.pdf Consultado el 4 de septiembre de 2021.

6 Ley del Instituto Nacional de las Mujeres

Artículo 2. Se crea el Instituto Nacional de las Mujeres como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.

Artículo 4. El objeto general del Instituto es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación igualitaria en la vida política, cultural, económica y social del país, bajo los criterios de:

- Transversalidad, en las políticas públicas con perspectiva de género en las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal, a partir de la ejecución de programas y acciones coordinadas o conjuntas.

- Federalismo, en lo que hace al desarrollo de programas y actividades para el fortalecimiento institucional de las dependencias responsables de la igualdad de género en los estados y municipios.

- Fortalecimiento de vínculos con los Poderes Legislativo y Judicial tanto federal como estatal.

7 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Artículo 38. Se crea el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que para el cumplimiento de sus atribuciones gozará de autonomía técnica y de gestión para formular políticas, acciones, estrategias y programas derivados de ésta ley.

Artículo 39. El Consejo tiene por objeto el establecimiento de la política pública para las personas con discapacidad, mediante la coordinación institucional e interinstitucional; así como promover, fomentar y evaluar la participación del sector público y el sector privado, en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas derivados de la presente Ley y demás ordenamientos.

8 Iniciativa con aval de grupo, que contiene proyecto de decreto por el que se declara el 12 de septiembre como “Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad”, suscrita por el senador Miguel Ángel Osorio Chong y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Visto en: https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-09-18-1/assets/docu mentos/Inic_Sen_Osorio_12-Sept_Dia_Nal.pdf Consultado el 4 de septiembre de 2021.

9 Artículo 182.

1. Todo asunto turnado a comisión deberá ser resuelto por esta, dentro de un término máximo de cuarenta y cinco días, a partir de la recepción formal del asunto, con las salvedades que este Reglamento y la Constitución establecen.

2. Los plazos para dictaminar se interrumpirán, desde el inicio de la legislatura hasta que se instale la comisión, salvo en el caso de iniciativa preferente.

3. La comisión tendrá como término para dictaminar las proposiciones, hasta el fin de cada periodo ordinario de sesiones.

4. En caso de que el Presidente autorice la ampliación de turno de un asunto para dictamen, el plazo volverá a correr a partir de que se notifique a las comisiones, con excepción de las iniciativas con carácter de preferente.

5. Salvo disposición legal en contrario, para el cómputo de los plazos señalados en días, se considerarán días hábiles; los establecidos en meses, de fecha a fecha; y los indicados en horas, de momento a momento. Los días inhábiles son los sábados, domingos y días festivos. Al inicio de cada año de ejercicio de la Legislatura, la Mesa Directiva establecerá los días que se computarán como inhábiles.

6. El plazo máximo al que hace referencia este artículo no se aplicará, en el caso de asuntos que, en términos de la normatividad aplicable, cuenten con un plazo específico para su discusión, análisis, resolución y aprobación.

Artículo 184.

1. La Mesa Directiva establecerá un acuerdo para que las iniciativas y minutas que no fueron dictaminadas por la comisión respectiva, en los plazos establecidos y una vez realizadas las prevenciones a que hace referencia este Reglamento, se presenten en sus términos ante el Pleno, para su discusión y votación. [...]

Dado en la honorable Cámara de Diputados, el 7 de septiembre de 2021.

Diputada Norma Angélica Aceves García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a Segalmex y Diconsa, SA de CV, a cumplir su deber de proporcionar atención especial a los estados afectados por el huracán Grace, mediante el abasto de maíz y otros productos básicos a cuyo respecto se reportan desabasto y distorsión del mercado porque los particulares suben excesivamente los precios, a cargo de la diputada Esther Martínez Romano, del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, Esther Martínez Romano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 6 y las fracciones I y V del apartado 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, para exhortar al organismo Seguridad Alimentaria Mexicana y a la empresa de participación estatal Diconsa, SA de CV, a dar cabal cumplimiento a su deber de proporcionar atención especial a los estados afectados por el huracán Grace, abasteciendo maíz y otros productos básicos en los que se reporta desabasto y distorsiones del mercado, habida cuenta de que los particulares suben excesivamente el precio por kilogramo, lo que se espera persista y se incremente ante el escenario de la inexistencia de cosechas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El fenómeno meteorológico Grace impactó en dos ocasiones a México: el jueves 19 de agosto lo hizo como huracán categoría 1 por la península de Yucatán, donde por fortuna solo dejó algunos daños materiales.

