Gaceta Parlamentaria, año XXIV, número 5903-III, martes 9 de noviembre de 2021
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader a impulsar la producción apícola de México, a cargo del diputado Antolín Guerrero Márquez, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, Antolín Guerrero Márquez, diputado federal en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a escrutinio de esta asamblea la siguiente “proposición con punto de acuerdo”, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera.- México se encuentra enlistado entre los diez principales productores de miel a nivel mundial y es considerado también uno de los principales exportadores; no obstante, durante el 2016, Banxico reportó una reducción del 40 por ciento en las exportaciones, debido principalmente a los efectos del cambio climático en la producción.1
El crecimiento interanual promedio fue de 2,96 por ciento, logrando así un incremento en los 20 años de 70 por ciento de la producción de miel, como Argentina, Estados Unidos y Ucrania disminuyeron su participación a nivel mundial, siendo los segundos productores mundiales Estados Unidos en el trienio 1994- 96 y Argentina en 2004-2006, concentraron el 60,8 por ciento de la producción mundial en 2016, otros productores importantes fueron España y Canadá.2
Segunda.- La apicultura es una actividad que requiere mano de obra y fuerza de trabajo, con lo cual podemos decir que la industria apícola es un importante agente generador de empleos y representa un aumento en los ingresos de muchas familias rurales, además, los apicultores pueden generar ingresos adicionales mediante la elaboración de productos derivados de la miel o la cera de abeja.3
Tercera.- La apicultura se integra fácilmente con una buena cantidad de sistemas de vida y desarrollo, porque utiliza los mismos recursos, por ejemplo: la silvicultura, la agricultura y las actividades de conservación, con ello garantiza una excelente ventaja adicional a la cosecha porque solamente las abejas son capaces de recoger el néctar y el polen, sin entrar en competencia con otros insectos o animales por estos recursos que, de no ser por ellas, serían inalcanzables para el hombre.
La apicultura garantiza la continuidad en el tiempo de la naturaleza a través de la polinización de las plantas silvestres y cultivadas, las abejas recogen sus sustancias nutritivas de las flores y, con la polinización, garantizan futuras generaciones de plantas y alimentos disponibles para futuras generaciones de abejas y personas.
Es una simbiosis perfecta, el valor de la polinización es difícil de medir, pero si pudiera ser calculado, sería el más alto de todos los elementos que componen la apicultura.4
Cuarta.- La historia de esta actividad se ha visto reflejada en distintos pueblos, un ejemplo de ello es la cultura egipcia con registros que detallan el tipo de colmena, el proceso de recolección de miel, así como la manera en que ésta era almacenada y preservada, por otro lado, los griegos utilizaban vasijas para contener los panales y de esa manera recolectar miel y cera, también existen textos acerca de leyes sobre apicultura de los romanos.
En México, específicamente en la zona maya, la apicultura es milenaria y tenían dos deidades (Nohyumcab y Ah Muzencab) que protegían la miel de los ciudadanos.
De acuerdo al SIAP (siacon 2019), en 2018, México produjo 64 mil 253.03 toneladas de miel, 25 por ciento más que el año anterior, siendo el mayor productor en ese año el estado de Yucatán, en cuanto a la cera de abeja se produjeron mil 683.74 toneladas en ese mismo año.5
Quinta.- Es por esto que esta actividad es factible para aquellos productores de bajos recursos o de condiciones marginales. Si bien esta puede desarrollarse de forma local, creando empleos dentro de la comunidad, también lo es que se necesitan de nuevas tecnologías, herramientas, maquinarias y métodos de producción para que esta logre el crecimiento que los productores demandan para que esta sea rentable y no se pierda o desaparezca.6
Sin embargo, esta actividad enfrenta una serie de retos derivado de los requerimientos de los mercados nacional e internacional, así como de la necesidad de fortalecer la economía, la organización y las unidades de producción de los productores apícolas.
Sexta.- El costo por el proceso de producción de la miel depende de dos aspectos del desempeño o eficiencia técnica del proceso productivo, que es determinado por la tecnología, la capacidad administrativa en la toma de decisiones, la disponibilidad y calidad de los recursos naturales e influencia de los factores ambientales; segundo, de la estructura del mercado de los insumos, que determina los respectivos niveles de precios.
Séptima.- Debe ser una ventaja para los productores buscar la forma de agregar valor a los productos provenientes de la apicultura, en lugar de venderlos como materia bruta, la fabricación de productos de valor agregado provenientes de la apicultura puede abarcar varios grupos, algunos de los cuales podrían no estar interesados actualmente en la crianza de abejas o no tienen los medios para esta actividad.
La miel de abeja, la cera, el polen o propóleos pueden ser utilizados en una gran cantidad de alimentos, cosméticos, ungüentos y otros bienes que pueden ser producidos y vendidos localmente, mejorando los medios de vida y desarrollo.
Por lo anterior, sometemos a consideración de las y los legisladores que integran el pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que en el ámbito de sus facultades impulse la producción en la apicultura de México.
Notas
1 http://www.cienciamx.com/index.php/diez-mas/16631-los-diez-paises-que-m as-miel-producen-en-el-mundo
2 https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_cicpes_instdeeconomia_sanc hez_mercado_apicola_internacional.pdf
3 https://www.educativo.net/articulos/importancia-y-beneficios-de-la-apic ultura-805.html
4 https://www.fao.org/3/y5110s/y5110s02.htm
5 http://www.cedrssa.gob.mx/post_la_-n-abejas-n-_y_la_apicultura_.htm
6 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/347588/1_Investigaci_n_d e_propuesta_productiva_ap_co.pdf
Dado en la Ciudad de México, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2021.
Diputado Antolín Guerrero Márquez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal sobre el nombramiento del titular de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada Gina Gerardina Campuzano González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Es un desacierto brutal no invertir en el desarrollo de la niñez, cuando está comprobado que lo que se hace hoy a favor de niñas y niños–en términos de educación, salud, alimentación, entre otros– genera grandes réditos al progreso de los países en el mediano y largo plazos.i
Sin embargo, en este tema de desarrollo de la niñez han existido grandes retrocesos y afectaciones, eliminando el programa de Estancias Infantiles, que permitía brindar atención temprana y cuidados a millones de niñas y niños, argumentando casos de corrupción, que por supuesto, nunca probaron. Con ello, se limitó la posibilidad de empleo de las madres, o bien, regresaron el cuidado de los menores a los abuelos; tarea que no les corresponde y genera rezagos de aprendizaje en la mayoría de los casos.ii
También acabaron con el programa transexenal Oportunidades – Prospera, que tenía reconocimiento internacional por su capacidad de ligar las transferencias monetarias con mecanismos vinculados al seguimiento y desarrollo de la niñez en temas clave como salud y alimentación.iii
Asimismo, tanto la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), como la ONG, han afirmado que el rescate de 652 personas migrantes hacinadas, sin ventilación ni comida, quienes eran trasladadas en tres tráileres hacia la carretera Ciudad Victoria–Monterrey y, de las cuales, 349 eran niños, niñas y adolescentes entre los que se ubicaron a 198 que viajaban solos, deja en evidencia la grave ausencia de políticas públicas adecuadas en materia migratoria para la garantía de los derechos de la niñez migrante.iv
Sumado la decisión del Ejecutivo este fin de semana en Guerrero, de no condenar los múltiples casos de venta de menores en diversas zonas de la montaña de dicho estado, bajo el argumento, de que son “usos y costumbres”, que “no hay muchos casos” y que al fin “en todos lados hay prostitución”, la venta de menores (aparejada invariablemente al abuso y violación) es un delito que se debe castigar con toda la fuerza del Estado y no menos. No hay pretextos o justificaciones que valgan.v
Más aun cuando en México, cada año más de 4 millones y medio de niñas y niños son víctimas de abuso sexual, y diariamente se registran más de 43 casos de abuso sexual infantil, de acuerdo con la OCDE, nuestro país tiene el primer lugar mundial en estos delitos.vi
“Otro de los problemas es que hay un castigo en el presupuesto para las infancias. Si a las niñas, los niños y los adolescentes los siguen castigando con la falta de presupuesto y políticas públicas, qué podemos esperar de un país como el nuestro que los destruye de manera cotidiana”.vii
Es entonces, que no se puede dejar a la niñez desamparada, en todos los sectores, sin hacer nada, sin presupuesto, sin programas, es necesario más presupuesto, y realizar nombramientos pendientes como el del titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y mucha voluntad política.
Como sabemos en diciembre de 2014 se publicó la Ley General para los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que ordena la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), como la instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes (artículo 125, LGDNNyA).
Asimismo, de acuerdo con en el artículo 130 del ordenamiento citado, la coordinación operativa del Sistema Nacional de Protección Integral recaerá en un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que ejercerá las funciones de Secretaría Ejecutiva.
De igual forma, de acuerdo con el artículo 131 de la LGDNNyA, el titular de la Secretaría Ejecutiva será nombrado y removido libremente por el presidente del Sistema.
No obstante, como sabemos el titular de la Secretaría Ejecutiva del el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), actualmente se encuentra acéfalo desde hace ya varios meses y bajo la dirección de María Constanza Tort San Román, encargada de Despacho de la Secretaría Ejecutiva, por lo que la falta de nombramiento del titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) durante tanto tiempo es un síntoma de la poca importancia que le está dando la actual administración a las problemáticas de la niñez.
Por lo anterior, es urgente que se dé este nombramiento, este vacío no hace más que aumentar la preocupación ante la invisibilidad de niñas, niños y adolescentes en esta administración. Nos parece muy grave que SIPINNA no tenga la jerarquía con la que nació en un principio, que era la de una interlocución directa con el titular de la Secretaría de Gobernación y de coordinación con todos los niveles de gobierno”
Es por ello, que presento el presente exhorto al presidente de la República para que, a la brevedad, nombre a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de continuar y fortalecer los instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y lograr se nombre a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de continuar y fortalecer los instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, por lo que me permito proponer los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al presidente de la República para que, a la brevedad, nombre a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de continuar y fortalecer los instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativo o que realicen cualquier acto de autoridad en los que estén relacionados niñas, niños o adolescentes; a que fortalezcan los mecanismos de apoyo para presentar denuncias de delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes.
Tercero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a asegurar la colaboración y coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para la adecuada formulación, ejecución e instrumentación de políticas, programas, estrategias y acciones en materia de protección y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes; a fin de prevenir, disminuir y erradicar cualquier forma de violencia contra este grupo de población, y de sensibilizar a la sociedad sobre la magnitud, alcances y efectos de este lacerante problema.
Notas
i Guillermo Lerdo de Tejada, Un gobierno tóxico para la niñez, Columna Editorial, Opinión El Heraldo de México, consultado por última vez el 31 de octubre de 2021 en
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/10/27/un-gob ierno-toxico-para-la-ninez-348135.html
ii Ibídem.
iii Guillermo Lerdo de Tejada, Un gobierno tóxico para la niñez, Columna Editorial, Opinión El Heraldo de México, consultado por última vez el 31 de octubre de 2021 en
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/10/27/un-gob ierno-toxico-para-la-ninez-348135.html
iv Mariza Pérez, Sube 273% retención de menores migrantes, en ocho meses del 2021, El Economista, consultado por última vez el 31 de octubre de 2021 en https://www.eleconomista.com.mx/politica/Sube-273-retencion-de-menores- migrantes-en-ocho-meses-del-2021-20211010-0080.html
v Guillermo Lerdo de Tejada, Un gobierno tóxico para la niñez, Columna Editorial, Opinión El Heraldo de México, consultado por última vez el 31 de octubre de 2021 en
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/10/27/un-gob ierno-toxico-para-la-ninez-348135.html
vi Ibídem.
vii Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República, Menores migrantes, problema “invisible”, Reporte Índigo, consultado por última vez el 31 de octubre de 2021 en
https://www.reporteindigo.com/reporte/infancias-y-jovene s-migrantes-los-eternos-olvidados/
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 9 de noviembre de 2021.
Diputada Gina Gerardina Campuzano González
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a emprender acciones que brinden a las personas con discapacidad visual la posibilidad de tener acceso a un mejor control, identificación y almacenamiento de los medicamentos con la inclusión del sistema braille en los empaques, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quien suscribe, diputada María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Hoy más que nunca y derivado de la pandemia por la emergencia sanitaria motivada por el Covid-19, todo lo referente a la atención y los servicios de salud, clínicos y hospitalarios ha cobrado una muy especial relevancia tanto para nuestro gobierno como también para la población en su conjunto.
Esta pandemia y las emergencias médicas derivadas del contagio por Covid-19 pusieron sobre los escritorios la necesidad de mantener una revisión integral del sistema de salud pública y privada, de la capacidad real instalada tanto en infraestructura como también en capital humano, la solvencia para el abasto tanto de medicamentos como de insumos médicos y clínicos, la cobertura de los servicios de salud, su capacidad de atención, las condiciones de las instalaciones, equipo médico y hospitalario, así como la preparación, capacitación y cuidado de todo nuestro personal sanitario.
