Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS y la Segob a revisar las violaciones de los derechos humanos y las garantías sociales del SME por las anteriores administraciones, a cargo del diputado Saúl Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

Que suscribe, Saúl Hernández Hernández, diputado en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a escrutinio de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primero. El sindicato y el contrato colectivo de trabajo representan dos de las más importantes figuras del derecho laboral, las cuales otorgan a los trabajadores seguridad en la defensa de sus derechos y la obtención de mejores condiciones de trabajo en la relación obrero patronal.1

En México dentro de sus Sindicatos más fuertes y con mayor historia sin duda alguna se menciona el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), curo primer desplegado fue el 14 de diciembre de 1915.

Segundo. En 1906 la mexicana era la empresa más grande de energía eléctrica de América Latina, había comprado las empresas que abastecían a la ciudad de México y zonas aledañas, los primeros años de la industria eléctrica en México se caracterizan por las pequeñas plantas, con reducido número de obreros y una escasa división del trabajo, tendrá que iniciarse el siglo XX para que se dé un proceso de crecimiento de las plantas y de las empresas eléctricas.

El hecho que marcó dicho viraje fue la construcción de la hidroeléctrica de Necaxa en 1905 por la Mexican Light and Power. Con Necaxa se inició el cambio hacia la generación hidroeléctrica como forma fundamental; transformación que se produjo hacia 1910 y se mantuvo todo el período de predominio de los monopolios privados en la generación de electricidad.2

Tercero. En 1913 y 1914 fueron años clave en el viraje de la organización obrera en México, la revolución había traído nuevos aires libertarios y sobre todo un vacío de poder político que los trabajadores de las ramas más modernas, aprovecharon para transformar sus organizaciones mutualistas en sindicatos, en este sentido los electricistas eran unos recién llegados, en comparación con ferrocarrileros o textileros.

La fracción radical del Congreso así lo evaluó y en contra de la fracción Carrancista creó el artículo 123 y, con ello, la posibilidad de un nuevo tipo de relación entre clase obrera y estado. Posibilidad que no se volvió realidad inmediata, sino que tendría que pasar un largo período de transmisión para que los instrumentos esbozados en el 17 tomaran cuerpo jurídico específico, para que se crearan las instituciones y las organizaciones adecuadas y para que los sujetos sociales tomaran conciencia plena de las nuevas.

Cuarto. Es claro que en esos pactos de gobernabilidad que construyó el PRI con el PAN, en parte por eso se rompió la posibilidad de presentar ese recurso en el poder Legislativo, cumplieron y dejaron que avanzaran en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas, implementando impuestos, dejaron que avanzaran incrementándole la luz, la gasolina, el diesel al pueblo de México.3

Quinto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la extinción de Luz y Fuerza del Centro a pesar de que ello signifique convalidar el despido ilegitimo de cerca de 40 mil trabajadores, mismo que se realizó de manera artera, después de que se les ofreciera un diálogo con Calderón que fue una trampa para agarrarlos distraídos. Lo más preocupante es que en su discusión sobre el asunto la Corte no abundó en la facultad y competencia del ejecutivo para emitir el decreto, se limitó a argumentar que la discusión versaba sobre un “acto administrativo” y que este era legal y constitucional con lo cual evadió una discusión fundamental desde la perspectiva de los derechos de los trabajadores.

Sexto. Felipe Calderón, quien la decretó el 10 de octubre de 2009, extinción de Luz y Fuerza , dicho el argumento para la liquidación es que, por su comprobada ineficiencia operativa y financiera, representa un costo tan elevado que ya no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público. En el decreto no se determina qué instancia asumirá las funciones de LFC y dispone expresamente que se respetarán los derechos laborales de los trabajadores, por lo que las indemnizaciones correspondientes se cubrirán tomando en consideración lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo y en el contrato colectivo. Con ello la situación luce complicada para el SME que trató de agotar posibilidades a través de todos los medios de defensa que tuvo para que Luz y Fuerza no se extinguiera; presentaron 26 argumentos entre los cuales se señaló a Calderón por haber violentado la Constitución al tomar una decisión que el Poder Legislativo debía asumir. Los ministros afirmaron además que tal acción no violó el convenio 87 de la OIT porque el decreto “no está orientado a extinguir al sindicato ni a la afectación de los derechos sindicales”, sino que busca liquidar a la empresa por considerar que “ya no resultaba conveniente para la economía nacional”.4

Séptimo. Derivado de tales afectaciones, violaciones a los derechos humanos se exhorta a las Secretarías a que se revise y se contemple los derechos humanos y garantías sociales de las anteriores administraciones, teniendo un antecedente de las injusticias, se realizó un punto de acuerdo con fecha 16 de mayo de 2018 ante la Cámara de Senadores en la Legislatura LXIII, sin embargo su estatuto quedo pendiente, por tal motivo es importante retomar legislativamente las irregularidades, injusticias y afectaciones.

Por lo anterior, sometemos a consideración de las y los legisladores que integran el pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Gobernación, para que en el ámbito de sus facultades se revise las violaciones a los derechos humanos y garantías sociales del sindicato mexicano de electricistas por las anteriores administraciones.

Notas:

1. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3345/4.pdf

2. https://www.sme.org.mx/historia.html

3. http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2010/

4. https://centroprodh.org.mx/sididh_2_0_alfa/?p=5519

Dado en la Ciudad de México, Palacio Legislativo de San Lázaro a los 23 días del mes noviembre de 2021.

Diputado Saúl Hernández Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SRE a considerar a los mexicanos que necesiten representación legal si no se trata de delitos cometidos en el país donde radican, a cargo del diputado Javier González Zepeda, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Javier González Zepeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones:

Si bien es cierto, en poco más de 2 meses y medio hemos encontrado diferencias ideológicas dependiendo el grupo parlamentario al que representamos, sin embargo, también hemos identificado en este órgano plural grandes ideas que nos obligan a refrendar el compromiso con las y los mexicanos, a fin de continuar desarrollando una agenda legislativa viable, competitiva y corresponsable a las necesidades de nuestro país.

Es por ello que, haciendo uso de la máxima tribuna de México, me permito referirme a ustedes sobre el fenómeno de la migración en nuestro país, el cual, según información del portal electrónico de la Segob, establece que este fenómeno en México es una de las más grandes del mundo, sólo antecedida por la India.

La mayoría de nuestros paisanos en el extranjero reside en el país vecino con el cual conformamos el principal corredor migratorio del mundo en el norte, es decir Estados Unidos de América, por citar alguna cifra aproximada, estamos hablando de poco más de 11.6 millones de personas1 pero se estima que en los próximos años siga aumentando este fenómeno.

Así también, por distintos motivos y bajo la figura de protección internacional, México ha sido hogar de personas extranjeras que se encuentran en riesgo en sus países de origen debido a las condiciones de inseguridad o crisis sociopolíticas, por lo que nuestro país siendo participe de distintos tratados internacionales, brinda protección y apoyo a quien lo necesite o lo solicite.

Bajo esta premisa, se me hace inconcebible que como autoridades seamos omisos a la solidaridad y apoyo de nuestros paisanos radicados en otros países y que de repente necesiten ayuda consular, pero para mala fortuna de ellos, no se tenga considerada la defensa legal de la persona mexicana en algún país, ya que también el portal de la SRE establece que el consulado no podrá hacerse cargo de la defensa legal de la persona. 2

Finalmente es importante saber que muchas personas al ser deportadas en el mejor de los casos quedan con antecedentes, sin embargo, muchos de ellos se encuentran encarcelados por alguna falta administrativa o incluso solo por ser sospechoso y desafortunadamente al no contar con el recurso necesario, es imposible contratar los servicios de representación legal por algún particular.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la SRE para que se considere que las y los mexicanos que así lo necesiten puedan obtener la representación legal siempre y cuando no se traten de delitos cometidos en el país donde radiquen.

Notas

1 http://portales.segob.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Panorama_de_la_migra cion_en_Mexico

2 https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/detencion-o-arresto-fuera-d e-mexico?state=published

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2021.

Diputado Javier González Zepeda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a implantar un programa especial de vacunación contra el SARS-Cov2 para el personal educativo del país con sólo una dosis de Cansino, a cargo del diputado Juan Francisco Espinoza Eguía, del Grupo Parlamentario del Partido PRI

Quien suscribe, Juan Francisco Espinoza Eguia, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El 31 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud del gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2,1 ordenando la suspensión inmediata de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad.

Las actividades consideradas como esenciales fueron las médicas y del sector farmacéutico, de seguridad pública y protección ciudadana, las correspondientes a sectores fundamentales de la economía como financieras, de recaudación tributaria, de energía y telecomunicaciones, de generación y distribución de alimentos, así como las relacionadas con la operación de los programas sociales del gobierno federal.

La referida suspensión de actividades no esenciales se decretó inicialmente por un plazo de un mes, es decir del 30 de marzo al 30 de abril de 2020 y fue ampliado hasta la implementación del semáforo epidemiológico que rigió la reapertura de actividades no esenciales.

Segunda. De acuerdo con los datos oficiales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la pandemia ha significado la muerte de más de 300 mil mexicanas y mexicanos, a partir de 3.8 millones de casos de contagio confirmados.

De esas más de 300 mil personas fallecidas, al menos 5 mil 418 eran trabajadores de la educación. En México, la mortalidad por Covid-19 entre maestros ya rebasó a la del personal de salud. En un promedio, se trata de 11 maestros fallecidos al día.2

Si bien el gremio docente es uno de los más grandes del país, tal y como lo ha documentado el investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Héctor Hernández Bringas, tampoco se puede dejar de observar que durante 18 meses estuvieron suspendidas las clases presenciales.

Tercera. El 20 de abril de 2021 inició la campaña de vacunación a maestros y personal de las escuelas. La vacunación se desarrolló en etapas, primero en cinco estados del país y continuó desdoblando en las demás entidades con el objetivo de inmunizar a 3.03 millones de personas pertenecientes al personal educativo tanto público como privado.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, doctor Hugo López-Gatell, refirió que se había seleccionado la vacuna CanSino para el personal educativo, toda vez que ofrecía la ventaja de no requerir ultracongelación para su manejo y de ser de una sola dosis.

El gobierno federal eligió la vacuna CanSino para el personal educativo; no obstante, que se trata de una vacuna que a la fecha no ha sido aprobada por la Organización Mundial de Salud (OMS) y que ello redunda en que no sea admitida en una buena cantidad de países.

El personal docente y administrativo que labora en las escuelas es uno de los más expuestos por el contacto que tienen diariamente y durante horas con los educandos y en muchas ocasiones con los familiares o tutores de los alumnos.

Cuarta. Muchos docentes, al darse cuenta de que la vacuna aplicada está en un limbo científico, optaron por ir a vacunarse con otro biológico sin tener certeza plena de los efectos secundarios que la combinación pudiera tener. En un principio lo lograban con total normalidad, sin embargo, de unas semanas a la fecha, el sistema alerta que un maestro se quiere vacunar y ya es posible.

Algunos docentes que tienen la posibilidad de viajar a los Estados Unidos de América (EUA) lo han hecho para ir a vacunarse, porque aquí no ha habido una respuesta del tamaño del problema. Mientras que en el mundo ha iniciado la aplicación de un tercer refuerzo de vacunas aprobadas por la OMS, en México a los maestros todavía se les tiene con una sola dosis.

El internista e infectólogo Francisco Moreno Sánchez, Premio Nacional de Salud 2020, señaló en una conferencia en la Universidad del Noreste:

“Muchas de las personas que recibieron la CanSino, se han vacunado y combinado la dosis con AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, incluso con Sputnik y Moderna, el resultado es bueno, no genera ningún efecto colateral de riesgo. La verdad, no tengo nada en contra de la CanSino, pero si tuviéramos el resultado de eficacia podría saber qué tan protegidos están; les pido a las personas que están vacunadas con CanSino que busquen recibir una dosis extra”.3

Quinta . Hoy Europa ha vuelto a ser epicentro de la pandemia con importantes crecimientos en hospitalizaciones y defunciones, por lo que han iniciado con la aplicación de nuevas restricciones. La OMS lo califica como una advertencia para el mundo. Se trata de no relajar las medidas, de insistir en la vacunación completa y en reforzar.

La propia farmacéutica CanSino ha recomendado aplicar un refuerzo de su vacuna contra el Covid-19 seis meses después de recibir la primera dosis, luego de un estudio realizado.4

Han transcurrido poco más de seis meses desde que inició la vacunación del personal docente. En Nuevo León fue del 27 de abril al 5 de mayo de 2021 y los alumnos han regresado a clases presenciales.

Antes de que pueda haber un mínimo rebrote, es fundamental por la educación del país ofrecer una respuesta a los maestros ante su preocupación y una protección frente al riesgo al que están expuestos, ya que sólo recibieron una sola dosis.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a garantizar la implementación de un programa especial de vacunación contra el SARS-CoV-2 (Covid-19), con fármacos avalados por la Organización Mundial de la Salud para todo el personal educativo del país, que sólo ha sido vacunado con una dosis de la vacuna desarrollada por la farmacéutica CanSino.

Notas

1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/
2020#:~:text=ART%C3%8DCULO%20SEGUNDO.,del%20Consejo%20de%20Salubridad%20General.

2 https://www.excelsior.com.mx/nacional/
mueren-mas-maestros-que-personal-medico-admiten-impacto-de-comorbilidades/1463542

3 https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/piden-vacunados-cansino-busquen -proteccion-biologico

4 https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2021/08/08/
cansino-recomienda-aplicar-refuerzo-de-su-vacuna-seis-meses-despues-de-la-primera-dosis/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2021.

Diputado Juan Francisco Espinoza Eguia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Conagua, la Sedema de Veracruz y la CFE a establecer acuerdos a efecto de contar con elementos técnicos y científicos para el rescate de la laguna El Farallón, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Juan Carlos Natale López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La disponibilidad del recurso hídrico es fundamental para el progreso y permanencia de la sociedad, de la misma forma, impacta directamente en la dinámica de casi todas las actividades humanas y de los sectores primario, terciario e industrial, mismos que apuntalan el desarrollo de la economía del país.

En este sentido, los esfuerzos constantes por implementar nuevas tecnologías que permitan contar con servicios ecosistémicos que incidan en la producción de energías limpias a partir del uso sustentable de los recursos y capital natural del país cobran relevancia en el contexto de lo planteado por la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética.

Por lo anterior, y dada la importancia del recurso hídrico para la sostenibilidad, resulta necesario contar con diagnósticos y elementos técnicos que permitan la instrumentación de estrategias proclives a la conservación, recarga y recuperación de los acuíferos que se distribuyen a lo largo del territorio nacional, tal es el caso del sitio denominado “laguna El Farallón” en Veracruz, el cual forma parte del complejo lagunar de la franja costera del Golfo de México, cercana a la estación nucleoeléctrica de Laguna Verde operada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Las implicaciones ambientales, económicas y sociales del estado actual del sitio en comento rebasan los límites geográficos, políticos y culturales, constituyéndose en un tema de interés no solo regional, sino nacional, evidenciando la urgente necesidad de una atención coordinada y transversal de los tres órdenes de gobierno y las instancias necesarias para contar con una estrategia de intervención pertinente y adecuada que planteé soluciones en el mediano plazo en beneficio de la población circundante y de los ecosistemas que ahí convergen.

La problemática alrededor del sitio es muy grave y representa un asunto de urgente de atención, de no ser así, podría redundar en la pérdida irreparable de una parte del patrimonio natural de México, con altos costos sociales, ambientales, de salud pública y, en este caso también, de suficiencia energética.

La laguna El Farallón pertenece a uno de los 653 acuíferos del país, encontrándose en la región hidrológica número RH28 de la Cuenca del Papaloapan. De acuerdo con el estudio sobre disponibilidad del recurso, elaborado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de septiembre de 20201 , la disponibilidad en el sitio era ya de 0.00 hm3 (hectómetros cúbicos).

R : recarga total media anual; DNC: descarga natural comprometida; VEAS: volumen de extracción de aguas subterráneas; VCAS: volumen concesionado/asignado de aguas subterráneas; VEALA: volumen de extracción de agua en las zonas de suspensión provisional de libre alumbramiento y los inscritos en el Registro Nacional Permanente; VAPTYR: volumen de extracción de agua pendiente de titulación y/o registro en el REPDA; VAPRH: volumen de agua correspondiente a reservas, reglamentos y programación hídrica; DMA: disponibilidad media anual de agua del subsuelo. Las definiciones de estos términos son las contenidas en los numerales “3” (fracciones 3.10, 3.12, 3.18 y 3.25), y “4” (fracción 4.3), de la norma oficial mexicana NOM-011-CONAGUA-2015.

Aunado a lo anterior, las condiciones climatológicas de los últimos dos años, la extrema sequía, la prolongación del estiaje, así como la alta demanda no regulada del recurso para actividades de agricultura, industria y ganadería en la región, han acelerado el abatimiento del acuífero al grado de la desecación.

El derecho humano al agua y la importancia de ésta para uso industrial y para la transformación energética son innegables y coyunturales para la atención y cumplimiento de los objetivos planteados por la Presidencia de la República en el Plan Nacional de Desarrollo, y en este caso también, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es decir, la Agenda 2030, de la que nuestro país es un importante actor.

Dicho lo anterior, es importante la intervención de la Conagua, la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Veracruz, la CFE, y demás actores interesados la conservación de la laguna El Farallón para la realización de estudios técnicos, planteamientos de manejo integrado, acciones de recuperación de la cuenca y microcuenca, así como la coordinación intergubernamental para la aplicación de medidas de gestión del territorio con los asentamientos aledaños y la determinación de impactos con visión de cuenca hacia la central nucleoeléctrica de la Laguna Verde, todo ello con el fin de establecer una línea base que permita plantear acciones urgentes de rescate del sitio para detener la afectación que se está dando al sector social, energético, ambiental y económico de la región.

Cabe mencionar que la pérdida del sitio ha generado una fuerte crisis económica en la población de la región que por décadas ha visto en actividades como la pesca y el turismo una fuente de ingreso digna para sus habitantes. Además, en materia de impacto al ecosistema, la desecación del sitio ha cambiado la dinámica de las rutas de aves migratorias y de especies de fauna de la región, afectando también a la fauna acuícola presente en la misma.

Por último, es importante hacer hincapié en la premura de la intervención ya que es obligación del Estado Mexicano garantizar las condiciones para un medio ambiente sano, acceso a los servicios básicos para el desarrollo humano y el abatimiento de la pobreza por medio de un ingreso digno.

En virtud de lo mencionado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, a la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Veracruz y a la Comisión Federal de Electricidad para que lleven a cabo los acuerdos necesarios a efecto de coordinar esfuerzos para la implementación de las acciones que les permitan contar con los elementos técnicos y científicos requeridos para establecer una estrategia conjunta para el rescate de la laguna El Farallón.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz y a la Comisión Federal de Electricidad para que, a partir de las acciones propuestas, se integre un plan de manejo del sitio que incluya acciones de monitoreo y vigilancia, así como de conservación y aprovechamiento sustentable del recurso hídrico en beneficio del medio ambiente, el sector social y el sector energético de nuestro país.

Nota

1 Véase, DOF 17/09/202 “Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de los 653 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que forman parte de las regiones hidrológico-administrativas que se indican”. Consultado el 8 de noviembre de 2021 Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5600593&fecha=17/09/2020

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el 23 de noviembre de 2021.

Diputado Juan Carlos Natale López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno del estado de México a implantar un sistema de gestión de la calidad en el IMEPI para mejorar sus resultados en los servicios de capacitación, en beneficio de los pirotécnicos, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Dionicia Vázquez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, y los demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno del estado de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, se implemente un sistema de gestión de la calidad en el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, demostrando la conformidad con los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2015, para que esta institución pública mejore sus resultados en los servicios de capacitación, de medidas de seguridad y de fomento de la cultura de prevención de accidentes en materia de fabricación, uso, venta, transporte y almacenamiento de artículos pirotécnicos, en beneficio de las pirotécnicas y los pirotécnicos, así como para la disminución de la incidencia de accidentes con pirotecnia, bajo las siguientes

Consideraciones

Incluir la calidad en los procesos públicos es aún un reto pendiente. Para el caso del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (Imepi), en el estado de México, implementar un sistema de gestión de la calidad es de la más alta prioridad en virtud del incremento de accidentes con pirotecnia y de la lamentable pérdida de vidas humanas.

En este contexto, para el doctor Francisco Moyado Estrada la relación entre gestión pública y la calidad consiste en “una serie de propuestas que permiten incidir en el rediseño institucional, adoptando la calidad de los servicios públicos como otro eje de la gobernanza, como instrumento para fortalecer la legitimidad de gobierno, y al mismo tiempo, como área de oportunidad para mejorar el desempeño del sector público”1 .

Para poner de relevancia la magnitud del tema, encontramos que la principal producción de artesanías pirotécnicas de México se lleva a cabo en el estado de México, en donde en más de 60 municipios de la entidad se fabrica, comercializa, transporta y almacena artículos pirotécnicos. Entre los que destacan los municipios de Almoloya de Juárez, Amecameca, Axapusco, Ozumba, Texcoco, Zumpango y Tultepec, éste último municipio conocido como la capital de la pirotecnia.

Cabe destacar que esta actividad en la región descrita no es reciente, sino que tiene más de 200 años de tradición por lo que su relevancia no sólo se limita a lo cultural y las tradiciones de barrios y pueblos, sino que constituye en la actualidad el sustento económico de más de 40 mil familias en el Estado de México que dependen directamente de la actividad pirotécnica2 .

Al respecto, el 15 de julio de 2003, se publicó en el Periódico Oficial, “Gaceta del Gobierno” en el estado de México, la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal Denominado Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (Imepi), con personalidad jurídica y patrimonio propio.

En el artículo 2 de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal Denominado Instituto Mexiquense de la Pirotecnia,3 se establece como objetivo del IMEPI capacitar a la sociedad para consolidar una cultura de prevención así como implementar junto con los artesanos e industriales medidas de seguridad de la actividad pirotécnica en el estado de México.

Por su parte, en el Artículo 3 de la citada ley4 , en el marco de las atribuciones del Imepi se encuentran: elaborar, aplicar y evaluar programas estratégicos dirigidos a los pirotécnicos para implementar medidas de seguridad eficaces, en materia de fabricación, uso, venta, transporte, almacenamiento y exhibición de artículos pirotécnicos y –de igual manera– promover la industrialización en la actividad pirotécnica en el estado de México para que ésta se realice con materiales de mejor calidad y de menor riesgo.

No obstante, el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, hay que decirlo, no ha estado ni está en la actualidad a la altura de las circunstancias y sobre todo, no ha contribuido en fortalecer la prevención de accidentes con pirotecnia y con ello evitar la pérdida de vidas.

De acuerdo a la siguiente Tabla 1, en los ejercicios del gasto público del Imepi de 2018 a 2021 se ha destinado en promedio casi el 70 por ciento de su presupuesto total en el capítulo del gasto 1000 (servicios personales) y menos del 25 por ciento, en promedio, en las actividades propias de sus objetivos y atribuciones que le dieron origen.

Por si esto no fuera suficiente, el capítulo 4000 representa en la mayoría de los casos “ayudas” que en muchas ocasiones representan más un riesgo, por ejemplo las palas o picos que se reparten representan un proyectil en caso de siniestro, o las mallas ciclónicas una trampa para las personas al interior de los talleres.

En un estudio realizado en 2019 encontramos que en este año se otorgaron seis millones de pesos a 26 permisionarios pirotécnicos de un universo de más de 40 mil familias dedicadas a la pirotecnia. Otro hallazgo fue que el número de apoyos otorgados por concepto del capítulo 4000 no correspondía al número de pirotécnicos por municipio, en donde se encontró que se llegaron a otorgar más apoyos en municipios con menor número de pirotécnicos que en donde hay más permisionarios (ver Tabla 2 y 3).


De acuerdo con las tablas 3 y 4, existen más permisionarios pirotécnicos en el municipio de Tultepec que en el municipio de Jocotitlán, sin embargo, se dieron más apoyos en el segundo. Asimismo, en el municipio de Almoloya de Juárez se benefició con casi 140 mil pesos a un sólo pirotécnico cuando existen en este municipio 81 permisionarios.

En contraste con lo anterior, siguen ocurriendo terribles accidentes por el mal uso de pirotecnia, tan sólo en este año encontramos que han ocurrido diversos accidentes en donde lamentablemente ha habido decesos y daños al patrimonio de la población, entre los más recientes:

• El 28 de enero de 2021, una mujer falleció luego de explotar un taller de pirotecnia en el paraje La Saucera, situado en Tultepec, estado de México además, parte del inmueble colapsó.8

• El 18 de mayo dos personas perdieron la vida tras una explosión de material pirotécnico ocurrida en un domicilio particular del municipio de Axapusco.9

• El 25 de junio un muerto y cuatro lesionados es el saldo que dejó la explosión al interior de un domicilio donde se almacenaba pirotecnia, en la calle Pensamientos, en la colonia Santa Rita, municipio de Tultepec.10

• El 18 de septiembre en Toluca, tres personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad al estallar una vivienda donde presuntamente se fabricaban juegos pirotécnicos en un domicilio localizado en la calle Prolongación Miguel Hidalgo, de la delegación San Cristóbal Huichotitlán.11

• El 1 de octubre en el municipio de Zumpango se reportó una explosión en un polvorín. Se dio a conocer que tres personas resultaron lesionadas.12

• El 24 de octubre al menos cuatro personas resultaron lesionadas tras una explosión de pirotecnia al interior de un domicilio en el municipio de Tultepec. Entre los heridos se encontraban dos menores de edad.13

• El 11 de noviembre en Tultepec, una mujer sufrió quemaduras en 30 por ciento de su cuerpo, cuatro vehículos se incineraron, dos bodegas resultaron dañadas y un cilindro que contenía gas doméstico se incendió al estallar un taller de pirotecnia en una vivienda de la calle Francisco Sarabia.14

Esta situación descrita nos impulsa a alzar la voz y exigir a las autoridades del gobierno del estado de México que se implemente con urgencia un rediseño administrativo en el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia con énfasis en consolidar no sólo la transparencia sino su efectividad.

La norma ISO 9001:2015 es una alternativa viable para adoptarse en las administraciones públicas. Esta norma es una regla que estandariza el sistema de control de la calidad de las organizaciones. La Organización Internacional de Estandarización (ISO por sus siglas en inglés) es una entidad que reúne a representantes de diversos países para desarrollar normas de estandarización en diferentes áreas de actuación.

La ISO fue creada en 1946, cuya finalidad es lograr que diferentes empresas, administraciones ya sean públicas o privadas, así como cualquier organización puedan brindar productos y servicios de calidad en un entorno de buenas prácticas.

El 23 de septiembre de 2015, la Organizacio?n Internacional para la Estandarizacio?n publico? la norma ISO 9001:2015, en la cual se incorporaron modificaciones sustanciales, que ayudara?n a las organizaciones públicas o privadas a comprender ma?s y mejor su empresa/administración, y su contexto, en su adaptacio?n a entornos cada vez ma?s complejos y dina?micos en los que e?stas operan.

La versio?n 2015 de la norma ISO cuenta con una mejor estructura que la versión anterior (2008) e incorpora el direccionamiento estrate?gico y, en todos sus apartados, la prevencio?n a trave?s del concepto “pensamiento basado en el riesgo”; asimismo, simplifica los requisitos para la documentacio?n, entre otros cambios, tomando como base los principios de la calidad (enfoque al cliente, liderazgo, compromiso de las personas, enfoque a procesos, mejora, toma de decisiones basado en evidencia y gestión de las relaciones).

Con el fin de alcanzar los resultados la gestión de los procesos bajo esta norma contempla en su conjunto el ciclo denominado PHVA (Ciclo planificar-hacer-verificar-actuar) que puede aplicarse a todos los procesos y al sistema de gestión de la calidad como un todo.

La norma ISO 9001:2015 consta de diez requisitos15 , a saber:

1. Objeto del Sistema de Gestión de la Calidad.

2. Referencias normativas.

3. Te?rminos y definiciones.

4. Contexto de la organizacio?n.

5. Liderazgo.

6. Planificación.

7. Apoyo.

8. Operación.

9. Evaluación del desempeño.

10. Mejora.

Al respecto, existen ya algunos indicios de que el gobierno del estado de México está realizando algunos esfuerzos iniciales en la materia, para construir un buen gobierno, eficiente y de calidad, a la altura de las necesidades y expectativas de la población. En la actualidad se tiene el caso de éxito del sistema de gestión de la calidad en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el área de adopciones.

Asimismo, el pasado mes de junio de 2021, el gobierno del estado de México publicó la “Guía Técnica para el desarrollo e implementación de sistemas de gestión de la calidad en el gobierno del estado de México de conformidad con los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2015”16 , realizado por parte de la Dirección General de Innovación, adscrita a la Secretaría de Finanzas, de la entidad.

Esta guía publicada en junio de 2021 tiene por objetivo que todas las dependencias del Gobierno del Estado de México cuenten con una herramienta actualizada y de fácil comprensión para desarrollar e implementar sistemas de gestión de la calidad demostrando la conformidad con los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2015.

En esta tesitura, como legisladoras y legisladores federales no podemos ni debemos ser indiferentes ante esta situación, en especial porque está en riesgo permanente la vida y el patrimonio de miles de personas a través de una actividad que con el cuidado, atención y regulación vigente que requiere, es una actividad económica de gran relevancia social, económica y cultural para nuestro país.

Los retos de la función de gobierno obligan a emplear modelos de gestión novedosos y en el caso del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia es urgente que se cambie el modelo actual en donde más del 70 por ciento de su presupuesto17 se destina al capítulo de gasto 1000 (servicios personales), sin que con ello se incida en la reducción de accidentes con pirotecnia.

En ello radica la importancia y pertinencia de la presente proposición con punto de acuerdo, en virtud de que se busca con la implementación de un sistema de gestión de calidad en el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, que esta institución sea funcional y efectiva, con resultados medibles en la reducción de accidentes con pirotecnia, no sólo para la seguridad de la población en general, sino evitar que se criminalice y estigmatice a un grupo poblacional con una actividad económica que permite dar sustento a más de 200 mil familias18 a nivel nacional de las cuales más de 40 mil pertenecen al estado de México19 .

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, se implemente un Sistema de Gestión de la Calidad en el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, demostrando la conformidad con los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2015, para que esta institución pública mejore sus resultados en los servicios de capacitación, de medidas de seguridad y de fomento de la cultura de prevención de accidentes en materia de fabricación, uso, venta, transporte y almacenamiento de artículos pirotécnicos, en beneficio de las y los pirotécnicos, así como para la disminución de la incidencia de accidentes con pirotecnia.

Notas

1 Moyado Estrada, Francisco.(2014). Gobernanza y Calidad en la Gestión Pública: Oportunidades para Mejorar el Desempeño de la Administración Pública en México (páginas 15-19). INAP.

2 Pirotecnia en el Estado de México. Imepi,

https://cutt.ly/ATATH8k. Consultado el 21 de noviembre de 2021.

3 Ley que crea el Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal Denominado Instituto Mexiquense de la Pirotecnia. Imepi, https://cutt.ly/kTAKAYP. Consultado el 21 de noviembre de 2021.

4 Íbid.

5 Elaboración propia con datos de Información Pública de Oficio Mexiquense. Ipomex, https://cutt.ly/WTA60lH. Consultado el 21 de noviembre de 2021

6 Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Interna del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia Acta número 6 IMP/6SO/CID/01-Agosto-2019.

7 Íbid.

8 Explosión de polvorín en Tultepec deja una persona muerta. La Jornada ,https://cutt.ly/QTST1M4. Consultado el 21 de noviembre de 2021.

9 Explosión por pirotécnica deja dos muertos en Axapusco. El Sol de Toluca, https://cutt.ly/JTSYgV5. Consultado el 21 de noviembre de 2021.

10 Un muerto y cuatro lesionados, deja explosión de pirotecnia en Tultepec. Excelsior, https://cutt.ly/oTSYQyR. Consultado el 21 de noviembre de 2021.

11 Deja tres lesionados explosión de casa donde hacían pirotecnia. La Jornada , https://cutt.ly/GTSUpRP. Consultado el 21 de noviembre de 2021.

12 Explosión de pirotecnia en Zumpango deja varios lesionados. El Sol de Toluca , https://cutt.ly/FTSUYGi. Consultado el 21 de noviembre de 2021.

13 Explosión de pirotecnia en una casa de Tultepec deja 4 heridos; 2 son menores de edad. msn , https://cutt.ly/3TSUNgp. Consultado el 21 de noviembre de 2021.

14 Estalla taller de pirotecnia en Tultepec; una lesionada. La Jornada , https://cutt.ly/nTSOdyc. Consultado el 21 de noviembre de 2021.

15 ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. ISO,https://cutt.ly/pTSHp1w. Consultado el 21 de noviembre de 2021.

16 Guía Técnica para el Desarrollo e Implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad en el Gobierno del Estado de México. Gobierno del Estado de México ,https://cutt.ly/lTAACVa. Consultado el 21 de noviembre de 2021.

17 Presupuesto asignado al IMEPI. ipomex,https://cutt.ly/2TAOsLD. Consultado el 21 de noviembre de 2021.

18 Trabaja SSPC con productores para evitar accidentes por pirotecnia. SSPC,https://cutt.ly/uTAT8FA. Consultado el 21 de noviembre de 2021.

19 Pirotecnia en el Estado de México. IMEPI, https://cutt.ly/ATATH8k. Consultado el 21 de noviembre de 2021.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2021.

Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco y diversas autoridades a investigar la participación de funcionarios federales en el proceso comicial extraordinario de San Pedro Tlaquepaque, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. Movimiento Ciudadano resultó vencedor en la elección ordinaria de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de acuerdo con el Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral de Jalisco por una diferencia de 2 mil 529 votos sobre el segundo lugar, Morena.1 Ante esta diferencia el partido político Morena decidió impugnar ante el Tribunal Electoral estatal el resultado de la elección, argumentando que hubo una intervención del cardenal y arzobispo emérito de Guadalajara.

Sin embargo, el tribunal local confirmó la validez de la elección de San Pedro Tlaquepaque, puesto que consideró que si bien es cierto que hubo un comentario indebido por parte del ministro de culto, en realidad dicha intervención no fue determinante para el resultado de la elección.

De igual manera, el partido político Morena impugnó dicha determinación ante la Sala Regional de Guadalajara. Sin embargo, de nueva cuenta, la sala regional confirmó la determinación del tribunal electoral local pues tampoco consideró que dicho comentario hubiera influido de alguna manera en el resultado de la elección municipal.

El pasado 30 de septiembre de 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en una votación dividida de cuatro votos contra tres, determinó anular la elección de Tlaquepaque, Jalisco, en virtud de los comentarios vertidos por un ministro de culto sobre el proceso electoral de dicho municipio.2 Ello pues, según este Tribunal, dichos comentarios violentaron el principio constitucional de separación Iglesia-Estado. Asimismo, la Sala Superior determinó ordenar la celebración de una elección extraordinaria en San Pedro Tlaquepaque, misma que se llevó a cabo el domingo 21 de noviembre de 2021.

II. De acuerdo con el PREP de la Elección Extraordinaria del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 20213 los votos asentados en las actas reflejaron los siguientes resultados:4

De los resultados expuestos en la tabla anteriormente, resulta evidente que la presunta intervención del ministro de culto dentro de la elección municipal ordinaria no influyó en los resultados tal como lo refirieron en su momento el Tribunal Electoral local y la Sala Regional puesto que, de nueva cuenta, Movimiento Ciudadano resultó avante en el proceso electoral local en la elección extraordinaria.

III. Durante el anuncio de la derrota del partido político Morena en la elección extraordinaria de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, se pudo observar en televisión abierta la presencia de funcionarios federales que portaban chalecos color guinda que además tenían el escudo nacional y la leyenda “Gobierno de México” en la casa de campaña del partido político Morena. Ello, sin lugar a dudas, pone en duda la imparcialidad de funcionarios federales ante procesos electorales locales. Asimismo, este actuar pone en duda la utilización de recursos públicos federales en la elección extraordinaria de San Pedro Tlaquepaque.

De igual forma, resulta evidente que durante la jornada electoral de la elección extraordinaria del municipio de Tlaquepaque en el estado de Jalisco la injerencia de servidores públicos por parte del gobierno federal rompieron con la equidad e imparcialidad de la competencia electoral que deben prevalecer en cualquier elección en nuestro territorio.

IV. El artículo 134 séptimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece el principio de imparcialidad con base a lo siguiente:

“Artículo 134. Los servidores públicos de la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos poli?ticos ”.5

Asimismo es preciso señalar que de acuerdo con el artículo 242, numeral 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales numeral 3 señala lo siguiente:

“Artículo 242. [...]

3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas”.

En este sentido vale la pena destacar que tanto los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la CPEUM de manera precautoria prevé la obligación de las y los servidores públicos de aplicar los recursos públicos de todos los ámbitos del gobierno de aplicar con imparcialidad bajo su responsabilidad y que no deben de influir en los procesos electorales bajo cualquier modalidad que se consideren o realicen actos bajo imágenes de que pertenezcan algún poder público de los Poderes de la Unión.

Asimismo, el artículo 11, en su fracción III, de la Ley General de Delitos Electorales describe que quien destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato , sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado.

Por su parte la Ley General en Materia de Delitos Electorales en su artículo 11 Bis señala lo siguiente:

“Artículo 11 Bis. Se impondrá de quinientos a mil días multa y prisión de cuatro a nueve años, a la servidora o servidor público que, durante el proceso electoral, use o permita el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios, o beneficios relacionados con programas sociales con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse o posicionar ante el electorado a distinta o distinto servidor público, precandidato, aspirante a candidato independiente, candidato, partido político o coalición ”.6

Por lo anteriormente expuesto, resulta imperante que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco y la Secretaría de Gobernación, inicien una investigación sobre presuntos hechos constitutivos de delitos electorales dentro de la elección extraordinaria de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, debido a la participación de funcionarios federales dentro de la casa de campaña del partido político Morena.

Por lo anteriormente expuesto someto su consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República a que, en el marco de sus atribuciones, inicie una investigación sobre presuntas conductas ilícitas cometidas por funcionarios federales en el proceso electoral extraordinario de San Pedro Tlaquepaque.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco a que, en el marco de sus atribuciones, inicie una investigación sobre presuntas conductas ilícitas cometidas por funcionarios federales en el proceso electoral extraordinario de San Pedro Tlaquepaque.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Gobernación del gobierno federal a que, en el marco de sus atribuciones, inicie una investigación sobre presuntas conductas ilícitas cometidas por funcionarios federales en el proceso electoral extraordinario de San Pedro Tlaquepaque.

Notas

1 De la Mata y Trejo. (2021). Caso Tlaquepaque, la vulneración al principio constitucional de separación Iglesia-Estado. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Recuperado de:
https://www.te.gob.mx/blog/delamata/front/openJustice/article/257

2 Ídem.

3 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. (2021). Proceso Electoral Extraordinario de Tlaquepaque 2021. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Recuperado de:
https://prep2021e.iepcjalisco.org.mx/ayuntamientos/detalle/votos-candidatura/san-pedro-tlaquepaque

4 Elaboración propia con datos del PREP del Proceso Electoral Extraordinario de Tlaquepaque 2021.

5 Cámara de Diputados. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. Recuperado de: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf>

6 Cámara de Diputados. (2014). Ley General en Materia de Delitos Electorales. Cámara de Diputados. Recuperado de: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDE_200521.pdf>

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2021.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal, la Sedena y la Guardia Nacional a establecer una estrategia coordinada para proteger de la delincuencia organizada a la población en Michoacán de Ocampo, a cargo del diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Francisco Javier Huacus Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esa soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al poderes ejecutivos federal y estatal de Michoacán, así como a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Guardia Nacional para establecer una estrategia activa y coordinada para proteger a la población de la violencia ejercida por la delincuencia organizada en el estado de Michoacán de Ocampo, especialmente en el Distrito 12 de Apatzingán de la Constitución, Michoacán de Ocampo, con fundamento en lo siguiente

Consideraciones

La seguridad es una responsabilidad del Estado mexicano, que debe brindar con el propósito de garantizar y salvaguardar el bienestar colectivo de la sociedad, mantener el orden constitucional y la paz pública de la nación. En los recientes lustros, México se encuentra sometido ante altos índices de violencia que afectan a la ciudadanía, con un incremento de la delincuencia en un 40.5 por ciento desde 2015.

El actual sexenio registra dos de los años más violentos; en 2019 los homicidios dolosos alcanzaron los 34 mil 689 delitos; en 2020 se contabilizaron 34 mil 558, y para lo que se lleva de 2021 suman ya 25 mil 392, y donde 50.7 por ciento de los homicidios del país se concentran en cinco entidades del país: Guanajuato, Baja California, Estado de México, Jalisco, Michoacán y Chihuahua.

La tasa de homicidios en México durante 2020 fue de 27.8 por cada 100 mil habitantes, posicionando al país en el lugar noveno de tasa de homicidios más alta a nivel mundial. Se estima que el impacto económico de la violencia en México fue de 4.71 billones de pesos en 2020, lo que equivale a 22.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional o 36 mil 893 pesos por habitante. El homicidio representa 47 por ciento del impacto económico de la violencia en 2020.1

Este gobierno ha implementado políticas de seguridad fundadas, como eje central, con la creación de la Guardia Nacional y el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública; sin embargo ello no ha logrado la pacificación del país, puesto que la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal sólo se fundamenta en la militarización del país.

Ello ha sido posible ante la fragmentación de las principales organizaciones criminales y delictivas en el país, que han asumido el control territorial en diversas regiones de la nación, el fácil acceso a las rutas del narcotráfico y el monopolio de las actividades ilícitas. En 2020 se estimó que hasta dos tercios de los homicidios ocurridos en México estaban relacionados con la delincuencia organizada.2

En las últimas semanas el país ha vivido con diversos actos de violencia, nueve cadáveres colgados de un puente en el estado de Zacatecas, cuatro personas reportadas como desaparecidas fueron encontradas en una fosa clandestina en Guerrero, secuestraron a dos elementos de la Marina en Jalisco, mataron a cuatro personas en un domicilio en Morelos, un comando asesinó a cuatro jóvenes en Guanajuato, en playas de Acapulco asesinaron a un hombre frente a los turistas y en Michoacán hubo 11 asesinatos, donde 6 eran menores de edad.3

En Michoacán, un estado de 3.3 millones de habitantes, donde la estadística está disparada y la criminalidad se encuentra fuera de control, debido a la presencia de la delincuencia en amplias franjas de la entidad, así como la omnipresencia de las organizaciones criminales en la vida pública de los pueblos, comunidades y municipios.

Asimismo, los municipios de Tepalcatepec, Buenavista, Coalcomán y Aguililla son las principales zonas asoladas por la criminalidad, sin libre tránsito para los ciudadanos, donde ni la guardia nacional se atreve a ingresar y que sólo implementa acciones reactivas y no preventivas que combatan la delincuencia.

Ante este contexto de violencia e inseguridad, autoridades federales y locales de Michoacán rebasadas y sin respuestas contundentes para disminuir la espiral de criminalidad en la entidad, sin que no haya respuestas a la sociedad de Michoacán y acciones que, desde la federación, garanticen el estado de derecho y recuperen el orden constitucional en las regiones, con el propósito de garantizar la seguridad, el bienestar y los derechos humanos elementales de la ciudadanía que hoy se encuentra indefensa y en manos de la criminalidad.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los poderes ejecutivos federal y estatal, así como a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Guardia Nacional, para establecer una estrategia activa y coordinada para proteger a la población de la violencia ejercida por la delincuencia organizada en el estado de Michoacán de Ocampo y especialmente en el Distrito 12 de Apatzingán, de Michoacán de Ocampo.

Notas

1. OCSEPAZ comparte análisis de cifras del Índice de Paz en México.
https://consejociudadanopuebla.org/2021/05/20/ocsepaz-comparte-analisis-decifras-del-indice-de-paz-mexico/

2. Índice de paz en México 2021. https://www.indicedepazmexico.org/

3. Opinión: Ante la violencia récord en México no hay estrategia, acciones ni responsables.

https://www.washingtonpost.com/es/post opinion/2021/11/21/violencia-mexico-homicidios-2021-loret

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2021.

Diputado Francisco Javier Huacus Esquivel (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a esta soberanía a celebrar sesión solemne por el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, suscrita por la diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez e integrantes de la Comisión de Derechos Humanos por el Grupo Parlamentario de Morena

Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a llevar a cabo una Sesión solemne con motivo de la celebración del Día de los Derechos Humanos, que se conmemora cada 10 de diciembre, fecha en la que la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó, en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos; a cargo de la diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez y secretarios de la junta directiva de la Comisión de Derechos Humanos.

La que suscribe, diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas e integrantes de la Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, día en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Esta Declaración enuncia los derechos fundamentales de todas las personas basados en el reconocimiento de la dignidad humana, el principio de igualdad ante la ley y los ideales de libertad, justicia y paz de todas las Naciones.

Dos años después, el 4 de diciembre de 1950, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en concordancia con el aniversario de dicha Declaración, adoptó en su resolución A/RES/423(V)1 el 10 de diciembre como Día de los Derechos Humanos, a fin de instar a los Estados a que adopten esta conmemoración y redoblen sus esfuerzos en esta materia.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) son dos de los más importantes instrumentos de derechos humanos y establecen el marco para el cumplimiento efectivo de derechos tales como la libertad de expresión, libertad de culto, derecho a no ser sometido a tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, derecho a un juicio justo (PIDCP), derecho al nivel más alto de salud física y mental, derecho a la educación y derecho al trabajo, entre otros (PIDESC).

El principio de igualdad y no discriminación enunciado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que todas las personas gozan de los derechos sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, incluyendo la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa.

En este sentido, los Derechos Humanos son garantías jurídicas universales que tienen el objetivo de proteger la dignidad humana y las libertades de las personas por el hecho de pertenecer al género humano. Son principalmente los gobiernos quienes están obligados a observar los deberes y prohibiciones de los marcos normativos de derechos humanos.

Los derechos humanos pertenecen a todas las personas sin importar la jurisdicción del territorio al que pertenezcan, es decir, son inherentes, inalienables y universales. No existe una jerarquización entre ellos, por lo que no se acepta el detrimento o sacrificio de un derecho a favor de otro; es decir, son indivisibles y en tanto que la privación o reconocimiento de un derecho afecta el ejercicio de otro u otros derechos, son interdependientes, y en tanto que no se acepta cualquier retroceso o regresión de los derechos reconocidos por los Estados y estos tienen un carácter evolutivo y pueden aparecer otros derechos que sean necesarios para proteger la dignidad humana, los derechos humanos son progresivos.

Los derechos humanos son reconocidos a nivel internacional y en los marcos normativos nacionales. En México, la Constitución Política reconoce los derechos humanos de las personas y establece que todas ellas gozan de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el país es parte, favoreciendo en todo momento a las personas (principio pro persona).

En los últimos años, el marco normativo a nivel nacional se ha expandido y se han incorporado leyes y reglamentos que protegen los derechos humanos con base en los compromisos internacionales de los que México es parte. Igualmente, la Administración Pública Federal cuenta con el Programa Nacional de Derechos Humanos, el cual es transversal a las acciones de todas las instancias gubernamentales federales a fin de generar las condiciones que propicien el pleno ejercicio de los derechos humanos.

A nivel internacional, el Estado mexicano se ha adherido a la Carta Universal de Derechos Humanos,[2] al Sistema Interamericano y ha ratificado diversos tratados, declaraciones, protocolos y otros instrumentos internacionales para la protección de derechos específicos. La Carta Universal está conformada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus protocolos facultativos.

En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos destaca: la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), la Convención Interamericana sobre Desaparición forzada de Personas y el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte. Estos y otros instrumentos como las Convenciones establecen el piso mínimo para garantizar los derechos humanos y no representan de ninguna forma una lista cerrada de derechos.

El Estado es el principal responsable de proteger, garantizar y respetar los derechos humanos. Para su protección y defensa se han creado distintos mecanismos e instituciones de naturaleza jurisdiccional y no jurisdiccional. En México, el sistema no jurisdiccional de protección y defensa de los derechos humanos se compone de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de los treinta y dos organismos de protección y defensa en las entidades federativas, los cuales están basados en el modelo denominado Ombudsman.

La principal función de los Organismos Públicos de Derechos Humanos es la de conocer e investigar, a petición de parte o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos con el objetivo de determinar la existencia de alguna violación y, en su caso, la posibilidad de la restitución plena del goce de los derechos del agraviado y la reparación de los daños que se le hayan ocasionado, así como emitir observaciones, recomendaciones e informes sobre presuntas violaciones a los derechos humanos a las autoridades correspondientes.

Todas las personas tienen derecho a la protección contra tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Este derecho se encuentra protegido en diversos tratados y declaraciones Internacionales a los que México se ha adherido como: el Protocolo de Estambul, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

El artículo 29 constitucional establece que en México no se puede expedir ningún decreto que suspenda la prohibición de la desaparición forzada, la tortura, la esclavitud y la servidumbre.

En México todas las personas tienen derecho a la protección de la salud conforme al Artículo 4º constitucional. El artículo 11 de la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre hace explícito el derecho a la preservación de la salud de las personas a través de la atención médica.

Otros tratados internacionales que protegen el derecho a la salud son: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 25), el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Artículo 12), la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre (Artículo 11) y el Pacto de San Salvador (Artículo 10). Igualmente, México ha asumido el compromiso de proteger la salud sexual y reproductiva de las personas a nivel internacional con base en el Programa de Acción de El Cairo y el Programa de Acción de la Plataforma de Beijing.***[3]

El Estado de derecho debe ser fortalecido, muchas de las soluciones que se pueden plantear en el país, demandan la aplicación equitativa, justa y eficiente de los marcos jurídicos vigentes, de mecanismos expeditos para atender y reparar daños o alteraciones a las garantías individuales y al orden constitucional, entre otros.

Hay avances en la materia, no obstante, se requiere continuar trabajando a profundidad para mejorar los mecanismos que protejan los derechos sexuales y reproductivos, la libertad de expresión, las condiciones migratorias, el acceso a la salud, a la educación y a una vivienda digna, entre otros de los pendientes que como sociedad enfrentamos. El panorama es complejo, sin embargo, ahondar en posibles soluciones es una labor esencial de este Poder Legislativo.

En este orden de ideas y en virtud del devenir histórico de la lucha por cristalizar los Derechos Humanos en el ámbito internacional y, específicamente, en nuestra Nación, es que atendiendo a la gran importancia que reviste dicha conmemoración, los diputados que suscribimos este punto de acuerdo, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, estimamos oportuno llevar a cabo una sesión solemne en el marco del día 10 de diciembre, día de los Derechos Humanos.

Recordemos que la Sesión Solemne es aquella que efectúa cada Cámara o el Congreso General con algún motivo especial, por ejemplo, para recibir a visitantes distinguidos, imponer alguna condecoración, conmemorar algún suceso histórico significativo (como es el caso) o develar nombres con letras de oro.

Es la intención precisamente que, mediante una Sesión Solemne de la Cámara de Diputados, se efectué la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre, para exponer los posicionamientos de cada uno de los grupos parlamentarios respecto a este tema tan importante. Es por ello que se propone el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Cámara de Diputados a llevar a cabo una Sesión Solemne con motivo de la celebración del Día de los Derechos Humanos, que acontece cada 10 de diciembre, fecha en la que la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó, en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos; acontecimiento de importancia mundial.

Notas:

1. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/dh/doc/derechos0.pdf

2. https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/201905/LibroDerI nternacionalRecepcionNacional2aed.pdf

3. https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2021.

Diputados: Nelly Minerva Carrasco Godínez (Presidenta) (rúbrica); Marisol García Segura (rúbrica), Evangelina Moreno Guerra. Julieta Andrea Ramírez Padilla (rúbrica), Beatriz Rojas Martínez (rúbrica), Kathia María Bolio Pinelo, Ana María Esquivel Arrona (rúbrica), Mariana Mancillas Cabrera, Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica), Carolina Dávila Ramírez, Juan Carlos Natale López, Jaime Baltierra García, María Leticia Chávez Pérez (rúbrica), (Secretarios); Norma Angélica Aceves García (rúbrica), Ricardo Aguilar Castillo, María Del Rocío Banquells Núñez, Wendy Maricela Cordero González, Erika Vanessa Del Castillo Ibarra (rúbrica), María del Carmen Escudero Fabre, Marisela Garduño Garduño, Rosa María González Azcárraga (rúbrica), Esther Mandujano Tinajero (rúbrica), Nora Elva Oranday Aguirre (rúbrica), Inés Parra Juárez (rúbrica), Pedro Sergio Peñaloza Pérez, Martha Robles Ortíz (rúbrica), Jorge Ángel Sibaja Mendoza (rúbrica), María Sierra Damián (rúbrica), (Integrantes).

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades educativas a otorgar becas que permitan continuar hasta concluir los estudios a niños y adolescentes de padres o sostén económico fallecidos por Covid-19, a cargo de la diputada Paulina Rubio Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Paulina Rubio Fernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

“El Covid-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2. La Organización Mundial de la Salud (OMS) tuvo noticia por primera vez de la existencia de este nuevo virus el 31 de diciembre de 2019, al ser informada de un grupo de casos de «neumonía vírica» que se habían declarado en Wuhan (República Popular China).”1

Este virus generó una pandemia que ha afectado a todo el mundo, incluido nuestro país, en donde hemos tenido consecuencias catastróficas en la pérdida de vidas humanas, afectaciones económicas y una crisis del Sistema de Salud.

A inicios de septiembre de este año, la Secretaría de Salud (SS) reportó la cifra de nuevos fallecimientos más alta registrada en lo que va de la tercera ola que enfrenta el país, en el reporte técnico diario de este jueves se notificaron 993 defunciones en las últimas 24 horas, para llegar a un total de 261 mil 496, según datos oficiales.2

En una publicación del diario británico The Lancet señala que “más allá de la mortalidad y la morbilidad, las emergencias sanitarias conllevan impactos colaterales, como menores que son privados de sus cuidadores o quedan huérfanos. Desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de 2021, se estima que 1 millón 134 mil niños a nivel mundial experimentaron la muerte de sus cuidadores principales, incluido al menos uno de los padres o abuelos que tenían custodia. 1 millón 562 mil niños sufrieron la muerte de por lo menos un cuidador primario o secundario”.3

De acuerdo con la misma publicación, “un total de 33 mil 342 menores mexicanos perdieron a sus madres, mientras que 97 mil 951 se quedaron sin sus padres a causa del coronavirus; 32 perdieron a ambos padres. 4 mil 429 menores mexicanos se quedaron sin su abuela; 5 mil 342 sin su abuelo y 36 sin ambos. Si se consideran estos datos, la cantidad de niños mexicanos que perdieron a sus cuidadores principales o de custodia se eleva a 141 mil 132.”4

El 24 de septiembre pasado, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) indicó que “más de 118 mil niñas, niños y adolescentes a nivel nacional habrían quedado en situación de orfandad a consecuencia de la pandemia por Covid-19. Detalló que, de acuerdo con una investigación realizada en colaboración con los sistemas estatales y municipales, la UNAM y la FAO, 86 mil 188 niñas, niños y adolescentes habrían perdido a su padre, 32 mil 50 a su madre y 124 a ambos.

La investigación, explicó en un comunicado, se basó en la aplicación de un millón y medio de cédulas de evaluación en las 32 entidades del país, principalmente en hogares beneficiarios de programas alimentarios que coordina el DIF Nacional. El coordinador del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud (CIPPS) de la UNAM, Gustavo Olaiz Fernández, precisó que hasta el momento se han recibido más de un millón de cédulas, de las cuales 923 mil ya fueron revisadas y 102 mil están pendientes de analizar”.5

Nuestro Sistema Jurídico ha priorizado el interés superior de la niñez, por lo que toda legislación, política pública y acciones gubernamentales en general, deben tener siempre este eje rector.

Los niños, niñas y adolescentes (NNA) huérfanos son un grupo vulnerable que requiere atención prioritaria, a corto y mediano plazo, por parte de la sociedad y, particularmente, por el sector público.

La niñez que ha quedado en orfandad, por causa de la pandemia Covid-19, necesita apoyo absoluto del Estado mexicano, es imperativo darles un sostén mínimo, al menos, para que tengan una vida decorosa y puedan continuar con sus estudios hasta su conclusión.

En este sentido, consideramos urgente generar una estructura para que todos los NNA en esta situación tengan acceso a una beca educativa que les permita continuar sus estudios hasta su conclusión.

Las fracciones I, VII y XI del artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, señala que, para efectos de esa Ley, la niñez tiene derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo; a la educación, y a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral.

De acuerdo al artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), a la Secretaría de Bienestar le corresponde el fortalecer el bienestar, el desarrollo, la inclusión y la cohesión social en el país mediante la instrumentación, coordinación, supervisión y seguimiento, en términos de la ley y con los organismos respectivos, de las políticas siguientes: Combate efectivo a la pobreza, y atención preponderante a los derechos de la niñez y de la juventud, además de impulsar políticas y dar seguimiento a los programas de inclusión social y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como de los diferentes niveles de gobierno.

De acuerdo con el artículo 38 de la LLOAPF, a la Secretaría de Educación Pública corresponde, en coordinación con las autoridades educativas de las entidades federativas, diseñar y aplicar las políticas y programas tendientes a hacer efectivo el derecho a la educación.

El artículo 31 de la LOAPF, establece que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le corresponde el proyectar y calcular los egresos del gobierno federal, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las necesidades y políticas del desarrollo nacional, y formular el programa del gasto público federal y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y presentarlos a la consideración del presidente de la República.

El artículo 172 de la Ley General de Salud, señala que el gobierno federal contará con un organismo que tendrá entre sus objetivos la promoción de la asistencia social, prestación de servicios en ese campo y la realización de las demás acciones que establezcan las disposiciones legales aplicables. Dicho organismo es el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el cual tiene entre sus obligaciones, prestar servicios de representación y asistencia jurídica y de orientación social a niñas y niños.

“En noviembre de 2020, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBBBJ), y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), a través de la Unidad de Atención a la Población Vulnerable, suscribieron el Convenio de Colaboración de Transferencia de Información para la Identificación de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad, derivada de la pandemia causada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19). En este convenio se sientan las bases para dar acceso prioritario a los programas de Becas para el Bienestar Benito Juárez (BBBJ) a las niñas, niños y/o adolescentes (NNA) en situación de orfandad derivada de la pandemia causada por el Covid-19”.6

Si bien reconocemos el esfuerzo institucional que implica esta coordinación, no se tienen datos que permitan conocer el avance, las deficiencias o retos, y los resultados en general de dicha acción.

Se tiene poca claridad sobre la conformación y manejo del padrón, así como de la entrega de las becas Benito Juárez, por 800 pesos a menores en condición de orfandad, derivada de la pandemia del coronavirus.

Para Daniela Cervantes, coordinadora nacional de Abogacía en Aldeas Infantiles SOS, “esta falta de atención mantiene la incertidumbre sobre la cifra de menores en situación de orfandad en el país, por lo que la infancia en México sigue en la invisibilidad”.7

En todo caso, es necesario fortalecer la amplitud y eficacia en el registro de un padrón de beneficiarios (NNA en condición de orfandad derivada del Covid), los recursos disponibles para la dotación de las becas, y una revisión puntual de la eficacia del programa.

Por lo expuesto, consideramos que a este esfuerzo se debe sumar la Secretaría de Bienestar, para que en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y el SNDIF diseñen un programa eficaz que atienda a la niñez que ha quedado en orfandad, para que, mediante becas, se garantice la continuidad de sus estudios, hasta su conclusión, ya sea de nivel superior, si así lo desean una vez que hayan cumplido la mayoría edad, o bien hasta la conclusión de la educación media superior, incluyendo apoyos complementarios que garanticen su desarrollo psicológico y físico de manera integral.

Para ello, es necesario que, en uso de sus atribuciones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prevea y dote de los recursos necesarios para su debida implementación.

Como en toda política pública, es necesario tener claros los objetivos, los recursos y la manera en que se evaluarán los resultados, lo cual, a nuestra consideración, no se tiene claro con el padrón y entrega de las becas Benito Juárez a NNA en condición de orfandad, derivada de esta pandemia.

Por lo anteriormente expuesto, esta honorable Cámara de Diputados extiende los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a que informe a la opinión pública, sobre los avances en la conformación del padrón de beneficiarios de las becas Benito Juárez, por razón de orfandad derivada de la pandemia de Covid-19; característica de los procedimientos de entrega, así como los instrumentos de evaluación del mismo.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, para que en coordinación, realicen las acciones pertinentes a efecto de crear, continuar y evaluar un programa que otorgue becas, que permitan proseguir sus estudios, hasta su conclusión, a todas las niñas, niños y adolescentes, cuyos padres o sostén económico, han fallecido por la pandemia de Covid-19.

Notas

1 Véase: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/
question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19 (Consultado el 13 de septiembre de 2021).

2 Véase: https://www.eleconomista.com.mx/politica/
Covid-19-en-Mexico-SSa-reporta-993-nuevos-decesos-y-18138-contagios-adicionales-20210902-0103.html (Consultado el 13 de septiembre de 2021).

3 Véase: https://sumedico.lasillarota.com/amp/especialidades/la-pandemia-ha-deja do-huerfanos-a-mas-de-131-mil-ninos-en-mexico/337585 (Consultado el 14 de septiembre de 2021).

4 Véase: https://www.eluniversal.com.mx/mundo/
coronavirus-mexico-el-pais-con-mas-huerfanos-por-el-covid-revela-estudio (Consultado el 14 de septiembre de 2021).

5 Véase: https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=
1&urlredirect=https://www.reforma.com/estiman-por-covid-118-mil-huerfanos/ar2264580?v=3 (Consultado el 24 de septiembre de 2021).

6 Véase: https://www.gob.mx/becasbenitojuarez/prensa/firma-de-convenio-para-apoy ar-a-familiares-de-victimas-de-covid-19?idiom=es (Consultado el 18 de septiembre de 2021).

7 Véase: https://noticias.imer.mx/blog/
atencion-de-menores-en-orfandad-por-la-pandemia-un-pendiente-para-mexico/ (Consultado el 19 de septiembre de 2021).

Palacio Legislativo de San Lázaro. - Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2021.

Diputada Paulina Rubio Fernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Cultura, el INAH y sus 32 homólogos locales a efecto de que los museos del país abran los lunes y sean considerados festivos en el calendario oficial y cierren los martes, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Juan Carlos Natale López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El desarrollo del ser humano en sociedad tiene en la cultura el mejor instrumento para su raciocinio, criticidad, solidaridad e interpretación ante los fenómenos que permean la realidad, pues ella influye de manera efectiva en su comportamiento personal y colectivo.

A partir de ésta, la expresión del individuo es el reflejo de cognición y reconocimiento del entorno, y coadyuva al cuestionamiento de las actuaciones y hechos realizados con la inacaba búsqueda de nuevos significados.

Dicha acción se hace acompañar del arte como el impulso a la creatividad humana, que mantiene latente la posibilidad de transformar la visión del país.

Este binomio permite mejorar la calidad de vida de los seres humanos en el plano personal, pero, sobre todo, a nivel colectivo, ya que hace factible el logro de aproximaciones a nuevas formas de cohesión social.

En México, el establecimiento de un modelo de gestión cultural, exige ser el mejor escenario de encuentro, intercambio y participación de sus habitantes, considerando todas las expresiones que otorguen sentido a ésta.

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece en el Eje 2. Política Social, apartado denominado Cultura para la paz, para el bienestar y para todos, lo siguiente:

“Todos los individuos son poseedores y generadores de cultura. En rigor, el adjetivo “inculto”, particularmente cuando se le utiliza en término peyorativo, denota una condición imposible: los humanos viven en sistemas culturales que van desde el lenguaje hasta las celebraciones y conmemoraciones, desde los patrones de comportamiento hasta la alimentación, desde el universo simbólico que cada persona construye hasta el disfrute y consumo de productos tradicionalmente denominados culturales, como la música, las artes plásticas, las letras y las artes escénicas.

Desde esta perspectiva, nadie debe ser excluido a las actividades y los circuitos de la cultura, los cuales representan, en la actual circunstancia, factores de paz, cohesión social, convivencia y espiritualidad.

Al igual que en otros rubros, el gobierno federal priorizará en éste las necesidades de los sectores más marginados, indefensos y depauperados, e impulsará una vigorosa acción cultural en las zonas más pobres del país.

Al mismo tiempo, sin descuidar las materias que por tradición han recaído en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la Secretaría de Cultura promoverá la difusión, el enriquecimiento y la consolidación de la vasta diversidad cultural que posee el país y trabajará en estrecho contacto con las poblaciones para conocer de primera mano sus necesidades y aspiraciones en materia cultural...”1

Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4o., párrafo décimo segundo, que:

“Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.”2

En ese sentido, la cultura se presenta como la mejor vía para alcanzar el progreso productivo y humano de la sociedad y de cada uno de los individuos que la componen. Asimismo, también es parte constitutiva del desarrollo, ya que el fortalecimiento del bienestar y de las libertades incluye necesariamente el enriquecimiento del ser humano a través de la literatura, la música, la Bellas Artes y otras formas de expresión. En este contexto, la cultura es factor fundamental en la transformación de las personas y de la sociedad en su conjunto.

Por lo tanto, podemos concluir que la cultura es un ente vivo, un instrumento fundamental para la solución de problemas sociales; es factor constitutivo del desarrollo; es también un elemento de cohesión social frente a los procesos de profundización de desigualdades económicas y de tensiones de convivencia social. Su valor instrumental se basa en las múltiples formas en que afecta a otras áreas claves del desarrollo, como la educación, el turismo o la economía.

De esta manera, promoviendo la cultura y las artes podemos contribuir a reactivar el turismo y la economía del país, aprovechando los fines de semana largos en donde el día lunes se haya considerado en el calendario oficial como día de asueto.

En razón de lo anteriormente expuesto, someta a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura del gobierno de México, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a las Secretarías de Cultura y dependencias encargadas del sector de las treinta y dos entidades federativas a que organicen, promuevan, difundan y ejecuten todas las acciones pertinentes a fin de que los museos del país abran sus puertas los días lunes que sean considerados festivos en el calendario oficial y cierren el día martes siguiente, con el objetivo de fomentar los fines de semana largos para reactivar el turismo e incrementar la promoción de la cultura y las artes en México.

Notas

1 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Eje 2. Política Social. Cultura para la paz, para el bienestar y para todos.

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4o., párrafo décimo segundo.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el 23 de noviembre de 2021.

Diputado Juan Carlos Natale López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los 32 congresos locales sobre la creación o mejora de institutos del emprendedor que permita el desarrollo económico de las emprendedoras, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Ana Laura Bernal Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los congresos locales de las 32 entidades federativas, para que analicen la viabilidad de crear institutos estatales del emprendedor en sus respectivas entidades o para que en su caso fortalezcan los institutos del emprendedor con los que cuentan a través de una perspectiva de género que permita el desarrollo económico de las mujeres emprendedoras, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La pandemia provocada por la Covid-19, no sólo trajo consigo una crisis sanitaria sin precedentes y más de 5.15 millones de muertes alrededor del mundo, sino también provocó una grave crisis económica, en la cual las mujeres han sido las más afectadas de acuerdo a diversos estudios.

La Comisión Económica para América latina y el Caribe (Cepal) señala que la Covid-19 generó un retroceso de más de una década en los niveles de participación laboral de las mujeres, principalmente porque casi 57 por ciento de las mujeres de América Latina se encuentran ocupadas en sectores en los que a causa de la pandemia se estima un mayor efecto negativo en términos del empleo y los ingresos.1

La Cepal señala que a pesar de que las mujeres tienen una participación de 73 por ciento en la primera línea de respuesta en la atención de los afectados por la Covid-19, tienen ingresos menores en un 23.7 por ciento con respecto a los hombres.2

Por otra parte, con la pandemia se incrementó la distribución desigual de las tareas de cuidado infantil no remunerado, que pasó de seis horas más que los hombres al cuidado no remunerado de niños, semanalmente a 7.7 horas más durante la pandemia. Dicha carga ha derivado en que las mujeres abandonen sus empleos.3

En este contexto, el emprendimiento resulta ser una opción que permite la compaginación de las responsabilidades en el cuidado infantil con las de obtener ingresos para sus familias.

Tal es el caso de lo que sucedió con el auge del autoempleo de las mujeres mediante la venta de productos a través de las redes sociales que se presentó durante esta pandemia y que llegó a generar ventas de 9 millones 500 mil pesos al día.4

Cabe recordar que, en México en los últimos diez años, los hogares familiares en los que las mujeres son reconocidas como jefas de familia se ha incrementado al pasar de 25 de cada 100 hogares en 2010 a 33 en el año 2020.5

En nuestro país, las emprendedoras, es decir, las “empleadoras por cuenta propia en micronegocios y medianas empresas” representan 26 por ciento del total de mujeres ocupadas en el país, no obstante, más de 80 por ciento de ellas opera en la informalidad, lo que significa que más de 4 millones 286 emprendedoras operan sin reconocimiento de la ley.6

El alto grado de informalidad de las emprendedoras mexicanas, da cuenta de que tal como lo señaló la Cepal es necesario:

Garantizar el acceso de las mujeres, no solo en su condición individual sino también como empresarias, a servicios y productos financieros sin que se reproduzcan sesgos de género en lo referente a evaluación de riesgo, historial crediticio, avales y garantías y tasas de interés.7

El Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) señala que:

Una emprendedora mexicana promedio tiene entre 25 y 44 años, está casada, tiene uno o dos hijos , su nivel de escolaridad es de secundaria, y opera en la informalidad debido a tres principales razones: el alto costo de trámites administrativos (en tiempo y dinero), la falta de acceso al financiamiento y la falta de capacitación sobre finanzas, contabilidad o desarrollo de negocios.8 Asimismo percibe en promedio 3 mil 707 pesos.

En nuestro país 8 de las 32 entidades federativas cuentan con un Instituto del Emprendedor.

Del análisis de las diferentes funciones de los Institutos del Emprendedor podemos concluir que éstos no cuentan con una perspectiva de género.

Consideramos que se necesitan acciones institucionales que reviertan los efectos provocados por la pandemia en los avances que habían logrado las mujeres en la inserción laboral, así como para lograr una recuperación económica.

Por ello, considero necesario que los congresos locales creen Institutos del Emprendimiento que puedan capitalizar el talento de las mujeres y hagan viables sus proyectos y puedan superar problemáticas como trámites complejos, falta de acceso a financiamiento, etcétera.

En el caso de mi amado estado de Sonora hago un respetuoso llamado al congreso local para que podamos contar con un Instituto de emprendimiento que responda a las demandas y necesidades de las sonorenses.

Para aquellas entidades federativas que ya cuentan con estos Institutos resulta necesario que éstos tengan un enfoque de género a fin de disminuir las asimetrías y desigualdades de género que aún persisten en nuestro país.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los congresos locales de las 32 entidades federativas para que analicen la viabilidad de crear institutos estatales del emprendedor en sus respectivas entidades o para que en su caso fortalezcan los institutos del emprendedor con los que cuentan a través de una perspectiva de género que permita el desarrollo económico de las mujeres emprendedoras.

Notas

1 La pandemia del Covid-19 generó un retroceso de más de una década en los niveles de participación laboral de las mujeres en la región, Cepal, https://www.cepal.org/es/comunicados/la-pandemia-covid-19-genero-un-ret roceso-mas-decada-niveles-participacion-laboral, Consultado el 22 de noviembre de 2022.

2 Íbid.

3 El impacto de Covid - 19, PWC,

https://www.pwc.com/mx/es/prensa/2021/women-in-work-inde x.html, Consultado el 22 de nobiembre de 2021.

4 “Economía neni” dinamiza el comercio digital en México, UNAM,
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_228.html, Consultado el 22 de noviembre de 2021.

6 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/hogares.aspx, Consultado el 21 de noviembre de 2021.

7 La puerta de la formalidad: una oportunidad para el emprendimiento femenino, Instituto Mexicno para la Competitividad, https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2021/07/202100708_El-emprendimie nto-femenino_Documento.pdf, Consultado el 22 de noviembre de 2021.

8 La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad, Cepal, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46633/5/S2000740_e s.pdf Consultado el 22 de noviembre de 2021.

9 Íbid.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2021.

Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Conacyt a garantizar un diálogo alumnos-profesores del CIDE, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) atraviesa una crisis en su interior, ello debido a que las destituciones de dos de sus académicos, algo que ha generado que la comunidad científica, así como alumnos y catedráticos, se opongan al autoritarismo del director interino, José Antonio Romero Teallaeche.1

De acuerdo al director interino del CIDE, el centro educativo está atravesando una manipulación colectiva por parte de los profesores hacia los estudiantes, ya que, con tal de no perder sus privilegios, estos mal informan a los alumnos.2

Una de las docentes afectadas por los despidos del actual director del centro fue Catherine Andrews, la cual fungía como secretaria académica del CIDE, ello con la justificación de que la secretaría incurrió en actos de rebeldía.3

Lo anterior derivó de un comunicado por parte de Romero Tellaeche, en el cual se pedía a los profesores abstenerse de realizar las reuniones de comisiones académicas dictaminadoras, las cuales tiene por objeto la evaluación del desempeño de los docentes, y de este modo establecer la continuación o salida de los profesores dentro del instituto. Dicha petición se realizó, de acuerdo a Romero Tellaeche, debido a que aún no se elegía al director del centro.4

Sin embargo, diversos académicos explicaron que esto se dio de manera unilateral y sin sustento, ya que el proceso de elección del director, no impedía que el CIDE continuara con su operatividad cotidiana, pues por ello se había nombrado un director interino, por lo que dicha reunión continuó su curso de manera normal de acuerdo a la normatividad interna del centro. Por lo anterior, se emitió un oficio donde se ordenó la destitución de la secretaria académica del CIDE.5

En tal sentido la ex secretaria del CIDE emitió un comunicado en el cual informó que la destitución de su labor se debió a que ésta mantuvo la convocatoria a las reuniones de evaluación, aun cuando el director interino dio una instrucción explicita de que estas fuesen canceladas. No obstante que la decisión por parte de la dirección violentaba la normatividad del centro de investigación, además de que esto afecta y pone incertidumbre en los procesos de evaluación académica.6

Asimismo, el pasado 5 de octubre, Alejandro Madrazo, quien fungía como director regional del CIDE Región Centro, fue destituido de su cargo, con la justificación de que se tenía una “pérdida de confianza”.7

II. Tras la salida de la secretaria Catherine Andrews, Romero Tellaeche convocó a una junta con los alumnos, mismos que expresaron su inconformidad sobre la toma de decisiones que se estaban suscitando dentro del plantel, asimismo, mencionaron que la actual dirección no contaba con el conocimiento suficiente sobre la institución y le reprocharon por considerarlos como personas sin juicio crítico para saber cuándo se les está manipulando.

De igual manera, varios estudiantes mencionaron que era insultante tanto para los profesores como para los alumnos decir que eran personas manipulables. Pues estos contaban con un criterio que el propio CIDE había ayudado a forjar y que por ello estaban defendiendo a la institución. Además de que nadie los obligaba a estar en el centro, pues tenían convicción propia, algo por lo que se ha peleado durante años en el CIDE y que se debía de mantener.

Por su parte, el director interino mencionó que el CIDE se ha convertido en un centro neoliberal, donde se impone la enseñanza de una misma ideología, y que esto se debía corregir por medio de la inclusión de nuevos cuadros académicos que no cuenten, de manera exclusiva, con estudios en Estados Unidos de América.

Aunado a lo anterior, dijo que los profesores integrantes del CIDE cuentan con su salario, sus compensaciones académicas, además de que se les paga por clase, las publicaciones e ingresos externos. Por lo que el modelo neoliberal del instituto les ha servido para su propio beneficio.

Asimismo, comentó que se ha utilizado a los alumnos, haciéndoles creer que existe una inestabilidad en el tema de las becas, así como en sus estudios o en sus premios e incluso en su mercado laboral.

III. Como reacción a las decisiones tomadas por parte de Romero Tellaeche, alumnos y profesores del CIDE se manifestaron el viernes 19 de noviembre de este año, a las afueras de las oficinas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), ubicadas en la Ciudad de México, sobre la avenida Insurgentes sur. Ello con la consigna “¡Un dictador no será director!”, además de que exigían la cesantía del cargo del director interino Romero Tellaeche.8

Hoy seguimos viendo cómo los ataques contra el Centro de Investigación y Docencia Económicas continúan, pues la actual administración ha sido la responsable de poner trabas al instituto, las cuales lo han afectado directamente, ello a través de la desaparición de fideicomisos y la reducción presupuestal en materia operativa.

Como legisladores reconocemos la importancia que tiene la labor docente y más aún la libertad de cátedra que debe tener ésta, y que cualquier cosa que contravenga a ello debe ser eliminada para garantizar este derecho.

En la Bancada Naranja somos conscientes de que debe existir un diálogo entre las autoridades competentes, los alumnos y profesores del CIDE para que se pondere el respeto de la autonomía académica y se deje de lado cualquier actuación política que intervenga en el correcto juicio de una institución tan importante.

IV. Por otro lado, la Fiscalía de la República Mexicana se ha dado a la tarea de acusar de delincuencia organizada a 31 investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), lo cual ha generado gran indignación a la comunidad científica, pues diversos premios nacionales han manifestado su descontento y se han pronunciado para que se detenga el hostigamiento a la comunidad científica de nuestro país, donde la organización de Premios Nacionales de Artes y Ciencias, ha mencionado que “La persecución se vuelve aún más inquietante cuando ahora se agrupa a instituciones que realizan contribuciones de primer nivel al conocimiento”.9

Las acusaciones por parte de la fiscalía no son algo que se haya suscitado de manera espontánea, ya que detrás de estas imputaciones excesivas se encuentra la propia directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, la cual ha manifestado ante miembros de la comunidad científica y funcionarios que esto es totalmente falso, e inclusive llegó a desconocer tales imputaciones, sin embargo, hoy se sabe que estas declaraciones han resultados ser solamente falacias, y que además se ha dado a la tarea de mantener latentes las acusaciones en torno a dichos científicos.10

Para agosto de este año, un juez federal del penal del Altiplano, en el Estado de México, negó la detención de los científicos, ello debido a que se tenían diversas inconsistencias en las acusaciones. No obstante, la Fiscalía intentó nuevamente con otra petición, la cual establecía que los implicados fueron actores de un esquema ilegal de asignación de recursos que realizaba el Conacyt.11

Pese a la negativa, la Fiscalía hizo una segunda petición, insistiendo en que los implicados participaron en un esquema ilegal de asignación de recursos por labores que ya realizaba el Conacyt. Esto tuvo como resultado otra negativa por parte del juez federal, ya que la empresa privada que fue creada por los servidores públicos, en donde posteriormente se incorporaron, no resulta ser un hecho delictivo, toda vez que esto se encuentra autorizado en el Foro de Consulta señalado en el estatuto del Conacyt.12

A pesar de ello, la Fiscalía continúa insistiendo en las acusaciones y solicitando la aprehensión de los científicos, pues argumenta que este es un hecho delictivo patrimonial imputable y que cuenta con todas las pruebas que acrediten dicho delito.13

Por lo anteriormente expuesto someto su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno federal a respetar la autonomía académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Segundo . La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que tenga un diálogo extenso con los alumnos y profesores del Centro de Investigación y Docencia Económicas, a fin de subsanar los inconvenientes generados por las destituciones de dos de sus personas académicas.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que haga pública una investigación detallada y fundada del despido de la académica Catherine Andrews y del académico Alejandro Madrazo.

Cuarto . La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a pedir la renuncia de la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez-Buylla, por su reiterada, sistemática e indebida actuación en el ejercicio del encargo.

Notas

1 “Frente a crisis, director del CIDE señala visión neoliberal; ¿Qué hacemos?: egresada.”, La Silla Rota, 2021. Recuperado de: https://lasillarota.com/nacion/frente-a-crisis-director-del-cide-senala -vision-neoliberal-que-hacemos-egresada/583326

2 Ibídem.

3 “Director interino del CIDE destituye a secretaría académica por ‘actos de rebeldía’”, Animal Político, 2021

https://www.animalpolitico.com/2021/11/director-cide-des tituye-investigadoras-ilegalidad-decisiones/

4 Ibídem

5 Ibídem

6 “Investigadora del CIDE pide que “se respeten las reglas” tras destitución de directivas”, Milenio, 2021

https://www.milenio.com/politica/investigadora-del-cide- pide-que-se-respeten-las-reglas

7 Ibídem.

8 “Alumnos y académicos del CIDE protestan frente a las oficinas del Conacyt”, Expansión, 2021

https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/11/19/protesta-c ide-exigen-destitucion-director

9 “Esto ha llegado a un grado de persecución inquietante”: 31 premios nacionales se unen al repudio por la orden de arresto de científicos del Conacyt”, El País, 2021

https://elpais.com/mexico/2021-09-28/esto-ha-llegado-a-u n-grado-de-persecucion-inquietante-31-premios-nacionales-se-unen-al-rep udio-por-la-orden-de-arresto-de-cientificos-del-conacyt.html

10“Quién le calentó la cabeza al Presidente”, El Financiero, 2021

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-pa lacio/2021/09/28/quien-le-calento-la-cabeza-al-presidente/

11 “¿Por qué la FGR busca arrestar a 31 científicos del Conacyt y de qué les acusa?, Expansión, 2021

https://politica.expansion.mx/mexico/2021/09/23/fgr-arre sto-cientificos-conacyt-de-que-se-les-acusa

12 Ibídem

13 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2021.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades de la Ciudad y el estado de México a garantizar los derechos de las víctimas relacionadas con el feminicidio infantil, a cargo de la diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, del Grupo Parlamentario del PRD

Gabriela Sodi Miranda, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 16 de noviembre de 2021 por la mañana, una menor fue golpeada hasta la muerte y fue remitida hasta la noche al Ministerio Público, junto con el presunto feminicida denunciado por la madre, con causa de muerte por golpes.

El 19 de noviembre los familiares de la madre se presentaron en las oficinas del Ministerio Público para reclamar el cuerpo de la menor, pero los familiares del presunto feminicida no lo permitieron por lo que se presumen que la madre se encuentra amenazada o bajo algún tipo de coacción y que su vida puede correr riesgos. Con la mención que el feminicida cuenta con algún tipo de influencias familiares por medio de una regidora en Atizapán.

Por anteriores maltratos, la niña fue atendida en un centro de salud, que NO dio vista a ninguna autoridad. Sin embargo, los familiares fueron a presentar una denuncia ante el Ministerio Público.

Como representante de la nación, acompañamos a las víctimas y nos presentamos en las oficinas de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que ya tenía conocimiento del caso de abuso y maltrato y no tomó las medidas necesarias para garantizar la vida de la niña, incumpliendo con ello su mandato constitucional y sus obligaciones legales.

Es por ello que exigimos que, de manera inmediata, todas las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, particularmente a la Secretaría de la Mujer, protejan a la madre de la víctima para garantizar su vida y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de la niña, víctima de feminicidio.

Resulta claro que en este caso hay una serie de omisiones respecto de la aplicación de las acciones jurídicas y los protocolos de protección que las autoridades debieron haber realizado y NO lo hicieron, por lo cual debe haber fincamiento de responsabilidades, por lo que se exhorta a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, a tomar acción.

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a la Procuraduría de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México y a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, a garantizar los derechos de las víctimas de relacionados con el feminicidio infantil consignado en la carpeta de investigación CI-FIDCANNA/59/UI-1 C/D02677/10-2021.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México para iniciar las investigaciones respecto de las omisiones que se presentaron en este caso y deslinde las responsabilidades correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2021.

Diputada Gabriela Sodi Miranda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso mexiquense a adecuar su legislación y reconocer así el matrimonio igualitario, a cargo de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, integrante del Grupo Parlamentario Morena de la LXV Legislatura Del Congreso De La Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A nivel internacional existente instrumentos que protegen los derechos humanos y la dignidad de las personas:

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)

Artículo 2: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición (...);

Artículo 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación;

Artículo 16:

(1) Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. (2) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.

(3) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado; Artículo 28: Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos;

Declaración de Montreal: Derechos Humanos LGBT (2006)

1. Derechos fundamentales. La primera exigencia es salvaguardar y proteger los derechos más básicos de las personas LGBT, derechos que están bien establecidos y que jurídicamente no admiten discusión.

4. Participación en la sociedad

...

El hacer justicia a la cambiante realidad de la vida familiar supone también reconocer y garantizar derechos iguales a las relaciones no maritales y ampliar esa opción a todas las parejas, sin discriminación basada en el sexo, orientación sexual o identidad de género.

Por eso exigimos que todos los gobiernos que aún no lo hayan hecho reformen su jurisdicción familiar a fin de reflejar la creciente diversidad de la vida familiar:

• Mediante la extensión del matrimonio legal a las parejas del mismo sexo,

• La introducción de derechos similares de vida en común para todas las parejas no casadas.

• La garantía de igual acceso a toda opción parental.

Principios de Yogyakarta sobre la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género (2007):

Preámbulo

...

Consciente de que históricamente las personas han sufrido estas violaciones a sus derechos humanos porque son lesbianas, homosexuales o bisexuales o se les percibe como tales, debido a su conducta sexual de mutuo acuerdo con personas de su mismo sexo o porque son transexuales, transgénero o intersex o se les percibe como tales, o pertenecen a grupos sociales que en algunas sociedades se definen por su orientación sexual o identidad de género;

...

Principio 24 . Toda persona tiene el derecho a formar una familia, con independencia de su orientación sexual o identidad de género. Existen diversas configuraciones de familias. Ninguna familia puede ser sometida a discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género de cualquiera de sus integrantes1 .

A los instrumentos anteriores se les suma recomendaciones y exhortos de organismos internacionales como:

Resolución de la OEA sobre “Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género”, 3 de junio de 2008:

Tomando nota con preocupación de los actos de violencia y de las violaciones de derechos humanos relacionadas, perpetrados contra individuos a causa de su orientación sexual e identidad de género, Resuelve :1 . Manifestar preocupación por los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos relacionadas, cometidos contra individuos a causa de su orientación sexual e identidad de género.2

Con respeto a la legislación e México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su Artículo Primero lo siguiente:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

...

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”3 .

Por lo que los tres poderes de la Unión deberán garantizar en todo momento los Derechos humanos, incluyendo la de las poblaciones LGBTTTI atendiendo el principio de igualdad y de no discriminación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determino lo siguiente:

“La tesis 43/2015 (10ª) fue producto de sentencias dictadas en juicios de amparo en revisión, donde se resolvió sobre la inconstitucionalidad de artículos de leyes locales de Baja California, Sinaloa, el Estado de México y Colima que no reconocían el matrimonio igualitario. Dicha jurisprudencia determinó que “considerar que la finalidad el matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales .”4

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación General 23,dirigida a los Titulares de los Poderes Ejecutivos y a los Órganos Legislativos de todas las entidades federativas del país, sobre el “matrimonio igualitario”, con el fin de que adecuen los correspondientes ordenamientos en materia civil y/o familiar, para permitir el acceso al matrimonio a todas las personas y en condiciones tales que se impida cualquier tipo de discriminación, en términos del quinto párrafo del artículo primero de la Constitución General de la República.5

A pesar de que distintas autoridades tanto internacionales como nacionales ha manifestado que existen normas que discriminan y violentan el principio de igualdad y no discriminación, aún existen estados que siguen sin aprobar el matrimonio igualitario como Durango, Zacatecas Guanajuato, Guerrero, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y Estado de México

En el Congreso del Estado de México se presentaron 2 iniciativas el 5 de octubre de 2021 en la LXI legislatura, con el propósito de reconocer el matrimonio igualitario. En la Legislatura anterior se presentaron diversas iniciativas con el mismo objetivo, sin embargo, ninguna llego a la discusión en comisiones.

Aunado a lo ya expuesto, se suma la exigencia de la sociedad civil, distintas organizaciones como la red de defensores de la diversidad sexual del Estado de México, Lucha Consciente LGBTTTI, Diversidad Chalco, Fuera del Closet, entre muchas más, han dado seguimiento a estas iniciativas, han realizado mesas de trabajo, foros, debates, conferencias, recolecta de firmas, etc.

En noviembre de 2020 presente este mismo punto de acuerdo y lo vuelvo a presentar ya que esta materia sigue sin ser legislada.

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al Pleno, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Congreso del Estado de México para que en el ámbito de sus competencias adecuen su legislación con el propósito de reconocer el matrimonio igualitario, conforme a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de respetar y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas LGBTTTI.

Notas:

1. Marcelo de Jesús Torres Cofiño. (2017). El matrimonio igualitario, Una Lucha jurídico-política. 15/11/2021, de Centro de Estudios Sociales y de Opinión Publica Sitio web: file:///C:/Users/Informatica7/Downloads/CESOP-IL-72-14-MatrimonioIguali tario-250517%20(2).pdf

2. OEA. (Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 3 de junio de 2008). Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género. 15/11/2021, de OEA Sitio web:

http://www.oas.org/dil/esp/AG-RES_2435_XXXVIII-O-08.pdf

3. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf

4. César Flores Mancilla. (00). Igualdad y Diversidad. 15/11/2021, de Suprema Corte de Justicia de la Nación Sitio web:

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/derechos_humanos/articulosdh/documentos/2016-12/
IGUALDAD%20Y%20DIVERSIDAD.pdf

5. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2015). Emite la CNDH Recomendación General para permitir el Acceso al Matrimonio Igualitario a todas las personas, evitando cualquier tipo de discriminación. 10/11/2021, de (CNDH) Sitio web:
https://www.cndh.org.mx/documento/emite-la-cndh-recomendacion-general-para-permitir-el-acceso-al-matrimonio-igualitario

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2021

Diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE a revisar, mejorar y acelerar la expedición de pasaportes, a cargo de la diputada Paulina Rubio Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Paulina Rubio Fernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La pandemia generó diversos problemas en la gestión administrativa pública, redujo el a fluyente de diversos trámites, lo cual no implicó que desapareciera o se redujera la necesidad de obtener documentos oficiales, realizar trámites gubernamentales o realizar gestiones ante instituciones públicas.

Entre estos trámites, y ante la paulatina apertura de las fronteras, la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha tenido una respuesta adecuada para la demanda de expedición de pasaportes, pues el proceso es lento, o incluso, no hay citas para obtener dicho documento en varias entidades federativas del país.

Por ejemplo, en julio de 2021, una falla de intermitencia informática ocasionó retrasos de hasta cuatro horas en la emisión de pasaportes en distintas delegaciones de la Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua, Baja California, Morelos y el estado de México, entre otras.

En agosto pasado, la Oficina Municipal de Nuevo Laredo de Enlace de Relaciones Exteriores (SRE) informó que las citas para trámites de pasaportes, correspondientes a agosto, estaban agotadas.1 Lo mismo ocurrió en muchos municipios del país.

Desde hace unos meses, hemos detectado en redes sociales, como Twitter, reportes de fallas en la disponibilidad de citas.

En el número de teléfono oficial, donde también es posible programar: 800-8010-773, suelen tardar en contestar, y cuando lo hacen, el sistema no reporta citas disponibles ni en Ciudad de México, Jalisco o el estado de México.

En tanto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha reiterado que aspira a disputar la presidencia en las elecciones de 2024, declarando “voy al proceso de Morena. No tengo pensado otro escenario, voy a participar en lo que Morena determine y ahí vamos a estar”, y se encuentra más enfocado en hacer campaña y ser visible en eventos, que en dar un servicio eficaz a la ciudadanía.

Por ello, en Acción Nacional queremos pedirle, que, sin detrimento de sus derechos y aspiraciones electorales, el secretario Ebrard revise los procedimientos y su eficacia en los servicios que proporciona la Secretaría de Relaciones Exteriores, particularmente en la expedición de pasaportes.

Por lo anteriormente expuesto esta honorable Cámara de Diputados extiende el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Causabón, a revisar, mejorar y acelerar los procedimientos relativos a la expedición de pasaportes, y en general, de todos los servicios que proporciona a la ciudadanía esa dependencia a su cargo.

Nota

1 Véase: https://www.milenio.com/politica/comunidad/citas-tramitar-pasaporte-ago tadas-en-nuevo-laredo (Consultado el 3 de noviembre de 2021).

Palacio Legislativo de San Lázaro. - Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2021.

Diputada Paulina Rubio Fernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, la Fiscalía General de la entidad y el MP adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez a cumplir las sentencias resolutorias de los presos políticos y desplazados originarios de Eloxochitlán, a cargo de la diputada Susana Prieto Terrazas, del Grupo Parlamentario de Morena

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Tribunal Superior de Justicia del estado de Oaxaca, a la Fiscalía General del estado de Oaxaca, al Ministerio Público adscrito al juzgado mixto de primera instancia de Huautla de Jiménez, Oaxaca, a dar cumplimiento a las sentencias resolutorias de los presos políticos y desplazados originarios de Eloxochitlán, a cargo de la diputada Susana Prieto Terrazas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Susana Prieto Terrazas, diputada del Grupo Parlamentario de Morena LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, relativo al exhorto para la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, al Ministerio Público adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia, para el Desahogo de Pruebas y Debido Proceso, al tenor de lo siguiente:

Antecedentes y consideraciones

En informe global anual de la organización Freedom House sobre los derechos políticos y las libertades civiles de 195 países y 15 territorios, que involucró a más de 125 analistas y 40 asesores. Se determinó que la violencia perpetrada por la delincuencia organizada, la corrupción entre funcionarios de gobierno, los abusos a los derechos humanos por parte de actores estatales y no estatales, y la impunidad se encuentran entre los desafíos de gobernanza más visibles para México, plasma el informe “Libertad en el mundo 2020: Una lucha sin líderes por la democracia”.1

Según el estudio, México es parcialmente libre al obtener un Freedom rating de 3/7 y un puntaje de libertad de 63/100 (donde 100 representa el mayor grado de libertad). En esta categoría se ubican países de la región como Colombia, Guatemala u Honduras.2 Por otra parte, se considera que la calidad de la democracia no es solo la instauración de un sistema con reglas claras y elecciones regulares, sino que tiene que ver más con la posibilidad de mejorar la condiciones de participación política de la ciudadanía, hacer más competitivo nuestro sistema de partidos, y en primer lugar, conocer en qué medida nuestra democracia se acerca a la igualdad y la libertad como valores esenciales.3

En este sentido, el Presidente Manuel López Obrador ordenó, a principios de diciembre de 2019, crear una mesa de acceso a la justicia con el objetivo de evaluar expedientes de personas en prisión que podían haber sido judicializadas injustamente. Asimismo, la senadora Néstora Salgado, quien sufrió en carne propia el encarcelamiento ilegal, entregó el 14 de diciembre de 2019 una lista con 199 nombres a analizar. Desde entonces, la nómina casi se ha duplicado. Incluyendo el encarcelamiento de la que suscribe el presente punto de acuerdo.4

En el marco de gobierno actual, El presidente enunció que “el objetivo principal es que no haya presos políticos, que ningún ciudadano sea víctima de represalias por su manera de pensar, por su postura política, que no se utilice ninguna institución del Estado para afectar a los ciudadanos de manera injusta. Que no se fabriquen delitos a opositores, a adversarios como sucedía”.5

No obstante, algunas de las normas nacionales e internacionales más relevantes suscritas por México como: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio)6 En cuyos ordenamientos se establece: “que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley ”.7

Lo anterior, en virtud de exponer someramente la situación histórica, política y social vivida en Eloxochitlán, Oaxaca, comunidad en la que se enfrentan dos formas de gobierno. Uno es el modelo autónomo de la Asamblea Comunitaria, que elige a sus autoridades por medio del sistema indígena de usos y costumbres.8 Lugar en el que aún permanece en la memoria colectiva las enseñanzas de los hermanos Ricardo, Enrique y Jesús Flores Magón, los héroes incómodos de la Revolución mexicana por su rechazo a las estructuras de poder centralizadas y autoritarias. Por otra parte, el modelo contrario, monárquico, representado por la familia Zepeda, a modo caciquil.9

La tensión entre los dos modelos de gobierno mencionados, Entre los años 2011 a 2013, la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, especialmente los miembros activos en asamblea comunitaria fueron objeto de represión por parte de Manuel Zepeda Cortés, entonces presidente municipal, y su grupo caciquil; las y los comuneros sufrieron desde actos de intimidación, fabricación de delitos, detenciones arbitrarias, hasta actos de tortura, de acuerdo con los Protocolos de Estambul positivos que obran en distintos expedientes judiciales.

A pesar de ello, la fuerte y mayoritaria organización de la comunidad, les permitió reagruparse y nombrar a sus autoridades municipales que iniciaron su encargo en enero de 2014, con Alfredo Bolaños Pacheco como presidente municipal. El 24 de noviembre de 2014, a escasos días de que las autoridades municipales notificaran al expresidente Manuel Zepeda Cortés el requerimiento de la Auditoría Superior número ASE/OAS/SAF/DACF/2080/2014 , Manuel Zepeda Cortés y su hija Elisa Zepeda Lagunas tomaron con violencia el Palacio Municipal, en consecuencia, Alfredo Bolaños Pacheco despachó en otra sede, al respecto existe la averiguación previa 722/HJ/2014 , sin que las autoridades estatales atendieran los sucesos a pesar de los avisos recibidos.

El 14 de diciembre de 2014, mientras la comunidad estaba reunida para nombrar a una autoridad tradicional, denominada Alcalde , fue balaceada por personas al mando de Manuel Zepeda Cortés y Elisa Zepeda Lagunas; al respecto, en la averiguación 789/HJ/2014 obran las acusaciones en contra de Manuel Zepeda Cortés y otras personas.

En lugar de hablar de la balacera desatada contra la comunidad y sus consecuencias, Elisa Zepeda Lagunas y su padre Manuel Zepeda Lagunas con el auxilio de la entonces Procuraduría, imputaron delitos graves contra 40 personas , todas (os) con representación comunitaria y reconocidas por su activismo a favor de la libre determinación de la comunidad, algunos de ellos identificados como defensores de los derechos humanos, según reconocimientos otorgados por la ONG Barca-Dh .10

Entre los años 2015 a 2019 la lucha instaurada por las familias de los presos, y su defensa legal, logró la liberación de 20 personas , entre las que salieron de prisión al ganar apelaciones contra los autos de formal prisión, las que obtuvieron sentencia absolutoria, a quienes les fue negada la orden de aprehensión, y quienes ganaron libertad a través del incidente de libertad por falta de datos para procesar; así las personas mazatecas fueron absueltas de los delitos de homicidio calificado de Manuel Zepeda Lagunas y de homicidio calificado en grado de tentativa de Elisa Zepeda Lagunas y daños.

También han ganado más de cinco amparos contra la acusación por homicidio de Gustavo Estrada Andrade, y el amparo 921/2016 contra la tentativa de homicidio de Magdalena Lagunas Ceballos, amparos que han absuelto a los imputados de la comisión de esos delitos.

A partir de los delitos imputados, Elisa Zepeda Lagunas, difundió los hechos mencionados y ocupó la Diputación local en la LXIV Legislatura; en el Congreso local , siendo la presidenta de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, desde donde participó en la ratificación de magistrados (as) y del Fiscal General del Estado, por esa razón, en palabras de las familias de presos y desplazados, se vivió un conflicto de interés , a través de la cual se entendería la conducta contradictoria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, quien durante los primeros cuatro años otorgó libertades, pero a partir del año 2020, sin argumentación jurídica suficiente, negó todas las libertades intentadas, a pesar de existir más pruebas de inocencia que en los años anteriores.

Presos políticos y estatus de sus juicios

a) Jaime Betanzos Fuentes, Herminio Monfil Avendaño, Fernando Gavito Martínez , están en prisión preventiva por el delito de homicidio calificado, en grado de tentativa, de Elisa Zepeda Lagunas dentro del proceso penal 02/2015. Con anterioridad, ellos fueron absueltos de la acusación de homicidio calificado de Manuel Zepeda Lagunas dentro del mismo número de proceso, a través de un incidente de libertad por falta de datos para procesar, esto el 1° de marzo de 2019.

Posteriormente, los tres presos apelaron el auto de formal prisión, y al serles negada la libertad en apelación, llegaron hasta el amparo y amparo en revisión, recursos que también les negaron el amparo y protección de la justicia.

b) Cumplimiento del debido proceso y sentencias absolutorias de: Miguel Ángel Peralta Betanzos, Ismael Reyes Rosete, Alfredo Bolaños Pacheco, Francisco Durán Ortiz, Omar Hugo Morales Alfaro e Isaías Gallardo Álvarez.

Ante los acontecimientos ya mencionados, las mujeres mazatecas, familiares y compañeras, se encuentran en plantón indefinido desde el 26 de mayo de 2021 , a las afueras del Consejo de la Judicatura Federal , frente al Metrobús Doctor Gálvez, en la Ciudad de México, desean ser escuchadas por la autoridad, para impulsar la defensa de los derechos humanos, es decir, las liberaciones de sus presos y desplazados.

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Dirección de Servicios Periciales del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, cuyo presidente es el Magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, el acceso a la justicia y debido proceso de Jaime Betanzos Fuentes, Herminio Monfil Avendaño, Fernando Gavito Martínez y Omar Hugo Morales Álvarez, Miguel Ángel Peralta Betanzos, Ismael Reyes Rosete y Francisco Durán Ortiz, Alfredo Bolaños Pacheco y Isaías Gallardo Álvarez .

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Juez Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, Licenciado Alberto José Luis Salazar Gómez, para que garantice el acceso a la justicia y debido proceso, a efecto de que se ejecuten las sentencias absolutorias correspondientes de Jaime Betanzos Fuentes, Herminio Monfil Avendaño, Fernando Gavito Martínez y Omar Hugo Morales Álvarez, Miguel Ángel Peralta Betanzos, Ismael Reyes Rosete y Francisco Durán Ortiz, Alfredo Bolaños Pacheco y Isaías Gallardo Álvarez .

Tercero . La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ministerio Público adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia y a la Fiscalía General del Estado de Huautla de Jiménez, Oaxaca, cuyo titular es Arturo De Jesús Peimbert Calvo, a efecto de que se libere a los presos garantizando el acceso a la justicia y debido proceso.

Notas:

1. Pérez, Maritza. Parciales las libertades en México, 05 de marzo de 2020, 22:55, El Economista en:

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Parciales-las-l ibertades-en-Mexico-Freedom-House—20200305-0133.html

2. Consultado en Internet el 19 de noviembre de 2021: https://imco.org.mx/indice-libertad-mundo-2019-via-freedom-house/

3. Chavarría Suárez, Mario C., Calidad de la Democracia en México el Estado Democrático de Derecho como Paradigma del Sistema Nacional Anticorrupción, UAM 2021 en:

http://dcsh.cua.uam.mx/wp-content/uploads/2021/06/CALIDA D-DE-LA-DEMOCRACIA_WEB1.pdf

4. Zerega, Georgina México 09 enero 2019, El País, Consultado en Internet
https://elpais.com/internacional/2019/01/08/mexico/1546974803_277858.html

5. Consultado en Internet: https://presidente.gob.mx/continua-proceso-de-justicia-y-liberacion-de- presos-politicos/

6. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, “Derechos Humanos y Sistemas Penitenciarios”, 2006, Consultado en internet: https://corteidh.or.cr/tablas/T19109.pdf

7. Artículo 8, de la Declaración de Declaración Universal de Derechos Humanos, consultada en Internet:

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2 019-05/Libro_Compilacion_Instrumentos.pdf

8. CPEUM establece en su Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

9. Consultado en internet: https://gatopardo.com/reportajes/eloxochitlan-de-flores-magon-oaxaca-co munidad-indigena/

10. Consultado en Internet: https://pbi-mexico.org/es/d%C3%B3nde-trabajamos/
en-el-estado-de-oaxaca-pbi-acompa%C3%B1a-las-siguientes-organizaciones-y-personas

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2021

Diputada: Susana Prieto Terrazas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a tomar medidas en materia energética ante el incremento de precios del gas LP, a cargo de la diputada Paulina Rubio Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Paulina Rubio Fernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 62, 76 fracción IV y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 29 de julio de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “Acuerdo Número A/024/2021 de la Comisión Reguladora de Energía que establece la regulación de precios máximos de gas licuado de petróleo objeto de venta al usuario final, en cumplimiento a la directriz de emergencia para el bienestar del consumidor de gas licuado de petróleo, emitida por la Secretaría de Energía, con la finalidad de proteger los intereses de los usuarios finales”.1

“El gobierno federal decidió intervenir en el mercado del gas decretando un control de precios y anunciando la creación de una empresa encargada de la distribución, llamada Gas Bienestar. La intervención ha tenido un efecto limitado. De acuerdo con la información de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el precio del gas acumula un incremento de 7.4 por ciento entre el 1 de agosto y el 25 de septiembre (de 2021), periodo en el que entró en vigor la política de precios controlados.”2

El numeral tercero del acuerdo establece a la letra: “los precios máximos que determine la CRE se calcularán conforme a la metodología establecida en el Considerando Vigésimo Tercero del presente Acuerdo, y estarán disponibles en la página electrónica de la Comisión (https://www.gob.mx/cre), para cada una de las regiones de precios de conformidad con el Considerando Vigésimo Primero del Acuerdo.”

El Considerando Vigésimo Tercero señala que “cada región, contará con un precio máximo aplicable a las ventas de Gas LP al usuario final; La diferenciación del precio máximo será en función de los costos de venta asociados a cada región; los precios máximos estarán determinados mediante la fórmula del numeral 3.2.; se fijarán precios máximos en función de los servicios asociados a la actividad de distribución de Gas LP mediante planta, así como la modalidad de venta, al usuario final; el precio de comercialización por punto de venta, utilizado en la fórmula del numeral 3.2, corresponderá con el precio de venta reportado para cada una de las regiones establecidas en el Considerando Vigésimo Primero anterior; los permisionarios a los que se refiere el considerando Décimo anterior, deberán observar los precios máximos determinados en este Acuerdo, sin perjuicio del derecho que tienen de negociar precios menores con otros adquirentes y usuarios finales; la Comisión determinará los precios máximos aplicables a la venta de Gas LP al usuario final para cada región.”

La CRE señaló que la regulación de precios máximos al Gas LP tiene como objetivo la protección de los usuarios finales; propiciar un suministro eficiente a precios asequibles de Gas LP; evitar la discriminación indebida; reflejar en los precios las condiciones del mercado de Gas LP y de demanda del combustible, así como la obtención de un margen que permita la recuperación de costos de los comercializadores, distribuidores y expendedores de Gas LP para el desarrollo de la industria.

No obstante, “de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), esta directriz limitaría la competencia en el mercado de Gas LP, en una falta al Estado de derecho. El mercado de GLP en México se encuentra, de por sí, concentrado en pocos jugadores, pues existen altas barreras de entrada, desde la importación y distribución hasta la obtención de permisos a nivel local. Esta medida no es congruente con el procedimiento legal para la regulación de precios. El artículo 82 de la Ley de Hidrocarburos estipula que los precios de venta de Gas LP se determinarán a partir de condiciones de mercado sin control de los mismos por parte del regulador.”3

A pesar de las diversas críticas a la política del gobierno en materia energética y a las posibles consecuencias de atentar contra la libre competencia mediante el control artificial de precios, el Acuerdo se está ejecutando sin mayor eficacia.

El Gas Bienestar comenzó su fase de prueba en la alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México en agosto de 2021, luego de que la CRE le otorgará los primeros dos permisos de operación.

Debe señalarse que, ante el arranque de las pruebas de distribución de Gas Bienestar, vecinos señalaron que hubo desorden e incluso cambios de tarifas de los nuevos vendedores, pues aseguran que se había anunciado que el costo del tanque de Gas LP de 20 kilogramos era de 200 pesos, pero el costo es de 400 pesos, y el de 30 kg en 600 el día del 27 de agosto pasado.4

“De esta forma, el precio de comercialización de Gas Bienestar únicamente es 8 por ciento más barato que el precio máximo establecido por la CRE, a pesar de que al inicio de operaciones de esta empresa del Estado, llegó a ser hasta 10 por ciento más económico que el precio máximo que manejaban los comercializadores privados”.5

Sin embargo, el alza de precios del gas no se constriñe al Gas Bienestar, sino que se ha extendido a las diversas regiones del país.

Al 9 de octubre, “el precio máximo más alto de Gas LP en toda la República Mexicana es de 29.63 pesos por kilogramo, en el caso de los cilindros metálicos, y de 16.00 por litro para tanques estacionarios, que regirán en los municipios de Mezquital, Pueblo Nuevo y San Dimas, en Durango. En la mayoría de las regiones del estado de México el precio máximo por kilogramo es de 24.63 pesos, y por litro de 13.30. Respecto a Monterrey y varios municipios de Nuevo León, el precio máximo por kilo será de 24.41 y por litro de 13.18.”6 En algunos municipios de Jalisco, incluida la ciudad de Guadalajara, el precio por cada kilogramo se fijó en 25.38 pesos, monto que representa un alza de 41 centavos o 1.6 por ciento semanal.7

El acuerdo multicitado tiene como efecto que cada región cuente con un precio máximo aplicable a las ventas de Gas LP al usuario final y su diferenciación es en función de los costos de venta asociados a cada región.

Ya la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) había alertado que regular los costos de este combustible afectará más a los consumidores y a la industria de servicio, un representante del organismo empresarial señaló que “el consumidor residencial y la industria de servicios serán los usuarios más afectados. Los controles de precios como política pública generan en el mediano y largo plazo escasez, al manejarse estos con criterios políticos y no económicos”.8

Si bien existen factores endógenos que han provocado el alza de precios en el gas, no podemos obviar la cuestionable política del gobierno en el control de precios, poniendo en riesgo el abastecimiento suficiente del energético, además del terrible impacto que podría tener en el bolsillo de todos los mexicanos.

De acuerdo con el especialista en política energética, Víctor Gómez Ayala, “a nivel internacional ha habido un cambio muy importante en los precios de referencia del gas, que son en los que se basan los diferentes productores de gas para fijar el precio.

En el mismo medio se señala que “este precio impacta directamente al mercado mexicano, que importa cerca del 80 por ciento del Gas LP que se consume en el país y del que la estatal Pemex es responsable en cerca del 15 por ciento, de acuerdo con datos de consultoras entrevistadas. “Siempre que quieras poner una solución local para un problema global te vas a quedar corto. Nadie puede controlar el precio del gas, ni Estados Unidos, que es autosuficiente en Gas LP, o Argentina (que tiene Vaca Muerta, un gran yacimiento), que está ‘nadando’ en Gas LP, tienen precios diferentes a la referencia internacional, que es lo que está subiendo”.9

Más allá de un control artificial de precios, se requiere modificar la política pública en la materia, dar libertad comercial y, en su caso, se podrían establecer subsidios focalizados, que protejan a sectores poblacionales muy específicos, cuyo nivel económico hacen que su consumo de Gas LP les sea oneroso y tenga poca capacidad de adquisición, además de que la falta del combustible puede poner en riesgo su salud y calidad de vida.

Para Adrián Calcáneo, “los distribuidores son los que están absorbiendo el aumento y en la medida en que esos precios máximos se separen más del precio internacional, se retirarán participantes del merco, lo cual no es benéfico para el consumidor final.”10

En consecuencia, consideramos que el gobierno federal debe modificar su política de control de precios del Gas LP, permitir la libre competencia y disponer un programa de subsidios enfocados a regiones específicas donde el aumento del precio del Gas LP tendrá mayor impacto, afectando incluso a su salud y vida.

Por lo anteriormente expuesto, esta honorable Cámara de Diputados extiende los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Energía, promueva la modificación de su política de control de precios del Gas LP y permitan la libre competencia.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Reguladora de Energía a modificar su postura sobre el control de precios del Gas LP y se abrogue el acuerdo número A/024/2021 de la Comisión Reguladora de Energía que establece la regulación de precios máximos de gas licuado de petróleo objeto de venta al usuario final, en cumplimiento a la directriz de emergencia para el bienestar del consumidor de gas licuado de petróleo, emitida por la Secretaría de Energía, con la finalidad de proteger los intereses de los usuarios finales.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, para que, por conducto de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante el incremento de precios del Gas LP, se establezcan subsidios focalizados a las zonas de atención prioritaria, cuya población registra graves índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social.

Notas

1 Véase: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5625307&fecha=29/07/2021 (Consultado el 9 de octubre de 2021).

2 Véase: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-gas-LP-sube-tenemos-un-rompe cabezas-mal-armado-20210924-0039.html (Consultado el 9 de octubre de 2021).

3 Véase: https://imco.org.mx/el-mercado-de-gas-lp-en-mexico-requiere-mayor-compe tencia-y-respeto-al-estado-de-derecho/ (Consultado el 9 de octubre de 2021).

4 Véase: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/molestia-de-vecinos-en-iztapal apa-por-precio-de-gas-bienestar (Consultado el 9 de octubre de 2021).

5 Véase: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/07/no-que-era-para-que -no-gastaras-de-mas-precios-de-gas-bienestar-suben-11-en-menos-de-un-me s/ (Consultado el 9 de octubre de 2021).

6 Véase: https://aristeguinoticias.com/0910/mexico/precios-maximos-de-gas-lp-del -10-al-16-de-octubre-lista-completa/ (Consultado el 9 de octubre de 2021).

7 Véase: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/09/economia/incrementara-de-nu evo-el-gas-lp-a-partir-del-domingo/ (Consultado el 9 de octubre de 2021).

8 Véase: https://www.milenio.com/negocios/hogares-servicios-afectados-tope-preci os-gas-lp (Consultado el 9 de octubre de 2021).

9 Véase: https://expansion.mx/empresas/2021/07/07/precio-del-gas-lp-por-que-ha-s ubido-el-costo (Consultado el 9 de octubre de 2021).

10 Véase: https://elceo.com/politica/gobierno-debe-preparar-subsidios-focalizados -ante-alza-de-gas-lp-durante-invierno/ (Consultado el 9 de octubre de 2021).

Palacio Legislativo de San Lázaro. - Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2021.

Diputada Paulina Rubio Fernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de SLP a revisar las inconsistencias e irregularidades en documentos oficiales de los pobladores del estado, a cargo del diputado Antolín Guerrero Márquez, del Grupo Parlamentario de Morena

Que suscribe, Antolín Guerrero Márquez, diputado en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a escrutinio de esta asamblea, la siguiente “proposición con punto de acuerdo”, de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero.- En todos los países se dota del derecho de nacionalidad e identidad, contar con la documentación y papeles, que acrediten la personalidad jurídica del país, bajo el esquema de su marco jurídico.

Segundo.- Los mexicanos jurídicamente desde que nacemos contamos con documentación oficial, al cumplirse 160 años de que Benito Juárez promulgara la Ley Orgánica del Registro Civil, el 28 de julio de 1859, la institución en la capital de la República aloja un acervo de 42 millones 124 mil 413 actas de nacimiento, esto es, de personas nacidas y registradas en la Ciudad de México.1

Tercero.- Con fecha 23 de octubre de 1996, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo Presidencial para la adopción y uso por la Administración Pública Federal de la Clave Única de Registro de Población.2

Esto facilito que se estuviera registrado en una única plataforma el país y se contará con un número de identificación, el estado, el género, fecha de nacimiento y primeras letras del nombre y apellidos, por ello es única.

El objetivo de este instrumento por parte del Gobierno Federal, fue suplir el sinfín de documentos que expide para el control de la población con una cédula universal de identidad, a la que se denomina Clave Única de Registro de Población (CURP).

Cuarto.- Para todas nuestras actividades diarias y acciones, contamos con una vida jurídica, tales como los registros de nacimiento, matrimonio, defunción, reconocimiento, divorcios administrativos, adopciones, la inscripción de actas del estado civil de los mexicanos en el extranjero, es por ello que la documentación oficial debe estar correctamente, con los datos adecuados y sin errores humanos o electrónicos, para lograr una documentación continua

Quinto.- Como un derecho humano de contar con la nacionalidad, ciudadanía, es tener y gozar de los beneficios de los programas que el gobierno federal promueva y otorgue, sin embargo, en el estado de San Luis Potosí se tiene la problemática de los pobladores de Ciudad Valles, el Naranjo, Ebano y Tamazunchale, por mencionar algunos municipios donde la problemática tiene un mayor aumento, con la irregularidad de la documentación oficial que afecta no solo con los trámites para

los programas sociales otorgados por el gobierno federal del Presidente Andrés Manuel López Obrador, también en sus actividades diarias para procesos legales, como pensiones, testamentos, trámites escolares, para empleos, en los pasaportes, visas, actas de matrimonio, y todo tipo de actos que exista la entrega de documentación oficial como el CURP y las actas de nacimientos.

Sexto .- En administraciones pasadas se manifestó la irregularidad de la documentación, pero el lograr la regulación de los mismos a los pobladores, les origina un costo en sus bolsillos, traslados y tiempo, en algunos casos fue causa de error humano, siendo una acción ajena a la irregularidad de los pobladores.

Por lo anterior, someto a consideración de las y los legisladores que integran el Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Gobierno De San Luis Potosí, para que en el ámbito de sus facultades revise las inconsistencias e irregularidades en documentos oficiales de los pobladores del Estado.

Notas:

1. https://www.consejeria.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/
42-millones-de-actas-de-nacimiento-en-siglo-y-medio-de-registro-civil-cdmx

2. https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/

Dado en la Ciudad de México, Palacio Legislativo de San Lázaro a los 23 días del mes noviembre de 2021.

Diputado Antolín Guerrero Márquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE a emitir un pronunciamiento de agradecimiento al excelentísimo señor Yasushi Takase, embajador plenipotenciario de Japón en México, a cargo de la diputada Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Saraí Núñez Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de está soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a emitir en nombre de México un pronunciamiento de agradecimiento al excelentísimo señor Yasushi Takase, embajador plenipotenciario de Japón en México, por motivo de su labor diplomática en nuestro país y sus contribuciones al fortalecimiento de la relación bilateral México-Japón, al concluir con éxito su misión como embajador plenipotenciario de Japón en México, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

Antecedente histórico de la relación bilateral:

Los primeros contactos de amistad entre México y Japón se dieron con el naufragio del galeón San Francisco frente a las costas de Iwawada (hoy Onjuku) en su camino de regreso de las Filipinas a la Nueva España el 30 de septiembre de 1609, los primeros visitantes japoneses llegaron a México en 1610.

Un ejemplo de los nuevos tiempos de la posguerra fue la instalación en México de las principales empresas integradoras de negocios o comercializadoras japonesas como Marubeni (1954), Mitsui (1955), Itochu (1956), Mitsubishi (1962), Sumitomo (1967), Nissho Iwai (Sojitz) (1970), Nichimen (1975) y Kanematsu (1981). La inversión de empresas japonesas en México se dirigió, fundamentalmente, a cinco sectores en los que Japón ocupaba una posición de liderazgo en el mundo:

1) la industria automotriz, en que las principales empresas japonesas que participan en el sector operan plantas de producción en México, como Nissan, Honda y Toyota;

2) la industria de autopartes, muy ligada a la industria automotriz;

3) la industria eléctrica, constructora de plantas de generación de electricidad;

4) la industria de productos electrónicos, como televisores y sus componentes;

5) la industria maquiladora de exportación. Además, principalmente para apoyar las actividades de las empresas establecidas en los sectores anteriores, las inversiones japonesas también se han dirigido a servicios financieros, turísticos y de transportes.

La coincidencia de intereses económicos condujo a la firma del Acuerdo de Asociación Económica (AAE) en septiembre de 2004. Este Acuerdo ha servido para atraer inversiones japonesas, lo que ha producido a su vez un incremento significativo del comercio bilateral. México es hoy uno de los principales socios comerciales de Japón en América Latina y Japón es el principal mercado para las exportaciones mexicanas en Asia. Esta nueva etapa de la relación bilateral, cuyo rasgo distintivo es la existencia de un creciente diálogo político y una estrecha cooperación en diferentes temas de la agenda internacional, se fortaleció con la firma de una Asociación Estratégica Global en febrero de 2010.

La Cumbre del G-8/G-5 en julio de 2008 en el Lago Toya, así como la Cumbre de APEC en noviembre de 2010 en Yokohama, permitieron dos visitas del presidente Felipe Calderón a Japón, a la que se sumó el encuentro bilateral que se celebró con el primer ministro de Japón en Tokio en febrero de 2010.Actualmente, las relaciones bilaterales con Japón se caracterizan por un renovado dinamismo que quedó confirmado con la visita oficial que el presidente Enrique Peña Nieto realizó a Japón del 7 al 10 de abril de 2013. Se trató de su primera visita de esa naturaleza en Asia desde el inicio de su gestión el 1 de diciembre de 2012. Estas relaciones se profundizaron con la visita oficial a México del primer ministro de Japón, Shinzo Abe, del 25 a 27 de julio de 2014, en reciprocidad a la visita del presidente Peña Nieto. Se trató de la primera visita de esa naturaleza en los últimos 10 años.

Destacan también los crecientes flujos de inversión y comercio bilaterales, particularmente en el rubro automotriz y de autopartes como resultado de los anuncios en los últimos meses de empresas como Nissan, Honda y Mazda sobre la ampliación de su capacidad de producción en México. A pesar de condiciones económicas globales no del todo favorables, los intercambios entre México y Japón siguieron creciendo, lo que confirma la importante complementariedad entre ambas economías. Las reformas estructurales en México, particularmente en el rubro energético, abren nuevas oportunidades para la relación económica bilateral.

La importancia de la relación de la embajada de Japón en México

La participación de la embajada japonesa en México entabla el diálogo interparlamentario que se ha profundizado, gracias a los frecuentes encuentros entre legisladores de ambos países en el marco de diferentes reuniones internacionales con diputados federal y senadores.

El excelentísimo embajador Yasushi Takase han construido una agenda centrada en el fortalecimiento del diálogo político y la cooperación en asuntos económicos, comercio, inversión, educación, cultura, ciencia, tecnología, innovación y cooperación internacional, con una gran responsabilidad el cual siguió forjando la construcción de la cooperación que es la clave en las relaciones diplomáticas y el cual México reconoció que se contaba con el apoyo incondicional del el excelentísimo embajador Yasushi Takase.

Es de resaltar la labor del embajador como:

• La firma de colaboración de Japón y la OIM impulsan proyectos de mejora de la infraestructura para migrantes en el sur de México.

• La entrada en vigor del Acuerdo de Asistencia Mutua Aduanera (CMAA) entre Japón y México.

• Elaboración del “Festival de Turismo de Japón”.

• Apoyo del Equipo Japonés de Auxilio para Desastres (equipo de búsqueda y rescate), fue enviado a México el 21 de septiembre tras el sismo que azotó al centro del país.

• La entrada en vigor del Acuerdo de la Asociación Económica entre Japón y México.

• Firma de la entrada en vigor del CPTPP (TPP11).

• La celebración de la primera Copa de la Amistad “Shonen Juku” de Kendo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

La magnífica actuación en la relación diplomática del excelentísimo embajador Yasushi Takase, quedara en cada uno de los personajes de la política y sociedad civil tanto mexicanos como japoneses que radican, viven y trabajan en México.

La trayectoria del Embajador Yasushi Takase estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Tokio además de cursar estudios diplomáticos en Madrid España. En 1982, ingresó al Ministerio de Asuntos Exteriores y posteriormente fungió como director de la División de Comercio de Servicios en el Departamento de Asuntos Económicos de Japón.

Durante la década de los 2000 se desempeñó como director de la Segunda División de América Latina y el Caribe, además de actuar como ministro en la Representación Permanente de Japón ante las Naciones Unidas. En 2009 obtuvo el cargo de ministro en la Embajada de Japón en México.

A partir de 2013 se desempeñó como cónsul general, en el Consulado General de Japón en Río de Janeiro y al año siguiente fue nombrado director general del Departamento de Asuntos de América Latina y el Caribe.

Desde 2017 ha desempeñado el cargo de excelentísimo embajador de Japón en México.

Tengo que destacar la magnifica participación del embajador en el Grupo de Amistad México - Japón de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados, en donde con una alta calidad diplomática estableció el diálogo reforzando los lazos de amistad y de calidad humana.

Esta apertura generó los intercambios de ideas para legislar en pro de la salud, la economía, ciencia y tecnología, la educación y el campo tan necesario y urgente de fortalecer estos sectores, así como el enorme desafío que deja el Covid-19 entre ambas naciones.

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a emitir en nombre de México un pronunciamiento de agradecimiento al excelentísimo señor Yasushi Takase, embajador plenipotenciario de Japón en México, por motivo de su labor diplomática en nuestro país y sus contribuciones al fortalecimiento de la relación bilateral México-Japón, al concluir con éxito su misión como embajador plenipotenciario de Japón en México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2021.

Diputada Saraí Núñez Cerón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGJ mexiquense a informar de manera pública sobre el estado de la carpeta de investigación número TLA/TLA/104/272846/21/10, por negligencia médica en una clínica privada en Naucalpan, a cargo de la diputada Lidia Pérez Barcenas, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe Lidia Pérez Barcenas, diputada de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En octubre de 2004 se puso en marcha la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, la cual tiene como objetivo coordinar, difundir y acelerar la mejora de la seguridad del paciente en todo el mundo por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).1

La Seguridad del Paciente es una prioridad en todos los Sistemas de Salud en el mundo y nuestro país no es la excepción. Existe una sólida decisión por parte del Gobierno y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud por desarrollar metodologías que garanticen a los usuarios procesos de atención médica cada vez más e­ficaces, con el objetivo de prevenir las situaciones que afecten la seguridad del paciente permitiendo reducir la ocurrencia de eventos adversos y poder así disminuir, en la medida de lo posible, un gran número de inconformidades y quejas derivadas de la atención médica.2

Nuestra carta magna en su artículo 4, párrafo cuarto nos dice que “Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

Por su parte, la Ley General de Salud también contempla el derecho a la protección de la salud en sus artículos 1º, 2º, 5º y 27º en términos del artículo 4º de la Constitución antes mencionado es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social.

Para los médicos y personal que complementa el equipo de salud es, además, un sistema de reflexión moral en todos los acontecimientos de la vida, como constante llamada de alerta a efecto de respetar los derechos humanos, procurar siempre la beneficencia y la justicia, respetando la autonomía y dignidad de la persona humana y evitar la maleficencia con los enfermos y con los seres vivos en general, incluyendo el deber social de disponer y utilizar los recursos con responsabilidad racionalmente considerada en la justa distribución y en su utilización.3

Por tal motivo, el Estado debe ser un garante de que los servicios de Salud en nuestro país, sean de carácter público o privado, sean otorgados con diligencia, amabilidad y profesionalismo, vigilando que en todo momento se cuide el estado de bienestar de los pacientes como una prioridad.

La Ley General de Salud, en su capítulo IV relativo a “Usuarios de los Servicios y Participación de la Comunidad”, en su artículo 53: refiere la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán los procedimientos para regular las modalidades de acceso a los servicios públicos a la población en general y a los servicios sociales y privados.

En este sentido, es la Subdirección Ejecutiva de Autorizaciones en Servicios de Salud, con fundamento en los artículos 198 fracciones IV, V; 315 fracciones I, II, III y IV y los artículos 369, 370 y 371 de la Ley General de Salud, la responsable de verificar que las instituciones privadas de salud cumplan con todos los requerimientos que marca la normatividad en la materia y deben contar con la autorización sanitaria correspondiente antes de iniciar actividades.4

Es importante comprender como se organiza el sistema de salud de nuestro país, ya que el hecho de que algunos servicios se puedan prestar por instituciones privadas, no exenta al Estado de su vigilancia y correcta operación, más aún cuando se trata de un derecho humano como es el derecho a la salud, y cuando se trata de que grupos vulnerables como lo es la infancia, a quienes debemos garantizar que se les atienda de manera oportuna, y según la declaración de los derechos de los niños, tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud, así como a su seguridad social, que permita hacer efectivo su derecho de prioridad, su interés superior, igualdad sustantiva y no discriminación .5

En este sentido, se plantea el caso de un bebé que sufrió un accidente en casa el pasado 1 º de octubre del 2021, lo que le originó quemaduras de segundo grado, sus padres acudieron al servicio de urgencia más cercano para darle atención de primer contacto al pequeño, acudiendo a una clínica privada en el municipio de Naucalpan, Estado de México. Sus padres esperaban encontrar en esta clínica la atención adecuada y oportuna, y que atendieran con ética y calidez humana a su bebé. Sin embargo, después de ingresar para la revisión de médica, a unas pocas horas, el personal médico les informa que su bebé ha fallecido. La doctora que atendió el caso no se vuelve a presentar.6

Desde este momento, la familia decidió presentar una denuncia ante la Fiscalía Regional de Naucalpan en el Estado de México para que se iniciaran las investigaciones correspondientes, para el deslinde de responsabilidades y en caso de que las investigaciones arrojen alguna negligencia se proceda conforme a la Ley. Ante ello, se levantó la carpeta de investigación número TLA/TLA/104/272846/21/10.

Al respecto, cabe mencionar las atribuciones que recaen sobre el ministerio público en el Estado de México y que se encuentran contempladas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en sus artículos 81 y 83 que señalan:

“Artículo 81.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

La persecución de los delitos y la decisión del ejercicio de la acción penal ante los órganos jurisdiccionales corresponden, en forma autónoma, al Ministerio Público. Los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial y hacer la persecución del delito en los casos previstos en la ley.

....”

“Artículo 83.- El Ministerio Público se integra en una Fiscalía General de Justicia, órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios con autonomía presupuestal, técnica y de gestión, así como con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las demás leyes aplicables, la cual estará a cargo de un Fiscal General...”

En este orden de ideas, es importante poner especial atención en casos de presumible negligencia médica, sobre todo cuando viene aparejado con el deceso de un menor de edad, ya que diariamente estos servicios privados operan, y la población confía en que acudiendo a estas clínicas y hospitales privados podrá obtener una atención adecuada, de calidad, con responsabilidad y ética de quienes están frente a los pacientes. Las razones para acudir a estos servicios son diversas, ya sea porque no cuentan con seguridad social, porque uno de estos establecimientos, clínicas u hospitales de atención privadas estén más cercanas o el tiempo para la atención sea menor en caso de emergencia que acudir al sector público y, en todo momento, se debe garantizar que estos establecimientos cuenten con los recursos materiales que ofrecen para la atención y que su personal esté capacitado y actualizado para brindar los servicios de salud por los que se acude.

No es un tema menor lo que se pone en juego, en algunos casos es la vida o la muerte, pues hay situaciones que dependen de que se cuenten con los recursos materiales adecuados para la atención y que el personal cuente con los conocimientos y capacitación adecuada.

El Reglamento de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios señala en su artículo 3, fracción I, inciso a) que: “Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión Federal tiene a su cargo las siguientes atribuciones. Ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios, que en términos de las disposiciones aplicables corresponden a la Secretaría en materia de Establecimientos: de salud, ...”

A su vez, el Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan, en los Órganos Administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios , en su artículo Vigésimo Cuarto de fecha 7 de abril de 2010, señala que: “Se delega en la Subdirección Ejecutiva de Autorizaciones en Servicios de Salud de la Comisión de Autorización Sanitaria la facultad de expedir y prorrogar las licencias y permisos sanitarios relacionados con las materias a que se refiere el artículo 3, fracción I, incisos a y m del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios,...”.

Con sustento en las consideraciones antes expuestas, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que en el ámbito de sus atribuciones haga público el estado que guarda la carpeta de investigación número TLA/TLA/104/272846/21/10 por el caso de negligencia médica en una clínica privada en el Municipio de Naucalpan, Estado de México.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en específico la Subdirección Ejecutiva de Autorizaciones en Servicios de Salud para que verifique el estado que guardan los servicios privados de salud, así como las competencias profesionales del personal médico y servicios de apoyo en el Estado de México, a fin de evitar nuevos casos de negligencia que redunden en el fallecimiento de los pacientes que ahí ingresan.

Notas:

1. Organización Mundial de la Salud. Seguridad del Paciente. (4 de mayo de 2006).

https://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/WHA59/A59_22-s p.pdf

2. Conamed. Boletín Conamed – OPS . (enero 2016)

http://www.conamed.gob.mx/gobmx/boletin/pdf/boletin4/bue nas_practicas.pdf

3. Código de Bioética para el Personal de Salud (CBPS). 2002 (México) Recuperado el 12 de octubre de 2021:
http://www.conbioeticamexico.salud.gob.mx/descargas/pdf/normatividad/normatinacional/
1._NAL._Cxdigo_de_Bioxtica_del_Personal_de_Salud.pdf

4. COFEPRIS. Licencias Sanitarias de Servicios de Salud. Recuperado 13 de octubre de 2021
https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/licencias-sanitarias-de-servicios-de-salud

5. Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Derechos Humanos Niñas y Niños. Recuperado 13 de octubre de 2021

https://www.cndh.org.mx/ni%C3%B1as-ni%C3%B1os/derechos-humanos-de-ninas-y-ninos#:~:text=
Ni%C3%B1as%2C%20ni%C3%B1os%20y%20adolescentes%20tienen%20derecho%20a%20disfrutar%20del%20m%C3%A1s,
efectivo%20su%20derecho%20de%20prioridad%2C

6. Gómez N. (6 de octubre de 2021). Denuncian negligencia médica por muerte de bebé en clínica de Naucalpan. SDP Noticias.

https://www.sdpnoticias.com/estados/edomex/
edomex-familia-denuncian-negligencia-medica-y-violencia-en-clinica-privada/

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, 23 de noviembre de 2021.

Diputada Lidia Pérez Barcenas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al CNSP y el CNPC a coordinarse para fortalecer las unidades de protección civil estatales, a cargo del diputado Francisco Javier Castrellón Garza, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputado Francisco Javier Castrellón Garza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 6 y en las fracciones I y V del Apartado 2 del artículo 79, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente, por el que se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública y al Consejo Nacional de Protección Civil a coordinarse para incluir dentro de los programas con prioridad nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el fortalecimiento de las unidades de protección civil estatales, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024, publicado el 2 de julio de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, establece dentro de sus objetivos prioritarios el fortalecer la Gestión Integral del Riesgo para construir un país sostenible, seguro y resiliente.

6.- Objetivos prioritarios

El Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020 - 2024 se integra por cinco objetivos prioritarios definidos a través de lo establecido en el PND 2019-2024 y en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno de la República para contribuir al cambio de paradigma en materia de seguridad.

Los objetivos prioritarios, estrategias y acciones puntuales se orientan a la atención del origen estructural de la delincuencia, el crimen organizado, la violencia y en general de todos los aspectos que puedan poner en riesgo a la ciudadanía para ofrecer seguridad y protección de manera coordinada entre los diferentes órdenes de gobierno.

Se generarán las condiciones para el bienestar de la población con el objetivo de impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional en un marco de paz y seguridad.

Objetivos prioritarios del Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024

1.- Mejorar las condiciones de seguridad en las regiones del territorio nacional para construir la paz.

2.- Contribuir al fortalecimiento del diseño e implementación de políticas públicas en materia de prevención de la violencia y el delito en el territorio nacional.

3.- Impulsar la reinserción social de las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios con enfoque de respeto a los derechos humanos, inclusión y perspectiva de género, diferenciada e intercultural.

4.- Fortalecer las capacidades tecnológicas que permitan a las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno el intercambio seguro de la información en la generación de inteligencia, prevención y persecución del delito.

5.- Fortalecer la Gestión Integral del Riesgo para construir un país sostenible, seguro y resiliente .

Así, el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024, en su Objetivo 5: Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos para construir un país sostenible, seguro y resiliente, se propone el combatir las causas estructurales de los desastres y fortalecer las capacidades de resiliencia de los mexicanos, bajo la siguiente premisa: No dejar a nadie atrás y no dejar a nadie fuera.

En dicho documento, se reconoce que los fenómenos perturbadores ocasionan desastres que afectan la vida, integridad y salud de los mexicanos más vulnerables, alteran o inhabilitan los servicios públicos e infraestructura; además de perturbar las actividades económicas y sociales.

De igual manera, reconoce que la ubicación geográfica de nuestro país, al situarnos en algunas de las zonas tectónicas con mayor actividad sísmica y encontrarnos en una zona tropical, somos susceptibles de sufrir terremotos y fenómenos hidrometeorológicos de considerable magnitud.

En el Programa Sectorial se hace mención a los datos del Cenapred, donde se señala que los fenómenos hidrometeorológicos son los que mayor impacto negativo han tenido en nuestro país, en las últimas dos décadas.

Por lo que respecta a los sismos, se menciona que en nuestro territorio interaccionan cinco placas tectónicas, por lo que es necesario identificar las áreas más expuestas a daños, para estimar riesgos y adecuar los criterios de protección, para mitigar al máximo posible los riesgos.

Igualmente, se reconoce que la limitada vinculación entre los sectores social, académico, privado y gubernamental, así como la nula coordinación interinstitucional y modulación de políticas públicas, un marco legal desactualizado y heterogéneo, la falta de mecanismos y fondos para la prevención, una posición reactiva ante el riesgo y la emergencia, el agravamiento del calentamiento global, imposibilita la resiliencia de nuestra sociedad.

Al respecto, se observa la necesidad de priorizar el fortalecimiento de las unidades de protección civil estatal y municipales, pues solo 15 por ciento de los municipios del país (383) cuentan con su atlas municipal de riesgos.

A la par, se deja ver la urgencia de poder contar con un Sistema de Alerta Temprana para avizorar peligros múltiples en el ámbito local, permitiendo la implementación de protocolos de acción oportuna.

A continuación, se transcribe el Objetivo 5: Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos para construir un país sostenible, seguro y resiliente, para su mejor comprensión:

El Objetivo 5: Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos para construir un país sostenible, seguro y resiliente , busca combatir las causas estructurales de los desastres y fortalecer las capacidades de resiliencia de la sociedad; conlleva un conjunto de acciones institucionales para cumplir con una de las atribuciones sustantivas conferidas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de acuerdo con el principio rector del PND 2019 - 2024: No dejar a nadie atrás y no dejar a nadie fuera.

Las características de nuestro país nos obligan, como sociedad, a estar informados y preparados. Los fenómenos perturbadores que pudieran ocasionar desastres afectan la vida, integridad y salud de las personas, principalmente de los más vulnerables, tienen un impacto directo en los bienes muebles e inmuebles de la sociedad, de los gobiernos, asociaciones, universidades, colegios; alteran o inhabilitan los servicios públicos e infraestructura, y afectan las actividades económicas y sociales.

Por su ubicación geográfica, México está sujeto a la influencia de diferentes fenómenos capaces de ocasionar desastres; de particular importancia son los efectos que el cambio climático tiene en los fenómenos hidrometeorológicos, tales como lluvias, vientos, mareas de tormenta, inundaciones, inestabilidad de laderas entre otros. De acuerdo con datos del Cenapred, estos fenómenos son los que han tenido mayor impacto en los últimos 20 años. El conocimiento de los principales aspectos de los fenómenos hidrometeorológicos, la difusión de la cultura de protección civil en la población y la aplicación de las medidas de prevención de desastres pueden contribuir de manera importante en la reducción de daños ante los fenómenos relacionados con el agua.

México es también sísmico y volcánicamente activo. El territorio nacional tiene la interacción de cinco placas tectónicas. Todos los días se presentan sismos, por lo que es sumamente relevante llevar a cabo estudios para identificar las áreas más expuestas a daños en diferentes niveles y, con ello, estimar escenarios futuros, así como adecuar los criterios para la mitigación del riesgo.

La limitada vinculación entre los sectores social, académico, privado y gubernamental, aunada a la falta de coordinación interinstitucional y armonización de políticas públicas, con un marco legal desactualizado y heterogéneo, insuficientes mecanismos y fondos preventivos, una prevaleciente visión reactiva ante el riesgo de desastres, así como una degradación ambiental creciente, no permiten que el país sea resiliente, en temas relacionados con la seguridad y bienestar de la población y el eficiente manejo del entorno físico, sustentado en criterios de ordenamiento territorial y la inclusión social. La presencia de peligros en el territorio, aunada a las condiciones de exposición y vulnerabilidad creadas por la actividad humana, dan como resultado un incremento en los escenarios de riesgo, que de materializarse comprometen el desarrollo del país y acentúan las asimetrías en el bienestar social.

El conocimiento de los fenómenos naturales y actividades humanas, las vulnerabilidades de los sistemas expuestos, la difusión de la cultura de protección civil en la población y la aplicación de estas medidas pueden contribuir de manera importante en la prevención de riesgos y desastres. Para ello, es necesario contar con herramientas como los atlas de riesgos y los sistemas de alerta temprana.

Los atlas de riesgos son el marco de referencia para la elaboración de políticas públicas para la gestión del riesgo de desastres. México cuenta con un ANR y las 32 entidades federativas tienen su respectivo atlas, sin embargo, únicamente el 15 por ciento de los municipios (383) cuentan con su atlas municipal. Adicionalmente, la información contenida en estos instrumentos no es utilizada para la toma de decisiones en la planeación del desarrollo, el ordenamiento territorial, la implementación de medidas para la reducción del riesgo, la atención de emergencias o la reconstrucción.

La escasa planeación y articulación de programas de desarrollo urbano, de ordenamiento territorial, así como las debilidades en el marco normativo y en su observancia, favorecen el crecimiento de vulnerabilidades y limitan la operación de la política pública de protección civil. De ahí que existan mecanismos insuficientes de prevención de riesgos, falta de profesionalización y de coordinación entre los integrantes del Sinaproc así como una vinculación débil con la población y los sectores social, privado y académico.

Los mecanismos para la transferencia y apropiación social del conocimiento sobre protección civil no han logrado tener el impacto deseado; la ausencia de un Sistema de Alerta Temprana con enfoque de peligros múltiples que permita la difusión de información en lo local, para llevar a cabo los protocolos de acción oportuna, es otra debilidad del Sinaproc. Estas circunstancias afectan el bienestar social y el desarrollo de la economía, pues al no contar con un modelo o sistema que integre en una misma plataforma los avisos generados por las diversas instituciones encargadas del monitoreo de los fenómenos perturbadores, que permita tomar medidas necesarias ante un fenómeno o una situación de emergencia, un bajo porcentaje de la población recibe alertas acompañadas de información oportuna, accesible e incluyente.

En este sentido, México enfrenta el reto de superar la falta de coordinación interdisciplinaria que favorezca la investigación aplicada para la solución de problemas por parte de las universidades e instituciones relacionadas a nivel local.

Por ello, es necesario fortalecer la prevención con un enfoque estratégico de la GIR, las capacidades institucionales y de cooperación internacional, los instrumentos financieros, el marco jurídico y la promoción del desarrollo de una sociedad resiliente.

Es decir, el diseño normativo e institucional requiere una clara alineación y congruencia, considerando los instrumentos internacionales existentes, que permitan seguir mejorando la construcción de la cultura de protección civil, en la que la ciudadanía esté empoderada con conocimiento y tenga la capacidad de identificar cualquier riesgo que la pudiera poner en peligro, reducirlo y responder efectivamente ante emergencias y desastres.

Necesitamos fortalecer los instrumentos normativos para tener un marco jurídico que construya un adecuado sistema de monitoreo de fenómenos naturales que traduzcan sus resultados en pronósticos puntuales, armonice las facultades en los tres órdenes de Gobierno y fortalezca la planificación urbana y ordenamiento territorial con un enfoque incluyente, generando factores que reduzcan sistemáticamente el riesgo de desastres.

Los sistemas de monitoreo deben formar parte de la GIR, al proveer información para la toma de decisiones en materia de protección civil, siendo herramientas necesarias para mejorar el conocimiento y análisis sobre los peligros, vulnerabilidades y riesgos, así como para coadyuvar en el diseño de medidas de reducción de riesgos, bajo un enfoque de respeto a los derechos humanos, inclusión y perspectiva de género, diferenciada e intercultural.

La coordinación en materia de protección civil, en su ánimo de sumarse a la transformación de México y participar en temas de inclusión y equidad en un marco de respeto a los derechos humanos, ha asumido compromisos internacionales, tales como el Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015 - 2030, adoptado durante la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, celebrada en la ciudad del mismo nombre en Japón, expresa la necesidad de comprender mejor el riesgo de desastres en todas sus dimensiones relativas a la exposición, la vulnerabilidad y características de las amenazas; el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres, incluidas las plataformas nacionales; la rendición de cuentas en la gestión del riesgo de desastres; la necesidad de prepararse para “reconstruir mejor” y el reconocimiento de las partes interesadas y sus funciones.

Igualmente, reconoce que la movilización de inversiones debe orientarse hacia el impedimento de nuevos riesgos; la resiliencia de la infraestructura sanitaria, del patrimonio cultural y de los lugares de trabajo; el fortalecimiento de la cooperación internacional y la elaboración de

políticas de los donantes y programas que tengan en cuenta los riesgos, incluidos los préstamos y el apoyo financiero brindados por las instituciones financieras internacionales.

Asimismo, se alinea con seis de los ODS de la Agenda 2030 que son el fin de la pobreza; igualdad de género, diferenciada e intercultural; industria, innovación e infraestructura; reducción de las desigualdades; ciudades y comunidades sostenibles, y acción por el clima, encauzando sus acciones con el firme propósito de asegurar el progreso social y económico, garantizando los derechos humanos de todas las personas.

El Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024 busca fortalecer los mecanismos de coordinación; priorizar el uso de inteligencia sobre el uso de la fuerza; el fortalecimiento de capacidades institucionales; la intervención en regiones prioritarias; el desarrollo social y el respeto a los derechos humanos; el fortalecimiento tecnológico; impulsar el Nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica; el fortalecimiento del Sistema Penitenciario; erradicar la corrupción; reformular el combate a las drogas; articular la seguridad pública, la seguridad nacional y la paz; establecer la Guardia Nacional y, construir una sociedad más resiliente y sustentable ante los riesgos de fenómenos perturbadores.

La coordinación resulta un instrumento fundamental para la implementación de este Programa, en virtud de que las acciones que en el mismo se prevén, deben ir alineadas a las diversas disposiciones que se vinculan con la Seguridad Pública, Seguridad Nacional, Derechos Humanos, Protección Civil, Responsabilidad Hacendaria, Sistema de Justicia Penal, Instrumentos Internacionales y todas aquellas relativas a las atribuciones de la Administración Pública Federal.

El atraso que padecen las unidades de protección civil locales es enorme, así lo demuestran los propios datos del Sinaproc; no es ajeno al dominio público que, a partir de la inclusión de las corporaciones policiales en los programas de prioridad nacional, se fortaleció el papel de las corporaciones de seguridad en las entidades federativas y a nivel nacional.

Asimismo, también es de dominio público que las unidades de protección civil en las entidades federativas, especialmente los departamentos de bomberos, subsisten con recursos muy limitados, donados, de segunda mano, o de plano obsoletos; dicho esto, ahora que el tema de protección civil ha pasado a ser parte de seguridad pública es necesario fortalecer las instituciones de protección civil y que por el papel que desarrollan en nuestra comunidad cuentan con el apoyo de la ciudadanía, la gente las reconoce en su justa dimensión; pero que, sin embargo, se han mantenido alejadas de los prepuestos institucionales.

La crisis económica de las unidades de protección civil se ha agravado con la desaparición del Fonden, por lo que, ahora, es necesario incluir estas instituciones, tan valiosas en materia de salvaguarda de la integridad, la vida y los bienes de los mexicanos, en los esquemas de financiamiento y fortalecimiento de los programas de protección civil, tanto en el orden federal como local y municipal.

Por todo lo expuesto, es urgente y necesaria la coordinación entre el Consejo Nacional de Seguridad Pública y al Consejo Nacional de Protección Civil para la inclusión de las unidades de protección civil, dentro de los programas de prioridad Nacional por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Con su inclusión, como programa con prioridad nacional, se posibilita a los gobiernos estatales a poder destinar parte de los recursos que obtienen de la federación a través del programa Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para fortalecer dichas unidades de protección civil.

Actualmente existen 10 programas con Prioridad Nacional dependientes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, según los lineamientos publicados el 17 de julio del 2020, por ello a través de este exhorto solicitamos se someta a la consideración añadir como programa número 11.- El fortalecimiento de las unidades de protección civil en las entidades federativas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública y al Consejo Nacional de Protección Civil a coordinarse para incluir dentro de los programas con prioridad nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el fortalecimiento de las unidades de protección civil estatales y municipales, así como a gestionar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el otorgamiento de recursos específicos para tal fin.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los congresos locales de las 32 entidades federativas a que adecuen sus respectivos marcos normativos, con el objeto de incluir a las unidades, o direcciones, de protección civil en los esquemas presupuestales y con ello fortalecer el importante papel que desempeñan en la salvaguarda de la integridad, la vida y los bienes de los mexicanos.

Referencias:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596028&fecha=02/07/2020

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596911&fe cha=17/07/2020

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre 2021.

Diputado Francisco Javier Castrellón Garza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos del estado de México y de Ecatepec de Morelos a instruir e implantar las medidas sanitarias pertinentes en los alrededores de hospitales y centros de salud para prevenir contagios de Covid-19, a cargo de la diputada Alma Delia Navarrete Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Alma Delia Navarrete Rivera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al gobierno del estado de México y el ayuntamiento de Ecatepec de Morelos a instruir e implantar las medidas sanitarias pertinentes en los alrededores de hospitales y centros de salud, con objeto de coadyuvar en la disminución de contagios de Covid-19, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con la llegada del SARS-Cov2, la realidad del país cambió drásticamente, trayendo nuevas adaptaciones y medidas de convivencia que en su conjunto hoy conocemos como la “nueva normalidad”.

Aunado a ello, la preocupación manifestada por los médicos, enfermeras y todo el cuerpo de salud involucrado en la atención y combate del SARS-Cov2 se ha pronunciado con respecto al tema de la concentración masiva de puestos y vendedores ambulantes en el perímetro de las instalaciones hospitalarias.

El mismo fenómeno al día de hoy ha contraído mayores implicaciones en el tema de la prevención y seguimiento de las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud. Ya que la falta de regulación sanitaria observada en los asistentes y vendedores ambulantes ha convertido este fenómeno en latentes focos de infección, que aunado a ello la inmediación con los centros médicos de atención de casos contraídos por Covid-19 aumentan o equiparan el riesgo de contagios de manera significativa.

En consecuencia, se crea una zona de alto riesgo para todos los asistentes como; doctores, enfermeras, vendedores, comerciantes, y cualquier otra persona que transite cerca de los establecimientos concentrados alrededor de centros hospitalarios, tales como; ISEM, ISSSTE, Issemym.

En el capítulo II, “Del comercio en vía pública”, del Reglamento de Salud del Estado de México se menciona de manera expresa la prohibición de establecimientos ambulantes:

Artículo 123. La Coprisem no expedirá autorizaciones sanitarias a para el ejercicio del comercio en vía pública, en el primer cuadro de cabeceras municipales, escuelas, oficinas públicas, centros hospitalarios , terminales de transporte, mercados públicos, centros de reunión, espectáculos, vías principales y otras que determine la autoridad sanitaria competente.

Artículo 124. En los lugares en donde se manipulen alimentos o bebidas deberán existir dispositivos para el aseo de las manos, limpieza y desinfección de utensilios y equipos de trabajo; con materiales resistentes a la corrosión y que puedan limpiarse fácilmente. Dichos dispositivos contarán con agua, jabón y sustancias desinfectantes.

Por lo expuesto se fija con mayor persistencia la instrucción de reubicar los comercios ambulantes establecidos en la entrada y perímetro de los centros hospitalarios.

Así como un estricto apego a las medidas generales recomendadas por la Secretaría de Salud para la prevención y protección del Covid-19. Reiterando que estas deben ser aplicadas tanto al interior como al exterior de los centros hospitalarios.

Asimismo, el presente punto de acuerdo pretende resaltar que el Covid-19 es sumamente inhóspito e incierto, su llegada aún está reciente y se desconoce en su totalidad el comportamiento a futuro que pueda presentar el desenlace de esta pandemia.

Por ello resulta apremiante, validar las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud y los Organismos Mundiales expertos en la materia. Puesto que la mejor medida para el combate a esta pandemia, es la “prevención”. Misma que puede ser implementada a través de las ya recomendadas como; la sana distancia, evitar aglomeraciones, uso de cubre bocas, lavado de manos frecuentemente, limpiar y desinfectar constantemente las superficies.

Reiteramos que cualquier medida de prevención debe ser atendida a cabalidad para poder contrarrestar los efectos de la pronosticada “cuarta ola”. Por ello es importante hacer un llamado al gobierno del estado de México y al ayuntamiento de Ecatepec de Morelos para anticipar este tipo de medidas y lograr una oportuna prevención, haciendo un llamado a las autoridades correspondientes para evitar la concentración del comercio informal concentrado en los alrededores de los centros hospitalarios.

Con la intención de fortalecer el objetivo de este punto de acuerdo, se adjunta copia de los oficios expedidos por el personal del servicio de salud. Conformando un antecedente a la problemática que sustentan estas consideraciones.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México y al ayuntamiento de Ecatepec de Morelos para que en el ámbito de sus competencias instruyan e implanten las medidas sanitaras en los alrededores de los hospitales y centros de salud (ISEM, ISSSTE, Issemym) para liberar el perímetro de los asentamientos comerciales y vendedores ambulantes, a fin de coadyuvar en la disminución de contagios de Covid-19 y enfrentar de manera oportuna la lucha contra éste, a través de la prevención.

Notas

Gobierno del Estado de México (2002). Reglamento de Salud del Estado de México. Estado de México: Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, file:///C:/Users/Usuario/Downloads/regsalud%20del%20edomex%20(3).pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2021.

Diputada Alma Delia Navarrete Rivera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a revisar y considerar por la SRE la posibilidad de incluir el marcado de género “X” en los pasaportes para incluir a través de él a las personas trans, intersexuales y no binarias, a cargo del diputado Alberto Villa Villegas, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Alberto Villa Villegas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La migración en México ha sido resultado de diferentes factores; por ejemplo, los problemas económicos, la desigualdad y la falta de oportunidades laborales. El principal destino migratorio de México ha sido Estados Unidos de América (EUA). Si bien el proceso se ha dado desde siempre, comenzó a fluir más desde el fin de la guerra de 1846-1848 entre México y EUA, cuando se concreta la anexión de Texas a él.1

De manera nacional e internacional, han sido comunes los flujos de personas de un lugar a otro, y con el paso del tiempo se ha reconocido que estos movimientos conllevan a la movilidad de la cultura, tradiciones espacio e identidad de los grupos de personas y comunidades. En una economía globalizada, estos factores han transformado la identidad colectiva.

Si bien la relación que persiste entre México y EUA es de gran importancia a nivel económico y productivo, también es importante a nivel cultural, social y de identidad regional, dado que, en algunos condados es más la población mexicana que por años migro al país vecino y se quedó a vivir.

Ante ello se han hecho necesario diferentes requerimientos que deben cubrirse de manera legal para poder ingresar en EUA o salir de él, y una de estas medidas son las visas y los pasaportes , estos documentos son indispensables para cualquier visitante que desea desempeñar ciertas actividades en dicho país, como turismo, trabajo, estudio, arte o investigación.

Si bien hay gran variedad de categorías de visas y pasaportes, éstas implican distintos requisitos, derechos y responsabilidades.

Ante los contextos sociales actuales y las nuevas generaciones, tanto la identidad de los colectivos, conceptos y necesidades se han ido transformando y con ello los formatos, documentos oficiales y requerimientos se van adecuando a las necesidades sociales de manera incluyente.

Como es el caso del concepto de género no binario, utilizado para describir a una persona cuya identidad no es de hombre ni de mujer. Para comprender mejor el concepto se debe partir de la diferencia que existe entre hablar sobre lo que es el género y el sexo. Ya que, de acuerdo con la Asociación Estadounidense de Psicología el género es una construcción e identidad social, misma que hace referencia a las actitudes, sentimientos y comportamientos de una cultura, la cual está asociada al sexo biológico de una persona. Sin embargo, el hablar del género no binario, es mantenerse desde una perspectiva neutral-objetiva, independiente del género biológico.

A partir del concepto no binario, las personas, independientemente de sus preferencias, suman e incluyen a quienes se pueden sentir identificadas, como es el caso de las personas transgénero, intersexuales o quienes no están conformes con su género, pues no se identifican con los roles de género que socialmente les corresponderían.

Ante estos cambios posmodernos, algunas naciones han considerado modificaciones desde lo jurídico hasta temas de seguridad social, donde se incluye de manera gradual a los grupos que por años no han estado rezagados.

Un ejemplo reciente lo encontramos en el Departamento de Estado de EUA, que desde junio del año en curso anuncia que actualizaría sus procedimientos para permitir pasaportes en donde los solicitantes puedan seleccionar por sí mismos su marcador de sexo, en caso de que el marcador de sexo autoseleccionado no coincida con el sexo que figura en otros documentos oficiales de identidad se permitirá la adición de un marcador de género X para personas no binarias, intersexuales y no conformes con su género, que soliciten un pasaporte estadounidense, esta propuesta fue aprobada y se emitió el primer pasaporte para una persona no binaria en octubre del año en curso.2

Además de EUA, al 23 de julio pasado del año en curso el presidente de Argentina Alberto Fernández anunció la emisión del documento nacional de identidad para las personas que se perciben a sí mismas como no binarias. Es decir, los ciudadanos argentinos podrán contar con la posibilidad de marcar con una “X” en la definición del sexo dentro de los pasaportes. Esto posiciono a Argentina como el primer país de Latinoamérica que considera la posibilidad de elegir una tercera opción diferente de las comunes, como los géneros “F”, femenino, y “M”, masculino.3

Apenas 15 países han considerado el identificador género no binario en sus pasaportes o documentos de identidad personal:

Tabla 1. Países que incluyen el termino no binario en sus pasaportes.

Fuente: Elaboración con información del periódico Newsweek . Estos países reconocen el tercer género en sus pasaportes; México no aparece en la lista, https://newsweekespanol.com/2021/10/paises-tercer-genero-pasaportes-mex ico/Publicado por: Katherine Fung / Newsweek Internacional

La adecuación de los documentos de identidad personal, son un paso para afirmar y enaltecer los derechos humanos de las personas trans, intersexuales y no binarias, sin embargo, a nivel nacional e internacional aún falta mucho por hacer.

Si bien en México, diversas asociaciones y colectivos han puesto el tema sobre la mesa, aun no se concretan resultados en la ratificación de documentos oficiales que incluyan al género no binario, y así las personas pueda elegir libremente.

Por ello es importante que la Secretaría de Relaciones Exteriores considere la posibilidad de incluir el género no binario en el pasaporte, en pro de un gobierno incluyente y garantizando los derechos humanos de todas, todos y todes.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal a revisar y considerar por la Secretaría de Relaciones Exteriores la posibilidad de incluir el marcado de género “X” en los pasaportes, ya que a través de él se estará incluyendo a las personas trans, intersexuales y no binarias.

Notas

1 El proceso de asentamiento de la migración México-Estados Unidos. Esther Figueroa-Hernández, Francisco Pérez-Soto.

2 “Departamento de Estado de EUA emite el primer pasaporte indicando género ‘X’”, portavoz estatal Ned Price.

3 Decreto 476/2021 de Argentina detalla en el artículo 6 “que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto deberá notificar los términos del decreto a la Organización de Aviación Civil Internacional, a fin de que los países que la forman acepten el ingreso, la permanencia o el tránsito de personas argentinas no binarias”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2021.

Diputado Alberto Villa Villegas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP y la Secretaría de Bienestar a elaborar un programa conjunto urgente para rescatar a las personas de entre 3 y 29 años sin inscribir en la escuela por falta de recursos económicos, a cargo de la diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Julieta Andrea Ramírez Padilla, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En un estudio realizado recientemente por el Inegi se identificó que para el ciclo escolar 2020-2021, 2.9 millones de personas en un rango de 3 a 29 años de edad, que representan 5.4 por ciento del universo de esa población no se inscribieron en la escuela por falta de recursos económicos.1

Los programas sociales como las Becas Bienestar son claves en el proceso de contención en el incremento de la deserción escolar por falta de recursos económicos, y responden a la necesidad real de la sociedad del México profundo.

La Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación evidenció la necesidad de fortalecer los apoyos para todos los estudiantes del país, por ello, las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena, decidimos aumentar el presupuesto de los programas sociales, de tal manera que, no sea la falta de dinero el impedimento para acceder a la educación.

En la 4T tenemos muy claro que los programas sociales son un acto humanitario que buscan equilibrar las oportunidades y cerrar las brechas de desigualdad. Sabemos que cuando el Estado beca a un estudiante de bajos recursos económicos, no hace otra cosa más que romper las barreras que la pobreza impone a sus anhelos de desarrollo.

Ahora bien, corresponde a las secretarías del gobierno federal la ejecución de los programas sociales y que estos logren el objetivo para el que fueron diseñados. No tenemos duda de la capacidad del gabinete que acompaña al presidente; sin embargo, el presente punto de acuerdo va encaminado a exhortar a las Secretarías de Bienestar, de Educación Pública, y del Trabajo y Previsión Social a redoblar esfuerzos para alcanzar la mayor población posible con los recursos etiquetados para los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Becas Bienestar.

De tal manera, las cifras identificadas en el estudio referido pasen a ser sólo un mal recuerdo en el país. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro también tiene una función en la estrategia de combate al rezago educativo al permitir la capacitación de jóvenes en algún sector económico.

El 4 de octubre del presente año, el diario El Financiero dio a conocer la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2020, identificando que el 46 por ciento de jóvenes becados en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro encontraron trabajo una vez terminada su capacitación, en contraste con jóvenes que no se inscribieron al programa y de los cuales solamente 23 por ciento obtuvo un empleo.

El resultado indica que el programa aumentó en 26.7 por ciento dicha empleabilidad que, en términos de probabilidad de encontrar empleo, es bastante elevada. El resultado es muy robusto a través de diferentes métodos, por lo que puede tenerse certeza de que el diseño de evaluación está bien hecho.2

Dicho estudio se levantó durante los meses de confinamiento, lo que demuestra que los programas sociales cumplen con su objetivo social de dar protección a las clases más vulnerables, pero que además deja evidencia que este programa ayuda en la formación de la juventud que no desea continuar sus estudios, pero que encuentran en el programa de JCF una oportunidad de capacitación.

De ahí que desde la Cámara de Diputados respetuosamente exhortemos a las dependencias encargadas de ejecutar los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Becas Bienestar en sus variantes para estudiantes de educación básica y media superior, a crear un programa emergente con miras a incorporar a la población de personas de entre 3 y 29 años que no se inscriben a la escuela por ser de escasos recursos, de tal suerte que nadie se quede atrás, considerando que entre ambos programas sociales suman casi 90 mil millones de pesos.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración del pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso del Unión exhorta a las Secretarías de Educación Pública, y de Bienestar a elaborar en el marco de sus competencias un programa emergente y conjunto para rescatar a la población de personas de entre 3 y 29 años que aún no se inscriben en la escuela por falta de recursos económicos.

Notas

1 Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación de 2020.

2 El Financiero, 4 de octubre de 2021.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2021.

Diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de establecer políticas públicas y estrategias urgentes para resolver el abastecimiento de agua potable en San José del Rincón, México, suscrita por el diputado Juan Ángel Bautista Bravo e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Juan Ángel Bautista Bravo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Durante las últimas décadas, debido al crecimiento exponencial de la población, un tema recurrente en la agenda nacional ha sido la escasez de agua. Fenómeno natural, el cual ha tenido crecimiento acelerado inducido por los seres humanos. Aun cuando hay suficiente agua dulce en el planeta para satisfacer las necesidades de una población mundial de cerca de siete mil millones de personas, su distribución es desigual tanto en el tiempo como en el espacio, y mucha de ella es desperdiciada, contaminada y manejada de manera insostenible.1

El cambio climático, principalmente el aumento de la temperatura global, altera gravemente los comportamientos del ciclo del agua. En el último decenio, más de 90 por ciento de los grandes desastres naturales se produjeron a causa de inundaciones, tormentas, olas de calor, sequías y otros fenómenos meteorológicos, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres.

El Estado mexicano se enfrenta a una crisis sin precedente, a lo cual se aúnan las sequías registradas en 2020, lo que ocasiono graves desequilibrios hidrológicos. Se registró un almacenamiento debajo del histórico en el sistema Cutzamala.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, 83.9 por ciento del territorio nacional sufre de sequías intensificadas desde marzo por la disminución en el porcentaje de lluvias.2

Es responsabilidad del gobierno abastecer a la sociedad. En el artículo 4o. de la Constitución se menciona: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

La sequía no es la única causa que provoca la escasez; faltas de políticas públicas, acceso inequitativo, falta de infraestructura hidrológica, entre otros. Un claro ejemplo es San José del Rincón, México, el tema que nos ocupa.

San José del Rincón es de reciente creación, con 94 mil habitantes y 20 mil viviendas particulares ocupadas. De éstas, poco más de 21 por ciento no cuenta con agua potable y 48 no cuenta con drenaje.3

En el artículo “¿Guerra por el agua en el valle de México?” se menciona que los municipios de donde se capta el agua suelen no tener buenos niveles de cobertura de agua potable y sus dotaciones suelen ser reducidas. Como ejemplo, citamos el caso de San José del Rincón y Almoloya del Rio, dos municipios de captación del Sistema Lerma cuya dotación promedio no alcanza 200 /h/d.4 En el estado de México no sólo hay poca agua sino que está distribuida de forma desigual.

Los habitantes de la Guarda San Antonio Plaza de Gallos, en San José del Rincón, México, solicitaron apoyo a un servidor (se anexa copia del oficio) para la ejecución de la obra de perforación, desarrollo y aforo de un pozo profundo debido a la falta de agua.

A la población se le informo sobre la autorizó la perforación, desarrollo y aforo de un pozo profundo para obtener agua subterránea, por lo que se le solicitó a la presidenta municipal de San José del Rincón, la licencia de construcción (anexo uno), y trámite para la obtención del título de concesión para agua subterránea (anexo dos).

Los habitantes han agotado todo recurso para solicitar el seguimiento de los trámites realizados hasta ahora, sin obtener respuestas concretas por parte de la autoridad sobre la obra anteriormente mencionada y sobre las acciones y estrategias que las autoridades tomarán para cambiar la realidad de este municipio.

Por lo expuesto pongo a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua, la Comisión del Agua del Estado de México y el Departamento de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de San José del Rincón a verificar y resolver en coordinación y con la mayor brevedad la gran problemática que se tiene en el desabasto de agua potable, en la ejecución de obra perforación, desarrollo y aforo de un pozo profundo en la comunidad de Guarda San Antonio Plaza de Gallos; asimismo, hacer públicas las acciones que se implantarán y el tiempo en que resolverán la problemática.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de México, la presidenta municipal de San José del Rincón, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión de Agua del Estado de México a instruir en el ámbito de su facultades a las dependencias involucradas para que trabajen de manera conjunta a fin de establecer políticas públicas y estrategias urgentes para resolver al abastecimiento de agua potable; además, hacer públicas las estrategias y los mecanismos que realizarán para cumplir el mandato del artículo 4o. constitucional.

Notas

1 Abordar la escasez y la calidad del agua (UNESCO),
https://es.unesco.org/themes/garantizar-suministro-agua/hidrologia/escasez-calidad#:~:text=La%20acelerada%
20urbanizaci%C3%B3n%2C%20el%20incremento,los%20recursos%20de%20agua%20dulce

2 “Sequía pega a 83 por ciento del país; la peor desde 2012”,
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/4/13/sequia-pega-83-del-pais-la-peor-desde-2012-283144.html

3 Estadística Básica Municipal del Estado de México 2020, San José del Rincón.

4 ¿Guerra por el agua en el valle de México?, http://centro.paot.org.mx/documentos/unam/guerra_por_agua_digital.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2021.

Diputados: Juan Ángel Bautista Bravo, Armando Corona Arvizu, Susana Cano González, Martha Azucena Camacho Reynoso (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a autoridades de salud y seguridad social federales y estatales a implantar estrategias y programas de capacitación para que su personal otorgue atención con calidad y buen trato a los derechohabientes, a cargo de la diputada Socorro Irma Andazola Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y de las secretarías de servicios de salud y homólogos en cada entidad federativa, así como al del Instituto de Salud para el Bienestar, a implantar dentro de sus jurisdicciones, facultades y competencias, y con la mayor brevedad en todo el territorio nacional estrategias y programas de capacitación que permitan que el personal adscrito a cada una de esas dependencias otorgue atención de calidad y buen trato a los derechohabientes, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El sistema de salud pública en nuestro país, está compuesto por dependencias de los diferentes niveles de gobierno como lo son la Secretaría de Salud a nivel Federal quien lidera el sector por parte del estado mexicano, los organismos públicos descentralizados como lo son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como los Sistemas de Salud de cada entidad Federativa y sus organismos públicos descentralizados, centros de salud rurales, centros de salud comunitarios, hospitales generales, hospitales de especialidades, y otros homólogos, así como el Instituto de Salud para el Bienestar, las que se encuentran reguladas para garantizar los derechos a la Salud de todos los habitantes de México por la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y las Leyes secundarias en la materia como lo es la Ley General de Salud y los reglamentos correspondientes.

Lo anterior, con el objetivo primordial de cumplir lo previsto en la Carta Magna, que reconoce en el artículo 4o., párrafo cuarto, el derecho humano que toda persona tiene a la protección de la salud, así como que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establece la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73.1

Es de gran importancia destacar lo que establecen las fracciones I y II del artículo 2o de la Ley General de Salud: “son finalidades del referido derecho humano, el bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana”, y tratándose de personas sin seguridad social, la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados; como lo dicta el párrafo tercero del artículo 27 del mismo ordenamiento y en materia de disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud su fracción VIII, así como en materia de asistencia social a grupos vulnerables la fracción X de la misma Ley General de Salud.

Entre los servicios que se prestan en dichas instancias de salud, según el lugar y el tipo de cada uno, figuran éstos:

• Diagnóstico;

• Tratamientos en especialidades básicas;

• Consulta externa;

• Hospitalización;

• Laboratorio clínico y de patología;

• Imagenología y radiología; y

• Atención de urgencias.

Con información de la página oficial del IMSS-Bienestar, el padrón de la población adscrita a principios de 2021 ascendió a 11 millones 615 mil 623 en todo el territorio nacional.2

Por lo que se considera un universo muy grande de derechohabientes, mismos que demandan un servicio expedito y con altos índices de calidad y buen trato para los titulares y sus familiares.

Sin embargo, es una realidad de que a pesar de que existen protocolos de atención, en algunos hospitales y en algunas épocas del año, la capacidad instalada se ve rebasada tanto en instalaciones como en recursos humanos médicos y administrativos, por lo que se generan diversos problemas entre los que se encuentran retrasos en la atención, falta de medicamento y entre otras cosas atención deficiente o nula, lo que se traduce al final, en mala atención y en ocasiones se percibe cierto maltrato a los derechohabientes.

Asimismo, de manera concatenada, se presentan circunstancias que ejercen en unos casos, discriminación y en otros una múltiple vulneración de diversos derechos humanos de hombres y mujeres de todas las edades que dan como resultado una segregación que las limita e impide disfrutar de forma igualitaria de los derechos que les asiste su condición de ser habitante del país.

Hay infinidad de casos en los que los y las ciudadanas derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, han sido maltratados en diferentes áreas de esta institución tanto en las áreas administrativas como en las áreas de atención médica en los consultorios, en donde de forma indiscriminada se llega a practicar la dilación en la atención, ignorando la presencia de las personas hasta que se les ocurre preguntar si se les ofrece algo, malas contestaciones y regaños entre otros, lo mismo se sabe de hospitales generales en las entidades federativas e ISSSTE.

Este problema no es nuevo y desafortunadamente todavía existe en algunas partes de nuestro país, como en Baja California de donde soy Representante Popular, en donde se tiene conocimiento de casos que las y los ciudadanos nos han reportado en la oficina de enlace legislativo de una servidora, en los que por ejemplo, por errores en el registro de los datos de derechohabientes se ocasionan, homonimias o errores en la ortografía o puntuación en los nombres de las personas, razón por lo que simplemente se les niega la atención y en algunos casos incluso, no se les orienta correctamente para solventar dichos errores, que dicho sea de paso, son errores de registro del propio IMSS que por medio de sus áreas administrativas cometen registros de mala calidad y desafortunadamente los afectados son siempre los derechohabientes.

Otro de los casos que más se puede escuchar en las quejas de las personas que acuden a algunos hospitales y oficinas del IMSS, hospitales generales e ISSSTE, son las relacionadas con falta de orientación o canalización correcta a la hora de que los derechohabientes necesitan hacer trámites administrativos diversos (pensiones, incapacidades, entrega de quejas o documentos oficiales) ante algunas oficinas o áreas de estas dependencias lo que a la postre, se materializa en un maltrato equiparado y violaciones de los derechos humanos, a la salud y a los servicios que estas dependencias deberían prestar con total seriedad y prontitud.

Ejemplos de lo anterior son los siguientes, sólo en Baja California:

Entre los múltiples casos de atención deficiente y mal trato se tiene conocimiento de que hay personas que durante más de 10 o 15 años, no han podido solventar homonimias o registros erróneos debido a que el personal que debe apoyarlos y orientarlos simplemente deciden no hacerlo y encima culpan a las personas afectadas por el problema que fue originado por malas prácticas administrativas y con ello, condenan a los derechohabientes a cursar por un camino largo y sinuoso lleno de maltrato y victimización múltiple, que desafortunadamente se ejerce en su mayoría a personas humildes, de la tercera edad o simplemente sin conocimientos académicos, quienes por temor de que se les retire el servicio médico o alguna pensión o trámite de incapacidad, se sienten obligados a aguantar el maltrato y callan la problemática.

Un ejemplo de lo catastrófico que puede desencadenar un error de registro en el IMSS, es el siguiente: En un caso real de una ciudadana en Baja California, una homonimia, ha causado dificultades que se encadenaron y dieron origen a problemas con dependencias que se relacionan con el IMSS, como lo son el Infonavit y las instituciones que prestan el servicio de administración de recursos de ahorro para el retiro como las Afore, en los que incluso por dicha homonimia a la señora María Teresa “N” se le estuvo descontando durante muchos años sus aportaciones para la vivienda que iban como amortización de un crédito al Infonavit que nunca disfrutó y se lo acreditaban a otra persona que sin escrúpulos ni conciencia del daño del que formaba parte, aprovechó esa circunstancia y ahora disfruta de una vivienda que nunca pagó, por lo que al día de hoy todavía la señora María Teresa “N” lidia para solventar legalmente que se le reconozcan y retribuyan esos recursos que de alguna u otra forma fueron desviados y acreditados a un tercero y que sin embargo el Infonavit argumenta que como el problema no se ha resuelto en el IMSS ellos (Infonavit) no pueden hacer nada al respecto; cabe hacer la aclaración de que la señora María Teresa “N”, cuenta con documentación que muestra que si ha solicitado la regularización de esa problemática primero en el IMSS y despues en las instancias en las que se vio reflejada la problemática causando daños colaterales por una mala atención y maltrato por parte del personal administrativo del IMSS que no atendió adecuadamente este caso y ocasionó que se complicara exponencialmente con las consecuencias económicas y de desgaste emocional y físico que esto implica, sobre todo porque al decir de la afectada, nadie la ha ayudado y la han “traído a vuelta y vuelta” durante años. Lo mismo sucede con el Afore en este caso.

Asimismo, sucedió con la señora Ma. Ilian “N”, a quien por un “punto” entre su primer y segundo nombre, le negaron trámites referentes a su pensión temporal e incapacidades.

Y así, se pueden mencionar infinidad de casos tanto administrativos como de atención médica, documentados, que han llegado a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos misma que ha emitido las recomendaciones correspondientes.

El maltrato se materializa de diferentes formas, entre las que se encuentran éstas:

• Discriminación por apariencia;

• Ignorar a las personas en algún trámite haciendo que esperen mucho tiempo e incluso dejándolas sin atención.

• No orientar a derechohabientes en trámites ni canalizarlos con las personas o a las áreas correspondientes;

• Negligencia médica; y

• Omisión en el suministro de medicamentos, entre otros.

No son nada nuevas y sí recurrentes las anécdotas de maltrato por personal de recepción, administración e incluso médicos en algunas de las delegaciones o unidades de medicina familiar del IMSS en diversos estados. Por ejemplo, el 1 de noviembre de 2021 yo misma acudí a la subdelegación de Tijuana a entregar un oficio de mi parte para solicitar la atención del caso de la ciudadana Ma. Ilian “N” (descrito en párrafos anteriores) y comprobé personalmente lo que se documenta en este punto de acuerdo, debido a que de manera grosera me contestaron por lo menos dos personas trabajadoras del instituto que ahí no me iban a recibir el oficio y que si no traía un “poder” no me iban a recibir nada.

Esa situación se dio porque no me presenté como legisladora o representante popular. De esa forma comprobé las dificultades y maltrato que recibe la ciudadanía en general. Ese ejercicio lo he llevado a cabo en otras ocasiones, con los mismos nefastos resultados.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación de los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el IMSS encabeza la lista entre diferentes dependencias de gobierno, con un total entre enero y septiembre de 2021 de mil 950 a escala nacional, seguido en el sector salud por el ISSSTE, con 712.3

En Baja California se reportaron 151 quejas, de las cuales se solventaron 58 en el periodo documentado.

Por ejemplo, de las quejas que la dependencia reporta y que corresponden a Baja California, se aprecian las siguientes:4

Omitir proporcionar atención médica: 44.

Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, los empleos, los cargos o las comisiones: 35.

Realizar deficientemente los trámites médicos: 20.

Prestar indebidamente el servicio público: 18

Negligencia médica: 11.

Omitir suministrar medicamentos: 10.

Obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social a que se tiene derecho: 8.

No se puede determinar: 2.

Omitir dar información sobre el estado de salud: 2.

Omitir brindar la atención o los cuidados o prestar auxilio a cualquier persona teniendo la obligación de hacerlo: 1.

De ellas se solventaron 58 en el periodo documentado.

El 11 de diciembre de 2019, el IMSS reportó en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, en el boletín número 546/2019, “el IMSS fomenta en sus trabajadores la cultura de los derechos humanos, género, igualdad y no discriminación”, que 98 por ciento de las quejas interpuestas por derechohabientes ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es resuelto sin que ésta emita una recomendación o propuesta de conciliación. Además, en 2019 aumentó en casi 50 por ciento el número de gestiones que personal del IMSS realiza ante ese organismo a fin de atender oportunamente los requerimientos, prevenir que aumente la posibilidad de daño a la salud y evitar que se consumen actos irreparables.5

El ISSSTE presentó a finales de diciembre de 2019 su programa de trabajo para 2020, el cual “tiene el propósito de consolidar el fortalecimiento de tres directrices: mejorar la calidad de la atención a derechohabientes y sus familias; garantizar la operación institucional mediante la estabilidad financiera y transformar el modelo de salud priorizando la atención preventiva frente a la curativa”.6

Sabemos cuán difícil es proporcionar a una gran cantidad de pacientes y derechohabientes un servicio de calidad sin que se originen contratiempos y más en tiempos de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de Covid-19. También estamos conscientes de la labor titánica que eso implica, por lo que es hasta cierto punto comprensible y razonable entender que hay mucho por hacer en materia de mejoramiento de la atención a derechohabientes de las distintas dependencias del sector de nuestro país.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de las secretarías de servicios de salud y homólogos en cada entidad federativa, así como al del Instituto de Salud para el Bienestar a implantar dentro de sus jurisdicciones, facultades y competencias, y con la mayor brevedad en todo el territorio nacional estrategias y programas de capacitación que permitan que el personal adscrito a cada una de esas dependencias otorgue atención de calidad y buen trato a los derechohabientes.

Notas

1 https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/
programa-atencion-a-la-salud-y-medicamentos-gratuitos-para-la-poblacion-sin-seguridad-social-laboral

2 https://www.imss.gob.mx/imss-bienestar/estadisticas

3 https://appweb2.cndh.org.mx/SNA/ind_Autoridad_SM.asp?Id_Aut=1063&p= 1

4 https://appweb2.cndh.org.mx/SNA/ind_Autoridad_SM_3.asp?Id_Aut=1063& Id_Estado=3&valorEF=93&mpa=1

5 http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201912/546

6 https://www.gob.mx/issste/prensa/mejorar-la-atencion-estabilidad-financiera-e-impulsar-la-
prevencion-son-objetivos-prioritarios-del-issste-en-2020-ramirez-pineda (punto de acuerdo senadora Eva Eugenia Galaz Caletti)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2021.

Diputada Socorro Irma Andazola Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Jucopo de esta soberanía a realizar una sesión solemne por la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos el 10 de diciembre del presente año, a cargo de la diputada Érika Vanessa del Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Érika Vanessa del Castillo Ibarra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En París, Francia, el 10 de diciembre de 1948 fue redactada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual decretó por primera vez todos los derechos inalienables de las personas. Señaló que los derechos humanos deben ser protegidos de manera universal. Fue aprobada por la Asamblea General de la ONU.

2. Para 1950 se invitó a los Estados y organizaciones internacionales que tuvieran el interés de establecer oficialmente el 10 de diciembre como el Día Internacional de los Derechos Humanos mediante la resolución 423(v).

La Declaración Universal de los Derechos Humanos ha tenido gran trascendencia, ya que es el documento más traducido del mundo, está disponible en más de 500 idiomas, y es uno de los textos más importantes dentro del ámbito de derechos humanos, pues en él se exponen los valores universales y un ideal común para todos los pueblos y naciones sin importar su raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedades, lugares de nacimiento, o cualquier otra condición. Además, establece que todas las personas tienen la misma dignidad y el mismo valor.1

3. El 28 de enero de 1992, México elevó a rango constitucional los derechos humanos, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cual constó una adición de un párrafo al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objetivo de facultar al Congreso de la Unión y a las legislaturas locales a fin de instaurar instituciones para dar la atención de las denuncias y quejas contra actos violatorios de los derechos humanos, el cual establecía:

Artículo 102.

A. El ministerio...

B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que otorgan el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Formularán recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.2

4. El 13 de septiembre 1999 se reformó el artículo 102, Apartado B, constitucional señalando a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como un órgano con autonomía de gestión personalidad jurídica y patrimonio propio sus objetivos principales es la protección observancia protección estudios y divulgación de los Derechos Humanos previstos por el orden jurídico mexicano por otro lado es importante recordar que el núcleo de los Objetivos de Desarrollo Sostenido son los derechos humanos según este sin dignidad humana es posible lograr el impulso del desarrollo sostenible de los derechos humanos están impulsados por el progreso de todos los DS y de los ODF están impulsados por los avances de los derechos humanos.3

Consideraciones

Los derechos humanos son derechos inalienables y que pertenecen a todos los seres humanos sin importar su raza sexo nacionalidad lengua religión origen étnico o cualquier otra condición actualmente existe una lista derechos humanos creada por la organización de las Naciones Unidas donde se defienden los donde se defiende el derecho a la vida la libertad y a la educación al trabajo y muchos otros más que deben ser respetados sin que exista discriminación alguna es el texto del artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Con base en esta premisa, la declaración proclamada de los derechos inalienables inherentes a todos los seres humanos sin importar su raza color religión sexo idioma opinión política o de otra índole origen nacional o social propiedades lugar de nacimiento ninguna otra condición.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que realice una sesión solemne por la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos el 10 de diciembre del presente año.

Notas

1 https://www.cndh.org.mx/noticia/dia-de-los-derechos-humanos-0

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_123_28ene92_i ma.pdf

3 https://www.cndh.org.mx/noticia/dia-de-los-derechos-humanos-0

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2021.

Diputada Érika Vanessa del Castillo Ibarra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los 2 mil 446 alcaldes del país a integrar en los planes de desarrollo municipal los objetivos de la Agenda 2030 y los ODS, a cargo del diputado Ángel Domínguez Escobar, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Ángel Domínguez Escobar, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, acude ante el pleno de esta soberanía a fin de presentar proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta a las y los presidentes municipales de los 2 mil 446 municipios del país a integrar en su plan de desarrollo municipal los objetivos de la Agenda 2030, así como incluir los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible.

Consideraciones

El Plan de Desarrollo Municipal es un elemento importante para regir el actuar del gobierno y buscar el desarrollo de una comunidad en distintos ámbitos: el social, el político, el cultural, el económico y ambiental; se deberán definir y expresar para cada Pilar temático y Eje transversal los objetivos, estrategias y líneas de acción que el ayuntamiento perseguirá durante la administración y que guiarán el sentido de la planeación de los programas anuales.

Esta planeación se fundamenta en el párrafo segundo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio”.

En el artículo 26 de la Carta Magna se fijan las bases para su sistema nacional de planeación democrática, de esta manera, se garantiza la participación de las entidades federativas y de sus municipios en la responsabilidad definir y alcanzar los objetivos de los programas de gobierno, así como en el artículo 115, se señala que en los términos de las leyes federales y estatales, los municipios están facultados para formular y aprobar planes de desarrollo urbano, que aunque están enmarcados en otras legislaciones, también se consideran parte de la planeación del desarrollo.

A pesar que la planificación en los municipios representa una herramienta fundamental para el desarrollo, no todos tienen una dirección plasmada en un documento formal que los obligue a saber hacia dónde van encaminadas las acciones que realizan diariamente. Además, según las estadísticas sólo tres de cada diez municipios que cuentan con un plan de desarrollo tienen instrumentos para evaluar el avance en cumplimiento de objetivos y metas.

Ello indica que si bien la mayor parte de los municipios tienen un plan para establecer las acciones que el gobierno debía ejecutar en su periodo de gestión, se corre el riesgo de que no se instrumenten dichas acciones ni se llegue al desarrollo deseado por la falta de instrumentos de evaluación.

Es una realidad que en la mayoría de ocasiones estos planes se elaboran sin conocer las necesidades fundamentales de los municipios; muchas veces solo se retoman los planes de años anteriores y se actualizan. Para poder homologar la estructura y los elementos principales del contenido de los planes municipales de desarrollo y pensar en un desarrollo de manera estratégica y con participación de los actores afectados, es necesario que la norma jurídica establezca claramente la obligación de los gobiernos municipales de incentivar la participación ciudadana y de crear planes que contengan elementos de una metodología estratégica.

En la Cumbre de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, celebrada del 25 al 27 de septiembre de 2015 en Nueva York, Estados Unidos de América, se aprobó el instrumento Transformar Nuestro Mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y fue adoptado por los Estados miembros de Naciones Unidas, incluido México.

Dicho documento incluye los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede rezagado para 2030:

1. Fin a la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo para 2030.

2. Hambre cero. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

3. Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.

4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

6. Agua limpia y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

7. Energía asequible y no contaminante. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos.

8. Trabajo decente y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

9. Industria, innovación e infraestructura. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

10. Reducciones de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.

11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

12. Producción y consumos responsables. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

15. Vida de ecosistemas terrestres. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

17. Alianza para Lograr los Objetivos. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Como actor global, México participó activamente en la definición de la Agenda. El país fue uno de los más activos en los foros de consulta, participando y liderando el proceso de negociación. No solo presentó propuestas puntuales para incorporar los principios de igualdad, inclusión social y económica, e impulsó que la universalidad, sustentabilidad y los derechos humanos fuesen los ejes rectores de la Agenda 2030. También abogó por la adopción de un enfoque multidimensional de la pobreza que, además de considerar el ingreso de las personas, tomara en cuenta su acceso efectivo a otros derechos básicos como la alimentación, educación, salud, seguridad social y servicios básicos en la vivienda.

México ha mantenido su participación activa en la implantación de la Agenda 2030. Algunos avances:

México fue uno de los dos países voluntarios en la región para presentar avances sobre los ODS ante el Foro Político de Alto Nivel en Desarrollo Sostenible.

Instalación del Comité Técnico Especializado en Desarrollo Sostenible (Presidencia de la República-Inegi), con la participación de las dependencias de la administración pública federal.

El Senado de la República instaló el grupo de trabajo sobre la Agenda 2030, el cual dará seguimiento y respaldo desde el Poder Legislativo al cumplimiento de los ODS.

Desarrollo del plan de implementación de los ODS por la Presidencia de la República y la Amexcid, con apoyo del PNUD.

Instalación del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Es importante que se consideren esta agenda y los Objetivos de Desarrollo Sostenible al momento de elaborar el plan de desarrollo municipal, pues prevé políticas de desarrollo sociales, económicas y ambientales, fundamentales para el crecimiento y fortalecimiento de los municipios, por lo que me permito someter a la consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los presidentes municipales de los 2 mil 446 municipios del país a integrar en su plan de desarrollo municipal los objetivos de la Agenda 2030, así como incluir los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2021.

Diputado Ángel Domínguez Escobar (rúbrica)