Gaceta Parlamentaria, año XXV, número 5928-III, miércoles 15 de diciembre de 2021
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Jucopo a suscribir un acuerdo donde se establezca la inclusión de personas con discapacidad a la planta laboral de esta soberanía en no menos de 3 por ciento y con instalaciones adecuadas para su acceso, a cargo de la diputada Catalina Díaz Vilchis, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, diputada Catalina Díaz Vilchis, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados de honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes.
Consideraciones
Desde hace décadas, las reformas laborales han beneficiado muy poco a un sector muy importante de la sociedad, la marginación por las personas con discapacidad en el ambiente laboral es una constante a pesar de que el día de hoy somos más incluyentes.
Es importante que haya visibilidad en las regulaciones con relación a las condiciones en el área laboral como dicta el artículo 132, XVI Bis, de la Ley Federal del trabajo en su apartado siguiente.
XVI Bis. Contar, en los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores, con instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de actividades de las personas con discapacidad;
Fracción adicionada DOF 30-11-2012
Es necesario contar con un verdadero apartado que dignifique las labores del personal con discapacidad, se necesita la generación de más empleos.
México enfrenta aumento progresivo de la población con discapacidad. De acuerdo con datos del Censo 2020 la permanencia es de 6.2 por ciento, es decir, 7.8 millones de mexicanos, además se considera 10.9 por ciento con alguna limitación, 13.6 millones.1
La pandemia ha venido a generar un problema de inseguridad laboral en todo el mundo, con el quiebre de muchos establecimientos y empresas, el 2020 y 2021 han sido años muy complicados en la economía del país y a nivel mundial; se ha priorizado el presupuesto en todas las naciones a temas de salud por el Covid-19, muchas personas han quedado desempleadas y esto hace que aumente la violencia, por ende, hay un alto grado de personas con discapacidad adquirida, complicando aún más la situación de marginación laboral.
Es necesario actuar en consecuencia de los tiempos, por lo mismo es indispensable que se aumente el mínimo de contrataciones que se solicita en la ley, esto hará una apertura a la igualdad de oportunidades, regulará a las empresas a que se tomen medidas conducentes y se contraten a más personas con discapacidad, no olvidemos que un gran porcentaje de este sector vive en total marginación y aunque hay programas sociales, muchas veces el monto no puede cubrir todas las necesidades, hay muchos padecimientos en los cuales se necesita contratar una persona de apoyo, hay medicamentos a nivel neurológico que son de alto nivel y costosos, analgésicos fuertes que ayudan a aliviar el dolor, medicamentos que se utilizan para retrasar fallas multiorgánicas entre otros y que suelen costar mucho más de 10 veces un salario mínimo, aun así esto no les impide trabajar para obtener un ingreso que ayude a tener una mejor calidad de vida.
México está siendo un país progresista después de muchos sexenios, el apoyo a los más vulnerables es una constante en desarrollo; el presupuesto afortunadamente ya es con sentido a quienes más lo necesitan.
En 1998 se realizó un acuerdo y se aprobó por medio de la Comisión de régimen interno y concertación política, donde se determinó que, en esta Cámara de Diputados Federal, no deberá contar con menor porcentaje de 1 por ciento de personas con discapacidad. Desde ese año este acuerdo no ha tenido ninguna modificación, pero si ha incrementado el porcentaje de personas con discapacidad, han aumentado los precios de vivienda; medicamentos; canasta básica, algo normal al paso de los años, por lo mismo creo que es indispensable tener visibilidad ante esta problemática social e inclusiva y poder ayudar a mi sector que no por ser vulnerables y tener alguna discapacidad, signifique que no podamos cumplir cabalmente las labores asignadas en un empleo.
El punto de acuerdo fechado al 2 de diciembre de 1997 publicado en la Gaceta y presentado por medio de la Comisión de Atención y Apoyo a discapacitados, se solicitaba, que dichas contrataciones deberían realizarse bajo los criterios de capacidad, disponibilidad y salarios iguales en el desempeño laboral solicitado, sin discriminación de sexo y tipo de discapacidad, lo cual debe ser en la misma vertiente y considerando, sobre todo, que vivimos actualmente en medio de una pandemia y donde significativamente es nuestra obligación como ciudadanos y como funcionarios públicos que representan al pueblo, ayudar a los más vulnerables, somos la legislatura de la Paridad, inclusión y la Diversidad, luchemos por dignificar nuestras vidas.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política, para que, en el ámbito de sus atribuciones, suscriba un acuerdo en el que se establezca la inclusión de personas con discapacidad a la planta laboral de esta Cámara en un porcentaje no menor a 3 por ciento con las instalaciones adecuadas para el acceso como dicta el artículo 132, XVI Bis de la Ley Federal del Trabajo.
Nota
1 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2021.
Diputada Catalina Díaz Vilchis (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal sobre los gastos federales y el procedimiento de otorgamiento de contratos y participación de empresas en las obras Tren Maya, aeropuerto Felipe Ángeles y refinería Dos Bocas, a cargo del diputado Ignacio Loyola Vera, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Ignacio Loyola Vera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura federal y suscrita por las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, que somete a la consideración de ésta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo los siguientes:
Antecedentes
Primero. El 1 de diciembre de 2018, en el recinto que ocupa el pleno de la Cámara de Diputados y, frente al honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 87 de la Constitución, el presidente electo, tomó protesta como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos al tenor del siguiente juramento:
“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la nación me lo demande.”1
Guardar y hacer guardar, es decir, vigilar, proteger, cuidar, honrar, garantizar y respetar, las disposiciones establecidas en la Constitución y, las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien de la Unión:
En el párrafo anterior, se destacan la “inviolabilidad” de la Constitución, el respeto a la división de poderes de la República y, el establecimiento de una “Unión” de la federación, conformada por los estados libres y soberanos. Todo establecido en los artículos 2, 40, 41, 116 y 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El juramento de la toma de protesta presidencial, después de lo expuesto anteriormente, concluye con la siguiente frase: “Y si así no lo hiciere que la nación me lo demande”.
Esta frase es contundente, pues el presidente de la República, se pone a juicio de las leyes, de la sociedad, de los mexicanos y, de las instituciones para que demanden el cumplimiento de lo juramentado y, el cumplimiento cabal, con apego a derecho y, dentro del marco constitucional, del respeto absoluto a la Constitución, las leyes mexicanas vigentes y, los intereses superiores del Estado mexicano, la República y federación.
Un análisis de Juan Jesús Garza Onofre de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en su obra: “Las mañaneras como vía para violar la Constitución. Análisis de los casos SUP-REP-3/2021 y SUP-REP-20/2021”, se establece una serie de violaciones recurrentes a los principios de inviolabilidad de la Constitución, enmarcados en el artículo 136.
(Transcripción literal del texto de Garza Onofre)
“En el ámbito gubernamental, desmoronar, desaparecer y destruir resultan actividades relativamente sencillas cuando se mezclan y se confunden fervientes ánimos narrativos repletos de ideología y un afán por desconocer lo que se ha hecho bien en el pasado, como si de repente el presente apareciera por generación espontánea y de manera categórica se tuviera que evaluar la realidad de forma absoluta; bajo dichos parámetros, para algunos, los matices, las medias tintas y la cautela en un renovado porvenir se torna algo inútil. Como si de antemano la mesura, la moderación y la crítica fuera algo malo respecto al nuevo ambiente político que permea discursivamente al país, ahora resulta que la unanimidad es sinónimo de progreso y la pluralidad un obstáculo, y si a eso se suma la ausencia de mecanismos sólidos y límites bien establecidos para hacerle frente a este panorama, queda claro que nos encontramos ante un escenario tan incierto como desolador. Por eso se tornan riesgosas las estrategias que se están utilizando para comunicar y posicionar mensajes en este contexto, las vías que se utilizan en la actualidad para dirigir la agenda y generar ciertas conversaciones, porque, quizá, hoy más que nunca, “la verdad se ha devaluado y cotiza a la baja en el mercado de las apariencias. La política se sirve de la palabra para ocultar la realidad. Otros fenómenos de nuestros tiempos revelan aún más síntomas de instrumentalización del lenguaje y de su uso en libertad”.
En este sentido, tal parece que garantizar un mínimo de veracidad en dichos procesos comunicacionales resulta una tarea casi imposible, un ejercicio extraordinario, un acto fuera de serie en contra del abaratamiento de las razones públicas, de ahí que ser asertivo a la vez que tolerante se convierta en un acto de resistencia, de ahí que, más allá de la estridencia y la retórica, sea un imperativo hacer posible el entendimiento ante auditorios tan diversos. Y es que en México se viven momentos de profunda desconfianza, tiempos de convencer de lo evidente, insistir en lo manifiesto, y defender cuestiones que ya se daban por sentadas... Por ende, tiempos extraños, pero no por ello poco propicios para repensar nuestros vínculos con quienes compartimos un mismo espacio. En todo caso, ante una coyuntura política que pone en entredicho los aspectos más básicos de la vida en común, el derecho necesariamente debe de servir como regulador y eje central de la democracia; como herramienta que pueda ayudar en la construcción de instituciones que trascienden momentos temporales específicos.