Asimismo, esta pandemia y las emergencias derivadas del contagio por Covid-19 hicieron necesario que en los hogares se supiera con qué sistema de salud se contaba en caso de ser requerido, la capacidad económica de la cual se disponía en caso de ser necesario sufragar gastos extra y qué lugares de atención medica se tenían disponibles y al alcance en caso de tener que recurrir a ellos.
Esta pandemia nos obligó no solo a resguardarnos, sino también a informarnos, investigar y conocer la disposición y ubicación de hospitales, centros de salud, kioscos médicos, centros de elaboración de pruebas de contagio, expendios de oxígeno medicinal, laboratorios de análisis clínicos y hasta de las farmacias y consultorios del barrio. A través de lo anterior revaloramos tanto su función y disponibilidad como también su importancia.
Experimentamos no solo el miedo al contagio de una enfermedad todavía desconocida y sin cura, sino también a las consecuencias de la automedicación, del desabasto de medicamentos, de no tener en casa al menos lo básico en caso de emergencia.
Nos volvimos expertos en la medición de la temperatura corporal y la medición de la saturación del oxígeno en nuestro cuerpo.
Junto a todo esto, tanto en los hospitales, clínicas, consultorios de barrio, centros de alta especialidad, ya sea públicos o privados, y en todos los hogares del país se volvió a colocar en nuestra conciencia la importancia del cuidado, responsabilidad, manejo y almacenamiento de los medicamentos con los que se cuenta.
Todo lo anterior es parte de la experiencia que nos está dejando la pandemia por el Covid-19.
Esta pandemia no llegó a enseñarnos cosas nuevas respecto a medidas sanitarias, cuidados médicos, medidas de protección, o bien, en el manejo y disposición de medicamentos. Todo eso ya lo sabíamos, solo que lo habíamos olvidado o tal vez pensábamos que eso era exclusivo del personal hospitalario y que el repaso de todas esas medidas se daba solo en los quirófanos y quizás en las aulas donde se forma al nuevo personal de salud.
Sin embargo, no es así y todos por igual debemos estar familiarizados con lo relativo al cuidado de nuestra salud.
En lo que va de estos ya casi dos años de pandemia, con sus medidas sanitarias de protección, responsabilidad ciudadana y distanciamiento social, nos dimos cuenta de lo caro que nos salió el error de delegar el conocimiento de todo lo anterior únicamente a los profesionales de la salud.
Toda la sociedad y todo el gobierno debemos siempre actuar en concordancia, atención y corresponsabilidad con nuestros profesionales de la salud y estar al pendiente del desarrollo los servicios de salud pública.
La lección, al no haberlo hecho así, fue muy dura. El descuido de nuestro sistema de salud nos ha costado mucho y ha implicado grandes pérdidas en términos económicos y sociales y, lamentablemente, también de una gran cantidad de vidas humanas. De ahí la relevante vigencia que cobró lo establecido en nuestra Constitución en su artículo 4o., el cual dice lo siguiente:
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.1
Asumir lo establecido en el artículo 4o. constitucional, aplicarlo e involucrarnos todos en ello, fue la única vía que nos permitió mitigar un poco los efectos devastadores del Covid-19 en la salud pública y espero, en un futuro no muy lejano, también nos permita salir adelante.
En este tenor, considero que no podemos ni debemos nuevamente estar ni desprotegidos ni desprevenidos, hay que estar preparados para las próximas pandemias y para las enfermedades recurrentes. En este propósito no hay esfuerzo ni labor menor, o bien, medida que no valga la pena, más aún si nos referimos a algo sumamente importante para mantener o recuperar la salud, es decir, todo lo concerniente a los medicamentos.
Hay que reconocer que aprendimos a ser vigilantes y corresponsables en lo que a su abasto se refiere, así como también a su costo, el acceso a ellos y disponibilidad. Igualmente, hemos estado atentos en cuanto a su comercialización, a los lugares y medios para ello y hasta a las medidas de seguridad tanto en la prescripción como en la medicación.
Hemos hecho la tarea tanto sociedad y gobierno, no hay duda, pero nos falta por aún mucho por hacer.
Lo logrado no lo es todo, nos hace falta algo elemental en lo que a nuestros medicamentos concierne y con esto me refiero a su almacenamiento y manejo en los hogares.
Si bien combatimos eficiente y determinadamente la automedicación en la que incurre cerca del 80% de nuestra población2 y, a la vez, establecimos una regulación acertada y pertinente en cuanto a la prescripción y venta de antibióticos, también debemos reconocer que hemos dejado vacíos importantes y hasta discriminatorios en cuanto respecta al manejo de las medicinas disponibles en casa.
Hay que recordar que, si bien la venta de antibióticos se realiza únicamente bajo prescripción médica y presentando la receta correspondiente, existe una amplia y extensa gama de medicamentos de toda índole que son de libre venta, es decir, no se requiere de receta para comprarlos, es más, ni siquiera son de venta exclusiva en las farmacias. Estos medicamentos los podemos comprar en cualquier tienda, los podemos adquirir en cualquier vitrina o estante de indeterminado establecimiento, ya sea el de la esquina de la casa o uno departamental.
Por ello, junto a la venta, prescripción y medicación o consumo de las medicinas en nuestro país, es de la misma importancia cuidar, procurar y regular el manejo y almacenamiento de éstos en nuestros hogares.
Lo anterior es no solo un pendiente por atender, sino también es un derecho de todas y todos por igual en el cual nadie debe quedar exento o fuera del alcance y disfrute del mismo.
La automedicación sigue siendo un peligro latente y muy común, las sobredosis por medicamentos siguen siendo recurrentes y amenazantes e incluso el error inconsciente en el consumo de medicamentos es un riesgo real que la venta libre de los mismos potencializa.
En este punto en específico, la adecuada, clara y correcta regulación sobre la inclusión en los empaques de los medicamentos de la fecha de caducidad es imprescindible no solo para evitar lamentables accidentes, sino también considerando que somos un país en el cual de manera desafortunada, 6 de cada 10 medicinas que se ofrecen para su venta y consumo en lugares no regulados por la autoridad, aunque muy visitados por la población en general, son falsificadas, están caducas, son robadas, o bien, fabricadas clandestinamente sin los controles de calidad correspondientes.3
Como se puede ver, estamos ante un problema preocupante y un pendiente por atender urgente y sumamente considerable.
La solución de este problema nos compete a todos por igual y atañe a la sociedad en su conjunto, sin embargo, no nos damos cuenta que estamos dejando fuera a personas con discapacidad visual, con lo cual estamos permitiendo que se desplace y con ello se discrimine a un importante sector de nuestra sociedad.
La población con discapacidad visual es en muchos casos completamente dependiente de un tercero, si es que cuenta con él. En este sentido, para saber qué medicina se está tomando, para asegurarse de que sea la adecuada, o bien, que no esté caduca, las personas con discapacidad visual requieren de la asistencia de alguien más. Lo anterior no solo es penoso como sociedad, sino también inadmisible en la actualidad, pues un elemento importante para proteger los derechos de las personas con discapacidad es promover su independencia.
Estamos negando la posibilidad a las personas con discapacidad visual de tener el control por sí mismas de sus medicamentos y del almacenamiento de los mismos por no tener la capacidad de entender que ellos también cuentan, también valen, también lo merecen y también tienen derechos.
Estamos limitando, al menos, al 4% de nuestra población que se tiene contabilizado padece algún grado o tipo de discapacidad visual.4
Omitimos deliberadamente que la discapacidad visual total es la segunda discapacidad más presente entre nuestra población. Nos desentendemos del hecho de que la discapacidad visual afecta a población de todas las edades, no importa que estén en edad escolar o laboral, o bien, sean adultos mayores.
Basta señalar que, en nuestro país, al menos, el 18% de personas con discapacidad visual está entre los 6 y los 30 años de edad, el otro 35% de esa población tiene entre 31 y 60 años y, finalmente, el 47% que resta de esa población tiene más de 60 años de edad.5
Como se puede apreciar, la discapacidad visual no atiende ni género ni mucho menos edad y todos nosotros como sociedad, al negarnos por razonamientos meramente económicos en materia de costo-utilidad a brindarles herramientas accesibles y fáciles que ya existen para apoyarlos en la identificación, manejo y almacenamiento de algo tan imprescindible para la salud como lo son los medicamentos, los estamos excluyendo, invisibilizando y discriminando.
Con el esfuerzo elemental de establecer que todo empaque de medicamentos que se venda en nuestro país deberá contener la fecha de caducidad mediante el sistema de escritura Braille estaremos dando un enorme paso hacia adelante en materia de disfrute del derecho a la salud de las personas con discapacidad. Al mismo tiempo, estaremos sentando un precedente muy valioso en materia de inclusión. En este sentido, estaríamos atendiendo una deuda pendiente con las personas con discapacidad visual.
Hay que señalar que aún tenemos muchos pendientes importantes y urgentes para beneficio de nuestra población con capacidades diferentes y en particular con nuestra población con discapacidad visual, aún nos quedan muchas cosas por hacer para erradicar las diferentes formas de discriminación que padecen y sufren.
Las personas con discapacidad visual sufren discriminación social, educativa, laboral o familiar, además de discriminación en materia de acceso a servicios de salud y procuración de la misma, lo cual no puede seguirse tolerando.
Más de 2 millones de mexicanas y mexicanos identificados y contabilizados con deficiencias visuales diagnosticadas y casi un millón de personas con ceguera en nuestro país requieren de nuestro apoyo y ayuda para acceder de manera efectiva a su derecho a la salud. A la cifra señalada aún hace falta agregar aquellas personas que no se encuentran diagnosticadas y están en el olvido o abandono en sus propios hogares y por su propia familia.6
Por todo lo anterior resulta urgente que quienes integramos esta Asamblea unamos esfuerzos para dar un paso hacia adelante en materia de apoyo y ayuda a nuestras personas con discapacidad visual para que accedan en mejores condiciones al pleno disfrute de su derecho a tener el control de sus medicamentos, su manejo y almacenamiento.
No podemos ni debemos quedarnos con los brazos cruzados ante esta deuda pendiente con las personas con discapacidad visual en nuestro país.
Por todo lo aquí expuesto, la que suscribe somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a emprender acciones concretas que brinden a las personas con discapacidad visual de nuestro país la posibilidad de acceder a un mejor control, identificación y almacenamiento de los medicamentos que usan a través de la inclusión del sistema braille en sus empaques.
Notas
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4o.
2 Secretaría de Salud.
3 Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica.
4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía
5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía
6 Atlas de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2021.
Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob, el INM y la Ssa a brindar servicios, insumos médicos y atención hospitalaria a los migrantes en su paso por el país, a cargo de la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario del PT
Quien suscribe, María Rosete, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 23 de octubre, una caravana de migrantes salió de la frontera sur rumbo a la Ciudad de México, integrada con un mayor número de centroamericanos y haitianos a fin de obtener visas migratorias que les permitan movilizarse por todo el país. Migrantes que se han desplazado de sus países de origen por motivos políticos, económicos, humanitarios y ambientales.
En el periodo enero-agosto del presente año se han registrado en México 147 mil indocumentados, incrementando tres veces el tránsito migratorio de 2020, registrándose 26 mil solicitudes de asilo de las cuales menos de la mitad se resuelven de manera favorable.1
La caravana que pretende llegar a la Ciudad de México, está integrada por aproximadamente mil doscientos menores, setenta mujeres embarazadas y poco más de 4 mil personas, enfrentando grandes obstáculos debido a la discriminación, las barreras culturales, el idioma, su estatus migratorio, y diversas dificultades sociales y económicas que no les permite acceder a un sistema de salud adecuado.
El Instituto Nacional de Migración dio a conocer que entre la caravana migrante se han registrado diversos casos de dengue. De los afectados, cinco son menores de edad. Asimismo, debido a las condiciones insalubres y los kilómetros que han recorrido se encuentran en riesgo de contraer alguna enfermedad que ponga en peligro su vida.
Las largas horas de caminatas bajo el sol y la lluvia, han causado que un gran número de migrantes presenten síntomas de deshidratación, así como dolores de cabeza, diarrea, sarpullidos e incluso esguinces.
La Organización Mundial de la Salud ha establecido que el principio de salud es un derecho fundamental para todo ser humano, el cual deberá regirse sin discriminación alguna, no importando si son migrantes, refugiados y demás no nacionales.
Asimismo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales indicó que los Estados tienen la obligación irrestricta de respetar el derecho a la salud, incluidos los inmigrantes o los solicitantes de asilo, absteniéndose de denegar o limitar dicho derecho por motivos físicos, culturales y económicos, debiendo brindar los servicios de salud preventivos, curativos y paliativos, a fin de disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental.2
Por lo anterior es necesario brindar a los migrantes los servicios, insumos médicos, así como la atención hospitalaria necesaria, a fin de respetar sus derechos humanos al acceso a la salud.
El Estado tiene la obligación de brindarle a los migrantes en todo momento, sin importar el lugar en el que se encuentren y su estatus migratorio, una atención médica adecuada garantizando el derecho a la vida y a la integridad personal, protegiendo su dignidad como personas.
Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La LXV Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y el secretario de Salud a brindar de manera coordinada los servicios, los insumos médicos y la atención hospitalaria necesarios para atender a los migrantes en su paso por el país.
