Proposiciones
Efemérides


Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a evaluar las medidas de seguridad, señalización y localización de las casetas de cobro de la autopista México-Puebla para prevenir y reducir accidentes automovilísticos, a cargo de la diputada Odette Nayeri Almazán Muñoz, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Odette Nayeri Almazán Muñoz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La problemática de la seguridad vial y las terribles consecuencias que tiene a nivel mundial ha tomado importancia en las agendas de gobierno y legislativas, esto a raíz de los informes que ha emitido la Organización Mundial de la Salud (OMS), las Naciones Unidas y otras.

Dentro de estos se menciona lo siguiente:

• “El número de muertos por accidentes de tránsito a nivel mundial es de unos 1.35 millones de personas cada año.

• Los accidentes de tráfico constituyen la segunda causa de muerte para personas entre los 5 y 29 años y la tercera para personas entre los 30 y 44 años.

• Los costos sociales y económicos de los accidentes y las lesiones causados por el tránsito ascienden a 1 por ciento del producto nacional bruto (PIB) en los países de ingresos bajos, a 1.5 por ciento en los de ingresos medianos y hasta 5 por ciento en los de ingresos altos”.1

• La OMS también estima que cada año resultan heridas de 20 a 50 millones de personas a consecuencia de accidentes de tránsito no mortales, muchas de ellas con discapacidad permanente2 .

Estos informes también sostienen que se invierte muy poco dinero en prevenir éstos, comparado con los fondos invertidos en labores de investigación y desarrollo centrados en otros problemas de salud pública. Para orientar las políticas de seguridad vial se necesitan datos sobre el número, tipo de accidentes y sus consecuencias, así como el conocimiento detallado de las circunstancias en que se producen.

Por los datos anteriormente expuestos la seguridad vial se está convirtiendo un problema que afecta a toda la sociedad.

Al respecto, en México el Ejecutivo federal, publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Estrategia Nacional de Seguridad vial 2011-2020.

En agosto de 2020, la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución 74/299 “Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo”, proclamando el Decenio de Acción por la Seguridad Vial 2021-2030, con el ambicioso objetivo de prevenir al menos 50 por ciento de las muertes y lesiones en el tránsito para 2039.

En este sentido el gobierno de México mediante el “Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024”3 , especifica como estrategia prioritaria mejorar la seguridad vial en la Red Carretera Federal para el bienestar de todas y todos los usuarios.

Las acciones que incorpora el programa son las siguientes:

• Diseñar e implementar un programa preventivo de seguridad vial.

• Incorporar mejores prácticas internacionales para incrementar la seguridad vial.

• Implementar las auditorías/inspecciones de seguridad vial en la Red Carretera Federal.

• Realizar campañas informativas para difundir entre la población los aspectos fundamentales de seguridad vial y crear progresivamente una cultura vial.

En la página web del gobierno de México menciona que Caminos y Puentes Federales (Capufe) continúa e intensifica sus esfuerzos en materia de seguridad vial. Asimismo, implementa un mayor número inspecciones a la infraestructura para identificar riesgos viales en la red carretera a su cargo. También se han diseñado iniciativas que buscan mitigar los impactos de error humano al conducir, además, se han desarrollado esfuerzos coordinados con otras dependencias para la realización de operativos de revisión de vehículos pesados.

Aun teniendo estos planes seguimos teniendo lamentables accidentes, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública en el primer semestre del año suman 7 mil 463 muertes por accidentes de tránsito.

El portal de noticias animal político menciona que “Esta cifra supone que van hasta 1 mil 316 muertes más que en el mismo periodo de 2020; 21.5 por ciento al alza, y hasta 34.5 por ciento más que hace seis años, en 20154 .

De hecho, con un promedio de 1 mil 273 accidentes mortales cada mes (42 cada día), el primer semestre de 2021 es el más letal desde que en 2015 comenzó a llevarse un registro oficial de víctimas en el país.”

Este año se han presentado diversos accidentes documentados en distintas carreteras y autopistas, sin embargo, en los últimos meses la autopista México-Puebla se ha visto involucrada en diversos accidentes.

Esta autopista México-Puebla comenzó a operar el 5 de mayo de 1962 y en 2020 fue el tramo carretero que tuvo mayor aforo al sumar 45 millones 772 mil 175 vehículos. Es de las más transitadas con mayor número de accidentes.

De acuerdo con datos de Capufe, de 2016 a 2021, se han registrado 9 mil 979 accidentes en la autopista México-Puebla, varios de ellos con cifras mortales5 .

El último accidente se registró en la caseta de la autopista México-Puebla a la altura del municipio de Chalco en donde perdieron la vida 19 personas.

Esta autopista es de vital importancia para el estado de Puebla, tanto económicamente como de comunicación, es transitada por miles de poblanos y poblanas, por ello es necesario prevenir cualquier tipo de evento que ponga en riesgo la vida de quienes transitan por esa autopista.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en el ámbito de sus funciones y atribuciones, realice una evaluación delas medidas de seguridad, señalización, localización de las casetas de cobro de la autopista México-Puebla, con el propósito de prevenir y reducir el número de accidentes automovilísticos.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en el ámbito de sus funciones y atribuciones, realice las acciones necesarias para prevenir y reducir el número de accidentes automovilísticos en la autopista México-Puebla.

Notas

1 División de Recursos Naturales e Infraestructura. (2015). La seguridad vial en la región de América Latina y el Caribe: situación actual y desafíosv. 1/11/2021, de Cepal Sitio web: https://www.cepal.org/es/publicaciones/6296-la-seguridad-vial-la-region -america-latina-caribe-situacion-actual-desafios

2 OMS. (2020). Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito. 08/11/2021, de la Organización Mundial de la Salud Sitio web:

https://www.who.int/violence_injury_prevention/publicati ons/road_traffic/world_report/summary_es.pdf

3 Más información disponible en:

https://www.gob.mx/sct/documentos/programa-sectorial-de-comunicaciones-y-transportes-2020-2024#:~:text=
El%20Programa%20Sectorial%20de%20Comunicaciones,se%20establece%20que%20el%20Estado

4 Manu Ureste. (2021). Se disparan muertes y lesiones por accidentes de tráfico en 2021: estos son los estados con mayor aumento. 08/11/2021, de Animal Politico Sitio web: https://www.animalpolitico.com/2021/08/accidentes-trafico-muertes-lesio nes-2021/

5 Más información en:

https://www.gob.mx/capufe/es/articulos/acciones-de-segur idad-vial-implementadas-por-capufe?idiom=es

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2021.

Diputada Odette Nayeri Almazán Muñoz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a incluir la detección de alteraciones del gen SMN1 en las pruebas de tamiz neonatal en las instituciones de salud pública para identificar oportunamente la atrofia muscular espinal, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La atrofia muscular espinal (AME) es una enfermedad rara, genética, progresiva y, tristemente, muy a menudo mortal, la cual afecta las neuronas motoras en la médula espinal y área cerebral desde el nacimiento. El principal efecto de la AME es la disminución progresiva de la habilidad de las personas para caminar, comer y, finalmente, para respirar, pues afecta la parte del sistema nervioso que controla el movimiento muscular.

La AME afecta aproximadamente a uno de cada 6 mil a 10 mil recién nacidos1, 2, 3, 4, 5 y es una de las principales causas de muerte por factores genéticos en infantes.6 y 7 Además, en la actualidad, no existe una cura para la enfermedad, por lo que la detección temprana de la enfermedad es la mejor herramienta para poder brindar el acceso a tratamientos que impidan que ésta progrese y genere afectaciones severas a la salud.

Si bien, como ya se mencionó, la AME aún no tiene cura, en los últimos años, el curso de la enfermedad se ha modificado debido al desarrollo de nuevas terapias que permiten mantener la función muscular presente al momento de inicio del tratamiento.

La AME se divide en cuatro tipos, con diferencias en la severidad de los síntomas y en la etapa en la que se desarrolle8 :

• Atrofia muscular espinal tipo I (también conocida como enfermedad de Werdnig-Hoffmann): la cual es una forma bastante severa que se manifiesta como debilidad muscular grave antes de los seis meses de edad. Los bebés afectados nacen con muy poco tono muscular y, consecuentemente, con músculos débiles; incapacidad de controlar la cabeza, y poco movimiento espontáneo, así como con problemas respiratorios y de deglución, lo que complica su alimentación. La expectativa de vida en la atrofia muscular espinal tipo I rara vez es mayor de 2 a 3 años.9, 10, 11

• Atrofia muscular espinal tipo II (a la que se le denomina enfermedad de Dubowitz): comienza generalmente entre los seis y 12 meses de edad. Aunque puede haber bajo tono muscular en el momento del nacimiento o durante los primeros meses de vida, los bebés pueden llegar a sentarse de forma independiente, aunque después, conforme la enfermedad progresa, pueden presentar temblor de los dedos, flacidez general y curvatura anormal de la columna (escoliosis). La debilidad progresiva de los músculos respiratorios llega a ser severa, lo cual afecta gravemente la calidad de vida de las personas afectadas. Algunos estudios muestran que, para algunos pacientes con Atrofia Muscular Espinal Tipo II, la muerte puede llegar a la adolescencia y para otros, con mayor fortuna, hasta en la tercera o cuarta década de vida.4, 5, 6

• Atrofia muscular espinal distal tipo III o juvenil (a la cual también se le conoce como enfermedad de Kugelberg-Welande ): es una forma más leve de la AME. Por lo general, se manifiesta después de los 18 meses de edad. Para quienes sufren este tipo de la enfermedad, las piernas son más severamente afectadas que los brazos; aunque pueden caminar de forma independiente, suelen caerse con frecuencia y tener problemas para subir y bajar escaleras, además, pierden esas habilidades con el tiempo. Cuanto más tarde se manifieste este tipo de AME, mejor será el pronóstico. Los niños con este tipo III de la enfermedad pueden sobrevivir hasta comienzos de la edad adulta y algunos, los menos, pueden tener una expectativa de una vida cercana a la normal.4, 5,6

• Atrofia muscular espinal tipo IV o atrofia muscular espinal del adulto: los síntomas se presentan en la edad adulta; por lo general, después de los 30 años. Los síntomas iniciales son generalmente de leves a moderados e incluyen debilidad muscular, temblores y espasmos. La expectativa de vida es normal, a pesar de que su calidad de vida se deteriora.1, 4, 5, 6

Como se mencionó previamente, la AME tiene un origen genético y hereditario. Su causa es la existencia de una mutación en el gen SMN1, el cual se encarga de producir un tipo de proteína esencial para el funcionamiento muscular. Así, ante la deficiencia de SMN, las neuronas motoras, encargadas del movimiento no pueden enviar mensajes a los músculos a través de la proteína mencionada y, por lo tanto, los músculos pierden su capacidad motora.