El 21 de agosto, Grace, ya categoría 3, volvió a tocar tierra en las costas del estado de Veracruz, si bien, el ciclón se degradó rápidamente, su peligrosidad aumento al lograr cubrir gran parte del país causando fuertes lluvias en los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo.

La segunda incursión de Grace en territorio nacional causó la muerte de 11 personas: 6 en Veracruz y 5 en Puebla.

En Veracruz dejó graves afectaciones en los municipios de Poza Rica, Tuxpan, Papantla, Gutiérrez Zamora, Álamo y Tecolutla, donde se reportaron miles de viviendas destechadas por los fuertes vientos, cortes de energía eléctrica generalizada y falta de servicio telefónico e internet.

En Puebla, Grace ocasionó fuertes vientos y lluvias causando caída de árboles, postes eléctricos, inundaciones y deslaves, afectando, según datos del gobierno del estado, a 20 mil viviendas en 28 municipios de las sierras norte y nororiental del estado.

Además, dejó incomunicados Hermenegildo Galeana, San Felipe Tepatlán, Amixtlán y Tepango de Rodríguez y sin energía eléctrica a 34 municipios del estado.

En Hidalgo, las fuertes lluvias dejadas por el huracán afectaron los municipios de San Bartolo Tutotepec y Huehuetla, donde el río Camarones se desbordó, también provocó el cierre de la carretera estatal Metepec-Tenango de Doria por derrumbes.

En la Huasteca se registraron inundaciones y el bloqueo de caminos rurales, así como la carretera federal México-Tampico por creciente de ríos y arroyos, así como deslaves.

Las autoridades federales y estatales se han abocado a atender la emergencia provocada por el huracán. Sin embargo, las graves afectaciones ocasionadas por Grace en el sector agrícola de Veracruz, Puebla e Hidalgo, donde se han registrado la pérdida total de sembradíos de naranja, limón, plátano, café, vainilla y maíz.

El gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, informó del inicio de la entrega de apoyos de indemnizaciones a productores de las más de 43 mil hectáreas afectadas en 68 municipios por el paso del huracán Grace en las sierras norte y nororiental del estado.

Sin embargo, a pesar de los apoyos federales y estatales, serán los productores pequeños y de autoconsumo los más afectados por las pérdidas de sus cosechas; igualmente, la población de los municipios afectados por Grace deberá padecer escasez y aumento de precios de granos y alimentos básicos, particularmente de maíz.

En vista de lo anterior, se hace necesaria la intervención de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y Diconsa, para que junto con los gobiernos de los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo, trabajen en la puesta en marcha de un programa emergente a fin de garantizar el abasto de una canasta básica de alimentos en apoyo de las poblaciones afectadas por el paso del fenómeno meteorológico.

Segalmex, Diconsa y los gobiernos de los estados, no solo deberán coordinarse para la atención inmediata de la emergencia a través de la entrega de víveres y productos de limpieza; además, deberán contribuir a garantizar el abasto social de alimentos para salvaguardar el derecho constitucional a la alimentación de los pobladores afectados, como lo establece en la visión, misión, objetivos y valores de Diconsa.

Visión, misión, objetivos y valores

La misión de Diconsa es contribuir a generar la seguridad alimentaria de México, garantizando el abasto social de productos para que el gobierno de la república cumpla con el derecho constitucional a la alimentación de sus habitantes.

Diconsa tiene como visión ser la red de abasto social más grande del país, siendo un grupo de mexicanos con espíritu de servicio, que trabajan unidos para garantizar la distribución de alimentos con alto contenido nutricional y económicamente accesibles, para la población en condiciones de marginación.

Objetivo específico: Facilitar el acceso a productos básicos económicos y de calidad, en forma eficaz y oportuna, para mejorar la seguridad alimentaria de la población en localidades de alta o muy alta marginación con cobertura de tiendas Diconsa.

Adicionalmente, Diconsa coadyuva con gobiernos estatales y municipales en la operación de otros programas especiales, los cuales, al encontrarse en situaciones de emergencia como inundaciones, sismos, huracanes u otros fenómenos naturales, utiliza recursos del Fondo de Desastres Naturales para la adquisición de despensas, artículos de limpieza y complementarios abastecidos por Diconsa.

Los valores que rigen la conducta de los servidores públicos de Diconsa y en general del personal que colabora con el mismo, son el liderazgo, el respeto a los derechos humanos, el interés público, el entorno cultural y ecológico, la equidad de género, la igualdad y no discriminación, y la cooperación.

En razón de lo expuesto, el presente punto de acuerdo busca exhortar a Segalmex y Diconsa a cumplir con su deber de proporcionar atención especial a los municipios de los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo afectados por el paso del huracán Grace , a fin de abastecerlos de productos básicos, en particular de maíz, con la intención de atacar el desabasto y el aumento desproporcionado de los granos, como consecuencia de la pérdida de cosechas.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al organismo Seguridad Alimentaria Mexicana y la empresa de participación estatal Diconsa, SA de CV, a dar cabal cumplimiento a su deber de proporcionar atención especial a los estados afectados por el huracán Grace, abasteciendo maíz y otros productos básicos en los que se reporta desabasto y distorsiones del mercado habida cuenta que los particulares suben excesivamente el precio por kilo, lo que se espera persista y se incremente ante el escenario de la inexistencia de cosechas.

Referencias

https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20210823-con firman-tres-muertos-m%C3%A1s-en-m%C3%A9xico-tras-paso-de-grace-y-suman- 11

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/08/21/sube -a-9-la-cifra-de-muertos-por-paso-de-grace-deja-graves-afectaciones-en- veracruz/

https://www.milenio.com/politica/gobierno/aumenta-5-cifr a-muertos-puebla-huracan-grace

https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/grace-causa-estr agos-a-su-paso-por-hidalgo-7115880.html

https://www.inforural.com.mx/grace-deja-graves-afectacio nes-en-sembradios-del-norte-de-veracruz/

https://puebla.gob.mx/index.php/noticias/item/6495-inici a-sdr-entrega-de-apoyos-a-productores-afectados-por-huracan-grace

https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP /2020/tomo/VII/Print.VSS.01.INTRO.pdf

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548402&f echa=18/01/2019

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2021.

Diputada Esther Martínez Romano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a implantar acciones conducentes a auxiliar y proteger con celeridad a los hidalguenses damnificados por las recientes inundaciones, a cargo de la diputada Lidia García Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Lidia García Anaya , integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Derivado de las fuertes lluvias que azotaron al estado de Hidalgo durante la madrugada del 7 de septiembre del 2021 y del desbordamiento del río Tula, que provocaron más de 36 mil damnificados, dejando más de 2 mil viviendas afectadas y la inundación del Hospital General de Zona número 5 en Tula, que reporta 17 muertes de pacientes producidas por una falla en el transformador que imposibilitó el adecuado tratamiento de los enfermos en su mayoría diagnosticados con el virus Covid-19; ante tal emergencia, el presidente de la república, licenciado Andrés Manuel López Obrador, declaró durante su participación en su reunión matutina, que se pondría en marcha el Plan DN-III, con la finalidad de coadyuvar en el rescate de las zonas afectadas.

Adicional a las acciones que han emprendido los tres ámbitos de gobierno, continúan las fuertes lluvias en las comunidades, por lo que ha sido necesario la intervención de la Secretaría de Defensa y la Guardia Nacional para activar los planes de auxilio en caso de desastres naturales.

Sin embargo, la ayuda y estas medidas no han sido suficientes para atender a la población damnificada, ya que se requiere de mayores acciones de auxilio, atención y reconstrucción para los damnificados.

Adicional a lo anterior es necesaria la implementación de refugios, albergues, hospitales, insumos, materiales de reconstrucción, víveres y medicamentos, que ayuden a los hidalguenses que se encuentran en esta situación de riesgo sanitario, ya que son aguas negras las que se encuentran desbordadas en estos municipios, con lo cual peligra la salud de los afectados.

La gravedad de la situación amerita la implementación de acciones coordinadas de las autoridades federales de manera urgente, con la finalidad de que no se pongan en riesgo más vidas.

Expuesto lo anterior, me permito someter a consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a implementar las acciones necesarias para auxiliar y proteger con celeridad a la población del estado de Hidalgo que fue damnificada por las recientes inundaciones en la entidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2021.

Diputada Lidia García Anaya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para homenajear a los medallistas mexicanos de los XXXII Juegos Olímpicos y XVI Paralímpicos, de Tokio, Japón, a cargo del diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, integrante de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por parte del Grupo Parlamentario del Partico Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; en el artículo 79, numeral 2, incisos I, II y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, desde el 2011, en su artículo 4o. que “toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia”.

Con la recién aprobada reforma constitucional en materia educativa del artículo tercero incluyo que los planes y programas de estudio deben tener una orientación integral que incluya la educación física y el deporte, para la promoción de estilos de vida saludables.

Derivado de lo anterior, es que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece que el deporte es “salud, cohesión social y orgullo nacional”. Por ello, propone que los ejes rectores sean:

• Es una prioridad la activación física.

• El deporte para todos.

• Apoyo al deporte de alto rendimiento con transparencia.

Estos tres ejes del deporte mexicano permitirán que tenga “un país más sano, con una mejor convivencia social y con una niñez y una juventud plenas”.

En este mismo sentido el Programa Institucional 2021-2024 de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte cuenta con seis objetivos, que son:

1. Mejorar las condiciones de coordinación y comunicación con los miembros del Sinade, para promover, fomentar y estimular la cultura física y el deporte.

2. Incrementar la calidad y cantidad de los servicios de formación, acreditación, capacitación, certificación, investigación y difusión para contribuir al aumento, actualización y mejoramiento de los profesionales especialistas en cultura física y el deporte.

3. Fomentar la práctica regular de actividades físicas, deportivas y recreativas, coadyuvando a la disminución del porcentaje de sedentarismo en la población.

4. Promover la práctica del deporte de manera sistemática e incluyente desde la iniciación hasta la competencia deportiva de la población, principalmente en niñas, niños, adolescentes y jóvenes, como una herramienta para contribuir al desarrollo deportivo del país.

5. Incorporar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la formación hacia el deporte de alto rendimiento, a través de procesos de identificación, desarrollo y seguimiento técnico a partir de la participación en eventos multideportivos nacionales.

6. Mejorar los resultados en las participaciones de las y los deportistas de alto rendimiento en eventos del ciclo olímpico, paralímpico y campeonatos mundiales del deporte convencional y adaptado, a través de procesos de preparación, servicios médicos y asistenciales, así como apoyos económicos.

La Organización de las Naciones Unidas estable la importancia del deporte al decir que “el deporte es otro importante facilitador del desarrollo sostenible. Reconocemos que el deporte contribuye cada vez más a hacer realidad el desarrollo y la paz promoviendo la tolerancia y el respeto, y que respalda también el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, las personas y las comunidades, así como los objetivos en materia de salud, educación e inclusión social”.

II. La participación de México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrado este año, permitió que deportistas mexicanos obtuvieran 4 medallas de bronce.

Y un excelente desempeño de nuestros atletas de la delegación en las diferentes disciplinas.

También las mexicanas y los mexicanos que participaron en los Juegos Paralímpicos nos han dado 7 medallas de oro, 2 de plata y 13 de bronce.

Sabemos que el esfuerzo que hacen los deportistas que nos representan en estas justas olímpicas son producto del esfuerzo, trabajo -arduo y constante-, además del esfuerzo día a día por dar lo mejor de sí y para nuestro país.

También no debemos olvidar a entrenadores y equipo multidisciplinario que con su conocimiento preparan a nuestros deportistas, pues gracia a su trabajo y esfuerzo nos permiten dar resultados en los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos.

III. La Cámara de Diputados aprobó el 9 de febrero de este año el dictamen a la Ley General de Cultura Física y Deporte, para establecer que se otorgarán reconocimientos a las y los deportistas, técnicos y organismos de cultura física y deporte, que corresponde dar a la Comisión Nacional del Deporte.

En este mismo sentido la actual legislatura debe sumarse para reconocer a las mujeres y hombres deportistas, pero también a sus entrenadores, con el fin de reconocer sus esfuerzos y su dedicación por poner en alto a nuestro país en materia de deporte.

Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 79 del Reglamento, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito pone a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión felicita y reconoce públicamente a las y los jóvenes atletas y a toda la delegación mexicana por su destacada participación en los pasados Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020; y, asimismo, solicita hacer en sesión solemne un reconocimiento especial a los deportistas acreedores de alguna medalla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2021.

Diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a las posiciones y conductas discriminatorias, xenofóbicas y racistas, a cargo del diputado Julio César Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Julio César Moreno Rivera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 1, fracción II, numeral 4; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que la discriminación constituye: [...] toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas.

Que atento a lo anterior, y derivado de la reunión del coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Julen Rementería y el fundador del partido de ultraderecha español Vox, en las instalaciones del Senado de la República, los medios de comunicación dan cuenta de los postulados que abrazan varios integrantes de ese instituto político:

“A través de esta Carta de Madrid , apoyada por diferentes líderes políticos y sociales con visiones e ideas distintas e incluso divergentes, queremos afirmar que:

• El avance del comunismo supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones, así como para las libertades y los derechos de nuestros compatriotas.

• El estado de derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada son elementos esenciales que garantizan el buen funcionamiento de nuestras sociedades, por lo que deben ser especialmente protegidos frente a aquellos que tratan de socavarlos.

• La defensa de nuestras libertades es una tarea que compete no sólo al ámbito político, sino también a las instituciones, la sociedad civil, los medios de comunicación, la academia, etcétera.

• El futuro de los países de la Iberosfera ha de estar basado en el respeto a la democracia, los derechos humanos, el pluralismo, la dignidad humana y la justicia”.

Que dicha carta fue suscrita por un conjunto de legisladores federales y locales y que pese a sus disculpas públicas y rechazo a las causas que encabeza Vox, son parte de la misma.

Se les olvida su Proyección de Principios de 2002 que en la parte final de su introducción señala:

“Acción Nacional renueva y reitera su compromiso con la estricta observancia de la Constitución y sus leyes, sin aceptar pactos y acuerdos que lo subordinen a ninguna organización del exterior, actuando con independencia de entidades o partidos extranjeros, y rechazando cualquier apoyo económico, político o propagandísticos provenientes de entes jurídicos prohibidos por la ley”.1

Que no hay olvidar y señalar algunas consideraciones del partido ultraderechista Vox a su llegada al Parlamento Europeo en 2019.

Entre sus propuestas dadas a conocer a través de sus plataformas digitales encontramos la expulsión de migrantes y la declaración de comentarios xenofóbicos en contra de este sector, sus legisladores defienden las terapias de conversión y no ocultan su homofobia, niegan rotundamente la existencia de la violencia de género y promueven el pin parental , iniciativa creada en España por dicho partido ultraconservador, la cual busca que las primarias, secundarias y preparatorias notifiquen a los padres sobre si sus hijos recibirán clases de educación sexual.

Lo anterior, es una ley que permite a los padres de familia decidir qué tipo de educación reciben sus hijos según sus convicciones y creencias religiosas , que ha sido retomada en Aguascalientes, Nuevo León, Morelos, Querétaro, Ciudad de México, Chihuahua, Veracruz, Morelos, Guanajuato y Baja California.

No obstante, lo anterior, un hecho que detonó reacciones diversas fue que el pasado 13 de agosto, en la conmemoración de la Conquista española, Vox dijo que su país “logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas”.

“Tal día como hoy, de hace 500 años, una tropa de españoles encabezada por Hernán Cortés y aliados nativos consiguieron la rendición de Tenochtitlán” , suscribió Vox en sus redes sociales.

Que tales posturas y conductas discriminatorias, xenofóbicas, racistas, homofóbicas que postula e ironiza el partido ultraconservador español Vox y que asumen como propias algunos legisladores del PAN, es claro que su objetivo sólo es polarizar a nuestra sociedad al intentar dañar y lacerar la integridad de ciertos sectores las población que han conquistado a lo largo de la historia reciente, las libertades que hoy nos caracterizan.

Que se les olvida que con las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 y 10 de junio de 2011, se amplió la procedencia del amparo por violaciones a los derechos humanos plasmados en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte en términos de lo dispuesto por los artículos 1 y 133 de la norma fundamental.

Que los compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades del estado parte frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al Presidente de la República para suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas, el que por medio de su ratificación obliga a las autoridades de los estados, atento a lo dispuesto por los artículos 76, fracción I, 89, fracción X y 133 constitucionales.

Que además, una vez incorporados a la ley fundamental los instrumentos internacionales suscritos por México, las autoridades mexicanas quedan vinculadas también a invocar la jurisprudencia de tribunales internacionales, como criterio orientador cuando se trate de la interpretación y cumplimiento de las disposiciones protectoras de los derechos humanos, que han sido definidos por la doctrina como el conjunto de facultades, libertades y pretensiones de carácter civil, político, económico, social y cultural, incluidos los recursos y mecanismos de garantía de todas ellas, que se reconocen al ser humano, considerado individual y colectivamente.

Es por ello que reprobamos toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados reprueba las posiciones y conductas discriminatorias, xenofóbicas, racistas, antisemitas, homofóbicas o cualquier otra que atente contra los derechos humanos de las y los mexicanos, sea del exterior o interior en nuestro país.

Nota

1 toqfeHtQI8xfmvAAiJNc5U6xqTHiSO.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2021.

Diputado Julio César Moreno Rivera (rúbrica)