Pues al momento en que se olvida que el fenómeno jurídico, bien articulado y entendido como una práctica orientada por valores para conseguir determinados fines, puede servir como un magnífico medio para posibilitar la transformación social, en definitiva, cualquier cambio que se intente quedará al arbitrio y a la voluntad de quien ostente el poder en turno. De ahí el problema con separar el lenguaje del derecho, evitando entender a éste como discurso que moldea la conciencia y, sobre todo, que sirve a manera de artefacto para la toma de buenas decisiones colectivas. Por eso, bajo estas circunstancias, es bastante peculiar que ya ni siquiera las leyes sirvan para respetar algunos acuerdos elementales. Y en absoluto se trata de una obediencia ciega hacia las reglas, ni mucho menos de clamar por una mejor cultura de la legalidad, nada más errado. En todo caso, de lo que se trata es de hacer una apología del derecho como uno de los escasos caminos para poder elevar el debate público y construir mejores modelos de comunicación que puedan respetar los principios sobre los que se erige cualquier Estado democrático.2
En la cita anterior, se expone la importancia del discurso, del respeto a la legalidad y, el fenómeno actual que se exhibe en la realidad de México.
El 31 de enero de 2019, el presidente de la República, citaba una frase desde su conferencia “Mañanera”; “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”. Frase que ha sido utilizada en varias ocasiones por el titular del Ejecutivo federal, empero, el actuar del presidente no ha estado sujeto al margen constitucional y, en varias ocasiones ha transgredido el principio de “inviolabilidad” establecido en el artículo 136.
Segundo. El 22 de noviembre del presente año, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la administración pública federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”.
La publicación de este acuerdo en el DOF, ha generado una discusión sobre la posibilidad de inconstitucionalidad del procedimiento planteado, pues no se puede considerar como un atentado contra la Seguridad Nacional, la prevalencia del Estado de Derecho, la rendición de cuentas y, el respeto al marco jurídico vigente en los Estados Unidos Mexicanos.
“La interpretación sesgada de las facultades del titular del Ejecutivo federal, hacen que el debate, en la actualidad, cimbre las condiciones generales del estado de derecho en México y, apegados en un procedimiento disciplinado al principio fundamental republicano de la división de poderes, es que este documento se dirige a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, poder envestido con las facultades propias de declarar procedente o improcedente esta acción, que a título personal, consideramos como inconstitucional, por la naturaleza del mismo y, los objetivos establecidos en el decreto en comento. No se puede considerar a la búsqueda de la transparencia de los recursos públicos en el gasto gubernamental, la asignación de contratos públicos y, la transparencia de los mismos, así como una búsqueda para que impere la legalidad y el Estado de Derecho, como un atentado en contra de la Seguridad Nacional. La utilización de estos recursos legales, podemos considerarla como un acto de ilegalidad, opacidad y, encubrimiento de actos ilícitos en la asignación de las obras, los contratos y el destino del gasto”3 .
Permitir la violación de la Constitución y las leyes que de ella emanan por una interpretación sesgada, es abrir una brecha al debilitamiento institucional que tanto ha costado construir para los mexicanos. Nadie puede estar por encima de la Ley y, nadie al margen de la misma o, citando textualmente al Presidente, Andrés Manuel López Obrador; “Al margen de la Ley, nada; por encima de la Ley, nadie”.
Este decreto, atenta en contra de lo dispuesto en el artículo 6o. constitucional y, en contra de lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde en su artículo 1o., se establece que esta Ley es de orden público y tiene por objeto proveer lo necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Como se mencionó con antelación, la Ley de Transparencia, emana de la Constitución, específicamente, del artículo 6o., que en su Párrafo Segundo establece lo siguiente de manera textual:
“Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información de toda índole por cualquier medio de expresión”.
En el Párrafo Segundo, se establece el derecho que tenemos los mexicanos al acceso a la información, por ende, ocultar la misma u ocultar con acciones que promueven la opacidad y la nulidad de la “transparencia”, bajo el falso argumento de “Seguridad Nacional”, es violatorio de la Constitución. No se puede considerar una obra turística como de “Seguridad Nacional”, eso es una ofensa en contra de la Constitución o en contra de México y los mexicanos. Toda la obra pública, reservará la información bajo este “Acuerdo”, donde claramente se exhibe una tendenciosa acción a ocultar información y, negar el acceso a la misma con fines perversos que van desde el no afectar imagen pública-electoral, hasta el cobijo de acciones ilegales en el gasto del recurso y, la asignación de las licitaciones por vías directas o la asignación de contratos de manera ilegal y corrupta.
El discurso y la frase de “no somos iguales”, no es suficiente para evadir la responsabilidad constitucional, legal, moral y jurídica, de la rendición de cuentas. El Presupuesto federal no es de un solo hombre, es del país, de todos los mexicanos y, la ciudadanía ha ganado el derecho, de manera legal, a través de una gran lucha por la transparencia por medio de vías democráticas, para poder conocer el destino de los recursos. El argumento de “no somos iguales”, sólo queda en el plano de lo abstracto si no se contrasta con la realidad. Evidencias, no palabras. Legalidad y estado de derecho antes que grillas y frases propagandísticas. Si no son iguales que lo demuestren con el respeto a las leyes, el marco jurídico y el respeto al estado de derecho.
En el inciso a) del artículo 6o. de la Constitución, se establece el marco general y específico para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, en la Fracción I del inciso A del Artículo 6º, se establece que la información podrá ser reservada de manera temporal por razones de interés público y seguridad nacional y, es bajo este argumento, por el cual se elabora el Acuerdo del 22 de noviembre, firmado por el titular del Ejecutivo federal, en materia de Interés Público y Seguridad Nacional para la obra federal de la actual administración, que suena muy sofisticado, empero, es más un retroceso que un avance para nuestra nación.
Revisando la Ley de Seguridad Nacional, en el artículo 5o., no se encuentra el sustento legal para negar el acceso a la información y, nuevamente se puede considerar el actuar del Ejecutivo federal, como violatorio de la Constitución y de las leyes que de ella emanan:
Artículo 5o. Para los efectos de la presente ley, son amenazas a la Seguridad Nacional:
I. Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional;
II. Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano;
III. Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada;
IV. Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
V. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada;
VI. Actos en contra de la seguridad de la aviación;
VII. Actos que atenten en contra del personal diplomático;
VIII. Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva;
IX. Actos ilícitos en contra de la navegación marítima;
X. Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas;
XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia;
XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos, y
XIII. Actos ilícitos en contra del fisco federal a los que hace referencia el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.4
En la fracción XII del artículo 5o., el titular del Ejecutivo intenta sustentar la acción de negar el acceso a la información pública. Sin embargo, el derecho que tenemos los mexicanos de acceso a la información pública, no es un atentado terrorista o una acción que se pueda considerar como una amenaza a la seguridad nacional. Es un derecho de acceder a la información del destino del gasto público y, una obligación de quienes gobiernan, es la de transparentar el gasto público. No respetar las leyes, violar la Constitución y, la interpretación sesgada del marco jurídico y el estado de derecho, eso sí constituye y configura un atentado en contra de la Seguridad Nacional.
El “no somos iguales”, no es una respuesta al derecho ciudadano y constitucional de acceso a la información pública y, no cumple la obligación de Gobierno Federal en la rendición de cuentas y la trasparencia de los ejercicios públicos.
Por lo expuesto e invocado en el proemio, someto a consideración de ésta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. El pleno de la honorable Cámara de Diputados de la LXV Legislatura federal , exhorta respetuosamente al ciudadano presidente de la República , licenciado Andrés Manuel López Obrador , a establecer los mecanismos necesarios para hacer pública la información del gasto federal ejercido en las siguientes obras públicas: “Tren Maya”, “aeropuerto Felipe Ángeles” y refinería de Dos Bocas, así como la publicación de la información sobre la asignación de contratos y licitaciones a las empresas participantes en la construcción de las obras antes referidas, en apego a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública .
Notas
1 Transcripción textual del Juramento de toma de
protesta del presidente de la República, tomado del Artículo 87
Constitucional. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=
http%3A%2F%2Fwww.diputados.gob.mx%2FLeyesBiblio%2Fpdf_mov%2FConstitucion_Politica.pdf&clen=1198130&chunk=true
2 Chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=
https%3A%2F%2Farchivos.juridicas.unam.mx%2Fwww%2Fbjv%2Flibros%2F13%2F6499%2F21.pdf&clen=817407&chunk=true
3 Punto de acuerdo Que exhorta al ciudadano presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, a la atracción del acuerdo publicado en el DOF el 22 de noviembre de 2021 en materia de obras públicas y seguridad nacional. Propuesto por el diputado Ignacio Loyola Vera. Publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el martes 30 de noviembre de 2021.
4 Transcripción textual del artículo 5 de la Ley se Seguridad Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2021.
Diputado Ignacio Loyola Vera (rúbrica)
Con motivo del 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, a cargo de la diputada María Elena Serrano Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI
Con el permiso de la Presidencia
Compañeras y compañeros diputados
La migración es una parte irrenunciable del derecho humano y no es exclusivo de algún país.
Históricamente y hasta nuestros días, se han generado retos y oportunidades para las sociedades en todo el mundo, las cuales han servido para entender el vínculo que hay entre migración y desarrollo, así como las oportunidades que ofrece para la mejora de las condiciones económicas y sociales, tanto en el lugar de origen como en el de destino.
Como bien señala la Organización de la Naciones Unidas, en la actualidad, la globalización, junto con los avances en las comunicaciones y el transporte, han incrementado de manera desmedida, el número de personas que tienen la necesidad o la capacidad de mudarse a otros lugares de residencia, buscando nuevos horizontes para su desarrollo.
Es por ello que en 2021, bajo el lema de: Reimaginar la movilidad humana , la ONU reconoce que “los migrantes contribuyen al desarrollo de comunidades más fuertes y resilientes, especialmente en la lucha contra la pandemia por Covid-19, ya que ellos han sido los principalmente afectados por esta situación sanitaria a nivel mundial, siendo desalojados, discriminados y con riesgos de ser víctimas de trata y explotación”.
La comunidad mexicana migrante sabemos muy bien lo que ello significa e implica para la seguridad física y psicológica de quienes nos acompañan en esta travesía, pero también de los que se quedan en nuestras comunidades de origen.
Para las mexicanas y los mexicanos, es una realidad que de ninguna manera debe ser vista como la renuncia a nuestras raíces que, por el contrario de olvidarse al migrar en busca de mejores condiciones de vida para nosotros y nuestras familias, se fragua, se tatúa en nuestra alma y corazones.
Cuando partimos, ya sea por decisión propia u orillados por las precarias condiciones económicas, climatológicas o de inseguridad que se enfrentan en muchas de nuestras comunidades del país, sabemos muy bien de las adversidades que habremos de enfrentar para llegar al país que será nuestro lugar de residencia por largos años y tal vez de forma permanente, junto a la gran nostalgia que nos da el no ver a nuestras familias, amigos y parientes por largas temporadas, pero también sabemos y nos alienta que nuestro esfuerzo y trabajo contribuirá al gasto de nuestras familias y desarrollo de nuestras comunidades de origen.
Las mexicanas y los mexicanos migrantes , estamos hoy aquí, presentes en esta tribuna de la nación, casa del pueblo de México , gracias al esfuerzo y lucha constante de distinguidos líderes mexicanos migrantes al frente de organizaciones, clubes y federaciones de casi todo el país, quienes lograron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitiera sentencia en favor de que el Instituto Nacional Electoral impulsara entre los partidos políticos de nuestro país, que se incluyeran candidaturas para diputados en las elecciones de 2021, a connacionales con presencia e identidad entre la comunidad mexicana migrante. Hoy es una realidad y me siento orgullosa de ser parte de esta LXV Legislatura.
Durante muchas generaciones, la migración ha sido una alternativa para lograr propósitos de paz, armonía, salud y bienestar familiar. Es por ello que la política migratoria del gobierno de México debería tener como base, el respeto pleno de los derechos humanos a partir de un enfoque general e incluyente, favoreciendo en todo momento a quienes vivimos la adversidad, cuando intentamos lograr el sueño de alcanzar mejores oportunidades de vida.
Por supuesto que agradecemos al presidente de México por referirse a nosotros como héroes vivientes, pero más le agradeceríamos ser visibles y considerados entre las prioridades de la agenda nacional, tan sólo por respeto a nuestros derechos humanos fundamentales que mandata la Constitución Política como mexicanos de origen, y vernos reflejados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que en los últimos tres ejercicios fiscales, se han reducido sustancialmente los recursos y desaparecido programas y fondos destinados a la atención de la comunidad mexicana migrante, sobre todo de aquellos que se encuentran en situación de repatriación.
Es evidente que la fuerza laboral y productiva que los connacionales aportamos a los países de residencia es muy importante, ya que contribuye en la generación de bienes y servicios para su desarrollo económico y social. Lo es también para nuestro propio país, ya que, con el envío de remesas contribuimos a que nuestras familias y comunidades, tengan acceso a mejores condiciones de vida.
“El árbol tiene la posibilidad de tender sus ramas hacia cualquier punto del horizonte, pero siempre mantendrá firme y profunda su raíz en la tierra que le vio nacer ”.
Es cuanto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2021.
Diputada María Elena Serrano Maldonado (rúbrica)