Gaceta Parlamentaria, año XXII, número 5878-IV, martes 5 de octubre de 2021
- Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a hacer público lo referente al acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la ASF, a cargo de la diputada Lidia García Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena
- Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE a cancelar el proceso de normalización del PROY-NOM-237-SE-2020, “servicios educativos. Disposiciones a las que se sujetarán los particulares que presten servicios en la materia”, y abstenerse de presentar proyectos de NOM sobre tal área, suscrita por las diputadas Ana Lilia Herrera Anzaldo, Cynthia Iliana López Castro y Sayonara Vargas Rodríguez e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y la SHCP a implantar un programa para regularizar automóviles de procedencia extranjera que se encuentran en la frontera norte del país, a cargo del diputado Brígido Ramiro Moreno Hernández, del Grupo Parlamentario del PT
- Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a autorizar el pago inmediato del laudo ejecutoriado, dictado por la Junta Veintiséis de la JFCA, en Chihuahua, referente de los ex trabajadores jubilados de Ferronales, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
- Con punto de acuerdo, para exhortar a los legisladores y el personal administrativo, de seguridad y resguardo y demás de esta soberanía a respetar a toda persona y evitar comentarios discriminatorios por preferencias sexuales, identidad de género, lugar de residencia o comunidad de pertenencia, suscrita por las diputadas Olga Leticia Chávez Rojas y Salma Luévano Luna, del Grupo Parlamentario de Morena
- Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Bienestar a transparentar la cobertura y metodología del censo levantado para detectar a la población que sufrió daños por el huracán Grace en la Sierra Norte de Puebla, a cargo de la diputada Esther Martínez Romano, del Grupo Parlamentario del PT
- Con punto de acuerdo, para exhortar al SAT a investigar y verificar a los mexicanos en la indagación Papeles de Pandora, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
- Con punto de acuerdo, a in de exhortar a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de esta soberanía a realizar acciones para restringir la compra y el empleo de productos plásticos desechables de un solo uso y explorar la utilización de biodegradables o materiales como vidrio en las actividades parlamentarias, a cargo del diputado Arturo Roberto Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena
- Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Puebla a verificar por la Secretaría de Movilidad y Transportes el cumplimiento en el cobro de tarifas aplicado a los ciudadanos por concepto de arrastre y depósito de vehículos en los corralones, a cargo de la diputada Esther Martínez Romano, del Grupo Parlamentario del PT
- Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Guerrero, la Segob, la FGEG, la Conavim y el INE a implantar medidas de protección en favor de la ciudadana Ruperta Nicolás Hilario, víctima de violencia de género, a cargo de la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
- Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a realizar con el IMSS campañas encaminadas a difundir y fomentar los beneficios de la vacuna contra el VPH, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena
- Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y el gobierno de Morelos a implantar acciones para enfrentar la violencia de género contra las mujeres, a cargo de la diputada Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
- Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua, su homóloga de Sonora y el ayuntamiento de Guaymas a coordinarse y atender el grave problema de la red municipal de drenaje, a cargo de la diputada Sandra Luz Navarro Conkle, del Grupo Parlamentario de Morena
- Con punto de acuerdo, para exhortar al INM, la CNDH, el Conapred y la Profeco a intervenir en la violación del derecho del libre tránsito de personas en contexto de movilidad y sancionar a las empresas de transporte que no presten servicio a extranjeros, a cargo de la diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
- Con punto de acuerdo, a in de exhortar a la Comar, el INM, el Inmujeres y la CNDH a supervisar, coordinar y garantizar las acciones preventivas para atender la seguridad y dignidad de las migrantes, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
- Con punto de acuerdo, a in de exhortar al Ejecutivo federal, los gobiernos locales y el Congreso de la Unión a convocar a un debate público y vinculatorio respecto a la necesidad de una nueva convención hacendaria para revisar las atribuciones tributarias de los tres órdenes de gobierno y diseñar nuevos mecanismos de captación y recaudación de recursos, así como esquemas eficientes, transparentes y equitativos de su distribución, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Efemérides
Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a hacer público lo referente al acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la ASF, a cargo de la diputada Lidia García Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada federal Lidia García Anaya, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a que haga público lo referente al acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la ASF, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 25 de agosto del 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación”, en el cual se efectuaron diversas reformas a su normativa interna, como a continuación se señala:
Se reforman el artículo 3; el artículo 4; la fracción III, del artículo 5; la denominación del Capítulo II; la fracción II, del artículo 7; las fracciones IV, V y VI, y el párrafo último, del artículo 10; las fracciones VIII, XV, XLIII, LIII y los párrafos penúltimo y último, del artículo 12; la fracción IV, del artículo 13; la fracción IX, del artículo 14; las fracciones XXIV y XXV, del artículo 16; las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII, X, y el párrafo último, del artículo 17; las fracciones VII, XI, XIII y XV, del artículo 18; las fracciones I, V, X, XV, XVI y XXIII, del artículo 19; el párrafo primero y las fracciones II, III, IV, V, VI, VII, X, XI, XIII y XVII, del artículo 20; el artículo 20 Bis; las fracciones VI Bis, VI Ter, XVI, el párrafo primero de la fracción XXIV, XLIII, LI, LIX y LXVI, del artículo 21; el artículo 26; el párrafo primero, del artículo 35; el párrafo primero, del artículo 36; el párrafo primero, del artículo 37; el párrafo primero, del artículo 38; la fracción XI, del artículo 38 Septies; las fracciones XVI, XXI, XXV y XXVI, del artículo 39; el párrafo primero del artículo 45; el artículo 46; las fracciones VII, XI, XIV, XVII y XXII, del artículo 47; las fracciones XV y XVII, del artículo 48; el párrafo primero y las fracciones I y VIII, del artículo 51; el párrafo primero y las fracciones I, II, VI, VIII, X, XI, XIII, XIV y XV, del artículo 52 Bis; el artículo 52 Ter; el párrafo primero y las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII, del artículo 52 Quáter; el artículo 57 Bis; el artículo 57 Ter; la fracción XXVI, del artículo 58; la fracción XXIII, del artículo 59; la fracción XXII, del artículo 60; la fracción XX, del artículo 61; el artículo 62; el párrafo primero, del artículo 64 y el artículo 65; se adicionan la fracción XV Bis, al artículo 10; la fracción XLIII Bis, al artículo 12; las fracciones IX Bis, IX Ter, IX Quáter, XXVI y XXVII, al artículo 16; las fracciones XVI Bis y XVI Ter, al artículo 17; la fracción XIII Bis, al artículo 18; las fracciones IV Bis, V Quáter, V Quiquies, y XXIII Bis, al artículo 19; las fracciones III Bis, V Bis, XVII Bis, XVII Ter, XVII Quáter, XVII Quiquies, y XVII Sexies, al artículo 20; las fracciones XVI Bis, XVI Ter y LXVIII Bis, al artículo 21; el artículo 21 Bis; el artículo 21 Ter; el artículo 21 Quáter; el artículo 33; la fracción VII Bis, al artículo 38 Bis; la fracción VII Bis, al artículo 38 Ter; la fracción II Bis, al artículo 39; la fracción I Bis, al artículo 47; las fracciones X Quáter y XVII Bis, al artículo 48; el artículo 50; las fracciones I Bis, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV y XXVI, al artículo 52 Bis; las fracciones XXVI Bis, XXVI Ter, XXVI Quáter y XXVI Quiquies, al artículo 58; las fracciones XXIII Bis, XXIII Ter y XXIII Quáter, al artículo 59; las fracciones XXII Bis, XXII Ter y XXII Quáter, al artículo 60; las fracciones XX Bis, XX Ter, XX Quáter y XX Quiquies, al artículo 61; y se derogan las fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XIII y XV, del artículo 10; el artículo 11; el artículo 11 Bis; el artículo 11 Ter; las fracciones XXXIV y LIV, del artículo 12; la fracción IX Quiquies, del artículo 14; las fracciones IV y V Ter, del artículo 19; la fracción XV, del artículo 20; las fracciones XLII, XLIV y LIV, del artículo 21; el artículo 32 Bis; las fracciones VII y X, del artículo 51; las fracciones IX y XII, del artículo 52 Bis; las fracciones VII y XII, del artículo 52 Quáter; el artículo 53; la fracción XXXIII, del artículo 58; y la fracción XXIX, del artículo 59”.
En dichas reformas administrativas se establecen las correspondientes al ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen, sin embargo, resulta de gran importancia se explique la creación y se definan específicamente las funciones de dichas unidades, así como la de los servidores públicos que ocuparán dichos cargos, lo cual se señala en el artículo 3:
“Artículo 3. Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen, la Auditoría Superior de la Federación contará con las siguientes unidades administrativas y servidores públicos:
Auditor Superior de la Federación
Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación
Dirección de Informes
Dirección de Cooperación con Entidades Federativas
Dirección de Relaciones Multilaterales
Dirección de Ética e Integridad Institucional
Dirección de Defensoría de Oficio en materia de Responsabilidades Administrativas Graves
Dirección de Análisis y Seguimiento de la Gestión
Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior
Dirección de Capacitación
Dirección de Desarrollo
Dirección de Innovación para el Conocimiento
Centro de Estudios de la Auditoría Superior de la Federación
Dirección de Estudios de la Auditoría Superior de la Federación “A”
Dirección de Estudios de la Auditoría Superior de la Federación “B”
Dirección General de Difusión
Dirección de Difusión
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Dirección General de Auditoría Financiera Federal “A”
Dirección de Auditoría “A1”
Dirección de Auditoría “A2”
Dirección de Auditoría “A3”
Dirección de Auditoría “A4”
Dirección General de Auditoría Financiera Federal “B”
Dirección de Auditoría “B1”
Dirección de Auditoría “B2”
Dirección de Auditoría “B3”
Dirección General de Auditoría Financiera Federal “C”
Dirección de Auditoría “C1”
Dirección de Auditoría “C2”
Dirección de Auditoría “C3”
Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales
Dirección de Auditoría “D1”
Dirección de Auditoría “D2”
Dirección de Auditoría “D3”
Dirección de Auditoría “D4”
Dirección de Auditoría “D5”
Dirección General de Auditoría Forense de Cumplimiento Financiero
Dirección de Auditoría Forense de Cumplimiento Financiero “A”
Dirección de Auditoría Forense de Cumplimiento Financiero “B”
Dirección de Auditoría Forense de Cumplimiento Financiero “C”
Dirección General de Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicaciones
Dirección de Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicaciones “A”
Dirección de Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicaciones “B”
Dirección de Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicaciones “C”
Auditoría Especial de Desempeño
Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Económico
Dirección de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Económico “A”
Dirección de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Económico “B”
Dirección de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Económico “C”
Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social
Dirección de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social “A”
Dirección de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social “B”
Dirección General de Auditoría de Desempeño a Gobierno y Finanzas
Dirección de Auditoría de Desempeño a Gobierno y Finanzas “A”
Dirección de Auditoría de Desempeño a Gobierno y Finanzas “B”
Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios
Dirección de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios “A”
Dirección de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios “B”
Dirección de Evaluación a las Políticas Públicas
Dirección General de Auditoría y Evaluación a los Sistemas de Control Interno
Dirección de Auditoría y Evaluación a los Sistemas de Control Interno “A”
Dirección de Auditoría y Evaluación a los Sistemas de Control Interno “B”
Auditoría Especial del Gasto Federalizado
Dirección General de Auditoría Forense del Gasto Federalizado
Dirección de Auditoría Forense del Gasto Federalizado “A”
Dirección de Auditoría Forense del Gasto Federalizado “B”
Dirección de Auditoría Forense del Gasto Federalizado “C”
Dirección General de Evaluación del Gasto Federalizado
Dirección de Evaluación del Gasto Federalizado “A”
Dirección de Evaluación del Gasto Federalizado “B”
Dirección General de Auditoría del Gasto Federalizado “A”
Dirección de Auditoría del Gasto Federalizado “A1”
Dirección de Auditoría del Gasto Federalizado “A2”
Dirección de Auditoría del Gasto Federalizado “A3”
Dirección General de Auditoría del Gasto Federalizado “B”
Dirección de Auditoría del Gasto Federalizado “B1”
Dirección de Auditoría del Gasto Federalizado “B2”
Dirección de Auditoría del Gasto Federalizado “B3”
Dirección General de Auditoría del Gasto Federalizado “C”
Dirección de Auditoría del Gasto Federalizado “C1”
Dirección de Auditoría del Gasto Federalizado “C2”
Dirección de Auditoría del Gasto Federalizado “C3”
Dirección General de Auditoría del Gasto Federalizado “D”
Dirección de Auditoría del Gasto Federalizado “D1”
Dirección de Auditoría del Gasto Federalizado “D2”
Dirección de Auditoría del Gasto Federalizado “D3”
Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación
Dirección General de Seguimiento “A”
Dirección de Seguimiento “A.1”
Dirección de Seguimiento “A.2”
Dirección General de Seguimiento “B”
Dirección de Seguimiento “B.1”
Dirección de Seguimiento “B.2”
Dirección General de Informes, Control y Registro
Dirección Editorial de Informes de Auditoría
Dirección de Control y Registro
Dirección General de Investigación
Dirección de Investigación “A”
Dirección de Investigación “B”
Dirección de Investigación “C”
Unidad de Asuntos Jurídicos
Dirección General Jurídica
Dirección Jurídica “A”
Dirección Jurídica “B”
Dirección Jurídica “C”
Dirección Jurídica “D”
Dirección General de Responsabilidades
Dirección de Responsabilidades “A”
Dirección de Responsabilidades “B”
Dirección de Responsabilidades “C”
Dirección de Responsabilidades “D”
Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios
Dirección de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios “A”
Dirección de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios “B”
Dirección de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios “C”
Dirección de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios “D”
Dirección General de Substanciación
Dirección de Substanciación “A”
Dirección de Substanciación “B”
Unidad General de Administración
Dirección General de Recursos Humanos
Dirección de Relaciones Laborales
Dirección de Reclutamiento, Selección y Seguimiento
Dirección de Administración de Personal
Dirección de Planeación, Normatividad y Desarrollo
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios
Dirección de Recursos Materiales
Dirección de Servicios
Dirección de Contratos y Convenios
Dirección de Infraestructura
Dirección General de Recursos Financieros
Dirección de Presupuesto y Control
Dirección de Contabilidad y Finanzas
Dirección de Desarrollo y Operación
Dirección General de Sistemas
Dirección de Desarrollo de Sistemas
Dirección de Infraestructura Tecnológica
Dirección de Operación de Sistemas
Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo
Dirección General de Normatividad y Enlace Legislativo
Dirección de Normatividad
Dirección de Homologación y Análisis Legislativo “A”
Dirección de Homologación y Análisis Legislativo “B”
Dirección de Enlace Legislativo
Dirección General de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación y Programación de Auditorías
Dirección de Planeación y Programación Estratégica
Dirección de Monitoreo y Evaluación
Dirección General de Transparencia
Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Dirección de Atención a la Promoción de los Derechos de Acceso a la Información y Protección de Datos
Dirección de Colaboración Institucional y Vinculación con el Sistema Nacional de Transparencia
Unidad de Igualdad de Género y Cultura de la Fiscalización
Dirección General de Igualdad de Género y Cultura de la Fiscalización “A”
Dirección de Igualdad de Género y Cultura de la Fiscalización “A1”
Dirección General de Igualdad de Género y Cultura de la Fiscalización “B”
Dirección de Igualdad de Género y Cultura de la Fiscalización “B1”
Subdirectores, jefes de Departamento, coordinadores de auditores, auditores, asesores, secretarios técnicos, vigilantes, supervisores de área administrativa y técnica, trabajadores de base y demás personal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio.
...”
De la misma forma, en su artículo 4, se alude lo siguiente: “Artículo 4. La Auditoría Superior de la Federación conducirá sus actividades en forma programada y conforme a las políticas que, para el logro de los objetivos institucionales, establezca el auditor superior de la Federación”.
Debido a la importancia institucional para el país de la ASF, se solicita se den a conocer los programas, políticas y objetivos del auditor superior de la Federación, licenciado David Colmenares Páramo, las cuales justifiquen la creación de dichas Unidades Administrativas, con lo cual se coadyuve a cumplir el principal objetivo de la ASF, la realización de las auditorías de los recursos federales, la revisión de la Cuenta Pública, así como un correcto sistema de fiscalización, y no un engrosamiento de la burocracia administrativa.
Expuesto lo anterior, me permito someter a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. – La Cámara de Diputados exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que haga público lo referente al acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2021.