Notas
1 Tema Migratorio 140719. Instituto Nacional de Migración (inm.gob.mx).
2 ACNUDH, CESCR (ohchr.org).
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2021.
Diputada María Rosete (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y su homóloga de Hidalgo a implantar acciones dirigidas a garantizar la apertura y el buen funcionamiento de los centros de salud en la entidad, a cargo de la diputada Lidia García Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada federal Lidia García Anaya, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La Ley General de Salud (LGS), en su artículo primero, establece que la salud es “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.
En el artículo 23 de este mismo ordenamiento legal, se hace referencia a que los servicios de salud son todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad.
De la misma forma, el artículo 26 de la LGS define que, para la organización y administración de los servicios de salud, se definirán criterios de regionalización y de escalonamiento de los servicios para lograr progresivamente la universalización del acceso a servicios de salud integrales.
El artículo 27 de la Ley General de Salud, señala cuáles serán los servicios básicos de salud, los cuales son:
“Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:
I. La educación para la salud, la promoción del saneamiento básico y el mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente;
II. La prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes y de los accidentes;
III. La atención médica integral, que comprende la atención médica integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias.
Para efectos del párrafo anterior, la atención médica integrada de carácter preventivo consiste en realizar todas las acciones de prevención y promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, sexo y los determinantes físicos, psíquicos y sociales de las personas, realizadas preferentemente en una sola consulta.
En el caso de las personas sin seguridad social, deberá garantizarse la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados;
IV. La atención materno-infantil;
V. La salud sexual y reproductiva;
VI. La salud mental;
VII. La prevención y el control de las enfermedades bucodentales;
VIII. La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud;
IX. La promoción de un estilo de vida saludable;
X. La asistencia social a los grupos más vulnerables y, de éstos, de manera especial, a los pertenecientes a las comunidades indígenas; y
XI. La atención médica a las personas adultas mayores en áreas de salud geriátrica”.
El Estado es el responsable de velar por la salud de los ciudadanos y más aún en proveer este servicio al menos en el primer nivel de atención médica.
En el estado de Hidalgo se cuentan aproximadamente con 470 Centros de Salud para dar atención médica de primer nivel a la población; sin embargo, en la actualidad casi todos se encuentran cerrados, dejando desprotegida a la población más vulnerable.
Un claro ejemplo de lo anterior es lo que ocurre en la capital del estado Pachuca de Soto, la cual cuenta con diecinueve Centros de Salud y ninguno de ellos opera.
Es urgente realizar acciones de coordinación con la federación y la entidad federativa para poner en marcha la apertura y la rehabilitación de estos Centros con la finalidad de que se cuenten con insumos, medicamentos, personal médico y administrativo, que atienda de manera óptima a la población.
Expuesto lo anterior, me permito someter a consideración la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. - La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud, y a su homóloga en el estado de Hidalgo, a implementar las acciones necesarias para garantizar la apertura y buen funcionamiento de los Centros de Salud en el Estado de Hidalgo.
Notas
Ley General de Salud. Leyes Federales de México (diputados.gob.mx)
Unidades por municipio | Secretaría de Salud de Hidalgo
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2021.
Diputada Lidia García Anaya (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader a fortalecer la labor de los centros de investigación regional y campos experimentales a cargo del INIFAP, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Sonia Rocha Acosta, así como las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La agricultura en México es más que un sector productivo, una de las principales fuentes de empleo en las zonas rurales y uno de los mayores activadores de la economía, sin duda es un factor esencial, ya que el desarrollo de mercados locales ayuda a incentivar la producción y comercialización de nuestros productos.
De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, es la dependencia que tiene entre sus objetivos propiciar el ejercicio de una política de apoyo que permita producir mejor y aprovechar las ventajas comparativas del sector agropecuario, así como integrar las actividades del medio rural a las cadenas productivas del sector agropecuario, completar las actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía y estimular la colaboración de las organizaciones de productores con programas y proyectos propios, y para realizar todas estas actividades, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2022, plantea un aumento de 4.1 por ciento en términos reales respecto del Presupuesto aprobado en 2021, (50 mil 967 millones de pesos), sin embargo es necesario precisar que tras la eliminación de diversos programas presupuestarios de 2019 a 2020 hubo un decremento de 29.2 por ciento en términos reales de los recursos para Sader, (21 mil 543 millones menos). Además, en 2019 se asignaron 73 mil 542 millones de pesos a la Secretaría, de los cuales 3 mil 732 millones no fueron ejercidos, este subejercicio representa 5 por ciento de los recursos.
Para alcanzar los objetivos planteados la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ejercerá el Presupuesto 2022 principalmente a través de 7 programas:
1. Producción para el Bienestar
2. Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos
3. Fertilizantes
4. Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura
5. Programa de Abasto Rural, a cargo de Diconsa, S.A de C.V.
6. Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa S.A. de C.V.
7. Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
De estos programas habrá un incremento del 26 por ciento en fertilizantes y los otros seis tendrán un ligero aumento del 0.34 por ciento, sin embargo, el Coneval, al realizar una evaluación del programa de fertilizantes, señala que presenta una serie de inconsistencias, al no establecer criterios claros en su población objetivo, no cuenta con un padrón de beneficiarios y requiere un diagnóstico sobre el problema que busca atender.
El campo es fundamental para la economía del país, sin embargo, las cifras sobre la situación de la pobreza rural y el hambre en México representan una realidad complicada, según el Centro de Análisis de Investigación Fundar,1 dentro de un estudio temático señala que el campo es el sector productivo generador de seguridad alimentaria a todo el país y durante el año 2021 la pandemia tuvo efectos negativos en casi la totalidad de los sectores económicos, excepto el agropecuario.
De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la producción agropecuaria y pesquera del año agrícola 2020, presento un crecimiento del 1 por ciento y la productividad de este sector continúa al alza, lo que refleja de forma clara que el trabajo de las personas dedicadas a la actividad agrícolas se ha mantenido desde que inicio la pandemia, aunque existan condiciones de riesgo debido a la alta tasa de contagios por el Covid-19.
El sector agrícola y ganadero en México son sin duda una de las fuentes más importantes para la alimentación en el país y desde hace varios años ante los elevados costos de insumos y servicios, las pérdidas por cuestiones climáticas y plagas, la falta de capacitación, la pérdida de fertilidad del suelo y la infraestructura suficiente para la producción, han dejado en desventaja a muchos productores, por ello es de suma importancia seguir contribuyendo al desarrollo y avance en la tecnología del campo, para lo cual se cuenta con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), ya que por ser una institución científica y tecnológica en beneficio a la agricultura pecuaria y forestal, a través de sus conocimientos científicos y de innovación, atiende las demandas y necesidades de las cadenas agroindustriales y de los diferentes tipos de productores, además de contribuir al desarrollo rural sustentable mejorando la competitividad y manteniendo la base de recursos naturales, mediante un trabajo participativo.
El INIFAP presento su programa anual de trabajo 2021 en el cual señala que para cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019–2024, el propio plan prevé principios rectores de alcance prioritario, que orientaran al país hacia un desarrollo con bienestar, incluyente e igualitario, en ese sentido, tiene como prioridad orientar todas sus acciones hacia el bienestar general de la población, acorde al principio rector “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera” que fue uno de los principios fundantes de la Agenda 2030.
La ciencia y la tecnología, según INIFAP, impulsan la participación y conocimiento prioritariamente en las unidades de producción de pequeña y mediana escala; “Por el bien de todos, primero los pobres”, para este Instituto significa que las y los productores forestales, agrícolas y pecuarios, tengan las mismas oportunidades de acceso a la información científica y tecnológica que desarrolla el propio Instituto.2
Cabe señalar que el INIFAP cuenta con 8 Centros de Investigación Regional (CIR) y 38 campos experimentales, en el que se cuenta con un equipo de investigadores altamente capacitados en las diversas disciplinas y quienes en sus proyectos de investigación buscan generar soluciones a los problemas agropecuarios y forestales planteados, siendo estos:
• Centro de Investigación Regional Noroeste (CIRNO)
• Centro de Investigación Regional Norte Centro (CIRNOC)
• Centro de Investigación Regional Noreste (CIRNE)
• Centro de Investigación Regional Pacífico Centro (CIRPAC)
• Centro de Investigación Regional Centro (CIR Centro)
• Centro de Investigación Regional Pacífico Sur (CIRPAS)
• Centro de Investigación Regional Golfo Centro (CIRGOC)
• Centro de Investigación Regional Sureste (CIRSE)
El Instituto también cuenta con 5 Centros Nacionales de Investigación Disciplinaria (CENID), que se caracterizan por su alto grado de especialización en una disciplina en particular.
• Fisiología y Mejoramiento Animal
• Agricultura Familiar
• Salud Animal e Inocuidad Relación Agua, Suelo, Planta Atmosfera
• Conservación y Mejoramiento de Ecosistemas Forestales
• Centro Nacional de Recursos Genéticos (CNRG)
Para desarrollar estos proyectos de investigación, en los Centros se concentran 884 investigadores, de los cuales el 19 por ciento tienen nivel de licenciatura, el 49 por ciento maestría y el 32 por ciento doctorado.3
En resumen:
El Centro de investigación Regional del Noroeste (CIRNO) se enfoca a desarrollar proyectos para fomentar la productividad del sector agropecuario y forestal a través de la generación de conocimientos que permitan una mayor competitividad, sustentabilidad y equidad en la sociedad, además de promover la adopción de tecnología, la formación de recursos humanos y ofrecer servicios de calidad a los productores, académicos, estudiantes, técnicos empresas y público interesado. El área de influencia del CIRNO es en los estados de Sonora, Sinaloa, Baja California Sur donde están ubicados los campos experimentales.4
El Centro de Investigación Regional Norte Centro (CIRNOC), ofrece resultados de investigación, conocimiento y tecnología, mismos que el productor utiliza para obtener mayor cantidad y calidad en los productos agrícolas, pecuarios y forestales y así elevar su productividad. Este CIRNOC comprende los estados de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y la Región Lagunera de Coahuila.5
El Centro de Investigación Regional Noreste (CIRNE), es uno de los 8 centros de investigación a través de los cuales opera el INIFAP en el país. El área de influencia del CIRNE comprende los estados de Coahuila (a excepción de la región de la Laguna), Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.6
El Centro de Investigación Regional Pacífico Centro (CIRPAC), incluye 4 estados del occidente de México, Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit, los cuales se caracterizan por tener una gran vocación forestal, agrícola y pecuaria. En esta región se las principales cadenas agroalimentarias a las que se les ha dado atención son:
Agrícolas: Aguacate, agave azul, caña de azúcar, hortalizas (chile, jitomate, sandía y melón), cereales de grano pequeño (trigo, avena, arroz), frijol, maíz, oleaginosas (canola y cártamo), durazno, guanábana, plátano, tamarindo, limón mexicano, palma de coco, mango, melón, plátano, papaya, tamarindo, sorgo y frutillas.
Pecuarias: Bovinos de carne, bovinos leche, cerdos, bovinos doble propósito, forrajes y pastizales, y en menor medida aves.