La referida mutación se encuentra presente en una de cada 40 a 60 personas a nivel mundial. Esa frecuencia de portadores de 1/50, implica que cuando dos padres son portadores de la mutación genética, existe 25 por ciento de probabilidad de que su hijo o hija no se vea afectado; 50 por ciento de probabilidad de que sea portador de la mutación y 25 por ciento de probabilidad de que su hijo o hija nazca con AME12, 13, 14

En México, de acuerdo con información de la Fundación CurAME, la prevalencia de la mutación en el gen SMN1 es de uno por cada 38 habitantes; sin embargo, la incidencia reportada de este padecimiento es de uno por cada 25 mil nacimientos.15

La severidad de la AME está relacionada al comienzo de los síntomas iniciales y como es de observarse, mientras más tarde comiencen los síntomas, menor será la afectación generada por la enfermedad.

No obstante, la detección temprana de los síntomas de la enfermedad, pero aún más relevante el diagnóstico oportuno juega un papel crucial para poder brindar tratamientos modificadores de la enfermedad, los cuales retrasan el deterioro de las neuronas motoras y detienen la progresión de la enfermedad, además de que se lograría salvar vidas, especialmente, entre bebés y niños que son quienes enfrentan los tipos más agresivos de AME.16

El diagnóstico de la AME consiste en un análisis genético molecular sobre una muestra de sangre para confirmar si el paciente presenta la mutación específica en el gen SMN1. Asimismo, es posible hacer pruebas para determinar el número de copias del gen SMN2. La prueba de detección del gen SMN es realizada por diversos laboratorios de diagnóstico y los resultados pueden obtenerse en, aproximadamente entre tres y cuatro semanas.17, 18

Aunque puede parecer algo complicado y caro, las pruebas diagnósticas para la AME son sencillas y no implican grandes costos. De hecho, con la infraestructura que ya tienen instalada varios de los establecimientos públicos del país, podrían realizarla sin mucho más que una adecuada capacitación.

Dado que el diagnóstico de la AME en edades tempranas, incluso en los primeros días de vida de las personas es de poca complejidad y esencial para poder prevenir la muerte de quienes tienen la mutación genética que la causa, en diversas ocasiones ya se han hecho otros llamados, incluso desde el Poder Legislativo, para que el tamizaje neonatal incluya la búsqueda de las alteraciones genéticas que causan la AME y que, en caso de que estas estén presentes, se brinde tratamiento temprano, especialmente para los recién nacidos con atrofia muscular espinal Tipo I.

Sin embargo, aún no se ha logrado que se incorpore en el tamizaje neonatal a la AME y, mucho menos, que una vez que se cuente con ese diagnóstico, se considere que existe una urgencia médica que requiere la confirmación genética para sentar las bases del tratamiento correcto.

Como ya se ha dicho, aunque en México la prueba obligatoria de tamiz aún no tiene como objetivo detectar la AME, el tiempo que pasa hasta el diagnóstico es crucial. Por eso es muy relevante insistir en que se incluya a la AME como parte del tamiz neonatal obligatorio, para salvar y garantizar una buena calidad de vida en neonatos con la enfermedad.18, 19

Diversos estudios científicos realizados en otros países han determinado que no sólo es factible, sino relativamente sencilla la detección neonatal de la AME, así como que, contar con un programa de diagnóstico neonatal puede brindar beneficios al paciente, claro está, pero también para los familiares de los pacientes, pues permite identificar a los portadores de la enfermedad y tomar medidas para la prevención de otros casos.

Si bien existe la inclusión de la AME en programas de detección de enfermedades a través del tamizaje neonatal, no está exenta de retos, al considerar los costos de la progresividad de la enfermedad, tanto financieros, como medidos en la calidad de vida de los pacientes, el diagnóstico neonatal de la AME contribuye no sólo a prolongar la expectativa de vida de quienes padecen la enfermedad, sino que también puede tener un impacto positivo en el uso eficiente de los recursos públicos y privados.

La detección oportuna de la AME es una forma de mejorar la calidad de vida de las personas, pero especialmente de las infancias que lleguen a tener un diagnóstico positivo. Al respecto, y en línea con lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México en 1990, su derecho a la salud y la inclusión de las pruebas para detectar las alteraciones genéticas como la previamente mencionada, está una forma de velar por el interés superior de niñas, niños y adolescentes y, por lo tanto, de hacer cumplir lo establecido en disposiciones nacionales e internacionales.

En ese mismo sentido, el inicio temprano del tratamiento es decisivo porque evita la progresión de la enfermedad; por ello, es importante sensibilizar a las autoridades para que contemplen la referencia oportuna de los pacientes diagnosticados con AME, pues requieren ser atendidos en centros de tercer nivel.18

Finalmente, es importante resaltar que, en nuestro país la AME no se encuentra incluida dentro del listado de enfermedades raras emitido por el Consejo de Salubridad General, por lo que ciertos estudios de diagnóstico y el tratamiento deben ser solventados por las familias, representando un gasto catastrófico difícil de mantener y que, en la mayoría de los casos, impide a muchos pacientes recibir el tratamiento adecuado para su condición, generando así un impedimento para el pleno goce de su derecho a la salud. Ante ello, es urgente que se considere a la AME como una enfermedad rara, a efecto de que se destinen los recursos públicos necesarios para su diagnóstico y tratamiento oportunos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal a incluir la detección de alteraciones del gen SMN1 dentro de las pruebas de tamiz neonatal proporcionadas en las instituciones de salud públicas de todo el país, con la finalidad de detectar oportunamente la Atrofia Muscular Espinal.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Consejo de Salubridad General a incluir la Atrofia Muscular Espinal dentro del listado de enfermedades raras, a efecto de garantizar la disponibilidad y acceso oportuno a los tratamientos para la atención de la Atrofia Muscular Espinal.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que, una vez que el Consejo de Salubridad General clasifique a la Atrofia Muscular Espinal como una enfermedad rara, se tomen las medidas presupuestales necesarias para garantizar el tratamiento oportuno de todos los pacientes, dando la intervención que corresponda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Notas

1 Spinal muscular atrophy. Genetics Home Reference (National Institute of Health. 2013;
http://ghr.nlm.nih.gov/condition=spinalmuscularatrophy.

2 Fundación CurAME. https://www.curame.org.mx/

3 National Center for Advanced Translacional Sciences. Genetic and Rare Diseases Information Center. Atrofia Muscular Espinal. Disponible en

https://rarediseases.info.nih.gov/espanol/11864/atrofia- muscular-espinal

4 Lunn MR, Wang CH. Spinal muscular atrophy. Lancet. 2008;371(9630):2120-33. doi: 10.1016/S0140-6736(08)60921-6.

5 Darras BT. Spinal Muscular Atrophies. Pediatr Clin NA [Internet] 2015; 62 (3): 743-66.

http://dx.doi.org/10.1016/j.pcl.2015.03.010

6 Eduardo F. Tizzano. Atrofia Muscular Espinal: Contribuciones para el conocimiento, prevención y tratamiento de la enfermedad y para la organización de familias. Servicio de Genética del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. Instituto de Investigación del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. España, Real Patronato sobre Discapacidad, 2006, p.7

7 National Center for Advancing Translational Sciences. Genetic and Rare Diseases Information Center. Atrofia Muscular Espinal. Disponible en

https://rarediseases.info.nih.gov/espanol/11864/atrofia- muscular-espinal

8 Spinal muscular atrophy. Genetics Home Reference (National Institute of Health. 2013;
http://ghr.nlm.nih.gov/condition=spinalmuscularatrophy.

9 Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB & Stanton BF . Nelson Textbook of Pediatrics. Philadelphia, PA: Elsevier; 2007;

10 Learning About Spinal Muscular Atrophy. National Human Genome Research Institute (NHGRI). 2012;

http://www.genome.gov/20519681.

11 Prior TW & Russman BS. Spinal Muscular Atrophy. GeneReviews. Noviembre 14, 2013;
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1352/.

12 Fundación CurAME. https://www.curame.org.mx/

13 Fundación Atrofia Muscular Espinal FundAME.

https://www.fundame.net/sobre-ame/que-es-la-ame.html

14 Spinal muscular atrophy. Genetics Home Reference (National Institute of Health. 2013;
http://ghr.nlm.nih.gov/condition=spinalmuscularatrophy.

15 Zárate-Aspiros R, et al. Atrofia muscular espinal tipo 1: enfermedad de Werdnig-Hoffmann. Bol Med Hosp Infanti Mex. 2013; 70 (1): 448.

16 Urrutia-Osorio ME, Ruiz-García M. Perfil demográfico y clínico de pacientes con atrofia muscular espinal: serie de 31 pacientes. Acta Pediatr Méx 2020;41(2):47-57. DOI:

http://dx.doi.org/10.18233/APM41No2pp47-572010

17 National Center for Advanced Translacional Sciences. Genetic and Rare Diseases Information Center. Atrofia Muscular Espinal. Disponible en

https://rarediseases.info.nih.gov/espanol/11864/atrofia- muscular-espinal

18 Prior TW, Finanger. Spinal Muscular Atrophy. GeneReviews. December 22, 2016;

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1352/.

19 Unidos por AME, consultado en:

https://www.unidosporame.com.ar/es_AR/home/introduction- to-sma/diagnosis.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2021.

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a establecer por la SEP acciones contra el incremento de la deserción escolar, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Yolanda de la Torre Valdez, Diputada Federal de la LXV Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

La pandemia del Covid-19 no solo ha impactado áreas fundamentales de la vida nacional, como la salud y la economía, sino que también ha provocado afectaciones en el ámbito educativo a escala mundial. Esta situación obligó a las escuelas tanto públicas como privadas de todos los niveles educativos a cerrar sus puertas, afectando a millones de alumnos.

De acuerdo con el informe Education in the time of Covid-19 and beyond, publicado por la Organización de las Naciones Unidas, refiere que la pandemia ha causado el trastorno más grave registrado en los sistemas educativos en toda la historia y amenaza con provocar un déficit de aprendizaje que podría afectar a más de una generación de estudiantes.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, refirió que alrededor de mil 600 millones de alumnos de más de 190 países se vieron afectados por el cierre de instituciones educativas en el momento más álgido de la crisis por la pandemia de Covid-19, proyectando además que cerca de 24 millones de estudiantes desde el nivel preescolar hasta el ciclo superior, podrían no volver a la escuela para el ciclo escolar 2019-2020.1

Si bien el programa de aprendizaje a distancia Aprende en Casa, que se implementó por parte de la Secretaría de Educación Pública con motivo de la emergencia sanitaria por el virus Covid-19, y que contribuyó a que no se perdiera el ciclo escolar 2019-2020, permitiendo que alrededor del 85 por ciento de la población estudiantil se mantuviera en contacto con los docentes durante los meses de confinamiento, ello no permitió que miles de alumnos concluyeran dicho ciclo escolar.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación (Ecovid-ED) 2020, en México, refieren que de los 54.3 millones de personas de entre 3 a 29 años, 62.0 por ciento (33.6 millones) estuvo inscrita en el ciclo escolar 2019-2020. De estas, se estima que 2.2 por ciento (738.4 mil personas) no concluyeron el ciclo escolar 2019-2020 y más de la mitad (58.9 por ciento) señaló directamente que fue por un motivo relacionado a la Covid-19.

Para el ciclo escolar 2020-2021, la población inscrita fue de 32.9 millones (60.6 por ciento del total de 3 a 29 años). De los cuales, 30.4 millones (92 por ciento) son población que también estuvo inscrita en el ciclo escolar pasado (2019-2020) y 2.5 millones (8 por ciento) son inscritos que no participaron en el sistema educativo en el ciclo escolar 2019-2020.

El alumnado entre 3 y 29 años que sí estuvo inscrito en el ciclo escolar 2019-2020 pero que no continuó o desertó del sistema educativo en el ciclo 2020-2021 debido a la pandemia por la Covid-19 o debido a la falta de recursos económicos fue de 1.8 millones; la mayoría fue de escuelas públicas con 1.5 millones en comparación con 243 mil de escuelas privadas.2

El regreso a clases durante la crisis sanitaria de Covid-19 en nuestro país se ha convertido en un grave problema para los millones de niños y jóvenes que se encuentran cursando algún grado escolar en los niveles de educación básica, educación media superior y superior, puesto que la gran mayoría no cuenta con los recursos económicos suficientes.

La educación es uno de los pilares para avanzar hacia sociedades y economías más justas, equitativas, sostenibles e inclusivas, que sean más resilientes frente a contextos de crisis como el que se vive actualmente a nivel global.

De ahí que resulta de la mayor trascendencia que el gobierno federal implemente las acciones efectivas necesarias para evitar un incremento aun mayor de deserción escolar en los diferentes niveles educativos, lo cual permita que millones de niños y jóvenes puedan continuar sus respectivos estudios escolares.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. – La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Educación Pública, establezca acciones efectivas con objeto de evitar el incremento de la deserción escolar en los diferentes niveles educativos por falta de recursos económicos ante el reinicio de actividades escolares presenciales.

Notas

1 https://es.unesco.org/news/secretario-general-naciones-unidas-advierte- que-se-avecina-catastrofe-educacion-y-cita

2 https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=6427

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2021.

Diputada Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS a promover la igualdad, la no discriminación y la inclusión de la diversidad sexual en los espacios laborales, a cargo de la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, María Rosete, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral I, 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la encuesta LGBT+ Orgullo 2021 realizada vía electrónica a 19 mil 69 adultos de entre 16 y 74 años de 27 países, 11 por ciento de la población mexicana se consideró no heterosexual.1

México ocupa el lugar número 8 entre los 10 países con un número de mayor población de la diversidad sexual, ocupando 6 por ciento de su población. El programa Campos de Formación realizó una encuesta de Diversidad y Talento LGBT 2018, registrando que 1 de cada 4 personas de la comunidad LGBTTTIQ se deciden formar en las áreas de negocios y administración; 1 de cada 8 enfocan sus estudios profesionales en áreas de Salud y; 1 de cada 10 personas enfocan su formación en Ciencias Sociales y estudios del comportamiento.2

Desglose de las carreras y el porcentaje registrado

La Parametría, Encuesta en Vivienda. Representatividad: Nacional informó que 4 de cada 10 personas de la diversidad sexual manifestaron que la discriminación social y laboral es la problemática que mayormente enfrentan, seguido de la falta de aceptación familiar, burlas, violencia, la falta de acceso a la justicia y la falta de acceso al sistema de salud.3

De la Encuesta Diversidad y Talento LGBT en México 41 por ciento de las personas transexuales tienen oportunidades limitadas para encontrar empleo a pesar de tener estudios superiores a los requeridos. Asimismo, 2 de cada 3 miembros de la comunidad transexual no tienen experiencia laboral, comparado con el 1 de cada 2 hombres homosexuales sin experiencia laboral.

Las personas de la diversidad sexual tienen menos oportunidades laborales debido a los altos índices de discriminación que sufren. En 2019, el Estudio Diagnóstico Nacional sobre Discriminación hacia personas LGBTTTI registró que 46 por ciento de la comunidad gana menos de 2 salarios mínimos al mes y 43 por ciento sufre hostigamiento y discriminación en su trabajo. Asimismo, 6 de cada 10 personas manifestaron que se les ha negado la oportunidad laboral debido a su orientación sexual.

De manera común los mercados laborales discriminan y segregan a las personas de la diversidad sexual sin importar las capacidades y potencialidades de los entrevistados, a quienes, en ocasiones debido a sus preferencias sexuales les son requeridos exámenes médicos como la prueba de VIH y psicológicas, sin que dichos estudios tengan relación alguna con el puesto a desempeñar, recibiendo un trato diferenciado aún y cuando el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra el derecho que tienen toda persona al trabajo sin discriminación alguna.

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prohíbe toda forma de discriminación,4 el Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación 2021-2024 expresa diversas líneas de acción dirigidas a combatir la homofobia, por su parte, la Norma Mexicana en Igualad Laboral y No Discriminación en coordinación con la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Nacional de las Mujeres, reconocen que los centros de trabajo deben garantizar la igualdad de oportunidades en materia laboral y la no discriminación de las personas de la diversidad sexual.5

Las personas de comunidad LGBTTTI+ de manera frecuente enfrentan obstáculos para conseguir trabajo debido a su orientación sexual e identidad de género, causando una segregación que les impide avanzar en su desarrollo profesional y laboral.

La discriminación y la falta de inclusión de la diversidad sexual en los espacios laborales es un menoscabo de los derechos humanos, por lo anterior, es necesario promover la igualad e inclusión de las personas que forman parte de la comunidad LGBTTTI+, a fin de impulsar su bienestar, el desarrollo del país y reducir las brechas de desigualdad socioeconómica para disminuir las prácticas discriminatorias que por años han sido víctimas y lograr una sociedad más justa e incluyente.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La LXV Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a promover la igualdad, la no discriminación y la inclusión de la diversidad sexual en los espacios laborales.

Notas

1 Presentación PowerPoint (ipsos.com).

2 https://adilmexico.com/wp-content/uploads/2018/08/ResultadosEncuestaDiv yTalLGBTADIL2018-1.pdf

3 Discriminación social y laboral, principales problemas de la comunidad LGBTTTI: mexicanos, Parametría

4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (www.gob.mx).

5 Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2021.

Diputada María Rosete (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversos congresos locales a eliminar toda norma discriminatoria que impida a parejas del mismo sexo contraer matrimonio civil igualitario, a cargo de la diputada María del Rocío Banquells Núñez, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, María del Rocío Banquells Núñez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos a, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La función parlamentaria radica en la representación política del interés de la población a través de la legislación de normas que busquen empoderar a la ciudadanía mediante el ejercicio de sus derechos; sin embargo, dicha labor no siempre ha ido a la par de las demandas en el reconocimiento de los derechos humanos tal es el caso del matrimonio civil igualitario, cuya conquista de derechos ha significado un largo y sinuoso camino de más de una década que las parejas homoparentales y lesbomaternales, así como hombres homosexuales y mujeres lesbianas y parejas transexuales, han tenido que transitar, desde la deconstrucción del pensamiento social hasta la instauración de diversos juicios de amparo, controversias constitucionales, y otras tantas intervenciones del Poder Judicial, hasta consolidar la adquisición real y efectiva de sus derechos. Destacando entre ellos la acción de constitucionalidad 2/2010, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la cual se reconoce la validez de la primera legislación que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo.1

Pues como lo ha señalado la SCJN, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 43/2015 (10a.), pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales es discriminatorio; por lo que cualquier norma discriminatoria o que tenga por objeto vulnerar los derechos de un persona o grupo de personas, debe ser eliminada por ser contraria a lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o. constitucionales, así como los tratados internacionales de que México es parte, pero sobre todo por tratarse de un postulado contrario al espíritu del Estado mexicano el cual busca tratar con igualdad y equidad a todas y a todos los ciudadanos.

Es menester de cada legislador y legisladora erradicar el legado de prejuicios y estereotipos que impiden el reconocimiento del matrimonio civil igualitario. “Los modelos para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, sin importar que su única diferencia con el matrimonio sea la denominación que se da a ambos tipos de instituciones, son inherentemente discriminatorios porque constituyen un régimen de “separados pero iguales”. La exclusión de las parejas del mismo sexo de la institución matrimonial perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como personas y su integridad”.3

Donde existió discriminación, indudablemente hubo daño por lo que es nuestro deber que haya reparación, pues ello permitirá que al existir una auto identificación del individuo en el que su orientación sexual o identidad de no género no represente un motivo de discriminación, se reafirme así la concepción de una construcción democrática incluyente.

“...El constitucionalismo transformador requiere de ciertas características del tipo razonamiento producido por el tribunal constitucional, como lo es la interpretación a partir de principios, la aplicación creativa de su jurisdicción y de los remedios procesales a su alcance...”4 Tenemos un compromiso revolucionario con la democracia igualitaria, al reconocer las brechas que han generado la discriminación a los grupo vulnerables pero sobre todo a realizar cambios trascendentales; el camino es largo pero cada paso cuenta, por lo que las y los conmino a realizar las actuaciones correspondientes a fin de pronunciarse a través de legislaciones incluyentes, igualitarias y equitativas que eliminen la discriminación y a no seguir obligando a los matrimonios homoparentales y lesbomaternales, así como hombres homosexuales y mujeres lesbianas y parejas transexuales, a transitar por procedimientos legales extenuantes para tener acceso a los derechos humanos que constitucional y legalmente les corresponden.

Es tiempo de consolidar el ejercicio, en una concepción práctica y ajustada a la realidad, Sí a la inclusión de normas que permitan al individuo un reconocimiento pleno; todas y todos tenemos derecho a expresar nuestro amor en la forma que consideremos más plena, sin restricciones de ninguna índole.

“Y cuando vi su sonrisa, lo supe. Ésa era la sonrisa que quería ver siempre al despertar durante el resto de mi vida”: Mario Benedetti.

El amor es una elección, es la prórroga perpetua y la conciencia de dos corazones dispuestos a ser uno. ¡Sí al matrimonio civil igualitario en todo el país, amor es amor!

Por lo expuesto y fundado someto a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los Congresos de Durango, Guanajuato, Guerrero, estado de México, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas a realizar los procesos legislativos correspondientes a fin de eliminar de sus legislaciones toda norma discriminatoria que impida la realización del matrimonio civil igualitario a las parejas del mismo sexo.

Notas

1 Tesis P. XXIII/2011. Familia. Su protección constitucional comprende la formada por parejas del mismo sexo (homoparentales).

2 Tesis 1a./J. 43/2015 (10a.). Matrimonio. La ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad de aquél es la procreación o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer es inconstitucional. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 19, junio de 2015, tomo I, página 536.

3 Tesis 1a./J. 46/2015 (10a.). Matrimonio entre personas del mismo sexo. No existe razón de índole constitucional para no reconocerlo. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, septiembre de 2015, tomo I, página 253.

4 El matrimonio igualitario desde el activismo y la justicia constitucional, primera edición, Ciudad de México, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2017, página 79.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2021.

Diputada María del Rocío Banquells Núñez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los Ejecutivos federal y locales a fortalecer las acciones para atender el cáncer de pulmón, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a los gobiernos de las entidades federativas a fortalecer las acciones para atender el cáncer de pulmón, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Cada 17 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón, con el objetivo de concientizar a la sociedad respecto de este tipo de cáncer, siendo un buen momento para reforzar la importancia de conocer todo respecto del padecimiento, así como tomar acciones que permitan atender a estos pacientes.

El cáncer de pulmón se origina cuando las células comienzan a reproducirse de manera descontrolada, forman un tumor y se trasladan a otras partes del organismo donde comienzan a crecer y a formar nuevos tumores que remplazan al tejido normal. Generalmente comienzan en las células que envuelven los bronquios, los bronquiolos y/o los alvéolos.1

Existen dos tipos principales de cáncer de pulmón:

Microcítico o carcinoma microcítico: es generado por células pequeñas. De células no pequeñas: CPCNP tipo más común de cáncer pulmonar, generalmente crece y se desarrolla más lento.2 Es uno de los más letales por la rápida multiplicación de las células cancerígenas y su difícil detección. Cuando empiezan síntomas como pérdida del apetito, tos y dolor, regularmente el tumor ya está en etapa avanzada con pronóstico de sobrevida de un año.

Por su frecuencia, el cáncer de pulmón se ubica entre los primeros lugares dentro de los tumores malignos y el primero en mortalidad.3

En México, el cáncer de pulmón ocupa el séptimo lugar por su frecuencia, sin embargo, es el tumor más letal, lo que lo ubica en la primera causa de muerte por cáncer. Cada año mueren cerca de 8 mil mexicanos por esta neoplasia.4

El cáncer de pulmón, bronquios y tráquea es uno de los cinco principales que afectan a los hombres a nivel mundial. En México representa la segunda causa de muerte por cáncer en hombres y la primera en el grupo de 45 a 64 años.5

El principal problema que enfrentan los pacientes con cáncer de pulmón es el diagnóstico tardío. Los pacientes llegan en etapa tres y cuatro con afección en otros órganos (metástasis). Los síntomas más comunes son6 :

• Ronquera.

• Pérdida de apetito.

• Pérdida de peso sin razón.

• Dificultad para respirar.

• Cansancio o debilidad.

• Nuevo silbido en el pecho.

• Infecciones como bronquitis o neumonía que no desaparecen o siguen recurriendo.

• Tos que no desaparece o empeora.

• Dolor de pecho que a menudo empeora o cuando respira profundamente, tose o se ríe.

• Tos con sangre o esputo (saliva o flema) del color del metal oxidado.

Derivado de todo lo anterior, es importante que los pacientes reciban la atención adecuada y oportuna para tratar este cáncer, sus síntomas (inclusive el dolor), así como los efectos secundarios que pudiera representar su tratamiento.7 Por ello, es importante atender y tratar de manera integral a los mismos, sin discriminación alguna.

Existen múltiples opciones de tratamiento en función de diferentes factores como la salud general del paciente, el tipo y la etapa del cáncer, tratamientos personalizados, así como las preferencias personales de cada paciente.8

Existen distintos tipos de tratamientos, entre los cuales se encuentran la cirugía para eliminar el tumor en una parte del pulmón o extirparlo; radioterapia para destruir las células cancerosas por medio de haces de energía de gran potencia; quimioterapia que utiliza medicamentos para destruir dichas células; y terapia dirigidas que se enfoca en anomalías específicas de las células cancerosas. Asimismo, existe la inmunoterapia (I-O), misma que consiste en el uso de medicinas para ayudar al propio sistema inmunitario de las personas a que reconozca y destruya las células cancerosas con más eficacia.9

Las I-O también proporcionan ventajas como la especificidad, que hace que el tratamiento sólo actúe sobre las células tumorales sin dañar a las sanas, la memoria inmunológica, que logra que, una vez estimulado el sistema inmunitario, éste sea capaz de seguir reconociendo y luchando contra el tumor.10

Para todos los pacientes es importante poder contar una atención y tratamiento oportuno, que les permita accesar a aquellos que extiendan y mejoren su calidad de vida, permitiéndoles ser productivos en su día a día para ellos y la sociedad, continuando con una vida laboralmente activa, entre otras actividades que benefician al país.

Por otra parte, y ligado a la disponibilidad del tratamiento, es importante la implementación y homologación del protocolo de tumor maligno de los bronquios y del pulmón, CIE-10: c34 (c34.0-c34.9) en instituciones de salud pública, instrumento que ha permitido, definir al cáncer de pulmón como una de las enfermedades que ocasionan gastos catastróficos para quienes lo padecen.

Además, ha permitido que las instituciones de salud públicas hayan formado un sistema de acciones preventivas como son las recomendaciones sobre la modificación y los controles de factores de riesgo entre los que se encuentran: el tabaquismo, la biomasa y la exposición al asbesto.

Estas prácticas de prevención ocurren mediante pláticas, folletos y visibilizar en medios de comunicación masiva. También, programas educativos tempranos sobre el daño a la salud que provoca el tabaquismo y los sustitutos de nicotina.

Derivado de todo lo anterior, tanto la atención integral como el tratamiento de los pacientes basados en la recomendaciones de dicho protocolo, así como con el uso de distintos medicamentos que mejoran la calidad de vida de los pacientes, incluidos en el CNIS, se vuelve necesario e indispensable.

Por ello, es importante que todas las instituciones de salud públicas que atienden a estos pacientes, otorguen los tratamientos adecuados conforme a los instrumentos mencionados con anterioridad, lo que permitirá que no se siga un gasto elevado que impacta directamente en el bolsillo de la población que padece este cáncer y su familia.

Recordemos que pese a la estigmatización de estos pacientes, derivado de algunos factores de riesgo, esta enfermedad también se presenta en una población vulnerable que pudo haberse enfermado como consecuencia de su actividad laboral o por el ambiente en el que habita.

Por todo lo anteriormente expuesto, de no tratarse oportuna y adecuadamente este cáncer, tiene secuelas graves como en última instancia la muerte, aunado durante el proceso de su detección y tratamiento oportuno, a afectaciones económicas, sociales y emocionales hacia el paciente y su familia, mismas que impactan tanto a nivel físico, como psicológico y económico.

Considerando que esta enfermedad está definida como una que ocasiona gastos catastróficos, sumado a que actualmente se cuenta con cuenta con terapias inmuno-oncológicas definidas en el CNIS para su disponibilidad inmediata y su uso en las distintas instituciones de salud, así como el instrumento protocolario necesario para la detección, atención y tratamiento integral de este cáncer, resulta indispensable que los beneficios de ello se empiecen a ver reflejados en los pacientes.

Si bien las cifras de pacientes nos señalan la importancia de atender este tipo de cáncer, se vuelve indispensable que el Sistema Nacional de Salud (SNS) refuerce las acciones necesarias que permitan hacer uso de las herramientas ya existentes para la atención y tratamiento integral de los pacientes.

Por una parte, se vuelve indispensable que en todas las instituciones conozcan y reconozcan la existencia de las terapias inmuno-oncológicas disponibles en el compendio, tanto pacientes como todos los médicos involucrados en la atención y tratamiento del cáncer de pulmón.

Por otra parte, se requiere de manera urgente la implementación y homologación del protocolo de tumor maligno de los bronquios y del pulmón, CIE-10: c34 (c34.0-c34.9) en todas las instituciones de salud pública.

Finalmente y ligado a todo o anterior, también es necesario que se asigne el presupuesto necesario a cada institución para lograr el diagnóstico, atención y tratamiento integral de estos pacientes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Salud, a destinar recursos para la atención y tratamiento específico del cáncer de pulmón a través del Fondo de Salud para el Bienestar, atendiendo al número de casos de este padecimiento que requieren atención.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Salud a asegurar la suficiencia presupuestaria y fortalecer la atención y tratamiento de pacientes del Programa de Cáncer de Pulmón del Instituto Nacional de Cancerología (Incan).

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas, a reforzar las acciones para la prevención del cáncer de pulmón.

Notas

1 https://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/cancer-pulmon

2 https://www.gob.mx/salud/prensa/333-tabaquismo-principal-factor-de-ries go-para-desarrollar-cancer-de-pulmon

3 https://www.gob.mx/salud/prensa/333-tabaquismo-principal-factor-de-ries go-para-desarrollar-cancer-de-pulmon

4 https://www.gob.mx/salud/prensa/145-cada-ano-mueren-cerca-de-ocho-mil-m exicanos-por-cancer-de-pulmon?idiom=es

5 https:www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/64175/Prontuario.pdf

6 https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-pulmon/deteccion-diagnostico -clasificacion-por-etapas/senales-sintomas.html

7 https://www.cdc.gov/spanish/cancer/lung/living/index.html

8 https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/lung-cancer/diagno sis-treatment/drc-20374627

9 https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-pulmon/tratamiento-no-microc itico/inmunoterapia.html

10 https://seom.org/seomcms/images/stories/recursos/ONCOVIDA_29_inmuno_onc ologia.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2021.

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS a implantar acciones contra la baja tasa de empleo de personas con discapacidad en los sectores público y privado, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Yolanda de la Torre Valdez, Diputada Federal de la LXV Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

Es comúnmente aceptado que la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1948) reconoció el derecho al trabajo como derecho humano. Sin embargo, cronológicamente, la internacionalización de los derechos laborales antecedió casi treinta años esta Declaración, con la creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y cuatro años antes, en 1944, con la adopción de la Declaración de Filadelfia.

El reconocimiento del derecho al trabajo como parte de los derechos humanos económicos, sociales y culturales, determina que no puede plantearse un proceso de transformación productiva con equidad que no respete estos derechos.

A nivel mundial existe una gran preocupación por los efectos que la pandemia del Covid-19 se encuentra produciendo en relación con la actividad laboral y económica de todas las personas, particularmente aquellas que trabajan en condiciones precarias, inestables, de informalidad o aquellas que presentan algún tipo de discapacidad.

La situación económica mundial, las crisis financieras, el aumento del desempleo tienden a provocar que la preocupación por el crecimiento económico coloque en segundo plano la libertad y dignidad del ser humano como objetivo social básico.

En 1964, la OIT, con la participación de gobiernos, empleadores y trabajadores de los Estados miembros, colocó en la agenda internacional el tema de la promoción del empleo, enfatizando el compromiso con el pleno empleo en el Convenio número 122 de la OIT sobre la política de empleo. Desde entonces, el desafío de proporcionar trabajo a todas las personas que quieran y puedan trabajar, se encuentra vigente.

Las personas que presentan algún tipo de discapacidad demandan de la sociedad el derecho a una vida en igualdad de condiciones, lo cual se traduce en el acceso equitativo a los servicios de salud, educativos, ocupacionales y recreativos, así como en el ejercicio de sus derechos, civiles, políticos o de cualquier otro tipo que les permitan tener una vida digna y de buena calidad, además de participar plenamente en la sociedad y contribuir al desarrollo socioeconómico de su comunidad.

México ha ratificado diversos instrumentos dentro de los cuales se encuentra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y el Convenio 159 de la OIT, los cuales mandatan al Estado mexicano el llevar a la práctica el principio de inclusión, más allá de una mera opción técnica, a fin de lograr que las personas con discapacidad alcancen el máximo desarrollo, buscando en todo momento que sean mirados por sus potencialidades y no por sus deficiencias, resultando en un cambio en la cultura de nuestro país.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en diciembre de 2006, misma que fue ratificada por nuestro país en mayo de 2008, busca promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, así como promover el respeto de su dignidad inherente.1

Dicha Convención ha sido considerada como el primer tratado importante sobre los derechos humanos del siglo XXI, la cual establece en su artículo 27 que los “Los Estados parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad.”

Cabe mencionar que un gran número de personas que presentan algún tipo de discapacidad en nuestro país en edad de trabajar suelen encontrarse desempleadas o subempleadas en comparación con las personas que no tiene ninguna discapacidad, pues de acuerdo con datos de la Enadid 2018, muestran una gran diferencia en la tasa de participación económica; entre quienes no tienen discapacidad, la tasa alcanza 65.4 por ciento; mientras en la población con discapacidad este indicador llega al 38.5 por ciento.

Las oportunidades para participar en las actividades económicas varían según el tipo de discapacidad. La tasa de participación económica más alta corresponde a las personas con limitaciones para ver con 35.3 por ciento, seguida de las personas que tienen dificultades para escuchar 29.9 por ciento; para caminar o moverse con el 27.1 por ciento; para hablar o comunicarse 20.4 por ciento y quienes tiene, limitaciones para poner atención o aprender 15.3 por ciento; mentales 10.5 por ciento y para atender el cuidado personal 9.5 por ciento.2

De acuerdo con cifras de la última Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, solamente el 38.9 por ciento de las personas que tienen algún tipo de discapacidad obtienen la mayor parte de sus ingresos de su propio trabajo, dato que resalta las dificultades que este sector de la población encuentra para conseguir un empleo.3

La reforma constitucional de junio de 2011 representó un parteaguas en la promoción, protección y respeto a los derechos humanos, al establecer en su artículo 1o. que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

En relación con el derecho al trabajo, nuestra Constitución establece en su artículo 5 que “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”, y declara en el artículo 123 que “toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil”. El trabajo es un derecho constitucional; sin embargo, para las personas con discapacidad las oportunidades de empleo no son siempre accesibles para poder obtener los ingresos necesarios para sobrevivir, de ahí que resulta de la mayor trascendencia hacer un llamado al gobierno federal para implementar las acciones necesarias lo cual permita reducir las tasas de desempleo de este sector de la población. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la plena inserción social.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. – La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a implementar las acciones afirmativas necesarias para contrarrestar la baja tasa de empleo de personas con alguna discapacidad en el sector público y privado.

Notas

1 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad [en línea] [Fecha de consulta: 23 de febrero de 2016]. Disponible en:

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.p df

2 Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010. http://www.inegi.org.mx/
prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/discapacidad/702825051785.pdf

3 Encuesta Nacional sobre Discriminación en México. http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-PCD-Accss.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2021.

Diputada Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a implantar acciones encaminadas a promover el respeto de la identidad e intimidad de las menores de edad embarazadas, a cargo de la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, María Rosete, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral I, 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Consejo Nacional de Población (Conapo) estimó que al término de 2021 habrá un incremento de 28 mil embarazos en mujeres menores de edad, adicionales a los 337 mil previstos, aumentando en 30 por ciento.1

En México hay una tasa de 77 nacimientos por cada mil embarazos que corresponden a mujeres adolescentes. Aproximadamente 1 millón de menores de edad dan a luz cada año.

El Conapo informó que en 2020 se registraron 373 mil 661 nacimientos de mujeres menores de edad. En la actualidad, al día nacen más de mil bebes de niñas y adolescentes.

El correspondiente a la identidad es un derecho humano reconocido en la Constitución Política. El propio, la personalidad jurídica, la nacionalidad y por ende la identidad, constituyen el derecho primigenio que se convierte de manera automática en la llave de acceso a otros derechos esenciales como la salud, la educación, la protección y la inclusión en la vida económica, cultural y política del país para cualquier persona.2

La intimidad es un correlativo de la identidad contenido en los instrumentos internacionales que México ha firmado en materia de derechos humanos. En 1981 nuestro país ratificó los principales instrumentos generales de protección de los derechos humanos, consagrándose como un derecho positivo en México en los términos del artículo 133 de la Constitución.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1948, en el artículo 12, tutela ampliamente tanto la privacidad como la propia imagen, prohibiéndose las injerencias arbitrarias en la vida privada, la familia, el domicilio y la correspondencia, así como los ataques a la honra y reputación.3

Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión y telecomunicación, así como medios impresos, o medios electrónicos de los que tenga control el concesionario o medio impreso del que se trate, que menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio del interés superior de la niñez.4

El artículo 16 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que los antes citados, tienen derecho a no ser privados de la vida en ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados o violentos, asimismo se consagra su derecho a expresar libremente su opinión, recibir y difundir información o ideas de todo tipo con el fin de que se tomen en cuenta sus opiniones respecto a asuntos que los afecten directamente o a sus familias.

En el pronunciamiento público número DGC/255/2021 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó su preocupación por la exposición de identidad e intimidad de una menor de edad embarazada expuesta en un evento público.

El Estado tiene la obligación de generar mecanismos para proteger la identidad de las personas, especialmente tratándose de mujeres menores de edad embarazadas, en virtud de ser la identidad un aspecto sensible que implica la intimidad.

Es necesario dar el tratamiento a los tratados internacionales y protocolos, como se pronunció en la recomendación materia del presente punto de acuerdo que a la letra dice: “Debe tenerse presente que todo embarazo en una persona menor de edad debe ser abordado con perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes, de tal suerte que existe un riesgo importante de que sea producto de violencia sexual contra la madre”.5

Las niñas y adolescentes embarazadas tienen derecho al goce y disfrute del más alto nivel posible de salud y la protección de su intimidad con pleno respeto a sus derechos de identidad e imagen.

Por lo anterior se debe promover el respeto a la identidad e intimidad de las mujeres menores de edad embarazadas, implementando las acciones necesarias para garantizarles a las futuras madres y a sus hijos una vida digna y un desarrollo pleno, como parte de los compromisos establecidos en la Agenda 2030, firmado por México con la Organización de las Naciones Unidas en fecha 25 de septiembre de 2015,6 promoviendo las políticas públicas que sean eficientes e integrales en materia de salud, para proteger la seguridad de las menores gestantes.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . La LXV Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al secretario de Salud a implantar acciones para promover el respeto a la identidad e intimidad de las mujeres menores de edad embarazadas.

Notas

1 https://www.onu.org.mx/todos-los-anos-hay-10-mil-embarazos-de-ninas-men ores-de-15-anos-en-mexico-unfpa/

2 Derecho a la identidad, la puerta de acceso a tus derechos. Registro Nacional de Población. gob.mx (www.gob.mx).

3 La protección de la intimidad como derecho fundamental de los mexicanos. Marcos Alejandro Celis Quintal.

4 Derecho a la intimidad: #EsSuDerecho. Secretaría de Gobernación, gob.mx (www.gob.mx).

5 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-10/Pronunci amiento_20211007.pdf

6 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/
la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2021.

Diputada María Rosete (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CRE, la CFE y la SHCP a implantar en Chiapas tarifas asequibles, a cargo de la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Olga Luz Espinosa Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numerales 2 y 3, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

La búsqueda de tarifas razonables a las posibilidades de los consumidores, en las Cámaras del Congreso de la Unión siempre ha sido un tema de sus agendas. De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Energía1 de la LXI Legislatura –sí, hace más de una década– dictaminó 19 proposiciones que buscaban tarifas justas en el servicio eléctrico.

La comisión concluyó que las proposiciones coincidían en seis temas esencialmente:

1. Reducción de las tarifas aplicables al consumo de energía eléctrica para uso residencial.

2. Reclasificación de las tarifas eléctrica, previa revisión de las condiciones climáticas imperantes en determinadas regiones.

3. Modernización de la infraestructura en la medición de temperatura.

4. Otorgar tarifas preferenciales a determinadas regiones del territorio nacional o entidades federativas.

5. Eximir del pago del consumo de energía eléctrica a ciertos sectores de la población.

6. Incorporar el criterio de índice de calor (bochorno) para fijar las tarifas eléctricas domésticas. Esto implica considerar la humedad ambiente relativa.

A más de 10 años, las condiciones y el problema subsiste. La empresa productiva del Estado Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Reguladora de Energía no se han propuesto diseñar e implementar un nuevo régimen de cobros por el uso de la electricidad, basado en un análisis integral de las condiciones en las que se presta el servicio eléctrico.

En el artículo 25 de la Carta Magna se establece:

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto, de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica...

En el artículo 28 constitucional se prevé: “Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular”.

Es decir, el acceso a tarifas asequibles para el consumo popular- como señala la Constitución es posible de expedir como una política pública que aspira al bienestar de la población.

La competencia de la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encuentra en sus leyes respectivas.

Comisión Reguladora de Energía

En la Ley de la Comisión Reguladora de Energía se prevé:2

Artículo 2. La comisión tendrá por objeto promover el desarrollo eficiente de las actividades siguientes:

I. El suministro y venta de energía eléctrica a los usuarios del servicio público;

Artículo 3. Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión tendrá las atribuciones siguientes:

I. Participar en la determinación de las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica;

Comisión Federal de Electricidad

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad3 establece en el artículo 12: “El Consejo de Administración, órgano supremo de administración de la Comisión Federal de Electricidad, será responsable de definir las políticas, lineamientos y visión estratégica de la Comisión Federal de Electricidad... Al efecto, tendrá las funciones siguientes: II. Establecer las directrices , prioridades y políticas generales relativas a la producción, productividad, comercialización, desarrollo tecnológico, investigación, administración general, seguridad, salud y protección ambiental, finanzas, presupuesto y otras que se relacionen con las actividades de la Comisión Federal de Electricidad...”

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por lo que se refiere a la Secretaría de Hacienda en el asunto que nos ocupa, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal4 refiere en el artículo 31, fracción X: “Establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal, o bien, las bases para fijarlos, escuchando a la Secretaría de Economía y con la participación de las dependencias que correspondan...”

Como podemos concluir, a partir de las referencias jurídicas invocadas, las instituciones que se pretenden exhortar, son plenamente competentes de atender el asunto que nos ocupa.

Por otra parte, el pasado 19 de agosto el medio de comunicación Portavoz, El Diario de Todas las Voces, 5 informó que el Movimiento de Pueblos Originarios –integrado por representantes de al menos 41 municipios– demandó tarifas justas del servicio eléctrico en Chiapas”, ya que los costos son muy altos, más aún para las zonas rurales e indígenas, lo que ha llevado a la sociedad a una resistencia al no pago del servicio, al robo de energía y al rezago en el pago por parte de los ayuntamientos.

Además, esta organización señaló que la entidad-Chiapas- a pesar de ser una de las principales generadoras de energía hidroeléctrica en el país a través del Complejo Hidroeléctrico Grijalva, paga las más altas tarifas del servicio eléctrico, mientras que la Comisión de Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía han negado trato preferencial para Chiapas.

Sólo para darnos una idea de la importancia de este complejo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático,6 tan sólo en 2002 la capacidad instalada de las presas (3 mil 907 MW) corresponde a 40.3 por ciento de la capacidad hidroeléctrica nacional y a 52 por ciento de la energía generada por las plantas hidroeléctricas del país (12 mil 817 GWh)

En sentido contrario, campesinos de municipios de la Costa, quienes tienen en sus hogares apenas dos focos (uno dentro de la casa y el otro en el patio), una televisión y cuando mucho un refrigerador, la CFE les cobra hasta 500 Pesos por recibo. En sentido, contrario la CFE les regala el suministro eléctrico a sus trabajadores.

En el caso de Guatemala, adonde el país envía gran cantidad de fluido eléctrico, los precios son menores que los cobrados en Chiapas.

El colmo, Chiapas es generador de energía eléctrica, y no tiene tarifas preferenciales. En el caso de los Estados petroleros, en el gobierno tiene fondos para atender los efectos que la actividad les deja en sus municipios.

De acuerdo con el Inegi,7 más de la mitad de su territorio, 54 por ciento, presenta clima cálido húmedo, 40 clima cálido subhúmedo, 3 templado húmedo y el restante 3 por ciento tiene clima templado subhúmedo. La temperatura media anual varía con la región, de 18 grados Celsius en los Altos de Chiapas a 28 en la llanura costeña.

La temperatura promedio más alta es de 30 grados Celsius y la mínima de 17.5. La región norte del estado presenta lluvias todo el año, en el resto de la entidad, abundantes lluvias en verano. La precipitación total anual varía, dependiendo de la región, de 1 200 mm a 4 000 mm (Soconusco).

Lo anterior propicia que en la mayoría de las regiones de la entidad el consumo de energía eléctrica sea elevado.

Se requiere un subsidio o fondos que compensen el alto costo de la electricidad en Chiapas. En su defecto, una estrategia integral que permita que las tarifas de luz sean asequibles a los mexicanos más pobres del país.

Chiapas merece por la Comisión Federal de Electricidad un trato acorde con sus condiciones. Se dice que la CFE es de los mexicanos, que la luz es nuestra.

El 14 de mayo de 2019, el gobierno federal condonó la deuda de 25 años que mantenían con la Comisión Federal de Electricidad-CFE a 550 mil tabasqueños a través del Programa “Adiós a la deuda” y otorgó en todos los municipios de la entidad la tarifa 1F –la más baja en el sistema eléctrico nacional–. Lo anterior representó más de 11 mil millones de pesos que ingresaron a las finanzas de la CFE.

La tarifa 1F es aplicada a todos los municipios de Tabasco desde junio de 2019.

Cabe recordar la participación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco que durante nueve años trabajó en un diagnóstico de la temperatura y humedad en el Estado y el consumo de energía por el uso del aire acondicionado –por aquello de que las temperaturas en Tabasco no bajan de 33 grados.

Además de lo anterior, en Tabasco no hubo cortes masivos de luz ni individuales por la falta de pago de luz.

En Chipas prevalecen condiciones de mayor pobreza que en Tabasco, y semejante clima. NO hay motivo para ocupar un criterio diferente en Chiapas que en Tabasco.

Uno de cada tres chipanecos tiene al menos alguna forma de pobreza. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, Chiapas fue la entidad con mayor rezago social.

En los municipios de Chiapas, la pobreza es la normalidad. Sin embargo, en Chalchihuatán y Sitalá son muy altos los índices de rezago social.

La disyuntiva de los pobladores de la mayoría de los municipios de Chiapas es “pagas luz o comes”. Eso, en la Cámara de Diputados, no lo podemos permitir.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numerales 2 y 3, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a que de manera coordinada, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público diseñen e implanten tarifas asequibles para los habitantes de Chiapas que consideren las estaciones climáticas.

Segundo. La Cámara de Diputados, con absoluto respeto del Estado Libre y Soberano de Chiapas, le hace un llamado a que preste la colaboración necesaria a la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en la construcción de estrategias que permitan contar con tarifas asequibles para los habitantes del estado.

Notas

1 Dictamen de la Comisión de Energía con puntos de acuerdo para que se revise la clasificación tarifaria de la energía eléctrica de uso residencial.

2 https://cre.gob.mx//documento/33.pdf

3 Ley de la Comisión Federal de Electricidad (diputados.gob.mx).

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf

5 Nota “Mopor busca tarifas justas del servicio eléctrico en Chiapas”, de Yusett Yáñez, publicada en Portavoz, El Diario de Todas las Voces, el 19 de agosto de 2021. Disponible en https://portavozchiapas.com.mx/2021/08/19/mopor-busca-tarifas-justas-de l-servicio-electrico-en-chiapas/

6 Instituto Nacional de Ecología (inecc.gob.mx).

7 http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/chis/territorio/cl ima.aspx

8 El índice de rezago social incluye los indicadores de rezago educativo, acceso a los servicios de salud, calidad y espacios en la vivienda, servicios básicos en la vivienda y activos en el hogar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2021.

Diputada Olga Luz Espinosa Morales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y diversas autoridades a instaurar y reforzar las estrategias, acciones, y campañas de información y toma conciencia para prevenir el suicido, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Yolanda de la Torre Valdez, Diputada Federal de la LXV Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

La Organización Mundial de la Salud, OMS, refiere que la salud mental es “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.1 De ahí que la salud mental es un estado de bienestar en el que la persona hace uso de sus capacidades para hacer frente a cualquier situación de la vida.

La salud mental y el bienestar son fundamentales para nuestra capacidad colectiva e individual de pensar, manifestar sentimientos, interactuar con los demás, ganar el sustento y disfrutar de la vida.

Por otro lado, dicha organización señala que el suicidio es el acto de quitarse deliberadamente la vida propia, y los factores más importantes que constituyen un riesgo para que una persona decida suicidarse son entre algunos de ellos:

• Las enfermedades mentales;

• Los trastornos por consumo de alcohol;

• El uso de sustancias adictivas;

• La violencia;

• Las sensaciones de pérdida;

• Diversos entornos culturales, sociales, biológicos o ambientales;

• Desempleo o problemas financieros.

De acuerdo con la OMS, en 2019, se suicidaron más de 700 mil personas, es decir 1 de cada 100 muertes en el mundo fue como consecuencia de intento de suicidio. Entre los jóvenes de 15 a 29 años, el suicidio es la cuarta causa principal de muerte, por detrás de los traumatismos debidos al tránsito, la tuberculosis y la violencia interpersonal.

Diferentes estudios en materia de prevención del suicidio han referido que la pandemia de Covid-19 ha incrementado el número de suicidios en el mundo, particular aquellos asociados con los factores de riesgo como el suicidio, la pérdida de empleo, los traumas o abusos, los trastornos mentales y las barreras de acceso a la atención de salud.

De acuerdo con estadísticas de Inegi, en 2020, sucedieron 7 mil 818 fallecimientos por lesiones autoinfligidas en el país, lo que representa 0.7 por ciento del total de muertes en el año y una tasa de suicidio de 6.2 por cada 100 mil habitantes, superior a la registrada en 2019 de 5.6.

El grupo de población de 18 a 29 años presenta la tasa de suicidio más alta en nuestro país, correspondiendo 10.7 decesos por cada 100 mil personas; le sigue el grupo de 30 a 59 años con 7.4 fallecimientos por cada 100 mil2

Las entidades que presentan la tasa más elevada de fallecimientos por lesiones autoinfligidas (suicidio) por cada 100 mil habitantes son Chihuahua (14.0), Aguascalientes (11.1) y Yucatán (10.2). Por el contrario, Guerrero, Veracruz e Hidalgo presentan las tasas más bajas con 2.0, 3.3 y 3.7, respectivamente.

Las estrategias internacionales parten de la premisa de que el suicidio es prevenible ya que se da como un proceso que inicia con la ideación (preocupación autodestructiva, planificación de un acto letal o deseo de muerte), posteriormente pasa a intentos y, finalmente, a la consumación.

Las personas que con frecuencia tratan de alejarse de una situación de la vida que parece imposible de manejar, cometen intento de suicidio en busca de alivio a sentimientos de vergüenza, culpabilidad, rechazo, soledad, pérdidas familiares, por señalar los más comunes.

La OMS ha elaborado una guía para prevenir el suicidio denominada LIVE LIFE («Vive la vida») en el que se recomiendan las siguientes intervenciones de eficacia demostrada que se basan en la evidencia:

• Restringir el acceso a los medios utilizados para suicidarse (por ejemplo, los plaguicidas, las armas de fuego y ciertos medicamentos);

• Educar a los medios de comunicación para que informen con responsabilidad sobre el suicidio;

• Desarrollar en los adolescentes aptitudes socioemocionales para la vida;

• Detectar a tiempo, evaluar y tratar a las personas que muestren conductas suicidas y hacerles un seguimiento.

Cabe mencionar que, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, perteneciente a la OMS, exhortó a cada país del mundo, a concientizarse y ver al suicidio como una de las grandes causas prevenibles de muerte prematura.

El suicidio es considerado un problema de salud pública que conlleva una tragedia para las familias y para la sociedad. Estas pérdidas pueden prevenirse si se interviene de manera oportuna, por lo que es debido centrarse en la comprensión de estos sucesos para crear estrategias adecuadas de intervención por parte de los gobiernos.

El implementar programas y acciones en materia de prevención del suicidio debe representar una prioridad para el sector salud en nuestro país, lo cual permita miles personas puedan acceder a especialistas en la materia de psicología, que permita realizar una identificación temprana, evaluación, tratamiento y seguimiento permanente a personas afectadas por pensamientos y comportamientos suicidas.

Crear programas que fomenten las habilidades socioemocionales de las personas que a consecuencia de la pandemia del Covid-19 han sufrido afectaciones en su vida diaria, han sufrido la pérdida de un ser querido, se encuentran desempleados o no tiene acceso a servicios básicos de salud, permitiendo reducir el número de muertes por lesiones autoinfligidas en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. – La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal, para que en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y las instancias homologas encargadas de la salud, se instrumenten y refuercen las estrategias, acciones, campañas de información y concientización para prevenir el suicidio entre la población.

Notas

1 Salud Mental: Fortalecer nuestra respuesta. Organización Mundial para la Salud, disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-stren gthening-our-response

2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/Suicid ios2021_Nal.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2021.

Diputada Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica)



Efemérides

Con motivo del aniversario de la Convención de los Derechos del Niño y Día Universal de la Niña y el Niño, a cargo del diputado Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada Yolanda de la Torre Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en acuerdo a lo establecido en los artículos 6, fracción XI, 38, numeral 1, fracción I, y 76, fracción VI, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente efeméride con motivo del 20 de noviembre, Aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, y Día Universal de la Niña y el Niño.

“No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo de la niñez de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones, así como de la civilización humana”

Plan de acción de la Cumbre Mundial a favor de la infancia

Como Estado nos unimos en causas que nos son comunes y nos identifican en la protección de los derechos que reconocemos como propios y que como Nación también nos obligan hacia los más vulnerables y a quienes debemos garantizarles sus derechos humanos.

Esta alta responsabilidad recae en nosotros, que desde el servicio público actuamos en favor de quienes ejercen en democracia el voto, pero también en favor de quienes sin una voz ciudadana se desarrollan y viven en nuestro País, me refiero a nuestras niñas y niños, los más vulnerables y a la vez a quienes les debemos la construcción de una mejor nación.

Sin duda, estos son días para la reflexión, ha sido un reto que se apruebe un presupuesto federal de egresos que no asegura la suficiencia de fondos para la coordinación adecuada de la prestación de servicios para las niñas y niños, prestación que va más allá del otorgamiento directo de recursos, pues se necesita la creación de mecanismos que fortalezcan y provean, a través de políticas públicas eficientes, la satisfacción de necesidades y la garantía del pleno ejercicio de los derechos humanos.

Derechos, que deben desarrollarse a partir de su interdependencia y que como Estado somos responsables de dotar a la niñas y niños de la certeza legal y presupuestaria para la protección de su vida, seguridad, integridad, identidad, alimentación, salud y educación, entre muchos otros derechos que les reconocemos y de los cuales estamos obligados.

La conmemoración de un día universal nos hace corresponsables a la obligación internacional de protección de la niñez, pero también nos invita a asumir la responsabilidad de hacer progresivos sus derechos y erradicar con ello las prácticas que los hacen vulnerables, por ejemplo en México, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y del “Ranking de pobreza en primera infancia”,1 ser infante entre 2018 y 2020 significó ser más vulnerable a la pobreza, el 53 por ciento de la población en México menor a 18 años se encuentra en esa condición, y los menores de seis años es decir el 11 por ciento se encuentran en pobreza extrema. ¿Qué significa? que ni siquiera como Estado les estamos garantizando su derecho a la alimentación y cuidado.

La Convención de los Derechos del niño, hoy llamada de los derechos de la niña y el niño, nace a partir de la construcción del compromiso por reconocer la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de las personas, así como de considerar a la niñez como un grupo fundamental de la sociedad cuyo desarrollo debe ofrecer la preparación para la vida independiente en libertad, seguridad y solidaridad. Ante ello como Estado, México se comprometió a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención incluyendo los económicos, sociales y culturales, considerando para ello destinar “el máximo de los recursos de que dispongan”2 y esto significa que desde el poder legislativo tenemos que dotar de las medidas necesarias para su cumplimento efectivo.

Debemos avanzar y fortalecer la aplicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, fue un gran logro que en 2014 se decretara e iniciara su vigencia. La implementación de la Ley fue y es un desafío para que instituciones, dependencias gubernamentales y organizaciones civiles coadyuvaran en un propósito común, esta Ley le apostó hacia la construcción de un nuevo paradigma de protección y restitución de los derechos, esta apuesta no puede ser diferente ni menor.

Es por lo anterior que, a partir de esta efeméride que va más allá de conmemorar un día, les propongo como Cámara de Diputados asumir la responsabilidad y legislar en favor de quienes son el futuro, les insto a tomar como eje y compromiso para esta LXV Legislatura lo siguiente:

1. Garantizar el acceso a la seguridad social y salud. El 30.1 por ciento3 de los infantes no tiene acceso a los servicios de salud básicos;

2. Garantizar la alimentación nutritiva y de calidad. El 24.4 por ciento no tiene acceso a una alimentación digna;

3. Garantizar acceso a los servicios básicos y vivienda. Más del 20 por ciento de la población infantil carece de acceso a espacios de vivienda y tan solo en las escuelas más de 31 mil planteles carecen del servicio básico de agua;

4. Fortalecer los mecanismos de educación híbrida. Tras la pandemia México adoptó la educación semipresencial y a distancia, frente a ello garantizar la conectividad y acceso a los servicios de educación pública; y

5. Establecer una política transversal que vincule cada acción del gobierno federal, así como del Poder Legislativo, se haga bajo la observancia del Principio de Interés Superior de la Niñez y de la adolescencia.

La niñez es nuestro presente y futuro.

Notas

1 Ranking de pobreza en primera infancia. Pacto por la Primera Infancia. Análisis a partir de datos emitidos por el Coneval en los resultados de “Medición de la Pobreza 2018-2020”. Disponible en: pactoprim9erainfancia.org.mx/wp-content/uploads/2021/09/Hallazgosprelim inares-Ranking-de-pobreza-en-Primera-Infancia-2.pdf

2 Convención de los Derechos el Niño, artículo 4.

3 Ibídem (1).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2021.

Atentamente

Diputada Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica)

Con motivo del 20 de noviembre, 111 aniversario de la Revolución Mexicana, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada Yolanda de la Torre Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en acuerdo a lo establecido en los artículos 6, fracción XI, 38, numeral 1, fracción I, y 76, fracción VI, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente efeméride con motivo del 20 de noviembre, 111o. Aniversario de la Revolución Mexicana.

“Sólo el tiempo nos permitirá dar a la Revolución Mexicana su justa dimensión”

Abel Pérez Rojas

La Revolución Mexicana es el movimiento armado iniciado en 1910 para terminar con la dictadura de Porfirio Díaz y que culminó oficialmente con la promulgación de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, siendo ésta la primera a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y los derechos laborales colectivos.1

Las condiciones políticas, económicas y sociales en las que vivían los mexicanos durante los inicios del siglo XX eran insostenibles, gran parte de la población vivía en pobreza extrema mientras solo unos cuantos acumulaban riquezas, los reclamos de justicia aumentaban ante una mala administración de esta, y ante los abusos de los capataces hacia los campesinos.

Todo esto se daba ante la incapacidad del general Porfirio Díaz, de comprender las verdaderas necesidades de la gente, tema recurrente entre los gobernantes cuando no amplían su percepción de la realidad y desprotegen a sectores de la población.

En aquella época la mayor parte de la población estaba sometida a intensas jornadas de trabajo, no podían acceder a la educación, ni les quedaba tiempo para la recreación, tampoco contaban con viviendas o sistemas de salud dignos y ni hablar del acceso a la justicia.

Lo anterior derivó en un descontento social que coincidió con la inconformidad de las clases medias que eran excluidas en la toma de decisiones o puestos de poder, provocando una crisis generalizada que dio origen a la lucha por derechos como la educación, mejores condiciones laborales (jornadas y salarios más justos), a la tierra, la salud y la justicia.

La lucha forma parte del acontecimiento político y social más trascendental del siglo pasado, por su contribución a la forma de hacer política en nuestro país y por los cambios que trajo para la sociedad mexicana.

Por esta razón es que ante tan importante acontecimiento recordamos y reconocemos la enorme contribución de quienes iniciaron la lucha y lograron su consumación, desde Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Francisco Villa y Emiliano Zapata.

El México de hoy es muy distinto, claro está, sin embargo, no se puede negar que los problemas continúan, en mayor o menor medida, pero permanecen, los reclamos de justicia son cada vez más fuertes ante el aumento de la impunidad, la pobreza y desigualdad han aumentado de forma considerable en los años recientes, no se han podido garantizar los derechos para todas y todos, y se ha abandonado a los más vulnerables.

Es por ello por lo que como legisladores debemos contribuir en la lucha por garantizar el ejercicio pleno de los derechos, evitar que los derechos se quedan en letra muerta y procurar la progresividad tomando en cuenta la realidad de todas y todos los mexicanos.

Nota

1 Recuperado en https://congresoweb.congresojal.gob.mx/bibliotecavirtual/libros/Anteced entesRevolcucion.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2021.

Atentamente

Diputada Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica)

Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, se decidió declarar el 25 de noviembre de cada año como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer , en conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo (1930-1961).1

El objetivo de este día es el invitar a gobiernos, organizaciones no gubernamentales, a la iniciativa privada y a la sociedad civil en general a reflexionar y sensibilizarnos respecto del problema de la violencia contra las mujeres y niñas, y todos los efectos negativos que esta conlleva.

La violencia contra la mujeres y niñas es una clara violación de los derechos humanos, siendo consecuencia de la discriminación que sufre en la sociedad y la persistencia de las desigualdades de género, pero no solo eso, la violencia contra las mujeres y niñas afecta e impide el avance de la sociedad en temas como igualdad en derechos y libertades, indicadores del desarrollo humano y lucha contra la pobreza.

Cabe mencionar que la comunidad internacional ha establecido como una prioridad en la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una meta específica: “La eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en las esferas pública y privada”.

Datos de la Organización de las Naciones Unidas refieren que hasta un 70 por ciento de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia en su vida.

En México, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), que es un trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer (Unifem) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), nos ayuda a conocer y analizar información sobre los distintos tipos de violencia contra las mujeres mayores de 15 años, entre las que se encuentran la violencia emocional, económica, física y sexual.2

En su edición más reciente la Endireh, revelo que 63 de cada 100 mujeres de 15 años o más declaró haber padecido algún tipo de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra persona.3

Cabe mencionar, que la pandemia de Covid-19 ha dejado al descubierto algunas cifras de violencia que sufren mujeres y niñas en nuestro país, tan solo en marzo de 2020, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporto? que fueron asesinadas once mujeres al día y que, desde que empezaron las medidas de confinamiento social a finales de ese mes, hubo un aumento de las llamadas de emergencia por violencia de género.

Por su parte, la Red Nacional de Refugios señaló que en mayo del mismo año, los centros integrados a esta red operaban entre 80 y 110 por ciento de su capacidad.4

Si bien, en nuestro país se han logrado avances importantes para erradicar la violencia contra la mujer, tal es el caso de la promulgación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, asi como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, asimismo, se han aprobado reformas de gran calado durante las últimas legislaturas en materias de reconocimiento de derechos económicos y laborales, impulso al empoderamiento de la mujer.

En el mismo sentido se han implementado diversos programas y políticas públicas que se implementan en los diferentes órdenes de gobierno, lo cierto es, que aún falta mucho por hacer, y se debe entender que esta es una tarea permanente tanto de la sociedad civil como del gobierno en turno.

Es por ello por lo que debemos reflexionar en este día tan importante respecto al tema de la violencia contra las mujeres y niñas en nuestro país.

Así como continuar trabajando para asegurar el acceso de las mujeres a la justicia, a empleos dignos y bien remunerados, buscar mejores condiciones de vida para las mujeres y niñas, así como promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad.

Notas

1 ONU, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre. Disponible en:

http://www.un.org/es/events/endviolenceday/background.sh tml

2 Violencia de género. Violencia contra las mujeres, Instituto Nacional de las Mujeres

http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/viol encia_2016.pdf

3 Inegi, “Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre)”. Datos Nacionales. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/violencia0.pdf

4 Violencia contra las mujeres y las niñas en el contexto del confinamiento por la pandemia de Covid-19 en México. Estudio cualitativo.

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2020/diciembre%202020/
resumen%20ejecutivo%20colmex.pdf?la=es&vs=317

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2021.

Atentamente

Diputada Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica)