Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGJ de Chihuahua a sobre la investigación con perspectiva de género, la no dilación de procedimientos y la no revictimización, a cargo de la diputada Andrea Chávez Treviño, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Andrea Chávez Treviño , integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, y con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el cual se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a investigar con perspectiva de género, a la no dilación de procedimientos y a la no revictimización , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Chihuahua, conforme cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se encuentra como el segundo estado con la tasa de homicidios dolosos más alta en nuestro país en el año 2020.

De acuerdo con el Inegi y en el mismo año de encuesta, en México se han contabilizado un total de 3 mil 952 feminicidios,1 siendo las mayores causas de defunción el ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, disparo de arma de fuego y agresiones con objetos punzocortantes.

Las cifras son alarmantes y cobran principal relevancia en el estado de Chihuahua al ser el uno de los más golpeados tras el paso de gobiernos llenos de impunidad y con muertes de mujeres al por mayor. De acuerdo con estadísticas oficiales desde 2016, los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, lejos de disminuir, han ido en incremento, ya que en el año 2020 la Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que 182 mujeres perdieron la vida por hechos delictivos.

En lo que va del 2021, los números tampoco nos favorecen, ya que conforme lo reportado hasta el momento por la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas del Delito por Razones de Genero, en el Estado de Chihuahua, por lo menos han sido asesinadas 154 mujeres, de las cuales 36 fueron privadas de la vida por el simple hecho de ser mujer.

No ha sido poco el avance que Chihuahua ha tenido en relación con la violencia de género, apenas en agosto pasado se declaró la Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres para los municipios de Juárez, Chihuahua, Guadalupe y Calvo, Hidalgo del Parral y Cuauhtémoc, misma que tiene como intención primordial promover el trabajo conjunto y coordinado de los tres niveles de gobierno para construir espacios libres de violencia y, en especial, para que la muerte de mujeres cese en Chihuahua; sin embargo, estas acciones no han resultado suficientes pues al revisar cifras como las presentadas con anterioridad, es evidente que debemos buscar mecanismos adicionales e idóneos, en apoyo a las medidas ya implementadas.

Por lo cual, este punto de acuerdo busca hacer un llamado a la institución encargada de la administración e impartición de justicia en el estado, un llamado a revisar con detenimiento en las investigaciones si los hechos se tratan de un homicidio o un feminicidio, si el actuar del que delinque tiene como principal motivo violentar al género femenino por el simple hecho de serlo, un llamado para hacer valer los marcos normativos existentes y con ello poder desterrar la cultura machista y patriarcal que tanto daño le ha hecho a Chihuahua y al resto del país y con ello proteger a nuestras mujeres, protegernos.

Las preguntas que al día de hoy cobran importancia son: ¿Cuántos homicidios han dejado de investigarse como feminicidios al no haber una perspectiva de género en la integración de las carpetas correspondientes? ¿Cuántos delitos se han cometido sin que cobren la relevancia necesaria en el sentido de que fueron perpetrados hacia una mujer por el simple hecho de serlo? ¿Cuántas veces se ha revictimizado a las victimas haciéndolas pasar de nuevo por el dolor y por el daño que se les ha causado?, no hay una respuesta clara y mucho menos certera ya que son incontables, las peleas que las mujeres del estado de Chihuahua hemos dado frente a la impunidad, a la injusticia y a la discriminación, tienen que valer la pena, no podemos ni merecemos retroceder a cifras como las de antes, nunca más dejar que la violencia hacia la mujer en cualquiera de sus formas se normalice.

Es por lo anteriormente expuesto, que se somete a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De Urgente u Obvia Resolución

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a que, una vez que se inicie una carpeta de investigación, esta sea integrada con perspectiva de género y sin dilaciones indebidas.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para que, con base en la Ley General de Victimas, se implementen los mecanismos idóneos para que ni la victima ni sus familiares, se expongan a sufrir una victimización secundaria por los servidores públicos que atienden las causas.

Nota

1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSoci odemo/Defcioneshomicidio2020.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre 2021.

Diputada Andrea Chávez Treviño (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob, la Sener y Pemex a indemnizar a las víctimas y reparar las viviendas afectadas por la explosión del gasoducto en Xochimehuacan, Puebla, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados Ana Teresa Aranda Orozco, Carolina Beauregard Martínez, Mario Gerardo Riestra Piña y Marco Humberto Aguilar Coronado, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que el honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de Energía, y de Petróleos Mexicanos para que se indemnice a las víctimas y se reparen las viviendas de los afectados producto de la explosión del gasoducto en Xochimehuacán, Puebla; asimismo se solicita que se informe a la opinión pública sobre el número de tomas clandestinas localizadas, el costo económico de la reparación y de las pérdidas producto de la ordeña clandestina, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A las 2:40 horas de la madrugada del domingo 31 de octubre del presente, se tuvo registro de diversas explosiones de un gasoducto, ubicado en la avenida Gasoducto esquina avenida Ferrocarril de la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacán, Puebla; en donde lamentablemente de acuerdo a la información proporcionada por las autoridades hasta el momento se reporta lamentablemente la muerte de una persona, quince personas hospitalizadas, ocho de ellas de gravedad, 184 viviendas dañadas, de las cuales 45 tienen daño estructural severo y más de 139 con daño estructural moderado o leve. Al menos dos mil personas fueron evacuadas debido al peligro latente de nuevas explosiones, según reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes informan que el Hospital de Traumatología y Ortopedia también fue evacuado como medida preventiva dada la ola expansiva que ocasionó daños en referido centro hospitalario, todo lo anterior producto de la ordeña clandestina, en esas tomas que el gobierno federal afirma ya no existen.

Este lamentable suceso nos trae a la memoria las recurrentes explosiones e incendios que han tenido registro en lo que va de esta administración federal, como el registrado en Tlahuelilpan, Hidalgo, el cual dejó un saldo de 137 personas muertas y decenas de heridos.

Desafortunadamente este tipo de accidentes lejos de venir a la baja, como se ha informado por parte del Presidente de México, se han incrementado desde que se declaró la guerra fallida contra el “huachicol”, en donde cada día aumentan las tomas clandestinas, incluyendo las cercanas a zonas de alta densidad poblacional lo que incrementa el riesgo de una tragedia de mayor magnitud, por lo que el peligro sigue vigente aún y cuando el gobierno federal no cesa de repetir que ha erradicado hasta en 95 por ciento las tomas clandestinas e incrementado la vigilancia de los ductos, la realidad nos muestra otros datos.

Ante estos acontecimientos es importante que el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador corrija el rumbo, por ello es preciso y sin mayor dilación se presente por parte del gobierno una propuesta integral que no sólo elimine la ordeña clandestina, sino que permita contar con una estrategia medible en sus alcances y que primordialmente deje de poner en riesgo inminente la vida y el patrimonio de los mexicanos.

En este orden de ideas y a casi tres años de haber iniciado la guerra contra el “huachicol”, es preciso que el gobierno rinda un informe de este que es un asunto de seguridad nacional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía con carácter de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación para que en coordinación con el gobierno del estado de Puebla, destinen los recursos económicos que garanticen brindar atención médica a las personas que resultaron heridas; se indemnice a las familias de quienes hayan perdido la vida, se reparen las viviendas y se repongan los enseres de las personas que resultaron afectadas por la explosión del gasoducto en San Pablo Xochimehuacán, Puebla.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a las Secretarías de Gobernación, de Energía y Petróleos Mexicanos para que en un plazo que no exceda de los 15 días a partir de la aprobación de este exhorto, informe exhaustivamente a la opinión pública sobre las tomas clandestinas que han sido localizadas y reparadas; el costo económico de la reparación y de las pérdidas producto de la ordeña clandestina; dicho informe deberá incluir las acciones que se están implementando para hacer frente a este delito.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Fiscalía General de la República para que conjuntamente hagan una revisión exhaustiva de todos los predios e inmuebles por donde pasan los ductos, muchos de ellos ocupados de manera irregular, en orden de replantear una estrategia en donde se incluya al gobierno estatal de Puebla y al honorable ayuntamiento de la capital, que permita dar resultados medibles para erradicar de manera efectiva y total el delito de la ordeña clandestina de ductos de Petróleos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2021.

Diputados: Ana Teresa Aranda Orozco (rúbrica), Carolina Beauregard Martínez, Mario Gerardo Riestra Piña, Marco Humberto Aguilar Coronado.

Con punto de acuerdo, para exhortar al Sipinna a publicar las estadísticas de matrimonio infantil y venta de menores en el país, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Diversos medios de comunicación dieron a conocer el pasado sábado 9 de octubre de 2021, la privación ilegal de la libertad que sufrió la ciudadana Concepción y sus cuatro hijas menores de edad, quienes pertenecen a una comunidad indígena de Dos Ríos, municipio de Cochoapa el Grande, en el estado de Guerrero, privación realizada por parte de policías comunitarios del municipio anteriormente señalado, siendo el origen del conflicto, la venta de una adolescente menor de edad, misma que fue vendida a un adolescente menor de edad de la comunidad, el cual por diversas situaciones decidió emigrar a los Estados Unidos de América, razón por la cual, la mujer adolescente menor de edad vivía con su suegro, sin embargo, decidió escapar del lugar donde vivía, ya que su suegro intentó abusar de ella en cuatro ocasiones, sin tener éxito.1

En ese sentido, su suegro exigía 210 mil pesos por la restitución del pago que había realizado por la menor, ya que esta se negaba a regresar, por lo que la policía comunitaria decidió intervenir, privando ilegalmente de la libertad a la ciudadana concepción, así como a sus cuatro hijas menores de edad, siendo una de ellas la mujer adolescente que fue “entregada” por el dinero que señala su suegro, lo cual de acuerdo con las autoridades, no se podía poner en libertad a la madre y a sus hijas hasta que se restituyera el pago realizado por la menor de edad.2

Por lo anterior, las organizaciones de la sociedad civil y redes defensoras de derechos humanos de las mujeres, realizaron un pronunciamiento en contra de la violación a los derechos humanos de niñas y mujeres indígenas en dicha comunidad, exigiendo la pronta liberación y refugio a Concepción Ventura Aguilar y sus cuatro menores hijas de forma inmediata, así como castigo a los responsables, y la adopción de medidas de protección, de no repetición y de reparación integral del daño a las víctimas, desde una perspectiva basada en el marco de los derechos humanos de las niñas y las mujeres indígenas, la perspectiva de género, interseccional e intercultural.”3

Asimismo, los integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, se pronunciaron en contra de estos lamentables hechos, y el lunes 18 de octubre de 2021, presentaron una proposición con punto de acuerdo, en la que la Cámara de Diputados condenaba los hechos ocurridos en el municipio de Cochoapa el Grande, en el estado de Guerrero, y exhortaba a la Fiscalía General del estado de Guerrero para que, en coordinación con autoridades estatales y municipales, realizaran las investigaciones para determinar las responsabilidades penales en contra de las autoridades que violentaron los derechos humanos de las niñas y mujeres indígenas, y de esta manera garantizar justicia y una reparación integral a las víctimas.4

Cabe destacar que diversas autoridades como la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se ha pronunciado en contra de los matrimonios infantiles, señalando que son una problemática común en estas comunidades.5

De conformidad con el Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se puede observar que el matrimonio infantil en nuestro país es grave y afecta a grupos poblacionales históricamente vulnerables.6

Tan solo en el último en el último año se registró que en nuestro país hay 5.4 por ciento de las niñas y niños de 3 a 14 años que hablan alguna lengua indígena, y 1.7 por ciento de los menores de 15 años de edad son afro mexicanos o afrodescendientes; de estos se registra que la cifra de matrimonios infantiles a nivel nacional es de 6 por cada 1 mil habitantes, sin embargo, esta cifra se duplica a 12 por cada 1 mil habitantes, cuando se trata de personas de habla indígena, y cifra de matrimonio infantil de niñas y niños afrodescendientes es de 8 por cada 1 mil habitantes.7

Por su parte, Save the Children, ha informado que cada 7 segundos se casa una niña menor de 15 años en el mundo, y en nuestro país 1 de cada 5 mujeres se casa antes de los 18 años, el 73 por ciento de las niñas casadas dejan o son obligadas a abandonar sus estudios para dedicarse al hogar y que niñas casadas sufren 49 por ciento más violencia física y 68 por ciento más violencia sexual.8

En el 2015, se registró que el 42.8 por ciento de las adolescentes mujeres que están casadas (edad entre 12 y 17 años), cuentan con un hijo o hija como mínimo, y en ese mismo año se registraron 75 mil 446 adolescentes de entre 12 y 17 años que estaban casados, de los cuales el 72.4 por ciento de estos, no asistieron a la escuela, siendo la población más afectada, las mujeres las cuales representan el 77.3 por ciento, en comparación con el 56.1 por ciento los hombres.9

Para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el matrimonio infantil es el resultado de una arraigada desigualdad de género, lo cual afecta a las niñas de manera desproporcionada, las despoja de su infancia, y pone su vida y su salud en peligro, ya que aquellas niñas que contraen matrimonio antes de cumplir los 18 años corren un mayor riesgo de sufrir violencia doméstica y tienen menos probabilidades de seguir asistiendo a la escuela. La calidad de vida de estas niñas es peor que la calidad de vida de las de las niñas que no se casan; asimismo se pone en peligro la vida de las niñas casadas que quedan embarazadas durante la adolescencia, ya que incrementa el riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo.10

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce las costumbres y tradiciones indígenas,11 y nosotros como mexicanos nos sentimos orgullosos de nuestras raíces, sin embargo, esto no es motivo para permitir conductas que vulneran principios constitucionales en materia de derechos humanos, tales como la libertad, el principio del interés superior de la niñez, y cualquier tipo de violencia en contra de la niñez, la adolescencia o de las mujeres, derechos reconocidos no solo en nuestra Constitución, sino también en distintos Tratados Internacionales en materia de garantía de derechos humanos, de los cuales el estado mexicano es parte, y por lo tanto se obliga al cumplimiento de lo establecido en estos instrumentos jurídicos como el “Estatuto de Roma”, de la Corte Penal Internacional, firmado el 7 de septiembre de 2000;12 la Convención Interamericana para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belem Do Pará), firmada por nuestro país en 1995;13 y las leyes secundarias que deben ser seguidas por las 32 entidades federativas de nuestro país, tal como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los tipos de violencia contra las mujeres,14 y el Código Penal Federal.

El poder judicial de la federación, representado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se pronunció en contra del matrimonio infantil, aun en casos graves ya que los derechos de la niñez deben ser protegidos.15

Aunado a esto, el 11 de enero de 2021 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Código Civil Federal en materia de prohibición del matrimonio infantil;16 sin embargo, a pesar de todo lo anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia de prensa en Chilpancingo de los Bravos, minimizó los casos de prostitución o ventas de niñas en comunidades por usos y costumbres en Guerrero y en otras entidades, señalando que se trata de una campaña que se genera por aquellos que no conocen las comunidades ni culturas de los pueblos, ya que en estos hay muchos valores culturales.17

Por lo anterior, es fundamental visibilizar que el matrimonio infantil representa una violación grave a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes,18 que pone en peligro su vida y libertad, derechos ya consagrados, reconocidos y garantizados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los cuales México es parte, y en las leyes federales, obligatorias para las 32 entidades federativas de nuestro país; En ese sentido es indispensable que el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), como la autoridad en materia de protección de la niñez y adolescencia, publique las cifras de matrimonio infantil en nuestro país, y las consecuencias que genera; Asimismo, el titular del Poder Ejecutivo federal, con base en estas cifras, deberá realizar las acciones necesarias para combatir y erradicar estas prácticas, por tal motivo someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) a publicar las cifras estadísticas referentes al matrimonio infantil y venta de menores en nuestro país, los principales motivos que generan esta práctica, las consecuencias en las comunidades indígenas; así como las acciones implementadas por dicho sistema desde su creación enfocadas en erradicar esta práctica que vulnera los derechos de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.

Segundo - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a realizar las acciones pertinentes para combatir y erradicar las prácticas de matrimonio infantil en nuestro país, priorizando las comunidades indígenas.

Notas

1 Formularios de Google. pronunciamiento de organizaciones de la sociedad civil y redes de defensoras de derechos humanos de las mujeres, por la violación a derechos humanos de niñas y mujeres indígenas en la comunidad de Dos Ríos, municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero, perpetrada el pasado 9 de octubre de 2021. Disponible en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelW3itvhe-hlrcihOb97MGG9fghFY JyjhUpgTVdwwz41ffhg/viewform (consultado el lunes 11 de octubre de 2021).

2 Ídem.

3 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelW3itvhe-hlrcihOb97MGG9fghFY JyjhUpgTVdwwz41ffhg/viewform

4 Cámara de Diputados. Gaceta Parlamentaria. Disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/ (consultado el lunes 18 de octubre de 2021).

5 Expansión. Los límites de autoridades impiden acabar con el matrimonio infantil. Disponible en: https://mujeres.expansion.mx/actualidad/2021/09/24/los-limites-de-autor idades-impiden-acabar-con-el-matrimonio-infantil (consultado el lunes 11 de octubre de 2021).

6 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_Ni no21.pdf

7 Códice Informativo. Matrimonio y trabajo infantil siguen siendo retos en el México de 2021, Disponible en: https://codiceinformativo.com/2021/04/matrimonio-y-trabajo-infantil-sig uen-siendo-retos-en-el-mexico-de-2021/

8 Save The Children. Queremos niñas con sueños, no esposas. Tu apoyo nos permite seguir luchando contra el matrimonio infantil en México, Disponible en: https://apoyo.savethechildren.mx/matrimonio-infantil-en-mexico?utm_term =&utm_campaign=DSA_Anuncios+din%C3%A1micos&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=1848732810&hsa_cam=1062194825&hsa _grp=52472791859&hsa_ad=251914748768&hsa_src=g&hsa_tgt=dsa- 19959388920&hsa_kw=&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAjwh5qLBhALEiwAioods2Qo8B2urjv36h_RPaEozPwmEsAt73R4NOtbW SoWEYIw2DTL5TwslBoCYaMQAvD_BwE

9 Save The Children. Matrimonio infantil, Disponible en: https://www.savethechildren.mx/sci-mx/media/ima/matrimonio_infantil_25j un.jpg

10 Ídem.

11 Cámara de Diputados. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.p df

12 Corte Penal Internacional. Estatuto de Roma. Disponible en: https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf (consultado el lunes 11 de octubre de 2021).

13 Secretaría de Gobernación (Segob). Convención Interamericana para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belem Do Pará). Disponible en: http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/comision/internacional/ 1_13.%20Convencion%20de%20Belem%20Do%20Para.pdf (consultado el lunes 11 de octubre de 2021).

14 Cámara de Diputados. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_010621.pdf (consultado el lunes 11 de octubre de 2021).

15 Suprema Corte de Justicia de la Nación. SCJN valida eliminación de dispensas para que menores de edad contraigan matrimonio en Aguascalientes. Disponible en:

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/notic ia.asp?id=5843 (consultado el lunes 11 de octubre de 2021).

16 Diario Oficial de la Federación. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y del Código Civil Federal, Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609666&fecha=11/01/2 021

17 Latinus. AMLO minimiza casos de ventas y prostitución de niñas en Guerrero: “Eso no es la regla en las comunidades”, afirma. Disponible en: https://latinus.us/2021/10/24/amlo-minimiza-casos-ventas-prostitucion-n inas-guerrero-no-es-regla-comunidades-afirma/

18 Save The Children. Matrimonios infantiles en México, Disponible en: https://www.savethechildren.mx/que-hacemos/incidencia-politica/matrimon ioinfantil

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 4 de noviembre de 2021.

Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob y el Inapam a realizar campañas para promover y difundir los derechos y valores de las personas adultas mayores y sensibilizar así a la sociedad sobre la violencia y el maltrato que sufren, a cargo de la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, María Rosete, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral I, artículo 6, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, ambos preceptos del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), se estima que en 2030 habrá 20.4 millones de adultos mayores, lo que representará el 14.8 por ciento de la población1 y, para el 2050, se estima que esta población de adultos mayores constituirá el 27.7 por ciento de la población mexicana.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) hace referencia a que uno de cada seis adultos mayores sufre algún tipo de violencia, abuso o maltrato en su núcleo familiar y social, caracterizándose por el cruce de diversas problemáticas, entre ellas las asociadas al género y la pobreza,2 todo esto en un contexto de escasa protección institucional y profundas desigualdades sociales, tanto en entornos rurales como urbanos.

El crecimiento acelerado de la población de adultos mayores representa una problemática para los diferentes sectores gubernamentales, debido a que no se ha desarrollado la infraestructura necesaria para garantizar el bienestar de este sector vulnerable de la población.

Las personas de edad, de manera constante sufren de violencia física, sexual, emocional o psicológica, abandono, abuso económico o material, negligencia, desatención, entro otros, que menoscaban su dignidad y derechos humanos. En el año 2020, el Instituto para el Envejecimiento Digno (INED) recibió 825 denuncias de violencia en contra de adultos mayores, el 32 por ciento de estos casos fueron denuncias y atenciones por violencia psicoemocional; otro 31 por ciento corresponde a denuncias por violencia patrimonial y económica; 27 por ciento, por omisión de cuidados y un 9 por ciento fueron denuncias por agresiones físicas.

En 2021 la combinación de violencia física, emocional y patrimonial hacia los adultos mayores aumentó un 46 por ciento, con relación al 2020, y del 35 por ciento en las agresiones patrimoniales y emocionales hacia el mismo sector de la población, informó el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.3 Asimismo el Consejo dio a conocer que durante la pandemia recibieron 2 mil 51 llamadas para ayudar a personas adultas mayores que sufrieron violencia. De estas llamadas el 63 por ciento fueron de mujeres y el 37 por ciento de hombres. Los tipos de agresiones identificadas en estas llamadas fueron: física 22 por ciento, patrimonial y emocional 19 por ciento, física y emocional 14 por ciento, emocional 14 por ciento y falta de cuidados 11 por ciento.4

Los adultos mayores son personas que deben ser respetadas por su experiencia, conocimientos y sabiduría. Y deben ser considerados en la toma de decisiones familiares y sociales, con capacidad para realizar atribuciones continuas a la sociedad y tener acceso a los servicios, sin discriminar, ni ejercer algún acto de violencia o maltrato, demeritando su bienestar.

Un paso por considerar para remediar el maltrato que los adultos mayores han sufrido es tratarlos de manera digna, manteniendo una interacción respetuosa. Una forma de situar esto en la práctica es prevenir los maltratos a través de la educación y la sensibilización de las demás personas. Es parte fundamental para la enmienda con este sector el que más y más ciudadanos se sumen a las iniciativas públicas a favor de la concientización del buen trato hacia los adultos mayores. Las distintas acciones llevadas a cabo por diversos frentes de la sociedad ayudan a transformar progresivamente en la percepción que se tiene sobre la vejez. Esto contribuye a que los adultos mayores puedan acceder a una mejor calidad de vida. Ellos viven en una estructura social complicada, así que contribuir con iniciativas orientadas hacia este sector ayuda en gran medida para que este tipo de violencia se identifique y se radique.

Asimismo, es pertinente que los adultos mayores conozcan sus derechos, así como a las instancias donde deben recurrir en caso de sufrir violencia. El trato que ofrecen las instituciones hacia los adultos mayores tiene que estar orientada a ofrecer una comunicación cercana y un trato digno; mantener una cercanía con ellos en todo momento podría tener consecuencias favorables en su atención. Sabemos que los adultos mayores están ya tomando participación cuando las instituciones tienen contacto con ellos,5 manifestando así que los adultos mayores están interesados en conocer las herramientas que tienen a su alcance para poder lograr mayor autonomía en sus relaciones con la cotidianidad. A este hecho se le suma otro importante. Es el hecho que los sectores de la sociedad más jóvenes están interesados en conocer los derechos de los adultos mayores,6 en virtud de proporcionar iniciativas para mejorar la calidad de vida de aquellos que los precedieron; así como informarse sobre los derechos de este sector de la sociedad, teniendo en consideración que ellos algún día se verán alcanzados por la vejez.

Las anteriores aseveraciones son el resultado de perfilar a los adultos mayores como una fuente infinita de conocimiento y sabiduría. Competentes en la toma de decisiones en sus núcleos familiares y sus respectivas comunidades. Pilares sólidos en la sociedad en la que vivimos. Fortalecer y ampliar el respeto que se les tiene a estas personas nos encausará como sociedad a tomar decisiones más certeras en diversos ámbitos de nuestra vida. No debemos olvidar el compromiso que tenemos con estas personas que nos han dejado una rica cultura y un saber memorial.

A pesar de que la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez,7 es necesario que de manera constante se realicen campañas para sensibilizar a las familias y a la sociedad en general de los diferentes tipos de violencia y maltrato que sufren los adultos mayores, priorizando los derechos humanos de un sector desprotegido.

Es de vital importancia promover el respeto hacia los adultos mayores, evitando causar cualquier acto de violencia por los estereotipos negativos que la sociedad tiene hacia ellos y que los vuelve víctimas de malos tratos y violencia, por las barreras de la edad, la mala salud y la disminución de las habilidades psicomotrices que presentamos todas las personas al llegar a una edad avanzada, a fin de salvaguardar, respetar, proteger y promover sus derechos humanos, para que las personas adultas mayores tengan la mejor atención y calidad de vida posible.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La LXV Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y sus homologas en las entidades federativas, y al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, para que en el ámbito de sus competencias realicen campañas para promover y difundir los derechos y valores de las personas adultas mayores con el objetivo de sensibilizar a las familias y a la sociedad en general respecto a los diferentes tipos de violencia y maltrato que sufre este sector.

Notas

1 http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1529/2/images/
DocumentoMetodologicoProyecciones2010_2050.pdf

2 https://www.insp.mx/avisos/4758-maltrato-adultos-mayores.html

3 https://www.consejociudadanomx.org/media/attachments/2021/08/26/adultos _mayor.v5pdf_compressed.pdf

4 https://www.consejociudadanomx.org/index.php/es/noticias/boletines/visi bilizan-maltrato-adultos-mayores

5 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/265799/BuenTrato.pdf

6 Íbid.

7 https://www.gob.mx/issste/articulos/
dia-mundial-de-toma-de-conciencia-del-abuso-y-maltrato-en-la-vejez-38286?idiom=es

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2021.

Diputada María Rosete (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al respectivo gobierno a mantener la Secretaría del Zacatecano Migrante, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

La creciente movilidad de personas que parten de México por diversos motivos, tales como la migración forzosa, económica, que incluyen a personas refugiadas, solicitantes de asilo, personas desplazadas, migrantes económicos, víctimas de trata, víctimas de tráfico, niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados, personas que fueron objeto de violencia, comerciantes transfronterizos y personas migrantes que se desplazan por causas ambientales1 y en diferentes condiciones migratorias, demanda la necesidad de fortalecer y garantizar los derechos humanos de cada una de ellas; tal y como lo dice el artículo primero de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que reconoce de manera amplia el derecho de toda persona de gozar de los derechos reconocidos por el Estado Mexicano en la Constitución Política y en los instrumentos internacionales suscritos por este. Es así, que a la población migrante, con independencia de su estatus o condición jurídica, le deben ser reconocidos todos los derechos que al resto de las personas y por ende, deben ser respetados.

De acuerdo con lo reportado por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación durante el año 2018: 138 mil 612 personas de distintas nacionalidades estuvieron detenidas en estaciones o estancias migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM), cifra que en 2017, era de 93 mil 846. Además, durante 2018: 112 mil 317 personas extranjeras fueron deportadas o acogidas al beneficio de retorno asistido desde México a otros países, mientras que en el año anterior, la cifra alcanzó a 82 mil 237 personas extranjeras.2

Por otro lado, se reportó que en 2018: 31 mil 717 niñas, niños y adolescentes (NNA) migrantes fueron presentados ante el INM, de los cuales 1 mil 202 viajaban no acompañados (esto es sin papá, mamá o tutor). A febrero de 2019 la cifra representaba a 5 mil 121, NNA de los cuales 1 mil 101 viajaban en condición de no acompañados.3

Según los datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para el año 2017, existían 11 millones 848 mil 537 personas mexicanas viviendo fuera de México, siendo que 11 millones 517 mil 375 residían en Estados Unidos de América, lo que representa 97.21 por ciento del total de las personas mexicanas que viven fuera del país. La UPM, reportó que en ese mismo año, Estados Unidos repatrió a 167 mil 64 connacionales.4

Asimismo, de acuerdo a un análisis realizado por el Centro de Investigaciones Pew aseguró que las detenciones de los migrantes mexicanos sin autorización en Estados Unidos, aumentaron después de la llegada del Covid-19 en 2020. En el análisis se detalla que, con 253 mil 118 detenciones de migrantes mexicanos adultos en la frontera entre México y EU, 2020 alcanzó niveles no vistos desde 2013: aumentó 52 por ciento con respecto a 2019.

Las cifras anteriores, no dan cuenta de que los altos índices de migración hacen indispensable la atención al tema migratorio, mediante el fortalecimiento y creación de instituciones que tengan por objeto instrumentar las políticas públicas en la materia, bajo la premisa de garantizar la seguridad humana, misma que no se obtiene mediante la militarización de las fronteras de México, sino con la consecución del pleno respeto a sus derechos humanos, garantizando su desarrollo personal, a la satisfacción de sus necesidades básicas y la participación en la comunidad de forma libre y segura.

Cabe destacar que desde la creación de la CNDH en 1990, uno de los temas prioritarios ha sido el de garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas que se encuentran en contexto de migración tanto nacionales como extranjeras. Fue así que se creó el Programa de Atención a Migrantes, cuya finalidad es la atención integral al evento migratorio, desde la prevención, de las violaciones a derechos humanos de las personas en contexto de migración, hasta la defensa de los mismos.5

El Programa de Atención a Migrantes, se encarga de la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas en migración, tanto de los extranjeros que ingresan al país de manera regular o irregular, como de mexicanas y mexicanos que emigran a Estados Unidos de América y a otras partes del mundo.

El objetivo del programa consiste en generar las acciones necesarias para asegurar y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de todas las personas que se encuentran en contexto de migración, tanto extranjeros como nacionales, en situación migratoria regular o irregular, a través de la investigación de quejas, así como de la promoción y divulgación de sus derechos humanos.6

Por otro lado, el Instituto Mexicano de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, busca instrumentar la política en materia migratoria bajo los principios de respeto y seguridad de las personas migrantes nacionales y extranjeras con independencia de su situación migratoria durante su ingreso, tránsito y salida del territorio nacional, reconociéndolos como sujetos de derecho, mediante la eficiencia y eficacia de los trámites y procedimientos migratorios, para contribuir a que la movilidad y migración internacional sea ordenada, segura y regular con base en el marco legal y con pleno respeto a los derechos humanos.7

Asimismo, con la finalidad de atender y proteger de manera especializada a las y los migrantes, en algunas entidades federativas, se han creado comisiones, direcciones o secretarías que buscan conducir la política estatal en materia de migración mediante el diseño y ejecución de programas en beneficio de la comunidad migrante.

Tal es el caso del estado de Zacatecas, el cual desde 2015, cuenta con la Secretaría del Zacatecano Migrante misma que tiene como visión conducir una política de migración efectiva; mediante la ejecución de programas de forma eficiente; que brinde servicios con transparencia, calidad y seguridad en beneficio integral de los migrantes, sus familias y comunidades de origen, contribuyendo plenamente a la protección de sus derechos.

Cabe destacar, que de 2015 a 2020, de Zacatecas habían salido 22 mil 482 personas para vivir en otro país, 96 de cada 100 se fueron a Estados Unidos de América8 , y en últimos años, según un estudio recopilado por el Instituto Nacional de Migración (INM), en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), por cada 10 mil habitantes en Zacatecas, alrededor de 115 personas emigraron hacia Estados Unidos en búsqueda de nuevas oportunidades laborales, por lo que la entidad se ha posicionada como una de las entidades con mayor desplazamiento.9

Recientemente, el Grupo de Trabajo Migración y Desarrollo de Michoacán y Zacatecas, expresó, mediante un comunicado oficial, su grave preocupación ante la presunción de la desaparición de la Secretaría del Zacatecano Migrante, ya que el Gobernador David Monreal Ávila comunicó que daba por concluida la asignación de responsables de su gobierno, sin nombrar titular en la dependencia referida, asimismo, han comentado que han atestiguado el trabajo, la organización y el compromiso de la comunidad migrante para fortalecer el acercamiento con el gobierno del estado, en un esfuerzo histórico concretado en la construcción de la Secretaría del Migrante.10

Lo anterior, representa un retroceso, ya que la protección y asistencia a las personas migrantes, puede ser más efectiva debido a la proximidad estatal, ya que de acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones, para gestionar de manera integral la migración y responder a las necesidades de las personas migrantes más vulnerables el componente más importante y esencial de este proceso es el compromiso y sensibilidad por parte de las autoridades locales que pueden brindar apoyo y soporte.11

Asimismo, la Organización ha reiterado en múltiples ocasiones que la migración no solo es inevitable, sino necesaria y deseable, por lo que la situación demanda, fortalecer las estrategias, dependencias, programas y políticas de atención y abordaje que aseguren ante todo la dignidad y el respeto a los derechos humanos de quienes se desplazan de un sitio a otro, promoviendo opciones para la migración segura, regular y ordenada.12 Por tal razón, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propone exhortar al gobierno del estado de Zacatecas a mantener la Secretaría del Zacatecano Migrante, y fortalecerla. Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del gobierno del estado de Zacatecas a mantener la Secretaría del Zacatecano Migrante y, en su caso, fortalecer su funcionamiento institucional, así como financieramente.

Notas

1 CNDH. Análisis Situacional de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes. Recuperado de:

http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=30055

2 CNDH México, Atención a personas migrantes. Recuperado de: https://www.cndh.org.mx/programa/9/atencion-migrantes

3 Ídem.

4 Ídem.

5 CNDH, Antecedentes y Objetivo Principal en Materia de Personas Migrantes. Recuperado de: http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=30055

6 CNDH, Antecedentes y Objetivo Principal en Materia de Personas Migrantes. Recuperado de: http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=30055

7 Gobierno de México. Instituto Nacional de Migración. Recuperado de: https://www.gob.mx/inm/que-hacemos

8 Inegi, 2020. Movimientos Migratorios. Recuperado de:

http://ntrzacatecas.com/2017/01/30/zacatecas-segundo-lug ar-en-migracion/

9 Godoy, Dante. “Zacatecas, segundo lugar en migración” NTR Zacatecas. Recuperado de: http://ntrzacatecas.com/2017/01/30/zacatecas-segundo-lugar-en-migracion /

10 Redacción La Jornada. “Especialistas se pronuncian sobre desaparición de la Secretaría del Migrante” La Jornada Zacatecas. https://ljz.mx/31/10/2021/especialistas-se-pronuncian-sobre-desaparicio n-de-la-secretaria-del-migrante/#

11 Redacción OIM, “4 acciones claves para proteger y asistir a migrantes en condición de vulnerabilidad” Organización Internacional para las Migraciones. Recuperado de:

https://rosanjose.iom.int/site/es/blog/4-acciones-claves -para-proteger-y-asistir-migrantes-en-condicion-de-vulnerabilidad

12 Ítem.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 4 de noviembre de 2021.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a emitir una disculpa pública por las declaraciones misóginas contra las niñas y adolescentes de Guerrero, a cargo de la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada Olga Luz Espinoza Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 2 y3, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Las niñas, los niños y las personas adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, sin embargo, se vive de forma diferenciada si eres niña en este país.

La violencia que a diario viven las niñas en todo el mundo es una lamentable realidad que lleva implícita el silencio, la normalización y la justificación tres situaciones que en el caso de la violencia sexual contra las niñas y niños se recrudecen.

El abuso sexual infantil y las prácticas que la rodean, como lo son los matrimonios forzados, o las adopciones falsas, son sin duda alguna una de las violaciones a los derechos de la infancia más graves que afectan de manera permanente su desarrollo y su vida, están al igual que muchas otras violencias, toleradas en muchos casos bajo el silencio de las familias, de las personas cercanas a las niñas y niños, o de algunas autoridades; está también plagada de pensamientos como el adulto centrismo que sigue fomentando la superioridad y control de los adultos sobre niñas y niños ignorando totalmente sus derechos; o justificadas por prácticas culturales, usos y costumbres, o romantización de rituales que solamente violentan en todos los sentidos los derecho humanos de la infancia y el interés superior de niñas y niños.

A decir de la ONU, cada minuto cuatro menores sufren abusos sexuales en América Latina, y al menos tres son niñas, y la mayoría no logrará recuperarse nunca de ese trauma. Una de cada cinco niñas y hasta 10 por ciento de los niños son víctimas de abuso sexual, lo que equivale alrededor de 4.5 millones de víctimas en México, de los cuales, únicamente el 2 por ciento de los casos se conocen en el momento que se presenta el abuso.

Los efectos de las diversas violencias en las niñas niños y adolescentes afectan la estructura del cerebro y genera un deterioro permanente de las capacidades cognitivas y emocionales, además de predisponer a conductas de alto riesgo y comportamientos antisociales, y colocarles entre otras realidades a menor rendimiento en sus estudios, pocas habilidades para relacionarse con las demás personas y dificultad para establecer vínculos afectivos saludables, mayor predisposición a conductas sexuales irresponsables o al uso indebido de sustancias psicoactivas y predisposición a trastornos crónicos de salud mental.1

UNICEF señala en el estudio Panorama estadístico de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en México que casi 4 de cada 10 madres, y 2 de cada 10 padres, sin importar el ámbito de residencia, reportan pegarle o haberles pegado a sus hijas o hijos cuando sintieron enojo o desesperación, 2 de cada 10 mujeres reportan que sus esposos o parejas ejercen o han ejercido violencia física contra sus hijas o hijos en las mismas circunstancias, 5.1 por ciento de las niñas y niños menores de 5 años fueron dejados con cuidados inadecuados, es decir, estuvieron solos o al cuidado de otro niño o niña menor de 10, el 63 por ciento de las niñas y niños de entre 1 y 14 años han experimentado al menos una forma de disciplina violenta durante el último mes.

Estos datos evidencian las diversas formas de violencia a las que las niñas y niños se enfrentan, y el estudio amplía la información al señalar que las prácticas más comunes suelen ser agresiones psicológicas seguidas por otro tipo de castigos físicos y, en último lugar, castigos físicos severos, así como que son las niñas las que sufren más agresiones psicológicas que los niños; en cambio, los niños suelen ser disciplinados con cualquier tipo de castigos físicos o con formas más severas. La edad de las niñas y niños más afectados por las agresiones psicológicas o por cualquier otro tipo de castigo físico se colocan entre los 3 y 9 años.

UNICEF señala también que “la violencia sexual se considera una grave violación de los derechos de niñas, niños y adolescentes y puede tomar la forma de abuso, acoso o explotación sexual, es una actividad sexual influida por el desequilibrio en la relación de poder , que en muchos casos como señalan diversos estudios, ocurre en el hogar, y en la mayoría de los actos reportados hasta antes de la pandemia habían sido perpetrados por parte de familiares o personas cercanas”.

Entre las formas que podemos identificar como violencia sexual se encuentra el exponer a las niñas, niños o adolescentes a la pornografía, voyerismo, exhibicionismo, incitar o coaccionar para tener contacto sexual, intentar o introducir dedos, mano, boca o pene en boca, vagina, ano; producir, distribuir, divulgar, importar, exportar, ofertar, vender y poseer pornografía infantil, solicitar, emplear, usar, persuadir, inducir, atraer, impulsar o permitir involucramiento en actos sexuales, tocar o acariciar de manera indeseada, hasta llegar a la trata de personas, entre otras conductas que a todas luces son violaciones flagrantes a los derechos de la infancia y la adolescencia.

Los retos para enfrentar este tema pasan irremediablemente por la visibilización de esta cruel realidad, así como de revisar la legislación para su sanción, fomentar los mecanismos para su denuncia, fortalecer los medios de prevención para su identificación, garantizar a las niñas y niños su protección integral en caso de ser víctimas de esta forma de violencia, su atención psicológica y acompañamiento para el acceso a la justicia y sobre todo, el fortalecer las redes de apoyo, identificación y canalización de los casos de violencia sexual infantil.

Sin lugar a duda hablar de este tema y conocer la forma en la que se desarrolla, es obligación de cualquier Estado, pero también de cualquier sociedad, y sobre todo de las más altas autoridades en este país, como lo es la investidura presidencial.

Es a través de las familias, la comunidad y el Estado que deberían encontrar el apoyo, la seguridad y la satisfacción de sus necesidades para un desarrollo integral, nunca se espera que desde la investidura presidencial se minimice, se desprecie o incluso se ataque a las víctimas niñas, niños y adolescentes inocentes quienes debido a las costumbres son abusados, explotados atentando así contra su vida, su integridad y su dignidad que desde su minoría de edad y en proceso de desarrollo físico y cognitivo se encuentran en tan grave situación de vulnerabilidad y riesgo social.

Estas víctimas son personas a las cuales el Estado les está fallando exponiendo la fragilidad institucional para contener las violencias que en un sentido antagónico normalizando delitos, en efecto con las recientes declaraciones del Ejecutivo federal el día de ayer en el estado de Guerrero invisibiliza que la venta de niñas constituye el una de las modalidades del delito de trata de personas.

En el nombre de la tradición se llevan a cabo prácticas nocivas2 lo que además de constituir delitos representa un conjunto de actos discriminatorios, que dan lugar a diversas formas de violencia, especialmente en contra de las niñas. El Ejecutivo federal protestó guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan en donde se plasma el interés superior de la niñez, la prohibición de discriminación, el derecho a vivir a una libre de violencia, el derecho a un sano desarrollo, entre muchos otros que les salvaguardan, por lo que resulta aberrante la declaración pública de consentir actos violatorios de derechos humanos, bajo la arcaica argumentación de la costumbre: Se deben ponderar los derechos de la niñez .

En los pueblos indígenas, mujeres, niñas y niños se encuentran al amparo del orden patriarcal, es entonces que la dominación masculina y los usos, costumbres y tradiciones, se cometen diversas violaciones de derechos humanos, los cuales son tolerados y consentidos. Son las niñas, las principales víctimas de estas prácticas, ya que desde una edad temprana son sometidas y cosificadas. Las costumbres y prácticas tradicionales perjudiciales se han definido como “todo comportamiento, actitudes y/o prácticas que afectan negativamente los derechos fundamentales de las mujeres y niñas, tales como el derecho a la vida, la salud, la dignidad, la educación e integridad física.”3

Este tipo de prácticas producen dolor, temor y humillación afectando física y psicológicamente a las víctimas en consecuencia, limita su desarrollo y les impide ejercer sus derechos de manera plena. Por el contrario, en un ambiente afable, en donde la empatía, la tolerancia y la capacidad de proporcionar a niñas, niños y adolescentes los satisfactores necesarios para su desarrollo son posibles, el desarrollo cognitivo tendrá mayores probabilidades de adquirir mayores habilidades para la vida ya que “permite al individuo analizar los roles sociales, reconocer y resolver incongruencias y conflictos, sin que esto signifique un riesgo para la propia identidad.” (González, 2011, página 102).4

Un entorno carente de satisfactores es proclive de diversos tipos de violencia que de manera inevitable impactarán en el desarrollo de las y los niños, la falta de atención a este grupo poblacional es una errática decisión que impactará en la sociedad, con costes sociales y económicos muy altos, la atención integral a la niñez y adolescencia mexicana con enfoque de derechos humanos es la clave para la modificación de los paradigmas existentes y la clave para la reconstrucción del tejido social.

Las expresiones de un mandatario deben ser congruentes con la Carta Fundamental juramentada por ello, es que hoy demandamos del Ejecutivo federal una disculpa a la ofensa y desdeñamiento las niñas de Guerrero y de todo el país por las declaraciones misóginas, insensibles y regresivas.

Se precisa congruencia, pues no se puede estar solicitando que el gobierno de España emita una disculpa por abusos de la conquista, por hechos ocurrido hace siglos sin que existiera un plexo normativo garante de los derechos humanos como el hoy tenemos y que en cambio justifique, tolere y con ello invite al consentimiento de los abusos en contra de la niñez mexicana que ocurren en un contexto de total impunidad.

El asunto que nos ocupa se agrava cuando el presidente de la República actúa en contra del interés superior de la infancia reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo cuarto, que a la letra expresa:

...

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez , garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

...

Además de lo anterior, con sus expresiones públicas el Titular de Ejecutivo Federal trasgrede el principio de no discriminación que se encuentra previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero párrafo quinto:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.5

En ese tenor, la ley secundaria, la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación,6 tiene por objeto prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Claro resulta la disposición legal al establecer en el objeto la eliminación de la discriminación que se ejerza contra cualquier persona sin distingo alguno.

Asimismo, esta norma jurídica defina a la discriminación como:

“...toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades , cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad , las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo

En concordancia con lo anterior, la ley ordenó la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Uno de los objetos del Conapred es “...llevar a cabo, las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación...”; para ello, el Consejo cuenta entre sus atribuciones la de “promover la presentación de denuncias por actos que puedan dar lugar a responsabilidades previstas en esta u otras disposiciones legales; así como ejercer ante las Instancias competentes acciones colectivas para la defensa del derecho a la no discriminación”.

El resolutivo segundo que se propone tiene su sustento legal en el enunciado anteriormente citado.

La ley citada también hace referencia a que el Conapred conocerá de las quejas por los presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias, atribuidas a particulares, personas físicas o morales, así como a personas servidoras públicas federales, y a los poderes públicos federales, e impondrá en su caso las medidas administrativas y de reparación que la Ley previene.

La ley, en su artículo 46, prosigue señalando que “...el Consejo, dentro del ámbito de su competencia, iniciará sus actuaciones a petición de parte; también podrá actuar de oficio en aquellos casos en que la Presidencia así lo determine...”

Evidente resulta que el Conapred puede abrir una investigación vía una queja en contra del presidente de la República al resultar éste posible sujeto ejecutor de actos de discriminación.

Por tratarse de declaraciones con posibles vicios de discriminación en contra de niñas y adolescentes del estado de Guerrero bajo situaciones de vente del primer mandatario de la República, el presidente del Conapred no puede a poner al titular del Poder Ejecutivo por encima de la Constitución ni de la ley materia de su exclusiva competencia.

Por lo expuesto someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. – La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que emita una disculpa pública por sus declaraciones misóginas, insensibles y regresivas contra las niñas, y adolescentes del estado de Guerrero y de todo el país, víctimas de las prácticas culturales que atentan contra su vida, integridad y dignidad humana conduciéndose de acuerdo con su investidura presidencial.

Segundo. - La Cámara de Diputados exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a que en ejercicio de las atribuciones que le otorga la ley, abra una carpeta de investigación en contra del ciudadano Andrés Manuel López Obrador por sus declaraciones públicas en detrimento de la dignidad de niñas y adolescente del estado de Guerrero y determine si se cometieron actos discriminatorios.

Notas

1 Cuartas, J. (2020), “Heightened risk of child maltreatment amid the Covid-19 pandemic can exacerbate mental health problems for the next generation”, Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy [en línea] https://doi.org/10.1037/tra0000597.

2 Centro virtual de conocimientos para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas. ONU. http://www.endvawnow.org/es

3 Artículo 1, Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los Derechos de la Mujer en África. http://www.icam.es/docs/web3/doc/DDHH_PonenciaSheilaKeetharouthEeMmayo2 011.pdf

4 Ibidem, página 102.

5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (diputados.gob.mx)

6 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (diputados.gob.mx)

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2021

Diputada Olga Luz Espinoza Morales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar tanto a las autoridades de Tijuana como al gobierno y la FGJ de BC a garantizar justicia a las víctimas de Lomas del Rubí y responsabilizar a las personas físicas y las morales involucradas, a cargo de la diputada Evangelina Moreno Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Evangelina Moreno Guerra , diputada integrante del Grupo Parlamentario del partido Morena en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Que el 16 de diciembre de 2016 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el Acuerdo emitido por el presidente muncipal del ayuntamiento de Tijuana, mediante el cual se autoriza a la empresa Comercializadora Edificante, SA de CV, llevar a cabo la acción de urbanización denominado Desarrollo Urbano Valle del Pedregal, el cual se desarrollará con la clasificación de Fraccionamiento Habitacional Multifamiliar para la Construcción de Vivienda Interés Social, en el predio identificado con la clave catrastal TJ-498-001, ubicado en la Carretera Tijuana-Ensenada en la delegación San Antonio de los Buenos de la ciudad de Tijuana, favorable habitacional para 455 viviendas.

Que del día 9 de enero de 2018 se comenzaron a colapsar las calles y casas de la colonia Liberal Lomas del Rubí, debido a los trabajos realizados por la desarrolladora Urbano Valle del Pedregal, a través de la Constructora denominada “Grupo Melo” Comercializadora Edifícate, SA de CV. A partir de ese día y hasta la fecha de hoy se siguen colapsando las casas y las calles de la colonia en comento.

De hecho, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Baja California (CEDHBC) emitió, el 31 de mayo de 2019, la Recomendación 10/2019, sobre “Violaciones a los derechos a la vivienda adecuada, al trato digno, a la debida diligencia, a la protección de la vida, integridad y patrimonio de las personas y los derechos de las víctimas, a la seguridad y a la ayuda inmediata, en agravio de vecinas y vecinos de la colonia Liberal Lomas del Rubí en Tijuana, Baja California”.

Por lo que dicha CEDHBC recomendó a las autoridades municipales:

Primera. Proceda a la reparación integral del daño ocasionado a las víctimas acreditadas en el presente caso, con base en las consideraciones planteadas en el capítulo VII de esta Recomendación, y se envíen a esta Comisión Estatal las constancias con que se acrediten su cumplimiento.

Segunda. Establezca en coordinación y con la concurrencia de las autoridades materialmente competentes, un programa integral de medidas de rehabilitación a favor de las víctimas en los términos referidos en el Apartado C del capítulo sobre Reparaciones de esta Recomedación.

Tercera. Gire instrucciones a quien corresponda a fin de implementar a la brevedad los programas de otorgamiento de becas, apoyo pedagógico y servicios sociales a los que se refiere el Apartado C del Capítulo sobre Reparaciones de esta Recomendación.

Cuarta. Al honorable ayuntamiento de Tijuana: Adopte las medidas necesarias para asegurarse de que se lleve a cabo la revisión y reforma que garantice la armonización de las normas reglamentarias municipales en materia de urbanización y edificaciones, a las normas legales estatales y a los más altos estándares disponibles en materia de protección de los derechos de las personas.

Quinta. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología: Diseñe y proponga para aprobación del Ayuntamiento, los proyectos de armonización de los reglamentos municipales a las disposiciones legales a que se refiere el párrafo 162 de esta Recomendación, teniendo en cuenta las normas constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos y cuidado que se incorporen supuestos más estrictos de control, inspección y revisión, así como para la prohibición de emisión de permisos, licencias, dictámenes u otros actos administrativos relacionados con la construcción o urbanización en zonas que por sus condiciones gelológicas, topograficas representen un alto riesgo para la vida, integridad o propiedad de las personas.

Sexta. A la Dirección de Protección Civil: Instale una Mesa Técnica Intersectorial e interinstitucional a fin de crear o en su caso adecuar los protocolos de actuación en materia de protección civil en caso de asentamientos en zonas de alta y muy alta vulnerabilidad, ya existentes en el Municipio, así como en casos de obras y movimientos de tierra u otras maniobras riesgosas y situaciones de emergencia como la del caso de mérito.

Séptima. A la Dirección de Protección Civil: Continúe haciendo visitas e inspecciones en el lugar, a fin de prevenir nuevas afectaciones resultantes de la evolución de los desplazamientos de terreno que siguen actuando sobre la ladera, poniendo en riesgo potencial más viviendas en la zona.

Al secretario de Salud y director general de Isesalud del estado de Baja California:

Primera. Sírvase crear o en su caso adecuar los protocolos de actuación del Sector Salud en Baja California, a fin de garantizar a toda persona en situación de protesta social su acceso efectivo al derecho a la salud en los casos que se requiera y en los términos previstos por el Apartado B del capítulo de Observaciones, así como el Apartado E relativo a Reparaciones, ambos de esta Recomendación.

Han pasado más de 44 meses y más de 130 casas desplomadas por la ladera colindante con el fraccionamiento y más de 20 casas dañadas en riesgo de colapsar y otras más con daños parciales, pues la constructora continúo construyendo casas en el fraccionamiento, por lo que se siguieron dañando las viviendas de los habitantes de la colonia Lomas del Rubí. Una situación que es verdadera indignante y lacerante para cualquier familia que con mucho trabajo y esfuerzo construyeron sus moradas.

El pasado lunes 11 de octubre del año en curso, el grupo de “Vecinos Afectados y Víctimas en Forma Directa”, me presentaron una comunicación que a la letra dice:

“Diputada Evangelina Moreno Guerra

Diputada federal del distrito 5
Del estado de Baja California

Las suscritas integrantes de los “afectados y victimas de Lomas del Rubí”, así como a nombre propio Mariana Morales Alvarado, al ser personas afectada, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Liberal Patria Número 5480, colonia Lomas del Rubí, con cualquiera de las aquí firmantes; acudimos ante usted a fin de manifestar A efecto, de que entienda la situación en que nos encontramos, narramos los siguientes:

Primero. Luego, las autoridades estatales y municipales debieron responsabilizarse, según lo ordena la Constitución, la Ley General de Protección Civil, y diversas leyes, de proteger la vida, integridad, salud y patrimonio de los habitantes de Lomas del Rubí, así como de que tuviéramos un techo en donde vivir, la comida adecuada para la buena salud de los adultos mayores, nuestros hijos, y todos en general; la atención médica adecuada y medicamentos necesarios acorde a los padecimientos de la población, así como la ayuda psicológica necesaria para soportar la desgracia por la que estamos atravesando de la mejor manera; evitando así que la gente enfermara, que aquella que estaba enferma agravara; y que en virtud de ello, perdieran la vida, por lo disminuidos que estamos física y anímicamente, dada la desgracia que tenemos que sobrellevar, Además debieron resguardar el área colapsada y mitigar los riesgos para las familias que aun cuentan con su patrimonio, cuestiones éstas que no han sido atendidas en su totalidad,

La Constructora Señalada es “Grupo Melo” Comercializadora Edifícate, S.A. de C.V., construyo el “Fraccionamiento Valle del Pedregal”, ubicado en Bulevar Cuauhtémoc Sur Poniente número 4771 Colonia Tejamen Código Postal 22635 a las Faldas de la ladera de la colonia Lomas del Rubí aquí en Tijuana B.C. https://youtu.be/iY6rLUZ3If4

Segundo. También como respaldo de los hechos mencionados desde que inicio la problemática se ha Integrado un Expediente en Comisión Estatal de Derechos Humanos Tijuana, BC, con número de expediente 88/2018 donde se encuentran datos y un padrón de todas las Familias afectadas de Lomas del Rubí, donde se sigue Integrando al Expediente, Continua con Análisis y Realización de Recomendaciones en Proceso.

Así como la atención a la violación de los derechos humanos a las victimas declaradas con la Recomendación Numero 10/2019, Recomendación N.1/2020 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Baja California, Solicitamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la Intervención de acuerdo a la Recomendación emitida para imponer a las autoridades llevar a cabo como salvaguardar todos y cada uno de los derechos humanos de las víctimas, y sea el Sistema Nacional de Atención a Víctimas quien los atienda.

Tercero. Lo que se afirma, pues desde el día que colapsaron nuestras casas protección civil y la autoridad Municipal determinaron en un Dictamen Técnico Realizado por Personal Profesional de la Dirección de Administración Urbana del H.XXII Ayuntamiento de Tijuana B.C. de fecha 15 de mayo de 2018 “Inestabilidad de Ladera Ubicada entre la Colonia Lomas del Rubí y Fraccionamiento Valle del Pedregal Delegación San Antonio de los Buenos “Oficio A.E.-A.T.D/ 402/18 Asunto Dictamen Técnico de Daños, donde el colapso de Lomas del Rubí fue por un mal corte de talud donde no llevaron a cabo las recomendaciones por un experto en determinada obra provocando tal daño a las 169 Familias a lo causado se requiere de manera urgente, Estabilización del área Afectada como de estructuras dañadas en virtud de urgencia y riesgo en que se encuentran las familias de la Calle Liberal Patria Anexa con Libertad de Expresión, Paseo del Rubí, y calle Reforma viviendas que no han sido afectadas y que son susceptibles de colapsó total a lo que deberán asegurar las medidas correspondientes para prevenir y mitigar accidentes y responsabilidad a dado caso de brindar seguridad patrimonial a esas familias, ya que la estructura de la masa de tierra y peso de las casas que aún siguen de pie en esa zona de riesgo es a lo que se solicita se salvaguarden a las familias y patrimonio de los que aún viven ahí alrededor de una zona de riesgo, ya que es necesario un sistema de estabilización, retención por la inestabilidad de la masa de tierra ya que por falta de retención a lo que era una ladera natural , y por qué es una zona vulnerable dado a que por la fractura de la tierra y degradación de resistencia a lo que el deslizamiento sigue avanzando y movimiento de masa de tierra ya que no es necesario un control de movimiento de tierra dado a que se debe aplicar a la brevedad posible por la complejidad de movimiento de tierra, lo que los vecinos percatan un hundimiento interno de tierra por las cuestiones climatológicas como se persigue en las múltiples grietas que se presentan en la zona colapsada y alrededores de la zona de riesgo, a lo que se debe contar con personal técnico de calidad aplicando la normatividad en determinadas opiniones técnicas con lineamientos técnicos leyes y reglamentos aplicables dónde también se realizará un trabajo conjunto con las Autoridades de la dirección de Administración Urbana Protección Civil Municipal una Inspección con expertos y asesores para dejar constancia que permitan determinar un fundamento técnico.

Cuarto. Asimismo, a 3 años 8 meses de presentadas las denuncias penales respectivas ante el Agente del Ministerio Público donde ha exhibido el Dictamen y Periciales Correspondientes por el perito asignado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California un Dictamen Pericial en materia de mecánica de suelos y geotecnia, colapso de talud en la colonia Liberal Lomas del Rubí Tijuana B.C. de fecha 31 de Enero de 2019, para que se integre a la carpeta de investigación con numero de N. de Caso 0204- 2018- 06686, N. de Oficio 116/UTMCZC/2018, Procuraduría General del Estado de Baja California Partido Judicial de Tijuana no se ha logrado avanzar en las indagatorias.

Quinto. En los estudios realizados por determinados expertos ha quedado documentado la contradicción de estos dos estudios que no favorecen a las familias afectadas de Lomas del Rubí para que el responsable de los daños y perjuicios causados a su patrimonio y familia que es Grupo Melo y sea determinada la responsabilidad y para que la justicia se aplicada conforme a derecho, así que solicitamos el apoyo para la realización de una opinión técnica por instituciones académicas como unidades de investigación de la UNAM, IPN en área geotécnica, estudio de suelos así como la intervención centro nacional de previsión de desastres (Cenapred), Protección Civil federal, Sedatu, instituciones y dependencias federales correspondientes para el apoyo a Lomas del Rubí.

Aquí es en donde nos damos cuenta que la justicia solo existe para los “ricos”, para los pudientes, porque para nosotros la clase trabajadora que tardamos más de 35 años en construir un patrimonio para nuestros hijos, donde exigimos la rehabilitación, urbanización en el mismo lugar en la zona colapsada y poder rescatar poco de lo mucho que fue destruido que ya no existe ahora para los ojos y comentarios de muchos, pero no solo es un patrimonio es una vida, los mejores momentos, anécdotas, recuerdos de seres humanos adultos mayores, niños, jóvenes, hombres y mujeres que cada piedra y puño de tierra son la esencia de toda una vida de estas familias que han sido marcadas por esta tragedia que no pidieron en ningún momento que les hicieran daño.

Es realmente triste ver como los ricos se hacen más ricos a costillas de los más pobres y saber que a pesar de que nosotros siempre hemos sido buenos ciudadanos, pagando nuestros respectivos impuestos, inclusive adquiriendo nuestros predios en un fraccionamiento, pagando nuestros servicios que nos acreditan como dueños.

Exigimos ya se actúe con el apoyo como una solución técnica que alivie nuestra problemática dado a que se tienen que acumular más estudios para fincar la responsabilidad y consignar a la autoridad responsable como constructora y llevarse así, la indemnización para reparación por el daño causado a todas estas familias.

¡A lo que me permito solicitarle haga un recorrido en la zona de riesgo y observar el avance durante estos años con los sucesivos meses de la zona colapsada y como se esta agravando y afectara mas calles aledañas, ya que el gobierno federal, estatal como municipal no han actuado en la zona afectada de Lomas del Rubí!

Sexto. Ya que nadie cuenta con la finalidad de continuar con acciones tendientes a lograr la estabilización del área afectada como estructuras dañadas en virtud de urgencia ya que es un riesgo en que se encuentran las familias de la calle liberal patria anexa con libertad de expresión como paseo del rubí, viviendas que no han sido afectadas en su totalidad y que son susceptibles de colapsó total sin conocer los tiempos ya que no se ha aplicado un método especializado de monitoreo para determinar el avance como alcance del daño futuro a esa zona donde se deberían asegurar y aplicar las medidas correspondientes para prevenir y mitigar accidentes a los residentes de la zona responsabilidad a lo que la asignados a diferentes secretarias como lo son la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Administración Urbana, Protección Civil Municipal, Sidurt estatal, federal Sedatu, Armando Rosales, de Desarrollo Urbano y Vivienda y David Cervantes, de Ordenamiento Territorial (https://jornadabc.mx/tijuana/31-08-2019/hara-cicese-de-la-unam-nuevo-p eritaje-en-lomas-del-rubi) tienen conocimiento de un Dictamen Técnico Realizado por Personal Profesional de la Dirección de Administración Urbana del H.XXII ayuntamiento de Tijuana, BC, de fecha 15 de mayo de 2018 “Inestabilidad de Ladera Ubicada entre la Colonia Lomas del Rubí y Fraccionamiento Valle del Pedregal Delegación San Antonio de los Buenos” Oficio A.E.-A.T. D / 402/18 Asunto Dictamen Técnico de Daños, donde se determina el colapso de Lomas del Rubí. donde se espera que la nueva administración ya mencionada junto con sus expertos, asesores puedan dejar constancia como complemento donde permitan determinar con un estudio de suelo las causas como la responsabilidad del deslizamiento de tierra provocado por la constructora de Grupo Melo en Lomas del Rubí.

Fiscalía del Estado de Baja California Carpeta de Investigación en la Unidad UTMC con número de Caso 0204- 2018- 06686 para consignar a esta empresa y a quien resulte responsable para que pague el daño material como moral causado a las familias de Lomas del Rubí, solo es la omisión y apatía por esta dependencia en atención a las denuncias solicitamos a la Fiscalía Federal la Intervención sigue imponiendo formalismos no al alcance de las victimas que solo crean un laguna Jurídica como el mínimo apoyo a la parte actora que son todas las familias de Lomas del Rubí.

Séptimo. Que hasta la fecha marcada en este escrito, no, han aplicado propuestas y opciones de soluciones como proyectos inmediatos para que los vecinos que vieven en una zona de riesgo calle liberal patria, libertad de expresion donde no hay un monitoreo en la estructura de la masa de tierra es lo más inestable para detener el peso de las casas que aún siguen de pie a unos metros de la zona de riesgo y que es necesario un estudio de suelo determinativo para saber y conocer el factor de riesgo como el alcance en la zona colapsada como un sistema de estabilización, retención al pie de las casas que están en riesgo por la inestabilidad de la masa de tierra como lo son tambien los vecinos de la calle reforma que por este suceso se quedaron sin acceso de salida y entrada lo que solo tienen una escalera improvisada para entrar a sus domicilios ya que por falta de retención a lo que era una ladera natural, a estas meses que paso el tiempo es tan vulnerable por la fractura de la tierra y degradación de resistencia a lo que el deslizamiento sigue avanzando.

Movimiento de tierra donde se percata una compactación de la masa de tierra por las cuestiones climatológicas con el avance de los meses, pero se perciben las múltiples grietas que se presentan en la zona colapsada y alrededores de la zona de riesgo, a lo que se debe contar con personal técnico de calidad aplicando la normatividad en determinadas opiniones técnicas con lineamientos técnicos leyes y reglamentos aplicables como es la función de sindicatura procuradora municipal donde se le solicito la reapertura del expediente inv-d/174/2018 a lo que no se ha concluido la investigación donde solicitamos el inicio al procedimiento administrativo de responsabilidad por la falta administrativa de los servidores públicos como funcionarios a lo que procedimos también a un procedimiento contencioso administrativo expediente 42/2020 ante el tribunal estatal de justicia administrativa del estado de baja california.

¡Ya que hasta la fecha no hay un responsable por la “autorizaron el uso de suelo para el proyecto como permisos a la construcción del fraccionamiento Valle del Pedregal de Grupo Melo” y las sanciones, suspensión y clausura del fraccionamiento Valle del Pedregal fueron omitidas por esta autoridad tambien! A lo que procedimos a un amparo ante el juzgado tercero de distrito en materia de amparo y juicios federales en el estado de baja california expediente 87/2020.

octavo. - en esta nueva administración de la cuarta transformación solo se ha apoyado por mandamiento presidencial Andrés Manuel López Obrador, el día 14 de abril de 2018, de forma presencial escuchó nuestros problemas y ofreció solucionarlos.

La ocasión del día 6 de enero de 2019, escuchó nuestros problemas y ofreció una solución ya como presidente de los Estados Unidos Mexicanos, dio la instrucción al entonces candidato Jaime Bonilla de solucionar el problema de Lomas del Rubí en fecha 27 de marzo de 2019, ya electo como gobernador era apoyo de una vivienda gratis como el acceso a la justicia pronta.

Donde se destinó un recurso de fondos federales para que el estado diera seguimiento como atención a las familias sin casa de Lomas del Rubí, Con un apoyo económico mensual a propietarios como hijos posesionarios para pago de renta provisional en 2020 hasta que se nos estregara la casa.

El 30 de abril de 2021, se “donó” como apoyo solidario y por la vulnerabilidad por nuestra tragedia una vivienda progresiva a solo 130 familias, que no es indemnización ni compensación del daño sufrido de estas familias donde la coordinación de los 3 órdenes de gobierno fue mediante municipio donó el terreno, gobierno federal, Conavi construcción de las Viviendas, estado regularización del predio que son los títulos de propiedad.

A lo pendiente sigue en proceso los títulos de propiedad como detalles faltantes al fraccionamiento Lomas de la Esperanza como el centro comunitario dentro del fraccionamiento, mejoras de las áreas verdes, arropamiento de un talud como canaleta para desviar el agua, barda perimetral, reparación en las viviendas ya que cuentan con daño estructural de grietas como goteras como también quedando pendiente el apoyo a hijos posesionarios para el apoyo de vivienda que están en lista de espera. De acuerdo al seguimiento a la queja (folio: 202009082) Departamento de Contraloría Social de la Secretaría de Honestidad y Función Pública del estado.

A lo que tiene conocimiento el delegado federal en Baja California y coordinador único de Programas Federales, maestro Alejandro Ruiz Uribe, delegado de Bienestar, Gilberto Herrera Solórzano, gobernador del estado, ingeniero Jaime Bonilla Valdez, arquitecta Karen Postlethwaite Montijo, secretaria Infraestructura Desarrollo Urbano Territorial, delegada ingeniera Edith A. Méndez de Sidurt en gobierno de Baja California, Protección Civil del Estado, alcalde municipal, Arturo González Cruz, alcaldesa suplente Karla Ruiz Macfarland, la secretaria de la DAU municipal arquitecta Patricia Peterson Villalobos, como sus respectivos representantes de las secretarías Protección Civil Municipal, Control Urbano, Desarrollo Social, Sindicatura, Delegación San Antonio de los Buenos como dependencia municipal.

A lo que solicitamos que en esta nueva administración “una visita en Lomas del Rubi” y se tenga esa coordinación de los 3 órdenes de gobierno para fincar responsabilidad a los culpables por el trágico suceso que afecto a todas las familias afectadas y víctimas directas de Lomas del Rubí, es necesario salvaguardar la Vida de las familias que todavía viven alrededor de una zona de riesgo sin ningún apoyo seguridad social jurídica y de su patrimonio ya que nuestros más eleméntales derechos humanos como es una vida digna en todos sus aspectos, han sido violentados. Solicitamos actúen solidariamente conforme a las atribuciones, facultades con que cuenta ajustadas a derecho y con la conciencia de hacer lo mejor para las familias de Lomas del Rubí, afectadas directas como damnificadas y probables damnificadas; evitando mayores desgracias, no pedimos más, ni menos pedimos lo justo!

Atentamente

Vecinos afectados y victimas en forma directa”

Finalmente, este grupo de vecinas y vecinos de Lomas del Rubí están muy preocupados por la falta de actuación de las autoridades municipales, estatales y judicales, pues han pasado más de 44 meses de la afectación, misma que día a día se sigue desplomando y poniendo en riesgo a las familias que todavía viven en sus moradas. No es posible creer que todavía no se concluya la investigación. ¿Qué necesitan las autoridades locales, que haya pérdidas humanas para que actuén y den resultados?

Si faltan estudios técnicos y las víctimas no pueden asumir los costos de éstos, sugerimos respetuosamente a la Fiscalía General del Estado que aplique la suplencia de la queja para que puedan concluir con la carpeta de investigación y se finquen responsabilidades individuales y colectivas, hacia las personas físicas, morales y, en su caso, a los servidores públicos.

Ya lo ha dicho nuestro presidente de la República Mexicana, licenciado Andrés Manuel López Obrador, “primero los pobres”. Por lo que este principio también abarca el acceso a la justicia y al debido proceso. No vamos a permitir más corrupción ni vamos hacer comparsa de la corrupción, no vamos a permitir que ninguna autoridad rompa con la legalidad a cambio de unos pesos. De hecho, las autoridades locales dijeron que no permitirían que quedará impune la actuación de la constructora Melo y que si era necesario no realizaría ningún tipo de construcción en el país ni en la entidad, hasta que repare el daño de más de 200 millones de pesos aproximadamente (sic).

Recordemos que la atención y la solución a las y los afectados de la colonia Lomas del Rubí, fue una instrucción directa de nuestro presidente de la república hacia el gobernador constitucional de Baja California. Por ello, el gobernador de la entidad debe encontrar la manera de allanar el camino y otorgar la justicia social y emocional que requieren las víctimas y responsabilizar a quienes resulten culpables, no basta con buenas intenciones ni con buenas acciones, se requiere una verdadera reparación del daño y punibilidad a los responsables. Esto es, no basta con las 130 casas entregadas, las cuales fueron recibidas sin terminar y además faltan por entregar más de 100 casas para las familias damnificadas.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración la siguiente proposición:

Punto de Acuerdo

Primero. La LXV Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador constitucional de Baja California y a la presidenta municipal del ayuntamiento de Tijuana para que resuelva la situación de las víctimas y afectados de la colonia Liberal Lomas del Rubí del municipio de Tijuana, Baja California, a fin de que implemente una reparación integral a las víctimas y se responsabilicen a los culpables del desplome de las casas y calles de las y los vecinos de dicha localidad.

Segundo. Se conmina respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Baja California a terminar de integrar la Carpeta de Investigación con Número de Caso 0204- 2018- 06686, N. de Oficio 116/UTMCZC/2018 y, en su caso, aplicar la suplencia de la queja para que se realicen los estudios técnicos faltantes, a fin de que se haga justicia y se responsabilicen los personas fisicas y morales, públicas y privadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2021.

Diputada Evangelina Moreno Guerra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a realizar por la SHCP una mesa de diálogo con la FND, ejidatarios y pequeños propietarios sonorenses para resolver la problemática de créditos vencidos ante la institución, a cargo del diputado Jesús Fernando Morales Flores, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Jesús Fernando Morales Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) es un organismo descentralizado de la administración pública federal, sectorizado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Banca de Desarrollo), con personalidad jurídica y patrimonio propio, que impulsa el desarrollo del medio rural a través de financiamiento incluyente para productores y micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

La financiera tiene como objetivo coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del Estado de impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la productividad, así como mejorar el nivel de vida de su población.

La institución, en el ejercicio de su objeto está facultada para:

• Otorgar crédito de manera sustentable y prestar otros servicios financieros a los productores e intermediarios financieros rurales, procurando su mejor organización y mejora continua.

• Ejecutar los programas que en materia de financiamiento rural se determinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

• Promover ante instituciones nacionales e internacionales orientadas a la inversión y al financiamiento, proyectos productivos que impulsen el desarrollo rural.

• Operar con los gobiernos federal, estatales y municipales, los programas que se celebren con las instituciones mencionadas.

• Apoyar actividades de capacitación y asesoría a los productores para la mejor utilización de sus recursos crediticios, así como para aquellos que decidan constituirse como intermediarios financieros rurales.

• Fomentar el desarrollo integral del sector rural, para lo cual la financiera coadyuvará al mejoramiento del sector financiero del país vinculado a las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y del medio rural, tal y como se define en el artículo 3o. fracciones I, II y artículo 116, en lo que corresponda, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

• Preservar y mantener los recursos de su patrimonio destinados al otorgamiento de créditos y manejar sus recursos de manera prudente, eficiente y transparente.

• Señalar el número, ubicación y estructura de las coordinaciones regionales, las cuales contarán con un titular designado por el consejo directivo, a propuesta del director general. Las agencias tendrán carácter permanente y, para su establecimiento, se considerará la demanda crediticia de las zonas geográficas productivas en el medio rural.

• Instalar módulos de manera temporal, en las zonas geográficas productivas cuya demanda crediticia lo requiera en determinada época del año.

En las regiones de Baviácora, Aconchi, San Felipe de Jesús, Huepac y Banamichi en el río Sonora, hay grupos de ejidatarios y pequeños productores que como muchos en el país han tenido acceso a los créditos otorgados por la Institución Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, sin embargo, por la crisis generada, primeramente en 2014 cuando sucedió un derrame de sulfato de cobre que se vertió a los ríos Bacanuchi y Sonora, lo que causó un daño directo a los pobladores, productores y ejidatarios de estas regiones y que hasta la fecha la economía de las mismas no han podido recuperarse.

Asimismo, el impacto ocasionado por la crisis sanitaria del virus del SARS-CoV2 ha sido muy significativo. La actividad económica en el país se desaceleró significativamente como resultado de la decisión de suspender todas aquellas actividades consideradas como no esenciales. Esta decisión inevitablemente afectó a los ejidatarios y productores del río Sonora quienes se atrasaron en los pagos de sus créditos. Sin embargo, buscan llegar a un acuerdo con la institución a fin de sanear la situación.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realice una mesa de diálogo con Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, en conjunto con ejidatarios, así como con pequeños propietarios de los municipios de Baviácora, Aconchi, San Felipe de Jesús, Huepac y Banamichi, Sonora, con la finalidad de resolver la problemática generada ante la imposibilidad de pago de créditos vencidos ante dicha institución ocasionados por la difícil condición económica que vive la población del río Sonora, ocasionada hace años por el desastre ecológico y actualmente por la crisis sanitaria generada por el virus del SARS-CoV2 .

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2021.

Diputado Jesús Fernando Morales Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México y la Sedatu a evaluar los daños causados por los fenómenos naturales en la unidad habitacional de Nonoalco, Tlatelolco, a cargo de la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, María Rosete, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral I, artículo 6, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, ambos preceptos del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el compendio de Estadísticas Ambientales 2017, estableció que “el territorio nacional, por su ubicación geográfica, suele verse afectado por la ocurrencia de diversos fenómenos naturales que en ocasiones dan lugar a situaciones de amenaza para la población y el medio ambiente.”1

Los fenómenos naturales más comunes en México son los sismos, huracanes, lluvias intensas y erupciones volcánicas. Asimismo, se encuentra ubicado en una zona de alta sismicidad debido a la interacción entre las cinco placas tectónicas: Norteamérica, Cocos, Pacífico, Rivera y Caribe.

El Servicio Sismológico Nacional reporto que, en México, en el año 2020 se registraron 30 mil 130 sismos y en lo que va del año 2021 se han reportado 22 mil 534 sismos.2 Mismos que han sido calculados desde una magnitud de 0-2.9 a 8-8.9.

De acuerdo con el Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres (Cred), de 1900 a 2018 se registraron 231 desastres en los que más de 20 mil personas perdieron la vida y aproximadamente 18 millones de habitantes fueron afectados en sus viviendas.

Con los sismos del 7 de septiembre y del 19 de septiembre del 2017 más de 170 mil viviendas fueron dañadas. 115 mil experimentaron daño moderado que requiere de reparación, y 60 mil requieren ser reconstruidas.

Del año 2019 al año 2020 los daños y pérdidas incrementaron un 43.3 por ciento, ocupando el año 2020 el octavo escaño entre los años con el valor más alto de daños y pérdidas.

Asimismo, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) en su informe “Impacto socioeconómico de los principales desastres ocurridos en México”, informó que en 2020 los fenómenos naturales afectaron a 858,735 mil personas, dañando aproximadamente 256 mil viviendas.3

La Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano en el Censo de viviendas y acciones para la construcción: transparencia y rendición de cuentas, determinó que los sismos de septiembre de 2017 dejaron daños en la Ciudad de México de 5 mil 765 viviendas afectadas. Las alcaldías con mayores afectaciones fueron Cuauhtémoc, Iztapalapa y Benito Juárez.

La Unidad Habitacional de Nonoalco Tlatelolco, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, ha sido una de las más afectadas por los sismos del 2017, presentando diversos daños en los edificios de Baja California, Coahuila, Zacatecas, Veracruz, Allende, Tamaulipas, Arteaga, Michoacán, Guanajuato, entre otros.

Los sismos aludidos han dañado los edificios, causando grietas severas en los muros y la verticalidad de las edificaciones, provocando una fragilidad en sus estructuras físicas, razón por la cual se encuentran en riesgo de un posible colapso ante un sismo de gran magnitud.

Tlatelolco es una unidad habitacional de más de 100 hectáreas, estructurado por tres supermanzanas denominadas “La Independencia”, “La Reforma” y” La República”, con 102 edificios y 12 mil 16 departamentos, en la que viven alrededor de más de 20 mil personas.

Los eventos naturales son fenómenos inevitables, por lo que es necesario tomar las medidas pertinentes para proteger a la población en caso de un futuro desastre, con la finalidad de salvaguardar la vida e integridad de los miles de personas que tienen su vivienda en la unidad habitacional de Nonoalco Tlatelolco garantizando la seguridad de los residentes, cuyas edificaciones como se ha mencionado con anterioridad, han sufrido diversos daños en las columnas o vigas, hundimiento, grietas o movimientos del suelo.

El Estado debe realizar las gestiones necesarias para priorizar la reconstrucción de los edificios que han sido afectados por los diversos sismos ocurridos en el país, ejecutando las medidas preventivas necesarias, mejorando el bienestar de la población y sobre todo, salvaguardar la vida de todos los ciudadanos.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La LXV Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México y al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que en el ámbito de sus funciones y de manera coordinada evalúen los daños de los edificios de la unidad habitacional de Nonoalco-Tlatelolco, emitiendo los dictámenes pertinentes.

Segundo. Se realicen las gestiones necesarias para la reconstrucción estructural de los edificios que, con base en los dictámenes realizados, requieran atención debido a los daños ocasionados por un fenómeno natural.

Notas

1 https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/compendio_2017/dgeiawf.semarnat.gob.mx_8080/ibi_apps/
WFServlet7b86.html#:~:text=Un%20desastre%20es%20un%20evento,fuentes%20de%20sustento%20y%20funcionamiento.
&text=Por%20tanto%2C%20un%20evento%20como,%C3%A1mbito%20de%20la%20protecci%C3%B3n%20civil.

2 http://www2.ssn.unam.mx:8080/estadisticas/

3 https://www.gob.mx/cenapred

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2021.

Diputada María Rosete (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al INE y la Tesofe a aplicar con responsabilidad el presupuesto solicitado para realizar el ejercicio de revocación de mandato, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

I. La pandemia de COVID-19, se traduce como el reto sanitario más grande que enfrenta nuestro país en la actualidad. De acuerdo con el Coronavirus Resource Center de la Johns Hopkins University, desde que comenzó la pandemia, en México se han registrado 3,808,205 casos confirmados de COVID-19 así como 288,464 lamentables muertes por esta enfermedad.1 En este sentido, resulta claro que esta crisis sanitaria expuso las vastas deficiencias del sistema de salud mexicano.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el gasto que México ejerce en el sector sanitario es de tan sólo el 5.5% del PIB y ello sitúa a nuestro país como uno de los países de la OCDE que menos invierte en este rubro. Asimismo, según este organismo internacional, la cobertura de un conjunto básico de servicios de salud es la más baja de los países que integran la OCDE.2

De igual forma, según la OCDE, desde el año 2017, el 52% de la atención médica en México fue financiada por el gobierno, ello contrasta con el promedio de los países de la OCDE el cual es de 73%.3

Ahora bien, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados en el Estudio Costos de los Servicios de Salud Pública en México en el Ámbito Federal existe un enfoque sanitario dirigido hacia la atención curativa, mas no hacia la atención preventiva. Dicho de otro modo, el sistema de salud en México busca atender personas que ya están enfermas en lugar de evitar que éstas se enfermen en primer lugar. A la letra dicho centro señala lo siguiente:

“También se cuenta con una deficiencia central en el sistema de salud, pues el enfoque del sistema entero se dirige hacia la atención curativa por sobre la atención preventiva, lo que significa que el sistema opera de manera posterior a que surgen los problemas en salud, a través de una atención médica que procura llevar a las personas de regreso a un cierto nivel de calidad de vida una vez que esta ya se ha perdido, en vez de invertir el esfuerzo y recursos, tanto privados como públicos para prevenir en primera instancia la pérdida de la calidad de vida y el deterioro de la salud.”

En este tenor, de acuerdo con Judith Senyacen Méndez investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C., en México durante 2018, 2019 y 2020 se ha invertido tan sólo el 2.8% del gasto total en salud en prevención y control de enfermedades.4 Dicho de otro modo, la inversión en la medicina preventiva no ha sido una prioridad presupuestaria para las últimas administraciones.

La problemática de un enfoque sanitario de atención reactiva o curativa no es meramente presupuestaria, sino que, literalmente, cuesta vidas. Por ejemplo, en nuestro país en 2019 hubo 104,354 muertes por diabetes mientras que en 2020 hubo 152,467 muertes por este mismo rubro debido también en parte a la pandemia de COVID-19 que azotó a nuestro país y que tenía como uno de los principales factores de riesgo a la diabetes.5

La prevención debe ser uno de los principales ejes de cualquier política de salud pública y esto debe reflejarse en el presupuesto asignado anualmente, pues como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) el fortalecer la atención primaria es clave en la salud de todas las personas.6

Por ello, resulta fundamental una mayor inversión en materia de vacunas a fin de enfrentar la actual pandemia de Covid-19 y reforzar los esquemas de vacunación existentes con anterioridad para su aplicación a todas las personas, especialmente a las niñas y niños.

En épocas anteriores México era uno de los países que tenía un esquema de vacunación más completo y de calidad, sin embargo, en los últimos años ha dejado de ponerse la atención y los recursos suficiente para mantener este nivel y seguir avanzando en la cobertura de aplicación de vacunas.

México Evalúa, en un análisis de los recursos que se prevé destinar para 2022 en este rubro, retoma los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-2019 donde se señala que en ese periodo nuestro país tuvo uno de los peores niveles de vacunación de las últimas 2 décadas pues entre 2018 y 2019 solamente el 18.5% de los niños menores de 1 año contaban con el esquema de vacunación completo.7

En el mismo documento, este centro de análisis refiere como positivo que para 2022 se proyecte un aumento en el presupuesto para vacunación pero advierte que en años anteriores este rubro había sido recortado.8

Dada esta circunstancia y la necesidad de que nuestro país sea autosuficiente en un mediano plazo para mantener el esquema nacional de vacunación que hace años se aplica y que ahora deben sumarse las vacunas contra Covid-19, consideramos necesario y urgente ampliar los recursos y las estrategias para la cobertura de vacunación.

II. El proceso de revocación de mandato del titular del Ejecutivo federal es una figura de participación electoral recién inserta en el sistema político-electoral mexicano, surgida a partir del compromiso realizado en reiteradas ocasiones por el hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de su campaña electoral.9

Así, el 20 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato, con el cual se ordenó, entre otras cuestiones, al Instituto Nacional Electoral a llevar a acabo las nuevas atribuciones encomendadas en materia de consultas populares y revocación de mandato, con la disponibilidad presupuestaria para los ejercicios subsecuentes.

De acuerdo con su configuración normativa, quedó definido como “el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza”.10

Recientemente, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato, con el cual, entre otras cuestiones, se ordenó al Instituto Nacional Electoral garantizar la realización de la consulta mediante los ajustes presupuestales que fueren necesarios, y cubrir las erogaciones generadas con motivo de la misma, con los presupuestos asignados y subsecuentes.

A partir de lo anterior, el Instituto Nacional Electoral solicitó 3,830.4 millones de pesos para el eventual ejercicio de revocación de mandato, que de no realizarse serían devueltos a la Tesorería de la Federación. De acuerdo con el propio Instituto, se utilizarían de la siguiente manera:11

- 1,812 mdp en contratar Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales, integrar Mesas Receptoras, difundir spots y materiales de promoción.

- 502.4 mdp para arrendamiento de plantas eléctricas de emergencia, servicios de primeros auxilios y remuneración a personal.

- 36.6 mdp para el sistema operativo, simulacros y conteo rápido.

- 13. mdp para la emisión de la Lista Nominal de Electores con fotografía y la entrega de más de 161 mil cuadernillos a las Mesas Receptoras.

- 1,212.9 mdp para la planeación, instrumentación y seguimiento de la organización electoral; contratación de personal de apoyo en Oficinas Centrales y Órganos desconcentrados; distribución de documentación y materiales electorales antes y después del cierre de la jornada; y un apoyo a los funcionarios y propietarios de los inmuebles donde se instalarán las Mesas Receptoras para labores de limpieza.

- 222.1 mdp para diseño y producción de la documentación y materiales, como papeletas, actas, urnas, mamparas, instructivos, etc.

- 17.5 mdp para voto de los mexicanos en el extranjero.

- 12.3 mdp para sistemas de cómputo, aplicación móvil, clasificación y validación de propaganda y encuestas, para personal de monitoreo, y para atender, informar y acreditar a visitantes extranjeros.

Esta previsión de gasto se ha considerado excesiva y desproporcionada por distintos actores políticos por estimar que el Instituto es una de las autoridades del Estado que busca tener márgenes presupuestales y que no sigue la política de austeridad del gobierno federal;12 no obstante, el Presidente de dicha institución ha sido enfático en reiterar que de conformidad con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional Electoral puede solicitar presupuesto para prever los gastos de estos eventuales ejercicios de democracia participativa y que, si en noviembre, fecha límite para reunir las firmas para la revocación de mandato o una consulta popular adicional, se determina que no será viable, se devolverá a la Tesorería de la Federación de manera íntegra o, incluso, podría ni siquiera serle transferido.13

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Esta previsión de gasto se ha considerado excesiva y desproporcionada por distintos actores políticos por estimar que el Instituto es una de las autoridades del Estado que busca tener márgenes presupuestales y que no sigue la política de austeridad del gobierno federal; no obstante, el Presidente de dicha institución ha sido enfático en reiterar que de conformidad con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional Electoral puede solicitar presupuesto para prever los gastos de estos eventuales ejercicios de democracia participativa y que, si en noviembre, fecha límite para reunir las firmas para la revocación de mandato o una consulta popular adicional, se determina que no será viable, se devolverá a la Tesorería de la Federación de manera íntegra o, incluso, podría ni siquiera serle transferido.13

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que, en caso de presentarse un subejercicio debido a que no se actualicen los requisitos para la realización del ejercicio de Revocación de Mandato 2022, sin mayor dilación, reintegre en su totalidad los recursos asignados para tal efecto a la Tesorería de la Federación.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Tesorería de la Federación, a que, en caso de presentarse un subejercicio debido a que no se actualicen los requisitos para la realización del ejercicio de Revocación de Mandato 2022, considere la pertinencia de asignar los recursos etiquetados para tal efecto al Programa de Vacunación Universal y Jornadas Nacionales de Salud Pública.

Tercero.La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral a que, en caso de que se actualicen los requisitos para elaborar el ejercicio de Revocación de Mandato en el año 2022, establecerá criterios para procurar reducir en un 50% o más, lo presupuestado para dicho ejercicio democrático, y cumplir con los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Notas

1 Coronavirus Resource Center. (2021). Covid-19 Dashboard. Johns Hopkins University. Recuperado de:

<https://coronavirus.jhu.edu/map.html>

2 OCDE. (2019). Health at a Glance 2019. OCDE. Recuperado de: <https://www.oecd.org/mexico/health-at-a-glance-mexico-ES.pdf>

3 Ídem.

4 Méndez, J. (2019). Presupuesto para prevención y control de enfermedades. Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. Recuperado de: <https://ciep.mx/presupuesto-para-prevencion-y-control-de-enfermedad es/>

5 Toche, N. (2021). El 73 por ciento de la población mexicana mayor de 20 años tiene un peso arriba de lo saludable. El Economista. Recuperado de: <https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/El-73-de-la-poblacion-m exicana-mayor-de-20-anos-tiene-un-peso-arriba-de-lo-saludable-20210704- 0064.html>

6 Organización Mundial de la Salud (OMS) (2019). Los países deben invertir en atención primaria de salud un 1 por ciento adicional de su PIB. Recuperado de:

https://www.who.int/es/news/item/22-09-2019-countries-mu st-invest-at-least-1-more-of-gdp-on-primary-health-care-to-eliminate-gl aring-coverage-gaps

7 México Evalúa (2021). Gasto en el Presupuesto 2022: Prometer no empobrece. Recuperado de:

<https://www.mexicoevalua.org/gasto-en-salud-en-el-pr esupuesto-2022-prometer-no-empobrece/>

8 Ídem

9 Forbes. (2018). López Obrador promete consulta sobre revocación de mandato cada 2 años. Forbes México. Recuperado de: <https://www.forbes.com.mx/amlo-se-registra-una-vez-mas-como-candida to-presidencial/>

10 Instituto Nacional Electoral. (2021). Revocación de Mandato. Instituto Nacional Electoral. Recuperado de: <https://ine.mx/revocacion-mandato/>

11 Instituto Nacional Electoral. (2021). Así usaría el Instituto el presupuesto para la Revocación de Mandato. Instituto Nacional Electoral. Recuperado de:

https://centralelectoral.ine.mx/2021/09/09/asi-usaria-el -instituto-el-presupuesto-para-la-revocacion-de-mandato/

12 Milenio. (2021). INE aprueba pedir 18.8 millones de pesos para presupuesto 2022; mayoría, para revocación de mandato. Recuperado de: <https://www.milenio.com/politica/presupuesto-ine-2022-aprueban-pedi r-18-8-millones de pesos

13 Milenio. (2021). INE planea pedir 5 mil millones de pesos para revocación de mandato y posible consulta de 2022. Recuperado de: https://www.milenio.com/politica/ine-pedira-5-mil-millones de pesos-revocacion-mandato-consulta-2022

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2021.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a considerar en la política nacional de vacunación contra el SARS-Cov2 a la población de 5 a 17 años de edad, a cargo de la diputada Fabiola Rafael Dircio, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, la diputada Fabiola Rafael Dircio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que en el país se decidió por vacunar contra el Covid-19 a los y las adolescentes, especialmente con comorbilidades de riesgo (enfermedades que ya tienen y que debilitan su sistema inmunológico),1 así como a las adolescentes embarazadas a partir de la novena semana, así lo dio a conocer la Secretaría de Salud federal.

Las enfermedades que se consideraron dentro del programa de vacunación son;

• Enfermedad cardíaca congénita o adquirida con datos de insuficiencia cardiaca

• Hipertensión arterial primaria o secundaria en tratamiento médico con anti-hipertensivos.

• Asma grave mal controlada: uso de esteroides inhalados a dosis altas junto con un segundo medicamento controlador además de por lo menos uno de los siguientes: a) uso de 3 o más ciclos de esteroide sistémico en el año anterior por presentar exacerbaciones de asma, o b) una o más hospitalizaciones por asma en el año anterior (los pacientes con adecuado control con base en inhaladores no son elegibles en este grupo).

• Discinesias ciliares.

• Displasia broncopulmonar.

• Fibrosis quística.

• Fibrosis pulmonar intersticial.

• Malformaciones congénitas del sistema respiratorio

• Malformaciones congénitas de riñón, hígado o sistema digestivo que condiciona un riesgo para la vida.

• Reflujo gastroesofágico severo que puede predisponer a infecciones respiratorias.

• Pacientes con gastrostomía.

• Cirrosis.

• Atresia biliar.

• Hepatitis crónica.

• Insuficiencia renal crónica grado 3 o superior incluyendo pacientes con terapia sustitutiva (hemodiálisis o diálisis peritoneal)

• Neurodiscapacidad y/o enfermedad neuromuscular que incluye parálisis cerebral, autismo moderado o grave, epilepsia de difícil control y con afección neurológica y distrofia muscular.

• Trastornos congénitos que puedan afectar al sistema nervioso.

• Enfermedad hereditaria y degenerativa del sistema nervioso o de los músculos u otras afecciones asociadas con la hipoventilación.

• Discapacidades de aprendizaje múltiples o graves o profundas (PMLD).

• Miastenia y enfermedades relacionadas.

• Esclerosis múltiple

• Síndrome de Down.

• Diabetes mellitus en cualquiera de sus formas y grado de control.

• Síndrome de Addison.

• Síndrome hipopituitario.

• Obesidad grave (igual o superior a 3 deviaciones estándar (DE) de las tablas de referencia de la OMS 2007 (ver categorías en anexo)

• Tratamiento activo para tumores sólidos o neoplasias malignas hematológicas (leucemia, linfoma y mieloma), o dentro de los 3 años posteriores a la curación.

• Receptores de trasplantes de órganos sólidos o de células madre dentro de los 2 años posteriores al trasplante o recibiendo tratamiento inmunosupresor.

• En lista de espera para trasplante.

• Inmunodeficiencia primaria moderada o severa (ejemplo, síndrome de DiGeorge, síndrome de Wiskott-Aldrich, inmunodeficiencia común variable) o secundaria a enfermedad/tratamiento.

• Tratamiento activo con inmunosupresores que producen inmunosupresión significativa (incluidos corticosteroides en dosis altas (adolescentes y niños > 10 Kg: ?20 mg de prednisona o su equivalente por día cuando se administra durante ?2 semanas), agentes alquilantes, antimetabolitos, fármacos inmunosupresores relacionados con el trasplante, agentes quimioterapéuticos contra el cáncer, bloqueadores del factor de necrosis tumoral (TNF) y otros medicamentos que son significativamente inmunosupresores o que los han recibido en los 6 meses anteriores, quimioterapia o radioterapia inmunosupresora.

• Enfermedades autoinmunes que pueden requerir tratamientos inmunosupresores a largo plazo, lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoide, entre otros.

• Infección por VIH/sida.

• Infecciones por tuberculosis.

• Esferocitosis hereditaria.

• Drepanocitosis homocigótica.

• Talasemia mayor.

• Cualquier otro caso de causa de asplenia.

• Hemofilia2

Que el secretario de salud federal señaló que no se contempla en lo inmediato a los niños y adolescentes en el proyecto de vacunación, con base a la opinión de un grupo asesor ligado a la Organización Mundial de la Salud que le invita a esperar hasta en tanto se defina si las vacunas no limitan el desarrollo natural del sistema inmunológico para enfrentar otras enfermedades.3

Esta determinación en el programa de vacunación toma relevancia si se considera que la edad mediana, pasó de 26 a 29 años en la última década, esto significa que para el año 2020, la mitad de la población mexicana tiene 29 años o menos.

Es decir, con la gráfica adjunta podemos definir que en la actualidad se tiene un universo cercano a los 15 millones de habitantes del rango de los 12 a los 17 años.

Esta estrategia ha motivado que se ejerza un derecho pleno de los padres para el acceso a la vacunación, esto mediante amparos, hasta el mes de octubre se tenían contemplados en existencia al menos 250 amparos, principalmente en los estados de Veracruz, Oaxaca, el estado de México y Ciudad de México.

Por otro lado, el juzgado Séptimo de Distrito en Naucalpan, estado de México, estableció que se debía modificar la Política Nacional de Vacunación anti-Covid-19 por parte del gobierno federal y tener en consideración de la estrategia a todos los menores de entre 12 y 17 años.

Esta estrategia de vacunar a menores se apoya en que en diversos países del mundo ya se están inoculando a sus menores de 12 a 17 años ante los sucesos de que Pfizer probó su vacuna con éxito en menores a partir de los 12 años, y las dos vacunas chinas, Sinovac y Sinopharm, se aprobaron para mayores de 3.

Asimismo, los Estados Unidos de Norteamérica, dieron a notar que es necesaria la vacunación a menores dado que la variante Delta del virus ha provocado la hospitalización de miles de niños, que constituyen el 25 por ciento de los casos en el país.4

Algunos países de la Unión Europea iniciaron la vacunación a pequeños de entre 12 y 15 años posterior a que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprobara el uso de la vacuna Pfizer para esas edades en el mes de mayo.

A la fecha países como España, Dinamarca y Francia ya vacunaron a la mayoría de su población del rango de edad de 12 a 17.

Israel inició el pasado mes de junio a vacunar a los menores de 17 y hasta los 12 años.

En el mismo mes de junio Uruguay se convirtió en el primer país en américa latina en empezar a inocular a menores de entre 12 y 17 años con la vacuna Pfizer.

Por su parte los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), recomiendan que todas las personas de 5 años o más se vacunen contra el Covid-19 para ayudar a protegerse del Covid-19.

Esta decisión se consideró con base en el conocimiento de que aunque el Covid-19 tiende a ser más leve en niños también puede hacer que los niños se enfermen gravemente y sean hospitalizados, incluso a causa de las complicaciones pueden provocar la muerte.

Vacunarse contra el Covid-19 puede ayudar a proteger a los niños de 5 años o más de contraer el Covid-19.

Vacunar a los niños puede ayudar a proteger a los miembros de la familia, incluidos los hermanos que no son elegibles para vacunarse y los miembros de la familia que podrían tener mayor riesgo de enfermarse gravemente si se infectan.

La vacunación también puede ayudar a evitar que los niños se enfermen gravemente, incluso si contraen Covid-19.

Vacunar a los niños de 5 años o más puede ayudar a mantenerlos en la escuela y ayudarlos a participar de manera segura en actividades deportivas, juegos y otras actividades grupales.5

Aunado a lo anterior es preciso señalar que mientras en México se sigue en la disyuntiva de vacunar a menores de entre 12 y 17 años, un comité asesor de la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos recomendó la aprobación para uso de emergencia de la vacuna contra Covid-19 de Pfizer para menores de entre 5 y 11 años.

El pasado martes 2 de noviembre, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomendaron, al igual que la FDA, la vacuna de Pfizer Inc/BioNTech SE para su uso generalizado en el grupo de 5 a 11 años.

Con base en esas autorizaciones, Estados Unidos va a empezar a administrar la vacuna contra Covid-19 a niños de entre 5 y 11 años, alrededor de unos 28 millones de menores en edad escolar han sido incluidos entre la población a inocular en ese país.

La decisión abonara en prevenir en un 90 por ciento la infección sintomática en los niños, y según lo dieron a conocer las autoridades sanitarias de ese país, ofrece una vía para reducir las cuarentenas o el cierre de escuelas y aumentar las libertades.

Es por ello que ante el actual escenario nacional en donde, hasta el momento solo está permitida la vacunación para menores de entre 12 y 17 años que tengan alguna comorbilidad, es decir aproximadamente un millón de niños, lo que significa apenas el 7.5 por ciento de la población de ese rango de edad, en otras naciones ya se aplica y aplicará en otras muchas a los menores desde los 5 años.

Esta definición es dolorosa en nuestro país considerando que, en lo que va de pandemia, han muerto 407 niños de 0 a 5 años; 112 de 6 a 11 años, y 239 de 12 a 17 años y que el total de casos acumulados de contagios entre la población menor de edad es de 156 mil 990.6

Además de que la misma secretaria de salud señala que:

La vacunación es una forma sencilla, inocua y eficaz de protegernos contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas. Las vacunas activan las defensas naturales del organismo para que aprendan a resistir a infecciones específicas, y fortalecen el sistema inmunitario.7

Por lo expuesto y fundado someto a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal para que se considere como parte de la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la prevención de Covid-19 en México a la población infantil de los 5 a los 17 años, garantizando con ello lo establecido en el artículo 4o. constitucional de que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

Notas

1 http://vacunacovid.gob.mx/

2 Ibídem.

3 www.jornada.com.mx/

4 https://www.forbes.com.mx/

5 https://espanol.cdc.gov/coronavirus

6 https://www.eleconomista.com.mx/

7 http://vacunacovid.gob.mx/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2021.

Diputada Fabiola Rafael Dircio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos locales a realizar acciones dirigidas a mantener actualizada la información en su portal de internet y vinculada a la Plataforma Nacional de Transparencia, a cargo del diputado Jesús Roberto Briano Borunda, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado federal Jesús Roberto Briano Borunda , integrante de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de está soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Consideraciones

En septiembre del 2012, la Conferencia Mundial del Parlamento Electrónico presentó oficialmente la Declaración sobre Apertura Parlamentaria, la cual es un llamado a los parlamentos nacionales y subnacionales a promover la transparencia gubernamental y parlamentaria, y con ello, asegurar la participación ciudadana en el trabajo parlamentario.1

Ante el compromiso internacional, en septiembre del 2014 se constituyó la Declaración de lanzamiento de la alianza para el parlamento abierto en México participando, como firmantes, el Senado de la República y la Cámara de Diputados, el Organismo Autónomo Garante del Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y doce organizaciones de la sociedad civil impulsoras de la apertura legislativa. Dicha declaración señala la firme intención de los firmantes de convocar a los congresos de las entidades federativas, a los organismos garantes del derecho de acceso a la información y protección de datos personal de las entidades federativas y a la sociedad de todo el país a sumarse a la alianza de acuerdo a los lineamientos, metodología y procedimientos de participación previamente acordados por las partes.2

En referencia de lo anterior, el artículo seis constitucional establece el derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Además, es la primera fracción del apartado A, establece lo siguiente:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

Y, con ello, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 72 establece que poderes Legislativos federal y de las entidades federativas son sujetos obligados a poner en disposición del público y actualizar información de la gaceta parlamentaria, el diario de debates, las versiones estenográficas, la asistencia de cada una de sus sesiones del Pleno y de la Comisiones y Comités, las iniciativas de Ley o decretos, puntos de acuerdo, convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las comisiones y comités y de las sesiones del pleno, identificando el sentido del voto, en votación nominal y el resultado de la votación por cédula, así como votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración.

A partir de las disposiciones citadas, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) emitió los “Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia” (Lineamientos de Verificación). De modo que, en su Anexo III “Poder Legislativo Federal, de las Entidades Federativas y la Legislatura de la ciudad de México”, en el cual señala el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 72 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sustenta que los sujetos obligados del Poder Legislativo federal, de las entidades federativas y la Legislatura de la Ciudad de México deben poner a disposición de los particulares y mantener actualizada en una sección de transparencia en sus portales de Internet y vinculada a la Plataforma Nacional.3

De igual forma, el Anexo III, detalla los criterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de información publicada y actualización de los portales de Internet y en la Plataforma Nacional, que los sujetos obligados del Poder Legislativo federales y locales deben cumplir.

Por lo anterior, cabe mencionar que la Cámara de Diputados ha presentado avance notorio en la materia. El pasado 01 de junio de 2021, el INAI, emitió el dictamen de cumplimento, señalando que la Cámara de Diputados cumplió con la publicación de la información concerniente a sus obligaciones de transparencia comunes y específicas establecidas en la Ley General de Transparencia y en la Ley Federal de Transparencia, obteniendo un total de cien puntos porcentuales (100 por ciento) del Índice Global de cumplimiento en Portales de Transparencia.4

Dicho Dictamen en comento señala el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que debe publicar y mantener actualizadas en base de los criterios señalados en los Lineamientos de Verificación.

Sin embargo, la situación es adversa los poderes legislativos de las entidades federativas, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó el Informe Legislativo 2017, en donde analiza la composición y conformación de los congresos locales, el manejo que hacen de los recursos públicos y su desempeño legislativo.

El informe sostiene que se enviaron 800 solicitudes de información, de las cuales el 79 por ciento fueron respondidas de manera satisfactoria. Solo las legislaturas de Campeche, Chihuahua y Sinaloa respondieron satisfactoriamente el 100 por ciento de las solicitudes, mientras que los congresos con menor porcentaje de respuestas adecuadas fueron Morelos (36 por ciento), Veracruz (32 por ciento) y Colima (16 por ciento).5

Es por ello, que la presente proposición con punto de acuerdo pretende que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte a los congresos locales para que implementen los mecanismos necesarios en publicar y mantener actualizada información en su portal de internet y vinculada la plataforma nacional transparencia con la finalidad de garantizar el derecho al libre acceso a información plural y oportuna.

Este conjunto de acciones permitirá avanzar en el acceso de información desde el ámbito legislativo y gubernamental. La Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2019 sostiene que tan solo el 8.6 por ciento de la población consulta una página de internet gubernamental para obtener información de instituciones. Destacando que el 71 por ciento de la población que realizó una consulta en una página de internet del gobierno manifestó que era accesible y de fácil manejo; además el 50 por cientode ellas, obtuvo algo satisfecha con la información disponible.6

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a los congresos locales de las treinta y dos entidades federativas para que, en el ámbito de sus obligaciones de transparencia, realicen las acciones necesarias en publicar y mantener actualizada la información en su portal de internet y vinculada en el Sistema Nacional de Transparencia.

Notas

1 Opening Parliament (2012). Declaración sobre Apertura Parlamentaria. Disponible en el siguiente sitio web: https://www.openingparliament.org/static/pdfs/spanish.pdf.

2 Senado (2014) Declaración de Lanzamiento de la Alianza para el Parlamento Abierto en México. Disponible en el siguiente sitio web:

https://www.senado.gob.mx/comisiones/cogati/eventos/docs /Declaracion_220914.pdf

3 INAI (2020). Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Disponible en: https://www.transparencia.ipn.mx/Apoyo/SIPOT/LTG_DOF28122020.pdf

4 INAI (2021) Dictamen de cumplimiento. Sujeto Obligado: Cámara de Diputados. Clave: 01200.Disponible en:

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/3/2021-06-0 9-1/assets/documentos/Unidad_de_Transparencia_Cumplimiento_CD.pdf

5 IMCO (2019) INFORME 2017. Disponible en el siguiente sitio web: https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2019/11/INFORME_LEGISLATIVO_2017 _FINAL_26Jun17.pdf

6 Inegi (2019) Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/enaid/2019/

Referencia

Fracción I, Apartado A, Artículo 6, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 72, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2021.

Diputado Jesús Roberto Briano Borunda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y la Ssa a hacer del conocimiento público el origen, el uso y la justificación de los recursos destinados a contratar personal de salud cubano, a cargo de la diputada Mariela López Sosa, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Mariela López Sosa, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal, así como al titular de la Secretaría de Salud, hagan del conocimiento de la opinión pública de manera detallada y minuciosa el origen, uso y justificación de los recursos públicos destinados a la contratación de personal de salud de nacionalidad cubana, además que aclaren en el mismo acto, por qué no se utilizó dicho recurso para contratación y pago de personal de salud de nacionalidad mexicana adicional; todo lo anterior ante la falta de información concisa y transparente del uso de los recursos y la justificación de esas contrataciones, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los tiempos que actualmente se viven son tiempos extraordinarios y como tal han requerido medidas extraordinarias. En un periodo de emergencia sanitaria como el que ahora mismo estamos atravesando, todas las decisiones que se han tomado desde los diferentes niveles de gobierno serán juzgadas a partir su pertinencia y los resultados que efectivamente sigan salvaguardando la vida de los mexicanos.

En este contexto de pandemia, las necesidades en materia de salud se han multiplicado exponencialmente, y sin embargo, todas las decisiones deben y deberán siempre realizarse teniendo como prioridad la salud, la transparencia en el uso de recursos y el mejorar cualquier condición en la vida de los mexicanos, por ello hemos tratado de entender que la situación actual ha orillado al gobierno federal a realizar campañas emergentes de contratación de personal de salud, donde según declaraciones del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hasta el 14 de junio de 2020, se habían contratado cerca de 46 mil 29 médicos durante los últimos tres meses, de los cuales sólo 3 mil 936 son especialistas.

Con respecto a lo anterior, el personal médico que labora en la Ciudad de México y que principalmente está al frente de la batalla contra el coronavirus considera que los 585 médicos y enfermeras cubanos traídos para apoyarlos durante la contingencia, realmente no realizan un trabajo sustantivo que justifique los más de 57 mil pesos mensuales que les pagó el gobierno a cada uno de ellos, cuando los especialistas mexicanos difícilmente cobran 45 mil pesos.

En investigaciones realizadas en los meses anteriores por varios actores políticos y sustentada en documentos oficiales, emitidos por dependencias e instituciones de los propios gobiernos de Morena, así como órganos autónomos de arbitraje médico, se evidencia que el “gobierno del Presidente López Obrador, el de Claudia Sheinbaum y el del presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, orquestaron un fraude de 255, 873,177 millones de pesos al presupuesto de salud, con la contratación de 585 falsos médicos (que no cuentan con título) para tratar pacientes mexicanos de Covid”.

Esto generó una gran polémica, en la que el gobierno de la Ciudad de México se vio involucrado y que de manera simplista sus autoridades en esta ciudad respondieron que los médicos fueron acreditados por el Ministerio de Salud de Cuba y que sí tienen perfiles diversos, además que sin duda cuentan con preparación especializada para el tratamiento del Covid-19, sin embargo hasta la fecha del presente, lo anterior no se ha podido corroborar mediante ningún documento de carácter oficial.

Asimismo, los mencionados documentos de investigación, explican que la “Secretaría de Bienestar, a través de un convenio de colaboración, transfirió el 21 de abril de 2020, 135 millones 875,081 pesos al gobierno federal para ayudarle en la crisis del Covid”. Tres días después, el 23 de abril de 2020, la administración encabezada por la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó con el gobierno de Miguel Díaz-Canel en Cuba, dos convenios bianuales por 255 millones 873,177 pesos”.

En este sentido, la contratación de médicos y trabajadores de salud de origen cubano adquiere su polémico contexto, toda vez que seguimos en desconocimiento de una justificación y de documentos que acrediten la necesidad, la ausencia de perfiles de médicos mexicanos y sobre todo los altos costos de dichas contrataciones, sin voltear a ver primero a los excelentes médicos y especialistas mexicanos, situación que ha despertado una gran molestia en el sector.

No es óbice mencionar que todo lo anterior se mantiene en una total opacidad por parte del gobierno federal; evadiendo que la contratación de médicos de Cuba supone un gasto por demás exagerado en hospedaje, alimentación, salarios y servicios generales.

Los médicos mexicanos consideran que ha sido una injustica privilegiar a los médicos extranjeros, ya que no cumplen con los requisitos establecidos por la Ley de Profesiones y la Ley General de Salud.

Sobre este particular, el secretario general del Sindicato Nacional Libre de los Trabajadores del Seguro Social (SNLTSS), Armando Rosales Torres, dijo que ha habido muchas manifestaciones de inconformidad tanto de trabajadores de la salud como de asociaciones del sector y lo realmente delicado es que no se sabe cuál es su función y las razones que justifiquen su llegada al país. Pero sobre todo, lo que ha quedado muy claro es que la mayoría de ellos no son expertos ni en medicina interna, ni mucho menos en la atención a pacientes con Covid.

Por eso, ante los costos de la operación realizada por el gobierno federal, el reclamo de los especialistas mexicanos es por demás justificado. Además, si consideramos los múltiples casos en que se ha evidenciado la falta de insumos necesarios para tratar esta crisis sanitaria, lo que ha resultado sumamente irresponsable ante esta contingencia.

Ahora bien, en este momento, la información detallada se ha vuelto un bien invaluable para la toma de decisiones adecuadas por parte de autoridades y de la misma población, por lo que no es motivo del presente exhorto evidenciar sólo por hacerlo, es un reclamo de justicia, transparencia y coherencia con los pregones del titular del Ejecutivo federal, por eso es no sólo una invitación sino una exigencia que en futuras situaciones, ayudará a generar mejores políticas a partir de la experiencia adquirida durante estos tiempos de crisis.

En caso que se haga omisión de medidas reales de transparencia, prácticas como estas seguirán levantando sospechas; la omisión de información pública accesible para cualquiera y la falta de interés por comunicar los detalles de manera eficaz, seguirán teniendo una consecuencia negativa que mina la confianza con la ciudadanía y el seguimiento estricto de las medidas preventivas que el gobierno siga implementando.

Entre las muchas obligaciones de las autoridades que gobiernan, se encuentra la transparencia y la realización de verdaderas acciones y políticas que impacten positivamente sobre la vida de las personas, persiguiendo el bienestar general de la población. Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados solicita respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y al titular de la Secretaría de Salud, que hagan de conocimiento de la opinión pública, de manera detallada y minuciosa, el origen, uso y justificación de los recursos públicos destinados a la contratación de personal de salud de nacionalidad cubana. Asimismo, aclaren en el mismo acto, por qué no se utilizó dicho recurso para más contratación y pago de personal de salud especialista de nacionalidad mexicana.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al titular del Ejecutivo federal, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y al titular de la Secretaría de Salud, para que hagan de conocimiento público la justificación que llevó a la contratación de médicos de origen cubano, sin priorizar la contratación de médicos especialistas de nacionalidad mexicana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2021.

Diputada Mariela López Sosa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos locales a fortalecer los programas destinados a la igualdad entre hombres y mujeres en materia de prevención de violencia e igualdad de género, a cargo de la diputada Araceli Celestino Rosas, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Araceli Celestino Rosas, diputada del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La violencia de género ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones más claras de la desigualdad entre hombres y mujeres.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la define como cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.

Para el gobierno de la cuarta transformación es imprescindible garantizar a las mujeres el pleno derecho una vida libre sin violencia, por ello es necesario que todas las autoridades dentro de sus líneas de actuación utilicen todos los mecanismos jurídicos, programas y políticas públicas para garantizar su seguridad.

El artículo 1 de La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia insta la coordinación entre el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en armonía con el principio rector: No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera , establece el Programa Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, en donde uno de los principales objetivos es combatir los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, preservando su dignidad e integridad, generar las condiciones de seguridad ciudadana necesarias y suficientes para que las mujeres y niñas recuperen la tranquilidad y gocen de libertad y entornos seguros y en paz.1

Sin duda la violencia de género es una problemática de interés nacional, por lo que necesario hacer lo propio en los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal.

Ahora bien, y de acuerdo con los datos de Plataforma México Rumbo a la Igualdad 2020, 22 de las 32 entidades federativas no cuentan con un Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de estas 22 entidades federativas, solo el 50 por ciento se refiere a algún programa que permita avanzar en la lucha por la igualdad de género en los planes estatales de desarrollo.2

Por esta soberanía hace un atento exhorto a los 32 gobiernos estatales a fortalecer los Programas Estatales para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, en materia de prevención de violencia de genero e igualdad de género.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto respetuosamente a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La honorable Cámara de Diputados exhorta a los gobiernos estatales a fortalecer los Programas Estatales para la Igualdad entre Hombres y Mujeres en materia de prevención de violencia de genero e igualdad de género.

Notas

1 Secretaría de Gobernación. Diario Oficial de la Federación (noviembre 12, 2020). Recuperado de

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608467&fecha=22/12/2020

2 Instituto Nacional de las Mujeres. México Rumbo a la Igualdad. Recuperado de http://rumboalaigualdad.inmujeres.gob.mx/temas/programas-para-la-iguald ad-entre-mujeres-y-hombres

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2021.

Diputada Araceli Celestino Rosas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al INM y la Comar a salvaguardar en el acompañamiento de las caravanas migrantes los respectivos derechos humanos, a cargo de la diputada Olga Leticia Chávez Rojas, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada federal Olga Leticia Chávez Rojas , integrante de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Considerandos

A partir del último trimestre de 2018, grandes movimientos de personas migrantes provenientes de Centroamérica, denominadas caravanas migrantes, han irrumpido en el territorio mexicano, teniendo como objetivo llegar a Estados Unidos, la nombrada migración de tránsito, misma que ha causado gran relevancia, tanto para las autoridades de nuestro país como en el ámbito internacional.

Ante la relevancia de la migración en tránsito por México, se ha definido esta como: “personas, que sin propósitos de residencia, utilizan un país distinto al de su nacimiento o residencia habitual, para trasladarse a otro país. Normalmente, la migración de tránsito por México es realizada por personas que no logran acreditar su condición de estancia; es decir, se trata de una migración irregular”.1

Los motivos de esta migración son varios, pero primordialmente son la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad, así como las afectaciones por el cambio climático, que azotan en muchos países centroamericanos, por lo que nuestros hermanos migrantes son víctimas de las circunstancias, y no pueden ser tratados como criminales.

Ya que la migración para ellos “no es una opción más”, sino la única alternativa que existe para poder vivir dignamente.

Cabe citar, que desde los años 70, las y los migrantes centroamericanos han emigrado de manera irregular a los Estados Unidos, cruzando y transitando por México para llegar a su destino final.

Y que previo a las caravanas, el tránsito de los migrantes por nuestro país se realizaba por las noches por caminos peligrosos, los migrantes se escondían, intentando ser invisibles para no ser vistos por las autoridades o delincuentes quienes se aprovechaban de su situación de vulnerabilidad.

Tan sólo en el año 2010, la violencia hacia los migrantes creció de manera exponencial en nuestro país, ante el incremento del crimen organizado en las redes de tráfico de personas migrantes, así como el cobro de piso en los caminos por donde se trazan las rutas de la migración irregular.

La masacre de San Fernando refleja la inseguridad y la crisis humanitaria que aconteció en nuestro país para los migrantes centroamericanos, ya que en dicho crimen fueron secuestrados y asesinados 72 migrantes cuando en su tránsito por México para dirigirse hacia los Estados Unidos.

De ahí, que las caravanas migrantes se dieron como estrategia segura para emigrar para quienes se sumaran al contingente, al tener lugar a la luz del día y en un grupo consolidado, por lo que están menos expuestos a delitos y abusos, además de se evita que los migrantes caigan en las manos de los denominados “coyotes”.

Sumando a lo anterior, el hecho de migrar en caravana tiene como consecuencia que las autoridades y las entidades no gubernamentales lleven a cabo una mayor asistencia para las personas que integran el contingente.

Por ello, desde el año 2018 a la fecha han tenido lugar en nuestro país, diversas oleadas de caravanas, dando origen a una nueva forma de migrar, la cual ha demandado una respuesta oportuna y con un enfoque humanitario por parte de nuestras autoridades mexicanas y de los países involucrados en dicho fenómeno migratorio.

La primera caravana migrante aconteció en octubre del año 2018, y se trató de alrededor de siete mil personas, con una destacada presencia de mujeres, niñas y niños, principalmente provenientes de Honduras.

Dicho contingente tuvo como respuesta de parte de las entonces autoridades, la detención del paso de los migrantes, en el puente internacional de Ciudad Hidalgo, a través de gases y otros métodos de contención, esto de acuerdo a lo señalado por diversos medios de comunicación.

Actualmente, la política migratoria de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, contenida el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, es aplicar las medidas necesarias para garantizar que los extranjeros migrantes en México puedan transitar con seguridad en el territorio nacional o afincarse en él.

Lo que se apega a lo dispuesto por la Ley de Migración, la cual es de observancia general en toda la república, y que tiene por objeto, regular el ingreso y salida de los mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos, así como el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, siempre en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos.

Ordenamiento jurídico que además dispone en su artículo 2, párrafo segundo, lo que a letra se inserta:

“Son principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano los siguientes:

Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada.

Congruencia de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de extranjeros en su territorio.

Enfoque integral acorde con la complejidad de la movilidad internacional de personas, que atienda las diversas manifestaciones de migración en México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, considerando sus causas estructurales y sus consecuencias inmediatas y futuras.

(...)”

De la interpretación armónica y sistemática de dicho dispositivo jurídico se prevé:

-Como se ha señalado anteriormente la política migratoria de nuestro país debe garantizar el respeto de los derechos humanos de todos los migrantes, sin discriminación alguna, previendo atención especial a los grupos vulnerables.

-Debe existir congruencia, los derechos que exigimos para nuestros connacionales en el exterior, debemos garantizarlos para los migrantes en nuestro país.

-Se debe llevar a cabo un enfoque integral que atienda la migración desde sus causas y en los países de origen, tránsito y destino.

En términos de lo previsto en el citado ordenamiento legal, ante la caravana migrante conformada en su mayoría por hermanos centroamericanos y haitianos, que según lo descrito por diversos medios de comunicación partió el pasado sábado 24 de octubre del presente año, de Tapachula, Chiapas, con el propósito de llegar a la Ciudad de México, específicamente ante la Secretaría de Gobernación, para poder regularizar su situación en nuestro país y, en su caso, posteriormente dirigirse a Estados Unidos.

Es necesario que las autoridades correspondientes continúen actuando como lo han señalado en diversos medios de comunicación, que mencionan que su intervención se ha limitado hasta ahora a proteger a los migrantes y brindarles auxilio.2

Cabe citar, que en la citada caravana, de acuerdo a los medios de comunicación se encuentran muchas mujeres, niños y adultos mayores, en el contingente se encuentran cerca de 1256 niños menores de siete años; poco más de 400 de entre siete y 18 años; 63 mujeres embarazadas, tres de ellas con más de ocho meses; cuatro personas en silla de ruedas; tres niños con situación especial y casi 400 adultos mayores de más de 65 años con algunas complicaciones de salud,3 los cuales han enfrentado altas temperaturas en el trayecto, así como un sinfín de dificultades con única esperanza de lograr una mejor vida.

La que suscribe he vivido en Estados Unidos por más de 35 años, por lo que conozco todas las dificultades que nosotros los migrantes afrontamos al salir de nuestro país, en la búsqueda de un sueño, en la búsqueda de mejores oportunidades.

Por todo ello, es importante enfatizar que la protección de los derechos humanos de todos los migrantes, es una obligación ineludible del Estado mexicano y debe cumplirse a cabalidad por nuestras autoridades en materia migratoria.

En esta tesitura, es importante citar que el artículo 125, fracciones VII, IX y XV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2019, establece las siguientes atribuciones para el Comisionado del Instituto Nacional de Migración.

-Coordinar con autoridades federales, de las entidades federativas y de los municipios, la atención de los temas operativos en materia migratoria;

-Promover y coordinar las acciones operativas para que los mexicanos y extranjeros tengan un trato digno y respetuoso de sus derechos humanos durante su ingreso, tránsito y salida del territorio nacional;

-Coadyuvar con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en los procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado.

Asimismo, el citado Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación dispone, en su artículo 147, fracciones II y VIII, las siguientes atribuciones para el titular de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados:

-Aprobar los procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado iniciados por personas extranjeras que, encontrándose en territorio nacional, así lo soliciten.

-Establecer acciones estratégicas en la implementación de programas para la difusión y promoción de los derechos humanos de las personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado.

De lo anterior se verifica que es competencia del Comisionado del Instituto Nacional de Migración y del titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en el ámbito de sus atribuciones, otorgar el acompañamiento a las caravanas migrantes, así como prever que se respeten los derechos humanos del contingente, además de otorgar el trámite y seguimiento correspondiente a las solicitudes de refugio.

Así como que tales autoridades se coordinen con las autoridades estatales y municipales, para que los migrantes durante su tránsito por nuestro país tengan un trato digno y respetuoso, apoyándolos con los insumos necesarios (comida, agua, ropa, zapatos, chamarras, cobijas, albergue y productos de aseo personal) durante su trayecto, que sumen a ese trato digno que por Ley debe otorgárseles.

Además, las autoridades migratorias deben en todo momento salvaguardar el interés superior de las niñas y niñas migrantes que conforman el contingente que nos ocupa.

Por lo anteriormente señalado, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Comisionado del Instituto Nacional de Migración para que, a través de las áreas competentes de ese Instituto a su digno cargo, se lleve a cabo el acompañamiento de la caravana migrante que partió el pasado sábado 24 de octubre del presente año de Tapachula, Chiapas; respetándose en todo momento los derechos humanos de todos los migrantes que integran el contingente.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Comisionado del Instituto Nacional de Migración para que, a través de las áreas competentes de ese Instituto a su digno cargo, se coordine con las autoridades estatales y municipales, a fin de que los migrantes que conforman la señalada caravana, durante su tránsito por nuestro país, tengan un trato digno y respetuoso, apoyándolos con los insumos necesarios durante su estadía en México.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para que, a través de las áreas competentes de ese órgano a su digno cargo, otorguen el trámite y la resolución que corresponda, a las solicitudes presentadas por los migrantes, que conforman la enunciada caravana, para regularizar su estancia en nuestro país.

Notas

1 Glosario, Programa Especial de Migración 2014-2018, México, Secretaría de Gobernación, Unidad de Política Migratoria, 2014

2 Migración: ¿callejón sin salida?, LA JORNADA, 25 octubre de 2021, recuperado de:

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/25/opinion/migr acion-callejon-sin-salida-20211025/

3 Caravana migrante reanuda camino rumbo a Villa Comaltitlán, LA JORNADA, 27 de octubre de 2021, recuperado de: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/27/politica/caravana-migrante- reanuda-camino-rumbo-a-villa-comaltitlan/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2021.

Diputada Olga Leticia Chávez Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader a ajustar los precios de garantía según el incremento del costo de producción, especialmente en el caso del frijol, a cargo de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Noemí Berenice Luna Ayala e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una de las prioridades de todas las naciones del mundo debe ser erradicar el hambre, en este sentido, es sumamente preocupante que en los últimos tiempos la falta de producción de alimentos amenaza al planeta, millones de personas podrían estar en peligro de no tener alimentos en el futuro siendo las más afectadas las nuevas generaciones, niñas, niños y adolescentes.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU),1 el mundo no está bien encaminado para alcanzar el segundo Objetivo hambre Cero para 2030. Si continúan las tendencias recientes, el número de personas afectadas por el hambre superará los 840 millones de personas para 2030. Todo lo anterior debido principalmente a los conflictos causados por los seres humanos, el cambio climático y las recesiones económicas.

El mismo documento señala que la Organización para la Alimentación y la Agricultura insta a los países a que realicen lo siguiente:

• Satisfacer las necesidades alimentarias inmediatas de sus poblaciones vulnerables.

• Estimular los programas de protección social.

• Mantener el comercio mundial de alimentos.

• Mantener en funcionamiento los engranajes de las cadenas de suministro nacionales.

• Apoyar la capacidad de los pequeños productores para aumentar la producción de alimentos.

Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)2 en su Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, que por cierto México es parte, en su objetivo segundo señala: poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

El informe indica que es necesario actuar rápidamente para proporcionar alimentos y ayuda humanitaria a las regiones que corren más riesgos.3

Al mismo tiempo, es necesario llevar a cabo un cambio profundo en el sistema agroalimentario mundial si queremos alimentar a más de 820 millones de personas que padecen hambre y a los 2 mil millones de personas más que vivirán en el mundo en 2050.

El aumento de la productividad agrícola y la producción alimentaria sostenible son cruciales para ayudar a aliviar los riesgos del hambre.

En lo particular, en este marco de política pública, para el cumplimiento de los objetivos sectoriales, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)4 le corresponde la ejecución de cinco de los 30 programas y proyectos prioritarios del gobierno de México para apoyar a los grupos poblacionales en mayor situación de vulnerabilidad y reactivar la economía nacional desde abajo y para todas. Estos programas son:

1) Programa de Producción para el Bienestar.

2) Programa de Fertilizantes.

3) Programa de Precios de Garantía.

4) Programa de Crédito Ganadero a la Palabra y

5) Canasta Básica (Programa de Abasto Social a cargo de Diconsa y Programa Social de Leche a cargo de Liconsa) en sinergia con los programas sustantivos de Bienpesca y Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.

En el tema que nos ocupa, dentro Programa Precios de Garantía5 para granos básicos se encuentran: el maíz, el frijol , el trigo harinero y el arroz.

Dentro de las políticas que marca el programa “para reactivar el campo mexicano y reducir la dependencia de las importaciones de alimentos, se otorgarán precios de garantía en maíz, frijol, arroz y trigo harinero”.

El programa indica que el objetivo es que los productores más pobres reciban un pago justo por sus cosechas y tengan la confianza de que comercializarán sus productos.

El programa indica que los precios de garantía atenderán prioritariamente a casi 2 millones de pequeños y medianos productores a través de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), su objetivo principal es que se incremente el ingreso de los trabajadores del campo a fin de contribuir a mejorar su nivel de vida , reducir las importaciones y buscar la autosuficiencia alimentaria.

En este sentido, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable,6 en su capítulo XVII en materia de seguridad y soberanía alimentaria, señala los siguientes artículos:

“Artículo 178. El Estado establecerá las medidas para procurar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional.

Artículo 179. Se considerarán productos básicos y estratégicos, con las salvedades, adiciones y modalidades que determine año con año o de manera extraordinaria, la Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano y los Comités de los Sistemas-Producto correspondientes, los siguientes: I. Maíz; II. Caña de azúcar; III. Frijol; IV. Trigo; V. Arroz; VI. Sorgo; VII. Café; VIII. Huevo; IX. Leche; X. Carne de bovinos, porcinos, aves; y XI. Pescado.

Artículo 180. El gobierno federal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 de esta Ley, deberá conducir su política agropecuaria a fin de que los programas y acciones para el fomento productivo y el desarrollo rural sustentable, así como los acuerdos y tratados internacionales propicien la inocuidad, seguridad y soberanía alimentaria, mediante la producción y abasto de los productos señalados en el artículo anterior”.

Como se puede observar, en el artículo 179 se considera al frijol como producto básico estratégico a la población, en ese sentido, México según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus sigla en inglés),7 a nivel mundial es el séptimo productor con 1.18 millones de toneladas al año, lo que representa alrededor de 3.4 por ciento de la producción mundial en 2017.8

De acuerdo a FAO, el frijol es la leguminosa alimenticia más importante para el consumo humano en el mundo. En el caso de México, el cultivo de frijol se realiza prácticamente en casi todo el país. No obstante que la principal limitante para su producción la constituye la escasa disponibilidad de agua, fenómeno que se agudiza ciclo a ciclo en regiones con bajo régimen pluvial como Zacatecas, Durango y Chihuahua.9

Lamentablemente, México, a pesar de su vocación como productor primario carece de competitividad por factores como tecnología, financiamiento, capital humano, altos precios en paquete tecnológico, políticas públicas, migración, baja rentabilidad entre otros, lo que hace que no haya un desarrollo rural efectivo ni tampoco una seguridad alimentaria en nuestra población, por tal motivo se presenta propuesta para apoyo a los agricultores.

Si bien es cierto, el pasado 12 de octubre de 2021, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural anunció un incremento en los precios de garantía, en el caso del frijol, pasa de 14.50 a 16.00 pesos por kilogramo.

En sus términos, señala: “En el caso del frijol acopiado por Segalmex, destacó que el precio de garantía aumenta de $14,500 pesos a $16,000 pesos por tonelada, con apoyo hasta 30 hectáreas de temporal o cinco de riego y compra de hasta 15 toneladas por productor”.10

Sin embargo, pese a este anuncio, la situación de la producción del frijol está en crisis puesto que, aún con el aumento en el precio de garantía, los costos de producción han aumentado por circunstancias colaterales, no se incluye en los costos los imprevistos ni costos de unidad familiar, maquinaria, y si tiene maquinaria, no incluye depreciación de la misma, así como el tiempo de producción con una duración estimada de 120 días (4 meses).

Tampoco contempla los costos de financiamiento y las tasas de interés en caso de créditos. También impacta en el costo el pronóstico de demanda, esto es, si hay mucha oferta baja el precio del producto, por lo tanto, habría que encontrar un punto de equilibrio, y a su vez, el control de precios para fertilizantes, herbicidas, entre otros.

No obstante, aun cuando la cosecha de frijol se ha mantenido estable de 2015 a la fecha, salvo un descenso significativo en 2019, de alrededor de un millón 700 mil hectáreas anuales.

En cuanto a la producción, no se está considerando el aumento poblacional que pasó de 119,938,473 en 2015 a 126,014,024 habitantes en 2020, que representa poco más de 5 por ciento de la población, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).11

A continuación, presentamos unas tablas sobre los costos de producción, realizada por productores zacatecanos.12

Como se puede observar en las tablas, con el nuevo precio de garantía establecido por la Secretaría para el Ejercicio Fiscal de 2022, los productores tendrán utilidades mínimas y no se alcanzarán los objetivos del programa de complementar el ingreso de los pequeños y medianos productores de granos básicos.

Con estas cifras queda claro que las ganancias serán reducidas, los pocos ingresos que se generan por hectárea no incentivan a los productores ni les permite tener una mejora en producción, adquisición de equipos y de nuevas tecnologías, en capacitación y mano de obra calificada, mucho menos en su bolsillo, en el valor agregado a su esfuerzo y en la calidad de vida de sus familias.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que se ajusten los precios de garantía en concordancia con el incremento en el costo de producción, especialmente en el caso del frijol.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que, a la brevedad posible, se genere una reunión con los productores nacionales de frijol y se consideren los argumentos sobre los precios de garantía.

Notas

1 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/

2 https://biblioguias.cepal.org/agenda2030/ODS2

3 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/

4 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/288982021_VNR_R eport_Mexico.pdf Pág. 38.

5 https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/precios-de-garantia-para-gr anos-basicos?idiom=es

6 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/235_030621.pdf

7 https://onu.org.gt/onu-en-guatemala/agencias/fao/

8 Según estudio de Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA)

9 http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/53Mercado%20del%20frijol.pdf

10 https://www.gob.mx/agricultura/prensa/anuncia-agricultura-aumento-en-pr ecios-de-garantia-para-granos-en-apoyo-a-pequenos-productores?idiom=es

11 https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/

12 Fuente: Municipio de Sombrerete, Zacatecas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2021.

Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal y los ayuntamientos a incrementar la contratación de bienes y servicios con proveedores de sociedades cooperativas, a cargo de la diputada Araceli Celestino Rosas, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Araceli Celestino Rosas, diputada del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Las actividades cooperativas nacen en el campo, en la pesca, en las actividades de transporte, en el turismo, en la artesanía, en la cultura y en toda actividad en donde los humanos necesitan agruparse en beneficio mutuo.

Las sociedades cooperativas surgen como asociaciones autónomas de personas que se han unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades, aspiraciones económicas, sociales y culturales en común mediante una empresa de gestión democrática, el artículo 2 de la Ley General de Sociedades Cooperativas las define como una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.

Las sociedades cooperativas a través de los valores propios de la economía social promueven la equidad mediante la distribución igualitaria de sus recursos ya que colocan en el centro del desarrollo a la persona y a la comunidad, la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria de Covid-19, nos invita a mirar a la economía social como una alternativa prometedora el hacia un desarrollo económico sostenible.

Las cooperativas fomentan la igualdad, la participación, la solidaridad, la autogestión, crean empleos y contribuyen al desarrollo económico, de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del Inegi, en nuestro país existen 18 mil 38 cooperativas y 8 millones 875 mil 186 socios cooperativistas y aportan casi el 2 por ciento del producto interno bruto, en países como Nueva Zelanda las cooperativas aportan un 20 por ciento del producto interno bruto en Holanda y Francia en un 18 por ciento, las cooperativas siempre van a impactar de manera favorablemente a la comunidad adonde se encuentra inscrita, pues ese objetivo va implícito en sus objetivos.

Por lo que ya es momento de dejar de ver a las cooperativas como una opción de la economía, es momento de que las sociedades cooperativas sean reconocidas como motores de economía, debemos materializar el artículo 25 constitucional a través de acciones concretas a favor de tercer sector de la economía, es necesario el fortalecimiento de la economía social para lograr bienestar, prosperidad económica y justicia social para nuestro país.

Por lo que esta soberanía hace un atento exhorto a los gobiernos estatales y municipales a incrementar la contratación de bienes y servicios, a proveedores de sociedades cooperativas.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La honorable Cámara de Diputados exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y municipios a incrementar la contratación de bienes y servicios, a proveedores de sociedades cooperativas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2021.

Diputada Araceli Celestino Rosas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a efecto de que el Insabi difunda sus competencias previstas en la LGS, a cargo del diputado Valentín Reyes López, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Valentín Reyes López , integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) realice la difusión de sus competencias estipuladas en el artículo 77 Bis 35 de la Ley General de Salud, donde ellos garantizan el artículo 77 Bis 1, al tenor de lo siguiente;

Exposición de Motivos

En la República Mexicana, durante los sexenios neoliberales, se fue excluyendo a la población del acceso a la salud, abriendo el paso a más hospitales privados, subiendo las cuotas de los hospitales del sector salud, olvidando que el acceso a la salud es un derecho fundamental del cual a todos los mexicanos no se le debe de negar en ninguna forma, por lo cual fue creciendo cada vez más la desigualdad en la atención medica oportuna.

En la Ley General de Salud, en el artículo 77 Bis 1, que a la letra dice, “Todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención, de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.

El gobierno de México busca garantizar el derecho a la salud con atención médica y medicamentos gratuitos a la población sin seguridad social. Se construirá de manera gradual un Sistema Universal de Salud que elimine la fragmentación y la segmentación. Se dará prioridad a la población de las regiones de muy alta o alta marginación.1

Es por ello que, abatir esa brecha de desigualdad a partir del 1 de enero del 2020 entró en vigor el Insabi y el 1 de diciembre del 2020 entró la aplicación de seguridad médica gratuita en hospitales de especialidades e institutos nacionales de salud. Su regulación se encuentra en el artículo 77 Bis 35 de la Ley General de Salud.2

De acuerdo con lo señalado en el Tercer Informe de Gobierno se desprende que, durante el año 2021, en la República Mexicana el 47 mil 869 personas corresponden a la población no asegurada, el 12 mil 79 personas están afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), IMSS-Bienestar,3

Lo anterior demuestra que a pesar de que el gobierno haya implementado el acceso al Insabi (IMSS-Bienestar) y con ello el registro de personas de las 32 entidades federativas, así como la inmigración de miles de personas afiliadas al extinto Seguro Popular, aún existen personas que no se encuentran dentro de este programa social pues no hay una difusión por parte de la Secretaría de Salud ni del gobierno federal.

Después de la corrupción que imperó en las grandes farmacéuticas en los sexenios anteriores, trajeron como consecuencia que los medicamentos elevaran cada vez más sus costos y siendo menos accesibles para las personas vulnerables o de escasos recursos que no cuentan con ingresos suficientes para llevar los tratamientos médicos en su totalidad, ni que decir de las enfermedades crónicas, enfermedades que requieren intervenciones quirúrgicas, quimioterapias o rehabilitación, por mencionar algunas.

Como estos hay un sinfín de casos, en los cuales las personas no se atienden porque piensan que tienen que pagar cuotas de ingreso o cuotas para tratamientos, por el desconocimiento al acceso del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) pues no hay una difusión extensiva en los medios de comunicación, ni en las clínicas de atención medica del sector salud.

Por lo cual, es de suma importancia señalar que sea difundido el acceso al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) entre las personas que acuden a estos centros de salud y hospitales generales del sector salud público, para se haga del conocimiento de se tiene garantizado el acceso a la salud gratuita, así como la información suficiente de lo cubre este servicio de salud gratuita.

La Secretaría de Salud debe observar que efectivamente se este cumpliendo en su totalidad la difusión de este programa social en los 32 estados de las República Mexicana y que no sea esta difusión solo en algunos centros médicos, pues como quedó demostrado en la actualidad es más grande en número de personas que no se encuentran afiliadas a ningún servicio de seguridad social ni al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Pues aún hay personas que tiene desconocimiento de los servicios que presta el Estado, además de que aún hay población que no se acerca a los hospitales del sector publico por no tener dinero para la atención médica y desconocen que existe el programa Insabi o IMSS-Bienestar, además de ello en algunos hospitales no se les informa sobre este programa social implementado por el gobierno federal.

Por lo que se debe hacer la difusión en todos los hospitales del sector salud de los 32 estados de nuestra república, así como en los medios de comunicación e impresos, donde se haga hincapié en que el acceso a la salud es gratuito y señalar todo lo que extiende este programa social Insabi o IMSS-Bienestar.

Por lo expuesto y fundado me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud para que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) realice la difusión de sus competencias estipuladas en el artículo 77 Bis 35 de la Ley General de Salud donde ellos garantizan el artículo 77 Bis 1.

Notas

1 [1]https://www.gob.mx/atencionmedicaymedicamentos

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf

3 https://framework-gb.cdn.gob.mx/informe/5b8e7a983a893dfcbd02a8e444abfb4 4.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2021.

Diputado Valentín Reyes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades de NL y la Guardia Nacional a implantar acciones de coordinación y cooperación para prevenir y atender de modo eficaz delitos de alto impacto, a cargo de la diputada Wendy Maricela Cordero González, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Wendy Maricela Cordero González, diputada a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 1 constitucional; 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados y las disposiciones convencionales en materia de derechos humanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

La lucha por el control de regiones del país por parte de los cárteles de la droga es el pan de cada día y ante ello, la Guardia Nacional y la milicia prefieren replegarse con una estrategia que lleva a cabo el gobierno federal de “abrazos, no balazos” impide a las Fuerzas Armadas repeler las agresiones de los criminales.

El Ejército está atado de manos y mientras el jefe supremo no ordene lo contrario, los homicidios, las matanzas y la conformación de un narco-Estado, seguirá en aumento y en expansión y en el corto plazo no se podrá siquiera regresar a los niveles que tenían los índices delictivos en el sexenio pasado.

En Nuevo León la violencia relacionada con la delincuencia organizada permea de tal grado que en el año 2019 fue el año más violento de los últimos años, pero ahora en 2021 apunta la tendencia que los superará con creces. En especial los índices delictivos de alto impacto como son el homicidio doloso, secuestro y extorsión, entre otros, continúan al alza y por desgracia no hay ningún elemento que nos indique que esta inercia siquiera se pueda frenar. La exigencia ciudadana es tal que tanto el gobierno federal y del estado de Nuevo León, no pueden permanecer indiferentes y continuar con las prácticas ineficientes e inoperantes que han llevado a la escalada de violencia que el país actualmente experimenta.

En la actualidad, el estado de Nuevo León atraviesa un alarmante incremento en el número de homicidios dolosos. Tan sólo de enero a agosto de 2021, se registraron en el estado de Nuevo León un total de 834 homicidios dolosos; según datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, la situación también se hace presente en otras formas de violencia como secuestro, extorsión, disparos con arma de fuego, etcétera. A pesar de la activación de las reuniones de seguridad impuestas por el Presidente desde hace tres años, los índices no han disminuido y los protocolos que conlleva la alerta no se han hecho presentes en las distintas dependencias locales. Aun cuando la ciudadanía reconoce a este problema como una de las principales tareas a resolver, el gobierno del estado de Nuevo León y del gobierno municipal, al parecer, han sido omisos en atender la situación con el vigor necesario y lograr una coordinación entre las dependencias federales, estatales y municipales.

Figura 1.0 Estadística oficial del delito de la fiscalía general de justicia del estado de Nuevo León, homicidio doloso+disparo de arma de fuego en el municipio de General Escobedo, Nuevo León.

Por esa razón, ante la urgencia de tomar acciones en favor de la ciudadanía ante la negligencia de la administración local y federal, se hace necesaria la proposición del presente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la LXV Legislatura, respetuosamente exhorta al gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, al presidente municipal del ayuntamiento de General Escobedo, Andrés Mijes Llovera, así como al comandante de la Guardia Nacional, general Luis Rodríguez Bucio, para que en el uso de sus facultades y atribuciones implementen de forma inmediata acciones de coordinación y cooperación para la prevención y atención eficaz de delitos de alto impacto como son el homicidio doloso, secuestro, extorsión, entre otros, y se salvaguarde la vida, las libertades, la integridad y patrimonio de las y los habitantes en esa región.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2021.

Diputada Wendy Maricela Cordero González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo Federal a suscribir el tercer Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, “relativo a un procedimiento de comunicaciones”, a cargo de la diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, María Guadalupe Chavira de la Rosa , diputada de la LXV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de la facultad y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral I, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar respetuosamente al Ejecutivo federal a suscribir el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a un Procedimiento de Comunicaciones, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con el informe anual de Unicef en 2020 y en 2017, 52.8 por ciento de niñas, niños y adolescentes entre 1 y 14 años han experimentado algún método violento de disciplina infantil en sus hogares; así mismo por lo menos 1 de cada 10 niñas, niños y adolescentes entre los 10 y 17 años ha sufrido algún tipo de agresión en el hogar. Las niñas y adolescentes son las más afectadas, ya que 7 de cada 10 fueron víctimas de agresión en sus hogares.1

Según la Encuesta Nacional de Salud Pública (Ensanut) la escuela y la vía pública son dos entornos donde suceden 8 de cada 10 agresiones contra niñas, niños y adolescentes entre 10 y 17 años; mientras que el hogar es el tercer lugar en donde los niños están expuestos a la violencia.2

De acuerdo con la Convención de Derechos del Niño, se reconoce a las niñas y los niños menores de 18 años con los mismos derechos que se reconoce a las personas adultas, sin embargo, hay una condición especial de protección debido a que las y los menores se encuentran en una condición de crecimiento y desarrollo.3

La Convención de los Derechos del Niño fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25, el 20 de noviembre de 1989. De igual forma fue ratificada por México en septiembre de 1990, con lo cual se ve obligado a cumplir con el compendio de los 54 artículos que comprenden la convención.

Este es el primer tratado internacional especializado de carácter obligatorio que reconoce los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes del mundo. Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”.4

La Convención de los Derechos del Niño, cuenta con la ratificación de tres protocolos en materia de cuidado de la niñez:

-Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados, que entró en vigor en febrero de 2002, y fue ratificado por México ese mismo año.

-Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, que entró en vigor en enero de 2002, y fue ratificado por México ese mismo año.

-Protocolo Facultativo relativo a un procedimiento de comunicaciones, este último no ha sido ratificado por México.

El Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, en el cual a través de 24 artículos se establece el protocolo para que niñas, niños y adolescentes tengan un procedimiento de comunicación directa para denuncia, reafirmándoles como personas sujetas de derechos y garantizando la protección de los derechos de la niñez que la Comunidad Internacional ha conseguido posicionar como una prioridad del derecho internacional contemporáneo.5

Las niñas, niños y adolescentes, a partir de la ratificación del protocolo, podrán enviar una comunicación escrita al Comité de los Derechos del Niño denunciando la violación de alguno de sus derechos establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, en el Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados o en el Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, esto siempre que el Estado del que es nacional haya suscrito y ratificado el protocolo mismo y los demás instrumentos mencionados. México se encuentra a un paso de poder completar este procedimiento para el pleno ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

El Comité pondrá en conocimiento al Estado parte de toda comunicación que se presente, de igual forma podrá solicitar al Estado la solicitud de que adopte las medidas provisionales que puedan ser necesarias en circunstancias excepcionales para evitar daños irreparables a las víctimas de la presunta violación.

El Comité examinará en sesión privada las comunicaciones que reciba; posterior a esto el Comité compartirá con las partes interesadas su dictamen sobre la comunicación, junto con recomendación. El Estado parte dará consideración al Comité y a las recomendaciones emitidas por el mismo, y deberá brindar información sobre las medidas que tenga contemplado adoptar en un plazo de seis meses. Tras este tiempo de respuesta del Estado parte, el Comité podrá invitar al mismo a presentar mayor información sobre las medidas que haya tomado a raíz de su respuesta.

En caso de violaciones graves o de manera sistemática, el Comité podrá designar a uno o más miembros de este para realizar la investigación y presentar un informe de carácter urgente, el cual, cuando se justifique, puede incluir una visita al territorio del Estado parte.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos para la Ciudad de México suscribe el redoble de esfuerzos necesario por parte del Estado mexicano para la protección de la niñez en nuestro país, el pasado marzo de 2021, a través de un comunicado, manifestó la necesidad de la ratificación por parte del Estado Mexicano para el Protocolo de Comunicaciones para que niñas, niños y adolescentes puedan “ejercer su derecho a defender sus derechos humanos y presentar denuncias individuales ante Comité de personas expertas de derechos de niñas y niños de la ONU, lo que les reconoce como actores sociales”.6

De acuerdo con el Inegi, en México residen 38.5 millones de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, mismas que representan un 30.8 por ciento de la población y que nuestro país debe acompañar para el ejercicio pleno de sus derechos. La ratificación de este tratado significa un avance en materia de derechos humanos que permitirá que nuestro gobierno cumpla cabalmente con las instancias para la reducción de violaciones a los derechos de la niñez.7

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en estricto respeto al principio federalista de división de poderes exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a suscribir el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño Relativo a un Procedimiento de Comunicaciones.

Notas

1 https://www.unicef.org/mexico/cada-ni%C3%B1a-ni%C3%B1o-y-adolescente-es t%C3%A1-protegido-contra-la-violencia

2 https://www.unicef.org.mx/Informe2017/Informe-Anual-2017.pdf

3 https://www.unicef.org/argentina/media/571/file/CDN.PDF

4 https://www.cndh.org.mx/documento/declaracion-de-los-derechos-del-nino#:~:text=Considerando%20que%20el%
20ni%C3%B1o%2C%20por,antes%20como%20despu%C3%A9s%20del%20nacimiento%2C&text=
Considerando%20que%20la%20humanidad%20debe%20al%20ni%C3%B1o%20lo%20mejor%20que%20puede%20darle.

5 http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2015/02/asun_3205774_ 20150224_1424796060.pdf

6 https://cdhcm.org.mx/2021/03/es-necesario-que-el-estado-mexicano-redoble-esfuerzos-para-la-proteccion
-de-nnya-conforme-a-protocolos-facultativos-de-la-convencion-de-los-derechos-de-ninas-y-ninos/

7 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/EAP_Ni no.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2021.

Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a crear instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección para terminar la venta de niñas o el casamiento forzado, a cargo de la diputada Yesenia Galarza Castro, del Grupo Parlamentario del PAN

Yesenia Galarza Castro, diputada integrante de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79 numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y III; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

1. El pasado domingo 24 de octubre de 2021, gracias a diversos medios de comunicación, nos enteramos de comentarios relacionados con hechos tan lamentables como la venta y el matrimonio infantil que ocurre en algunas comunidades indígenas, por parte del ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, durante una gira realizada por Guerrero.

En tales comentarios el ciudadano presidente señaló lo siguiente:

“Ahora que fuimos a La Montaña unas periodistas, por toda la campaña que se genera de quienes no conocen las comunidades, ni conocen de las culturas de los pueblos, la pregunta que me hacían es: A ver, ¿qué nos dice, o viene a ver lo de la venta de las niñas, lo de la prostitución de niñas? No, no vengo a ver eso, porque eso no es la regla, en las comunidades hay muchos valores culturales, morales, espirituales, eso puede ser la excepción, pero no es la regla. ¿Qué, acaso entonces la prostitución nada más está con los pobres?

Entonces, toda una campaña en ese sentido. Pero no es motivo para cuestionar a nadie, es que es muy enajenante el manejo de la información o, mejor dicho, la información que se transmite para distorsionar, para deformar las cosas.

Entonces, en La Montaña y en todo Guerrero y en todo México hay muchos valores, hay una gran reserva de valores en el México profundo para regenerar la vida pública.”1

Ante estos dichos se observa una clara falta de sensibilidad por parte del ciudadano presidente ante tan lamentables sucesos, ya que no se han puesto en duda los valores de los pueblos y comunidades indígenas, sino del grave hecho que representa la venta de alguna persona, puesto que supone que es una mercancía u objeto, y al tratarse de niñas, el hecho es todavía más grave, ya que se vulneran sus derechos más elementales.

Es preocupante, no solo porque el gobierno federal no ha tomado las medidas necesarias para frenar esta práctica, si no también, porque es una realidad y una estadística más de lo que se vive en diversas comunidades indígenas en México.

De acuerdo con los Censos de Población y Vivienda 2010 y 2020, se puede observar que el matrimonio infantil es una constante en México y que la cifra en el caso de las niñas hablantes de alguna lengua indígenas, actualmente duplica a la nacional. Véase Gráfica No. 1.

A decir de Martha Givaudan, presidenta de la organización no gubernamental “Yo quiero. Yo puedo”, que trabaja en el municipio de Metlatónoc, Guerrero, se estima que 300 mil niñas han sido vendidas para matrimonio, solo en este estado, pero no existen cifras exactas, ya que la mayoría de estas uniones no se registran, además del mencionado estado, también se tiene que comunidades de Chiapas, Oaxaca, Hidalgo y Puebla, llevan a cabo este tipo de prácticas.

2. México es firmante de diversos tratados contra la violencia sexual, como son:

• “Estatuto de Roma”, de la Corte Penal Internacional, que nuestro país firmó el 7 de septiembre de 2000.2

• La Convención Interamericana para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belem Do Pará), firmada por nuestro país en 1995.3

De manera local también se ha trabajado para modernizar, modificar y reformar leyes, que castigan este tipo de actos, como es el caso de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y los Códigos Civiles locales, así como el Código Civil Federal, o más recientemente en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fecha del 26 de marzo de 2019 , en el que se establece la “Eliminación de dispensas para que menores de edad contraigan matrimonio en Aguascalientes”. 4

Estos instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, deben de asegurar una adecuada protección, por lo que en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es que se crea el Sistema Nacional de Protección Integral.

Que en el artículo 125 de esta ley, es que se establece que el Sistema Nacional de Protección Integral será el encargado de:

“Asegurar la colaboración y coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para la formulación, ejecución e instrumentación de políticas, programas, estrategias y acciones en materia de protección y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes con la participación de los sectores público, social y privado así como de niñas, niños y adolescentes.”5

El Sistema Nacional de Protección Integral estará integrado por el Ejecutivo Federal, en calidad de Presidente, así como diversos secretarios de estado, las entidades federativas, los Organismos Públicos y representantes de la sociedad civil.6

Por lo anterior es que el ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos no puede minimizar los hechos que vulneran los derechos de las niñas y las adolescentes de manera flagrante y que abiertamente van en contra de las leyes que protegen a las menores de edad, y que en su calidad de Presidente del Sistema Nacional de Protección integral es que debería se estar promoviendo una mayor y mejor adecuación de las leyes para evitar cualquier tipo de violencia sexual en contra de cualquier niña, adolescente o mujer que pertenezca a una comunidad o grupo indígena o afrodescendiente, y por supuesto no solo trabajar para mejorar el alcance legal de este grupo, sino de todos los sectores en los cuales la niñas, adolescentes y mujeres son parte importante de la vida mexicana.

3. En un informe de la UNICEF sobre las “Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Informe sobre su costo y propuestas para su fortalecimiento.”,7 señala que dichas procuradurías:

“son las instituciones directamente responsables de coordinar las acciones de protección y restitución de derechos de la infancia y adolescencia en México. En ese sentido, se les debe considerar como uno de los ejes centrales de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para cumplir con la obligación del Estado mexicano de que todas las niñas, niños y adolescentes del país puedan ejercer plenamente todos sus derechos.”

Por lo que es importante que, por medio de la Procuraduría Federal de la Protección de niños, niñas y adolescentes, se establezcan Protocolos, lineamientos, manuales y todo lo relacionado a terminar todo tipo de violencia sexual y de explotación, que se pueda ejercer contra las niñas de las comunidades indígenas y afrodescendientes o en cualquier comunidad en que este tipo de prácticas se lleven a cabo.

También deberá procurar una mayor coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para tener una mejor respuesta ante hechos denunciados y tomar acciones legales lo antes posible para acabar completamente con este tipo de práctica, como es el casamiento con menores de edad, en las comunidades donde se realice este tipo de actos.

La postura del Titular del Ejecutivo Federal y de todos los órdenes de gobierno debe de ser contundente contra este tipo de acciones, ya que el Estado debe de velar por el bienestar general de la población y no tratar de justificar este tipo de acciones. El hecho de que los pueblos indígenas se manejen por usos y costumbres, no justifica que este tipo de actos estén en contra de las leyes que se imparten en todo el territorio mexicano.

Por lo antes expuesto, a usted ciudadano presidente de la Mesa Directiva, solicito se tenga por presentada la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, a que, en su calidad de presidente del Sistema Nacional de Protección Integral, reglamentado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a crear instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescente en coordinación con las instancias de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a fin de terminar con la práctica de la venta de niñas y/o casamiento forzado.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a implementar las acciones necesarias a fin crear los protocolos, lineamientos, manuales, etcétera, con el fin de acabar con todo tipo de violencia sexual y de explotación, que se pueda ejercer contra las niñas de las comunidades indígenas y afrodescendientes o en cualquier comunidad en que este tipo de prácticas se lleven a cabo, así como procurar una mayor coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para tener una mejor respuesta ante hechos denunciados y tomar acciones legales lo antes posible para acabar completamente con este tipo de prácticas.

Notas

1 Véase: https://lopezobrador.org.mx/2021/10/24/version-estenografica-plan-de-ap oyo-a-guerrero/

2 Corte Penal Internacional. Estatuto de Roma. Véase:

https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_ statute(s).pdf

3 Secretaría de Gobernación (Segob). Convención Interamericana para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belem Do Pará). Véase:

http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/comision /internacional/1_13.%20Convencion%20de%20Belem%20Do%20Para.pdf

4 Véase: Lista de Comunicados (scjn.gob.mx)

5 Véase:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_110121.pdf

6 Artículo 127 de la LGNNA, véase:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_110121.pdf

7 Véase: https://www.unicef.org/mexico/media/2951/file/Resumen%20ejecutivo.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2021.

Diputada Yesenia Galarza Castro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la reconstrucción del hospital general regional número 25, de calzada Ignacio Zaragoza, Iztapalapa, Ciudad de México, suscrita por el diputado Juan Ángel Bautista Bravo e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El 19 de septiembre de 2017 el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo con magnitud 7.1 localizado en el límite estatal entre los estados Puebla y Morelos.i El sismo, ocurrido a las 13:14:40 horas, fue sentido fuertemente en el centro del país. Se produjeron daños principalmente en los estados de Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Estado de México y Ciudad de México. El sismo expuso la vulnerabilidad de la infraestructura nacional.

Uno de los edificios afectados fue el Hospital General Regional No. 25,ii conocida como la clínica 25. Ubicada en la calzada Ignacio Zaragoza. Se tomó la decisión de cerrar y demoler el hospital en octubre de 2017, después de efectuar tres peritajes que indicaban el daño estructural en el acero. Cabe mencionar el Dictamen Técnico de Seguridad Estructural, en el que señaló:iii

“...De acuerdo con lo expuesto antes con los daños detectados y medidos en el edificio que alberga las instalaciones del Hospital General Regional número 25, ubicado en calzada Ignacio Zaragoza número 1840, colonia Juan Escutia, CP 09100, delegación Iztapalapa en la Ciudad de México, como son los desplazamientos laterales, desplomes, alcanzando un máximo de 34 centímetros (medidos mediante levantamiento topográfico). Agrietamientos debidos a sismos, así como daños severos por corrosión de acero en elementos estructurales de concreto reforzado del sub-sótano aunados a la ubicación del inmueble en un terreno altamente deforme, ponen al edificio en riego potencial para sus ocupantes y los edificios aledaños, por lo que se recomienda su demolición”.

Después de dos años y medio, en febrero del 2020, iniciaron la demolición de la clínica a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Javier Guerrero, secretario general del IMSS, explicó que la demolición tendrá un costo de 67 millones de pesos y que la aseguradora cubrió 250 millones de pesos por la pérdida del inmueble.

En el comunicado número 098/2020; el IMSS anuncia trabajos para demoler el HGR número 25 Zaragoza:iv

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció la puesta en marcha de los trabajos para demoler el Hospital General Regional (HGR) número 25 Zaragoza, los cuales estarán a cargo de la Sedena y se realizarán con estricto apego al cuidado de viviendas, vialidades y el medio ambiente de la zona.

A nombre del director general del IMSS, Zoé Robledo, el secretario general del Instituto, Javier Guerrero García, se celebró la firma de convenio marco entre el Seguro Social y la Sedena, el pasado 27 de diciembre de 2019; así como la formalización del mismo, el 29 de enero de 2020, para la realización de los trabajos de demolición.

Señaló que a causa del sismo del 19 de septiembre de 2017 en este hospital se perdieron 46 consultorios, 272 camas censables, nueve salas quirúrgicas y seis de Rayos X.

Ahí laboraban 225 médicos y 431 enfermeras que en conjunto otorgaban 11 mil consultas de especialidad, cerca de nueve mil de urgencias y realizaban 750 intervenciones quirúrgicas al año. “De ese tamaño e importancia era el HGR 25”, enfatizó.

La Sedena, en septiembre de 2020, terminó los trabajos de demolición del Hospital General Regional (HGR) número 25 Zaragoza, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sin embargo, no han iniciado a la fecha, la construcción de la nueva clínica, la cual se plantea sea en el mismo predio y cuente con los mismos servicios médicos.

A través de solicitudes de trasparencia,v se aclara que solo se contempló los sesenta y cinco millones de pesos para la demolición, pero no se cuenta con presupuesto autorizado en el PEF 2021 por motivos de falta de planeación.

El Hospital General Regional número 25, daba cobertura a los derechohabientes de la región oriente del valle de México, principalmente de Nezahualcóyotl e Iztapalapa, a un aproximado de quinientos mil derechohabientes.

La atención médica correspondiente al servicio de urgencias de los derechohabientes que se encuentran adscritos en primer nivel, se proporcionan en las unidades médicas familiares No. 120, 35 y 23.

En el rubro de hospitalización, se encuentran brindando atención el Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza, Hospital General de Zona número 29, Hospital de Traumatología y Ortopedia de Magdalena Contreras. Las consultas de especialidades en las Unidad Médica Familiar número 120 y el Hospital General de Zona número 29.

Por lo antes mencionado, los derechohabientes necesitan trasladarse para recibir la atención médica correspondiente, lo que se traslada en gastos al bolsillo y en muchas ocasiones se encuentran en situaciones de saturación de servicios médicos y desabasto de medicamentos. A pesar de los esfuerzos de las autoridades la demanda de atención médica no ha sido cubierta.

En México, el derecho a la salud está reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y garantiza el acceso de todos los mexicanos a este servicio fundamental.

El Hospital General Regional número 25 debería contar con recursos suficientes para salvaguardar la cobertura de salud, para satisfacer las necesidades de salud de su población.

Por lo anteriormente expuesto me permito someter al pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que, en el ejercicio fiscal del próximo año, tome las medidas necesarias para brindar suficiencia presupuestal al proyecto de construcción, adecuación, operación y funcionamiento del Hospital General Regional nímero 25 Zaragoza.

Notas

i Sismo del día 19 de septiembre de 2017, Puebla-Morelos (M 7.1) (2017) http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/SSNMX_rep_es p_20170919_Puebla-Morelos_M71.pdf

ii Demolerán la Clínica 25 del IMSS, por daños tras el sismo de 2017 (2018)
https://www.jornada.com.mx/2018/10/16/sociedad/034n2soc

iii ITECSA, Calculo y Diseño Estructural (2018) Dictamen de Estabilidad y Seguridad Estructural

iv IMSS anuncia trabajos para demoler el HGR N° 25 Zaragoza No. 098/2020

http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202002/098

v Solicitudes de transparencia con folio 0064100341821, 0064101903320, 00641000809620, 0064100628520 y 0064101252519.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2021.

Diputados: José Ángel Bautisa Bravo, Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, Alma Delia Navarrete Rivera, Arturo Roberto Hernández Tapia, Olimpia Tamara Girón Hernández, Armando Corona Arvizu y Javier Huerta Jurado (rúbricas)