Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a fiscalizar los recursos entregados a la administración del ex gobernador Silvano Aureoles Conejo; y a la Auditoria Superior de Michoacán, a realizar las investigaciones encaminadas a conocer el uso y destino de aquéllos, a cargo de la diputada Alma Griselda Valencia Medina, del Grupo Parlamentario de Morena

Alma Griselda Valencia Medina, diputada de la LXV legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6 numeral I fracción I y 79 numerales 1 fracción II y 2 del reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a la consideración de esta H. Asamblea, como de urgente u obvia resolución, el siguiente punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Auditoria Superior de la Federación para que realice una auditoría de los recursos entregados a la administración del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, y a la Auditoria Superior de Michoacán para que realice las investigaciones para conocer el uso y destino de los recursos ejercidos por el exgobernador, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Según los datos del Censo de Población y Vivienda 20201 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el número de habitantes en Michoacán de Ocampo es de 4 millones 748 mil 846 personas, de los cuales 2 millones 442 mil 505 son mujeres y 2 millones 306 mil 341 son hombres. Por lo que Michoacán de Ocampo ocupa el noveno lugar a nivel nacional por su número de habitantes.

La distribución por sexo y rangos de edad se muestra en la siguiente gráfica:

Habitantes por edad y sexo

Segunda. De acuerdo con los resultados de la medición de la pobreza 2018 que realiza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en Michoacán2 , el 46.0% de la población en vivía en situación de pobreza, es decir, 2,161,900 personas aproximadamente. De este universo, el 40.0% (cerca de 1,877,600 personas) estaba en situación de pobreza moderada, mientras que el 6.1% de la población se encontraba en situación de pobreza extrema (alrededor de 284,400 personas).

El porcentaje de pobreza en Michoacán es 4.1 puntos porcentuales mayor que el porcentaje nacional (41.9%). En ese mismo año, el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales en Michoacán fue de 34.8%, es decir, 1,634,400 personas, aproximadamente, presentaron al menos una carencia. Al mismo tiempo, 4.9% de la población era vulnerable por ingresos, lo que significa que alrededor de 228,700 personas no tenían los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Finalmente, la población no pobre y no vulnerable de la entidad federativa representó el 14.3%, aproximadamente 670,300 personas. Tal y como se muestra en las siguientes gráficas:

Tercera . Ante este panorama de pobreza generalizada en el Estado de Michoacán, el actual Gobernador, el Licenciado Alfredo Ramírez Bedolla señalo:

“Michoacán está en quiebra técnica, el Gobierno del Estado tiene un boquete financiero cercano a los 50 mil millones de pesos; 21 mil millones en deuda pública bancaria, 13 mil millones en déficit presupuestal, y el resto en adeudos a terceros institucionales, por ejemplo, 4 mil 800 millones de adeudo con el ISSSTE, mil 580 millones con el IMSS, y 500 millones a pensiones civiles, por mencionar algunos ”3 .

El ahora mandatario detalló que existe una deuda pública bancaria de casi 20 mil millones de pesos y la mayor parte están con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras)4 .

“Informarle, señor presidente, cómo recibimos el estado de Michoacán. Tenemos una deuda pública bancaria con 20 mil millones de pesos, de los cuales, me informan que 13 mil de ellos ya están con Banobras, que es algo interesante; comercial, 6,405 millones de pesos ”

Además, mencionó una de las cargas financieras más pesadas de su gestión es el déficit presupuestal, pues la pasada administración le dejó una serie compromisos para cerrar el 2021 que ascienden 18,795 millones de pesos , “pero que no se cuentan con la suficiencia presupuestaria para cumplir el pago ”.

El gobernante aseguró que hay un quebranto en seguridad pública por casi 12,000 millones de pesos por concepto del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) 5 y otros prestadores de servicios en dicha área.

Cabe mencionar que, este 7 de octubre de 2021, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado informó que el ex gobernador Aureoles derrochó más de 1,200 millones de pesos para la renta de siete aeronaves, seis helicópteros y un avión sigiloso, con un contrato que presenta irregularidades.

El contrato por la renta para transporte de funcionarios, vigilancia aérea, búsqueda y rescate, fue firmado en 2015 con la empresa B3 Fly Services S.A. de C.V., la cual se constituyó solo 14 días antes de que se le diera el contrato por adjudicación direct6 .

El acuerdo incluía 50 horas de vuelo por aeronave, después de las cuales se pagaban cargos extra. Además, en caso de robo, expropiación, daño o destrucción total de los helicópteros y el avión, el gobierno debía cubrir el costo total.

Los 1,227 millones 865 mil,800 pesos que deberían de finiquitarse en un periodo de 69 meses, de enero de 2016 a agosto de 2021, justo cuando el exgobernador Silvano Aureoles Conejo saldría del poder.

De acuerdo con los datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que a la salida de exgobernador Silvano Aureoles Conejo horror, habrá una deuda en el estado de tres mil 649 millones de pesos adquiridos por Aureoles.

Al exgobernador del estado de Michoacán le habrían sido aprobados en 2020 dos créditos simples por cantidades de, 2 mil 45 millones de pesos cada uno, y otros dos por la cantidad de mil 149 millones de pesos y mil 218 millones de pesos, informaron los periodistas Sergio Flores, Rafael Montes y Jocelyn Estrada7 .

Desde la dependencia federal que hasta el momento no se han aclarado los recursos que corresponderían a mil 128.5 millones de pesos.

Este presunto desfalco fue rastreado en la Secretaría de Finanzas, donde supuestamente se habrían gastado mil millones 653 mil pesos en publicidad, asesorías, servicios de informática o software8 .

De los 852 millones 807 mil pesos restantes, en al menos 347.9 millones no se hallaron evidencias o documentación de su gasto en por lo menos seis dependencias estatales y 23 municipios.

Además, al menos 176.2 millones de pesos no fueron utilizados, pero tampoco fueron devueltos a la Federación.

Cuarta. Adicionalmente desde la sociedad civil existen severos cuestionamientos a la gestión de Silvano Aureoles Conejo. En este sentido el dirigente del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (Csim), organismo que aglutina a 60 pueblos originarios, Pavel Guzmán, subrayó que el mandatario perredista no realizó ninguna obra de importancia en las comunidades indígenas, por el contrario, redujo el presupuesto de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cedpi), de 130 a 30 millones de pesos, que sólo alcanzaron para el pago de la burocracia de esta dependencia9 .

Dijo que es mentira lo que aseguró Aureoles en su mensaje del sexto informe de gobierno que ofreció vía internet, en el sentido de que su principal logro es haber acabado con la pobreza en Michoacán, pues tan solo en los pueblos originarios, ésta alcanza actualmente 76.8 por ciento, según el Coneval, y la pobreza extrema es de 35.7 por ciento, subrayó el dirigente del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (Csim)10 .

En este orden de ideas el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dijo que Silvano Aureoles dejó un estado inmerso en la violencia, incluso deja convulsionada la región de Aguililla, Buenavista, Tepalcatepec y Coalcomán, donde al menos cuatro mil personas han sido desplazadas.

De 2009 a 2015, los homicidios en Michoacán oscilaban entre 800 y 900 al año. En el primer año de gobierno de Aureoles las cifras se incrementaron a mil 477. En 2020 la cifra creció a 2 mil 230 homicidios, y en los primeros nueve meses de estén 2021 suman mil 900 homicidios dolosos, según información de la Fiscalía General del Estado11 .

Por su parte, diputados de Morena del Estado de Michoacán, analizan presentar una demanda de juicio político en contra del ex gobernador Silvano Aureoles Conejo, por todo el quebranto financiero que dejó en la entidad12 .

Informaron que el actual gobierno michoacano integra todo un expediente sobre la situación que dejó su antecesor, entre as cuales se encuentran importantes hallazgos sobre presuntas irregularidades en los rubros de seguridad, salud y bienestar.

Aseguraron que, en breve, el gobernador Alfredo Martínez Bedolla hará un importante anunció con implicaciones directas a Aureoles Conejo y su secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro, entre otros.

Una vez que se presente el informe financiero, valorarán la posibilidad de presentar una solicitud de juicio político en la Cámara de Diputados en contra del ex funcionario local.

Quinta. Ahora bien, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, dotado de autonomía técnica y de gestión, se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales.

El resultado final de la labor de la ASF son los Informes Individuales de Auditoría y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria , entre otros puntos, establece:

“Artículo 1 .- La presente Ley es de orden público, y tiene por objeto reglamentar los artículos 74 fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales.

Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.

La Auditoría fiscalizará el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por parte de los sujetos obligados , conforme a las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación .”

“Artículo 4 .- El gasto público federal comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, incluyendo los pagos de pasivo de la deuda pública; inversión física; inversión financiera; así como responsabilidad patrimonial ; que realizan los siguientes ejecutores de gasto:

I. El Poder Legislativo;

II. El Poder Judicial;

III. Los entes autónomos;

IV. Los tribunales administrativos;

V. Se deroga;

VI. La Presidencia de la República;

VII. Las dependencias, y

VIII. Las entidades.

Los ejecutores de gasto antes mencionados están obligados a rendir cuentas por la administración de los recursos públicos en los términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

Las disposiciones presupuestarias y administrativas fortalecerán la operación y la toma de decisiones de los ejecutores, procurando que exista un adecuado equilibrio entre el control, el costo de la fiscalización, el costo de la implantación y la obtención de resultados en los programas y proyectos.

La Presidencia de la República se sujetará a las mismas disposiciones que rigen a las dependencias.

Asimismo, los tribunales administrativos se sujetarán a las disposiciones aplicables a las dependencias, así como a lo dispuesto en sus leyes específicas dentro del margen de autonomía previsto en el artículo 5 de esta Ley.

Los ejecutores de gasto contarán con una unidad de administración, encargada de planear, programar, presupuestar, en su caso establecer medidas para la administración interna, controlar y evaluar sus actividades respecto al gasto público .”

Por otra parte, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, entre otros puntos señala:

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar los artículos 73 fracción XXIV, 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revisión y fiscalización de:

I. La Cuenta Pública;

II. Las situaciones irregulares que se denuncien en términos de esta Ley, respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al de la Cuenta Pública en revisión;

III. La aplicación de las fórmulas de distribución, ministración y ejercicio de las participaciones federales, y

IV. El destino y ejercicio de los recursos provenientes de financiamientos contratados por los estados y municipios, que cuenten con la garantía de la Federación.

Para efectos de este artículo, la Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar las operaciones que involucren recursos públicos federales o participaciones federales a través de contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público privadas o cualquier otra figura jurídica y el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de Estados y Municipios, entre otras operaciones.

Adicionalmente, la presente Ley establece la organización de la Auditoría Superior de la Federación, sus atribuciones, incluyendo aquéllas para conocer, investigar y substanciar la comisión de faltas administrativas que detecte en sus funciones de fiscalización, en términos de esta Ley y la Ley General de Responsabilidades Administrativas; así como su evaluación, control y vigilancia por parte de la Cámara de Diputados.

Artículo 6.- La fiscalización de la Cuenta Pública que realiza la Auditoría Superior de la Federación se lleva a cabo de manera posterior al término de cada ejercicio fiscal, una vez que el programa anual de auditoría esté aprobado y publicado en su página de internet; tiene carácter externo y por lo tanto se efectúa de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de control o fiscalización que realicen los órganos internos de control.

Artículo 7.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria y en lo conducente, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la Ley General de Contabilidad Gubernamental; la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; la Ley de Coordinación Fiscal; la Ley de Ingresos; el Código Fiscal de la Federación; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; la Ley General de Responsabilidades Administrativas; Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y el Presupuesto de Egresos, así como las disposiciones relativas del derecho común federal, sustantivo y procesal, en ese orden.

Artículo 8.- La Auditoría Superior de la Federación deberá emitir los criterios relativos a la ejecución de auditorías, mismos que deberán sujetarse a las disposiciones establecidas en la presente Ley y publicarse en el Diario Oficial de la Federación .”

A su vez, la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo en sus artículos 1 y 2 señala:

“Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en el Estado de Michoacán de Ocampo y tiene como objeto regular el funcionamiento de la Auditoría Superior de Michoacán como órgano técnico de fiscalización del Congreso, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. Asimismo, regula su organización y atribuciones, incluyendo aquellas para conocer, investigar y substanciar la comisión de faltas administrativas; así como su evaluación, control y vigilancia por parte del Congreso.

La Auditoría Superior de Michoacán se regirá bajo los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, en forma simultánea, anual, posterior, externa, independiente y autónoma. La fiscalización de la Cuenta Pública que realiza la Auditoría Superior de Michoacán se lleva a cabo de manera posterior al término de cada ejercicio fiscal, tiene carácter externo y por lo tanto se efectúa de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de fiscalización que realicen los órganos internos de control.

Sin perjuicio del principio de anualidad, la Auditoría Superior de Michoacán podrá solicitar y revisar de manera casuística y concreta, la información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago, diversos ejercicios fiscales, o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas. Las observaciones y recomendaciones que respectivamente la Auditoría Superior de Michoacán emita, solo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.

Asimismo, la Auditoría Superior, a través de denuncia debidamente formulada y presentada de conformidad a los requisitos que para tal efecto se establecen en esta ley, podrá fiscalizar a las Entidades durante el ejercicio fiscal en curso y anteriores, a efecto de investigar la existencia de presuntos daños y perjuicios en contra del patrimonio público que puedan constituir faltas administrativas o hechos ilícitos , integrando el expediente respectivo para, en su caso promover las acciones conducentes ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, la Fiscalía Especializada, los órganos internos de control o cualquier otra autoridad competente, sin necesidad de la revisión de la cuenta pública correspondiente.

Las Entidades proporcionarán la información que se solicite para la fiscalización e investigación, en los plazos y términos señalados por esta ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en la misma.

En el desarrollo de sus actividades, la Auditoría Superior vigilará el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, así como en la normatividad estatal en materia de deuda pública, coordinación fiscal, planeación hacendaria, presupuesto, transparencia, gasto público y contabilidad gubernamental, responsabilidades administrativas, anticorrupción y demás normatividad aplicable.

A falta de disposición expresa en esta ley, se aplicarán en forma supletoria y complementaria, en lo conducente, las disposiciones relativas del derecho común sustantivo y procesal.

Artículo 2. La Auditoría Superior de Michoacán, como entidad de fiscalización del Congreso, tiene autonomía técnica, de gestión y capacidad para que en el ejercicio de sus atribuciones decida sobre su organización interna, ejercicio de su presupuesto, funcionamiento y resoluciones, en los términos de esta ley, su reglamento y demás normatividad aplicable. Dentro del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán, en lo correspondiente al Poder Legislativo, se establecerá un apartado específico donde se determine el presupuesto de la Auditoría Superior de Michoacán para cada ejercicio fiscal, conforme al artículo 10, fracción III de la presente ley. El Congreso, a través de la Comisión, vigilará que la ministración de los recursos presupuestados a la Auditoría Superior se realice de manera oportuna por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas del propio Congreso. A efecto de lo anterior dichos recursos se ministrarán dentro de los primeros diez días naturales de cada mes.

La Auditoría Superior de Michoacán revisará, fiscalizará y evaluará la gestión de los poderes del Estado, de los ayuntamientos, concejos municipales, comunidades o consejos indígenas y ciudadanos, y de todas las demás Entidades públicas estatales y municipales que manejan fondos públicos, y de aquellos organismos que por disposición de ley se consideren autónomos, así como cualquier Entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica bajo la que se manejen recursos públicos.

La Auditoría Superior de Michoacán, la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán y el Congreso, deberán guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta la presentación del Informe General Ejecutivo o, en su caso, en los términos del artículo 8° de la Constitución del Estado. Quienes infrinjan lo anterior serán sancionados conforme a lo dispuesto en la normatividad en materia de responsabilidades .”

Así mismo, el 20 de junio de 2018, se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, los Lineamientos del Procedimiento de Denuncias de la Auditoría Superior de Michoacán13 , mismos que, entre otros puntos, señala:

“Artículo 1. Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las directrices en materia de denuncias que permitan a la Auditoría Superior de Michoacán, como autoridad para dar seguimiento de una manera clara y sencilla al Procedimiento de Investigación, con una visión de simplificación, mejora regulatoria, eficiencia, eficacia, calidad y rapidez en el servicio, estableciendo de una forma clara y ordenada la descripción de las actividades para su desarrollo, determinando cada una de las acciones que deben seguirse, facilitando el control interno y su vigilancia.

Artículo 2. Son sujetos obligados a observar los presentes lineamientos , todos los servidores públicos la Auditoría Superior de Michoacán; las personas físicas o morales; servidores públicos que formulen denuncia; el Gobierno del Estado , los ayuntamientos y demás organismos e instituciones que manejen fondos o valores públicos, creados por Ley o Decreto de los Poderes del Estado, de los ayuntamientos y cualquier otro, sea cual fuere la forma o estructura que adopten.

Artículo 4. Cualquier servidor público o particular, podrá formular denuncia ante la Auditoría Superior, respecto de los actos, hechos u omisiones que generen daño y/o perjuicio al erario o patrimonio público , adjuntado a la misma elementos de prueba y en el supuesto caso de no obrar en su poder, deberá indicar la autoridad que las posee. Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las autoridades investigadoras mantendrán con carácter de confidencialidad la identidad de las personas que denuncien las presuntas responsabilidades.

Artículo 8. Las denuncias deberán referirse a presuntos daños y/ o perjuicios a la Hacienda Pública o al patrimonio de las entidades, en alguno de los siguientes supuestos para su procedencia:

I. Desvío de recursos hacia fines distintos a los autorizados;

II. Irregularidades en la captación o en el manejo y utilización de los recursos públicos;

III. Actos presuntamente irregulares en la contratación y ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos y adquisición de bienes, entre otros;

IV. La comisión recurrente de irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos;

V. Inconsistencias en la información presupuestal, programática y/o financiera de cualquier entidad fiscalizada que oculte o pueda originar daños y/o perjuicios a su patrimonio; y,

VI. Las demás consideradas como faltas administrativas graves por disposición legal .”

Sexta. Como puede observarse en primer término tenemos una población inmersa en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y violencia; en segundo lugar existen una serie de señalamientos de una deuda excesiva, sin resultados que sean tangibles o que se reflejen obras de infraestructura, la falta de devolución de dinero a la Tesorería de la Federación y la aparente desaparición de recursos públicos, todo expresado, tanto por la más alta autoridad en el estado de Michoacán, como lo es el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, como por Diputados Federales del Grupo Parlamentario de Morena.

En tercer plano, tenemos un robusto marco Constitucional y legal, a nivel federal y en el Estado de Michoacán, que permiten realizar investigaciones, auditorias y otras actividades para dar cuenta del destino del dinero público ejercido por el anterior gobierno encabezado por Silvano Aureoles Conejo, así como de los préstamos que fueron solicitados a la banca comercial y de los cuales se ignora para que fueron utilizados su destino final.

Es por ello que la práctica de auditorías e investigaciones sobre el dinero faltante y el destino del dinero solicitado como préstamos a cuenta del erario debe ser aclarado, y en su caso, deben presentarse las denuncias correspondientes por el desvío de los recursos públicos.

Por las consideraciones y fundamentos arriba expresados, someto a consideración de esta soberanía, como de urgente u obvia resolución , el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Auditoria Superior de la Federación para que realice las auditoría e investigaciones necesarias para conocer el uso y destino de los recursos entregados por la Federación a la administración del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, así como de los préstamos solicitados a la banca comercial y su utilización.

Segundo . La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Auditoria Superior de Michoacán para que realice las auditorias e investigaciones del caso para conocer el uso y destino de los recursos públicos ejercidos por el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, así como de los préstamos solicitados a la banca comercial y el destino de los mismos.

Notas:

1. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mic h/poblacion/

2. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Informe de Pobreza y Evaluación 2020. Michoacán. https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/
Informes_de_pobreza_y_evaluacion_2020_Documentos/Informe_Michoacan_2020.pdfLos informes de pobreza y evaluación 2020 reúnen información sobre la pobreza multidimensional desagregada por grupos poblacionales y municipios, indicadores complementarios a la medición de la pobreza, las intervenciones estatales de desarrollo social y los resultados de cada entidad federativa en el Diagnóstico del avance en monitoreo y evaluación.

3. El Financiero, 27 de septiembre de 2021. Silvano Aureoles deja “boquete” de 50 mil mdp en Michoacán, afirma Alfredo Ramírez. https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2021/09/27/
silvano-aureoles-deja-boquete-de-50-mil-mdp-en-michoacan-afirma-alfredo-ramirez/

4. Infobae, 28 de octubre de 2021. Michoacán tiene una deuda pública de 20,000 mdp tras la salida de Silvano Aureoles: Ramírez Bedolla.

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/10/10/michoa can-tiene-una-deuda-publica-de-20000-mdp-tras-la-salida-de-silvano-aure oles-ramirez-bedolla/

5. Idem

6. Ibid

7. Infobae, 28 de septiembre de 2021. La deuda millonaria que Silvano Aureoles dejaría en Michoacán.

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/09/28/la-deu da-millonaria-que-silvano-aureoles-dejaria-en-michoacan/

8. Ob. cit.

9. La Jornada, 30 de septiembre de 2021. Violencia y quiebra técnica en Michoacán, al concluir gestión de Aureoles.

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/30/estados/conc luye-hoy-gobierno-de-aureoles-violencia-y-quiebra-tecnica-su-legado/

10. Idem.

11. Ibidem.

12. Reporte Índigo. 24 de noviembre de 2021. Analizan morenistas juicio político contra Silvano Aureoles por “quebranto” a Michoacán. https://www.reporteindigo.com/reporte/analizan-morenistas-juicio-politi co-contra-silvano-aureoles-por-quebranto-a-michoacan/

13. Periódico Oficial del gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. 20 de junio de 2018.

http://leyes.michoacan.gob.mx/destino/O13644po.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2021.

Diputada Alma Griselda Valencia Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y la Sader a emitir el Reglamento de la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola, a cargo de la diputada Marcia Solórzano Gallego, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Marcia Solórzano Gallego, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo, con base de las siguientes

Consideraciones

Las familias mexicanas no queremos seguir pagando los costos de la inexperiencia, ineptitud y curva de aprendizaje del Poder Ejecutivo y su gabinete en general. Por ello es necesario un marco reglamentario para el impulso, fomento, promoción y difusión de las actividades relacionadas al sector vitivinícola en México.

En este tenor de ideas, el 26 de abril de 2018, el Senado de la República aprobó la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola. Luego con fecha 22 de mayo de 2018 el Ejecutivo expido el decreto en cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Mientras el 23 de mayo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el cual entra en vigor la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola, el cual debió emitir un Reglamento a los 180 días siguientes a su publicación en el DOF, es decir, el 19 de noviembre de 2018.

Pero hasta el día de hoy no se ha publicado su reglamento, teniendo un retraso catastrófico de más de tres años para para emitir dicho reglamento de acuerdo a lo aprobado por el Congreso de la Unión. En este mismo orden de ideas, el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley, el Ejecutivo federal menciona que se expedirá dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, el Reglamento. Asimismo, establecerá las adecuaciones de carácter orgánico, estructural y funcional para su debido cumplimiento.

Esta Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola es relevante en múltiples cuestiones: primero, porque ofrece claridad en conceptos tan elementales como la definición de “vino mexicano” hoy finalmente reconocido dentro de la ley como “el que se produce con el 100 por ciento de uvas de origen mexicano y que, además, su contenido total es fermentado y envasado en territorio nacional”. Segundo, porque establece estrategias adecuadas y claras para el desarrollo de la actividad vitivinícola en el México, no sólo el aspecto de expansión territorial y capacidad productiva, sino también desde un punto de vista académico, estadístico, comercial, cualitativo y enoturístico.

En dicha ley se intenta impulsar, fomentar, promover y difundir las actividades relacionadas al aludido sector, en concordancia con la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y demás ordenamientos legales aplicables, para impulsar una mayor productividad y competitividad de la actividad. Además de establecer las bases para el impulso y desarrollo de la industria vitivinícola mexicana

Algunos puntos destacados de la industria vitivinícola, según cifras del Consejo Mexicano de Vitivinícola, es que genera empleos para 500 mil jornaleros, lo que la convierte en la segunda fuente de empleo en el sector agrícola después de la hortofrutícola.

En los campos se cultivan 37 mil hectáreas que producen casi medio millón de toneladas de todas las vocaciones: uva de mesa, uva pasa, uva para jugos y concentrados, uva para vino y uva para brandy. De esta cantidad, 12.5 por ciento se utiliza para la elaboración de vinos. México en 2020 produjo 2.5 millones de cajas, cifra que va en ascenso, pues su calidad ha sido reconocida por cientos de premios internacionales.

De acuerdo con valoraciones y pronósticos del propio Consejo Mexicano Vitivinícola, la aplicación de incentivos y apoyos, derivados de esta ley, representa la posibilidad de duplicar el número de hectáreas cultivadas con vid en un lapso de entre 10 y 15 años. También de fomentar las capacidades de producción y crecimiento de infraestructura, lo cual podrá aumentar la participación del vino mexicano en el mercado interno.

El presente punto de acuerdo busca armonizar los instrumentos reglamentarios, normativos y administrativos vigentes para darle un marco administrativo y un verdadero andamiaje legal a los impulsos de la industria vitivinícola a efecto de evitar burocracias innecesarias.

Bajo esta óptica, es necesario que el Poder Ejecutivo expida el Reglamento de la Ley de Fomento a la Industria vitivinícola, ya que, de no llevarse a cabo este proceso en los tiempos establecidos por la ley como está ocurriendo, se corren importantes riesgos para el desarrollo económico y social, para garantizar el bienestar de la población. Al revisarse la base de datos de la normatividad nacional en materia de reglamentos, vemos con preocupación que no existe el reglamento citado.

En este contexto se recomienda reiteradamente a la Secretaría Agricultura y Desarrollo Rural valorar la pertinencia de redactar una propuesta consistente de esquemas que faciliten y aceleren el ingreso al mercado mexicano de aquellos productores de vino, ya que con ello mejora la existencia de mecanismos regulatorios alternos que correspondan al nivel de riesgo de la elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte y demás actividades relacionadas con los productos mencionados.

La falta de emisión del reglamento abre la posibilidad de que los particulares puedan incluso presentar algún recurso jurídico en contra de la implementación, o carencia en la implantación, de algún programa, proyecto o acción que lleve a cabo el Ejecutivo federal en el marco de fomentar el vino mexicano. El retraso de las autoridades para emitir el reglamento ha afectado a los productores obstaculizando el acceso al fomento de la industria viticultura en México.

Por ello, este punto de acuerdo exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría Agricultura y Desarrollo Rural a que implementen una normatividad y emitan el reglamento en aras de que el futuro sea promisorio, para que la ley fructifique a favor de todos los integrantes de la industria vitivinícola.

El vino mexicano ha enfrentado el reto de 2020-2021, en medio de la pandemia con inteligencia y fuerza, buscando impulsar su producción, consumo responsable y reconocimiento en cada rincón del mundo y, sobre todo, fomentando su importancia al interior de México.

Es tiempo de que el gobierno de México se haga responsable de garantizar el estado de derecho, llevando al pie de la letra lo establecido en las leyes, y de una vez, empiece a magnificar el gran peso que conlleva ser gobierno, mostrando la congruencia de sus acciones.

Por lo expuesto, el suscrito legislador someto a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal y al titular de la Secretaría Agricultura y Desarrollo Rural a expedir a la brevedad posible el Reglamento de la Ley de Fomento a la Industria vitivinícola, a efecto de dar cumplimiento al artículo transitorio segundo del decreto por el que se expide la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2018.

Referencias

1 La Constitución y el Derecho Administrativo 16.pdf (unam.mx)

2 Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola (diputados.gob.mx)

3 DOF - Diario Oficial de la Federación, fecha de 5 de mayo de 2018

4 Orden Jurídico Nacional (ordenjuridico.gob.mx)

5 Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn.gob.mx)

6 www.naciondevinos.com

7 Consejo Mexicano Vitivinícola www.uvayvino.org.mx

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 14 de diciembre de 2021.

Diputada Marcia Solórzano Gallego (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT a hacer públicos los estudios que garanticen la seguridad de las nuevas rutas, llegadas y salidas consideradas en el rediseño del espacio aéreo del valle de México, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI, y diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios

Quienes suscriben: diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, diputada Cristina Ruiz Sandoval y diputado Xavier González Zirión, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, diputado Gabriel Ricardo Quadri de la Torre y diputada Diana María Teresa Lara Carreón, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional; diputado Salomón Chertorivski Woldenberg del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; y la diputada Edna Gisel Díaz Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados. someten a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 25 de marzo la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes puso en marcha la primera fase del rediseño del espacio aéreo en el Valle de México, que contempla las operaciones de los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México (AICM) y Toluca.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes mediante un comunicado informó que desde diciembre de 2018, la SICT, a través de los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), ha desarrollado un Plan Rector para la modernización y reestructura del espacio aéreo mediante la Navegación Basada en la Performance (PBN, por sus siglas en inglés), mismo que permite evolucionar la navegación aérea mediante el uso actual y futuro de la infraestructura en tierra, aprovechando también la tecnología satelital y digital, así como los sistemas tecnológicos avanzados en las cabinas de vuelo, a fin de que las aeronaves puedan navegar en rutas más precisas, directas y eficientes.

Para la reestructuración del espacio aéreo la SCT menciona que ha contado con el apoyo de NavBlue y la participación activa de especialistas, profesionales y académicos representantes de organizaciones aeronáuticas como la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), el Colegio de Pilotos Aviadores, el Colegio de Ingenieros en Aeronáutica, representantes de líneas aéreas y propietarios de aeronaves, operadores de aviación general, aviación militar y colegios de especialistas.

Además, hace referencia a que el nuevo diseño del espacio aéreo ha sido probado en diferentes escenarios y simuladores de vuelo por pilotos nacionales y extranjeros, a fin de asegurar el cumplimiento de los criterios de calidad, eficiencia y seguridad que garantizan la viabilidad operacional de los Aeropuertos Internacionales Benito Juárez de la CDMX, Toluca y Felipe Ángeles. Y a que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) otorgó la certificación correspondiente a la primera fase de los procedimientos de vuelo de las aeronaves y el rediseño del espacio aéreo, tomando como base la normatividad de la OACI.

Las denuncias, riesgos y afectaciones ciudadanas del nuevo rediseño del espacio aéreo en el Valle de México

A seis meses de este nuevo rediseño, especialistas han alertado de diversos riesgos respecto de esta nueva reestructuración del espacio aéreo ya que existe una cercanía peligrosa entre los diversos aviones que operan en el Valle de México, toda vez que esta primera fase trajo consigo un cambio de rutas con el agravante de un tiempo mucho mayor de vuelo sobre la Ciudad de México en comparación con los procedimientos que se utilizaron desde hace más de 30 años.

El colectivo Más Seguridad Aérea y Menos Ruido ha denunciado que los aviones pasan más cerca de lo adecuado por la orografía de México y menciona que “Acercamientos entre aeronaves no previstos en el proyecto, inadecuada separación entre aviones, mayores demoras y sobrevuelos constantes en zonas peligrosas están elevando el riesgo de incidentes, alertaron expertos. Por ello, sugirieron dar marcha atrás al rediseño del espacio aéreo, que fue desarrollado y aplicado para que operen simultáneamente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles (AIFA) en Santa Lucía, y mejor retomar el antiguo esquema que demostró ser seguro por años.”

Los especialistas han considerado que el rediseño es inseguro, inflexible e ineficiente. Es inflexible para los controladores de tráfico aéreo porque quieren obligarlos a respetar las llegadas como están publicadas. Es ineficiente porque hay demoras, patrones de espera y una serie de maniobras para demorar los tráficos en aeropuertos de origen, lo que ha hecho que aerolíneas están incumpliendo con sus horarios de salida o llegada. Es inseguro porque la nueva posición rompe la estructura de aproximación segura.

Se ha señalado que Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) no siguió todos los lineamientos y reglas establecidos por la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) sobre el tema al hacer el residen, ni tampoco consultó a organismos expertos. Existe opacidad con la que se maneja Seneam con los reportes de incidentes que controladores y aerolíneas realizan por las rutas que se plantearon para aproximarse al AICM

Adicionalmente debido a que hay menor tráfico aéreo por la pandemia y el Aeropuerto opera a 70 por ciento de su capacidad, no ha habido un suceso grave, pero conforme se recupere la demanda de vuelos el riesgo de incidentes crecerá y se calcula que se están haciendo 900 operaciones al día, cuando en su periodo máximo eran mil 400.

Todo lo anterior, genera diversas preocupaciones entre colectivos ciudadanos y comités vecinales quienes ven riesgos en esta nueva reestructuración destacando un aumento considerable de riesgo del sobrevuelo sobre la capital y su zona conurbada del Valle de México derivado de las nuevas rutas.

Las aeronaves vuelan más hacia el poniente y muy cerca de la zona montañosa de esa parte de la ciudad, además de que las condiciones meteorológicas que prevalecen en el Valle de México durante más de cuatro meses en el verano y en el invierno, con tiempos prolongados de visibilidad reducida y turbulencia propia de esa estación.

Adicionalmente este nuevo rediseño ha generado afectaciones ciudadanas como las siguientes:

• Se generó un mayor problema de demoras y sobrevuelos cercanos a la Ciudad de México.

• Varias rutas del rediseño implican por lo menos 40 millas más de vuelo antes de llegar al AICM, y la consecuencia son mayores costos y mayor tiempo de utilización de la aeronave lo que encarece el costo de los vuelos.

• Quienes habitan en el Valle de México han sufrido un aumento muy preocupante en cuanto a la contaminación ambiental provocada por el insoportable ruido que provocan los aviones las 24 horas del día.

Rocío Álvarez en su nota “Polémica por el rediseño del Espacio Aéreo en el Valle de México” recogió diversos comentarios relacionados con el tema, destacando lo postura del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta) que refirió que el rediseño aumenta el riesgo de incidentes en los vuelos hacia la Ciudad de México y que las personas son afectadas por la contaminación auditiva debido al incremento del ruido por las nuevas rutas de aterrizaje en el AICM y denunciaron que en hace unos días dos aviones estuvieron a punto de chocar al viajar en direcciones encontradas a la misma altitud, así mismo, que detectaron riesgos debido al mal manejo de los procedimientos que obligan a los controladores a realizar ‘diferentes maniobras’. 1

Por su parte, María Larriva, controladora de tráfico aéreo con 27 años de experiencia, consultora académica ha denunciado que el nuevo rediseño hace rutas más largas provocando que se vuele más tiempo sobre la ciudad, se gasta más combustible afectando directamente la operación de las aerolíneas. Destaco que en el nuevo aeropuerto no se han hecho pruebas, esta fuera de la norma y no es compatible con el aeropuerto de la CDMX.

La especialista Larriva mencionó que los dos aeropuertos, Santa Lucía y AICM son compatibles, pero no podrán actuar a su máxima capacidad y ni al mismo tiempo pues se generarían demoras incalculables, además de que ya se han registrado algunos incidentes, incluso menciona que existen estudios internacionales que así lo demuestran y que con este rediseño solo se generan riesgos de acercamientos y de colisiones.

El reclamo ciudadano ante los tribunales

Esta problemática no es menor y ya ha generado que quienes habitan en la CDMX y en el Valle de México se vean obligados a exigir sus derechos mediante juicios de amparo los cuales hasta el momento son los siguientes:2

Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México

1. Amparo contra actos omisivos, silencio administrativo. – respecto a la petición 6 de abril de 2021 relativa al rediseño del espacio aéreo de la Ciudad de México. Número de expediente: 371/2021. Fue presentado recurso de queja. DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO- Recurso de Queja 285/2021 – Fue turnado a magistrado ponente Oscar Fernando Hernández Bautista.

2. Amparo contra leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general – Cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Radicado con el número de expediente: 569/2021. Fueron presentados diversos recursos de queja. Décimo Tribunal Colegiado En Materia Administrativa del Primer Circuito.

- Recursos de Queja 94/2021, 95/2021, 101/2021, 102/2021, 103/2021, Es procedente y fundado: “Es improcedente otorgar la suspensión provisional respecto del Rediseño del Espacio Aéreo del Valle de México, porque no se satisfacen el requisito contenido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, toda vez que la ponderación entre el derecho que tienen los particulares y el interés social inmerso, lleva a concluir que en el caso concreto, se debe privilegiar, por encima del interés particular, el bien común, en tanto que la colectividad tiene interés en la regulación y mejoramiento en la prestación de los servicios de transporte aéreo civil y de Estado.”

- Recurso de Queja 141/2021 – Se desecha el recurso de queja – Es improcedente el recurso, del acuerdo reclamado no se ubica en ninguno de los supuestos del artículo 97, fracción I de la Ley de Amparo.

- Recurso de Queja 143/2021 – Es procedente pero infundado – Admisión de demanda que debió desecharse por falta de interés y de igual forma, desecharse respecto de los Comunicados 045-2021 y 046-2021, ambos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y rediseño del espacio aéreo en el Valle de México, al no constituir actos de autoridad susceptibles de reclamarse en la instancia constitucional.

- Amparo en Revisión 171/2021 – Se remiten los autos a la SCJN para que ejerza la facultad de atracción sobre la inconstitucionalidad del acto reclamado. La Primera Sala resolvió en el sentido de no ejercer el ejercicio de la facultad de atracción

3. Amparo contra leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general - Rediseño del espacio aéreo en el Valle de México. – Omisión sobre el cumplimiento de la NOM-036-SCT3-2017 por parte de AFAC y Seneam.

4. Resolución de declaratoria de utilidad pública (Rediseño del espacio aéreo en el Valle de México). Se encuentra con el número de expediente: 703/2021. Fue desechada la demanda de amparo.

Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México

1. Actos fuera de juicio (Rediseño del Espacio Aéreo en el Valle de México). Se encuentra con el número de expediente: 465/2021. Se remitieron los autos al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad De México, radicado bajo el número de expediente 593/2021.

Desgraciadamente ninguno de estos recursos ha prosperado por lo que ahora el colectivo Más Seguridad Aérea, Menos Ruido recurrirá a instancias internacionales, como el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos .

Lo anterior toda vez que consideran que existe un sesgo en el Poder Judicial ya que todos los amparos y juicios están siendo concentrados en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la CDMX y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, los cuales ya tienen un criterio previo a los amparos porque son lo que han conocido de los juicios del Nuevo Aeropuerto en Texcoco y del de Santa Lucia.

Además, se ha denunciado que la Seneam en los juicios presenta una serie de quejas sin fundamento para retrasar el avance del procedimiento, por ello a pesar de haber presentado más de 30 amparos y 7 recursos aún no han podido obtener una solución a esta problemática.

Una problemática sin respuesta que afecta a 150 colonias y comités vecinales

El nuevo rediseño del espacio aéreo está afectando a más de millón y medio de personas por las nuevas rutas de los aviones, lo que representa riesgos de seguridad, de su patrimonio y daños a la salud, dentro de las colonias afectadas, las cuales se han unido al colectivo antes citado son:

• Lomas de San Ángel Inn
• El Pedregal
• San Miguel Tecamachalco
• La Herradura

• Lomas de Tecamachalco, Naucalpan y Huixquilucan
• Bosques de las Lomas Miguel Hidalgo y Cuajimalpa
• Bosques de las Lomas Cuajimalpa
• Lomas de Vista Hermosa

• Las Águilas
• Lomas de Chapultepec
• Bosques de las Lomas

• Independencia
• Tlacopac
• Parques de la Herradura
• Bosques de la Herradura

• Manuel Ávila Camacho
• Jardines del Pedregal
• Lomas Altas
• Tepepan

• Xochimilco
• Villa Olímpica
• Olivar del Conde

• Lomas de Santa Fe
• Lomas de Reforma
• Merced Gómez
• Mixcoac

La contaminación acústica del nuevo rediseño del espacio aéreo

La contaminación acústica es una de las mayores preocupaciones para la población que habita en las zonas urbanas, debido a que es un tipo de contaminación difícil de medir y cuantificar, que no es perceptible con la vista, no deja residuos y, sin embargo, puede causar serios daños a la salud humana. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que, debido a su rango de impacto, la contaminación acústica es la segunda causa de enfermedad por motivos ambientales, sólo por detrás de la contaminación atmosférica, y que representa una amenaza para la salud pública.

La OMS recomienda que el ruido del ambiente no debe sobrepasar los 65 decibeles, aunque en las ciudades más grandes se han llegado a registrar picos de hasta 80 decibeles. En general, los ruidos superiores a los 60 decibeles suelen considerarse como molestos, aunque también dependerá del momento del día en el que se genera, ya que es durante la noche, cuando las personas intentan conciliar el sueño, que más molestos resultan los ruidos.

El impacto ambiental, principalmente en términos de contaminación acústica no está previsto en el proyecto del Nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucia, según especialistas, el transporte aéreo tiene un impacto negativo en el sentido de la sensibilidad de los efectos sonoro, principalmente para sectores vulnerables.3

La contaminación acústica en la Zona Metropolita del Valle de México aumentó a 82 decibles de 45 tolerables, tras el rediseño del espacio aéreo, que provocan las llegadas y salidas de aviones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)4

El ingeniero civil y consultor de transporte Pablo Ortiz Haro Barrera, publicado en ArchDaily, a través de una comparación de la ruta de 30 vuelos comerciales que se aproximaron al AICM con el diseño anterior y 30 vuelos con el rediseño del espacio aéreo actual, advirtió que el impacto de la contaminación acústica en la capital aumentó un 180% para los sonidos de una intensidad entre 61 y 64 decibeles.

Diversas organizaciones civiles en el Valle de México han declarado públicamente que el rediseño de las rutas aéreas ha incrementado los niveles de ruido en múltiples vecindarios, y que hasta un millón de personas en toda la capital estarían expuestas a ruidos superiores a los 60 decibeles provocados por la aviación comercial . Respecto al tema, la OACI creó una estrategia llamada “Enfoque Equilibrado para la Gestión de Ruido de las Aeronaves”, adoptado durante el 33° periodo de sesiones de su asamblea en 2011, que consiste en identificar los problemas de contaminación acústica en los aeropuertos y analizar las medidas disponibles para reducir el ruido. El organismo pide directamente que se considere a la comunidad que vive cerca de los aeropuertos en el proceso de establecer estrategias para mitigar los efectos medioambientales de la industria aérea. 5

El artículo 4º constitucional establece que “toda persona tiene derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar y que el Estado garantizará el respeto a este derecho, por lo que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”, mientras el artículo 76 de la Ley de Aviación Civil establece que: “Las aeronaves que sobrevuelen, aterricen o despeguen en territorio nacional, deberán observar las disposiciones que correspondan en materia de protección al ambiente; particularmente, en relación a homologación de ruido y emisión de contaminantes”.

El “Estudio de la inmisión acústica del ruido en tierra, producida por el sobrevuelo de aeronaves” en el espacio aéreo del Valle de México realizado por el Colectivo Ciudadano “Más Seguridad Aérea, Menos Ruido”, determinó que estamos frente a una grave amenaza de salud pública por el rediseño de las rutas de llegada y salida al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque las mediciones realizadas en las distintas horas del día “excede para todos los puntos el valor recomendado” de decibeles de ruido decretados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).6

La problemática y el Poder Legislativo

Las denuncias presentadas y las alertas de los especialistas no son un tema menor y tampoco son un tema nuevo en el Poder Legislativo ya que en la LXIV Legislatura se presentaron diversos puntos de acuerdo sobre el tema:

• Punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a las autoridades de aeronáutica civil se revise el rediseño del espacio aéreo del valle de México, a fin de considerar las afectaciones a la población por contaminación acústica generada por las aeronaves. Presentado por el GPPRI.

• Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Agencia Federal de Aviación Civil y a la de Servicios para la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, para que remitan a esta Soberanía un informe detallado sobre el plan de rediseño del espacio aéreo en el Valle de México. Presentado por la diputada Lorena Villavicencio Ayala Silvia (Morena).

Estos asuntos no fueron dictaminados por la legislatura pasada y los exhortos que se pretendían realizar para buscar una solución a la problemática denunciada por los vecinos del Valle de México, por las organizaciones civiles y los especialistas continua pendiente.

Adicionalmente el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba el pasado 25 de noviembre presentó una iniciativa para adicionar un artículo 76 Ter a la Ley de Aviación Civil para establecer que medidas a fin de reducir o evitar el ruido producido por aeronaves, para evitar afectaciones a la salud de las poblaciones del país y afectaciones negativas al medio ambiente por las actividades de navegación aérea, principalmente cumpliendo con los umbrales máximos admisibles del máximo umbral permitido de ruido, mecanismos de monitoreo y seguimiento permanente del ruido aeronáutico para la mitigación del ruido ambiental.

Como legisladoras y legisladores tenemos la responsabilidad de dar seguimiento a los asuntos presentados en las pasadas legislaturas y más cuando las problemáticas denunciadas no han sido resueltas. La preocupación está justificada y se requiere conocer la realidad del nuevo rediseño del espacio aéreo.

Por ello, recogemos las inquietudes de quienes alzan la voz en esta problemática para construir soluciones, por tal motivo someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y a la Agencia Federal de Aviación Civil para que hagan públicos los estudios que garanticen la seguridad de las nuevas rutas, llegadas y salidas consideradas en el rediseño del espacio aéreo en el Valle de México, el estudio de impacto ambiental que detalle los efectos de la contaminación acústica y los efectos en la salud respecto del ruido excesivo provocado por las nuevas rutas aéreas, así como las medidas llevadas a cabo para mitigar la contaminación acústica generada.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a la Agencia Federal de Aviación Civil y a la de Servicios para la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, para que hagan público un informe sobre el plan de rediseño del espacio aéreo en el Valle de México que contenga las opciones de rutas aéreas que fueron consideradas y su viabilidad.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a la Agencia Federal de Aviación Civil y a la de Servicios para la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, a instalar mesas de trabajo con especialistas, asociaciones de la sociedad civil y vecinos de las colonias de la Ciudad de México y del Estado de México que se ven afectadas por el rediseño del espacio aéreo, con la finalidad de construir un espacio de diálogo institucional que permita atender las quejas y afectaciones ciudadanas, así como prevenir futuros accidentes derivados de las problemáticas denunciadas.

Notas

1 https://realestatemarket.com.mx/noticias/infraestructura-y-construccion /32917-polemica-por-rediseno-del-espacio-aereo-en-el-valle-de-mexico

2 Más Seguridad Aérea, Menos Ruido, documento para la difusión ante tomadores de decisión.

3 https://hgrupoeditorial.com/inseguridad-y-contaminacion-amenazas-para-v ecinos-del-aeropuerto-de-santa-lucia/

4 https://realestatemarket.com.mx/noticias/infraestructura-y-construccion/
35111-aumento-contaminacion-acustica-por-rediseno-de-espacio-aereo

5 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Regulacion-aerea-responsabilid ad-de-Estado-OACI-20210510-0021.html

6 Más Seguridad Aérea, Menos Ruido, documento para la difusión ante tomadores de decisión.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el día 14 de diciembre de 2021.

Diputados: Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), Xavier González Zirión, Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica), Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Gabriel Ricardo Quadri de la Torre, Diana María Teresa Lara Carreón, Salomón Chertorivski Woldenberg, Edna Gisel Díaz Acevedo (rúbrica).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Tamaulipas a mantener la colaboración con las cámaras de comercio locales para la emisión de certificados con el propósito de verificar y avalar que los centros de apuestas, casinos o similares operen con un esquema de buenas prácticas y estricto arreglo a la legalidad y la normativa aplicable, a cargo del diputado Tomás Gloria Requena, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Tomás Gloria Requena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En noviembre de 2018, el Congreso del Estado de Tamaulipas aprobó una serie de reformas tanto a nivel constitucional como a diversas leyes estatales con la finalidad de potencializar el desarrollo económico de la entidad, así como atraer inversiones privadas y generar fuentes de empleo para la sociedad tamaulipeca.

El objetivo central de las modificaciones fue eliminar la prohibición para expedir autorizaciones, permisos o licencias sobre uso de suelo, construcción y operación de casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego o cualquiera que sea su denominación.

Lo anterior surgió de la necesidad de incorporar al estado a un importante sector del mercado del entretenimiento, pues en aquel entonces se tenía información de que los residentes de Tamaulipas interesados en este nicho como medio de esparcimiento se trasladaban a entidades vecinas, principalmente Nuevo León, para llevar a cabo actividades relacionadas con juegos y sorteos.

Lo anterior implicaba una salida de recursos económicos de la entidad que, de quedarse en Tamaulipas, representarían fuentes de ingreso y empleo fiscalizables para el beneficio de todos sus habitantes.

La operación de casinos y centros de apuesta en el estado resulta fundamental para la competitividad económica local ya que dichos establecimientos se colocan como un atractivo más para el turismo de entretenimiento, particularmente en la franja fronteriza. Las inversiones en casinos y centros de apuesta usualmente van estrechamente relacionadas con otros negocios del ocio y del entretenimiento tales como el hospedaje, los espectáculos y la industria restaurantera.

Si bien la prohibición de este tipo de establecimientos se mantuvo vigente en el estado hasta hace relativamente poco tiempo en razón del grado de vulnerabilidad que éstos pueden tener en temas de seguridad, es indudable que, bien regulados y vigilados para asegurar que su operación se dé respetando la legalidad y el estado de derecho, generan recursos para fortalecer la hacienda pública, empleo e inversión.

No se puede soslayar que, en algunos casos, los poderes fácticos se servían de este tipo de negocios para poder obtener recursos de manera lícita y seguir financiando actividades delictivas, sin embargo, es importante resaltar que con la implementación de mecanismos y estrategias adecuados por parte de órganos específicos para el combate a este tipo de prácticas ilegales se mejoró su control y vigilancia.

En este orden de ideas, como parte de las acciones emprendidas por las autoridades estatales con el propósito señalado se creó la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, la cual es la encargada de analizar información fiscal y financiera que permita identificar aquellas operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita en este tipo de establecimientos.

Asimismo, con el ánimo de coadyuvar y cooperar con la autoridad en la puesta en marcha de mecanismos de control en materia de desarrollo y crecimiento económico en la entidad, la Federación de Cámaras de Comercio del Estado de Tamaulipas (Fecanaco) pactó con las autoridades gubernamentales de la entidad mantener una estrecha relación a fin de verificar y certificar, con estricto apego a la normatividad aplicable, que los casinos, centros de apuestas y salas de juego operaran bajo el principio de legalidad y lo hicieran llevando a cabo buenas prácticas, tanto comerciales como financieras.

En este contexto, se acordó que anualmente la Fecanaco sería el órgano encargado de expedir una constancia para avalar la legalidad operativa de los establecimientos donde se lleven a cabo juegos con apuestas y sorteos, garantizando la adecuada operatividad financiera y comercial de la empresa de juegos o permisionaria.

En este sentido, dicho documento funcionaría como una herramienta la cual contribuiría con el estado y la federación en la tarea de avalar que la operación de dichos establecimientos se realiza bajo un esquema de prácticas lícitas, abonando con ello a la erradicación de situaciones ilegales que en el pasado fueron uno de los principales motivos para prohibir su funcionamiento.

La puesta en marcha de mecanismos de control de este tipo, así como la estrecha colaboración con el sector privado han hecho que Tamaulipas esté mejor preparado para prevenir operaciones con dinero ilegal en los centros de apuestas, casinos o similares, pues las acciones emprendidas aseguran el correcto desempeño de dichos establecimientos.

No obstante lo anterior, es importante señalar que en tiempos recientes no se ha respetado el acuerdo pactado entre el gobierno del estado y la Fecanaco para la emisión por parte de la segunda del certificado que avala y garantiza el correcto y legal funcionamiento de los casinos.

Teniendo en cuenta el problema de inseguridad que sigue padeciendo el estado de Tamaulipas y la vulnerabilidad de la industria de juegos con apuestas y sorteos frente a prácticas ilícitas, se requiere de la participación activa y conjunta de todos los sectores de la sociedad, incluyendo el empresarial, por ello, resulta fundamental mantener vigentes los acuerdos pactados a fin de erradicar aquellas prácticas ilegales que pudieran poner en riesgo la generación de empleos y la derrama económica que éstos suponen para la entidad.

Por lo aquí expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Tamaulipas a mantener la colaboración con las cámaras de comercio de la entidad para la emisión de certificados con el propósito de verificar y avalar que los centros de apuestas, casinos o similares operen bajo un esquema de buenas prácticas y con estricto apego a la legalidad y la normatividad aplicable.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2021.

Diputado Tomás Gloria Requena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob y el INM a garantizar el respeto de los derechos humanos de migrantes, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. Recientes acontecimientos dan evidencia de la grave crisis migratoria que actualmente vive México. Según el Instituto Nacional de Migración (INM), tan sólo en octubre de 2021, 652 personas fueron localizadas en Tamaulipas en tres camiones sin ventilación de los cuales 349 eran migrantes menores de edad.

Asimismo, en noviembre de 2021, agentes de la Guardia Nacional accionaron sus armas de fuego en contra de un vehículo que transportaba migrantes y falleció una persona de origen cubano y se hirieron 4 personas extranjeras más. La Guardia Nacional mencionó en un comunicado que “Contrario a las instrucciones, el conductor intentó embestir a los elementos de la Guardia Nacional acelerando la marcha del vehículo, por lo que ante la respuesta del conductor y al verse en riesgo inminente su integridad, accionaron sus armas para detener el vehículo logrando la detención de su marcha aproximadamente 50 metros adelante”1

II. El pasado jueves 9 de diciembre un camión que transportaba migrantes centroamericanos salió desde Guatemala con destino a Veracruz. En este camión se trasladaban 166 personas en condiciones de hacinamiento y debido al exceso de velocidad con el que circulaba el chofer de la unidad se generó un choque en el que 55 migrantes murieron y 105 resultaron gravemente heridos,2 mientras que el conductor del camión que volcó huyó y hasta la fecha su paradero es desconocido.

De acuerdo con Mario Búcaro, embajador de Guatemala en México, la mayoría de los migrantes eran guatemaltecos y algunos provenían de otros países centroamericanos.3

De igual forma, según Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, las personas migrantes ingresaron a territorio nacional desde la frontera de México-Guatemala en La Mesilla, y se concentraron en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en casas de seguridad y fueron alojadas por “personas dedicadas al tráfico de personas”.4

III. Por otro lado, el pasado 12 de diciembre de 2021, se registró un enfrentamiento entre migrantes y policías granaderos de la Ciudad de México, en la carretera México-Puebla que dejó como saldo 13 policías y cuatro civiles heridos. La policía de la Ciudad de México, compuesta por al menos 350 granaderos, utilizó gas pimienta para disuadir a las y los migrantes que buscaban llegar a la Basílica de Guadalupe. Finalmente, tras seis horas de enfrentamientos y de estar encapsulados por los policías, las personas migrantes aceptaron la propuesta de quedarse en un albergue en la Ciudad de México.5

En virtud de lo anterior, resulta preciso que tanto el Instituto Nacional de Migración como la Secretaría de Gobernación garanticen el respeto pleno de los derechos humanos de las personas migrantes que están en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto someto su consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Instituto Nacional de Migración a esclarecer los hechos suscitados el pasado 9 y 12 de diciembre de 2021 en donde se presentaron graves violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano de las personas migrantes.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación a que impulse las acciones pertinentes para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano de las personas migrantes.

Notas

1 EFE. Guardia Nacional admite que disparó contra vehículo de migrantes que dejó un muerto. El Sol de México. Recuperado de: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/
guardia-nacional-disparo-contra-vehiculo-de-migrantes-en-chiapas-hay-un-muerto-7423936.html

2 García y Reina. (2021). Al menos 55 migrantes muertos tras volcar el camión en el que viajaban hacinados en México. El País. Recuperado de: https://elpais.com/mexico/2021-12-10/
al-menos-54-migrantes-muertos-tras-volcar-el-camion-en-el-que-viajaban-hacinados-en-mexico.html

3 Ídem.

4 ídem.

5 Velasco. (2021). Migrantes se enfrentan con policías en la México-Puebla. Excélsior. Recuperado de:

<https://www.excelsior.com.mx/comunidad/migrantes-se- enfrentan-con-policias-en-la-mexico-puebla/1487574>

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2021.

Diputados: Jorge Álvarez Máynez, Elvia Yolanda Martínez Cosío (rúbricas)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a emitir el acuerdo para que se reconozca el telebachillerato como subsistema de educación media superior, a cargo de la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada Olga Luz Espinosa Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados con fundamento en lo establecido por los artículos 6, numeral I, fracción I; 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El año pasado medios de comunicación del estado de Chiapas informaron sobre el asunto que ocupa esta proposición. En los encabezados de los diarios, se podía leer:“En riesgo educación de 14 mil jóvenes de telebachillerato, gobierno podría cerrarlos. 1

Alerta Chiapas informa que “docentes y padres de familia de diversas localidades de Chiapas, denunciaron el cierre arbitrario de planteles de telebachillerato y exigen la no conversión de los mencionados a modelos de prepa en línea, así como el adeudo de sueldos”.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, los telebachilleratos comunitarios son una opción educativa creada por la Secretaría de Educación Pública para ofrecer servicios de educación media superior a comunidades rurales más apartadas del país que cuentan con menos de 2 mil 500 habitantes, y que no disponen de servicio de bachillerato en un radio de 5 kilómetros.

Desde 2013 este modelo funciona en 31 entidades federativas por lo que es imperante que la Cámara de Diputados haga un llamado al gobierno federal a que dote de estabilidad legal, económica y operativa a los telebachilleratos e impida el cierre de estos centros, que en muchas comunidades son el máximo grado que los jóvenes pueden aspirar.

Fuente: Telebachilleratos Comunitarios. Subsecretaría de Educación Media Superior: Telebachilleratos Comunitarios (sems.gob.mx)

En 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza la educación, la igualdad de la mujer, entre otros.

En este sentido, cabe destacar que en el año 2013, surge el programa denominado Telebachillerato Comunitario a través de una fase piloto en distintas entidades del país siendo el principal objetivo la cobertura total de la educación media superior y teniendo como mejor argumento que la atención de otros subsistemas destinados a este apartado de la educación, había sido rebasado, en más de 30 por ciento, desatendiendo a más de 45 por ciento de la población de entre 15 a 17 años: provenientes de comunidades altamente marginadas y con una población menor a 2 mil 500 habitantes.

Actualmente existen aproximadamente más de 3 mil 323 planteles con una matrícula de 142 mil 193 estudiantes y 10 mil docentes, modificando de manera positiva los índices educativos propuestos, como objetivo al momento de su creación.

Fuente: Telebachilleratos Comunitarios. Subsecretaría de Educación Media Superior: Telebachilleratos Comunitarios (sems.gob.mx)

Al día de hoy, el Telebachillerato Comunitario se ha posicionado como un modelo educativo alternativo para las comunidades más alejadas de las ciudades, cabe destacar que las mismas cuentan con un enorme rezago de desarrollo social, justo es decir que este sistema educativo se encuentra actualmente con un mayor crecimiento a nivel nacional. Esto ha ocurrido principalmente porque es una opción que no genera un gran gasto excesivo al Estado en materia educativa, dado que funciona con una planta docente reducida y a pesar de que los gobiernos tanto estatales como el federal no asignan inversión de los recursos públicos en infraestructura a los planteles educativos: muchas comunidades por medio de los padres de familia de los propios estudiantes han invertido recursos propios tanto económicos como de mano de obra para desarrollar la infraestructura necesaria para estas escuelas, por lo tanto, es un sistema factible para acercar el servicio de educación media superior a poblaciones pequeñas altamente marginadas y en condiciones vulnerables en las que, por sus características los jóvenes tienen pocas o nulas oportunidades del derecho constitucional de acceso a la educación.

El Telebachillerato Comunitario opera a través de convenios financieros firmados entre los estados y la federación, sin embargo, algunos estados no cumplen con todas las prestaciones de ley a las que tienen derecho toda la plantilla de trabajadores, violentando con ello los derechos laborales de los trabajadores.

En el 2019 el Telebachillerato Comunitario fue reconocido legalmente en el artículo 45 de la Ley General de Educación como un servicio educativo, pero, dentro de la estructura orgánica de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no figura como un subsistema educativo en el nivel medio superior, por lo tanto no se cuenta con un techo financiero asignado en el marco legal del Presupuesto de Egresos de la Federación exclusivamente para este servicio educativo, los recursos con los que opera son a través de subsidios U006.

La mayoría de las entidades federativas no tiene los mecanismos claros del cómo operar lo que ha generado lacerar y cometer una serie de atropellos a los derechos legales de los trabajadores, desde ocultarles o negarles la ruta académica, hasta llegar a lo más nefasto que es transgredir con ello hasta sus propios derechos humanos, el privar o negar el pagar los salarios ganados a los docentes, sus prestaciones de seguridad social, o hasta lo más mínimo como son sus prestaciones básicas a las que tiene derecho todo trabajador, transgrediendo con ello hasta sus derechos humanos.

Ante esta situación los docentes de los diferentes Telebachilleratos Comunitarios a nivel nacional se han visto en la necesidad de organizarse y el pasado 3 de diciembre de 2020 con el maestro Esteban Moctezuma Barragán, ex titular de la SEP, se generó una minuta de acuerdos en la cual se estipuló que se trabajará para garantizar los derechos laborales de los casi 10 mil trabajadores de la educación comunitaria.

El gobierno sustenta su estrategia educativa en la entrega de becas que no garantizan la permanencia de los alumnos en las escuelas, tan sólo el año pasado abandonaron cerca de 5.5 millones de estudiantes sus estudios, dejando de asistir a los centros escolares.

Cabe señalar que para este gobierno lo que sí tiene validez y legalidad son las Universidades Benito Juárez, las cuales se encuentran acéfalas ya que no cuentan con instalaciones educativas, docentes preparados, en algunos casos lo peor es la falta de ellos, ah pero eso sí, se les asignan millones de pesos y dejan en el olvido a los telebachilleratos, cuyos profesores trabajan prácticamente de manera gratuita, porque el Estado, al pagarles a través de una beca, no es más que el ser miserables con la educación de nuestro país, no sin agregar que tienen que impartir clases en instalaciones educativas deplorables.

Del resumen ejecutivo, denominado: Sistema de Operación y Seguimiento de Telebachilleratos Comunitarios 2 elaborado por Coral Berenice Pérez Amaya, se señala que el sostenimiento financiero de los telebachilleratos involucra la participación de la federación aportando cien por ciento de los recursos en el primer ciclo escolar para la operación de cada plantel. A partir del segundo año, prosigue Pérez Amaya, las aportaciones son 50 por ciento federales y 50 por ciento estatales. Desde la apertura de cada servicio, las entidades federativas son responsables de la contratación de los tres docentes en cada plantel.

La autora exhibe que las autoridades locales deben garantizar las mínimas condiciones de infraestructura, equipamiento y servicios para albergar a los alumnos y docentes.

Los capítulos presupuestales que contempla el convenio financiero respecto a la aportación federal son:

- Servicios personales.

- Materiales y suministros.

- Servicios Generales.

- Bienes muebles e inmuebles.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública federal a emitir el acuerdo secretarial pertinente para el reconocimiento jurídico, financiero y operativo del Telebachillerato Comunitario, como Subsistema de Educación Media Superior.

Notas

1 En riesgo educación de 14 mil jóvenes de telebachillerato, gobierno podría cerrarlos (alertachiapas.com)

2 sistema_de_operacion_y_seguimiento_de_telebachilleratos_comunitarios.pd f (sep.gob.mx)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2021.

Diputada Olga Luz Espinosa Morales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a distintas autoridades federales y de Oaxaca a realizar los procesos legales y administrativos conducentes a detener el proyecto minero de la empresa Cuzcatlan en los valles centrales de la entidad, suscrita por el diputado Armando Contreras Castillo e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, diputados Armando Contreras Castillo, Irma Juan Carlos presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanas, y Adriana Bustamante Castellanos Coordinadora Temática de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1 fracción I; artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la H. Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaria de Economía, al Gobierno del estado libre y soberano de Oaxaca y a la Fiscalía General del estado de Oaxaca a realizar los procesos legales y administrativos pertinentes para detener el proyecto minero actualmente en curso en los Valles Centrales de Oaxaca, de la empresa minera “Cuzcatlan”, filial de la multimillonaria empresa canadiense Fortuna Silver Mines, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. - San José del Progreso, es un municipio del estado de Oaxaca, donde 9 de cada 10 personas se encuentran en niveles de pobreza, a pesar de estar cerca de suelo y yacimientos mineros de donde se puede extraer oro y plata. En razón de esto, es que en 2009 llegó a la zona de Valles Centrales de Oaxaca, y comenzó a realizar los trabajos de extracción; la empresa “Minera Cuzcatlán” quien, de acuerdo a su sitio web1 , es filial de la empresa multimillonaria canadiense “Fortuna Silver Mines”. El trabajo que realiza es bajo un modelo de minería subterránea, haciendo rampas de acceso a las vetas. El método de extracción es conocido como Tumbe y Relleno, promediando la extracción de 3000 toneladas de material por día. Para el traslado de material, la empresa contrata camiones de volteo de 7 o 14 metros cúbicos.2

Las obras realizadas por la minera, se encuentran bajo la jurisdicción territorial de dos municipios del Estado de Oaxaca, y que son San José del Progreso y Magdalena Ocotlán, no es novedoso que se han denunciado desde hace años muchas irregularidades por parte de la operación de esta minera en los llamados Valles Centrales de Oaxaca, donde incluso al llegar con permisos y autorizaciones concedidas por los anteriores gobiernos corruptos, los pobladores e incluso las autoridades municipales, manifestaron la flagrante violación a sus derechos indígenas, ya que en esa región se concentra población Zapoteca, quienes tienen su propia forma de organización y que de acuerdo con el artículo 2 de nuestra Carta Magna, el Estado está obligado a respetarle su derecho a la autodeterminación y su derecho a la libertad de gestión de acuerdo a sus usos y costumbres ancestrales.

Segunda. - El H. Ayuntamiento de San Pedro Mártir, Ocotlán Oaxaca, emitió en noviembre de este año un posicionamiento público donde manifiestan que después de que las comunidades de San Pedro Apóstol y San Pedro Mártir del distrito de Ocotlán, en conjunto con la “Red de Personas Afectadas por la Minería” realizaron asambleas y que dentro de sus deliberaciones está que NO QUIEREN MINERIAS EN SUS COMUNIDADES , ya que fuera de representar una oportunidad de empleos y de mejora en la calidad de vida de los pobladores, ha representado asesinatos contra líderes sociales que en su momento se opusieron a la minera, tal es el caso de Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez, personal de la minera, ha herido con armas de fuego a los opositores a sus trabajos, ha habido un constante hostigamiento y amenazas hacia los pobladores de los municipios aledaños que no están de acuerdo con los trabajos realizados por la minera, la empresa minera derramó en octubre de 2018 residuos tóxicos en los acueductos contaminando severamente el agua que pasa por las comunidades aledañas, sin mencionar la grave contaminación del aire y el deterioro general del ambiente en la zona, afectando directamente la salud de la población.

En el pasado mes de octubre, a la empresa minera se le terminó el permiso para operar el proyecto y culminarlo. En julio del presente año la Semarnat negó la solicitud de impacto ambiental en modalidad regional de la empresa minera, no obstante, la empresa ha amenazado a sus trabajadores para que ejerzan presión contra el gobierno, resultando en que 800 trabajadores de la minera se manifestaran en Palacio Nacional para pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que les concediera el permiso para que pudieran seguir “trabajando”.

El “Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos”, ya se ha pronunciado respecto a las anomalías del permiso ambiental de la minera y de sus obras con irregularidades realizadas durante los últimos años:

“Respecto al proyecto minero, es importante señalar que su permiso ambiental original venció el 23 de octubre de 2021, aunado a este vencimiento, la empresa minera Cuzcatlán construyó 75 obras irregulares, desacatando la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) quien otorgó el permiso original en 2009. De igual forma, la empresa minera contaminó el río el Coyote (2018) y Santa Rosa (2020), afectando directamente a las comunidades de: Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Matías Chilazoa y la Noria de Ortiz. La Semarnat por su parte fue contundente en su Oficio N° SGPA/DGIRA/DG/03305 al señalar que la empresa “ha violentado el derecho a un medio ambiente sano de las comunidades”, por lo que denunciamos que el proyecto minero “San José” se encuentra en la ilegalidad. Semarnat, Segob, Profepa, SE, Cndh: En un Estado de derecho, ninguna empresa canadiense debe estar por encima de las leyes mexicanas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dicho en reiteradas ocasiones que no entregará ninguna concesión más para actividades mineras .”

Tercera. - En concordancia con el derecho humano a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas, la Semarnat ha realizado una “consulta”3 con total carencia de transparencia y de democracia, tergiversando la decisión de los pueblos y comunidades, donde ya se ha mencionado en muchas ocasiones que NO QUIEREN UNA MINERA EN SUS COMUNIDADES . Por lo que no puede haber ningún permiso de simulación, ya que estamos en una cuarta transformación de la vida pública de nuestro país, y debemos respetar a nuestros pueblos y comunidades indígenas, ya que nunca ningún proyecto económico estará por encima de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, quienes tienen un reconocimiento particular y expreso en nuestra norma fundamental, por lo que este proceso que bien sabemos que es parte de un proceso legal reconocido en tratados internacionales, “el derecho a la consulta de pueblos y comunidades indígenas cuando son afectados directa o indirectamente sus derechos”, debe realizarse de la manera más transparente.

No olvidemos que la violación al derecho de consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas, constituye un grave atropello a sus derechos humanos y que puede ser atacada a través de una acción de inconstitucionalidad derivando en la nulidad de los actos de autoridad. Este derecho se encuentra reconocido en el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; los artículos 1 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales Independientes; y los artículos 1 y 2 apartado B fracción II de nuestra Carta Magna y que de acuerdo a la Tesis: 1a. CCXXXVI/2013 (10a.) de rubro: COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS. TODAS LAS AUTORIDADES, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ESTÁN OBLIGADAS A CONSULTARLOS, ANTES DE ADOPTAR CUALQUIER ACCIÓN O MEDIDA SUSCEPTIBLE DE AFECTAR SUS DERECHOS E INTERESES , todas y cada una de las autoridades de la federación, al emitir alguna resolución o realizar cualquier acción que afecte derechos de pueblos y comunidades indígenas, deberá realizarles una consulta previa e informada.

Tal como ya ha sucedido en 2010, donde el Gobierno federal impulsó el proyecto de “Acueducto Independencia”:

“...que pretendía trasvasar alrededor de 60 millones de metros cúbicos de agua desde la presa “El Novillo” –ubicada en la cuenca del Río Yaqui- hasta la cuenca del Río Sonora, para la ciudad de Hermosillo. El proyecto se llevó a cabo sin informar ni consultar a la Tribu Yaqui, que tiene derecho concedido mediante decreto presidencial de 1940, para disponer del 50% del agua del Río Yaqui. En consecuencia, los representantes de la tribu interpusieron un amparo por las violaciones a sus derechos humanos al territorio, a la consulta y a un medio ambiente sano. Dicho recurso fue resuelto favorablemente por el Juez Cuarto de Distrito otorgando el amparo y protección a la Tribu Yaqui. Posteriormente, dicha resolución fue recurrida por el Ministerio Público Federal y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Scjn).” 4

Por ello, exigimos máxima publicidad, máxima transparencia y el total y absoluto respeto a la decisión de no querer empresas mineras en esas comunidades, ya se echó abajo un proyecto como el aeropuerto de Texcoco por los potenciales daños ambientales y el increíble entramado de corrupción que estaba detrás de ello, podemos y debemos cancelar el proyecto minero que tanto lastima a nuestros pueblos indígenas.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero . - La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, de acuerdo a su competencia y facultades, niegue los permisos solicitudes y demás instrumentos administrativos y legales, a la empresa minera “Cuzcatlán” para que no pueda seguir operando en los Valles Centrales de Oaxaca, y que respete la decisión tomada por los pueblos y comunidades indígenas respecto a su total rechazo por la realización de los trabajos de la empresa minera.

Segundo . - La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a La Secretaria de Economía para que, de acuerdo a su competencia y facultades, niegue los permisos solicitudes y demás instrumentos administrativos y legales, a la empresa minera “Cuzcatlán” para que no pueda seguir operando en los Valles Centrales de Oaxaca y que realicen las acciones necesarias para impulsar de otra manera las actividades económicas en la región.

Tercera . - La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente Al Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca para que, de acuerdo a su competencia y facultades, niegue los permisos solicitudes y demás instrumentos administrativos y legales, a la empresa minera “Cuzcatlán” para que no pueda seguir operando los Valles Centrales de Oaxaca, y se apoye a las víctimas por los estragos ambientales brindándoles atención médica y la rehabilitación de sus comunidades.

Cuarta . - La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a La Fiscalía General del Estado de Oaxaca para que, de acuerdo a su competencia y facultades, investigue los ilícitos denunciados por los pobladores de las comunidades aledañas al centro de operaciones de la empresa minera en los Valles Centrales de Oaxaca y la presunta responsabilidad penal de la empresa minera “Cuzcatlán” por los daños ambientales ocasionados, el presunto homicidio y las lesiones perpetuadas por su plantilla laboral contra pobladores de los Valles Centrales de Oaxaca.

Notas:

1. Consúltese en: https://mineracuzcatlan.com/

2. Observatorio de Paisajes Sociales Mineros de la U.N.A.M. Consultado de:

http://mineria.ciga.unam.mx/www-paisajesmineros/pags/min as/sanjoseoax.html

3. SEMARNAT realiza consulta en Oaxaca respecto a la Minera Cuzcatlán. Consultado de: https://contralinea.com.mx/semarnat-organiza-consulta-en-oaxaca-respect o-a-la-minera-cuzcatlan/

4. Observatory On Principle 10. Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Amparo No.631/2012) Consultado de: https://observatoriop10.cepal.org/en/node/257

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 14 de diciembre de 2021.

Diputados: Irma Juan Carlos, Adriana Bustamante Castellanos, Armando Contreras Castillo (rúbricas)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CNDH a investigar las actuaciones de las autoridades encargadas de la vigilancia del tránsito migratorio por el accidente donde fallecieron 55 migrantes, suscrita por los diputados Mariana Gómez del Campo Gurza, Ana Laura Valenzuela Sánchez y Sergio Enrique Chalé Cauich, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, Diputada Ana Laura Valenzuela Sánchez y diputado Sergio Enrrique Chalé Cauich, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a investigar las actuaciones de las autoridades responsables de la vigilancia del tránsito migratorio, por el accidente donde fallecieron 55 migrantes, conforme a los siguientes:

Antecedentes

I. El pasado jueves 9 de diciembre de 2021, un tráiler que transportaba migrantes centroamericanos en condiciones de hacinamiento, se impactó contra un puente peatonal en la colonia Refugio, Chiapa de Corzo, Chiapas, dando como resultado al día de hoy la muerte de 55 personas y 108 heridas.

II. En un primer informe, el general Luis Rodríguez Bucio comandante de la Guardia Nacional señaló que dicho tráiler no habría sido detectado debido a que el mismo no fue abordado por los migrantes en San Cristóbal de Las Casas. Sin embargo, las autoridades locales han mencionado que durante el trayecto que siguieron se encontraban instalados tres retenes:

• Retén 1: ubicado en la garita de salida del municipio de Comitán con servidores públicos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración;

• Retén 2: ubicado en el kilómetro 46 sobre la autopista de Chiapa de Corzo rumbo a San Cristóbal a cargo de la Guardia Nacional y la Dirección de Camiones y Turismo; y

• Retén 3: ubicado en las inmediaciones del fraccionamiento Santa Fe en Chiapa de Corzo.

III. De acuerdo con información publicada en diversos medios de comunicación1 el camino que tomó el tráiler forma parte de la carretera federal 190, la cual comienza en la caseta de cobro de Chiapa de Corzo, que conecta a los municipios de Teopisca, Comitán, La Trinidad, San Cristóbal y Ciudad Cuauhtémoc.

IV. Es importante señalar que en la localidad de Trinidad se encuentra el Centro de Atención Integral al Transito Fronterizo, (en lo sucesivo CAITF), el cual tiene por objeto lograr una adecuada coordinación institucional para la revisión de personas y bienes. El Centro, se encuentra integrado por miembros de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional y servidores públicos del Instituto Nacional de Migración. El trailer que transportaba a los más de 160 migrantes tendría que haber sido revisado en su paso por personal del CAITF.

V. Por lo anterior, es indispensable investigar que la actuación de todas las autoridades involucradas en estos hechos, fuera realizada con estricto apego a la ley, procurando la defensa de los derechos humanos y la integridad de la vida humana.

Considerandos

I. El artículo 6, fracción I, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de las diputadas y los diputados.

II. Conforme al artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

III. Conforme al Pacto Mundial sobre Migración, cuyo fin es gestionar los flujos migratorios de forma integral y en el cual los gobiernos se comprometen a garantizar un regreso seguro y digno. El Pacto se estructura en 23 grandes objetivos para la migración segura, ordenada y regular, entre los cuales los objetivos 11, 12, 13 y 21, mencionan lo siguiente:

11. Gestionar las fronteras de manera integrada, segura y coordinada.

12. Aumentar la certidumbre y previsibilidad de los procedimientos migratorios para la adecuada verificación de antecedentes, evaluación y derivación.

13. Utilizar la detención de migrantes solo como último recurso y buscar otras alternativas.

21. Colaborar para facilitar el regreso y la readmisión en condiciones de seguridad y dignidad, así como la reintegración sostenible.

IV. Conforme al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas que se encuentren dentro del país gozarán de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución, como en los tratados internacionales.

Asimismo, establece que en México está prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

V. Que conforme al artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes.

VI. Conforme a la Ley de Migración, dentro de los principios que deberá sustanciarse la política migratoria se encuentra:

Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada.

VII. Que conforme al artículo 102, Apartado B, párrafo décimo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas o las Legislaturas de éstas.

Por lo expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, con el siguiente resolutivo:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a dictar medidas precautorias dirigidas a las autoridades encargadas de salvaguardar la seguridad de la frontera sur. Asimismo, que inicie de oficio los expedientes de queja necesarios, con la finalidad de investigar la actuación de las autoridades responsables de la vigilancia del tránsito migratorio, y en su caso, emitir una o más Recomendaciones por violaciones a los derechos humanos de las víctimas. Lo anterior, por los hechos sucedidos el pasado jueves 9 de diciembre de 2021 en Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, Chiapas, en el cual al día de hoy han fallecido 55 personas y hay más de un centenar de heridos.

Nota

1 ¿Qué retenes pasó el tráiler con migrantes? El Sol de México. https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/que-retenes-paso-el -trailer-con-migrantes-aqui-te-decimos-7593914.html/amp

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 14 de diciembre de 2021.

Diputados: Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Ana Laura Valenzuela Sánchez y Sergio Enrique Chalé Cauich.

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y los gobiernos locales a reparar y equipar las escuelas e instituciones públicas cerradas durante la emergencia sanitaria para garantizar a los estudiantes un retorno seguro, suscrita por los diputados Andrés Mauricio Cantú Ramírez, Juan Francisco Espinoza Eguía y José Luis Garza Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, diputados Andrés Mauricio Cantú Ramírez, Juan Francisco Espinoza Eguía y José Luis Garza Ochoa, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El siguiente ciclo escolar para todos los niveles de educación del sistema mexicano representará un gran reto y un nuevo paradigma tanto para las instituciones, sus docentes y sobre todo el alumnado quienes regresarán de forma más cotidiana a las clases presenciales.

Tras lo ocurrido por la pandemia y gracias al avance en el programa de vacunas que si bien, aún falta mucho por avanzar, ya permite que cada vez más estudiantes y docentes regresen a las aulas en los 32 estados del país.

A forma de contexto, el sistema educativo de nuestro país esta conformado por la siguiente estadística:

• 4.4 millones de estudiantes tanto del sistema educativo público como del sistema privado, de los cuales:

– 2.22 millones son mujeres, y

– 2.18 millones son hombres.

• 248 mil docentes, de los cuales:

– 194 mil pertenecen al sistema público, y

– 53 mil son del sistema privado.

• Existen 23 mil escuelas en el territorio mexicano, de las cuales:

– 17.6 mil son públicas, y

– 5.1 mil son privadas.

Esto, sin contar al personal administrativo y de mantenimiento, lo cual aproximadamente habla de poco más de 5 millones de personas que regresarán a los planteles, escuelas e instituciones públicas y privadas del sistema educativo mexicano.

En sintonía con lo anterior, es de resaltar que las escuelas se han encontrado en una situación de abandono o descuido que requieren aún de múltiples horas para dejar listas las aulas que recibirán a las personas que forman parte de ellas.

Si bien, ya han existido esfuerzos y llamados de distintos niveles del legislativo y la ciudadanía de exhortar a las autoridades federales y locales de realizar las medidas preventivas y correctivas pertinentes para garantizar un retornos adecuado y seguro, la realidad es que aún existen escuelas e instituciones que requieren de mayor mantenimiento, y en algunos casos hasta reparaciones mayores, pues en muchos casos aún existen escuelas que no cuentan con los elementos básicos indispensables para garantizar un retorno seguro.

Hablando del último anterior, destacan aquellas escuelas que requieren de mantenimiento sanitario, reparaciones de estructuras e incluso reequipamiento pues debido a la situación de abandono o de baja ocupación muchas escuelas e instituciones sufrieron saqueos, por lo que la falta de recursos será una de las situaciones a atender de forma inmediata ante el regreso presencial a clases.

Aunado a lo anterior, destaca que México es de los países en Latinoamérica que ha mantenido las escuelas cerradas por más tiempo (17 meses), por lo cual es justificable el estado de deterioro que presenta la infraestructura educativa y razón suficiente por la que se debe prestar aún más atención para lograr dejar en óptimas condiciones las aulas para el próximo ciclo escolar.

Otra situación que resulta complicada tiene que ver con los adeudos de salarios que presentan algunos estados en distintas entidades del país como han sido Michoacán, Durando o Baja California, y que en el pasado reciente ha anunciado esfuerzos extraordinarios de parte de los Ejecutivos de los estados antes mencionados para cumplir con dicha obligación.

En concreto, el tiempo es corto y el camino es largo, por lo que se deben redoblar los esfuerzos en distintos aspectos tanto en materia de mantenimiento de la infraestructura como en el caso de recursos humanos que en conjunto garanticen el retorno de la mayor cantidad posible de estudiantes a las aulas de nuestras escuelas.

Por último y sin dejar de señalar lo referente a la situación de la pandemia, la emergencia sanitaria aún no termina y no se ha logrado erradicar del todo el virus, incluso en las últimas semanas se hace presente la última variante denominada Ómicron, la cual, ha sido señalada como menos agresiva que la variante Delta, no obstante, no debe ser razón para bajar las defensas.

En este sentido, es necesario garantizar que al menos las escuelas de nuestro país, por más remota que se encuentre deben contar con sistemas de acceso al agua, sanidad, así como los insumos suficientes para lograr la mayor protección y reducir al mínimo posible cualquier caso de contagio que perjudica tanto a la familia como al cuerpo docente y estudiantil de sus centros educativos.

En el Grupo Parlamentario del PRI, refrendamos nuestra preocupación por la seguridad sanitaria de la comunidad estudiantil y docente de todos los niveles académicos de México, y comprometidos con esta situación hacemos un llamado respetuoso a las autoridades de educación del ámbito federal y sus homologas en las 32 entidades federativas para garantizar un retorno seguro respecto al retorno a clases en 2022.

En la medida que se sumen esfuerzos y se coordinen acciones que atiendan las necesidades de nuestras instituciones educativas, más rápido y seguro será el retorno a la normalidad.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Educación Pública en el ámbito de sus respectivas atribuciones, redoble los esfuerzos necesarios para remodelar, reparar, adaptar y equipar las escuelas públicas de todos los niveles educativos que se mantuvieron cerradas durante la emergencia sanitaria y garantizar las óptimas condiciones que promuevan un retorno seguro de estudiantes, docentes y personal del sistema educativo para el siguiente ciclo periodo escolar en enero de 2022.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo de las 32 entidades federativas, para que, a través de las Secretarías de Educación de sus estados y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, coordinen e implementen las acciones necesarias para remodelar, reparar y equipar las escuelas del sistema público de todos los niveles educativos a fin de garantizar un retorno seguro de estudiantes, docentes y personal de los centros educativos estatales a partir del próximo periodo escolar en enero de 2022.

Suscrito el 14 de diciembre de 2021, en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados.

Diputados: Andrés Mauricio Cantú Ramírez, Juan Francisco Espinoza Eguía y José Luis Garza Ochoa (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas dependencias a considerar, ejecutar y permitir la realización de acciones que impliquen actividades recreativas, de esparcimiento y sana convivencia en la época decembrina, a cargo de la diputada Rocío Alexis Gamiño García, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Rocío Alexis Gamiño García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La salud mental constituye un elemento esencial en el bienestar de todas las personas, desafortunadamente, en los últimos años se han desencadenado diversos cuadros de afectaciones denominados “trastornos mentales”, mismos que se caracterizan por producir en quienes los padecen alteraciones en los pensamientos, en las percepciones, las emociones, las conductas y en la interacción con las demás personas.

Existe una gran variedad de trastornos mentales que aquejan a la población y que se encuadran en dos categorías principales: los trastornos depresivos y los de ansiedad, los cuales se agravan en función de la poca capacidad de atención y a la baja calidad en ésta.

El desarrollo científico, el estudio y comprensión de los diversos esquemas de trastornos constituyen las principales acciones que buscan combatir médicamente los diversos tipos de enfermedades mentales que se presentan; lo anterior, a fin de prevenirlas o, en su caso, tratarlas a tiempo.

Los trastornos mentales conllevan una afectación que no sólo repercute en la salud individual de quien las padece, sino que también permea en otros ámbitos tales como el familiar, el laboral, el social y el económico; sin dejar de referir que a este tipo de enfermedades se le suma una estigmatización y discriminación en materia de derechos humanos.

Dentro de los principales tipos de trastornos se encuentran la depresión, el trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia y otros tipos de psicosis, la demencia, discapacidades intelectuales, así como trastornos de desarrollo tales como el autismo; cabe referir que en este tipo de enfermedades puede presentarse uno o incluso una combinación de estos esquemas de afectación.

Conforme a estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sólo los países de ingresos altos son los que destinan alrededor de 4.3 por ciento de sus ingresos al rubro de salud mental y el resto de los países sólo 2 por ciento, destacando que la mayor parte del gasto declarado se destina a los hospitales psiquiátricos.

La OMS también ha referido que países como Brasil, India, Kenia, Nueva Zelanda, Noruega y el Reino Unido, son grandes ejemplos en materia de salud mental, en virtud de que han ejecutado acciones de inclusión comunitaria y de estricto respeto a los derechos humanos de las personas afectadas. En los países de ingresos bajos y medios alrededor de 76 y 85 por ciento de personas con trastornos mentales considerados como graves no reciben ningún tipo de tratamiento.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha referido que los servicios de salud mental deben ir acompañados de cambios significativos en el sector social, ya que, de no darse, continuarán los actos de discriminación y reiteradas afectaciones a los derechos humanos de las personas que se ven afectadas en su salud y en las posibilidades de gozar de una vida digna.

En ese mismo sentido, en mayo de 2021, la Asamblea Mundial de Salud aprobó el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2020-2030, en donde se enfatizó que la salud mental debe tratarse desde un enfoque basado en los derechos humanos en virtud de que la OMS ha señalado datos alarmantes en materia de afectaciones mentales, destacando los siguientes:

• En 2020, sólo 51 por ciento de los estados miembros de la OMS informaron que su política o plan de salud mental estaba en consonancia con los instrumentos internacionales y regionales en materia de derechos humanos.

• La principal causa de problemas de salud y discapacidad en todo el mundo es la depresión.

• Alrededor de mil millones de personas en el mundo padecen de algún tipo de trastorno mental.

• Uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes es diagnosticado con un trastorno mental.

• Cada cuarenta segundos muere una persona por suicidio.

• Se estiman pérdidas de casi un billón de dólares anualmente en productividad económica a causa de la depresión y la ansiedad.

Cabe referir que los trastornos mentales van de la mano con factores tales como el estrés, la herencia genética, la alimentación, la gestión perinatal, así como riesgos ambientales, entornos sociales, culturales e incluso laborales.

La salud mental constituye un derecho humano fundamental, reconocido en instrumentos internacionales tales como la Carta Internacional de Derechos Humanos; la Convención sobre los Derechos del Niño; los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental; los Principios de Brasilia y el Consenso de Panamá, que guían tanto la política como los programas y servicios de salud mental con enfoques de respeto a los derechos humanos; la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, siendo esta última de gran aportación en la promoción al respeto de la dignidad inherente a las personas con discapacidades físicas, mentales, intelectuales o sensoriales.

El derecho a la salud, también se encuentra consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de igual forma, la Ley General de Salud contempla este derecho fundamental y prioriza el rubro de las enfermedades mentales; además, y de manera más específica, existen diversas normas oficiales mexicanas en materia de salud que se abocan a proteger la salud mental y a su atención.

Este derecho también se encuentra protegido por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la cual en su artículo 5 establece que el estado fomentará y velará por el cuidado de la salud de la población; de igual forma, el título tercero del Código Administrativo del Estado de México, contempla a la salud mental como parte de los servicios que el estado está obligado a prestar.

Hablar de enfermedades mentales no es un tema menor ante las altas incidencias de casos y las consecuencias que éstas implican para la salud pública, por ello es necesario realizar esfuerzos que se reflejen en los ámbitos internos de cada estado, más y mejores políticas públicas, prácticas y sistemas de prestación de servicios en materia de salud mental.

Al respecto, la OMS ha señalado que para el año 2030 se proyecta que los trastornos mentales serán la principal causa de muerte en el mundo; y en el caso de México estos padecimientos colocan al país en el cuarto lugar en complicaciones médicas y de depresión.

Conforme a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2019 se presentaron 7 mil 223 casos de suicidio a nivel nacional, de los cuales, 8.5 por ciento ocurrieron en el Estado de México; siendo la entidad mexiquense una de las que presentó un incremento notorio en este tipo de casos, ya que en 2019 se reportaron 715 casos y en 2020 la cifra se incrementó a 832.

Al respecto, la Secretaría de Salud federal ha determinado que el Estado de México es la tercera entidad con el mayor número de casos por depresión, siendo el género femenino el que más padece de este tipo de trastornos mentales.

Los problemas de salud mental en la población en general, han cobrado gran importancia tras la pandemia a causa del SARS-CoV-2, en virtud de un incremento en el número de casos por salud mental que se han presentado. La atención médica a este tipo de trastornos fue desprotegida y desatendida de tal forma que, conforme a datos de la OMS, 93 por ciento de los países del mundo paralizaron la atención a la salud mental y se abocaron a contener la lucha contra el Covid-19, destinando todos sus recursos para abatir este problema de salud pública.

Sin embargo, la pandemia también trajo como consecuencia un incremento en el número de casos con trastornos mentales y neurológicos derivados de diversos sucesos tales como el confinamiento, el duelo, la pérdida del trabajo y de ingresos; sin dejar de mencionar que aquellas personas que se vieron afectadas por el virus SARS-CoV-2 han presentado secuelas neuronales, mentales, afectaciones cardiovasculares, alteraciones emocionales y delirantes, destacando que, al encontrarnos frente a un virus poco conocido y con múltiples variantes, ha resultado complicado determinar los grados de afectación que en este rubro se puedan generar.

Las enfermedades mentales, igual que cualquier otro tipo de afectación a la salud, constituyen una responsabilidad y una carga económica que asumen tanto las familias como el Estado, las cuales aquejan a la sociedad y a las diversas instituciones, por lo cual constituyen un tema de interés general.

En este contexto, la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-2014, para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica cobra especial importancia al establecer en su numeral 8 un rubro denominado Actividades de rehabilitación psicosocial, en el cual se contempla el diseño, ejecución y seguimiento de programas que permitan mantener vínculos socio-afectivos entre los pacientes y el personal de las instituciones, familiares, amistades y comunidad.

De igual forma, en el referido rubro se hace referencia a la promoción de procesos de reinserción social a través de convivencias, visitas, paseos y asistencia a centros recreativos y culturales, lo anterior, en atención a un enfoque de estricto respeto a los derechos humanos y a la no discriminación. Cabe referir que la norma oficial mexicana en comento también plasma el diseño de programas que fortalezcan la rehabilitación psicosocial.

Aunado a lo anterior, resulta viable retomar que la OMS reconoce que para mejorar la salud mental existe una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con el componente de bienestar mental y que implican aspectos físicos, mentales, sentimentales y sociales y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

En este contexto, quienes suscribimos, preocupados por la salud integral y por el estricto respeto a los derechos humanos de la población que padece algún tipo de trastorno mental y que, derivado de ello, se encuentran hospitalizados en centros de atención psiquiátrica exhortamos a las autoridades y a la población en general a ser empáticos con este tipo de situaciones y establecer acciones no sólo de índole médica, sino también de carácter social.

Debemos considerar que quienes padecen algún tipo de trastorno mental, por su mismo padecimiento, ya presentan una afectación que tristemente los aleja de una calidad de vida digna, situación que tiene aparejada vulneraciones a los derechos humanos; es por ello que, el Grupo Parlamentario de Partido Verde Ecologista de México exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Secretaría de Salud, al Instituto Nacional de Psiquiatría, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a la Secretaría de Salud del Estado de México, al Instituto de Salud del Estado de México y al Centro Integral de Salud Mental para que, en una ponderación de derechos y teniendo como base un tratamiento integral a quienes se encuentran internados en el hospital psiquiátrico José Sayago, en el municipio de Acolman, contemplen, ejecuten y permitan la realización de acciones que impliquen actividades recreativas, de esparcimiento y sana convivencia durante la época decembrina, esto como parte de la preservación de vínculos afectivos y sociales que tristemente se ven fracturados a causa de los trastornos que los aquejan.

No se omite referir que la entidad mexiquense, desde el pasado 18 de octubre del presente año, se encuentra en semáforo epidemiológico verde, con el que se da paso al restablecimiento de actividades en la entidad bajo un aforo medido y bajo el uso de medidas preventivas sanitarias, es así que pugnamos porque en este regreso responsable a la nueva normalidad este grupo poblacional vulnerable no sea olvidado.

En razón a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Secretaría de Salud y al Instituto Nacional de Psiquiatría para que, cada uno en el ámbito de sus competencias, lleven a cabo una ponderación de derechos y teniendo como base un tratamiento integral a quienes se encuentran internados en el hospital psiquiátrico José Sayago, en el municipio de Acolman, contemplen, ejecuten y permitan la realización de acciones que impliquen actividades recreativas, de esparcimiento y sana convivencia durante la época decembrina, como parte de la preservación de vínculos afectivos y sociales, así como en estricto respeto a sus derechos humanos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, de manera respetuosa, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a la Secretaría de Salud del Estado de México, al Instituto de Salud del Estado de México y al Centro Integral de Salud Mental del Estado de México para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizando una ponderación de derechos y teniendo como base un tratamiento integral a quienes se encuentran internados en el hospital psiquiátrico José Sayago, en el municipio de Acolman, contemplen, ejecuten y permitan la realización de acciones que impliquen actividades recreativas, de esparcimiento y sana convivencia durante la época decembrina, como parte de la preservación de vínculos afectivos y sociales, así como en estricto respeto a sus derechos humanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2021.

Diputada Rocío Alexis Gamiño García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a distintas autoridades estatales y municipales de Chihuahua a detener el programa escolar Formando Corazones por sus efectos excluyentes y discriminatorios, suscrita por las diputadas María Clemente García Moreno, Susana Prieto Terrazas y Andrea Chávez Treviño, del Grupo Parlamentario de Morena

Las que suscriben, María Clemente García Moreno, Susana Prieto Terrazas y Andrea Chávez Treviño diputadas de la LXV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 7 de diciembre activistas protestaron contra la decisión del alcalde de la Ciudad de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza de destinar recursos para la aprobación del programa “Formando Corazones”1

De acuerdo con su página web, de dicho programa académico es “participar activamente en la formación de su carácter y voluntad, reconociendo e identificando sus emociones, para que aprendan a manejarlas dentro del contexto amplio del amor, especialmente en esta época de cambios constantes. Nos enfocamos en la formación de hábitos a través de la ciencia y el sentido común y así, empoderar a las niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones y construcción de un proyecto de vida”2 .

El programa “Formando Corazones”, tiene como antecedente el programa “Saber amar” que se implementó en escuelas privadas en el año 2012. Posteriormente se introdujo a escuelas públicas en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. La implementación del programa “Formando Corazones” inició en Chihuahua capital, donde actualmente más de 120 escuelas llevan en los contenidos.

Cabe destacar que dicho programa originalmente fue auspiciado por “Vida y Familia. A.C. Actualmente recibe apoyo financiero por parte de la Fundación del Empresariado Chihuahuense Fechac y por la Asociación Gonzalo Ríos Arronte I.A.P, así como el DIF Municipal desde el 3 de febrero de 2019.

“Formando corazones” a través de sus textos y metodología educativa busca generar un programa académico integral de afectividad y sexualidad, que ha producido 14 libros con los que se imparten cursos a estudiantes y docentes, incluyendo una guía para padres y madres.

En los textos se destacan definiciones de figuras civiles como el matrimonio, donde se considera que: “es la unión estable y libre de un varón y una mujer para siempre y con el fin de formar una familia”. Lo anterior, es excluyente y contrario a la definición de matrimonio aprobada por la Suprema Corte de Justicia en la tesis aislada P. XXI/2011, 9ª época, aprobada por el pleno el 4 de julio de 2011, vinculada a la resolución de la acción de inconstitucionalidad 2/2010, bajo el rubro: MATRIMONIO. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO ALUDE A DICHA INSTITUCIÓN CIVIL NI REFIERE UN TIPO ESPECÍFICO DE FAMILIA, CON BASE EN EL CUAL PUEDA AFIRMARSE QUE ÉSTA SE CONSTITUYE EXCLUSIVAMENTE POR EL MATRIMONIO ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER 3 .

Así mismo, dicho programa carece de la autorización por parte de la Secretaría de Educación Pública, para su difusión en escuelas por lo que se percibe una violación a la Ley General de Educación. Igualmente se considera que se violenta el contenido del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual sostiene que será el Estado quien provea de la educación en todos sus niveles desde el preescolar hasta la universidad, siendo obligatoria, universal, inclusiva, pública y laica.

En ese sentido, es preocupante que desde el gobierno municipal se promueva una visión única y discriminatoria de la familia, del matrimonio así como de los roles de los hombres y las mujeres en la sociedad.

Chihuahua, registró en 2019 153 homicidios dolosos en contra de mujeres, en consecuencia dicha entidad ocupó el lugar 11 según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) al reportar una tasa de 1.52 casos por cada 100 mil mujeres4 .

Así mismo, las ciudades de Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc aparecen dentro de las 100 ciudades del país con presuntos delitos de feminicidios registrados de enero a diciembre de 2019; con una tasa de 1.65, 1.87 y 3.26 delitos – respectivamente ­–

Así mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 22 de la Ley General de educación, los libros de texto que se usen para el desarrollo de los planes y programas de estudio en las escuelas de nivel básico, debe cumplir con la característica de contar con la autorización de la Secretaría de Educación Pública federal, a saber:

“Artículo 22. - ...

Los libros de texto que se utilicen para cumplir con los planes y programas de estudio para impartir educación por el Estado y que se derive de la aplicación del presente Capítulo, serán los autorizados por la Secretaría en los términos de esta Ley, por lo que queda prohibida cualquier distribución, promoción, difusión o utilización de los que no cumplan con este requisito. Las autoridades escolares, madres y padres de familia o tutores harán del conocimiento de las autoridades educativas correspondientes cualquier situación contraria a este precepto.”

Que la Ley General de Educación vigente, en su artículo 16, fracciones III y IV, refiere que entre otros criterios, las instituciones educativas públicas y privadas, tiene que promover una educación que “...luchará contra la ignorancia, sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, así como personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social, debiendo implementar políticas públicas orientadas a garantizar la transversalidad de estos criterios en los tres órdenes de gobierno.”

Artículo 16. - ...

Además, responderá a los siguientes criterios:

...

III. Será humanista, al fomentar el aprecio y respeto por la dignidad de las personas, sustentado en los ideales de fraternidad e igualdad de derechos, promoviendo el mejoramiento de la convivencia humana y evitando cualquier tipo de privilegio de razas, religión, grupos, sexo o de personas;

IV. Promoverá el respeto al interés general de la sociedad, por encima de intereses particulares o de grupo, así como el respeto a las familias, a efecto de que se reconozca su importancia como los núcleos básicos de la sociedad y constituirse como espacios libres de cualquier tipo de violencia;

Que corresponde a la autoridad educativa federal, exclusivamente, conforma a la fracción IV del artículo 113 de la Ley General de Educación, actualizar y dar visto bueno de los contenidos de los libros y materiales educativos del sistema educativo.

“Artículo 113. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

...

IV. Elaborar, editar, mantener actualizados y enviar a las entidades federativas en formatos accesibles los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación. Al inicio de cada ciclo lectivo, la Secretaría deberá poner a disposición de la comunidad educativa y de la sociedad en general los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, a través de plataformas digitales de libre acceso;”

Que los Ayuntamientos tienen, conforme la concurrencia de obligaciones para con el sistema educativo, la posibilidad editar y producir otros materiales, siempre y cuando tengan autorización de la Secretaría federal del ramo educativo y no transgredan con los principios del artículo 3 Constitucional.

“Artículo 115. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 113 y 114, corresponde a las autoridades educativas federal, de los Estados y Ciudad de México, de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

...

VIII. Editar libros y producir otros materiales educativos, distintos de los señalados en la fracción IV del artículo 113 de esta Ley, apegados a los fines y criterios establecidos en el artículo 3o. constitucional y para el cumplimiento de los planes y programas de estudio autorizados por la Secretaría;”

Por lo anteriormente expuesto, presento ante el pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados de Honorable Congreso de la Unión, exhortan al Presidente Municipal de Chihuahua, Chihuahua, para que detenga la operación, del programa “Formando Corazones” en las escuelas de su municipio, así como la entrega de todo tipo de materiales de apoyo y promoción del mismo hasta en tanto la autoridad educativa federal determine que no transgrede con los principios constitucionales de no discriminación, igualdad y educación laica en el nivel básico del sistema educativo.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a las Secretaría de Educación y Deporte del estado de Chihuahua y a la Secretaría de Educación Pública, para que emitan opinión referente al programa “Formando Corazones”, a efecto de que con la misma se determine si los materiales, contenidos, promoción y vigencia del mismo en las escuelas del sistema educativo de Chihuahua, Chihuahua transgreden o no, con los principios constitucionales de no discriminación, igualdad y educación laica de manera que la autoridad municipal se encuentre en condiciones de interrumpir o en su caso seguir el curso de operación del programa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 14 de diciembre de 2021.

Notas:

1. Flores, Ana “Chihuahua: Alcalde quiere dar dinero a programa escolar anti derechos” en Homosensual
https://www.homosensual.com/lgbt/
chihuahua-alcalde-quiere-dar-dinero-a-formando-corazones-programa-escolar-antiderechos/, 8 de diciembre de 2021.

2. Formando Corazones en https://formandocorazones.org/ 8 de diciembre de 2021.

3. Flores Mancilla, César “Igualdad y Diversidad” en Suprema Corte de Justicia
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/derechos_humanos/articulosdh/
documentos/2016-12/IGUALDAD%20Y%20DIVERSIDAD.pdf

4. Empresarios de Chihuahua “Los delitos de feminicidio y violencia familiar en el estado de Chihuahua” en https://ficosec.org/los-delitos-de-feminicidio-y-violencia-familiar-en- el-estado-de-chihuahua/

Diputadas: María Clemente García Moreno, Susana Prieto Terrazas, Andrea Chavéz Treviño (rúbricas)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a diseñar e implantar por la Sectur con los gobiernos locales políticas públicas para recuperar el empleo en el sector turístico, a cargo del diputado Juan Carlos Maturino Manzanera, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Juan Carlos Maturino Manzanera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La República mexicana cuenta con una gran riqueza de expresiones culturales, mismas que a lo largo de la historia nacional, han dado identidad a los habitantes de cada una de las entidades federativas. Música, teatro, danzas originarias y mestizas, gastronomía y poesía se conjugan con sus paisajes naturales, museos y la arquitectura propia de las ciudades y pueblos de las entidades federativas; en algunas de ellas, destaca la arquitectura colonial en templos con diseños barrocos, clásicos, neoclásicos; en otras ciudades las construcciones modernas del siglo XXI enriquecen el patrimonio cultural de los estados.

La UNESCO refiere que en los acuerdos internacionales como la Nueva Agenda Urbana, el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, se reconoce la importancia de redoblar los esfuerzos por proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural de las naciones, así como el cada vez más creciente papel protagónico de las ciudades en el desarrollo competitivo de los países, la acción contra el cambio climático y la disminución de la desigualdad.1

El escritor polaco, Kapuscinski, decía que el arte siempre ha sido el que, con gran anticipación y claridad, indica el rumbo que toma el mundo y las grandes transformaciones que se esperan.2

En este contexto se desenvuelve el sector artístico que fortalece la oferta cultural que se ofrece al turismo nacional e internacional. En tal virtud, por el interés que muestra la gente de conocer la riqueza histórica y cultural de los pueblos, a este turismo se ha denominado “turismo cultural”, entendido como el recorrido que realizan las personas, motivadas “por conocer, comprender y disfrutar, en forma participativa o mediante la observación, del conjunto de rasgos y elementos distintivos tangibles o intangibles que caracterizan a una sociedad o grupo humano en un destino específico.3

Desafortunadamente, como consecuencia de la pandemia del Covid-19, en turismo las pérdidas económicas a nivel mundial fueron históricas. La Organización Mundial de Turismo destaca que el golpe a esta actividad ha provocado una pérdida en el producto interno bruto de más de 4 billones de dólares sólo para 2020 y 2021.4 Por ello, enfatiza que los gobiernos nacionales deben tomar en cuenta que “detrás de cada número hay una persona”, como consecuencia, hace un llamado a los Estados parte para que “no dejen a nadie atrás cuando el mundo empiece a reabrirse de nuevo y a encarar el futuro”.5

El 18 de noviembre del presente año, el Inegi reportó que el sector cultural cayó 9.4 por ciento en 2020 y, en comparación con 2019, el número total de puestos disminuyó 12.4 por ciento. Estos hallazgos los proporcionó la actualización de la “Cuenta Satélite de la Cultura de México, 2020”.6 Según el organismo, este instrumento tiene como objetivo realizar una delimitación económica y funcional del campo de la cultura, por tal motivo, resalta que el ejercicio “provee una visión integral sobre la dimensión, evolución y composición del sector cultural”.

Con el propósito de atender y resolver dicha problemática, el gobierno federal, a través de las secretarías Turismo y Cultura, tienen la obligación de diseñar y ejecutar políticas públicas a fin de mejorar las condiciones en las que se encuentra este sector en el país. No debemos olvidar que quienes aportan al ramo, mantienen con vida nuestro patrimonio histórico y cultural.

Por lo expuesto y fundamentado pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, hace un atento exhorto al Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Turismo, y de Cultura, para que diseñen e implementen, de manera coordinada con los gobiernos de los estados, políticas públicas para recuperar el empleo en el sector turístico, con un enfoque en la cultura nacional.

Notas

1 Confróntese UNESCO. “El turismo cultural y creativo hoy”. Recuperado de https://es.unesco.org/news/turismo-cultural-y-creativo-hoy

2 Kapuscinski, Ryszard. (2003). “Con Heródoto en la Guerra”, Proceso número 1383, 4 de mayo, páginas 70-72, citado por Ruiz Abreu, Álvaro. (2007). Así habla la crónica. UAM Xochimilco. México, página 22.

3 Anáhuac México. (2016). Turismo cultural en México. Reporte Anáhuac de Investigación Turística. Noviembre-diciembre, número 4, página 7.

4 OMT. United Nations Conference on Trade and Development. (2021). Covid-19 and tourism an update. Assessing the economic consequences, página 15. Recuperado de:

https://unctad.org/system/files/official-document/ditcin f2021d3_en_0.pdf

5 OMT. Día Internacional del Turismo. Recuperado de: https://www.unwto.org/es/wtd2021

6 Inegi. (2021). Cuenta Satélite de la Cultura de México, 2020. 18 de noviembre. México. Recuperado de

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?i d=6926

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2021.

Diputado Juan Carlos Maturino Manzanera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se solidariza con las familias de las víctimas del accidente vial ocurrido en la carretera Chiapa de Corzo, en Tuxtla Gutiérrez; y se exhorta a los tres niveles de gobierno a garantizar el respeto de los derechos de los migrantes, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados. somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 9 de diciembre sucedió un accidente en la carretera Chiapa de Corzo, en Tuxtla Gutiérrez, donde se reportó que un camión sin frenos se había volcado a la altura de la colonia el Refugio. Desgraciadamente, este accidente se convirtió en una gran tragedia cuando se descubrió que en el interior del camión se encontraban migrantes centroamericanos, cuyo destino al parecer era la frontera de los Estados Unidos de América.

Lamentablemente, en el lugar se reportó que 53 personas perdieron la vida y más de 100 personas resultaron heridas entre las cuales se reportaron aproximadamente 19 menores de edad . Diversos medios de comunicación tomaron fotos y video de la tragedia para retratar la realidad de la migración ilegal en nuestro país. Se presume que en el camión viajaban más de 160 migrantes en condiciones inhumanas.

De conformidad con el periódico El País “Según los testimonios de los supervivientes, el vehículo se dirigía a Puebla, una ruta habitual para el tráfico ilegal de migrantes, que son hacinados en las cajas de los camiones para cruzar México y poder eludir así los controles y el cerco militar que rodea la zona sur del país, donde los agentes intentan frenar la emigración irregular proveniente de Centroamérica. Algunos de los supervivientes dijeron que habían pagado entre 2.500 y 3.500 dólares por el trayecto hasta Puebla, donde, presumiblemente, contratarían a nuevos traficantes hasta llegar a la frontera con Estados Unidos”.1

Este accidente ha prendido las alarmas en materia migratoria y obliga a revisar las políticas llevadas a cabo hasta el momento en las fronteras. El tráfico de personas por medio de camiones ha aumentado y esta práctica ha estado a la vista de las autoridades migratorias, apenas en noviembre de 2021 se detuvieron dos camiones con más de 400 migrantes que venían en una ruta clandestina en los cuales se encontraban menores de edad y mujeres embarazadas.2

Este accidente sucede a pocos días de la reunión de los líderes de Estados Unidos, México y Canadá quienes se reunieron en Washington para hablar de diversos temas, siendo uno de los principales el aumento de los flujos migratorios. Los tres países acordaron aumentar las vías para poder migrar de forma legal, revisando esquemas como más visas de trabajo temporal, ampliar el acceso a la protección de los migrantes y por atajar las causas que les hacen salir de sus países como el desempleo y la falta de oportunidades.

Esta problemática es bastante compleja, y es más delicada cuando entre los migrantes se encuentran menores de edad. Durante los primeros ochos meses de 2021 se han reportado un número de menores no acompañados detectados en la frontera ya supero las cifras de 2021, en un 109%.

Por su parte el Instituto Nacional de Migración (INM) alertó que hay un notable crecimiento de menores de edad migrantes irregulares, y advirtió que corren graves riesgos con los traficantes. Alertó que de enero a la fecha ha identificado a 34 mil 427 menores de edad, acompañados y no acompañados, que transitaban territorio mexicano en condición irregular.3

Respecto del accidente en Chiapas, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) ha manifestado que:

“Este trágico accidente que fue originado por un camión proveniente de Guatemala, es un duro recordatorio para el país de la persistente ausencia de políticas públicas migratorias adecuadas , dirigidas a atender una crisis de atención humanitaria en las fronteras norte y sur y enluta no sólo a las familias de las víctimas migrantes, sino a todas las personas que compartimos el respeto a los derechos humanos que los Estados tienen el deber de garantizar.

La aplicación de medidas enfocadas sólo a restringir la movilidad, criminalizar y negar de facto los derechos humanos de la población en movilidad es la verdadera tragedia detrás de este accidente. La militarización de las fronteras es otro factor que agrava la inseguridad, lo que distrae recursos y atención públicos en vez de implementar esfuerzos en materia migratoria para la garantía de los derechos de las personas en condición de movilidad y en búsqueda de refugio, en especial niñas, niños y adolescentes.”4

Redim también señala que los Boletines Estadísticos 2021 de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación muestran que, de enero a octubre de 2021, el gobierno mexicano ha realizado 48,707 detenciones de migrantes entre 0 y 17 años (20,003 mujeres y 28,704 hombres). Mientras que al menos 8,181 personas entre 0 y 17 años (2,764 mujeres y 5,417 hombres) fueron deportadas entre enero y octubre de 2021.5 Estas medidas restrictivas en la política migratoria están generando rutas clandestinas, violentas y peligrosas a las que miles de personas migrantes son arrojadas. En el caso de las infancias y adolescencias, Redim ha propuesto la creación de un Mecanismo Transnacional de Protección Integral para la niñez migrante y refugiada, con el fin de atender la crisis humanitaria con un enfoque de derechos y acorde con el mandato de la Convención de los Derechos del Niño, del que México forma parte.

El gobierno de México anuncio el viernes pasado que, junto con Centroamérica, por propuesta de Guatemala, se va a crear un grupo de acción contra la red de traficantes de personas. El canciller Marcelo Ebrard, mencionó que: “Los países de la región, a propuesta de Guatemala, anunciamos la creación del Grupo de Acción Inmediata contra la red de traficantes de personas responsables de la tragedia en Chiapas, para investigar, identificar, aprehender y presentar ante la justicia a los integrantes y mandos de la organización criminal trasnacional responsable de esta tragedia humana”6

Para la UNODC, El tráfico ilícito de migrantes es verdaderamente una preocupación global, pues afecta a un gran número de países del mundo que son puntos de origen, tránsito o destino.

Los migrantes objeto de tráfico ilícito son vulnerables a la explotación y el abuso y sus vidas y seguridad muchas veces corren peligro: se pueden asfixiar en el interior de los contenedores, perecer en el desierto o ahogarse en el mar mientras son conducidos por contrabandistas que lucran con un tráfico en el que los migrantes se convierten en mercancías. Por tratarse de un delito clandestino, las cifras de valor en el plano mundial son difíciles de determinar con precisión. Sin embargo, sobre la base de dos de las principales rutas del tráfico ilícito: de África oriental, septentrional y occidental hacia Europa y de América del Sur hacia América del Norte, se estima que este delito genera anualmente alrededor de 6.750 millones de dólares de los Estados Unidos para los delincuentes que operan en estas regiones solamente. Sin embargo, esa cifra presumiblemente es mucho mayor en el plano mundial.7

El artículo 3 del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, define al tráfico ilícito de migrantes como: “...la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material”.

Se estima que poco menos de un tercio de todos los inmigrantes a los Estados Unidos son ilegales, y que alrededor del 80% de la población inmigrante ilegal en el país procede de América del Sur (incluido México). De todos los inmigrantes ilegales en los Estados Unidos, se calcula que entre el 25% y el 40% entraron en el país con un visado legal y se quedaron después de la expiración de sus visados y que el resto entró en forma clandestina. De estas entradas clandestinas, alrededor del 97% se producen en la frontera entre México y los Estados Unidos; la detención de inmigrantes ilegales en la costa representa menos del 1%. Aunque no todos los migrantes irregulares se introducen de contrabando, estas cifras indican la escala de la situación general. La mayoría de los migrantes entran clandestinamente en camiones que pasan la frontera, si bien se han observado casos en que los viajes se han hecho a pie, por ferrocarril o incluso por túneles especiales.8

Es un hecho que el trágico accidente sucedió el pasado 9 de diciembre es un gran llamado de atención para las autoridades migratorias y para la urgente revisión de la política migratoria en las fronteras de nuestro país. Es un llamado de atención que se vuelve urgente cuando parte de estas víctimas son menores de edad, siendo el Estado el responsable de velar por salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes no acompañados.

Por tal motivo someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se solidariza con las familias de las víctimas del accidente de tránsito ocurrido en la carretera Chiapa de Corzo, en Tuxtla Gutiérrez y exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales a realizar las investigaciones oportunas a efecto de esclarecer los hechos, fincar las responsabilidades correspondientes, implementar las acciones necesarias para combatir el tráfico de personas y demás delitos que afectan a la niñez y familias en movilidad y garantizar la reparación del daño a las víctimas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional, al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y demás autoridades federales y estatales y municipales correspondientes, para que en coordinación y en el ámbito de sus respetivas competencias, garanticen el acceso a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad humana involucrados en el accidente ocurrido en la carretera de Chiapa de Corzo.

Notas

1 https://elpais.com/mexico/2021-12-11/anatomia-del-accidente-migrante-de -chiapas.html

2 https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2021-11-19/
hallan-a-mas-de-400-migrantes-en-camiones-al-sur-de-mexico

3 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/08/31/
aumenta-flujo-de-menores-de-edad-migrantes-irregulares-alerta-el-inm/

4 https://derechosinfancia.org.mx/v1/redim-tras-accidente-en-chiapas-donde-hubo-ninez-migrante-fallecida-las
-condolencias-son-insuficientes-exigimos-politica-migratoria-que-respete-derechos-de-las-personas
-migrantes-y-la-generacion-de-un/

5 Ibídem.

6 https://www.eluniverso.com/noticias/internacional/crean-grupo-de-accion-contra-red-de-traficantes
-de-personas-tras-accidente-en-el-que-murieron-55-migrantes-en-chiapas-nota/

7 https://www.unodc.org/documents/toc/factsheets/TOC12_fs_migrantsmugglin g_ES_HIRES.pdf

8 https://www.unodc.org/documents/toc/factsheets/TOC12_fs_migrantsmugglin g_ES_HIRES.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el día 14 de diciembre de 2021.

Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al CNS a implantar un programa de salud mental paralelo al de atención de enfermos de Covid-19, a cargo de la diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla, del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de Salud a implementar un Programa de Salud Mental paralelo al programa de atención a enfermos de COVID-19, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 24 de marzo del 2021 la Revista Ciencia UNAM-DGDC, publicó un estudio científico titulado “Cuida tu salud mental para no debilitar tu sistema inmune”, en el que Laura García y Luz Olivia, establecen una relación entre el funcionamiento del sistema inmune y los factores biosicosociales, tales como el estrés (García Lara., 2021).

A decir del maestro José Alberto Montaño Álvarez, profesor de Psicología en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, especialista en ese campo, el estrés en un determinado momento pudiera provocar una alteración en el sistema inmunológico, llegando a detonar incluso cuadros infecciosos, oncológicos o auto inmunitarios1 .

La irrupción de la pandemia por la COVID-19, ha detonado los problemas de salud mental. En el mismo estudio de la Unicef, determinó que 1 de cada 7 niños ha sufrido consecuencias a causa del confinamiento al punto de generar en esta población, miedo, rabia y preocupación, así mismo, determinó que uno de cada cinco jóvenes de entre 15 y 24 años sufre depresión (Unicef, 2021).

Por su parte la OMS en su informe de octubre de 2020, documentó el incremento en la demanda de servicios de salud mental, derivado del ?aislamiento por el confinamiento, el duelo por la muerte de amigos o familiares, la pérdida de ingresos y el miedo. En este informe se identifica además el incremento en el consumo de alcohol, cigarro y otro tipo de drogas.

Asimismo, según el mencionado informe emitido en el marco del día mundial de la salud mental, se advirtió como se ha dado prioridad a la atención fisiológica del padecimiento, ocasionando la perturbación o paralización de los servicios de salud mental esenciales del 93% de los ?países del mundo, en tanto que aumenta la demanda de atención de salud mental. El estudio para dicho informe abarcó 130 países, aporta los primeros datos mundiales acerca de los efectos ?devastadores de la COVID-19 sobre el acceso a los servicios de salud mental.

Lamentablemente a medida ?que la pandemia siga su curso, se intensificará la demanda de programas de salud ?mental, que se encuentran debilitados por años de carencias crónicas de financiamiento.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), advierte en el documento denominado “Consideraciones y recomendaciones para la protección y el cuidado de la salud mental de los equipos de salud”2 que desde antes de la declaración de la pandemia de COVID-19, los trabajadores de la salud presentaban alteraciones de salud mental relacionadas con los efectos negativos de las tareas desempeñadas. Observando la coincidencia de múltiples estudios en cuanto al incremento en los indicadores de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en el personal de salud, así como en las tasas de prevalencia de ansiedad, depresión y suicidio, que duplican y hasta triplican las de la población general (2-5); además, cabe esperar el aumento de los síndromes de desgaste profesional y de fatiga por compasión.

Ante estas evidencias es urgente que Consejo Nacional de Salud, asuma la salud mental como una prioridad en la agenda de salud pública nacional, dado que se encuentra ampliamente demostrado que los problemas de salud mental generan, como lo dice el profesor José Alberto Montaño Álvarez, problemas secundarios en el sistema inmunológico. Por ende, es necesario que con una estrategia de Estado se construya un programa de salud mental paralelo, al programa de atención a enfermos de COVID-19, que permita atender la salud, oyendo la máxima de mente sana, cuerpo sano.

Variados estudios han asociado la obesidad, la hipertensión arterial, a factores como el estrés, no está de más recordar que México tiene una de las más altas incidencias en hipertensión arterial del mundo, el Imss ha documentado que uno de cada tres mexicanos mayores de edad padece hipertensión arterial, que registra 7 millones de casos y provoca más de 50 mil muertes al año3 .

Es una realidad innegable que es urgente atender la salud mental de la población mexicana, máxime durante y después de una pandemia con las magnitudes como las que actualmente vive el planeta.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso del Unión exhorta al Consejo Nacional de Salud a implementar un Programa de Salud Mental paralelo al Programa de Atención a Enfermos de Covid-19.

Notas:

1. Infografía: Estrés por coronavirus altera tu sistema inmune, consultable en:
http://ciencia.unam.mx/contenido/infografia/142/infografia-estres-por-coronavirus-altera-tu-sistema-inmune

2. https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/54032/OPSNMHMH210007_spa .pdf?sequence=1&isAllowed=y

3. http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201707/203

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de diciembre de 2021

Diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a realizar las gestiones jurídicas, presupuestarias y organizacionales conducentes a crear una unidad con la función específica de coordinar las universidades politécnicas, a cargo de la diputada Sayonara Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Sayonara Vargas Rodríguez, diputada federal indígena del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción II y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Las Universidades Politécnicas (UP) inician operaciones en 2001 en San Luís Potosí, actualmente se encuentran operando 63 Universidades en 27 entidades federativas, de las cuales, el 75% se encuentran ubicadas en zonas de alta marginación . Cabe señalar que, a septiembre del 2021, registran una matrícula de 105,207 alumnos.

Las UP han sido concebidas para dar atención a necesidades específicas de educación superior en regiones del país donde no existían instituciones de este nivel educativo. Estas universidades están orientadas a formar cuadros profesionales con una orientación humanista y con perspectiva de género, que les permita tener un alto compromiso social para impulsar una sociedad más justa e igualitaria. Cabe señalar, que las UP son instituciones con una alta relevancia social, ya que el 73% de los egresados representan la primera generación con educación superior en su familia, mientras que un 20% de los alumnos de estas universidades no hubieran tenido la oportunidad de ingresar a otro IES de no existir la UP. Finalmente señalar que el 10% de su matrícula provienen de comunidades indígenas.

La formación que ofrecen las UP debe permitir a los egresados incorporarse a los mercados de trabajo, muestra de ello, es que el 73% de ellos se emplean a los 6 meses concluido sus estudios. Así mismo, los egresados cuentan con las competencias necesarias para llevar a cabo procesos de investigación y desarrollo tecnológico, por lo que al momento se han publicado 464 artículos en revistas arbitradas, se han desarrollado 139 libros especializados y se han registrado 253 patentes. Es importante señalar que las UP cuentan con condiciones para llevar a cabo la formación de nuevos científicos e investigadores, por lo que se tienen registrados 189 cuerpos académicos que tienen una alta producción científica y tecnológica. En este sentido, los perfiles docentes permiten favorecer la formación científica de los alumnos, ya que las UP son las IES con el mayor porcentaje de profesores de tiempo completo con estudios de posgrado (88%).

Las UP ofrecen los niveles de licenciatura/ingeniería, profesional asociado, maestrías y doctorados. Los programas de nivel licenciatura son intensivos, tienen una duración de 10 cuatrimestres, los cuales se dividen en tres ciclos anuales y se cuenta con una salida lateral al sexto cuatrimestre, para aquellos estudiantes que no puedan continuar con sus estudios y obtener el título de Profesional Asociado. Estas universidades cuentan con una oferta educativa innovadora, entre los programas que se ofrecen están Energías Renovables, Terapia Física, Aeroespacial, Ciencia de Datos, Geofísica Espacial, Biomédica, Robótica, entre otras.

Problemática

La Coordinación de Universidades Politécnicas inicia operaciones en febrero de 2003, ante la necesidad de orientar, impulsar y supervisar el crecimiento y consolidación de estas universidades. Cabe señalar que la Coordinación era una Dirección de Área adscrita a la Subsecretaria de Educación Superior y el personal estaba contratado por honorarios. Desde su creación hasta el año 2012, el Subsistema había crecido a razón de cinco universidades por año, a la par con su presupuesto, matrícula y capacidad instalada. Sin embargo, debido a los ajustes en la estructura de SEP el 11 de diciembre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual las Universidades Politécnicas quedan adscritas a la Unidad Responsable 514 “Coordinación General de Universidades Tecnológicas”.

Al incorporar a las UP a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas (CGUT) no se consideró la creación de las condiciones institucionales mínimas acordes a las necesidades generadas por las características del modelo educativo de las UP, lo que provoco problemas estructurales en la operación de las UP:

• Se violentaron los procesos académicos de las UP, forzando su operación hacia las prácticas existentes en las UT;

• Se entorpeció el proceso de planeación estratégica para impulsar y consolidar los procesos de investigación y desarrollo tecnológico;

• Se violentó el proceso de construcción y equipamiento de los talleres y laboratorios, característica esencial de estas universidades, para tratar de que fuera similar a las UT;

• Se dejaron de crear y desarrollar estrategias y acciones académicas acordes y pertinentes con el modelo de estas universidades, encaminadas al fortalecimiento y mejoramiento de la calidad de los servicios ofrecidos por estas universidades, tales como programas de tutorías, programas remediales y de inducción, programas de formación docente, acciones de apoyo a la reprobación, entre otras;

• Se violentó el modelo curricular, lo cual afectó los procesos de contratación de docentes debido al incremento en el recurso necesario para ello;

• Se entorpeció la planeación y asignación del recurso necesarios para la operación de estas universidades, ya que no se cuentan con criterios claros y equitativos, lo cual es esencial debido a que el recurso de operación se encuentra concentrado en el programa presupuestario U006 “Subsidios Federales Para Organismos Descentralizados Estatales”, dicho recurso se distribuye entre todos los organismos creados bajo la modalidad Descentralizada, por lo que se ha dado preferencia en la asignación a las universidades tecnológicas sobre las politécnicas, lo que implicó el estancamiento en su operación y funcionamiento, ejemplo de ellos es que desde el 2013, no han sido autorizados los incrementos en proporción a la matrícula de las UP. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que realice las gestiones jurídicas, presupuestarias y organizacionales necesarias con la finalidad de crear una unidad responsable que tenga como función específica la coordinación de las universidades politécnicas en el país.

Palacio Legislativo San Lázaro, diciembre 14 de 2021.

Diputada Sayonara Vargas Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS a implantar un programa de recuperación de empleos perdidos a causa de la pandemia de Covid-19 centrado en la población de 30 a 65 años, a cargo de la diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla, del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a implementar un Programa de Recuperación del Empleo, enfocada en la población de 30 a 65 años que a causa de la pandemia hayan perdido su fuente de empleo

Exposición de Motivos

Anterior a la irrupción de la pandemia causada por la COVID-19, el Gobierno federal encabezado por el Presidente de la República había comenzado a desplegar por todo el país un ambicioso paquete de programas sociales encaminados a fortalecer la economía de los sectores más vulnerables.

Tales programas como la pensión de los adultos mayores que actualmente es universal; es decir, todos los adultos mayores, a partir de los 65 años reciben una pensión bimestral, que ha ido incrementándose en su monto actual que es de 3 mil 100 pesos, cabe mencionar que dicho mosto se actualiza, con la intención de llegar a los 6 mil pesos bimestrales antes de concluir el presente sexenio.

Así mismo se implementó un programa de apoyo a madres y padres trabajadores solteros, como financiamiento para el cuidado de los menores y con ello darles mayores oportunidades de obtener un empleo o conservarlo sin descuidar a sus hijos menores. Este montos van de mil 600 pesos para menores de un año hasta 4, así como al tratarse de menores con discapacidad el monto incrementa a tres mil 600 hasta la edad de seis años.

Otro de los Programas sociales son las Becas Bienestar, que han sido claves en el proceso de contención en el incremento de la deserción escolar por falta de recursos económicos. La “Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación1 ”, evidenció la necesidad de fortalecer los apoyos para todos los estudiantes del país, por ello, las y los diputados del grupo parlamentario de Morena, decidimos aumentar el presupuesto de los programas sociales, de tal manera que, no sea la falta de dinero el impedimento para acceder a la educación.

Así mismo este gobierno realiza una inversión en la capacitación laboral de las y los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, que no estudian y no trabajan, vinculándoles con empresas, talleres, instituciones o negocios donde desarrollan o fortalecen hábitos laborales y competencias técnicas para incrementar sus posibilidades de empleabilidad.

Durante la capacitación, hasta por un año, los jóvenes reciben un apoyo mensual de $ 4,310.00 y un seguro médico contra enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.2

Sin duda dichos programas sociales han permitido a miles de familias sortear las complicaciones económicas derivadas del confinamiento por la pandemia, sin embargo, existe una brecha poblacional vulnerable ante los efectos del desempleo, dado que por su rango de edad no pueden acceder a algunos de estos programas sociales que mitiguen el impacto negativo del desempleo.

Ante esta realidad es necesario exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que implemente un programa de rescate laboral de las personas desempleadas en un rango de 30 a 65 años que a causa de la pandemia hayan perdido su fuente de empleo, considerando que los programas sociales no cubren el rango de edad, por ende, debe generase políticas públicas que impulsen la reactivación laboral de esta población.

En el estudio Impacto de La Pandemia de Covid-19 en el Mercado Laboral Mexicano y en el SAR , la Secretaría de Hacienda del Gobierno federal, identifica que el grupo de población más afectada por la pérdida del empleo tiene entre 15 y 44 años3 , sin embargo, no es óbice insistir en la falta de un programa social que blinde a la población de 30 a 65 años desempleada, de ahí la urgencia de este punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso del Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a implementar un Programa de Recuperación del Empleo, enfocado en la población de 30 a 65 años que a causa de la pandemia hayan perdido su fuente de empleo.

Notas:

1. inegi.org.mx/contenidos/investigacion/ecovided/2020/doc/ecovid_ed_2020_ presentacion_resultados.pdf

2. https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/

3. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/656430/
AP052021_Impacto_de_la_Pandemia_en_el_Mercado_Laboral_VFF.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de diciembre de 2021

Diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a agilizar por el INM los trámites relativos a la expedición de la tarjeta de visitante regional, suscrita por los diputados Ismael Brito Mazariegos y Manuel de Jesús Narcia Coutiño, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, diputados Ismael Brito Mazariegos y Manuel de Jesús Narcia Coutiño integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que a través del Instituto Nacional de Migración se agilicen los trámites relativos a la expedición de la Tarjeta de Visitante Regional, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

La actividad turística es uno de los pilares más importantes en donde se sustenta la economía de nuestro país. Es un sector fundamental para la atracción de inversión, el crecimiento económico y el desarrollo social y regional.

México es una potencia a nivel internacional en el sector turismo, de acuerdo con el Ranking Mundial del Turismo Internacional, nuestro país ocupa el puesto número 7 por llegada de turistas internacionales con 45 millones de turistas al año, y el puesto número 17 por ingreso de divisas con 24.6 miles de millones de dólares al año1 .

Por otro lado, la línea fronteriza del sur de nuestro país está conformada por 1,240 kilómetros y 206,061 kilómetros cuadrados de superficie de región que forman los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

• Con Guatemala, el país de la eterna primavera, tenemos 962 kilómetros de línea fronteriza vinculando el territorio de los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Petén.

• Con Belice son 278 kilómetros de línea fronteriza que enlaza el territorio de los distritos de Corozal y Orange Walk.

La región de la frontera sur del país es, entre otras cosas, reconocida por su amplia oferta de turismo cultural y natural. De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo y el sistema Datatur , la llegada total de turistas por año en cada uno de los estados de la frontera sur alcanza los siguientes números:

• Campeche: 1,578,131 (2018)2

• Tabasco: 1,408,949 (2019)3

• Quintana Roo: 16,674,407 (2018)4

• Chiapas: 4,376,440 (2019)5

Respecto al turismo internacional que cruza por la frontera sur, la mayor cantidad de visitantes provienen de Guatemala y las principales fronteras de entrada se encuentran en el estado de Chiapas. Los visitantes guatemaltecos forman parte de las primeras 5 nacionalidades internacionales de visitantes en Chiapas. El turismo transfronterizo en la región de la frontera sur, se trata de un fenómeno que tiene sus propias peculiaridades, pues es un turismo constante (por la cercanía), y con mucho impacto comercial, ya que en muchas ocasiones se visita el sur de México únicamente a realizar compras de productos y servicios, por su calidad y precios.

Tapachula, Chiapas, llamada la “perla del Soconusco”, es una de las ciudades fronterizas más importantes del sur de México. Y la región de la frontera sur de México tiene tres cruces importantes: Unión Juárez/Sibinal, Talismán/El Carmen y Ciudad Hidalgo/Tecún Umán. Los tres tienen dinámicas transfronterizas muy particulares, desde la económica y la cultural hasta las historias cotidianas de la población asentada en esta frontera. Se trata de un lugar dinámico y de un espacio de encuentro/desencuentro, de diálogo/conflicto6 .

7

El turismo en la región de la frontera sur sufrió cambios importantes durante los años 2018, 2019 y 2020, debido a diversos fenómenos sociales que han impactado en la realidad a nivel local e internacional, por un lado, las caravanas de migrantes centroamericanos que buscan mejores condiciones de vida en EE.UU. y en México, situación que desde el 2018 aumentó de forma exponencial. Y, por otro lado, la pandemia de la Covid-19 que afectó a todo el mundo en temas esenciales como la administración de la salud pública y el desarrollo económico. Estos factores influyeron de manera sustancial el cruce de la frontera sur, impactando también en el turismo transfronterizo, una actividad económica fundamental para esta región.

Ante estas situaciones complejas, una de las estrategias que el Gobierno de México implementó para regular el tránsito de personas en la frontera sur fue la expedición de la denominada Tarjeta de Visitante Regional (TVR). Documento de identidad que permite a guatemaltecos y beliceños ingresar por la frontera sur de manera fácil y segura por un periodo limitado de tiempo y siempre que sea con motivos de visita a familiares, turismo o compras. Este documento permite a los ciudadanos de Guatemala y Belice entrar y salir formalmente cuantas veces lo deseen por cualquier punto de internación de la frontera sur, y visitar o transitar hasta por 3 días las poblaciones de los estados de: Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.8

Sin embargo, desde agosto de 2019 se tienen reportes sobre la suspensión de la entrega de las Tarjetas de Visitante Regional a turistas guatemaltecos por parte del Instituto Nacional de Migración por diversos motivos, entre los que destacan la falta de material provocada por privilegiar la expedición de tarjetas de tránsito dirigidas a migrantes centroamericanos de otras nacionalidades como hondureños, salvadoreños.9

Además, el 17 marzo de 2020, como parte de las medidas que implementó el Gobierno de Guatemala para atender la pandemia de la Covid-19 se decidió cerrar todas las fronteras de este país10 . Asimismo, a partir del 18 marzo de 2021 el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, anunció el cierre de las fronteras con Guatemala y Belice a actividades no esenciales para prevenir la propagación de la Covid-1911 .

Los cierres fronterizos en la franja de la frontera sur, causados por los diversos factores que aquí se exponen, así como la suspensión de la expedición de las tarjetas de visitante regional, han significado grandes pérdidas para el sector turístico y económico de esta región.

De acuerdo con el Reporte Estadístico de Indicadores de Sector Turístico del Estado de Chiapas, enero-octubre 2021 12 en lo que va de este año, la afluencia de visitantes al Estado de Chiapas es de 4,877,341, casi el doble de lo que sucedió en el año 2020, un año muy difícil para el turismo debido a que la pandemia de la Covid-19 se encontraba en uno de sus puntos más críticos. Así mismo, según el reporte en comento, la derrama económica del turismo en Chiapas al día de hoy es de $ 11,121 millones de pesos, y los principales destinos turísticos son

• Tuxtla Gutiérrez
• San Cristóbal de las Casas
• Palenque
• Tapachula
• Chiapa de Corzo
• Comitán
• Toniná
• Centros Turísticos de Naturaleza

De acuerdo con el reporte en comento, la derrama económica en Chiapas a sido la siguiente:

13

Como podemos observar en la información anterior, la derrama económica que genera el turismo para la región de la frontera sur es indiscutible. En este sentido, empresarios chiapanecos han expresado en diversas ocasiones su preocupación por el cierre de fronteras y la suspensión de la entrega de las Tarjetas de Visitante Regional ya que, de acuerdo con María Eugenia Moreno Mendoza presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Tapachula, el turismo guatemalteco genera el 70% de los ingresos en los comercios de productos y servicios en Tapachula, Chiapas14 .

En esta tesitura, empresarios de México se han pronunciado en favor de políticas que permitan el ingreso seguro a estos turistas guatemaltecos debido a la gran dependencia económica del intercambio comercial en esta región. De igual forma, el cónsul de Guatemala en Tapachula, Carlos Enrique Chopén Choc, manifestó que sus paisanos que quieren ingresar a México de manera legal, pero enfrentan dificultades para obtener la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), por lo que algunos han decidido entrar de manera irregular con los riesgos de detención por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), agregó que “Al no poder tramitar la TVR, una gran cantidad de guatemaltecos, cruza de manera irregular por el río Suchiate, pero son detenidos en el trayecto a Tapachula o cuando se dirigen a otros municipios, y son trasladados a la Estación Migratoria Siglo XXI”.15

Otro factor que ha afectado la expedición de las Tarjetas de Visitante Regional es que, de acuerdo con declaraciones de empresarios chiapanecos, se cuenta con un número limitado de expedición de TVR al día (entre 200 y 250) en los cruces fronterizos de Chiapas y Guatemala, situación que ha provocado actos de corrupción en dichos cruces fronterizos en donde personas “apartan” los lugares en la fila para tramitar la TVR y venden el lugar hasta en $ 2,000.00 pesos.

Por lo anterior, es de vital importancia para el desarrollo y la recuperación económica de la región de la frontera sur, y en específico de Chiapas, que se dé prioridad, agilidad y facilidad a los trámites de expedición de la Tarjeta de Visitante Regional para turismo internacional de Guatemala.

Por último, se sugiere se implemente el uso de tecnologías de la información para contar con registros digitales que faciliten los trámites relativos a la Tarjeta de Visitante Regional, así como para evitar actos de corrupción en torno a la expedición de dichos documentos.

En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que, a través de las facultades y competencias del Instituto Nacional de Migración, se instruya la implementación de las acciones necesarias para agilizar y privilegiar los trámites de expedición de la Tarjeta de Visitante Regional a visitantes de Guatemala con fines turísticos y comerciales.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que, a través de las facultades y competencias del Instituto Nacional de Migración, se instruya la implementación de las acciones necesarias para hacer uso de las tecnologías de la información para que en los trámites de la Tarjeta de Visitante Regional se implemente el uso de registros digitales.

Notas:

1, Organización Mundial del Turismo. Panorama OMT de Turismo Internacional, noviembre 2021. Años actualizados 2015-2017, 2018, 2019 y 2020. Disponible en:

https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/RankingOMT.a spx fecha de consulta: diciembre 2021??

2. Disponible en: https://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF/ITxEF_CAM.aspx fecha de consulta: diciembre 2021.

3. Disponible en: https://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF/ITxEF_TAB.aspx fecha de consulta: diciembre 2021.

4. Disponible en: https://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF/ITxEF_QROO.aspx fecha de consulta: diciembre 2021.

5. Disponible en: https://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF/ITxEF_CHIS.aspx fecha de consulta: diciembre 2021.

6. Porraz, Gómez (2020) Entrar, transitar o vivir en la frontera sur de México. Revista Nueva Sociedad 289, septiembre - octubre 2020, ISSN: 0251-3552.

7. Ídem.

8. Secretaría de Relaciones Exteriores. Consulado de México, Tecún Umán, San Marcos. Disponible en:

https://consulmex.sre.gob.mx/tecunuman/index.php/es/avis os/64-tvr fecha de consulta: diciembre 2021.

9. Fuentes:
https://lopezdoriga.com/nacional/suspenden-por-falta-de-insumos-entrega-de-tarjeta-de-visitantes-en-chiapas/;
https://www.prensalibre.com/ciudades/quetzaltenango/mexico-suspende-renovacion-y-tramite-de-primera-tarjeta-de
-visitante-regional-tvr-a-guatemaltecos-en-chiapas/ fecha de consulta: diciembre 2021

10. Gobierno de Guatemala. Disponible en: https://twitter.com/GuatemalaGob/status/
1239910926700216321?s=20, fecha de consulta: diciembre 2021.

11. Disponible en: https://elpais.com/mexico/2021-03-19/mexico-cerrara-este-viernes-la-fro ntera-con-guatemala-y-belice-a-actividades-no-esenciales.html, fecha de consulta: diciembre 2021.

12. Secretaría de Turismo. Reporte Estadístico de Indicadores del Sector Turístico de Chiapas. Octubre 2021. Gobierno de Chiapas.

13. Ídem.

14. Disponible en: https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/cierre-de-fronte ra-con-guatemala-golpea-a-la-economia-del-soconusco-frontera-economia-m ercancia-venta-5597953.html, fecha de consulta: diciembre 2021.

15. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/01/29/empresarios-de-me xico-y-guatemala-exigen-seguridad-para-turistas-6396.html , fecha de consulta: diciembre 2021.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2021.

Diputados: Ismael Brito Mazariegos, Manuel de Jesús Narcia Coutiño (rúbricas)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y la Sedena a revisar el cumplimiento de la normativa en materia de producción y comercialización y venta de pirotecnia, a cargo de la diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla, del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión con fundamento en los artículos 6 numeral 1; fracción II del artículo 79 del reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea, punto de acuerdo mediante el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de la Defensa Nacional, a revisar el cumplimiento de la normatividad en materia de producción, comercialización y venta de pirotecnia, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), ha dejado consecuencias devastadoras que han acabado con la vida de miles de mexicanos, asimismo, su impacto ha puesto en grave riesgo el bienestar de la población, lo anterior a pesar de los grandes esfuerzos que ha realizado nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es de todos conocido que el SARS-CoV2 es un virus que surgió por primera vez en la ciudad de Wuhan, China, extendiéndose en forma acelerada por todos los continentes del mundo provocando la pandemia que fue declarada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 11 de marzo de 2020.

Dentro de los factores que desafortunadamente han contribuido a la cadena interminable de transmisión de contagios de una persona a otra, es a través del aire, al toser y estornudar, al tocar o estrechar la mano de una persona enferma o al tocar un objeto o superficie contaminada; y llevarse las manos sucias a la boca, la nariz o los ojos.

Asimismo, es de destacarse que de manera reciente la Secretaría de Salud ha señalado que la contaminación del aire se encuentra asociada con el riesgo de agravamiento de la enfermedad COVID-19, en ese sentido el director de Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública, ha puntualizado que “la contaminación del aire produce una vulnerabilidad más alta a las infecciones bacterianas y virales, lo que puede influir en la progresión del brote de COVID-19 al aumentar la susceptibilidad del huésped a la infección vírica ”.

En el mismo sentido en el artículo titulado “Revisión rápida: contaminación del aire y morbimortalidad por Covid-19 ”1 , se señala que la incidencia y el riesgo de mortalidad por Covid-19 se incrementan con la exposición aguda y crónica a los contaminantes del aire, particularmente a PM2.5, PM10 y NO2. Los estudios han informado una relación entre la propagación y la capacidad de contagio de algunos virus con los niveles atmosféricos y la movilidad de los contaminantes del aire.

Con respecto a las anteriores afirmaciones, el coordinador ejecutivo de Vinculación Institucional de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came), ha manifestado que “las poblaciones que viven en lugares con mala calidad del aire son más vulnerables a las epidemias respiratorias, pues la contaminación debilita el sistema inmune y lo hace menos resistente a virus y bacterias ”2 .

Es oportuno comentar que varias ciudades de nuestro país ocupan los primeros lugares a nivel mundial como las más contaminadas del planeta, así por ejemplo encontramos que dentro de los primeros 20 sitios se encuentran Toluca, Tijuana, Puebla, Guadalajara, Nezahualcoyotl, Juárez, Mexicali, entre otras.

La contaminación atmosférica en la ciudad de Mexicali ha sido calificada en diversos momentos como la más grave a nivel mundial, particularmente en la temporada decembrina, un ejemplo de ello es que en 2018, el fotógrafo mexicalense Eliud Gil Samaniego, gano el premio llamado: “Environmental photographer of the year”3 , con una fotografía que describe el amanecer en Mexicali, en la época del Año Nuevo el 1 de enero de 2018.

Es penoso reconocer que de acuerdo con el Informe Mundial de la Calidad del Aire 2018 , realizado por la firma IQAir, Mexicali fue catalogada como la ciudad que presento en ese año los mayores índices de contaminación del aire en México y de la región de América del Norte, y como la sexta urbe con la peor calidad del aire de todo el continente.

De igual forma, en el Informe sobre calidad del aire en Mexicali durante 2020, auspiciado por la Fundación para la Investigación de la Calidad del Aire A. C., se da cuenta que la contaminación atmosférica en la ciudad de Mexicali es identificada como una de las problemáticas ambientales de mayor impacto según lo reflejan los “Sondeos de Percepción de la Calidad de Aire ” documentados en el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del Estado de Baja California 2018-2027. Además, en marzo del 2020 se publicó el estudio “Percepción de la comunidad sobre la campaña “Ambientalizate ” en Mexicali ” en la que el 37.3% de los encuestados consideraron que la calidad del aire en la ciudad es “Muy mala ”, y el 54.5% considero? que la contaminación afecta la salud en general. Si bien el problema es cuantificable científicamente, y además se puede comprobar esa percepción a simple vista (y olfato), el sentir de los habitantes es amplificado por una atención mediática en publicaciones como el estudio de “Impactos en salud y en productividad para 34 ciudades mexicanas ” publicado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) en el cual se posiciona a Mexicali como la ciudad que presento? los mayores índices de concentración de Material Particulado PM10; el estudio se basa en la información disponible para el año 2010. ****[4]

Las causas que abonan a la terrible calidad de aire en Mexicali en estas épocas de fin de año son variables desde la falta de pavimentación, industrias, tráfico vehicular, quemas agrícolas y de residuos sólidos, uso de pirotecnia, fogatas, entre otras .

Por lo antes expuesto, no podemos quedar inertes ante estos graves problemas que se presentan de forma sustantiva en estos tiempos, sobre todo cuando la salud de la población se encuentra en un severo riesgo a causa del COVID 19, por ello con la intención de que se tomen medidas para prevenir contingencias ambientales en Mexicali, Baja California, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. – La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de la Defensa Nacional, a efecto de que vigilen el cumplimiento de la normatividad relacionada con la producción, comercialización y venta de pirotecnia, a fin de evitar su proliferación descontrolada en la ciudad de Mexicali, Baja California.

Notas:

1. https://www.saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/11481/11889

2. https://coronavirus.gob.mx/2020/07/24/
contaminacion-ambiental-aumenta-susceptibilidad-a-infecciones-bacterianas-y-respiratorias/

3. https://cadenanoticias.com/regional/2019/09/mexicalense-gana-premio-int ernacional-de-fotografia

4. https://www.redspira.org/images/Medios/Informe-calidad-del-aire-en-Mexi cali-Redspira-2020.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2021.

Diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 20 de diciembre, Día Internacional de la Solidaridad Humana, a cargo de la diputada Karina Marlen Barrón Perales, del Grupo Parlamentario del PRI

El próximo 20 de diciembre, se celebra el Día Internacional de la Solidaridad Humana , que tuvo origen en la Declaración del Milenio de septiembre del año 2000, en donde se enalteció la incorporación del término de “Solidaridad” como acción y como instrumento para que a partir de este, los problemas mundiales se abordaran de manera que, los costos y las cargas fueran distribuidos con justicia, conforme a los principios fundamentales de la equidad y la justicia social, para que los que sufren o los que menos tienen, se beneficiaran y merecen recibir la ayuda de aquellos que fueron mas más beneficiados.. Pero, acaso para celebrar un valor tan importante como lo es la Solidaridad ¿No deberíamos vivir reflejando este, en nuestras acciones?

Es por eso, que los invito a hacer una reflexión, debemos revalorar este delicado aspecto, porque el concepto de Solidaridad no solo debe quedarse en el discurso, en las palabras bonitas, en los enunciados glamurosos de aquellos que solo pretenden alimentar su vanidad, sin la finalidad de apoyar a quienes lo necesitan. Entendamos a la Solidaridad, como valor fundamental que se debe brindar para quienes se encuentren en desigualdad, para todos los que necesitan y que, por ello, se beneficien recibiendo la ayuda de los más acomodados.

En la actualidad, estamos ante una crisis sanitaria mundial nunca vista en nuestra historia, que propaga dolor, perdidas de toda índole, sufrimiento, infectando la economía mundial y trastocando la vida de la gente. Y solo basta mirar el entorno global y observar lo increíblemente entrelazadas que se encuentras las naciones y como la falta de solidaridad, repercute a todo el mundo. Hay países de primer mundo que ya están aplicando la tercera dosis para enfrentar al Covid-19, cuando lo recomendable según los estudios de laboratorios internacionales y de las farmacéuticas, la recomendación era de solo 2 dosis; mientras que hay países en vías de desarrollo que no contaron ni siquiera con la primera dosis; es justo ahí, en esas regiones más desprotegidas, donde surge la última variante llamada Ómicron, que está poniendo en riesgo nuevamente a la población mundial.

En consecuencia, por falta de solidaridad internacional estamos en un círculo vicioso que no encuentra una solución pronta.

Pero, y que pasa aquí, en nuestro país, que no escapa a esa falta de sensibilidad respecto a la solidaridad. Seguimos observando abusos de hombres hacia mujeres arrebatándoles la vida, de autoridades corruptas que actúan sin control, de niños violentados y abusados en sus derechos, de personas de la tercera edad, abandonadas a su suerte y mil escenas más que nos parecen cotidianas y no, deben serlo más. Por eso, este día alzo la voz, porque quiero ser ECO en cada uno de ustedes, para que la solidaridad no solo sea parte de la celebración en el calendario anual, sino, para que la solidaridad sea un hecho, para que la apliquemos en el más sencillo gesto de nuestro día a día, llevándola de una acción a un hábito, que nos haga mejores y que ayude a equilibrar a las sociedades, a los individuos y nos tendamos la mano, en estos momentos de necesidad para los nuestros.

Gracias por su atención.

Es cuánto.

Diputada Karina Marlen Barrón Perales (rúbrica)