Forestales: Bosques de pino, incendios, encino, oyamel, y especies maderables y no maderables.7
El Centro de Investigación Regional Centro (CIR Centro) desarrolla proyectos encaminados a fomentar la productividad del sector agropecuario y forestal en México, a generar conocimientos que permitan una mayor competitividad, sustentabilidad y equidad en la sociedad, además de promover la adopción de tecnología, la formación de recursos humanos y ofrecer servicios de calidad a los productores, académicos, estudiantes, técnicos, empresas y público interesado. El área de influencia comprende el estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro y el área agrícola de la Ciudad de México, donde además se encuentran ubicados el Campo Experimental Valle de México, el Sitio Experimental Toluca, el Sitio Experimental Tlaxcala, el Sitio Experimental Hidalgo, el Campo Experimental Bajío y el Sitio Experimental Querétaro.8
El Centro de Investigación Regional Pacífico Sur (CIRPAS) comprende los estados de Chiapas, Guerrero, Morelos y Oaxaca y en su área de influencia se encuentran los Campos Experimentales Centro de Chiapas y Rosario Izapa (Chiapas), Iguala (Guerrero), Zacatepec (Morelos) y Valles Centrales de Oaxaca (Oaxaca), así como cuatro Sitios Experimentales: Rancho Nuevo y La Norteña (Chiapas) y Mixteca Oaxaqueña y Costa de Oaxaca (Oaxaca). En los últimos cinco años y gracias al programa de fortalecimiento de la infraestructura del INIFAP, se construyeron y/o remodelaron instalaciones dignas para el trabajo en todos los campos y sitios experimentales y en la sede de la Dirección Regional.9
El Centro de Investigación Regional Golfo Centro (CIRGOC) comprende los estados de Puebla, Veracruz y Tabasco, así como la región norte del estado de Chiapas. El CIRGOC es referente para el trópico húmedo de México, tanto en el desarrollo, evaluación y liberación de híbridos y variedades de maíz, arroz, frijol, piña, cacao, cocotero, palma de aceite, forrajes tropicales, como en aspectos de ganadería tropical de bovinos de doble propósito (carne y leche) y sobre manejo de plantaciones forestales de hule (Hevea brasiliensis) y cedro rojo (Cedrella odorata). 10
El Centro de Investigación Regional del Sureste (CIRSE) está fuertemente ligado al sector rural, contribuyendo sustancialmente al proceso de transferencia e innovación tecnológica, al ofrecer opciones de solución a la problemática regional en congruencia con las políticas públicas derivadas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales. Cuenta con una estructura operativa constituida por tres campos y cinco sitios experimentales: Los campos experimentales se ubican en cada una de las entidades federativas que componen el CIRSE, con dos sitios experimentales para los estados de Yucatán (Uxmal y Tizimín), Campeche (China y El Tormento) y uno en el estado de Quintana Roo (San Felipe Bacalar). La sede de la Dirección Regional está en la ciudad de Mérida, Yucatán.11
Aunado a lo anterior, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) tiene la facultad de determinar y dirigir acciones de prevención, control y erradicación, a través de actividades de vigilancia epidemiológica; así como establecer requisitos y disposiciones cuarentenarias para atender oportunamente los brotes de plagas, dichos trabajos se realizan en coordinación con gobiernos estatales y organismos auxiliares, por consiguiente el Senasica es el encargado de normar y evaluar los programas operativos, así como emitir un dictamen de cumplimiento y recomendar las medidas correctivas que procedan.12
Es de suma importancia mencionar que el Senasica cuenta con comités estatales y 206 Juntas Locales de Sanidad Vegetal. Los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal son organizaciones integradas por productores agrícolas que fungen como auxiliares para la prevención y el combate de plagas que afectan los cultivos, a través de la colaboración en programas fitosanitarios, desarrollo de estrategias, obtención y aplicación de los recursos económicos, intervención en apoyo del agricultor para la gestión de créditos destinados a la protección de los cultivos y para promover la divulgación de los programas.13
Por lo anterior, el campo requiere de infraestructura necesaria, los centros de estudio adecuados y un personal altamente calificado con el propósito de focalizar los avances para fortalecer el trabajo de investigación, pues es lamentable la falta de incentivos económicos, los altos costos de insumos y servicios, las pérdidas por cuestiones climáticas y plagas, la falta de capacitación, la pérdida de fertilidad del suelo y la infraestructura suficiente para la producción, que están padeciendo los agricultores y ganaderos del país, a pesar de que este sector no haya tenido efectos negativos durante la pandemia, requieren de apoyo para seguir produciendo y apoyando la economía del país.
Por dar un ejemplo más claro de lo antes expuesto y debido a las fuertes inundaciones que se presentaron el pasado mes de septiembre en el estado de Querétaro, al concluir el censo de cuantificación de hectáreas siniestradas a causa de las inundaciones, en San Juan del Río, se registraron un total de 545 cultivos, según información del presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal en la Región.14
Por lo anteriormente expuesto es que las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional exhortamos a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que en materia de su propio presupuesto pueda analizar el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. - La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que fortalezca la labor de los Centros de Investigación Regional y campos experimentales a cargo del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), a fin de que siga contribuyendo de manera integral al trabajo de información y análisis en materia agrícola.
Notas
1 https://fundar.org.mx/pef2022/presupuesto-para-el-campo-y-desarrollo-ru ral/
2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/663060/Programa_Anual_de _Trabajo_2021_INIFAP.pdf
3 https://www.gob.mx/inifap/acciones-y-programas/centros-de-investigacion
4 https://vun.inifap.gob.mx/portalweb/_Centros?C=100
5 https://vun.inifap.gob.mx/portalweb/_Centros?C=200
6 https://vun.inifap.gob.mx/portalweb/_Centros?C=300
7 https://vun.inifap.gob.mx/portalweb/_Centros?C=400
8 https://vun.inifap.gob.mx/portalweb/_Centros?C=500
9 https://vun.inifap.gob.mx/portalweb/_Centros?C=600
10 https://vun.inifap.gob.mx/portalweb/_Centros?C=700
11 https://vun.inifap.gob.mx/portalweb/_Centros?C=800
12 https://www.gob.mx/senasica/acciones-y-programas/acciones-estrategicas- de-sanidad-vegetal
13 https://www.gob.mx/senasica/documentos/directorio-de-comites-estatales- y-juntas-locales-de-sanidad-vegetal?state=published#:~:text=Los%20Organ ismos%20Auxiliares%20de%20Sanidad,obtenci%C3%B3n%20y%20aplicaci%C3%B3n% 20de%20los
14 https://www.inforural.com.mx/son-545-hectareas-afectadas-en-campo-de-sa n-juan-del-rio/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2021.
Diputados: Sonia Rocha Acosta (rúbrica), Gustavo Macías Zambrano, Rodrigo Sánchez Zepeda, Vicente Javier Verástegui Ostos, Noemí Berenice Luna Ayala, Esther Mandujano Tinajero, Ana Laura Sánchez Velázquez, Roberto Valenzuela Corral.
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat y la Conagua a establecer una campaña nacional permanente para fomentar la captación de agua pluvial, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quien suscribe, diputada María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Hoy más que nunca, es de suma y vital importancia que se atienda, tanto por el gobierno como por la sociedad en corresponsabilidad, lo mandatado en el artículo 4o. de nuestra Constitución Política, el cual establece lo siguiente: “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.1
Lo anterior porque en lo que respecta al cuidado y preservación de nuestro medio ambiente y disposición de recursos naturales nos encontramos en una emergencia que afecta ya nuestra supervivencia.
Por parte de la sociedad civil organizada y algunos sectores de la población en general la emergencia ha sido comprendida y debidamente dimensionada y han tratado desde sus alcances y posibilidades no solo atender el problema, sino que también han intentado forjar una conciencia adecuada entre la población sobre este pendiente.
No obstante a lo anterior, estos valiosos esfuerzos no han permeado como se desea ni mucho menos como se requiere porque la mayoría de los gobiernos han quedado mucho a deber en esta materia, pues no tomaron medidas concretas ni decididas para atender el problema, lo único que hicieron fue seguir sujetando a nuestro medio ambiente y recursos naturales a la explotación irracional y con ello ir heredando de administración en administración los pendientes graves que poco a poco, pero de manera intensa y sostenida, se fueron convirtiendo en sumamente peligrosos y en muchos casos hasta irreversibles.
Esta lamentable situación heredada nos obliga más que nunca a asumir verdaderamente el reto que ello implica para atender, aminorar y, si es posible, revertir el daño causado a nuestro medio ambiente.
En este propósito vale la pena resaltar que ningún esfuerzo puede menospreciarse, ni asumirse como menor.
Más aún si nos referimos en específico al cuidado y aprovechamiento del agua para el consumo y sustento de todas nuestras actividades, iniciando por las más básicas, las de supervivencia.
Al respecto, ha habido avances significativos e importantes en materia de cuidado, manejo y preservación del agua en nuestro país, pero estos han sido sin duda alguna, insuficientes.
Lo anterior porque las amenazas que hay sobre la disposición de agua apta para el consumo humano son mayores cada vez y que se combinan con las amenazas resultantes de la contaminación y del calentamiento global, que ya ha derivado en un incremento de la temperatura mundial que, en estudios oficiales desde hace ya varios años se estima en 0.8 grados centígrados.2
Un incremento que se ha advertido y ha demostrado ser no solo amenazante sino también peligroso en el corto, mediano y largo plazo; lo cual ya ha desencadenado desabasto de alimentos, sequías desproporcionadas, aumento amenazante del nivel del mar, eventos meteorológicos excesivos y un gran desplazamiento de población a nivel mundial causado, ya sea por inundaciones, sequías o extinción de especies de flora y fauna, misma que, cabe señalar, llega a poco más del 30% del total de las especies.3
En síntesis, podemos resumir y cuantificar las consecuencias del daño ambiental en al menos un 20% del PIB mundial.4
En nuestro país, los efectos del descuido a nuestro medio ambiente y el desperdicio de nuestros recursos naturales, así como nuestros elevados índices de contaminación ya se han dejado sentir con fuerza.
A pesar de lo anterior, los gobiernos pasados nada o muy poco hicieron, así lo demuestran los elevados registros de nuestras emisiones de gases contaminantes durante el decenio comprendido entre el año 2000 al 2010, gracias a los cuales, fuimos el primer lugar en toda América Latina en volumen de emisiones de gases altamente contaminantes.5
El mismo balance se presenta, si nos referimos a nuestros recursos naturales, ya que, en 5 años, en el periodo comprendido entre el 2005 y el 2010, destruimos irreversiblemente poco más de 160 mil hectáreas de nuestros bosques.6
En lo que respecta al cuidado, disposición y sustentabilidad de nuestra agua, el balance es nuevamente desafortunado, de inicio, basta señalar que poco más del 30% de toda el agua de la cual disponemos para nuestro consumo no se obtiene de manera sustentable, es decir, sin la más mínima tasa de retorno o recuperación, en otras palabras, un consumo voraz y desenfrenado.
Aunado a lo anterior, aproximadamente el 60% del agua para nuestro consumo la tomamos de fuentes no obligatoriamente renovables y en muchos casos altamente contaminadas, como lo son los pocos ríos, lagos y arroyos que nos quedan. Asimismo, un 35% del agua total que consumimos la tomamos de fuentes subterráneas, siendo muchas de ellas tomas ilegales y, por ende, carentes de supervisiones y manejo sustentable; únicamente el 5% de toda el agua que utilizamos diariamente proviene de fuentes renovables como lo son mantos acuíferos reabastecidos por filtraciones de agua de lluvia.7
Lo anterior nos ayuda a comprender por qué nuestro país ostenta a nivel mundial una de las peores y más bajas tasas de recolección de agua pluvial.8
Las alternativas de recolección de agua pluvial en nuestro país y entre nuestra sociedad son prácticamente nulas.
Esto no solo es penoso y desafortunado, sino que también es preocupante, porque la combinación de los efectos del calentamiento global, los daños a nuestro medio ambiente, el desastroso manejo de nuestros recursos naturales y la inconciencia que priva en el cuidado, consumo y disposición de agua en nuestro país nos ha llevado ya a un serio y grave problema de suministro de agua en todo el territorio nacional.
Las estadísticas así nos lo demuestran, basta señalar que, de acuerdo con cifras oficiales, poco más de 13 millones de personas ya padecen un desabasto grave y permanente de agua y, paralelamente, poco más de 4 millones de hogares mexicanos ni siquiera cuentan o tienen el servicio de agua potable.9
A pesar de estas estadísticas desalentadoras, la atención a este histórico problema se ha estado posponiendo por parte las autoridades correspondientes.
Las medidas pertinentes o aconsejables que en diferentes momentos han sido propuestas, tristemente han sido desechadas, bajo un simple enfoque de gasto-utilidad, cuando en realidad deben de ser asumidas como una valiosa inversión impostergable para beneficio de nuestro presente y también de nuestro futuro.
Por ejemplo, la propuesta de instalar infraestructura con el propósito específico de captar agua pluvial para destinarla a diferentes usos en inmuebles con una superficie considerable ha sido desechada por asumirse como un gasto elevado, a pesar de que las bondades, eficiencia y eficacia de esta medida han sido demostradas y contundentemente probadas.
Cabe señalar que la recolección de agua pluvial, ha probado ser una alternativa a largo plazo de bajo y financiable costo, lo cual la hace sustentable, con de un alto beneficio ambiental inmediato y permanente.
Lo anterior está sustentado en un valioso y preponderante factor que nuestra disposición geográfica nos ha obsequiado, en nuestro territorio se reciben poco más de 1,500 millones de metros cúbicos anuales de lluvia en el peor de los casos, porque de unos años a la fecha, debido al cambio climático y sus efectos colaterales, las lluvias han incrementado súbitamente su intensidad en ciertas partes de nuestro país.10
Pero si solo tomamos en cuenta la cantidad de lluvia promedio registrada de manera cotidiana en una temporada regular, fácilmente un hogar con un sistema básico de captación de agua pluvial debidamente instalado podría captar como mínimo el 15% del total de agua que consume en labores cotidianas de riego o limpieza.11
Así de grande y determinante es el beneficio en una casa promedio de nuestro país, el cual se obtiene con la instalación de un sistema básico de captación de agua pluvial, es decir, canaletas de recolección o captación, filtro de escombros, tubos de PVC para guiar el agua y un depósito destinado para su almacenamiento e inmediata utilización.12
De hecho, se tiene calculado que, en nuestro país, con base en los promedios de lluvia registrados comúnmente, cada metro cuadrado de superficie de techo utilizable tiene la capacidad de captar, al menos, 800 litros de agua de lluvia apta para diversas labores domésticas o de riego y si es debidamente tratada puede, incluso, ser potable.13
Este argumento sustenta la viabilidad de dotar con sistemas de captación de agua pluvial a construcciones con superficies de techo mayores como las que poseen por ejemplo la mayoría de inmuebles departamentales o comerciales que tenemos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, lo cual es el objeto de la presente iniciativa.
Con esta medida, en ese tipo de construcciones, cada vez más presentes en nuestro entorno, estaríamos obteniendo un volumen de agua sumamente significativo que se podría destinar a actividades de riego o limpieza; liberando y preservando con ello en la misma proporción el agua que actualmente destinamos para esas actividades sin la debida sustentabilidad y en un acto de franco derroche.
En este orden de ideas, se vuelve imprescindible insistir en el uso y aplicación de alternativas eficientes y probadas para la preservación y cuidado del agua destinada para nuestro uso, como lo es la instalación de sistemas de captación de agua pluvial.
Con la instalación de estos sistemas de captación de agua pluvial en los inmuebles comerciales y departamentales estaríamos dando un paso importante y sentando un antecedente muy valioso en la atención y solución de la escasez de agua que actualmente padecemos y que, en muy poco tiempo, si seguimos sin hacer nada en el corto plazo, será todavía peor, insostenible y quizás hasta amenazante.
No solo estaríamos dándole un respiro a nuestras sobreexplotadas y cada vez menores fuentes de agua de las que actualmente disponemos para nuestro consumo, sino también estaríamos evitando que se desaprovechen y se pierdan todos esos miles de litros de agua pluvial que la naturaleza generosamente nos provee y que hasta la fecha no utilizamos de manera óptima.
Con la aplicación de esta medida, las construcciones referidas dispondrían de agua fácilmente recolectada y debidamente almacenada, la cual se puede aprovechar en actividades como riego, es decir, en el mantenimiento, preservación o incremento de áreas verdes, que también nos hacen mucha falta, o bien, para la limpieza o el servicio sanitario de sus instalaciones. Ganaríamos todos porque liberaríamos en la misma proporción agua apta para nuestro consumo, aminorando con ello los niveles de sobreexplotación en los que actualmente incurrimos en todo el país.
Sin duda alguna, sería un esfuerzo valioso que las generaciones presentes y futuras no solo agradecerán, sino también tendrían siempre presente como un antecedente obligado de nuestro compromiso como sociedad por atender y solucionar el problema amenazante que representa el desabasto y la escasez de agua en nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua a establecer una campaña permanente a nivel nacional de fomento a la captación de agua pluvial y de difusión de las ventajas y beneficios de la instalación en los inmuebles de sistemas de captación de agua de lluvia como parte de una cultura del cuidado y aprovechamiento del agua.
Notas
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4o.
2 Aeronáutica Nacional y Administración Espacial. NASA. Reporte 2014.
3 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano.
4 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano.
5 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Semarnat.
6 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Semarnat.
7 Estadísticas del Agua. Conagua.
8 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. PNUMA
9 Censo de Población y Vivienda. Inegi.
10 Dirección General de Geografía. Cartas de Tipos de Clima. Inegi:
11 Guía del Agua y la Construcción Sustentable. Agua.org
12 Lineamientos Técnicos: Sistema de Captación de Agua de Lluvia con fines de abasto de agua potable a nivel vivienda. Conagua.
13 Lineamientos Técnicos: Sistema de Captación de Agua de Lluvia con fines de abasto de agua potable a nivel vivienda. Conagua.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2021.
Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a implantar acciones conducentes a reactivar las actividades deportivas en las escuelas de educación básica, privilegiando las medidas de salud para evitar contagios de Covid-19, a cargo de la diputada Lidia García Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada federal Lidia García Anaya, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La pandemia del Covid-19 ha tenido un fuerte impacto en el deporte, la actividad física y la educación física, como lo ha tenido también en otros estamentos de la sociedad. Como consecuencia de este momento que vive la humanidad, se han tenido que suspender eventos deportivos nacionales e internacionales.
Según la Secretaría General Iberoamericana, en muchos países de Iberoamérica se han restringido las actividades deportivas de los ciudadanos, algunos centros deportivos se han adecuado como hospitales improvisados, y a muchos deportistas y entrenadores les han suspendido o cancelado sus contratos de trabajo.
Sin embargo, la pandemia también ha resaltado la importancia que tiene la actividad física y el deporte a nivel internacional.
Los gobiernos, los organismos internacionales, federaciones, ligas, clubes, incluso deportistas profesionales y entrenadores particulares han hecho un llamado especial para promover la actividad física durante la cuarentena. Diferentes estrategias creativas en línea han surgido para que las personas cuiden su salud física, mental y emocional. A su vez, algunos países de la región, que decretaron cuarentena absoluta, incluyen la realización de actividades físicas al aire libre, como una de las excepciones al confinamiento, aplicando protocolos de cuidado.
Como un ejemplo a nivel mundial, UNESCO ha coadyuvado en la implementación de acciones entre los gobiernos, a través de conferencias ministeriales en educación, cultura, y ciencia y tecnología.
Las respuestas frente a la pandemia implican acciones coordinadas e intercambio de información, y las políticas del deporte no deben ser ajenas a ello, especialmente frente al Covid-19 y su impacto en la práctica deportiva para la niñez, mujeres, adultos mayores y personas en situación de discapacidad.1
En México, ante la reducción de contagios producidos por el virus Covid-19, las autoridades federales y estatales han permitido la reanudación de diversas actividades como lo es el caso del regreso a clases de los alumnos de educación básica y nivel medio superior y superior.
El artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace referencia a que toda persona tiene derecho a la educación, en su párrafo doce, establece lo siguiente:
“Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras”2
En el entendido de que es una obligación constitucional establecer en los planes y programas de estudio de las escuelas la educación física y el deporte, las autoridades en la materia deben implementar protocolos para el regreso a clases y las actividades deportivas, ya que deben por una parte fomentar estas prácticas y por otra velar en todo momento por la salud y la integridad física de los estudiantes.
Es por ello, que es fundamental que se implementen acciones focalizadas y coordinadas en los tres niveles de gobierno para fomentar las prácticas deportivas y reducir los riesgos de contagios por Covid-19.
Expuesto lo anterior, me permito someter a consideración la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. - La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública a implementar las acciones necesarias para reactivar las actividades deportivas en las escuelas de educación básica, privilegiando las medidas de salud necesarias para evitar los contagios provocados por el virus Covid-19.
Notas
1 shs-agendanotaconceptual-conferencia_deporte_covid19-2020.pdf (unesco.org)
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Leyes Federales de México (diputados.gob.mx)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2021.
Diputada Lidia García Anaya (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y la Semarnat a establecer una campaña nacional permanente de advertencia respecto a los daños que el asbesto y sus variantes pueden provocar en la salud y el ambiente, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quien suscribe, diputada María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Desde siempre, tanto en los hogares de manera particular como en la sociedad en su conjunto, de manera generalizada atravesar por una enfermedad de prolongado tratamiento y, si es el caso, de permanencia hospitalaria representa una gran preocupación, reto y gasto, muchas veces imprevisto, para las finanzas familiares.
Lamentablemente, el abanico de este tipo de padecimientos es grande y sumamente diverso. Son muchas las enfermedades que nos remiten a esta condición, al igual que las lesiones que nos pueden llevar a ello.
En lo que se refiere a las enfermedades, son, de igual manera, muy diversificados los detonantes y los factores de riesgo que las crean, las motivan o las favorecen.
Por ejemplo, tenemos las cuestiones genético-hereditarias y, por otro lado, los hábitos de alimentación, cuidados y procuración de la salud, además de cuestiones como la contaminación o hasta los niveles de preocupación o estrés a los que nos sometemos.
Como podemos darnos cuenta, algunos detonantes de estas enfermedades los podemos controlar, evitar y quizás hasta erradicar, otros, desafortunadamente, están fuera de nuestras manos.
La humanidad ha dado atención y seguimiento a este tipo de enfermedades, es decir, a su diagnóstico, identificación, prevención y tratamiento, y, al mismo tiempo, a los factores de riesgo o detonantes de las mismas.
A la par de lo anterior, hemos puesto mucho empeño en desarrollar, consolidar y contar con una infraestructura médica y hospitalaria adecuada para coadyuvar en esta tarea.
De entre todas estas enfermedades de tratamiento prolongado y devastadoras emocionalmente tenemos una en particular que es sumamente alarmante: el cáncer.
Esta enfermedad, hasta hace no mucho tiempo, la asumíamos como poco frecuente, es decir, no eran muchos los casos presentes entre nuestra población y generalmente se presentaba en población de edad adulta o adulta mayor, o al menos esa era la percepción.
No obstante, hoy tanto la situación real como la percepción de esta enfermedad han cambiado radicalmente.
Esta enfermedad es definida por la academia médica como un padecimiento que se desarrolla a partir de un “rápido y desordenado crecimiento de células anormales”.1
Condición médica de la cual, desafortunadamente, y a pesar de todo el avance tecnológico en materia de salud con el cual contamos, no hemos podido ni curar ni prevenir del todo.
Su diagnóstico preciso muchas veces es complicado y en algunas ocasiones es hasta tardío, derivado de que los síntomas que nos alertan sobre su padecimiento aparecen cuando la enfermedad ya ha avanzado notoriamente en nuestro organismo.
Es cierto que los chequeos habituales del estado general de salud con una periodicidad anual nos alertarían de la probable presencia o desarrollo temprano de una condición así, pero la realidad es que somos un país con una población sin una cultura y muy probablemente también sin los medios y recursos necesarios para realizarse esos chequeos médicos y de prevención de la salud de manera regular.
De hecho, autoridades en materia de salud señalan que 7 de cada 10 mexicanos no se realizan estudios preventivos ni chequeos de su condición y estado de salud.2
Ante ello, la presencia del cáncer entre nuestra población, de todas las edades y sin importar género, es cada vez mayor. Lo anterior es muy preocupante en materia de salud pública.
Se trata de un reto mayor de muchos vértices por atender; por un lado, tenemos pendientes en lo que respecta al diagnóstico oportuno, como también al tratamiento correcto y accesible y, por otro, está la prevención del padecimiento.
A nivel mundial han sido notables los esfuerzos por hacerle frente a esta enfermedad, se ha avanzado significativamente al grado de que su padecimiento ya no es una sentencia segura de muerte. Pero, a pesar de todos los adelantos en materia de tecnología, no hemos podido aún descubrir su cura.
Por eso sigue siendo todavía elevada su mortalidad y, por supuesto, un factor de alta preocupación entre las familias que tienen algún integrante con esta condición, lo que convierte cualquier esfuerzo por avanzar en prevenirlo e identificarlo en un muy valioso propósito.
Así lo es para todos en general y más aún para las familias de los poco más de 8.8 millones de personas que pierden la vida a nivel mundial cada año, por consecuencia directa del cáncer.3
En nuestro país, el panorama es igual de preocupante y en algunos casos, muy desalentador.
Cada año nuestras autoridades en materia de salud reportan y dan cuenta de que en promedio se registran 191 mil casos nuevos de cáncer entre la población de diferentes edades cada año.4
Asimismo, señalan nuestras autoridades que el cáncer es ya la tercera principal causa de muerte entre nuestra población y que, de seguir la misma tendencia y estadística en cuanto a casos, se estima que para el año 2026 el diagnóstico de tumores cancerígenos se incrementará en al menos 50 por ciento.5
En otras palabras, hoy en día 14 defunciones de cada 100 que se registran en México son a causa del cáncer.6
Desafortunadamente, para nuestro país, como se mencionó anteriormente, el número de defunciones se ve favorecido al alza porque la identificación del cáncer se realiza en etapas tardías, cuando ya ha avanzado demasiado, o bien, se ha diseminado a más partes y órganos del cuerpo, lo cual complica y, en ocasiones, anula definitivamente la posibilidad de combatirlo.7
En nuestro país, se registran poco más de 84 mil muertes por cáncer cada año, siendo los principales tipos el cáncer de mama, de próstata, de colon, de tiroides, cérvico-uterino y de pulmón.8
Asimismo, vale la pena resaltar que 30 por ciento de los distintos tipos de cáncer que se diagnostican entre nuestra población se deben directamente al tabaquismo, el consumo de alcohol, hábitos alimenticios, contaminación ambiental y sedentarismo; en otras palabras, se trata de padecimientos que pueden prevenidos.9
El cáncer reduce drásticamente la expectativa de vida de quienes lo padecen, aun identificándolo en sus etapas iniciales. De acuerdo con estudios al respecto, se sabe que la expectativa de vida de los pacientes con cáncer puede llegar a reducirse hasta los 63 años.
Con todo lo anterior, quienes integramos la presente Legislatura nos podemos dar cuenta del enorme reto pendiente que tenemos respecto a la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer entre nuestra población.
Por ello, es sumamente relevante que coadyuvemos en todas las etapas, en el esfuerzo por combatirlo y con ello ayudar a quienes lo padecen y proteger a la población para que no lo desarrolle.
Lo anterior implica que estemos atentos y pendientes para dotar a nuestro país de la infraestructura necesaria para hacerle frente a este mal, asimismo, el tener y mantener el suficiente capital humano de servicios de salud para su correcto tratamiento y, a la par, garantizar los medicamentos e insumos suficientes para combatirlo.
En este sentido, no podemos omitir atender o desentendernos de la prevención y la eliminación de los factores que lo detonan o desarrollan.
Cualquier estrategia pública para mitigar la incidencia del cáncer entre la población estaría incompleta si no se atienden los detonantes y factores de riesgo.
En este propósito especialmente preponderante, hay un material que sigue siendo ampliamente usado en nuestro país y que, precisamente, es objeto de la presente iniciativa. Este material ha sido identificado mundialmente como una sustancia alta y peligrosamente cancerígena y también mortalmente contaminante, me refiero al asbesto.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el asbesto, también llamado amianto, es un mineral con destacadas cualidades de resistencia a la fricción, el desgaste natural, el calor y con un costo muy accesible.10
Esas cualidades han permitido que el asbesto sea muy demandado y ampliamente utilizado para producir un sinnúmero de objetos y productos tanto industriales como de uso cotidiano y permanente en nuestros hogares, que pueden ser desde tubería para agua y drenaje hasta pisos, láminas, tinacos, techos, aditivos para plásticos, envases y autopartes, entre muchos productos más.
Desde 1977 se identificó que el asbesto era un material altamente cancerígeno y que la inhalación de sus fibras provoca cáncer pleural, cáncer del peritoneo, de faringe, de ovarios y pulmonar.11
Igualmente, para 1986, el asbesto fue declarado por la OMS como elemento cancerígeno con una ventana de 20 años para la manifestación de su impacto en la salud.12
A la par, desde ese entonces se reconoció y se alertó mundialmente a la población y a los gobiernos que no hay un nivel mínimo seguro de exposición a cualquier tipo de asbestos o sus variantes.13
Por ello, se tiene el registro de que a nivel mundial más de 50 países ya han prohibido determinante y absolutamente su uso, o bien, el uso de sus variantes.
En nuestro país el asbesto no está prohibido, por mucho tiempo se ha debatido demasiado al respecto, pero desafortunadamente los intereses económicos de particulares se han impuesto o han sometido al interés supremo de la salud pública, de la salud de la población que los gobiernos están obligados a atender, preservar y garantizar.
Irónicamente el asbesto y su amplio uso o aplicación es defendido por parte de la industria, dado su bajo costo, a pesar de que todo el asbesto utilizado en nuestro país es importado, porque nosotros no contamos con minas para su extracción.14
Todo esto, muy a pesar de los significativos casos registrados desde ese entonces y hasta la fecha de cáncer en las cercanías de las empresas que lo utilizan, así como también de los casos identificados por la exposición directa o indirecta a productos hechos con este material, o bien, por el contacto con agua contaminada por pasar a través de tuberías hechas de asbesto o por almacenarla en tinacos para agua de uso doméstico.
De hecho, todavía existen muchos hogares en todo el país, tanto en ambientes urbanos como rurales, que siguen usando láminas de asbesto para techar sus habitaciones.
Basta señalar que, de acuerdo al último censo de población y vivienda de nuestro país, de los más de 35 millones de viviendas particulares que hay en nuestro territorio, al menos el 17 por ciento de estos tienen techo de lámina.15
Y el principal material con el que están hechas las láminas con las que millones de personas techan sus hogares es el asbesto.
Con este simple dato nos podemos dar cuenta de la magnitud del problema, del enorme tamaño de esa fuente cancerígena para quienes habitan esos hogares y además para toda la población porque el asbesto genera residuos que se convierten en un mortal contaminante para todo el medio ambiente. Así de preocupante es el problema que hemos dejado crecer, así de colosal es esta condenable situación de salud pública.
Si lo anterior no fuera suficiente, todavía tenemos otra presencia sumamente peligrosa del asbesto en nuestras vidas, en nuestro ambiente. Peligrosamente, la gran mayoría de extensión de la red hidráulica de agua para uso doméstico en muchas ciudades del país está compuesta por tubería de asbesto.
En otras palabras, en nuestros hogares estamos recibiendo y utilizando agua potencialmente contaminada por las características que posee el asbesto en función de la erosión y el paso del tiempo. Lo mismo pasa con la mayoría de la tubería de nuestros drenajes.
Por ello, no sólo estamos ante un problema mayúsculo en materia de salud pública, no sólo estamos ante un material altamente tóxico y cancerígeno, sino también ante un contaminante sumamente peligroso y letal.
Al haber tantos hogares techados con láminas de asbesto y con una gran red hidráulica de agua para uso doméstico, el aire que respiramos y el agua que consumimos podrían estar peligrosamente contaminados con este material cancerígeno. Lamentablemente, por mucho tiempo no hemos querido o hemos omitido hacer algo al respecto, o bien, hemos cedido al argumento de la industria la cual afirma que no hay material para sustituirlo.
Lo anterior representa un argumento falso porque sí hay sustitutos disponibles e igualmente accesibles en cuanto a su costo. Tenemos sustitutos del asbesto que han probado no representar un riesgo para la salud, además de ser materiales sustentables, como algunas fibras sintéticas e incluso fibras vegetales que ya están disponibles.
En realidad, el verdadero argumento o motivo por el que la industria se rehúsa a dejar de utilizar el asbesto, es por interés económico, por cuestiones de utilidad, de ganancia.
El hecho de que se privilegie la ganancia y el lucro económico de los particulares por encima de la vida de los seres humanos es algo intolerable, es algo que ya no podemos permitir más.
Esta soberanía debe asumir la responsabilidad que le corresponde desde sus facultades e insistir en la atención adecuada de este problema para que las autoridades correspondientes informen, avisen y notifiquen a la población mediante campañas nacionales de la peligrosidad cancerígena y altamente contaminante del asbesto.
Tenemos que ser insistentes sobre la necesidad de informar debidamente a la población respecto a este tema que dañando irreparablemente la salud de toda nuestra población, que ha arrebatado la vida a un sinnúmero de personas y que ha contaminado letalmente nuestro medio ambiente y nuestra agua disponible.
Se requieren campañas nacionales de información sobre la peligrosidad en el uso del asbesto con el propósito de proteger la vida y la salud de nuestra población.
Estas campañas son urgentes ya que en nuestro país el cáncer de pulmón es el tumor más letal entre nuestra población y aunque por su número de casos no está entre los primeros tipos de cáncer, sí es el cáncer que ocupa el primer lugar en muertes causadas.
Además, en promedio 85 por ciento de los casos de cáncer de pulmón que se presentan entre nuestra población se encuentran relacionados directamente con el tabaquismo, o bien, con la contaminación del medio ambiente. En lo anterior el asbesto tiene un papel preponderante.
En virtud lo anterior, es momento de que esta soberanía cumpla adecuadamente sus funciones y la encomienda constitucional que todos quienes la integramos asumimos al tomar protesta como diputados federales, lo cual nos obliga a defender la vida de toda nuestra población y proteger la salud de todos, así como nuestro medio ambiente.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal a establecer una campaña permanente a nivel nacional de advertencia a la población en general respecto a los graves daños que el asbesto y sus variantes pueden provocar en la salud de las personas y en el medio ambiente.
Notas
1 Mortalidad por cáncer. Bustamante. 2012.
2 Secretaria de Salud.
3 Organización Mundial de la Salud.
4 Secretaria de Salud. 2020.
5 Secretaria de Salud. 2021.
6 Secretaria de Salud. 2020
7 Instituto Nacional de Cancerología.
8 Secretaria de Salud. 2020.
9 Secretaria de Salud. 2020.
10 OMS.
11 OMS y Agencia Internacional de Investigación del Cáncer.
12 OMS.
13 OMS.
14 Secretaria de Economía. México
15 Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2021.
Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT y la Guardia Nacional a llevar a cabo en carreteras y caminos federales operativos de supervisión de vehículos de autotransporte de carga, a cargo del diputado Raymundo Atanacio Luna, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, diputado Raymundo Atanacio Luna, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1 , fracción I y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Guardia Nacional de las 32 entidades federativas, llevar a cabo operativos de supervisión de los vehículos de autotransporte de carga que circulan por las carreteras y caminos federales del país, con el fin de que cumplan con las normas oficiales y con el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal y, con ello, mejorar la seguridad vial que evite accidentes en los que estén involucrados los autotransportistas.
Exposición de motivos
Los accidentes en autopistas y carreteras federales de nuestro país se han convertido en las principales causas de muerte en los últimos años y es que en el reporte del Anuario Estadístico de Accidentes en Carreteras Federales 2019, se registraron 12 mil 56 siniestros que dejaron un saldo de 3 mil 44 personas fallecidas en el lugar de la colisión y 8 mil 501 lesionados destacando los estados de Veracruz (1,000), Guanajuato (742) y Jalisco (633), que agrupan 2 mil 375 colisiones que dejaron un saldo de 607 fallecidos y mil 595 lesionados, así como Sonora, Durango y Michoacán.
Por otro lado, en el Anuario Estadístico de Accidentes en Carreteras Federales 2020, de los 18 mil 212 automotores involucrados en un hecho vial, 801 automotores son en configuración full (doble remolque), colocando a este tipo de vehículos como el quinto de mayor participación en accidentes, estos hechos provocaron 64 fallecidos en el lugar y 120 lesionados.
Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que en México la mayor parte de los accidentes ocasionados, se deben a aquellos vehículos de carga; ya sea de semirremolque, remolque y doble remolque. Estos últimos causan en el país más de mil 600 accidentes al año y aproximadamente más de mil decesos. México ocupa el séptimo lugar entre los países con mayor número de accidentes viales en carreteras federales.
La mayoría de estos accidentes, han sido por distracciones, el mal estado físico- mecánico de la unidad, el exceso de velocidad, la invasión de carril, el conducir con sueño o en estado de ebriedad y rebasar sin precaución. A lo que se le atribuye la falta de prevención tanto por la empresa responsable como por los autotransportistas.
Un reciente accidente carretero se suscitó la tarde de este sábado 6 de noviembre, en el cual está involucrado un tráiler, que presuntamente se quedó sin frenos, arrollando varios vehículos que se encontraban detenidos en la caseta de cobro San Marcos Huixtoco, municipio de Ixtapaluca, en la autopista México-Puebla, dejando hasta el momento, 19 personas fallecidas, y 3 heridos.
El artículo 35 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes señala que todos los vehículos de autotransporte de carga, pasaje y turismo que transiten en caminos y puentes de jurisdicción federal, deberán cumplir con la verificación técnica de su condiciones físicas y mecánicas y obtener la constancia de aprobación correspondiente con la periodicidad y términos que la Secretaría establezca en la norma oficial mexicana respectiva.
Asimismo, el artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes refiere que los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga, deberán cumplir con las condiciones de peso, dimensiones, capacidad y otras especificaciones, así como con los límites de velocidad en los términos que establezcan los reglamentos respectivos. Mismos que están obligados a contar con dispositivos de control gráficos o electrónicos de velocidad máxima.
Que la fracción XVI del artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización dispone que las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad establecer las características y/o especificaciones que deben reunir los vehículos de transporte a fin de garantizar la protección de las vías generales de comunicación y la seguridad de sus usuarios;
Que el artículo 36, fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal faculta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para fijar las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes;
Que la fracción VI, del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, faculta a la Secretaría a expedir las normas oficiales mexicanas de vehículos de autotransporte y sus servicios auxiliares;
Que las normas oficiales de vehículos de autotransporte son:
• Norma oficial mexicana nom-012-sct-2-2017, sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal.
• Norma Oficial Mexicana NOM-068-SCT-2-2014, Transporte terrestre-Servicio de autotransporte federal de pasaje, turismo, carga, sus servicios auxiliares y transporte privado-Condiciones físico-mecánica y de seguridad para la operación en vías generales de comunicación de jurisdicción federal.
• Norma Oficial Mexicana NOM-035-SCT-2-2010, Remolques y semirremolques-Especificaciones de seguridad y métodos de prueba. Con esta norma se busca adecuar algunas especificaciones y que se alinee con el Reglamento de Tránsito de Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal.
Según las normas oficiales, las unidades doblemente articuladas deben cumplir con:
a) La velocidad máxima de 80 km/h, o la que se indique en el señalamiento, cuando ésta sea menor.
b) Circular confinado al carril de la extrema derecha, excepto en rebase.
c) Luces encendidas permanentemente mediante el sistema electrónico instalado en el vehículo.
d) Circular con un mínimo de 100 metros de separación respecto de otros vehículos pesados, así como conservar la distancia de seguridad que le garantice su detención oportuna.
e) La unidad debe contar con dispositivo regulador de velocidad.
Que por lo anteriormente expuesto y fundado someto a esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Guardia Nacional de las 32 entidades federativas, llevar a cabo operativos de supervisión de los vehículos de autotransporte de carga que circulan por las carreteras y caminos federales del país, con el fin de que cumplan con las normas oficiales y con el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal y con ello, mejorar la seguridad vial que evite accidentes en los que estén involucrados los autotransportistas.
Referencias:
http://www.sct.gob.mx/informacion-general/normatividad/t ransporte-terrestre/reglamentos-federales/
http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/6890/sct5a12_C/sct 5a12_C.html
https://imt.mx/archivos/Publicaciones/DocumentoTecnico/d t80.pdf
https://axa.mx/blogs/blog-axa/accidentes-automovilistico s-en-carretera-en-mexico
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2021.
Diputado Raymundo Atanacio Luna (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SCT a emprender acciones que permitan limitar la circulación de las unidades de autotransporte de carga de doble remolque o semirremolque, como medida de seguridad para los usuarios de las carreteras, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quien suscribe, diputada María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Sin duda alguna resulta imprescindible para todas las economías a nivel mundial la correcta sincronía y armonización entre los requerimientos técnicos, la infraestructura y los servicios necesarios para la distribución de productos e insumos dirigidos a la satisfacción de las demandas. La evolución de las sociedades acompañada de la interconexión en las economías exige contar con estrategias adecuadas para un correcto funcionamiento en los métodos de distribución y transporte a fin de disminuir significativamente el riesgo de retrasos y pérdidas económicas. Por ello, contar con una infraestructura sólida y desarrollada acompañada de inversiones constantes se vuelve uno de los retos más importantes tanto para los gobiernos como para la sociedad en su conjunto.
Aunado a lo anterior, resulta fundamental poseer la capacidad suficiente y adecuada para la distribución y disposición de bienes, servicios e insumos los cuales valiéndose de la infraestructura instalada y disponible coadyuven correctamente en el proceso económico, en este sentido, dada la importancia de contar con servicios de autotransporte adecuados y su relevancia en la cadena productiva, cualquier esfuerzo por perfeccionarlos resulta sumamente valioso.
Es importante resaltar que la existencia de fallas en el subsistema de autotransporte impacta directamente en los procesos productivos trayendo consigo repercusiones negativas en términos económicos las cuales pueden llegar a impactar en el corto y largo plazo generando crisis y estancamientos en el crecimiento.
Derivado de lo antes señalado resulta fundamental cuidar todos y cada uno de los factores que intervienen y forman parte del desarrollo económico, en nuestro país este tema no debe ser la excepción y debemos centrar nuestra atención en la formulación de estrategias, políticas y acciones encaminadas al fortalecimiento de las infraestructuras de autotransporte y servicios de logística.
En este orden de ideas, resulta fundamental destacar la importancia del subsector de autotransporte como parte del proceso productivo, el cual ha sido pieza clave en el desarrollo y crecimiento de nuestra economía, sin embargo, vale la pena resaltar las prácticas negativas existentes a su alrededor, mismas que van desde malos manejos, falta de inversión y capacitación, sin dejar de lado el conjunto de situaciones de inseguridad en las que se ha visto involucrado.
Para nuestra economía es indiscutible el aporte y relevancia de dicho subsector como factor estratégico en el desarrollo de la productividad y búsqueda de mayor competitividad, además de ser un modo de integración nacional, por ello, es necesario implementar procesos continuos de vigilancia, planeación y ajustes acordes a las demandas económicas y necesidades de la sociedad.
Es importante señalar que a pesar de las diversas problemáticas existentes en torno al subsector antes mencionado se han logrado vencer las dificultades permitiendo consolidarse como pieza fundamental dentro del proceso productivo nacional. Como muestra de lo anterior se puede resaltar el crecimiento registrado por las empresas prestadoras de sus servicios a tasas anuales mayores a 10 por ciento,1 incluso en esta época de pandemia, en dicho comportamiento destaca el crecimiento de 13.3 por ciento entre 2016 y 2017 alcanzando un total de 25 mil 720 empresas prestando servicios de autotransporte.2
Las cifras anteriores dan muestra de la capacidad nacional para movilizar, tanto al interior como al exterior, las más de 600 mil toneladas de productos y mercancías de las que se tiene registro, sosteniendo con ello tasas de crecimiento constantes de al menos 2 por ciento en materia de capacidad de transporte y movilización para todo el territorio.3
Lo anterior ha sido posible gracias a la disponibilidad efectiva de por lo menos 463 mil 016 vehículos motrices, 453 mil 916 vehículos de arrastre y 449 grúas industriales,4 en otras palabras, hacemos referencia a un sector imprescindible compuesto por un total de 917 mil 381 vehículos disponibles para el servicio del autotransporte de carga de productos y mercancías a lo largo del territorio nacional, parque vehicular que, es preciso destacar, presenta tasas sostenidas de crecimiento las cuales alcanzan 6 por ciento anual.5
Otro elemento para resaltar es el relacionado con el porcentaje de carga nacional movilizado a través del subsector de autotransporte, mismo que alcanza 56 por ciento de toda la carga transportada vía terrestre. Particularmente, el subsector de autotransporte contribuye con 83 por ciento en el sector transporte.6
A su vez, y derivado de todo el dinamismo anteriormente descrito, nuestro subsector de autotransporte genera un número importante de empleos directos en nuestro país para beneficio de la sociedad y de la economía nacional, alcanzando aproximadamente 2 millones de ellos.7
Como se ha señalado con anterioridad, a pesar de la relevancia del subsector del autotransporte de carga para la economía de nuestro país, a lo largo del tiempo ha padecido importantes carencias y pendientes, algunos hasta históricos, los cuales por lamentables intereses sórdidos no han sido atendidos adecuadamente, o bien, han sido pospuestos, pero que irremediablemente se han convertido en prioridad.
De entre todas estas omisiones señaladas, existe especialmente una que ha creado no sólo controversia o expectativa, sino también ha generado accidentes desafortunados e incluso mortales, me refiero a las consecuencias causadas por el consentimiento o tolerancia de la circulación a lo largo y ancho de nuestras vías generales de comunicación de vehículos de autotransporte de carga con dos o más remolques o semirremolques.
El tema del doble remolque en nuestro país se ha convertido en un grave problema descaradamente evadido gracias al desinterés de las autoridades, el cual se ha convertido en una problemática de seguridad pública con dos aristas bien definidas.
Por un lado, encontramos las implicaciones en materia de inseguridad para los operadores de estas unidades vehiculares con doble remolque y a la vez de las mercancías o productos trasladados.
Se tiene el registro que en nuestro país circulan por lo menos de manera debidamente autorizada, es decir sin considerar todos los casos de vehículos de doble remolque operando y prestando sus servicios de manera ilegal y clandestina, poco más de 40 mil unidades, por lo menos 8 por ciento del total del parque vehicular del sector.8
A pesar de estar frente a un número significativo y creciente de vehículos de doble remolque circulando en el país, multiplicando en sí mismo los factores de riesgo, el problema más grave y urgente radica en que nos referimos a unidades obsoletas o en malas condiciones, tanto físicas como mecánicas. De acuerdo con cifras oficiales, aproximadamente 60 por ciento de los vehículos utilizados para el autotransporte de carga en nuestro país son calificados y considerados como obsoletos.9
Lo anterior es de por sí ya preocupante, pero destaca el hecho de que México es uno de los países donde se permiten los mayores límites máximos de carga, de acuerdo con lo establecido en la NOM-012.10 Cabe destacar que al peso autorizado de la carga transportada es necesario sumarle el peso de la unidad vehicular, en ese sentido, en nuestro país tenemos circulando vehículos de doble remolque con un peso aproximado de 113 toneladas, asumiendo que las empresas respeten la carga máxima permitida.
Derivado de lo antes expuesto, contamos con la suficiente evidencia para determinar que el autotransporte de carga de doble remolque, así como las condiciones en las que opera es generador de diversos accidentes, colocando el tema como un serio problema de seguridad.
Ahora bien, a la excesiva carga máxima permitida, las deplorables condiciones físico-mecánicas de las unidades y un parque vehicular obsoleto debemos agregarle el factor humano, el cual resulta determinante en la operación cotidiana de las unidades, generando importantes accidentes viales causando con ellos la pérdida lamentable de vidas humanas.
En este sentido, resulta fundamental recalcar que por un lado tenemos la presencia latente del error humano en la conducción de las unidades el cual se ve potencializado por situaciones como la nula o escasa capacitación de los operadores, desgastantes jornadas de conducción sin un adecuado tiempo para el descanso y recuperación, acompañado del consumo habitual de sustancias prohibidas durante las horas laborales, poniendo en riesgo no sólo la vida de los operadores y la integridad de las mercancías transportadas, sino también aumentando el peligro latente a la vida de los usuarios cercanos a las unidades de doble remolque.
Derivado de lo antes expuesto, se desprende que los esfuerzos por mejorar las reglamentaciones dirigidas a la certificación de las condiciones físico-mecánicas del doble remolque, la significativa reducción de sus límites de velocidad o el establecimiento de mayores requerimientos en cuanto al equipamiento de las unidades han sido insuficientes o, más bien, ineficaces.
Por ello, resulta evidente que, aunque cambiemos todo el parque vehicular del doble remolque por unidades completamente nuevas, se certifique adecuadamente a los conductores, o bien, se disminuya la carga máxima permitida, la circulación de transporte de carga de doble remolque siempre representará una amenaza latente.
La única medida real, concreta y determinante para terminar con esta grave problemática es prohibir su circulación por completo favoreciendo el uso de alternativas más viables y seguras como el ferrocarril.
Mientras no contemos con la suficiente decisión y capacidad para entender y asumir que el doble remolque debe salir de circulación en todo nuestro país vamos a seguir presentando lamentablemente por lo menos 20 mil accidentes anuales donde se vean involucradas unidades de autotransporte de carga,11 así como también los 5 mil accidentes que se registran directamente generados por una unidad de doble remolque en nuestras carreteras.12
Quienes integramos la presente soberanía no podemos ni debemos evadir la responsabilidad que tenemos para ofrecer las mejores y mayores condiciones de seguridad para todos los ciudadanos en todas las carreteras del país. Tampoco debemos ser omisos en la responsabilidad de generar las condiciones necesarias para que el sector de autotransporte de carga sea seguro y al mismo tiempo competitivo y rentable.
En este panorama, las unidades de doble remolque no pueden seguir circulando en las carreteras del país.
En este sentido, debemos ser insistentes y exhortar a las autoridades correspondientes a que asuman con determinación su compromiso de brindar las condiciones de seguridad para todos quienes transitamos en las carreteras del país y a la vez a nuestro sector autotransporte de carga.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a emprender las acciones necesarias que permitan limitar a la brevedad posible la circulación de las unidades de autotransporte de carga de doble remolque o semirremolque, como medida de seguridad para los usuarios de todas las carreteras del país y, a la vez, tome acciones concretas para promover y facilitar el uso del ferrocarril como medio alternativo de transporte a gran escala de productos y/o mercancías.
Notas
1 Estadística Básica del Autotransporte Federal 2019. Disponible en:
https://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/ EST_BASICA/EST_BASICA_2019/Estad%C3%ADstica_B%C3%A1sica_del_Autotranspo rte_Federal_2019_.pdf
2 Ibídem
3 Ibídem
4 Ibídem
5 Ibídem
6 Ibídem
7 Ibídem
8 Parque Vehicular del Autotransporte de Carga. SCT.
9 Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones. (ANPACT)
10 SCT. Norma Oficial Mexicana NOM-012. Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5508944&fecha=26/12/2 017
11 Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI)
12 Ibídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2021.
Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE a pronunciarse a través de la representación de México en la COP26 por una transición energética internacional y soberana, a cargo de la diputada Judith Celina Tánori Córdova, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, Judith Celina Tánori Córdova, diputada federal del Grupo Parlamentario del Morena, integrante de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes.
Consideraciones
No son nuevos los estudios del impacto atmosférico que revelan cómo se ha provocado un aumento acelerado de las emisiones de gases de efecto invernadero durante el siglo XXI. Sabemos que diversas actividades humanas realizadas durante años sin el menor recato están provocando un cambio climático a nivel internacional que pone en riesgo la salud de nuestro planeta, así como la sobrevivencia de diversas especies que habitan la Tierra, incluida la especie humana.
A partir de estos descubrimientos científicos y con el compromiso de contrarrestar los efectos medioambientales, en todo el mundo los gobiernos se han comenzado a organizar a partir de foros y cumbres donde se identifican los problemas ecológicos actuales, se diseñan y discuten soluciones para frenar el progreso de este desgaste mundial y se procura a toda costa la protección de los recursos del medioambiente a través de políticas públicas para un desarrollo sostenible.
Este es el caso de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26), celebrada del 1 al 12 de noviembre en Glasgow, Escocia, donde la delegación mexicana enviada por la SRE, forma parte de las discusiones internacionales en materia de gobernanza para el cambio climático, siendo protagonista de un debate por las acciones globales en favor de la conservación del medio ambiente. Algunos de los principales objetivos de esta Cumbre contra el Cambio Climático se basan en reducir de forma sustancial las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y limitar el aumento global de la temperatura en este siglo a 2° Celsius, al tiempo que busca medios de limitar la subida a 1,5 grados.
Durante la COP26 nuestra delegación ha tenido una participación ejemplar: vale la pena señalar que gracias al equipo de embajadores que representa a México, estas semanas nuestro país se ha sumado a diversos acuerdos internacionales, incluyendo el Compromiso global de metano en la COP26 cuyo objetivo es reducir las emisiones globales de metano antropogénico en 2030 en un 30 por ciento por debajo de los niveles registrados en el año 2020.
Además, ha firmado la Declaratoria de bosques y uso de la tierra , que busca revertir y subsanar la pérdida de los bosques y la degradación de la tierra, conservar los bosques y otros ecosistemas terrestres, reducir la vulnerabilidad y construir resiliencia en áreas rurales, rediseñar políticas agrícolas, promover la seguridad alimentaria. Incluso la delegación de México preparó la estrategia de Instrumentación para una Economía Oceánica Sostenible 2021-2024 con lo cual se logrará manejar de manera sostenible el 100 por ciento de las aguas nacionales bajo jurisdicción nacional de Norteamérica.
Aunado a esto, se considera importante señalar que algunos de los ejes principales en los que se basa la participación de nuestro país en la COP26, es el aumento de financiamiento climático para países en desarrollo, poniendo en la mesa las diferencias económicas que existen entre las naciones, poniendo en perspectiva la magnitud de los esfuerzos que cada país debe hacer para cumplir con sus acuerdos.
Otro punto básico que impulsa nuestro país es la promoción de la adaptación en contra del climático a través de soluciones basadas en la naturaleza: poniendo el ejemplo de lo que ha sido en México el programa Sembrando Vida, al que se le está invirtiendo mil 300 millones de dólares al año, siendo uno de los programas internacionales más importantes de reforestación. Por último, México se ha posicionado por incorporar la perspectiva de género y derechos humanos como temas transversales en las negociaciones internacionales, decisión que es de aplaudirse y acompañarse a nivel internacional.
Es por todo esto que esta soberanía se congratula del papel que ha desempeñado nuestro país en la COP26 y de los nuevos acuerdos a los que se ha sumado, mismos que serán de gran importancia para enfrentar los retos y asumir nuestra responsabilidad histórica con las generaciones por venir, para dejarles a ellas y a ellos un medio ambiente más sano que aquel que el día de hoy están habitando nuestras hijas y nuestros hijos.
No obstante, en un segundo pero importante momento, vale la pena no hacer oídos sordos y fungir como altavoces de quienes, ante el poder económico, generalmente no son escuchados: porque en la misma cumbre diversos grupos de activistas ecologistas y líderes indígenas hicieron pública su inconformidad por la marginación de la que han sido objeto durante la toma de decisiones en la Cumbre del Cambio Climático de Glasgow.
Tal es el caso de Dorothy Guerrero, jefa de políticas del grupo no gubernamental Global Justice Now; Ninawa Inu Huni Kui, líder del Amazonas; y Eriel Deranger, director ejecutivo de la organización Indígenas de Acción Climática, entre otros, quienes públicamente denunciaron que las decisiones en la COP26 han sido tomadas a puerta cerrada dejando fuera la cultura y la sabiduría indígenas, acordándose exclusivamente entre los empresarios más influyentes involucrados en el negocio de las energías limpias, con un capital construido a partir de las mismas compañías que durante años se beneficiaron de la crisis climática y ecológica.1 y 2
“La COP es un gran negocio, una continuación del colonialismo donde la gente no viene a escucharnos, sino a ganar dinero con nuestra tierra y recursos naturales”, dijo Ita Mendoza, de 46 años, defensora de la tierra indígena de la región mixteca de Oaxaca en sur de México, asistiendo a la COP por primera vez. “¿Qué beneficios trae la COP cuando más de mil personas que luchan por mantener vivo el planeta han sido asesinadas [desde los Acuerdo de París en 2015]?”3
Además, tanto en los foros como en entrevistas con medios de comunicación, estos activistas han señalado de manera puntual su desconfianza ante el protagonismo de capitales privados en la Cumbre. Principalmente llamando a nivel internacional a vigilar la creación de la Alianza Financiera de Glasgow hacia las Cero Emisiones Netas, acuerdo encabezado por los magnates John D. Rockefeller y Jeff Bezos; quienes junto a 450 grandes firmas financieras mundiales –incluidos bancos, fondos de pensiones, empresas de seguros, consultoras en inversiones de riesgo, la mayoría procedentes de los 20 países más acaudalados– pactaron movilizar 130 billones de dólares en clima en los próximos 28 años.4
De acuerdo con las propias palabras de los activistas, las principales empresas responsables del desastre ambiental actual están usando la COP26 para posicionarse con miras a hacerse del control del negocio del futuro, mismo al que llaman ahora “energía verde”. Un negocio internacional que moverá trillones de dólares anuales y conducirá los intereses económicos del capital a nivel mundial. Rechazan que una política neoliberal de ‘lavado verde’ responda a las urgencias ecológicas que nos aquejan en todo el mundo.
En palabras de Dorothy Guerrero, jefa de políticas del grupo no gubernamental Global Justice Now: “Deberíamos sospechar profundamente de cualquier intento de convertirlas en heroínas (...) los gobiernos deben regular el proceso y liderar la transición, en lugar de simplemente entregarlo a las corporaciones”.
A nivel internacional conocemos los efectos de que sean los privados quienes lideren servicios básicos como lo ha sido la sanidad o la eduación y, más particularmente, de las políticas de seguridad energética bajo la narrativa del cuidado medioambiental. España, por ejemplo, hace 40 años tenía un sector eléctrico público con precios regulados por el Estado, entregaron a empresas privadas la red eléctrica y ahora son cinco empresas (Iberdrola, Naturgy, Endesa, EDP y Repsol) quienes han sido señaladas por manipular los precios de la electricidad en ese país y llegando a un máximo histórico a principios de octubre del año actual. En apenas un año, el precio de la luz ha aumentado 300 por ciento, en los días más críticos subió el precio de la electricidad 52 por ciento en apenas 7 días (y eso que todavía no llega el invierno).5
En México, durante febrero de este año, ante la suspensión de la entrega de gas procedente de Texas y en medio de un panorama difícil para la energía mexicana por el alza en los precios del gas, los privados decidieron dejar el mercado y cerrar sus válvulas. Esto dejó sola a la CFE manteniendo todo el sistema eléctrico del país y aún así el desempeño fue exitoso restableciendo el sistema en apenas 72 horas.6 Con la reforma energética aprobada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, hubo un aumento de 35 por ciento en el precio de las tarifas para las y los mexicanos. De seguir así y si los privados fueran quienes decidieran los precios, se calcula que en México 43 millones de usuarios estarían imposibilitados a pagar la luz en sus propios hogares.7
Hay que entender que la lógica de los privados será siempre ver por sus negocios y no por el bienestar común. Porque los ciclos de competencia entre las empresas que se disputan remuneraciones económicas no respetan los ciclos ecológicos. Por ello es necesario que sean los Estados, a partir de una lógica de bienestar público, quienes a nivel internacional dirijan la transición eléctrica de cada país hacia las energías limpias. Solo así se podrá asegurar una transición que ponga en el centro el bienestar de los Pueblos.
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero: La Cámara de Diputados se congratula de los acuerdos internacionales firmados por México en los que a nivel internacional nuestro país hace explícito su compromiso con el cuidado del medio ambiente; y, sumado a los logros que se han tenido, reconoce que aún hay mucho por hacer por lo que asume compromisos para seguir avanzando hacia una transición energética.
Segundo: La Cámara de Diputados exhorta a la delegación mexicana que participa en la COP26 enviada por la Secretaría de Relaciones Exteriores a pronunciarse a que sean los gobiernos de cada país quienes conduzcan las transiciones energéticas nacionales, con el fin de garantizar la seguridad energética a sus pueblos, así como un compromiso real con la protección del medio ambiente por encima de los intereses económicos de las empresa transnacionales.
Notas
1 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/01/mundo/activistas-acusan-a-m andatarios-de-vender-humo-en-la-cop26/ (Consultada el 5 de noviembre)
2 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/03/mundo/basta-al-negocio-de-l a-cop26-claman-los-pueblos-indigenas/ (Consultada el 5 de noviembre)
3 https://amazonwatch.org/es/news/2021/1103-a-continuation-of-colonialism -indigenous-activists-say-their-voices-are-missing-at-cop26 (Consultada el 5 de noviembre)
4 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/04/politica/van-consorcios-por -la-economia-verde-negocio-del-futuro/ (Consultada el 5 de noviembre)
5 Suplemento especial de La Jornada: La Electricidad era tuya y te la vamos a devolver. CFE. 3 de noviembre de 2021.
6 https://noticias.imer.mx/blog/tras-apagones-masivos-lopez-obrador-llama -a-consumir-menos-energia-electrica/ (Consultado el 4 de noviembre)
7 Suplemento especial de La Jornada: La Electricidad era tuya y te la vamos a devolver. CFE. 3 de noviembre de 2021.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2021.
Diputada Judith Celina Tánori Córdova (rúbrica)
Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
El Día Mundial de la Diabetes se convirtió en un día oficial con la aprobación de la Resolución 61/225 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2006, no obstante, dicho dia fue creado en 1991 por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de la Diabetes, ante preocupación por la creciente amenaza para la salud que representa este tipo de enfermedad.
La diabetes se ha convertido en un problema de salud pública en México y a nivel mundial, la cual es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente, la cual es una hormona que regula el nivel de azúcar, o glucosa en la sangre, o cuando el organismo no puede utilizar eficazmente la insulina que produce.
Por su parte, la Federación Internacional de Diabetes estimó en 2019 una prevalencia de diabetes a nivel mundial de 9.3 por ciento, lo cual corresponde a 463 millones de personas en su mayoria adultos con diabetes y se calcula que esta cifra aumente a 700 millones para el año 2045.1
La mortalidad como consecuencia de la diabetes reportada a nivel mundial para el año 2019 fue de 4.2 millones de personas y el gasto estimado ascendio a mas de 760 mil millones de dólares, mismo que se estima aumentará a 845 mil millones de dólares para el año 2045.
Asimismo, dicha federacion reportó que, en 2019, en México existían alrrededor de 12.8 millones de personas con diabetes y que, para el año 2045, la cantidad de personas con diabetes aumentará a 22.9 millones.2
Con base en los múltiples estudios médicos, existen tres tipos de diabetes:3
• La diabetes de tipo 1 (también llamada insulinodependiente, juvenil o de inicio en la infancia), la cual se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria de esta hormona.
• La diabetes de tipo 2 (también llamada no insulinodependiente o de inicio en la edad adulta) se debe a una utilización ineficaz de la insulina. Este tipo representa la mayoría de los casos mundiales y se debe en gran medida a un peso corporal excesivo y a la inactividad física.
• La diabetes gestacional, la cual se caracteriza por hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre) que aparece durante el embarazo y alcanza valores que, pese a ser superiores a los normales, son inferiores a los establecidos para diagnosticar una diabetes.
Estos tres tipos de diabetes pueden provocar complicaciones en diversas partes del organismo e incrementar el riesgo de muerte prematura, ademas de provocar el aumento de factores de riesgo conexos, como el sobrepeso o la obesidad.
En la última década, la prevalencia de la diabetes ha aumentado más deprisa en los países de ingresos bajos y medianos que en los de ingresos altos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016, de la Secretaría de Salud, revelo que las mujeres reportaron mayores índices de diabetes (10.3 por ciento) que los hombres (8.4 por ciento), tendencia que se observó tanto en localidades urbanas (10.5 por ciento en mujeres y 8.2 por ciento en hombres) como en rurales (9.5 por ciento en mujeres, 8.9 por ciento en hombres).4
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México refirió que las primeras tres causas de muerte corresponden a la diabetes tipo 2 (15 por ciento), las enfermedades isquémicas del corazón (13.4 por ciento), y las enfermedades del hígado (5.4 por ciento).
En el caso de las mujeres, en el sector de 30 a 44 años, la principal causa de defunción es la diabetes tipo 2 (10.1 por ciento), seguida de los tumores malignos de mama (5.9 por ciento), las enfermedades isquémicas del corazón (5 por ciento) y el tumor maligno del cuello del útero (4.6 por ciento).5
Si bien la diabetes tipo 1 y la diabetes gestacional no puede prevenirse con los conocimientos actuales, hoy en día, se ha demostrado que medidas simples relacionadas con el estilo de vida son eficaces para prevenir la diabetes tipo 2 mediante la implementación de diversas acciones, tales como la activación física, una dieta sana, el diagnóstico oportuno, el desarrollo de medicamentos y tecnologías accesibles para la población que permitan evitar o retrasar su aparición.
La atención médica en el marco del Dia Mundial de la Diabetes debe representar una prioridad para los gobiernos, pues millones de personas con esta enfermedad en todo el mundo no pueden acceder a la atencion medica que necesitan para tener un control de su glucosa.
Las personas diagnosticadas con diabetes requieren de supervisión y apoyo continuos para controlar sus niveles de glucosa y asi evitar complicaciones futuras.
El Día Mundial de la Diabetes representa una oportunidad para seguir visibilizando a través de la promoción de diversas campañas informativas sobre las causas, síntomas y tratamientos médicos, lo cual permita generar conciencia en la población propensa a contraer dicha enfermedad.
Notas
1 La pandemia de diabetes en México, Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, disponible en línea:
https://www.ciad.mx/notas/item/2450-la-pandemia-de-diabe tes-en-mexico
2 Íbid. https://www.ciad.mx/notas/item/2450-la-pandemia-de-diabetes-en-mexico
3 Diabetes, Organización Mundial para la Salud, disponible en línea: https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=category &id=4475&layout=blog&Itemid=40610&lang=es&limitstar t=15
4 Prevalencia de diabetes por diagnóstico médico previo en México, disponible en línea: https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2016/doctos/analiticos/Diabete s.pdf
5 Características de las defunciones registradas en México durante, disponible en línea: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/EstSoci odemo/DefuncionesRegistradas2019.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2021.
Atentamente
Diputada Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica)