Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Jucopo de esta soberanía a instruir a las áreas administrativas correspondientes para que revisen la situación laboral del personal operativo de confianza, a cargo de la diputada Araceli Ocampo Manzanares, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Araceli Ocampo Manzanares, diputada integrante de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 15 de abril del año en curso, cerca de un centenar de trabajadores operativos de confianza del ramo administrativo se coaligaron para elevar una petición a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados con el fin de mejorar sus derechos laborales.

En dicha petición, los trabajadores solicitaron lo siguiente:

a) Fortalecer la estabilidad laboral, garantizando la continuidad de la relación laboral para que el trabajador operativo de confianza sólo pueda ser separado de su cargo por las causas establecidas en los artículos 45, 46, 46-Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.

b) Establecer el derecho de pedir licencia sin goce de sueldo para los trabajadores operativos de confianza, estableciendo los mismos criterios que se aplican para concederla a los trabajadores de base y del servicio de carrera.

c) Ser parte del beneficio económico del 2 por ciento por concepto de devolución de impuesto y el 15 por ciento del sueldo base, en el concepto de la prestación de horario complementario, denominada compensación por horario extendido para el personal de base y base sindicalizado, cuya prestación es del 65 por ciento adicional del sueldo base, siempre y cuando se cuente con suficiencia presupuestal.

De acuerdo con algunos de estos trabajadores peticionarios, sus demandas se fundan en lograr una mayor justicia laboral y progresividad en sus derechos, ya que su categoría de confianza, los excluye de unos derechos, como el de estabilidad en el empleo, así como el derecho a solicitar licencia sin goce de sueldo, ya que esto es solo para los trabajadores de base.

No obstante, los trabajadores peticionarios demandan la mejora en sus derechos, misma que de acuerdo con los lineamientos para el control y administración de los Recursos Humanos puede ser susceptible de revisarse sí el órgano de gobierno, en este caso, la Junta de Coordinación Política instruye a las áreas correspondientes la encomienda de realizar un estudio sobre los puntos petitorios.

Ante esta situación, los diputados de la LXV Legislatura tenemos el deber moral de revisar su petición, puesto que estos trabajadores son nuestros colaboradores, y por ningún motivo debe soslayarse su atención, puesto que merecen el mismo respeto que cualquier otro trabajador o colaborador.

Como se mencionó anteriormente, la normatividad administrativa vigente de esta honorable Cámara de Diputados, en específico los lineamientos para el control y administración de los Recursos Humanos en sus artículos 60 y 63 establecen la posibilidad de que la Junta de Coordinación Política o en su caso, el Comité de Administración, podrán autorizar prestaciones a otros regímenes de contratación o bien prestaciones adicionales.

De tal suerte que apelando a la sensibilidad de estos órganos de gobierno, es oportuno que se instruya a las áreas correspondientes, a fin de que la Dirección General de Recursos Humanos, realice un estudio sobre qué derechos o prestaciones pueden mejorarse para el personal operativo de confianza. Lo anterior no viola de ninguna manera el derecho de negociación de las condiciones generales de trabajo del Sindicato mayoritario, toda vez que el personal operativo de confianza se rige complementariamente por los Lineamientos citados, en virtud de que en estos se establecen ciertas prestaciones como es su sistema de promoción, su compensación adicional por cumplir con la jornada laboral completa y su gratificación por separación del servicio, a diferencia del personal de base que se rige por las condiciones generales de trabajo.

Asimismo, en el caso del personal de confianza del servicio de carrera, este se rige por el Estatuto de Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, el cual sí establece el derecho a la licencia y la separación por ciertas causas en su sección séptima la cual se transcribe a continuación:

Sección Séptima. De la separación del Servicio.

Artículo 113.- La separación es el acto mediante el cual un funcionario de carrera deja de pertenecer al Servicio de manera temporal o definitiva.

Artículo 114.- Procede la separación temporal del Servicio en los casos siguientes:

a) Por suspensión;

b) Por haber obtenido licencia con o sin goce de sueldo;

c) Por incapacidad médica con motivo de enfermedad o accidente; y

d) Por cualquier otra que impida la prestación del Servicio por causas imputables al integrante del mismo.

Artículo 115.- La suspensión es la sanción que consiste en la interrupción temporal de todos o algunos de los derechos que tienen los funcionarios del Servicio y su duración no podrá ser inferior a tres días ni exceder de tres meses.

Artículo 116.- La licencia es el acto por el cual un funcionario del Servicio, previa autorización del Consejo Directivo deja de desempeñar las funciones propias del Servicio de manera temporal, conservando todos o algunos de los derechos que este Estatuto le otorga.

Artículo 117.- Para que un funcionario del Servicio pueda obtener una licencia, con o sin goce de sueldo, deberá tener una antigüedad en el Servicio de al menos un año y dirigir la solicitud por escrito al Consejo Directivo, con el visto bueno del superior jerárquico; el secretario de Servicios respectivo podrá objetarla por causas que afecten el desarrollo del Servicio. El secretario técnico de dicho Consejo hará del conocimiento del solicitante la resolución.

En caso de urgencia, el presidente del Consejo Directivo tomará la determinación sobre la solicitud de licencia, informando de inmediato al secretario de Servicios correspondiente y al superior jerárquico, así como al Consejo en la sesión inmediata posterior.

La licencia sin goce de sueldo no será mayor a seis meses y sólo podrá prorrogarse en una sola ocasión por un periodo similar. La licencia con goce de sueldo no podrá ser mayor a un mes.

Artículo 118.- Procede la separación definitiva del Servicio por las siguientes causas:

a) Renuncia, que es el acto mediante el cual el funcionario del Servicio expresa su voluntad de separarse del mismo de manera definitiva. La renuncia deberá presentarse por escrito al Consejo Directivo y producirá efectos desde la fecha de su aceptación;

b) Jubilación o retiro en términos de la legislación aplicable;

c) Incapacidad física o mental que le impida el desempeño de sus funciones, previo dictamen respectivo;

d) Destitución por resolución firme del Consejo Directivo, o en su caso, de la Conferencia;

e) No haber aprobado la evaluación anual del desempeño, los programas de capacitación y, en su caso, el examen especial que establezca el Consejo Directivo;

f) Fallecimiento; y

g) Las demás que establezcan las leyes y demás disposiciones aplicables.

Como se desprende de dichos numerales, el empleado de confianza del servicio de carrera si cuenta con el derecho a la licencia y la separación por justa causa, condiciones que le son nugatorias a los trabajadores operativos de confianza. Por lo que, en este contexto, el trato que hay hacia los trabajadores operativos de confianza, puede constituir una categoría sospechosa de discriminación.

Ahora bien, la ampliación de tales derechos para los trabajadores operativos de confianza, no implica trasgredir la ley, en razón de que opera el principio laboral de la cláusula más favorable, es decir, que por medio de un instrumento jurídico (reglamento, convenio, contrato, etc.) en este caso los Lineamientos para el Control y Administración de los Recursos Humanos, puede establecerse causales de separación y el derecho a la licencia de los trabajadores operativos de confianza, ya que los derechos laborales pueden ser mejorados pero de ninguna forma disminuidos de los mínimos que marca la ley.

Sirve de apoyo a lo anterior, las siguientes tesis emitidas por tribunales:

Trabajadores de confianza del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Conforme a las condiciones generales de trabajo, tienen derecho a la estabilidad en el empleo . En cuanto al tema de estabilidad en el empleo de los trabajadores de confianza al servicio del Estado, el Alto Tribunal ha interpretado la fracción XIV del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que sólo tienen derecho a las medidas de protección al salario y a los beneficios del régimen de seguridad social; así se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 21/2014 (10a.), de título y subtítulo: “Trabajadores de confianza al servicio del Estado. Su falta de estabilidad en el empleo resulta coherente con el nuevo modelo de constitucionalidad en materia de derechos humanos.” No obstante, tratándose de los trabajadores de confianza del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, no les resulta aplicable la regla general de que carecen de estabilidad en el empleo y que sólo disfrutarán de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social, pues conforme a las Condiciones Generales de Trabajo del 1 de marzo de 1999, que regulan las relaciones laborales entre ese Poder y sus servidores públicos, en sus artículos 2, 5, 6, 19, 20, 38 y 39, se actualiza un supuesto de excepción al prever la tramitación de un procedimiento para los casos en que un trabajador –cualquiera que sea su naturaleza: de base o confianza– incurra en alguna de las causas de rescisión previstas en ese ordenamiento, ya que el superior inmediato debe levantar un acta administrativa en la que asiente los hechos, la declaración del trabajador y, en su caso, las declaraciones de los testigos que se propongan, y establece que cuando el servidor público sea rescindido de la relación laboral, deberá dársele aviso por escrito en el que se expresen las causas de la misma. También dispone que son obligaciones de ese Poder cubrir a los trabajadores las indemnizaciones en términos de las condiciones generales y de la ley burocrática, así como reinstalar al personal en las plazas de las que hubiere sido separado, y ordenar el pago de los salarios caídos a que fuese condenado por laudo ejecutoriado o en virtud de una destitución injustificada. En este sentido, el mencionado instrumento normativo amplía los derechos de los trabajadores de confianza del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, consagrados en los artículos 123, apartado B, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, párrafo primero, de la Ley del Trabajo de los servidores públicos al servicio del Estado y de los municipios, pues incorpora la estabilidad en el empleo y, por ende, los derechos derivados de esta prerrogativa en beneficio de esa clase de trabajadores.1

Instituto Electoral del Distrito Federal. El personal del servicio profesional y las ramas administrativas es de confianza, conforme al artículo 133 del Código Electoral del Distrito Federal; sin embargo, resulta factible que obtengan la reinstalación en el puesto (interpretación del artículo 272, fracción X, de dicho ordenamiento legal).

De conformidad con el artículo 133 del Código Electoral del Distrito Federal, el personal que integra los cuerpos del Servicio Profesional Electoral y las ramas administrativas del Instituto Electoral del Distrito Federal se considera de confianza, quedando sujetos al régimen establecido en la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese dispositivo constitucional prevé derechos mínimos para los trabajadores de confianza, como son las medidas de protección al salario y los beneficios de seguridad social, pero no prohíbe que normas de carácter secundario establezcan, a favor de los trabajadores de confianza, derecho a la estabilidad o inamovilidad en el empleo. En esa virtud, el numeral 128 del referido código señala que la organización del servicio profesional electoral está regulada por las normas del propio código. La intelección del artículo 272, fracción X, de esa legislación permite establecer que existe la posibilidad a favor de los trabajadores de confianza de ese instituto de ejercitar la vía laboral ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal para inconformarse con el despido o destitución que adopte en su perjuicio el mencionado instituto. La resolución que emite el tribunal tiene como efectos confirmar, modificar o revocar la decisión impugnada y en el supuesto de que esa resolución ordene dejar insubsistente el despido o destitución del servidor del instituto, éste puede negarse a reinstalarlo. De lo anterior se colige que conforme al principio rector del derecho laboral, aun cuando se trate de trabajadores de confianza, es innegable que la normatividad específica que regula las relaciones entre el instituto y sus servidores amplía los derechos de éstos, pues al establecer que si la resolución deja insubsistente la destitución el instituto puede negarse a reinstalarlo, ello permite inferir que resulta factible obtener la reinstalación en el puesto cuando se reclama despido injustificado, no obstante que se trata de empleados de confianza.2

Servidores públicos de los ayuntamientos del estado de México. Aplicación de los convenios que fijan las condiciones generales de trabajo. Los “Convenios de Prestaciones de Ley y Colaterales” que suscriben los municipios del estado de México, de común acuerdo con el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México, en los que se fijan las condiciones generales de trabajo, resultan aplicables a todos los servidores públicos que presten sus servicios en la institución pública correspondiente, sin exclusión de los de confianza o de los generales por tiempo u obra determinados, porque el artículo 54 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, impone la obligación legal a los Ayuntamientos de fijar las condiciones generales de trabajo para los servidores públicos, sin distinción alguna. En ese sentido, los que tengan el carácter de confianza y los generales por tiempo u obra determinados, podrán verse beneficiados con las condiciones de trabajo previstas en los citados convenios, con las limitaciones que la Ley Burocrática Estatal establece para los de confianza, pues éstos sólo están protegidos por las medidas de protección al salario y de seguridad social. Lo anterior, sin perjuicio de que el ayuntamiento acredite que ha fijado las condiciones generales de trabajo de los servidores públicos de confianza y de los generales por tiempo u obra determinados, en un reglamento, estatuto, ordenanza o documento distinto a aquél. 3

Es por lo anterior, que la suscrita eleva esta proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Junta de Coordinación Política a que en uso de la atribución contenida en los artículos 60 y 63 de los lineamientos para el control y administración de los Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, aprobados por el pleno en su sesión del 30 de abril de 2008, instruya a las áreas administrativas correspondientes, a fin de que se revise la situación laboral de los trabajadores operativos de confianza, con el fin de evitar la discriminación entre una y otra categoría.

Se aprecia la constitución de una categoría sospechosa de discriminación, en virtud que, si bien los trabajadores operativos de confianza tienen esa modalidad de confianza, no menos cierto es que el personal del servicio de carrera también lo es, pero con mayores derechos como la separación por causa justa y la prerrogativa de solicitar licencia, siendo que estas prestaciones no constituyen impacto presupuestal.

De igual forma, los trabajadores operativos de confianza con respecto a sus homólogos de base, no gozan de la totalidad de prestaciones de las condiciones generales de trabajo como son los días de vacaciones y de antigüedad, entre otras prestaciones, por lo que debe considerarse extenderles sus derechos, por lo menos aquellos que de momento no causen impacto presupuestal, ello cuidando los principios de austeridad y racionalidad de recursos.

Por último, cabe destacar que los trabajadores peticionarios han reconocido desde el principio la apertura y disponibilidad al diálogo por parte de la Secretaría General y el Secretario de Servicios Financieros, así como de otros funcionarios de esta Cámara de Diputados, siendo que gracias a este diálogo se arribó a la definición de su pretensión, la cual no es otra sino la de mejorar sus derechos como trabajadores operativos de confianza.

Por todo lo anterior, apelando a la sensibilidad y racionalidad de los coordinadores parlamentarios de esta LXV Legislatura, se presenta la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que en uso de sus atribuciones, instruya a las áreas administrativas correspondientes a revisar la situación laboral de los trabajadores operativos de confianza a fin de evaluar la posibilidad de mejorar sus derechos.

Notas

1 Tesis: XVI.2o.T.10 L (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 74, enero de 2020, Tomo III, página 2711, Registro digital: 2021365, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Laboral, Tipo: Aislada

2 Tesis: I.13o.T.98 L, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, diciembre de 2004, página 1367, Registro digital: 179876, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Laboral, Tipo: Aislada

3 Tesis de jurisprudencia 137/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diez de agosto de dos mil once. Contradicción de tesis 200/2011. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en la misma materia y circuito y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 13 de julio de 2011. Mayoría de tres votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 7 de octubre de 2021.

Diputada Araceli Ocampo Manzanares (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y la Ssa a presentar a la opinión pública un estudio de factibilidad para concluir este mes la vacunación anticovid de toda la población nacional, a cargo de la diputada María Teresa Castell de Oro Palacios, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada María Teresa Castell de Oro Palacios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares del Poder Ejecutivo federal y de la Secretaría de Salud, respectivamente, para que presenten a la opinión pública un estudio de factibilidad para concluir la vacunación contra la Covid-19 en la totalidad de la población nacional, al mes de octubre de 2021, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La presencia del SARS CoV-2 en México se detectó por primera vez el 27 de febrero de 2020 en la Ciudad de México y para el 28 de febrero se confirmaron dos casos más, dando inicio a la fase 1 de la Covid-19, donde el virus es importado del extranjero y no hay indicios de contagio local; además, el número de personas infectadas es limitado y no hay medidas estrictas de salud, excepto acciones para difundir las medidas preventivas.

Para el 24 de marzo de ese mismo año, el gobierno federal decretó el inicio de la fase 2, tras registrar las primeras infecciones locales. En esta fase se suspenden principalmente ciertas actividades económicas, se restringen las congregaciones masivas y se recomienda permanecer en el domicilio a la población en general.

México decretó finalmente el 30 de marzo que existía una emergencia de salud nacional en el país, dada la evolución de casos confirmados y el incremento de muertes por la enfermedad. La fase 3 se dio por iniciada el 21 de abril de 2020, al existir brotes activos y propagación en el territorio nacional con más de mil situaciones de contagio, estableciendo como medidas, la suspensión de actividades no esenciales del sector público, privado y social, así como la extensión de la Jornada Nacional de Sana Distancia; sin embargo, los números de infectados y muertes, continuaron en aumento, sin que existiera en ese momento algún mecanismo específico o medicamentos para el tratamiento de la enfermedad.

A la llegada de las primeras vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), diseñadas con la finalidad de proteger a la población de los efectos más severos causados por el virus, el Estado implementó una estrategia nacional para proporcionar las dosis requeridas a toda la población de manera gratuita, tarea que muchos expertos consideraron un enorme desafío en virtud de que México es uno de los países con mayor población; de acuerdo a la información oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2020, realizado del 2 al 27 de marzo de 2020, la población total en los Estados Unidos Mexicanos es de 126 millones 14 mil 24 habitantes, de ellos, 64 millones 540 mil 634 son mujeres (51.2 por ciento) y 61 millones 473 mil 390 son hombres (48.8 por ciento).1

El 24 de diciembre de 2020, la Secretaría de Salud inició la primera fase de vacunación en la Ciudad de México, Estado de México y Querétaro. La primera dosis de la vacuna se aplicó a la jefa de Enfermería en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Rubén Leñero, de la capital del país.

Sin embargo, fue necesario establecer una estrategia para garantizar la vacunación a toda la población, considerando la limitante en cuanto a disponibilidad de vacunas por la alta demanda internacional, restricción en las cadenas de producción, infraestructura para la recepción, distribución y almacenaje, además de la capacidad institucional para efectuar la aplicación.

El tema principal fue establecer un proceso escalonado, considerando el acceso a las vacunas disponibles mediante una metodología capaz de identificar a los grupos poblacionales prioritarios, para garantizar el bien común, así como una distribución justa y equitativa, con base en principios de equidad y valores rectores, como son: bienestar humano, respeto por igual, equidad global, equidad nacional, reciprocidad y legitimidad.

En un análisis del beneficio de la vacunación con relación al riesgo de morir por Covid-19 en México, los resultados preliminares identificaron que el mayor beneficio se obtiene iniciando la vacunación con trabajadores de la salud (personal médico, enfermería, laboratoristas y en general los que se encuentren en la primera línea de atención de la enfermedad); personas de 60 años o más, con o sin comorbilidades por década de la vida descendente; personas de 50 a 59 años con comorbilidades; y posteriormente la población restante.

Por lo anterior, se determinó un calendario de vacunación de acuerdo a los siguientes rangos y fechas2 :

Sin embargo, las cifras actuales de aplicación de vacunas no corresponden al calendario establecido inicialmente y generan gran incertidumbre entre la población, ya que, a nivel nacional existe un importante desfase respecto a las fechas propuestas, aunado a la falta de un control estadístico preciso, retrasos en la entrega de dosis y otras externalidades, como el extravío, robo e incluso donaciones realizadas a otros países.

Al 17 de septiembre de 2021, la Secretaría de Salud reportaba de manera oficial ante los medios, en su corte informativo diario, que 41 millones 115 mil 211 de personas ya cuentan con un esquema de vacunación completo, y 20 millones 501 mil 648 con una primer dosis,3 lo que significa que hasta ahora sólo 32.5 por ciento de la población en México está completamente inmunizada, lo que implica un retraso considerable que afecta las siguientes etapas programadas.

Además, de conformidad con el Calendario preliminar de entrega de vacunas durante 2021 en México ,4 publicado por la propia Secretaría de Salud, las proyecciones indicaban que, para diciembre de 2021, existirían 107 millones 31 mil 525 de mexicanos vacunados, cifras lejanas a la realidad si consideramos que, a pocos meses de diciembre, alrededor de 61 millones de personas apenas han sido inoculadas, contabilizando a quienes llevan una sola dosis.

En otro apartado poco transparente del mismo documento, se señala una proyección a diciembre con 179 millones 63 mil 50 dosis recibidas entre todas las farmacéuticas que proveen las vacunas, pero al mismo corte del 17 de septiembre de este año, el país ha recibido un total de 109 millones 473 mil 465 dosis desde el pasado 23 de diciembre del año 2020, lo que significaría que para cumplir con las estimaciones al menos en la recepción de las fórmulas, se tendrían que recibir más de 70 millones de dosis en 3 meses.

Ante este escenario contrastante entre las proyecciones iniciales y los datos reales a fechas próximas (cercanas al final de los plazos planeados), es necesario conocer el estudio de factibilidad a la brevedad, para poder contar con información precisa acerca de la estrategia y realizar las adecuaciones necesarias para poder garantizar la salud de todas y todos los mexicanos.

En el entendido de que un estudio de factibilidad es el que realiza una entidad para determinar la posibilidad real de llevar a cabo el plan, programa o proyecto que se espera implementar. Este tipo de análisis permite al desarrollador conocer si aquello que espera emprender le pueda resultar favorable o desfavorable; también ayuda a establecer el tipo de estrategias que puedan ser de utilidad para alcanzar los objetivos.5

En pocas palabras, el estudio de factibilidad permite conocer si el proyecto se puede o no se puede hacer, cuáles son las condiciones ideales para realizarlo y cómo podría solucionar las dificultades que se puedan presentar, algo fundamental en un tema de enorme trascendencia nacional, donde la correcta aplicación de estrategias puede hacer una gran diferencia en el impacto a la salud pública, máxime en un contexto tan delicado como el que ha representado esta crisis sanitaria global.

Es por ello que resulta prioritario exhortar a la Secretaría de Salud a que presente en el estudio de factibilidad de manera clara, concreta y contundente, la información confirmada y avalada con documentación probatoria sobre las dosis recibidas y las aplicadas por etapa, rango de población, entidad federativa y farmacéutica proveedora, con corte al mes de octubre.

De tal manera que la obtención de información precisa y datos concretos permita establecer la ruta crítica para cumplir con el compromiso social que asumió el titular del Poder Ejecutivo en los spots televisivos de promoción de su tercer informe de gobierno, difundido en las principales medios de comunicación del país desde el 24 de agosto de 2021, respecto a concluir la vacunación de la población total del país, para el mes de octubre de 2021, sin que hasta ahora exista justificación real que permita concluir que para dicho mes toda la población contará con su esquema de vacunación completo.

De tal suerte que ante la gran controversia que existe en los datos, es necesario dotar a la población de certidumbre, que no puede politizarse o basarse únicamente en proyecciones optimistas lejanas de toda realidad y carentes de un sustento verídico.

Por ser una responsabilidad federal, además de un tema de interés público, es más que necesario contar con los estudios de factibilidad que permitan a la población tener escenarios más próximos a la realidad, que les permitan tomar las decisiones y precauciones que consideren adecuadas, además de ser una herramienta útil para que los ciudadanos puedan cuestionar las estrategias de salud y los mecanismos de su implementación en función a su efectividad o necesidad, toda vez que son los primeros afectados ante la mala planeación.

Por otra parte, los resultados de estos estudios también representan una gran área de oportunidad para el gobierno, al poder evaluar, diagnosticar, mejorar e implementar las acciones que permitan cumplir con las metas establecidas de los programas.

En este sentido y por lo antes expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo federal y de la Secretaría de Salud, respectivamente, para que presenten a la opinión pública un estudio de factibilidad para concluir la vacunación contra la Covid-19, en la totalidad de la población nacional al mes de octubre de 2021.

Notas

1 https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Poblacion_Pobl acion_01_e60cd8cf-927f-4b94-823e-972457a12d4b

2 http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/calendario-vacunacion/

3 https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2021/09/17/mexico-aplica-156275-d osis-de-vacunas-covid-19-suman-943-millones/

4 http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/informacion-de-la-vacuna/

5 https://economipedia.com/definiciones/estudio-de-factibilidad.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.

Diputada María Teresa Castell de Oro Palacios (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y la SHCP a garantizar que todas las dependencias del sector salud, hospitales e instituciones públicas afines cuenten con recursos materiales, humanos, financieros y médicos y abasto de medicamentos suficientes e implantar las estrategias y los mecanismos conducentes a su aplicación para asegurar la atención médica a las mujeres con cáncer de mama, suscrita por la diputada Frinné Azuara Yarzábal e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, diputadas y diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Alma Carolina Viggiano Austria, Frinné Azuara Yarzábal, Yerico Abramo Masso, Norma Angélica Aceves García, Brasil Alberto Acosta Peña, Ricardo Aguilar Castillo, Yeimi Yazmín Aguilar Cifuentes, María de Jesús Aguirre Maldonado, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, María Guadalupe Alcántara Rojas, Cristina Amezcua González, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Montserrat Alicia Arcos Velázquez, Pedro Armentía López, Karla Ayala Villalobos, Carlos Miguel Aysa Damas, Laura Barrera Fortoul, Karina Marlén Barrón Perales, Sue Ellen Bernal Bolnik, Jaime Bueno Zertuche, María del Refugio Camarena Jáuregui, Adriana Campos Huirache, Andrés Mauricio Cantú Ramírez, Óscar Gustavo Cárdenas Monroy, Sofía Carvajal Isunza, Javier Casique Zárate, Alan Castellanos Ramírez, Eufrosina Cruz Mendoza, Carolina Dávila Ramírez, Yolanda de la Torre Valdez, Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, Juan Francisco Espinoza Eguía, Shamir Fernández Hernández, José Guadalupe Fletes Araiza, Rodrigo Fuentes Ávila, Pablo Gamboa José Luis Miner, Garza Ochoa, Augusto Gómez Villanueva, Mariano González Aguirre, Xavier González Zirión, Ildefonso Guajardo Villarreal, Marcela Guerra Castillo, Guadalupe Guerrero Esquivel Fuensanta, José Antonio Gutiérrez Jardón, Laura Lorena Haro Ramírez, Ismael Alfredo Hernández Deras, Johana Montserrat Hernández Pérez, Hiram Hernández Zetina, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Carlos Iriarte Mercado, Jazmín Jaimes Albarrán, Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino, Cynthia Iliana López Castro, Roberto Carlos López García, Tereso Medina Ramírez, Marco Antonio Mendoza Bustamante, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Mariana Erandi Nassar Piñeyro, Lorena Piñón Rivera, Reynel Rodríguez Muñoz, Cristina Ruiz Sandoval, Miguel Sámano Peralta, Paloma Sánchez Ramos, María Elena Serrano Maldonado, Melissa Estefanía Vargas Camacho, Sayonara Vargas Rodríguez, Maribel Guadalupe Villaseñor Dávila, José Francisco Yunes Zorrilla, Eduardo Zarzosa Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Margarita Zavala Gómez del Campo, Éctor Jaime Ramírez Barba, Martha Estela Romo Cuellar, Karen Michel González Márquez, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Jorge Álvarez Maynez, Salomón Chertorisvki Woldenberg, Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz, María Elena Limón, Ivonne Ortega Pacheco, Julieta Mejía Mirza Flores, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano; Gabriela Ortega Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En 2020, en todo el mundo se diagnosticó cáncer de mama a 2.3 millones de mujeres, y 685 mil fallecieron por esa enfermedad. A fines del mismo año, 7.8 millones de mujeres a las que en los anteriores cinco años se les había diagnosticado cáncer de mama, seguían con vida, lo que hace que este cáncer sea el de mayor prevalencia en el mundo. Se estima que, a nivel mundial, los años de vida perdidos ajustados en función de la discapacidad (AVAD) en mujeres con cáncer de mama superan a los debidos a cualquier otro tipo de cáncer. El cáncer de mama afecta a las mujeres de cualquier edad después de la pubertad en todos los países del mundo, pero las tasas aumentan en su vida adulta.1

En el periodo de 1980 a 2020, en los países de ingresos elevados la mortalidad por cáncer de mama normalizada por edades se redujo en 40 por ciento. Los países que han tenido éxito en sus esfuerzos por reducir la mortalidad por cáncer de mama han logrado una reducción anual de 2 a 4 por ciento. Si la mortalidad anual mundial consiguiera reducirse en 2.5 por ciento, entre 2020 y 2040 se evitarían 2.5 millones de muertes por cáncer de mama.

El cáncer de mama es la principal causa de muerte por tumores en las mujeres a nivel mundial. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicados en 2019, esta enfermedad afecta a más de 140 mil mujeres en México, durante ese año, por cada 100 mil mujeres de 20 años o más se reportaron 35.24 casos nuevos. Los estados con mayor incidencia son Morelos (151.94 casos por cada 100 mil mujeres de 20 años o más), Colima (139.62) y Aguascalientes (66.64), mientras que los estados con menos casos registrados son Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca y Yucatán.2

A nivel nacional, la tasa de mortalidad por cáncer de mama es de 17.19 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 años o más. Las entidades con las menores tasas (de 9.29 a 13.64) son Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Campeche, Colima, Guerrero, Morelos, Hidalgo, Tabasco. En el siguiente estrato (13.65 a 18) se encuentra Tlaxcala, Puebla, México, San Luis Potosí, Veracruz, Michoacán, Guanajuato, Durango y Zacatecas. Le siguen (estrato 18.01 a 22.35) Querétaro, Coahuila, Sinaloa, Sonora, Jalisco, Nuevo León, Aguascalientes, Tamaulipas y Nayarit. Las mayores tasas (22.36 a 26.71) se encuentran en Chihuahua, Ciudad de México, Baja California y Baja California Sur. Este año, debido a la pandemia por Covid-19, las pacientes de cáncer de mama se han visto afectadas en diversos factores relativos a su enfermedad.

El cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin control. Se origina en las células del revestimiento (epitelio) de los conductos (85 por ciento) o lóbulos (15 por ciento) del tejido glandular de los senos. Al comienzo, el tumor canceroso está confinado en el conducto o lóbulo (in situ ), donde generalmente no causa síntomas y tiene un mínimo potencial de diseminación (metástasis).

Con el paso del tiempo, este cáncer in situ (estadio 0) puede progresar e invadir el tejido mamario circundante (cáncer de mama invasivo), y a continuación propagarse a los ganglios linfáticos cercanos (metástasis regional) u a otros órganos del organismo (metástasis distante). Cuando una mujer muere de cáncer de mama, es como consecuencia de la metástasis generalizada.

Son múltiples los problemas que en México originan la alta prevalencia y mortalidad de esta enfermedad, entre los que destacan los siguientes:

La cifra de asistencia de pacientes para practicarse mastografías de prevención disminuyó en 50 por ciento en comparación a 2019 y será la cifra más baja de consultas en los últimos 16 años, lo que en un futuro afectará en la salud, sobrevida y costo del tratamiento para las pacientes.

De acuerdo con un reporte publicado por Animal Político , este año el sistema de salud pública dejó de atender a 1.5 millones de personas con padecimientos crónico-degenerativos (incluidos pacientes con cáncer de mama) para concentrar su atención en pacientes Covid. Otro estudio presentado por organizaciones como Salvati, AC y MILC muestra que 58 por ciento de las mujeres que se atienden en alguna institución pública no han recibido tratamiento desde el comienzo de la pandemia en México (finales de marzo).

Las pacientes con cáncer de mama que están siendo afectadas no cuentan con un respaldo ante esta situación, según la encuesta nacional Estamos Aquí , 72 por ciento de ellas no ha presentado quejas ante el desabasto y la falta de atención para su enfermedad ya que no saben cómo hacerlo y 28 por ciento restante las ha presentado a través de oficios dirigidos a las autoridades, por medio de redes sociales o han promovido amparos.

Para disminuir la mortalidad de este padecimiento que afecta a muchas familias en México, es necesario contar con personal calificado, campañas informativas que promuevan la prevención de esta enfermedad e informen a la población los métodos de detección temprana que son un elemento clave para disminuir la mortalidad de este padecimiento, así como contar con programas gubernamentales que ofrezcan apoyo y respaldo para las pacientes diagnosticadas.

No han recibido tratamiento 58 por ciento de las mujeres que se vienen atendiendo en alguna institución pública desde el comienzo de la pandemia, es decir, desde finales de marzo de 2019.

Los cambios implementados por el actual gobierno en el sistema de salud han disminuido notablemente los recursos que se tenían disponibles en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, ahora denominado Fondo de Salud para el Bienestar, a través del cual se financiaba el tratamiento de cáncer de mama. Tan sólo en estos dos últimos años se han retirado de este Fondo 73 mil millones de pesos y se perfila el retiro de un supuesto remanente por un monto estimado en más de 50 mil millones de pesos.

Ello ha disminuido sensiblemente la capacidad operativa de las instituciones y hospitales de alta especialidad, que venían atendiendo este padecimiento, al no contar con recursos suficientes para atender la alta demanda, toda vez que están impedidos para generar ingresos propios. Como ejemplo, basta citar al Instituto Nacional de Cancerología (Incan), cuyo presupuesto disminuyó dramáticamente en 640.9 millones de pesos, que representan 27.6 por ciento al pasar de 2,315.4 mdp en 2020 a 1,674.5 mdp en 2021.3

Otro ejemplo es el de organizaciones de la sociedad civil que también se han visto afectadas con estos cambios, como es la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam), que previo a la pandemia por Covid-19 atendía hasta 10 mil pacientes al año, disminuyendo hasta 2 mil, aunado al temor de las pacientes a ser infectadas de Covid-19.

No han podido comprar los medicamentos para continuar su tratamiento 67 por ciento de las mujeres diagnosticadas. Para colmo, la fallida estrategia de compra consolidada de medicamentos de esta administración también ha afectado la disponibilidad de medicamentos en las unidades médicas del Sector Salud, orillando a las pacientes a adquirirlos en farmacias privadas a un costo de hasta 5 mil pesos mensuales.

De acuerdo con información del tercer Informe de Gobierno, 30 estados de la República recibieron de enero a junio de este año, apenas 3.1 por ciento de los medicamentos para cáncer solicitados, es decir, 6.5 mil medicamentos de 205 mil solicitados.4

La mayoría de las pacientes con cáncer de mama que están siendo afectadas no cuentan con respaldo para superar esta crisis, agravada por las condiciones económicas precarias que ya tenían inclusive antes de la llegada de la pandemia y agudizada por la misma. Ante esta situación muchas familias están acudiendo cada vez más a los servicios médicos privados, con el riesgo de incurrir en gastos catastróficos y con ello perder sus ahorros, sus bienes o endeudarse con tal de salvar de sus seres queridos.

Entre las diferentes causas que los especialistas consideran responsables del incremento en la frecuencia de los casos de cáncer de mama, figuran: el envejecimiento poblacional, el retraso de la maternidad o el no tener embarazos a término, la disminución de la lactancia materna, la menarquia temprana y una menopausia tardía, las que se suman a los ya conocidos factores de riesgo para el desarrollo de algunos tipos de cáncer, como el llevar una dieta inadecuada, el sedentarismo, el consumo de alcohol, tabaco, vapeadores, y uno que afecta a un alto porcentaje de mexicanos, el sobrepeso y la obesidad.

En los últimos años, el número de muertes causadas por esta enfermedad ha aumentado de forma alarmante, principalmente, por el retraso en el inicio del tratamiento, ya sea por la tardanza en la búsqueda de atención médica luego de que una mujer presenta un posible síntoma de cáncer de mama o por la demora en el sistema de salud, particularmente al dar el diagnóstico definitivo.

Es insuficiente la estrategia de detección, centrada en realizar la autoexploración y la exploración clínica a mujeres a partir de los 20 y 25 años de edad respectivamente y la mastografía de tamizaje en mujeres de 40 a 69 años. 70 por ciento de casos de cáncer de mama se detecta de forma tardía, cuando ya no hay posibilidades de cura para las pacientes.

Pese a los esfuerzos, la mortalidad continúa al alza.

Para disminuir la mortalidad de este padecimiento que afecta a miles de familias en México, urge implementar diversas acciones como son: retomar el seguimiento oportuno de los tratamientos, contar con más personal calificado en las unidades médicas, fortalecer las campañas informativas de prevención y asignar mayores recursos para reforzar los programas gubernamentales enfocados a la detección temprana y tratamiento de este padecimiento.

Las estrategias para mejorar los resultados relativos al cáncer de mama dependen del fortalecimiento primordial de los sistemas de salud para suministrar los tratamientos que ya se sabe que son eficaces. Esos tratamientos también son importantes para manejar otros tipos de cáncer y otras enfermedades no transmisibles (ENT) no neoplásicas.

Entre más tempranamente se logre la identificación, más pronto se logrará el tratamiento y es mayor la posibilidad de sobrevida. Es posible evitar 40 por ciento de las muertes por cáncer con prevención temprana.

En México, a pesar de que la Norma Oficial Mexicana 041-SSA2-201 recomienda que las mujeres entre 40 y 69 años se realicen la mastografía cada 2 años, la cobertura a nivel nacional es insuficiente (20 por ciento) para contribuir con la disminución de la mortalidad.5

Es indecible el sufrimiento de las mujeres que padecen cáncer de mama, que luchan estoicamente y al doble, sacando fuerzas hasta de lo inimaginable, con la esperanza de poder sobrevivir. Muy pocas lo logran cuando ya está muy avanzado. A su calvario se suma el sufrimiento de sus familias que quisieran transferirse la enfermedad para no verlas desfallecer.

No podemos ser insensibles ante el sufrimiento de tantas familias mexicanas que demandan urgentemente el apoyo y solidaridad de su gobierno para continuar el tratamiento de sus familiares que ya han sido diagnosticados con esta terrible enfermedad, el tiempo avanza y de ello dependen sus posibilidades de sobrevivir.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al secretario de Salud federal, doctor Jorge Alcocer Varela, y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, para que, en el marco de sus competencias y atribuciones, todas las dependencias del Sector Salud, hospitales e instituciones de salud pública, cuenten con los recursos materiales, humanos, financieros, médicos y abasto de medicamentos suficientes e implementen con carácter urgente las estrategias y mecanismos necesarios para su aplicación, con el objeto de garantizar la atención médica a las mujeres con cáncer de mama.

Notas

1 OMS. Cáncer de mama. www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer

2 Inegi. Comunicado de prensa No. 462/20.

www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020 /Cancermama20.pdf

3 Consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx

4 https://www.animalpolitico.com/2021/09/medicamentos-oncologicos-estados -solicitados-unops-insabi/

5 INSP. Cáncer de mama, una prioridad para la salud de las mexicanas. www.insp.mx/avisos/5090-octubre-cancer-mama-19.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.

Diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional: Rubén Ignacio Moreira Valdez, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Alma Carolina Viggiano Austria, Frinné Azuara Yarzábal, Yerico Abramo Masso, Norma Angélica Aceves García, Brasil Alberto Acosta Peña, Ricardo Aguilar Castillo, Yeimi Yazmín Aguilar Cifuentes, María de Jesús Aguirre Maldonado, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, María Guadalupe Alcántara Rojas, Cristina Amezcua González, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Montserrat Alicia Arcos Velázquez, Pedro Armentía López, Karla Ayala Villalobos, Carlos Miguel Aysa Damas, Laura Barrera Fortoul, Karina Marlén Barrón Perales, Sue Ellen Bernal Bolnik, Jaime Bueno Zertuche, María del Refugio Camarena Jáuregui, Adriana Campos Huirache, Andrés Mauricio Cantú Ramírez, Óscar Gustavo Cárdenas Monroy, Sofía Carvajal Isunza, Javier Casique Zárate, Alan Castellanos Ramírez, Eufrosina Cruz Mendoza, Carolina Dávila Ramírez, Yolanda de la Torre Valdez, Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, Juan Francisco Espinoza Eguia, Shamir Fernández Hernández, José Guadalupe Fletes Araiza, Rodrigo Fuentes Ávila, Pablo Gamboa José Luis Miner, Garza Ochoa, Augusto Gómez Villanueva, Mariano González Aguirre, Xavier González Zirión, Ildefonso Guajardo Villarreal, Marcela Guerra Castillo, Guadalupe Guerrero Esquivel Fuensanta, José Antonio Gutiérrez Jardón, Laura Lorena Haro Ramírez, Ismael Alfredo Hernández Deras, Johana Montserrat Hernández Pérez, Hiram Hernández Zetina, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Carlos Iriarte Mercado, Jazmín Jaimes Albarrán, Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino, Cynthia Iliana López Castro, Roberto Carlos López García, Tereso Medina Ramírez, Marco Antonio Mendoza Bustamante, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Mariana Erandi Nassar Piñeyro, Lorena Piñón Rivera, Reynel Rodríguez Muñoz, Cristina Ruiz Sandoval, Miguel Sámano Peralta, Paloma Sánchez Ramos, María Elena Serrano Maldonado, Melissa Estefanía Vargas Camacho, Sayonara Vargas Rodríguez, Maribel Guadalupe Villaseñor Dávila, José Francisco Yunes Zorrilla, Eduardo Zarzosa Sánchez (rúbricas).

Diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional: Margarita Zavala Gómez del Campo, Éctor Jaime Ramírez Barba, Martha Estela Romo Cuellar, Karen Michel González Márquez (rúbricas).

Diputadas y diputados del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano: Jorge Álvarez Maynez, Salomón Chertorisvki Woldenberg, Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz, María Elena Limón, Ivonne Ortega Pacheco, Julieta Mejía Mirza Flores (rúbricas).

Diputadas del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución democrática: Gabriela Ortega Molina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, la Secretaría de Bienestar y la SHCP a implantar un programa integral denominado “canasta básica de medicamentos”, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Juan Carlos Natale López , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El gasto de bolsillo que los mexicanos destinan para atender su salud y adquirir medicinas, tanto de uso básico como especializado, es muy elevado. Aproximadamente un 25 por ciento de la población utiliza servicios médicos privados, ya sea por decisión propia o por necesidad ante la falta de calidad en el servicio, de respuesta oportuna, o por no estar afiliado a los servicios públicos de salud, lo que los obliga a recurrir al uso de recursos personales para poder solventar los gastos médicos y la compra de medicamentos para el tratamiento de sus padecimientos.

Situación distinta es la que experimentan quienes ni siquiera tienen la posibilidad económica para poder erogar el costo de la atención médica y la compra de medicamentos básicos para atender sus malestares físicos; afectando de manera directa el bienestar y su calidad de vida.

Si bien, la actual administración ha puesto especial énfasis en la ampliación de la cobertura de atención y en el fortalecimiento de los servicios de salud, lo cierto es que existen diferentes dolencias comunes que pueden ser tratadas de manera sencilla si se contara con una serie de medicamentos básicos para su atención.

A pesar de que el derecho a la salud se encuentra reconocido constitucionalmente como un derecho humano, ello no significa que su protección y desarrollo efectivo se encuentre garantizado. Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señalan que para el 2021 el 28.2 por ciento de la población -unos 35.7 millones de personas- no tienen acceso a ningún servicio público de salud; cifra que se eleva a un 30.5 por ciento en las zonas rurales.

Sumado a lo anterior, es importante exaltar que el bienestar de muchos de nuestros ciudadanos está condicionado por malestares de salud cotidianos que pueden ser tratados con un paquete de medicinas básicas que no generan efectos secundarios adversos ni fomentan la automedicación, pero que permiten atender de forma expedita los problemas de salud básicos más comunes.

Para el Partido Verde, el suministro oportuno y suficiente de los medicamentos representa una prioridad, virtud a ello hemos presentado diversas iniciativas y proposiciones en la materia, con el objetivo de garantizar la protección efectiva de la salud de las y los mexicanos.

Es por esta razón que hoy se presenta un exhorto que busca abonar a robustecer el derecho a la salud de las personas, mediante el exhorto a las Secretarías de Salud, de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público para que instrumenten un programa integral denominado “Canasta Básica de Medicamentos”, cuyo objetivo sea otorgar un grupo mínimo de medicamentos esenciales para atender padecimientos básicos.

Lo anterior, mediante la participación activa de estas instituciones para definir, de acuerdo a los principales padecimientos detectados, los medicamentos que deberán integrar dicha canasta básica; así como las reglas de operación, los lineamientos de entrega y los destinatarios de dicho programa.

Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud; de Bienestar, y de Hacienda y Crédito Público, para que, en el marco de sus atribuciones y de manera coordinada, diseñen e implementen un programa integral denominado “Canasta Básica de Medicamentos”, cuyo objetivo sea otorgar un grupo mínimo de medicamentos esenciales para atender padecimientos básicos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, de acuerdo a los principales padecimientos detectados, defina los medicamentos que deberán integrar la “Canasta Básica de Medicamentos”.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar para que en el marco del programa “Canasta Básica de Medicamentos”, defina las reglas de operación y los lineamientos de entrega; así como los destinatarios de dicho programa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.

Diputado Juan Carlos Natale López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CFE y la CRE a realizar las gestiones necesarias para investigar los costos excesivos de electricidad aplicados a los usuarios y, en su caso, realizar los ajustes tarifarios procedentes, a cargo de la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, María Rosete , integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral I, fracción II, ambos preceptos del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es una empresa pública sin fines de lucro de carácter social que brinda un servicio de energía eléctrica a las y los ciudadanos, fundamental para el desarrollo de un país.

El Estado tiene como obligación constitucional generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer de electricidad a sus habitantes, con base en el concepto de rectoría económica del desarrollo nacional.

La energía eléctrica es fundamental tanto para el bien social como económico, actualmente el acceso garantizado a la energía para poder tener una vida digna, es uno de los mayores problemas que enfrentan las y los ciudadanos, debido a los cobros excesivos que mes con mes, reciben los usuarios por parte de CFE, constituyéndose como una de las empresas que más quejas recibe por los consumidores mexicanos.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE), con base en el informe trimestral emitido por la CFE, elaboró el denominado “Reporte primer trimestre CRE 2021”, el cual contiene el promedio por unidad de día, de las solicitudes que la CFE atendió por inconformidad de monto facturado, registrando en las zonas residenciales en población urbana 21.42 y en población rural 27.86; en zona comercial de población urbana 7.28 y en población rural 7.84; asimismo, del comercio industrial atendió un promedio por día de población urbana 3.84 y población rural 4.96. Con porcentaje de cumplimiento en tiempos de atención de solicitudes y quejas por inconformidad de monto facturado en población urbana de manera personalizada el 30.80 por ciento, internet 29.20 por ciento y telefónica 32.00 por ciento, y en población rural de manera personalizada el 34.00 por ciento, internet 35.60 por ciento y telefónica 35.40 por ciento.1

Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha recibido a nivel nacional 34 mil 323 quejas contra de la CFE por la negativa a corregir errores de cobro, error de cálculo, cobro de cuota extraordinaria, alteración de precio o tarifa máxima u oficial y negativa a la entrega del producto o servicio.2 En marzo del presente año, Ricardo Sheffield Padilla, quien era titular de la Profeco, reconoció que los cobros excesivos representan la mitad de las quejas.3

La inconcebible situación que actualmente atraviesan las y los mexicanos por cobros excesivos de suministro eléctrico, es un tema que debe atenderse de manera diligente, debido a la importancia que tiene la energía eléctrica en la vida cotidiana de las y los ciudadanos y la economía del país que se ha visto mermada a causa del Covid-19, consecuencia de bajas de sueldos o despidos, afectando el mercado laboral ya debilitado por brechas en materia de acceso y calidad del empleo y la disminución del comercio informal.

El Inegi en los Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de las cifras del cuarto trimestre de 2020, informo que entre el cuarto trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2020, existió una disminución de la población económicamente activa (PEA), reflejada en la ocupación del sector terciario, principalmente en restaurantes y servicios de alojamiento, pérdida de empleos de tiempo completo, disminución de la ocupación en los micro negocios y en condiciones de informalidad.4

Como ejemplo, una de las comunidades más afectadas por el Covid-19 es la de las y los trabajadores en vía pública, quienes no cuentan con una actividad que les permita pagar los altos costos o tabulaciones que establece la CFE por suministro de energía eléctrica, como es el caso del Distrito 08, donde la mayoría de los residentes viven del comercio, padeciendo los inconvenientes de la falta de protección y de la incertidumbre de los ingresos generados, condiciones que en muchas ocasiones les impide solventar las necesidades fundamentales de subsistencia como lo son salud y alimentación y cuanto más, cubrir el pago de servicios básicos, amén, a las tarifas excesivas que deben pagar por el suministro de energía eléctrica.

Deteriorando con lo anterior, la calidad de vida de las y los ciudadanos, debido a las altas tarifas que deben pagar por el suministro de electricidad, que los limita a realizar muchas actividades cotidianas por un acceso caro a la energía, aún y cuando en el año 2015, las Naciones Unidas incluyeron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los que incorpora el objetivo específico de la energía (ODS 7), cuyo fin, es garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos.5

El dialogo social es un componente impredecible para poder garantizar una recuperación sostenida y sostenible, tan es así, que la presente administración en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 enfatizó un rescate al sector energético, priorizando mediante el diálogo, los conflictos con comunidades y poblaciones generados por las inconformidades sociales por altas tarifas en instalaciones de Pemex y la CFE.

Es de vital importancia seguir esclareciendo y realizando los ajustes tarifarios necesarios, para proteger los intereses de los usuarios, propiciando una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro eléctrico y la prestación de los servicios para las y los mexicanos.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico. La LXV Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Federal de Electricidad y al titular de la Comisión Reguladora de Energía, para que en el ámbito de sus respectivas competencias y de manera coordinada, realicen las gestiones necesarias para investigar los costos excesivos que se aplican a los usuarios por suministro de energía eléctrica y en su caso, se realicen los ajustes tarifarios procedentes.

Notas

1 https://www.cfe.mx/suministrobasico/InformeSB/Documents/003.%20Reporte% 20primer%20trimestre%20CRE%202021.pdf

2 https://burocomercial.profeco.gob.mx/

3 https://www.milenio.com/negocios/cfe-reporte-de-fallas-quejas-profeco

4 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/enoe_ie /enoe_ie2021_02.pdf

5 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.

Diputada María Rosete (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, lo gobiernos locales y el Congreso de la Unión a convocar a un debate público sobre la necesidad de una nueva convención hacendaria donde se revisen las atribuciones tributarias de los tres órdenes de gobierno y se diseñen nuevos mecanismos de captación y recaudación de recursos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las y los suscritos, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

1. Desde el 16 de julio de 2020, en una gira por el estado de Jalisco, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en materia de finanzas estatales y municipales el gobierno federal y las administraciones locales han heredado una carga de deuda importante. Esto, atendiendo al llamado de diversos gobernadores de que se revise el esquema de coordinación fiscal, a fin de mejorar la distribución de los recursos federales.

En esa oportunidad, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez le planteó al Presidente de la República acordar una estrategia integral para efecto de que los estados pudieran reconstruir sus economías con la ayuda de la federación, derivado de la crisis generada por la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19), cuestión que el Presidente se comprometió a analizar el tema y proponer una solución.

2. Por su parte, en una investigación elaborada por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, titulada El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Una herramienta para el federalismo , y publicada desde julio de 2020, se reiteró la necesidad de continuar con los trabajos en el marco del federalismo fiscal para fortalecer las haciendas locales e incluir a los municipios con la finalidad de disminuir la dependencia a las participaciones federales. Esto, al determinar que es fundamental lograr acuerdos para que en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se establezcan las bases de la planeación hacendaria no sólo para una mayor distribución de los recursos tributarios en beneficio de la población, sino también para atender las necesidades de los habitantes y de los lugares en los que viven.

3. Igualmente, desde el 17 de marzo de 2021 se instaló formalmente en la Cámara de Diputados el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, que fue aprobado por el pleno en sesiones anteriores, con el objetivo de realizar diagnósticos y propuestas de los temas hacendarios y fiscales en nuestro país, entre ellos, una eventual convocatoria a una Convención Nacional Hacendaria, la revisión del reparto de recursos en entidades federativas y municipios, así como las bases para crear un Instituto Nacional de Finanzas Públicas.

Recientemente, como parte de sus trabajos, el 16 de julio, 11 de agosto y 18 de agosto del año en curso, sostuvieron diversos encuentros en los que también participaron especialistas en la materia fiscal y económica, en los que se advirtió que el federalismo fiscal no está balanceado con la debida rendición de cuentas y medidas de responsabilidad. Al respecto, urgieron actualizar el pacto fiscal federal con el propósito de garantizar la sustentabilidad del gasto público de estados y municipios, al haberse concluido que existe una gran falta de actualización de los esquemas y del pacto fiscal federal.

4. En este sentido se han pronunciado recientemente tanto el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, como el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, quienes incesantemente han urgido respecto a la necesidad de celebrar un nuevo pacto fiscal a fin de priorizar un reparto equitativo de recursos con la federación y los distintos estados de la República.

Ambos, el pasado 1 de julio de 2021, efectuaron una rueda de prensa conjunta en la que externaron nuevamente la necesidad de revisar el Convenio de Coordinación Fiscal, y destacaron la presentación de una iniciativa de reforma para que sea obligación del Estado revisar cada determinado tiempo, estas reglas de coordinación fiscal entre las entidades y la federación. Incluso, destacaron particularmente el tema de las consultas ciudadanas en este rubro, al ser esenciales para conocer el sentir de la gente a este respecto.

Por un lado, resaltaron que en el estado de Nuevo León ya se ha efectuado una consulta ciudadana en esta materia, efectuada entre diciembre del año 2020 y febrero de 2021, en la cual una mayoría de ciudadanos optaron por una modificación a este convenio de coordinación fiscal, ya que, según especialistas, por cada peso que Nuevo León aporta al gobierno federal, solamente se le devuelven 29 centavos.

Por su parte, señalaron que en el estado de Jalisco se llevará a cabo un ejercicio de esta naturaleza, partiendo de la experiencia que el gobernador tienen en este tipo de ejercicios, tal como aconteció con la ratificación de su cargo como presidente municipal en Tlajomulco de Zúñiga.

Los gobernadores concluyeron la conferencia de prensa antes referida que la sinergia que harán de forma conjunta, pretende ejercer una mayor presión a fin de convencer a la federación de esta problemática existente, y lograr la modificación que se pretende con la referida iniciativa de ley.

En ese sentido, y a fin de fortalecer la discusión y ampliar el debate respecto de la necesidad de respecto de una nueva convención hacendaria donde se revisen las atribuciones tributarias de los tres órdenes de gobierno, y se diseñen nuevos mecanismos de captación y recaudación de recursos, así como esquemas más eficientes, transparentes y equitativos de distribución de los mismos.

5 . El pasado 6 de octubre, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, apuntó que durante cuatro fines de semana consecutivos entre el 20 de noviembre y el 12 de diciembre se realizará una consulta popular con la pregunta “¿Estás de acuerdo en que cada seis años se revisen los términos de la coordinación fiscal y la manera en la que la federación distribuye los impuestos, para que se decida si Jalisco se mantiene o sale del Pacto Fiscal?”.1 Lo anterior a fin de que las y los jaliscienses decidan si el estado de Jalisco permanece o no en el pacto fiscal.

En caso de ser afirmativa la respuesta de la ciudadanía en esta consulta, el gobernador de Jalisco apuntó que se buscará reformar la Constitución del estado para que cada seis años las autoridades locales revisen los términos de Pacto Fiscal a fin de decidir si es conveniente seguir en él, renegociar o abandonarlo.2 Finalmente, el gobernador de Jalisco apuntó “pero el mensaje es claro, no queremos salirnos, lo que queremos es un trato justo”.3

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, a las entidades federativas, y al Congreso de la Unión, a convocar a un debate público, con efectos vinculatorios, respecto de la necesidad de una nueva convención hacendaria donde se revisen las atribuciones tributarias de los tres órdenes de gobierno, y se diseñen nuevos mecanismos de captación y recaudación de recursos, así como esquemas más eficientes, transparentes y equitativos de distribución de los mismos.

Notas

1 Torres, R. (2021). “Sólo queremos trato justo” dice Alfaro sobre Pacto Fiscal. El Universal. Recuperado de: <https://www.eluniversal.com.mx/estados/solo-queremos-trato-justo-di ce-alfaro-sobre-pacto-fiscal>

2 Ídem.

3 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.

Diputados: Jorge Álvarez Máynez, Mirza Flores Gómez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sectur y el gobierno de Guerrero a activar los programas de fomento turístico para consolidar la actividad en beneficio de la población, a cargo de la diputada Fabiola Rafael Dircio, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada Fabiola Rafael Dircio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que el pasado mes de julio de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Programa Sectorial de Turismo Derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, siendo el programa rector de la política turística.

El decreto señalaba que:

“El turismo será una herramienta de reconciliación que permita enmendar el tejido social y actuará como un mecanismo para la conservación de usos, costumbres, territorios, identidad, cultura, lenguas y legado de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”.1

La propuesta tomó como base que, de la actividad turística dependen 4.4 millones de empleos directos y presenta una balanza comercial positiva del sector en el orden de 14 mil 715 millones de dólares, solo superado por el saldo neto de los ingresos por remesas, que ascendieron a 35 mil 64 millones de dólares en 2019. En este marco, cabe mencionar que el turismo nacional es el principal motor del sector, ya que, conforme a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2018, 82.7 por ciento del consumo turístico derivó del mercado doméstico.2

Para alcanzar las metas se dio a conocer la puesta en marcha de dos estrategias, los programas denominados Sonrisas por México y Disfruta México.

Que promover robustamente programas como los señalados son un respiro e impulso para destinos netamente turísticos en nuestro país, esto se debe a que la actividad turística en México es relevante para la generación de empleo, intercambio comercial, mejoras de infraestructura, impulso al sector de comunicaciones y transportes y la ampliación en la difusión cultura nacional.

Que, según lo informó la Organización Mundial del Turismo, nuestro país sostuvo un vigoroso número de visitantes extranjeros, el cual pasó de 23.3 millones en el año 2010 a 41.4 millones en el año 2018, es decir un crecimiento de más de 90 por ciento en sólo 8 años.

Es destacable que el turismo en México desempeña un importante papel en la generación de empleos en el país a nivel social y económico: aporta 8.7 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional, genera 14.7 miles de millones de dólares en el saldo de la Balanza Turística, activa una cadena de valor de 65 mil millones de dólares en proveeduría y ocupa 4.1 millones de personas, es la principal fuente de empleo para jóvenes y la segunda para mujeres.3

Que, la pandemia de Covid-19 ocasionó un fuerte confinamiento como medida de contención, lo que se vio reflejado en la contracción del dinamismo del sector turístico, afectándole significativamente pasando, según lo dio a conocer el Inegi, en una caída de 23.3 por ciento, con respecto primer trimestre de 2020.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) ofreció un reporte en el cual indicó que en el periodo comprendido de enero y febrero de 2021 los ingresos de divisas por concepto de visitantes internacionales fueron del orden de los mil 733 millones de dólares, representado un decremento de 63 por ciento comparado con el mismo periodo de 2020.

Los destinos turísticos en el estado de Guerrero no fueron ajenos a esta situación, a pesar de que Acapulco está definido como un destino que cuenta con una de las mejores condiciones de oportunidad de información y calidad, así como pertenecer a un gran destino turístico, sufrió estragos de consideración.

Las afectaciones al sector turístico son relevantes para la entidad guerrerense pues se encuentra dentro de las entidades más dependientes del turismo y servicios recreativos con 7 por ciento, junto con Quintana Roo con 25 por ciento, Baja California Sur, 14 por ciento; Nayarit, 13 por ciento y Oaxaca, 4 por ciento.

Para finales de 2020, en el estado de Guerrero se habían cerrado más de 375 hoteles, 587 restaurantes y 669 establecimientos turísticos, se vieron afectados vuelos nacionales, internacionales y cruceros, estimando que se dejaron de percibir para esa fecha cerca de 11 mil millones de pesos.

Con base en un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad, AC (IMCO), para mitigar el impacto negativo de una desaceleración económica en el bienestar social es necesario que los gobiernos comiencen a planear e implementar políticas de apoyo financiero que permitan a familias y empresas solventar una disminución significativa de sus ingresos.4

Es por lo anterior que se propone impulsar los programas decretados por la administración actual, como el de Disfruta México , que tiene como uno de sus principales objetivos el de generar opciones turísticas de bajo costo y accesibles a toda la población, mediante paquetes de viaje sin comprometer la economía familiar.5

Así como la denominada estrategia Operación Toca Puertas , que tiene la finalidad de posicionar a México como un destino preferente del turista internacional, especialmente de nichos de alto poder adquisitivo, con el apoyo de las embajadas y consulados del gobierno de México en el extranjero

Por lo expuesto y fundado someto a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo para que, en coordinación con el gobierno del estado de Guerrero, y en el ámbito de sus respectivas competencias, se activen los programas de fomento turístico en el estado de Guerrero, con la finalidad de consolidar esa actividad en bienestar de la población que depende directamente del sector.

Notas

1 https://www.dof.gob.mx/

2 https://www.dof.gob.mx/

3 http://ru.iiec.unam.mx/

4 https://imco.org.mx/

5 https://www.dof.gob.mx/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.

Diputada Fabiola Rafael Dircio (Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, su homóloga de Tamaulipas, el Insabi, el IMSS y el ISSSTE a garantizar el abasto de medicamentos en el estado, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 2018, existían 61.1 millones de mexicanos en condiciones de pobreza; 21.1 millones con rezago educativo; 20.2 millones que no contaban con acceso a servicios de salud; 71.7 millones que no recibieron servicios de seguridad social; 25.5 millones sin acceso a la alimentación; 13.8 millones con espacios reducidos en casas y 24.7 millones de personas sin acceso a servicios básicos de vivienda. En otras palabras, más de la mitad de las y los mexicanos presentaron alguna carencia básica.1

La pobreza, el rezago educativo y el limitado acceso al servicio de salud, forman parte de los determinantes sociales a través de los cuales las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Mismos que son fijados por aspectos como el poder económico y la equidad en la distribución de la riqueza.2 En nuestro país, una de las principales problemáticas consideradas como determinantes sociales atribuibles a la pobreza es el acceso a la salud; problemática que durante décadas ha mantenido una disminución en el servicio de atención.

Desde hace más de un año el desabasto de medicamentos provocó una serie de reprogramaciones, principalmente para el seguimiento de tratamientos médicos de enfermedades cardiovasculares y crónico degenerativas (hipertensión arterial, diabetes tipo I y II, dislipidemia, obesidad, artritis reumatoide, enfermedades reumáticas, cáncer o enfermedad renal). La falta de tratamientos medicinales ha propiciado el aumento en el sufrimiento de las personas por no contar con las herramientas adecuadas para enfrentar su enfermedad. La impotencia y desesperación por no obtener el apoyo suficiente por parte de las instituciones de salud prolongan el sufrimiento de las y los mexicanos en situación de vulnerabilidad.

El juicio de amparo se ha convertido en la única herramienta de los pacientes para acceder a un tratamiento de calidad. Al desgaste físico, psicológico y económico que genera la lucha contra su enfermedad, habría que sumar la revictimización en los procesos jurídicos a los que deben enfrentarse, tales como interrogatorios innecesarios o situaciones que atentan en contra de su dignidad humana. Por otro lado, además de los gastos generados por padecimientos, los pacientes deben invertir grandes cantidades de dinero en un amparo para adquirir los servicios de un profesional en derecho que les ayude a resolver su problemática, convirtiendo esta situación en algo insostenible y que atenta en contra de la dignidad humana.

No podemos soslayar que el Estado mexicano tiene la obligación de establecer las condiciones necesarias para que las personas diagnosticadas con alguna enfermedad accedan a tratamientos de calidad en tiempo y forma, así como para que se garantice el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4, párrafo cuarto, que:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social”.

La Ley General de Salud, en su artículo 6, fracción I, establece entre los objetivos del Sistema Nacional de Salud:

I. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas;

(...)

El artículo 27 del ordenamiento jurídico antes mencionado señala que:

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I a VII. ...

VIII. La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud;

IX a XI. ...

La presente administración encabezada por el licenciado Andrés Manuel López Obrador se ha destacado por realizar acciones que coadyuvan a la eliminación de la pobreza. Mismas que permiten mejorar las condiciones materiales y culturales de vida de la población que presenta mayores rezagos.

Prueba de ello, el 1 de enero de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y se elimina la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, encargada de operar el Seguro Popular. La creación de este nuevo instituto tiene por objeto proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a todas las personas sin seguridad social, incluidos extranjeros, sin importar su estatus migratorio. Este nuevo modelo de salud pública se distingue por estar dirigido principalmente a personas que carecen de acceso a los servicios de salud y medicamentos.

La atención que brindará este instituto será bajo los principios de participación social, competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural, trato no discriminatorio, digno y humano, y permitirá:

• Combatir la corrupción en todo el sector salud.

• Dignificar los hospitales públicos de las diversas dependencias federales.

• Priorizar la prevención de enfermedades mediante campañas de concientización e inserción en programas escolares de temas de nutrición, hábitos saludables, salud sexual y reproductiva.

• Emprender una campaña informativa nacional sobre las adicciones.

• Impulsar las prácticas deportivas en todas sus modalidades.

Con todo lo anteriormente señalado, el gobierno federal garantizará que todas y todos los habitantes de México accedan al servicio de atención médica y hospitalaria de manera gratuita, universal y de calidad, incluyendo el suministro de medicamentos y materiales de curación y los exámenes clínicos.

No obstante la loable labor desempeñada por las autoridades responsables de la salud en nuestro país, misma que ha permitido reducir la desigualdad y la pobreza, los ciudadanos tamaulipecos ven con preocupación el desabasto de medicamentos por el que atraviesa el sector salud de nuestro país, como por ejemplo, el caso de los hospitales, centros de salud ampliados y centros de salud ubicados en los municipios de Reynosa, Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán, Mier y Guerrero, en el estado de Tamaulipas. Centros de salud que llevan meses sin recibir la cantidad de medicamentos necesarios para enfrentar sus enfermedades, situación que genera angustia y sufrimiento en los más desamparados.

A pesar del gran desempeño que se ha mantenido durante el presente sexenio, es necesario realizar esfuerzos adicionales desde los diferentes niveles de gobierno, a efecto de asegurar el derecho a la protección de la salud de todas las personas.

De ahí que el punto de acuerdo que pongo a consideración de este pleno tiene por objeto exhortar respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud Federal y su homóloga en el estado de Tamaulipas, así como al titular del Insabi, IMSS e ISSSTE, para que, en el ámbito de sus atribuciones, garanticen el abasto de medicamentos en el estado.

En razón de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud federal y su homóloga en el estado de Tamaulipas, así como al titular del Instituto de Salud para el Bienestar, Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que, en el ámbito de sus atribuciones, garanticen el abasto de medicamentos para los diferentes tipos de enfermedades en el estado de Tamaulipas.

Notas

1 https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx

2 https://www.who.int/social_determinants/es/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre 2021.

Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS, el IMSS, el Infonavit y los congresos locales en materia de subcontratación especializada, a cargo del diputado Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Jorge Arturo Espadas Galván, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción III; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y a los congresos de los estados y de la Ciudad de México en materia de subcontratación especializada, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La reforma laboral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2021, ha generado en el sector empresarial una sobrecarga administrativa al interior de los centros de trabajo, que ha implicado inclusive el cierre de empresas y la consecuente pérdida de inversiones y puestos de trabajo.

Las modificaciones que ahora son plenamente vigentes obligaron a las empresas a realizar sustituciones patronales, migración de personas trabajadoras en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y a las autoridades les impusieron obligaciones para la creación e implementación de sistemas informáticos que permitieran a las empresas de servicios especializados la obtención de un registro para poder trabajar (REPSE-STPS), así como para rendir informes cuatrimestrales ante el IMSS (ICSOE) y el Infonavit (SISUB), además de trasladar la obligación de vigilar el pago de impuestos a las empresas contratantes so pena de no poder acreditar y/o deducir el ISR y el IVA, la imposición de multas e inclusive penas privativas de la libertad, entre otras sanciones que por su monto y ante la falta de criterios específicos para su determinación podrían implicar la desaparición de centros de trabajo y la consecuente elevación de los índices de desempleo, lo que también puede convertirse en un factor que en lugar de inhibir prácticas ilegales pueden motivar en las personas servidoras públicas el incurrir en actos de corrupción.

La implementación de la reforma ha sido un verdadero castigo para las empresarias y los empresarios, que independientemente de su tamaño, han tenido que sufrir la falta de un criterio unificado entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el IMSS y el Infonavit, autoridades que se supone deben coordinar sus esfuerzos para el intercambio de información, en donde la realidad es diametralmente diferente al espíritu de la reforma ya que, por ejemplo, una empresa contratista tiene que utilizar, para poder prestar un servicio, tres sistemas informáticos distintos que no tienen reglas claras o criterios formales para otorgar seguridad jurídica y que en algunos casos dificultan la presentación de los informes o el alta de nuevas actividades, lo que motiva el retraso o falta de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la citada reforma laboral.

En atención a estas circunstancias y por considerar que la implementación de la reforma laboral en materia de subcontratación requiere que las autoridades encargadas de su implementación asesoren y coadyuven con el sector empresarial en el cumplimiento normativo y evitar el exceso en la aplicación de sanciones, es por lo que se propone exhortar a la STPS para que en el diseño y puesta en marcha de las acciones de inspección que habrá de emprender para verificar el cumplimiento de la normatividad laboral en materia de subcontratación respecto de las empresas sujetas a su jurisdicción, las visitas que ejecuten se apeguen a lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones, esto es, que la inspecciones sean de asesoría y asistencia técnica, en el caso del Infonavit y del IMSS el exhorto es en el sentido de que permitan a las empresarias y a los empresarios seguir tratando de cumplir con las informativas que cuatrimestralmente tienen que rendir, aspecto en el que particularmente en el caso del Infonavit su sistema por anacrónico ha dificultado y en algunos casos impedido el cumplimiento de esta obligación, por ello hacemos extensivo otro exhorto al propio Instituto Mexicano del Seguro Social para que comparta su tecnología y buenas prácticas ya que el sistema implementado por esta autoridad es más “amigable” en cuanto a su uso, en ambos casos se solicita que se aplique el criterio señalado por el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación y 304-C de la Ley del Seguro Social, los cuales señalan que no se impondrán multas a las empresas que cumplan de manera espontánea con sus obligaciones, lo que estamos pidiendo en este caso es que las autoridades asuman la parte que les corresponde y reconozcan que sus plataformas requieren de mayores actualizaciones para que las empresas puedan cumplir puntualmente con las obligaciones impuestas por la reforma laboral en materia de subcontratación.

Adicionalmente, en el caso de los congresos de los estados y de la Ciudad de México, más que un exhorto se trata de una respetuosa solicitud de colaboración, ya que como es sabido nuestra Carta Magna establece en materia laboral una adecuada distribución de competencias a la inspección del trabajo en materia de condiciones generales de trabajo, en donde dependiendo del giro y/o actividad de la empresa en cuestión corresponderá el vigilar su cumplimiento a las inspecciones locales o a la inspección federal del trabajo, por ello con pleno respeto a su autonomía es por lo que se solicita su colaboración para que sean las legislaturas las que exhorten a sus respectivas inspecciones del trabajo para que en la revisión del cumplimiento de la normatividad laboral en materia de subcontratación las visitas que ejecuten se apeguen al igual que en el caso de la autoridad laboral federal a lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones.

Estas acciones parlamentarias se consideran necesarias y urgentes ante la negativa del gobierno federal para el otorgamiento de una nueva prórroga.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en ejercicio de sus atribuciones de promoción y vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral, genere un programa de asesoría y asistencia técnica en materia de subcontratación laboral y que las inspecciones que realice se apeguen a lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones.

Segundo. Se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social que como resultado de los procedimientos administrativos que instaure en contra de las empresas por presuntos incumplimientos a lo dispuesto por el artículo 15-A de la Ley del Seguro Social aplique el criterio establecido en los artículos 73 del Código Fiscal de la Federación y 304-C de la Ley del Seguro Social, esto es, que no se apliquen multas siempre que las empresas no incurran en los supuestos que dichos ordenamientos establecen.

Tercero. Se exhorta al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores que como resultado de los procedimientos administrativos que instaure en contra de las empresas por presuntos incumplimientos a lo dispuesto por el artículo 29-Bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores aplique el criterio establecido en el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, esto es, que no se apliquen multas siempre que las empresas no incurran en los supuestos que dicho ordenamiento establece.

Cuarto. Se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social para que comparta tecnología y buenas prácticas en materia informática con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con la finalidad de que los sistemas informáticos implementados para el cumplimiento de la normatividad laboral en materia de subcontratación se unifiquen y faciliten el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las empresas.

Quinto. Con pleno respeto a su autonomía, se exhorta respetuosamente a las legislaturas de los estados y al Congreso de la Ciudad de México, para que a su vez exhorten a las autoridades laborales de sus entidades federativas para efecto de que las visitas de inspección que realicen para vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral en materia de subcontratación, respecto de las empresas bajo su competencia, se apeguen al criterio de asesoría y asistencia técnica establecido por el artículo 18 del Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.

Diputado Jorge Arturo Espadas Galván (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y la Profepa a reconsiderar el cierre de las oficinas de representación de ésta en Ensenada y Tijuana, BC, a cargo del diputado Fausto Gallardo García, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputado Fausto Gallardo García , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La protección del derecho a un medio ambiente sano se ha constituido como una de las tareas más importantes y apremiantes de cualquier administración ante las evidencias de su transgresión.

Las consecuencias del cambio climático y las constantes muestras de la intervención negativa del hombre nos ha obligado a crear leyes, normas e instituciones que garanticen la protección y preservación de nuestro medio ambiente.

Precisamente, el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal1 identifica a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) como una institución indispensable y necesaria para fomentar la protección, restauración, conservación, preservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano. Así mismo, se establece que para el cumplimiento de sus objetivos, de conformidad con el Reglamento Interior de la Semarnat, ésta contará con una estructura administrativa, órganos desconcentrados y descentralizados que forman parte del Sector Ambiental Federal, entre ellos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Por su parte, la Profepa tiene entre sus atribuciones la programación y ejecución de visitas u operativos de inspección para vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la restauración de los recursos naturales, a la preservación y protección de los recursos forestales, de vida silvestre, quelonios, mamíferos marinos y especies acuáticas en riesgo, sus ecosistemas y recursos genéticos, bioseguridad de organismos genéticamente modificados, especies exóticas que amenacen ecosistemas, hábitats o especies, el uso y aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, playas marítimas y terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, las áreas naturales protegidas, a la prevención y control de la contaminación de la atmósfera, suelos contaminados por materiales y residuos peligrosos, actividades altamente riesgosas, residuos peligrosos, impacto ambiental, emisión y transferencia de contaminantes, descargas de aguas residuales a cuerpos de aguas nacionales, ordenamiento ecológico y auditoría ambiental, de conformidad con las disposiciones aplicables, así como establecer políticas y lineamientos administrativos para tal efecto.2

Además, dicho Reglamento refiere en su artículo 46 que:

“Para el ejercicio de sus atribuciones, la Procuraduría contará con los servidores públicos y unidades administrativas siguientes:

I. a XVIII. ...

XIX. Delegaciones de la Procuraduría en las entidades federativas y la Delegación en la Zona Metropolitana del Valle de México, que tendrá competencia en el Distrito Federal y los municipios conurbados siguientes:

...

...

...”

No obstante, el pasado el 23 de abril de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican”;3 proponiendo la ejecución de diversas medidas “...de conformidad con los criterios que nos rigen de eficiencia, honestidad, austeridad y justicia, ...”.

En este sentido, el pasado 29 de septiembre de 2021, el Ejecutivo federal, a través de la Semarnat, publicó un acuerdo suscrito por Blanca Alicia Mendoza Vera, titular de la Profepa, por el cual se hace de conocimiento público el cierre de las oficinas de representación (antes delegaciones federales) de dicha Procuraduría Federal en los municipios de Tijuana y Ensenada, en el estado de Baja California y se da a conocer el domicilio para los actos y procedimientos administrativos que se indican.

Se señala que con el fin de dar cumplimiento al referido decreto, y atendiendo a los criterios de eficiencia, honestidad, austeridad y justicia, “resulta conveniente el cierre definitivo de las oficinas de representación (antes delegaciones federales) de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ubicadas en los municipios de Tijuana y Ensenada, estado de Baja California”.4

Esta situación ha generado preocupación en diversas organizaciones, empresas navieras, colegios y científicos, quienes señalan que con la eliminación de las oficinas de representación de la Profepa en Tijuana y Ensenada, se afectará la acción oportuna de la autoridad competente en un espacio de poco más de 50 mil kilómetros cuadrados, que incluye ocho áreas naturales protegidas, donde habitan especies animales únicas como la vaquita marina, la ballena gris, el cóndor americano, el berrendo y el borrego cimarrón, por lo cual se ponen en peligro a especies endémicas de flora que han enfrentado extracciones irracionales en los últimos tiempos como la salvia blanca, la yuca, utilizada para la producción de jabones o refrescos, y hasta el canto rodado, que son piedras de las costas utilizadas para material de producción y ornato.

Indudablemente, lo anterior representa un riesgo inminente de afectación a los recursos naturales prioritarios existentes que, ante la existencia de una emergencia ambiental, se vería limitada e incluso imposibilitada de garantizar su atención inmediata.

Como legisladores, nuestro deber es generar las condiciones legales para el fortalecimiento de nuestras instituciones, especialmente de aquellas que tienen dentro de sus atribuciones la protección de unos de los derechos más elementales para el ser humano, como lo es un medio ambiente sano.

Las instituciones ambientales, especialmente la Profepa como autoridad que se encuentra en la primera línea de atención de las denuncias ciudadanas en materia de protección ambiental, resultan de vital importancia para el cumplimiento de objetivos prioritarios, tales como:

1. Proteger el derecho humano a un medio ambiente sano;

2. Contener la destrucción de nuestros recursos naturales y revertir los procesos de deterioro ambiental;

3. Procurar el pleno acceso de la sociedad a la impartición de una justicia ambiental pronta y expedita;

4. Lograr la participación decidida, informada y responsable de los miembros de la sociedad y de sus organizaciones, en la vigilancia e inducción del cumplimiento de la ley ambiental, y

5. Fortalecer la presencia y ampliar su cobertura territorial, con criterio federalista.

En atención a ello, se considera muy importante hacer un llamado a la autoridad ambiental con la intención de reconsiderar el cierre de dichas oficinas de representación; sabemos de la importancia de convertirnos en una nación mucho más eficiente, transparente y ordenada; sin embargo, es indispensable que las acciones encaminadas al buen uso de los recursos públicos no atenten contra el correcto funcionamiento de las instituciones.

El Partido Verde ha sido enfático en la necesidad de generar los recursos suficientes para la protección del medio ambiente, por ello se reconoce el interés en la materia del Ejecutivo federal que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el ejercicio fiscal 2022 programó un monto de 776 millones 476 mil 505 pesos, lo cual se traduce en un incremento de poco más de 34.3 millones de pesos en comparación con el año 2021.

Lo anterior representa una vía de solución ante las posibles dificultades que pudieran resultar por la falta de recursos; sumado a los propios razonamientos del referido Decreto que señala una causal de excepción para no proceder al cierre de las oficinas de representación de la Profepa cuando se trate de las que atiendan de manera directa al público o aquellas que son esenciales para el bienestar del pueblo.

Como representante popular es de mi especial interés velar por el bienestar e integridad de mis representados y de los intereses de la sociedad en general, los cuales han manifestado su legítima preocupación ante el inminente cierre de las oficinas de la Profepa a partir del 1 de octubre de 2021 bajo el argumento de la austeridad republicana. La aplicación legal y la protección ambiental en favor de nuestros recursos naturales, resulta indispensable y requiere acción oportuna e inmediata, especialmente los ubicados en el estado de Baja California, toda vez que hay muestra de los continuos ataques de que son objeto diversos especímenes como son la vaquita marina, la ballena gris, el cóndor americano, el berrendo y el borrego cimarrón, muchos de los cuales actualmente se encuentran en riesgo de extinción.

Por todo lo aquí expuesto y ante la urgente necesidad de no desproteger los recursos naturales y ecosistemas ubicados en Baja California, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a reconsiderar el cierre de las oficinas de representación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en los municipios de Tijuana y Ensenada, en el estado de Baja California, ante la importancia y urgente necesidad que representa su presencia y efectiva participación en la vigilancia y conservación de los recursos naturales y ecosistemas endémicos de la entidad.

Notas

1 Véase, “Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 32 Bis.”. Consultado el 2 de octubre de 2021. Disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_110121.p df

2 Véase, “Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, artículo 45, fracción I”. Consultado el 2 de octubre de 2021. Disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n25.pdf

3 Véase, “DECRETO por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican”, Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, 3 de abril de 2020. Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592205&fecha=23/04/2020

4 Véase, “Acuerdo por el que se hace del conocimiento el cierre de las oficinas de representación (antes delegaciones federales) de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en los municipios de Tijuana y Ensenada, en el estado de Baja California y se da a conocer el domicilio para los actos y procedimientos administrativos que se indican”. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Consultado el 2 de octubre de 2021. Disponible en:

file:///Users/evelynmarcortes/Downloads/ACUERDO%20CIERRE %20OFICINAS%20%20PROFEPA%20TIJUANA%20Y%20ENSENADA%20BAJA%20CALIFORNIA_( def).pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.

Diputado Fausto Gallardo García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, la Guardia Nacional, la Comisión de Relaciones Exteriores y el INM a garantizar y respetar los derechos humanos, convenios y tratados internacionales en materia migratoria reconocidos en la CPEUM y resolver la respectiva situación jurídica ante el INM, a cargo de la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, María Rosete , integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral I, artículo 6, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, ambos preceptos del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El flujo México-Estados Unidos es el principal corredor migratorio del mundo, conformado por personas de distintas nacionalidades. México es el principal país de origen de las personas migrantes que residen en la Unión Americana, convirtiéndose en un espacio con mayor migración temporal y transfronteriza.

Los desastres naturales, la pobreza, la falta de oportunidades, los conflictos políticos y sociales como las masacres, guerras, persecuciones, la inseguridad delictiva o violencia, han sido detonantes en la decisión migratoria de contingentes poblacionales, cada vez es mayor el número de mujeres, niñas, niños y adolescentes que engrosan el flujo migratorio.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelaron que, en el año 2020, a nivel nacional, hubo un total de 21 millones 611 mil 963 migrantes.1 Chiapas, Tabasco, Veracruz Oaxaca y Puebla, son algunos estados por los que atraviesas los migrantes para llegar a Estados Unidos.

De acuerdo con el último censo poblacional realizado en el año 2020, Baja California, la Ciudad de México, Chihuahua y Jalisco, seguidas por el estado de México, Chiapas, Sonora y Nuevo León, son las entidades donde residen más personas extranjeras.2

La mayor movilidad de hombres, mujeres y menores migrantes de entre 15 a 64 años se concentra en Chiapas, lo anterior con base en los datos emitidos por el Consejo Nacional de Población, Estimaciones de la Población 1990-2009, y Proyecciones de la Población de México 2010-2050.3

Por su parte, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) reportó que entre enero y abril del 2021, se recibieron 22 mil 606 nuevas solicitudes de asilo;4 en mayo 9 mil 327 y en junio por tercer mes consecutivo, se rebasó la cifra de 9 mil solicitudes de asilo, realizadas principalmente por personas provenientes de Honduras, Haití y Cuba. Aumentando del promedio mensual de solicitudes de 108 en 2013 a 7,961 en 2021. Solicitudes que a la fecha no han sido atendidas por la autoridad competente, provocando el hacinamiento de los migrantes en condiciones infrahumanas y de vulnerabilidad que ponen en riesgo su salud y vidas.

El gobierno mexicano, para contener la migración ilegal tiene desplegados en las fronteras sur y norte, un aproximado de 27 mil 562 efectivos de las fuerzas armadas, realizando operativos de manera constante. El Instituto Nacional de Migración informó que, en los meses de enero a marzo del presente año ha existido un incremento del 18 por ciento de los migrantes detenidos; muchos de ellos mediante actuaciones violentas y el uso desproporcionado de las fuerzas armadas.

Un ejemplo de lo anterior, fue el suscitado en Maspatepec, donde un grupo de 150 migrantes conformado por niños, niñas, hombres y mujeres fue sorprendido y detenido, haciendo uso de exceso de fuerza, por elementos de la Guardia Nacional con equipo antimotines y del Instituto Nacional de Migración. Así como lo sucedido en Chiapas, donde agentes de migración, persiguieron, arrinconaron y maltrataron a migrantes centroamericanos que salían de Tapachula para buscar una respuesta a sus solicitudes de asilo. Acciones que implican graves violaciones a los derechos humanos.

Es importante soslayar que la Ley de Migración se creó para definir la política migratoria nacional y sus principales rectores, reconociéndose la obligación del Estado mexicano de garantizar a las personas migrantes los derechos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México sea parte, con independencia de su situación migratoria.

Es necesario respetar y promover las convenciones y tratados internacionales de los que México es parte, como lo son el Convenio sobre las Migraciones en Condiciones Abusivas y la Promoción de la Igualdad de Oportunidades y de Trato de los Trabajadores Migrantes, Convención Sobre el Estatuto de los Refugiados, Protocolo Sobre el Estatuto de los Refugiados y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como la creación de normatividad dentro de la administración pública federal en donde se adopten e integren las obligaciones que tiene México a nivel internacional en tema de migración; así como la creación de protocolos donde se implementen medios menos lesivos para lograr desplegar a los migrantes, de lo contrario seguiremos violentando el derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana sobre derechos humanos,5 de la que México es parte, en armonía con el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

El Estado debe centrarse en un trato digno a las personas migrantes sin importar su status migratorio, garantizando plenamente el respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales, reforzando la ayuda humanitaria y sobre todo, poner un alto a la violencia, represión y uso de la fuerza pública de manera arbitraria de quienes piden protección y transiten o se encuentren en el país.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La LXV Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a la Guardia Nacional, al titular de la Comisión de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración, para que, en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada, garanticen y respeten los Derechos Humanos, Convenios y Tratados Internaciones en materia migratoria reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. Se atiendan las solicitudes de asilo, resolviéndose su situación jurídica migratoria ante el Instituto Nacional de Migración.

Notas

1 https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?px=Migracion_01&bd=Migracion

2 https://www.issea.gob.mx/Docs/Censo%20INEGI%202021/Censo2020_Principale s_resultados_EUM.pdf

3 http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/2045/1/images/Esti maciones_y_proyecciones

_de_la_migracion_interestatal.pdf

4 https://www.acnur.org/noticias/briefing/2021/4/6074b6fd4/acnur-incremen ta-su-apoyo-a-mexico-debido- al-aumento-de-las-solicitudes.html

https://www.oas.org/es/cidh/mandato/documentos-basicos/c onvencion-americana-derechos-humanos.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre del 2021.

Diputada María Rosete (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de BC a resolver de fondo su problema financiero con la CFE para garantizar el suministro de los habitantes de la zona Costa del estado, a cargo de la diputada Leslie Estefanía Rodríguez Sarabia, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Leslie Estefanía Rodríguez Sarabia, diputada a la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El viernes pasado los habitantes de Baja California fuimos informados mediante oficio público por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que la Comisión Estatal de Agua de Mexicali, del gobierno de Baja California, tiene un adeudo de más de 163 millones de pesos, correspondientes al consumo de energía eléctrica del 1 de agosto a la fecha.

Debido a ello la CFE se ha visto obligada a suspender el suministro de energía eléctrica al acueducto que traslada el agua del río Colorado a los habitantes de la zona costa de Baja California, situación que de no resolverse de manera emergente, resulta en un inminente riesgo de que en las próximas semanas las y los residentes de los municipios de Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito, y Ensenada, puedan sufrir un serio desabasto de agua, lo que significaría un grave problema de salud pública, así como para las actividades económicas, sociales y productivas de esta importante región fronteriza del país.

Resulta importante precisar, que durante los dos últimos años el gobernador del estado de Baja California, estableció una política de cobro del agua a deudores, mediante un convenio con un despacho privado de nombre Fisamex, en donde a éste último se le asignó el pago de 20 por ciento del cobro total a los deudores morosos.

Los cobros realizados por dicha empresa asciende a mil 800 millones de pesos, de los cuales el despacho privado, en la época de la austeridad republicana, ha recibido la cantidad de 360 millones de pesos por concepto de asesoría y servicios.

La pregunta inicial es ¿Por qué le pagan 360 millones a un despacho particular y no paga 163 millones a la CFE, para garantizar el suministro de agua a los más de 5 millones de habitantes de la zona costa de Baja California?

Ante esta situación desproporcional y de desventaja, en donde a los usuarios de Baja California, el gobierno del estado les negó el derecho de audiencia o el establecimiento de una mesa de diálogo, para hacer las aclaraciones correspondientes, el Ejecutivo del estado de Baja California se defiende ante el argumento inoportuno que lo que pretende cobrarle la CFE es un abuso y que por eso no lo ha pagado, olvidando que su actitud para con los usuarios del servicio de agua en el estado fue abusivo y arbitrario.

En paralelo a esta información, el semanario Zeta , el mismo viernes pasado, mediante un trabajo de investigación periodística, informó a la población que el gobierno del estado, a menos de un mes de terminar su mandato, ha retenido de forma ilegal en los últimos dos años las participaciones federales por un monto de más de mil 300 millones de pesos, destinadas al municipio de Tijuana, ante el silencio, el disimulo o la complicidad de quienes tienen la responsabilidad de realizar las acciones jurídicas, políticas y sociales para impedir que estas acciones se consumen.

Conclusiones

Las y los ciudadanos de Baja California nos encontramos ante una grave y delicada problemática de salud pública y entorpecimiento del desarrollo económico y de producción derivado del inminente desabasto de agua, producto de las omisiones del Ejecutivo del estado de Baja California. Por lo tanto, estamos ante una problemática que estaría afectando a más de los 2 millones 561 mil 514 de habitantes que representan los municipios afectados, por lo que urge ejecutar las soluciones oportunas y a su vez, que el gobierno del estado de Baja California esclarezca cuentas y que dejando a un lado los caprichos y arbitrariedades, permita el libre ejercicio del derecho humano consagrado en el artículo 4o. constitucional, en su párrafo sexto, que establece claramente que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la suscrita diputada federal somete a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Baja California, para que, a la brevedad, se resuelva de fondo el problema financiero que sostiene con la Comisión Federal de Electricidad, a efecto de que se garantice el suministro de las y los habitantes de la zona costa de Baja California.

Segundo. Que esta honorable Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de que garantice la entrega oportuna de las participaciones federales aprobadas por esta soberana asamblea a los ayuntamientos de Baja California.

Tercero. La Cámara de Diputados solicita de manera respetuosa a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para que, en el pleno ejercicio de sus facultades y atribuciones, incorpore en su Programa Anual de Auditorías, la revisión y la entrega oportuna de las participaciones federales de los municipios de Baja California, y que, en caso de encontrarse irregularidades, finque responsabilidades a las autoridades que incurran en las mismas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.

Diputada Leslie Estefanía Rodríguez Sarabia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sader y diferentes dependencias de la APF a realizar acciones para blindar el sector ganadero y otorgarle certeza y seguridad jurídicas, e instaurar una estrategia que le permita sostener relaciones comerciales con EUA en condiciones de justicia y ventaja, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 2, fracción III, del Reglamento de Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El sector ganadero en México es de fundamental importancia para la economía nacional, estatal y familiar; forma parte estratégica de las relaciones comerciales con otras naciones y resulta primordial para la seguridad y soberanía alimentaria:

• En México la actividad ganadera representa más de la mitad del territorio nacional, ocupando cerca de 109.8 millones de hectáreas, lo que permite generar una producción de 6.7 millones de toneladas anuales de carne de ave, bovino, porcino, caprino y ovino, con un valor de exportación que alcanza los tres mil 537 millones de dólares al año; actividad que ha colocado a nuestro país en el séptimo lugar en el ranking mundial de productores de proteína animal.1

• A nivel regional, el sector ganadero adquiere la misma trascendencia, por ejemplo, en el estado de Tamaulipas existen 4 millones 977 mil 699 hectáreas de superficie pecuaria, que en el año 2015 obtuvieron una producción de 67 mil 357 toneladas de carne en canal de las especies bovino, porcino, ovino, caprino y ave.2

• De acuerdo con datos de la Organización Mundial de Comercio, en 2018, México se colocó dentro de las 10 mayores economías exportadoras de productos agroalimentarios, entre los que destacan el aguacate, carne de bovino, frutos rojos, nueces y cítricos.3

• Los Estados Unidos de América mantienen con nuestro país una relación comercial de crecimiento exponencial, tan solo en 2019 la exportación de ganado bovino creció un 17.6 por ciento con un aumento de 200 mil cabezas con respecto al ciclo 2017-2018. De acuerdo con el informe de exportación de ganado bovino del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), del total de los animales exportados, 1 millón 13 mil 715 son becerros en pie y 299 mil 416 son vaquillas.4

• La carne y el ganado en pie mexicanos se posicionan como el quinto productor agroalimentario en captación de divisas para México, tan solo después de la cerveza (711.6 millones de dólares), el tomate (485.6 mdd), el aguacate (456.5 mdd) y las berries (394.3 mdd), según Mexican Beef Exporters Association.

• Estados Unidos representa alrededor del 86 por ciento de las exportaciones de carne de res mexicana, valuadas en mil 300 millones de dólares. Durante el primer cuatrimestre de 2020, México se posicionó como el segundo proveedor de carne de res hacia los Estados Unidos con un volumen total de 97 mil 722 toneladas.5

Hoy más que nunca, debido a las circunstancias sanitarias y económicas por las que atraviesa México, al igual que el resto del mundo, es necesario focalizar los esfuerzos que se realicen desde el ámbito público y privado, a efecto de no echar por la borda el esfuerzo del sector ganadero y del país. Es urgente instrumentar acciones contundentes, decididas, oportunas y eficientes que fortalezcan la ganadería y posibiliten su impulso para garantizar su desarrollo sostenido, aumentando su productividad y mejorando la competitividad.

Es alarmante la decisión y comunicado del gobierno estadounidense sobre la reclasificación de las certificaciones para acreditar la calidad de las exportaciones mexicanas, ante la detección de tuberculosis bovina, así como el condicionamiento para mantener abiertas las fronteras al ganado mexicano.

Ante dicha situación y en el contexto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), es a todas luces urgente que el gobierno de México y los gobiernos estatales en corresponsabilidad con el sector ganadero nacional, lleven a cabo una estrategia sólida e inmediata para evitar las graves afectaciones que se derivarían de esta decisión sino actuamos de forma oportuna.

Sabemos que hay subejercicios en el presupuesto público, y para nadie es un secreto la entrada de ganado ilegal al territorio nacional, el robo y falsificación de documentos, distintivos y sellos, así como la posible corrupción en el sector ganadero, a lo que debemos de sumar la presencia de la delincuencia organizada en estas acciones ilegales, lo que hace mucho más compleja la situación.

Como lo he señalado una y otra vez, estos ilícitos afectan no solo a las y los ganaderos, sino al sector y a la economía nacional; y, desde luego, ponen en riesgo la salud de las personas.

¡Ya basta! ¡No podemos esperar más! ¡Es necesario actuar y hacerlo ya!

Ante la situación descrita, en un oficio enviado por el director general de Senasica, MVZ Juan Gay Gutiérrez, al secretario de Desarrollo Rural del Estado de Tamaulipas, CP Ariel Longoria García, con fecha del 10 de julio de 2020, se menciona lo siguiente:

“Hago referencia al comunicado de fecha 9 de julio del año en curso, a través del cual el Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (APHIS-USDA, por sus siglas en ingles), hace del conocimiento de esta Dirección General, que debido a la condición zoosanitaria en materia de tuberculosis bovina en esa entidad federativa, ha tomado la determinación de reclasificar el estatus actual de Acreditado Modificado (AM) a Acreditado Preparatorio (AP), a partir del 15 de agosto de 2020.

Lo anterior debido a que señalan que: desde 2016, Tamaulipas ha exportado múltiples animales infectados con TB a los Estados Unidos. Además, los veterinarios portuarios de APHIS continúan detectando irregulares en los envíos de ganado presentados para exportación. APHIS no puede realizar una revisión in situ para evaluar el programa de TB porque el Departamento de Estado de EEUU. Restringió los viajes a Tamaulipas debido a problemas de seguridad. La reclasificación del estado a estado AP hasta que sea posible una revisión APHIS proporciona una garantía adicional de que los animales infectados con TB no se exporten”.

Ante el envió de este oficio, el Gobierno del Estado de Tamaulipas a través de la Secretaría de Desarrollo Social informó que:

“Debido a la contingencia sanitaria vigente y a la imposibilidad de llevar a cabo la supervisión por parte de APHIS-USDA a la campaña de tuberculosis, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, informa que de manera unilateral la autoridad zoosanitaria de Estados Unidos acordó reclasificar la certificación de Acreditado Modificado a Acreditado Preparatorio hasta en tanto no se lleve a cabo supervisión pospuesta por causa de fuerza mayor”.

Las exportaciones de ganado en pie continuarán, sin embargo, se condiciona que, a partir del próximo 15 de agosto, dicha exportación se realice con la prueba de tuberculina del hato de origen.

El gobierno de Tamaulipas, el Comité de Fomento y Protección Pecuaria del estado y Senasica continuarán realizando acciones y vigilancia para erradicar o mantener baja prevalencia de tuberculosis bovina, por lo que, ante esta modificación, se hará lo conducente para ratificar el estatus zoosanitario de Acreditado Modificado.

En razón de lo anterior, el Estado, a través de sus tres poderes y niveles de gobierno, debe tener una reacción que esté a la altura de las circunstancias, con una visión de corto, mediano y largo plazo, y con una profunda convicción transformadora que apunte al interés público, el crecimiento económico y el bienestar social.

De ahí que se pone a consideración de la honorable Cámara de Diputados la presente proposición, de urgente u obvia resolución:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que, de manera inmediata y en coordinación con su homóloga en el estado de Tamaulipas, ejecute las acciones necesarias, a efecto de evitar el cierre de las fronteras estadounidenses al ganado mexicano, así como a los productos cárnicos, garantizando con ello la sostenibilidad del sector y que quienes cumplan con las condiciones zoosanitarias, puedan llevar a cabo intercambios comerciales justos, sin que medie restricción alguna.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las secretarías de Relaciones Exteriores, y de Agricultura y Desarrollo Rural para que, a la brevedad, lleven a cabo los acuerdos a que haya lugar con las autoridades estadounidenses, a efecto de reencausar las relaciones bilaterales y evitar la unilateralidad de las decisiones que puedan resultar en desventaja para el sector ganadero mexicano.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que, de forma coordinada con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, realicen una estrategia operativa conjunta que evite la transportación de ganado que ponga en riesgo la condición zoosanitaria de las zonas ganaderas del estado de Tamaulipas, evite la movilización de ganado de zonas en control o erradicación a zonas libre o de escasa prevalencia, así como para que el Estado haga valer su poder legal y legítimo ante quienes alteren, reutilicen, proporcionen información falsa o falsifiquen los dispositivos de identificación oficial, constancias o dictámenes emitidos por la autoridad sanitaria para la verificación del ganado y campañas zoosanitarias.

Notas

1 https://www.gob.mx/agricultura/prensa/consolida-mexico-el-septimo-lugar -en-ranking-mundial-como-productor-de-proteina-animal

2 https://www.tamaulipas.gob.mx/campo/ganaderia/

3 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-ingresa-al-top-10-de-ex portadores-agroalimentarios-20190805-0122.html

4 https://www.gob.mx/senasica/prensa/crece-17-6-por-ciento-exportacion-de -ganado-bovino-de-mexico-a-estados-unidos

5 https://www.forbes.com.mx/economia-mexico-se-coloca-como-el-segundo-exp ortador-de-carne-de-res-a-estados-unidos/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.

Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a incluir por la Ssa en la estrategia de vacunación contra el SARS-Cov2 a los niños y adolescentes de 12 a 17 años con la vacuna Pfizer-BioNTech, aprobada por la Cofepris, suscrita por los diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Las diputadas y los diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de esta Cámara la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud, incluya en la estrategia de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 a toda la población de niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años con la vacuna Pfizer-BioNTech que ha sido aprobada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para prevenir y proteger los contagios por Covid 19 en este grupo de edad, conforme a las siguientes:

Consideraciones

A finales de diciembre del año 2019 la Organización Mundial de la Salud informó que una nueva enfermedad estaba extendiéndose rápidamente en la provincia de Wuhan, China: la Covid-19, ocasionada por el virus SARS-CoV-2. En pocos días, los contagios alcanzaron a Europa, África y a América, convirtiéndose en una pandemia.

Durante casi un año, los científicos y diversas farmacéuticas empezaron los protocolos de investigación para desarrollar vacunas contra la Covid-19 que fueran inocuas para el ser humano a fin de prevenir, proteger y salvar vidas en todo el mundo.

Gracias al esfuerzo científico, varias vacunas fueron autorizadas para su uso de emergencia en prácticamente todos los países del orbe, incluido México. En nuestra nación, las vacunas que se han recibido, ya sea por donación o por adquisición, son las comúnmente conocidas como Pfizer-BioNTech; AstraZeneca; Moderna; CanSino, Sputnik V, Sinovac y Jannsen.

Si bien ha habido contratiempos, quejas y muchas oportunidades perdidas para mejorar el proceso, la vacunación ha ido avanzando poco a poco en el país y las personas mayores de 18 años han recibido al menos una dosis de alguna de las vacunas antes mencionadas.

A pesar de que las metas que se han fijado por diversas autoridades federales no han sido cumplidas como se hubiera deseado, estamos en una mejor situación que hace un año, cuando no existían aún las vacunas, lo que da esperanza para enfrentar la enfermedad, así como impulsar la recuperación de la economía y de la vida social con mayor velocidad y seguridad.

Desde mayo, el presidente López Obrador anunció que esperaba que en octubre próximo se concluyera con la vacunación de las personas adultas, para estar listos para enfrentar el invierno con toda la población con al menos una dosis.1

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, declaró desde julio que el final de la vacunación a personas mayores de 18 años en la ciudad, se daría el 12 de octubre de 2021.2

De acuerdo a cifras que reporta el Gobierno Federal, desde el inicio de la Estrategia Nacional de Vacunación el 24 de diciembre y hasta el 4 de octubre, 65 millones 479 mil 465 personas han sido inmunizadas con al menos una dosis contra Covid-19.

De ese total, 70 por ciento, que representa 45 millones 714 mil 485, han completado el esquema de vacunación; el 30 por ciento restante, equivalente a 19 millones 764 mil 980, cuenta con una dosis en tanto se cumple el lapso requerido para recibir la segunda aplicación.

Por entidad federativa, la Ciudad de México se mantiene a la cabeza en cuanto a cobertura de vacunación con 95 por ciento, le sigue Querétaro con 92 por ciento; el resto de los estados presenta avances de entre 48 y 87 por ciento.

Por lo que es necesario que el gobierno federal concluya el esquema de vacunación en la población adulta.

No obstante que en la población adulta ha habido avances, en la población infantil y adolescente estos han sido nulos, pues tanto el presidente de la República como el subsecretario de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, han manifestado su negativa a iniciar un proceso de vacunación a niñas, niños y adolescentes.3

López-Gatell, declaró: .... “que hasta el momento no hay la suficiente evidencia científica respecto a que los niños deban ser vacunados contra el Covid-19, aunque las farmacéuticas hagan ensayos para inocularlos en el corto plazo”.

Esta negativa hace evidente una clara violación del derecho al acceso a la salud de niñas, niños y adolescentes a pesar del repunte de contagios en este grupo de edad.

Además la motivación es incorrecta, toda vez que sí existen ensayos clínicos en diversos países que han demostrado la inocuidad de las vacunas en personas de 12 a 18 años y, por ello, una gran cantidad de países, incluyendo a los Estados Unidos de América.

En dicho país, los Centros de Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan la vacunación de personas de más de 12 años de edad para protegerse y ayudar a proteger contra el Covid-19. La vacunación a una proporción grande de la población es una herramienta fundamental para detener la pandemia. Las personas que están totalmente vacunadas pueden reanudar actividades que solían hacer antes de la pandemia. Obtenga más información sobre lo que usted y su hijo o adolescente pueden hacer una vez que estén totalmente vacunados. Los niños de 12 años de edad o más puede recibir la vacuna contra el Covid-12 de Pfizer-BioNTech.”4

De hecho, el pasado 24 de junio del presente año, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) hizo público el Comunicado No. 23 /2021 referente a la autorización para uso de emergencia de la vacuna PFIZER-BIONTECH; que permite su aplicación a niños a partir de los 12 años de edad.

La negativa del gobierno federal de vacunar a menores de edad ocasionó que cientos de padres y madres promovieran demandas de amparo para sus hijos. Lo que llevó al subsecretario López-Gatell en la conferencia mañanera del presidente de la República del 14 de septiembre a admitir que se vacunará a un millón de niños y adolescentes de 12 a 17 años que tienen factores de riesgo para presentar cuadros graves e incluso de morir por Covid-19, al declarar lo siguiente:

“Tenemos identificados a un millón de personas de 12 a 17 años con cáncer (leucemia, linfoma, tumores sólidos), insuficiencia renal o hepática, VIH/Sida con trasplante de órganos, enfermedades congénitas y otras que disminuyen el sistema inmunológico”5

Ante esto, y bajo una enorme presión social, el Gobierno Federal ha iniciado únicamente la vacunación contra Covid-19 para niñas, niños y adolescentes con enfermedades crónicas y comorbilidades, así como adolescentes embarazadas, toda vez que se trata de personas más susceptibles a desarrollar la forma grave de la infección provocada por SARS-CoV-2. Otro muy reducido segmento de este sector poblacional se ha logrado vacunar solo mediante recursos legales.

Pero se trata solo de un millón de menores que accederían a las vacunas y se requiere inmunizar a los más de 13 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en México, por lo que es urgente que la estrategia de vacunación se modifique y permita la vacunación a esta población de 12 a 17 años, con la vacuna Pfizer-BioNTech, que ha sido aprobada por la Cofepris para tal efecto.

Se trata de proteger el derecho a la salud de millones de niñas, niños y adolescentes que tienen la misma necesidad de la vacuna como cualquier persona adulta, y atender el ejercicio de sus derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como en los tratados internacionales.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario, de urgente resolución, a consideración de esta Soberanía, con el siguiente resolutivo:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud, incluya en la estrategia de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 a toda la población de niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años con la vacuna Pfizer-BioNTech que ha sido aprobada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para prevenir y proteger los contagios por Covid 19 en este grupo de edad.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud, complete el esquema de vacunación de la población adulta mayor de 18 años, en particular es necesario avance en los estados que tienen menos del 50% de cobertura de vacunación en la población adulta.

Notas

1 AMLO prevé que en octubre concluirá la vacunación contra el Covid-19 en México. El Economista, disponible en https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-preve-que-en-octubre-conc luira-la-vacunacion-contra-el-Covid-19-en-Mexico-20210518-0036.html

2 CDMX se ‘pone’ como fecha el 12 de octubre para terminar vacunación Covid. El Financiero. Disponible en

https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2021/07/23/cdmx-se- pone-como-fecha-el-12-de-octubre-para-terminar-vacunacion-Covid/

3 AMLO dice que no comprará vacunas Covid para niños hasta que se analice si las requieren. Animal Político. Disponible en https://www.animalpolitico.com/2021/07/amlo-vacunas-ninos-Covid-farmace uticas-negocio/

4 Vacunas contra el Covid-19 para niños y adolescentes. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Gobierno de los Estados Unidos de América. Disponible en

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/r ecommendations/adolescents.html

5 López-Gatell corrige sobre vacunas a menores y ofrece 1 millón de dosis. Expansión Política. Disponible en https://politica.expansion.mx/mexico/2021/09/13/lopez-gatell-corrige-so bre-vacunas-a-menores-y-ofrece-1-millon-de-dosis

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre del 2021.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de integrar una mesa de trabajo interinstitucional con la SCT y la Profeco para analizar jurídicamente y con parámetros de justicia y razón, y la promoción del escrutinio público, sobre las políticas de servicios adicionales implantadas por las aerolíneas en vuelos nacionales, a cargo del diputado Armando Reyes Ledesma, del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, diputado federal Armando Reyes Ledesma , en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea legislativa, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Partido del Trabajo, partido de izquierda que desde su origen ha respaldado los principios transformadores de la nación, ha sido un aliado fundamental de nuestro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y hemos impulsado el cambio verdadero desde su “Declaración de Principios” en nuestro país.

Por tanto, y en congruencia con ello, es que alzamos la voz popular para no permitir más abusos y saqueos a la economía del pueblo de México por parte de las aerolíneas que tienen concesión de prestar el servicio público aéreo, en nuestro país, bajo la figura de “servicios adicionales” que aplican en sus “políticas de cobro” en vuelos nacionales e internacionales a los usuarios de este servicio aéreo.

Debemos decirlo puntualmente para defender al pueblo de México, estamos ante un posible saqueo permanente, o para dejarlo muy claro “un robo” por parte de aerolíneas como Volaris, Vivaaerobús, y Aeroméxico, entre otras, lo anterior ocurre en vuelos nacionales e internacionales, por lo cual este tema debe someterse a escrutinio público, y como representantes populares, es nuestro deber y honor encabezarlo.

Como Poder Legislativo federal, Cámara de Diputados y Senado de la República debemos revisar esas políticas de “servicios adicionales”, como son los denominados combos flexibles, combos de salud, llegada a tiempo, asientos, equipaje de mano a bordo, y equipaje documentado, los cuales, cada uno de ellos tiene un costo extra, eso sin contar, agua, cacahuates, botanas, sodas, galletas y cuanto chuchuluco se les ocurra vender a precios excesivos o de oro, asimismo, han convertido los maleteros en lucro cobrando excesivamente por el equipaje de mano, así como con las primeras líneas de asientos.

Debemos analizar la Ley de Aviación Civil, su Reglamento, los títulos de las concesiones o permisos de los proveedores de servicio de transporte aéreo nacional, y la normatividad oficial mexicana expedida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como las disposiciones técnico administrativas en la materia.

Y de existir una práctica abusiva e injusta de cobro en los contratos de transporte con los pasajeros y que no esté expresa en la compra del boleto de avión, dichas concesiones o permisos pueden estar sujetos a su revocación, por aplicar tarifas y cobros diferentes a las aprobadas por la Secretaría de Comunicaciones y transportes, o por prestar servicios distintos a los señalados en la concesión o permiso, generando costos ilegales o maquillados en perjuicio de los pasajeros.

Ejemplo de esa situación, fueron los hechos suscitados hace unos días en el aeropuerto de Tijuana, Baja California, donde un servidor presenció un acto abusivo y arbitrario por parte de la aerolínea Volaris en contra de 8 pasajeros, a lo que en mi calidad de representante popular inicié ese día un alto a esas políticas de “servicios adicionales”.

Lo anterior, se convierte en un tema nacional debido a que de encontrarse que dichos “servicios adicionales” son injustos, estaremos desenmascarando el contubernio entre cierto sector empresarial y los gobiernos neoliberales corruptos, manejando cantidades multimillonarias desde que se comenzaron a implementar esas políticas, por algo muy sencillo, si hacemos cuentas de un solo avión, tomando como ejemplo uno que tenga 30 filas cada una con 6 asientos da un total de 180 espacios de asientos que se ofertarán a distintos costos, utilizando los conceptos “Premium”, “estándar 1”, “estándar 2”, “estándar 3”, “más espacio” y “salida rápida”, además si es ventanilla, centro o pasillo, en donde las primeras 5 filas los asientos tienen un costo de 200 a 215 pesos, de la fila 6 a la 11 tiene un costo de 125 pesos, filas en puertas de emergencia de la 7 a la 13 tienen un costo de 170 pesos, de las filas 14 a la 18 cuestan 110 pesos, de las filas 19 a la 30 tienen un costo de 100 pesos, por lo que si tomamos un promedio por cada asiento, el costo es de 153.33 pesos, que multiplicado por 180 asientos da un monto de 27 mil 600 pesos de ganancias para la aerolínea únicamente por tener un lugar en el avión.

En lo que respecta al equipaje de mano de hasta 10 kilos por maleta, el costo por contar con un espacio en el maletero a bordo varía entre 300 y 320 pesos dependiendo si la compra es en línea, en mostrador del aeropuerto y de la cercanía de la salida del vuelo, por lo que si tomamos la cantidad de 300 pesos por 180 asientos, da un monto de 54 mil pesos de ganancias para la aerolínea.

En el caso del equipaje documentado de hasta 25 kilos por maleta, el costo por contar con un espacio en la parte de abajo del avión, varía entre 600 y mil pesos dependiendo también si lo compras en línea, en mostrador del aeropuerto y la cercanía de la salida del vuelo, por lo que si tomamos la cantidad de 600 pesos por 180 pasajeros, da un monto de 108 mil pesos de ganancias para la aerolínea.

De lo anterior, si sumamos las tres cantidades de cada uno de esos “servicios adicionales” por cada avión con capacidad de 180 pasajeros da una ganancia de 189 mil 600 pesos en ganancias para la aerolínea adicionales del costo por boleto del pasajero en cada uno de los vuelos que realice el avión.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo respalda el punto de acuerdo que un servidor presenta ante esta soberanía, y haremos lo conducente para presentar las reformas necesarias y detener este tentativo atraco al pueblo de México, haciendo honor a la transformación que actualmente vive nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, queremos dejar en claro que el Congreso de la Unión no debe permitir más abusos ni atropellos contra los pasajeros que tienen la necesidad de hacer uso de este servicio, por lo que someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La LXV Legislatura de la Cámara de Diputados acuerda integrar, a través de la Junta de Coordinación Política, una mesa de trabajo interinstitucional conformada por un grupo plural de diputadas y diputados de las comisiones de Comunicaciones y Transportes; de Transparencia y Anticorrupción, y del diputado inicialista de esta proposición con punto de acuerdo, así como por los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, y de la Procuraduría Federal del Consumidor, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, con la finalidad de analizar jurídicamente y desde el parámetro de justicia y razón, promoviendo el escrutinio público, respecto a las políticas de “servicios adicionales” implementadas por las aerolíneas en vuelos nacionales

Segundo. Al término de sus trabajos la referida mesa interinstitucional, entregará al pleno de la Cámara de Diputados, un informe con las conclusiones respectivas, y en su caso, propuestas de reforma constitucional y a ordenamientos legales en la materia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre del 2021.

Diputado Armando Reyes Ledesma (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, las 32 unidades de policías cibernéticas locales, la Condusef, la Profeco y la UIF a investigar y, en su caso, sancionar a quienes defraudan mediante falsos préstamos de dinero y cobran intereses y comisiones superiores a los de ley, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 2, fracción III del Reglamento de Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El aislamiento social derivado de la pandemia del virus SARS-CoV-2, ha comprometido el bienestar de las y los mexicanos, pues como es por todos sabido, ha tenido un impacto financiero que ha detonado en la pérdida de empleos y una acelerada contracción de la economía nacional.

De acuerdo con datos proporcionados por la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 2020, México registró una caída del 6.6 por ciento de su producto interno bruto (PIB) como consecuencia directa de la crisis sanitaria; además, tan solo entre el 13 de marzo y el 6 de abril de ese mismo año, se perdieron más de 346 mil empleos formales. Así lo dio a conocer la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde. Por otro lado, el presidente de la República estimó la pérdida de hasta 1 millón de empleos formales al término de la pandemia.1

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informo que los efectos de la crisis sanitaria se potencializaron tanto en los niveles de pobreza por ingresos como en los de pobreza laboral. En el caso particular del estado de Tamaulipas, este organismo reveló que la población en situación de pobreza en dicha entidad representó el 35.1 por ciento de la población total, lo cual, es evidente que ante la continuidad de la presente emergencia sanitaria esta cifra aumentará.2

Para las y los mexicanos, la problemática no solamente se acota en el riesgo sanitario, la pérdida masiva de empleos y el menoscabo económico provocado por el cierre del comercio, la industria y los servicios, sino que, a esta problemática, se suma la necesidad de solicitar un préstamo para financiar sus deudas o incluso simplemente para subsistir. Ante esta situación, diversas organizaciones de cibercriminales han puesto en marcha diferentes estrategias con el objetivo de atraer a los sectores que, a raíz de la pandemia, no han podido cubrir sus gastos personales básicos, y ante la desesperación, buscan una salida viable.

El modus operandi de estas asociaciones fraudulentas consiste en engañar a los ciudadanos con préstamos falsos, a través de plataformas o publicidad en la red pública de internet, en los que se les promete un interés bajo y un tiempo amplio para pagar los préstamos solicitados, aprovechando ventajosamente la necesidad de cada uno de los usuarios del ciberespacio ofertando productos altamente atractivos en los que se les solicita un anticipo para garantizar el supuesto pago del préstamo, sin embargo, el préstamo del dinero nunca llega a los solicitantes; así como realizar transferencias electrónicas a cuentas personales a través de tiendas de conveniencia, convencer al adquirente de seguir con las negociaciones por fuera de la plataforma digital, invitar por mensajería instantánea a ingresar a los servicios de la banca en línea solicitando la instalación de aplicaciones o, en su defecto, el nombre de usuario y contraseña por medio de páginas web apócrifas e incluso en algunos casos utilizando los logotipos institucionales de las autoridades gubernamentales para aparentar mayor certeza y confianza a los usuarios de las plataformas, lo cual, a todas luces implica un delito.

Entre las principales plataformas en las que se publicitan los ciberdelincuentes se encuentran: Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp y blogs web. Mientras que las asociaciones delictivas y fraudulentas que han sido detectadas por la autoridad y la ciudadanía se encuentran: Ok prestamos, Digital pay, JCA Finanzas, SA de CV, PaayExpress, Global Financiera, Efec-tivo, Capital Banca Latina, tan solo por mencionar algunas.

El fraude cibernético en los últimos años ha tenido un aumento alarmante. Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe) 2019, permitió establecer las estimaciones estadísticas sobre la victimización que afecta de manera directa a las personas y a los hogares. Como por ejemplo, en el delito de fraude al consumidor y fraude bancario. 6 mil 76 hombres y 4 mil 796 mujeres, fueron víctimas de esta modalidad de delito, así como permitió establecer que en promedio las personas que son víctimas de este delito pierden la cantidad de 8 mil 277 pesos.

La empresa multinacional Microsoft, informó a través de su portal que, de acuerdo con una encuesta realizada entre sus usuarios, el negocio del cibercrimen ha mantenido un aumento alarmante y constante en el último año. Estima que este tipo de prácticas generan pérdidas a las y los usuarios por cerca de 500 millones de dólares mensuales. Estos defraudadores emiten noticias falsas a las personas simulando una supuesta invasión al sistema, situación que dio como resultado más de 6 mil 500 quejas en tan sólo un mes, reportando fraudes de soporte técnico, los cuales han vulnerado a por lo menos el 65 por ciento de las y los mexicanos encuestados.3

Si bien es cierto que la tecnología se ha convertido en una herramienta fundamental en nuestra vida cotidiana, también es de vital importancia manejarla con mucha precaución, ya que los defraudadores digitales se aprovechan de todos los medios disponibles para cometer diversas conductas delictivas, entre las que destacan los fraudes por parte organizaciones cibercriminales. Por ello, es menester de las autoridades competentes garantizar el acceso a la justicia de las y los ciudadanos que han sido víctimas de fraudes digitales financieros, así como evitar que más personas caigan en la red de engaños.

Al respecto, cabe destacar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21, párrafo noveno, señala lo siguiente:

“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.

De ahí que, el punto de acuerdo que pongo a consideración de este pleno tiene por objeto exhortar a diversas autoridades quienes, en el ámbito de sus atribuciones, cuentan con la obligación de proteger y garantizar el bienestar de las y los usuarios de la red pública de internet, así como su patrimonio a través de acciones que permitan atender de manera eficaz y eficiente las necesidades de la sociedad.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Dirección General Científica perteneciente a la Guardia Nacional, a las Unidades de Policías Cibernéticas de las 32 entidades federativas, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), así como a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para que, con base en sus atribuciones y de manera coordinada, investiguen y, en su caso, sancionen a quienes defraudan mediante préstamos falsos de dinero y a quien realice préstamos con intereses y comisiones superiores a las establecidas en la ley, a través de la red pública de internet.

Notas

1 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Se-han-perdido-346878-empleos- formales-por-la-contingencia-de-Covid-19-STPS-20200408-0046.html

2 https://www.milenio.com/politica/comunidad/tamaulipas-en-aumento-la-cif ra-de-pobreza

3 https://news.microsoft.com/es-xl/consejos-de-microsoft-para-prevenir-el -fraude-cibernetico/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.

Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CNPC y la SHCP a agilizar la entrega de recursos para atender a los afectados en los municipios con daños y pérdidas materiales desde el inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales de 2021, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en las fracciones I del artículo 6 y I y V del Apartado 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Coordinación Nacional de Protección Civil y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a agilizar la entrega de recursos para atender a la población afectada en los municipios que sufrieron daños y pérdidas materiales, e igualmente se destinen recursos y se establezcan programas orientados a los estados y municipios para apoyarlos en la reconstrucción de la infraestructura pública por fenómenos hidrometeorológicos que se han presentado en el país desde el inicio de la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2021, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 13 de mayo del 2021 la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció que el 15 de mayo iniciaba estadísticamente la temporada de ciclones tropicales 2021. En el comunicado de anuncio se pronostican de 15 a 20 ciclones con nombre para el Atlántico Norte y de 14 a 20 en el Pacífico nororiental.

Hasta el día de hoy son varios huracanes y ciclones que han azotado al país dejando a la población con pérdidas materiales importantes en sus viviendas, como afectaciones en infraestructura pública y de servicios como hospitales y carreteras, e incluso lamentables pérdidas humanas.

Si bien sabemos que estos fenómenos se presentan año con año, hemos observado que los efectos son cada vez más numerosos y de una mayor intensidad a causa del cambio climático a nivel global.

Tan sólo en dos meses, se han presentados huracanes que han provocado lluvias torrenciales, desbordamiento de ríos y presas en varios estados.

Recientemente, en su entrada al territorio como Huracán “Grace” el 21 de agosto, el gobierno del estado de Puebla confirmó en sólo 2 días la muerte de tres personas por las lluvias, con lo que suman al menos 11 fallecidos. Se registraron tres víctimas mortales, una en el municipio de Huauchinango y dos más en Tlaola”, informó en un comunicado el gobierno de Puebla (centro).

Luego de que Grace tocara tierra a primera hora como huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson (de 5), el gobierno del estado de Veracruz informó de ocho decesos, entre ellos una mujer y sus cinco hijos luego de que su casa fuera aplastada por un deslizamiento de tierra.

Casi de manera simultánea, el 28 de agosto, “Nora” ingresó a tierra como huracán categoría 1 en Tomatlán, Jalisco y horas después se trasladó a Mazatlán, Sinaloa. El 29 de agosto se degradó a tormenta tropical y el día 30 a depresión tropical.

A su paso por México, el huracán causó la muerte de un niño por el colapso parcial de un hotel en Puerto Vallarta, Jalisco. En ese momento se reportó una persona fallecida en el estado de Jalisco por el desborde del río Cuale.

En su paso por el territorio nacional, el huracán Nora dejó una víctima mortal, 30 ríos desbordados y daños en 44 municipios de seis estados: Nayarit, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Colima y Baja California. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que a las 19:00 horas del pasado 28 de agosto, “Nora” ingresó a tierra como huracán categoría 1 en Tomatlán, Jalisco y horas después se trasladó a Mazatlán, Sinaloa.

En la primera semana de septiembre, 17 personas perdieron la vida en el IMSS de Tula, Hidalgo, tras falla eléctrica por lluvias e inundaciones. En el municipio de Tezontepec, se desbordó el río Tula y en Tlahuelilpan se desbordó el río El Salado, dejando cerca de un centenar de viviendas anegadas y más de 100 familias afectadas. También desbordó el Río Rosas. Hasta ahora van más de 2 mil viviendas, 10 comunidades afectadas, y más de 30 mil personas damnificadas.

El 27 de septiembre nuevamente intensas lluvias dejan nuevas inundaciones y daños en las calles de Tula, Hidalgo y sin que hasta este momento se atiendan las causas de tales afectaciones.

El 7 de septiembre, una tormenta dejó en el Municipio de Ecatepec, en el Estado de México, un saldo de dos personas muertas y un hospital, viviendas y negocios inundados; además obligó a suspender las operaciones de las líneas 1 y 2 del Mexibús, creó corrientes que arrastraron vehículos, colapsó vialidades y derribó árboles. Los efectos del meteoro se agudizaron por escurrimientos de agua procedentes de la Sierra de Guadalupe. Los estragos mayores ocurrieron en las avenidas San Andrés, Insurgentes, Vía Morelos y Central. Además, se anegaron las barrancas de San Andrés, Izcalli Ecatepec y Tierra Blanca; colapsaron la carretera libre y la autopista México-Pachuca, las avenidas R-1, Juárez, 30-30, y las cercanas al Centro de Justicia de Ecatepec.

A finales de septiembre nuevamente las lluvias en Ecatepec dejaron vialidades afectadas como avenida Central, así como Plaza Aragón. La autopista México-Pachuca también presentó grandes encharcamientos.

Y recientemente, el sábado 2 de octubre del presente, se volvieron a registrar fuertes lluvias en la mayoría del territorio mexicano, siendo el estado de Querétaro uno de los más afectados por las precipitaciones. Fue en las zonas centro, sur y oriente de la capital queretana donde se reportaron las mayores afectaciones. Hasta el momento nueve de los 18 municipios de Querétaro han sido afectados en los últimos tres días por lluvias torrenciales, mismas que según autoridades, propiciaron la muerte de una mujer, luego de que el vehículo que conducía cayó en un socavón formado por aguaceros en un dren de la capital del estado; además, dos personas están desaparecidas. Los municipios que han sufrido daños por inundaciones son: San Juan del Rio, Tequisquiapan, Querétaro, Corregidora y Huimilpan.

Como observamos, tan sólo en dos meses de tormentas tropicales y huracanes, las perdidas y las afectaciones han sido inmensas para las familias afectadas y lo más grave, hay muertes que pudieron evitarse con acciones de prevención por fenómenos naturales perturbadores, que sabemos se irán incrementando en número e intensidad.

Todos estos terribles desastres y pérdidas materiales, los tenemos que enfrentar ahora sin el fideicomiso del Fonden, el cual formalmente fue extinguido el 6 de noviembre de 2020 y el 27 de julio del 2021, cuando se publica en el DOF el acuerdo por el que se abrogan las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, disposiciones y lineamientos relativos al Fondo.

No obstante, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022, el Ejecutivo Federal en el Paquete Económico 2022 que envió a la Cámara de Diputados el 10 de septiembre 2021, propone en el Ramo 23 destinar $ 9,262,390,776 para el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y $ 9,054,884,831 para el Fondo de Prevención de Desastres Naturales.

Sin embargo, estos recursos no funcionarán como una reserva de recursos que podían preverse año con año a través del fideicomiso que existía anteriormente. Ahora, la atención a la población por los desastres naturales dependerá de lo que se apruebe anualmente en el presupuesto federal, lo que implica que si ocurre un fenómeno excepcionalmente grave y no previsto, no habrá recursos para atender ni a la población afectada y mucho menos para la reconstrucción de infraestructura y de inmuebles dañados.

Ante esto, la actual administración dio como alternativa el Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana publicó sus lineamientos el 16 de agosto del 2021 en el Diario Oficial de la Federación, los cuales tienen por objeto establecer:

• Los criterios y la mecánica para proporcionar los suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia a las entidades federativas cuyas capacidades operativas y financieras se encuentran rebasadas para responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población, generadas ante la inminencia, la alta probabilidad u ocurrencia de una amenaza natural en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil.

• El procedimiento para el acceso a los recursos del Programa por parte de las entidades federativas que solicitan una Declaratoria de Emergencia se describe en el diagrama de flujo que se anexa en los presentes Lineamientos.

• Los procesos de acceso, autorización y seguimiento del ejercicio de los recursos previstos en los presentes lineamientos, entre otros, podrán realizarse con el apoyo de los medios, tecnologías y sistemas disponibles, para efecto de coadyuvar en la atención oportuna de la población y la mitigación de los efectos de las amenazas naturales, en los términos de las disposiciones aplicables.

Sin embargo, no ha quedado claro que mecanismos o programas ha destinado el gobierno federal para la reconstrucción. Con el Fideicomiso del Fonden desaparecido, se podían solicitar recursos para la reconstrucción a través de la declaratoria de desastre.

Es lamentable que el gobierno federal haya desaparecido un instrumento financiero como el Fideicomiso del Fonden con el pretexto del combate a la corrupción. Ahora, la atención a la población por fenómenos naturales, dependerá de los recursos que se le asignen anualmente ya que no existe una reserva para situaciones no previstas.

El 8 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) desapareció para eliminar la corrupción, pero aclaró que, pese a ello, su gobierno está atendiendo mejor a los damnificados. Situación que fue desmentida por la población afectada por el Huracán “Grace” y en un evento, el 3 de octubre en Huauchinango Puebla, lo increpó reclamando por falta de apoyos y exclusión del censo de damnificados. Posteriormente, López Obrador, reconoció que “puede haber errores, que una comunidad no fue censada”.

Es en este contexto de urgencia por atender con prontitud y pertinencia a la población afectada por fenómenos naturales, así como por la imperiosa necesidad de prevención y atención a los daños ocasionados en la infraestructura pública y en el patrimonio de las familias mexicanas, que solicitamos se agilice la entrega de recursos para las personas damnificadas y que se destinen recursos y establezcan programas para la reconstrucción en estados y municipios del país que se han visto dañados por los fenómenos hidrometeorológicos a lo largo y ancho del territorio nacional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a agilizar la entrega de recursos para atender a la población afectada en los municipios que sufrieron daños y pérdidas materiales por fenómenos hidrometeorológicos que se han presentado en el país desde el inicio de la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2021.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que adicional a los recursos destinados a la urgencia por inundaciones y otros fenómenos naturales, se destinen recursos y se establezcan programas orientados a los estados y municipios para apoyarlos en la reconstrucción de la infraestructura pública que se ha visto dañada por los fenómenos hidrometeorológicos recientes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedatu a analizar la viabilidad de incluir a Ímuris, Sonora, entre los municipios elegibles para recibir el subsidio del PMU en 2022, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Ana Laura Bernal Camarena , integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para que, en el ámbito de sus atribuciones, analice la viabilidad de realizar cambios a las reglas de operación del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) para el ejercicio fiscal 2022 a fin de que el municipio de Ímuris, Sonora, pueda recibir los apoyos de dicho programa para el mejoramiento de la infraestructura deportiva , bajo las siguientes:

Consideraciones

El municipio de Ímuris es uno de los semilleros de grandes deportistas en el estado de Sonora, sin embargo, en años recientes, la falta de una infraestructura adecuada para realizar actividades deportivas ha sido un factor que dificulta continuar con esta tradición.

Durante los recientes recorridos que realicé en el municipio de Ímuris constaté la necesidad de mejorar la infraestructura deportiva.

En este sentido, el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) busca mejorar las condiciones de vida de comunidades de escasos recursos y colonias con altas de marginación y violencia, rehabilitando espacios públicos y viviendas.1

El Programa en comento, cuenta con tres vertientes y diferentes tipos de apoyo:

1. Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios.

2. Vertiente Regularización y Certeza Jurídica.

3. Vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial.

La Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios consiste en asignar y, en su caso, dotar u otorgar recursos federales en obras y proyectos de equipamiento urbano y espacio público, infraestructura urbana, movilidad y conectividad, proyectos integrales y obras comunitarias; así como acciones de diseño urbano y servicios relacionados con obra, y de desarrollo comunitario, a los diferentes sectores de la sociedad.2

Los apoyos que contempla la Modalidad de Equipo Urbano y Espacio Público son:

-Construcción: la creación de nuevo equipamiento urbano o espacios públicos.

-Ampliación: la construcción adicional de una o varias unidades básicas de servicio en un mismo predio.

-Renovación: la adecuación de un inmueble mediante acciones de rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento, de los equipamientos urbanos o espacios públicos.

-Dotación de Mobiliario y Equipo: al acondicionamiento y equipamiento de espacios físicos para su correcto funcionamiento, a través de la dotación de mobiliario y equipo diverso como el deportivo, cultural, educativo, de salud, de asistencia social, entre otros, sujeto a las necesidades y requerimientos de cada espacio, proyecto u obra; preferentemente los apoyados por el Programa en los diferentes ejercicios fiscales.

A principios del año 2021, como parte del PMU, la Sedatu anunció la construcción de 12 obras en los municipios de Agua Prieta, Hermosillo y Naco con una inversión de más de 271 millones de pesos. Además de la atención que se brinda a ocho comunidades del pueblo yaqui. Los proyectos que se tiene contemplado desarrollar son los siguientes:

-En Agua Prieta se construirá un Centro de Desarrollo Comunitario, un parque lineal y biblioteca en la línea internacional y la renovación de la unidad deportiva ubicada en la Avenida 10.

-En Hermosillo, se llevará acabo la construcción de un centro cultural en La Cañada de los Negros y el mejoramiento integral de la imagen urbana, y de una cilovía vinculada al Parque Madero, al igual que un albergue infantil y un mercado lineal, así como la habilitación de parques y rehabilitación de su imagen urbana en Las Minitas.

-Finalmente, en Naco se construirá un Centro de Desarrollo Comunitario y CADI en la calle Romo Mitre, del Espacio Público Los Encinos, de una Casa de Día en la Avenida Ignacio Ramírez, y las renovaciones de la Plaza Municipal Benito Juárez y de la imagen urbana de la Avenida Francisco I. Madero.3

El mejoramiento de la infraestructura deportiva en el municipio de Ímuris es un asunto de la mayor relevancia, en virtud de que, la práctica de un deporte representa la posibilidad de formar disciplina, trabajo en equipo, solidaridad y empatía, no se trata sólo de una actividad física o de una mera competencia. La práctica del deporte es un factor de cohesión y reconstrucción del tejido social.

En ello radica la importancia y oportunidad de la presente proposición con punto de acuerdo en virtud de que busca que, el municipio de Ímuris pueda acceder a los recursos y apoyos del Programa de Mejoramiento Urbano para contar con instalaciones deportivas dignas y continuar con la tradición de este municipio de ser un semillero de grandes deportistas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para que, en el ámbito de sus atribuciones, analice la viabilidad de realizar cambios a las reglas de operación del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) para el ejercicio fiscal 2022 a fin de que el municipio de Imuris, Sonora, pueda recibir los apoyos de dicho programa para el mejoramiento de la infraestructura deportiva.

Notas

1 Programa de Mejoramiento Urbano “Mi México Late”, SEDATU, <https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/programa-de-mejorami ento-urbano> Consultado el 5 de junio de 2021.

2 Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano, para el ejercicio fiscal 2021, SEDATU,

<https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=56093 67&fecha=31/12/2020> .El subrayado es nuestro. Consultado el 6 de octubre de 2021.

3 “Sedatu invertirá en 12 obras de tres municipios de Sonora”, La Jornada, <https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/13/politica/sedatu-inverti ra-en-12-obras-de-tres-municipios-de-sonora/> Consultado el 6 de octubre de 2021.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.

Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SSPC, la FGR y sus homólogas de Tamaulipas a implantar acciones urgentes para investigar y sancionar los hechos violentos suscitados en Reynosa el 19 de junio de 2021 y apoyar a las víctimas, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), durante el primer trimestre de 2021, 1 de cada 4 personas mayores de 18 años se sintió insegura en la ciudad de Tampico; 3 de cada 4 en la ciudad de Reynosa y casi 7 de cada 10 encuestados se sintieron inseguros en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo.1

Por su parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2020, ubicó a Tamaulipas en el lugar catorce de los estados con mayor percepción de inseguridad a escala nacional; de tal modo que, Tamaulipas, tiene un índice de percepción de inseguridad de 79.8 por ciento, ubicándose por encima del promedio nacional de 78.6 por ciento. Asimismo, este sondeo ubica a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Guardia Nacional como las autoridades con mayor percepción de confianza y efectividad en Tamaulipas; mientras que la policía de tránsito, policía estatal y los jueces, figuran como las autoridades con mayor percepción de corrupción.2

Los altos niveles de incidencia delictiva hacen necesaria la elaboración de una estrategia integral de seguridad pública, que permita la coordinación y colaboración de los distintos niveles de gobierno y de los diversos actores sociales, para promover un cambio en las políticas públicas empleadas. Esto permitirá inhibir nuevas conductas delictivas y establecer una lucha frontal contra la delincuencia e impulsar políticas de prevención del delito que reflejen resultados positivos en el bienestar de las y los mexicanos.

La inseguridad en el estado de Tamaulipas es una problemática que se ha incrementado en algunos rubros y enfrenta rezagos acumulados; por lo que resulta de vital importancia que las autoridades unan esfuerzos para diseñar e implementar un andamiaje jurídico de gran calado que permita alcanzar el tan anhelado bienestar de las y los Tamaulipecos.

Hechos como los acontecidos el pasado sábado 19 de junio de 2021, en el que grupos antagónicos a la paz social irrumpieron al mediodía en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, asesinando a cerca de 18 personas, ponen en tela de juicio el actuar de las autoridades. Es por ello que, los diferentes niveles de gobierno cuentan con la obligación de garantizar los derechos de las y los ciudadanos Tamaulipecos, a través de la implementación de medidas razonables, eficientes y eficaces, que permitan asegurar el respeto a los derechos humanos.

Al respecto, cabe destacar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21, párrafo noveno, señala lo siguiente:

“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.

Por lo anteriormente fundamentado, se torna de vital importancia que las autoridades mexicanas asuman el papel de servir y proteger al pueblo de México, a través de la elaboración de una estrategia integral de seguridad pública, que permita la coordinación y colaboración de los distintos niveles de gobierno y de los diversos actores sociales, para promover un cambio en las políticas públicas empleadas. Esto permitirá inhibir nuevas conductas delictivas y establecer una lucha frontal contra la inseguridad e impulsar políticas de prevención del delito que reflejen resultados positivos en el bienestar de las y los tamaulipecos.

Ante los lamentables hechos, es fundamental que las autoridades responsables del bienestar de las y los ciudadanos otorguen el acompañamiento y los apoyos necesarios para las víctimas de tan lamentables hechos. Las autoridades no deben de ser omisas ante la desgracia por la que atraviesan cientos de familiares de las víctimas.

De ahí que el punto de acuerdo que pongo a consideración de este pleno tiene por objeto exhortar a diversas autoridades encargadas de la seguridad y de impartir justicia, para que, en el ámbito de sus competencias, implementen acciones urgentes con el fin de garantizar la seguridad de las y los tamaulipecos ante los violentos hechos que se han registrado en la entidad, así como exhortar a las autoridades competentes para que otorguen el acompañamiento y apoyos necesarios a las víctimas de tan lamentables hechos.

En razón de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, de la Fiscalía General de la República, así como a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Fiscalía General de Justicia y del Poder Ejecutivo del estado de Tamaulipas, para que, en el ámbito de sus atribuciones, implementen acciones urgentes para investigar y sancionar, así como otorgar el apoyo necesario a las víctimas de los hechos violentos suscitados en Reynosa, Tamaulipas, el pasado 19 de junio de 2021.

Notas

1 file:///C:/Users/sans_/Downloads/ensu2021_mar_presentacion_ejecutiva.pd f

2 https://www.tamaulipas.gob.mx/sesesp/wp-content/uploads/sites/25/2020/1 2/infografia_envipe-2020.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.

Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a sujetar su actuación en el abatimiento de la impunidad de los delitos más lesivos del orden público, como los de delincuencia organizada o contra la seguridad y el patrimonio, dejando a un lado agendas de orden político o partidista, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Las diputadas y los diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de esta Cámara, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de la República a sujetar su actuación conforme al interés nacional exige, abatiendo la impunidad de los delitos más lesivos al orden público en el ámbito de su competencia, como son lo delitos en materia de delincuencia organizada que afectan la vida, la seguridad y el patrimonio de los mexicanos, dejando a un lado agendas de orden político o partidista, conforme a los siguientes:

Consideraciones

México atraviesa uno de los momentos más críticos en materia de inseguridad de la historia reciente. El registro del indicador de homicidios dolosos, uno de los marcadores relacionados con la actividad del crimen organizado en el país, se ha ubicado en los mayores niveles. A tres años del inicio del este gobierno se ha alcanzado la cifra de más de cien mil decesos de esta naturaleza, casi cien por día.

Sin embargo, ese no es el único índice del colapso que atraviesa la justicia de nuestro país. En el documento denominado Hallazgos 2020, realizado por México Evalúa, se destaca que en nuestro país al 29 de septiembre de 2021 hay 92,585 personas desaparecidas, correspondiendo 20,056 al 2020.

Se señala que en 2020 Fueron ubicadas 559 Fosas clandestinas, principalmente en Jalisco, Guanajuato, Colima, Michoacán y Zacatecas.

En 2020 fueron cometidos 27.6 millones de delitos. La cifra negra para ese año ascendió de 92.4 a 93.3.

Si bien es cierto este panorama incluye la evaluación de todas las autoridades del país, el hecho es que la situación prevaleciente en materia del fenómeno del crimen organizado es uno de los grandes detonantes de la crisis de impunidad que padecemos.

La política del ejecutivo federal de “Abrazos, no Balazos” se ha hecho extensiva a la Guardia Nacional y a la Fiscalía General de la República. En tal sentido, incluso se ha señalado por instancias internacionales que una tercera parte del territorio nacional se encuentra bajo control del crimen organizado.

La ciudadanía se percibe indefensa y por esa razón no denuncia. Al buscar la respuesta en autoridades como la Fiscalía General lo que observa es más bien una actuación parcial y no correspondiente a las necesidades del pueblo.

Tal parece que las autoridades en la materia carecen de directrices objetivas y pertinentes correspondientes a una política criminal de estado, que de respuesta a la grave situación que en este rubro atraviesa el país. En los ejercicios de rendición de cuentas de la FGR se da cuenta con un colapso interno y con una ineficacia institucional que se traduce en indicadores insatisfactorios en materia de esclarecimiento de conductas criminales, procedimientos de recuperación de activos, extinción de dominio e incluso asistencia jurídica internacional en los niveles más bajos de la historia reciente.

Lejos de atender los asuntos más graves y delicados en esta materia, lo que la ciudadanía observa es a una Fiscalía General de la República concentrada en temas correspondientes más bien a una agenda de orden político partidista, encaminada por el presidente. Se observan investigaciones que corresponden a una justicia selectiva, agendas de revancha, como el de los científicos del Conacyt e incluso asuntos de orden familiar.

El hecho de que la FGR sea un órgano constitucionalmente autónomo no significa que no deba rendir cuentas a la sociedad o que deba ejercer sus poderosas facultades sin un criterio de oportunidad que gobierne su actuación para atacar a los grupos criminales que mayor daño hacen al país. Como se observa no se reclama que se instaure una política de balazos, como el falso dilema del presidente haría pensar, sino en que exista un compromiso verificable en los hechos para abatir la impunidad.

En virtud de los razonamientos expuestos, se somete a consideración del Pleno la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se Exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República a sujetar su actuación conforme al interés nacional exige, abatiendo la impunidad de los delitos más lesivos al orden público en el ámbito de su competencia, como son lo delitos en materia de delincuencia organizada que afectan la vida, la seguridad y el patrimonio de los mexicanos, dejando a un lado agendas de orden político o partidista.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre del 2021.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob y la SRE a garantizar el derecho a la identidad y nacionalidad de menores de 18 años nacidos en EUA, de padre o madre mexicanos, que no cuenten con acta de nacimiento y CURP que los acredite como mexicanos, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Olga Juliana Elizondo Guerra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con datos proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas, en 2019 cerca de 272 millones de personas vivían en un país distinto del que nacieron. De éstos, 48 por ciento representa a mujeres y 52 por ciento a hombres. Se estima que hay 38 millones de niñas y niños migrantes, así como 3 de cada 4 están en edad de trabajar.

Tan sólo de 2010 a 2019 aumentó el número de migrantes en 51 millones, lo que en su conjunto representa 3.5 por ciento de la población mundial, cifra que mantiene un aumento constante respecto a 2000, cuando representó 2.8 por ciento de la población y 2.3 en 1980.1

Países como India, México y China figuran entre los principales lugares de procedencia de los migrantes. India ocupa el primer lugar, con 17.5 millones de ciudadanos que viven en el extranjero, seguido de México, con 11.8, y –en tercer lugar– China, con 10.7.2

La movilización internacional es impulsada principalmente por situaciones de inseguridad, como de carácter económico, brotes de enfermedades, inseguridad alimentaria, riesgos ambientales, persecuciones políticas y religiosas, la separación familiar y la discriminación étnica y de género que constituyen diversos factores que pueden dar lugar a la migración masiva.

Los migrantes se encuentran mayormente expuestos a sufrir lesiones, violencia, abuso de drogas, trastornos de salud mental, tuberculosis, infección por el VIH/sida y otras enfermedades infecciosas. Además, existen barreras que impiden el acceso a los servicios de la salud, educación, seguridad o apoyos gubernamentales, atribuido principalmente a políticas y leyes restrictivas, costos elevados, diferencias culturales y de idioma, así como la estigmatización y la discriminación.3

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en México informó que en 2017, casi 9 mil niños, niñas y adolescentes mexicanos que llegaron a Estados Unidos fueron repatriados; la mayoría viajaban sin compañía de un adulto.4

A lo largo de la historia, los migrantes han sufrido innumerables problemas a causa de la discriminación, la violación de sus derechos humanos por parte de funcionarios públicos, la violencia de grupos criminales, las detenciones arbitrarias, la falta de acceso a servicios básicos, así como remuneraciones distintas a las que reciben otras personas no migrantes.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por México en 1948 y consolidada en 1990 con la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, establece entre sus preceptos:

Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado; y tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

En el artículo 67, la Ley de Migración establece:

Todos los migrantes en situación migratoria irregular tienen derecho a ser tratados sin discriminación alguna y con el debido respeto a sus derechos humanos.

No obstante lo establecido en los marcos internacionales y nacionales, los derechos de las niñas, niños y adolescentes se ven violentados cuando no existe seguridad jurídica para proteger sus derechos de manera eficaz y eficiente.

El derecho a la identidad permite que niñas y niños tengan un nombre, su apellido, sexo y su nacionalidad e implica la obligación a cargo del Estado de garantizar su cumplimiento y expedir, a través de las autoridades competentes y de manera gratuita, la primera copia certificada del acta del registro de nacimiento de los ascendientes, tutores, custodios de los menores, preservar y exigir su cumplimiento. Además, se convierte en la base para el ejercicio de otros derechos como el acceso a servicios de salud, educación y protección, mismos que son establecidos en los artículos 3 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que por carácter de ley suprema deben de ser protegidos sin dilación.

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada el 20 de noviembre de 1949 y ratificada por México en 1990, prevé en el artículo 7o.:

1. El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.

2. Los Estados parte velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.

La referida convención formó parte de las raíces esenciales de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes promulgada en 2014 por nuestro país, misma que establece en su artículo 13 los derechos irrestrictos a la identidad, la salud, educación, vivir en familia, igualdad sustantiva y a no ser discriminado.

El artículo 19 de la ley mencionada establece el derecho a la identidad en los siguientes términos:

Artículo 19. Niñas, niños y adolescentes, en términos de la legislación civil aplicable, desde su nacimiento tienen derecho a

I. Contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les expida en forma ágil y sin costo la primera copia certificada del acta correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables;

II. Contar con nacionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales;

III. Conocer su filiación y su origen, en la medida de lo posible y siempre que ello sea acorde con el interés superior de la niñez; y

IV. Preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán colaborar en la búsqueda, localización y obtención de la información necesaria para acreditar o restablecer la identidad de niñas, niños y adolescentes.

Las procuradurías de protección, en el ámbito de sus respectivas competencias, orientarán a las autoridades que correspondan para que den debido cumplimiento al presente artículo.

Cuando haya procesos o procedimientos que deriven en cambio de apellidos de niñas, niños y adolescentes, éstos tendrán el derecho a opinar y a ser tomados en cuenta, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.

La falta de documentación para acreditar la identidad de niñas, niños y adolescentes no será obstáculo para garantizar sus derechos.

Lamentablemente, en nuestro país se ha guardado por años en el cajón de la ignominia todo esfuerzo por otorgar seguridad jurídica a los menores que se encuentran en la lamentable situación de migración por necesidad. Tal es el caso de las niñas, niños y adolescentes (NNA) nacidos en territorio estadounidense y que cuentan con un certificado de nacimiento emitido por la autoridad americana, pero que son hijos de padre o madre mexicanos y que por la situación migratoria irregular en la que se encuentran los padres, son deportados a México y con ellos, el menor, ya que no tiene familiares con quienes ejercer su ciudadanía americana.

Al llegar a sus lugares de origen, los menores están desamparados, dado que no tienen papeles que sustenten su nacionalidad y, consecuencia de ello, están privados de sus derechos fundamentales como la salud, educación, seguridad o acceso a apoyos y estímulos gubernamentales, como las becas.

Esta situación es a todas luces violatoria de lo establecido por el artículo 30, inciso A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) que a la letra refiere:

Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.

A) Son mexicanos por nacimiento

I. ...

II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional;

El Congreso de la Unión aprobó el 15 de diciembre de 2020, el dictamen que reforma el artículo 30 de la CPEUM que establece la obtención de la nacionalidad mexicana por nacimiento, de los hijos de padres mexicanos o de madre o de padre mexicano, sin necesidad de que éstos hayan nacido en territorio nacional, lo que ampliará los derechos de quienes, nacidos en el extranjero, se reconocen como mexicanos por sus raíces, costumbres, idioma y cultura.

Por otro lado, es de reconocer el trabajo realizado por las autoridades mexicanas que el 20 de septiembre de 2016, firmaron el programa Soy México, estableciendo un esquema que reconoce la Binacionalidad y protege el derecho a la identidad. Este sistema ofrece una solución para las dificultades que niñas, niños y adolescentes de origen mexicano, nacidos en Estados Unidos, enfrentan para su ingreso en la educación en México, pues simplificará el procedimiento de legalización y apostilla.

La presente proposición con Punto de Acuerdo, tiene por objeto exhortar a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que garanticen el derecho a la identidad de los menores nacidos en Estados Unidos de América de padre o madre mexicanos que no cuenten con acta de nacimiento que los acredite como mexicanos en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30, inciso a, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de dotar de certeza jurídica a los hijos de mexicanos nacidos en el exterior y con el propósito de reconocer el derecho a la nacionalidad mexicana en la Constitución.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los secretarios de Gobernación, y de Relaciones Exteriores a garantizar en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada el derecho a la identidad de personas menores de 18 años nacidos en Estados Unidos de América de padre o madre mexicanos que no cuenten con acta de nacimiento y Clave Única de Registro de Población que los acredite como mexicanos en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30, inciso a), fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a instaurar acciones inmediatas que les permitan el goce y ejercicio pleno de sus derechos humanos y fundamentales a fin de garantizar su bienestar y desarrollo integral.

Notas

1 un.org/es/sections/issues-depth/migration/index.html

2 https://news.un.org/es/story/2019/11/1465971#:~:text=El%20n%C3%BAmero%2 0de%20migrantes%20internacionales,presentado%20en%20Ginebra%20este%20mi %C3%A9rcoles

3 https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/?post_type=post_t_es&p=313&lang=es

4 https://www.unicef.org/mexico/migraci%C3%B3n-de-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y -adolescentes

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.

Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la división de poderes en el Estado mexicano, suscrita por los diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Las y los suscritos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta Cámara, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión manifiesta su rechazo ante las expresiones emitidas por el presidente de la República que pretenden generar coacción, sujeción o sometimiento de los miembros del Poder Legislativo, a fin de respetar la división de Poderes, conforme a las siguientes

Consideraciones

México es una república, con división de poderes, lo que significa que ninguno de ellos debe subordinarse a los otros y deben respetarse las esferas de competencia de cada uno.

A partir de 2018, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, el poder Legislativo se ha caracterizado por tener una bancada mayoritaria de personas a las que se les ordena aprobar lo que llega por parte del Ejecutivo. El presidente les ordena y ellos cumplen esas órdenes. Es una mayoría irreflexiva, con lealtad ciega y sordomuda, acrítica. Es el brazo legislativo del partido oficial.

Ha sido costumbre durante la presente administración hacer escarnio de quienes piensan y opinan diferente; a quienes disienten se les señala, se les acusa, se les amenaza desde el patíbulo de Palacio Nacional.

El caso más reciente ha surgido por la Iniciativa de reforma constitucional en materia energética presentada por el Ejecutivo Federal el pasado 1 de octubre en esta Cámara de Diputados, y respecto a la cual, el presidente de la República ha amenazado con exhibir a los legisladores que no la aprueben.

El presidente debe saber que las decisiones del Poder Legislativo son públicas; la deliberación y votación es pública, no hay nada que se esconda, no hay decisiones en lo oscurito. Eso es propio de las democracias representativas como la mexicana, donde se exaltan principios como el pluralismo, la tolerancia, el respeto, las libertades como la de expresión y asociación.

El presidente amedrenta a los miembros de un poder que tienen opiniones diferentes a las suyas, que tienen una visión de estado diferente al suyo. Señalar las decisiones de los integrantes de otro poder, simplemente por no apoyar sus propuestas, muestra el rostro de un régimen autoritario, antidemocrático, que no respeta la división de poderes, que reprime las libertades y reduce la política al criterio de un solo hombre.

El titular del Ejecutivo debe recordar que la esencia del principio de división de poderes es la racionalización del poder público por la vía de su límite y balance, con el fin de garantizar el principio democrático, los derechos fundamentales y sus garantías, a través de un régimen de cooperación y coordinación de competencias, a manera de control recíproco, limitando y evitando el abuso en el ejercicio del poder público, tal y como lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, además, reconoce también que dicho principio exige un equilibrio entre los Poderes del Estado a través de un sistema de pesos y contrapesos tendente a evitar la consolidación de un poder absoluto capaz de producir una distorsión en el sistema de competencias previsto constitucionalmente o, como consecuencia de ello, una afectación al principio democrático que se puede dar a través de la intromisión entre Poderes, cuando uno de ellos se inmiscuye o interfiere en una cuestión propia de otro, o través de la dependencia al pretenderse que un poder impida a otro, de forma antijurídica, que tome decisiones o actúe de manera autónoma.

La división de poderes ofrece las garantías de libertad, de imparcialidad, de justicia. México no puede ni debe regresar a los tiempos de la dictadura perfecta, en donde el diseño institucional se ponía al servicio del partido oficial. México necesita poderes libres y autónomos, que cumplan con sus funciones de manera independiente, sin presiones de los otros.

Acción Nacional rechaza y condena las amenazas que desde el Ejecutivo se vierten sobre los integrantes del Poder Legislativo, por ello, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión manifiesta su rechazo ante las expresiones emitidas por el presidente de la República que pretenden generar coacción, sujeción o sometimiento de los miembros del Poder Legislativo.

Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a respetar la independencia de los Poderes de la Unión, en particular al Poder Legislativo, así como la libertad de cada legislador para tomar decisiones y a que cese en sus actos de reconvención hacia ellos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 7 de octubre del 2021.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob; la CNDH; y el gobierno, la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas a realizar las investigaciones conducentes a esclarecer el asesinato de 19 migrantes en Camargo, garantizando en todo momento su desarrollo según los principios de celeridad, transparencia, eficiencia y debida diligencia, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Olga Juliana Elizondo Guerra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Después de una década, México volvió a despertar con una escalofriante noticia: 19 migrantes habían sido asesinados y calcinados, ahora en el poblado de Santa Anita, en Camargo, Tamaulipas. El 22 de enero de 2021, tras un reporte ciudadano, fuerzas policiales localizaron en un camino rural dos camionetas con rasgos de violencia en las que se encontraron los cuerpos de migrantes guatemaltecos que transitaban por México en su intento por llegar a Estados Unidos de América, con objeto de huir de la pobreza y la violencia que se vive en su país.1

Los mexicanos aún no olvidamos aquel 22 de agosto de 2010, cuando 58 hombres y 14 mujeres de diferentes nacionalidades fueron asesinados en San Fernando, Tamaulipas. Este crimen de lesa humanidad, fue conocido a escala internacional como “la masacre de Tamaulipas” o “la masacre de los 72”; esta aberrante y cobarde acción no puede ser catalogada más que como una verdadera violación de los derechos humanos de los migrantes.2

Los ciudadanos volvemos a sentir en carne propia la inseguridad, la desesperación y la rabia de la injusticia. No sólo por los altos índices delictivos, sino también porque quienes juraron protegernos nos han fallado. Elementos policiacos que, tal y como sucedió en San Fernando, y ahora en Camargo, formaron parte de esta cadena de impunidad que parece no tener fin. Policías adscritos a la seguridad en el estado de Tamaulipas, obstruyeron la justicia alterando la escena del crimen, encubriendo a los responsables, pero sobretodo actuando en contra de la dignidad humana.3

Ante los lamentables hechos, el fiscal general de Justicia de la entidad comunicó en diversas conferencias de prensa que se han dictado varias órdenes de aprehensión contra 2 policías por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, abuso de funciones administrativas y falsedad en informes dados a la autoridad; asimismo, expresó que se están realizado las diligencias correspondientes. Sin embargo, esto no ha permitido que los familiares de las víctimas, ni las y los mexicanos, tengamos la certeza sobre quiénes fueron los responsables de estos actos, lo que aumenta el grado de desconfianza de la población sobre el curso de la investigación.

En conferencia de prensa, el 1 de febrero de 2020, la Secretaría de Gobernación anunció una investigación estrecha hacia diversas autoridades del Instituto Nacional de Migración por el previo aseguramiento de una camioneta relacionada con los hechos, en la que se encontraron los restos de los migrantes guatemaltecos. Entre los aspectos a investigar se pretende saber con qué atribuciones o facultades tenían asegurada la camioneta, esto a fin de lograr aportar mayores datos a la investigación.4

A lo largo de la historia, los migrantes han sufrido innumerables problemas a causa de la discriminación, la violación de sus derechos humanos por parte de funcionarios públicos, la violencia de grupos criminales, las detenciones arbitrarias, la falta de acceso a servicios básicos como la atención médica y el acceso a la justicia, así como remuneraciones distintas a las que reciben otras personas no migrantes por hacer el mismo trabajo.

De acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por México en 1948 y consolidada en 1990 con la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, establece entre sus preceptos:

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros; y que

Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado; y tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

La Constitución mexicana acompaña estos principios; en el artículo 1o. establece:

Queda prohibida todo tipo de discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En artículo 67 de la Ley de Migración establece:

Todos los migrantes en situación migratoria irregular tienen derecho a ser tratados sin discriminación alguna y con el debido respeto a sus derechos humanos.

La situación en México demuestra que aún estamos lejos de ponderar la fraternidad entre los seres humanos y la cooperación entre los estados, para resolver la dramática situación que viven miles de migrantes en los países de origen, en los países de tránsito y en aquellos receptores.

De ahí que el presente punto de acuerdo busque exhortar a las autoridades competentes a dar celeridad a las investigaciones sobre el crimen en el que perdieron la vida 19 migrantes en Camargo, Tamaulipas, pues sólo de esa manera se podrá contribuir en la lucha por recobrar la confianza del pueblo en las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente u obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como al gobernador, el fiscalía general de Justicia y el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, a realizar con base en sus atribuciones las investigaciones correspondientes para esclarecer el asesinato de 19 migrantes en Camargo, Tamaulipas, garantizando en todo momento su desarrollo conforme a los principios de celeridad, transparencia, eficiencia y debida diligencia, a fin de identificar y sancionar a quien o quienes resulten responsables.

Notas

1 https://m.facebook.com/FGJTam/videos/243616477225094/?refsrc=http%3A%2F %2Ft.co%2F&_rdr=&s=08

2 https://www.cndh.org.mx/noticia/masacre-de-san-fernando-tamaulipas-masa cre-de-los-72-migrantes

3 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/03/politica/detienen-a-12-poli cias-por-la-matanza-de-19-en-camargo/

4 https://politica.expansion.mx/mexico/2021/02/01/agentes-de-migracion-so n-investigados-por-los-19-calcinados-en-tamaulipas

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.

Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader, su homóloga de Tamaulipas, el gobierno del estado y la Conapesca a implantar programas en pro de los pescadores locales afectados por las bajas temperaturas, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Olga Juliana Elizondo Guerra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La pesca se ha posicionado en los últimos años como uno de los sectores de mayor crecimiento en la provisión de alimentos, nutrición y empleos. A pesar de que la pesca de captura es la más importante en este sector, la acuacultura ha demostrado que puede abonar significativamente a la producción pesquera, a fin de alcanzar la anhelada seguridad alimentaria.

De acuerdo con los datos proporcionados por la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se estima que la producción mundial de pescado ha alcanzado unos 179 millones de toneladas en 2018: 156 millones de toneladas se destinaron al consumo humano, lo que equivale a un suministro anual estimado de 20.5 kilogramos per cápita. La acuacultura representó 46 por ciento de la producción total y 52 del pescado para consumo humano.1

En el país, alrededor de 162 mil hombres y mujeres se dedican a la actividad pesquera a lo largo de 11 mil kilómetros de litorales. Esta actividad produce más de 2 millones de toneladas de peces de diversas especies, como la sardina, el camarón, mojarra, atún, cintilla, conejo, lebrancha, jurel, cojinuda, besugo, sierra, peto, cazón, bandera, trucha, bagre, carpa, jolote y lobina negra. Cabe destacar que gracias al arduo trabajo desempeñado por las y los pescadores de México, nuestro país logró escalar en los últimos años al lugar mundial 17 en producción pesquera.2

El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera indicó que Tamaulipas se consolidó en 2018 como una de las entidades con mayor producción pesquera, al alcanzar una cantidad de 55 mil 212.97 toneladas de pescado vivo y un valor de producción de 1 millón 787 mil 887 pesos.3

No obstante, los pescadores tamaulipecos enfrentan diversos problemas que les impide ser más productivos y competitivos, entre los que destacan: temporadas de baja reproducción de especies; venta de pescado por debajo del valor comercial; deterioro de las redes y embarcaciones por falta de mantenimiento; presencia de fenómenos climatológicos; temperaturas extremas; y la presencia de organizaciones criminales con sus consabidas consecuencias. A la problemática anterior, se ha sumado la derivada de la pandemia provocada por el Covid-19.

Para muestra un botón: la presencia del frente frio número 36, el cual se extiende desde el noreste del Golfo de México hasta el sur de Veracruz. La masa de aire polar que lo impulsa mantiene el ambiente de muy frío a gélido y arroja bancos de niebla sobre las entidades del noreste, oriente y el centro de México, incluido el Valle de México; además del evento de Norte, que provoca niveles entre muy fuertes a intensos sobre el litoral de Tamaulipas y Veracruz.4

Los tamaulipecos nos hemos enfrentado en los últimos meses a temperaturas históricas de -5 y -7 grados Celsius con sensación térmica de -12. Debido a las bajas temperaturas registradas en estas fechas, los ciudadanos hemos sufrido afectaciones en la circulación vial, falta de luz eléctrica y la muerte de fauna marina que significan el ingreso vital para las familias tamaulipecas dedicadas a la actividad pesquera, convirtiéndose en las personas con mayor vulnerabilidad al ser esta actividad su única fuente de ingresos.

El pasado 19 de febrero, pescadores ribereños encontraron cientos de peces muertos flotando en las orillas de la “Presa Internacional Falcón”, situada sobre el río Bravo en el municipio de Guerrero, Tamaulipas. Asimismo, la situación se repite en algunas lagunas aledañas al lugar. Esta problemática coloca a los pescadores en una situación de emergencia ya que disminuyó su producto de venta que es el principal sustento de sus familias.

Es menester que se instauren las acciones conducentes a que los pescadores del estado de Tamaulipas, sean beneficiados con todos los apoyos existentes, a efecto de fomentar el desarrollo productivo de la región, impulsar la actividad pesquera y garantizar el bienestar de las familias quienes actualmente atraviesan por una circunstancia especialmente crítica.

La presente petición se fundamenta en el principio de justicia distributiva, enarbolado por el presidente de la República, así como en las medidas para reactivar la economía presentadas por el gobierno federal con el objetivo de disminuir los efectos de la pandemia causados a raíz del Covid-19, al constituir una importante actividad socioeconómica que, entre otros aspectos, contribuye de manera importante al Producto Interno Bruto estatal y nacional, a la generación de empleos y a la alimentación de las familias mexicanas, además de ser un medio de subsistencia.

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece como una de sus prioridades la Autosuficiencia Alimentaria y el Rescate al Campo, a efecto de que la producción agropecuaria, pesquera y acuícola, alcance niveles históricos y la balanza comercial del sector agroalimentario sea superavitaria.

Los apoyos otorgados por este gobierno respecto al diésel marino y la gasolina ribereña, como parte del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, han tenido resultados positivos, lo que ha permitido facilitar la actividad productiva en la pesca y la acuacultura nacional, mismo que, a través de Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, inició la dispersión de recursos en apoyo de más de 4 mil 700 productores de 12 estados, como Yucatán, Veracruz, Tamaulipas, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, Campeche, Nayarit y Veracruz.5

Finalmente, es de hacer notar que uno de los principales objetivos establecidos por la presente administración, se concentra en ampliar las oportunidades de empleo y mejorar los ingresos de los pescadores, de ahí que la prioridad es superar el rezago social en las comunidades pesqueras y las localidades acuícolas rurales, por lo que es necesario fomentar dichas actividades, a fin de contribuir al bienestar de los productores de pequeña escala para el aumento de la oferta de alimentos de calidad, incidir en la producción para el mercado interno y lograr que la actividad sea fuente de la autosuficiencia alimentaria de México.

A pesar de que se ha logrado un avance significativo en la búsqueda de la soberanía alimentaria nacional, es de vital importancia seguir impulsando la creación de políticas públicas y programas de apoyo y desarrollo sustentable que permitan aumentar las inversiones en la actividad pesquera y el bienestar de todos los mexicanos.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, su homólogo en Tamaulipas, el comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, y el gobernador de ese estado a implantar en el ámbito de sus respectivas competencias y de manera coordinada programas de apoyo a los pescadores locales afectados por las bajas temperaturas presentadas en la entidad.

Notas

1 http://www.fao.org/3/ca9231es/CA9231ES.pdf

2 https://www.gob.mx/conapesca/articulos/la-pesca-mexicana-una-actividad- inmensa-como-el-mar-227722?idiom=es

3 http://www.campomexicano.gob.mx/raw_pesca_gobmx/seccionar.php

4 https://smn.conagua.gob.mx/es/aviso-de-norte#:~:text=Por%20su%20parte%2 C%20el%20frente,sobre%20el%20litoral%20de%20Tamaulipas.

5 https://www.conapesca.gob.mx/wb/cona/apoyo_incentivo_energetico_diesel_ y_gasolina_riber

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.

Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y sus homólogas locales a garantizar el trabajo digno del profesorado del Proni, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Olga Juliana Elizondo Guerra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A partir de la década de los 80, una gran cantidad de países permitieron que los bienes, servicios, capitales y datos digitales atravesaran sus fronteras. La globalización de los mercados y las nuevas tecnologías obligaron a transformar la manera en la que interactuamos y nos comunicamos los seres humanos. El idioma, el transporte, el dinero y la tecnología se convirtieron en parte fundamental de la nueva era de las tecnologías de la información y la comunicación. Por su parte, el idioma, se posicionó como uno de los pilares fundamentales en la consolidación de la nueva época tecnológica: herramienta que permitió concretar transacciones financieras, científicas y educativas que aceleraron el avance por la conquista de nuevos horizontes.

La internacionalización productiva ha dejado en claro la importancia de las lenguas extranjeras en nuestra vida cotidiana, sobre todo del inglés, que se ha convertido en una de las lenguas con mayor uso en el mundo. Tan sólo en el país se ha potenciado el aprendizaje de las lenguas extranjeras en las escuelas, tanto por la edad temprana en la que se comienza a practicar una lengua que no sea la materna, así como por la actualización de los planes de estudio, mismos que han aumentado considerablemente las horas destinadas a esta asignatura.

Por ello, el aprendizaje de un nuevo idioma se ha convertido en una necesidad, no solo de ciertos sectores de la sociedad, sino, en general, de cualquier persona que aspire a mejorar su nivel de vida. Los centros escolares y sus docentes están obligados a preparar a sus alumnos de manera que, comprendan, analicen y resuelvan las problemáticas presentadas a través de los conocimientos obtenidos durante el ciclo escolar.

El sistema educativo en México ha tenido transformaciones y reformas no sólo en sus planes y programas de estudio sino, también, en materia laboral. La mal llamada “reforma educativa”, devastó la gratuidad y el acceso universal a la educación. Se optó por abandonar las escuelas públicas en sus diferentes niveles educativos y otorgar mayor poder a las escuelas privadas. Se emprendió una dura lucha en contra de las escuelas normales, pero, en general, se precarizaron las condiciones de trabajo como la estabilidad laboral (basificación), el salario, la seguridad social, las vacaciones pagadas y regirse bajo un contrato colectivo de trabajo; en pocas palabras, se violentaron los derechos laborales de las y los profesores, principalmente los que corresponden a la asignatura de inglés, incluso desde el momento en el que se les denominó “asesores externos especializados”.

El Programa Nacional de Inglés, o Proni, lo implantó por primera vez la Secretaría de Educación Pública en 2009. Su principal objetivo se centró en asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica, mediante el fortalecimiento de los procesos de enseñanzas y aprendizajes de una lengua extranjera (inglés) en las escuelas públicas, como un componente para el logro de la educación de excelencia, pertinente y relevante. La importancia del programa es tal, que incluso el Plan Sectorial de Educación 2020-2024 (https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/562380/Programa_Sectori al_de_Educaci_n_2020-2024.pdf), lo mantiene como uno de sus pilares fundamentales en la impartición educativa.

Las y los profesores de inglés se han convertido en parte fundamental de la consolidación de la Nueva Escuela Mexicana; sin embargo, no han sido valorados de acuerdo con la función que desempeñan. Para muestra un botón. Las y los docentes que imparten la asignatura de inglés, durante más de una década han sufrido de contratos laborales de 3 meses que les impiden acceder a un aguinaldo, vacaciones pagadas, prima vacacional, licencia de maternidad o lactancia, prima de antigüedad o prestaciones de seguridad social, como salud y vivienda, entre otros. Situación que a todas luces es violatoria de los derechos establecidos en el artículo 123, Apartado B, fracción XI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las y los integrantes del PRONI, tampoco tienen derecho a un sistema de capacitación, formación y actualización que permita fortalecer el desarrollo y superación profesional, así como carecen de un nombramiento expedido por la autoridad, a fin de ser considerados como Trabajadores al Servicio del Estado de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo.

La basificación de profesores se ha consolidado únicamente en estados como la Ciudad de México, Baja California y Tamaulipas; recientemente se han otorgado algunas bases en otras entidades, como Colima y Aguascalientes. Se calcula que en todo el país existen cerca de 8 mil profesores de inglés que aún trabajan amparados bajo un contrato que les niega el acceso a los derechos laborales más fundamentales.

Lo anterior, aun cuando el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos prevé:

Artículo 23.

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

La ley fundamental establece:

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

A) ...

I. a VI. ...

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural , y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.

...

VII. a XII. ...

XIII. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria determinará los sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligación.

La Ley Federal del Trabajo establece:

Artículo 2o.- Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales.

Se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.

Por lo fundamentado resulta de vital importancia garantizar el derecho de las y los mexicanos a un empleo digno y bien remunerado que asegure condiciones dignas y decorosas para sus familias. De ahí que sea menester de las autoridades correspondientes la construcción de políticas públicas que fortalezcan la protección de las prerrogativas fundamentales de las y los trabajadores.

Como legisladores, es nuestro deber promover y garantizar el irrestricto respeto a las legislaciones nacionales e internacionales; de tal modo que, estas acciones permitan alcanzar el bienestar social a través del mejoramiento de las condiciones laborales de las y los trabajadores al servicio del Estado, adoptando medidas hasta el máximo de los recursos disponibles, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, en particular a través de la adopción de medidas legislativas, administrativas o de otra naturaleza, la plena efectividad de estos derechos, evitando tomar medidas regresivas.

Por lo expuesto pongo a consideración del pleno los presentes puntos de acuerdo, que tienen por objeto exhortar a la Secretaría de Educación Pública y sus homólogas en las entidades federativas a proteger y garantizar que en el ámbito de sus atribuciones el bienestar de las y los profesores integrantes del Programa Nacional de Inglés.

En razón de lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública Federal y a sus homólogas en las entidades federativas, para que garanticen el trabajo digno de las profesoras y los profesores integrantes del Programa Nacional de Inglés; así como para que de acuerdo a la capacidad presupuestaria de cada ente público, analicen, y en su caso, firmen con el personal docente que imparte dicha materia un contrato laboral que les garantice su base, salario justo y la protección de todos sus derechos laborales y a la seguridad social.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública federal y sus homólogas en las entidades federativas a formar mesas de trabajo con las profesoras y los profesores de la asignatura de inglés para analizar y, en su caso, modificar las reglas de operación del programa, a efecto de establecer los días de pago salarial, el tiempo por el que desempeñarán sus funciones y que la federación sea directamente el operador del programa y no las entidades federativas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.

Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE, la Ssa y el INM a garantizar el respeto y la salvaguardia de los derechos humanos de migrantes centroamericanos en su tránsito por Tamaulipas y estancia ahí, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Olga Juliana Elizondo Guerra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Por décadas, los migrantes han sufrido discriminación, violación a sus derechos humanos, violencia de grupos criminales, detenciones arbitrarias, falta de acceso a servicios básicos como la atención médica, el acceso a la justicia o la educación, así como sueldos menores a las que reciben otras personas no migrantes por realizar el mismo trabajo.

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, en 2019 había cerca de 272 millones de migrantes alrededor del mundo, representado 48 por ciento por mujeres y el 52 por ciento por hombres. De éstos, 164 millones son trabajadores migrantes. Asimismo, se estima que hay 38 millones de niños migrantes y tres de cada cuatro se encontraban en edad de trabajar. El continente asiático representa la mayor concentración de personas en movilidad geográfica con alrededor del 31 por ciento de la población migrante; Europa con 30 por ciento; América 26 por ciento; África 10 por ciento; y Oceanía 3 por ciento (https://www.un.org/es/global-issues/migration).

El continente americano, específicamente el área de Centroamérica, se ha convertido en el infierno de miles de personas que sufren pobreza y marginación social. Países como Guatemala, Honduras, el Salvador y Nicaragua, se encuentran sumergidos en una alarmante ola de violencia que ha obligado a miles de personas a salir de sus lugares de origen con el propósito de alcanzar el tan anhelado bienestar social.

Por un largo tiempo, México se ha convertido en un país de tránsito para los migrantes Centroamericanos que buscan mejorar su calidad de vida al emigrar a Estados Unidos de América, sin embargo, durante los últimos años, nuestro país ha pasado de ser únicamente un lugar de tránsito a ser un país de estancia permanente, principalmente a causa del endurecimiento de las políticas migratorias implementadas por los gobiernos americanos.

El cierre de la frontera México-Estados Unidos a causa de la propagación del SARS-Cov2, agravó la situación de las y los migrantes, quienes por causa de fuerza mayor y ante la necesidad, optaron por instalarse en asentamientos irregulares que no cumplen las mínimas medidas de sanidad y ponen en peligro su vida.

Tal es el caso de un grupo de migrantes que se establecieron en un campamento irregular desde hace más de un año en la Plaza de la República de Reynosa, Tamaulipas; quienes se encuentran de manera permanente viviendo en este asentamiento, mismo que no cuentan con alimentos suficientes, atención médica ni mucho menos seguridad. Ante la falta de medidas de protección, diversas personas de este asentamiento humano se han contagiado de Covid-19, por lo que la cadena de contagios es constante y alarmante, ya que no cuentan con las medidas de protección ni los recursos necesarios para ser atendidos.

La necesidad de conseguir un empleo o alimento los obliga a no mantener un aislamiento durante su enfermedad, y la búsqueda por sobrevivir, los mantiene en contacto constante con la sociedad reynosense. Esta situación es pilar del persistente aumento de contagios que enfrenta el municipio fronterizo. A causa de ello, el 18 de junio de 2021 el municipio tamaulipeco regresó a semáforo rojo, que indica un alto índice de personas que sufren de este padecimiento y que día con día se encuentra en aumento constante.

De ahí que se torne de vital importancia implantar medidas como el uso de cubrebocas, lavado de manos, seguimiento a las personas contagiadas, pero, sobre todo, es necesario que se garantice que las y los migrantes ejerzan su derecho a la salud, a través del acceso a vacunas contra la Covid-19, a fin de romper las cadenas de contagios, o en su caso, aminorar los efectos de la enfermedad tanto en migrantes como en la sociedad residente de Reynosa, Tamaulipas.

Con base en lo expuesto, el Estado mexicano cuenta con la obligación de garantizar la salud de las y los migrantes que se encuentren en tránsito o en estancia permanente en territorio nacional, sin importar su situación migratoria, como establecen los siguientes ordenamientos:

La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por México en 1948 y consolidada en 1990 con la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, establece entre sus preceptos:

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros; y que

Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado; y tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

La Constitución mexicana acompaña estos principios; en el artículo 1o. establece:

Queda prohibida todo tipo de discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

La Ley de Migración establece:

Artículo 27. Corresponde a la Secretaría de Salud

I. Promover en coordinación con las autoridades sanitarias de los diferentes niveles de gobierno que, la prestación de servicios de salud que se otorgue a los extranjeros, se brinde sin importar su situación migratoria y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;

II. Establecer requisitos sanitarios para la internación de personas al territorio nacional, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;

III. Ejercer la vigilancia de los servicios de sanidad en los lugares destinados al tránsito internacional de personas, en transportes nacionales o extranjeros, marítimos, aéreos y terrestres, mediante visitas de inspección conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;

IV. Diseñar y difundir campañas en los lugares destinados al tránsito internacional de personas, para la prevención y control de enfermedades, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; y

V. Las demás que señale esta ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

El artículo 67 del referido ordenamiento señala:

Todos los migrantes en situación migratoria irregular tienen derecho a ser tratados sin discriminación alguna y con el debido respeto a sus derechos humanos.

La situación en México demuestra que aún estamos lejos de ponderar la fraternidad entre los seres humanos y la cooperación entre los estados, para resolver la dramática situación que viven miles de migrantes en los países de origen, en los países de tránsito y en aquellos receptores.

De ahí que los puntos de acuerdo que pongo a consideración del pleno tengan por objeto exhortar a diversas autoridades que, en el ámbito de sus atribuciones, cuentan con la obligación de proteger y garantizar el bienestar de las y los migrantes, así como de las y los mexicanos, a través de acciones que permitan atender de manera humanitaria las necesidades de la sociedad.

En razón de lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los secretarios de Relaciones Exteriores, y de Salud federales, así como al comisionado del Instituto Nacional de Migración, a garantizar de manera coordinada y con base en sus atribuciones el respeto, la protección y la salvaguardia de los derechos humanos de migrantes centroamericanos durante su tránsito y estancia en Tamaulipas.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los secretarios de Relaciones Exteriores, y de Salud federales, así como al comisionado del Instituto Nacional de Migración, a analizar y, en su caso, realizar una campaña de vacunación contra el Covid-19 para migrantes que se hallan en Reynosa, Tamaulipas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.

Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SSPC y su homóloga de Tamaulipas a implantar acciones coordinadas de seguridad para salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de quienes transitan por las carreteras del estado, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 2, fracción III del Reglamento de Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo con datos presentados por el Presidente de la República, a través de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en toda la extensión de carreteras a nivel nacional circulan anualmente 75 millones de personas y en temporadas vacacionales 16 millones de personas en forma adicional1 . Ante esta saturación de usuarios de la red carretera, la delincuencia opera en el anonimato.

Por su parte la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019, informó que 65.5 por ciento de las personas mayores de 18 años se sintieron inseguras al transitar por alguna de las diferentes vías pertenecientes a la red nacional de carreteras.

Para muestra un botón, la asociación civil “Fuerza por nuestros desaparecidos de Nuevo León ha registrado al menos 49 desapariciones de personas durante el primer semestre de 2021 en la carretera de Monterrey-Nuevo Laredo. Mientras que otros colectivos, han afirmado que el número de desaparecidos en la referida carretera, son cerca de 109 personas, de los cuales 73 son de este 2021.

Tamaulipas enfrenta una grave problemática de inseguridad que se ha incrementado en algunos rubros y enfrenta rezagos acumulados. Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSPU), durante el primer trimestre de 2021, 1 de cada 4 personas mayores de 18 años se sintió insegura en Tampico; 3 de cada 4 en Reynosa y casi 7 de cada 10 encuestados se sintieron inseguros en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo2 . Por su parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2020, situó a Tamaulipas en el lugar catorce de los estados con mayor percepción de inseguridad a escala nacional; de tal modo que, Tamaulipas, tiene un índice de percepción de inseguridad de 79.8 por ciento, ubicándose por encima del promedio nacional de 78.6 por ciento3 .

Los altos niveles de incidencia delictiva hacen necesaria la elaboración de una política pública de gran calado, que permita el trabajo en conjunto de los distintos niveles de gobierno a fin de construir un cambio en la estrategia de prevención y combate a la inseguridad.

Por lo anterior, se torna de vital importancia la implementación de diversas acciones que permitan inhibir los altos índices de incidencia delictiva como:

- La revisión y supervisión de rutas con altos índices de incidencia delictiva.

- Implementar filtros de revisión y arcos en centrales de autobuses.

- Revisar las afectaciones en tramos carreteros y aumentar la seguridad de los accesos a las autopistas.

- Uso de arcos gamma para la detección de armas y drogas.

- Instalación de arcos y cámaras de videovigilancia que permita detectar vehículos sospechosos o dedicados a hechos ilícitos.

Al respecto, cabe destacar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 21, párrafo noveno, señala lo siguiente:

“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.

Por lo fundamentado, se torna de vital importancia que las autoridades mexicanas asuman el papel de servir y proteger al pueblo de México, a través de la elaboración de una estrategia integral de seguridad pública, que permita la coordinación y colaboración de los distintos niveles de gobierno y de los diversos actores sociales, para promover un cambio en las políticas públicas empleadas. Esto permitirá inhibir nuevas conductas delictivas y establecer una lucha frontal contra la inseguridad e impulsar políticas de prevención del delito que reflejen resultados positivos en el bienestar de las tamaulipecas y los tamaulipecos.

De ahí que, el punto de acuerdo que pongo a consideración de este Pleno, tiene por objeto exhortar a diversas autoridades encargadas de la seguridad, para que, en el ámbito de sus competencias, implementen acciones urgentes a fin de garantizar la seguridad de las y los tamaulipecos ante los alarmantes índices delictivos que se presentan en las carreteras que comunican al estado.

En razón de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a su homóloga en el estado de Tamaulipas, a efecto de que implementen acciones coordinadas en materia de seguridad que permitan salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas que transitan por las carreteras de Tamaulipas, así como analicen la viabilidad de aumentar el número de efectivos policiales desplegados a lo largo de las vías de comunicación del estado.

Notas

1 http://comisiones.senado.gob.mx/seguridad_publica/docs/SP/ESPR.pdf

2 file:///C:/Users/sans_/Downloads/ensu2021_mar_presentacion_ejecutiva.pd f

3 https://www.tamaulipas.gob.mx/sesesp/wp-content/uploads/sites/25/2020/1 2/infografia_envipe-2020.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.

Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal, la SSPC, la Guardia Nacional, la Sedena y el gobierno de Tamaulipas a impulsar acciones coordinadas para salvaguardar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes de Reynosa, Gustavo Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán, y Mier y Guerrero, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 2, fracción III, del Reglamento de Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Para las mexicanas y los mexicanos resultaron eternos los lustros en los que el país se llenó de sangre, dolor y sufrimiento. Las instituciones habían sido tomadas por organizaciones contrarias a la paz social. La corrupción, la impunidad y la pobreza permitieron que estas organizaciones tomaran fuerza ensanchando su base social a través de jóvenes que fueron olvidados por el Estado mexicano.

La falta de programas sociales que les permitiera a este sector social conseguir una beca para seguir estudiando o el acceso a programas de capacitación laboral, fueron de vital importancia para que se recrudeciera la violencia que el día de hoy vivimos las y los mexicanos.

De acuerdo con el estudio para mejorar la capacidad de respuesta de África ante la delincuencia organizada transnacional, que se realiza en colaboración con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y el Instituto de Estudios para la Seguridad, posiciona a nuestro país como el primer lugar en negocios delictivos como trata de personas, tráfico ilegal de personas, tráfico de armas, crímenes contra la flora, contra la fauna, ilícitos asociados a fuentes no renovables, tráfico de heroína, cocaína y drogas sintéticas1 .

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó que en el primer semestre de 2020 se registraron 17 mil 123 homicidios en México. Es decir, una razón de 13 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, tasa que es menor a la registrada en 2019 para el mismo periodo.

En el caso particular de Tamaulipas, las y los ciudadanos hemos sufrido el embate de los grupos delincuenciales auspiciados por las autoridades que algún día prometieron servir y proteger al pueblo. Esta lamentable situación, ha posicionado a la entidad como uno de los lugares con el mayor índice delincuencial, no sólo a escala nacional, sino también internacional.

De acuerdo con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, durante el primer trimestre de 2021, 1 de cada 4 personas mayores de 18 años se sintió insegura en Tampico; 3 de cada 4 en Reynosa y casi 7 de cada 10 encuestados se sintieron inseguros en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo2 .

Por su parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2020, situó a Tamaulipas en el lugar catorce de los estados con mayor percepción de inseguridad a escala nacional; de tal modo que, Tamaulipas, tiene un índice de percepción de inseguridad de 79.8 por ciento, ubicándose por encima del promedio nacional de 78.6 por ciento. Asimismo, este sondeo ubica a la Secretaria de Marina, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Guardia Nacional como las autoridades con mayor percepción de confianza y efectividad en Tamaulipas; mientras que la policía de tránsito, policía estatal y los jueces, figuran como las autoridades con mayor percepción de corrupción3 .

Los altos niveles de incidencia delictiva en la entidad hacen necesaria la elaboración de una estrategia integral de seguridad pública, que permita la coordinación y colaboración de los distintos niveles de gobierno y de los diversos actores sociales, para promover un cambio en las políticas públicas empleadas. Esto permitirá inhibir nuevas conductas delictivas y establecer una lucha frontal contra la delincuencia e impulsar políticas de prevención del delito que reflejen resultados positivos en el bienestar de las y los mexicanos.

Hechos como los acontecidos en San Fernando, Camargo, Miguel Alemán, Gustavo Díaz Ordaz, Mier y Reynosa, en donde migrantes de diversas nacionalidades y ciudadanos mexicanos inocentes fueron víctimas de la delincuencia, dejan en claro la extrema violencia y vulnerabilidad que se vive en esta región fronteriza. Todos estos hechos violentos ponen en tela de juicio la gobernabilidad de Tamaulipas. Es por ello que, los diferentes niveles de gobierno cuentan con la obligación de garantizar los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos Tamaulipecos, a través de la implementación de medidas razonables, eficientes y eficaces, que permitan asegurar el respeto a los derechos humanos.

Al respecto, cabe destacar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21, párrafo noveno, señala lo siguiente:

“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.

Por lo fundamentado, se torna de vital importancia que las autoridades mexicanas asuman el papel de servir y proteger al pueblo de México, a través de la elaboración de una estrategia integral de seguridad pública, que permita incorporar a los jóvenes al estudio y al trabajo, así como la elaboración de una estrategia para el tratamiento de adicciones. Esto permitirá inhibir nuevas conductas delictivas y establecer una lucha frontal contra la inseguridad e impulsar políticas de prevención del delito que reflejen resultados positivos en el bienestar de las tamaulipecas y los tamaulipecos.

De ahí que, el punto de acuerdo que pongo a consideración de este pleno, tiene por objeto exhortar a diversas autoridades encargadas de la seguridad, para que, en el ámbito de sus competencias, implementen acciones urgentes con el fin de garantizar la seguridad de las y los tamaulipecos ante los violentos hechos que se han registrado en la entidad, así como exhortar a las autoridades competentes para que aumenten el número de efectivos de las fuerzas armadas en los municipios de Reynosa, Gustavo Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán, Mier y Guerrero.

En razón de lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del poder Ejecutivo federal, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional y al gobernador del estado de Tamaulipas, a fin de que impulsen acciones coordinadas que permitan salvaguardar la seguridad, la integridad y el patrimonio de las y los habitantes; así como asignen un mayor número de efectivos de las fuerzas policiales en los municipios de Reynosa, Gustavo Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán, Mier y Guerrero del estado de Tamaulipas, a efecto de garantizar el bienestar de las y los tamaulipecos.

Notas

1 https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/temas-de-primera-plana-2809 19/

2 file:///C:/Users/sans_/Downloads/ensu2021_mar_presentacion_ejecutiva.pd f

3 https://www.tamaulipas.gob.mx/sesesp/wp-content/uploads/sites/25/2020/1 2/infografia_envipe-2020.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.

Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos locales a acelerar la publicación y reformas en materia de matrimonio igualitario, suscrita por diputadas del Grupo Parlamentario de Morena

Las suscritas, diputadas Sandra Luz Navarro Conkle, Salma Liévano Luna, María Clemente García Moreno y Aleida Alavez Ruíz, integrantes de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición, de urgente u obvia resolución, con punto de acuerdo en materia de matrimonio igualitario, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que en el caso del matrimonio civil entre personas del mismo sexo se pone en juegos los derechos humanos de las personas, en consideración de normas internacionales, denegar el derecho a casarse basándose en el sexo de las parejas viola el derecho a lo no discriminación y por tanto a la igualdad ante la ley, a casarse, a formar una familia y en último de los casos viola el derecho a la libertad de elección respecto de la directriz de vida que así convenga al desarrollo pleno de la personalidad.1

Que el matrimonio entre personas del mismo sexo, también conocido como matrimonio homosexual, matrimonio igualitario o matrimonio gay, es la institución que reconoce legal o socialmente un matrimonio formado por dos varones, dos mujeres, o dos personas del mismo género. En México, esta tipología de institución matrimonial formalizada, fue pionera en la Ciudad de México, luego otras entidades federativas siguieron la evolución progresista en la ampliación de las libertades y la lucha contra la discriminación.

Que la realidad legal para la población de la comunidad lesvica, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual y queer más (LGBTTTAQ+) en las entidades federativas donde aún no se han reformado sus Códigos Civiles o leyes locales que reglamenten el matrimonio, les genera una situación de desigualdad y les hace susceptibles de discriminación, en comparación con aquéllos que viven en entidades donde se han realizado avances en la materia. Por lo tanto es posible mencionar que se genera una situación de desigualdad producto de la falta de avances institucionales para ampliar las libertades. En este sentido, los esfuerzos federales deben tener mayor concentración en acelerar las reformas en las entidades federativas faltantes a efecto de que se cumplan los principios de igualdad y no discriminación para todos los habitantes y transeúntes en el país.

Que la Suprema Corte de Justicia declaró en la Jurisprudencia 43/2015 que las leyes estatales que impiden el matrimonio entre personas del mismo sexo son inconstitucionales. Esta tesis jurisprudencial señala que es incorrecto decir que: el matrimonio tiene como finalidad la procreación, pues en realidad cumple otras funciones sociales.2 Al definir al matrimonio como unión heterosexual, varias normas estatales discriminan a las personas por su orientación sexual, y por lo tanto contravienen la igualdad de derechos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, la Jurisprudencia en comento, obliga a todos los jueces federales a seguir este criterio favorable en todos los amparos que se interpongan, en cualquier parte del país, y en donde aún no están legalizados este tipo de matrimonios, además de permitir la adopción de menores y todos los beneficios que ello implica como la seguridad social que otorgan instituciones encargadas de ello como IMSS, Issste, Infonavit, Fovissste.3

Que si bien la Suprema te de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del matrimonio igualitario para todo el país, al no existir tal realidad como derecho constitucional, aquéllas personas que tengan dicho interés en las entidades donde sus legislaciones no hubieren sido reformadas, se ven en la necesidad de interponer juicios de amparo para poder casarse. Sin embargo esto genera condiciones de desigualdad y nos lleva a casos como los de Guerrero4 , en donde solo algunos municipios llevan a cabo matrimonios igualitarios, estos son: Chilpancingo de los Bravo, Zihuatanejo de Azueta, Taxco de Alarcón y Tecpán de Galeana mientras que el resto de sus 85 municipios, incluyendo Acapulco de Juárez no lo aceptan e incluso han declarado nulas las uniones.

Que la evolución de las entidades federativas en donde se permite el matrimonio igualitario es la siguiente; con corte al 23 de septiembre de 2021, fecha en que el Congreso de Sonora ha aprobado reformas a su Código Civil, mediante las cuales se abre la puerta al reconocimiento legal y formal del matrimonio igualitario para todos los municipios de esa entidad federativa y al mismo tiempo, amplia los alcances de las libertades y garantías de mayor igualdad, inclusión y acceso a oportunidades para los grupos minoritarios otrora vez discriminados y marginados de la sociedad. De las entidades pioneras tenemos5 :

- Ciudad de México (En 2010 se aprobó junto con la adopción homoparental)

- Quintana Roo (En 2012 se aceptó ya que el Código Civil no establecía claramente que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer).

- Coahuila (Se aprobó en 2014 junto con la adopción homoparental).

- Chihuahua (Se aprobó hasta 2015 por un decreto del entonces gobernador César Duarte).

- Nayarit (2015)

- Michoacán, Morelos, Hidalgo, Campeche, Colima (2016)

- Baja California Sur (el matrimonio igualitario fue reconocido por el Congreso del estado el 29 de junio de 2019).

- San Luis Potosí (el Congreso de San Luis Potosí aprobó el matrimonio igualitario el 17 de mayo del 2019. Además, las parejas conformadas por personas del mismo sexo también tienen el derecho de adopción).

- Tlaxcala (2020)

- Yucatán, Sinaloa, Querétaro y Sonora (2021)

Mientras que hay entidades que lo aceptan por orden de la Corte La Suprema Corte de Justicia de la Nación.6

- Baja California (2014)

- Jalisco (la Corte lo ordenó en 2016, aunque organizaciones han denunciado que no se ha respetado el fallo).

- Chiapas (la SCJN invalidó los artículos del Código Civil que consideraba inconstitucionales, pues excluían a las parejas del mismo sexo que querían contraer matrimonio. En julio de 2017, el Congreso Estatal reconoció el matrimonio homosexual, otorgando todos los derechos, incluyendo la adopción).

- Puebla (2017)

- Aguascalientes y Nuevo León (2019)

Que las normas civiles que definen el matrimonio como el acto celebrado entre “un solo hombre y una sola mujer”, y/o que establecen entre sus objetivos que “se unen para perpetuar la especie”, prevén una distinción implícita entre las parajes conformadas por heterosexuales y las conformadas por las homosexuales, pues mientras a las primeras se les permite el acceso al matrimonio, a las segundas se les niega la posibilidad. Así para poder establecer si existe una distinción implícita no es suficiente saber quiénes tienen poder normativo en cuestión, sino conocer qué se les permite hacer a personas. Aunque este tipo de normas concedan el poder normativo para casarse a cualquier persona, con independencia de su preferencia sexual, si ese poder únicamente puede ejercitarse para contraer matrimonio con alguien del sexo opuesto, es indudable que sí comparten en realidad una distinción basada en preferencias sexuales, porque una persona homosexual únicamente puede acceder al mismo derecho que tiene una persona heterosexual, si niega su orientación sexual, lo que es precisamente la característica que lo define como tal. De lo anterior se concluye que este tipo de normas se encuentran basadas implícitamente en una categoría sospechosa, toda vez que la distinción que traza quienes puedes utilizar el poder normativo para crear un vínculo matrimonial se apoya en las preferencias sexuales de las personas, las cuales constituyen uno de los criterios enunciados en el último párrafo del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”7 , a saber:

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”8

Motivo por el cual, en un análisis más profundo del tema es posible definir que hay motivos suficientes y fundados para promover cambios en las diversas normatividades de orden civil que en materialización práctica deriven en acciones discriminatorias promovidas por los alcances de la institucionalidad vigente.

Que en fecha 17 de mayo de 2016, el Ejecutivo federal envió a la Cámara de Diputados una reforma constitucional, para reformas el artículo 4o. en materia de matrimonio igualitario, la cual no prosperó en su votación ante la Comisión de Puntos Constitucionales. En fecha 20 de diciembre de 2019, la Diputada Celeste Ascencio Ortega promovió reforma Constitucional, la cual reforzó con otras propuestas de reformas a los Código Civil Federal y Cogido de Comercio, todas en materia de matrimonio igualitario, pero estas con fecha 6 de mayo de 2020; no obstante, las mencionadas aún no han pasado a deliberación del pleno en la Cámara de Diputados.9

Que la Organización de la Naciones Unidas ha conminado al Legislativo mexicano y a los congresos de las entidades federativas a reconocer el derecho de las personas del mismo sexo para contraer matrimonio, y con ello, avanzar en el cierre de la brecha que existe en la igualdad de derechos y de las libertades de todas las personas en el país. En este sentido, de los grandes motores para acelerar el trabajo de los legisladores, debe ser el de generar cambios y acciones que permitan eliminar expresiones discriminatorias e intolerancia, puesto que con ello se contribuye a equiparar la norma con el derecho internacional.10

Que en “el entendido de que es deber de las y los legisladores mexicanos, locales y federales, avanzar en el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT+ en todo el país, atendiendo al principio de igualdad y no discriminación, conforme a lo establecido por el Artículo 1 de la Constitución federal, con miras a la consecución de una sociedad más igualitaria, donde de disminuyan las prácticas discriminatorias, factores ambos, que sumen a la construcción de una ciudadanía plena” 11 y armónica.

Que en consideración de lo expuesto y, luego de hacer el recuento de los estados que aún no han legislado en materia de matrimonio igualitario, el presente punto de acuerdo, tiene como intensión, hacer un llamado urgente a las diputadas y los diputados integrantes de las legislaturas de Durango, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, a efecto de que a la brevedad acaten el llamado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y realicen las reformas pertinentes para permitir la materialización del matrimonio igualitario en sus respectivas jurisdicciones, de manera que se cumplan con el principio de igualdad de derechos y se consiga la homologación de derechos en todo el país.

Las que suscriben, consideran que la cuarta transformación por la que atraviesa nuestra nación, es un proyecto que se cimenta en una profunda revolución del pensamiento, lo que nos obliga a verificar los cambios sustanciales de nuestra sociedad con el marco jurídico que nos rija. En congruencia con los postulados de la agenda progresista que nos guía, sometemos a consideración del pleno, por lo expuesto y fundado, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, exhorta a los congresos locales de Durango, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, para que reformen, actualicen, armonicen y homologuen su marco normativo en materia de matrimonio igualitario, en función del principio de armonía legislativa, de acuerdo a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la materia.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de Sonora, Sinaloa, Yucatán y Querétaro para que publiquen a la brevedad las reformas aprobadas en sus congresos en materia de matrimonio igualitario, a efecto de lograr la igualdad y homologación de derechos de los habitantes en sus jurisdicciones.

Notas

1 Véase en : file:///C:/Users/USER/Downloads/CESOP-IL-72-14-MatrimonioIgualitario-25 0517.pdf

2 Véase: https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/docu ments/2019-05/00_Completo_El%20matrimonio%20igualitario%20desde%20el%20 activismo.pdf

3 Tomado de: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/ene/20200122-VI.html#Prop osicion10

4 Ídem.

5 Forbes Mexico. “Estados que le dieron el “sí” al matrimonio igualitario”. Disponible en: https://www.milenio.com/opinion/varios-autores/escuela-libre-de-derecho -de-puebla/el-matrimonio-igualitario-en-mexico-1

6 Véase en: https://www.milenio.com/estados/que-estados-de-mexico-permiten-el-matri monio-igualitario

7 Tomado de: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tesis 1ª /J. 84/2015 (10ª), Primera Sala, Libro 25 de diciembre de 2015, Tomo I, Página 186, Jurisprudencia Constitucional Civil. Consultable en: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=201067 6&Clase=DetalleTesisBL

Véase en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/ene/20200122-VI.html#Prop osicion10; Punto de acuerdo promovido por el diputado Emmanuel Reyes Carmona, del 22 de enero de 2020.

8 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tesis 1ª/J. 43/2015 (10ª), Primera Sala, Libro 19 de junio de 2015, Tomo I, Página 536, Jurisprudencia Constitucional Civil. Consultable en: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=200940 7&Clase=DetalleTesisBL

9 Véase: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/10748 7#:~:text=El%2017%20de%20mayo%20del,federativas%20que%20integran%20el%2 0pa%C3%ADs.

10 file:///C:/Users/USER/Downloads/CESOP-IL-72-14-MatrimonioIgualitario-25 0517.pdf

11 Ídem.

Dada en el Palacio Legislativo, a 7 de octubre de 2021.

Diputadas: Sandra Luz Navarro Conkle, Salma Liévano Luna, María Clemente García Moreno, Aleida Alavez Ruíz (rúbricas).

Con punto de acuerdo, sobre el excesivo endeudamiento contratado por el gobierno de Jalisco, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Laura Imelda Pérez Segura, integrante de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de está soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Consideraciones

Al segundo trimestre de 2021, el estado de Jalisco ocupa el 7º lugar entre las entidades federativas con mayor deuda subnacional y su ritmo ha crecido exponencialmente durante la actual administración del gobernador Enrique Alfaro Ramírez y en particular desde el inicio de la pandemia originada por el virus Covid-19.

De acuerdo con los reportes de la Secretaria de la Hacienda Pública de Jalisco correspondiente al 31 de julio de 2021, el monto total amortizable de deuda directa del Estado superaba ya los 27 mil 855 millones 870 mil 4961 de pesos, mientras que el actual gobernador había recibido, en diciembre de 2018, una deuda de 18 mil 192 millones 771 mil 109 pesos2 . Lo anterior equivale a un aumento durante este período de 53.11% neto.

En la tabla siguiente puede apreciarse de forma anual el incremento de la deuda subnacional; siendo el ejercicio de 2020 donde más se incrementó. Lográndose estabilizar en 2021 al presente mes de mayo.

La actual administración pasará a la historia por su alto nivel de endeudamiento neto, equivalente a 9 mil 248 millones 811 mil 740 pesos en los dos primeros años y medio.

Uno de ellos, y el más significativo fue el crédito por más de 6 mil 200 millones de pesos durante el ejercicio fiscal de 2020.

Para justificar ese endeudamiento, el gobierno de Jalisco realizó una proyección, donde argumentó que “existiría una disminución en la recaudación de los ingresos propios debido a la pandemia, por la cantidad de $1,260 MDP3 siendo necesario recurrir a este tipo de financiamiento.

A consecuencia de esta deuda aprobada por el Congreso local4 podrían terminarse pagando hasta 15,000 millones de pesos de intereses, de acuerdo con especialistas5 y tendrá que ser liquidada en un plazo de 20 años.

Durante estos diversos procesos de adquisición de deuda, en específico en marzo de 2020, se adquirieron una serie de préstamos a corto plazo para el ejercicio de un plan emergente para hacer frente a la pandemia del coronavirus que tendría el nombre de “Plan Jalisco COVID”6 .

Para su puesta en marcha se celebraron una serie de créditos quirografarios7 , fundamentado bajo los artículos 6to y 19vo de la Ley de Disciplina Financiera y Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que indican que el poder ejecutivo está facultado para “celebrar o adquirir obligaciones de corto plazo para la atención de necesidades de liquidez del Estado”8 cuyo destino “sea la atención de necesidades urgentes de liquidez”,9 y que por consiguiente no necesita aprobación del congreso.

La adquisición de este crédito a corto plazo fue por mil millones de pesos, dividido entre dos instituciones bancarias:

• Banorte (800 millones de pesos) y

• Santander (200 millones)

Los cuales tendrían que liquidarse en los siguientes 365 días, según el fallo del 1 de abril.10 , es decir, estar liquidados al 1 de abril del 2021.

Pero estos no han sido los únicos. Ya con anterioridad se habían adquirido más créditos quirografarios. El primero en diciembre de 2019, por 400 millones de pesos11 , subdividido en dos y celebrados con Banorte y Scotiabank, por 200 millones cada uno; mientras que, en febrero de 2020, se contraería uno más por 600 millones con la institución bancaria BBVA12 .

Elevando así, en menos de 4 meses, la deuda a corto plazo en 2 mil millones de pesos. Y donde la Secretaría de Hacienda del Estado omitió informar cuánto pagó y en que ocupó, de forma específica, los créditos contraídos.

La única información disponible es la correspondiente en sus últimos 4 reportes trimestrales “Intereses de la deuda pública pagados” donde se da cuenta que se han erogaron 45 millones 540 mil 271 pesos en concepto de intereses13 . Tal y como se puede apreciar en la siguiente tabla.

Por tal motivo es importante que el Gobierno del Estado de Jalisco informe sobre el uso que se le ha dado a estos créditos quirografarios. Ya que, si bien, se encuentra justificada su contratación dentro de la Ley de Disciplina Financiera y Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios18 , es necesario que también, con la intención de contribuir a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas a los ciudadanos, explique el uso que se les dio de forma específica y detallada.

Pues la deuda quirografaria al no necesitar de la aprobación del Congreso Local, puede dársele un uso discrecional a esos recursos.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a consideración de este pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, al Gobierno del Estado de Jalisco, para que a la brevedad, hagan público un informe detallado, sobre el uso de los recursos contratados por la deuda de los cinco créditos quirografarios celebrados durante 2019 y 2020, cuyos montos ascienden a 2 mil millones de pesos.

Notas:

1.https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http s%3A%2F%2Ftransparenciafiscal.jalisco.gob.mx%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles% 2Fdeuda_publica_mensual_julio_2021.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

2.https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http s%3A%2F%2Ftransparenciafiscal.jalisco.gob.mx%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles% 2Fdeuda_publica_mensual_2018__linea_de_credito_global_diciembre_0.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

3. https://jalisco6200.org/la-deuda/

4. 22 de Mayo de 2020

5. https://www.eleconomista.com.mx/estados/Jalisco-pagara-intereses-equiva lentes-a-142-del-monto-de-la-deuda-contratada-20200813-0129.html

6. https://coronavirus.jalisco.gob.mx/

7. Préstamo a corto plazo que busca hacer frente a las necesidades de recursos transitorias de quien lo solicita, con base en su reconocida solvencia moral y económica.

8. Art. 19 de la Ley de Disciplina Financiera y Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

9. Art. 6, idem.

10.https://deudapublica.jalisco.gob.mx/sites/default/fil es/paginas/archivos/Fallo%20proceso%20competitivo%20%241%2C000%20PQ%20c on%20anexos.pdf

11.https://deudapublica.jalisco.gob.mx/sites/default/fil es/paginas/archivos/Acta%20de%20Fallo%20CP%20400%20con%20anexos.pdf

12.https://deudapublica.jalisco.gob.mx/sites/default/fil es/paginas/archivos/Acta%20de%20Fallo%20%24600%2C000%2C000.00%2010-02-2 020%20con%20anexos.pdf

13.https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=htt ps%3A%2F%2Ftransparenciafiscal.jalisco.gob.mx%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles %2F3er_trimestre2020_formato_17.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

14.https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=htt ps%3A%2F%2Ftransparenciafiscal.jalisco.gob.mx%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles %2F3er_trimestre2020_formato_17.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

15.https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=htt ps%3A%2F%2Ftransparenciafiscal.jalisco.gob.mx%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles %2F4to_trimestre2020_formato_17.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

16.https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=htt ps%3A%2F%2Ftransparenciafiscal.jalisco.gob.mx%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles %2F3_informes_trimestrales_de_deuda_publica.xlsx&wdOrigin=BROWSELIN K

17.https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=htt ps%3A%2F%2Ftransparenciafiscal.jalisco.gob.mx%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles %2F3_informes_trimestrales_de_deuda_publica_2do_trimestre_2021.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

18. El proceso para la autorización de los créditos de corto plazo se realiza de conformidad con los artículos 2, 5, 6 y 19 de la Ley de Disciplina Financiera y Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Palacio Legislativo a 7 de octubre de 2021

Diputada Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Saa, sus homólogas locales, el Insabi, el IMSS y el ISSSTE a garantizar el derecho a la protección de la salud de las personas con cáncer, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta Soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud en 2015 fallecieron de cáncer 8.8 millones de personas lo que representó una de cada seis muertes en el mundo. Entre los tipos de cáncer que causaron un mayor número de muertes para los hombres, fue el de pulmón, hígado, estómago, colorrectal y de próstata; para las mujeres el de mama, pulmón, colorrectal, cervicouterino y de estómago. No obstante, de las personas que necesitan cuidados paliativos en el mundo, solo 14% reciben estos servicios1 .

En México el cáncer ocupa el tercer lugar como causa de muerte, representando así 14 de cada 100 fallecimientos; mientras que la expectativa de vida es de alrededor de 63 años2 . El padecimiento más frecuente en el país es el de mama, con 27 mil 500 casos por año, seguido del de próstata con 25 mil, colon con 15 mil; tiroides 12 mil, cervicouterino con 7 mil 870 y de pulmón con 7 mil 810. El cáncer de mama ocasiona 7 mil defunciones al año, el de colon 7 mil, de próstata 6 mil 900, el cervicouterino 4 mil, de pulmón 6 mil 700 y tiroides 900, lo anterior, de acuerdo a lo expresado por el director general del Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), Abelardo Meneses García durante el foro “Cáncer, desafíos en México y América Latina”3 .

Cabe destacar que cerca del 30% de los padecimientos que se presentan son a causa de malos hábitos de vida como el tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, consumo de alimentos con alto valor calórico, bebidas azucaradas y falta de actividad física, por lo que; una tercera parte de los casos son prevenibles, mientras que otra tercera parte se pueden diagnosticar de manera oportuna, en tanto que uno de cada diez tumores detectados están asociados al factor hereditario, entre los cuales se encuentran el cáncer de mama, próstata, colon y cuerpo uterino (endometrio)4 .

La Universidad Nacional Autónoma de México a través del Instituto de Investigaciones Biomédicas, dio a conocer que el cáncer de mama es considerado la principal causa de muerte por tumores entre las mujeres mexicanas, con un promedio de diez decesos al día, destacando que nuestro país cuenta con la misma incidencia que Estados Unidos. No obstante, en nuestro país la mortalidad representa el doble que, en Estados Unidos de Norteamérica, mientras en este último el 80 por ciento de las pacientes se diagnostica en la primera etapa de desarrollo del tumor, en nuestro país, el mismo porcentaje de mujeres conoce el diagnóstico en las etapas 3 o 4, cuando el cáncer avanzó y los tratamientos son limitados. En los últimos 10 o 20 años, en México los fallecimientos por esta enfermedad han aumentado, mientras que en Europa y Estados Unidos han ido a la baja5 .

En el mundo, cada año se presentan alrededor de 300 mil nuevos casos de cáncer en niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 19 años6 . Los tipos más comunes de cáncer infantil son leucemia, cáncer cerebral, linfoma y tumores como el neuroblastoma y el tumor de Wilms. La oportunidad de mejorar la vida de miles de niñas, niños y adolescentes se centra en contar con diagnósticos oportunos y tratamientos adecuados, accesibles y disponibles. Gran cantidad de estos padecimientos son curables con medicamentos genéricos y tratamientos como la cirugía y la radioterapia. La incapacidad de obtener un diagnóstico oportuno, la inaccesibilidad de los tratamientos, el abandono del tratamiento, la muerte por toxicidad y el exceso de recidivas, se atribuye principalmente a la falta de acceso a medicamentos y tecnologías esenciales para una atención adecuada.

El 27 de febrero de 2020 la Comisión Nacional de Derechos Humanos demandó a la Secretaría de Salud a dar una respuesta integra y efectiva para garantizar el abasto y disponibilidad permanente de medicamentos oncológicos e insumos médicos en todo el país para niñas, niños y adolescentes con cáncer, a fin de evitar recaídas en su salud o perder la vida ante la falta de control de la enfermedad, ello derivado de diversas inconformidades y exigencias de madres y padres de familia que se han visto afectados por el desabasto de fármacos para sus hijas e hijos.

Ante la crisis sanitaria por la que el mundo atraviesa a consecuencia de la propagación del virus SARS COV-2, los servicios de salud relacionados con enfermedades no transmisibles, entre ellos el cáncer, presentan una considerable afectación, ya que desde el inicio de la pandemia no han recibido los medicamentos necesarios para continuar sus tratamientos. A través de una encuesta realizada en 155 países, la OMS confirmó que más del 42% de las naciones han interrumpido parcial o totalmente los servicios de tratamiento del cáncer y aplazado los programas públicos de detección para cáncer de mama; y del cuello uterino en más del 50% de los países7 .

El cáncer y los tratamientos para el cáncer pueden debilitar el sistema inmunológico. Esto significa que una persona con cáncer cuenta con un alto nivel de riesgo de infección y enfermedad. Es decir, el cáncer puede disminuir la inmunidad y dificultar la lucha contra las infecciones de diferentes maneras como el reducir el número de células inmunológicas que atacan a los gérmenes o los tratamientos contra el cáncer, incluyendo la radiación y ciertos medicamentos que pueden debilitar la piel o las membranas que recubren la boca y el tracto digestivo.

Desde hace más de un año el desabasto de medicamentos provocó una serie de reprogramaciones principalmente para el seguimiento de tratamientos con enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y diálisis. La falta de interés por parte de autoridades en resolver esta problemática, ha propiciado el aumento en el sufrimiento de las personas con cáncer por no contar con las herramientas adecuadas para enfrentar su enfermedad. La impotencia y desesperación por no obtener el apoyo suficiente por parte de las instituciones de salud, orillan a que se violente el derecho a la protección de la salud de las y los mexicanos.

El juicio de amparo se ha convertido en la única herramienta de los pacientes con cáncer para acceder a un tratamiento de calidad. El desgaste físico, psicológico y económico que genera la lucha contra el cáncer, se le debe de sumar la revictimización en los procesos jurídicos a los que se deben de enfrentar como interrogatorios innecesarios o situaciones que atentan en contra de su dignidad humana. Por otro lado, no obstante a los gastos generados por el cáncer, los pacientes deben de invertir en un amparo que muchas veces genera altos costos por el pago de un abogado que les ayude en resolver su problemática, convirtiendo esta situación en algo insostenible y que atenta contra la dignidad humana.

A pesar de lo antes señalado no podemos soslayar que el Estado mexicano tiene la obligación de establecer las condiciones necesarias para que las personas diagnosticadas con cáncer accedan a tratamientos de calidad en tiempo y forma, así como para que puedan ejercer el conjunto de derechos que la Ley Fundamental ordena.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4, párrafo cuarto que:

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

La Ley General de Salud, en su artículo 6, fracción I establece que, entre los objetivos del Sistema Nacional de Salud, se encuentra:

I. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas;

(...)

El artículo 27 del ordenamiento jurídico antes mencionado señala que:

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I a VII. ...

VIII. La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud;

IX a XI. ...

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado su compromiso con el acceso universal a la salud para las y los mexicanos. Prueba de ello es la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), cuyo objetivo es garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos e insumo asociados a personas que no cuentan con seguridad social. Sin embargo, es necesario realizar esfuerzos adicionales desde los diferentes ámbitos de gobierno, a efecto de asegurar el derecho a la protección de la salud de todas las personas, incluidas aquellas que más lo necesitan.

Es menester señalar que la transición hacia un nuevo sistema de salud auténticamente universal, que brinde a todas las personas servicios de calidad y medicamentos gratuitos, requiere acabar con las prácticas monopólicas en la compra de medicamentos, la corrupción y el robo de estos. Lo que debe traducirse en mejores controles administrativos y de seguridad, a efecto de evitar la vulneración de las instituciones de salud y su correcto funcionamiento.

De acuerdo con información proporcionada el 23 de enero de 2020 por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, el desabasto de medicamentos oncológicos no solo es imputable a la creación de una nueva institución de salud, sino también a un desabasto mundial, ya que las dos empresas que producen los principales medicamentos (una en China y otra en India) se encuentran saturadas, por lo que los medicamentos no se producen con la suficiencia necesaria para satisfacer la demanda.

Asimismo, Hugo López-Gatell indicó que, a finales de abril de 2019, hubo un brote de infección por una bacteria asociada con la nutrición parenteral. Tras esto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) hizo una inspección y descubrió que la fábrica de este producto estaba contaminada y que de ahí venía el germen. Por ello, la Cofepris decidió cerrar siete de las 17 plantas de la empresa productora.

De ahí que se torna de vital importancia implementar políticas públicas que coadyuven en la protección de la salud de las personas considerando los problemas que actualmente existen en la atención; las cuales incluyan campañas de prevención y detección oportuna del cáncer desde las primeras etapas del padecimiento, con el objetivo de disminuir los casos de fallecimiento a causa de esta enfermedad8 .

Cabe recordar que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar los derechos humanos a todas las personas, entre ellos, la protección de la salud a las personas diagnosticadas con cáncer, a través de instrumentos de política pública que aseguren la continuidad en la prestación de los servicios y la disponibilidad de medicamentos.

Finalmente, es importante precisar que este Poder Legislativo, aprobó la reforma conducente a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2020, a efecto de establecer nuevos procedimientos para la compra de medicamentos e insumos para la salud a Organismos Intergubernamentales Internacionales, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad para garantizar a las y los mexicanos el derecho humano a la protección de la salud y el acceso a los servicios sanitarios.

En razón de lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de esta H. Asamblea la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homologas en las entidades federativas, al Instituto de Salud para el Bienestar, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada, realicen todas las acciones conducentes a efecto de que se regularice a la brevedad el abasto de medicamentos para el tratamiento de cáncer en sus distintos tipos y etapas; así como para que se refuercen e intensifiquen los procedimientos de diagnóstico para prevenir y controlar el cáncer.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homologas en las entidades federativas, al Instituto de Salud para el Bienestar, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a fortalecer e implementar acciones de promoción de la salud a través de campañas de prevención contra el cáncer.

Notas:

1. https://www.who.int/features/factfiles/cancer/es/

2. https://www.gob.mx/salud/prensa/318-cancer-tercera-causa-de-muerte-en-m exico

3. https://www.gob.mx/salud/prensa/041-prevencion-y-deteccion-temprana-dis minuyen-mortalidad-por-cancer?idiom=es

4. ibídem

5. https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2018_677.html

6. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer-in-children

7. https://www.who.int/es/news-room/detail/01-06-2020-covid-19-significant ly-impacts-health-services-for-noncommunicable-diseases

8. Ibidem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre 2021.

Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Consar a transparentar, vigilar y supervisar el funcionamiento de las Afore para garantizar el bienestar de los trabajadores, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Olga Juliana Elizondo Guerra integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de Cámara de Diputados y, demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión social, correspondientes al primer trimestre de 2020, México tiene una población de 126,661,703 habitantes, de los cuales 95,784,628 son mayores de 15 años y están en condiciones de trabajar; sin embargo, solo 54,328,324 forman parte de la población económicamente activa, entre ellos, se encuentran los trabajadores asalariados (37,975,389), los trabajadores por cuenta propia (12,432,423), los empleadores (2,727,401), personas sin pago y otros (2,217,091)1 .

Nuestro país tiene el enorme desafío de establecer las condiciones necesarias para que las y los trabajadores accedan a empleos dignos y bien remunerados, así como al conjunto de derechos y prerrogativas de la seguridad social.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 22 señala que:

“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad ”.

La Organización Internacional del Trabajo define la seguridad social como:

“La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos e hijas ”2 .

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 123, fracción XXIX que:

“Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares ”.

La Ley del Seguro Social en su artículo 2, establece que la finalidad de la seguridad social es:

“Garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado ”.

El sistema de pensiones en México es uno de los principales instrumentos que permite hacer efectivo el derecho a la seguridad social, el cual a través del tiempo ha sido objeto de diversas modificaciones con la finalidad de hacer frente a los múltiples problemas que enfrentamos en la materia, derivados de la realidad demográfica, jurídica e institucional. No podemos soslayar que, independientemente de que somos una nación envejeciente, la fragmentación del sistema de pensiones y jubilaciones en México ha sido una de las razones que han dado origen a la grave problemática actual, prueba de ello son los 105 esquemas diferentes existentes en el país identificados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF, 2013), sino la enorme disparidad entre unos y otros, posibilitada por la inexistencia de una norma de aplicación general3 .

En 2016 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) identificó una serie de áreas que requieren mejoras, entre las que destacan: el proceso de transición del sistema “antiguo” al “nuevo”; el nivel de las contribuciones obligatorias; la red de protección social a la vejez (pensiones sociales); y la fragmentación del sistema de pensiones; asimismo, se recomiendan reformas al marco regulador de la Consar y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (Cnsf), particularmente en materia de estrategias y restricciones de inversión de las Afore y rentas vitalicias. Es de hacer notar que el citado estudio destaca la baja densidad de contribución resultante de la informalidad como otro reto importante al que se enfrenta el sistema mexicano de pensiones4 .

Con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en México existen 48,063,556 trabajadores registrados en alguna de las 10 Administradoras de fondos para el retiro (Afore), quienes son las encargadas de administrar los ahorros de los trabajadores pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste)5 , por su parte, la Consar es la institución encargada de supervisar la inversión de más de 4.3 billones de pesos de ahorro pensionario, propiedad de 67 millones de ahorradores6 .

Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18, fracción IV, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la Afore deberá enviar por lo menos 3 veces al año de forma cuatrimestral al domicilio que indiquen los trabajadores, sus estados de cuenta y demás información sobre sus cuentas individuales, en la que se incluyen:

• Retiros de recursos

• Cambio de AFORE

• Créditos de vivienda

• Pensiones

El estado de cuenta que sirve para dar seguimiento a los recursos de la cuenta Afore de cada trabajador. Con el que se puede verificar que, el patrón se encuentre depositando las aportaciones y observar el rendimiento o las ganancias que ha generado la cuenta por la inversión de los recursos durante un periodo específico.

Antes de hacer un paréntesis, es preciso hacer notar que, de acuerdo a diversos estudios, tal parece que la reforma de pensiones que entró en vigor en 1997, es decir, hace 23 años, pasó desapercibida para muchos mexicanos, ya que de conformidad con las cifras más recientes de la Consar, en 2018 el 30% de las cuentas individuales no estaban asignadas a ninguna afore, es decir, 19 millones de trabajadores no saben en qué afore se encuentran. Si entre estos 19 millones hay personas que empezaron su vida laboral en 1997 a los 20 años, ahora tienen 43 o se acercan a la cuarta década de su vida. Lo anterior significa que, “a partir del 2030 habrá muchos más adultos mayores por cada trabajador en activo que en 1997 y que muchos de ellos no tendrán acceso a una pensión por haber carecido de un empleo formal y tampoco tendrán una familia que los apoye económicamente”7 .

Aunque de manera breve, una vez expuesto el contexto de las Afores en México, es oportuno entrar de lleno a la materia que nos ocupa en el presente punto de acuerdo, no sin antes señalar que de una u otra forma, la problemática que acusa no es ajena a la que de manera general ha puesto en crisis al sistema de pensiones mexicano, siendo solamente uno de la diversidad de problemas, el que en esta proposición se aborda, a fin de obtener un resultado satisfactorio para las y los ciudadanos que han visto socavados sus legítimos intereses y derechos, debido a disposiciones poco afortunadas.

Entre las 10 Afores registradas ante la Consar, se encuentra la Afore Banorte XXI, quien a través de un sistema de cuentas individuales de jubilación (Cijubila) del plan de retiro de los trabajadores, cuyo fondo se opera bajo la modalidad de un fondo de previsión social, constituido por la CFE y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm), complementa los beneficios previstos por la Ley del Seguro Social, en materia de pensiones de retiro de los trabajadores.

Este sistema de cuentas individuales aplica a todos los trabajadores de la CFE que hayan ingresado a partir del 19 de agosto de 2008, permanentes y temporales, sindicalizados y de confianza. La CFE y los propios trabajadores realizan aportaciones obligatorias al Cijubila equivalentes a un 16.7% (6.70% trabajador y 10% CFE) del salario base de integración salario. Para estos efectos, se realizan los descuentos cuatrimestrales en la catorcena que se paga el Fondo de Ahorro[8] ****.

Diversos trabajadores de la CFE, han manifestado su inconformidad con este sistema de cuentas individuales de jubilación ya que, encuentran opacidad y falta de información sobre diversos retiros de fondos que ellos no realizaron y que ninguna persona de la Afore Banorte XXI, ha otorgado respuesta a sus peticiones de información; tal y como se expresa en estado de cuenta enviado por los trabajadores, el cual se anexa, al final de este apartado expositorio.

De ahí que, el punto de acuerdo que pongo a consideración de este pleno, tiene por objeto exhortar a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, para que en el ámbito de sus facultades transparente, vigile y supervise el funcionamiento de las administradoras de fondos para el retiro, especialmente la administrada por la Afore Banorte XXI, ante las inconformidades expresadas por los trabajadores pertenecientes a la CFE, particularmente, sobre retiros de dinero sin su autorización.

Es de vital importancia que este órgano de Representación, y desde el ámbito de nuestra competencia, realice los esfuerzos necesarios, a efecto de que el Estado a través de sus instituciones, vigile, y en su caso, sancione a las Administradoras de Fondos para el Retiro que no proporcionen información adecuada a los usuarios de los diferentes sistemas de ahorro para el retiro sobre el manejo de los recursos, lo que por Ley, es un derecho, asimismo es menester instrumentar la ruta más eficiente y eficaz para que se resarzan los ahorros, cuya sustracción por parte del titular de los mismos, no se pueda demostrar, así como los daños y perjuicios patrimoniales causados.

En razón de lo antes expuesto y fundado, someto a su consideración, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, para que, en el ámbito de sus facultades transparente, vigile y supervise el funcionamiento de las administradoras de fondos para el retiro, así como para que estas informen de manera oportuna, sencilla y comprensible a las y los titulares de las cuentas individuales para el retiro, todos y cada uno de los movimientos realizados en estas.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, para que, en el marco de sus facultades, supervise la operación de la Afore Banorte XXI, y en su caso, establezca las medidas administrativas, jurídicas y resarcitorias a que haya lugar, a fin de proteger los fondos de los trabajadores.

Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, para que, de manera conjunta con la Comisión de Seguridad Social de esta Cámara y una representación de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, integren un grupo de trabajo que permita dar solución a sus legítimas demandas en torno a los fondos de sus cuentas individuales, a fin de garantizarles el pleno respeto y ejercicio de sus derechos.

Notas:

1. http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20naciona l.pdf

2. https://www.gob.mx/profedet/es/articulos/seguridad-social?idiom=es

3. CESOP-IL-14ESTPensionesyJubilacionesenMexico.pdf Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública dela Cámara de Diputados, 2017

4. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/61968/sistema_de_pension es_2016.pdf

5. https://www.consar.gob.mx/gobmx/aplicativo/siset/CuadroInicial.aspx?md= 5

6. https://www.gob.mx/consar/articulos/26-anos-vigilando-el-sistema-de-aho rro-para-el-retiro-consar-248709?idiom=es

7. https://factorcapitalhumano.com/consultoria/sistema-de-pensiones-en-mex ico-lo-que-si-o-si-debes-saber-como-trabajador/2020/06/

8.https://www.suterm.mx/es/cijubila#:~:text=El%20fondo%2 0de%20jubilaci%C3%B3n%20denominado,el%20monto%20de%20la%20jubilaci%C3%B 3n.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre 2021.

Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los congresos locales a legislar en favor de incorporar mecanismos para garantizar la matriculación de indígenas en grados medio superior y superior, atendiendo las condiciones de desigualdad estructural, a cargo de la diputada Brianda Aurora Vázquez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Brianda Aurora Vázquez Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que

Se exhorta a las y los integrantes de los congresos locales de las entidades federativas para que legislen en favor de incorporar mecanismos que contribuyan a garantizar la matriculación de personas indígenas en grados medio superior y superior atendiendo las condiciones de desigualdad estructural.

Consideraciones

Primero. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla en el artículo segundo, inciso B, fracción II, la responsabilidad del Estado con respecto a abatir carencias y rezagos que presenta la población indígena con respecto a escolaridad, a la letra señala “Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.”

Segundo. En el artículo tercero, con referencia al derecho a la educación, el estado ratifica su responsabilidad con respecto al fomento de la educación “Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.” En su fracción X La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas.

Tercero. Informes con respecto a la situación que en materia educativa presenta la población indígena devela una radical diferencia en el acceso a la educación entre la población indígena y el resto de la población. En términos estadísticos esto se ve reflejado en una diferencia porcentual importante. Con respecto a la población sin escolaridad, la población adscrita indígena asciende a un 9.3% de la población indígena, en contraste a la población no indígena que es de 3.7. En lo correspondiente al porcentaje de población que concluye estudios de educación medio superior, los porcentajes que se registran son: entre la población no indígena de un 19.6 y la adscrita indígena un 13.7%. La brecha se ahonda radicalmente en el nivel superior donde la población que se adscribe indígena reporta un 9.7 de conclusión de este grado de estudios, cifra baja con respecto a la del resto de población que llega a un 18.7 (El breve panorama educativo de la población indígena, 2017).

Cuarto. El acceso a la educación entre la población indígena se encuentra limitada por factores estructurales por lo que los mecanismos establecidos para garantizar el acceso deberán considerar elementos como:

De acuerdo al informe de 2018, el porcentaje de población indígena en situación de pobreza es de 69.5%, en contraste con el 39% de la población no indígena que se encuentra en esta situación. El 50% de la población indígena vive en localidades rurales de menos de 2500 habitantes, donde un 78.7 % se encuentra en situación de pobreza. Con respecto al ingreso inferior a la línea de pobreza extrema, 40% de la población indígena presenta esta situación que se agrava en localidades rurales donde está condición la presenta un 52.6%. Con respecto al ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos (costo de la canasta alimentaria más no alimentaria) en la población indígena es 71.9% en contraste con la población no indígena en la que 46.3% se encentra en esta situación.

Quinto. Con respecto a la responsabilidad de Estado para garantizar el acceso a la educación señala la Ley General de Educación vigente:

Artículo 5. Toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional; como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forma parte.

Artículo 7. Corresponde al Estado la rectoría de la educación; la impartida por éste, además de obligatoria, será:

I. Universal, al ser un derecho humano que corresponde a todas las personas por igual,

II. Inclusiva, eliminando toda forma de discriminación y exclusión, así como las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras al aprendizaje y la participación, por lo que:

b) Eliminará las distintas barreras al aprendizaje y a la participación que enfrentan cada uno de los educandos, para lo cual las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, adoptarán medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables;

Artículo 48. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, el cual la garantizará para todas las personas que cumplan con los requisitos solicitados por las instituciones respectivas.

Para tal efecto, las políticas de educación superior estarán basadas en el principio de equidad entre las personas, tendrán como objetivo disminuir las brechas de cobertura educativa entre las regiones, entidades y territorios del país, así como fomentar acciones institucionales de carácter afirmativo para compensar las desigualdades y la inequidad en el acceso y permanencia en los estudios por razones económicas, de género, origen étnico o discapacidad.

En el ámbito de su competencia, las autoridades educativas federal, de las entidades federativas y de los municipios concurrirán para garantizar la gratuidad de la educación en este tipo educativo de manera gradual, comenzando con el nivel de licenciatura y, progresivamente, con los demás niveles de este tipo educativo, en los términos que establezca la ley de la materia, priorizando la inclusión de los pueblos indígenas y los grupos sociales más desfavorecidos para proporcionar la prestación de este servicio educativo en todo el territorio nacional. En todo momento se respetará el carácter de las instituciones a las que la ley otorga autonomía.

Artículo 56. El Estado garantizará el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas.

Contribuirá al conocimiento, aprendizaje, reconocimiento, valoración, preservación y desarrollo tanto de la tradición oral y escrita indígena, como de las lenguas indígenas nacionales como medio de comunicación, de enseñanza, objeto y fuente de conocimiento.

La educación indígena debe atender las necesidades educativas de las personas, pueblos y comunidades indígenas con pertinencia cultural y lingüística; además de basarse en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y de nuestras culturas.

Artículo 58. Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en este Capítulo, las autoridades educativas realizarán lo siguiente:

V. Tomar en consideración, en la elaboración de los planes y programas de estudio, los sistemas de conocimientos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, para favorecer la recuperación cotidiana de las diferentes expresiones y prácticas culturales de cada pueblo en la vida escolar;

VI. Crear mecanismos y estrategias para incentivar el acceso, permanencia, tránsito, formación y desarrollo de los educandos con un enfoque intercultural y plurilingüe, y

VII. Establecer esquemas de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno para asegurar que existan programas de movilidad e intercambio, nacional e internacional, dando especial apoyo a estudiantes de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, en un marco de inclusión y enriquecimiento de las diferentes culturas.

Con fundamento en lo anterior, y en consideración, al imperativo de establecer acciones para garantizar el acceso a la educación media superior y superior y con ello incidir en una mejora de las capacidades de este sector poblacional para lograr que compita bajo mejores condiciones en el mercado laboral y acceda a seguridad social

Por lo anteriormente señalado, se propone al pleno de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las y los integrantes de los congresos locales de las entidades federativas para que legislen en favor de incorporar mecanismos que contribuyan a garantizar la matriculación de personas indígenas en grados medio superior y superior atendiendo las condiciones de desigualdad estructural.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de octubre 2021.

Diputada Brianda Aurora Vázquez Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los congresos locales a promover la producción artística y, especialmente, literaria de integrantes de pueblos originarios en lenguas indígenas para privilegiar la conservación de éstas, a cargo de la diputada Brianda Aurora Vázquez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Brianda Aurora Vázquez Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo:

Por el que se exhorta a las y los integrantes de los 32 congresos locales, para que legislen en favor de la promoción de la producción artística y especialmente literaria de personas integrantes de pueblos originarios en lenguas indígenas a fin de privilegiar la conservación de estas lenguas.

Consideraciones

Primero. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla en el artículo segundo la composición pluricultural de la nación. En este sentido, es fundamental reconocer que los derechos lingüísticos representan un elemento imperativo en la garantía de derechos. De no hacerlo se continuara con las acciones neoliberales de asimilación de la cultura indígena bajo la óptica hegemónica indigenista que, por una parte promueve las expresiones culturales de estos sectores bajo un enfoque de cultura popular en contraste con las disciplinas artísticas, y por otra, que los considera a los pueblos originarios como destinatarios de y no como productores de expresiones artísticas por lo que se hace necesario abrir espacios para la creación artística en lenguas originarias.

Así mismo, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, esta construida bajo dos postulados básicos: el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan, por lo cual, el Estado Mexicano debe procurar las acciones tendentes a garantizar el Derecho Humano a la identidad y salvaguardar los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Segundo. De acuerdo con el Inegi, el número de hablantes pasó de representar el 7.1% del total de la población en el Censo del año 2000 mientras que en el del año 2020 solo un 6.2 % del total de la población señaló ser hablante de una lengua. La reducción de la reproducción de las lenguas originarias está vinculada a procesos históricos de discriminación en razón de clase y raza, donde la lengua ha sido un anclaje de identidad y elemento de discriminación. En este proceso las medidas del Estado tendientes a fortalecer y garantizar el ejercicio de los derechos lingüísticos de los pueblos originarios han sido insuficientes, y las consecuencias han sido una pérdida paulatina de la su práctica en espacios públicos, así como su transmisión.

Tercero. Con respecto a la responsabilidad de Estado para garantizar derechos lingüísticos de los pueblos originarios la Ley General de Derechos Lingüísticos de Los Pueblos Indígenas establece el marco de acción. En su artículo 5, señala “El Estado a través de sus tres órdenes de gobierno, -Federación, Entidades Federativas y municipios-, en los ámbitos de sus respectivas competencias, reconocerá, protegerá y promoverá la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales.” Mientras que en su artículo 9 establece “Es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras.” Finalmente, en el artículo 13 puntualiza “Corresponde al Estado en sus distintos órdenes de gobierno la creación de instituciones y la realización de actividades en sus respectivos ámbitos de competencia, para lograr los objetivos generales de la presente Ley”, y que de acuerdo en la fracción I. deberá “Incluir dentro de los planes y programas, nacionales, estatales y municipales en materia de educación y cultura indígena las políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo bajo un contexto de respeto y reconocimiento de las diversas lenguas indígenas nacionales, contando con la participación de los pueblos y comunidades indígenas”; y en su fracción XIV “Propiciar y fomentar que los hablantes de las lenguas indígenas nacionales participen en las políticas que promuevan los estudios que se realicen en los diversos órdenes de gobierno, espacios académicos y de investigación”.

Cuarto. Considerando que la lengua es un medio de transmisión y reproducción de la cultura y en este sentido, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, establece en su artículo 6 que “Corresponde a las instituciones del Estado establecer políticas públicas, crear medios institucionales, usar y mantener infraestructura física y aplicar recursos financieros, materiales y humanos para hacer efectivo el ejercicio de los derechos culturales.” Mientras que en su artículo 11, fracción VII, como derecho cultural de todos los habitantes del territorio “Comunicarse y expresar sus ideas en la lengua o idioma de su elección”. Finalmente, en el artículo 15 señala “La Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, desarrollarán acciones para investigar, conservar, proteger, fomentar, formar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural inmaterial, favoreciendo la dignificación y respeto de las manifestaciones de las culturas originarias, mediante su investigación, difusión, estudio y conocimiento”. Y en su artículo 37 agrega “La Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México promoverán la participación corresponsable de la sociedad en la planeación y evaluación de la política pública en materia cultural.”

Con fundamento en lo anterior, y en consideración, al imperativo de establecer acciones para garantizar la reproducción y transmisión de las lenguas originarias, y con el fin de integrar a los hablantes de lenguas originarias en la elaboración de productos culturales en lenguas originarias.

Por lo anteriormente señalado, se propone al pleno de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhortan respetuosamente a las y los integrantes de los 32 Congresos locales para que legislen en favor de la promoción de la producción artística y especialmente literaria de personas integrantes de pueblos originarios en lenguas indígenas a fin de privilegiar la conservación de estas lenguas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de octubre 2021.

Diputada Brianda Aurora Vázquez Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semovi, la SSC y la SCT de las 32 entidades federativas a llevar a cabo inspecciones de seguridad vial a operadores del transporte público para detectar el consumo de alcohol, drogas u otras sustancias psicoactivas que ponga en riesgo a usuarios y peatones, a cargo del diputado Raymundo Atanacio Luna, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Raymundo Atanacio Luna, integrante del grupo parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1 , fracción I y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Movilidad, a la Secretaria de Seguridad Ciudadana y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de las 32 Entidades federativas, llevar a cabo inspecciones de seguridad vial a operadores del transporte público, con la finalidad de detectar el consumo de alcohol, droga u otras sustancias psicoactivas que pongan en riesgo la vida de las y los usuarios asi como de las y los peatones y con ello garantizar que los operadores realicen su trabajo en condiciones físicas y mentales adecuadas.

Exposición de Motivos

EL Articulo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

Según el diccionario de la Real Academia Española, movilidad es la capacidad de moverse o recibir movimiento. Con base en lo anterior, se entiende que la movilidad urbana es el movimiento de las personas y bienes en las ciudades, independientemente del medio que utilicen para desplazarse, ya sea a pie, en transporte público, automóvil, bicicleta, motocicleta etc....

De acuerdo con datos del Inegi, el medio de transporte más utilizado para desplazarse, es el Transporte Público. Realiza más de 11.54 millones de viajes cada día, en todas sus modalidades: (microbús, combi, autobús suburbano y autobús de la RTP o M1.)

Así mismo la Organización Mundial de Salud (OMS), señala que los traumatismos debidos al tránsito, son la principal causa de mortalidad entre los niños y los jóvenes de cinco a 29 años.

Y cada año se pierden aproximadamente 1,3 millones de vidas a consecuencia de estas lesiones.

Los principales factores de riesgo en el transporte público que producen una colisión que cause muertes o lesiones graves entre los usuarios y peatones son: la velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol, droga u otras sustancias psicoactivas.

Por lo que las inspecciones de seguridad vial coadyuvaran a mitigar los riesgos en el tránsito y las muertes generadas por la interacción de este y el transporte en el espacio público.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a esta Honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Movilidad, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de las 32 Entidades federativas, llevar a cabo inspecciones de seguridad vial a operadores del transporte público, con la finalidad de detectar el consumo de alcohol, droga u otras sustancias psicoactivas que pongan en riesgo la vida de las y los usuarios y con ello garantizar que los operadores realicen su trabajo en condiciones físicas y mentales adecuadas.

Referencias:

https://www.insp.mx/avisos/4761-seguridad-vial-accidente s-transito.html

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/313972/mo vilidadurbanasostenible.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021

Diputado Raymundo Atanacio Luna (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 7 de octubre, conmemoración del 108 aniversario luctuoso del senador chiapaneco Belisario Domínguez, a cargo de la diputada Adriana Bustamante Castellanos, del Grupo Parlamentario de Morena

“El mundo está pendiente de vosotros, señores miembros del Congreso Nacional Mexicano, y la patria espera que la honraréis ante el mundo evitándole la vergüenza de tener por primer mandatario a un traidor y asesino”. Belisario Domínguez

El 7 de octubre, se conmemora el 108 aniversario luctuoso de Belisario Domínguez Palencia, ilustre médico y político liberal de origen mexicano, senador por Chiapas. En 1913, elaboró un discurso memorable para el Congreso durante la Revolución Mexicana contra Victoriano Huerta, por el que ordenaron su muerte. Su asesinato contribuyó en gran medida a la caída del régimen.

Belisario Domínguez nació en la ciudad de Comitán, Chiapas, colindante a la frontera con Guatemala, el 25 de abril de 1863. Sus padres eran doña María del Pilar Palencia Espinoza, quien era originaria de Guatemala y don Cleofás Domínguez Román, comerciante próspero en la región.1

Su familia con tradición militar y política de carácter liberal tenía una posición económica desahogada. Su tío, don Gregorio Domínguez, murió en 1847 en la batalla contra las fuerzas invasoras estadounidenses. Otro de sus tíos, fue el destacado liberal, don José Pantaleón Domínguez, quien participo en la Guerra de Reforma, contra la Intervención Francesa y defensor de Puebla en la batalla de 1862, llegando más tarde a ser tres veces gobernador de Chiapas.2

En cuanto a sus estudios de primaria, los cursó en la escuela particular del profesor Francisco Gutiérrez de su pueblo natal Comitán. Allí aprendió, entre otros, los elementos básicos de la lengua francesa.

Posteriormente, estudió el bachillerato en el Instituto de Ciencias y Artes del Estado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En esta institución definió su vocación por la medicina.

En 1879, partió a la Ciudad de París para estudiar esta carrera en la Escuela de Medicina de la Universidad de la Sorbona. 10 años después, el 17 de julio de 1889, a los 26 años de edad, obtuvo el título de médico, cirujano, partero y oculista.3

Mientras estuvo en Europa, Belisario Domínguez adquirió una vasta cultura de las corrientes socialista utópica y positivista, que estaban en apogeo. En diciembre de 1889, regreso a Comitán e instaló su consultorio y emprendió largos viajes para atender enfermos de las zonas marginadas, distinguiéndose siempre por su altruismo.

Fundó, junto con su esposa, la Junta Popular de Beneficencia para atender pacientes humildes de su pueblo natal. Con el transcurso de los años, fue ganando prestigio entre los habitantes de Comitán por sus atinadas intervenciones.4

En 1911, ganó la elección para ocupar el cargo de presidente municipal en Comitán, postulado por el Partido Liberal; desde esta trinchera Domínguez ya se había erigido como un duro crítico del porfirismo y del gobernador de su estado natal Rafael Pimentel, quien había estado en el cargo en dos ocasiones.

Fundo el periódico El Vate, donde publicó diversos artículos en contra del régimen; su actividad periodística lo llevó a enfrentarse con el entonces titular del poder ejecutivo local, dada la incautación de fondos para el Hospital Civil de Comitán, previo a contender por las elecciones de 1911.5

En 1912, el Club Liberal Chiapaneco lo lanzó como candidato a senador suplente y ganó la nominación. En 1913, regresó a la Ciudad de México donde fue testigo de la “Decena Trágica” donde murió el senador propietario Leopoldo Gout, por lo que le tocó cubrir la vacante y, desde el Senado de la República, se convirtió en un ferviente oponente del gobierno usurpador de Huerta, a quien acusó constantemente de arrebatar ilegítimamente el poder al amparo del asesinato ruin de los señores Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, presidente y vicepresidente del país.6

Un discurso lapidario contra el régimen usurpador de Victoriano Huerta; en el que lo acusó de tratar de pacificar el país, empleando “únicamente la muerte y exterminio para todos los hombres, familias y pueblos que no simpaticen con su gobierno”.

Belisario Domínguez sabía el desenlace que le esperaba. No había sorpresa alguna. Una semana antes, el 29 de septiembre, luego de redactar su segundo discurso, tan incendiario como el primero, en contra de Huerta llamándolo asesino, usurpador, traidor y vergüenza nacional y además solicita su renuncia. Su participación en la Cámara fue vetada pero el discurso se imprimió y corrió de mano en mano. Escribió una pequeña nota que le hizo llegar a su amigo Jesús Fernández:

“Sé que mi vida está en peligro y como los asesinatos del gobierno están a la orden del día, todo puede esperarse. Le suplico que me haga usted favor de entregar a Ricardo el pliego adjunto que contiene mis últimas disposiciones. Se lo entregará usted hasta pasado mañana miércoles, a medio día. Si llegada esa hora no ha habido novedad, iré a buscarlo para que tenga usted la bondad de devolvérmelo”. 7

Como consecuencia, a la media noche del 7 de octubre de 1913, dos hombres se presentaron en la habitación 16, del segundo piso del Hotel Jardín donde se encontraba hospedado el Doctor, fue sacado de su habitación y conducido hacia el panteón de Xoco, en Coyoacán, en donde fue asesinado de varios balazos. Sus verdugos Gilberto Márquez, Alberto Quiroz, José Hernández Ramírez y Gabriel Huerta representaban los intereses de Victoriano Huerta, enemigo político del chiapaneco.8

Luego de perpetrado el asesinato, el cuerpo de Belisario Domínguez fue sepultado desnudo y sus ropas fueron incineradas. Tomó cierto tiempo y muchas pesquisas del resto de los senadores y de sus amigos y parientes para descubrir lo que había pasado.9

A su muerte, La XXVI Legislatura de la Cámara de Diputados fue disuelta por la fuerza y fueron encarcelados 110 diputados, tras solicitar a Huerta, junto con el Senado, una investigación respecto del asesinato del legislador chiapaneco, la situación fue escalando hasta desembocar en la caída del régimen de Victoriano Huerta.

El 7 de octubre de 1917, el Congreso de la Unión, emitió un decreto por el que declara “benemérito de la patria, al ciudadano doctor Belisario Domínguez”, igualmente se acuerda inscribir su nombre, con letras de oro en el lugar de honor del salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Asimismo, en su honor, desde 1953 el Senado de la República otorga anualmente la Medalla Belisario Domínguez, que es la máxima distinción que otorga el Estado mexicano y el Senado de la República a hombres y mujeres mexicanos que se han distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de nuestra patria o de la humanidad.

La figura de Belisario Domínguez tiene un gran contenido simbólico. La estatura moral, cívica y ética del senador chiapaneco contribuyó al derrocamiento de la dictadura por medio del uso de la palabra.

Por lo anterior, los legisladores del Grupo Parlamentario de Morena, destacamos la importancia de difundir la actividad política, cultural, social y científica del prócer chiapeneco, con la finalidad de que hagamos propio su legado y así poder consolidar un país más democrático, más libre y más justo.

Notas

1 https://www.lifeder.com/belisario-dominguez/

2 Ibídem.

3 https://www.memoriapoliticademexico.org/Biografias/DPB63.html

4 https://www.informador.mx/Ideas/Don-Belisario-Dominguez-Palencia-201204 23-0229.html

5 “Belisario Domínguez Peralta”, en Memoria Política, disponible en https://bit.ly/2n8voBW

6 http://museolegislativo.diputados.gob.mx/?p=3383#_ftn2

7 https://www.juristasunam.com/belisario-dominguez-el-poder-de-la-palabra /13015

8 Ibídem.

9 Labastida, Horacio. (2002). Belisario Domínguez y el estado criminal, 1913-1914. México, DF: Siglo XXI.

Palacio Legislativo de San Lázaro, jueves 7 de octubre de 2021.

Diputada Adriana Bustamante Castellanos (rúbrica)

Con motivo del 7 de octubre, conmemoración del 108 aniversario luctuoso del senador Belisario Domínguez, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

Un 7 de octubre de 1913, a los 50 años de edad, fue asesinado un opositor al régimen de Victoriano Huerta, quien estaba en contra de su gobierno por usurpación del poder, por instaurar una dictadura y por la complicidad de los poderes que ayudaron a Huerta; lo que llevó a Belisario Domínguez a ocupar el cargo como senador por el estado de Chiapas tan solo 7 meses. Se pronunció en contra de permitir que buques de guerra extranjeros se mantuvieran en aguas nacionales, también se pronunció en contra del nombramiento de Félix Díaz y de Aureliano Blanquet como generales de Brigada; votó en contra de la desaparición de poderes en el estado de Morelos.

Tras sus pronunciamientos en contra del gobierno huertista le evitaron dar dos discursos más, los cuales fueron impresos y repartidos en la ciudad, en los que acusaba a Huerta del asesinato de Madero y Pino Suárez y pedía su destitución, lo que se considera el antecedentes directo de su asesinato en su cuarto del hotel Jardín.

Belisario Domínguez Palencia no fue un político, fue un ciudadano comprometido con el bien común, sensibilidad del servicio público, alta moralidad y ética de la responsabilidad, fue un ciudadano, científico e intelectual con firmes convicciones.

Sus actos respondían a su ética, no quiso ser un político clásico, más bien intentó permear a la ciudadanía para que fuera exigente y crítica a la política de aquel momento. Su juventud estuvo rodeada de hechos históricos que lo formaron, además de venir de una familia con el deseo de servir a México. Su tío Pantaleón Domínguez fue jefe militar y gobernador de Chiapas, su padre perdió un pierna al defender Comitán de las fuerzas imperialistas.

Su formación y educación le permitieron ver a México de manera crítica y analítica.

En su consultorio ofrecía consultas gratuitas y regalaba medicamento. Sus artículos en el periódico El Vate plasman reflexiones sobre el ser humano y su naturaleza.

Como presidente municipal de Comitán se preocupó por la llevar obra pública al municipio, dispuso que los presos realizaran trabajo comunitario, en donde dio un gran ejemplo manejando el ayuntamiento como un ciudadano consciente, libre, sin tutelas e invirtiendo los fondos en la instrucción pública.

Su asesinato provocó una reacción democrática, institucional y patriótica, lo que trajo el derrocamiento de Huerta al año siguiente.

Los motivos fueron muchos para que su nombre trascendiera en la historia de México, sus ideas, su moral, un modelo de valentía ciudadana y un ícono de la libre expresión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.

Diputada Margarita García García (rúbrica)