Proposiciones

• Con punto de acuerdo, relativo a la celebración de una sesión solemne con motivo de la conmemoración de los 200 años de la consumación de la independencia del país, a cargo de la diputada Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a disponer de elementos de la Guardia Nacional para proteger con celeridad a la población de Ermita de los Correa, en Jerez, Zacatecas, desplazada de su hogar debido a la violencia ejercida por la delincuencia organizada, a cargo del diputado Miguel Ángel Varela Pinedo, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a hacer públicos los mecanismos de promoción e incorporación en el Programa de Formación Dual México-Alemania y las limitaciones para llegar a la meta de 100 mil estudiantes nacionales integrados en él, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se condena el uso de las instalaciones de la Cámara de Senadores por legisladores del PAN y del PRI para albergar a personajes como Santiago Abascal, conocidos por su discurso de odio, racismo, xenofobia y misoginia, contrarios a los valores de la democracia y los derechos humanos, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Zacatecas a investigar y esclarecer los supuestos hechos relacionados con el desplazamiento de familias de Ermita de los Correa, en Jerez; y al Ejecutivo federal, a garantizar la seguridad de éstas, suscrita por los diputados Jorge Álvarez Máynez y Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar al ayuntamiento de Tala, Jalisco, a solicitar a la autoridad correspondiente una consulta popular sobre la construcción del Centro Integral de Economía Circular, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a formar con la Ssa un grupo de especialistas que impulsen acciones para contrarrestar los efectos de la pandemia en materia de salud mental de niños y adolescentes, a cargo de la diputada Laura Barrera Fortoul, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar la SSPC a emitir la declaratoria de emergencia en Tlaquepaque, Jalisco, por los daños derivados de las torrenciales lluvias y liberar los recursos del Programa para la Atención de Emergencias, a cargo de la diputada María Elena Limón García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Jalisco a garantizar el cumplimiento irrestricto de la libertad de expresión de defensores de derechos humanos y periodistas, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a implantar cuanto antes con la SEP acciones de diagnóstico, mantenimiento y reparación de la escuela primaria ISSSTE, de Tlatelolco, en mal estado por el cierre durante la crisis sanitaria de Covid-19, a cargo de la diputada Cynthia Iliana López Castro, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a los legisladores del Congreso de la Unión y los partidos políticos con registro ante el INE a garantizar que el debate público verse sobre propuestas acordes con el estado democrático de derecho y el reconocimiento pleno de los derechos humanos, suscrita por los diputados Jorge Álvarez Máynez y Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Jucopo de esta soberanía a crear una comisión especial sobre el caso de espionaje mediante el malware Pegasus, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la STPS a hacer un llamado a los patrones para dar cabal cumplimiento a las licencias de paternidad, a cargo del diputado Alan Castellanos Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a los órganos de gobierno de esta soberanía a salvaguardar la integridad física del ciudadano Porfirio Muñoz Ledo y garantizar la continuidad de la reestructuración de los centros de estudios, suscrita por los diputados Jorge Álvarez Máynez Jorge y Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Jalisco y los ayuntamientos de la zona metropolitana de Guadalajara a hacer público un informe respecto al número de asentamientos humanos irregulares, así como a las acciones y los mecanismos establecidos para su atención, regulación y planeación, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y la Ssa a considerar la reactivación del esquema del extinto Seguro Popular en las regiones con población predominantemente indígena, a cargo de la diputada Sayonara Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SRE a difundir la información sobre cuáles serán las bases del diálogo técnico que sostendrá con el gobierno de EUA en cuanto a la orden de la Suprema Corte de Justicia de ese país que obliga a cumplir el fallo del tribunal para restaurar el programa de protección de migrantes, o Permanecer en México, a cargo de la diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Jalisco a dirigir los recursos materiales, económicos y humanos en las zonas del estado donde ha habido un incremento significativo de contagios de Covid-19 e informar sobre el ejercicio de la deuda pública adquirida durante la pandemia, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y la Ssa a garantizar con sus homólogas locales el abasto de jabón, gel antibacterial y cubrebocas para estudiantes y persona educativo durante el regreso a clases y su permanencia, a cargo del diputado Alan Castellanos Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la CNDH a investigar lo ocurrido el sábado 28 de agosto de 2021 en Tapachula, Chiapas, donde un grupo de migrantes, con solicitudes de refugio en México, fue reprimido por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y del INM; y a la SRE, a garantizar la debida protección de sus derechos humanos, a cargo de la diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a incorporar por la Subsecretaría de Educación Básica los planteles de Chicoloapan y Chimalhuacán, México, en el programa La Escuela es Nuestra, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, relativo a la construcción de la obra del Ferrocarril del Istmo, y la extensión de Ixtepec a Tapachula, a cargo del diputado José Luis Elorza Flores, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Jucopo de esta soberanía a realizar una sesión solemne por la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, a cargo del diputado Manuel Vázquez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Fiscalía General de Guanajuato a hacer públicas las medidas y los mecanismos implantados para garantizar la procuración de justicia en la entidad, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los congresos locales a abstenerse de aprobar las leyes de ingresos municipales que contengan el derecho por alumbrado público; y a los ayuntamientos y la CFE, a abstenerse de formalizar convenios de colaboración por los que se establezcan términos y condiciones para la recaudación del derecho por alumbrado público, a cargo del diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso y el gobierno de Oaxaca a sustanciar consulta previa de los pueblos y las comunidades indígenas del estado en el plazo de 18 meses otorgados por la SCJN en la sentencia de la acción de inconstitucionalidad número 180/2020, promovida por la CNDH, en demanda de la invalidez del decreto 1201, por el que se expidió la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, a cargo del diputado Azael Santiago Chepi, del Grupo Parlamentario de Morena

Efemérides

• Con motivo del 2 de septiembre, Día Nacional del Cacao y el Chocolate, a cargo del diputado Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena

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Con punto de acuerdo, relativo a la celebración de una sesión solemne con motivo de la conmemoración de los 200 años de la consumación de la independencia del país, a cargo de la diputada Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe diputada Raquel Bonilla Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y la fracción III, del numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Junta de Coordinación Política que considere la celebración de una sesión solemne con motivo de la conmemoración de los 200 años de la consumación de la independencia de nuestro país, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

México nació a la vida independiente desde la gesta iniciada con el Grito de Dolores del 15 de septiembre de 1810, cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla convocó al pueblo a conquistar su libertad. El proceso histórico culmino con la entrada del Ejercito Trigarante a la ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821, al mando del general Agustín de Iturbide.1

A partir de esos acontecimientos históricos da inicio una nueva etapa en nuestro país en donde siempre ha estado presente la lucha por la justicia. Por ello, es de igual importancia conmemorar el inicio del movimiento de independencia como su culminación, debido a que con este hecho se sentaron las bases para el surgimiento del Estado mexicano.

Diversos especialistas han divido la lucha de independencia en cuatro etapas, la primera etapa inicia en el mes de septiembre de 1810, cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla, “Padre de la Patria”, da comienzo al movimiento insurgente con diversos triunfos hasta que sufren una serie de derrotas, siendo trascendental la acaecida en el Puente de Calderón, y su posterior captura y muerte de Ignacio Allende, Mariano Jiménez y Juan Aldama.2

La segunda etapa, la retoma el cura José María Morelos y Pavón, quien aglutino a la mayor parte de los pueblos de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla y México. Entre sus principales aportaciones fue la celebración del Congreso de Apatzingán en donde se redactó la primera Carta Magna de nuestro país. En 1815 Morelos es apresado, juzgado y fusilado.3

La tercera etapa es, el periodo en donde se observó un declive en actividad y lucha por la independencia, sobresale Pedro Moreno y Francisco Xavier Mina, quienes a pesar de sus intentos por resurgir la lucha insurgente fueron capturados y fusilados.4

La última etapa, con la muerte de Morelos, la lucha por la independencia entro en una etapa de descenso en donde sólo quedaban movimientos aislados, comandados por los generales Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. En 1820, los criollos retomaran la lucha por la Independencia, con ello, esta última etapa la inicia Agustín de Iturbide, personaje con demasiada ambición para alcanzar y lograr beneficios personales, después de haber combatido, sin descanso, a las fuerzas insurgentes, consigue reunir a través de diversas cartas, a los principales jefes realistas e insurgentes, en torno al “Plan de Iguala”, así mismo, gana el apoyo de la mayoría de los dirigentes del gobierno virreinal, para alcanzar un consenso para lograr la independencia del país.5

El coronel Agustín de Iturbide en varias batallas intento derrotar a Vicente Guerrero sin éxito, lo cual, lo motiva a proponer una alianza para obtener la independencia, Guerrero acepta y en febrero de 1821, se reunieron en Acatempan, Guerrero, para pactar y establecer las bases del Plan de Iguala, en donde se haría la declaración de Independencia, bajo la tutela de la Corona española, formándose el Ejército Trigarante[6] . El 24 de agosto de 1821, se firmaron los tratados de Córdoba,7 en donde se señala la independencia de México, denominándose Imperio Mexicano, con un gobierno monárquico constitucional.8

La formación del Ejército Trigarante, tuvo como objetivo garantizar la independencia de la Nueva España y la Unión de españoles y americanos, el Ejército de las Tres Garantías entró triunfal a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821, con dicha entrada se consumaba la lucha que durante once años ensangrentó el territorio nacional en busca de su independencia. Al día siguiente, el 28 de septiembre, México surge como nación independiente, con la firma del Acta de Independencia en palacio nacional, en dicho documento se eligió un sistema monárquico como sistema de gobierno, y como primer Gobernante, a Don Agustín de Iturbide. El Acta de Independencia del Imperio Mexicano, fue redactada por el Lic. Juan José Espinosa de los Monteros y Don Matías Monteagudo, con base en los lineamientos y disposiciones contenidas en el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, Veracruz.

Acta de Independencia del Imperio Mexicano, pronunciada por su Junta Soberana Congregada en la Capital de él en 28 de setiembre de 1821.

La Nación Mexicana que, por trescientos años, ni ha tenido voluntad propia, ni libre el uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido. Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados; y está consumada la empresa, eternamente memorable, que un genio, superior á toda admiración y elogio, amor y gloria de su Patria, principio en Iguala, prosiguió y llevó al cabo, arrollando obstáculos casi insuperables. Restituida, pues esta parte del septentrión al ejercicio de cuántos derechos le concedió el Autor de la Naturaleza. Y reconocen por inenagenables y sagrados las naciones cultas de la tierra; en libertad de constituirse del modo que mas convenga á su felicidad; y con representantes que puedan manifestar su voluntad y sus designios; comienza á hacer uso de tan preciosos dones, y declara solemnemente, por medio de la Junta Suprema del Imperio, que és Nación Soberana, é independiente de la antigua España, con quien, en lo sucesivo, no mantendrá otra unión que la de una amistad estrecha, en los términos que prescribieren los tratados: que entablará relaciones amistosas con las demás, potencias ejecutando, respecto de ellas, cuántos actos pueden y están en posesión de ejecutar las otras naciones soberanas: que va á constituirse, con arreglo á las bases que en el Plan de Iguala y Tratado de Córdoba estableció, sabiamente, el primer Jefe del Ejército Imperial de las Tres Garantías; y en fin que sostendrá á todo trance y con el sacrificio de los haberes y vidas de sus individuos, (si fuere necesario) esta solemne declaración, hecha en la capital del Imperio a veinte y ocho de septiembre del año de mil ochocientos veinte y uno, primero de la Independencia Mexicana. 9

Fuente: México: Independencia y Soberanía, Secretaria de Gobernación, Archivo General de la Nación, México, 1996.

El 27 de septiembre de 2021, celebraremos los 200 años de la consumación de la independencia, recordaremos la entrada del Ejército de las Tres Garantías o Ejército Trigarante, a la Ciudad de México, ese 27 de septiembre de 1821, marcando el inicio de nuestra vida independiente.

A manera de cronología, brevemente se enlistan algunos principales acontecimientos que sucedieron en el año de 1821; el 10 de enero, desde Cualotitlán, Iturbide le escribe a Vicente Guerrero para invitarlo a rendirse; el 20 de enero, Vicente Guerrero contesta a Iturbide rechazando el indulto pero ofreciendo ayudarle para lograr la independencia. A fines de enero, Iturbide comienza a difundir sus planes de independencia a diversas personalidades; el 4 de febrero, Iturbide responde a Guerrero invitándolo a reunirse; el 10 febrero, Iturbide y Guerrero se entrevistan en Acatempan; el 24 de febrero, Iturbide firma el Plan de Iguala, envía al virrey Apodaca.10

El 1 de marzo, Iturbide da a conocer el Plan de Iguala a sus tropas, quienes lo aclaman jefe del Ejército de las Tres Garantías: Religión, Independencia, Unión; el 19 de marzo, Luis Cortázar se une al Plan de Iguala; el 20 de marzo, los generales Anastasio Bustamante y Joaquín Parrés se adhieren al Plan de Iguala; el 18 de abril, se imprime en la Ciudad de México, el Acta del Juramento del Plan de Iguala; el 20 de abril, en Santa Fe, Veracruz, Guadalupe Victoria lanza una proclama al reincorporarse a la lucha por la independencia; el 29 de mayo, Antonio López de Santa Anna se apodera de Jalapa y se adhiere al Plan de Iguala; el 8 de junio, Iturbide en San Juan del Río, se entrevista con Guadalupe Victoria; el 5 de julio, el virrey Apodaca es destituido por los jefes realistas encabezados por el brigadier Francisco Buceli, nombran como encargado del gobierno al mariscal Francisco Novella.11

El 30 de julio, arriba Juan O’Donojú, a Veracruz; el 24 de agosto, se celebran en Córdoba, Veracruz, los tratados entre Juan de O’Donojú y Agustín de Iturbide, O’Donojú reconoce la Independencia de México, conforme al Plan de Iguala; el 30 de agosto, las autoridades realistas de la Ciudad de México, encabezadas por Novella, niegan las facultades de O’Donojú para firmar los Tratados de Córdoba; el 3 de septiembre, el Ayuntamiento de México, solicita al mariscal Francisco Novella que capitule; el 7 de septiembre, Iturbide firma un armisticio con Francisco Novella, en Molina Blanco; el 13 de septiembre, en la hacienda de La Patera, cerca de la villa de Guadalupe, se reúnen O’Donojú, Francisco Novella e Iturbide para la entrega de la Ciudad de México; el 15 de septiembre, el mariscal Novella entrega el mando a Juan O’Donojú; el 21 de septiembre, en Tacubaya, se expide la orden general que dispone la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México; el 23 de septiembre, las tropas realistas salen de la Ciudad de México rumbo a Veracruz; el 27 de septiembre, entra el Ejército Trigarante a la Ciudad de México, consumándose la independencia mexicana; el 28 de septiembre, se instala la Junta Provincial Gubernativa que firma el Acta de Independencia.12

Nuestra nación mexicana, se ha transformado desde la conclusión de la lucha de independencia, como mexicanas y mexicanos de los ilustres personajes y de todos aquellos que participaron en este movimiento independista heredamos el deseo de respeto y defensa de nuestra soberanía, el orgullo de portar nuestros símbolos y tradiciones.

En este sentido es trascendental conmemorar con la celebración de una sesión solemne en donde se rinda un homenaje a la gesta histórica que culmina con la consumación de la Independencia de la Nación Mexicana.

El camino trazado en Iguala y ratificado en Córdoba fue el de un proyecto constitucional moderno que estableció la más absoluta igualdad de derechos, planteándose la defensa de los derechos del hombre, y defendiendo la representación equitativa entre todas las provincias de la América Septentrional, aceptando la división de poderes y la soberanía en manos del pueblo e incluso con mayor amplitud que en la Constitución de Cádiz de 1812.

En este contexto, de celebración de una sesión solemne, es oportuno recordar que el pasado 29 de diciembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se declara al año 2021 como “Año de la Independencia”, en dicho documento, en su artículo Tercero se señala, que el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, en coordinación con los Poderes Legislativo y Judicial Federales y los Órganos Públicos Autónomos, establecerá un programa de actividades para conmemorar el Año de la Independencia.13 Para tal efecto, se plasma que el 27 de septiembre de 2021, se conmemorarán los 200 años de la consumación de la Independencia.

Por todo lo anterior, presento ante el pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. Se solicita a la Junta de Coordinación Política a que considere la celebración de una sesión solemne con motivo de la conmemoración de los 200 años de la consumación de la independencia de nuestro país.

Notas:

[1]. Noriega Cecilia, y Salmerón, Alicia, México: Un siglo de historia constitucional (1808-1917), Suprema Corte de Justicia de la Nación-Instituto de Investigaciones Dr. José Luis Mora, México, 2009, p. XIII.

2. Breña Roberto, El primer liberalismo español y los procesos de emancipación de América 1808-1824: una revisión historiográfica del liberalismo hispánico, Colegio de México, 2006.

3. Costeloe, Michael P., La respuesta a la Independencia: la España imperial y las revoluciones hispanoamericanas 1810-1840, Fondo de Cultura Económica, México, 1989

4. Guzmán, Martin L., Javier Mina. Héroe de España y de México, editorial Joaquín Mortiz, México, 2014.

5. Alamán, Lucas, Historia de Mejico desde los movimientos que prepararon su independencia en el año de 1808 hasta la época presente, Jus, México, 1942.

6. Gamboa, José M., Leyes constitucionales de México durante el siglo XIX, Secretaria de Fomento, México, 1991.

7. Canela Morales, Luis A., Strobel, Héctor, Los tratados de Córdoba y la consumación de la Independencia. Bicentenario de su consumación 1821-2021, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México-Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, México, 2021.

8. Olavarría y Ferrari, Enrique, México independiente 1821-1855, México a través de los siglos, historia general y completa del desenvolvimiento social, político, religioso, militar, artístico, científico y literario de México desde la antigüedad más remota hasta la época actual, Cumbre, México, 1956.

9. Pérez Johnston, Raúl, “Algunos aspectos para una reflexión constitucional sobre el Acta de Independencia del Imperio Mexicano”, en Speckman Guerra, Elisa, Lira, Andrés, El mundo del derecho II: instituciones, justicia y cultura jurídica, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, México, 2017.

10. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Cronología de la Independencia (1808-1821), disponible en: https://www.inehrm.gob.mx/work/models/inehrm/Resource/437/1/images/cron o_indepen dencia.pdf

11. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Cronología de la Independencia (1808-1821), disponible en: https://www.inehrm.gob.mx/work/models/inehrm/Resource/437/1/images/cron o_indepen dencia.pdf

12. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Cronología de la Independencia (1808-1821), disponible en: https://www.inehrm.gob.mx/work/models/inehrm/Resource/437/1/images/cron o_indepen dencia.pdf

13. Secretaria de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609042&fecha=29/12/2 020

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2021

Diputada Raquel Bonilla Herrera

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a disponer de elementos de la Guardia Nacional para proteger con celeridad a la población de Ermita de los Correa, en Jerez, Zacatecas, desplazada de su hogar debido a la violencia ejercida por la delincuencia organizada, a cargo del diputado Miguel Ángel Varela Pinedo, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputado Miguel Ángel Varela Pinedo y los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esa soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se solicita la intervención urgente de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República por el aumento en la escalada de violencia y por el caso de desalojo de los habitantes de la comunidad de Ermita de los Correa del municipio de Jerez del Estado de Zacatecas, por parte del crimen organizado, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

La comunidad de Ermita de los Correa, del municipio de Jerez del estado de Zacatecas, ha sufrido una grave escalada de casos de desplazamiento forzado por la acción de la delincuencia organizada.

El pasado 5 de septiembre de 2021 se vivieron hechos particularmente violentos que derivaron en el desalojo de sus casas de cerca de mil personas, principalmente mujeres, niños y adultos mayores.

Habitantes de la comunidad, denunciaron en redes sociales lo sucedido y que, desde el 3 de septiembre, un grupo de hombres armados irrumpieron en su comunidad, amenazándolos con que debían abandonar sus hogares. Las familias dejaron atrás su patrimonio, sus hogares, saliendo solo con lo que tenían puesto, quedando en una situación de incertidumbre; dejaron atrás su tranquilidad.

Los habitantes desplazados de Ermita de los Correa denuncian que el crimen organizado reclutó por la fuerza o “levantó” a los hombres de la comunidad, llevándoselos con violencia y bajo amenazas de que les harían daño y que lastimarían a sus familiares.

La población también denunció que los sicarios, que llegaron a su comunidad cerca del mediodía en un convoy de 30 camionetas, entraron violentamente a las casas, violaron mujeres, golpearon a adultos mayores, quemaron vehículos y mataron a sus animales.

La escalada de violencia no es un fenómeno nuevo. Se tiene conocimiento de que, desde hace 7 meses, localidades de la sierra de Jerez están en medio del enfrentamiento de grupos del crimen organizado, de los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, que disputan el territorio. Los constantes enfrentamientos, así como las amenazas de los grupos delictivos y los “levantones” de hombres jóvenes, han obligado a los habitantes de la región a desplazarse y dejar sus comunidades. El objetivo de estos grupos criminales es convertir estas comunidades en campamentos desde donde organizan sus ataques y otros crímenes, además de que les sirve de lugares en donde esconderse de las fuerzas armadas y de la ley.

Habitantes de la región denuncian que Ermita de los Correa no es la primera comunidad de Jerez que vive esta situación y que, desde el mes pasado, localidades cercanas como Cargadero, Palmas Altas, Ermita de los Murillo, Santa Rosa en Fresnillo y Sarabia viven una situación similar de enfrentamientos, desplazamiento, inseguridad y amenazas del crimen organizado. Ciudades y comunidades aledañas se están convirtiendo en pueblos fantasmas y en las noticias no paran de informar de las matanzas que suceden en el Estado.

Ante la situación de desplazamiento que se vivió en Ermita de los Correa, se han instalado albergues en la cabecera municipal, para alojar y dar alimento a las personas que lo perdieron todo. En redes sociales, la sociedad civil se ha movilizado para pedir ayuda en forma de víveres, cobijas, colchonetas y ropa en buen estado.

El presidente municipal, Antonio Aceves Sánchez, manifestó su apoyo y compromiso con las familias de Jerez y dijo que cuentan con el respaldo de su gobierno, además de que su gobierno está preparado para atender este tipo de emergencias. En conferencia de prensa, comentó que se le daría atención inmediata y gratuita a los afectados, proporcionando refugio y alimentos, así como poner a su disposición el apoyo del DIF municipal, que ampliará sus horarios de atención.

Por otra parte, y a pesar de las muchas denuncias en redes sociales por parte de los pobladores de Jerez, el Grupo de Coordinación Local de Zacatecas, declaró que “no contaban con evidencias, ni información fidedigna que confirme los datos que se han difundido a través de redes sociales respecto al desplazamiento de los habitantes de la comunidad de Ermita de los Correa en Jerez”.

Habitantes del municipio, sin embargo, ya no confían y dudan de sus autoridades locales y piden ayuda urgente a la federación, al Ejército Mexicano o la Marina Armada de México.

Esta desconfianza surge de la situación de violencia que vive el estado desde hace tiempo, de que la situación empeora y no hay solución. Tan solo el fin de semana del 4 y 5 de septiembre pasados, al menos 15 personas fueron asesinadas, entre ellas un policía, en diferentes ataques perpetuados en distintos puntos del estado, entre ellos, la ciudad de Guadalupe, la ciudad de Zacatecas, la ciudad de Fresnillo, el municipio de Pánuco, la comunidad de San José de Lourdes.

Otros incidentes incluyen el abandono del cuerpo descuartizado de un hombre en la cabecera municipal de Loreto y un ataque de civiles armados a la camioneta donde viajaban Juan José Ríos, coordinador operativo de la policía municipal de la ciudad de Zacatecas, y sus dos hijos, mientras transitaban en la ciudad de Guadalupe.

Zacatecas vive una situación de inseguridad muy delicada en la que la población está sufriendo de manera desmedida. La violencia se está saliendo de control y los zacatecanos necesitan del apoyo de todos los niveles de gobierno para salir adelante. La estrategia de “abrazos, no balazos”, no está dando resultado y no hay muestra más clara de ello que lo que sucede en el estado y más recientemente con el lamentable desalojo que sufrieron los habitantes de Ermita de los Correa.

Ante esta situación, manifestamos nuestra total solidaridad con los habitantes de Ermita de los Correa, de Jerez y con el estado de Zacatecas. Pedimos a las autoridades tomar cartas en el asunto y redoblar esfuerzos para llegar a una solución que ponga fin a la violencia.

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la consideración del pleno, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a que disponga de elementos de la Guardia Nacional con el objeto de proteger con celeridad a la población de Ermita de los Correa, en el municipio de Jerez, Zacatecas, que ha sido desplazada de sus hogares debido a la violencia ejercida por los grupos de la delincuencia organizada.

Segundo. - Se exhorta a la Fiscalía General de la República a que, en ejercicio de sus funciones, investigue los hechos de desplazamiento forzado en la comunidad de Ermita de los Correa, municipio de Jerez, Zacatecas, suscitados a consecuencia de la violencia ejercida por grupos de la delincuencia organizada y proceda en consecuencia, a fin de generar un ambiente de paz y justicia en la localidad, así como devolver la tranquilidad a la población.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2021.

Diputado Miguel Ángel Varela Pinedo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a hacer públicos los mecanismos de promoción e incorporación en el Programa de Formación Dual México-Alemania y las limitaciones para llegar a la meta de 100 mil estudiantes nacionales integrados en él, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada federal Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La alta tasa de desempleo en México es una de las mayores problemáticas que enfrentamos para el desarrollo del país.1 Tan solo en marzo de 2021 ascendió a 4.4 por ciento, lo que representa 1.2 puntos porcentuales más que la registrada el mismo mes en año 2019,2 y en abril de 2021, esta incrementó al 4.6 por ciento,3 ocasionado por diversos factores entre los que destacan los efectos de la pandemia mundial, la cual tuvo como resultado una caída económica del 9 por ciento del Producto Interno Bruto “PIB” de México en los últimos 88 años,4 generado impactos negativos en el desarrollo del país, empleo, salarios y poder adquisitivo de los ciudadanos, especialmente entre los jóvenes, mismos que se han visto afectados a través de la falta de oportunidades laborales, ya que no están exentos de ser parte de esta estadística cuando en su edad productiva y académica se enfrentan a diversos obstáculos para incursionar en el mercado laboral, siendo la primera barrera la “falta de experiencia” en torno a su campo de estudio, lo cual ha resultado que al mes de marzo del 2020, se registrará una tasa de desempleo juvenil del 6.0%, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),5 y diversos medios han señalado que hasta enero de 2021, se obtuvo un registro de mas de 440 mil jóvenes de entre 15 a 29 años que quedaron desempleados en lo que va de la pandemia mundial.6

Aunque existen jóvenes que forman parte de la población económicamente activa, (en marzo de 2020 representaron el 60 por ciento de la tasa de participación)7 , esta participación se relaciona con la necesidad de aportar a la economía familiar, situación que muchas veces los lleva a elegir entre estudiar y trabajar. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) ha informado que en México al menos el 35 por ciento de adolescentes y jóvenes trabajan, sin embargo, lo hacen en actividades como: servicios de hospedaje; preparación de alimentos y bebidas; transportes, correos y almacenamientos; manejo de desechos; en el caso de quienes cuentan con estudios técnicos o de educación superior, laboran en servicios de salud y asistencia social; así como actividades en la prestación de servicios técnicos.8

Datos del Inegi señalan que otra característica del empleo para los jóvenes es la “alta proporción de ocupaciones informales”, pues poco más de 8.9 millones de jóvenes se encuentran en esta situación y frente a estas cifras el mismo instituto reporta que el 80 por ciento de los jóvenes cuentan con experiencia laboral, pero no todos en el sector formal y en menor proporción en el ámbito de su actividad académica,9 lo que se traduce en una muy baja experiencia laboral y correlación académica y profesional en el desarrollo de los jóvenes.

Un ejemplo de lo anterior lo reporta la consulta hecha por Grant Thornton realizada a líderes empresariales a nivel internacional, quienes manifestaron “la falta de experiencia como principal obstáculo para la contratación de personal”, así como la “falta de habilidades técnicas de los trabajadores para desempeñar los puestos”, significando el problema fundamental en la mayoría de empresas en el mundo.10

Asimismo, se debe hacer mención que la educación ha sido vulnerada ante la presente crisis sanitaria, por lo cual de acuerdo cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la pandemia mundial ha afectado a 1 mil, 600 millones de estudiantes en el mundo, de los cuales 156 millones son de América Latina y 36.4 millones son de México; Adicionalmente, este organismo señala que el 55.7% de los jóvenes de América Latina que se encuentran en una edad de 15 a 24 años, han tenido que limitar sus aspiraciones por la crisis sanitaria y económica.11

Elevar la participación de la juventud mexicana en trabajos afines a sus áreas de estudio, requiere políticas que puedan lograr un equilibrio entre la formación académica y la práctica profesional en el sector formal. Este ejercicio debe impulsarse en el sistema educativo nacional que, dicho sea de paso, desde el 2019 a través de una reforma constitucional, se planteó lograr la universalización de la educación superior, mandatando al Estado para que esta misma educación, tuviera características que la definiera como de “excelencia”, fortaleciendo el desarrollo de las y los jóvenes en el país.12

Con esa misma finalidad, el sistema de educación dual se basa históricamente en el método de aprendizaje de oficios de los gremios medievales, en los cuales el aprendiz adquiría los conocimientos fundamentales para el ejercicio de su trabajo, a través de la práctica en los talleres, logrando un sistema educativo que combina la enseñanza teórica (la cual representa un tercio de la formación) y la práctica profesional (que representa los dos tercios restantes para la formación), por lo que se trata de un sistema de formación profesional, que deriva de una configuración de principios didácticos y estructuras institucionales en combinación con las instituciones económicas de la sociedad civil.13

Este sistema se encuentra respaldado por un ente nacional que define objetivos específicos educativos y profesionales, surgiendo a partir de la resolución de una problemática específica “la diferencia entre la formación profesional y la práctica profesional”, lo que dio origen al “principio dual”.14

acuerdo a su desempeño en las empresas.15 Asimismo, el Doctor Dieter Euler, señala que el concepto de dualidad se refiere a los lugares de aprendizaje y a los procesos didácticos, los cuales se encuentran entrelazados. Es decir, la alternancia entre el aprendizaje en la empresa y la escuela y la unión entre la teoría y la práctica.16 Autores como Hans Jürgen Lindemann, han hecho énfasis en señalar que el modelo dual es una alternativa para la formación, para lo cual se deben implementar mecanismos articulados que promuevan la formación y la llegada de los jóvenes, de

Los objetivos esenciales del sistema educativo dual, se definen en tres puntos básicos: El primero es la eficiencia económica, misma que implica la formación profesional para obtener mejores resultados en la productividad de la empresa, de esta forma permitiendo una continuidad en la generación económica; El segundo es generar una integración social, a través de la formación de profesionistas que son parte de la sociedad, y el tercero es el logro de un desarrollo individual, como el resultado en el cumplimiento de metas y propósitos personales en beneficio del ente social y económico.17

Por ello, el resultado de la educación dual en Alemania, ha tenido los siguientes alcances:

Cabe señalar que, para la elaboración de las políticas educativas que logren la implementación del sistema dual, se necesita cumplir con factores, tales como el asesoramiento a las empresas participantes en la formación, supervisión y la gestión del sistema,22 función que le corresponde a la Cámara de Comercio, Industria y Artesanía en el estado alemán.23

Asimismo, se debe cumplir con la posibilidad de incluir tanto a instituciones educativas públicas como privadas; Se deben determinar los requisitos para su acceso a este sistema, tales como las formas de acceso, edad y documentación requerida,25 y, por último, debe existir una implicación de empresas con centros académicos,26 con la finalidad de que el aprendiz reciba un sueldo por parte de la empresa en la que labora.27

También se considera fundamental la asociación entre los gobiernos de los estados federados con las cámaras de industria y comercio regionales, logrando de esta forma un adecuado funcionamiento del sistema dual.

A pesar de que el sistema dual conlleva un costo elevado, en cuanto al pago de jóvenes estudiantes para capacitarlos, las mismas empresas alemanas han reconocido que es un sistema educativo viable, a tal grado de considerarlo como una inversión a largo plazo, con la formación de estudiantes que posteriormente serán profesionales en el desempeño de sus funciones.28

Ahora bien, México se ha caracterizado por implementar un sistema de formación profesional formal, en la cual prevalece la teoría y el sentido práctico referido a la misma, y por otra parte el aprendizaje dual, como se ha mencionado anteriormente, incorpora la práctica y la convierte en un sistema con un 50% teoría y 50% practica, con el propósito claro para que las y los jóvenes tengan una incorporación al mercado laboral que les permita continuar su desarrollo profesional.

Por lo anterior, el sistema dual en México formalmente inició en el año 2009,29 gracias a que la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del Colegio Nacional de Educación Profesional (Conalep) firmara un convenio de colaboración con el Instituto Federal de Formación Profesional Alemán,30 desarrollando el proyecto “MechMexDual” con el propósito de fortalecer el sistema educativo dual en la formación de mecatrónica, buscando complementar la oferta de formación profesional en centros del Conalep ubicados en distintas Entidades Federativas del país.31

Posteriormente, en el año 2013,32 la Cámara Mexicano – Alemana de Comercio e Industria (Camexa), implementó un proyecto denominado “Camexa+ ”, con la finalidad de acercar aún más el modelo educativo dual en nuestro país, a través de captación laboral y fomento en el crecimiento económico, incorporando en el proyecto a empresas alemanas reconocidas mundialmente, tales como Volkswagen, Mercedes Benz y Bosch, lo cual estableció estándares de competencia que fueron reconocidos por el Consejo Nacional y Certificación de Competencias Laborales.33

En ese mismo año, con la finalidad de buscar nuevos sistemas educativos que permitieran lograr un mejor desarrollo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), en coordinación con la Confederación Patronal de la República Mexicana, y con la asesoría de la Cámara México - Alemana de Comercio e Industria estableció en el año 2013 el Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD), con elementos retomados del modelo dual alemán.34

El MMFD parte de ser un modelo educativo alemán diseñado para estudiantes de alto rendimiento, a través del cual existe un vínculo entre la escuela o institución educativa media superior o superior y la empresa, en el cual se establecen bases de coordinación y cooperación para ofrecer una educación de excelencia,35 caracterizado por incorporar al estudiante en una empresa a partir de su tercer semestre, siguiendo un plan de formación individualizado en el que alternará el aprendizaje con una fase teórica, la cual se lleva a cabo en un aula de una institución educativa y una fase práctica que se realiza en una empresa,36 encargada de capacitar al estudiante en un plazo de uno a dos años.

Este modelo funciona a través de organismos y un operador empresarial, encargado de darle seguimiento a la formación de la empresa y a la intervención de un coordinador educativo,37 mismo que es designado por cada una de las autoridades educativas de las 32 entidades federativas.

Los estudiantes que se encuentran inscritos en el (MMFD), tienen la tarea de realizar reportes semanales, que funcionan para tener un registro del avance logrado, asimismo desarrollan las actividades laborales con base en un plan de rotación de puestos de aprendizaje, que contempla una gran variedad de áreas laborales,38 vinculadas al plan curricular de las distintas instituciones educativas que adoptan este modelo. Concluyendo la formación educativa, los estudiantes reciben un certificado y tienen derecho a que se les realice una prueba para evaluar su competencia laboral, la cual cuenta con valor curricular39 avalada por el sector empresarial, obteniendo como resultado que los estudiantes alcancen las competencias óptimas para poder desarrollarse en el ámbito laboral, adicionando a su vez, capacidades adquiridas de comunicación y de trabajo en equipo.

A partir de estrategias establecidas en el “Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018 ”, nuestro país dio un paso importante en la educación y formación de profesionistas, ya que en el año 2015,40 a través de un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación,41 se integró a la educación dual en nuestro Sistema Educativo, estableciéndola como una opción educativa en el nivel medio superior, por lo que en ese mismo año el ya operaba en 10 entidades federativas y se encontraban en proceso de incorporación 5 entidades federativas más, estableciendo un total de 1 mil, 158 estudiantes en 76 planteles educativos de (Conalep) y (CECYTES), desempeñando carreras como: Electromecánica industrial, Mecatrónica, Informática, Contabilidad, Administración, Hospitalidad turística, y Telecomunicaciones, entre otras más,42 insertando a los jóvenes mexicanos en una experiencia laboral que incluye una guía y orientación vocacional.

Con la intención de adecuar el modelo alemán a las características y necesidades del país, México se propuso en su momento, a expandir la relación bilateral y apoyó la inversión de empresas alemanas establecidas en México, buscando el apoyo de otras empresas extranjeras, siendo ejemplo claro de un sistema educativo bien implementado, que ofrece la oportunidad de cambiar el proceso educativo basado en la memorización, por la capacitación laboral a través de métodos específicos,43 reconociéndolo como un factor que logra mantener baja la tasa de desempleo.

El avance generado de este sistema educativo en la actualidad ha representado, que desde el 13 de mayo del 2019, la educación dual se promueva y fomente en el marco del “Acuerdo del Secretario de Educación por el que se establece y regula la educación dual en los tipos educativos Medio Superior y Superior en el Estado de México”,44 así como en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 y en el Programa de Productividad del Estado de México45

En 2017 la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Coordinador Empresarial firmaron un convenio para impulsar la Educación Dual46 y hasta abril del 2021, se dio el “relanzamiento” del programa de formación dual México-Alemania, con una meta de 100 mil estudiantes mexicanos integrados en este sistema, con la finalidad que los estudiantes beneficiados cuenten con un empleo para 2024.47

Actualmente la cifra de estudiantes incorporados en el modelo dual es de 4 mil educandos. El reto frente a la reactivación del convenio es elevar la captación, desarrollo y retención del talento de los jóvenes mexicanos en el mundo laboral.48 A pesar de que en la Administración Pública Federal actual se ha impulsado el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, el cual rescata elementos fundamentales de la educación dual, debe reconocerse que este programa no cuenta con un elemento educativo ni con la certificación correspondiente, por lo que no puede ser considerado como educación dual.49

Los beneficios que se obtienen al contar con un sistema de educación dual en nuestro país son los siguientes:50

• Fortalece el aprendizaje de los estudiantes;

• Desarrolla la competencia profesional de cada estudiante para favorecer su incorporación en el ámbito laboral;

• Incrementa la experiencia curricular combinada entre la escuela y la empresa

• Educación de excelencia para la juventud;

• Reducir la desigualdad en la población y lograr un desarrollo integral en regiones y sectores de la población marginados;

• Mejorar los sistemas educativos federales y locales, y

• Empleo formal para jóvenes

Aunado a lo anterior, los beneficios que obtienen las empresas al incorporarse en el son los siguientes:51

• Contratar personal calificado, previamente capacitado por la misma empresa;

• Reducir los costos de reclutamiento y capacitación;

• Disminuir rotación de personal por inexperiencia, y

• Trabajadores motivados.

Por tal motivo es que las autoridades educativas deben reconocer los desafíos que ha generado la crisis sanitaria, y hoy más que nunca deben garantizar la seguridad física y emocional, tanto de la comunidad escolar como de sus familiares, con la finalidad de evitar la interrupción de su desarrollo educativo y hacer frente al combate contra el rezago y la deserción escolar, apostando siempre por la educación como el medio más efectivo para el desarrollo, ya que no existen fórmulas estrictas, la educación es flexible y puede ofrecer infinidad de procesos.

La sociedad mexicana demanda la creación de programas certificados que garanticen la impartición de educación de excelencia, por ello el estudio de la aplicación de la educación dual implementada originalmente en Alemania, ha tomado gran relevancia para el pleno desarrollo profesional de los jóvenes en el mundo laboral, realidad que ha tenido que adaptarse en nuestro país, por lo que la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Coordinador Empresarial tienen la tarea de cumplir con su objetivo de incorporar a 100 mil estudiantes en el sistema dual, garantizando que la juventud mexicana acceda a empleos mejor remunerados en el sector formal. Asimismo, es fundamental que la misma Secretaría de Educación Pública, pueda coordinarse con las autoridades educativas locales de las entidades federativas que conforman nuestra república, con la finalidad de informar y visibilizar a las empresas, los beneficios que generaría que pudieran incorporarse en el Modelo Mexicano de Formación Dual.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que, haga públicos los mecanismos de promoción e incorporación al programa de formación dual México-Alemania, así como, las limitaciones para llegar a la meta de 100 mil estudiantes mexicanos integrados en este sistema.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que, en el marco de la cooperación estratégica con el Consejo Coordinador Empresarial, continúen impulsando y fortaleciendo el crecimiento del Modelo Mexicano de Formación Dual para que éste se convierta en una herramienta generadora de empleos que permita a las y los jóvenes a tener una opción educativa y profesional que los ayude a hacer frente a los estragos derivados de la pandemia por el Covid 19.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación con las autoridades educativas de las 32 entidades federativas, lleven a cabo la implementación de un programa dirigido a las empresas, con la finalidad de incentivarlas informando acerca de los beneficios que generaría su integración en el Modelo Mexicano de Formación Dual.

Notas

1 Secretaría de Educación Pública. Modelo Mexicano de Formación Dual, Disponible en: https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/modelo-mexicano-de-formacio n-dual

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Empleo y ocupación, Disponible en: https://www.inegi.org.mx/temas/empleo/

3 Ídem.

4 BBC News. Las 6 economías de América Latina que más cayeron en 2020, Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-55418674

5 El Economista. El desempleo afecta con más fuerza a los jóvenes; Covid-19 pronunciará la brecha, Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-desempleo-afecta-con-mas-fu erza-a-los-jovenes-Covid-19-pronunciara-la-brecha-20200531-0001.html

6 Animal Político. Los jóvenes, los más afectados: más de 440 mil de entre 15 y 29 años quedaron desempleados en pandemia, Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2021/01/jovenes-afectados-desempleados-/

7 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Empleo y ocupación, Op. cit.

8 Inegi. Estadísticas a propósito del día internacional de la juventud, Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/apropos ito/2018/juventud2018_Nal.pdf

9 Ídem.

10 Palos, Enrique y Herráiz, Esteban. El sistema de educación dual: nuevas avenidas en la cooperación bilateral entre Alemania y México, p. 112., Disponible en:

https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros /n99/palosherraiz.pdf

11 Infobae. Modelo Mexicano de Formación Dual SEP: así funciona el sistema enfocado en alumnos de Conalep y Cecyts, Disponible en:

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/28/modelo -mexicano-de-formacion-dual-sep-asi-funciona-el-sistema-enfocado-en-alu mnos-de-conalep-y-cecyts/

12 Secretaría de Educación Pública. Modelo Mexicano de Formación Dual, Op. cit.

13 Palos, Enrique y Herráiz, Esteban. Op. cit., p. 110.

14 Euler, Dieter. El sistema dual en Alemania ¿Es posible transferir el modelo al extranjero?, Disponible en: https://san-jose.diplo.de/blob/1520324/8dab2a985c4c9f7ab2a75ddfa35fa516 /formacion-dual-data.pdf

15 Lindemann, Hans Jürgen, El modelo dual ¿Una alternativa para la crisis de la formación profesional en México?, Disponible en: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/15586.pdf p. 5

16 Ibídem, pág. 17.

17 Euler, Dieter. Op. cit.., pág. 21

18. Educación Futura. SEP y Coparmex, impulsan modelo de educación dual, Disponible en: http://www.educacionfutura.org/sep-y-coparmex-impulsan-modelo-de-educac ion-dual/

19 Adenauer Stiftung, Konrad. Formación dual en Alemania, Disponible en: https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=1535054a-e18a-ebf9- 8204-b883adda0115&groupId=287914 p. 17.

20 Infobae. ¿Una secundaria con opción laboral es la solución?: el exitoso modelo de Alemania, Disponible en: https://www.infobae.com/educacion/2019/10/25/una-secundaria-con-opcion- laboral-es-la-solucion-el-exitoso-modelo-de-alemania/

21 Palos, Enrique y Herráiz, Esteban. Op. cit., p. 31.

22 Palos, Enrique y Herráiz, Esteban. Op. cit., p. 31.

23 Lindemann, Hans Jürgen, Óp. cit., p. 105.

24 Ibidem, p. 103.

25 Ibidem, p. 104.

26 Ibidem, p. 103.

27 Ibidem, p. 106.

28 Ibidem, pp. 106 y 107.

29 Subsecretaría de Educación Media Superior. Sistema de Educación Dual, Disponible en:

http://www.sems.gob.mx/es_mx/sems/modelo_mexicano_formac ion_dual

30 Palos, Enrique y Herráiz, Esteban. Op. cit., p. 104.

31 Palos, Enrique y Herráiz, Esteban. Op. cit., p. 109.

32 Subsecretaría de Educación Media Superior., Op. cit.

33 Palos, Enrique y Herráiz, Esteban. Op. cit., p. 110.

34 Secretaría de Educación Pública. Modelo Mexicano de Formación Dual, Op. cit.

35 Secretaría de Educación Pública. Sistema de formación dual en la nueva Escuela Mexicana, Disponible en:

http://educacionmediasuperior.sep.gob.mx/work/models/sem s/Resource/13012/1/images/1-Formacion%20Dual_Presentaci%C3%83%C2%B3n_SE MS.pdf

36 Secretaría de Educación Pública. Modelo Mexicano de Formación Dual, Op. cit.

37 Ídem.

38 Palos, Enrique y Herráiz, Esteban. Op. cit., p. 112.

39 Ídem.

40 Subsecretaría de Educación Media Superior., Op. cit.

41 Diario Oficial de la Federación. Acuerdo número 06/06/15 por el que se establece la formación dual como una opción educativa del tipo medio superior, Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5396202&fecha=11/06/2015

42 Secretaría de Educación Pública. Modelo Mexicano de Formación Dual, Op. cit.

43 Palos, Enrique y Herráiz, Esteban. Op. cit., p. 106.

44 Gaceta del Estado de México. Acuerdo del secretario de Educación por el que se establece y regula la educación dual en los tipos educativos Medio Superior y Superior en el Estado de México, Disponible en:

https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo3/2019/4 2897/5/98fb4f245254b833f03704c2e02ec0cc.pdf

45 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), Estado de México. Modelo de Educación Dual, Disponible en:

https://www.conalepmex.edu.mx/educacion-conalep/modelo-e ducacion-dual.html#:~:text=El%20modelo%20de%20educaci%C3%B3n%20Dual%20e n%20Conalep%20Estado%20de%20M%C3%A9xico,1998%20formando%20a%20720%20t%C 3%A9cnicos.

46 Subsecretaría de Educación Media Superior., Op. cit.

47 El Economista. México y Alemania relanzaron el programa de educación dual a nivel medio superior y profesional, Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-y-Alemania-relanzaron-e l-programa-de-educacion-dual-a-nivel-medio-superior-y-profesional-20210 429-0131.html.

48 Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ratifican SEP y Alemania trabajo conjunto para impulsar educación dual y convertir a México en potencia económica, Disponible en:

https://www.gob.mx/stps/prensa/ratifican-sep-y-alemania- trabajo-conjunto-para-impulsar-educacion-dual-y-convertir-a-mexico-en-p otencia-economica

49 Ídem.

50 Secretaría de Educación Pública. Sistema de formación dual en la nueva Escuela Mexicana, Op. cit.

51 Secretaría de Educación Pública. Modelo Mexicano de Formación Dual, Op. cit.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el día 7 de septiembre de 2021.

Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se condena el uso de las instalaciones de la Cámara de Senadores por legisladores del PAN y del PRI para albergar a personajes como Santiago Abascal, conocidos por su discurso de odio, racismo, xenofobia y misoginia, contrarios a los valores de la democracia y los derechos humanos, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Vox es un partido español de ultraderecha que ha generado polémica debido a sus postulados. Surgió en 2013 en Madrid y se autodefine como un movimiento que lucha contra la corrección política asfixiante. Su proyecto se resume en la defensa de España, de la familia y la vida; y, sobre todo, en expulsar al gobierno de la vida privada de los ciudadanos.

Su presidente es Santiago Abascal quien fue diputado del parlamento vasco en 2009 por el Partido Popular, al que años más tarde renunció.

El jueves 2 de septiembre de 2021, en las instalaciones del Senado de la República, se llevó a cabo una reunión entre legisladores del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, con Santiago Abascal para presentar el Foro Madrid.

La reunión estuvo auspiciada por el senador Julen Rementería, coordinador en el Senado del PAN, y en ella se adhirieron a la Carta de Madrid los senadores del PAN, Julen Rementería, Alejandra Reynoso, Lilly Téllez, Roberto Moya, Víctor Fuentes Solís, María Guadalupe Murguía, Gina Cruz Blackledge, Minerva Hernández Ramos, Mayuli Latifa Martínez, Indira de Jesús Rosales, Nadia Navarro, María Guadalupe Saldaña, Marco Antonio Gama y Juan Antonio Martín del Campo; los diputados de este mismo partido, América Rangel, Saraí Nuñez y Raúl Torres, así como los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lorena Piñón y Manuel Añorve.

En la Carta de Madrid, Vox expone que la que suscribe, Ana Karina Rojo Pimentel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente:

“Una parte de la región está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista, apoyados por el narcotráfico y terceros países. Todos ellos, bajo el paraguas del régimen cubano e iniciativas como el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla, que se infiltran en los centros de poder para imponer su agenda ideológica”.

“El avance del comunismo supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones, así como para las libertades y los derechos de nuestros compatriotas. El Estado de Derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada son elementos esenciales que garantizan el buen funcionamiento de nuestras sociedades, por lo que deben ser especialmente protegidos frente a aquellos que tratan de socavarlos”.

“El futuro de los países de la Iberosfera ha de estar basado en el respeto a la democracia, los derechos humanos, el pluralismo, la dignidad humana y la justicia”

Con este documento Vox se ha presentado ante distintas fuerzas conservadoras hispanohablantes como el mejor embajador de la extrema derecha en América, poniendo en el centro el anticomunismo y llevar a cabo una realineación en la esfera internacional. Sin embargo, detrás de ello se encuentra la idea de reivindicar sus valores y volver a poner a España en el centro, esto sin lugar a dudas es una nueva forma de neocolonialismo.

Vox es un partido que reivindica la dictadura franquista hecho que, por sí solo, basta para considerarlo como enemigo de un país democrático.

Abascal y su partido Vox han generado polémica debido a sus postulados contra el comunismo y abiertamente en contra de libertades y derechos como el aborto, la igualdad de género, la eutanasia, el matrimonio entre las personas del mismo sexo, la migración, el Islam; y en temas como la protección de los animales y el cambio climático.

Vox y sus líderes partidistas han llamado la atención por acusaciones, críticas y expresiones discriminatorias a diversos sectores de la población española. Los discursos de Abascal en específico están cargados de desprecio y odio hacia la actual realidad social y política, la cual, desde su punto de vista, está caracterizada por la hegemonía de feministas supremacistas, de los activistas LGTBI, los migrantes, etcétera.

El 13 de agosto de 2021, la fecha en que México reivindicaba la resistencia indígena, el partido de ultraderecha celebró la derrota de Tenochtitlan a manos de los españoles encabezados por Hernán Cortés.

A través de su cuenta en Twitter, el partido que encabeza Santiago Abascal posteó: “Tal día como hoy de hace 500 años, una tropa de españoles encabezada por Hernán Cortés y aliados nativos consiguieron la rendición de Tenochtitlán. España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas. Orgullosos de nuestra historia”

Esta visión que justifica las matanzas de los conquistadores con el argumento de que civilizaron a los indígenas. Pero en realidad debemos recordar que con la caída de la gran Tenochtitlán empezó para los pueblos sometidos una era de violencia, sobreexplotación, esclavitud, la conquista fue una catástrofe.

Los legisladores del PAN y el PRI están en todo su derecho de suscribir un acuerdo político con Vox, un partido neofascista, racista, xenófobo, homófobo y misógino. Hecho que desenmascara la verdadera naturaleza de estos legisladores y sus partidos político.

Sin embargo, no cabe, bajo ningún argumento, abrir las puertas de un recinto laico y republicano como el Senado de la República a tolerancia alguna con el fascismo y Vox navega en ese campo. La tolerancia con el fascismo, en cualquiera de sus versiones, siembra del odio y la mentira y socava los cimientos de la democracia.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión condena el uso de las instalaciones de la Cámara de Senadores por parte de legisladoras y legisladores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional para albergar a personajes como Santiago Abascal que son conocidos por su discurso de odio, racismo, xenofobia, misoginia los cuales son contrarios a los valores de la democracia y los derechos humanos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 7 de septiembre de dos mil veintiuno.

Diputada Ana Karina Rojo Pimentel (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Zacatecas a investigar y esclarecer los supuestos hechos relacionados con el desplazamiento de familias de Ermita de los Correa, en Jerez; y al Ejecutivo federal, a garantizar la seguridad de éstas, suscrita por los diputados Jorge Álvarez Máynez y Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, diputados Jorge Álvarez Máynez y Amalia Dolores García Medina, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones IV, V y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente

Exposición de motivos

El pasado 3 de septiembre de 2021, en la comunidad de la Ermita de los Correa del municipio de Jerez, Zacatecas, durante un enfrentamiento por integrantes del crimen organizado, se desalojaron de sus hogares a mil quinientas personas, en su mayoría mujeres.1

Sin embargo, no fue hasta el domingo 5 de septiembre que se supo del desplazamiento por parte de los grupos criminales, cuando más de mil de los pobladores desplazados acudieron a la cabecera municipal de Jerez a pedir ayuda. No obstante, las autoridades no habían hecho pronunciamiento alguno, ya que se enfocaron en buscar hogar para las personas que fueron desterradas.2

Los grupos criminales tienden hacer este tipo de prácticas con la finalidad de reclutar gente de manera forzada, lo anterior deja indefensos a las familias que no saben si van a volver a ver sus hermanos, esposos e hijos, inclusive viven con la incertidumbre de si algún día podrán volver a sus casas.

No obstante, esta situación no ha sido un tema aislado, pues desde hace más de 7 meses la población asentada en la sierra del municipio de Jerez ha sufrido los estragos de la delincuencia organizada, siendo los cárteles de Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa los principales causantes del terror infundido en estas comunidades, ya que la disputa por el territorio ha generado que las familias se desplacen ante los constantes enfrentamientos, además de sufrir las balaceras hacia sus viviendas, golpes y despojo de automóviles y hasta sus hogares, e incluso el secuestro de jóvenes, los cuales son reclutados por la fuerza para unirse a la filas de alguno de estos cárteles.3

De igual manera, en localidades vecinas de Ermita de los Murillo y Sarabia, sus pobladores tuvieron que abandonar sus viviendas debido a la violencia generada por los grupos armados, lo cual conllevo que algunas familias buscaran refugio en pueblos aledaños hospedándose con familiares o en hoteles, sin embargo, existen familias integradas por mujeres y niños que no cuentan con refugio alguno.4

Por su parte, diversas organizaciones sociales y algunos habitantes lograron habilitar dos albergues para personas desplazadas, mismas que solicitaron apoyo en redes para poder tener víveres.5

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hace un llamado al gobernador del estado de Zacatecas a fin de que gire sus instrucciones para investigar y esclarecer los hechos relacionados con el desplazamiento de pobladores y violación de mujeres6 ocasionada por grupos criminales. Asimismo, y debido a que existe una evidente falta de coordinación entre el municipio de Jerez y las autoridades estatales y federales, a pesar de altos índices de criminalidad que se vive en dicha entidad.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Zacatecas, a fin de investigar y esclarecer los supuestos hechos relacionados con el desplazamiento de familias de la comunidad de la Ermita de los Correa en el municipio de Jerez, Zacatecas.

Segundo.- La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que a través de las instancias que correspondan y en coordinación de las respectivas autoridades del estado de Zacatecas, garanticen la seguridad de las personas y familias de la comunidad de la Ermita de los Correa en el municipio de Jerez, Zacatecas.

Notas

1 Imagen Zacatecas, “Grupo delincuencial desaloja a más de mil 500 habitantes de sus hogares en Jerez”, 5 de septiembre de 2021, recuperado de: https://imagenzac.com.mx/seguridad/grupo-delincuencial-desaloja-a-mas-d e-mil-500-habitantes-de-sus-hogares-en-jerez/amp/

2 Ibidem.

3 “Por violencia, reportan desplazamiento de familias en Jerez, Zacatecas; gobierno rechaza versión”, Proceso, 2021.

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/9/5/por-violenc ia-reportan-desplazamiento-de-familias-en-jerez-zacatecas-gobierno-rech aza-version-271347.html

4 Ibidem.

5 Ibidem.

6 Violencia desplaza a habitantes de Jerez, Zacatecas, Aristegui Noticias, 5 septiembre de 2021, recuperado de: https://aristeguinoticias.com/0509/mexico/violencia-desplaza-a-habitant es-de-jerez-zacatecas/

Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, a 7 de septiembre de 2021.

Diputados: Jorge Álvarez Máynez, Amalia Dolores García Medina (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar al ayuntamiento de Tala, Jalisco, a solicitar a la autoridad correspondiente una consulta popular sobre la construcción del Centro Integral de Economía Circular, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Las que suscriben, diputadas federales Laura Imelda Pérez Segura, Cecilia Márquez Alkadef Cortés y Luz Adriana Candelario Figueroa, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de está soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Consideraciones

En México cada entidad federativa es responsable de diseñar e implementar diversos programas y metodologías para la recolección y análisis de generación de residuos.

En los últimos años el tema de los basureros o vertederos ha tomado lugar en el país por el aumento de la población, ejemplo de ello, es que en 2018 se registró un promedio de 107,056 toneladas de basura diariamente; en relación a esto, a nivel nacional el 8% de los municipios en el país no cuentan con un servicio de recolección de basura (Inegi, 2020), Reflejando así, que en la mayoría de los municipios no se cuenta con un programa para la recolección de residuos o en su caso de contarlos, estos no son implementados adecuadamente.

De acuerdo con el Diagnóstico Básico Para La Gestión Integral De Los Residuos emitido en el 2015 por la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de México, Jalisco es el tercer estado que generador de residuos por día. (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2020)

Jalisco recolectaba 172.98 toneladas por día de residuos orgánicos y 215.74 toneladas por día de residuos inorgánicos1 , ocupando de manera precipitada los espacios de los tiraderos y vertederos, tal como puede observarse en la siguiente tabla.

Fuente: (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2020)

En este sentido, para dicho estado, por los menos desde el 2013 al 2018 se han implementado 282 proyectos financiados por el Gobierno Federal.

Actualmente, el gobierno en turno cuenta con el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (Poel) y el Programa Municipal de Desarrollo Urbano (Pmdu). El primero es un instrumento que permite planear, diagnosticar y definir estrategias en relación a los problemas ambientales y ecológicos, además de garantizar la pertinencia de los proyectos que se desarrollen en el municipio (Gobierno de Tala, 2021). Mientras que el PMDU, de igual manera, busca establecer el desarrollo para el ordenamiento ecológico.

Para el caso particular del proyecto nombrado “Centro Integral de Economía Circular” el cual se pretende sea el basurero metropolitano de Jalisco; diversos medios de comunicación de Jalisco como RadioUdG 3 , Periódico Contexto 4 , MonitorGdl 5 , El Occidental 6 , NotiSistemas 7 , han publicado notas relativas a las manifestaciones de las y los habitantes de distintas comunidades del municipio, en las cuales señalan su rechazo e inconformidad con el proyecto, al aseverar que generará daños ambientales múltiples.

A su vez, vecinos del municipio de Tala, señalan que los problemas de salud y ambientales que han manifestado habitantes de los municipios de El Salto y de Tonalá ocasionados por el Vertedero de Los Laureles, hacen que estén aún más en contra de que se construya un vertedero en su localidad.8

En los últimos meses, las inconformidades de los habitantes de dicho municipio han persistido, rechazan la imposición parte del Gobierno del Municipio de utilizar un espacio en su territorio para el proyecto que tiene por objeto construir un vertedero metropolitano.

Las y los habitantes de Los Ruiseñores, El Refugio y de la colonia La Estación en el municipio de Tala se han unido para exigir al Gobierno del estado y al Ayuntamiento municipal la cancelación del proyecto Centro Integral de Economía Circular (CIEC), un nuevo relleno sanitario metropolitano que pretende remplazar la labor que llevaba a cabo el vertedero Los Laureles en Tonalá. (Anaya, 2021)

Dicho espacio se encuentra localizado entre los límites de Ruiseñores, el Arenal y el Refugio, que pretende contar con una capacidad de 5.9 millones de toneladas para los residuos (Meléndez, 2021), asimismo, se presume que el lugar ya cuenta con permisos de construcción en materia de impacto ambiental.

Cabe resaltar que, la principal inconformidad de los habitantes de Tala y alrededores es la imposición y desconocimiento de dicho proyecto, puesto que, reclaman que no se les tomó en cuenta para la viabilidad y consentimiento de este. Además de que el gobierno del municipio nunca asumió la tarea de comunicar a sus habitantes sobre este tema, pues la autorización que emitió la Semadet el 7 de julio señala que se tiene 20 días hábiles para notificar a la ciudadanía del proyecto, situación que no pasó.

En este sentido, dentro de las razones del rechazo al proyecto se encuentra la contaminación a los mantos freáticos y al subsuelo lo que por consecuencia provocarían enfermedades a las y los habitantes de las comunidades cercanas. Ya que el nuevo vertedero pretende instalarse en la zona correspondiente al Corredor Biológico del Área Natural Protegida del Bosque de la Primavera y el Volcán de Tequila y que se encuentra cerca del Río Salado, un vínculo hidrológico entre La Primavera y La Presa de la Vega.9

Fuente: Anaya, S. Zona Docs (2021)

Esto expresa claramente violaciones a derechos humanos y al impacto ambiental que tendrá el proyecto, tanto en la comunidad, como en la flora del Municipio de Tala y sus alrededores. Pues, cabe destacar que de acuerdo con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-083-Semarnart-2003, “Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial”,10 los rellenos sanitarios no pueden ubicarse a menos de 500 metros de pozos, de abastecimiento de agua, cuerpos permanentes como ríos, lagos y presas, así como estar al menos a medio kilómetro de asentamientos.

Así como también, se conoce que afectará a la fauna que habita en el lugar en comento, pues es el hábitat de 37 especies de animales silvestres, de las cuales, 4 están sujetas a diferentes categorías de protección por la Norma Oficial Méxicana-059-SEMARNAT y una, además, es endémica11 .

La ambigüedad sobre este proyecto provoca el descontento de los habitantes de Tala y diversas localidades, hasta la fecha sigue sin haber respuesta alguna por las autoridades, pero las modificaciones y adaptaciones del terreno siguen avanzando.

A su vez, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco (Cedhj) emitió un acta de recomendación de medidas cautelares a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del estado (Semadet), donde se expuso lo siguiente12 :

“Se le solicitó que se pronuncie por parte de esa dependencia, exponiendo la situación que impera en la construcción del nuevo relleno sanitario metropolitano, ubicado en el municipio de Tala, en donde se exhiba si el mismo tiene relación con el cierre y el trámite correspondiente en torno a la manifestación de impacto ambiental y los lineamientos establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-083-Semarnat-2003, sobre las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias, de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial ” (Avelar, 2021).

También, es de señalar que el espacio donde el proyecto se situaría es un ejido de 38.5 hectáreas, al respecto, el Ejido de Tala en una reunión general decidió rechazar y dar la batalla legal y social contra el nuevo basurero metropolitano, así lo hizo saber el C. Gerardo Ruíz Delgado, presidente del Ejido.

También, señaló que el Ejido no aportará las tierras para la construcción de un camino que permita la llegada de camiones de basuras, y que sus caminos solo serán para trasladar cosechar y para temas estrictamente agrícolas.13, 14

Sumado a lo anterior, el 31 de agosto del año en curso, en sesión de Ayuntamiento número 88 del municipio de Tala, en presencia con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) la cual expuso el proyecto denominado “Centro Integral de Economía Circular”, lo anterior por ser la autoridad encargada de emitir la opinión de impacto ambiental.

En dicha sesión derivado de un dialogo abierto entre los 13 asistentes del ayuntamiento, el pleno concluyó que no existen condiciones para la instalación del proyecto en cuestión15 .

Como se ha expuesto, el tema ha sido controversial y ha generado un impacto social y resistencia en varios sectores de la población del municipio de tala, al respecto, cabe mencionar que la Constitución Política del Estado de Jalisco en la fracción VII del apartado A de su artículo 11, prevé el mecanismo de consulta popular como una herramienta mediante la cual los habitantes de un municipio expresen sus opiniones respecto a temas de carácter públicos o de impacto social.

Dicha consulta puede ser solicitada por el 50% de los integrantes del Ayuntamiento.

Es por lo anteriormente expuesto que pongo a consideración del pleno la siguiente proporción con:

Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, al titular del gobierno municipal de Tala a detener las obras correspondientes al Centro Integral de Economía Circular a de acatar lo aprobado por el ayuntamiento en la sesión del 31 de agosto del 2021.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, al ayuntamiento del municipio de Tala a que con fundamento en lo dispuesto por el 3er párrafo de la fracción VII del apartado A del artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, solicite a la autoridad correspondiente una consulta popular para levantar la opinión de las y los habitantes del gobierno municipal de Tala sobre la construcción del Centro Integral de Economía Circular, y ésta sea atendida.

Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que en coordinación con la Procuraduría Agraria y con la participación de todas las y los ciudadanos involucrados, dentro del ámbito de sus facultades y atribuciones, intervengan en la problemática generada por el proyecto Centro Integral de Economía Circular.

Bibliografía:

Anaya, S. (19 de agosto de 2021). Nuevo vertedero en Tala amenaza la vida de sus habitantes . Obtenido de ZonaDocs- Periodismo en resistencia: https://www.zonadocs.mx/2021/08/19/nuevo-vertedero-en-tala-amenaza-la-v ida-de-sus-habitantes/

Avelar, E. R. (18 de 08 de 2021). Emite CEDHJ medidas cautelares por el basurero metropolitano que se pretende instalar en Tala. Obtenido de Líder Informativo: https://lider919.com/emite-cedhj-medidas-cautelares-por-el-basurero-met ropolitano-que-se-pretende-instalar-en-tala

Gobierno de Tala. (2021). Programa de Ordenamiento Ecológico local del Municipio de Tala, Jalisco. Obtenido de Portal del Gobierno de Tala: https://drive.google.com/file/d/1qN037-2O0KecBjuKpCLolCW2RfRqnaM4/view

INEGI. (2020). Cuéntame de México- Basura. Obtenido de INEGI:

http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/ambiente/basura. aspx?tema=T

Meléndez, V. (2021 de agosto de 2021). Hacen basurero en Tala sin tener permiso. Obtenido de Diásporas de resistencias socioambientales:

https://diasporasurbanas.home.blog/2021/08/12/hacen-basu rero-en-tala-sin-tener-permiso/

Meléndez, V. (11 de agosto de 2021). Construyen a contrarreloj vertedero en Tala. Obtenido de Mural:

https://www.mural.com.mx/aplicacioneslibre/preacceso/art iculo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.mural.com.mx/co nstruyen-a-contrarreloj-vertedero-en-tala/ar2238107?referer=—7d61616566 2f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a—

Ramírez, H. E. (15 de agosto de 2021). Protestan en Tala: se oponen a albergar el nuevo vertedero metropolitano. Obtenido de notisistema: https://www.notisistema.com/noticias/protestan-en-tala-se-oponen-a-albe rgar-el-nuevo-vertedero-metropolitano/

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2020). Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos . CDMX: Gobierno de México.

Notas:

1. Cifras retomadas del Diagnóstico básico para la Gestión Integral de Residuos

2. Dato retomado del Diagnostico Básico para la Gestión Integral de los Residuos.

3. “Derechos humanos alza la voz tras protesta por vertedero en Tala”, disponible en: https://udgtv.com/noticias/derechos-humanos-alza-la-voz-tras-protesta-p or-vertedero-en-tala/

4. “El tema del nuevo vertedero en tala es un tema de competencia municipal: Alfaro., disponible en http://www.periodicocontexto.com.mx/tala/el-tema-del-nuevo-vertedero-en -tala-es-un-tema-de-competencia-municipal-alfaro/

5. “Se manifiestan en Tala contra Vertedero”, disponible en:

https://monitorgdl.com/2021/08/16/se-manifiestan-en-tala -contra-vertedero/

6. “Vecinos se manifiestan en contra de basurero metropolitano en Tala”, disponible en: https://www.eloccidental.com.mx/local/noticias-vecinos-se-manifiestan-e n-contra-de-basurero-metropolitano-en-tala-7089135.html

7. “Protestan en Tala: se oponen a albergar el nuevo vertedero metropolitano”, disponible en: https://www.notisistema.com/noticias/protestan-en-tala-se-oponen-a-albe rgar-el-nuevo-vertedero-metropolitano/

8. Se puede consultar la información en: https://concienciapublica.com.mx/reportajes/nuevo-modelo-integral-de-ge stion-residuos-de-la-zmg-nuevo-centro-integral-de-economia-circular-de- tala-el-nuevo-basurero-metropolitano/

9. Anaya, S. (2021). Zona Docs. Disponible en: https://www.zonadocs.mx/2021/08/19/nuevo-vertedero-en-tala-amenaza-la-v ida-de-sus-habitantes/

10. NOM—083-SEMARNAT-2003 (2004). Disponible en : https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=658648&fecha=20/10/2 004

11. Reforma (2021). Afectara Vertedero de Tala a la Fauna Disponible en :

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/arti culo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/afectara-vertedero-de-tala- a-la-fauna/ar2245086?v=2

12. Puede consultar el artículo en: https://lider919.com/emite-cedhj-medidas-cautelares-por-el-basurero-met ropolitano-que-se-pretende-instalar-en-tala

13. Puede consultarse información en: https://www.meganoticias.mx/guadalajara/noticia/anuncia-ejido-de-tala-l ucha-legal-contra-nuevo-basurero-metropolitano/268500

14. Información disponible en: https://udgtv.com/noticias/habitantes-tala-alzan-la-voz-nuevo-basurero- sustituira-los-laureles/

15. Puede consultarse la información en:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=894892484457 351&id=100004094378034&sfnsn=scwspwa

Palacio Legislativo a 7 de septiembre de 2021

Diputadas: Laura Imelda Pérez Segura, Cecilia Márquez Alkadef Cortés, Luz Adriana Candelario Figueroa

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a formar con la Ssa un grupo de especialistas que impulsen acciones para contrarrestar los efectos de la pandemia en materia de salud mental de niños y adolescentes, a cargo de la diputada Laura Barrera Fortoul, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Laura Barrera Fortoul , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La salud mental se ha convertido en un tema de gran relevancia durante la pandemia, pues ha generado en las personas alteraciones en sus emociones por la complicada crisis social y económica que ha generado, especialmente en aquellos individuos que no han podido salir de sus hogares como lo son las niñas, niños y adolescentes de todo el país.

Desde el cierre total o parcial de las actividades económicas, las personas han tenido que adecuar sus actividades cotidianas, pues la gran mayoría de las familias en México tenían antes de la pandemia un comportamiento ya preestablecido para la realización de sus tareas en el hogar, así como en sus lugares de trabajo y en los centros educativos.

La Organización Panamericana de Salud (OPS) señala que el miedo, la preocupación y el estrés son respuestas normales en momentos en los que nos enfrentamos a la incertidumbre, a lo desconocido o a situaciones de cambios o crisis, por lo que es comprensible que la gente experimente estos sentimientos en el contexto de la pandemia Covid-19.1

La OPS indica que en algunos casos estas reacciones pueden llegar a prolongarse y tornarse más graves e incapacitantes, lo que conduce a un aumento de los trastornos mentales entre hombres y mujeres adultos, niñas y niños, situación que puede variar de acuerdo a sus necesidades y prioridades de manera diferente en cada circunstancia.2

Igual de importante resulta salvar vidas que atender las necesidades emocionales de las personas, por lo que es necesario brindarles el tratamiento necesario, pues de lo contrario, esto puede resultar en una epidemia silenciosa, causando graves daños a las personas, a la sociedad y a la economía.

Según una encuesta realizada por Save The Children a más de 6 mil menores de distintos países de Europa, y Estados Unidos, señala que uno de cada cuatro niños padece ansiedad por el confinamiento, y muchos de ellos padecerán trastornos psicológicos permanentes. En Finlandia, siete de cada diez menores tienen ansiedad, y en Estados Unidos un 25 por ciento del total de entrevistados mostró síntomas.3

La Organización de las Naciones Unidad en México (ONU) señala que los pacientes que han dado positivo para Covid-19 también experimentan insomnio, delirio o incluso depresión, pues muchas personas están agobiadas por el miedo a desarrollar enfermedades graves, y otras están comprensiblemente preocupadas por sus vidas y la de sus familias.4

Una encuesta realizada por el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana (Equide) declaró que, en los primeros meses de la pandemia, en el país alrededor del 27 por ciento de las personas mayores de 18 años presentó síntomas de depresión y 32 por ciento manifestó síntomas severos de ansiedad.5

De acuerdo con un estudio realizado por expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Nacional de Psiquiatría, se señala que los trastornos mentales afectan a alrededor de 30 por ciento de la población (en algún momento de su vida), siendo la depresión el más común, y solo 3 por ciento recibe atención médica, problemas que pueden aparecer con mucha más frecuencia y rapidez durante una crisis mundial.6

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hizo de conocimiento público que durante la emergencia sanitaria los trastornos mentales que más se han presentado son los de ansiedad, en particular de tipo generalizada (la persona está preocupada todo el tiempo), trastorno de pánico y fobias sociales; se han incrementado los trastornos afectivos y los relacionados con situaciones estresantes, en particular estrés postraumático y de tipo agudo.7

En el país, a partir de que se anunció la Jornada Nacional de Sana Distancia, 26 millones de niños menores de 16 años dejaron de ir a la escuela, de ver a sus amigos, a sus abuelos, jugar en los parques, para verse obligados a quedarse en casa, perdiendo su rutina académica y social, y teniendo que adaptarse a una nueva normalidad que no termina por ser aceptada por la sociedad.8

El Instituto Nacional de Psiquiatría Dr. Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM) catalogó al confinamiento como una situación de estrés alto, pues el cerebro puede permanecer en un estado de alerta similar a la respuesta que se obtendría si estuviera en riesgo inminente, por lo que una niña o niño constantemente estresado no estará enfocado en aprender. Incluso, pueden inhibirse capacidades y habilidades importantes para su desarrollo.9

Especialistas del Hospital Infantil de México señalan que los menores han perdido las oportunidades de convivencia con otros niños, lo que dificulta su capacidad de aprender a socializar, compartir, y su desarrollo de habilidades de lenguaje, motrices y recreativas.

En menores de seis años se pueden manifestar regresiones, como no querer dormir solos y tener percances a la hora de ir al baño, sus horarios de sueño y su apetito se ven alterados y se vuelven comunes los cambios de conducta, generando más berrinches, menor tolerancia a la frustración y estrés.

En niños de siete a once años, se presentan signos de ansiedad como irritabilidad, falta de atención, hiperactividad, pesadillas y hábitos como morder la ropa y las uñas, así como comer de más. Incluso, en cambios físicos, como aumento de peso por inactividad, pues a diferencia de los adultos, la salud de un niño depende en un 80 por ciento de su actividad física.

La salud mental en México es un tema complicado, pues antes de la pandemia eran muchos lo retos por superar para mejorar, pero ahora con la crisis esos retos se vuelven mayúsculos, por lo que ahora más que nunca es necesario poner atención a lo que ocurre en la estabilidad mental de la población, especialmente de los grupos más vulnerables como son las niñas, niños y adolescentes.

Es necesario la creación de comités de especialistas médicos que atiendan de mejor manera los problemas que tienen los infantes por los efectos adversos que ha tenido la pandemia en su salud mental, a través de impulsar acciones tanto públicas como individuales para que tengan un mejor desenvolvimiento en la sociedad.

Deben realizar una evaluación rápida de daños y análisis de necesidades en salud mental y apoyo psicosocial, incluida la identificación y mapeo de recursos disponibles, servicios preexistentes y de cuáles son los sectores mas vulnerables de la población que tienen menores posibilidades de atención.

Es necesario que se facilite el acceso a la atención en salud mental y apoyo psicosocial a través de servicios de asistencia médica presencial o remota para las niñas y niños de todo el país para ayudar a reducir o tratar problemas que puedan empeorar si no se atienden a tiempo.

Para un regreso seguro a clases es necesario que se cuente con especialistas en la atención de salud mental tanto para la asistencia presencial o vía remota, que contribuya a desarrollar sus capacidades y erradicar cualquier síntoma que pueda vulnerar su bienestar.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que, en coordinación con la Secretaría de Salud, conformen un grupo de especialistas que impulsen acciones que contribuyan a contrarrestar los efectos de la pandemia en materia de salud mental de niñas, niños y adolescentes.

Notas

1 Organización Panamericana de la Salud,

https://www.paho.org/es/salud-mental-covid-19

2 Organización Panamericana de la Salud,

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52427/OPS NMHNMCOVID-19200026_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

3 Universidad Nacional Autónoma de México, http://blogs.universum.unam.mx/univerzoom/2020/10/10/que-pasa-con-la-sa lud-mental-de-los-ninos-durante-el-confinamiento/

4 Organización de las Naciones Unidas,

https://coronavirus.onu.org.mx/la-pandemia-por-covid-19- ha-provocado-una-crisis-de-salud-mental

5 Ibidem

6 Ibidem

7 nstituto Mexicano del Seguro Social,

http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202107/301

8 Universidad Nacional Autónoma de México, http://blogs.universum.unam.mx/univerzoom/2020/10/10/que-pasa-con-la-sa lud-mental-de-los-ninos-durante-el-confinamiento/

9 Ibidem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2021.

Diputada Laura Barrera Fortoul (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar la SSPC a emitir la declaratoria de emergencia en Tlaquepaque, Jalisco, por los daños derivados de las torrenciales lluvias y liberar los recursos del Programa para la Atención de Emergencias, a cargo de la diputada María Elena Limón García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada María Elena Limón García, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a emitir la Declaratoria de Emergencia para el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, por las lluvias torrenciales que afectaron a la población, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 3 de septiembre, las lluvias torrenciales que azotaron el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, generaron el desbordamiento de la presa Las Pintas, El Chicharrón, el canal La Colorada y el acueducto del SIAPA, lo que originó severas inundaciones en diversas colonias del municipio.

Desde entonces las autoridades municipales habilitaron 3 refugios temporales para brindar auxilio a los habitantes afectados, además de proporcionar alimentos y medicamentos de forma permanente.

Se estima que existen más de 900 viviendas inundadas en la colonia Ojo de Agua y Juan de la Barrera, y aún se desconoce el impacto total de la afectación en las comunidades de Vista Hermosa, La Ladrillera, Parques del Palmar y Valle Verde.

Cabe señalar que las autoridades locales desde el momento de la emergencia han priorizado el rescate de las personas que se vieron imposibilitadas en su evacuación, así como a implementar acciones de atención a los grupos vulnerables y en realizar labores extraordinarias de desagüe en coordinación con el personal del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, Conagua y 400 personas del gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque.

Dado que esta emergencia rebasa la capacidad financiera y los recursos presupuestarios con los que el ayuntamiento dispone para reparar los daños ocasionados por este fenómeno, se requiere que la Secretaría de Seguridad Ciudadana emita urgentemente la Declaratoria de Emergencia para el municipio de Tlaquepaque.

Ante la falta del Fondo Nacional de Desastres, es indispensable la colaboración de la federación en la reparación de las viviendas y en la atención urgente de la población que lo requiere, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana al ser facultada en la ejecución de políticas y acciones de protección civil dentro del Sistema Nacional en la materia, cuenta con el Programa Nacional para la Atención de Emergencia por Amenazas Naturales, el cual permite que las entidades federativas y municipios gestionen los riesgos para hacer frente de manera inmediata a los daños desencadenados por fenómenos naturales perturbadores y su impacto en la población.

Como legisladoras y representantes populares tenemos el compromiso, responsabilidad y obligación de impulsar acciones inmediatas que protejan la integridad de las personas que se han visto afectadas por las lluvias torrenciales en Tlaquepaque.

Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente resolución

Único. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a emitir de manera urgente la declaratoria de emergencia para el municipio de Tlaquepaque en el estado de Jalisco, así como a liberar los recursos necesarios del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales que permitan reparar los daños ocasionados por las inundaciones y desbordamientos generados por las lluvias torrenciales en el municipio y la atención a las víctimas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2021.

Diputada María Elena Limón García (rúbrica)

.

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Jalisco a garantizar el cumplimiento irrestricto de la libertad de expresión de defensores de derechos humanos y periodistas, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Laura Imelda Pérez Segura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de está soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Consideraciones

Las transformaciones de la sociedad actual se han permeado a través de la lucha por los derechos humanos. Su consagración solo será posible con el ejercicio pleno de éstas. Una de ellas es la libertad de expresión, una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos dentro de su artículo 19 expresa que:

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.1

En convenio y armonía con la declaración en comento, la Constitución Política de los Estados Unidos en su artículo 6to define que la libertad de expresión es un “derecho de los ciudadanos”, y que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”.2

Mientras que el artículo 7mo la define como “la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio”3 . Dejando claro que nadie tiene el derecho de prohibir o limitarlas.

Es a través de estos mecanismos, que garantizar a las personas que ejerzan el conjunto de actividades relacionadas con la elaboración y difusión de la información para transmitirla a la ciudadanía, sea una tarea que el Estado debe asegurar.

Ante tal necesidad, en el 2012 se crea la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que tiene por objeto “implementar y operar medidas que [...] garanticen la vida, integridad, libertar y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertar de expresión y el periodismo”4 .

Lamentablemente, desde que comenzó el periodo de gobierno del actual ejecutivo estatal, Enrique Alfaro Ramírez, los periodistas han resultado ser objetos de poca protección y de bajo interés dentro de la administración.

Para empezar, se ha cuestionado y denostado el trabajo periodístico que publica información crítica o que al mandatario le parece incómoda. Acusando a los medios que publican información sobre asuntos de seguridad que no siguen la narrativa del gobierno de hacerle el juego al crimen organizado.

En 2019, La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi)[5] en Jalisco pidió al gobernador del estado respetará la libertad de expresión, ya que en diversos encuentros se ha denostado contra medios de comunicación y periodistas locales desde que asumió su cargo en diciembre de 2018, calificándolos de “mentirosos”, “genios que critican” e “irresponsables”.

Actualmente se desarrolló un caso similar. Un grupo de periodistas que formaban el equipo de noticias de MVS Occidente han denunciado que el espacio radiofónico que tenían desde 2013 fue cancelado de manera abrupta el pasado 5 de febrero. El espacio radiofónico realizaba un trabajo periodístico honesto, independiente y empático con problemas sociales relevantes como es el caso de las personas desaparecidas en Jalisco.

Incluso organizaciones internacionales como Artículo 19 se han expresado respecto al tema, exigiendo al mandatario estatal que “sea tolerante a las expresiones críticas presentadas en diversos medios de comunicación siguiendo el esquema de protección dual establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que obliga a que, en su calidad de servidor público, debe aceptar expresiones que sean críticas.”

En el pasado 2019, está organización dedicada a defender la libertad y el derecho a la información, ya había mostrado una postura respecto a esta situación, exhortando:

A cumplir con los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión, debiendo fomentar una pluralidad informativa e incluyente, a través de la adopción de un discurso favorable para el ejercicio periodístico, ante lo cual deben abstenerse de emitir expresiones estigmatizantes, así como descalificaciones que ponen en mayor riesgo a las y los periodistas e inhiben el debate social sobre el ejercicio del poder público.6

Otra preocupación es que las autoridades en Jalisco han disminuido su gestión de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, mientras el número de casos de quienes han sido agredidos sigue aumentando.

Ante tal suceso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Jalisco, emitió en un boletín (núm. 48/21) que:

“Las insuficiencias en materia de protección para periodistas en el contexto mexicano quedaron plasmadas en el Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en México, en el que las relatorías especiales de las Naciones Unidas y para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos identificaron entre otras, la necesidad de generar estadística de la violencia para combatirla”7

Lo anterior ante la preocupación de que no se ha cumplido con lo establecido en el Artículo 4to Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Jalisco, específicamente en la entrega y publicación de los informes anuales sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Jalisco, correspondientes a los tres últimos años (Fracc, VIII); y, los Planes Anuales de Trabajo de los 2 últimos años (Fracc. VII).

La construcción de una sociedad necesita como principal motor de acción el respetar, fortalecer y garantizar los derechos humanos. Y el Estado es el principal actor que debe procurarla.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Jalisco a garantizar, en todas sus formas, el cumplimiento irrestricto de la libertad de expresión contenido en los artículos 6º. y 7º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Jalisco, a que haga público un informe sobre la situación estatal en materia de seguridad de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Jalisco, a que haga público un informe detallado sobre el estado que guardan los informes anuales sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el Estado, correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021, en virtud del Artículo 4º., Fracc. VIII, de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Jalisco.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Jalisco, a que haga público un informe detallado sobre el estado que guarda el Plan Anual de Trabajo de los años 2020 y 2021 en virtud del Artículo 4º., Fracc. VII de la Ley en comento.

Referencias:

https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/libe rtad-expresion.pdf

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of- human-rights

https://ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=167360

https://www.informador.mx/ideas/Alfaro-y-la-presion-a-lo s-medios—20210310-0036.html

https://articulo19.org/gobierno-de-jalisco-presiona-a-mv s-occidente-y-despide-a-periodistas/

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/3/10/de nuncian-el-despido-de-reporteros-en-jalisco-por-presiones-de-enrique-al faro-259795.html

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_mex_ane_12.pdf

http://elrespetable.com/2020/02/25/amedi-pide-a-alfaro-r espetar-libertad-de-expresion/

https://articulo19.org/como-gobernador-enrique-alfaro-es ta-obligado-a-tolerar-el-escrutinio-publico/

http://cedhj.org.mx/boletines/2021/Bolet%C3%ADn%2048-21. pdf

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitu cion_Politica.pdf

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPPDDHP_2005 21.pdf

Notas:

1. https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights

2. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.p df

3. Ídem.

4. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPPDDHP_200521.pdf

5. http://elrespetable.com/2020/02/25/amedi-pide-a-alfaro-respetar-liberta d-de-expresion/

6. https://articulo19.org/como-gobernador-enrique-alfaro-esta-obligado-a-t olerar-el-escrutinio-publico/

7. http://cedhj.org.mx/boletines/2021/Bolet%C3%ADn%2048-21.pdf

Palacio Legislativo a 7 de septiembre de 2021

Diputada Laura Imelda Pérez Segura

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a implantar cuanto antes con la SEP acciones de diagnóstico, mantenimiento y reparación de la escuela primaria ISSSTE, de Tlatelolco, en mal estado por el cierre durante la crisis sanitaria de Covid-19, a cargo de la diputada Cynthia Iliana López Castro, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Cynthia Ileana López Castro integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La crisis sanitaria se convirtió en un grave problema para la educación, ya que ha sido complicado poder regresar a las aulas de una forma segura y atendiendo los protocolos sanitarios para poder evitar que se siga propagando el virus entre toda la comunidad estudiantil, especialmente entre los más jóvenes, pues no tienen la madurez mental para entender de mejor manera la peligrosidad de contagiarse.

De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, la pandemia causó en el país un rezago que equivale a dos años de escolaridad. Antes de la pandemia los mexicanos alcanzaban en promedio aprendizajes correspondientes a 3° de secundaria, pero ahora tras la crisis sanitaria el conocimiento llegará solo al equivalente a 1° de secundaria.1

Se estima que por lo menos 628 mil jóvenes de entre 6 y 17 años han interrumpido sus estudios debido a la crisis económica derivada de la pandemia según cálculos del Banco Interamericano de Desarrollo, lo que significa un retroceso de 13 años en el nivel de asistencia escolar.2

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), estima que en los próximos 80 años este fenómeno le podría costar a México un monto acumulado de hasta 136% del PIB de 2019, lo que implicaría que el país dejaría de producir hasta 1.7% del PIB cada año o un monto similar al gasto total ejercido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 2019.

Con los estragos de la pandemia en todos los ámbitos de la vida de los mexicanos, la Secretaría de Educación Pública tomó la decisión de implementar un programa temporal de educación a distancia, “Aprende en Casa”, donde los alumnos de todo el país tomarían sus clases a través de los monitores de sus computadoras y de sus televisores con el objeto de no perder el ciclo escolar 2019-2020.

Dicho programa resultó un poco confuso para los padres de familia y los estudiantes del nivel básico, pues no tenían muy claras la reglas para su evaluación, ni el funcionamiento del sistema de aprendizaje, por lo que muchos tuvieron que verse en la necesidad de abandonar la escuela.

Para el ciclo 2020-2021 se trató de perfeccionar el programa de educación a distancia, donde más de 30 millones de estudiantes y 1.2 millones de docentes iniciaron un nuevo año escolar,3 que al final resultó ser todo un reto el mantener la comunicación entre docentes y alumnos, organizar los horarios de las clases para que todos pudieran tomar sus lecciones a través de la televisión, así como entrar a las clases o enviar tareas a través de las diferentes plataformas del Internet, pues muchos alumnos no tenían la posibilidad de adquirir una computadora o pagar internet.

Sin embargo, no dio los resultados esperados, muestra de ello son las conclusiones de la Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación (Ecovid-Ed), que arrojaron que por lo menos 33.6 millones de personas entre 3 y 29 años estuvieron inscritas en el ciclo escolar 2019-2020. De ellas, 740 mil no concluyeron el ciclo escolar, 58.9% por alguna razón asociada a la Covid-19 y 8.9% por falta de dinero o recursos.

Además, a decir del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 5.2 millones de personas NO se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021, por motivos asociados a la Covid-19 o por falta de dinero o recursos, es decir, dejaron sus estudios.4

Mientras las clases en línea continuaban, las instalaciones de los centros educativos públicos de todo el país quedaron el olvido, pues al mantenerse cerradas sufrieron de graves daños por el deterioro ambiental, así como por robos y vandalismo, por lo que para su reapertura era necesario la rehabilitación de las mismas.

La organización Mexicanos Primero presentó el Índice de Regreso, el cual señala que una de cada cuatro escuelas en el país, de un universo de más de 140 mil planteles, no están en condiciones de volver a clases presenciales debido a su infraestructura o entorno epidemiológico.5

El mes de mayo pasado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) reveló que entre 40 y 50% de los centros educativos en el país habían sido vandalizados o sufrido algún robo, lo que significaría que al menos 86 mil 452 o hasta 108 mil 65 habrían sufrido un saqueo o destrucción en lo que va de la pandemia.6

El titular de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México, señala que, tan sólo en la capital, de los 2 mil 783 planteles públicos y privados que hay en la Ciudad de México, en al menos 207 se registraron actos de vandalización “menor” durante la pandemia.7 No obstante, no se cuenta con un diagnóstico oficial que dé cuenta del número totales de escuelas, afectaciones y planes de mantenimiento o reparación a efecto de hacerlas seguras para la comunidad escolar.

Durante el regreso a clases para el ciclo escolar 2021-2022 decenas de padres de familia y docentes han señalado que en sus escuelas es necesario que haya reparación de techos, impermeabilización en las aulas, pintura en las instalaciones, reparación por filtraciones de agua, hay escasez de agua potable y barandales dañados por la oxidación, es necesario reparar los pisos, así como arreglar los sanitarios y lavabos, sólo por mencionar algunas de las carencias de los centros educativos.

Una de las escuelas más afectadas y de las que padres de familia tienen evidencia es la escuela primaria “ISSSTE”, ubicada en avenida Manuel González número 396, Colonia Tlatelolco, código postal 06900, alcaldía Cuauhtémoc, padres de familia han tomado evidencia del estado como se encuentran las instalaciones educativas, por lo que consideran pertinente que para que se dé inicio a la normalización de las clases presenciales es fundamental primero darle el mantenimiento adecuado a toda la escuela, con el objeto de salvaguardar la integridad y salud de los estudiantes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, implementen acciones a la brevedad de diagnóstico, mantenimiento y reparación de la escuela primaria “ISSSTE”, ubicada en avenida Manuel González número 396, Colonia Tlatelolco, código postal 06900, alcaldía Cuauhtémoc, a fin de dar mantenimiento a sus instalaciones, las cuales se encuentran en mal estado a consecuencia de su cierre en lo que va de la crisis sanitaria de Covid-19.

Notas

1 El rezago educativo pone en riesgo a una generación de estudiantes, IMCO, https://imco.org.mx/el-rezago-educativo-pone-en-riesgo-a-una-generacion -de-estudiantes/

2 Ídem.

3 Educación en tiempos de Covid-19: México inicia el reto de un ciclo a distancia, Expansión Política,

https://politica.expansion.mx/mexico/2020/08/24/educacio n-en-tiempos-de-covid-19-mexico-inicia-el-reto-de-un-ciclo-a-distancia

4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020). Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación (Ecovid-Ed). 05/09/2021, de INEGI Sitio web:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/investigacion/ecovid ed/2020/doc/ecovid_ed_2020_presentacion_resultados.pdf

5 Mexicanos Primero: 1 de cada 4 escuelas, sin condiciones para clases presenciales, Milenio,

https://www.milenio.com/politica/ong-1-4-escuelas-condic iones-clases-presenciales

6 En todo el país robaron a 5 mil 493 escuelas; durante pandemia por Covid, Excélsior, https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-todo-el-pais-robaron-a-5-mil-4 93-escuelas-durante-pandemia-por-covid/1449446

7 Gobierno de la CDMX reporta actos de vandalización en 207 escuelas durante la pandemia, Proceso,

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/5/13/gobierno-d e-la-cdmx-reporta-actos-de-vandalizacion-en-207-escuelas-durante-la-pan demia-263863.html

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 7 del mes de septiembre de 2021.

Diputada Cynthia Iliana López Castro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los legisladores del Congreso de la Unión y los partidos políticos con registro ante el INE a garantizar que el debate público verse sobre propuestas acordes con el estado democrático de derecho y el reconocimiento pleno de los derechos humanos, suscrita por los diputados Jorge Álvarez Máynez y Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, diputados Jorge Álvarez Máynez y Salvador Caro Cabrera, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra, en su artículo 1o., que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella, y en los tratados internacionales en la materia de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Igualmente, nuestra Carta Magna dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. También, prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Asimismo, y de una interpretación del artículo 133, a la luz del artículo 1o. constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus protocolos adicionales, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos integran el bloque de constitucionalidad, por lo que lo referido en estos instrumentos convencionales complementan lo dispuesto por el artículo 1o. constitucional, en materia de derecho humanos, y se vuelven obligatorios para todas las autoridades del Estado mexicano.

Por ello, adquiere suma relevancia lo establecido en el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el que sentido de que los Estados parte se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

En ese sentido, resulta sumamente preocupante la reciente invitación, por parte de senadoras y senadores, al recinto de la Cámara Alta, del ciudadano español y líder del partido de ultraderecha, Vox, Santiago Abascal, a fin de suscribir la “Carta Madrid”, “una alianza entre México y España, en defensa de la libertad, la democracia y la propiedad privada”.1

No obstante lo anterior, es necesario enfatizar que Santiago Abascal es líder de un partido político español de ultraderecha que, en el discurso y en los hechos, ha buscado mermar y frenar la consolidación y goce de los derechos humanos en aquél país, mediante un discurso de discriminatorio y violatorio de la dignidad humana, generando con ello, mayores desigualdades entre las personas.

Por ejemplo, dicho partido político -encabezado por Santiago Abascal- ha promovido un discurso en contra de los derechos fundamentales de las mujeres, de las personas de la comunidad LGBTTIQ, así como de las personas migrantes:

• Ha propuesto abrogar la Ley de Violencia de Género de aquel país,2 , atentando con ello, contra los derechos fundamentales de las mujeres y sus garantías;

• Ha propuesto promulgar una ley “de protección de la familia natural”, oponiéndose con ello, al matrimonio igualitario, puesto que “desnaturaliza la institución constitucional del matrimonio”;3

• Ha lanzado campañas publicitarias contra las personas migrantes -que han sido objeto de investigaciones por parte de la Fiscalía de Madrid por presunto delito de odio-,4 así como lanzado mensajes señalando que algunas personas migrantes proceden en su mayoría de “culturas no asimilables e incompatibles” con los valores de España,5 y la necesidad “limpiar” ciudades en relación con la población migrante.6

Sin embargo, las controversias no se limitan a lo antes señalado, sino que se trata de una constante postura en contra de los derechos humanos de todas las personas, llegando al punto de situarse en la frontera con el discurso de odio, como ha denunciado en su momento la Fiscalía de Madrid,7 y que ha provocado que -incluso, la red social denominada Twitter, suspendiera temporalmente la cuenta oficial de Vox por incitación al odio en contra de personas musulmanas,8 situación que preocupa a activistas defensoras de derechos humanos y que, dado el contexto que vive nuestro país, no abona a consolidar una cultura de los derechos humanos.

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada de rubro, “Discursos de odio. Son contrarios a los valores fundamentales del sistema jurídico, como los derechos humanos y la democracia constitucional ”, determinó lo siguiente:

“Discursos de odio. Son contrarios a los valores fundamentales del sistema jurídico, como los derechos humanos y la democracia constitucional. Los discursos de odio son un caso especial de discurso discriminatorio, que se caracterizan, entre otras cosas, por promover la discriminación y la violencia en contra de personas o grupos determinados, por razones como la religión o el origen étnico o nacional, y en casos extremos, abogan por el exterminio de esas personas o grupos, por no reconocerles igual dignidad humana. Ahora bien, el artículo 1o. constitucional y el 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen el derecho a la igualdad y prohíben la discriminación por razones como la religión o el origen étnico o nacional. Los artículos 13 de esa Convención y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prohíben toda apología del odio nacional, racial o religioso, que incite a la violencia o a la discriminación. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación prohíbe toda discriminación racial, toda difusión de ideas racistas, toda incitación a la discriminación y toda violencia motivada por esas razones. La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), prohíbe cualquier forma de discriminación como, entre otras, las conductas que inciten a la exclusión, persecución, odio, violencia, rechazo o difamación de personas o grupos. En este sentido, las normas constitucionales, convencionales y legales citadas, permiten fundamentar la premisa de que el discurso discriminatorio, y especialmente el discurso de odio, es contrario a valores fundamentales en que se asientan los derechos humamos [SIC] y la democracia constitucional, como lo son la igualdad, la dignidad e incluso la posibilidad de que los destinatarios de esos discursos ejerzan, en condiciones de igual consideración y respeto, su libertad de expresión.”

Igualmente, la Primera Sala en la tesis aislada, de rubro “Libertad de expresión. El discurso homófobo constituye una categoría de lenguaje discriminatorio y, en ocasiones, de discursos del odio ”, fijó el siguiente criterio aplicado, por analogía, al caso concreto:

“Libertad de expresión. El discurso homófobo constituye una categoría de lenguaje discriminatorio y, en ocasiones, de discursos del odio.

La homofobia es el rechazo de la homosexualidad, teniendo como componente primordial la repulsa irracional hacia la misma, o la manifestación arbitraria en su contra y, por ende, implica un desdén, rechazo o agresión, a cualquier variación en la apariencia, actitudes, roles o prácticas sexuales, mediante el empleo de los estereotipos de la masculinidad y la feminidad. Dicho tratamiento discriminatorio implica una forma de interiorización, mediante una asignación de jerarquía a las preferencias sexuales, confiriendo a la heterosexualidad un rango superior. Esta aversión suele caracterizarse por el señalamiento de los homosexuales como inferiores o anormales, lo cual da lugar a lo que se conoce como discurso homófobo, mismo que consiste en la emisión de una serie de calificativos y valoraciones críticas relativas a la condición homosexual y a su conducta sexual, y suele actualizarse en los espacios de la cotidianeidad; por lo tanto, generalmente se caracteriza por insinuaciones de homosexualidad en un sentido burlesco y ofensivo, mediante el empleo de un lenguaje que se encuentra fuertemente arraigado en la sociedad. En consecuencia, resulta claro que aquellas expresiones en las cuales exista una referencia a la homosexualidad, no como una opción sexual personal -misma que es válida dentro de una sociedad democrática, plural e incluyente-, sino como una condición de inferioridad o de exclusión, constituyen manifestaciones discriminatorias, toda vez que una categoría como la preferencia sexual, respecto a la cual la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresamente veda cualquier discriminación en torno a la misma, no puede ser válidamente empleada como un aspecto de diferenciación peyorativa. Así, tomando en consideración la protección constitucional expresa a la preferencia sexual de los individuos, es que la misma no puede constituir un dato pertinente para la calificación social de una persona. Por tanto, al tratarse la homosexualidad de una forma de sexualidad tan legítima como la heterosexualidad, puede concluirse que aquellas expresiones homófobas, esto es, que impliquen una incitación, promoción o justificación de la intolerancia hacia la homosexualidad, ya sea mediante términos abiertamente hostiles o de rechazo, o bien, a través de palabras burlescas, deben considerase como una categoría de lenguaje discriminatorio y, en ocasiones, de discursos del odio.”

Por ello, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado en la tesis de Jurisprudencia 31/2016, lo siguiente:

“Libertad de expresión. No protege la imputación de delitos cuando con ello se calumnia a las personas.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 6o. y 41, Base III, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19, párrafo 3, inciso a), del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles; 11 y 13, párrafo 1, inciso a), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se desprende que si bien la libertad de expresión en el ámbito de las contiendas electorales de una sociedad democrática, es un elemento primordial de comunicación entre los actores políticos y el electorado, en el que el debate e intercambio de opiniones debe ser no sólo propositivo, sino también crítico, para que la ciudadanía cuente con los elementos necesarios a fin de que determine el sentido de su voto, lo cierto es que el ejercicio de la libertad de expresión en materia político-electoral tiene como restricciones la emisión de expresiones que calumnien a las personas. En consecuencia, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como órgano competente de verificar el respeto a la mencionada restricción, debe ser particularmente cuidadoso en el ejercicio de esa atribución, cuando las denuncias o quejas se formulan contra propaganda política o electoral, cuyo contenido se relacione con la comisión de delitos. Lo anterior, porque a diferencia de la crítica desinhibida, abierta, vigorosa que se puede dar incluso respecto al ejercicio de cargos públicos anteriores en donde el intercambio de ideas está tutelado por las disposiciones constitucionales invocadas, tratándose de la difusión de información relacionada con actividades ilícitas, ésta incrementa la posibilidad de quien la utiliza sin apoyarla en elementos convictivos suficientes, de incurrir en alguna de las restricciones previstas constitucionalmente, en atención a la carga negativa que sin una justificación racional y razonable, aquélla puede generar sobre la reputación y dignidad de las personas.”

En consecuencia, es obligación de las personas servidoras públicas -incluyendo a las y los representantes populares- oponerse tajantemente a posturas que promuevan discursos de odio, que atenten contra la dignidad de las personas y, en general, que sean violatorias de los derechos humanos de las personas que habitan este país.

Por ello, se hace indispensable que, exhortar a las y los legisladores del Congreso de la Unión, así como a los partidos políticos que cuentan con registro ante el Instituto Nacional Electoral, a garantizar que el debate público verse sobre propuestas acordes a nuestro Estado democrático de derecho, y al reconocimiento pleno de los derechos humanos de las personas, a fin de rechazar los discursos de odio, y refrendar nuestros valores democráticos.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las y los legisladores del Congreso de la Unión, así como a los partidos políticos que cuentan con registro ante el Instituto Nacional Electoral, a garantizar que el debate público verse sobre propuestas acordes a nuestro Estado democrático de derecho, y al reconocimiento pleno de los derechos humanos de las personas.

Notas

1 “??¿Qué es Vox y por qué causa tanta polémica en México?”, El Universal . Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/que-es-vox-y-por-que-causa-tanta- polemica-en-mexico (consultado el 3 de septiembre de 2021).

2 “Las ideas de Vox sobre aborto, homosexualidad y violencia de género: la vuelta de tuerca a lo que ya intentó el PP”, El Diario . Disponible en: https://www.eldiario.es/politica/vox-violencia-lgtbi-propuestas-pp_1_18 04937.html (consultado el 3 de septiembre de 2021).

3 Ídem.

4 “Vox insiste en su discurso contra los inmigrantes y Fernando Grande-Marlaska pone a la Policía “ojo avizor” frente a su “fascismo”, El Mundo . Disponible en: https://www.elmundo.es/espana/2021/04/21/607fcb2afc6c8318628b45d4.html (consultado el 3 de septiembre de 2021).

5 “Abascal, un tigre con piel de cordero”, El País . Disponible en: https://elpais.com/politica/2019/11/04/actualidad/1572892341_198665.htm l (consultado el 3 de septiembre de 2021).

6 “La estrategia de Vox para normalizar el discurso de odio”, Huffingtonpost España. Disponible en:

https://www.huffingtonpost.es/entry/la-estrategia-de-vox -para-normalizar-su-discurso-de-odio_es_60816c26e4b0dff2540242d9 (consultado el 3 de septiembre de 2021).

7 Ídem.

8 Ídem.

Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, a 7 de septiembre de 2021.

Diputados: Jorge Álvarez Máynez, Salvador Caro Cabrera (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Jucopo de esta soberanía a crear una comisión especial sobre el caso de espionaje mediante el malware Pegasus, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Laura Imelda Pérez Segura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de está soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Consideraciones

El 24 de agosto de 2016, es la fecha en que se da el primer caso de espionaje reportado mediante el uso del software Pegasus, que desarrolla y vende la compañía israelí NSO Group

Pegasus es una herramienta de acceso remoto (RAT por sus siglas en inglés) con capacidades de software espía para dispositivos Android y iOS y es capaz de extraer datos de aplicaciones de mensajería digital como WhatsApp, Facebook y Viber, así como de correo electrónico y navegadores. Este malware espía puede vigilar a distancia a las víctimas a través del micrófono y la cámara del celular infectado, así como realizar capturas de pantalla y registrar las entradas[1] del usuario.

En México, durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto el software diseñado como herramienta para perseguir criminales y terroristas, se convirtió en un instrumento de persecución política.

De acuerdo con una investigación de Amnistía Internacional y Forbidden Stories, alrededor de 15,000 personas entre los que se encuentran políticos, periodistas, abogados, activistas, fiscales, diplomáticos, jueces, médicos y académicos, han sido víctimas de espionaje por el software Pegasus, convirtiendo a México es uno de los países con más casos.

Dentro de los anteriormente mencionados se encuentran al menos 50 personas cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador, entre los que destacan su familia (esposa, hijos y hermanos); su actual equipo de presidencia (Julio Scherer Ibarra, Jesús Ramírez, Gabriel García Hernández y Alfonso Romo); su gabinete (Rocío Nahle, Delfina Gómez, Zoe Robledo, Manuel Bartlett y Octavio Romero); y, otros políticos como Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Bertha Lujan, entre otros.

NSO Group, empresa israelí y creadora de Pegasus, ha asegurado que solo vende el software a autoridades de países que tienen el fin de perseguir a criminales y terroristas, no obstante, en el caso de México se utilizó para fines políticos.

Ante esta situación la organización Amnistía Internacional (AI) señaló que Pegasus ha sido utilizado para facilitar la comisión de violaciones de derechos humanos a gran escala en todo el mundo.

A su vez, la Secretaria General de AI declaró que la evidencia pone al descubierto que Pegasus es “el arma preferida” de los gobiernos represivos que intentan silenciar periodistas y atacar activistas.

El primer caso de contratación de un malware en México, de acuerdo con información de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se dio durante el gobierno de Felipe Calderón y fue instrumentado por el entonces Secretario de Seguridad, Genaro García Luna que contrató el software NiceTrack.

A su vez, Santiago Neto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) declaró durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, del pasado 22 de julio del año en curso, que el software Pegasus costó al erario 5 mil 914 millones de pesos, monto que se deriva de la adquisición del software, mantenimiento, ventas a sobre precio y una red de corrupción orquestada desde el gobierno federal.

Detalló, además, que fue durante el sexenio de Enrique Peña Nieto que se adquirió el servicio por 32 millones de dólares, esto mediante la adjudicación de un contrato a favor de Grupo Tech Bull S.A. de C.V., empresa fachada y constituida por Balam Seguridad Privada.

En este sentido y atentos a lo que establecen los tratados internacionales en la materia que ha suscrito el Estado mexicano, podemos citar que el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen que: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques ”.

Asimismo, el artículo 16 de nuestra Constitución Política establece la prohibición a la autoridad para molestar a persona alguna sin orden judicial y le da carácter de inviolables a las comunicaciones privadas.

Por su parte los párrafos 12 y 13 del artículo citado establecen, respectivamente, que:

Párrafo 12.- Las comunicaciones privadas son inviolables . La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.

Párrafo 13.- Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada . Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando, además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

Por su parte, el artículo 292 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que:

La solicitud de intervención deberá estar fundada y motivada, precisar la persona o personas que serán sujetas a la medida; la identificación del lugar o lugares donde se realizará, si fuere posible; el tipo de comunicación a ser intervenida; su duración; el proceso que se llevará a cabo y las líneas, números o aparatos que serán intervenidos y, en su caso, la denominación de la empresa concesionaria del servicio de telecomunicaciones a través del cual se realiza la comunicación objeto de la intervención.

El plazo de la intervención, incluyendo sus prórrogas, no podrá exceder de seis meses. Después de dicho plazo, solo podrán autorizarse nuevas intervenciones cuando el Ministerio Público acredite nuevos elementos que así lo justifiquen.

Además, el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, considera el espionaje como delito grave y a su vez, el artículo 177 del Código Penal Federal señala que:

A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa.

Sumado a ello, la ONG Amnistía Internacional ha urgido al gobierno israelí a revocar las licencias de exportación que ha concedido a NSO Group, debido al riesgo que los softwares de espionaje representan para los derechos humanos.

Paralelo a ello, llamó a NSO Group a cerrar inmediatamente los sistemas de clientes donde haya claros indicios de mal uso del malware. y a su vez emita un informe de transparencia en el que se detalle los casos de mal uso de sus productos, países a los que van destinados, contratos y toda la información necesaria para investigar posibles violaciones de derechos.

Es por lo anterior que se solicita respetuosamente expedir el acuerdo para que se cree una comisión especial que dé seguimiento a las investigaciones de la FGR relativas a los casos de espionaje a través del software Pegasus durante la administración anterior, cuyo objeto resulta violatorio y sancionado por nuestro marco jurídico.

Además, es preciso que la sociedad mexicana conozca a fondo todo lo relacionado con el proceso de compra del software multicitado, el mantenimiento y también los fines que se le dio a dicha información.

Por ello, es necesario que exista información objetiva y pueda ser dada a conocer a la opinión pública y sobre todo se sancione ejemplarmente a quienes hayan realizado esta adquisición, hasta quiénes y cómo se utilizó esta información y con qué fin.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por párrafo primero del artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados es que pongo a consideración del pleno la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. - La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a expedir el acuerdo para integrar una Comisión Especial con el objetivo coadyuvar y dar seguimiento a las investigaciones de la FGR relativas con el sistema de espionaje PEGASUS, contratado durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, así como promover cualquier acción penal y fincar responsabilidades administrativas a quienes resulten responsables de las conductas presuntamente constitutivas de delito.

Segundo. – Con fundamento en el numeral 2 del artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la comisión se extinguirá una vez cumplido o agotado su objetivo.

Referencias:

1. 50 cercanos a AMLO, entre los posibles espiados con el software Pegasus:https://www.forbes.com.mx/50-cercanos-amlo-posibles-espiados-so ftware-pegasus/

2. Gobierno de Peña pagó 32 mdp por software espía Pegasus: UIF, confirma entramado empresarial:

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/7/21/gobierno-d e-pena-pago-32-mdd-por-software-espia-pegasus-uif-confirma-entramado-em presarial-268241.html

3. Estima UIF que Pegasus costó al erario casi 6,000 millones de pesos :

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Estima-UIF-que- Pegasus-costo-al-erario-casi-6000-millones-de-pesos-20210722-0009.html

4. Amnistía Internacional pide a Israel frenar la exportación de Pegasus:

https://www.forbes.com.mx/amnistia-internacional-israel- freno-exportacion-pegasus/

5. El ‘caso Pegasus’: así evolucionó la amplísima red de vigilancia sostenida desde el Gobierno de México:

https://elpais.com/mexico/2021-07-25/el-caso-pegasus-asi -evoluciono-la-amplisima-red-de-vigilancia-sostenida-desde-el-gobierno- de-mexico.html

6. The Million Dollar Dissident NSO Group’s iPhone Zero-Days used against a UAE Human Rights Defender. Disponible en https://citizenlab.ca/2016/08/million-dollar-dissident-iphone-zero-day- nso-group-uae/

Nota:

1. Así logró el software Pegasus espiar a 25 periodistas mexicanos, disponible en: https://www.forbes.com.mx/tecnologia-asi-software-pegasus-espiar-25-per iodistas-mexicanos/

Palacio Legislativo a 7 de septiembre del 2021

Diputada Laura Imelda Pérez Segura

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la STPS a hacer un llamado a los patrones para dar cabal cumplimiento a las licencias de paternidad, a cargo del diputado Alan Castellanos Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Alan Castellanos Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante años, ante la falta de participación y representación de las mujeres en la vida pública y política, se han hecho esfuerzos centrados en promover un incremento en su participación; las cuotas y la paridad han sido las medidas más eficaces como extendidas.

Por lo que los datos en la actualidad sobre la participación de las mujeres, aún son deficitarios, incluso más en niveles subnacionales por ello nos encontramos ante la necesidad de seguir abordando este reto. La paridad en todos los ámbitos debe ser la meta a alcanzar.

Hablemos de la igualdad sustantiva, igualdad en los hechos, en los resultados, para eliminar las desventajas de las mujeres. Supone la modificación de las circunstancias que impiden a las personas ejercer plenamente sus derechos y tener acceso a oportunidades de desarrollo mediante medidas estructurales, legales o de política pública.

El CoCEDAW exhortó al Estado mexicano tomar nota de que los términos de equidad e igualdad transmiten mensajes distintos y su uso indistinto puede dar lugar a una confusión conceptual, por lo que le recomendó utilizar sistemáticamente el término “igualdad” (Observaciones finales al Estado mexicano en 2006).

Es importante visualizar la perspectiva de género mediante los ojos con los que nuestras mujeres viven día a día una desigualdad.

Un tema que me parece demasiado importante mencionar y que creo fielmente seguir trabajado para ello es la licencia de paternidad , para que los hombres en igualdad a las mujeres cuenten con esta licencia y las empresas puedan tener el mismo escenario de contratar por igual, hoy por hoy las mujeres sufren demasiadas desventajas en el ámbito laboral entre ellas el contar con una licencia de maternidad de tres meses para atender a su bebé recién nacido y pone a las mujeres en desventaja ante empresas.

Ya que al ausentarse con la licencia de maternidad por un tiempo pone una ventaja para las empresas en contratar hombres. Esto no puede seguir ocurriendo.

Por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo primero, que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, prohibiendo toda discriminación que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades fundamentales.

Asimismo, el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley, y será ésta la que proteja la organización y el desarrollo de la familia.

En ese sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, determina que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, por lo que tienen derecho a un nivel de vida adecuado, así como a su familia, la salud y el bienestar, en especial, los cuidados y asistencia especiales de maternidad y paternidad en la infancia.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y fundar una familia, adoptando medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en el matrimonio.

Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño determina que los estados parte, pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres, tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño, correspondiendo a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.

Ahora bien, de acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, los poderes públicos federales y aquellas instituciones que estén bajo su regulación o competencia, están obligados a realizar las medidas de nivelación, las medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación.

Al respecto, las medidas de nivelación consideran la creación de licencias de paternidad, homologación de condiciones de derechos y prestaciones para los grupos en situación de discriminación o vulnerabilidad, ya que se busca hacer efectivo el acceso de todas las personas a la igualdad real de oportunidades, eliminando las barreras físicas, comunicacionales, normativas o de cualquier otro tipo, que obstaculizan el ejercicio de derechos y libertades.

De acuerdo con lo establecido en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, corresponde al gobierno federal conducir la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres, de conformidad con las medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y la vida personal y familiar de las mujeres y hombres, contribuyendo a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, reconociendo a los padres biológicos y por adopción el derecho a un permiso y a una prestación por paternidad.

La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tiene por objeto garantizar la tutela y el respeto de los derechos fundamentales, asegurando un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad, de conformidad con el interés superior de la infancia.

Por ello, se deberán otorgarán días hábiles de licencia con goce de sueldo , al padre que la solicite, con motivo del nacimiento de una hija y/o hijo, contados a partir del día del parto. Esta deberá solicitarse por el trabajador al área administrativa de su adscripción, cuando sea posible.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que haga un llamado a los patrones (a persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores) a fin de dar cabal cumplimiento a las licencias de paternidad ya que, es un reconocimiento a los derechos de los trabajadores cuyo propósito es fortalecer la corresponsabilidad como progenitores en la crianza, cuidado y atención de la persona recién nacida, así como de la adoptada, íntegramente en sus primeros cuidados, los cuales se hacen más apremiantes durante los primeros días de vida.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2021.

Diputado Alan Castellanos Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los órganos de gobierno de esta soberanía a salvaguardar la integridad física del ciudadano Porfirio Muñoz Ledo y garantizar la continuidad de la reestructuración de los centros de estudios, suscrita por los diputados Jorge Álvarez Máynez Jorge y Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, diputados Jorge Álvarez Máynez y Amalia Dolores García Medina, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El 11 de septiembre del 2019 el ciudadano Porfirio Muñoz Ledo fue designado como presidente del Consejo Técnico encargado de diseñar el plan de reestructuración de los centros de estudios de la Cámara de Diputados mediante la proposición de acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para el establecimiento del Consejo Técnico responsable de diseñar el plan para la restructuración de los Centros de Estudios en tanto se aprueban las reformas para la creación del Instituto de Estudios Parlamentarios de la Cámara de Diputados. Dicho acuerdo dispone lo siguiente:

“Primero.- Se autoriza la creación del Consejo Técnico integrado por un presidente y un representante de los grupos parlamentarios, quienes serán apoyados por la titular de la Secretaría General, los secretarios de Servicios Administrativos y Financieros y de Servicios Parlamentarios, así como el titular de la Unidad de Capacitación y Formación Permanente. La integración del Consejo Técnico se hará a costos compensados, por lo que no implicará la creación de nuevas plazas. Este Consejo será responsable del diseño del plan de reestructuración de los Centros de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias; de Estudios Sociales y de Opinión Pública; de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria; y de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género, con la finalidad de reestructurar los centros de estudios, en tanto las Cámaras del Congreso aprueban las reformas correspondientes a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para la creación del Instituto de Estudios Parlamentarios.

Segundo.- Se designa al diputado Porfirio Muñoz Ledo como presidente del Consejo Técnico señalado en el punto anterior, quien dispondrá las medidas necesarias para su integración y funcionamiento, y será el responsable de la coordinación y operación del proceso de reestructura de los mencionados centros de estudios, en los términos indicados.

Tercero.- Se instruye a la Secretaría General, a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros y a la Secretaría de Servicios Parlamentarios a que realicen todos los actos jurídicos, administrativos y presupuestales necesarios para el correcto funcionamiento y cumplimiento de los fines del Consejo Técnico previsto en el primer punto del presente acuerdo.”1

El 4 de noviembre de 2020 posterior, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se fusionaran todos los centros de estudio de esta Cámara; sin embargo, el Senado de la República no ha avalado esta minuta y este proceso sigue inconcluso.

Recientemente, el 6 de septiembre de 2021, el referido ciudadano Muñoz Ledo denunció públicamente que ha recibido múltiples amenazas y peticiones para desalojar las oficinas que ocupa desde que dejó la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, lo cual impediría el cabal cumplimiento de las funciones que le fueron encomendadas mediante el referido acuerdo de 11 de septiembre de 2019.

De igual manera, denunció la posibilidad de ataques de carácter físico señalando que “si hay un ataque físico, sería un agravio muy serio”, lo cual genera duda fundada de la posibilidad de que su integridad física, profesional y psicológica pueda verse vulnerada.

Por lo anteriormente expuesto, y considerando que el acuerdo de 11 de septiembre de 2019 designó al entonces funcionario Porfirio Muñoz Ledo como presidente del Consejo Técnico responsable del diseño del plan de reestructuración de los centros de estudios, en tanto se aprueban las reformas para la creación del Instituto de Estudios Parlamentarios de la Cámara de Diputados, y que éstas no se han aprobado, lo conducente es que se garantice la integridad y la continuidad de los trabajos del presidente de dicho Consejo.

Por ello, es que sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, a salvaguardar la integridad física del ciudadano Porfirio Muñoz Ledo, así como a garantizar la continuidad de los trabajos del plan de reestructuración de los centros de estudio de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en términos del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para el establecimiento del Consejo Técnico, responsable de diseñar el plan para la restructuración de los centros de estudios en tanto se aprueban las reformas para la creación del Instituto de Estudios Parlamentarios de la Cámara de Diputados.

Nota

1 Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. (2019). Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para el establecimiento del Consejo Técnico responsable de diseñar el plan para la restructuración de los Centros de Estudios en tanto se aprueban las reformas para la creación del Instituto de Estudios Parlamentarios de la Cámara de Diputados. Cámara de Diputados. Recuperado de:

<http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/20 19/09/asun_3908212_20190918_1568824250.pdf>

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 7 de septiembre de 2021.

Diputados: Jorge Álvarez Máynez, Amalia Dolores García Medina (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Jalisco y los ayuntamientos de la zona metropolitana de Guadalajara a hacer público un informe respecto al número de asentamientos humanos irregulares, así como a las acciones y los mecanismos establecidos para su atención, regulación y planeación, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Laura Imelda Pérez Segura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de está soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Consideraciones

Los asentamientos humanos irregulares son núcleos de población ubicados en áreas o predios subdivididos, que no cuentan con la autorización del Ayuntamiento, o con ella, pero que no acataron los lineamientos y disposiciones establecidas en la autorización (DOF, 2017).1

Es un fenómeno urbano y social que se presenta en las principales ciudades del país. Se estima que en México hay entre 7 y 7.5 millones de predios irregulares (Salazar, 2012), con un incremento de 90 mil lotes al año2 en las 74 zonas metropolitanas del país, que concentran cerca del 74.2 por ciento de la población nacional3 . Aproximadamente el 27 por ciento de las viviendas urbanas en el país no cuenta con escrituras tomando como referencia la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018.4

Por lo que respecta a Jalisco y lo relativo a la historia de los asentamientos irregulares, esta no dista de la conformación de las grandes metrópolis de nuestro país.

En “Guadalajara y su región: los desafíos de la política urbana”, Wario Hernández, explica la formación de los asentamientos irregulares como causa del creciente desarrollo económico de la metrópoli, explica:

“Al inicio de los 1970, el ritmo de crecimiento demográfico y la expansión territorial del AMG distaban mucho de ser homogéneos. La metrópoli presentó un proceso de diferenciación todavía más acentuado. Así, durante esta década, el AMG se convirtió en una metrópoli doblemente millonaria y acrecentó su función regional.

“La estructura urbana se transformó cualitativamente al desplazarse algunas actividades centrales hacia los recientes asentamientos del poniente; proceso que consolidó la conurbación de Guadalajara con Zapopan y, por el sur, con Tlaquepaque. Al mismo tiempo se produjeron importantes transformaciones en la economía. A ello se sumaba, por un lado, el fortalecimiento de una política nacional vinculada al concepto de Estado benefactor que opacó los esquemas de “colaboración” y de “plusvalía” en el financiamiento del desarrollo urbano; y, por otro lado, el surgimiento de los asentamientos irregulares, propiciado por la estrechez salarial, por la falta de alternativas inmobiliarias accesibles a los estratos populares y por la propia legislación agraria .”

Tal análisis puede expresarse de mejor manera en el siguiente mapa del área metropolitana de Guadalajara en 1970.

La creciente inmigración rural empezó a propiciar el fenómeno del asentamiento irregular. Los fraccionamientos de origen irregular se empezaron a localizar en los municipios conurbados, principalmente en terrenos ejidales o comunales, y en algunos casos privados.

Los especuladores y promotores clandestinos se aprovechan para lucrar con terrenos, ofreciéndoles precios relativamente bajos a personas ajenas al ejido. De esta manera inició la ocupación y venta de terrenos ejidales que, por su régimen jurídico, no podían ser legalmente ocupados ni vendidos.

Por esta situación se desencadenaron problemas urbanos que, a diferencia de las otras metrópolis mexicanas –Ciudad de México y Monterrey–, en Guadalajara se habían mantenido en un nivel discreto. Hay que recordar que al inicio de la década la ocupación de los ejidos por los inmigrantes, en el área conurbada, “apenas equivalía al 1% del área urbanizada”5.

Como los ayuntamientos no les proporcionaban infraestructura ni servicios públicos hasta que regularizaron su situación, se desarrollaron en la periferia fraccionamientos con vivienda precaria carentes de los servicios urbanos más elementales6 .

En “Dinámica espacial y de población del área metropolitana de Guadalajara”, Cruz Solís (2015) ilustraría en el siguiente mapa como crecieron tras 40 años los asentamientos irregulares. Aumentando en los municipios conurbados del que presenta una gran actividad económica como lo es Guadalajara.

Hablando en términos cuantitativos, Cruz, estimaba con datos del 2000, que al menos en 47 de los 108 municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara se tenían contabilizados alrededor de 100 asentamientos informales que abarcaban más de 1 mil 144.86 hectáreas, y como se puede observar en el siguiente cuadro.

En 2015, incrementarían los asentamientos irregulares hasta tener contabilizados 364 asentamientos irregulares en el Área Metropolitana de Guadalajara, incrementando en 2019 a 458 en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco9.

De acuerdo con datos del extinto Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN), en 2019, se estimaba que en los nueve municipios del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se tenían contabilizados 19 mil 281 hectáreas de asentamientos con origen irregular; es decir, 26% del territorio urbanizado. Y que a pesar de que 13 mil 495 ya se encontraban regularizados, el resto, cinco mil 786, continuaba en situación irregular. Es de destacar que, si bien la cantidad no es final porque aún hay casos no documentados, puede tomarse como la cifra oficial porque se elaboró a partir de datos proporcionados por los municipios.

Es necesario resolver está problemática que tiene un impacto social demasiado profundo. Uno de ellos y el más importante es el de la segregación socio espacial, el cual es alto, causado por la gran polarización social que cada vez se va haciendo más evidente en Zona Metropolitana de Guadalajara, siendo notable por las mayores cantidades de construcciones departamentales de lujo, zonas residenciales y comerciales que se están desarrollando en lugares exclusivos en contraparte con los municipios conurbados de Guadalajara, incrementando la mancha sub urbana que está generando cada vez más zonas de asentamientos irregulares de alto riesgo10.

La experiencia empírica más definida es la que se vislumbra en la Calzada Independencia en Guadalajara reflejándose como una barrera infranqueable que marca la desigualdad en el Área Metropolitana (AMG), con un oriente marginado y un poniente boyante. Los patrones que se encuentran son que la densidad poblacional se concentra en zonas de escasos recursos, con deficiencias en la dotación de servicios de educación, salud, agua potable y seguridad. Donde la estratificación y marginación se da en un lado en específico, el Oriente (Saucedo, 2016).

Donde también Saucedo (2016) logra representar por medio de una localización espacial de los estratos de Guadalajara, la estratificación. Donde el autor concluye que:

El lado oriente de la ciudad (derecho) está dominado por los AGEB’s correspondientes al estrato muy bajo, bajo y medio, con algunas excepciones concentradas en su mayor parte en el sur (zona de Rio Nilo y Olímpica). Por su lado, el lado poniente de la ciudad está prácticamente integrado de AGEB’s 11 del estrato muy alto y alto, con excepción del lado norte, el cual colinda con la barranca de Huentitán y en el cual se encuentra la colonia Lomas del Paraíso (primera y segunda sección) 12.

La planeación integral debe ser la vertiente para una próxima solución a la problemática de los asentamientos humanos que actualmente se registran en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Así lo estiman académicos como el maestro Miguel Ángel Ortega Solís, jefe del Departamento de Derecho Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), quién apunta que los gobernantes deberían hacer a un lado los planteamientos a corto plazo o a la duración de su mandato13.

Asimismo, otras problemáticas que se desencadenan por la creación de asentamientos irregulares son los espectaculares, el tráfico vehicular, la no actualización de leyes urbanas, la falta de planes de desarrollo, la proliferación de fraccionamientos inhabitables, contaminación, los desarrollos verticales sin una estructura pública, falta de criterios técnicos y jurídicos, la impartición de leyes confusas, por nombrar algunos.

Dentro del aspecto económico puede observarse la problemática de forma más definida. De acuerdo con datos de Transparencia Presupuestaria, en 2019, se puede observar que, conforme los municipios se alejan de las zonas con más desarrollo, como Guadalajara y Zapopan, la recaudación en el impuesto predial desciende y crecen los asentamientos irregulares, como ya se ilustro anteriormente.

Los ingresos de los municipios per cápita por concepto de pago predial indican que la baja recaudación puede deberse, en gran medida, por el número considerable de asentamientos irregulares. Siendo que el área metropolitana concentra más de 5 millones de habitantes. Tales efectos son notables, como el municipio de Tlaquepaque (con al menos 138), Tonalá y el Salto. Estos municipios son los más cercanos a Guadalajara, pero son los más bajos en recaudación. Síntoma de este tipo de asentamientos.

Fuente: Elaboración propia con base en Transparencia Presupuestaria

Es urgente resolver dicha problemática, debe abordarse desde una óptica metropolitana y no municipal, coordinada además entre los tres órdenes de gobierno para lograr incidir en mitigar el aumento de los asentamientos irregulares y sus consecuencias.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto de la división de poderes, exhorta respetuosamente, al gobierno del estado de Jalisco y a los gobiernos municipales de Guadalajara, Acatlán de Juárez, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, Zapopán y Zapotlanejo, que conforman la Zona Metropolitana de Guadalajara, para que a la brevedad hagan público un informe sobre el número de asentamientos humanos irregulares, la población en ellos habitan y las condiciones en las que se encuentran, así como de las acciones y mecanismos establecidos para la atención, regulación y planeación de los mismos.

Referencias:

Libros

Clara, Salazar. (2012). Los cambios al sistema de tenencia de la tierra en México y su impacto en la regularización de asentamientos informales. Ciudad de México: El Colegio de México.

Wario Hernández, E. (1993). “Guadalajara y su región: los desafíos de la política urbana”, Espacio urbano, cambio social y geografía aplicada, Universidad de Guadalajara, México, pp. 213-243.

Cruz Solís, H. (2015) Dinámica espacial y de población del área metropolitana de Guadalajara, Universidad de Guadalajara.

Saucedo, A. & Jaramillo-Molina, “De la Calzada para allá”: Fronteras materiales y simbólicas de desigualdad, exclusión y estigmatización en la ciudad de Guadalajara

Páginas de internet

http://www.cucea.udg.mx/include/publicaciones/coorinv/pd f/Colonias_populares_x1a_color.pdf

https://decisiones.com.mx/zmo/poncitlan/instalan-comisio n-municipal-para-regularizacion-de-predios-en-poncitlan/

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609774&fecha=13%2F01%2F2021

https://www.informador.mx/jalisco/Registra-metropoli-alz a-en-asentamientos-irregulares-20190501-0029.html

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Re caudacion_Local

Notas:

1. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468237&fecha=30/12/2016

2. Sedatu (2014). Diagnóstico. Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales. Ciudad de México: Sedatu.

3. Sedatu (2018). Sistema Urbano Nacional 2018. Ciudad de México: Conapo-Sedatu. Disponible en

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/400771/SU N_2018.pdf

4. INEGI (2018). Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares 2018. Disponible en

https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2018

5. Vázquez, D. (1989). Guadalajara: ensayos de interpretación, El Colegio de Jalisco, Guadalajara, México

6. Colonias populares consolidadas del área metropolitana de Guadalajara Retos y oportunidades Edith Rosario Jiménez Huerta Heriberto Cruz Solís (Coordinadores). Universidad de Guadalajara. 2015

7. Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá

8. San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Acatlán de Juárez, Zapotlanejo y Guadalajara

9. https://www.informador.mx/jalisco/Registra-metropoli-alza-en-asentamien tos-irregulares-20190501-0029.html

10. https://www.udg.mx/es/noticia/guadalajara-sufre-divisiones-que-exacerba n-segregacion-socioespacial

11. Área geoestadística básica (AGEB): Es la extensión territorial que corresponde a la subdivisión de las áreas geoestadísticas municipales

12. “De la Calzada para allá”: Fronteras materiales y simbólicas de desigualdad, exclusión y estigmatización en la ciudad de Guadalajara. . Available from: https://www.researchgate.net/publication/335690429_De_la_Calzada_para_a lla_Fronteras_materiales_y_simbolicas_de_desigualdad_exclusion_y_estigm atizacion_en_la_ciudad_de_Guadalajara

13. https://www.udg.mx/es/noticia/asentamientos-irregulares-impiden-un-mejo r-desarrollo-urbano-en-la-zmg

Palacio Legislativo a 7 de septiembre de 2021

Diputada Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y la Ssa a considerar la reactivación del esquema del extinto Seguro Popular en las regiones con población predominantemente indígena, a cargo de la diputada Sayonara Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Sayonara Vargas Rodríguez, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El derecho a la salud constituye uno de los principales baluartes sobre los que se establece la dignidad humana, sin la salud, el ser humano difícilmente puede llevar a cabo sus actividades diarias y mucho menos el desarrollo del resto de los derechos fundamentales.

Podemos decir que el derecho a la salud se va desarrollando a través de las diversas demandas sociales del pueblo, conformando la definición actual de la salud, que es el estado de absoluto bienestar físico, mental y social, institucionalizada internacionalmente en 1946 por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Hoy día, el derecho a la salud se considera como un derecho que integra no sólo la idea de curar la enfermedad, sino también de prevenirla, por lo que, el entorno físico y social del hombre adquiere una nueva relevancia dentro de este derecho. Esta nueva concepción de la salud, implica una mayor protección del ser humano, así como un mayor compromiso administrativo y económico por parte de los estados.

Lo antepuesto es importante dejarlo asentado, en razón de que en muchas partes de México, existen dificultades para acceder a la seguridad social, puesto que aun miles de personas se encuentran al margen de las actividades laborales formales, por lo que se encuentran excluidas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), sin embargo, es mi deber hacer hincapié en las zonas más marginadas y más vulnerables como lo son las zonas indígenas.

En efecto, las zonas indígenas han resentido aún más los embates de la crisis sanitaria y los estragos del Covid, aunados a los problemas de salubridad que se generan por la temporada de ciclones que devastan regiones enteras, con las consabidas consecuencias en la salud pública.

La realidad se impone: tenemos centros hospitalarios de todos los niveles, sin medicamentos y sin capacidad para atender a las familias mexicanas, hay un desabasto de insumos médicos generalizado que no se ve que disminuya.

La cruenta desaparición del Seguro Popular por parte del gobierno federal, afectó sí a miles de familias mexicanas, pero con mayor intensidad y fuerza, a las poblaciones indígenas, que a dos años de la desaparición del programa, aún siguen resintiendo los estragos de una medida arbitraria y que fue expuesta en su momento, sin legislación secundaria, sin reglas de operación, sin periodos de transición y sin mecanismos claros y transparentes de financiamiento.

El Seguro Popular entró en funcionamiento en 2004 como mecanismo de ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. El Seguro Popular era un esquema de aseguramiento público en salud a través de afiliación voluntaria, dirigido a la población que no contaba con seguridad social vía una relación laboral, con el fin de disminuir sus gastos en salud y es aquí en donde miles de familias que habitan en zonas indígenas resultaban las más beneficiadas, pues al ser zonas carentes de centros laborales y desarrollo industrial, no cuentan con acceso a seguridad social.

Mediante esta afiliación, las familias indígenas recibían el acceso a un conjunto de beneficios de atención médica comprendidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) que contemplaba 284 intervenciones médicas hasta 2019, agrupadas en 5 conglomerados: prevención y promoción en salud, medicina general y de especialidad, urgencias, cirugía general y obstetricia.

Asimismo, se otorgaba acceso a servicios médicos de alta especialidad para la atención de enfermedades de alto costo que podían poner en riesgo la vida y el patrimonio familiar mediante el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, el cual era operado por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.1

El éxito de este programa se vio reflejado mayormente en el periodo 2008-2018, en donde se pudo apreciar que la carencia por acceso a servicios de salud se redujo 22.9 puntos porcentuales. La disminución presentada en este indicador se debió sobre todo al avance en la afiliación al Seguro Popular.

La afiliación al Seguro Popular creció de manera pronunciada en los últimos años. La población afiliada aumentó de 15.7 millones de personas en 2006 a alrededor de 51 millones en 2019, siendo las zonas indígenas las más beneficiadas, de acuerdo con registros administrativos.

Hoy, desde la más alta tribuna popular de la nación, me honro en llevar la voz de miles de familias hidalguenses que aún sufren los embates de la carencia por acceso a seguridad social y que les fue arrebatada con la eliminación del programa Seguro Popular.

La realidad y las cifras de carencia, nos indican que el Seguro Popular es un esquema que funciona, y funcionó muy bien en las zonas indígenas permitiéndoles tener acceso a seguridad social, al mismo tiempo que se combatía el empobrecimiento por motivos de salud.

El derecho a la salud también se vio afectado por la falta de perspectiva de género de las políticas públicas: si dividimos los municipios del país por cuartiles de pobreza. Entonces veremos que en las zonas más pobres del país, incluyendo las zonas indígenas, 9 de cada 10 mujeres estaban afiliadas al Seguro Popular, hoy, por lo tanto, es evidente que miles de mujeres se vieron afectadas por la desaparición de este programa.

Es evidente que se necesita la voluntad y la participación activa de los distintos actores políticos, pero debemos dejar atrás egos y distorsiones subjetivas que impiden ver con claridad cuando una medida afecta más a unos sectores que a otros y como siempre ocurre, los pueblos y comunidades indígenas son quienes más resienten los embates de las distintas carencias.

Hablo por mi huasteca hidalguense, y por las más de 65 mil voces que depositaron su confianza en las urnas y que tienen esta demanda, pero sobre todo, segura estoy de que también lo hago por las miles de comunidades indígenas del país que aún esperan tener certeza de que el derecho a la salud será debidamente cubierto por el Estado mexicano.

Por lo anterior, y con la finalidad de que se reconsidere la implementación del esquema que venía desarrollándose con el Seguro Popular, se pone a consideración de los integrantes de esta honorable Cámara de Diputadas y Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal y al secretario de Salud a reconsiderar la reactivación del esquema del extinto Seguro Popular en las regiones con población predominantemente indígena, con el fin de coadyuvar en el combate al empobrecimiento por motivos de salud.

Nota

1 https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Seguro_Popular_Se guro_Medico_Siglo_XXI.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2021.

Diputada Sayonara Vargas Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SRE a difundir la información sobre cuáles serán las bases del diálogo técnico que sostendrá con el gobierno de EUA en cuanto a la orden de la Suprema Corte de Justicia de ese país que obliga a cumplir el fallo del tribunal para restaurar el programa de protección de migrantes, o Permanecer en México, a cargo de la diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 20 de diciembre de 2018, bajo la gestión del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, anunció a través del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, una acción para enfrentar la crisis de inmigración irregular que encaraba Estados Unidos de América. De manera inmediata, el gobierno estadounidense comenzó el proceso de invocar la Sección 235(b)(2)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, bajo los Protocolos de Protección Migratoria (MMP, por sus siglas en ingles), también conocido como “Permanecer en México” (Remain in Mexico), el cual consistía en que, las personas que llegan o entran a los Estados Unidos desde México, de manera irregular o sin la documentación adecuada, pueden ser devueltas a México durante el tiempo de sus procedimientos de inmigración.

Esta acción, desató una crisis humanitaria y de violación de derechos humanos en nuestro país. De acuerdo con un informe de Human Rights Watch (HRW), publicado en enero de 2021, menciona que, bajo el programa “Permanecer en México”, los solicitantes de asilo enfrentaron secuestros, agresiones sexuales, explotación, falta de necesidades básicas, abuso y otros peligros en México. Además, muchos de los solicitantes no tuvieron acceso significativo al debido proceso en Estados Unidos.

En su mismo informe, Human Rights Watch menciona que, el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, ha colocado a más de 69 mil personas en su programa “Permanecer en México” desde enero de 2019. Esta cifra incluye familias con niños y niñas de todas las edades, algunos de ellos con discapacidades, incluidos recién nacidos, bebés, y niños pequeños.1

De acuerdo con datos de organizaciones no gubernamentales, han contabilizado a 71 mil migrantes que se vieron obligados a permanecer en México en sus casos de asilo, hasta antes de la suspensión ordenada por el gobierno del actual presidente de aquel país, Joe Biden; 42 mil casos fueron procesados bajo la administración del presidente Trump; 10 mil tuvieron autorización de ingresar a EU y esperar ahí tras la llegada del presidente Biden, y 25 mil aún esperan en México. Es decir, que solo el 1.7 por ciento de los casos de asilo bajo este programa han sido aceptados. 2

Con la complacencia del actual gobierno de México, los solicitantes de asilo fueron enviados a nuestro país para esperar sus citas ante jueces migratorios, un trámite que pudo haber tomado meses y, algunos solicitantes hasta la fecha siguen en la espera de su audiencia. La mayoría de estas personas provenían de El Salvador, Honduras y Guatemala, y algunas de Cuba, Ecuador y Perú.

Muchas de las ciudades en las que los solicitantes de asilo se vieron obligados a esperar mientras están en México, son peligrosas con altos riesgos de secuestro, extorsión y violencia. Por ejemplo, Nuevo Laredo y Matamoros, Tamaulipas, han sido o están sujetas recientemente a avisos de viaje por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos.3

El 20 de enero de 2021, bajo la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se informó a través de un breve comunicado por parte del Departamento de Seguridad Nacional, la suspensión de nuevas inscripciones en el programa de “Permanecer en México, lo cual se entendería como el fin de este programa.

Pero, el pasado 13 de agosto, el juez federal del estado de Texas, Matthew Kacsmaryk -nominado por el otrora presidente Donald Trump- resolvió dos demandas a favor de los Gobiernos estatales de Missouri y Texas, que solicitaban la restauración del programa “Permanecer en México”, cuyo fallo ordena al gobierno del presidente Biden a restaurar dicho programa al menos hasta que este encuentre una forma de “rescindirlo de forma legal”, y hasta que el Ejecutivo tenga la capacidad necesaria para detener a todos los solicitantes de asilo que, en ausencia de esa política, puedan entrar a Estados Unidos.

Ante esta decisión, la Casa Blanca informó que, a través del Departamento de Justicia apelaría al fallo emitido por el juez federal de Texas, que restablece el programa “Permanecer en México”. Sin embargo, el pasado 24 de agosto, la Suprema Corte de Estados Unidos ordenó a la administración del presidente Joe Biden a cumplir con el fallo emitido por el juez de Texas, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano la resolución de sus casos.

Inmediatamente, el Departamento de Seguridad Nacional respondió mediante un comunicado que, “no estaba de acuerdo con la decisión del tribunal de distrito y lamentaba que la Corte Suprema se negara a emitir una suspensión”. En el mismo comunicado mencionó que “el DHS [Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos] ha apelado la orden del tribunal de distrito y continuará impugnándola enérgicamente”. Sin embargo, indicó que, a medida que el proceso de apelación continúe, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos cumplirá con la orden de buena fe.

También, se cita en el comunicado que, “junto con sus socios interinstitucionales, el DHS [Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos] ha comenzado a participar con el gobierno de México en discusiones diplomáticas en torno a los Protocolos de Protección al Migrante”.

Al día siguiente de la orden de Suprema Corte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, informó mediante el comunicado número 378 que el Departamento de Estado de Estados Unidos presentó de manera oficial la resolución emitida por la Suprema Corte de los Estados Unidos, respecto a la implementación de la sección 235 (b)(2)(C) de su Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Asimismo, informó textualmente que, “en el ánimo de responder de manera humanitaria a las necesidades de las personas migrantes, en el contexto de una compleja situación regional, el gobierno de México iniciará un diálogo técnico con el gobierno de Estados Unidos con el objetivo central de evaluar los escenarios en la gestión de flujos migratorios ordenados, seguros y regulares en la frontera común”.

Si bien, en el mencionado comunicado, la Cancillería aclara que la decisión judicial no tiene ninguna implicación para México, deja entrever que, el gobierno de México podría aceptar nuevamente colaborar con el gobierno de Estados Unidos para restaurar el programa “Permanecer en México”. Aunado a lo anterior, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó durante su conferencia matutina del pasado 26 de agosto que, seguirán ayudando al gobierno de Estados Unidos en el tema migratorio.

Seguramente, el gobierno de Estados Unidos presionará al gobierno de México para que acepte solicitantes de asilo bajo el programa “Permanecer en México”, justo en el momento en que las solicitudes de refugiados en nuestro país van en aumento, esto de acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, quien ha reportado en el primer semestre del año 51,654 peticiones, cifra superior en 25 por ciento a las recibidas durante los 12 meses de todo 2020. En consecuencia, la mayoría de los albergues que reciben población migrante, ubicados en la frontera de México-Estados Unidos, se encuentran totalmente saturados, orillando a estas personas a construir campamentos improvisados en las calles y avenidas.

Ante la difícil situación por la que atraviesa nuestro país en materia de refugio, el gobierno federal no debe ser partícipe con el gobierno de Estados Unidos en la restauración del programa “Permanecer en México”, que es injusto y discriminatorio. Se cuenta con la suficiente evidencia de que ambos gobiernos no han logrado garantizar a las personas que se incorporarán bajo el cobijo de este programa, tengan garantizado su derecho a la alimentación, seguridad, salud, educación y, sobre todo, a recibir un debido proceso a su solicitud de asilo.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, en ejercicio de sus atribuciones, haga pública la información, sobre cuáles serán las bases del diálogo técnico que sostendrá con el gobierno de los Estados Unidos en cuanto a la orden de la Suprema Corte de Justicia de ese país, que obliga a cumplir con el fallo del tribunal para restaurar el Programa de Protección al Migrante, también conocido como “Permanecer en México”.

Notas

1 “Como si me estuviera ahogando” El programa estadounidense “Permanecer en México” perjudica a nin?os, nin?as y familias. Human Rights Watch, enero de 2021.

https://www.hrw.org/es/news/2021/01/06/estados-unidos-el -programa-permanecer-en-mexico-perjudica-ninos-ninas-y-familias (consultado el 4 de septiembre de 2021).

2 “Ordenan reinstalar “Quédate en México”, Reforma . (Consultado el 24 de agosto de 2021.)

3 Vid .,

https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisor ies/traveladvisories/mexico-travel-advisory.html#Tamaulipas%20state (consultado el 24 de agosto de 2021).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2021.

Diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Jalisco a dirigir los recursos materiales, económicos y humanos en las zonas del estado donde ha habido un incremento significativo de contagios de Covid-19 e informar sobre el ejercicio de la deuda pública adquirida durante la pandemia, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Laura Imelda Pérez Segura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de está soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Consideraciones

La vacunación contra el SARS-CoV-II se ha convertido en la principal herramienta de todos los países del mundo para evitar la propagación de la misma. Consiguiendo así, una disminución en el número de decesos.

Sin embargo, debido a la naturaleza genética del virus, es propio que con el paso del tiempo éste mute en su estructura para sobrevivir y adaptarse a nuevos ambientes. Produciendo que nuevas variantes se desarrollen, como la variante B.1.617.2, también conocida como Variante Delta, y el virus resulta con ello, más transmisibles. Traduciéndose en un aumento significativo en el número de casos confirmados, situación que ha derivado que desde el mes de julio exista una tercera ola de contagio en la que se encuentran diversas naciones de Europa, Asia y América, incluido nuestro país1 .

En México, el Gobierno Federal, ha aplicado más de 99 millones de vacunas contra la enfermedad del Covid-19.2 No obstante; en el grupo de la población restante no vacunada, que en su mayoría resultan ser jóvenes, la variante Delta ha resultado tal, que el repunte de casos es comparable a la segunda ola presentada en el periodo invernal 2020-2021. Alcanzando los 3 millones 500 mil casos confirmados3 . Tal como puede observarse en el siguiente gráfico:

Fuente: Secretaría de Salud, Gobierno Federal.

En el Estado de Jalisco, la situación resulta similar al resto de los estados de la república. No obstante, ésta empeora a razón de las medidas tomadas por el Gobernador del Estado a lo largo de la pandemia. Resultando poco eficiente ante la responsabilidad de contener los efectos derivados de la misma, tanto en lo económico, como en lo social y sobre todo en garantizar el acceso a la salud.

De acuerdo con el semáforo de riesgo epidémico del 23 al 5 de septiembre presentado por la Secretaria de Salud, Jalisco se encuentra en el rango medio alto de riesgo, es decir, en color naranja.[4] Contando con 133 mil 159 casos confirmados.[5] Superando, a su vez, el pico más alto de contagios diarios producidos en la segunda ola, ya que el máximo registrado fue de 853.8 casos con fecha del 15 de enero de 2021, frente a los 1 mil 247.2 casos presentados el 30 de Julio del mismo año, diferencia del 46.07%. A continuación, se presenta una representación gráfica de la evolución de la pandemia:

Gráfico II. Casos diarios de Covid-19 en el estado de Jalisco

Fuente: Conacyt, 2021

El crecimiento resulta alarmante, ya que tan solo en el mes de julio, la tasa de crecimiento de casos fue de un 20%, al pasar de 89 mil 131.6 casos a 106 mil 959.4 casos acumulados a final de mes. Mientras que para el mes de agosto, el crecimiento resulta en un 24.49%. Apreciable en el siguiente gráfico de casos acumulados.

Gráfico 3. Curva Acumulada de Casos de Covid-19 en Jalisco

Fuente: Conacyt, 2021

A pesar de tal situación, el Gobernador descartó que se “vayan a aplicar nuevas medidas restrictivas en comercios y otros lugares de recreación, debido a que, aunque hay un escenario similar al de enero de 2021 en número de contagios, la mortalidad y hospitalización por coronavirus son menores.”[6]

Si bien esa narrativa se expresa en el discurso en la realidad es totalmente diferente. Ya que el número de personas que requieren hospitalización ha aumentado.

Se ha llegado al punto crítico de contar con más del 68.8% de ocupación general y el 75.7% en las Unidad de Cuidado Intensivo a Nivel Local. [7]. Es decir, 7 de cada 10 personas hospitalizadas en Jalisco es debido al Covid-19 y 8 de cada 10 que requiere cuidados intensivos por la misma causa.

Fuente: Estado de Jalisco

Focalizándose en regiones, en la que las más afectadas son:8

a. El Centro del Estado que presenta el 65.4% de camas generales ocupadas y el 76.8% de camas en la Unidad de Cuidado Intensivo;

b. Las Costas del Estado, donde Costa Sur presenta el 42.3% de camas generales ocupadas, mientras que la Costa-Sierra Occidental es la más afectada con 59.5% de ocupación en la parte general y el 77.8% en la Unidad de Cuidados Intensivos.

c. La Sierra de Amula, donde el 78.0% de las camas se encuentras ocupadas, y

d. Valles, donde el 67.2% de los hospitales públicos se encuentran llenos.

Fuente: Estado de Jalisco

Analizando de forma más detallada, a nivel municipal, es en los nueve municipios de la Costa Norte y Sur de Jalisco, donde desde el mes de junio a la fecha, han aumentado de manera acelerada el número de personas confirmadas por Covid-19 en ambas regiones. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) se acumulan 19 mil 019 casos, un dato casi similar al que registra el municipio de Tlaquepaque con 19 mil 156. Por la totalidad de confirmaciones, en conjunto, estos municipios costeros ubican en cuarto lugar a nivel estatal.

El impacto de la pandemia en la costa ha sido, por ejemplo, en Puerto Vallarta con 15 mil 333 casos y que por localidad segregada ocupa el cuarto lugar a nivel estatal. Le sigue por municipio de la zona costera Autlán de Navarro con mil 427, Cihuatlán con mil 025 casos; Casimiro Castillo con 404; La Huerta con 393 y Tomatlán con 188 personas confirmadas por Covid-19.9

En estos municipios, la falta de camas para atender a pacientes graves por la enfermedad se complica, por lo que las autoridades estatales los envían vía terrestre y aérea a otras localidades con menos saturación hospitalaria. Sumado a que los habitantes de estas localidades denuncian la falta de pruebas diagnóstica para identificar el virus Sars-CoV2, oxígenos medicinales y de espacios de salud para la atención, y señalan que no existe ningún puesto de vacunación contra el coronavirus. Situación que debe atenderse, ya que las y los ciudadanos tienen por derecho el acceso a la salud.

Es necesario que el estado de Jalisco implemente y disponga de todos los recursos económicos, físicos y de salud para focalizar medidas de atención en las áreas donde se presenta una alta incidencia de contagios, como lo son toda la zona costera y centro del Estado donde se reporta que la atención por parte del Estado no ha sido garantizada. Y no en un mal ejercicio del gasto.

Ya que de acuerdo con el Diario NTR, publicó que, según datos del portal de transparencia el gobierno estatal cuenta con cheques y facturas que sustentan un gasto en publicidad y comunicación de 73.5 millones de pesos de enero a marzo y que, de este monto, sólo 8.4 millones de pesos, un 11.5 por ciento, fue destinado a campañas preventivas contra Covid-19.

Esto durante el periodo en el que se vivió una crisis sanitaria en Jalisco por el alza de contagios y hospitalizaciones, no obstante, se privilegió saldar y hacer gastos de comunicación relacionados al segundo informe del mandatario y la campaña Jalisco se defiende.10

Otro caso a señalar es el favoritismo de Enrique Alfaro hacía ciertas empresas, ya que, la pandemia ha significado una oportunidad importante para las empresas de comunicación ligadas al gobernador Enrique Alfaro Ramírez, pues a lo largo de 2020 y 2021 han cobrado 112.9 millones de pesos (mdp) en 15 dependencias estatales. Monto de recursos entregado a las empresas Indatcom, Euzen y La Covacha.

Como ya se mencionó, es crucial en este momento de la pandemia focalizar los recursos de los que el Estado de Jalisco dispone; pues a pesar de que se aseguró que la deuda contratada en 2020, equivalente a 6 mil 200 millones de pesos se encuentra ya comprometida mediante procesos de licitación o contratación de obras, investigaciones periodísticas indican que aún existen 321 mdp disponibles[11].

Lo anterior, fue corroborado por el coordinador del Comité de Seguimiento a la Deuda, Augusto Chacón Benavides, quien afirmó que “hay más de 300 millones de pesos del crédito que aún no están en proceso de licitación ni contratación”.[12]

Es por lo anteriormente expuesto que pongo a consideración del pleno la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, al Gobierno del estado de Jalisco a establecer medidas que garanticen el acceso a la salud y atención médica en las zonas de alta concentración de casos de COVID-19 en el Estado. Así como a focalizar los recursos materiales, económicos y humanos en atención a las regiones con alta ocupación hospitalaria.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, al Gobierno del estado de Jalisco a clarificar mediante un informe público, el destino y objetivo que tuvieron los recursos adquiridos mediante deuda durante la pandemia por el virus SARS-CoV2, así como a informar el monto que se ha ejercido y lo faltante.

Notas:

1. https://www.telesurtv.net/news/oms-inicio-tercer-ola-pandemia-20210715- 0005.html

2. https://politica.expansion.mx/mexico/2021/08/31/1-de-4-mexicanos-ya-cue nta-con-esquema-completo-de-vacunacion

3. Al 23 de agosto de 2021, disponible en: https://datos.covid-19.conacyt.mx/#DOView

4. Corte preliminar al 22 de agosto de 2021, disponible en: https://coronavirus.gob.mx/semaforo/

5. Actualizado con fecha del 30 de agosto de 2021.

6. Disponible en: https://www.informador.mx/jalisco/COVID-19-en-Jalisco-Alfaro-descarta-n uevas-restricciones-pese-aumento-de-casos—20210809-0067.html

7. Corte preliminar al 22 de agosto de 2021; Disponible en: https://coronavirus.jalisco.gob.mx/indicadores-semanales/

8. Información preliminar al 1 de agosto de 202; disponible en: https://coronavirus.jalisco.gob.mx/indicadores-semanales/

9. https://www.eloccidental.com.mx/local/noticias-contagios-por-covid-19-e n-la-costa-de-jalisco-7062312.html

10. https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=169568

11. https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=170219#.YRPQYFn7HIQ.wha tsapp

12. https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=170171

Palacio Legislativo a 7 de septiembre de 2021

Diputada Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y la Ssa a garantizar con sus homólogas locales el abasto de jabón, gel antibacterial y cubrebocas para estudiantes y persona educativo durante el regreso a clases y su permanencia, a cargo del diputado Alan Castellanos Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Alan Castellanos Ramírez integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A mediados de febrero de 2019, llegó a nuestro país la pandemia de Covid-19 llevando a todos a un confinamiento como medida de protección a nuestra salud, a más de un año de que esta pandemia golpeara a México el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador ha decidido anunciar el regreso presencial a clases de todos los estudiantes a las escuelas.

No obstante, la pandemia por el coronavirus ha tenido efectos adversos en la salud, la economía y el desarrollo social nacional, también, ha afectado otros sectores fundamentales, como es el caso del educativo. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la emergencia sanitaria provocó el cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas en más de 190 países a fin de frenar la propagación del virus y mitigar su impacto. Hasta el 1 de diciembre de 2020, las escuelas de 1 de cada 5 alumnos en el mundo estaban cerradas, afectando a 320 millones de niñas y niños y adolescentes.1

Considerando que para el ciclo escolar 2020-2021 se inscribieron 32.9 millones estudiantes, es decir, 60.6 por ciento de la población de 3 a 29 años no es posible minimizar la importancia de garantizar en su totalidad su seguridad como la de sus familias. Si bien el retorno a clases se realizará de manera gradual es necesario que las instituciones educativas cuenten con todas las medidas de higiene para garantizar la protección y bienestar integral del personal y de nuestras niñas, niños y adolescentes.

La pandemia por Covid-19 ha representado un enorme obstáculo para la impartición de educación en México y alrededor del mundo. Esta emergencia sanitaria ha tenido dos consecuencias significativas que repercutirán a largo plazo en el aprendizaje de las y los niños mexicanos: i) el cierre de los centros escolares y ii) la recesión económica que se produce a partir de las medidas tendientes a controlar la pandemia.2

Lo anterior es especialmente relevante porque incluso antes de esta crisis sanitaria, 258 millones de niños y niñas en edad escolar ya estaban fuera de la escuela. La tasa de pobreza de aprendizaje en los países de ingreso bajo o medio era de 53 por ciento, lo cual significaba que más de la mitad de los niños de 10 años no podían leer.3

Aunado a ello, queda muy alejado el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de la Agenda 2030, que compromete a todas las naciones a garantizar que todas las niñas y niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que debe ser gratuita, equitativa y de calidad.

En este sentido, la Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación (Ecovid-Ed) elaborada por el Inegi, ha señalado que las consecuencias se han materializado:4

En México, el nivel medio superior fue en el que se identificó el porcentaje más alto de no conclusión del ciclo escolar 2019-2020, con 3.6 por ciento, seguido de la secundaria con un 3.2 por ciento. Se identifica además que la no conclusión es ligeramente más alta entre la población que estuvo inscrita en una escuela privada.

En el caso de los hombres esta situación alcanza 5.5 por ciento en comparación con 2.1 por ciento observado para escuela pública; la diferencia entre la no conclusión en escuelas privadas y públicas para las mujeres es un poco menor.

Por otro lado, es importante destacar que más de la mitad (58.9 por ciento) de las y los estudiantes que no concluyeron sus estudios durante el ciclo escolar por un motivo relacionado al Covid-19. Algunas de las principales razones fueron: la pérdida de contacto con maestros, reducción de ingresos en la vivienda o el cierre definitivo de su escuela, tal como se indica a continuación:

Los efectos de la deserción escolar nos deben preocupar a todas y a todos porque acarrea un enorme costo económico para el país, una pérdida de recursos humanos para la sociedad y peor aún: pone en riesgo el futuro de millones de niñas, niños y jóvenes mexicanos. Cuanto más tiempo pasan las y los niños marginados sin asistir a la escuela, es menos probable que regresen. Las y los niños de las familias más pobres ya tienen casi cinco veces más probabilidades de no asistir a la escuela primaria que los niños de las familias con más recursos.

En este sentido, la Estrategia Nacional para el Regreso a Clases Presenciales en las Escuelas de Educación Básica durante el Ciclo Escolar 2020-2021, publicada por la SEP, indica que el regreso a clases presenciales será ordenado, voluntario, gradual y escalonado, comenzando con municipios y comunidades rurales que se encuentren en las entidades ubicadas en semáforo epidemiológico verde.5

Si bien el retorno a clases se realizará de manera gradual es considerado por nuestras autoridades como necesario, las instituciones educativas deberán contar con todas las medidas de higiene para garantizar la protección y bienestar integral del personal y de nuestras niñas, niños y adolescentes.

Por ello, Delfina Gómez Álvarez, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), presentó el decálogo sanitario que se aplicarían en todos los centros educativos para el regreso, planeado para el pasado 30 de agosto.

6

Sin embargo, las autoridades educativas deben minimizar el riesgo de transmisión del Covid-19 en las aulas y los espacios educativos. Ahora más que nunca debemos brindar oportunidades a nuestros estudiantes para que el retorno a clases sea seguro e integral para todos.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable asamblea, el siguiente:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Salud para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas garanticen el abastecimiento de jabón, gel antibacterial y cubrebocas para estudiantes y personal educativo en todo momento durante el regreso a clases y su permanencia.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación y sus homólogas en las 32 entidades federativas para que evalúen, los protocolos de actuación para la prevención de infecciones por el virus SARS-CoV-2 en las escuelas, en el marco del regreso presencial a clases.

Notas

1 Consultado en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/45904-la-educacion-tiempos-la-pa ndemia-covid-19

2 Banco Mundial. “Covid 19: Impacto en la Educación y Respuestas de Política Pública.” Mayo de 2020.

3 Ídem

4 Impacto Covid-19 en la educación en México, Resultados de la encuesta Ecovid-Ed elaborada por el Inegi, marzo 2021. Consultado en https://www.picchihuahua.org/images/doc_focalizados/4-21%20mar%20Impact o%20COVID%20en%20la%20educaci%C3%B3n%20en%20M%C3%A9xico.pdf

5 Secretaría de Educación Pública. Estrategia Nacional para el Regreso a Clases Presenciales en las Escuelas de Educación Básica durante el Ciclo Escolar 2020-2021. Consultado en: https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/2021 05/202105-RSC-Lz0fiisOtD-Estgia_Nac.pdf

6 Gráfico “Decálogo para el regreso a clases seguro en México” disponible en Diario El Siglo:

https://www.elsiglodedurango.com.mx/2021/08/1332946.la-s ep-pedira-responsiva-a-los-padres-para-volver-a-las-aulas.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2021.

Diputado Alan Castellanos Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CNDH a investigar lo ocurrido el sábado 28 de agosto de 2021 en Tapachula, Chiapas, donde un grupo de migrantes, con solicitudes de refugio en México, fue reprimido por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y del INM; y a la SRE, a garantizar la debida protección de sus derechos humanos, a cargo de la diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. El pasado 28 de agosto, un grupo de alrededor de 700 migrantes originarios de los países de Haití, Cuba y Venezuela, asentados en Tapachula, Chiapas, decidieron salir en caravana y seguir su ruta dentro de nuestro país, ante la desesperación y frustración por el largo tiempo de espera con su respuesta de solicitud de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el cual les permite ingresar, transitar y permanecer en México.

Después de algunos kilómetros de camino, se encontraron con un cerco integrado por elementos del Ejército mexicano, la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes le impidieron el paso a base de empujones y golpes.

Varios medios de comunicación publicaron imágenes y videos en donde se muestra a elementos de la Guardia Nacional junto con agentes del INM, impidiendo el paso a los integrantes de la caravana, sin importar que, en medio del conflicto se encontraban niños.1 En otra imagen, se aprecia cómo un agente del INM, “brutalmente” pisa y patea sobre el rostro de uno de los migrantes que se encontraba en el suelo.2

De acuerdo con el diario Reforma, una migrante venezolana les expresó textualmente que, “deseaban ingresar a nuestro país porque ya estaban cansados de Tapachula, no tenemos comida, no tenemos nada”.3

Estos hechos, violan lo dispuesto en la Ley de Migración de México en su artículo 2, primer párrafo de los principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano:

“Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurara? por si? misma la comisión de un delito ni se prejuzgara? la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada”.

Ante este lamentable hecho, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mediante el comunicado DGC/216/2021, exhortó a la COMAR y al INM a fin de agilizar los trámites y procedimientos de los solicitantes de asilo en Tapachula, Chiapas. Se refirió como “manifestaciones de personas en contexto de migración”, a la represión y agresión que sufrieron los migrantes por parte de las autoridades encargadas de salvaguardar su integridad física.4

Sin embargo, cuatro agencias de las Naciones Unidas, con oficinas en México, desde sus cuentas en redes sociales, manifestaron su preocupación sobre estos acontecimientos e hicieron un llamado “para que se garantice la seguridad, respeto y protección de los derechos de las personas migrantes, con énfasis en la niñez y otros grupos con vulnerabilidad”.5

Los comunicados vinieron de parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Organización Internacional para las Migraciones, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y, de la Oficina de la Alta Comisionada de la Naciones Unidas en materia Derechos Humanos.

II. Por otro lado, es inadmisible que, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien, por cierto, pasó de largo a bordo de su camioneta a unos cuantos pasos de distancia de los hechos, no haya condenado las violaciones a los derechos humanos de los migrantes, sino al contrario, al día siguiente de los enfrentamientos mencionó en uno de sus eventos en el estado de Chipas que, su gobierno va a seguir conteniendo migración.6

Como diputada migrante, me indignan estos acontecimientos, porque no debemos olvidar que, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, somos el segundo país con el mayor número de personas migrantes en el mundo, con 11 millones 800 mil personas. Asimismo, el gobierno mexicano ha condenado enérgicamente similares agresiones y violaciones a derechos humanos de los mexicanos que residen en el extranjero, particularmente en Estados Unidos.

El trato que se les está dando a los migrantes centroamericanos y caribeños, contrasta con la acertada atención y solicitudes expeditas de refugio que el Gobierno de México ha dado a las personas afganas que han arribado a nuestro país.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene la obligación constitucional de actuar ante las evidentes violaciones a los derechos humanos de los migrantes en Tapachula, Chiapas, ocurridos el pasado 28 de agosto. Debemos recordarle que es un organismo autónomo, el cual debe de proceder por oficio ante situaciones como esta, en que es evidente la violación a los derechos de las personas que habitan o transitan por nuestro país, en términos del artículo 1o. constitucional.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que investigue los hechos ocurridos del pasado sábado 28 de agosto en Tapachula, Chiapas, en donde un grupo de migrantes con solicitudes de refugio en México, fueron reprimidos por elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, en ejercicio de sus atribuciones, garantice la debida protección de los derechos humanos de las personas migrantes que se encuentran en Tapachula, Chiapas, y atienda positivamente sus respectivas solicitudes de refugio en México.

Notas

1 “Llevamos niños, somos migrantes”, Reforma . Disponible en: https://www.reforma.com/llevamos-ninos-somos-migrantes/gr/vi148394?ap=1 &utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=promocio n_suscriptor (consultado el 29 de agosto 2021).

2 “Captan en video a agente mexicano pateando cabeza de migrante en Tapachula”, El Universal . Disponible en:

https://www.eluniversal.com.mx/estados/captan-en-video-a gente-mexicano-pateando-cabeza-de-migrante-en-tapachula (consultado el 29 de agosto de 2021).

3 “Queremos Seguir”, Reforma . Consultado el 29 de agosto de 2021).

4 “CNDH exhorta a COMAR e INM a fin de agilizar trámites en favor de personas migrantes en Tapachula, Chiapas”, CNDH. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-08/COM_2021 _216.pdf

5 Vid., Organización Internacional para las Migraciones. Disponible en:

https://twitter.com/oim_mexico/status/143206653416848589 6?s=21 (consultado el 29 de agosto de 2021).

6 “Vamos a seguir conteniendo migración”, Reforma . (Consultado el 29 de agosto 2021.)

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2021.

Diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a incorporar por la Subsecretaría de Educación Básica los planteles de Chicoloapan y Chimalhuacán, México, en el programa La Escuela es Nuestra, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, César Agustín Hernández Pérez, Diputado Federal integrante de la LXV Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), establece el derecho fundamental de toda persona a la Educación, donde se considera que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos.

Por su parte, el párrafo noveno del artículo 3o. de la CPEUM, prevé que los planteles educativos constituyen el espacio fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje y mandata al Estado para que garantice que los materiales didácticos, la infraestructura escolar, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación.

De igual manera el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 12 de julio de 2019, en su Eje General II. Política Social, apartado “Derecho a la Educación”, establece el compromiso del Gobierno Federal para mejorar las condiciones materiales de las escuelas del país, así como a garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación.

Al respecto, el Programa Sectorial de Educación 2020-2024, publicado en el DOF el 06 de julio de 2020, establece como objetivo prioritario 1: Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y como objetivo prioritario 4: Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional.

Por su parte, el artículo 105 de la Ley General de Educación señala que, para el mantenimiento de los muebles e inmuebles, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar los servicios educativos, concurrirán los gobiernos federales, estatales, municipales y, de manera voluntaria, madres y padres de familia o tutores y demás integrantes de la comunidad.

En función de lo anterior, el Gobierno de la Republica ha emitido el Programa denominado “La Escuela es Nuestra”, el cual a partir del ejercicio fiscal 2019 considera dentro de su objetivo general, asignar subsidios para mejorar las condiciones de la infraestructura y el equipamiento de los planteles públicos de Educación Básica priorizando los ubicados en zonas de muy alta y alta marginación y localidades de población indígena, mediante la entrega de subsidios económicos directos a las Comunidades Escolares para el mantenimiento, rehabilitación, equipamiento, material didáctico, y/o construcción de planteles educativos, a fin de que mejoren las condiciones del servicio educativo público, con la participación de las Comunidades Escolares. Dicho Programa fue considerado dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021, como uno de los principales programas de la Secretaría de Educación Pública.

En este orden de ideas, el 26 de enero del presente año, el ejecutivo tuvo a bien publicar el acuerdo por el que se emiten los lineamientos de operación del Programa “La Escuela es Nuestra,” el cual está dirigido a comunidades escolares de las escuelas públicas de Educación Básica, cuyo objetivo es “mejorar las condiciones de Infraestructura y Equipamiento de los Planteles públicos de Educación Básica además de proporcionar y establecer escuelas con Servicio de Alimentación, a través de la asignación de subsidios de manera directa a los CEAP, así como establecer de forma gradual y progresiva escuelas de horario completo de Educación Básica, con jornadas entre 6 y 8 horas diarias, mediante la asignación de subsidios al Personal Educativo, que permitan promover un mejor aprovechamiento del tiempo disponible, mejorar el desempeño académico, desarrollo integral y fortalecer la seguridad alimentaria del Alumnado, que incidan en la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje y la paulatina superación de las desigualdades entre las escuelas del país, contribuyendo a su permanencia en el Sistema Educativo Nacional.”

Lamentablemente, no todas las escuelas son acreedoras a los beneficios que brinda el programa; por ello, y asumiendo que el derecho humano a la educación consagrado en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es prioritario para todo ser humano y a fin de brindar apoyo y acompañamiento a los educandos de las escuelas que se encuentran en los municipios de Chimalhuacán y Chicoloapan presento este exhorto a fin de solicitar a la Secretaría de Educación para que a través de la Subsecretaría de Educación Básica incorpore a las escuelas de los municipio de Chicoloapan y Chimalhuacán en el Programa “La Escuela es Nuestra.”

Sirva de soporte para la petición que precede los siguientes datos estadísticos, basados en el Informe de Pobreza o Evaluación 2020, Estado de México, elaborado por Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social:

“De acuerdo con los resultados de la medición de la pobreza 2018, el 42.7% de la población de la entidad vivía en situación de pobreza, es decir, 7,546,500 personas, aproximadamente. De este universo, el 37.8% (cerca de 6,680,800 personas) estaba en situación de pobreza moderada, mientras que el 4.9% de la población se encontraba en situación de pobreza extrema (alrededor de 865,700 personas). El porcentaje de pobreza en Estado de México es 0.8 puntos porcentuales mayor que el porcentaje nacional (41.9%).

En ese mismo año, el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales en Estado de México fue de 28.1%, es decir, 4,968,400 personas, aproximadamente, presentaron al menos una carencia. Al mismo tiempo, 8.7% de la población era vulnerable por ingresos, lo que significa que alrededor de 1,541,400 personas no tenían los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas.”

En específico señala que, en el 2015 uno de los municipios con mayor número de personas en pobreza fue Chimalhuacán, tal y como se puede apreciar en la siguiente gráfica:

A lo anterior, además se suman los estragos que la pandemia por el Covid 19 está dejando en los diferentes ámbitos: personal, social, laboral, salud y educativo. En éste último punto, para nadie es ajeno que las escuelas tienen diversas carencias en infraestructura, equipamiento, mantenimiento o material didáctico que, además le suma la desigualdad social entre los educandos; por ello, es importante que las escuelas sean apoyadas para que puedan dar cumplimiento a la obligación constitucional que tiene el Estado mexicano de garantizar una educción universal, inclusiva, pública, gratuita y laica en todos los niveles.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación para que a través de la Subsecretaría de Educación Básica incorpore a las escuelas del municipio de Chicoloapan y Chimalhuacán en el Programa “La Escuela es Nuestra”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre 2021.

Diputado César Agustín Hernández Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la construcción de la obra del Ferrocarril del Istmo, y la extensión de Ixtepec a Tapachula, a cargo del diputado José Luis Elorza Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

José Luis Elorza Flores, en mi calidad de diputado federal de la LXV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primero. La influencia del ferrocarril en la organización del territorio y en la evolución de la red de ciudades es bien conocida, y ha dado lugar a una amplia tradición de estudios. Pero las investigaciones sobre la instalación y la evolución de redes ferroviarias han experimentado en los últimos años un gran desarrollo, debido a los importantes cambios que se han producido.

En México, la historia ferrocarrilera comenzó en 1837 cuando el presidente Anastasio Bustamante le otorgó al ex-ministro de hacienda Francisco Arriaga, la construcción de la primera línea ferroviaria que pretendía enlazar el puerto de Veracruz a la capital de México a un costo estimado de $ 6,500,000. Sin embargo, fue hasta el 16 de septiembre de 1850 que se inauguraron los primeros 13 km. desde el puerto hasta el Molino. Tres semanas después se abrió este primer tramo al público.1

En 1856 el presiente Comonfort otorgó una concesión a la familia Escandón para construir una línea desde la capital hasta antes mencionado puerto. Se puso en servicio el tramo México a la Villa de Guadalupe en julio del año siguiente.

En 1858, Manuel Escandón declaró: “Desde que en Europa hubo ferrocarriles, la idea de hacer uno en México ha sido en mi una especia de manía. Considero que lo que me queda por hacer en la tierra es esta obra clásica... Mis recursos los he empleado sin tasa en el negocio excediendo ya de 2, 000,000 de pesos los que van invertidos hasta el presente”.

A pesar del entusiasmo implícito en esta manía, fue hasta diciembre de 1872 que se le completó y llevando el Presidente Sebastián de Lerdo de Tejada el primer tren procedente de la Ciudad de México llegó al puerto el 1 de enero de 1873.

A partir de 1849 los distintos gobiernos federales otorgaron unas trece concesiones para la construcción y manejo de líneas ferroviarias en el norte de México. Sin embargo fue hasta 1880 con una concesión a los dueños e inversionistas de la Atchison, Topeka y Kansas, que se constituyó el Ferrocarril Central Mexicano que inició la construcción de una línea que enlazara Ciudad Juárez a la Ciudad de México.

Durante las próximas dos décadas se construyeron y se compraron otras vías que incorporaron Veracruz, Querétaro, Acámbaro, Uruapan, Maravatio, Zitácuaro, Angangeo, Colima y Manzanillo, Matamoros y Pachuca, entre otros lugares.

En 1902, se reincorporaron en Utah como el National Railroad of Mexico y antes que terminara el año de 1903, cambiaron sus vías a 1,435 mm. lo que se consideraba la anchura estándar. Durante los próximos seis años el gobierno central tomó el control de Ferrocarriles Nacionales de México como lo que hoy en día se hubiera llamado una para estatal.

A llegar a la presidencia, Francisco I. Madero se juntó con el gremio ferrocarrilero en forma de la Unión Mexicana de Mecánicos que le apoyaba. En el mismo año de 1912, se inició la construcción de la primera locomotora nacional en los talleres de Aguascalientes –la 40. La construcción de su bastidor estaba a cargo de cuatro señores: Tirso Oreñana; Evaristo Martínez; Lorenzo Rodríguez y Silvestre G. Trujano.

A terminar la Revolución Mexicana, la infraestructura ferroviaria construida en el siglo antepasado y principios del siglo XX, quedó en tal mal estado que no servía para mucho, por ende, se tuvo que iniciar el periodo posrevolucionario con la rehabilitación de la infraestructura por completo comprando nuevo equipo, corrigiendo trazos y construyendo nuevas vías para facilitar la integración nacional y comunicación entre los principales centros de producción y distribución del país, ya que el ferrocarril era el único medio disponible para cubrir la necesidad de transportar grandes cantidades largas distancias .

Sin embargo, en 1926 siendo presidente Plutarco Elías Calles, se entregaron los bienes ferroviarios a quienes presentaron los títulos de propiedad idóneos. En 1938 el Presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó Ferrocarriles Nacionales de México, y durante los siguientes sesenta años fue un factor dominante en la infraestructura y desarrollo de México. A mediados de la década de los noventas, el Presidente Zedillo se lo vendió a cuatro entes diferentes, de los cuales todos han sufrido modificaciones en los últimos años.

Inconforme con el manejo de Ferrocarriles de México, el 23 de junio de 1937, el entonces Presidente Lázaro Cárdenas decretó la expropiación de sus bienes y la mayoría de las líneas que hasta entonces quedaron independientes o semindependientes, ya que formaron las bases de un sistema nacional. Así pasaron a manos de los trabajadores bajo la supervisión de un departamento de estado que se encargó de su administración.

No obstante, a pesar de las oportunidades que se presentaron la Segunda Guerra Mundial y la expansión económica las siguientes décadas, Ferrocarriles Nacionales de México fracasó por falta de disciplina obrera y gubernamental. En lugar de subir las tarifas y reducir subvenciones, tanto los trabajadores como el gobierno trataron de salirse con la suya a costa de la calidad del servicio y el éxito empresarial.

Segundo. La Estación de Ferrocarril de Tapachula fue inaugurada a principios del siglo XX. La primera descripción del lugar data de 1913, hecha por el escritor y aventurero británico Hugh Pollard.

“La estación se compone de un edificio de ladrillos, un almacén, estación de telégrafos, taquilla y oficina de correos. Afuera en el camino se plantan pesados postes de enganche para los caballos, que se encuentran en el sol mientras sus amos (...) se reúnen alrededor de la estación. Hacen una pintoresca escena, los hombres con sus grandes sombreros de paja, fumando cigarrillos hechos a mano, mientras que las mujeres charlan y compran fruta, huevos y tortillas.”2

En el periodo posterior a la revolución, el modesto edificio, se fue ampliando con andenes techados con losa de concreto en cantiliver y una sala de espera con amplios portones, se agregó un cuerpo central de dos niveles, entre la sala de espera y las oficinas de telégrafo y correo, que albergaba en planta baja la taquilla y en el primer nivel un departamento para maquinistas, la fachada, estaba decorada con molduras escalonadas de influencia art deco que se complementaba con vanos verticales, largos y estrechos, entre pilastras adosadas.3

Tercero. En octubre de 2005, con el paso del huracán Stan, el sistema ferroviario de la Costa de Chiapas, administrado por la concesionaria Chiapas Mayab, colapsó en varios tramos. Esto hizo imposible el paso del tren. Ante la magnitud del desastre se impuso el pragmatismo: no era redituable reconstruir, así, el ferrocarril de la costa cayó lentamente en el olvido. Como última decisión desafortunada, se concedió autorización al municipio de Tapachula para convertir el área alrededor de la estación en depósito temporal de basura a cielo abierto. 4

Ante este panorama el 23 de agosto pasado de 2016, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó en el Diario Oficial de la Federación la conclusión final del contrato de cesión de derechos que tenía la Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab del tramo ferroviario de la Costa de Chiapas,5 que en sus puntos fundamentales señalaba que quedaba extinguida y sin efectos la Concesión otorgada en favor de Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab, SA de CV, respecto de las vías generales de comunicación ferroviaria Chiapas y Mayab y a la letra decía:

“Resolutivos

Primero. Por causas de interés público, utilidad pública y seguridad nacional se declara el rescate de la Concesión otorgada en favor de Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab, S.A. de C.V., respecto de las vías generales de comunicación ferroviaria Chiapas y Mayab, en términos del Título de Concesión, de fecha 26 de agosto de 1999 y modificado con fecha 22 de octubre de 2012.

Segundo. A partir de la legal notificación de la presente resolución que contiene la Declaratoria de rescate, queda extinguida y sin efectos la Concesión a que se refiere el resolutivo Primero.

Tercero. A partir de la fecha de la legal notificación de esta Declaratoria, los bienes materia de la Concesión vuelven de pleno derecho a la posesión, control y administración de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes e ingresan a su patrimonio la totalidad de los bienes, derechos, equipos e instalaciones destinados directamente a los fines de la Concesión, de conformidad con lo previsto en el párrafo segundo del artículo 19 de la Ley General de Bienes Nacionales.

Cuarto. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes autoriza a Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab, SA de CV, a retirar y disponer de los bienes, equipos e instalaciones de su propiedad afectos a la concesión. Para tal efecto, se le concede un plazo de 60 (sesenta) días hábiles, contados a partir de la fecha de la legal notificación de la presente Declaratoria.

Quinto. De conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 19 de la Ley General de Bienes Nacionales, la indemnización se determinará conforme a las bases generales siguientes:

1. El monto se calculará con base en las inversiones efectuadas y debidamente comprobadas, establecidas en el Plan de Negocios y autorizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

2. Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab, S.A. de C.V., deberá presentar ante la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, la documentación que acredite dichas inversiones y el monto de las mismas.

3. Para la presentación de la documentación antes referida, se concede a Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab, S.A. de C.V. un plazo de 90 (noventa) días hábiles, contados a partir de la fecha de la legal notificación de la presente Declaratoria.

Transcurrido el plazo antes señalado, con la documentación que obra en el expediente y con la que, en su caso, presente Compañía de Ferrocarriles Chiapas y Mayab, S.A. de C.V., la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal integrará el expediente relativo a la indemnización.

4. Una vez integrado el expediente por la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, se dará la intervención que corresponda al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, en los términos dispuestos en el artículo 143, fracción IX de la Ley General de Bienes Nacionales.

Sexto. La presente resolución que contiene la Declaratoria de rescate entrará en vigor a partir de su legal notificación.

Séptimo. De conformidad con el artículo 20 último párrafo de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, la terminación de la Concesión no extingue ningún tipo de obligaciones contraídas por el concesionario durante su vigencia, incluyendo los seguros.

Octavo. La Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vigilará el cumplimiento de la presente Declaratoria.

Noveno. Notifíquese personalmente a Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab S.A. de C.V., en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Décimo. Publíquese la presente Declaratoria en el Diario Oficial de la Federación y háganse las anotaciones administrativas y registros de ley.

Décimo Primero. Hágase del conocimiento de Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab S.A. de C.V. que puede impugnar la presente resolución, en términos de los artículos 3, fracción XV, y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, mediante el recurso administrativo de revisión ante esta Secretaría, dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles contados a partir del día siguiente de su legal notificación o a través del juicio contencioso administrativo federal, en términos del artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro del plazo de 30 (treinta) días hábiles contados a partir del día siguiente de su legal notificación.”

Cuarto. Al respecto es necesario precisar que se entiende por interés público, utilidad pública y seguridad nacional.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 25 párrafo séptimo, 27 párrafos tercero, quinto y décimo en sus fracciones XVIII y XX , y 28 párrafo decimo primero, entre otros, lo referido al interés público y a la letra señala:

“Artículo 25 . Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

...

Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general , de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

...”

“Artículo 27...

...

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público , así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

...

Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten las entidades federativas.

...

La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá por las siguientes prescripciones:

...

XVIII. Se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechas por los Gobiernos anteriores desde el año de 1876, que hayan traído por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la Nación, por una sola persona o sociedad, y se faculta al Ejecutivo de la Unión para declararlos nulos cuando impliquen perjuicios graves para el interés público .

...

XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Así mismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.

El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.”

“Artículo 28 ....

El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público.

...”

Por otra parte, la utilidad pública se refiere a aquella actividad, bien o servicio que es de beneficio o interés colectivo, ya sea para los ciudadanos de un país o a mayor escala, para la humanidad en su conjunto. La utilidad pública se contrapone a la utilidad privada en el sentido de que no busca el beneficio de una persona o un grupo, sino que se enfoca a beneficiar a un conjunto amplio de individuos.

El concepto de utilidad pública se aplica a diversas situaciones tales como:

• Guía en los principios del Gobierno;

• La construcción de infraestructuras de uso común;

• La expropiación de tierras (que deben destinarse a otros usos comunes);

• La creación de organizaciones o entidades que promueven el bienestar social; y

• Entre los objetivos perseguidos por las entidades de utilidad pública se encuentran: educación, consciencia cívica, desarrollo científico, cultura, deporte, sanidad, promoción de valores de la constitución, promoción de los derechos humanos, cooperación para el desarrollo, protección de la mujer, protección de la infancia, defensa del medio ambiente, protección de la igualdad y tolerancia, defensa de los consumidores, entre otros.

La Ley de Expropiación en su artículo 1º. señala cuales son las causas de utilidad pública y menciona:

“Artículo 1o. La presente ley es de interés público y tiene por objeto establecer las causas de utilidad pública y regular los procedimientos, modalidades y ejecución de las expropiaciones.

Se consideran causas de utilidad pública:

I. El establecimiento, explotación o conservación de un servicio público;

II. La apertura, ampliación o alineamiento de calles, la construcción de calzadas, puentes, caminos y túneles para facilitar el tránsito urbano y suburbano;

III. El embellecimiento, ampliación y saneamiento de las poblaciones y puertos, la construcción de hospitales, escuelas, parques, jardines, campos deportivos o de aterrizaje, construcciones de oficinas para el Gobierno Federal y de cualquier obra destinada a prestar servicios de beneficio colectivo.

III Bis. La construcción de obras de infraestructura pública y la prestación de servicios públicos, que requieran de bienes inmuebles y sus mejoras, derivada de concesión, de contrato o de cualquier acto jurídico celebrado en términos de las disposiciones legales aplicables.

IV. La conservación de los lugares de belleza panorámica, de las antigüedades y objetos de arte, de los edificios y monumentos arqueológicos o históricos, y de las cosas que se consideran como características notables de nuestra cultura nacional;

V. La satisfacción de necesidades colectivas en caso de guerra o trastornos interiores; el abastecimiento de las ciudades o centros de población, de víveres o de otros artículos de consumo necesario, y los procedimientos empleados para combatir o impedir la propagación de epidemias, epizootias, incendios, plagas, inundaciones u otras calamidades públicas;

VI. Los medios empleados para la defensa nacional o para el mantenimiento de la paz pública;

VII. La defensa, conservación, desarrollo o aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de explotación;

VIII. La equitativa distribución de la riqueza acaparada o monopolizada con ventaja exclusiva de una o varias personas y con perjuicio de la colectividad en general, o de una clase en particular;

IX. La creación, fomento o conservación de una empresa para beneficio de la colectividad;

X. Las medidas necesarias para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la colectividad ;

XI. La creación o mejoramiento de centros de población y de sus fuentes propias de vida;

XII. Los demás casos previstos por leyes especiales.”

Y la Ley de Seguridad Nacional en sus artículos 3º y 5º establece que debe entenderse por seguridad nacional y amenazas a la seguridad nacional y menciona:

Artículo 3 . Para efectos de esta Ley, por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a:

I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país;

II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio;

III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno;

IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y

VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes.

Artículo 5. Para los efectos de la presente Ley, son amenazas a la Seguridad Nacional:

I. Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional;

II. Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano;

III. Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada;

IV. Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la

delincuencia organizada;

VI. Actos en contra de la seguridad de la aviación;

VII. Actos que atenten en contra del personal diplomático;

VIII. Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva;

IX. Actos ilícitos en contra de la navegación marítima;

X. Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas;

XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia;

XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos, y

XIII. Actos ilícitos en contra del fisco federal a los que hace referencia el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.”

Para el caso, resulta evidente que con la extinción de la Concesión otorgada en favor de Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab, SA de CV, respecto de las vías generales de comunicación ferroviaria Chiapas y Mayab no se atendió ninguna causa de interés público, utilidad pública o de seguridad nacional y solo se declara el rescate de la concesión, para favorecer a las empresas privadas en términos de la política económica neoliberal que hasta esa fecha imperaba en el gobierno federal.

Quinto. En diciembre de 2018, y solo se había utilizado la estación de Tapachula como tiradero de basura a cielo abierto, el cual se había extendido a los interiores de la antigua estación, todas las puertas y ventanas de herrería habían desaparecido, al igual que la tubería hidráulica y sanitaria de hierro colado. Incluso el poliducto, cableado, contactos, interruptores y lámparas habían sido literalmente arrancados de los muros. Algunos vanos habían sido toscamente tapiados con escombro, para poder almacenar más basura, y los alrededores se habían convertido en punto de encuentro de las pandillas de la Mara Salvatrucha y vendedores de estupefacientes. Por las noches los andenes se convertían en dormitorio y letrina para personas sin techo y en condición de indigencia.6

La empresa Chiapas Mayab hace tiempo se había disuelto, ante este panorama, el gobierno federal se había limitado a liquidar uno a uno los restos del antiguo paso del ferrocarril por Tapachula, esto implicaba desmantelar todo vestigio incluyendo maquinaria y equipo rezagado, rieles y por supuesto el edificio de la Antigua Estación de Ferrocarril.

El único esfuerzo que se ha realizado para rescatar los restos de la antigua estación de su destino como tiradero de basura, esto se hizo a través de una convocatoria a través de la red social Facebook, con una fotografía del estado de la estación y la leyenda: “Acción ciudadana para el rescate de la Estación de trenes de Tapachula”.

Por medio de esa primera publicación se fueron hilvanando apoyos y encontrando acuerdos, de las redes sociales se pasó a mesas de trabajo presenciales, se convino una fecha: el 18 de diciembre de 2018, para concentrar esfuerzos y retirar toda la basura del lugar, la convocatoria también estuvo acompañada de un intenso cabildeo ante colegios de profesionistas, asociaciones civiles y funcionarios municipales.

Sin embargo, cabe mencionar que esto debe ser una tarea del gobierno federal, municipal y de la iniciativa privada el rescatarlo. Por su importancia económica el tren de Tapachula y la vía de la costa no puede continuar así. Debe darse le un giro a su uso meramente histórico y conservacionista al de desarrollo regional de todo el sur de Chipas .

Sexto. En este orden de ideas, el Tren del Istmo de Tehuantepec, que va de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz, contará con una extensión que conectará el Corredor Interoceánico con Guatemala.

Es decir, el nuevo Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec es un proyecto de gobierno federal con impacto internacional en diversos temas, entre los que se encuentra la interconexión con puntos estratégicos en el sur del país.

La vocería del Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec, entre otros puntos, afirmo que:

“El proyecto de conexión entre el ferrocarril de Guatemala y el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec se realizará a través del puente fronterizo Rodolfo Robles que conecta a las ciudades de Tecún Umán, Guatemala y será estratégico para el programa de la frontera sur que impulsa el Gobierno de México”.7

En enero pasado, el director general del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) afirmó que los gobiernos de su país y de México planeaban la firma de un acuerdo para que las vías ferrocarrileras pudieran ingresar desde México hacia Guatemala.

El punto de conexión en México será Ciudad Hidalgo, Chiapas, separada de norte a sur por el río Suchiate de la localidad guatemalteca y se conectará con el tren del Istmo con el ferrocarril de Ixtepec, Oaxaca a Tapachula, Chiapas .

El Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec contempla no solo la modernización del ferrocarril del Istmo, sino que también incluye la modernización de los dos puertos y carreteras en la zona, así como la infraestructura de gas natural .

También abarca el mantenimiento y rehabilitación de las refinerías de Salina Cruz y Minatitlán; desarrollo de centrales eólicas eléctricas, y la instalación de fibra óptica subterránea para dotar de servicio de internet a la zona.

El viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó que la obra del Ferrocarril del Istmo, así como la extensión de Ixtepec a Tapachula quedarían a cargo de la Secretaría de Marina, así como de los gobiernos estatales de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. 8

Las obras del Corredor Interocéanico registraban al 1 de marzo pasado un avance de 32%, de acuerdo con el CIIT, mismo que también se conectará con el Tren Maya en el punto de conexión de Palenque, Chiapas.9

Es decir, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ya esta tomando medidas para el desarrollo económico del Estado de Chiapas y del sur del país en general, sin embargo, deben apresurarse los trabajos dada urgencia de salir de la crisis que provoco la pandemia del Covid -19, en Chiapas y en todo México .

Por las razones anteriormente señaladas, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, en uso de sus facultades, otorgue recursos suficientes a los gobiernos estatales de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como la Secretaría de Marina, para que, en el ámbito de su competencia, se acelere la construcción de la obra del Ferrocarril del Istmo, así como la extensión de Ixtepec a Tapachula.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a los gobiernos estatales de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco para que, en el ámbito de su competencia, acelere la construcción de la obra del Ferrocarril del Istmo, así como la extensión de Ixtepec a Tapachula.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Secretaría de Marina, para que en el ámbito de su competencia y en pleno uso de sus atribuciones y facultades, acelere la construcción de la obra del Ferrocarril del Istmo, así como la extensión de Ixtepec.

Notas

1 Instituto Nacional de Antropología e Historia. Centro INAH Chihuahua. Artículo de Divulgación. 2 de julio de 2015.

http://www.inahchihuahua.gob.mx/articulos.pl?id=68

2 Arquine, 2 de marzo de 2020. Tácticas de guerrilla por el patrimonio en la frontera Sur. La Estación Cultural Tapachula.

https://www.arquine.com/tacticas-de-guerrilla-por-el-pat rimonio-en-la-frontera-sur-la-estacion-cultural-tapachula/

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 DOF. 23 de agosto de 2016. Resolución que contiene la Declaratoria de rescate de la Concesión otorgada en favor de

Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab, S.A. de C.V.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5448911&fecha=23/08/2016

6 Arquine, 2 de marzo de 2020, Obra citada.

7 Forbes. 23 de marzo de 2021. Tren del Istmo se conectará con Guatemala vía Tapachula.

https://www.forbes.com.mx/tren-del-istmo-se-conectara-co n-guatemala-via-tapachula/

8 Ídem.

9 La misma.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2021.

Diputado Federal José Luis Elorza Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Jucopo de esta soberanía a realizar una sesión solemne por la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, a cargo del diputado Manuel Vázquez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Manuel Vázquez Arellano, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como demás relativos y aplicables, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala Guerrero, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron desaparecidos en uno de los episodios más graves de violaciones a derechos humanos de la historia de nuestro país.1

En dicha fecha, los alumnos de la Normal acudieron a la ciudad de Iguala a tomar autobuses para participar en la conmemoración del 2 de octubre de 1968. A pesar de que esto era una actividad habitual, en dicha ocasión no ocurrió de esa forma, los estudiantes fueron atacados por policías municipales, otras corporaciones de la fuerza pública y civiles, miembros de una organización criminal presente en la zona, llamada Guerreros Unidos . Estos abrieron fuego contra los estudiantes para evitar que salieran de la ciudad. Esa noche continuaron las agresiones contra los estudiantes.

El saldo de ese evento fue de 43 jóvenes estudiantes desaparecidos; 6 personas ejecutadas, entre éstas, 3 normalistas incluyendo un joven cuyo cuerpo apareció al día siguiente con claras muestras de tortura; al menos 40 personas lesionadas, contando a dos estudiantes que resultaron con afectaciones graves y permanentes a su salud. En total, más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a derechos humanos esa noche y alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas, considerando a los familiares de los agraviados.2

Lo acontecido durante la noche de Iguala se enmarca en un contexto particular de violencia sistemática y generalizada, donde las prácticas por parte del Estado y de los grupos de la criminalidad organizada, replican aquellas perpetradas por el Estado mexicano durante la Guerra sucia . Se trata de un contexto que responde a la forma en que los gobiernos neoliberales han decidido, históricamente, combatir el crecimiento de las organizaciones del crimen organizado en nuestro país: a través de la violencia.

El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa cristalizó de manera profundamente dolorosa la crisis de violencia que atraviesa nuestro país desde hace más de una década. Una crisis que ha cobrado miles de vidas inocentes, produciendo la desaparición forzada de miles de personas y destruyendo seriamente el tejido social. Este caso es un ejemplo de cómo en México, durante décadas de gobierno corruptos, las fuerzas del crimen organizado estuvieron coludidas con las instituciones del Estado en todos los niveles. Es un claro ejemplo de la impunidad en nuestro país y de la falta de capacidades forenses para resolver crímenes.

El caso de desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, no solo resultó grave para las personas víctimas, sus familiares y la comunidad que las rodeaba, sino que su atrocidad rebasó fronteras e impactó a la comunidad internacional. Movimientos solidarios constituidos por cientos de personas alrededor del país y del planeta alzaron sus voces por meses para exigir la búsqueda, con o sin vida, de los estudiantes víctimas del crimen de Estado, justicia para las víctimas y su familiares, garantías de no repetición de lo acontecido, la reparación del daño y el esclarecimiento de la verdad.

Las irregularidades practicadas en la investigación han impedido que se logre alcanzar justicia para los normalistas y sus familias; perpetuando el histórico pacto de impunidad. La falta de claridad en torno a los hechos, a los actores que los perpetraron, a las causas y, en general, a lo acontecido esa noche, aunado a la incapacidad del Estado mexicano de realizar con la debida diligencia las investigaciones necesarias para encontrar a los normalistas, suscitó la necesidad del apoyo de expertos internacionales: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó la conformación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para acompañar en la investigación de los crímenes y sus responsables, la búsqueda de los desaparecidos y la atención a las víctimas y familiares.3

La búsqueda incansable de los familiares y de quienes se han solidarizado con su causa, así como de sus exigencias al Estado mexicano, ha tenido como resultado, además de la identificación de 3 de los 43 normalistas (Alexander Mora, Christian Alfonso Rodríguez y Jhosivani Guerrero) y el establecimiento de un Mecanismo de Seguimiento del Asunto Ayotzinapa (MESA) por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Con el gobierno de la Cuarta Transformación, el Presidente de la República Mexicana, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha apostado por la búsqueda de justicia a partir de mecanismos de justicia transicional y se ha comprometido con el caso de Ayotzinapa, nombrándolo un Asunto de Estado . Para ello ha realizado varias acciones para garantizar que se alcance la justicia.

Entre las acciones que ha realizado el gobierno de la Cuarta Transformación para alcanzar la justicia en este caso, se encuentran la designación, en junio de 2019 de fiscal especial para atender el caso. Se trata de Omar Gómez Trejo, quien formó parte del equipo de investigación del GIEI. También, creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, una demanda que los familiares habían presentado desde hace varios años. Desde enero pasado el gobierno de López Obrador aceptó reinstalar al GIEI, como lo había solicitado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.4

Los familiares; los estudiantes que sobrevivieron, hoy agrupados en un colectivo entre cuyos miembros está el Diputado Manuel Vázquez Arellano, conocido públicamente como Omar García, quien firma esta proposición; los que ahora asisten a la Normal y miles de mexicanos mantienen la esperanza y la colaboración con las autoridades para que pueda esclarecerse lo sucedido con esos 43 jóvenes y con otras más de 90 mil personas desaparecidas en México.5 Es fundamental que cese el trato cruel e inhumano en que los mantiene la ignorancia sobre el paradero de las víctimas y les impide el acceso a la justicia. 7 años han transcurrido desde el 26 de septiembre de 2014 y la sociedad mexicana no ha tenido respuesta.6

Por esto, a la luz del compromiso de la Cuarta Transformación con las víctimas y la responsabilidad histórica de luchar por la justicia y no olvidar los agravios del pasado, en el marco del 26 de septiembre, es nuestra obligación como legisladores realizar una sesión solemne que sirva como ejercicio de memoria histórica que promueva la reflexión en relación con los hechos del pasado para pensar y construir un mejor porvenir.

Asimismo, buscamos que esta fecha sea el marco para que se informe sobre los avances del Gobierno Federal sobre el caso Ayotzinapa y sus avances en los mecanismos para encontrar a las víctimas de desaparición forzada. Así como en la agenda de derechos humanos. Para esto proponemos que en esta sesión el Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, presente un informe sobre dichas acciones.

Fundamenta la presente solicitud de llevar a cabo una sesión solemne conforme a las consideraciones expuestas, el artículo 38 fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados que a la letra establece lo siguiente:

Artículo 38. El Pleno, a propuesta de la Junta, podrá decretar o acordar la celebración de sesiones solemnes para:

I. Conmemorar sucesos históricos o efemérides,

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Junta de Coordinación Política proponga al Pleno la realización de una Sesión Solemne con motivo del 7º aniversario del Caso Ayotzinapa, donde ocurrió la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos para llevarse a cabo día jueves 23 de septiembre de 2021.

Notas

1 Centro ProDH. Ayotzinapa. Consultado el 1 de septiembre de 2021 en: https://centroprodh.org.mx/casos-3/ayotzinapa/

2 Ibídem.

3 GIEI. Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. Consultado el 1 de septiembre de 2021 en:

https://www.oas.org/es/cidh/actividades/giei/resumenejec utivo-giei.pdf

4 Nájar, Alberto. Op. Cit.

5 Santos Díaz, Daniel. (2021). Hay más de 90 mil personas desaparecidas en México según cifras oficiales. En Plumas atómicas. Consulta el 1 de septiembre de 2021 en:

https://plumasatomicas.com/noticias/violencia-noticias/h ay-mas-de-90-mil-personas-desaparecidas-en-mexico-segun-cifras-oficiale s/

6 Nájar, Alberto. (2020). Caso Ayotzinapa | Se acabó la verdad histórica : qué supone el giro en la investigación de la desaparición en México de los 43 estudiantes . En BBC News Mundo. Consultado el 1 de septiembre de 2021 en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53258985

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2021.

Diputado Manuel Vázquez Arellano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Fiscalía General de Guanajuato a hacer públicas las medidas y los mecanismos implantados para garantizar la procuración de justicia en la entidad, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante de la LXV Legislatura del de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Morena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I y artículo 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con las cifras emitidas en julio del año en curso, por el Secretaria de Marina, José Rafael Ojeda Durán,1 quien dio a conocer la lista con los estados y municipios de la República Mexicana con mayor incidencia delictiva, se encuentra encabezando en orden de prelación el Estado de Guanajuato con siete mil 646 homicidios. Un claro ejemplo, fue lo ocurrido este fin de semana, ya que la entidad en comento registró el 15 por ciento de homicidios ocurridos a nivel nacional.

Tomando en cuenta que el estado de Guanajuato sigue siendo la entidad con mayor número de homicidios dolosos en el país, desde hace ya varios años, cuya crisis de violencia que no cede, y que, en medio del terror de su población, por momentos adquiere niveles auténticamente dantescos, como en el año 2020, cuando, de acuerdo con el INEGI, se cometieron más de 5 mil homicidios intencionales.

Con base al Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública2 entre enero y julio de 2021, en Guanajuato se han perpetrado 2,098 homicidios intencionales; es decir, el equivalente al 10.6% del total del país; o lo que es igual: de cada 100 homicidios dolosos que se perpetran en el territorio nacional, casi 11 se cometen en el espacio territorial del estado de Guanajuato, donde hay varios municipios que se consideran entre los más violentos del mundo.3

Fuente: Elaboración Saúl Arellano de México Social4

Lo anterior deja de manifiesto que no se ha dado cabal cumplimiento a los establecido en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, cuya competencia es procurar justicia; diseñar, implementar y evaluar el programa de procuración de justicia, el cual se integrará en el contexto y con base a las necesidades estatales, y contendrá acciones y políticas para la investigación y persecución de los delitos conforme a su ámbito de competencia; operar políticas públicas en materia de procuración de justicia; actuado bajo los principios de respeto a los derechos humanos, objetividad, honradez, certeza, buena fe, unidad, invisibilidad, irrecusabilidad, independencia, legalidad, probidad, profesionalismo, celeridad, eficiencia, eficacia, autonomía, publicidad, transparencia y perspectiva de género.

Sin embargo, y ante los lamentables suceso, mismos que han sido documentados por la opinión pública, y expuestos por las voces de las y los víctimas o familiares, deja de manifiesto que hay una problemática enquistada y que afecta de manera directa e indirecta a la población guanajuatense, vulnerando de manera sistemática los derechos humanos de los mismos.

Por ello y en virtud de lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta con absoluto respeto a la autonomía de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato a efectos de que haga públicos los avances, medidas y mecanismos que ha implementado para garantizar la procuración de justicia en la entidad, a fin de salvaguardar la integridad de la población.

Notas

1 Flores, Ezequiel, Proceso, Consultado el 01 de septiembre de 2021, del sitio web:

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/7/19/estos-son- los-estados-municipios-mas-violentos-de-2021-segun-semar-268094.html

2 Sitio web: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-870 05?idiom=es

3 Arellano, Saúl, México Social, Consultado el 1 de septiembre de 2021, en el sitio web: https://www.mexicosocial.org/guanajuato-crisis-de-violencia/

4 Ibídem

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días de septiembre de 2021.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los congresos locales a abstenerse de aprobar las leyes de ingresos municipales que contengan el derecho por alumbrado público; y a los ayuntamientos y la CFE, a abstenerse de formalizar convenios de colaboración por los que se establezcan términos y condiciones para la recaudación del derecho por alumbrado público, a cargo del diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito diputado Carlos Sánchez Barrios, en uso de las facultades que le confiere la ley, y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde hace casi dos décadas, ha declarado la inconstitucionalidad de artículos de diversas Leyes de Ingresos Municipales que estipulan el cobro del Derecho por Alumbrado Público, el cual es recaudado por la Comisión Federal de Electricidad, a través los recibos por consumo de energía eléctrica. En la siguiente tabla, se enlistan, como ejemplo, 12 sentencias en las que se declara la inconstitucionalidad de las normas que prevén el cobro de la citada contribución:

El máximo tribunal ha concluido, entre otras cosas, que el DAP pertenece a la categoría de los impuestos y no de derechos, vulnera los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, porque no se toma en cuenta el costo global del servicio que presta el municipio, sino un elemento ajeno, como es el valor catastral del predio o el consumo de energía eléctrica.

Así, el DAP en realidad es un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica, tributo que es competencia exclusiva de la Federación, razón por la cual resulta contrario a lo previsto por el artículo 73, fracción XXIX, numeral 5º, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, las Leyes de Ingresos de los Municipios tienen una vigencia anual, por lo que cuando la corte resuelve, en varias ocasiones éstas ya no están en vigor y el cobro fue ejecutado durante todo el ejercicio fiscal, en detrimento de la ciudadanía.

Agrava la situación, el hecho de que aún conociendo la jurisprudencia, las legislaturas estatales sigan aprobando leyes de ingresos que contravienen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que los municipios y la Comisión Federal de Electricidad continúen firmando Convenios que amparan el cobro del Derecho por Alumbrado Público.

El pago adicional de contribuciones anticonstitucionales atenta contra el bienestar de los hogares e impone una carga extra a los negocios, que en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, representa un freno a la recuperación económica del país.

Por las anteriores consideraciones, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto a la soberanía estatal, exhorta a los Congresos de las entidades federativas a abstenerse de aprobar las leyes de ingresos municipales, que contengan el derecho por alumbrado público.

Segundo: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a municipios y a la Comisión Federal de Electricidad a abstenerse de formalizar Convenios de Colaboración por los que se establezcan términos y condiciones para la recaudación del Derecho por Alumbrado Público.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2021.

Diputado Carlos Sánchez Barrios (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso y el gobierno de Oaxaca a sustanciar consulta previa de los pueblos y las comunidades indígenas del estado en el plazo de 18 meses otorgados por la SCJN en la sentencia de la acción de inconstitucionalidad número 180/2020, promovida por la CNDH, en demanda de la invalidez del decreto 1201, por el que se expidió la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, a cargo del diputado Azael Santiago Chepi, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Diputado Federal Azael Santiago Chepi, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 fracción I y 79 numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (UACO) responde a un proceso complejo en el que convergen vida comunitaria, práctica política y reflexión académica. La UACO encarna un proyecto de educación superior que emana de las necesidades de las comunidades que acoge a cada uno de sus Centros Universitarios y sus Unidades de aprendizaje. Cada una de las dieciséis comunidades en las que inicia actualmente este proyecto, expresan lo que es la realidad histórica oaxaqueña, en su relación con la tierra, es decir, una tenencia comunal y ejidal mayoritariamente (85%). Lo que se traduce en un arraigo territorial profundo y en subjetividades compartidas y, por ende, identidades colectivas pre modernas que fluyen con el ritmo de la naturaleza y la temporalidad de la siembra y la cosecha. Así, la UACO busca recuperar y preservar las relaciones no individualizantes, y elevarlas a conocimiento que se pueda difundir mediante prácticas pedagógicas que tienen como principio ético la Comunalidad.

La Comunalidad, como su fortaleza epistémica y su práctica concreta en la construcción del conocimiento, se funda en la experiencia y razón de ser, de los pueblos y comunidades de las regiones en Oaxaca. Los aprendizajes desde la Comunalidad, son vivenciales, por lo tanto, el encuentro de los constructores de conocimiento, es la realización de programas educativos y/o proyectos de acción decididos en Comunidad, respondiendo a sus intereses y expectativas de incidencia hacia la vida concreta de los pueblos.

En ese sentido, en el reconocimiento a un camino andado de más de dos décadas, es que el 20 de abril de 2020 el Gobierno del Estado de Oaxaca publica el decreto número 1201, mediante el cual expide la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, como órgano descentralizado del Estado, dotada con plena autonomía en los términos de la fracción VII del artículo 3° de la CPEUM, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Misma que dicta que su patrimonio estará integrado por; los ingresos que obtenga por los servicios que preste conforme a la Ley Estatal de Derechos del Estado de Oaxaca; los recursos federales, estatales y municipales que obtengan mediante transferencias, subsidios y donaciones; los bienes y demás ingresos.

La UACO, como institución de educación superior y en coincidencia con los principios de Comunalidad que guían su labor, tiene como fin primordial generar educación de nivel licenciatura, posgrado, especialización y actualización; además investigación y difusión de saberes y la Cultura.

La UACO para cumplir su misión fundamenta su actuar en los principios de Comunalidad, Integralidad existencial, Complementariedad, Horizontalidad, Igualdad de género, Respeto y Reciprocidad; mediante las estrategias fundadas en la labor y acción, así como resiginificar la labor de Tequio y servicio.

Su visión es, ser una universidad que busca recuperar y preservar las relaciones colectivas y comunitarias, y elevarlas al conocimiento en educación superior mediante prácticas pedagógicas que tienen como principio la epistemología de la comunalidad, que se plantea refundar la formación de profesionales con sensibilidad y conocimientos que transformen las relaciones sociales y comunitarias.

Marco Normativo

Una de las acciones más importantes del Gobierno federal en funciones desde el 1 de diciembre de 2018, ha sido la puesta en marcha del Acuerdo Educativo Nacional, en el marco del cual se promulgó (DOF 15 de mayo de 2019) el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución.... en materia educativa”.

El nuevo texto del Artículo 3º constitucional : fortalece la educación como derecho humano, bien público y responsabilidad del Estado; reafirma la gratuidad, laicidad, obligatoriedad, universalidad e inclusión; instituye el interés superior de las niñas, niños y adolescentes (NNA); establece el compromiso estatal de proveer a los alumnos una educación integral, intercultural, de excelencia, equitativa e inclusiva; y, establece la obligatoriedad de la educación inicial y superior, etc.

Igualmente esboza las políticas, los programas, las acciones prioritarias y la obligación del Estado mexicano con financiamiento, con el objetivo de garantizar la universalidad, equidad e inclusión; promueve los derechos humanos y la igualdad sustantiva; instituye la obligatoriedad de la educación inicial y superior; fomenta la mejora continua; contiene reglas que buscan fortalecer las instituciones públicas de formación docente.

Es así que ahora la Ley General de Educación (DOF 30 de septiembre de 2019), establece que el Estado tiene el deber de asignar al menos un monto equivalente al 8% del PIB a la educación pública, 1 % de cual se destinará “... para la educación superior y la investigación científica y humanística, así como al desarrollo tecnológico y la innovación en las instituciones públicas de educación superior”.

Paralelamente a lo anterior, el artículo 119 de la LGE expresamente puntualiza que: “En la asignación del presupuesto de cada uno de los niveles de educación, se procurará cubrir los requerimientos financieros, humanos, materiales y de infraestructura, así como de su mantenimiento, a fin de dar continuidad y concatenación entre dichos niveles, con el fin de que la población escolar tenga acceso a la educación, con criterios de excelencia”.

Por su parte, Ley General de Educación Superior (DOF 20 de abril de 2021), que tiene por objeto: “Contribuir al desarrollo social, cultural, científico, tecnológico, humanístico, productivo y económico del país, a través de la formación de personas con capacidad creativa, innovadora y emprendedora con un alto compromiso social que pongan al servicio de la Nación y de la sociedad sus conocimientos”; promover un mayor impacto social de las funciones sustantivas que realizan las Instituciones de Educación Superior; entre otras, impone al Estado deberes expresos con el cumplimiento de la obligatoriedad y el financiamiento, para lo cual se mandata el establecimiento de “un fondo federal especial” y la implementación progresiva de la gratuidad” (...) “en función de la suficiencia presupuestal, a partir del ciclo 2022-2023”.

Así también, hace de una obligación concurrente de las autoridades educativas federal, de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus competencias, para garantizar la prestación del servicio de educación superior en todo el territorio nacional enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, respetando el principio de inclusión. Tendrán una perspectiva de juventudes, de género, así como de interculturalidad con especial atención a los pueblos y comunidades indígenas, a las personas afromexicanas, a las personas con discapacidad y a los grupos en situación de vulnerabilidad.

En esta ley se reconoce como parte del Subsistema Universitario a las Universidades e Instituciones Públicas Comunitarias de Educación Superior, y es una obligación concurrente del estado y la federación el “promover, fomentar y coordinar acciones programáticas que vinculen la planeación institucional e interinstitucional de la educación superior con los objetivos y prioridades que demande el desarrollo comunitario, municipal, estatal y nacional.” Además de ampliar la distribución territorial y la oferta de educación superior, a fin de atender las problemáticas locales y comunitarias con énfasis en el bienestar de la población.

En este sentido, también resalta el compromiso de garantizar el cumplimiento de las prioridades estratégicas del Programa Sectorial de Educación, 2020-2024 (PSE): educación para todas y todos, sin dejar a nadie atrás; educación de excelencia para aprendizajes significativos; maestras y maestros como agentes de la transformación educativa; entornos educativos dignos y sana convivencia; deporte para todas y todos; y rectoría del Estado en la educación.

Estructura

La función sustantiva de la UACO, se traduce en la construcción y desarrollo de 17 licenciaturas, 2 ingenierías, y 3 maestrías, de los cuales operan el 80%. Su matrícula escolar asciende a más de 343 estudiantes inscritos, y del cual, al estudio de factibilidad, se proyecta en un aumento del 50% para el inicio del ciclo escolar en agosto del 2021.

La estructura de la Universidad, se expone de manera inicial en la Ley orgánica, que en la dinámica de operación y concreción de la función sustantiva de la UACO. Se establecen los cargos de orden superior y orden directivo: 4 autoridades y 15 Coordinadores Generales de cada Centro Universitario Comunal, que suman 19 cargos, ésta estructura a casi un año de operación ha tenido su propio crecimiento con base en lo establecido en el Estatuto Orgánico.

Centros Universitarios y Unidades de Aprendizaje Comunal de la UACO

1. Centro Universitario de Tlahuitoltepec CCT 20USU0025U

Licenciatura en Comunicación Comunal

Licenciatura en Territorio y Bien Vivir Comunal

Maestría en Educación Comunal

2. Centro Universitario de Valles Centrales CCT 20USU0040M

Licenciatura en Comunalidad

Maestría en Educación Comunal

Maestría en Recreación Comunal

3. Centro Universitario de San Antonio Huitepec CCT 20USU0029Q

Licenciatura en Vida Comunal y Territorio

4. Centro Universitario de San Cristóbal Lachirioag CCT 20USU0030F

Ingeniería Comunal

5. Centro Universitario de San Pablo Guelatao CCT 20USU0039X

Licenciatura en Comunalidad

6. Centro Universitario de Santa María Yaviche CCT 20USU0026T

Ingeniería Comunal

7. Centro Universitario de San Andrés Solaga CCT 20USU0031E

Licenciatura en Gestión Comunal

8. Centro Universitario de Jaltepec de Candayoc CCT 20USU0028R

Maestría en Educación Comunitaria para el Buen Vivir

9. Centro Universitario de Santa María Colotepec CCT 20USU0032D

Licenciatura en Gastronomía Comunal

Licenciatura en Comunalidad Agrícola

Maestría en Educación Comunal

10. Centro Universitario de San Pedro Comitancillo CCT 20USU0027S

Licenciatura en Salud Integral Comunitaria

Licenciatura en Sistemas Alimentarios Sustentables

Maestría en Educación Comunal

11. Centro Universitario de San Pedro Amuzgos CCT 20USU0036Z

Licenciatura en Comunalidad Agrícola

Licenciatura en Gestión Comunal

12. Centro Universitario de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco CCT 20USU0038Y

Licenciatura en Educación Comunal

Licenciatura en Comunalidad Agrícola

Maestría en Educación Comunal

13. Centro Universitario de Unión Hidalgo CCT 20USU0033C

Licenciatura en Agroecología Comunal

Licenciatura en Artes y Filosofía Comunal

Ingeniería en Bioconstrucción Comunal

Licenciatura en Política Comunal

Licenciatura en Derecho Indígena Comunal

Licenciatura en Salud Integral Comunitaria

14. Centro Universitario de San Francisco Ixhuatán CCT 20USU0037Z

Licenciatura en Agroecología Comunal

Licenciatura en Pesca Y Cooperativismo

Maestría en Educación Comunal

15. Centro Universitario de Matías Romero CCT 20USU0035A

Licenciatura en Agroecología Comunal

Licenciatura en Artes y Filosofía Comunal

Ingeniería en Bioconstrucción Comunal

Licenciatura en Política Comunal

Licenciatura en Derecho Indígena Comunal

Licenciatura en Salud Integral Comunitaria

Maestría en Educación Comunal

16. Centro Universitario de Ciudad Ixtepec CCT 20USU0034B

Licenciatura En Sistemas Alimentarios Sustentables

Unidades de Aprendizaje Comunal

1. San Miguel Reyes, Putla

2. Santa Cruz Mixtepec

3. San Domingo del Estado

4. Santiago Juxtlahuaca

5. Álvaro Obregón, Juchitán

6. Santo Domingo Zanatepec

7. Pueblo Viejo, San Francisco del Mar

8. San Juan Bautista Tuxtepec

9. San Miguel Panixtlahuaca

La Universidad y su influencia académica atiende a seis regiones del estado, ubicada en las 24 comunidades, desplegando sus acciones académicas en los pueblos vecinos, respondiendo a la realidad geográfica, cultural y lingüística de la entidad.

Asimismo, la operatividad de la Universidad, se desarrolla con base en las actividades sustantivas y funciones de servicio necesarios, por lo que, de manera general se organiza en tres ramas, con 148 personas en los puestos y/o cargos respectivos:

1. Rama Administrativa, con cargos académico y administración en general (20)

2. Rama Académica – Administrativa de los Centros Universitarios (60)

3. Rama Académica, con los Facilitadores Académicos (66)

Cobertura escolar

En el ciclo escolar 2020-2021 en la educación Superior (pública y privada) existen 500,693 docentes en 10,974 Instituciones de Educación Superior. Si consideramos solo en el sostenimiento público el número de docentes es de 284,545, en 2,516 Instituciones de Educación Superior. Por otra parte, la cobertura en este nivel es del 30.4% que incluye posgrado, técnico Superior y licenciatura tecnológica. La cobertura se incrementa al 40.9% (sin incluir posgrado) pero incorporando además del sistema escolarizado el sistema no escolarizado. Es importante mencionar que la edad escolar para este nivel es de 18 a 23 años cuando se toma en consideración el posgrado y de 18 a 22 años cuando no se incluye en las cifras al posgrado.

Para el ciclo escolar 2020-2021 se estima una matrícula de 78,118 alumnos en licenciatura y 2,961 en posgrado, que, de los 156,124 alumnos de media superior, se tendría una tasa de absorción del 50.5%, el 8.4% de abandono escolar con una cobertura promedio de tan solo el 20% de la población.i El número de docentes en educación superior en el estado de Oaxaca en sistemas escolarizados y no escolarizados es de 6,348, y 793 escuelas e instituciones de educación superior (púbico y privado), con

Dentro de la propia iniciativa de creación indica que las causas del abandono escolar son multifactoriales como el interés, las normas, la pobreza y la falta de infraestructura; en esta última la cobertura territorial se dificulta en los 570 municipios de la entidad.

En virtud de tales consideraciones, con el objeto de promover y garantizar el derecho humano a la educación superior de los oaxaqueños, así como los derechos culturales. de los pueblos originarios, bajo el principio de progresividad, se estimó conveniente la creación de la Universidad Autónoma Comunal del Estado de Oaxaca.

Acción de Inconstitucionalidad 180/2020

En razón de la publicación del mencionado Decreto número 1201, del 20 de abril de 2020, el Gobierno del Estado de Oaxaca expide la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, promueve acción de inconstitucionalidad en general sobre el decreto y en particular los artículos 13 fracción V, 16 fracción VI, 19 fracción VI, 22 fracción sexta, y 25 fracción VI del mismo ordenamiento. En relación al Congreso Libre y Soberano de Oaxaca y el Gobernador del Estado de Oaxaca, por la emisión y promulgación de la norma impugnada.

Establece los siguientes conceptos de invalidez:

Es un ordenamiento que impacta significativamente a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, al regular el acceso a la educación superior de dichos sectores de la población y promover una acción sustentada en su visión comunitaria y ancestralmente practicada.

Al tratarse de una norma susceptible de impactar o afectar los pueblos y comunidades referidos, el Estado tenía la obligación de consultarles de manera previa, libre e informada, culturalmente adecuada y de buena fe, sin embargo, el análisis legislativo no mostró elementos que cumpliera los parámetros.

La CNDH estima que el ordenamiento vulnera el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, reconocido en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Si bien, observan que dentro de los considerandos de la iniciativa y el dictamen que dieron origen al Decreto 1201, la convicción del legislativo estatal en buscar preservar, enriquecer y difundir los saberes comunitarios como un método educativo, tomando como base el modo de percibir y entender la vida de los pueblos y comunidades originarias.

En esta tesitura, resulta inconcuso que la construcción del concepto de comunidad recogido por el Congreso de Oaxaca en la legislación materia del recurso, involucra una conciencia cultural y étnica ancestral propia de pueblos y comunidades indígenas, fundada en una cosmovisión específica, ligada a su origen y pertenencia.

Dichos elementos se han asociado al concepto de lo “indígena”, entendiéndolo como aquello que comprende la idea de una cultura y un estilo de vida distintos e independientes, basados en antiguos conocimientos y en tradiciones, vinculados fundamentalmente. a. un territorio especifico. Los pueblos indígenas no pueden sobrevivir ni ejercer sus derechos fundamentales como naciones, sociedades y poblaciones distintas si no pueden conservar, recuperar, desarrollar y transmitir los conocimientos que han heredado de sus antepasados.

La CNDH, considera necesario resaltar la importancia de la vinculación de las comunidades y pueblos indígenas con sus territorios ancestrales y su correspondiente garantía del derecho a la propiedad comunitaria, toda vez que debe tomarse en cuenta que la tierra está estrechamente relacionada con sus tradiciones y expresiones orales, sus costumbres y lenguas, sus artes y rituales, sus conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, sus artes culinarias, el derecho consuetudinario, su vestimenta; filosofía y valores. En función de su entorno, su integración con la naturaleza y su historia, los miembros de las. comunidades indígenas transmiten de generación en generación este patrimonio cultural inmaterial, que es recreado constantemente por los miembros de las comunidades y grupos indígenas.

Por ello, la CNDH considera que la cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a una forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituido a partir de su estrecha relación con sus tierras tradicionales y recursos naturales, no sólo por éstos su principal medio de subsistencia, sino, además, porque constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, su identidad cultural. Cuando se trata de pueblos indígenas o tribales, la posesión tradicional de sus tierras y los patrones culturales que surgen de esa estrecha relación, forman parte de su identidad. Tal identidad alcanza un contenido particular debido a la percepción colectiva que tienen en tanto grupo o sus cosmovisiones, sus imaginarios colectivos y la relación con la tierra con la que desarrollan su vida.

Con ello, la CNDH expone que el concepto sobre el cual se sostiene la definición de “comunidad” que regiría a la UACO, refiere a un modo de vida con sentido de pertenencia a la tierra, y en general, a una determinada forma de comprenderla, es decir a la cultura de los pueblos y comunidades originarios de Oaxaca.

Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con base en la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, realiza un control de regularidad constitucional para analizar la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano.

Considera que el artículo 2º de nuestra norma Fundamental reconoce que la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas, los cuales se integran por comunidades indígenas que constituyen unidades sociales, económicas y culturales, que se encuentran ubicadas en un territorio especifico y reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

Las personas, pueblos y comunidades originarías gozan de todos los derechos consagrados por la Norma Suprema y los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. Adicionalmente, se les reconoce una multiplicidad de derechos específicos, los cuales se recogen fundamentalmente en el citado numeral 2° de la Constitución Federal, así como en diversos instrumentos internacionales vinculantes, tales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y orientadores como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Por ello, el pleno de la SCJN resolvió el pasado martes 31 de agosto, por unanimidad de votos, procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad 180/2020; y declara la invalidez del Decreto número 1201, por el que se expide la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, publicado en el periódico oficial del estado el 20 de abril de 2020.

“El proyecto se califica de fundado el concepto de invalidez respectivo, toda vez que la ley orgánica impugnada afecta a las comunidades originarias del Estado de Oaxaca, en virtud de que se crea y regula una institución estatal destinada a la atención de las necesidades de educación superior de estas comunidades dentro del territorio estatal y, por ello, el Congreso local, efectivamente, tenía la ineludible obligación de consultarles directamente y de manera previa, la emisión del Decreto 1201 impugnado”. Y concluye que con la emisión de la ley impugnada existió una violación directa al artículo 2 de la Constitución General y los numerales 6 y 7 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, afectando en su conjunto al cuerpo legislativo.

A criterio del Ministro González Alcántara Carrancá, en la votación de la sentencia, establece que, si bien el Decreto no refiere a pueblos ni a comunidades indígenas, porque se emplean los términos “comunitario” o “comunidad”, coincide con la exposición de motivos de la ley impugnada, la regulación s— les concierne. Tal como se extrae del dictamen de la comisión, la asamblea comunitaria constituye la instancia de decisión social, económica y política de esas comunidades y pueblos. De esta forma, tanto de la exposición de motivos como del dictamen se extrae la voluntad de crear un centro de estudios, adaptado a las necesidades de los estudiantes oaxaqueños, en general, pero que pugna en específico por la revalorización y defensa de los derechos culturales de los pueblos originarios.

Asimismo, la declaración de invalidez decretada en el fallo de la SCJN surtirá sus efectos a los 18 meses siguientes a la notificación de los puntos resolutivos al Congreso del Estado de Oaxaca, plazo dentro del cual deberá legislar para subsanar el vicio advertido, en los términos precisados en la sentencia .

En este sentido el Ministro González Alcántara Carrancá, expuso su coincidencia en que la ley orgánica combatida puede afectar directamente a pueblos y comunidades indígenas, no está dirigida exclusivamente a ellos. Incluso, la propia ley define el objeto de la universidad en términos genéricos y abiertos, destinándolo a la impartición de cursos de licenciatura, de postgrado y de especialidad abiertos a cualquier estudiante. Por otro lado, esta universidad goza de autonomía, que constitucionalmente es relevante, por lo que, con la prórroga, busca ser preservada, así como la noble naturaleza de la propia UACO.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta respetuosamente al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, para sustanciar la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Oaxaca en el plazo de dieciocho meses otorgados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 180/2020 promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, demandando la invalidez del decreto número 1201, por el que se expidió la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, publicado el 20 de abril del 2020.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta respetuosamente al honorable Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca a brindar el acompañamiento y facilidades en el proceso de consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Oaxaca, respecto del decreto número 1201, por el que se expidió la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, publicado el 20 de abril del 2020, a fin de cumplir cabalmente con los tiempos de la prórroga de la sentencia de invalidez que dicto la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 31 de agosto de 2021 (180/2020), y con ello se siga fortaleciendo el proyecto de la inclusión intercultural para el tipo superior en el estado de Oaxaca

Nota

i Cuarto informe de Gobierno del Estado de Oaxaca 2019-2020 Anexo Estadístico.

https://www.oaxaca.gob.mx/CuartoInforme/pdf/anexo.pdf

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a los siete días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno.

Diputado Azael Santiago Chepi (rúbrica)

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Con motivo del 2 de septiembre, Día Nacional del Cacao y el Chocolate, a cargo del diputado Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Manuel Rodríguez González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente efeméride, referente al 2 de septiembre, Día Nacional del Cacao y el Chocolate, al tenor de lo siguiente:

Dentro de la idiosincrasia mexicana, sin duda, el cacao y el chocolate son uno de los más grandes legados que México le ha aportado al mundo. Desde tiempos prehispánicos, estos se han mantenido como un factor inalienable a la cultura del país y su población.

Fueron las culturas azteca, maya y tolteca quienes descubrieron y utilizaron el cacao, no obstante, los que le dieron origen a la palabra ‘chocolate’ fueron los mexicas. Estos preparaban una bebida agria de cacao fermentada en agua, a lo que llamaban ‘xocoatl’ (‘xococ’ – agrio / ‘atl’ – agua), de ahí el nacimiento de la palabra.

Estas culturas utilizaron el cacao y el chocolate para distintos ámbitos, no sólo en el contexto culinario, sino que también fue implementado desde una perspectiva más trascendental, otorgándole importancia en ámbitos espirituales y sociales.

Sin embargo, la importancia histórica del chocolate no se remonta únicamente a la época prehispánica. En tiempos coloniales fue cuando realmente se comenzó a popularizar el consumo del chocolate. Éste dejó de estar reservado para las clases elevadas y se consolidó como una bebida popular en México a partir de la conquista.

Con la influencia francesa que llegó durante el Porfiriato, el chocolate comenzó a ser utilizado en la preparación de repostería. Sin duda, esto fue lo que marcó el vínculo entre el producto y la tradición francesa durante la época.

No sólo su importancia histórica es relevante, sino también su valor cultural. El cacao es un elemento esencial de la gastronomía mexicana que nos distingue a nivel internacional. Esto se refleja en el hecho de que desde 2010 sea reconocida como patrimonio inmaterial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Además de la relevancia del chocolate y el cacao en las esferas históricas, culturales y sociales, el producto guarda un importante valor para nuestra economía, tanto a nivel nacional como familiar.

México es uno de los pocos países del mundo que cuenta con un territorio tan amplio para el cultivo del cacao: desde el Estado de Tabasco, hasta Michoacán, Colima, Chiapas y Campeche. Esto es de gran relevancia ya que este producto requiere características ambientales específicas con las cuales México cumple, entre ellas, sus condiciones climatológicas y geográficas.

Aún así, la producción de cacao se concentra principalmente en Tabasco (67%) y Chiapas (31%) en la actualidad. Ambas aportan en conjunto alrededor del 98% de la producción total y el resto se produce en Oaxaca, Guerrero y Veracruz.

Asimismo, desgraciadamente, desde hace ya varios años, las plantaciones de cacao en el país se han visto afectadas económicamente por la baja producción, la falta de políticas públicas eficientes y eficaces, plagas y enfermedades, entre otros factores que han dejado a la industria en desventaja con el resto del mundo.

Esto ha derivado en que México hoy sea un país netamente importador del grano: en México importamos alrededor de 63 mil toneladas de cacao en grano por año y la demanda ha superado a la oferta debido al poco aprovechamiento que existe en la industria.

Esta situación no solamente es preocupante por el legado cultural que representan el cacao y el chocolate mexicano a nivel global, sino que, miles de productores que sostienen su economía en la producción del cacao y el chocolate se han visto afectados.

Es en este contexto es que surge el Día Nacional del Cacao y el Chocolate, pues además de ser parte de la historia, la cultura y la economía de México, cada 2 de septiembre es el escenario perfecto para mantener e impulsar su presencia en el mercado nacional e internacional.

Palacio Legislativo, honorable Cámara de Diputados, a 7 de septiembre de 2021.

Diputado Manuel Rodríguez González (rúbrica)