Diputada Lidia García Anaya (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE a cancelar el proceso de normalización del PROY-NOM-237-SE-2020, “servicios educativos. Disposiciones a las que se sujetarán los particulares que presten servicios en la materia”, y abstenerse de presentar proyectos de NOM sobre tal área, suscrita por las diputadas Ana Lilia Herrera Anzaldo, Cynthia Iliana López Castro y Sayonara Vargas Rodríguez e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Las que suscriben, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Cynthia Iliana López Castro, Sayonara Vargas Rodríguez, Melissa Estefanía Vargas Camacho y Karla Ayala Villalobos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados. someten a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 12 de mayo de 2021, el Consejo Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-237-SE-2020, “servicios educativos. Disposiciones a las que se sujetarán los particulares que presten servicios en la materia”. 1
Dicha norma pretende reemplazar el Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares, publicado en el DOF el 10 de marzo de 1992. La nueva NOM tiene como objetivo “establecer las especificaciones que los prestadores de servicios educativos tienen que cumplir para informar a madres y padres de familia, tutores y/o usuarios sobre los servicios que se presten, bajo los principios de transparencia y calidad de los mismos, salvaguardando el derecho a la educación consagrado en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
En este sentido, la NOM busca regular aspectos comerciales de los prestadores de servicios educativos, desde la información que deben proporcionar a las y los padres de familia denominados “usuarios” previo a la inscripción o reinscripción, establecer los contenidos mínimos de los reglamentos escolares, regular los cobros que pueden realizar las escuelas privadas sobre los servicios que se ofrecen, regular la toma de decisiones respecto de uniformes y otras actividades, busca establecer procesos en caso de incumplimiento de pago de colegiaturas, entre otros.
Para la discusión de la Norma Oficial Mexicana 237-SE-2020 , la Secretaría de Economía creó el grupo de trabajo integrado por la Procuraduría Federal del Consumidor, la Secretaría de Educación Pública, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborables, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, AC, y la Federación para la Defensa de Escuelas Particulares, además de realizar la consulta pública prevista en la Ley General de Mejora Regulatoria.
Sin embargo, en las últimas semanas diversas organizaciones que representan a más de 4 mil instituciones de educación particular, de nivel básico a superior, denunciaron que el proceso de creación de la NOM ha sido “autoritaria, parcial o poco trasparente”.2 En consecuencia, los representantes de las organizaciones de escuelas particulares, Alianza de Colegios Multiculturales de México, Alianza para la Educación Superior, Asociación Nacional de Escuelas Particulares, Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas a la SEP y la Confederación Nacional de Escuelas Particulares en conferencia de prensa anunciaron su salida del Grupo de Trabajo, mencionando:
Los representantes del gobierno federal que participan en este proceso: la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Secretaría de Economía y el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía, así como asesores externos del gobierno, han marginado la participación de quienes representamos a instituciones particulares; han coartado nuestra libertad de expresión, haciendo uso hostil e intransigente de su calidad de “autoridad”; y han restringido la posibilidad de diálogo cuando se expresa algo contrario a lo que es su interés escuchar, hasta el punto de “expulsar” sin razón o justificación, a representantes de las escuelas particulares, y haciendo gala del autoritarismo cancelándoles la transmisión.
Pese a que fuimos invitados a ser parte del proceso, como dictan las reglas de normalización, nuestra participación ha sido de convidados de piedra, porque no sólo no se toman en cuenta nuestras aportaciones y señalamientos sobre la gravedad que enmarcan los criterios impulsados, sino que se nos calla de forma arbitraria y se nos hizo firmar un documento de confidencialidad para que ninguno de los asistentes pudiéramos dar a conocer nuestros desacuerdos por la forma como lo están realizando.
A todo esto, se suman las irregularidades procedimentales, pues al término de cada una de las sesiones plenarias que se han desarrollado, no se han compartido las minutas y la autoridad insiste en denominarlas como “acuerdos”, a pesar de no serlo porque no nos han permitido incluir nuestra oposición al respecto.
No queremos dejar de señalar que para participar en las reuniones de trabajo fuimos obligados a firmar un convenio de confidencialidad y un código de ética que nos amordaza para no compartir abiertamente todas las irregularidades inherentes a la NOM-237 y que han sido expuestas por todas las asociaciones, organizaciones, federaciones e instituciones, tanto en los comentarios enviados en respuesta a la consulta pública, así como en el Grupo de Trabajo”.3
Sobre este proyecto de NOM dichas organizaciones han hecho públicas sus preocupaciones las cuales solicitan sean realmente escuchadas y atendidas por las autoridades, entre las que destacan las siguientes:4
• Dicha norma va a generar mayores costos para las escuelas particulares encareciendo el servicio para las y los padres de familia e incluso desaparecerá a las escuelas privadas más pequeñas. Lo anterior es más preocupante porque actualmente se está en un proceso de recuperación económica derivado de la pandemia y esta NOM lejos de impulsar la recuperación va a causar un impacto negativo a los servicios educativos que ofrecen estas escuelas.
Un ejemplo de lo anterior lo menciona Graciela Meza Díaz, presidenta de la Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas a la SEP, quien asegura que mil 32 escuelas particulares en el estado de Puebla podrían desaparecer en caso de que sea aprobado el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-237-SE-2020. 5
• Implica una sobrerregulación para las escuelas particulares ya que la Ley General de Educación y la Ley General de Educación Superior norman con claridad la prestación de servicios educativos y prevén requisitos, sanciones y certificaciones que las escuelas privadas deben cumplir.
• Genera duplicidad de funciones entre la Secretaría de Educación Pública y de Economía.
• La Secretaría de Economía y la Profeco carecen de facultades para emitir normas en materia educativa.
• Se pretende tratar a las escuelas particulares como “proveedores” y a los educandos como “consumidores”, perdiendo de vista que la educación no es un servicio mercantil sino un servicio público. María Luisa Flores del Valle, de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, menciona: “El proyecto no puede salvaguardar las causas económicas o comerciales, porque la educación no es una actividad comercial, por lo tanto, las escuelas particulares son asociaciones civiles, sus actividades son de carácter civil y no mercantil, independientemente que la educación no es servicio mercantil sino civil”.
• Alfredo del Villar, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, explicó que la Secretaría de Economía y la Profeco están actuando de manera arbitraria, ilegal e inconstitucional, pues no tienen facultades para emitir leyes, normas o reglamentos que afectan su esfera jurídica. “Exigimos que se respete el estado de derecho, esperamos que reaccionen y recapaciten y echen para abajo ese proyecto de la norma 237, ya que ya está reglamentado en la Ley General de Educación y no se necesita duplicidad de facultades, las escuelas particulares son asociaciones civiles, son de carácter civil, no mercantil, además de que la educación es de tipo social no mercantil”.
Las pequeñas escuelas, en riesgo por la NOM; y las clases medias bajas serán las más afectadas en su economía familiar
La nueva NOM 237-SE-2020 es preocupante porque México aún se encuentra inmerso en las consecuencias económicas, políticas y sociales derivadas de la pandemia y la entrada en vigor de esta NOM, sin escuchar a las partes involucradas, lejos de acercar soluciones para la reactivación económica, va a generar un problema más profundo en la educación en nuestro país.
Ejemplo de ello es lo reportado en el tercer informe de labores de la SEP 2020- 2021, el cual establece que, con relación al ciclo escolar previo, se observó una disminución de 191.1 mil alumnos; 85 por ciento de la reducción de la matrícula se registró en escuelas privadas. Otro dato reportado es que las escuelas de educación básica privadas representan 77.8 por ciento de las que cerraron (mil 223 de mil 572). Asimismo, 73.3 por ciento de la reducción de la matrícula (480 mil 791 de 656 mil 72 alumnos) y 82.8 por ciento de la baja en el número de maestros (12 mil 698 de 15 mil 343) se reporta en escuelas de este sostenimiento. 6
El sistema educativo sin duda alguna ha enfrentado grandes retos para que las niñas y niños y adolescentes continúen recibiendo la educación que por derecho les corresponde. Las escuelas privadas son parte de este sistema, no son ajenos a él, son aliados de la educación, por ello preocupa la visión comercial que se le está dando a la NOM equiparando a la educación privada como a cualquier empresa prestadora de servicios.
De conformidad con el Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa, hay 45 mil 163 escuelas privadas, de las cuales 68 por ciento corresponde a la educación básica, 14 a educación media superior, 7.6 a educación superior y 8.9 a capacitación para el trabajo. 7
La NOM asume que todas las escuelas particulares tienen las mismas condiciones de infraestructura, de ubicación, de calidad y de solvencia económica y dejan a un lado que gran parte de las escuelas particulares son pequeñas y que están atendiendo a un sector importante de la población que muchas veces las escuelas públicas no atienden y que las grandes escuelas no aceptan. Las escuelas más pequeñas y el alumnado de menores recursos económicos serían los más afectados.
No se puede generar una política pública partiendo de un estigma hacia la educación privada , pensando que quienes asisten a estas escuelas pertenecen a una clase social alta, al contrario, son muchas las madres y padres de familia que optan por enviar a sus hijos e hijas a escuelas privadas y lo hacen destinando gran parte de su ingreso familiar, incluso se valen de los apoyos fiscales, como el deducir colegiaturas, para hacer viable esta educación para sus hijas e hijos.
Generalmente buscan las escuelas más cercanas a sus centros de trabajo o a sus domicilios, que tengan horarios extendidos, recordemos que actualmente los programas relacionados con escuelas de tiempo completo han desaparecido y eso impacta en la estructura familiar, buscan que tengan una mejor calidad en enseñanza de idiomas y una mejor calidad educativa.
El grueso de escuelas privadas no son las grandes universidades como se podría pensar, pues 68 por ciento de las escuelas privadas prestan servicios de educación básica, es decir, inicial, preescolar, primaria y secundaria . Son aquellas escuelas enfocadas en la educación básica las que pueden ser solventadas por las y los padres de familia, pues la educación media superior y superior generalmente buscan ser cubiertas por los propios alumnos y mediante becas que otorgan dichas instituciones.
De aprobarse esta NOM, las escuelas estarán obligadas a aumentar sus cuotas para cubrir las certificaciones que exige la norma y ello impactará directamente en las madres y padres de familia que hoy pueden solventar el gasto de una colegiatura en una escuela privada y que al aumentar las cuotas ya no podrán hacerlo.
Incluso aquellas pequeñas escuelas que no puedan sostenerse para continuar prestando el servicio van a desaparecer, lo que implicaría que las madres y padres de familia tenga que buscar una nueva escuela más lejana a sus hogares o centros de trabajo y con colegiaturas más altas.
Otro dato importante es la cobertura educativa que prestan las escuelas privadas, las cuales, de conformidad con la SEP, atendieron en el ciclo escolar 2020-2021 a 4 millones 550 mil 754 alumnos. De ellos, 2 millones 393 mil 834 corresponde a alumnos de educación básica, 774 mil 268 a educación media superior y 1 millón 149 mil 11 a educación superior.
Otras preocupaciones en torno a la NOM 237-SE-2020
Otra de las preocupaciones sobre la NOM es que la autoridad busca regular las escuelas públicas y privadas de manera diferenciada, pretende regular los servicios de educación que prestan particulares imponiendo un estándar comercial para informar a sus usuarios, pero ¿Las escuelas públicas escapan de todos estos requisitos?, ¿Qué acaso las escuelas públicas no deben también informar a madres y padres sobre los servicios educativos que prestan?
La NOM menciona expresamente que tiene como objetivo “establecer las especificaciones que los prestadores de servicios educativos tienen que cumplir para informar a madres y padres de familia, tutores y/o usuarios sobre los servicios que se presten, conforme a los principios de transparencia y calidad de los mismos, salvaguardando el derecho a la educación consagrado en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Es decir, la NOM debería regular exclusivamente la parte de comunicación; sin embargo, pretende regular temas sustanciales como cobros de servicios, uniformes, reglamentos internos, sanciones entre otros.
La NOM 237-SE-2020 establece que la evaluación de su cumplimiento corresponde a la Procuraduría Federal del Consumidor, que los gastos que se originen por los servicios de evaluación serán a cargo de las escuelas privadas, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
Se establece que se crearán unidades de verificación acreditadas y aprobadas que estarán facultadas para emitir constancias de cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente proyecto de norma oficial mexicana, el cual debe ser intransferible, quedando sujetas a los términos y condiciones que establezca la procuraduría, y el uso indebido se debe sancionar de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable.
Además de que estas unidades deberán conformar y administrar un Registro de Proveedores de Servicios Educativos que cuenten con la Constancia de Cumplimiento, mismas que deben estar disponibles para consulta de los consumidores y de las Autoridades competentes en medios electrónicos o impresos.
¿Cómo hará la Profeco para vigilar que 45 mil 163 escuelas privadas en todo el país cumplan esta norma?, ¿hay realmente presupuesto para realizar esta verificación?, ¿quién se encargará de hacer esta labor?, ¿de dónde saldrán estas unidades con el poder de certificar? Si el propio sistema educativo actual tiene grandes problemas para dar seguimiento al cumplimiento de las leyes en materia, ¿Cómo pretende una autoridad que es completamente ajena al sector educativo realizar esta verificación? Esto sin duda alguna abre la puerta la corrupción, a la opacidad y a poner en manos de quien sabe quién la certificación de escuelas bajo criterios comerciales y no de educación formativa.
Preocupa también, como advierten las organizaciones de colegios, la sobrerregulación que se va a generar con la entrada en vigor de esta NOM. Hoy las escuelas privadas deben cumplir la Ley General de Educación publicada en 2019, con la Ley General de Educación Superior publicada en 2021, ambas derivadas de la reforma constitucional en materia educativa del 2019, y las cuales contienen regulaciones expresas sobre la educación impartida por particulares. Deben cumplir las disposiciones de protección civil, con las derivadas de seguridad social y las leyes laborales. Cuentan ya con una serie de trámites y evaluaciones que deben acreditar para conseguir su registro y se reconocimiento de validez. Y ahora, con esta NOM tendrán que reportar a la Profeco, la cual verificará sus contratos y duplicaran funciones con los supervisores de la SEP.
Esto sin duda alguna se traducirá en un rezago educativo, en un aumento de precios para las y los padres de familia y la inminente desaparición de aquellas escuelas que simplemente no logren alinearse con la NOM.
Por lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía para que cancele el proceso de normalización del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-237-SE-2020, “servicios educativos. Disposiciones a las que se sujetarán los particulares que presten servicios en la materia”, hasta en tanto no se realice un diagnóstico respecto del impacto que tendrá en las escuelas particulares del país, la afectación que producirá en el sector educativo, el impacto que tendrá en la economía familiar, se verifique que dicha norma se encuentre alineada con las leyes en materia educativa evitando una sobrerregulación para las escuelas particulares que prestan servicios educativos y se realicen mesas de trabajo con las organizaciones de colegios particulares donde se escuchen sus propuestas en torno a dicho proyecto.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor a que, se abstengan de presentar Proyectos de normas oficiales mexicanas que pretendan regular la materia educativa, evitando con ello reducir los servicios educativos que prestan las escuelas particulares a actividades meramente mercantiles, considerando que éstas forman parte del Sistema de Educativo del país y su aportación en la educación es fundamental para el Estado mexicano.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, en el ámbito de competencia, realice las acciones necesarias para evitar que mediante normas oficiales mexicanas se pretenda regular la normatividad administrativa que debe aplicar a las instituciones educativas.
Notas
1 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618145&fecha=12/05/2021
2 https://politica.expansion.mx/mexico/2021/08/11/escuelas-privadas-recha zan-nueva-norma-237-impulsada-por-economia
3 https://factorenergetico.mx/2021/08/12/escuelas-particulares-abortan-pr oyecto-de-non-para-regular-servicios-propuesto-por-economia/
4 Ibídem.
5 https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/escuelas-particulares-nom- anepp/
6 Tercer Informe de Labores de la SEP, 2020-2021, pág. 34
7 https://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 5 de octubre de 2021.
Diputadas: Ana Lilia Herrera Anzaldo, Cynthia Iliana López Castro, Sayonara Vargas Rodríguez, Melissa Estefanía Vargas Camacho, Karla Ayala Villalobos.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y la SHCP a implantar un programa para regularizar automóviles de procedencia extranjera que se encuentran en la frontera norte del país, a cargo del diputado Brígido Ramiro Moreno Hernández, del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito, Brígido Ramiro Moreno Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I, III, IV y VI, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, por los que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a implantar un programa que permita regularizar automóviles de procedencia extranjera que se encuentran de manera irregular en la región fronteriza norte del país.
Consideraciones
La necesidad de regularizar los automóviles de procedencia extranjera que se encuentran de manera ilegal en el país es una demanda que ha sido objeto de debate desde hace ya varios años. Hay posiciones encontradas al respecto, pero lo que es indiscutible es que esta situación provoca un serio problema de seguridad que afecta a toda la sociedad y que se debe resolver adecuadamente lo antes posible.
Estos automóviles, coloquialmente conocidos como chocolate, son vehículos que han ingresado de manera irregular a nuestro país, es decir, no han cumplido con los requisitos previstos en la ley para poder hacerlo. A esta práctica recurren un gran número de personas, principalmente aquellas que ante la necesidad de contar con un automóvil y al no tener los ingresos suficientes para adquirir uno nuevo en nuestro país, compran vehículos usados en Estados Unidos, a un costo muy bajo, y los ingresan a México sin pagar los impuestos y permisos necesarios. Sin embargo, también hay que reconocer que hay personas que ilegalmente importan vehículos con fines comerciales o delictivos.
La importación ilegal de automóviles ha sido estigmatizada sin considerar el trasfondo del problema, se ha hecho creer que todas las personas que recurren a esta práctica lo hacen simplemente porque les resulta más conveniente para sus bolsillos, cuando no es así. Un gran número de importaciones ilegales de automóviles son resultado de la necesidad de miles de personas de contar con un vehículo debido a las distancias tan grandes que tienen que recorrer en su día a día, pero que no cuentan con el dinero suficiente para adquirir un vehículo nuevo en nuestro país, ya que sus bajos salarios simplemente no se lo permiten. La falta de apoyo y de oportunidades para estas personas las orilla a tener que adquirir un carro de esta manera, ya que pagar los trámites y permisos para una importación legal tiene un costo elevadísimo.
La importación de automóviles de manera definitiva y legal resulta muy costosa debido a que se deben pagar una serie de impuestos y permisos como 10 por ciento del costo del vehículo; el IVA (que varía entre 16 y 11 por ciento); la tenencia; las placas; el derecho de trámite aduanero; la inscripción en el Registro Público Vehicular, y los demás que apliquen.1 Se estima que la cantidad total que se paga por la importación del vehículo es de entre 30 y 60 por ciento del costo del mismo, por lo que muchas personas acuden a traer estos vehículos de manera ilegal.2
Analizar este problema desde un punto de vista social permite darnos cuenta que la desigualdad económica que lamentablemente se vive en el país obliga a muchas personas de escasos recursos a recurrir a este tipo de prácticas con la finalidad de acceder a la vida digna a la que todos y todas tenemos derecho. La existencia de los carros “chocolate” es el resultado de la falta de oportunidades de miles de familias para poder adquirir un automóvil nuevo en nuestro país, y lejos de señalar a estas personas y juzgarlas, deberíamos voltear a ver el problema de fondo para poder revertir esta situación.
Sin embargo, también debemos reconocer que otro importante número de personas importan carros de manera ilegal para la comisión de delitos, mismos que comprometen la tranquilidad y seguridad de nuestras familias. Esta práctica es muy recurrente debido a que estos automóviles no cuentan con placas, ni con un registro que permita su localización o conocer la identidad del responsable del vehículo o del probable responsable del delito.
Se estima que actualmente se encuentran 50.5 millones de estos vehículos en el país, es decir, hay 40 de estas unidades por cada 100 habitantes.3 Este gran número de vehículos que se encuentran de manera irregular en México ha ocasionado un problema muy serio en cuestión de seguridad, ya que la investigación de los delitos que se cometen con ellos se ve obstaculizada, e incluso, en algunos casos simplemente no son detectados.
Este problema se intensifica en los estados del norte por su cercanía con Estados Unidos. En 2020, el entonces gobernador de Baja California manifestó que 90 por ciento de los delitos cometidos en la entidad era perpetrado con un carro chocolate. 4 Por su parte, en Tamaulipas, 8 de cada 10 ilícitos son cometidos con este tipo de vehículos.5 De igual manera, se estima que en Sonora 8 de cada 10 delitos se llevan a cabo con estos automóviles,6 y lo mismo sucede en Coahuila, Chihuahua y Nuevo León.
Además de comprometer la seguridad, la presencia de estos carros de manera irregular en nuestro país representa una afectación para la hacienda pública, ya que no pagan impuestos como todos los demás por conceptos como tenencia y multas.
Por lo señalado es menester implantar un programa que regularice a los carros “chocolate” que ya que encuentran en territorio mexicano. Cabe señalar que no sería una medida nueva, de acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, desde 1978 hasta 2011, se implantaron en México 19 medidas de regularización de estos vehículos.7 Sin embargo, no fueron acompañadas de los mecanismos adecuados para ponerle fin a este fenómeno y por ello nuevamente nos encontramos en esta situación.
Es necesario que esta regularización vaya acompañada de un plan estratégico que termine con las importaciones ilegales. Aquí cabe mencionar que quienes adquieren estos vehículos en el extranjero no son los únicos responsables de esta situación, esta práctica se puede consumar gracias a que las autoridades aduanales permiten que estos automóviles ingresen a nuestro país de manera ilegal, es por ello que se deben implementar los mecanismos necesarios para terminar con la corrupción en las aduanas y evitar que los funcionarios hagan mal uso de su cargo al permitir ingresar a estos automóviles.
El ingreso de vehículos de manera ilegal a nuestro país compromete seriamente la seguridad de todas y todos los mexicanos, daña las finanzas públicas y al medio ambiente, por ello, es menester la implementación de un programa que regularice a los carros “chocolate” que ya que encuentran en territorio mexicano. En razón de lo anterior, promuevo el presente punto de acuerdo, en el que propongo se lleve a cabo un programa de regularización con las siguientes características 1) que se realice en la región fronteriza norte del país 2) que sea accesible y económico 3) que garantice los derechos de los dueños de estos vehículos.
Llevar a cabo un programa de regularización de este tipo traería diversos beneficios tanto para los ciudadanos, como para el gobierno, ya que se abonaría a mantener la paz y la seguridad en el país, así mismo, las finanzas de la federación se verían beneficiadas al contar con ingresos adicionales.
Se alega que la regularización de estos automóviles representaría un fuerte golpe a la industria automotriz, ya que sus ventas se verían afectadas, pero este argumento parte del supuesto de que todos aquellos que adquieren un vehículo ilegal tienen la capacidad económica para adquirir uno nuevo en nuestro país, cuando no es así. Tampoco se está incentivando la importación ilegal, sino todo lo contrario, estamos proponiendo que se tomen medidas estrictas para evitar que sigan entrado a territorio nacional vehículos de manera ilegal.
En los últimos meses, en diversas ciudades fronterizas como Matamoros, en Tamaulipas,8 y Acuña, en Coahuila, se han llevado a cabo operativos para despojar a las personas de sus automóviles irregulares, lo cual refleja una mala estrategia para atender esta problemática, ya que no termina con el problema y solo afecta el patrimonio de los dueños de estos vehículos. Estas acciones también reflejan que la situación ha rebasado a los gobiernos locales y es urgente la intervención del gobierno federal.
En razón de lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares del Ejecutivo federal y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a implantar un programa, accesible y económico, que permita la regularización de los automóviles de procedencia extranjera que se encuentran de manera irregular en la región fronteriza norte de nuestro país, así mismo, a tomar las medidas necesarias a fin de evitar que continúen ingresando a territorio mexicano este tipo de automóviles.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reforzar los mecanismos necesarios que impidan la entrada irregular de automóviles extranjeros, provenientes de Estados Unidos, a territorio mexicano a través de las aduanas.
Notas
1 Multas Tránsito Cdmx. Cuánto cuesta legalizar un auto americano. Disponible en https://multastransito-cdmx.com/cuanto-cuesta-legalizar-un-auto-america no-mexico/ Consultado el 15 de septiembre de 2021.
2 Conexión Migrante. El paso a paso para importar un auto americano a México de forma definitiva. Disponible en https://conexionmigrante.com/2018-/02-/15/el-paso-a-paso-para-importar- de-forma-definitiva-un-auto-americano-a-mexico/ Consultado el 15 de septiembre de 2021.
3 Informador, “Los vehículos chocolate... más caos y contaminación”. Disponible en https://www.informador.mx/economia/Los-vehiculos-chocolate-mas-caos-y-c ontaminacion-20210821-0039.html Consultado el 15 de septiembre de 2021.
4 La Voz de la Frontera, “Insiste Bonilla: ‘90 por ciento de los crímenes son hechos con autos chocolate’”. Disponible en https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/insiste-bonilla-90-de-los-cr imenes-son-hechos-con-autos-chocolate-4785540.html Consultado el 15 de septiembre de 2021.
5 Excélsior, “Ocho de cada 10 delitos son en carros chocolate en Tamaulipas. Disponible en https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/11/1207125 Consultado el 15 de septiembre de 2021.
6 Expreso, “En 80 por ciento de los delitos están involucrados los pafas: preparan cambios en Sonora”. Disponible en https://www.expreso.com.mx/seccion/sonora/293292-en-el-80-de-delitos-es tan-involucrados-los-pafas-preparan-cambios-en-sonora.html Consultado el 16 de septiembre de 2021.
7 CESOP, Vehículos usados de procedencia extranjera en México , Cámara de Diputados, página 5.
8 Milenio, “Alcalde de Matamoros pide acuerdos para legalizar los carros chocolate en la frontera”. Disponible en https://www.milenio.com/politica/matamoros-alcalde-pide-acuerdos-legali zar-autos-chocolate Consultado el 16 de septiembre de 2021.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2021.
Diputado Brígido Ramiro Moreno Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a autorizar el pago inmediato del laudo ejecutoriado, dictado por la Junta Veintiséis de la JFCA, en Chihuahua, referente de los ex trabajadores jubilados de Ferronales, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El que suscribe, diputado Jorge Álvarez Máynez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente:
Consideraciones
1. Que en 2013, los ciudadanos 1. Álvarez Balderrama Mario, 2. Andrew Andrew Carlos, 3. Benítez Valdiviezo José Antonio, 4. Carrasco Cárdenas Jesús, 5. Corona Bernáldez Jorge Arturo, 6. Escárcega Pillado Manuel, 7. Flores Muñíz Maricela, 8. Flores Prado Jorge, 9. Sara Arreguin Osornio como beneficiaria de Gallegos Heras Efraín, 10. García Cariño Jorge, 11. Carmen Mariscal Torres como beneficiaria de Galván Rodríguez Luis, 12. Celis Gavaldon Federico, 13. González Arciniega Ramón, 14. González Domínguez Juan Manuel, 15. González Mendoza Arturo Guadalupe, 16. María Refugio Cruz Avendaño como beneficiaria de Cruz González Rivera, 17. Hernández Sayder Rubén, 18. Hernández Verdoza Oscar Mario, 19. Iglesias Mejía Tomas, 20. Ledezma García Raúl Armando, 21. Luna Vega José Manuel, 22. Martha Pro Isidoro, 23. Maturin Díaz Cayetano, 24. Maturin Ledezma Sergio, 25. Medina Sanchez Javier, 26. Medrano Peña Evaristo, 27. Méndez Mariscal Adalberto, 28. Méndez Ruiz Benjamín, 29. Méndez Valdéz Jesús José, 30. Medoza Caraveo Raúl Armando, 31. Mendoza Flores Pedro, 32. Montes Córdova Efraín, 33. Montes Cordova Lucio, 34. Montes Gonzalez Rosendo, 35. Morales Villa Alberto, 36. Muñóz Ramos Manuel Elías, 37. María del Refugio Loya Marrufo como beneficiaria de Armando Murillo Castro, 38. Silvia Irasema Villela Mendivil como beneficiaria de José Murillo Castro, 39. Olivares Hermosillo Edgardo, 40. Olivas Lechuga Héctor, 41. Olivas Morales Genaro. 42. Olivas Tena Pablo, 43. Olivas Valdéz Martín, 44. Ortega Ávila Pedro, 45. Ortega Ríos Leonardo, 46. Palma Sotelo Santos, 47. Carmen Rubio Enríquez como beneficiaria de Jesús Enrique Parra Magallanes, 48. Ramírez Martínez Raúl Ramón, 49. Corona Téllez Timoteo, 50. Rocha González Rafael, 51. María Medrano Gameza como beneficiaria de Edmundo Rodríguez Nevárez, 52. Sandoval León Sergio Manuel, 53. Salas Zapata José Ascensión, 54. Torres Gándara Blas, 55. Torres García Feliciano, 56. Torres Vargas Andrés, 57. Torres Vargas Ramón, 58. Villaseñor Ríos Jorge Adolfo, 59. Mojarro Fornelli Roberto, 60. Reyes Guerrero Lorenzo, promovieron una demanda por la vía laboral ante la Junta Especial Veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de Chihuahua, en la cual, principalmente demandaron el pago correcto de las pensiones de jubilación, debiendo integrar diversas prestaciones a éstas.
2. Desahogadas las etapas procesales del juicio mencionado, la Junta del conocimiento dictó un laudo en el cual se condenó a la empresa Ferrocarriles Nacionales de México al pago de las prestaciones demandadas por los actores y regularizar el pago mensual de las éstas. En ese sentido, se desahogaron diversos juicios de amparo en los cuales las resoluciones no beneficiaron a los intereses de la empresa demandada.
3. Ante dicha situación, el laudo en comento ha quedado firme y ejecutoriado, en tal sentido, procede llevar a cabo su ejecución. Al respecto, es importante señalar que la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, se encuentra en liquidación ante el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
4. Bajo ese contexto, el presidente de la Junta Especial del Conocimiento ha dictado diversos autos de ejecución de mandamiento en forma para requerir el pago forzoso del laudo, apercibiendo que en caso de no pagar la cantidad requerida, se proceda al embargo de las cuentas bancarias correspondientes al Fideicomiso liquidador o la empresa en liquidación.
5. A pesar de que se ha requerido en diversas ocasiones el cumplimiento al laudo, se tiene que las cuentas bancarias correspondientes, no cuentan con fondos suficientes, además que el fideicomiso liquidador ha sido renuente en cumplir el laudo en comento.
Por lo que se concluye que, bajo esta negligencia e irresponsabilidad, se afecta directamente el estado de derecho y seguridad jurídica a que aspiramos, y es nuestro deber como representantes populares y autoridades legislativas, cumplir y hacer valer lo que mandata la Constitución.
Por lo expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que dentro de sus facultades y atribuciones, ordene el pago inmediato del laudo ejecutoriado, dictado por la Junta Veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de Chihuahua, correspondiente al expediente 323/2013, en el cual 60 ex trabajadores jubilados de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación, obtuvieron el derecho al pago de diferencias en sus pensiones, así como la regularización de los pagos mensuales de las mismas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 5 de octubre de 2021.
Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a los legisladores y el personal administrativo, de seguridad y resguardo y demás de esta soberanía a respetar a toda persona y evitar comentarios discriminatorios por preferencias sexuales, identidad de género, lugar de residencia o comunidad de pertenencia, suscrita por las diputadas Olga Leticia Chávez Rojas y Salma Luévano Luna, del Grupo Parlamentario de Morena
Las suscritas, Olga Leticia Chávez Rojas y Salma Luévano Luna, diputadas federales de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados, presentan a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La noción de derechos humanos es un producto de la inmediata segunda posguerra. Su adopción supuso cambiar la noción de respeto dirigido a “lo interno” hacia un deber internacional de respetar la libertad y la dignidad de todas las personas, en condiciones de igualdad, sin discriminación, con alcance universal y la consiguiente responsabilidad internacional por la violación no reparada.
La igualdad es lo que marca la diferencia entre el concepto de derechos humanos y otros que pudieran asemejarse. Los seres humanos nacemos siendo simplemente seres humanos, pero miles de factores físicos y sociales generan diferencias entre nosotros . Lo interesante de la noción de derechos humanos consiste en acudir a la herramienta legal para igualarnos. El derecho es el que expresa la decisión política de que esto sea así. Es decir, que en el respeto a la diferencia se consagra la igualdad.
Es en ese contexto que como diputadas, que representamos dos sectores de las minorías sociales, evidenciamos que la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados es, quizás, la legislatura más diversa y abierta a las minorías como ninguna antes había habido. En esta legislatura, las comunidades de migrantes, las comunidades indígenas, las comunidades LGBT+, las comunidades con alguna discapacidad y las comunidades de mujeres y jóvenes están representadas.
Este resultado, sin duda, es producto de una lucha social de inclusión, justicia y valor de quienes nos han precedido y de una innumerable cantidad de actores sociales que han dado pauta a que los derechos humanos de cualquier persona se respeten.
En ese tenor, un lugar donde las leyes se revisan, se elaboran y se comunican a la sociedad; y, un lugar que pretende salvaguardar el estado de derecho de todo mexicano y toda persona que esté en el territorio nacional, debe ser el primer lugar y la primera instancia donde se proteja la integridad y los derechos humanos de cualquier persona, independientemente de su religión, sexo, preferencia sexual, identidad de género, estatus migratorio, raza, comunidad de pertenencia o cualquier otro distintivo o etiqueta social adquirida.
Entonces, sería lamentable que, en el lugar donde se procura el estado de derecho, la defensa de los derechos humanos y se salvaguarda la igualdad y todo lo que implica, se violen cada uno de éstos.
Razones puede haber algunas, por ejemplo, machismos conscientes o inconscientes; el desarrollo histórico de discriminación a lo diferente. El heteropatriarcado misógino que no acepta lo diferente y/o simplemente el desconocimiento de la tolerancia a la diversidad.
Por ello mismo, presentamos esta exhortación con punto de acuerdo, dirigido al Comité de Ética de esta honorable soberanía, pues hemos sabido, visto y escuchado de algunos comentarios y burlas discriminatorias para quienes representan la diversidad durante esta legislatura.
Vale la pena aclarar que, esta moción, de ninguna manera es cerrada hacia los y las diputadas; sino hacia cualquier persona que, por el hecho de ser persona, merece ser respetada y salvaguardada en cuanto a su integridad.
Lamentablemente, los cambios paradigmáticos de conductas aprendidas culturalmente conllevan tiempo; es decir, no se transita inmediatamente de un lugar a otro; sin embargo, marcar los precedentes para que, este tipo de acciones dejen de ocurrir, resulta mayúsculo y prioritario en esta legislatura de la diversidad.
Por ello mismo, proponemos que se haga algún tipo de campaña de concientización sobre la inclusión, respeto y tolerancia en la honorable Cámara de Diputados y que su eco llegue a cada una de las personas que laboran en ella. Desde el personal de intendencia hasta los 500 diputados. Que sea obligatorio para personal de seguridad y resguardo como para el personal administrativo.
Cada una de estas acciones devendrán en una apertura de respeto a lo diverso, de tolerancia hacia “los otros” y de aceptación hacia lo diferente. Acciones que, sin duda, forman parte del desarrollo integral de la persona, coadyuvan en el crecimiento social y afirman y exaltan los valores éticos adheridos a nuestra cultura.
Asimismo, y dada las implicaciones en la vida diaria de la Cámara de Diputados, sería sumamente loable que la referida comisión planteara este tipo de campañas de concientización para que, al finalizar esta legislatura, después de tres años, tengamos servidores públicos más abiertos a la sociedad del siglo XXI y abiertos sobre todo a la persona y los derechos que le son inherentes.
Finalmente, y sin ánimo de convertir a nuestra amable soberanía en una cacería contra el personal, que se levantara algún tipo de “llamado de atención” a cualquier persona que labore dentro de la Cámara de Diputados, incluyendo a cada uno y una de las legisladoras, que sea sorprendido haciendo alusión, comentarios o burlas hacia lo anteriormente expuesto. Ello para garantizar que las campañas no terminarán en la burla o actos expresos de violencia contra lo diferente.
En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestos, proponemos a consideración de esta H. Soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero . La honorable Cámara de Diputados exhorta al Comité de Ética de esta amable soberanía para que realice una campaña de concientización y respeto hacia los grupos históricamente minoritarios y, de modo general hacia lo diverso, con el objetivo de evitar comportamientos o comentarios discriminatorios contra cualquier persona que labore y/o esté dentro de las instalaciones de la Institución.
Segundo . La honorable Cámara de Diputados exhorta al Comité de Ética de esta amable soberanía para que proponga a la Mesa Directiva algún mecanismo para erradicar los comportamientos misóginos, discriminatorios o burlas hacia cualquier persona de que esté dentro del Palacio Legislativo; asimismo, que considere las sanciones pertinentes para que se obtengan resultados visibles en el corto y mediano plazo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2021.
Diputadas: Olga Leticia Chávez Rojas, Salma Luévano Luna (rúbricas).Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Bienestar a transparentar la cobertura y metodología del censo levantado para detectar a la población que sufrió daños por el huracán Grace en la Sierra Norte de Puebla, a cargo de la diputada Esther Martínez Romano, del Grupo Parlamentario del PT
Quien suscribe, Esther Martínez Romano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en las fracciones I del artículo 6 y I y V del Apartado 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Bienestar a transparentar la cobertura y metodología relativa al censo realizado para detectar a la población que sufrió daños en sus hogares y bienes personales con motivo del paso del huracán Grace en la Sierra Norte de Puebla; asimismo, a ampliar el censo para atender a los pobladores que no pudieron ser censados por la premura de la emergencia, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 21 de agosto pasado, el huracán Grace impactó con categoría 3 los estados de Veracruz, Hidalgo y Puebla, si bien se degrado rápidamente al tocar las costas veracruzanas, causo fuertes lluvias en los tres estados
Además de provocar grandes pérdidas materiales, causó la muerte de 11 personas, 6 en Veracruz y 5 en Puebla.
En Puebla, Grace ocasionó daños a viviendas ubicadas en la sierra norte del estado, casas inundadas, afectadas por los deslaves y viviendas destechadas por los fuertes vientos provocados por el fenómeno meteorológico.
Además, los pobladores soportaron la pérdida de sus bienes y pertenencias (colchones, algunos electrodomésticos, animales y cultivos). Según datos del gobierno del estado, el número de viviendas damnificadas fue de 20 mil, ubicadas en 28 municipios de las Sierras Norte y Nororiental del estado.
Para atender la emergencia, el gobierno del Estado de Puebla, a través de su Secretaría de Desarrollo Rural, comenzó con la entrega de apoyos de indemnizaciones a productores de las más de 43 mil hectáreas afectadas en 68 municipios de la Sierra Norte del estado.
A pesar del anuncio hecho por la Secretaría de Bienestar en su página oficial para informar a la ciudadanía de las zonas afectadas los días en que llevaría a cabo el censo de damnificados por el huracán Grace , son muchos los ciudadanos que se han acercado a la diputación a mi cargo para denunciar que los censadores nunca acudieron a los poblados a realizar el levantamiento de información de daños entre los pobladores, en este sentido, han solicitado nuestra intervención para buscar la posibilidad de que la Secretaría de Bienestar realice un nuevo censo para incluir a la población que fue dejada fuera del censo realizado a finales del pasado mes de agosto.
De igual manera, he recibido denuncias de muchos ciudadanos que dicen haber sido censados, contar con su registro y folio, y –sin embargo– denuncian haber sido marginados de los programas de apoyo. Así lo demuestra el reportaje “Secretaría del Bienestar revisará casos de damnificados por Grace que acusan exclusión”, publicado el pasado 20 de septiembre por La Jornada de Oriente.
La Secretaría del Bienestar no ha eliminado a damnificados por el huracán “Grace” que fueron censados y registrados en los padrones de apoyo por el desastre que ese huracán dejó a su paso por la Sierra Norte de Puebla, aseguró Benjamín García Vázquez, director de la Región 10 de la dependencia en la entidad, con cabecera en Teziutlán.
En una entrevista vía telefónica realizada este fin de semana, el funcionario federal dio respuesta a la denuncia publicada en esta casa editorial, respecto a la presunta marginación de las listas de damnificados de casi una treintena de afectados por el meteoro la junta auxiliar de San Miguel Tzinacapan, perteneciente al municipio de Cuetzalan del Progreso, quienes incluso cuentan con los folios que avalan que fueron incluidos en las nóminas de los beneficiarios que deben recibir un apoyo de 35 mil pesos para reparar los daños a sus propiedades.
García Vázquez explicó que los protocolos y mecanismos establecidos por el gobierno de la República no permiten desvíos u otro tipo de anomalías, pero no descartó que la omisión de los damnificados en cuestión se haya debido a un error, sin dolo, y aseguró que ser revisará cada uno de los casos para aclarar la situación.
Añadió que el censo tuvo que realizarse con la rapidez que demandaba la atención a la emergencia y que en su realización participaron no solo servidores de la nación sino también personal de programas como Sembrando Vida y otros, para hacer las visitas in situ a los damnificados y avanzar con la mayor velocidad posible en el registro de datos.
Por esa razón, el coordinador dijo que pudieron generarse yerros al momento de la captura de información, pero aseguró que cualquier mal entendido será sujeto a revisión para que los errores sean solventados.
“Lo que sí puedo afirmar es que no hubo un rasurado del padrón, eso de ninguna manera sucedió, es una mentira”, aseveró García Vázquez.
Al preguntarle por qué a los damnificados que tienen su folio, pero no aparecen en las listas de beneficiarios se les impidió estar presentes en una asamblea informativa celebrada el pasado 14 de septiembre en San Miguel Tzinacapan, el funcionario federal respondió que probablemente esa fue una decisión tomada por quienes organizaron el acto para agilizar los procedimientos de pago, pero que no hay opacidad y mucho menos actos de corrupción.
De igual manera, se han presentado protestas de habitantes por no haber sido incluidos en el censo de damnificados por el paso del huracán Grace, demandan ampliar el censo para ser beneficiados en el programa de apoyo que implemento la Secretaría de Bienestar para hacer frente a la emergencia.
Por lo antes señalado, el presente punto de acuerdo pide exhortar a la Secretaría de Bienestar para que transparente la cobertura y metodología implementada en la realización del censo para identificar a los damnificados del huracán Grace en la Sierra Norte de Puebla.
Asimismo, para que la Secretaría de Bienestar realice un nuevo censo para incluir a los damnificados que por la premura de la emergencia no hubieran sido censados para el otorgamiento de apoyos.
Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Bienestar, a transparentar la cobertura y metodología relativa al censo realizado para detectar a la población que sufrió daños en sus hogares y bienes personales, con motivo del paso del huracán Grace en la Sierra Norte de Puebla.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Bienestar a ampliar el censo realizado para atender a los pobladores que no pudieron ser censados por la premura de la emergencia, con motivo del paso del huracán Grace en la Sierra Norte de Puebla.
Referencias
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20210823-con firman-tres-muertos-m%C3%A1s-en-m%C3%A9xico-tras-paso-de-grace-y-suman- 11
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/08/21/sube -a-9-la-cifra-de-muertos-por-paso-de-grace-deja-graves-afectaciones-en- veracruz/
https://puebla.gob.mx/index.php/noticias/item/6495-inici a-sdr-entrega-de-apoyos-a-productores-afectados-por-huracan-grace
https://www.gob.mx/bienestar/prensa/abre-bienestar-sitio -para-consultar-censo-a-poblacion-afectada-por-grace-en-veracruz?idiom= es
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548402&f echa=18/01/2019
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/secretaria- del-bienestar-damnificados-grace-exclusion/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2021.
Diputada Esther Martínez Romano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al SAT a investigar y verificar a los mexicanos en la indagación Papeles de Pandora, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito, diputado Salvador Caro Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
El martes 3 de agosto de 2021 se dio a conocer en todo el mundo, a través de reputados medios de comunicación internacionales y nacionales, los primeros resultados de una investigación efectuada por más de dos años por parte de 600 periodistas de 117 países bajo la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), por sus siglas en inglés, y que se engloba con el nombre de Papeles de Pandora, por la cual se analizaron 11.9 millones de documentos confidenciales filtrados, que dan cuenta de la creación de sociedades offshore (ubicadas fuera de los límites nacionales) por parte de 14 despachos de abogados especializados, que beneficiaron a decenas de miles de personas, particularmente integrantes de las élites económicas y políticas de diversos países del mundo.
Entre los documentos analizados se encuentran hojas de texto, hojas de cálculo, correos electrónicos o imágenes, actas de constitución, registros de accionistas, facturas, pasaportes, diarios de viaje, entre otros, que dan fiel reflejo de la cara oscura de las finanzas internacionales y revelan la forma de funcionar de los paraísos fiscales y los medios y personas que actúan como puente para llegar a estas jurisdicciones. La filtración señala a más de 27 mil compañías creadas entre 1971 y 2018, y a casi 30 mil de sus beneficiarios.1
Desafortunadamente, México no está exento de este escándalo mundial; a través de la investigación Papeles de Pandora, se revela que al menos 3 mil 47 clientes, son ciudadanos mexicanos o tienen direcciones en el país, los cuales abrieron cuando menos mil 913 entidades secretas en paraísos fiscales, las cuales consistieron en mil 241 empresas, 72 fundaciones y 600 fideicomisos. Los despachos que ayudaron a los mexicanos a crear las sociedades fueron: Alemán Cordero, Galindo & Lee; Overseas Manegement Company; Asiaciti Trust Asia Limited; Alpha Consulting Limited, DAD Law, Fidelity Corporated Services Limited; SFM Corporate Services; CIL Trust International Inc; y Trident Trsut Company Limited. Las sociedades creadas asociadas con mexicanos se encuentran en 22 jurisdicciones entre las que podemos mencionar Antillas, Bahamas, Belice, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, entre otras.2
Entre los mexicanos señalados de crear las sociedades offshore señaladas en la investigación denominada Papeles de Pandora, se encuentran personas pertenecientes a la élite económica del país, esto es, lo más ricos de entre los ricos, así como políticos y servidores públicos de la actual administración federal y de anteriores administraciones.
Es ampliamente conocida la utilización de los paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos; de igual manera, la evasión fiscal ha tenido una relación consistente con los delitos de lavado de dinero y fraude. En este sentido, aunque en el ámbito internacional, México ha firmado 45 tratados con distintos países con el objetivo de establecer medidas conjuntas en materia de tributación de impuestos al ingreso y al patrimonio para evitar la doble imposición fiscal y la evasión fiscal3 , es claro que esta figura, también conocida como elusión fiscal, sigue siendo utilizada por personas pertenecientes a las élites del poder y del dinero que, valiéndose de recursos a los que tienen acceso por su situación privilegiada, causan grave daño a la hacienda pública, como da cuenta lo revelado por la investigación internacional Papeles de Pandora.
En este sentido, el Código Penal Federal dispone en su artículo 400 Bis que “se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que, por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas”: 1) “adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita”; o, 2) “oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita”. El mismo artículo señala que “se entenderá que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia; de igual manera, la norma señala que cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre elementos que permitan presumir la comisión de alguno de los delitos referidos en este capítulo, deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación que le confieren las leyes y denunciar los hechos que probablemente puedan constituir dichos ilícitos”.
De igual manera, el Código Fiscal de la Federación señala en su artículo 108 que “comete el delito de defraudación fiscal quien, con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. La omisión total o parcial de alguna contribución señalada en la ley y que comprende, indistintamente, los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio, en los términos de las disposiciones fiscales. Igualmente, el articulo señala que el delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, se podrán perseguir simultáneamente. Se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
En este orden de ideas, la Ley Orgánica del Servicio de Administración Tributaria señala en su artículo 7 fracción VI, que entre las facultades del Servicio de Administración Tributaria se encuentra solicitar y proporcionar a otras instancias e instituciones públicas, nacionales o del extranjero, el acceso a la información necesaria para evitar la evasión o elusión fiscales, de conformidad con las leyes y tratados internacionales en materia fiscal y aduanera.
Por otra parte, de acuerdo al decreto que reforma el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2004 y por medio del cual se crea la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señala en el artículo 15, fracción I, inciso a) “que compete a la Unidad de Inteligencia Financiera, proponer y emitir opinión a las demás unidades administrativas de la Secretaría sobre las disposiciones de carácter general que, en términos de la legislación aplicable, ésta deba emitir en relación con el establecimiento de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 139 del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código”.
En este sentido el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Abogado Santiago Nieto Castillo, ante la conmoción global de la opinión pública nacional e internacional ante los resultados divulgados por la investigación denominada Papeles de Pandora y la revelación de nombres de mexicanos prominentes de la esfera pública y privada implicados, señaló el domingo 3 de octubre pasado en su cuenta oficial de twitter que la Unidad de Inteligencia Financiera ya inició la investigación en México y señala textualmente: “insistimos que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales”4 .
Por lo anterior, las diputadas y los diputados que integramos el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano exigimos que las autoridades competentes realicen las investigaciones para deslindar las responsabilidades y, si es el caso, se aplique todo el peso de la ley de comprobarse la comisión de delitos por parte de las personas o empresas de origen mexicano señaladas en la investigación Papeles de Pandora.
Por lo expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que instruya al Servicio de Administración Tributaria para que, conforme a sus atribuciones legales, inicie las investigaciones y verifique que las personas de nacionalidad mexicana y las empresas con dirección en México señaladas en la investigación denominada Papeles de Pandora dada a conocer por medios periodísticos nacionales e internacionales y realizada bajo la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, han cumplido a cabalidad con las obligaciones fiscales y legales señaladas en la legislación en la materia, y en su caso se deslinden las responsabilidades y consecuencias jurídicas que correspondan.
Segundo. La Cámara de Diputados solicita al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, que, con base en sus atribuciones legales, haga pública la información sobre los resultados de la investigación iniciada por la Unidad a su cargo, una vez que ésta concluya, a partir de la investigación denominada Papeles de Pandora revelada por medios periodísticos nacionales e internacionales y realizada bajo la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Notas
1 Consulta https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-03/que-son-los-papeles-de-pan dora-diez-claves-para-entender-la-investigacion.html
2 https://quintoelab.org/project/pandora-papers-millonarios-empresarios-m exico
3 http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4338/C uaderno%20de%20Investigaci%C3%B3n%2055.pdf?sequence=3&isAllowed=y
4 https://twitter.com/SNietoCastillo/status/1444722459639431170?s=20
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2021.
Diputado Salvador Caro Cabrera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a in de exhortar a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de esta soberanía a realizar acciones para restringir la compra y el empleo de productos plásticos desechables de un solo uso y explorar la utilización de biodegradables o materiales como vidrio en las actividades parlamentarias, a cargo del diputado Arturo Roberto Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena
Como integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracciones I, y 79, numeral 2, II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este honorable pleno la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de motivos
La Cámara de Diputados debe adquirir un compromiso firme con el medio ambiente, el uso de plásticos y otros productos de un solo uso abonan a contaminar nuestro entorno, por lo que resulta fundamental se realicen las acciones necesarias a fin de restringir la compra y el uso de productos plásticos desechables de un solo uso, y explore al mismo tiempo la utilización de productos biodegradables o materiales como el vidrio en las actividades legislativas, con objeto de establecer mejores prácticas en el Palacio Legislativo que procuren el cuidado de la salud y el ambiente, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El tratamiento integral de los residuos sólidos de diversos manejos es de reciente abordaje en nuestras legislaciones y políticas públicas nacionales, a la par de los avances en materia de sistematización de los haberes ambientales en los tratados internacionales, exige una mirada que complemente los esfuerzos y fortalezca las acciones preventivas.
Esto es, el cambio y la toma de conciencia que mercado, sociedad y Estado han propiciado para disminuir los impactos ambientales de los residuos sólidos, traducidos, entre otras soluciones, en su adecuada separación en el hogar, los centros de trabajo y la industria, o en campañas para sensibilizar la no utilización de productos dañinos al medio ambiente, tal como lo demuestra el esfuerzo que ha emprendido la Semarnat con la campaña Sin Popote está Bien.
En el recinto de esta Cámara de Diputados y de sus áreas administrativas se utiliza una gran cantidad de botellas, vasos y demás artículos fabricados con polietileno y polipropileno de un solo uso, esto se encuentra en contraposición a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, misma que en el artículo 17 Bis establece: La administración pública federal, el Poder Legislativo y el Poder Judicial de la Federación, expedirán los manuales de sistema de manejo ambiental que tendrán por objeto la optimización de los recursos materiales que se emplean para el desarrollo de sus actividades con el fin de reducir costos financieros y ambientales.
En la actualidad ya no es suficiente la separación, clasificación y reciclaje de plástico. Si queremos comprometernos con el esfuerzo colectivo ambiental, debemos incidir mayormente al evitar su uso y ser ejemplo para la sociedad.
En México el “90 por ciento de la basura es material plástico de diversos tipos: polietileno, bolsas de plástico y celofán, botellas de refresco y agua. Y polipropileno, plásticos duros, como tapas de botella y popotes.
Además de ello, se consumen más de 650 bolsas por persona al año y su promedio de uso es de 12 minutos, para después ir a parar a los cuerpos de agua, generando una severa contaminación plástica y provocando la muerte de miles de animales marinos, ya sea por su consumo o por quedar atrapados en ellas.”1
No menos importante es mencionar que “desde 1950 hasta la actualidad se han fabricado alrededor de 8.3 mil millones de toneladas de plástico. La producción global de este material se ha disparado en los últimos 50 años. Anualmente se producen más de 311 millones de toneladas a escala mundial. De hecho, algunas estimaciones señalan que para 2020 la producción de plástico superará 500 millones de toneladas, lo que implicaría un incremento de 900 por ciento comparado con 1980.
Este escenario se agrava con este dato: 90 por ciento del plástico generado en el mundo se deriva de recursos no renovables y, por tanto, su lento proceso de degradación genera daños considerables al ambiente y la salud de los seres humanos. Desafortunadamente, sólo 14 por ciento de estos plásticos se recoge para su reciclaje.”2
El tema en nuestro país también ha alcanzado circunstancias no favorables. “De acuerdo con la Asociación Nacional de Industriales del Plástico, en México hay 4 mil empresas en el sector manufacturero de este material. La producción de plástico en el país se estima anualmente por encima de 600 mil toneladas, representando un incremento de 60 por ciento en los últimos 5 años.
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) señala en el cuarto párrafo del artículo 4o.: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud (...)” y agrega, en el quinto párrafo del citado artículo, que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho (...)”.
Que además del reconocimiento constitucional que se les otorga a los derechos a la salud y al medio ambiente sano, existe una obligación por parte de las instituciones del Estado mexicano para garantizar la protección efectiva de estos derechos humanos.”3
Esta obligación resulta aún más evidente si nos remitimos al contenido del artículo 1o. de la CPEUM: “En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte (...)”. Además, “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad (...)”.4
Es necesario que la Cámara de Diputados, en el ámbito de sus competencias, “realice una serie de acciones concretas para restringir el uso de productos plásticos en sus instalaciones, sobre todo los plásticos denominados de un solo uso.
Acciones como éstas, contra los productos plásticos, tienen como objetivo promover buenas prácticas en la Cámara de Diputados. Sin duda, es necesario que se explore la posibilidad de utilizar vidrio o materiales biodegradables en los utensilios y productos que sean requeridos en las instalaciones de esta soberanía, en especial durante el desarrollo de la actividad legislativa como la sesión del pleno o de las comisiones legislativas.
Los mares se están convirtiendo “en los grandes basureros del mundo. De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 13 millones de toneladas de plástico terminan en estos ecosistemas cada año, lo que genera severos daños a la flora y la fauna marina.
Dicha campaña pretende informar a la población sobre las afectaciones que las personas hemos causado a los océanos. Asimismo, exhortar a un cambio de hábitos de consumo para detener la contaminación por plásticos de un solo uso.”5
La Semarnat “recientemente lanzó la campaña protección de los océanos, mares y costas de México, con el propósito de que la sociedad en general tome conciencia de la importancia de cuidar y proteger nuestros recursos marinos contra una de las principales amenazas que actualmente enfrentan, la contaminación por plásticos de un solo uso.”6
Como en legislaturas anteriores, los diputados de la LXV Legislatura debemos cumplir con la obligación constitucional de proteger el ambiente y la salud de los mexicanos.”7 Además, para el Grupo Parlamentario de Morena, “el cuidado del ambiente es un compromiso prioritario con los ciudadanos.”8
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta asamblea, la aprobación de los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. - La Cámara de Diputados instruye a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para que realice las acciones necesarias, a fin de restringir la compra y el uso de productos plásticos, principalmente los denominados como artículos plásticos desechable de un solo uso; y se sustituya por la utilización de productos biodegradables o materiales como el vidrio, con el objeto de establecer mejores prácticas dentro del Palacio Legislativo que procuren el cuidado de la salud y el ambiente.
Segundo. - La Cámara de Diputados instruye a la Coordinación de Comunicación Social de esta Cámara implemente una campaña interna de difusión permanente enfocada a dejar de utilizar productos plásticos desechables de un solo uso.
Notas
1 Versión estenográfica de la sesión ordinaria del jueves 4 de octubre de 2018, Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXIV Legislatura.
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/1 0/asun_3746726_20181004_1539032773.pdf
2 http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/10/asun_3746726_ 20181004_1539032773.pdf
González Vergara, David; Massimi Revelo, Santiago; Medina Montes, Areli; y Sánchez López, Alinari. Producción y consumo sustentable de bolsas plásticas, Careintra e ITESO, julio de 2010
3 http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/10/asun_3746726_ 20181004_1539032773.pdf
4 http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/10/asun_3746726_ 20181004_1539032773.pdf
https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/consumismo/pl asticos/datos-s obre-la-produccion-de-plasticos/
5 Versión estenográfica de la sesión ordinaria del jueves 4 de octubre de 2018, Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXIV Legislatura.
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/1 0/asun_3746726_20181004_1539032773.pdf
6 Versión estenográfica de la sesión ordinaria del jueves 4 de octubre de 2018, Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXIV Legislatura.
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/1 0/asun_3746726_20181004_1539032773.pdf
7 http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/10/asun_3746726_ 20181004_1539032773.pdf
8 http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/10/asun_3746726_ 20181004_1539032773.pdf
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2021.
Diputado Arturo Roberto Hernández Tapia (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Puebla a verificar por la Secretaría de Movilidad y Transportes el cumplimiento en el cobro de tarifas aplicado a los ciudadanos por concepto de arrastre y depósito de vehículos en los corralones, a cargo de la diputada Esther Martínez Romano, del Grupo Parlamentario del PT
Quien suscribe, Esther Martínez Romano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en las fracciones I del artículo 6 y I y V del Apartado 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo para exhortar al gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Movilidad y Transportes, a verificar el cumplimiento en el cobro de tarifas, que se aplica a los ciudadanos, por concepto de arrastre y depósito de vehículos en los corralones de Puebla y sus municipios; y a la Secretaría de la Función Pública, a investigar las denuncias ciudadanas respecto a los abusos cometidos por el personal a cargo de los de corralones de Puebla y sus municipios, a fin de aplicar las sanciones administrativas que correspondan y, en su caso, presentar las denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Puebla, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde hace ya mucho tiempo, los poblanos hemos tenido que padecer el abuso por el excesivo cobro por arrastre de grúa y depósito vehicular en los corralones de Puebla.
El Congreso del estado ha buscado atender la grave corrupción que impera en los corralones del estado, así desde junio de 2019, se aprobó un exhorto a la Secretaría de Movilidad y Transportes, para que publicará las tarifas por arrastre para traslado y depósito de vehículos de transporte privado, público y mercantil, en los corralones de Puebla. Al respecto, la Comisión de Transporte y Movilidad del Congreso estatal aprobó los siguientes resolutivos:
Primero. se exhorta a la Secretaria de Infraestructura, Movilidad y Transportes, establezca las tarifas máximas para las empresas dedicadas a la prestación de servicios mercantil de grúas, arrastre y salvamento, así como los servicios auxiliares de traslado y depósito de vehículos de transporte público mercantil.
Segundo. Se exhorta a la Secretaria de Infraestructura, Movilidad y Transportes, publique el tabulador del cobro de cuotas debidamente actualizado y desagregado.
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Trasportes, publiquen los sistemas de control de información de los permisionarios, así como los sancionados por incumplir la norma en materia de arrastre y salvamento, traslado y depósito de vehículos.
Cuarto. Se exhorta a la Secretaria de Infraestructura, Movilidad y Transportes, implemente el uso de las nuevas tecnologías y hagan factible el consultar las tarifas por la prestación de servicio mercantiles de grúas, arrastre y salvamento, así como auxiliares de traslado y depósito de vehículos de transporte público mercantil, para calcular el cobro que se deba pagar por determinadas maniobras.
A fin de terminar con los abusos cometidos por el servicio de arrastre y depósito vehicular, el 9 de diciembre de 2019, el Congreso del estado aprobó la iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal para reformar la fracción VII del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, a fin de facultar a la Secretaría de Movilidad y Transporte para establecer las tarifas mínimas y máximas a los servicios de arrastre de grúa; quedando como sigue:
Artículo 42 A la Secretaría de Movilidad y Transporte le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
VII. Diseñar y establecer las políticas y criterios para el establecimiento de rutas, itinerarios, horarios y tarifas de transporte, así como tarifas para el arrastre, arrastre y salvamento, traslado y depósito de vehículos, autorizando, modificando, cancelando y verificando su correcta aplicación ;
Con ello, el 6 de febrero de 2020, se publicaron las tarifas para el cobro del servicio de grúas y corralones en el estado de Puebla, el tabulador fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, en el mismo, se detalla el costo del kilómetro de arrastre, banderazo de salida, maniobras de salvamento y el de abanderamiento, entre otros, las tarifas se cuantifican en unidades de medida de actualización.
Hasta entonces, uno de los problemas que padecían los ciudadanos, era no saber con claridad y precisión cuanto debería pagar por el servicio de arrastre o salvamento de un vehículo, situación que aprovechaban las empresas de grúas para establecer unilateralmente las tarifas, mismas que resultaban excesivas.
El acuerdo del secretario de Movilidad y Transporte del estado, por el que determina las tarifas máximas para el cobro por los servicios de Transporte Auxiliar de Arrastre, Arrastre y Salvamento, y Depósito de Vehículos para el Estado de Puebla, establece las siguientes tarifas:
A pesar de que hoy ya se encuentra debidamente regulado el cobro de tarifa para el servicio de grúa, continúan persistiendo el cobro de tarifas excesivas por el arrastre o rescate de vehículos. Así lo siguen denunciando ciudadanos que han sido sorprendidos por los que prestan el servicio de grúas en Puebla.
Prueba de lo anterior es la nota publicada en Milenio Puebla el pasado 16 de junio “Poblanos, entre pagar corralón o dejar su auto por altas tarifas”, donde se dan a conocer varias denuncias ciudadanas contra el servicio que prestan las grúas en el Estado.
Ejemplo de ello es Fernando Paredes Espinosa, quien refirió a MILENIO Puebla que en diciembre del 2020 se vio involucrado en un accidente vial, por lo cual tuvo la necesidad de aceptar un servicio de grúa.
Iba manejando sobre el Periférico Ecológico, pero por una distracción di un golpe de alcance a otro coche. Como el otro conductor tenía seguro todo lo arregló su ajustador con la autoridad y con una grúa que se lo llevó del lugar, pero yo no contaba con seguro en ese momento, así que acepté el arrastre de una grúa, que yo no sé quién llamó o cómo se enteró del choque” refirió Fernando, quien sin preguntar costos aceptó que su auto fuera trasladado por el servicio privado que pertenecía a la zona de San Andrés Cholula.
La sorpresa del ciudadano fue cuando notó que su vehículo no llegaba al punto acordado: “A mí no me dejaron viajar en la grúa, ni en mi auto, así que me moví por mi cuenta, pero cuando llegué a donde haríamos todo el papeleo, mi coche no llegaba. Tardó más o menos 30 minutos en llegar después de mí y si ya estaba molesto, cuando me dijeron el costo terminé de enojarme”. Lo anterior, pues el operador de la grúa le aseguró que la cuota era de 800 pesos por un servicio de menos de cuatro kilómetros.
Ante la negativa de pagar una cuota que el ciudadano consideró como exagerada, el servicio de grúas procedió a mover su auto hacia su propio corralón, donde después de tres días, tras haber cubierto los gastos del accidente vehicular, decidió ir a liberar su automóvil. Sin embargo, le informaron que su auto ya debía un total de 2 mil 600 pesos, ello por dos arrastres (el de su traslado del Periférico a las oficinas de Tránsito y el de las instalaciones del municipio hacia el corralón privado), el uso de suelo y tres días de estancia, sin desglosarle el costo particular de cada servicio.
A final de cuentas tuve que pedir un préstamo para sacar mi coche. Tenía miedo de que cuando ya fuera por él, la cuenta ya estuviera súper alta, pero sí quedé muy molesto porque ni siquiera fue un servicio que yo eligiera, simplemente llegaron a decirme que ellos trabajaban en esa zona y engancharon mi coche.
De igual manera, en el portal de noticias Lado B, en el reportaje “Denuncian abusos en cobros por arrastre de grúas en Puebla”, publicado el pasado 18 de mayo, una ciudadana se queja de los abusos cometidos por el personal del corralón donde fue remitido su vehículo
Al cabo de tres horas fue atendida, le revisaron sus papeles, le condonaron la multa y la mandaron a recoger su auto a Grúas Agrupadas de Puebla, en Avenida San Lorenzo 804, San Lorenzo Chachapa. Ahí, la hicieron pasar a una casetita y le preguntaron dónde le había quitado el auto.
–Frente al CIS de Angelópolis –contestó.
–Son mil 500 –le dijo el hombre a cargo.
–Pero si el máximo es de 650 –reclamó ella.
–Ése es el costo del arrastre, además el kilometraje: son 40 kilómetros de Angelópolis para acá, y las noches de corralón.
–Pues bueno, ¿me puede dar mi recibo?
–No nos permiten dar ningún tipo de comprobante.
–¿Y si quiero factura?
–Tiene que pagar el IVA aparte.
Pero Viridiana no llevaba más dinero para el IVA, así que resignada agarró su auto y se fue. Sin embargo, ella no debió pagar mil 500 sino mil 192.18.
De acuerdo con el tarifario de la Secretaría de Movilidad y Transporte publicado en febrero de este año, donde se determinan las tarifas para el cobro de arrastre y depósito de vehículos de Puebla, por un auto Chevy Pop, como el de Viridiana, el pago tendría que haber sido de 528.7 pesos por el banderazo, más 18.8 por cada kilómetro recorrido. Y aunque le dijeron que eran 40 kilómetros, según Google Maps desde el CIS hasta la dirección exacta del corralón son máximo 30.3; es decir, serían 565.88 pesos, más 97.6 por 2 noches, lo que da un total de mil 192.18.
En vista de que siguen persistiendo los abusos de las empresas de grúas y los corralones, es que el presente punto de acuerdo busca exhortar a las Secretarías de Movilidad y Transporte y de la Función Pública, ambas del Estado de Puebla, para que verifiquen la correcta aplicación de las tarifas aprobadas para el servicio de grúa y se investiguen los abusos denunciados por ciudadanos respecto del cobro del servicio de arrastre y depósito de vehículos.
Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Movilidad y Transportes, a verificar el cumplimiento en el cobro de tarifas, que se aplica a los ciudadanos, por concepto de arrastre y depósito de vehículos en los corralones del estado y sus municipios.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhortar al gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de la Función Pública a investigar las denuncias ciudadanas respecto de los abusos cometidos por el personal a cargo de los de corralones de Puebla y sus municipios, a fin de aplicar las sanciones administrativas que correspondan y en su caso, presentar las denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Puebla.
Referencias
https://www.tyt.com.mx/nota/aprueban-en-puebla-exhorto-p ara-fijar-tarifas-de-gruas
file:///C:/Users/satelitea135/Downloads/Acta_Transportes _del_12_de_junio_de_2019.pdf
https://vcnnoticias.com/barbosa-envia-iniciativa-de-ley- que-regulara-gruas-y-corralones
http://periodismohoy.com/congreso-establecera-tarifas-se rvicio-de-gruas/
http://periodicooficial.puebla.gob.mx/media/k2/attachmen ts/T_4_06022020_Canon.pdf
https://www.milenio.com/politica/comunidad/poblanos-paga r-corralon-dejar-auto-altas-tarifas
https://www.ladobe.com.mx/2020/05/denuncian-abusos-en-co bros-por-arrastre-de-gruas-en-puebla/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2021.
Diputada Esther Martínez Romano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Guerrero, la Segob, la FGEG, la Conavim y el INE a implantar medidas de protección en favor de la ciudadana Ruperta Nicolás Hilario, víctima de violencia de género, a cargo de la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, Amalia Dolores García Medina, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo , con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
En sesión pública del 29 de septiembre del presente año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sentó un precedente para la erradicación de la violencia política en razón de género; así, en una sentencia histórica anuló la elección del ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, por acreditarse violencia política en razón de género. El pleno de la Sala Superior, con 6 votos a favor, determinó anular la elección por la acreditación de violencia de género contra la candidata Ruperta Nicolás Hilario, de Movimiento Ciudadano.1
Al respecto, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, expuso “que la controversia surgió de la pinta de al menos 14 bardas y espectaculares en donde se escribieron frases ofensivas, denigrantes y brutales en alusión a la víctima, así como a las mujeres en manera general con la intención de denostarlas y menoscabar su capacidad para gobernar por el solo hecho de ser mujeres”2 .
Esta sentencia marca un precedente histórico para las mujeres en la lucha contra violencia política de género, sin embargo, en la Montaña de Guerrero donde se encuentra el ayuntamiento de Iliatenco, las mujeres indígenas se tienen que enfrentar constantemente a desigualdades, violencia y discriminación.
Durante su gestión como presidenta municipal (2018-2021) de Ruperta Nicolás Hilario, ya había denunciado violencia en su contra, por lo que, no es la primera vez que se encuentra en estado de vulnerabilidad por su condición de mujer indígena. No obstante, la violencia durante la campaña electoral no paró, pues en diferentes ocasiones mencionó haber sido acosada e intimidada, lo mismo ella que su equipo. Por ello, con la sentencia del tribunal y con los antecedentes de violencia que existen, es urgente que se implementen todas las medidas de seguridad y protección existentes, a fin de proteger su integridad y proporcionarle seguridad tanto a ella como a su equipo.3
Durante las elecciones del 6 junio del presente año la violencia electoral en México registró el mayor número de ataques en contra de mujeres, siendo el más violento para las aspirantes a cargos de elección popular. De acuerdo con Observatoria Ciudadana Todas MX, se registraron 34 homicidios que han registrado durante el actual proceso, de los cuales 21 víctimas han sido mujeres.4 Por lo que diferentes colectivos, entre ellos Mujeres en plural y la Red para el avance político de las mujeres guerrerenses, expresaron su preocupación por la toma de la presidencia por los simpatizantes del candidato del Partido del Trabajo (PT) al enterarse de la sentencia del tribunal, solicitaron a diferentes órdenes de gobierno apoyo para que se cumpla a cabalidad con dicha sentencia y solicitaron se le proporcione protección a la ciudadana Ruperta Nicolás Hilario.5
Por ello es indispensable que el Gobierno estatal le proporcione la seguridad que necesita, y se lleve a cabo el proceso electoral extraordinario en completa paz en el Ayuntamiento. Asimismo, que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), brinde el acompañamiento que requiere Ruperta Nicolás Hilario, corroborando que reciba la atención y protección que necesita en estos momentos. De igual modo, es necesario hacer un llamado a las autoridades locales y estatales para que protejan la integridad de Ruperta Nicolás Hilario, como mujer indígena que ha luchado de manera limpia por tener una oportunidad de hacer cosas en favor de su comunidad.
No permitamos que la misoginia, la violencia y la discriminación pongan en riesgo su vida y su seguridad, ni tampoco la del equipo que la ha venido acompañando durante este proceso. Por lo expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la persona titular del Poder Ejecutivo del estado de Guerrero, para que emita órdenes de protección que otorguen y refuercen las medidas en favor de la ciudadana Ruperta Nicolás Hilario, con el fin de garantizar la salvaguarda de su integridad y seguridad, así como la de su familia, personas que colaboran con ella y simpatizantes.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al secretario de Gobernación, ciudadano Adán Augusto López Hernández, para que, en el ámbito de sus facultades, garantice las medidas de protección en favor de la ciudadana Ruperta Nicolás Hilario, para salvaguardar su integridad y seguridad, así como la de su familia, personas que colaboran con ella y simpatizantes.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al Fiscal General del estado de Guerrero, ciudadano Jorge Zuriel de los Santos Barrila, para que emita una orden inmediata de protección que garantice salvaguardar la integridad y seguridad de la ciudadana Ruperta Nicolás Hilario, su familia, personas que colaboran con ella y simpatizantes.
Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, ciudadana María Fabiola Alanís Sámano, para que, en coordinación con las distintas instancias correspondientes, implemente, vigile y acompañe desde este momento, así como en todo el proceso electoral extraordinario, las acciones encaminadas a proteger a la ciudadana Ruperta Nicolás Hilario.
Quinto. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral para que, en ejercicio de sus facultades, solicite y dé seguimiento a la implementación de las medidas necesarias que garanticen a la ciudadana Ruperta Nicolás Hilario el ejercicio de sus derechos político-electorales antes, durante y después del proceso electoral extraordinario en el ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero.
Notas
1 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la De la Federación. (2021). Sala Superior 196/2021 (SUP-REC-1861/2021). Recuperado de: https://www.te.gob.mx/front3/bulletins/detail/4248/0
2 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la de la Federación. (2021). Sala Superior 196/2021 (SCM-JRC.225/2021).
3 Milenio. (2021). Revelan ex candidatas de Guerrero, violencia política en elecciones de junio pasado. Recuperado de: https://www.milenio.com/politica/revelan-candidatas-guerrero-violencia- politica-elecciones
4 Gabriela Frías, CNN Publicado a las 16:36 ET (20:36 GMT) 1 junio, 2021 “Violencia electoral en México registra mayor número de ataques en contra de mujeres”. Recuperado de: https://cnnespanol.cnn.com/video/violencia-electoral-mujeres-ataques-ho micidios-amlo-live-rey-rodriguez-redaccion-mexico/
5 Mujeres en Plural. Recuperado en: https://twitter.com/MujerEsPlural
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2021.
Diputada Amalia Dolores García Medina (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a realizar con el IMSS campañas encaminadas a difundir y fomentar los beneficios de la vacuna contra el VPH, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I; 79, numeral 1 y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El virus del papiloma humano (VPH) es un factor de cáncer, se trata de una enfermedad de transmisión sexual cuya característica es la aparición de verrugas en los genitales.
La infección por VPH en la mayoría de los casos no tiene síntomas, la única manera de detectarlo es mediante una prueba molecular que detecta directamente la presencia del ADN del virus. Es necesario e importante detectarlo antes de que haya transformación celular y pueda convertirlas en cáncer.
Existen más de cien tipos diferentes de virus del papiloma humano, de los cuales la mayoría son asintomáticos, sin embargo, alrededor de 30 por ciento causa lesiones a nivel de la piel en la zona genital. El VPH es una infección de transmisión sexual incurable pero tratable, en la actualidad afecta alrededor de 60 por ciento de la población de México, lo que la convierte en un problema de salud pública.
El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos programa el derecho a la salud cuando instituye que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.
En ese marco constitucional se enmarca el impulso de políticas públicas de salud que, con visión de género, tiendan a controlar enfermedades que afectan a las mujeres del país.
Como se mencionó anteriormente, la mayoría de las infecciones por el VPH no causan ningún síntoma y desaparecen solas. Pero el VPH puede causar cáncer del cuello del útero en las mujeres. El cáncer del cuello del útero es la segunda causa principal de muertes por cáncer entre las mujeres del mundo, pero es la primera causa de muerte por cáncer en nuestro país, con más de 4 mil 500 muertes al año, equivalente a una tasa de 14.7 por cada 100 mil habitantes femeninas.
El cáncer cérvico-uterino es un padecimiento silencioso que ocasiona un sinnúmero de muertes de mujeres en todo el mundo, se instala y se desarrolla sin que cause molestias y sin que nos demos cuenta permea no sólo en el cuerpo de la mujer; sino también en todos los ámbitos de su vida, trastocando a toda nuestra sociedad.
El VPH también está asociado a varios cánceres menos comunes, como el cáncer de la vagina y de la vulva en las mujeres y a otros tipos de cánceres en hombres y mujeres. También puede causar verrugas genitales y verrugas en la garganta.
La vacuna contra el VPH es importante porque puede prevenir la mayoría de los casos de cáncer del cuello del útero en mujeres, si se aplica antes de que la persona esté expuesta al virus.
A pesar de que la protección que brinda esta vacuna dura mucho tiempo, la vacuna no es un sustituto de una prueba de detección del cáncer del cuello del útero. Las mujeres se deben seguir haciendo regularmente la prueba de Papanicolaou, con el objetivo de prevenir y no esperar hasta que la enfermedad este presente, este punto de acuerdo busca informar los beneficios de la prevención.
La vacuna que tiene como objetivo prevenir el VPH, la cual se puede dar a hombres y mujeres. Además de prevenir el cáncer del cuello del útero, también puede prevenir el cáncer de la vagina y de la vulva en las mujeres y las verrugas genitales en los hombres y mujeres. Existiendo una vacuna además la cual se da únicamente a mujeres y sólo para la prevención del cáncer del cuello del útero.
Si bien en materia de acceso a la información, prevención, detección temprana y atención oportuna del cáncer cérvico-uterino se ha avanzado mucho, en realidad poco se ha hecho en nuestro país para erradicarlo determinadamente. El cáncer cérvico-uterino es el único cáncer que es prevenible y no se ha aprovechado esta valiosa condición que ofrece la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano.
Como legisladores podemos realizar este importante esfuerzo que coloca a nuestro país en el camino que las naciones de primer mundo ya están recorriendo para erradicar de su sociedad el cáncer cérvico-uterino; es por esto que desde esta soberanía debemos de aportar nuestro apoyo incondicional a este tipo de programas y fortalecerlo para darle una vigencia permanente en nuestro país.
Con el objetivo de fortalecer los programas para erradicar enfermedades las cuales atacan principalmente a las mujeres de nuestro país, y en pro de las personas aprovechen las herramientas para el cuidado de su salud que este gobierno les ofrece, este exhorto busca únicamente la correcta difusión de los beneficios de esta vacuna, una acción que bien implementada, salvaría muchas más vidas de las que ya ha salvado hasta hoy en día.
Por ello, la realización de una amplia campaña en todo nuestro territorio sin exclusión o excepción alguna, de información veraz y oportuna sobre las ventajas de la Vacuna contra el Papiloma Humano y su aplicación, es una condición requerida en el esfuerzo por erradicar de forma definitiva el cáncer cérvico-uterino en nuestro país.
Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, realicen campañas encaminadas a difundir y fomentar los beneficios de la vacuna contra el virus del papiloma humano.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a todos los institutos de salud pública a que, de entre sus programas de prevención y salud sexual y reproductiva, contemplen esta medida para niñas de entre 11 y 12 años, reforzando así la lucha contra el cáncer que lleva años aquejando al país.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los programas de difusión en materia de salud pública a que haga público a la población de los beneficios de tomar dichas medidas preventivas en aras de disminuir y erradicar los brotes de VPH en México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2021.
Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y el gobierno de Morelos a implantar acciones para enfrentar la violencia de género contra las mujeres, a cargo de la diputada Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita, diputada Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
I. La Organización Mundial de la Salud define la violencia como “el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga mucha probabilidad de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”1 .
Los patrones de violencia son causados por diversos factores sociales, culturales, económicos y políticos; sin embargo, estos patrones de conducta no deben promoverse, al contrario, deben de erradicarse en su totalidad.
A más de 40 años de la lucha contra la violencia de género, actualmente las mujeres y niñas continúan siendo el sector más vulnerable a los diversos hechos de violencia que se viven en México.
De lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas, considera que la violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones más generalizadas y recurrentes de los derechos humanos en el mundo2 , aunado a las graves consecuencias que trae consigo.
En el caso particular de las mujeres y niñas, se encuentran expuestas a diversas situaciones de violencia por su género, por mencionar algunas: económica, psicológica, emocional, física, sexual, digital, que cada vez van más en aumento hasta llegar al feminicidio.
Asimismo, de la información publicada por el Instituto Nacional de las Mujeres3 , a la fecha se han emitido 21 Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres en diversas entidades federativas, por mencionar algunas: estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit, Zacatecas, Oaxaca, Durango, Campeche, Jalisco, Puebla y Baja California.
En el caso particular de Morelos, la Alerta se declaró el 10 de agosto de 2015, para 8 municipios: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jilotepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec4 .
Aunado a lo anterior, de la información sobre violencia contra las mujeres presentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública5 , se desprende que, de enero – agosto de 2021, el Estado de Morelos se posicionó en el tercer lugar en presuntos delitos de feminicidio por cada 100 mil mujeres.
II. La Organización de las Naciones Unidas ha definido los derechos humanos como: “derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición”.6
Por lo que respecta a los derechos humanos en México, el 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “decreto por el que se modifica la denominación del capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, en materia de derechos humanos7 .
Dicha reforma tuvo como objetivo reconocer a nivel constitucional los derechos humanos de las personas, así como establecer las garantías para lograr su apropiada protección.
De las modificaciones realizadas al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se destaca el reconocimiento de los derechos humanos, mediante el principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de la norma jurídica y, en segundo lugar, la prohibición de todo tipo de discriminación.
En ese sentido, de conformidad con los artículos 1 y 133 de la Carta Magna, el Estado mexicano tiene la obligación de observar los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, en los que sea parte.
En el caso de los derechos humanos de las mujeres y la equidad de género, México forma parte de diversos instrumentos internacionales para su protección, entre ellos:
• Carta de las Naciones Unidas. (1945)
• Declaración Universal de los Derechos Humanos. (1948)
• Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966)
• Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (1966)
• Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969)
• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. (1979)
• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención de Belem Do Para”. (1994)
Por lo que respecta a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1o., se establece la prohibición de todo tipo de discriminación y garantiza los derechos humanos de las mujeres.
En ese orden de ideas, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia tiene por objeto:
• “Establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”;
• “Establecer los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación”.
Aunque en los últimos años los gobiernos, tanto federal como locales, han intentado implementar políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, bajo los criterios de prevención, atención, investigación, sanción y erradicación; los esfuerzos han sido inútiles.
Lamentablemente estos hechos de violencia contra las mujeres y niñas afectan su dignidad y valor humano, su integridad y la igualdad en el ejercicio de los demás derechos humanos.
III . Por lo anterior, es necesario que en los Presupuestos de Egresos de las entidades federativas se consideren recursos suficientes para la igualdad entre mujeres y hombres, así como la conformación de un grupo de trabajo interinstitucional y multidisciplinario para analizar y determinar las acciones pertinentes para combatir la violencia de género, especialmente en materia de violencia feminicida.
Por lo expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que, con base en sus atribuciones, implemente políticas, programas y acciones con perspectiva de género a efecto de garantizar la seguridad de las mujeres y niñas en el territorio nacional.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal, para que, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con base en sus atribuciones, haga del conocimiento público, por medio de su página oficial de internet, la aplicación eficaz y eficiente del gasto de los recursos públicos federales destinados a atender la problemática de violencia de género.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al honorable Congreso del estado de Morelos para que, con base en sus atribuciones, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos del estado para el ejercicio fiscal de 2022, considere los recursos necesarios para la implementación de políticas, programas y acciones con perspectiva de género a efecto de garantizar la seguridad de las mujeres y niñas en la entidad federativa.
Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo del estado de Morelos para que, con base a sus atribuciones, implemente las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida, así como para que considere los recursos necesarios en la planeación y programación del Proyecto de Presupuesto de Egresos del estado para el ejercicio fiscal de 2022, para hacer frente a la contingencia de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
Quinto. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo del estado de Morelos para que, en el ámbito de su competencia y en coordinación con el gobierno federal y los gobiernos municipales, conformen un grupo de trabajo interinstitucional y multidisciplinario para analizar y determinar las acciones pertinentes para combatir la violencia de género, especialmente en materia de violencia feminicida.
Sexto. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo del estado de Morelos y a los gobiernos municipales del estado de Morelos, con base en sus atribuciones, haga del conocimiento público, a través de su página oficial de internet, la aplicación eficaz y eficiente del gasto de los recursos públicos destinados a atender la problemática de violencia de género.
Séptimo. La Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía General del estado de Morelos para que, con base en sus atribuciones, garantice la atención y el seguimiento oportuno a las denuncias de violencia contra mujeres y niñas, para que se realicen adecuadamente las investigaciones correspondientes; y, se implemente mecanismos de atención integral con perspectiva de género sin revictimizar a las víctimas del delito, a través del Centro de Justicia para las Mujeres.
Notas
1 Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud. Organización Mundial de las Naciones Unidas. Edición 2002. Página 3.
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/ world_report/en/abstract_es.pdf Consultado: 22 de septiembre de 2021.
2 Organización Mundial de las Naciones Unidas. Preguntas frecuentes: Tipos de violencia contra las mujeres y las niñas.
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-ag ainst-women/faqs/types-of-violence Consultado: 22 de septiembre de 2021.
3 Instituto Nacional de las Mujeres. Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta -de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739 Consultado: 23 de septiembre de 2021.
4 Ídem.
5 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Información sobre violencia contra las mujeres. https://drive.google.com/file/d/1HjUBP3k94dcdtFiFuR3hY0BuJ3SL-93o/view Consultado: 30 de septiembre de 2021.
6 Organización de las Naciones Unidas. Derechos Humanos. ¿Qué son los Derechos Humanos?
https://www.un.org/es/global-issues/human-rights#:~:text =Los%20derechos%20humanos%20son%20derechos,religi%C3%B3n%20o%20cualquie r%20otra%20condici%C3%B3n. Consultado: 21 de septiembre de2021.
7 Cámara de Diputados. Reforma 194: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_re f_194_10jun11.pdf Consultado: 30 de septiembre de 2021
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2021.
Diputada Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua, su homóloga de Sonora y el ayuntamiento de Guaymas a coordinarse y atender el grave problema de la red municipal de drenaje, a cargo de la diputada Sandra Luz Navarro Conkle, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, Sandra Luz Navarro Conkle, diputada a la LXV Legislatura por el Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es responsabilidad de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales recae en el nivel municipal, conforme al artículo 115 del máximo ordenamiento federal. Asimismo, en el artículo 4, se determina que con la finalidad de que el Estado garantice el acceso al agua, la ley establecerá la participación de las entidades federativas, de los municipios y de la ciudadanía.1
Que en el párrafo sexto del anteriormente citado artículo 4 constitucional, se establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua, para consumo personal y doméstico, y que el Estado garantizará este derecho, para ello la ley definirá el alcance de participación de la federación, las entidades federativas y los municipios; por tanto, la coordinación institucional es un imperativo para conseguir la materialización del cumplimiento del precepto constitucional.2
Que la Ley de Aguas Nacionales establece que parte de las atribuciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de los Organismos de Cuenca, son apoyar y fomentar los servicios públicos urbanos y rurales de agua potable, alcantarillado y saneamiento, recirculación y reúso en el territorio nacional, en coordinación con los gobiernos estatales, y a través de ellos, con los municipios. En este sentido, el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales determina que la Conagua brindará asistencia técnica para la elaboración de estudios y de los proyectos de las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con base en los recursos disponibles, cuando así lo soliciten los gobiernos municipales y estatales. Lo anterior tiene alcance también para la construcción, mantenimiento y conservación de las instalaciones.3
Que desde hace más de 20 años las calles de la zona urbana del Heroico Puerto de Guaymas, Sonora, se han visto con un profundo deterioro producto de la recurrente falla de la red de drenaje, la cual al verse rebasada en su capacidad para atender el flujo de aguas negras y residuales, tiende a verter miles de litros del líquido contaminado, situación que tiene a producir olores fétidos, proliferación de fauna nociva y en última instancia se convierte en foco de infección gastrointestinal para los transeúntes y habitantes de las zonas afectadas.4
Que para el otrora puerto pesquero de Guaymas, el constante derrame de aguas de drenaje se convierte en un problema de salud pública, mismo que de igual manera produce efectos negativos en la afluencia turística, siendo la actividad una de las posibles potencialidades con las que cuenta dado su posición geográfica limítrofe con el Mar de Cortés. Puesto que al derramarse las aguas contaminadas combinadas con las altas temperaturas, los sedimentos que se alojan en las calles y avenidas, para luego circular en el ambiente, se convierten en un grave problema de salud para la población, puesto que, conforme a los estudios del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, los vectores de contaminación al mar y a las personas con agentes bacterianos y virales proviene de la enorme cantidad de contaminación en el mar y el aire.5
Que es pertinente hacer un ejercicio urgente de coordinación entre la Conagua, la Comisión Estatal de Agua del estado de Sonora (CEA)6 y la administración municipal de Guaymas, a efecto de poder coadyuvar en la elaboración de un proyecto de rescate integral de la red de drenaje y alcantarillado para Guaymas, mediante el cual se logre garantizar su operatividad en el largo plazo. En este sentido, es importante recalcar la necesidad de generar un proceso dinámico y acelerado de planeación y presupuestación, a efecto de que la población de Guaymas no se vea afectada en el corto plazo por la falta de voluntad que se ha mostrado en años anteriores por el gobierno de Sonora y las administraciones municipales del puerto.
Que dada la constante anegación de las aguas residuales en distintas zonas del centro, las autoridades municipales, en virtud de su alcance competencial, prohíben la venta en vía pública y cesan las actividades comerciales en la zona afectada, sin embargo, dichas medidas son de alcance corto y terminan afectando la economía familiar de los comerciantes en pequeño del municipio.
Por considerar que este tema ha sido históricamente rezagado de las prioridades gubernamentales de los ejecutivos estatales y de los ayuntamientos que han tenido la oportunidad de generar respuesta a la demanda, y toda vez que es un derecho constitucional contar con un servicio de alcantarillado y saneamiento, tal como se expuso anteriormente, es urgente atender la grave situación por la que pasan los guaymenses cíclicamente.
Por lo anterior expuesto y fundado, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que en el ámbito de sus atribuciones y conforme a lo determinado por la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, contribuyan a la elaboración, planeación y ejecución de un proyecto de renovación de la red de drenaje de la zona urbana del puerto de Guaymas, Sonora.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Sonora para que a través de la Comisión Estatal del Agua se generen urgentes reuniones de coordinación con la titular de la presidencia municipal de Guaymas, a efecto de lograr un diagnóstico, proyección, planeación y presentación ante Conagua de un proyecto integral para solucionar el grave problema de la red del drenaje en la zona urbana de Guaymas.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Conagua y a la Comisión Estatal del Agua de Sonora, para que generen un presupuesto mediante el cual sea financiado el proyecto y la ejecución del mismo, con el que se logre atender la grave situación de la red de drenaje de la zona urbana de Guaymas.
Notas
1 Véase: https://www.oxfammexico.org/sites/default/files/Marco%20legal%20del%agu a%20Mexico.pdf
2 Ibíd.
3 Ibíd.
4 Véase: https://www.expreso.com.mx/seccion/sonora/136699-aguas-negras-convierte n-a-guaymas-en-un-muladar.html
5 Ibíd.
6 http://www.ceasonora.gob.mx/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2021.
Diputada Sandra Luz Navarro Conkle (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al INM, la CNDH, el Conapred y la Profeco a intervenir en la violación del derecho del libre tránsito de personas en contexto de movilidad y sancionar a las empresas de transporte que no presten servicio a extranjeros, a cargo de la diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se menciona que:
Toda persona tiene derecho para entrar en la Repu?blica, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes . El ejercicio de este derecho estará? subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigracio?n, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.
Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulara? sus procedencias y excepciones.
En la Declaración Universal de Derechos Humanos , suscrito por México en 1948, menciona en el artículo 13:
“1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”.
De igual forma, la Ley de Migración menciona en su artículo 7 :
La libertad de toda persona para ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional tendrá? las limitaciones establecidas en la Constitución, los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.
El libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo. Ninguna persona sera? requerida de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el territorio nacional, ma?s que por la autoridad competente en los casos y bajo las circunstancias establecidos en la presente Ley”.
El pasado 1 de octubre la empresa de Autobuses de Oriente, mejor conocida por sus siglas ADO , publicó en su cuenta de la red social twitter un comunicado que menciona lo siguiente:
“Con base en la solicitud de las diversas autoridades estatales, federales y del Instituto Nacional de Migración (INM), ante esta situación extraordinaria de flujo migratorio por la que atraviesa actualmente el país, queremos hacer de su conocimiento que a partir del 1ro de octubre de 2021 se estará implementando el protocolo de presentación de identificación oficial en la venta y abordaje del viaje.
Así como de un documento que acredite el estatus migratorio en el país, para aquellas personas de nacionalidad extranjera.
De antemano, ofrecemos una disculpa a todos nuestros viajeros por los inconvenientes que esto pueda ocasionar, reconociendo nuestro compromiso por siempre cumplir con lo solicitado por las autoridades mexicanas
En caso de cualquier duda sobre los documentos migratorios autorizados para extranjeros, recomendamos ponerse en contacto con el Instituto Nacional de Migración”.1
Lo expuesto, es una confesión de culpabilidad de violación a los derechos humanos y a nuestra Constitución Política en materia de libre tránsito. Hasta cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Gobernación en la misma materia, van a condenar, frenar y castigar estos abusos de autoridad en contra de las personas en contexto de movilidad humana.
Todo parece indicar que, el gobierno federal pretende imitar las mismas estrategias y tácticas de persecución que realizan las autoridades migratorias de Estados Unidos en contra de nuestra comunidad migrante en ese país.
Con estas acciones del gobierno federal, lo único que provocará es obligar a los migrantes extranjeros busquen otras rutas de transito en nuestro país que podrían ser riesgosas para su integridad física. No debemos olvidar que, el 22 de agosto de 2010 se presentó la primera Masacre de San Fernando, en donde hubo 72 ejecutados de los cuales58 eran hombres y 14 mujeres que eran, principalmente, centro y suramericanos cuyo objetivo era de tránsito por México con rumbo a Estados Unidos. Este crimen, fue cometido por grupos de crimen organizado y, hasta el momento no se ha resuelto.
Un migrante que se desplaza en condiciones regularizadas experimenta el viaje y el “tránsito” de manera distinta a otro que viaja en condiciones irregulares. Diversos estudios indican que la mayoría de los migrantes irregulares recurrirán a los servicios de una serie de agentes de la economía informal, entre ellos los traficantes, en algu?n punto de su recorrido.2
Últimamente, el trafico de personas se ha convertido en la actividad más lucrativa del crimen organizado, Ricardo Raphel, en su artículo publicado el 2 de octubre en el diario Milenio, menciona que obtuvo información que, “el 60 por ciento de los ingresos totales obtenidos por las empresas criminales. Es decir que el tráfico de personas habría superado las ganancias aportadas por el contrabando de fentanilo o el trasiego de amapola y cocaína”.3
Por otro lado, las empresas que prohíban la venta de algún servicio a cualquier persona de origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana4 , estarían incurriendo en un acto, estarían cayendo en actos discriminatorio, y de la no garantía de consumo justas.
Los migrantes nacionales y extranjeros, no son delincuente, y de ninguna manera ponen en riesgo la seguridad nacional de nuestro país. El Instituto Nacional de Migración se esta extralimitando en sus facultades que tiene por ley, por lo cual debe permitir el libre tránsito de todas las personas en contexto de movilidad humana, tal y como lo estipula nuestra constitución, tratados internacionales y leyes nacionales, de lo contrario, el gobierno mexicano estaría violentando sus derechos humanos y fomentando el trafico de personas que podria traer consecuencias muy graves que ya hemos visto en años anteriores.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente Instituto Nacional de Migración, para que, con base en sus atribuciones, se abstenga de impedir y detener el libre tránsito por el territorio nacional de personas en contexto de movilidad humana.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que, con base en sus atribuciones, intervenga en la violación al derecho del libre tránsito de personas en contexto de movilidad humana por territorio nacional.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación por el trato desigual de personas en contexto de movilidad humana en la venta de servicios de transporte.
Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que, con base en sus atribuciones, sancione a las empresas de transporte o de cualquier otro rubro, que no den servicios a extranjeros en contexto de movilidad humana.
Notas
1 https://twitter.com/tuADO?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr %5Eauthor
2 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/StudyMigrants/OHCHR_20 16_Report-migrants-transit_SP.pdf
3 https://www.milenio.com/opinion/ricardo-raphael/politica-zoom/trafico-d e-migrantes-deja-mas-que-la-droga
4 https://asesoria.juridicas.unam.mx/preguntas/pregunta/44-Que-es-el-dere cho-a-la-igualdad-y-el-derecho-a-la-no-discriminacion
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 05 de octubre de 2021.
Diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a in de exhortar a la Comar, el INM, el Inmujeres y la CNDH a supervisar, coordinar y garantizar las acciones preventivas para atender la seguridad y dignidad de las migrantes, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Quien suscribe, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, al Instituto Nacional de Migración, al Instituto Nacional de las Mujeres y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que en el marco de sus atribuciones supervisen, coordinen y garanticen acciones preventivas para atender la seguridad y dignidad de las mujeres migrantes.
Exposición de Motivos
I. México es un país en el que convergen cuatro dimensiones migratorias: origen, tránsito, destino y retorno. En cada una de éstas, por razones de género se visibiliza el proceso de feminización de este problema social en el que se desplazan mujeres vulnerables ante contextos económicos desiguales, sociopolíticos, culturales entre otros.1
La Conferencia Regional sobre la Migración (CRM) permitió identificar que la experiencia migratoria de este tránsito se da en poblaciones vulnerables en el que se desarrollan las niñas y mujeres, quienes enfrentan las diferentes formas de violencia de género (violencia sexual, simbólica, explotación sexual, trata, entre otras)2 .
En nuestro país, el Instituto Nacional de Migración informó que, del 1 de enero al 31 agosto de 2021, se identificaron 147 mil 33 personas migrantes en condición irregular en el país.3 Durante el primer trimestre, la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación contó con el registró de 117 mil 52 personas extranjeras en donde 24 por ciento son mujeres y 7 por ciento niñas.
Lo anterior obliga a nuestro gobierno a diseñar políticas inclusivas con perspectiva de género para visibilizar, considerando el esquema histórico-cultural, que esta situación afecta a las mujeres migrantes de forma diferenciada y su contexto socioeconómico.
El III Congreso Regional sobre Mujeres en los Contextos de la Migración “Mujeres en movimiento: igualdad de género, derechos humanos y autonomía” concluyó con la declaratoria de 11 países miembros para implementar los Lineamientos de Atención y Protección de Mujeres en Contextos migratorios.
Por su parte, el Instituto Nacional de las Mujeres señaló que en todas las etapas de este proceso, las mujeres requieren de atención especial, por lo que durante el desarrollo de este importante Congreso se hizo un llamado para generar acciones conjuntas en la promoción, defensa, reconocimiento y respeto de sus derechos humanos y la situación migratoria.
Actualmente el Programa Proigualdad integra líneas estratégicas específicas para permitir que las mujeres migrantes y en movilidad cuenten con acceso a servicios de emergencia y de salud en el marco del fortalecimiento de la accesibilidad, calidad, suficiencia de los servicios a mujeres con mayores desventajas. (Estrategia prioritaria 3.4).
Por otra parte, el Objetivo 4 aborda acciones para el Combate a los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, preservando su dignidad e integridad y la acción, el 4.4.2 promueve el desarrollo de acciones de acompañamiento legal especializado a mujeres víctimas de violencia y trata que acuden a denunciar, favoreciendo así los servicios para las mujeres migrantes.
Finalmente la estrategia prioritaria 6.5 favorece la atención integral, reparación del daño y acceso a la justicia a grupos específicos de mujeres que requieren medidas de protección especiales por alguna condición de riesgo y vulnerabilidad.4
Ante la llegada de caravanas de migrantes al sur de nuestro país conformadas por personas de Centro y Sudamérica hacia el tránsito a Estados Unidos y en tanto se otorga la resolución a las solicitudes de asilo, el gobierno mexicano debe garantizar el respeto irrestricto a sus derechos humanos con perspectiva de género independientemente de su situación legal y migratoria.
Es decir que este problema social amerita el fortalecimiento de las políticas públicas focalizadas para la población migrante y con ello desarrollar una cultura de igualdad y equidad sin discriminación.
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ofrece soluciones temporales y permanentes en materia de empleo y economía, en donde las mujeres puedan establecerse o en su caso movilizarse hacia su destino, estas líneas de acción procuran su empoderamiento bajo una perspectiva de interseccionalidad.
Por lo anterior, es necesario dar seguimiento, cuidado y resolución oportuna a las peticiones que los migrantes tienen y especialmente las mujeres ya que sus necesidades tienen que reconocerse al padecer mayores desventajas durante las etapas del proceso migratorio.5
Por lo expuesto y con el fin de procurar el desarrollo de entornos favorables en nuestro país para las mujeres migrantes en condiciones mínimas de bienestar que les permita el tránsito y/o estancia segura en el territorio mexicano se propone la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, al Instituto Nacional de Migración, al Instituto Nacional de las Mujeres y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias legales supervisen, coordinen y garanticen acciones preventivas para atender la seguridad y dignidad de las mujeres migrantes, así como a establecer medidas focalizadas que atiendan su situación actual.
Notas
1 Mujeres Migrantes: vulnerabilidad y violencia al buscar un mejor proyecto de vida, (2021), Inmujeres, disponible en:
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/mujeres-migrantes -vulnerabilidad-y-violencia-al-buscar-un-mejor-proyecto-de-vida?idiom=e s
2 Mujeres migrantes: vulnerabilidad y violencia al buscar un mejor proyecto de vida, (2021), Inmujeres, disponible en:
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/mujeres-migrantes -vulnerabilidad-y-violencia-al-buscar-un-mejor-proyecto-de-vida?idiom=e s
3 Una cuarta caravana migrante parte desde la frontera sur de México, (2021), Forbes México, disponible desde https://www.forbes.com.mx/cuarta-caravana-migrante-parte-frontera-sur-m exico/
4 Inmujeres, Proigualdad 2020-2024, Disponible en: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/Proigualdad%202020-20 24%20Web.pdf
5 Guía sobre Políticas de migración laboral sensibles al género, (2014). OSECE, disponible en
https://imumi.org/documentos/guias-politica-laboral-gene ro.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro a 5 de octubre de 2021.
Diputada María Rosaura Teresa Ochoa Mejía (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a in de exhortar al Ejecutivo federal, los gobiernos locales y el Congreso de la Unión a convocar a un debate público y vinculatorio respecto a la necesidad de una nueva convención hacendaria para revisar las atribuciones tributarias de los tres órdenes de gobierno y diseñar nuevos mecanismos de captación y recaudación de recursos, así como esquemas eficientes, transparentes y equitativos de su distribución, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
1. Desde el 16 de julio de 2020, en una gira por el estado de Jalisco, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en materia de finanzas estatales y municipales el gobierno federal y las administraciones locales han heredado una carga de deuda importante. Esto, atendiendo al llamado de diversos gobernadores de que se revise el esquema de coordinación fiscal, a fin de mejorar la distribución de los recursos federales.
En esa oportunidad, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez le planteó al Presidente de la República acordar una estrategia integral para efecto de que los estados pudieran reconstruir sus economías con la ayuda de la federación, derivado de la crisis generada por la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19), cuestión que el Presidente se comprometió a analizar el tema y proponer una solución.
2. Por su parte, en una investigación elaborada por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, titulada El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Una herramienta para el Federalismo , y publicada desde julio de 2020, se reiteró la necesidad de continuar con los trabajos en el marco del federalismo fiscal para fortalecer las haciendas locales e incluir a los municipios con la finalidad de disminuir la dependencia a las participaciones federales. Esto al determinar que es fundamental lograr acuerdos para que en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se establezcan las bases de la planeación hacendaria no sólo para una mayor distribución de los recursos tributarios en beneficio de la población, sino también para atender las necesidades de los habitantes y de los lugares en los que viven.
3. Igualmente, desde el 17 de marzo de 2021, se instaló formalmente en la Cámara de Diputados el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, que fue aprobado por el pleno en sesiones anteriores, con el objetivo de realizar diagnósticos y propuestas de los temas hacendarios y fiscales en nuestro país, entre ellos, una eventual convocatoria a una Convención Nacional Hacendaria, la revisión del reparto de recursos en entidades federativas y municipios, así como las bases para crear un Instituto Nacional de Finanzas Públicas.
Recientemente, como parte de sus trabajos, el 16 de julio, 11 de agosto y 18 de agosto del año en curso, sostuvieron diversos encuentros en los que también participaron especialistas en la materia fiscal y económica, en los que se advirtió que el federalismo fiscal no está balanceado con la debida rendición de cuentas y medidas de responsabilidad. Al respecto, urgieron actualizar el pacto fiscal federal con el propósito de garantizar la sustentabilidad del gasto público de estados y municipios, al haberse concluido que existe una gran falta de actualización de los esquemas y del pacto fiscal federal.
4. En este sentido se han pronunciado recientemente tanto el gobernador del estado de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez, como el hoy gobernador electo del estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, quienes incesantemente han urgido respecto a la necesidad de celebrar un nuevo pacto fiscal a fin de priorizar un reparto equitativo de recursos con la federación y los distintos estados de la República.
Ambos, el pasado 1 de julio de 2021, efectuaron una rueda de prensa conjunta en la que externaron nuevamente la necesidad de revisar el Convenio de Coordinación Fiscal, y destacaron la presentación de una iniciativa de reforma para que sea obligación del Estado revisar, cada determinado tiempo, estas reglas de coordinación fiscal entre las entidades y la federación. Incluso destacaron particularmente el tema de las consultas ciudadanas en este rubro, al ser esenciales para conocer el sentir de la gente a este respecto.
Por un lado, resaltaron que en el estado de Nuevo León ya se ha efectuado una consulta ciudadana en esta materia, llevada a cabo entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, en la cual una mayoría de ciudadanos optaron por una modificación a este convenio de coordinación fiscal, ya que, según especialistas, por cada peso que Nuevo León aporta al gobierno federal, solamente se le devuelven 29 centavos.
Por su parte, señalaron que en el estado de Jalisco se llevará a cabo un ejercicio de esta naturaleza, partiendo de la experiencia que el gobernador tienen en este tipo de ejercicios, tal como aconteció con la ratificación de su cargo como presidente municipal en Tlajomulco de Zúñiga.
Concluyeron que la sinergia que harán de forma conjunta, pretende ejercer una mayor presión a fin de convencer a la federación de esta problemática existente, y lograr la modificación que se pretende con la referida iniciativa de ley.
En ese sentido, y a fin de fortalecer la discusión y ampliar el debate respecto de la necesidad respecto de una nueva convención hacendaria, donde se revisen las atribuciones tributarias de los tres órdenes de gobierno, y se diseñen nuevos mecanismos de captación y recaudación de recursos, así como esquemas más eficientes, transparentes y equitativos de distribución de los mismos.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, a las entidades federativas, y al Congreso de la Unión, a convocar a un debate público, con efectos vinculatorios, respecto de la necesidad de una nueva convención hacendaria donde se revisen las atribuciones tributarias de los tres órdenes de gobierno, y se diseñen nuevos mecanismos de captación y recaudación de recursos, así como esquemas más eficientes, transparentes y equitativos de distribución de los mismos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2021.
Diputados: Jorge Álvarez Máynez, Mirza Flores Gómez (rúbricas).Con motivo del 7 de octubre, conmemoración del 108 aniversario luctuoso del senador chiapaneco Belisario Domínguez, a cargo de la diputada Adriana Bustamante Castellanos, del Grupo Parlamentario de Morena
“El mundo está pendiente de vosotros, señores miembros del Congreso Nacional Mexicano, y la patria espera que la honraréis ante el mundo evitándole la vergüenza de tener por Primer Mandatario a un traidor y asesino”.
Belisario Domínguez
El 7 de octubre se conmemora el 108 aniversario luctuoso de Belisario Domínguez Palencia, ilustre médico y político liberal de origen mexicano, senador por el estado de Chiapas. En 1913 pronunció un discurso memorable en el Congreso durante la Revolución Mexicana contra Victoriano Huerta, por el que ordenaron su muerte. Su asesinato contribuyó en gran medida a la caída del régimen.
Belisario Domínguez nació en la ciudad de Comitán, Chiapas, colindante a la frontera con Guatemala, el 25 de abril de 1863. Sus padres eran doña María del Pilar Palencia Espinoza, quien era originaria de Guatemala y don Cleofás Domínguez Román, comerciante próspero en la región.1
Su familia con tradición militar y política de carácter liberal tenía una posición económica desahogada. Su tío, don Gregorio Domínguez, murió en 1847 en la batalla contra las fuerzas invasoras norteamericanas. Otro de sus tíos fue el destacado liberal, don José Pantaleón Domínguez, quien participo en la Guerra de Reforma, contra la Intervención Francesa y defensor de Puebla en la batalla de 1862, llegando más tarde a ser tres veces gobernador de Chiapas.2
En cuanto a sus estudios de primaria, los cursó en la escuela particular del profesor Francisco Gutiérrez de su pueblo natal Comitán. Allí aprendió, entre otros, los elementos básicos de la lengua francesa.
Posteriormente estudió el bachillerato en el Instituto de Ciencias y Artes del Estado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En esta institución definió su vocación por la medicina.
En 1879 partió a la ciudad de París para estudiar esta carrera en la Escuela de Medicina de la Universidad de la Sorbona. Diez años después, el 17 de julio de 1889, a los 26 años de edad, obtuvo el título de médico, cirujano, partero y oculista.3
Mientras estuvo en Europa, Belisario Domínguez adquirió una vasta cultura de las corrientes socialista utópica y positivista, que estaban en apogeo. En diciembre de 1889, regresó a Comitán e instaló su consultorio y emprendió largos viajes para atender enfermos de las zonas marginadas, distinguiéndose siempre por su altruismo.
Fundó, junto con su esposa, la Junta Popular de Beneficencia para atender pacientes humildes de su pueblo natal. Con el transcurso de los años fue ganando prestigio entre los habitantes de Comitán por sus atinadas intervenciones.4
En 1911 ganó la elección para ocupar el cargo de presidente municipal en Comitán, postulado por el Partido Liberal; desde esta trinchera Domínguez ya se había erigido como un duro crítico del Porfirismo y del gobernador de su estado natal Rafael Pimentel, quien había estado en el cargo en dos ocasiones.
Fundo el periódico El Vate , donde publicó diversos artículos en contra del régimen; su actividad periodística lo llevó a enfrentarse con el entonces titular del Poder Ejecutivo local, dada la incautación de fondos para el Hospital Civil de Comitán, previo a contender por las elecciones de 1911.5
En 1912, el Club Liberal Chiapaneco lo lanzó como candidato a senador suplente y ganó la nominación. En 1913, regresó a la Ciudad de México donde fue testigo de la Decena Trágica, donde murió el senador propietario Leopoldo Gout, por lo que le tocó cubrir la vacante y, desde el Senado de la República, se convirtió en un ferviente oponente del gobierno usurpador de Huerta, a quien acusó constantemente de arrebatar ilegítimamente el poder al amparo del asesinato ruin de los señores Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, presidente y vicepresidente del país.6
Un discurso lapidario contra el régimen usurpador de Victoriano Huerta; en el que lo acusó de tratar de pacificar el país, empleando “únicamente la muerte y exterminio para todos los hombres, familias y pueblos que no simpaticen con su gobierno”.
Belisario Domínguez sabía el desenlace que le esperaba. No había sorpresa alguna. Una semana antes, el 29 de septiembre, luego de redactar su segundo discurso, tan incendiario como el primero, en contra de Huerta, llamándolo asesino, usurpador, traidor y vergüenza nacional y además solicita su renuncia. Su participación en la Cámara fue vetada pero el discurso se imprimió y corrió de mano en mano. Escribió una pequeña nota que le hizo llegar a su amigo Jesús Fernández:
“Sé que mi vida está en peligro y como los asesinatos del gobierno están a la orden del día, todo puede esperarse. Le suplico que me haga usted favor de entregar a Ricardo el pliego adjunto que contiene mis últimas disposiciones. Se lo entregará usted hasta pasado mañana miércoles, a medio día. Si llegada esa hora no ha habido novedad, iré a buscarlo para que tenga usted la bondad de devolvérmelo”. 7
Como consecuencia, a la media noche del 7 de octubre de 1913, dos hombres se presentaron en la habitación 16, del segundo piso del hotel Jardín, donde se encontraba hospedado el doctor, fue sacado de su habitación y conducido hacia el panteón de Xoco, en Coyoacán, en donde fue asesinado de varios balazos. Sus verdugos Gilberto Márquez, Alberto Quiroz, José Hernández Ramírez y Gabriel Huerta representaban los intereses de Victoriano Huerta, enemigo político del chiapaneco.8
Luego de perpetrado el asesinato, el cuerpo de Belisario Domínguez fue sepultado desnudo y sus ropas fueron incineradas. Tomó cierto tiempo y muchas pesquisas del resto de los senadores y de sus amigos y parientes para descubrir lo que había pasado.9
A su muerte, la XXVI Legislatura de la Cámara de Diputados fue disuelta por la fuerza y fueron encarcelados 110 diputados, tras solicitar a Huerta, junto con el Senado, una investigación respecto del asesinato del legislador chiapaneco, la situación fue escalando hasta desembocar en la caída del régimen de Victoriano Huerta.
El 7 de octubre de 1917, el Congreso de la Unión, emitió un decreto por el que declara “benemérito de la patria, al ciudadano doctor Belisario Domínguez”, igualmente se acuerda inscribir su nombre, con letras de oro en el lugar de honor del salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Asimismo, en su honor, desde 1953 el Senado de la República otorga anualmente la Medalla Belisario Domínguez, que es la máxima distinción que otorga el Estado mexicano y el Senado de la República a hombres y mujeres mexicanos que se han distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de nuestra patria o de la humanidad.
La figura de Belisario Domínguez tiene un gran contenido simbólico. La estatura moral, cívica y ética del senador chiapaneco coadyuvó al derrocamiento de la dictadura por medio del uso de la palabra.
Por lo anterior, los legisladores del Grupo Parlamentario de Morena, destacamos la importancia de difundir la actividad política, cultural, social y científica del prócer chiapaneco, con la finalidad de que hagamos propio su legado y así poder consolidar un país más democrático, más libre y más justo.
Notas
1 https://www.lifeder.com/belisario-dominguez/
2 Ibídem.
3 https://www.memoriapoliticademexico.org/Biografias/DPB63.html
4 https://www.informador.mx/Ideas/Don-Belisario-Dominguez-Palencia-201204 23-0229.html
5 “Belisario Domínguez Peralta”, en Memoria Política, disponible en https://bit.ly/2n8voBW
6 http://museolegislativo.diputados.gob.mx/?p=3383#_ftn2
7 https://www.juristasunam.com/belisario-dominguez-el-poder-de-la-palabra /13015
8 Ibídem.
9 Labastida, H. (2002). Belisario Domínguez y el estado criminal, 1913-1914. México D.F.: Siglo XXI.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2021.
Diputada Adriana Bustamante Castellanos (rúbrica)