Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE, la Conagua y la Semarnat a coordinar las medidas de protección ante el derrame de aguas negras en el río Bravo, a cargo de la diputada Simey Olvera Bautista, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe diputada Simey Olvera Bautista, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de está soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que con fecha 13 de agosto de 2021, la empresa estadunidense “El Paso Water” experimentó un desperfecto en su sistema de tuberías de aguas negras denominada Frontera Force Main, ubicadas cerca de Sunland Park Drive y Doniphan en la Ciudad de El Paso, Texas, en los Estados Unidos.1

Que, de acuerdo con su sitio web, dichas líneas forman parte de un sistema que da servicio a más de 100 mil habitantes de dicha ciudad, transportando aguas residuales de lavabos, inodoros, etc.

Que, derivado de la ruptura de las tuberías, la empresa tomó la decisión de desviar las aguas negras al Río Grande, en la parte estadunidense.

Debido a esto diariamente se han vertido durante varios meses más de 37 millones de litros de aguas negras por día al cause del Río Grande por parte de la empresa El Paso Water, generando la misma empresa y autoridades estadunidenses considerables alertas a los trabajadores de la empresa y ciudadanos.

En un comunicado de prensa de EPWater del 14 de septiembre de 2021, la compañía informa que “The wastewater release into the river is occurring at the riverbed near Paisano Drive and Racetrack Drive. From that point south, EPWater is cautioning the community to avoid all contact with the river .” [La liberación de aguas residuales al río se produce en el lecho del río cerca de Paisano Drive y Racetrack Drive. Desde ese punto hacia el sur, EPWater advierte a la comunidad que evite todo contacto con el río.]2

Lo que significa que, de acuerdo con el cause natural del Río Grande3 , dichas descargas fluyen hacia la parte del río ya denominada Río Bravo, que divide la frontera entre México y los Estados Unidos, entre las ciudades de Juárez y El Paso respectivamente.

En el mismo comunicado, la empresa advierte además de estar conscientes de que habrá impactos en el ecosistema de Río. Sin embargo, de acuerdo con las indicaciones de la propia Texas Commission on Environmental Quality, recibieron indicaciones de no dar tratamiento a las aguas vertidas.

De acuerdo con notas periodísticas, la Comisión Internacional de Límites de Aguas, en su capítulo estadunidense avisó a su contraparte mexicana sobre la situación respecto de la descarga.4

Estas mismas notas periodísticas destacan que funcionarios de la Comisión Nacional del Agua del estado de Chihuahua no ha presentado información al respecto, al tratarse de un asunto de carácter central.5

El Dr. Marcos López Torres, ecologista advirtió a en diversas notas su preocupación por los graves daños que estas descargas están generando en aves y biodiversidad del parque “El Chamizal”6

Al tratarse de aguas residuales habitacionales, se corre también riesgos biológicos a la población de Ciudad Juárez y toda la extensión del Río Bravo, así como migrantes y personas que transitan a través de la frontera.

Un estudio científico de la UNAM, determina que el virus del SARS-CoV-2 también se encuentra presente en las aguas residuales, lo cual aumenta el riesgo de las descargas que realiza la empresa EPWater. “Existen estudios científicos que avalan la presencia del virus en el agua residual y sobre los factores que afectan su prevalencia en ese medio ”7

Existe una preocupación importante de las consecuencias de este accidente ecológico.

Dicha derrama, como se ha expuesto, pone en riegos la biodiversidad alrededor del Río Bravo, a los habitantes de Ciudad Juárez y cientos de migrantes que diariamente intentan cruzar la frontera nadando a través del Río Bravo, esto último lo que aumenta en riesgo para esta población vulnerable.

De acuerdo con los comunicados de la empresa El Paso Water mencionados, será hasta finales de este año cuando se encuentren completamente reparadas las tuberías de aguas negras, lo cual representa un aproximado de 5 mil millones de litros de aguas residuales vertidas al Río Bravo durante este tiempo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el ámbito de sus competencias, realicen las acciones necesarias para mitigar el daño ambiental en el afluente del Río Bravo derivado de las descargas de aguas residuales de la empresa El Paso Water en los Estados Unidos.

Segundo.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con las normas aplicables, generen los avisos necesarios a la ciudadanía sobre los riesgos presentes en el afluente del Río Bravo derivado de las descargas de aguas residuales de la empresa El Paso Water en los Estados Unidos.

Tercero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, de acuerdo con los tratados internacionales celebrados y la legislación al respecto, se responsabilice de los daños causados al ecosistema del Río Bravo, en lo que respecta a la frontera con México, a la empresa El Paso Water.

Notas:

1 El Paso Water. (2021, 13 agosto). Wastewater spill contained and reported to TCEQ [Comunicado de prensa]. https://www.epwater.org/cms/one.aspx?portalId=6843488&pageId=179215 64

2. El Paso Water. (2021b, septiembre 19). Wastewater main breaks force discharge into river [Comunicado de prensa]. https://www.epwater.org/about_us/newsroom/news_from_the_pipeline/wastew ater_main_breaks_force_discharge_into_river

3. TSHA | Rio Grande. (s. f.). Texas State Historical Association. Recuperado 5 de diciembre de 2021, de

https://www.tshaonline.org/handbook/entries/rio-grande

4. Sputnik Mundo. (2021, 30 noviembre). Empresa de EEUU envenena al Río Bravo con aguas negras y lo convierte en «un foco de infección». https://mundo.sputniknews.com/20211129/empresa-de-eeuu-envenena-al- rio-bravo-con-agua-negras-se-convierte-en-un-foco-de-infeccion-11187649 72.html

5. González, R. (2021, 3 diciembre). Envenenan al Río Bravo con aguas negras . El Sol de México | Columnas. https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/envenenan-al-rio-bravo -con-aguas-negras-7538086.html

6. Villalpando, R. (2021, 6 diciembre). La Jornada: Cada día vierten 37.8 millones de m3 de aguas negras al río Bravo . La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2021/12/06/estados/028n2est?partner=rss

7. Rodríguez Rodríguez, Y., Regla Rosa Domínguez, E., Jauregui-Haza, U., Boluda, C. J., & Rodríguez De Francisco, L. E. (2021). SARS-CoV-2 en aguas residuales y superficiales: ¿cómo lidiar con el problema? Ciencia y Salud , 5(1), 19–26.

https://doi.org/10.22206/cysa.2021.v5i1.pp19-26

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el 9 de diciembre de 2021.

Diputada Simey Olvera Bautista (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a realizar pruebas de detección de VIH y garantizar los tratamientos antirretrovirales en todo el país, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, el Informe Nacional de Monitoreo de Compromisos y Objetivos Ampliados para Poner Fin al VIH 2018, elaborado por el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida (Censida, con información hasta 2017) documenta su prevalencia.

El VIH, además de ser un padecimiento, tiene un aspecto social relacionado con la desigualdad, la discriminación, el estigma y la marginación que, por tanto, además de intervención desde el ámbito de la salud pública, requiere de una respuesta con enfoque de derechos humanos.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la materialización de las responsabilidades del Estado mexicano para garantizar el respeto y ejercicio de los derechos humanos de las personas que viven con VIH implica diversos retos, entre los que se encuentran el redoblar esfuerzos en la difusión de información sobre el VIH, las medidas de prevención, sus vías de transmisión, así como sobre los derechos humanos relacionados con la materia, especialmente, al acceso a la prueba de detección, a la confidencialidad del diagnóstico y al tratamiento antirretroviral.

La magnitud del problema de salud ocasionado por el VIH ha traído consigo un importante esfuerzo e inversión en nuevas terapias. Cuando inició la epidemia, el tratamiento consistía en abordar las enfermedades oportunistas en lugar de atacar el virus en sí mismo. Sin embargo, en los últimos 10 años, los avances farmacológicos han producido un número de nuevos medicamentos, retardando la progresión a SIDA.

Gracias a los grandes avances realizados en el diagnóstico oportuno, las terapias antirretrovirales de alta actividad y las mejoras en el enfoque terapéutico integral del virus, cada vez más personas que viven con VIH pueden aspirar a tener una esperanza de vida comparable a la de la población sin VIH.

Sin embargo, es importante señalar la importancia de que se evalúe constantemente el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que viven con VIH y se considere la utilización de nuevos esquemas terapéuticos en su tratamiento, lo cual también va de la mano con el uso racional de los recursos en salud y la priorización de los tratamientos con el balance costo-beneficio.1

Esta evaluación de los tratamientos es fundamental ya que, para el caso de las personas con este padecimiento, las medidas de mortalidad sólo reflejan una de las consecuencias de la enfermedad, es decir, la pérdida potencial de la vida, pero no valoran en cambio la pérdida del bienestar que provocan los propios tratamientos.

Vale la pena puntualizar que en muchas de las personas que han vivido con VIH durante más tiempo, están apareciendo comorbilidades, es decir, la presencia de otras condiciones de salud además del VIH, con estrecha relación con la toxicidad de los tratamientos que reciben y esto afecta su capacidad de disfrutar de una calidad de vida óptima.

Debido al contexto específico en el que nos encontramos por la pandemia por Covid desde el 19 desde marzo de 2020, se ha presentado en el país un desabasto general de medicamentos antirretrovirales que generó amenazas para la calidad de vida de personas que viven con VIH, de igual manera las acciones de detección disminuyeron hasta ser casi nulas.

Ante este escenario es importante resaltar que el derecho a una atención médica de buena calidad para todos, en todas partes, significa que ninguna pandemia debe combatirse a expensas de otra. Todas las enfermedades infecciosas plantean desafíos políticos, sociales y económicos que deben ser atendidos simultáneamente.

Por todo lo anterior, reconocemos que optimizar y mejorar la calidad de vida de las personas que viven con VIH es esencial. El objetivo, en relación a este tema, debe ser convertir una enfermedad que alguna vez fue mortal en una condición crónica tratable que ya no impida que las personas disfruten de vidas plenas, productivas, significativas y sin discriminación.

Por todo lo anterior, es necesario traer a la agenda pública la importancia no sólo de la prevención del VIH sino también hablar de calidad de vida para las personas que viven con VIH, con el objetivo de que puedan tener una vida digna. Es por ello que someto a la consideración de este pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a efecto de que en el ámbito de su competencia y en su calidad de autoridad coordinadora del Sistema Nacional de Salud, tome las medidas necesarias para garantizar el acceso a pruebas de detección de VIH y a tratamientos antirretrovirales de manera generalizada en toda la República Mexicana, para subsanar la afectación causada por el desabasto de éstos en todo el país.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo de Salubridad General como autoridad responsable de la elaboración del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, a llevar a cabo la evaluación de los tratamientos para VIH, incluyendo la perspectiva de calidad de vida del paciente.

Tercero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a realizar campañas informativas sobre los derechos humanos de las personas que viven con VIH, especialmente sobre el acceso a la prueba de detección, a la confidencialidad del diagnóstico y al tratamiento antirretroviral.

Nota

1 Ortiz, Emma Adriana y Plata Castillo, Lorena. “Análisis de la utilidad de los años de vida ajustados a calidad en la toma de decisiones costo-efectiva” Revista CES Salud Pública. Volumen 2, Número 2, Julio-Diciembre 2011, 218-226

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2021.

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a implantar por la CFE el programa prioritario Internet para Todos, a cargo de la diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV, con fundamento en lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Comisión Federal de Electricidad y su empresa productiva subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos a apresurar de inmediato la implantación del programa prioritario Internet para Todos.

Exposición de Motivos

De acuerdo con el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), se consideran Zonas de Atención Prioritaria “las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social”. Su determinación se orientará por los criterios de resultados que para tal efecto defina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Asimismo, el artículo 29 del Reglamento de la LGDS, establece que la Secretaría de Bienestar del gobierno federal, determinará anualmente las zonas de atención prioritaria, con el propósito de dirigir las acciones más urgentes para superar las marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social y fortalecer el desarrollo regional equilibrado.

De esta manera, y en atención al marco jurídico que rige su quehacer, el Coneval hace del conocimiento a la Secretaría de Bienestar los resultados más recientes de los indicadores de pobreza, carencias sociales Índice de Rezago Social e indicadores de corto plazo, con el fin de apoyar el establecimiento de las zonas de atención prioritaria, mismas que consideran información proveniente de los censos y las encuestas que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) como el Censo de Población y Vivienda 2020, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2020 (ENIGH), la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOE).

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce como derecho humano el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), así como a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, incluido el de internet. Por ello, en su artículo 6o. señala como obligación del Estado garantizar el acceso a dichos servicios, y ordena establecer las bases para que la prestación de éstos se realice en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, al tiempo en que fomenta los valores de la identidad nacional.

Los gobiernos de los países han intentado disminuir la brecha de conectividad y acceso a servicios TIC a través de proyectos comunitarios o políticas de obligaciones de cobertura a prestadores de servicios, sin lograr resultados eficientes.

La brecha digital, en los diferentes niveles, refiere a la relación en el acceso, uso o habilidades de las personas de determinados grupos sociodemográficos, concernientes a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

La perspectiva de la desigualdad digital se puede establecer desde diferentes aristas como la geográfica, de género, de asequibilidad, entre otras. De igual manera, es importante analizar los indicadores clave que permiten distinguir la probabilidad de poseer un mayor y mejor acceso en términos de calidad o de capacidad.

Si nos preguntamos cuáles son las cualidades de cierta población para tener acceso frente a otra, enseguida las respuestas cualitativas pueden darse a partir de su localización, capacidad económica, cantidad de habitantes, región de vivienda, entre otras; pero el análisis de su magnitud podría darnos una mejor orientación sobre las estrategias de conectividad que pueden surgir. Es decir, no todas las localidades pueden o deben tener el mismo componente estratégico para su ampliación de cobertura o implementación de asequibilidad en su acceso.

Sin duda, una de las reformas estructurales que se diseñó para detonar el desarrollo humano y económico del país es precisamente la reforma en telecomunicaciones, la cual fue publicada el día 11 de junio de 2013 en el Diario Oficial de la Federación.

Dicha reforma nació con el noble espíritu de acercar las telecomunicaciones a todos los rincones de la nación, mediante el acceso eficiente de la población a la señal de televisión, radio, telefonía celular e internet. No hay que soslayar que, con el acercamiento de la tecnología en comunicación a todos los sectores de la población se incentiva la educación al facilitar la enseñanza en línea, se incrementan las posibilidades de negocios a través del comercio por internet, se facilitan los trámites administrativos mediante el uso de la red y, sobre todo, se acerca a las familias por medio de la comunicación telefónica, todo ello a un precio accesible para todos los mexicanos.

El 21 de marzo de 2018, se puso en marcha por el Ejecutivo federal el mega proyecto de la red compartida, con la cual se buscó aprovechar la banda ancha para extender a mas mexicanos el servicio de telefonía e internet, a efecto de que, en solamente seis años, el número de ciudadanos que gozarán de estos servicios, pasará de 60 millones a 92 millones de mexicanas y mexicanos los que disfruten de telefonía e internet de calidad y todavía a más bajo costo.

El actual gobierno de México, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), presentó el Programa de Cobertura Social.

Con el programa se cumple con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a garantizar el derecho de acceso de todos los mexicanos a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, incluido el de banda ancha e internet. Asimismo, observa el mandato de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) que ordena a la SCT “planear, fijar, instrumentar y conducir las políticas y los programas de cobertura universal y cobertura social”.

El objetivo del Programa de Cobertura Social es establecer las bases para promover el incremento en la cobertura de las redes y la penetración de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, incluyendo banda ancha e internet, bajo condiciones de disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad en las zonas de atención prioritaria de cobertura social, definidas por la propia Secretaría.

La primera promesa fue que todo México tendría internet en 2021, según se dijo en el segundo informe de gobierno del presidente López Obrador.

Un mes después la meta fue aplazada a 2022 según el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, y ahora una vez más el Presidente ha aplazado la meta, ahora para 2023, en su tercer Informe de Gobierno.

En la misma presentación de resultados se dijo que más de 85 mil comunidades tienen acceso y se llegará a 122 mil el próximo año .

Es claro que la referencia es la cobertura poblacional de la Red Compartida de Altán que, según propios de Altán, su cobertura social llega ya a 86 mil 713 localidades dentro de las cuales 77 mil 90 tienen menos de 250 habitantes y el cien por ciento del plan de cobertura social se cumplirá, a decir de Altán, en enero de 2022.

Cuando eso pase, la Red Compartida alcanzará 70 por ciento del total del país.

Claro está que alcance no es igual a acceso. Con corte al 2019 algo así como 88 por ciento de la población en el país tenía cobertura, pero sólo 70 por ciento tenía conexión a internet. Precisamente una de las herramientas para facilitar el tema de acceso a costos asequibles es CFE Telecomunicaciones, la empresa pública sin fines de lucro. No obstante, aunque CFE Telecomunicaciones fue creada en 2019, no hubo mención alguna a ella en el informe de gobierno .

Según el último reporte de Inegi y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en México hay 84.1 millones de usuarios de internet , lo que representa 72 por ciento de la población de seis años o más, un aumento de 1.9 puntos porcentuales respecto a 2019 . De continuar ese ritmo tomaría 15 años que toda persona mayor a seis años en México tenga acceso a internet.

En el marco de la puesta en marcha del Programa Cobertura Social e Internet para Todos, el acceso a los servicios de telefonía e internet han sido una constante demanda, planteada por gran parte de los habitantes de diversos municipios que se encuentran dentro de las Zonas de Atención Prioritaria.

Si bien se ha avanzado en la penetración de internet en el país, la proporción respecto de otras naciones del mundo es menor. En países como Corea del Sur, Reino Unido, Alemania y Suecia, 9 de cada 10 personas son usuarias de internet; mientras que en México la proporción es 7 de cada 10, 1 más respecto de 2018; esta cifra es mayor que la registrada en países como Colombia y Sudáfrica.

Por lo antes expuesto se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto de la división de Poderes, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a través de la Comisión Federal de Electricidad y su empresa productiva subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos a apresurar de inmediato la implantación del programa prioritario Internet para Todos, a fin de incrementar el número de beneficiarios de servicio de banda ancha e internet, sobre todo en las Zonas de Atención Prioritaria y las de más alta marginación , en especial las ubicadas dentro del Estado de México y así se puedan garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluido el de banda ancha e internet, su derecho a la educación, a la información y extensión de la inclusión financiera y asegurando la disponibilidad de los programas de bienestar social directamente a los beneficiarios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2021.

Diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y diversas autoridades de salud a prevenir y atender las enfermedades no transmisibles que figuran entre las 10 principales causas de mortalidad en el país, suscrita por el diputado Mario Xavier Peraza Ramírez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Mario Xavier Peraza Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En las últimas décadas se han incrementado de forma alarmante los factores que ponen en riesgo la salud de la población a nivel mundial y a la de nuestro país. La presencia de un importante número de enfermedades contagiosas y no contagiosas ha encendido las alertas a nivel internacional, toda vez que se enfrentan diversas problemáticas para atender de forma oportuna estos padecimientos que ocasionan un gran número de muertes cada año, bien, generan algún tipo de discapacidad temporal o permanente en las personas que las padecen.

Muchas de las enfermedades transmisibles y no transmisibles son prevenibles y, en su caso, curables si se detectan a tiempo, por lo cual es fundamental sean instrumentadas o, en su caso, fortalecidas las políticas públicas en materia sanitaria para hacerles frente de forma efectiva y aminorar los efectos negativos que generan, como altos costos en su atención y tratamiento, discapacidad en las personas que las padecen e incluso la muerte.

Las enfermedades no contagiosas son consideradas en la actualidad un problema de salud pública en el mundo por los efectos devastadores que ocasionan en la población y por los costos que generan su atención y tratamiento. Es pertinente tomar en cuenta que un importante número de enfermedades no transmisibles son ocasionadas por factores que pueden ser prevenidos con buenos hábitos alimenticios y de actividad física.

Una gran variedad de enfermedades transmisibles y no transmisibles se encuentran dentro de las primeras diez causas de muerte a nivel nacional e internacional, por lo que es urgente fortalecer las políticas públicas en materia sanitaria para enfrentar sus efectos, principalmente, en los sectores de la población que por sus características se encuentran más vulnerables.

De acuerdo con lo que señala la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2019, las diez principales causas de muerte en la población mundial generaron la mayor parte de las defunciones para ese año, asimismo, hay que considerar que dentro de ese listado se encuentran un importante número de enfermedades contagiosas y no contagiosas, adquiriendo un papel muy relevante las segundas respecto a las primeras en cuanto al número de muertes provocadas. En relación a lo anterior dicho organismo señala lo siguiente:

“A nivel mundial, 7 de las 10 causas principales de defunción en 2019 fueron enfermedades no transmisibles. Estas 7 causas representaron 44 por ciento de todas las defunciones, o 80 por ciento del total de las 10 causas principales. No obstante, el conjunto de las enfermedades no transmisibles representó 74 por ciento de las defunciones en el mundo en 2019.

La mayor causa de defunción del mundo es la cardiopatía isquémica, responsable de 16 por ciento del total de muertes en el mundo. Desde el año 2000, el mayor aumento de muertes corresponde a esta enfermedad, que ha pasado de más de 2 millones de defunciones en 2000 a 8.9 millones en 2019. El accidente cerebrovascular y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica son la segunda y tercera causas de defunción, que representan aproximadamente 11 y 6 por ciento del total de muertes, respectivamente.1

La relevancia que adquiere el número de muertes provocadas por las enfermedades transmisibles y no transmisibles es que representan más de 50 por ciento de las muertes ocurridas en 2019 a nivel mundial, las cuales se agrupan de forma general en tres importantes sectores por sus causas y efectos.

“En 2019, las 10 causas principales de defunción representaron 55 por ciento de los 55.4 millones de muertes que se produjeron en todo el mundo.

Las causas principales de defunción en el mundo, con arreglo al número total de vidas perdidas, se atribuyen a tres grandes cuestiones: las enfermedades cardiovasculares (cardiopatías isquémicas, accidentes cerebrovasculares), las enfermedades respiratorias (enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infecciones de las vías respiratorias inferiores) y las afecciones neonatales, que engloban la asfixia y el traumatismo en el nacimiento, la septicemia e infecciones neonatales y las complicaciones del parto prematuro.

Las causas de defunción pueden agruparse en tres categorías: enfermedades transmisibles (enfermedades infecciosas y parasitarias y afecciones maternas, perinatales y nutricionales), enfermedades no transmisibles (crónicas) y lesiones”.2

En el caso de nuestro país, las principales causas de muerte que se presentan y afectan a las y los mexicanos son similares a las que ocurren a nivel internacional, y, en este sentido, las enfermedades no contagiosas como las del corazón y las cerebrovasculares se encuentran dentro de este grupo, por lo cual es fundamental establecer políticas sanitarias que permitan disminuir la incidencia de las mismas como principales causas de muerte en México.

Las enfermedades del corazón son un grave problema de salud pública que enfrenta nuestro país por las consecuencias físicas y el número de muertes que ocasiona en las personas que las padecen, por ello es indispensable atenderlas. En relación a lo anterior se destaca lo siguiente:

“De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, en México, tan sólo en 2011, este grupo de enfermedades ha provocado 25 mil 941 muertes prematuras en hombres de 30 a 69 años y 16 mil 190 en mujeres de la misma edad, equivalente a 19 por ciento de la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles en cada género”.3

Respecto a las enfermedades cerebrovasculares (ECV), podemos señalar lo siguiente:

“En México, la ECV ha cobrado gran relevancia en los últimos años, por su preponderancia como causa de morbilidad y mortalidad general. Se estima que la EVC contribuye con la mitad de los problemas neurológicos atendidos en los hospitales generales. En nuestro país, una de cada seis personas tendrá un episodio de este padecimiento a lo largo de su vida. No obstante, en los últimos 15 años se observó un incremento en la mortalidad por accidentes cerebrovasculares y se mantiene entre las cinco primeras causas de muerte, tanto en hombres como en mujeres, por lo que este padecimiento es considerado un problema de salud de orden prioritario en el país. Sin embargo, la mortalidad por esta patología es sólo una parte del problema, ya que quienes sobreviven a un evento vascular cerebral pueden presentar secuelas como dificultad o incapacidad para moverse o hablar, mismas que repercuten en su productividad y por ende, en aspectos socioeconómicos del país”.4

De acuerdo a información de la Secretaría de Salud federal, entre las diez principales causas de muerte en nuestro país se encuentran las provocadas por las enfermedades del corazón y las cerebrovasculares, las cuales han tenido la siguiente tendencia en número de muertes en México de 2010 a 2018 según lo mostrado en el siguiente cuadro:

Nota: En los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 las muertes ocasionadas por insuficiencia renal ocuparon el lugar 11 como principal causa de muerte en las y los mexicanos.

Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaría de Salud. (s.f.). Sistema de Información de la Secretaría de Salud. Obtenido de DATOS EN SALUD: http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/

Como podemos observar, el número de muertes provocadas en nuestro país por estas dos enfermedades no transmisibles es alarmante y más si tomamos en cuenta que las mismas pueden ser prevenidas y, en su caso, tratadas de manera oportuna, por lo cual es primordial fortalecer las acciones institucionales dentro de los tres niveles de gobierno para incidir de forma directa en la salud y calidad de vida de las y los mexicanos.

En México el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) han realizado importantes esfuerzos para atender de manera oportuna tanto las enfermedades del corazón como las cerebrovasculares, por lo que es fundamental reconocer el trabajo realizado a favor de las y los mexicanos a través de la implementación de acciones y estrategias para tales efectos.

Respecto a lo anterior, el IMSS señala lo siguiente en relación a la atención de enfermedades cerebrovasculares:

“La Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que para atender este padecimiento, cuenta con mil 521 Unidades de Medicina Familiar (UMF), 248 unidades médicas hospitalarias, 36 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) y dos mil 918 módulos PREVENIMSS.

En este sentido, para su tratamiento y diagnóstico, el Seguro Social cuenta con 3 mil 182 camas hospitalarias, 128 tomógrafos axiales computarizados, 25 equipos de resonancia magnética, así como 128 unidades con Medicina Física y Rehabilitación”.6

En el caso particular del ISSSTE es pertinente mencionar que éste ha implementado dos estrategias en específico con las cuales busca atender de forma integral las necesidades de sus derechohabientes respecto a las enfermedades del corazón y cerebrovasculares, siendo éstas las siguientes:

“El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) cuenta con los programas ResISSSTE Cerebro y AsISSSSTE Infarto, aliados para la atención oportuna de la trombosis, su objetivo es aumentar la sobrevida y evitar secuelas discapacitantes en pacientes con Evento Vascular Cerebral (EVC), infarto al miocardio y tromboembolia venosa (TEV), principales causas de fallecimiento por enfermedad cardiovascular y de discapacidad en la población, informó el Director General, Luis Antonio Ramírez Pineda.

...

AsISSSTE Infarto, explicó, proporciona al paciente infartado atención rápida y terapia trombolítica en los primeros 30 minutos de su ingreso hospitalario y a quien lo amerite, tratamiento de hemodinamia en 60 o 90 minutos; acciones enfocadas a salvar vidas y limitar daño cardíaco.

En tanto que, ResISSSTE Cerebro refuerza entre la población la detección oportuna de un EVC, ya sea causado por una trombosis, trombótico o a consecuencia de una trombosis, embólico o hemorrágico”.6

Como podemos observar estas instituciones han buscado atender de forma oportuna estos padecimientos. Algo fundamental de señalar es que estos dos tipos de enfermedades o padecimientos son prevenibles, por lo cual es necesario fortalecer las acciones institucionales para difundir en la población hábitos de vida saludables que contribuyan de manera positiva en su calidad de vida.

La salud es el bien más preciado que tienen las personas, sin la cual no se puede tener un desarrollo y una vida plena, por lo anterior es primordial que el Estado garantice este derecho de manera universal a todas las personas sin distinción alguna, privilegiando en todo momento los grupos más vulnerables de la población, por lo que deberá implementar de ser el caso medidas afirmativas a favor de estos sectores.

La salud es un derecho humano que se encuentra tutelado dentro del artículo 4 de la Constitución política de nuestro país y, en ese sentido, el Estado mexicano a través de sus tres órdenes de gobierno tiene la obligación de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas que garanticen el ejercicio efectivo del mismo en las y los mexicanos.

Las acciones y programas gubernamentales en materia de salud deben ser de corte preventivo y reactivo en relación a las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan a la población de nuestro país de acuerdo a los grupos de edad, nivel socio económico o sexo; así como de diferentes características que los predispongan a padecer algún tipo de enfermedad determinada.

En razón de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal, a sus homólogas en las 32 entidades federativas, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que, en el ámbito de sus funciones y facultades, implementen o, en su caso, fortalezcan las acciones necesarias para prevenir y atender las enfermedades no transmisibles que se encuentran dentro de las diez principales causas de mortalidad en nuestro país como es el caso de las enfermedades del corazón y las cerebrovasculares, en beneficio de la población y de los sectores que se encuentran propensos a padecerlos.

Notas

1 OMS. (9 de diciembre de 2020). Las 10 principales causas de defunción. Obtenido de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-o f-death

2 OMS. (9 de diciembre de 2020). Las 10 principales causas de defunción. Obtenido de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-o f-death

3 INSP. (26 de agosto de 2020). 29 de septiembre, Día Mundial del Corazón. Obtenido de https://www.insp.mx/avisos/3802-dia-mundial-corazon.html

4 Secretaría de Salud. (2016). Boletín CONAMED- OPS. Obtenido de

http://www.conamed.gob.mx/gobmx/boletin/pdf/boletin14/mo rtalidad.pdf

5 IMSS. (Octubre de 2019). Enfermedad Vascular Cerebral (EVC), entre las primeras causas de muerte. Obtenido de

http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201910/455

6 ISSSTE. (26 de octubre de 2020). ResISSSTE Cerebro y AsISSSTE Infarto, aliados para la atención oportuna de trombosis. Obtenido de https://www.gob.mx/issste/prensa/resissste-cerebro-y-asissste-infarto-a liados-para-la-atencion-oportuna-de-trombosis?tab

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2021.

Diputado Mario Xavier Peraza Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Senado a legislar en materia migratoria, con respeto de los derechos humanos de los migrantes, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

I. La creciente movilidad de personas que parten de México por diversos motivos, tales como la migración forzosa, económica, que incluyen a personas refugiadas, solicitantes de asilo, personas desplazadas, migrantes económicos, víctimas de trata, víctimas de tráfico, niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados, personas que fueron objeto de violencia, comerciantes transfronterizos y personas migrantes que se desplazan por causas ambientales1 y en diferentes condiciones migratorias, demanda la necesidad de fortalecer y garantizar los derechos humanos de cada una de ellas.

Es así, que a la población migrante, con independencia de su estatus o condición jurídica, le deben ser reconocidos todos los derechos que al resto de las personas y, por ende, respetados.

De acuerdo con lo reportado por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, durante el año 2018, 138 mil 612 personas de distintas nacionalidades estuvieron detenidas en estaciones o estancias migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM), cifra que en el año 2017, era de 93 mil 846. Además, durante el año 2018 112 mil 317 personas extranjeras fueron deportadas o acogidas al beneficio de retorno asistido desde México a otros países, mientras que en el año anterior, la cifra alcanzó a 82 mil 237 personas extranjeras.2

Por otro lado, se reportó que en el año 2018, 31 mil 717 niñas, niños y adolescentes (NNA) migrantes fueron presentados ante el INM, de los cuales 1 mil 202 viajaban no acompañados. A febrero de 2019 la cifra representaba a 5 mil 121, NNA de los cuales 1 mil 101 viajaban en condición de no acompañados.3

Según los datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para el año 2017, existían 11 millones 848 mil 537 personas mexicanas viviendo fuera de México, siendo que 11 millones 517 mil 375 residían en Estados Unidos de América, lo que representa el 97.21 por ciento del total de las personas mexicanas que viven fuera del país. La UPM, reportó que en ese mismo año, Estados Unidos repatrió a 167 mil 64 connacionales.4

Asimismo, de acuerdo a un análisis realizado por el Centro de Investigaciones Pew aseguró que las detenciones de los migrantes mexicanos sin autorización en Estados Unidos, aumentaron después de la llegada del Covid-19 en 2020. En el análisis se detalla que, con 253 mil 118 detenciones de migrantes mexicanos adultos en la frontera entre México y EU, 2020 alcanzó niveles no vistos desde 2013: aumentó 52 por ciento con respecto a 2019.

Las cifras anteriores no dan cuenta de que los altos índices de migración hacen indispensable la atención al tema migratorio, mediante el fortalecimiento y creación de instituciones que tengan por objeto instrumentar las políticas públicas en la materia, bajo la premisa de garantizar la seguridad humana, misma que no se obtiene mediante la militarización de las fronteras de México, sino con la consecución del pleno respeto a sus derechos humanos, garantizando su desarrollo personal, a la satisfacción de sus necesidades básicas y la participación en la comunidad de forma libre y segura.

II. El pasado 30 de noviembre de 2021, la senadora de Morena Judith Fabiola Vázquez Saut propuso en el Senado de la República diversas reformas y adiciones a la Ley de Migración para dar mayores facultades a la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional para que coadyuven a la Guardia Nacional a contener la ola migratoria y darle un marco legal.5

La propuesta presentada por la senadora Judith Fabiola Vázquez Saut resulta peligrosa y preocupante frente al escenario de violencia y brutalidad por el que atraviesa el país, y evidencia el retroceso que México tiene en materia de derechos de todas y todos los migrantes, por lo que la diputada federal por Movimiento Ciudadano Elvia Yolanda Martínez Cosío, como representante de la comunidad migrante mexicana, expresó mediante una carta dirigida a la senadora promovente el rechazo a dicha propuesta legislativa bajo los siguientes argumentos:

“Su propuesta legislativa indudablemente denota su falta de sensibilidad, empati?a y conocimiento por el respeto a los derechos humanos de todos los migrantes, respeto que el Estado mexicano esta? obligado a cumplir tanto por el arti?culo 1o. de nuestra Carta Magna, como por todos los Tratados Internacionales de los que es parte.”

“Debe saber que ya resulta verdaderamente preocupante que un cuerpo armado este? realizando funciones de contencio?n de flujos migratorios, actividad ajena a sus facultades y que expone a las personas migrantes a el uso excesivo de la fuerza de este tipo de agrupamientos. Al interior del pai?s, diversos sectores, legisladores, juzgadores, defensores de los derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones civiles e instituciones han expresado su preocupacio?n por el amplio despliegue de elementos de la Guardia Nacional realizando funciones distintas a las que por ley les corresponden.”:6

Asimismo, la propuesta referida ignora las recomendaciones realizadas por organismos internacionales en la materia. Por ejemplo, en 2018 el relator especial para los Derechos de los Migrantes señaló que cuando se emplean las Fuerzas Armadas para tareas que no le son propias esto termina en violaciones de los derechos humanos.7

En este mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado respecto de la interrelación entre las políticas migratorias y la seguridad ciudadana, que esta debería ser de competencia exclusiva de cuerpos profesionales no militarizados y especializados, debidamente organizados y capacitados, y estar sometidas a los controles de los parlamentos y, en su caso, del sistema judicial ordinario.8

Es así, que la diputada federal Elvia Yolanda Martínez Cosío llamó a recapacitar y retirar la propuesta, e invitó a investigar o pedir asesoramiento a los expertos, comite?s o caucus pertinentes, los cua?les pueden ayudar o guiar a una solucio?n que no vulnere a los connacionales en el mundo y aseguró que “si bien existe un margen de discrecionalidad en la poli?tica migratoria que implemente el Estado Mexicano, e?sta debe llevarse de conformidad y con estricto apego a los derechos humanos, especialmente en el caso de grupos vulnerables como lo son las personas y menores de edad migrantes.”9

III. La tarea de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad pública ha rebasado su naturaleza jurídica y operacional materializada durante los últimos años por la evidente militarización en todas las áreas de los entes de la administración pública y que se ha puesto entre dicho de la constitucionalidad de sus funciones inherentes o su propia interpretación jurídica de atribuciones que garantice los derechos humanos constitucionales.

Lo anterior y conforme a datos del programa de Seguridad Ibero -de la Universidad Iberoamericana- destaca que entre 2012 y 2018 la Policía Militar aumentó en 6 veces, quienes se ha dedicado a realizar actividades ajenas a su marco legal, y que para finales de este año el 79 por ciento del personal de la Guardia Nacional ya estará en las filas de las fuerzas armadas.10

Lo anterior resulta contradictorio, toda vez que, dicha institución cuenta con diversas quejas por violaciones a derechos humanos. De acuerdo al informe 2020/21 de Amnistía Internacional, tan solo en 2020 el actual gobierno desplegó más militares efectivos en la estrategia de seguridad pública que en las administraciones anteriores.11

De igual manera, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre mayo de 2019 y agosto de 2020, registró 219 quejas contra la Guardia Nacional. De estas: 51 quejas se debieron a detenciones arbitrarias, 28 por trato cruel, inhumano o degradante, tres por tortura dos por homicidios ilegítimos y dos por desapariciones forzadas.12

Por su parte el Sistema Nacional de Alerta de Violencia a los Derechos Humanos de la CNDH reporto un total de 350 quejas en contra de la Guardia Nacional en 2020 y durante 2021 se han reportado 261 quejas, lo que coloca a esta institución como una de las 10 principales instituciones que mas quejas relacionadas a violación de derechos humanos.13

III. Asimismo, en materia de la política migratoria, conforme al Acuerdo Frontera Sur celebrado con Estados Unidos de Norteamérica en el año 2019, hasta marzo de 2021, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional han detenido a 152 mil personas migrantes, donde el 67 por ciento de ellas las ha realizado la propia Sedena; y, que de dicha cantidad corresponde a 27,000 niños y niñas migrantes, con más de 8,715 elementos desplegados en la frontera sur de nuestro país, a pesar de la sucesión presidencial de Estados Unidos.14

En este sentido vale la pena destacar que un elemento esencial de nuestra legislación es el respeto de los derechos humanos, sin embargo, hoy no existen condiciones que hagan valer dicho derecho, pues la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al encontrarse como una institución acéfala, intevenido de manera alguna para detener la constante violación a los derechos humanos de las personas migrantes, quienes no cuentan con protección o regularización de su situación, y enfrentan la separación de familias, las detenciones arbitrarias y los abusos cuando pretenden ingresar, o ingresan, a nuestro territorio nacional.

El flujo migratorio se da por diversas causas y se caracteriza esencialmente por un falta de oportunidades del país de origen de donde radica las personas migrantes, lo que ha ocasionado en los últimos años en nuestro territorio nacional una serie de criminalización por medio de las autoridades que se encuentran en la frontera sur. Son detenidas de manera arbitraria y se han violado sus derechos esenciales de asistencia consular o en su caso la protección internacional, todo ello a pesar de que nuestro país pide el mismo respeto con nuestros connacionales radicados en la frontera norte.

IV. Marco Jurídico. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 1o., que todas las personas en México gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna así como en los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano. A la letra dicho artículo refiere lo siguiente:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

(...)”15

De igual forma, el artículo 1 de la Ley de Migración apunta que lo relativo al tránsito y la estancia de los extranjeros en México deberá deberá de regularse en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos. Textualmente dicho artículo señala lo siguiente:

“Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la república y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales.”16

V. En ese sentido, en la Bancada Naranja consideramos indispensable poner al centro a las personas migrantes, y sus derechos al frente, por ello, proponemos, por una parte, exhortar al Senado de la República a legislar en materia migratoria, con pleno respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano; y, por otra, al Titular del Ejecutivo Federal a garantizar y proteger dichos derechos humanos de las personas migrantes.

Por lo anteriormente expuesto someto su consideración la siguiente proposición con punto de:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Senado de la República a legislar en materia migratoria, con pleno respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo federal a garantizar y proteger los derechos humanos de las personas migrantes, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular del Instituto Nacional de Migración a actuar de conformidad con el marco jurídico legal vigente a fin de respetar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano.

Notas

1 CNDH. Análisis Situacional de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes. Recuperado de:

http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=30055

2 CNDH México, Atención a personas migrantes. Recuperado de: https://www.cndh.org.mx/programa/9/atencion-migrantes

3 Idem

4 Idem

5 Vázquez, J. (2021). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración. Senado de la República. Recuperado de: <https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/1/2021-11-30-1/assets/ documentos/Inic_Morena_Sen_Fabiola_Vazquez_migracion.pdf>

6 Tercera vía. “El rechazo a la Ley que permite a Fuerzas Armadas contener migrantes en México” Recuperado de:https://terceravia.mx/2021/12/el-rechazo-a-la-ley-que-permite-a-fuer zas-armadas-contener-migrantes-en-mexico/

7 Organización de Naciones Unidas, Es muy peligroso recurrir al ejército para frenar la caravana de migrantes, recuperado el 8 de diciembre de 2021 de

https://news.un.org/es/story/2018/10/1443982

8 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, La CIDH llama a los Estados de la región a adoptar políticas migratorias y de gestión de fronteras que incorporen un enfoque de derechos humanos. 1 de abril de 2021, recuperado el 8 de diciembre de http://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/202 1/082.asp

9 Idem

10 ¿Qué es la Guardia Nacional?, Seguridad Ciudadana: La Vía Civil, Ibero CDMX, 25 ago 2021, recuperado de: <https://seguridadviacivil.ibero.mx/2021/08/25/que-es-la-guardia-nac ional/?utm_source=web >

11 “Es urgente que el gobierno mexicano detenga la participación de militares en tareas de seguridad pública: OSCs”, Amnistía Internacional, 2021, recuperado de :

<https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/es-urgen te-que-el-gobierno-mexicano-detenga-la-participacion-de-militares-en-ta reas-de-seguridad-publica-oscs/#_ftn4 >

12 Ibid

13 Ibid

14 Guardia Nacional y detención de migrantes,” Revista Nexos”, 25 de octubre de 2021, recuperado de: ??

https://seguridad.nexos.com.mx/guardia-nacional-y-detenc ion-de-personas-migrantes/

15 Cámara de Diputados. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. Recuperado de: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

16 Cámara de Diputados. (2011). Ley de Migración. Cámara de Diputados. Recuperado de: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_200521.pdf>

Palacio Legislativo, de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2021.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a investigar a la gobernadora de Guerrero por violaciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales en actos oficiales en Iguala, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, diputada Olga Luz Espinosa Morales e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXV Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 2 y3, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

1. En múltiples ocasiones el titular del Ejecutivo federal ha dicho que nadie sobre la ley. Luego entonces la Secretaría de Gobernación tendrá la obligación de abrir una carpeta de investigación por los hechos ocurridos el 29 de noviembre en la ciudad de Iguala Guerrero en las que en un acto oficial con la investidura de gobernadora constitucional del estado libre y soberano de Guerrero tuvo de fondo la imagen de una bandera que pretendía ser de México con el Escudo Nacional alterado.

Durante la transmisión de una conferencia de prensa en la que la gobernadora presentaba los datos de Covid-19 en la entidad, en lugar de que el águila estuviera de perfil, se mostraba de frente devorando una serpiente que simulaba la figura de la letra “S”.

2. Un antecedente de alteración de la bandera de México se presentó el 27 de agosto de 1968,1 en el movimiento estudiantil, en un mitin en el Zócalo se izó la bandera roja y negra, en el periodo de Gustavo Díaz Ordaz. Acto que fue tomado como un agravio al pabellón tricolor.

Otro antecedente a los hechos que se exponen en la presente Proposición fue el cometido por el Presidente Vicente Fox Quezada2 que en año 2000, cercenó al escudo nacional en la imagen conocida como “el águila mocha”. A este atropello a la ley no se le aplicó ninguna sanción. En 2006, el excandidato Andrés Manuel López Obrador se declaró presidente legítimo de México, con un escudo que contenía al águila imperial que usó Benito Juárez durante su mandato.

3. Diversas disposiciones de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales3 refieren la violación cometida por la gobernadora Salgado Pineda, al establecer que constituyen infracción a esta Ley las conductas siguientes alterar o modificar las características de la Bandera Nacional establecidas en el artículo 3o. de esa Ley; asimismo prevé que el procedimiento para imponer las sanciones a las infracciones a que se refiere el artículo anterior, se tramitará en términos del Título Cuarto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Además, la ley en comento observa que las infracciones a la presente serán impuestas y sancionadas por la Secretaría de Gobernación considerando el criterio relativo a la intención de la acción u omisión constitutiva de la infracción, que denigre sus características, uso y difusión. Que las sanciones son aplicables sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal de quienes incurran en ellas.

La Ley establece a los infractores de la ley, las sanciones siguientes:

I. Amonestación con apercibimiento;

II. Multa de hasta diez mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse la infracción;

III. Multa adicional a la prevista en la fracción anterior de hasta diez mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, por cada día que persista la infracción;

IV. Arresto hasta por treinta y seis horas, y

V. La reincidencia, en su caso, de la conducta constitutiva de la infracción.

La Ley considera una infracción grave de alterar o modificar las características de la Bandera Nacional.

4. El día 30 de noviembre la gobernadora señaló que fue invitada a la develación de la escultura de la bandera con un diseño distinto al oficial en el 27 Batallón de Infantería en Iguala, deslindándose, según ella de alguna modificación por órdenes suyas. Explicó que artesanos de Pilcaya donaron la pieza al 27 Batallón de Infantería de Iguala.

Ciertamente, las declaraciones de la gobernadora constituirán elementos para enriquecer la investigación que la Secretaría de Gobernación abra para aclarar sí la gobernadora violó la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

5. Por otra parte, la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales señala que el procedimiento sancionatorio se desahogará con base en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Esta norma jurídica en el artículo 72 señala qua para imponer una sanción, la autoridad administrativa deberá notificar previamente al infractor del inicio del procedimiento, para que este dentro de los quince días siguientes exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso aporte las pruebas con que cuente.

Es por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 2 y3, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, en ejercicio de sus atribuciones, inicie un procedimiento de investigación a fin de determinar si la ciudadana Evelyn Cecia Salgado Pineda, gobernadora del estado libre y soberano de Guerrero, incurrió en violaciones a la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales derivado del acto oficiales celebrado en Iguala, Guerrero, el lunes 29 de noviembre del presente año.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, en uso de sus facultades, indique a las dependencias y gobiernos que no pueden utilizar en sus eventos oficiales un escudo distinto al que establece la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Notas

1 De la nota “Manchas en la Bandera” de Arturo Ríos Ruiz publicada en el medio electrónico Diarioimagen.net: Disponible en: https://www.diarioimagen.net/?p=528861

2 Tomado de la columna: “Gobernantes desnacionalizados” de Alberto Vieyra G. Publicado el 3 de diciembre de 2021 en el medio electrónico Diarioimagen.net. Disponible en: https://www.diarioimagen.net/?p=529137

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/213_301118.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2021.

Diputados: Olga Luz Espinosa Morales (rúbrica), Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, Marcelino Castañeda Navarrete (rúbrica), María Macarena Chávez Flores (rúbrica), Elizabeth Pérez Valdez (rúbrica), Héctor Chávez Ruiz (rúbrica), Miguel Ángel Torres Rosales (rúbrica) Jesús Alberto Velázquez Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y sus 32 homólogas locales a buscar mayor implantación de unidades de cuidados paliativos, a cargo de la diputada Beatriz Dominga Pérez López, del Grupo Parlamentario de Morena

Quién suscribe diputada Beatriz Dominga Pérez López, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por lo dispuesto en los artículos 6 fracción I y artículo 79 numeral 2, fracción III del reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud federal y a las Secretarías de Salud de las 32 Entidades federativas a buscar, en la medida de lo posible y de acuerdo a sus respectivas competencias una mayor implementación de Unidades de Cuidados Paliativos , bajo las siguientes

Consideraciones

La muerte es, sin duda, un suceso que, en la mayoría de los casos acongoja, aturde, entristece o aflige, más si la misma es totalmente inesperada; sin embargo si esta es algo que ya esperamos, por lo inevitable de una enfermedad terminal, también es un proceso que conlleva demasiado dolor.

Según el Comunicado de Prensa Núm. 402/21 de fecha 29 de julio de 2021 publicado por el Inegi, solo en el 2020 se registraron 1 086 094 defunciones, del total de defunciones, 92.4% se debieron a enfermedades y problemas relacionados con la salud, mientras que 7.6% fueron por causas externas, principalmente accidentes, homicidios y suicidios .

En el mismo comunicado se muestra una clara tendencia a la alta pues de tener 422,803 defunciones en 1990 subimos a 1 086 094 en el 2020, es decir tenemos un aumento de más del 100 %.

Ahora bien, como pudimos observar párrafos antes, el 92.4% fue debido a enfermedades y problemas relacionados con la salud, de las cuales las enfermedades del corazón ocupan el primer lugar con 218 885 casos, seguido de la Pandemia por Covid-19, y enseguida la diabetes mellitus con 151 214 defunciones.

Pero más allá de la gravedad de estas defunciones, de lo trágico de la muerte, es también un camino lleno muy sinuoso el proceso que conlleva al desenlace de la vida, es decir se sufre, a veces en demasía, mientras se espera inevitablemente este final, pues en muchos de los casos no se está preparado, si es que se pudiera estar totalmente.

Una forma de apoyar con este proceso son los Cuidados Paliativos, la Organización Mundial de la salud nos dice que: Los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida de los pacientes y de sus familias cuando afrontan problemas de orden físico, psicológico, social o espiritual inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. La calidad de vida de los cuidadores también mejora .1

Según el Atlas de Cuidados Paliativos en Latinoamérica 2020, segunda edición, los cuidados paliativos en Latinoamérica iniciaron en estrecha relación con la Clínica de Dolor, especialmente impulsados por la campaña de la OMS “Alivio del Dolor por Cáncer” de 1982. Varios de los programas que ahora son de cuidados paliativos en los países, se iniciaron como programas o clínicas de dolor para pacientes con cáncer, y posteriormente se fueron ampliando a cuidados paliativos para pacientes con otros diagnósticos y condiciones; nuestro país inició en 1989 con el Programa de Cuidados Paliativos del Instituto de Cancerología.

No fue sino hasta el año 2009 cuando fue adicionado un capítulo Octavo Bis a la Ley General de Salud, que nos habla precisamente de este tema, pues el mismo se denomina De los Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación Terminal, y nos define a los cuidados paliativos como:

El cuidado activo y total de aquéllas enfermedades que no responden a tratamiento curativo. El control del dolor, y de otros síntomas, así como la atención de aspectos psicológicos, sociales y espirituales.

Además en el mismo capítulo se otorga al paciente enfermo derecho a la suspensión voluntaria del tratamiento curativo y como consecuencia al inicio de tratamiento estrictamente paliativo.

Pero no obstante lo ya plasmado en la legislación federal, y a pesar de que ha habido esfuerzos en diferentes Estados del país por crear más unidades de cuidados paliativos, la realidad es que aún hace falta camino por recorrer y brechas por cubrir pues de acuerdo a la OMS, se estima que anualmente 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos, y que actualmente, a nivel mundial, tan solo un 14% de las personas que necesitan asistencia paliativa la reciben2 .

Por su parte el Según el Atlas de Cuidados Paliativos en Latinoamérica 2020, señala que nuestro país cuenta con 120 equipos de cuidados paliativos, teniendo una tasa del 0.92% por cada millón de habitantes, es decir ocupamos el treceavo lugar en cuanto a cobertura, a continuación mostramos el porcentaje de los demás países:

Como podemos observar aún falta mucha población con necesidad de estos cuidados por cubrir, además no debemos dejar por fuera que además de los medicamentos para aliviar o aminorar el dolor, como señala la OMS, “afrontar el sufrimiento supone ocuparse de problemas que no se limitan a los síntomas físicos. Los programas de asistencia paliativa utilizan el trabajo en equipo para brindar apoyo a los pacientes y a quienes les proporcionan cuidados. Esa labor comprende la atención de necesidades prácticas y apoyo psicológico a la hora del duelo. La asistencia paliativa ofrece un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible hasta la muerte ”.

En este sentido se considera necesario una mayor implementación de unidades de Cuidados Paliativos, para llegar a la mayor población posible que hoy en día sufre dolor y otros síntomas insoportables, es necesario redoblar esfuerzos y tratar de llegar a esta meta.

Por ello toma congruencia y relevancia exhortar a las autoridades necesarias para la realización de este fin, siendo, en el caso Federal la Secretaría de Salud, quien de acuerdo a la Ley General de Salud es la encargada de la Coordinación del Sistema Nacional de Salud; y, de igual manera a las respectivas Entidades Federativas para que tomen cartas en este asunto.

Por lo expuesto y fundado, sometemos respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. - la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud federal y a las Secretarías de Salud de las 32 Entidades Federativas a buscar, en la medida de lo posible y de acuerdo a sus respectivas competencias una mayor implementación de Unidades de Cuidados Paliativos.

Notas:

1. Recuperado de: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care el 5 de diciembre de 2021.

2. Recuperado de: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care el 5 de diciembre de 2021.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2021.

Diputada Beatriz Dominga Pérez López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al CSG a incluir la cirugía bariátrica en la cobertura del Fondo de Salud para el Bienestar, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Consejo de Salubridad General (CSG) a incluir la cirugía bariátrica en la cobertura del Fondo de Salud para el Bienestar, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El incremento en el número de personas con sobrepeso y obesidad va en aumento no sólo en México sino en el mundo. Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestran que los países se enfrentan a un desafío por el aumento de individuos con esta enfermedad y las comorbilidades que se asocian a la misma. En 26 de los 34 países miembros de la OCDE, más de la mitad de la población tiene ahora sobrepeso, y casi una de cada cuatro personas es obesa. La tasa media de obesidad entre los países miembros aumentó 4 por ciento en tan solo 6 años (OCDE, 2019).

De acuerdo con información publicada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el sobrepeso y obesidad en México son problemas crecientes. En los últimos 30 años, estas se han convertido en una epidemia que afecta a uno de cada tres adolescentes y niños, y a siete de cada diez adultos en México (INSP, 2018), reconociendo además que la obesidad es el principal factor de riesgo modificable para el desarrollo de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, dislipidemias, enfermedades osteoarticulares y algunos tipos de cáncer.

México, según el estudio La pesada carga de la obesidad: la economía de la prevención , publicado por la OCDE, tiene una de las tasas más altas de obesidad, con datos alarmantes de casi uno de cada tres adultos padeciéndola. Esta situación tiene impactos importantes en la calidad de vida de los mexicanos, así como en su esperanza de vida, pues en promedio viven 4.2 años menos debido al padecimiento de sobrepeso y obesidad, siendo ésta la mayor reducción en esperanza de vida de todos los países analizados por la OCDE. En México existe una población significativa de pacientes con obesidad grado 2 y comorbilidades, así como con obesidad grado 3 (mórbida).

Gráfica 1. Presencia de tipos de obesidad en México. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición-MC 2016.

El incremento en los casos de obesidad y sobrepeso en el país va acompañado con un aumento en el padecimiento de las enfermedades asociadas, destacando la diabetes mellitus tipo II (DM-2), la cual es una de las principales causas de muerte entre los mexicanos (101 mil 257 en 2018), y para la cual se destina entre 5 y 14 por ciento del gasto en salud para su tratamiento y de las complicaciones asociadas a la misma. La carga económica asociada a la DM-2 en 2013 fue de 2.25 por ciento del producto interno bruto (PIB) (362,860 millones), mientras que la DM-2 asociada a sobrepeso y obesidad genera más de 400 millones de horas laborales perdidas al año.

Tabla 1. Comorbilidades asociadas a la obesidad. Velázquez Fernández David, Sánchez H, Monraz F, Zanela HA, Pantoja JP, Sierra M, Mosti M, Herrera MF. 2019.

La obesidad tiene un claro impacto no sólo en la salud y calidad de vida de las personas, sino que también tiene efectos importantes en la economía de los países, En la edad adulta, las personas con por lo menos una enfermedad crónica asociada con la obesidad tienen 8 por ciento menos de probabilidad de ser empleados al año siguiente (OCDE, 2019). De igual forma, existe 3.4 por ciento más de probabilidad de caer en absentismo o de ser menos productivo. En México, según la OCDE, el sobrepeso y la obesidad representan 8.9 por ciento del gasto en salud y reduce la producción del mercado de trabajo en, aproximadamente, 2.4 millones de trabajadores de tiempo completo por año, lo cual se traduce en una reducción del PIB del país en 5.3 por ciento, el mayor porcentaje entre los países analizados por esta organización.

La obesidad es una enfermedad crónica y progresiva que frecuentemente se asocia a otras enfermedades como diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia, problemas cardiopulmonares y otros fenómenos comórbidos que deterioran de manera significativa la esperanza y calidad de vida de quienes la padecen.

En sus etapas avanzadas, el tratamiento para la mayoría de los pacientes es quirúrgico, empleando alguno de los procedimientos incluidos dentro del rubro de cirugía bariátrica/metabólica.

En muchos países existe cobertura para la cirugía bariátrica, tanto en instituciones públicas como por aseguradoras privadas; sin embargo, México aún no cuenta con un sistema estructurado de cobertura.

La cirugía bariátrica es un procedimiento seguro, efectivo y costo-efectivo, y si es realizado en un centro de excelencia, la mortalidad y sus eventos adversos son muy bajos. Reduce el exceso de peso de manera sostenida, ayudando a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Además, permite le remisión de comorbilidades asociadas, como la DM-2, la hipertensión y dislipidemias, lo que resulta en la no erogación de recursos materiales, financieros y humanos futuros para la atención de este tipo de padecimientos, generando beneficios clínicos y económicos para el paciente, el sistema de salud y la sociedad.

Adicionalmente, el tratamiento quirúrgico de la obesidad y sus comorbilidades vía cirugía bariátrica/metabólica es una intervención costo-efectiva, con razones de costo-efectividad incrementales dentro de los umbrales de aceptabilidad, y con punto de equilibrio de costos aproximadamente a los 2 años, lo que convierten a la cirugía en una alternativa clínica, económica y financieramente viable.

En México, la gravedad del problema de obesidad resulta en que hay aproximadamente 3 millones 837 mil 830 candidatos para la cirugía bariátrica (ENSANUT, 2016), tomando en cuenta únicamente los datos que existen sobre pacientes con obesidad y DM-2 beneficiarios del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Tabla 2. Obesidad y DM-2. Potenciales beneficiarios del INSABI (Cálculos propios). Encuesta Intercensal de INEGI 2015. ENSANUT de Medio Camino 2015.

Indicación para la intervención

• Adultos entre 18 y 60 años con obesidad mórbida (IMC > 40 kg/m2) + diabetes mellitus tipo 2.

Esta es una indicación manejada a nivel global y se apega a lo estipulado por la NOM-008-SSA3-2017 Para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad.

Este tipo de intervención debe realizarse mediante un equipo multidisciplinario que dé atención al paciente antes, durante y después de la cirugía; por lo que el costo unitario por intervención puede ser elevado para el bolsillo de un ciudadano.

De igual manera, es importante destacar que en México se cuenta con un marco regulatorio robusto para este tratamiento de la obesidad. En la actualidad la Ley General de Salud en su artículo 272 Bis 4 establece que:

“Las instituciones públicas que forman parte del Sistema Nacional de Salud podrán integrar la cirugía bariátrica como tratamiento de la obesidad mórbida y sus comorbilidades, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Los candidatos a cirugía bariátrica deberán cumplir con los criterios de selección, de acuerdo a las normas y protocolos de salud en la materia”.

Por otro lado, en la NOM-008-SSA3-2017, para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad; actualizada en 2018, reconoce a la cirugía bariátrica como un tratamiento para la obesidad y se define las características que debe cumplir éste.

Tomando en consideración lo anterior, y aunado al costo asociado a esta intervención, que imposibilita que pacientes que cumplen con las características para ser candidatos a esta cirugía, y con ello mejorar drásticamente su calidad de vida, puedan someterse a la misma; resulta necesario que este tratamiento sea valorado para ser incluido por el Consejo de Salubridad General a través de la Comisión para Definir Tratamientos y Medicamentos Asociados a Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastróficos.

Cabe señalar, que el artículo 77 Bis 29 de la Ley General de Salud, establece que, se considerarán gastos catastróficos a los que se derivan de aquellos tratamientos y medicamentos asociados, definidos por el Consejo de Salubridad General, que satisfagan las necesidades de salud mediante la combinación de intervenciones de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y de rehabilitación, con criterios explícitos de carácter clínico y epidemiológico, seleccionadas con base en su seguridad, eficacia, pago, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social, que impliquen un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren.

En diversas ocasiones la autoridades sanitarias del país han mencionado la necesidad de incluir más padecimientos que generan un alto gasto para las familias en la cobertura del Fondo de Salud para el Bienestar, por lo que la inclusión de la cirugía bariátrica está completamente justificada y se cumple con los requisitos que exige la normatividad.

Por lo expuesto anteriormente, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Consejo de Salubridad General a realizar las gestiones pertinentes para incluir a la cirugía bariátrica en la cobertura del Fondo de Salud para el Bienestar.

Fuentes

1 https://www.oecd.org/about/secretary-general/heavy-burden-of-obesity-me xico-january-2020-es.htm

2 Instituto Nacional de Salud Pública, La obesidad en México, Estado de la política pública y recomendaciones para su prevención y control, 2018.

3 OECD Health Policy Studies, The Heavy Burden of Obesity, 2019.

4 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición – MC 2016. ENSANUT.insp.mx

5 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición – Encuesta de Medio Camino, 2015. ENSANUT.insp.mx

6 Encuesta Intercensal. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2015.

7 Kilos de Más, Kilos de Menos. Los Costos de la Obesidad en México. IMCO, 2015.

8 Barraza-Lloréns M, et al, (2015) Carga económica de la diabetes mellitus en México, 2013. México, D.F.: Funsalud.

9 Sjöström L. Review of the key results from the Swedish Obese Subjects (SOS) trial – a prospective controlled intervention study of bariatric surgery. J Int Med. 2013;273:2019-234

10 Rubino F, Nathan DM, Eckel RH, Taroncher-Oldenburg G, Cummings D, et al. Metabolic Surgery in the Treatment Algorithm for Type 2 Diabetes: A Joint Stat. SOARD. 2016;12(6):1144-1162.

11 Billeter AT, Scheurlen KM, Probst P, Eichel S, Nickel F, Kopf S, et al. Meta-analysis of metabolic surgery versus medical treatment for microvascular complications in patients with type 2 diabetes mellitus. Br J Surg. 2018; 105(3):168-181.

12 Velázquez Fernández David, Sánchez H, Monraz F, Zanela HA, Pantoja JP, Sierra M, Mosti M, Herrera MF. Development of an Interactive Outcome Estimation Tool for Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass in Mexico Based on a Cohort of 1002 Patien. Obes Surg; 2019.

13 Herrera MF, García-García E, Arellano-Ramos JF, Madero MA, Aldrete-Velasco JA, López-Corvalá JA. Metabolic surgery for the treatment of Diabetes mellitus. Positioning of leading medical associations in Mexico. Obes Surg. 2018;28:3474-3483.

14 Faria GR, et al. Obes Surg 2013; doi 10.1007/s11695-012-0816-8.

15 Cremieux P, et al, Am J Manage Care 2008; 14(9): 589–96.

16 Zanela OO, et al. Value in Health Regional Issues 2012;1:172-9.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2021.

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a revisar, reforzar y garantizar el abasto de medicamentos y vacunas en hospitales, clínicas, y centros comunitarios y regionales de salud, a cargo de la diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho, del Grupo Parlamentario del PRI

La diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En México nuestra Constitución contempla el derecho a la salud; el párrafo cuarto del artículo 4o. constitucional garantiza para todas las personas el derecho a la protección de la salud:

“Artículo 4o.

(...)

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

El párrafo desglosa un amplio abanico de derechos y supuestos con carácter obligatorio, por ejemplo, se interpreta que los particulares están obligados a proporcionar un servicio de urgencia a cualquier persona que lo necesitara, independientemente si puede o no pagarlo, del mismo modo se interpreta que el Estado debe proveer de los medicamentos para atender los padecimientos de salud de toda persona.

Durante la presente administración federal han sido constantes las denuncias públicas sobre el desabasto de insumos quirúrgicos y medicamentos para atender enfermedades crónicas como el VIH/SIDA, la diabetes, la hipertensión, el cáncer y la leucemia infantil, ésta última constituye uno de los tipos de cáncer con mayor índice de mortalidad entre nuestras niñas, niños y adolescentes.

A lo largo del presente año, pacientes, familiares y organizaciones de la sociedad civil se han manifestado por el desabasto de medicamentos en distintas instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.

La importancia de contar con medicamentos suficientes y asequibles en los hospitales del sector salud, radica en que su acceso, permite mejorar la calidad de vida de los pacientes, sobre todo, porque contribuye a evitar la expansión de la enfermedad, mejora el funcionamiento de algunos órganos.

El Presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, tampoco puede evadir su responsabilidad y la de su gobierno al delegar la responsabilidad de la compra de medicamentos a los médicos, enfermeras y familiares de los enfermos.

Si bien el doctor Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, ha asegurado en diferentes ocasiones que el abasto de medicinas está garantizado; organizaciones no gubernamentales aseguran lo contrario. El desabasto de medicamentos no sólo ocurre con los fármacos, sino que afecta a 50 por ciento de los pacientes que eran atendidos por el Seguro Popular.

En el año 2020, empezó a operar el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), con el que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador promete dar atención médica y medicamentos gratuitos a 69 millones de personas que no cuentan con seguridad social.

El Insabi sustituye al Seguro Popular de gobiernos anteriores. De acuerdo con lo expresado por el Presidente de la República en diferentes ocasiones: “La diferencia, entre otras, es que no hace falta estar inscrito para recibir la atención; ahora todos los ciudadanos tienen derecho, como lo establece la Constitución, a recibir atención médica y medicamentos gratuitos”.

Justo en el preámbulo de la crisis sanitaria del Covid-19 en México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desmontó la cadena de abastecimiento de medicamentos e insumos terapéuticos del sector salud que se había desarrollado en las últimas décadas, para ensayar un nuevo modelo basado en la regionalización.

El desmantelamiento del anterior sistema, que se instrumentó en aras de combatir la corrupción y buscar ahorros, dejó fisuras visibles: medicamentos que viajan por Estafeta, transportación deficiente de fármacos, medicinas imprescindibles para tratar pacientes con Covid-19 que no llegan y recetas que no se surten por falta de abasto.

En lo que va de la presente administración federal se han documentado diversas irregularidades en el sector salud, entre las que se encuentra la falta de infraestructura básica, condiciones inadecuadas de trabajo para médicos y enfermas, así como la inoportuna adquisición y distribución de medicamentos en las clínicas y hospitales de primer, segundo y tercer nivel.

De acuerdo con dirigentes de la industria farmacéutica y expertos en compras de gobierno, la persistencia en el desabasto de medicamentos se explica por el alto nivel de improvisación, desorganización e inexperiencia de quienes tienen la tarea de adquirir los medicamentos e insumos médicos y que, a dos años y medio de iniciado el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, no han podido cumplir en tiempo y forma con su trabajo.

Ante esto, enfermos de todo el país, principalmente mujeres y niños, han sido las principales víctimas del desabasto de medicamentos que se recrudeció en los últimos meses hasta provocar que los pacientes y sus familias, cansados del trato que reciben de las instituciones de salubridad, salieran a la calles para exigir la atención médica que les ayude a afrontar sus padecimientos. Las escenas han conmovido al país. Cientos de testimonios de los pacientes menores de edad se han hecho públicos y han evidenciado la cruda realidad que viven al interior de las instituciones médicas por la falta de fármacos y la nula atención que reciben.

En este orden de ideas, es claro que el problema del desabasto así como la compra y distribución de medicamentos debe ser atendido con prontitud, eficacia y técnica, de lo contario no se estaría cumpliendo con el propio texto constitucional, de igual forma se estaría dejando en un estado de indefensión a las personas que por alguna razón necesitan este tipo de medicamentos, debe quedar claro que en la salud no se puede permitir ningún tipo de improvisación u ocurrencia gubernamental toda vez que es la propia vida la que se pone en riesgo con estas actuaciones por parte del Ejecutivo, por ello y a través del presente documento solicitamos la pronta intervención del gobierno federal.

Hay un porcentaje muy alto de los mexicanos que no cuentan con medicamentos, quienes revelan el desabasto de los mismos en varias entidades del país, lo que habla de un incumplimiento a los artículos 27, 29 y 30 de la Ley General de Salud, que dicen lo siguiente:

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se considerarán servicios básicos de salud los referentes a:

(I. a VII.)

VIII. La disposición de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud.

Artículo 29. Del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, la Secretaría de Salud determinará la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, y garantizará su existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes.

Artículo 30. La Secretaría de Salud apoyará a las dependencias competentes en la vigilancia de los establecimientos de los sectores público, social y privado dedicados al expendio de medicamentos y a la provisión de insumos para su elaboración, a fin de que adecúen a lo establecido en el artículo anterior.

De acuerdo con dirigentes de la industria farmacéutica y expertos en compras de gobierno, la persistencia en el desabasto de medicamentos se explica por el alto nivel de improvisación, desorganización e inexperiencia de quienes tienen la tarea de adquirir los medicamentos e insumos médicos y que, a dos años y medio de iniciado el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, no han podido cumplir en tiempo y forma con su trabajo.

El informe denominado Mapeo del desabasto de medicamentos en México , correspondiente al primer cuatrimestre de 2021, que realizó la organización Cero Desabasto, desde febrero de 2019 y hasta el 30 de abril pasado, registra 4 mil 504 reportes que detallan la falta de alguna medicina o suministro médico en instituciones públicas del sector salud de todo el país.

Tan sólo entre enero y abril de este año, recibieron 773 reportes de 30 entidades, entre las que destacan la Ciudad de México, de donde proviene 31 por ciento de los casos, seguido por Jalisco, con 10 por ciento, así como Estado de México y Chihuahua con 9 por ciento cada uno.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que por mucho es la institución que más pacientes atiende en el país, concentra el mayor número de reportes por desabasto, 43 por ciento, seguida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 28 por ciento y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), 21 por ciento. El porcentaje restante corresponde a los servicios estatales de salud, hospitales de alta especialidad e institutos nacionales de salud y otros subsistemas federales.

Por otro lado, México se posicionó como uno de los primeros países a nivel mundial en reducir de manera considerable sus tasas de vacunación infantil, sólo por debajo de Filipinas, Indonesia, Pakistán e India, según datos recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Mientras que en 2019 nuestro país sumaba poco más de 348 mil menores sin una primera dosis de la vacuna combinada contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP-1), para 2020 dicha cifra se elevó en 30 por ciento, al sumar al menos 454 mil niñas y niños mexicanos sin un cuadro de vacunación básica.

En el caso de la cobertura de vacunación en México, desde 2019 se registra el desabasto en la inmunización contra la tuberculosis , hepatitis , sarampión , difteria , tos ferina y tétanos para los recién nacidos, de acuerdo con datos del Informe de País del PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones en el contexto del Sistema de Salud) de la Organización Panamericana de la Salud.

Para los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, es necesario que el gobierno federal cumpla con su compromiso de garantizar la gratuidad en los servicios de salud y asegure el acceso, dotación y distribución de los medicamentos y vacunas en los hospitales, centros comunitarios de salud, centros regionales de salud y clínicas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a revisar, reforzar y garantizar con urgencia, el abasto de medicamentos y vacunas en hospitales, clínicas, centros comunitarios de salud y centros regionales de salud.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2021.

Diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Congreso de la Ciudad de México a analizar la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal local, en materia fiscal, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados., sometemos a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

I. La pandemia de Covid-19 generó graves estragos económicos en México. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el producto interno bruto de nuestro país se desplomó en un 8.5 por ciento durante el año 2020. Ello representó la caída más grande para la economía mexicana desde hace 88 años.1

Asimismo, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el mundo durante el 2020 se perdieron 255 millones de empleos. La región más afectada fue Latinoamérica pues en ésta se perdieron 39 millones de empleos.2

La crisis económica y la pérdida de miles de empleos generada por la pandemia de Covid-19 motivó a que miles de personas en nuestro país se incorporaran al mercado laboral como repartidores en aplicaciones de entrega de paquetería, alimentos, víveres o cualquier otro tipo de mercancía. De acuerdo con el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE, actualmente se estima que hay 243 mil 794 personas que trabajan como repartidores en aplicaciones y se estima que para el año 2025 habrá 85 mil personas más en esta labor.3

II. No obstante que las plataformas digitales representan la principal fuente de ingresos para casi 250 mil mexicanos y mexicanas, en plena recuperación de la peor crisis económica de lo que va del siglo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, propuso dentro de la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México 2022, incorporar un nuevo impuesto del 2 por ciento del cobro total a cada entrega a todas las personas físicas y morales que operen en aplicaciones o plataformas digitales. La propuesta legislativa plantea incorporar el artículo 307 Ter al Código Fiscal de la Ciudad de México mismo que a la letra señala lo siguiente:

“Artículo 307 Ter. Las personas físicas o morales que operen, utilicen y/o administren aplicaciones y/o plataformas informáticas para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de las cuales los usuarios puedan contratar la entrega de paquetería, alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía con entrega en el territorio de la Ciudad de México, siempre que actúen con carácter de intermediarias, promotoras o facilitadoras, deberán pagar mensualmente por concepto de aprovechamiento por el uso y explotación de la infraestructura de la Ciudad de México el 2 por ciento del cobro total antes de impuestos por cada entrega realizada.

El aprovechamiento a que se refiere este artículo, deberá pagarse en las formas y medios que establezca la Secretaría, a más tardar el día quince de cada mes por el total que corresponda al mes inmediato anterior, especificando el número de entregas en el periodo indicado.”4

Esta propuesta puede traducirse como un impuesto regresivo que podría afectar de manera notoria los ingresos de las y los repartidores.

III. De acuerdo con el Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México, las y los trabajadores de plataformas digitales carecen de toda prestación social, trabajan una jornada laboral diaria de nueve horas de lunes a domingo y reciben ingresos de 2 mil 242 pesos en promedio por semana.5

Igualmente, el colectivo Ni Un Repartidor Menos mencionó que la propuesta de imponer un impuesto del 2 por ciento del valor total de cada viaje afectará de manera importante los ingresos de las y los repartidores y, también, generará que haya precios más caros para los consumidores finales. Textualmente dicho colectivo apuntó lo siguiente:

“Desde el colectivo Ni Un Repartidor Menos estamos decepcionados por la medida, pues implica que quienes nos dedicamos a esta labor, que tan importante fue en el confinamiento y para la reactivación económica, veamos nuestros ingresos disminuidos. Adicionalmente, los usuarios que utilizan este tipo de herramientas se verán afectados al tener un servicio más caro.”6

De igual forma, Saúl Gómez, vocero de la organización Ni Un Repartidor Menos expresa el descontento de las y los repartidores en contra de esta propuesta fiscal que afectará gravemente a las y los repartidores. Lo anterior, toda vez que se plantea aplicar un impuesto por la utilización del espacio público al llevar a cabo un trabajo que ha beneficiado a la industria restaurantera dentro de los tiempos más complejos de la pandemia. Asimismo, lamenta que no haya una propuesta para que lo recaudado por este concepto sea destinado para el mejoramiento de la infraestructura urbana. A la letra el vocero de la organización Ni Un Repartidor Menos apunta lo siguiente:

“La iniciativa del gobierno de la ciudad de México para gravar con 2 por ciento a las plataformas electrónicas de reparto a domicilio es un grave error que va en contra de los principios que supuestamente abandera la administración de Claudia Sheinbaum: innovación y progresismo con derechos plenos para incentivar la actividad económica, el trabajo y el desarrollo.

Los repartidores salimos todos los días a las calles para llevar comida, productos y otros servicios a hogares y oficinas. Somos los que, en bicicleta, moto y otros medios de transporte, arriesgamos nuestras vidas por sus pedidos. Ahora, no contentos con la falta de infraestructura y seguridad vial, el Gobierno de Claudia Sheinbaum plantea aplicar un impuesto por el uso del Espacio Público, por llevar a cabo un trabajo honesto que ha beneficiado a miles de restaurantes, comercios familiares y que incluso, ha evitado mayores contagios y fallecimientos durante la pandemia. Que no haya duda, somos quienes hemos sostenido la industria restaurantera en los peores momentos de la contingencia sanitaria.

Lo peor de todo es que esta política recaudatoria ni siquiera está destinada al mejoramiento de la infraestructura urbana por cuyo uso nos quieren cobrar derechos a los repartidores inscritos en las apps de “delivery”, sino que lamentablemente se dirigirá a objetivos político-electorales. Queremos recordarle a nuestras autoridades que previo a la llegada de esta administración existía un Fondo Metropolitano de Transporte cuyos recursos se canalizaban a mejoras viales y de infraestructura.”7

Por su parte, en una carta abierta firmada por las asociaciones Asociación de Internet MX (AIMX), la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), la Asociación Fintech México (FTMX), la Coparmex Ciudad de México, la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), la Asociación Mexicana de Mensajería y Paquetería (AMMPAC), la Asociación de Artículos Deportivos (AADAC), el Consejo Nacional de Ejecutivos en Logística y Cadena de Suministro (ConaLog) y la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), señalaron lo siguiente:

“Un impuesto local por usar las calles no tiene precedente y es inconstitucional, va en contra del principio de equidad tributaria y además en una medida que daña a la economía digital, limitando la creación de valor económico y social, la cual, más allá de beneficiar a los usuarios y consumidores finales los afecta en gran medida. Este nuevo impuesto resultará en una modificación a la estructura de costos de las plataformas intermediarias y de miles de restaurantes, micro y pequeñas empresas, lo que tendrá inevitablemente la ya alta inflación y, con ello, afectando directamente el bolsillo de las familias mexicanas que demandan estos servicios y a miles de repartidores que han encontrado en las plataformas digitales un medio de generación de ganancias en estos tiempos de pandemia.”8

En virtud de lo anterior, resulta necesario exhortar al Congreso de la Ciudad de México a que un análisis profundo respecto de las propuestas en materia fiscal, a fin que éstas sean progresivas y no regresivas, que protejan y garanticen la seguridad vial, los derechos laborales, de salud y de seguridad social de las personas que laboren en la operación, utilización y entrega de paquetería, alimentos, víveres o cualquier otro tipo de mercancía en el territorio de la Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto someto su consideración la siguiente proposición con punto de:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente al Congreso de la Ciudad de México a realizar un análisis profundo respecto de las propuestas en materia fiscal, a fin que éstas sean progresivas y no regresivas, que protejan y garanticen la seguridad vial, los derechos laborales, de salud y de seguridad social de las personas que laboren en la operación, utilización y entrega de paquetería, alimentos, víveres o cualquier otro tipo de mercancía en el territorio de la Ciudad de México.

Notas

1 Animal Político. (2021). Economía de México se desplomó 8.5% en 2020, su peor caída en 88 años. Animal Político. Recuperado de: <https://www.animalpolitico.com/2021/01/economia-pib-mexico-cayo-8-5 -peor-caida-88-anos-inegi/>

2 Forbes staff. (2021). Pandemia de COVID-19 destruyó 255 millones de empleos en 2020. Forbes. Recuperado de:

<https://www.forbes.com.mx/economia-pandemia-covid-19 -255-millones-empleos-2020/>

3 Hernández, G. (2021). Trabajo en plataformas multiplicó los ingresos y el número de repartidores en México. El Economista. Recuperado de:

https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/
Trabajo-en-plataformas-multiplico-los-ingresos-y-el-numero-de-repartidores-en-Mexico-20211125-0071.html

4 obierno de la Ciudad de México. (2021). Iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México 2022. Gobierno de la Ciudad de México. Recuperado de: <file:///Users/office/Downloads/INICIATIVA%20CO%CC%81DIGO%20FISCAL.p df>

5 González, R. (2021). Repartidores de “App” viven con $2 mil a la semana y largas jornadas. La Jornada. Recuperado de: <https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/20/capital/repartidores-de -app-viven-con-2-mil-a-la-semana-y-largas-jornadas/

6 Contreras, V. (2021). Repartidores alertan que impuesto a plataformas de entrega en CDMX afectará sus ingresos. Digital Policy Law. Recuperado de: <https://digitalpolicylaw.com/repartidores-alertan-que-impuesto-a-pl ataformas-de-entrega-en-cdmx-afectara-sus-ingresos/>

7 Gómez, S. (2021). Repartidores de apps: otro impuesto más. El Financiero. Recuperado de:

<https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/colaborador- invitado/2021/12/04/repartidores-de-apps-otro-impuesto-mas/>

8 ANTP. (2021). Un impuesto local por usar las calles es una medida que daña la economía digital, limitando la creación de valor económico y social, afectando en gran medida a los consumidores finales. ANTP. Recuperado de:

<https://twitter.com/antpmexico/status/14669382798157 90593?s=21>

Palacio Legislativo, de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2021.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob a instalar una mesa de trabajo entre las autoridades del Conacyt y del CIDE para solucionar el conflicto que aqueja a éste, a cargo de la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Elizabeth Pérez Valdez , diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Desde que asumió la Dirección General del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, tuvo diversas confrontaciones con la comunidad científica y académica nacional. Desde la negativa para la entrega de fondos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC, determinados por la Ley de Ciencia y Tecnología, hasta la persecución penal de 31 científicos por, presuntamente, haber realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, derivado de las actividades que desempeñaron en el antecitado Foro.

En el transcurso de esta administración, han sido denunciadas la cancelación de Becas Conacyt para estudiantes en el extranjero, la disminución del número y monto de éstas para estudiantes de posgrado nacional así como el condicionamiento de las Cátedras Conacyt, cuyo objeto es financiar a investigadores y tecnólogos de alto potencial y talento en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, vinculados a las universidades y centros de investigación.

El conflicto ha escalado y, ahora, el Conacyt enfrenta, nuevamente, una situación de confrontación con la comunidad del CIDE, de frente a la imposición del doctor José Antonio Romero Tellaeche en la Dirección General del CIDE, pese a la oposición de la comunidad estudiantil y académica, así como a la denuncia de múltiples irregularidades en el proceso de su nombramiento.

Más allá de la reflexión en torno a la situación de la ciencia en nuestro país, el CIDE se ha destacado por ser un centro de investigación, de una alta calidad y que ha realizado propuestas científicas con una firme base científica. Derivado de las protestas estudiantiles, las instalaciones han sido tomadas por el estudiantado, apoyados por una gran cantidad de instituciones educativas de nivel superior, cuya preocupación por la defensa de la ciencia y la calidad educativa, queda de manifiesto en sus expresiones de apoyo al movimiento.

No obstante, la respuesta de las autoridades de Conacyt ha sido lamentable. En lugar de abrir vías de diálogo, ha lanzado mensajes intimidatorios a la comunidad estudiantil señalando que, de no entregarse las instalaciones, se suspenderán los pagos para alumnos y académicos. Esta situación requiere de la intervención de autoridades externas al conflicto que puedan coadyuvar en la instalación de mesas de trabajo que le permitan a la comunidad encausar sus peticiones y generar los acuerdos necesarios para cumplir con sus correspondientes responsabilidades. Es por ello que, siendo la Secretaría de Gobernación la encargada de garantizar los mecanismos de gobernabilidad democrática en nuestro país, resulta sumamente conveniente su intervención, a fin de que no se sigan perdiendo más clases y se instale un diálogo entre las dos partes en conflicto.

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de:

Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para instalar, a la brevedad, una mesa de trabajo entre las autoridades del Conacyt y la comunidad académica y estudiantil del Centro de Investigación y Docencia Económica a fin de solucionar el conflicto que aqueja a ese centro de investigación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 de diciembre de 2021.

Diputada Elizabeth Pérez Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Jalisco a difundir los recursos destinados a los gastos de nómina en las oficinas a su cargo; y a la ASF y su homóloga local, a practicar auditorías financieras y de desempeño sobre esos gastos, a cargo de la diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortés, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortés, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción III, del reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, a hacer públicos los recursos destinados a los gastos de nómina en las oficinas a su cargo, así mismo se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Auditoría Superior del estado de Jalisco, a realizar auditorías financieras y de desempeño sobre los gastos realizados por el Gobernador del estado de Jalisco en la operación de las oficinas a su cargo, y a hacer pública esta información al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 3 de diciembre de 2021, como el periódico El Financiero reveló, que la nómina de oficinas del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, cuesta más que el gasto de 15 dependencias de su Administración y que, en sólo 9 meses el despacho del gobernador y unidades auxiliares costaron 121.97 millones de pesos[i]. En diario señala que “las dependencias y organismos involucrados en el combate de la corrupción son las que figuran con menos presupuesto ejercido y asignado. Sólo la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción tuvo un aumento de 650 mil pesos. Pero la Contraloría del estado tuvo un recorte de 4 millones 975 mil 405.88 pesos. En el caso de la Fiscalía Especializada en Combate de la Corrupción, hubo un recorte de 20 mil 889.11 pesos. En cuanto al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales no hubo movimientos. Todas las anteriores, junto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, la Procuraduría Social, la Secretaría de Turismo y 7 dependencias y organismos públicos más, tuvieron menos dinero si se compara con el gasto en nómina de las oficinas a cargo del gobernador Alfaro”1 .

Si bien, nuestra Carta Magna en el artículo 134, establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, resulta especialmente ofensivo, para los contribuyentes y el pueblo mexicano, y especialmente para el pueblo jalisciense, que dichos recursos se hayan destinado a remodelar y adquirir oficinas por cuestiones de vanidad, así como mobiliario de lujo.

El gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez ha privilegiado el gasto de su oficina sobre los temas prioritarios para el pueblo de Jalisco, como es el combate a la corrupción, el acceso a la información pública, la transparencia, la contraloría social, la protección de los derechos humanos y la promoción económica indispensable para la creación y mantenimiento del empleo, educación, salud y seguridad.

Es claro que el ejercicio del Gobierno de Jalisco es ineficiente e ineficaz, dispendioso, desordenado, opaco, deshonesto y corrupto de los recursos públicos, debe sancionarse por las leyes presupuestarias, hacendarias, y obligar a quien o quienes resultes responsables a iniciar los procedimientos que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La autonomía de las entidades federativas no es una patente de corso para que los gobernadores establezcan oficinas que no corresponden a la honrada medianía que exige el servicio público. Es gravísimo que, en el caso del Gobernador de Jalisco, se haya propuesto y autorizado por las autoridades de su estado, una nómina para su atención que se asemeja más al séquito de una corte virreinal que al de un funcionario al servicio del pueblo de Jalisco. Este hecho se confirma con la propuesta presupuestaria, ya aprobada por el Congreso local, que castiga la operación de las instancias encargadas del combate a la corrupción, la transparencia y la protección de los derechos fundamentales, así como la educación, salud y seguridad. El derroche por parte del gobernador Alfaro es inadmisible en la situación económica que guarda el país y marca una severa incongruencia con sus reclamos de mayores asignaciones federales, cuando su gasto se dedica a la comodidad de su despacho y no a los asuntos públicos más relevantes para la sociedad, como son la seguridad, la justicia, la honestidad, el crecimiento económico y la vigencia del Estado de Derecho.

Por lo anteriormente expuesto, no podemos ser indiferentes ante esta situación, en donde la población jalisciense se está viendo afectada a costa de la vanidad del Gobernador.

En la cuarta transformación estamos comprometidos con el pueblo y con los que más nos necesitan. Es por eso que, como diputada federal y representante del pueblo de Jalisco, preocupada, y aún más, ocupada por nuestro estado, me permito proponer el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, a hacer público los recursos destinados a los gastos de nómina en las oficinas a su cargo.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, a realizar auditorías financieras y de desempeño sobre los gastos realizados por el gobernador del estado de Jalisco en la operación de las oficinas a su cargo, y a hacer pública esta información.

Nota

1. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/12/03/nomina-de-alfaro-ma s-cara-que-15-dependencias/

Ciudad de México, Palacio Legislativo a 9 de diciembre de 2021

Diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortés (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y diversas autoridades estatales y municipales a incluir en sus reglamentos de agua potable y alcantarillado el perfil profesional de los aspirantes al cargo de directores de los organismos operadores de agua y saneamiento, a cargo del diputado Enrique Godínez del Río, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Enrique Godínez del Río, diputado por el estado de Michoacán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, por el que la Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a los titulares del ejecutivo y legislaturas estatales de las 32 entidades federativas y a los municipios, a incluir en sus reglamentos de agua potable y alcantarillado el perfil profesional que deberán cumplir los aspirantes al cargo de directores de los organismos operadores de agua y saneamiento y garantizar un periodo de prestación de servicio de al menos tres años, lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

El derecho humano al agua

Dentro de los mayores retos que enfrenta la humanidad son los relativos a la calidad y gestión del agua, debido a que se han convertido en factores limitantes para la salud e higiene de las personas, la producción de alimentos y las estabilidades social y política de los pueblos.1

En palabras del secretario general de las Naciones Unidas “Un agua potable segura y un saneamiento adecuado son cruciales para la reducción de la pobreza, para un desarrollo sostenible y para lograr todos y cada uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio”.

Es por esto que dentro de la Agenda 2030 está el objetivo 6 Agua limpia y saneamiento. Sus metas incluyen lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos, el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos.2

El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, a través de la Resolución 64/292, donde se expresa que el agua potable limpia y el saneamiento son esenciales no sólo para la vida, sino para la realización y cumplimiento de todos los derechos humanos.3

Esto dio origen a la reforma constitucional del párrafo sexto del artículo cuarto, para quedar como sigue:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la Ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

A pesar de que el Estado es el responsable de garantizar este derecho, ésta recae en los municipios, quienes dependen de las aportaciones y participaciones federales y programas presupuestarios en la materia para atender esta necesidad básica de sus habitantes.

Los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento para cada persona deben ser continuos y suficientes para el uso personal y doméstico. Estos usos incluyen normalmente agua de boca, saneamiento personal, lavado de ropa, preparación de alimentos, higiene personal y limpieza del hogar. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para garantizar que se cubran las necesidades básicas y que no surjan grandes amenazas para la salud.4

Todas las personas tienen derecho a unos servicios de agua y saneamiento físicamente accesibles, que se encuentren dentro o en las inmediaciones de su hogar, su lugar de trabajo o las instituciones educativas o de salud. Unos ajustes relativamente pequeños a los servicios de agua y saneamiento pueden garantizar que las necesidades de las personas con discapacidad, los ancianos, las mujeres y los niños sean tenidas en cuenta, mejorando así la dignidad, la salud y sobre todo la calidad de vida de todo el mundo.

Según la OMS, la fuente de agua debe encontrarse a menos de mil metros del hogar y el tiempo de recogida no debe superar los 30 minutos.5

El servicio de agua y saneamiento en los hogares mexicanos

Hay 6 millones 811 mil 616 habitantes sin servicio público domiciliario de agua potable y 7 millones 825 mil 198 sin cobertura de alcantarillado. Además, 38 por ciento del agua potable se pierde por fugas en las tomas y fugas en la red.6

Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, en el año 2020, 69 por ciento de la población urbana recibía agua diariamente y 77 por ciento habitaba en viviendas con drenaje conectado a la red pública.7

El servicio público domiciliario de agua potable requiere construir y conservar infraestructura, instalar y mantener maquinaria, pagar servicios personales, energía y reactivos químicos, y cubrir los derechos fiscales por el uso de las aguas nacionales, lo que tiene un alto costo para los prestadores del servicio, sean públicos, privados, comunitarios o mixtos.

El artículo 47 de la Ley de Aguas Nacionales establece que “La autoridad del agua promoverá el aprovechamiento de aguas residuales por parte de los municipios, los organismos operadores o por terceros provenientes de los sistemas de agua potable y alcantarillado”.

Organismos operadores

Según la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS), hay 3 mil 501 prestadores de servicios, de los cuales 672 son organismos operadores formales.

De forma general, los organismos operadores municipales se integran por:

1. Una junta de gobierno.

2. Un administrado o director.

3. Un consejo consultivo municipal.

4. Uno o varios comisarios.

5. Personal técnico y administrativo.

Se recomienda que el director del organismo operador municipal cuente con experiencia técnica y administrativa comprobable en materia de agua, ya que tiene las siguientes atribuciones:

1. Representar legalmente al organismo operador.

2. Coordinar las actividades técnicas, administrativas y financieras.

3. Gestionar y obtener el financiamiento para obras, servicios y amortización de pasivos, así como suscribir títulos de crédito, contratos u obligaciones ante instituciones públicas y privadas.

4. Vigilar el pago de los derechos por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales.

5. Ejecutar los acuerdos de la junta de gobierno municipal.

6. Establecer relaciones de coordinación con las dependencias y entidades.

7. Nombrar y remover al personal del organismo operador municipal.8

En el caso de Michoacán, el artículo 32 de la Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán establece que:

“Los municipios, los prestadores de los servicios o contratistas deberán adoptar las medidas necesarias para que se alcance la autonomía financiera en la prestación de los servicios públicos y establecerán los mecanismos de control para su eficacia técnica y administrativa.

Los municipios, los prestadores de los servicios o contratistas estarán obligados a diseñar y revisar periódicamente un proyecto estratégico de desarrollo, tomando en cuenta las proyecciones de incremento de la demanda, la disponibilidad del recurso, en estricto apego a los planes ambientales y de desarrollo urbano, que contenga la definición de acciones que se requieran para incrementar la eficiencia física y comercial, así como la cobertura de los servicios públicos en el corto, mediano y largo plazo”.

Por lo anterior, lo más recomendable es que los organismos operadores tengan un periodo de permanencia que les permita cumplir con estas obligaciones.

Situación de los organismos operadores

Los organismos operadores en México se encuentran en desventaja porque presentan diversas deficiencias significativas que les impiden cumplir adecuadamente con sus objetivos y el mandato constitucional al respecto.9 Las principales dificultades son:

1. Insuficiencia de recursos económicos.

2. Falta de continuidad de sus administraciones y profesionalización del personal.

3. Deficiencia en la gestión de funcionamiento y prestación de los servicios.

4. Ineficiencia en las gestiones de organización, técnica y comercial.

5. Carencia de un marco regulatorio de los servicios de agua potable y saneamiento.

6. Rigidez en los esquemas de autorización de tarifas.

7. Endeudamiento excesivo por falta de liquidez.

8. Baja o nula disposición de pago por parte de los usuarios.

9. Politización de las decisiones y de los programas operativos anuales.

10. Estructuras y niveles tarifarios que no reflejan los costos reales de operación para la prestación del servicio.

Además de esto, se necesita un marco jurídico que respalde la certidumbre de su existencia y permanencia estable y prolongada y libertad para el ejercicio de sus funciones técnico operativas, administrativas, financieras y de inversión debido a que al ser creados por decreto municipal, no se sabe por cuánto tiempo persistirán, siendo altamente vulnerables, lo que trae como consecuencia la falta de interés y seguridad de las inversiones en infraestructura hidráulica necesaria para mejorar los servicios.

Garantía de un periodo mínimo de operación

Contar con una garantía de tiempo podría asegurar el periodo de retorno de inversiones y la posible obtención de recursos que generen utilidad para las reinversiones, indispensable para aplicar en desarrollos tecnológicos de punta, rehabilitación de la infraestructura, modernización que facilite la operación del sistema con oportunidad para beneficio de los usuarios y garantía de un buen servicio, fomentando la recaudación, reducción del rezago y la disminución de los costos de operación; principalmente, la energía eléctrica, optimizando el empleo de los recursos humanos, materiales, económicos, financieros, orientados hacia una transición integral que permita la autosostenibilidad y la solución a las dificultades enunciadas sobre el cumplimiento al derecho humano al agua.

Perfil del director del organismo operador

Como se mencionó anteriormente, es necesario que la persona que tenga el cargo de director cuente con experiencia técnica y administrativa comprobable en materia de agua para garantizar que tenga la capacidad de cumplir con todas las funciones que demanda el cargo, ya que de él depende el éxito o fracaso del organismo.

Finalmente, la pandemia de la Covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia vital del saneamiento, la higiene y un acceso adecuado a agua limpia para prevenir y contener las enfermedades.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el lavado de manos es una de las acciones más efectivas que se pueden llevar a cabo para reducir la propagación del virus de la Covid-19. Aun así, hay miles de millones de personas que carecen de este servicio básico.

La Covid-19 no desaparecerá sin acceso a agua salubre para las personas que viven en situaciones de vulnerabilidad, de acuerdo con los expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).10

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a los titulares del ejecutivo y legislaturas estatales de las 32 entidades federativas y a los municipios, a incluir en sus leyes y reglamentos de agua potable y alcantarillado el perfil profesional que deberán cumplir los aspirantes al cargo de directores de los organismos operadores de agua y saneamiento.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a los titulares del ejecutivo y legislaturas estatales de las 32 entidades federativas y a los municipios, a garantizar a los organismos operadores de agua y saneamiento un periodo de prestación de servicio de al menos tres años con el objetivo de poder concluir con sus proyectos de inversión, siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas en el reglamento municipal.

Notas

1 Regulación de los servicios de agua potable y saneamiento en México. IMTA, 2017.

https://www.imta.gob.mx/biblioteca/libros_html/regulacio n-servicios/files/assets/common/downloads/publication.pdf

2 Organización de las Naciones Unidas. Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-s anitation/

3 El derecho humano al agua y al saneamiento. Nota para los medios. Organización de las Naciones Unidas.

https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/human_ right_to_water_and_sanitation_media_brief_spa.pdf

4 Ídem

5 Ídem

6 Presentación “Panorama del agua en México”. Jaime Collado. Noviembre 2021.

7 Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 2020 Nueva serie.

https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2020/

8 Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Integración de un Organismo Operador. Comisión Nacional del Agua.

https://files.conagua.gob.mx/conagua/mapas/SGAPDS-1-15-L ibro1.pdf

9 Regulación de los servicios de agua potable y saneamiento en México. IMTA 2017

https://www.imta.gob.mx/biblioteca/libros_html/regulacio n-servicios/files/assets/common/downloads/publication.pdf

10 Organización de las Naciones Unidas. Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-s anitation/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2021.

Diputado Enrique Godínez del Río (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE a contener el alza de los alimentos de consumo básico en el país, a cargo de la diputada María Elena Limón García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Limón García , diputada del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La reciente escalada de precios experimentada en la economía mexicana apunta para ser la más profunda en un periodo de 20 años, con lo cual se ponen en riesgo décadas de acciones tendientes a recuperar el poder adquisitivo de las familias.

La inflación suele ser definida como “el impuesto de los pobres”, dado que las familias de menores ingresos son las que mayor porcentaje de sus ingresos utilizan para adquirir bienes alimentarios, en comparación con las familias de los deciles de ingreso más altos.

En nuestro país, la variación de los precios se evalúa en un periodo determinado a partir de los cambios del indicador paramétrico correspondiente cuyo nombre en concreto es el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

El Índice de Precios al Consumidor es el indicador económico por excelencia que mide, a lo largo del tiempo, la variación promedio de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país. Los requerimientos legales específicos del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) están definidos en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, el cual determina la responsabilidad del Inegi de recopilar, procesar y divulgar el INPC, estableciendo que:

“El Índice Nacional de Precios al Consumidor a que se refiere el segundo párrafo del artículo 20 de este Código, que calcula el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se sujeta a lo siguiente:

I. Se cotizarán cuando menos los precios en 30 ciudades, las cuales estarán ubicadas en por lo menos 20 entidades federativas. Las ciudades seleccionadas deberán en todo caso tener una población de 20 mil o más habitantes, y siempre habrán de incluirse las 10 zonas conurbadas o ciudades más pobladas de la república.

II. ....

III. El Índice Nacional de Precios al Consumidor de cada mes se calculará utilizando la fórmula de Laspeyres. Se aplicarán ponderadores para cada rubro del consumo familiar considerando los conceptos siguientes: Alimentos, bebidas y tabaco; ropa, calzado y accesorios; vivienda; muebles, aparatos y enseres domésticos; salud y cuidado personal; transporte; educación y esparcimiento; otros servicios.”

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informa que en octubre de 2021 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un alza de 0.84 por ciento respecto al mes inmediato anterior. Con este resultado la inflación general anual se ubicó en 6.241 por ciento. En el mismo mes de 2020 la inflación fue de 0.61 por ciento mensual y de 4.09 por ciento anual. Asimismo, el índice de precios subyacente presentó un aumento mensual de 0.49 por ciento y de 5.19 por ciento anual; por su parte, el índice de precios no subyacente subió 1.87 por ciento mensual y 9.47 por ciento anual.

En la primera quincena de noviembre de 2021 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un crecimiento de 0.69 por ciento respecto a la quincena inmediata anterior. Con este resultado la inflación anual se ubicó en 7.052 por ciento. En el mismo periodo de 2020 las variaciones correspondientes fueron de 0.04 por ciento quincenal y de 3.43 por ciento anual. Lo que significa que en tan solo quince días la inflación aumentó un 0.81 por ciento. Asimismo, el índice de precios subyacente tuvo un incremento de 0.15 por ciento quincenal y de 5.53 por ciento anual; por su parte, el índice de precios no subyacente ascendió 2.29 por ciento quincenal y 11.68 por ciento anual.

A nivel nacional la población padece los estragos del alza de los productos y servicios, ya que cada vez es más complicado adquirir alimentos de una canasta básica como los que se muestran en la siguiente tabla.

Los alimentos y, entre ellos, los que conforman la canasta básica, experimentan una tasa de crecimiento no vista en 20 años, que golpea fuertemente los bolsillos de la población mexicana. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas informó que durante la primera quincena de noviembre los productos de la canasta básica pecuaria con los mayores incrementos fueron cárnicos, la leche pasteurizada y el huevo registrando un total del 7.7 por ciento.3

La carne de res fue el alimento dentro del rubro que presentó el aumento más considerable, por el orden de 21.6 por ciento, quedando en los 170.1 pesos por kilogramo, con lo que también fue la proteína animal más costosa. En el apartado de los productos ganaderos, también se destacó el encarecimiento registrado en la leche pasteurizada, que cerró la primera quincena del mes con 21 pesos por kg., cifra superior en 5.2 por ciento.

En el caso de la carne de cerdo, el organismo consultor indicó un incremento en el precio de 13.4 por ciento en comparación con la primera quincena del año anterior, con lo que el kilogramo alcanzó 88.2 pesos en promedio dentro de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

No solo el mes de noviembre fue de los más altos en cuanto a inflación hablamos pues en el mes de abril los precios de los productos agropecuarios crecieron un 6.3 por ciento contra el mes de abril de 2020.

Las ciudades que más se vieron afectadas por el alza de estos productos fueron la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El Índice de Precios al Consumidor en la ciudad de Monterrey se incrementó 7.8 por ciento, en Guadalajara 5.8 por ciento y la Ciudad de México aumentó a 5.2 por ciento.4

Desde el mes de marzo el aumento de costo en alimentos básicos se ha presentado de manera constante alcanzando su punto más alto en el mes de noviembre, por ejemplo, con base en datos presentados por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, el sector pecuario presentó entre marzo y abril las siguientes variaciones.

También el sector de los granos y similares registró un aumento como se puede observar en la siguiente gráfica.

Dentro del sector de frutas se reportó un aumento considerable donde el limón sin semilla, la uva Thompson y la manzana Golden se encontraron dentro de los tres primeros lugares.

Para el sector de las hortalizas existieron productos que reportaron caídas considerables, pero también se encontraron aumentos como el melón chino, el pepino y el ajo que recienten los bolsillos de los mexicanos.

Las ciudades metropolitanas que se ven directamente afectadas por la inflación son Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México quienes desde el mes de marzo han venido presentando aumento considerable en el precio de varios alimentos, productos y servicios. De acuerdo con el Seguimiento de Precios de la Canasta Básica de la Ciudad de México durante el mes de octubre se encontraron elevados los siguientes alimentos.

Seguimiento de Precios de la Canasta Básica 5

Quincena de Octubre Ciudad de México

De acuerdo con el Instituto de Información Estadística y Geografía de Jalisco, en lo que se refiere a la inflación por entidad federativa, Jalisco se encuentra en el decimosegundo lugar de las entidades con mayor incremento en los precios con 6.90 por ciento en octubre, la cual es mayor a la del mes anterior de 6.80 por ciento además de ser mayor a la nacional de 6.24 por ciento. Zacatecas fue la entidad que registró el mayor incremento a tasa anual en los precios con 8.36 por ciento, mientras que Quintana Roo es la que presentó la menor variación a tasa anual con 4.53 por ciento como se presenta en la siguiente información.

Inflación mensual a tasa anual por entidad federativa, octubre 2021

Fuente: IIEG, con información de Inegi.

Lo que significa que veintiún entidades se encuentran por encima de la inflación nacional. Por ciudades, Guadalajara se posicionó en el lugar 24 de 55 ciudades con mayor inflación, mientras que Tapatitlán se ubicó en la posición 12. La inflación anual más alta la registró Fresnillo, Zacatecas, con 8.91 por ciento. La inflación más baja se observó en Cancún, Quintana Roo, con 4.50 por ciento anual.

Inflación anual por ciudades, octubre de 2021

Fuente: IIEG, con información de Inegi.

El problema que atraviesa México desde la pandemia de Covid-19 ha provocado que la economía nacional se encuentre profundamente lastimada y si a eso se le suma las decisiones equivocadas que ha tomado el gobierno genera incertidumbre y desconfianza en nuestra población por eso es necesario que exista voluntad en el gobierno para cambiar el rumbo.

Desde nuestra agenda legislativa Movimiento Ciudadano seguirá impulsando medidas que nos permitan corregir el camino de la economía a través de uno de nuestros ejes de trabajo hacia una economía circular que sea un nuevo trato por la economía para todos los mexicanos.

México es uno de los países productores de alimentos más importantes del mundo, es cierto que no toda la demanda de alimentos se cubre con producción interna y que es necesario importar diferentes bienes de consumo primario. Por lo mismo, la Secretaría de Economía debe darse a la tarea de realizar las acciones a implementar por la vía del aumento de cupos de importación, identificación de sobre oferta en el exterior o hasta regionales y propiciar el intercambio comercial de tal manera que el aumento de la oferta estabilice los precios en el corto plazo.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Único . Por el que se exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Economía, para conducir las acciones necesarias a fin de contener el alza de precios de los bienes alimentarios de consumo básico en el país.

Notas

1 Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/inpc_2q /inpc_2q2021_11.pdf

2 Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/inpc_1q /inpc_1q2021_11.pdf

3 Disponible en: https://www.ganaderia.com/destacado/la-canasta-basica-en-mexico-el-prec io-mas-alto-en-los-ultimos-5-anos

4 Fuente: Grupo Consultor de Mercados Agrícolas Disponible en https://gcma.com.mx/

5 Fuente: Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución (SEDECO) disponible en https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/seguimiento-de-precio s-de-la-canasta-basica

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2021.

Diputada María Elena Limón García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a agilizar la suscripción y ratificación del Convenio 190, “Sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo”, a cargo de la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Grupo Parlamentario del PRD

Elizabeth Pérez Valdez , diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “el 80 por ciento de los trabajadores ha presenciado un acto de acoso laboral contra un compañero y el 74 por ciento asegura que esta conducta es ejercida principalmente por los jefes”.1 Adicionalmente, “el 44 por ciento de los profesionistas mexicanos ha sido víctima de mobbing o acoso laboral, porcentaje del cual la mitad son mujeres, mientras que 65 por ciento ha sido testigo de ese tipo de abuso en contra de algún compañero de trabajo”.2

Si bien es cierto que ésta no es una situación que se presenta solo en nuestro país, sí debemos hacer énfasis en que las reiteradas denuncias de estos problemas, indican que nos encontramos de frente a una escalada en su incidencia. Según Animal Político,

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), durante el primer trimestre de 2019, alrededor de 23 mil 542 personas abandonaron su lugar de trabajo debido a situaciones de acoso, con una tasa de 43.5 personas por cada 100 mil ocupadas. Es un problema que, al menos en la última década, no se ha logrado resolver: mientras que en 2010 la tasa de abandono laboral por acoso ascendía a 43.9 personas por cada 100 mil ocupadas, en el 2019 fue de 43.5. De hecho, en 2019 hubo un aumento de esta tasa de más del 60 por ciento con respecto al año anterior.3

Debemos reconocer, no obstante, que la Ley Federal del Trabajo ya contempla tanto la definición como las sanciones relativas al acoso y hostigamiento sexual, cometidas por patrones o personas que ejerzan el poder de forma abusiva, sin embargo, no establece mecanismos preventivos para evitar su incidencia. Adicionalmente, aunque hemos avanzado en la creación de un nuevo sistema de justicia laboral que, dependiendo del Poder Judicial de la Federación, pretende garantizar la resolución rápida de los conflictos laborales, para generar instrumentos que efectivamente constituyan mecanismos de exigibilidad, resultaría sumamente importante no solo contar con un marco convencional sólido, sino también con la colaboración y supervisión de la comunidad internacional especializada.

En este sentido, la Organización Internacional del Trabajo adoptó el 21 de junio de 2019 el Convenio sobre la violencia y el acoso, Núm. 190 que establece, por primera vez, un marco común y claro para prevenir y abordar la violencia y el acoso basado en un enfoque inclusivo, integrado y que tiene en cuenta las consideraciones de género. Ambos instrumentos reconocen la evolución rápida del mundo del trabajo y sin duda van a resistir el paso del tiempo. La violencia y el acoso en el mundo del trabajo sigue siendo un problema generalizado que afecta a todos los países, ocupaciones y modalidades de trabajo. Se manifiesta de diferentes formas y en diferentes contextos, despoja a las personas de su dignidad y resulta incompatible con el trabajo decente y la justicia social. Las desigualdades persistentes y los cambios demográficos, al igual que los cambios de la organización del trabajo y la evolución tecnológica, pueden exacerbar aún más la violencia y el acoso, incluida la violencia y el acoso por motivos de género.4

El Convenio establece las definiciones de violencia y acoso así como violencia y acoso por razón de género, protegiendo a todas y todos los trabajadores sin importar el ámbito en el que ejercen sus labores, incluyendo los sectores público y privado, de la economía formal e informal y en zonas urbanas y rurales, obligando a los miembros que ratifiquen el Convenio para “respetar, promover y asegurar” a todas las personas “un mundo del trabajo libre de violencia y acoso”, con un enfoque inclusivo, integrado y que tome en consideración las diferencias de género para establecer medidas efectivas de prevención.

Según el artículo 4, numeral 2, este enfoque consiste en:

a) prohibir legalmente la violencia y el acoso;

b) velar por que las políticas pertinentes aborden la violencia y el acoso;

c) adoptar una estrategia integral a fin de aplicar medidas para prevenir y combatir la violencia y el acoso;

d) establecer mecanismos de control de la aplicación y de seguimiento o fortalecer los mecanismos existentes;

e) velar por que las víctimas tengan acceso a vías de recurso y reparación y a medidas de apoyo;

f) prever sanciones;

g) desarrollar herramientas, orientaciones y actividades de educación y de formación, y actividades de sensibilización, en forma accesible, según proceda, y

h) garantizar que existan medios de inspección e investigación efectivos de los casos de violencia y acoso, incluyendo a través de la inspección del trabajo o de otros organismos competentes.

Adicionalmente, el Convenio establece medidas de protección especial para los sectores informales de la economía y para las mujeres, además de la exigencia de la creación de mecanismos de exigibilidad que les permitan a las y los trabajadores tener un acceso efectivo a la justicia laboral. Por lo anterior, no solo resulta conveniente para México contar con este instrumento internacional, sino que constituye una herramienta fundamental para la garantía de los derechos de las y los trabajadores.

Debemos señalar que este Convenio, actualmente, se encuentra en vigor en Fiji, Uruguay y Namibia y entrará en vigor el próximo año en Argentina, Ecuador, Grecia, Italia, Mauricio y Somalia. Con su suscripción y posterior ratificación, México se pondría a la vanguardia en la garantía y protección de los derechos laborales de las y los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de:

Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para agilizar y llevar a cabo, a la brevedad, la suscripción y ratificación del Convenio 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

Notas

1 https://www.eleconomista.com.mx/gestion/El-74-del-acoso-laboral-es-ejer cido-por-los-jefes-CNDH-20190723-0114.html

2 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/44-de-los-profesionistas-en-me xico-ha-sufrido-acoso-laboral/

3 https://www.animalpolitico.com/blog-de-intersecta/la-invisibilidad-de-l a-violencia-laboral-en-mexico/

4 OIT, Eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Suiza, 2020

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2021.

Diputada Elizabeth Pérez Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR y los OIC en las instituciones estatales y municipales de seguridad pública a detectar y sancionar a los elementos que circulen sin licencia o placas en vehículos particulares, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, el artículo 79, numeral 1 y numeral 2 Fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

Históricamente la función policial dentro de las instituciones de seguridad, ha ocupado un lugar primordial e imprescindible en materia de seguridad ciudadana, siendo de extrema importancia que estas sean eficientes para reforzar la legitimidad que conlleva.

La función policial está ligada completamente con los objetivo de mantener la seguridad y el orden, dentro del territorio al que están adscritos, haciendo cumplir las leyes, previniendo el delito, garantizando así el orden y la paz pública, al mismo tiempo que es de suma importancia investigar y perseguir a los responsables de delitos de cualquier índole.

En este mismo orden de ideas, es lógico que quienes están encargados de salvaguardar la seguridad de las y los mexicanos mediante la correcta aplicación de las leyes, sean los primeros que deben cumplirlas, bien es sabido que “el buen juez, por su casa empieza”

Cabe señalar que las instituciones de seguridad realizan día a día una labor titánica para evitar que el país sucumba ante el crimen, no obstante este punto de acuerdo es elaborado bajo la premisa de que nada ni nadie está por encima de las leyes que hoy nos rigen, especialmente quienes esta encargados de hacerlas respetar.

No es extraerse que producto de la impunidad que se vivía en los gobiernos anteriores, fue que los policías gozaban de inmunidad ante las repercusiones legales que pudieran tener debido a ciertos actos y comportamientos. Uno de estos hechos y/o beneficios de los que muchas y muchos policías “gozan” radica en que si alguno de ellos cuenta con auto particular, estos no sienten la necesidad de cumplir con sus obligaciones administrativas que esto conlleva, por ejemplo el trámite de la licencia de conducir así como placas para su circulación.

Bajo el argumento de que son servidores públicos en materia de seguridad, muchos de estos elementos de seguridad se amparan ante los cuestionamientos de sus compañeros si llegan a ser detenidos y en muchos casos, este argumento basta para pasarlo por alto que se les permita transitar, provocando así una doble falta, tanto del que incurre como del que lo permite.

“La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (Sspe) advirtió a los agentes de la Comisión Estatal de Seguridad, de la Policía Municipal y Seguridad Vial, que no permitirán que utilicen autos sin placas o amparados con engomados de cualquier organización, porque serán decomisados.

El secretario Emilio García Ruiz informó que se les prohibió que lleven sus autos particulares ‘chuecos’ a las estaciones o delegaciones de Policía y Tránsito, porque van a sufrir del aseguramiento y sanciones como cualquier persona.

El jefe policíaco señaló que se debe actuar primero con los de casa y luego contra los ciudadanos que poseen autos de modelos recientes que no tienen placas o son amparados con cualquier engomado ‘pafo’ .

Debemos poner el ejemplo, sabemos que hay muchos policías con ese tipo de vehículos pero no se les va a tolerar, la ley es pareja y se hace con ánimo de mejorar la situación, de disminuir la inseguridad 1 ”

Es pertinente mencionar que las y los integrantes de las instituciones de seguridad, también son ciudadanos y deben acatar las reglas ya establecidas para acreditar correctamente con un bien, en este caso, con vehículos automotores.

Basta de utilizar el famoso “charoleo” para evadir las responsabilidades como servidores públicos, de valerse de “contactos” para esquivar sanciones y que hagan lo que les convenga, es momento de actuar y demostrar que por encima de la ley, nadie y bajo la ley, todos. Por los argumentos anteriormente expuestos, someto ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la Republica así como a los Órganos de Control Interno de las instituciones de seguridad pública a nivel Estatal y Municipal para detectar y sancionar a los elementos a su cargo que circulen sin licencia o placas en vehículos particulares.

Nota:

1. El Diario Mx. “Advierten autoridades a policías que no utilicen autos sin placas”. Disponible en: https://diario.mx/juarez/advierten-autoridades-a-policias-que-no-utilic en-autos-sin-placas-20200902-1703674.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 9 de diciembre de 2021.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a coordinar por la STPS y el Inmujeres un programa nacional para la incorporación de las desempleadas durante la pandemia por Covid-19 a trabajos formales con prestaciones sociales y de seguridad social, a cargo de la diputada Itzel Josefina Balderas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Itzel Josefina Balderas Hernández, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La pandemia causada por el Covid-19 ha dejado severas afectaciones en toda la población, sin embargo, se ha demostrado que las más afectadas han sido las mujeres.

Además del aumento en los cuidados del hogar y la responsabilidad educativa de los hijos, muchas mujeres vieron amenazada su economía al quedar desempleadas del trabajo que tenían previo a la pandemia.

A través de cifras otorgadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se dio a conocer que 7 de cada 10 empleos que se perdieron entre 2020 y 2021, eran de mujeres.

Por su parte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), informó que hay cuatro sectores con alta participación de mujeres que fueron gravemente afectados por la pandemia:

• “Sobre el turismo, la Comisión informó lo siguiente: “La caída de la demanda de turismo afecta a las trabajadoras de los servicios de alojamiento y comidas”.

• Manufactura: “La interrupción de las cadenas de valor mundiales y el cierre de fábricas afecta a las trabajadoras de la industria de exportación”.

• Comercio al por mayor y menor: “Los menores ingresos, la caída de la demanda y los cambios en los patrones de consumo afectan a las trabajadoras del comercio”.

• Trabajo doméstico remunerado: “La imposibilidad de realizar trabajo a distancia expone a las trabajadoras domésticas al virus y al deterioro de sus condiciones de empleo”.1

Además, para finales del mes de junio del presente año, 893 mil 921 mujeres continuaban sin trabajo, es decir, 84.78 por ciento más que en mayo de 2020.2

El impacto que trajo consigo la pandemia causada por el Covid-19 ha subrayado el enorme reto que tenemos para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, sobre todo, en el sector económico que permitirá dar mayor libertad a las mujeres mediante el empoderamiento que les brinda ser parte del mercado laboral.

Es importante destacar que el gobierno mexicano no solo tiene el compromiso de generar empleo para las mujeres que fueron afectadas por despidos durante la pandemia, sino también, de generar empleos formales que permitan la reincorporación de aquellas mujeres que al verse desamparadas por un empleo formal se sumaron a la informalidad laboral pues son mujeres que no gozarán de prestaciones ni seguridad social.

Por otra parte, de acuerdo con la encuesta IMCO-Reforma, 47 por ciento de las mujeres reportó una baja en sus ingresos y, a pesar de que casi la mitad de los hombres y mujeres de la encuesta reportaron menores ingresos, la disminución para las mujeres fue mayor. “48 por ciento de los hombres con menos ingresos reportó un recorte de entre 20 y 50 por ciento, mientras que 32 por ciento de las mujeres con menor salario reportaron una disminución de más de la mitad. Si se considera que la mayor proporción de las mujeres gana entre 2 mil 600 y 6 mil pesos, esto significa que el impacto en su economía fue mayor”.3

Derivado de lo anterior, es fundamental que el gobierno federal siga construyendo acciones que promueva la igualdad de género, así como la disminución de la pobreza en los hogares mexicanos, por esta razón, de manera respetuosa exhortamos al Ejecutivo para que se implemente una estrategia nacional y coordinada con el objetivo de acelerar la incorporación de las mujeres desempleadas por la pandemia del Covid-19 a trabajos formales con el goce de prestaciones económicas y de seguridad social.

En virtud de lo antes expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Nacional de las Mujeres, a fin de implementar de forma coordinada un programa estratégico nacional que acelere la incorporación de las mujeres desempleadas durante la pandemia por Covid-19, a trabajos formales con el goce de prestaciones sociales y de seguridad social en términos de las leyes vigentes.

Notas

1 https://cnnespanol.cnn.com/2021/05/18/mujeres-desempleo-mexico-pandemia -puntos-explicar-problema-orix/

2 https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/crece-84-desempleo-de-mujeres -en-un-ano-pandemia-trabajo-hogar-datos-inegi-6901042.html

3 https://imco.org.mx/las-mujeres-en-pandemia-los-efectos-en-el-hogar-y-e n-el-trabajo/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2021.

Diputada Itzel Josefina Balderas Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob y la SSPC a garantizar la paridad de género mediante la implantación de programas destinados a identificar, prevenir y atender la violencia de género contra las mujeres, a cargo del diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, Mario Alberto Rodríguez Carrillo , diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracciones II y III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La violencia es uno de los mayores problemas de la humanidad y afecta tanto a hombres como a mujeres, sin embargo, es la violencia contra las niñas y las mujeres una de mayores trasgresiones a los derechos humanos que se cometen en el mundo.

La violencia en contra de las mujeres se produce repetidamente día tras día en todos los rincones del planeta, con graves consecuencias físicas, económicas y psicológicas sobre éstas, tanto a corto como a largo plazo.

ONU Mujeres fija que la violencia contra las mujeres y las niñas se define como todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. La violencia contra las mujeres y niñas abarca, con carácter no limitativo, la violencia física, sexual y psicológica que se produce en el seno de la familia o de la comunidad, así como la perpetrada o tolerada por el Estado.1

De acuerdo con esta Organización, la violencia contra las mujeres puede ser de diferentes tipos:

-Violencia sexual: cualquier acto de naturaleza sexual cometido contra la voluntad de otra persona, ya sea que esta no haya otorgado su consentimiento o que no lo pueda otorgar por ser menor de edad, sufrir una discapacidad mental o encontrarse gravemente intoxicada o inconsciente por efecto del alcohol o las drogas.

La violencia sexual puede incluir: acoso sexual, violación, violación correctiva y cultura de la violación.

-Trata de personas: Adquisición y explotación de personas utilizando medios tales como la fuerza, el fraude, la coacción o el engaño. Este atroz delito atrapa a millones de mujeres y niñas en todo el mundo, muchas de las cuales padecen explotación sexual.

-Mutilación genital femenina: La mutilación genital femenina (MGF) incluye procedimientos destinados a alterar de manera intencionada o causar daños en los órganos genitales femeninos por razones no médicas. Se clasifica en cuatro grandes tipos, y tanto la práctica como las motivaciones que subyacen a ella varían según los lugares. La MGF es una norma social, a menudo considerada como un paso necesario para preparar a las niñas para la madurez y el matrimonio. Por lo general se debe a creencias asociadas al género y a su relación con una “expresión sexual adecuada”. Se clasificó por primera vez como violencia en 1997 a través de una declaración conjunta de la OMS, el Unicef y el Unfpa.

-Matrimonio infantil: Cualquier matrimonio en el que uno o ambos cónyuges sean menores de 18 años. Constituye una violación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que “[sólo] mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio”. Las niñas tienen una probabilidad mayor que los niños de casarse siendo menores de edad y, por tanto, de abandonar la escuela y experimentar otras formas de violencia.

-Violencia en línea o digital: La violencia en línea o digital contra las mujeres es cualquier acto de violencia cometido, asistido o agravado por el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones (teléfonos móviles, Internet, medios sociales, videojuegos, mensajes de texto, correos electrónicos, etc.) contra una mujer por el hecho de serlo. Este tipo de violencia puede incluir: ciberacoso, sexteo o sexting y doxing.

El artículo 1o. de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) define esta discriminación como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquiera otra esfera.2

Es lamentable reconocer que en todas las culturas, países y localidades existe algún tipo de violencia contra las mujeres, donde se les impide participar de manera plena y en pie de igualdad en la sociedad.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha establecido que los estudios sobre la materia permiten afirmar que toda agresión perpetrada contra una mujer tiene alguna característica que permite identificarla como violencia de género...Esto significa que está directamente vinculada a la desigual distribución del poder y a las relaciones asimétricas que se establecen entre varones y mujeres en nuestra sociedad, que perpetúan la desvalorización de lo femenino y su subordinación a lo masculino.3

Dentro de las normas de los pactos internacionales constitucionalizados que prevén el derecho humano a la seguridad, se encuentra el artículo 3o. de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que contempla: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona; igualmente está reconocido en el Art. 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal... en un Estado Democrático de Derecho consiste en el conjunto de garantías que debe brindar el Estado a los ciudadanos para el libre ejercicio de todos sus derechos.4

En México, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la mujer y el hombre son iguales ante la ley y la Ley General para la igualdad entre mujeres y hombres por su parte, regula y garantiza la igualdad de oportunidades y de trato entre ambos.

Aunado a lo anterior, dicha Ley establece en su numeral 17 que la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres deberá establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito económico, político, social y cultural. Para ello, la Política Nacional que desarrolle el Ejecutivo federal deberá asegurar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos y acciones para la igualdad entre mujeres y hombres.

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, por su parte, hace referencia a esta grave problemática señalando que “se pondrá especial énfasis en el combate a los crímenes que causan mayor exasperación social como los delitos sexuales, la violencia de género en todas sus expresiones, la desaparición forzada, el secuestro y el asalto en transporte público”.5

En el año de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió una resolución que establece el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuya finalidad es coordinar actividades para concientizar y dimensionar la magnitud del reto de una vida libre de violencia.

En convergencia a este objetivo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó el panorama actual de las distintas formas de violencia que enfrentan las mexicanas, con base en programas permanentes de recolección de información estadística que buscan proporcionar información confiable y actualizada para el diseño y evaluación de acciones para la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.6

En dicho documento se informa que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021 (Envipe), a partir de 2016 y hasta 2018 se registró un incremento en el porcentaje total de la población con percepción de inseguridad en los contextos en que residen, llegando a un máximo de 79.4 por ciento en 2018. A partir de esa fecha, se observa un descenso hasta 2021 que registró una cifra de 75.6 por ciento. Cuando se observan estos datos por sexo, es notorio que la percepción de inseguridad es mayor en las mujeres y que la diferencia respecto a los hombres se ha incrementado en los últimos años, alcanzando hasta siete puntos porcentuales en 2020 (81.7 por ciento en mujeres contra 74.7 por ciento en hombres).

Continúa señalando que, de acuerdo también con la Envipe 2021, 10.8 por ciento del total de delitos cometidos contra las mujeres es de tipo sexual, mientras que en el caso de los hombres estos delitos representan 0.8 por ciento. Para las mujeres, los delitos sexuales ocupan el cuarto lugar mientras que para los hombres se ubican en la novena posición.

Respecto al tipo de violencia, refiere que, de enero a agosto de 2021 la principal violencia en los hogares fueron las ofensas o humillaciones, las cuales presentaron un descenso respecto a 2020 en ambos sexos, aunque prevalece un nivel mayor en las mujeres, con 4.9 por ciento de mujeres que vivieron estas situaciones contra un 3.2 por ciento en los hombres, en comparación con 6.6 por ciento y 4.0 por ciento, respectivamente, en 2020.

Le sigue haber sido corrida(o) de su casa o amenazada(o) con correrla(o), que en las mujeres pasó de 2.2 por ciento en 2020 a 1.6 por ciento en 2021, mientras que en los hombres cambió de 1.6 a 1.1 por ciento en el mismo periodo. Le siguen haber sido golpeada(o) o agredida(o) físicamente; haber sido manoseada(o), tocada(o), besada(o) o si se le han arrimado recargado o encimado sin consentimiento; haber sido atacada(o) o agredida(o) con un cuchillo, navaja o arma de fuego y finalmente haber sido agredida(o) sexualmente, todas estas situaciones con mayores niveles para las mujeres y en las que se registró un descenso en 2021 respecto de 2020.

En cuanto hace a las defunciones de mujeres con presunción de homicidio, en el caso de las mujeres se muestra un crecimiento de 2015 a 2020. Tan solo entre 2018 y 2020 han sido asesinadas 11,602 mujeres.

Esta dolorosa realidad no debe permanecer por más tiempo, nuestro país cuenta con una amplia legislación en la materia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido una gran cantidad de resoluciones al respecto, México ha suscrito diversos compromisos internacionales, sin embargo, todo ello no tendrá los efectos deseados si no se implementan acciones y programas efectivos contra esta problemática.

La violencia contra la mujer debe estar en el centro de los problemas a resolver, y se debe reflejar el interés en solucionarlo, mediante la implementación de planes y programas de Gobierno, así como mediante la asignación de un presupuesto vasto y suficiente para los mismos, destinados a identificar, prevenir y atender la violencia de género contra las mujeres en todo el territorio nacional.

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, aprobado en la Cámara de Diputados, fija para el Anexo 13 un presupuesto de 232 mil 384 millones de pesos para el Anexo 13, equivalente a un aumento real de 74.6 por ciento (99 mil 268 millones de pesos) contra lo aprobado en 2021.

Sin embargo, el 89.4 por ciento de estos recursos corresponden a programas prioritarios de la administración federal, de los cuales no se desprende claramente fines tendientes a la erradicación de la violencia, la promoción de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y la discriminación, por lo que estos no deberían estar contemplados en dicho Anexo.

Estos programas, a los que se ha destinado recursos públicos y que debieran estar destinados a la igualdad entre mujeres y hombres, no han presentado a la fecha, evaluaciones que demuestren su contribución a la eliminación de la violencia por razones de género, tampoco han demostrado mediante padrones, el número de mujeres beneficiarias, ni han probado su efectividad en la reducción de la desigualdad ni en la eliminación de estereotipos y roles de género.

Ante el actual panorama de violencia de género en México, no debemos aceptar que los programas destinados a la igualdad entre mujeres y hombres sean suplantados por otros que, si bien pudieran representar beneficios a la sociedad en general, no cumplen con estos fines específicos.

Es imprescindible garantizar un presupuesto con perspectiva de género y replicar los modelos exitosos de aquellos programas destinados a la prevención, atención y erradicación de la discriminación y la violencia en contra de las mujeres, así como de aquellos destinados a la protección de estas.

Un programa merecedor de reconocimiento es el de Unidad Mujer Segura Zapopan, desarrollado por la Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco.

Este programa surge el 25 de noviembre del 2013, como una estrategia para la prevención de la violencia contra las mujeres en razón de género, por parte de la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan, atendiendo a lo estipulado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por lo que se modifica el Reglamento de la Comisaría General en el 2018, y la Unidad de Mujer Segura forma parte del Centro de Prevención Social de la Comisaría.

Está conformada por 12 instructoras con formación policial, capacitadas y sensibilizadas en la prevención de la violencia, por diversas instituciones estatales y federales, quienes acuden a impartir cursos taller a escuelas, empresas, instituciones y colonias del municipio de Zapopan.

La Unidad de Mujer Segura brinda a las mujeres, niñas y adolescentes herramientas informativas y prácticas para su protección, con el objetivo de que detecten situaciones de violencia y de esta manera puedan salir de ellas o bien acudir a redes de apoyo. El objetivo principal es desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas para reaccionar ante una situación de riesgo y a su vez fomentar la cultura de la denuncia para salvaguardar su integridad física y psicológica.

Se ha capacitado a 13 mil 500 mujeres que habitan, estudian o trabajan en el municipio de Zapopan, mediante la impartición de un total de 734 cursos taller, 202 en colonias, 137 a empresas, 277 escuelas y 118 instituciones.

De manera virtual se ha brindado capacitación a empresas nacionales como: Grupo Vadeto en Ciudad de México, IBM en Sinaloa, Ciudad de México, Nayarit y Sonora, JABIL en Cd. Juárez, Monterrey, Chihuahua, Tijuana y Texas-USA, Bayer en Ciudad de México, Puebla, Chiapas, Veracruz, y Tlaxcala, CLOE en Baja California Sur, Quintana Roo, Guerrero y Monterrey e internacionales como en Wal-Mart Latam en México, Argentina, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Perú y EU y en Interlub Group en Jalisco y Ciudad de México. En Instituciones como Conafor en Hidalgo, Tlaxcala, Chiapas, Monterrey, Tala Jalisco, Ciudad de México, Puebla y Guerrero.

Ha brindado también apoyo a otras corporaciones, capacitando a compañeras policías que inician proyectos similares, es el caso de la comisaría del Salto y San Pedro Tlaquepaque y el Instituto de las Mujeres en Ameca.

A la fecha en el país no hay antecedente alguno de un programa en el que se aborden temas como la Unidad de Mujer Segura, en el que las mujeres logren una toma de conciencia para detectar relaciones violentas y reconozcan sus derechos en busca de su autonomía. La comisaría de Zapopan es la única en Jalisco en contar con un modelo teórico y práctico, para la prevención de violencia contra las mujeres

Este curso taller es innovador porque promueve la convivencia entre mujeres, las acerca a la comisaría y éstas desarrollan confianza en las herramientas de ayuda que Zapopan les ofrece.

De las consideraciones presentadas se desprende la trascendencia del presente punto de acuerdo, ya que la implementación de programas efectivos para concientizar a la sociedad en el problema de la violencia de género, así como para lograr su identificación, prevención y atención, se constituye en una de las maneras mas eficaces para detener la violencia y combatir las múltiples formas de discriminación en contra de las mujeres.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión reconoce al gobierno municipal de Zapopan, Jalisco, a través del programa Unidad Mujer Segura Zapopan, por el trabajo desarrollado para prevenir la violencia de género mediante la impartición de conocimientos, habilidades y destrezas que permitan a las mujeres reaccionar en una situación de riesgo, para salvaguardar su integridad física y psicológica.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana a realizar acciones coordinadas para garantizar el respeto irrestricto del principio de la paridad de género mediante la implementación de programas en todo el territorio nacional, destinados a identificar, prevenir y atender la violencia de género, así como a desarrollar en las mujeres conocimientos, habilidades y destrezas para reaccionar ante una situación de riesgo y a su vez fomentar la cultura de la denuncia para salvaguardar su integridad física y psicológica.

Notas

1 ONU Mujeres. Preguntas frecuentes: Tipos de violencia contra las mujeres y las niñas. Disponible en:

https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-ag ainst-women/faqs/types-of-violence.

2 Naciones Unidas, Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 1979. Disponible en:

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ceda w.aspx

3 Rico, Nieves. Violencia de género: un problema de derechos humanos. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 1996. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5855/1/S9600674_es .pdf

4 Cartagena, Ilda. Seguridad Ciudadana un derecho humano. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Revista Regional de Derechos Humanos, pág. 9. Disponible en:

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r26029.pdf

5 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Diario Oficial de la Federación. 2019. Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2 019

6 Inegi, Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Comunicado de Prensa Núm. 6. 23 de noviembre de 2021. Pág.1 Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_El imviolmujer21.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2021.

Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a atraer el caso del delito de violación cometida por el diputado electo del PAN Jorge Alberto Romero Vázquez contra las ciudadanas Regina “N” y María José “N”, suscrita por los diputados Emmanuel Reyes Carmona y Pedro David Ortega Fonseca, del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben diputados Emmanuel Reyes Carmona y Pedro David Ortega Fonseca integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, el artículo 79, numeral 2 Fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

Casi 1 de cada 3 mujeres ha sufrido abusos a lo largo de su vida. En tiempos de crisis las cifras aumentan, como se vio durante la pandemia de COVID-19 y las recientes crisis humanitarias, conflictos y desastres climáticos. Un nuevo informe de ONU Mujeres, basado en datos de 13 países desde la pandemia, recoge que 2 de cada 3 mujeres padecieron alguna forma de violencia o conocían a alguna mujer que la sufría. Por desgracia, solo 1 de cada 10 dijo que recurriría a la policía en busca de ayuda. A su vez, se llegó a la conclusión que estas mujeres tienen más probabilidades de enfrentarse a situaciones de pobreza y escasez de alimentos.i

Si bien la violencia de género es generalizada, esta puede y debe prevenirse. Detener esta violencia comienza por creer en las sobrevivientes, adoptando enfoques integrales e inclusivos que aborden las causas fundamentales, transformen las normas sociales dañinas y empoderen a las mujeres y las niñas.

La discriminación, la re-victimización y la impunidad en la respuesta del poder judicial a casos concretos de violencia de género han sido identificados en relación al acceso a la justicia de las mujeres víctimas de la violencia.

El Poder Judicial enfrenta, en los casos de violencia de género, una alta responsabilidad ética y jurídica de velar por la protección de quienes denuncian. Por otra parte, la Declaración de Naciones Unidas sobre Víctimas de Delitos (1985) y las Reglas de Brasilia (2008) señalan que las mujeres, niños/as víctimas de violencia de género que requieren especial protección, y la Convención Interamericana Belén Dó Pará establece obligaciones concretas al Poder Judicial.ii

Recientemente, diversos medios de comunicación dieron a conocer la noticia que, el diputado federal electo del PAN, Jorge Alberto Romero Vázquez, ha sido acusado de violar a dos ex reinas de la ciudad de Irapuato (Regina N y María José N)iii , sin duda la nota fue un escándalo nacional por tratarse de un diputado electo el ejecutor del delito, pues, hasta hace poco su bancada se pronunciaba en contra de la violencia contra las mujeres, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el pasado 25 de noviembre en la más alta tribuna de la nación; pero lo que ha causado más asombro y molestia entre la ciudadanía es la revictimización de las partes ofendidas pues la Fiscalía General del estado de Guanajuato reclasificó el delito de violación espuria, que es con el que fue iniciado y por el que el agresor estuvo en prisión preventiva, para dejarlo en abuso sexual.

Con esta reclasificación el agresor pudo salir libre gracias a la actuación de la fiscalía, sin tomar en cuenta las decisiones del juez de control y del magistrado, que confirmó la vinculación a proceso.

En este sentido como legisladores federales, pero sobre todo como padres de familia, esposos, hijos o simplemente como ciudadano consciente del problema latente que significa cualquier tipo de violencia hacia las mujeres, hoy nos pronunciamos de manera contundente contra esta forma de actuar de un legislador electo y de la fiscalía estatal, que se supone debe ser el abogado del pueblo.

Por las circunstancias en que tienen lugar y quién los cometió, generalmente los delitos contra la integridad sexual son investigados en el fuero común (es decir, por las fiscalías de cada entidad federativa); sin embargo, en ciertos casos deben ser investigados y perseguidos por la FGR.

El artículo 5 de la Ley de la Fiscalía General de la República establece:

Artículo 5. Al Ministerio Público de la Federación le corresponde, en representación de los intereses de la sociedad: la investigación y la persecución de los delitos del orden federal y los de su competencia ante los tribunales, la preparación y el ejercicio de la acción de extinción de dominio, la intervención en todos los asuntos que correspondan a sus funciones constitucionales, así como promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de la persona imputada, de la víctima o de la persona ofendida durante el desarrollo del procedimiento penal, establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, en el Código Nacional, la presente Ley, y las demás disposiciones legales aplicables.

La Fiscalía General de la República podrá ejercer la facultad de atracción de casos del fuero común en los supuestos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y las leyes aplicables .

La víctima podrá solicitar a la Fiscalía General que ejerza su facultad de atracción.

Por esta razón es que hoy solicitamos que la Fiscalía General de la República atraiga este caso por la ineficacia de la fiscalía local competente.

Por lo anteriormente expuesto, ante esta soberanía presento el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la Republica atraiga el caso del delito de violación cometida por el diputado electo del PAN Jorge Alberto Romero Vázquez, cometido en contra de las ciudadanas Regina N y María José N; por haberse demostrado la incapacidad e inefectividad de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Notas:

i. https://www.un.org/es/observances/ending-violence-against-women-day

ii. http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2301-06 652016000100006

iii. https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/25/estados/
reclasificar-delito-de-jorge-romero-enlodaria-justicia-en-guanajuato/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 9 de diciembre de 2021.

Diputados: Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica), Pedro David Ortega Fonseca (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a abrir por la Ssa el prerregistro de niñas y niños de 12 a 15 años para la vacuna contra el Covid-19, y acelerar la inmunización de adolescentes entre 15 y 17 años, a cargo de la diputada Itzel Josefina Balderas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Itzel Josefina Balderas Hernández, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta asamblea proposición con punto de acuerdo con el tenor de las siguientes

Consideraciones

El primer caso de Covid-19 se detectó en México el 27 de febrero de 2020 y de manera exponencial para el 30 de abril del mismo año ya habíamos alcanzado un total de 19 mil 224 casos confirmados de contagio y mil 859 fallecidos.

En un principio se consideraba que este virus afectaba gravemente a cierta población vulnerable como los adultos mayores, personas con discapacidad o alguna enfermedad como la diabetes e hipertensión; sin embargo, conforme el tiempo avanzó se pudo observar que tanto los niños como los adolescentes también contraían esta enfermedad y con ella, complicaciones de salud graves.

Afortunadamente, se ha desarrollado una vacuna contra el SARS CoV-2 como una respuesta inmunológica capaz de producir anticuerpos para neutralizar el virus, así como generar una respuesta de memoria en la inmunidad celular de modo que con la aplicación de la vacuna podemos mitigar la propagación del Covid-19 protegiendo a las y los ciudadanos de nuestro país.

Es importante destacar que el plan de vacunación fue un paso importante para la reincorporación social, laboral y educativa. Sin embargo, pese a que en México se recibieron las vacunas de manera oportuna en el mes de marzo de 2021, la aplicación comenzó once días después.

Este retraso se pudo observar derivado de lo siguiente: el día 16 de mayo de 2021 en la conferencia vespertina se informó que la aplicación total había sido de 23 millones ?168 mil ?462 dosis mientras que las recibidas fueron de 29 millones?163 mil?275 dosis, es decir, 5 millones?994 mil?813 vacunas no habían sido aún aplicadas.

Es importante destacar que el gobierno federal se había dedicado a inmunizar únicamente a la población mayor de 18 años, sin embargo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) avaló el uso de esta vacuna en menores de entre 12 a 17 años.

Muy a pesar de las declaraciones del doctor Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Protección de la Salud, quien sostenía que no era necesario vacunar a este sector poblacional el 16 de noviembre de este año, hizo público el comienzo del pre-registro, pero sólo para adolescentes de 15 a 17 años.

Ante la resistencia de parte del gobierno federal de apoyar a las familias mexicanas para que la mayoría de sus miembros gocen de esta inmunización y, frente a la realidad de todas las niñas, niños y adolescentes en su regreso a clases, de manera personal comencé a apoyar a los padres de familia del municipio de Irapuato, Guanajuato, con la gestión para promover amparos ante un juzgado de distrito con el objetivo de garantizar el derecho a la salud de sus hijas e hijos.

Hasta el momento se han logrado inmunizar con la primera dosis a 162 adolescentes como resultado de estos amparos, demostrando que contamos con el personal y las dosis necesarias para completar un esquema de vacunación en este sector de la población mexicana.

Cabe citar que la aplicación de estas vacunas no debería verse forzada por el resolutivo derivado de un amparo ya que sabemos que el derecho y goce a la salud es obligatoria para el Estado por lo que, promover amparos por este motivo sólo está incrementando el trabajo de los juzgados y no es lo correcto, sabiendo que existen los recursos necesarios para cumplir con la obligación de inmunizar a la niñez y adolescencia apta con la dosis de Pfizer.

En virtud de lo antes expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud, se apertura el pre-registro de niñas y niños de 12 a 14 años para aplicar la vacuna contra el Covid-19, así como, se acelere la vacunación de adolescentes entre 15 y 17 años en el territorio nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2021.

Diputada Itzel Josefina Balderas Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al INPI y el Inmujeres a implantar una estrategia coordinada de inclusión para las indígenas con discapacidad, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía , diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En el artículo 35 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se señala que será la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios quienes se coordinarán para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el cual tiene por objetivo promover instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales que atiendan y erradiquen la violencia contra las mujeres sin discriminación.

Por lo anterior, se considera que el idioma, edad, condición social, preferencia sexual o cualquier otra condición no se considera como restricción por lo que podrán acceder a las políticas públicas y programas en la materia.

No obstante, en la actualidad la violencia contra las mujeres indígenas ha propiciado un problema social que afecta sus vidas, ya que el Informe sobre la Violencia de Género contra las Mujeres en Regiones Indígenas de 2017 reporta que el 11.3 por ciento de la población casadas o libres que viven en pareja han sido violentadas de manera física o sexual.1

La falta de oportunidades, la desigualdad de género, los bajos niveles de escolaridad, aunado a las condiciones de pobreza y otras condiciones de exclusión y discriminación, son condiciones que generan violencia contra las mujeres indígenas.

No obstante, en las mujeres con discapacidad se incrementan las condiciones de desigualdad desproporcionada ya que su condición de vida queda invisibilizada y a expensas de una mayor vulnerabilidad.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, suscrita en 2006 proporciona una orientación para los Estados en la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad y por ende el de las mujeres indígenas.2

En el preámbulo de la Convención existe una referencia particular respecto a los pueblos indígenas en la que se establece la consideración de los aspectos de multiculturalidad y visión, es decir la coexistencia de sus diferencias multiculturales y el reconocimiento a su identidad.

Por otra parte, según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016 indican que la violencia contra las mujeres afecta a los distintos sectores de la población; y que el 66 por ciento las mujeres mexicanas de 15 años y más de edad han sido víctimas de violencia o han padecido, al menos, un incidente de violencia en cualquier ámbito y momento de su vida.

Con base en el tratamiento de la información de la encuesta y la aplicación del criterio de hogar indígena (3), se estima que el 59 por ciento de las mujeres indígenas ha experimentado algún tipo de violencia (emocional, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación laboral) a lo largo de su vida.3

De acuerdo a cifras del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay 15.7 millones de personas consideradas indígenas.

Se destaca de estas cifras que del total de población con discapacidad de 3 años y más, 450 mil personas (7.9 por ciento), son hablantes de lengua indígena, en las cuales existe igual proporción de mujeres que de varones entre las personas indígenas con discapacidad (50.5 por ciento frente a 49.5 por ciento, respectivamente).4

En otro orden de ideas la discapacidad desde la perspectiva de derechos humanos, implica una evolución en el pensamiento y acción de los Estados y de todos los sectores de la sociedad, para que las personas con discapacidad dejen de ser consideradas receptores de servicios de beneficencia u objetos de decisiones de otros, y se reconozcan como titulares de derechos.

Ser mujer indígena con discapacidad, en la mayoría de los casos es ser pobre y vivir en una comunidad donde no se procura el acceso a sus derechos básicos, ni se otorgan las herramientas para ser independientes y autónomas. Es por ello que se necesitan acciones específicas en materia de salud, al derecho de la habilitación y rehabilitación de personas con discapacidad, a vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad, a la educación especial, el trabajo y el empleo, a un nivel de vida adecuado y a la protección social.5

En nuestro país existen 132 mil 330 niñas con discapacidad6 y 355 mil 354 niñas con limitaciones, según datos de Inegi, obtenidos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018.7, 8

Actualmente no se cuenta con datos exactos de dónde se encuentran las niñas indígenas con discapacidad, sin embargo, podemos inferir que la distribución de la población de Mujeres Indígenas con Discapacidad o Limitación responde a lo que se observa en la distribución geográfica de la misma encuenta, señala que el 41 por ciento de la población con estas características habita en el estado de México, Veracruz, Jalisco, Ciudad de México y Michoacán de Ocampo.

En el estado de México se encuentran más mujeres indígenas con discapacidad o limitación en todo el país con un total de 2 millones 44 mil 777, lo que representa el 14 por ciento de la población total de mujeres indígenas, seguido por Veracruz de Ignacio de la Llave con un total de 1 millón 312 mil 426, lo cual representa el 9 por ciento de la población total, seguido de Jalisco con 993 mil 303, lo que representa el 7 por ciento de la población total, le sigue Ciudad de México con 871 mil 707 mujeres, representa un 6 por ciento de la población total, y por último, Michoacán de Ocampo con 687 mil 109 mujeres, lo que representa el 5 por ciento de la población.

Fuente: Elaboración propia con datos de Inegi, 2018.

La falta de programas y estrategias focalizadas para mujeres indígenas con discapacidad impide el cumplimiento de sus derechos, principalmente a tener una vida digna y el acceso a la justicia social, incluyendo la inaccesibilidad de infraestructura física.

Ante la distribución de la política social en el pago de apoyos de manera directa, las mujeres indígenas se han visto limitadas para desplazarse entre las comunidades, realizar trámites administrativos en las ciudades, la falta de información en su lengua natal o sin visión multicultural, además de la falta de lectoescritura impide su acceso efectivo.

Es por ello que el gobierno federal debe considerar la focalización de apoyos con la ayuda de interpretes, además de promover la participación y colaboración de las autoridades para el cumplimiento de sus derechos en condiciones dignas.

La falta de capacidad gubernamental en la protección de las mujeres indígenas, la falta de recursos y personal especializado para prevenir y combatir la violencia y discriminación, además de la sensibilización de las autoridades comunitaria en la promoción de las masculinidades no violentas en sus diferentes lenguas permite impulsar que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de las Mujeres diseñen una estrategia que permita atender y reducir la brecha de desigualdad para este sector de la población.

Ya que si bien el acceso a los Centros de Justicia en donde se prestan servicios de salud, contención y refugios para quienes padecen violencia resulta fundamental, se requieren medidas o mecanismos integrales para la población que acude con discapacidad al ser objeto de violencia o en la búsqueda del respeto a sus derechos humanos.

Es de reconocerse el esfuerzo legislativo para reconocer los derechos de las mujeres indígenas con discapacidad en los pueblos de nuestro país, pues el arraigo a sus usos y costumbres limita su desarrollo.

El derecho consuetudinario de los pueblos indígenas es el conjunto de normas y reglas que históricamente se han reproducido de manera oral, cuyo fin ha sido la regulación de las relaciones sociales.

Dentro de los instrumentos procesales para defender las garantías de las mujeres indígenas encontramos al juicio de amparo, cuya naturaleza es explicado por Burgoa:9 “El amparo es un juicio o proceso que se inicia por la acción que ejercita cualquier gobernado ante los órganos jurisdiccionales federales contra los actos de autoridad que le cause un agravio en su esfera jurídica y que se considera contrario a la Constitución, teniendo por objeto invalidar dicho acto o despojarlo de su eficacia por su inconstitucional o ilegalidad en el caso concreto que lo origine”.

El juicio de amparo juega un papel importante respecto a la legislación de usos y costumbres de los indígenas conforme a lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuando se plantee un amparo contra leyes en materia de derechos indígenas el juzgado de lo federal deberá considerar el siguiente supuesto.

A) Cuando se combate la legislación local o alguna ley de los pueblos de los derechos de los indígenas, el tribunal debe considerar si dicha legislación local contradice a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B) Amparo contra actos de autoridad que violan garantías individuales: Es común que las autoridades de los pueblos indígenas apliquen sus usos y costumbres, tal abuso de poder no está permitido.

El juicio de amparo protege a las mujeres contra actos de autoridad que violan sus garantías individuales.

Necesitamos dar a conocer todos los beneficios que la ley otorga a las mujeres indígenas ya que el desconocimiento total las hace vulnerables.

Un ejemplo de lo antes mencionado es, el desconocimiento total de la existencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues lleva a su nulo cumplimiento; además, el machismo que violenta a las mujeres de las comunidades o la falta de medidas de inclusión a su condición de discapacidad las invalida en el ejercicio de sus derechos.

Cabe señalar que las mujeres Indígenas con discapacidad acotan su representación significativa, lo que implica definir su identidad (quién eres) , además de reconocerse en el hogar, la familia, la comunidad o de forma pública de acuerdo a Cultural Survival.10

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluye que los pueblos y comunidades indígenas han sido apartados del progreso social, en especial las mujeres con discapacidad que son doble o triplemente excluidas de disfrutar plenamente de sus derechos fundamentales.11

Sobre este tema algunas personas señalan que hay tres variantes de discriminación que sufren las mujeres indígenas con discapacidad:

-Ser indígena

-Ser mujer

-Ser discapacitada

Para analizar estas variantes una mujer con estas condiciones debe estar consciente de su identidad, y esto sugiere que por el entorno y el contexto en el que se desarrollan, muchas mujeres indígenas no saben que son discapacitadas.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y al Instituto Nacional de las Mujeres a diseñar e implementar una estrategia coordinada de inclusión para las mujeres y niñas indígenas con discapacidad en condiciones de igualdad y sin discriminación, así como a promover una campaña informativa en las comunidades sobre las masculinidades no violentas.

Notas

1 Paloma Bonfil Sánchez (2017). Violencia de Género Contra Mujeres en Zonas Indígenas en México. Recuperado el 1 de diciembre del 2021 de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/348121/
Violencia_de_G_nero_Contra_Mujeres_en_Zonas_Ind_genas_en_M_xico.pdf

2 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, recuperado el 4 de diciembre ,disponible en:
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

3 Violencia de Género Contra Mujeres en Zonas Indígenas en México, disponible en: https://www.gob.mx/
cms/uploads/attachment/file/348121/Violencia_de_G_nero_Contra_Mujeres_en_Zonas_Ind_genas_en_M_xico.pdf

4 Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, (2016), Mujeres Rurales y Discapacidad, disponible desde https://www.gob.mx/conadis/es/articulos/mujeres-rurales-y-discapacidad? idiom=es , 2021.

5 CNDH, (2020), Preocupa a CNDH falta de políticas públicas del Estado mexicano para atender necesidades básicas de personas indígenas con discapacidad, originarias de comunidades de Chihuahua, Hidalgo y Yucatán, Disponible desde

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2 020-03/COM_2020_070.pdf , 2021.

6 Incluye a las personas que tiene como respuesta “No puede hacerlo” o “Lo hace con mucha dificultad” en al menos una de las actividades de la pregunta 3.11A, disponible en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2018/doc/hogar_enadid18.pdf

7 Incluye a las personas que únicamente tienen como respuesta “Lo hace con poca dificultad” en al menos una de las actividades de la pregunta 3.11A, disponible en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/201 8/doc/hogar_enadid18.pdf

8 Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018
https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2018/#Tabulados

9 Burgoa Ignacio, El juicio de amparo, p. 177

10 ultural Survival, (2019), Nada sobre nosotros sin nosotros: la lucha por la inclusión de mujeres indígenas con discapacidad, disponible desde

https://www.culturalsurvival.org/es/publications/cultura l-survival-quarterly/nada-sobre-nosotros-sin-nosotros-la-lucha-por-la-i nclusion ,2021.

11 CNDH, (2020), Preocupa a CNDH falta de políticas públicas del Estado mexicano para atender necesidades básicas de personas indígenas con discapacidad, originarias de comunidades de Chihuahua, Hidalgo y Yucatán, Disponible desde

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2 020-03/COM_2020_070.pdf , 2021

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2021.

Diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los Congresos de BC, Guerrero, Morelos, Sinaloa y Zacatecas a regular en su legislación el procedimiento de la revocación de mandato, a cargo del diputado Armando Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Armando Contreras Castillo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, facción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La democracia, para Giovanni Sartori, se traduce como el poder del pueblo, refiriéndose a la voz de la mayoría. De acuerdo con la filosofía política existen dos tipos de democracia: directa y representativa.

La democracia directa es el mecanismo por el cual los ciudadanos toman decisiones públicas que atañen al control del gobierno, las decisiones con intereses públicos y nacionales que pueden o no convenir a la sociedad.1

Mecanismos de democracia directa

Fuente: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “En contexto. Notas sobre mecanismos de democracia directa en México. Panorama general”, Disponible en: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/ Novedades/En-contexto.-Notas-sobre-mecanismos-de-democracia-directa-en- Mexico.-Panorama-general

Asimismo, la palabra “revocación” proviene del latín revocare , es decir, anular una concesión o mandato, y del vocablo en inglés recall , que significa regulación de procedimiento institucional prevista en concepciones de democracia directa.2

Es una figura de democracia directa en la que los ciudadanos eligen si un funcionario público, electo popularmente para cada periodo, continúa su mandato. Es decir, se pretende darle el poder al ciudadano para que califique a su representante o gobernante y decida si lo mantiene en su cargo.3

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 35, que son derechos de la ciudadanía, entre otros, participar en la revocación de mandato.

Como procedimiento administrativo, a diferencia del juicio político, la revocación de mandato está en manos del electorado y no de los jueces o políticos y requiere, en consecuencia, una serie de actos complejos en los que participan diferentes autoridades electorales y que admite vías de impugnación judicial.4

Este mecanismo de democracia directa refrenda el poder de los ciudadanos de decidir quiénes serán sus gobernantes y representantes, privilegiando a la democracia como forma de gobierno; de igual forma, permite que los ciudadanos se mantengan vigilantes de la acción pública, y, asimismo, se vuelve una válvula reguladora que impide el desorden social, evitando que los conflictos políticos se enconen de manera más aguda buscando salida y extrainstitucional.

Esta figura es contemplada en varios países de América Latina: Ecuador, Venezuela, Bolivia, Perú, Panamá, Argentina y Colombia. La revocación de mandato también figura en 18 estados de Estados Unidos, así como en Cuba, Suiza, Taiwán, Etiopía, Liechtenstein, Nigeria y Palau, entre otros.

En México, las entidades federativas que cuentan con una base constitucional y con legislación secundaria que regula la forma, procedimiento y competencia para la revocación de mandato son Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca.

Sin embargo, pese al gran avance que la revocación de mandato genera en la democracia, las entidades federativas que únicamente hacen mención de la figura, en su Constitución local, sin contar con la legislación que prevea los procedimientos son Baja California, Guerrero, Morelos, Sinaloa y Zacatecas.

El gobierno de México ha trabajado para que se cumpla el principio constitucional que se refiere a instaurar la revocación del mandato como una forma efectiva de control de la ciudadanía hacia sus gobernantes y como un mecanismo para corregir las ineficiencias y malas prácticas en el ejercicio gubernamental.5

Se considera necesario avanzar hacia una democracia que involucre a la sociedad en las grandes decisiones nacionales, que sea más participativa a través de una mayor apertura de la vida pública y política del país. Para ello, se impulsan acciones que permitan ejercer de manera efectiva tanto la consulta popular como la revocación de mandato.6

Por lo que, es fundamental la regulación en el procedimiento de la revocación de mandato de las Entidades Federativas antes mencionadas, ya que solo así, se permitirá dar el control del ejercicio del poder a la ciudadanía, logrando que podamos fiscalizar a quienes detentan el poder y de esa forma establecer un nexo de responsabilidad, y así se llame a rendir cuentas a la autoridad elegida, por sus acciones u omisiones, pudiéndole revocar el mandato.

Desde el Grupo Parlamentario de Morena, fomentamos los procesos de democracia participativa, porque para la 4t primero es el pueblo, con el pueblo todo, sin el pueblo nada.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los congresos locales de los estados de Baja California, Guerrero, Morelos, Sinaloa y Zacatecas a regular en su legislación el procedimiento de la revocación de mandato.

Notas

1 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “Revocación de Mandato” [En línea] [Fecha de consulta 16 de noviembre 2021] Disponible en: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Centros-de-Estudio/CESOP/Nov edades/En-Contexto.-La-Revocacion-de-Mandato

2 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “La Revocación de Mandato”.

3 Revista Voz y Voto, “Por dónde empezar ”, Laura Fabiola Bringas Sánchez, página 14 [En línea] [ Fecha de consulta 8 de noviembre 2021] Disponible en: https://www.vozyvoto.com.mx/Revista/344

4 Revista Voz y Voto, “¿Arma o herramienta?” , Mauricio del Toro, página 19 [En línea] [Fecha de consulta 12 de noviembre 2021] Disponible en: https://www.vozyvoto.com.mx/Revista/344

5 Presidencia de la República, “Tercer informe de Gobierno” [En línea] [Fecha de consulta 22 de noviembre 2021] Disponible en: https://www.gob.mx/presidencia/documentos/tercer-informe-presidente-and res-manuel-lopez-obrador?idiom=es

6 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2021.

Diputado Armando Contreras Castillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a diseñar, implantar y fortalecer los programas de prevención del cáncer infantil, a cargo de la diputada Mónica Becerra Moreno, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Mónica Becerra Moreno, y las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y a los gobiernos estatales para diseñar, implementar y fortalecer los programas en materia de prevención del cáncer infantil, al tenor de lo siguiente:

Consideraciones

El cáncer infantil se ha convertido en una de las principales causas de muerte entre niños y jóvenes de 0 a 19 años, los más comunes son la leucemia, el cáncer cerebral, el linfoma y los tumores sólidos. De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año se diagnostica esta enfermedad a más de 400 mil niños en el mundo y tan sólo en América Latina hubo 7 mil 76 niños menores de 15 años cuya causa de muerte fue el cáncer.1

Por su parte, la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer ha señalado que en nuestro país se diagnostican aproximadamente 5 mil nuevos casos cada año y que 3 de cada 4 casos se detectan hasta etapas avanzadas, lo que complica el tratamiento.

El desabasto de medicamentos contra el cáncer en los últimos tres años se ha vuelto una constante en nuestro país y lamentablemente con el Covid-19 se ha agravado la situación, afectando principalmente el acceso a un diagnóstico a tiempo y tratamientos adecuados.

La preocupación en las familias mexicanas ha ido en aumento con el paso de los meses debido a que no han recibido respuestas concretas y adecuadas sobre el tratamiento de sus hijos, las únicas noticias que han tenido son los aplazamientos y la demora indefinida de las consultas, las cirugías y las radioterapias por falta de insumos.

El gobierno y las autoridades responsables de la salud en nuestro país no deben dejar a un lado todas las enfermedades que significan un riesgo alto en la mortalidad de las y los mexicanos. Es importante que se empiecen a realizar las gestiones correspondientes para evitar mayores rezagos en el ámbito de salud.

El desabasto de medicamentos ha afectado a toda la República Mexicana y sobre todo el tema económico de las familias que tratan de adquirir los medicamentos de manera personal lo que causa endeudamientos e inestabilidades económicas mismas que incluyen la venta o empeño de bienes, o en el peor de los casos, la hipoteca de su patrimonio.

Aunado a eso, la pandemia por Covid-19 ha incrementado el desempleo convirtiéndolo en otro de los factores que imposibilitan la compra de medicamentos en tiempo y forma, provocando problemas psicológicos, sociales y laborales.

Sin dinero, sin medicamentos, sin atención adecuada y sin la preocupación de las autoridades responsables solamente se ha vuelto más grave la atención del cáncer infantil, se han dejado a un lado las enfermedades crónicas que necesitan toda la atención para evitar el incremento de muertes en el país.

Desde el año 2019 ha aumentado el número de casos que no reciben una atención adecuada en tema de cáncer infantil.

Para darle solución a esos problemas se han interpuesto amparos y quejas ante diversas autoridades responsables para asegurar el tratamiento de las enfermedades; aunque todas han sido resueltas de manera favorable y se ha tratado de garantizar el derecho a la salud y poniéndolo como prioridad, el desabasto sigue presente en las instituciones de salud.

No existen en la actualidad soluciones reales a dichas problemáticas, el desabasto fue originado por diversas políticas mal planeadas y sobre todo ejecutadas, el mal manejo de una supuesta corrupción en la compra de los medicamentos sólo ha atrasado la entrega de los mismos, se necesitan realizar nuevas estrategias para que la compra y el uso de los insumos médicos no afecten a las y los niños mexicanos que esperan por sus medicamentos, ellos pueden esperar, pero la enfermedad sigue avanzando. Las enfermedades crónicas han ido en aumento junto con el Covid-19 y ambas necesitan toda la atención para evitar mayores muertes en el país.

Se ha mencionado mucho sobre una supuesta corrupción que había en la compra de los medicamentos, pero hasta el momento no ha existido una sanción en contra de las personas que realizaban dichas actividades. Las gestiones y las compras como se han propuesto en este gobierno han sido fallidas y no se han dado las respuestas adecuadas. Es por lo anterior que consideramos importante que sean retomadas las actividades que sí funcionaron para la compra de los medicamentos, y realmente sean solucionados los problemas de corrupción, además de que se corrijan y mejoren los procesos internos.

El combate a la corrupción no puede seguir costando vidas, los cambios deben hacerse a la brevedad, no debe existir mayor corrupción en el sector salud, es necesario que se garantice el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los recursos con los que cuenta el Estado se deben de enfocar en garantizar cada uno de ellos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han establecido que el cáncer infantil podría tener una recuperación eficaz y económica siempre y cuando sea diagnosticado a tiempo, sin embargo, la mortalidad en niños va en aumento debido a que los ingresos económicos de los países provocan una inaccesibilidad a los tratamientos, lo que genera el abandono, recaídas o falta de insumos.

Las medidas de prevención del cáncer infantil, aunque podrían ser más complicadas que la de un adulto, es recomendable la vacunación y el diagnóstico por médicos especialistas para reducir el número de casos en la propia infancia o en la edad adulta.

Las campañas para ayudar a los padres a identificar los signos y síntomas a los que se les debe prestar atención es de vital importancia para una difusión por todos los medios posibles y que tengan la seguridad que si acuden a las unidades de salud podrán tener la atención médica necesaria y una valoración para evitar un riesgo a futuro o una muerte.

Un diagnostico a tiempo, medicamentos y las terapias adecuadas garantizarán el derecho a la salud de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.

Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en las disposiciones señaladas, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas para que, en coadyuvancia con la Secretaría de Salud y las autoridades competentes, diseñen, implementen y fortalezcan programas adecuados para prevenir y tratar adecuadamente el cáncer en niñas, niños y adolescentes.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas para que, en coadyuvancia con la Secretaría de Salud y las autoridades competentes realicen acciones para atender y garantizar tratamientos y cursos adecuados para padres de familia en materia de cáncer infantil.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que la compra de medicamentos contra el cáncer se realice de manera pronta y expedita y sea enviada a las instituciones de salud en el menor tiempo posible.

Nota

1 Día Internacional del Cáncer Infantil 2021, Organización Panamericana de la Salud. Disponible en línea:

https://www.paho.org/es/campanas/dia-internacional-cance r-infantil-2021, 24 de octubre de 2021.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2021.

Diputada Mónica Becerra Moreno (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE y la SRE a analizar la posibilidad de revisar y actualizar el TLC con Centroamérica en el marco de la conmemoración de su décimo aniversario, a cargo de la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta de manera respetuosa a las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores, para que en el ámbito de sus atribuciones analicen la posibilidad de revisar y actualizar el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica en el marco de la conmemoración de su décimo aniversario, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De la importancia de los tratados comerciales

En un mundo interconectado los bienes y servicios del extranjero ocupan cada vez un mayor espacio en los anaqueles de los supermercados y tiendas de conveniencia de cualquier nación económicamente activa. Lejos de representar una amenaza para el comercio y los productos internos, esta clase de acuerdos mercantes permiten a dos o más Estados encontrar nuevos espacios para la venta de sus productos nacionales en condiciones similares a las establecidas para sus productores locales.

Aunque los tipos de acuerdos comerciales entre naciones son diversos, la forma predilecta de intercambio a nivel internacional se materializa a través de la celebración de Tratados de Libre Comercio (TLC), en los que se plasman los logros de las negociaciones entre las naciones celebrantes, en una variedad de rubros de carácter económico que les permite importar y exportar distintas mercancías en un entorno favorable de reciprocidad, reduciendo las barreras existentes y haciendo más competitivas a las partes involucradas, al permitirles celebrar mejores negocios mediante la ampliación y creación de nuevos mercados, lo que se traduce en más empleos y en general, en una mayor cantidad de opciones a las que puede acceder un consumidor.

Así, un TLC consiste fundamentalmente en un convenio celebrado entre dos o más países que busca primordialmente reducir o eliminar las tasas impositivas del comercio de productos y servicios entre las naciones firmantes, lo que permite aumentar la capacidad económica de los países firmantes al incrementar el comercio, actividad que representa una fuente importante de los ingresos de los países, favoreciendo además la integración productiva y la generación de bloques económicos que posteriormente pueden transformarse en alianzas estratégicas en diversos rubros, tal y como sucedió en un inicio con la Unión Europea.

México tiene una amplia y larga historia de cooperación económica con otras naciones, destacándose entre otros, el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM), el reciente Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual entró en vigor el 1 de julio de 2020 y constituye un esfuerzo trilateral para la modernización del anterior Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), así como el Tratado de Libre Comercio México-Centroamérica, firmado el 22 de noviembre de 2011, por México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua y en vigor en nuestra República desde el 1º de septiembre de 2012.1

TLC con Centroamérica, sus antecedentes

Este último constituye uno el principal instrumento multilateral que ha coadyuvado al desarrollo de las relaciones comerciales entre los Estados firmantes, consolidándose como el resultado de la unificación de los Tratados que el Estado mexicano había celebrado de manera particular con las partes centroamericanas en los años noventa; originalmente denominado como Tratado México - Triángulo Norte, contó con la participación de México, El Salvador, Guatemala y Honduras, y fue signado en Palacio Nacional de la Ciudad de México2 el 29 de junio de 2000 por los presidentes de dichas naciones, entrando en vigor en marzo de 2001.

Sin embargo, ante el avance del mercado común centroamericano y tras los acuerdos comerciales con América del Norte, brindó México tuvo la oportunidad de dinamizar y expandir los mercados internacionales a la vez de revitalizar y afianzar sus relaciones internacionales con sus pares centroamericanos, los que, además, poseían la cualidad de tener una historia económica y social similar,3 además de compartir determinadas agendas por su vecindad geográfica.

Ello resulta evidente en los indicadores de inversión extranjera de salida, que entre 1990 y 2000 se multiplicaron un 209.6 por ciento, siendo que en 1990 la inversión mexicana en el extranjero ascendía a 2.672 millones de dólares, y para el año 2000 aumentó a 8.273 millones de dólares.4

Ilustración 1. Martha Cordero, basado en datos proporcionados por UNCTAD. La inversión mexicana en Centroamérica. Página 24. Consultado en: https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/44912/S1900 979_es.pdf

Como se muestra en la gráfica anterior, la creciente inversión extranjera de salida a partir del año 2000 permitió que empresas mexicanas que tenían un mercado nacional consolidado, expandieran sus capitales financieros a regiones como Centroamérica, cuyos stocks representaban el 1.5 por ciento del mercado mexicano.

Durante este periodo los flujos de inversión favorecieron a empresas mexicanas especializadas en sectores como la construcción, las telecomunicaciones o la industria alimentaria. Destacando los casos de “Cemex, Grupo Vitro, Femsa, América Móvil, Grupo Bimbo, Grupo Gruma, Televisa y Grupo México”.5

TLC con Centroamérica, hoy

Asimismo, un nuevo enfoque en la política exterior permitió que además del crecimiento económico, México optara por incluir en la renovación de dicho tratado económico elementos como el cuidado al medio ambiente, la inclusión o el progreso social por mencionar algunos aspectos, direccionando su política exterior al concepto de desarrollo humano sostenible. 6

En ese esfuerzo, el Estado mexicano desplegó su interés en la innovación, actualización y homologación de un Tratado de Libre Comercio con la región centroamericana, en el cual, se plasmaran las preocupaciones de las partes, de tal manera que en su primera modernización se agregaron temas vinculados con: “los compromisos de los acuerdos previos en el tema de comercio de bienes, contratación pública, inversión, comercio de servicios, comercio electrónico, propiedad intelectual, administración del tratado y mecanismos de solución de controversias”.7

De esta forma, el Tratado México-Centroamérica contiene una serie de principios y acuerdos que se han adaptado a un contexto internacional caracterizado por la globalización y el intercambio comercial entre los proveedores y usuarios de los servicios e inversiones, mismo que se ha visto potenciado gracias a la desgravación de aranceles a diversos productos conforme a los principios enmarcados en el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés); el cual ha promovido entre las partes suscritas desde 2011 y hasta 2017, última fecha en la que se tiene registro, la liberalización del comercio en un 21 por ciento;8 incentivando la inversión extranjera directa mexicana en territorio centroamericano, que de acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) asciende a un 5.6 por ciento;9 a cual, durante el periodo comprendido entre 1999-2017 sumó un total de 898 millones de dólares,10 distribuida de la siguiente manera:

Ilustración 2. Elaboración propia basada en datos de Martha Cordero, Relaciones comerciales entre México y Centroamérica. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 2019

Las exportaciones en números

A la fecha este Tratado ha facilitado el comercio entre los países firmantes, particularmente para México, que desde 2014 ha incrementado el número de exportaciones a dicha región, mismas que si bien no han sido constantes, si demuestran un crecimiento generalizado en la mayoría de los casos, tal y como se comprueba de las siguientes tablas:

A pesar del crecimiento fluctuante, se advierte que durante el periodo comprendido entre 2016 y 2019 el crecimiento se tornó estable y en términos generales, el comercio con dicha región es positivo para México, viéndose afectado durante los últimos años, probablemente a causa de la pandemia provocada por Covid-19:

Destacando que durante el periodo comprendido entre 2011 y 2019, la tasa media de crecimiento fue la siguiente:

Las importaciones en números

Respecto a las importaciones del resto de Estados firmantes a México, se advierten comportamientos diferenciados; por un lado, Honduras y El Salvador han incrementado su presencia en México, mientras que Guatemala ha sido estable y en el otro extremo de la balanza se encuentra Nicaragua y Costa Rica quienes han disminuido sus exportaciones hacia México; destacando que a pesar de lo anterior, este último tuvo un importante incremento durante 2020:

Destacando que durante el periodo comprendido entre 2011 y 2019, la tasa media de crecimiento fue la siguiente:

Principales importaciones y exportaciones de la región

De los siguientes cuadros se advierte que muchos de los productos comercializados entre Estados forman parte de un régimen complementario que surte a industrias complejas, como en el caso de las manufacturas eléctricas y electrónicas; por lo que la necesidad mutua de insumos ha fortalecido la presencia de estas industrias en la región y ha atraído más inversión extranjera.

Asimismo, se identifican ramos de especialización entre Estados; en el caso de México ello se advierte de la exportación de vehículos automotores y sus partes, maquinarias y equipo, así como productos químicos de higiene y farmacéuticos; mientras que la mayoría de sus importaciones en la región corresponden a textiles, manufacturas de alimentos e insumos de manufacturas medias:

Fuente: Elaboración propia con datos de Internacional Trade Centre. http://www.INTRACEN.org

Así, después de prácticamente 10 años de tratado, la región mantiene su dinamismo y complementariedad productiva a pesar de la falta de actualización para traer al presente los rubros del Tratado, lo que sin lugar a dudas permitiría consolidar de manera sostenida y estable el comercio, además de generar una estructura industrial que permita lograr una mayor integración y por tanto una mayor fortaleza de los Estados parte.

TLC con Centroamérica, los retos

De las anteriores tablas, así como de la revisión que se realice a los indicadores nacionales e internacionales se advertirá que en materia de comercio exterior, el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica reportó que entre 2009 a 2019, la actividad comercial bilateral entre México y Costa Rica aumentó un 5.1 por ciento, y además, las importaciones y exportaciones sumaron un total de 1,459 millones de dólares.11 Asimismo, en 2014 se había convertido en el segundo proveedor de importaciones representando el 17 por ciento del mercado latinoamericano.12

Sin embargo, el Ministerio de Economía de Guatemala señala que su balanza comercial es deficitaria, pues ha importado más productos de los que ha exportado, ya que hasta abril de 2018 tenía un saldo comercial de -513.3 millones de dólares.13 Con todo, fue el cuarto destino de las exportaciones mexicanas, ocupando en el 7.1 por ciento14 del mercado en América Latina.

Por otra parte, la Secretaría de Economía reporta que las relaciones comerciales con El Salvador de 1999 al 2020 ascendieron a un 296 por ciento del comercio total por valores anuales; las exportaciones aumentaron un 242 por ciento y las importaciones 1,061 por ciento, y también, ocupó el lugar cuarenta y uno del comercio total para México.15

Respecto a las relaciones comerciales con Honduras, hasta el 2015 habían sumado 888.8 millones dólares, además de constituirse como el cuarto socio comercial de México.16 De forma similar, México en 2021 era el cuarto mercado de destino para Nicaragua, con un 4.2 por ciento del valor de sus exportaciones totales.17

De todo lo anterior se advierte que si bien es cierto que el Tratado de Libre Comercio México-Centroamérica ha sido favorable para México, debido a un balance comercial superavitario; así como a mayores flujos de inversión extranjera directa, los cuales han promovido la internacionalización de empresas mexicanas en territorios centroamericanos, no menos cierto es que aún existen áreas de oportunidad para generar una mayor derrama económica para los Estados parte, aprovechando las nuevas tecnologías y los avances científicos y tecnológicos de la última década, todo ello, con la finalidad de avanzar un paso más en la integración e inclusión social que esta cuarta transformación representa.

A pesar, de que en el Plan Sectorial de la Secretaría de Relaciones Exteriores 2020-2024 se consideraba como el interés nacional: “(...)fortalecer el desarrollo nacional y acrecentar el bienestar del pueblo de México”,18 las condiciones en el escenario internacional derivadas de la pandemia de Covid-19 han replanteado en gran manera el direccionar de la política exterior de los Estados, pues diversos actores internacionales han posicionado en el centro de sus objetivos la recuperación económica, en las que se incluyen estrategias como la cooperación de los Estados.

Áreas de oportunidad en la modernización del TLC con Centroamérica

Bienestar común

En ese sentido, el interés nacional de la administración encabezada por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se delinea a través de acciones, objetivos y estrategias que traen consigo la recuperación económica de México sin dejar de lado el bienestar y la inclusión social, paerticularmente en las regiones del sur de México, las cuales colindan territorialmente con diversas naciones de Centroamérica y se alinean perfectamente con las políticas públicas del presidente de la República.

Mipymes

Por lo cual, la coyuntura enmarcada se constituye como una oportunidad importante para modernizar el Tratado México-Centroamérica para adecuar y ampliar la participación de las empresas mexicanas incluyendo a las pequeñas y medianas, que, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, AC, generan el 72 por ciento de los empleos a nivel nacional.19

Comercio electrónico

Paralelamente, la modernización de este instrumento podría ser un catalizador para la balanza comercial mexicana, ya que en la actualidad hay una amplia cartera de empresas exportadoras que contribuyen a la recuperación económica nacional, pues tal como Alfonso Ramírez Jiménez, consultor asociado de la firma consultora especializada en comercio internacional ALIADOS señaló: “(...) un total de 3 mil 540 compañías mexicanas envían productos a Guatemala, mientras que 2,637 lo hacen a Costa Rica; 2 mil 23 exportan a El Salvador; mil 716 a Honduras, y solo mil 277 envían mercancías hacia a Nicaragua.”20

De manera particular, la actualización convendría en un contexto en el cual, las dinámicas en el comercio internacional se han transformado de manera profunda, que de acuerdo con las cifras proporcionadas por la Organización Mundial de Comercio (OMC), durante el segundo trimestre del 2020, tuvo un descenso histórico en el volumen del comercio mundial de las mercancías21 debido a la modificación en las rutas marítimas comerciales; lo cual se sumó al crecimiento en el mercado de compras por medio de las plataformas digitales.

Que de acuerdo con datos de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), durante el 2020 tuvo un aumentó de 16 a 19 por ciento en las ventas de minoristas en comercio digital; mientras que durante 2019 estas ventas alcanzaron los 26.7 billones de dólares.22

Asimismo, UNCTAD ha señalado que en América Latina en 2019 existían 346 millones de usuarios en internet, de los cuales se estimó que un 21 por ciento de los usuarios eran activos en el comercio digital.23 En México las ganancias por las ventas por comercio digital ascendían a 31 mil millones de dólares en 2019; además, como se ejemplifica en la siguiente gráfica, el porcentaje de participación de los usuarios en los mercados de comercio digital mexicano, costarricense, hondureño, salvadoreño y nicaragüenses fue de 22 por ciento, 18 por ciento, 2 por ciento, 3 por ciento, 3 por ciento.24

Ilustración 3. UNCTAD. The UNCTAD B2C e-commerce index 2020. Spotlight on Latin America and the Caribbean

En este contexto, en donde los pronósticos respecto al número de usuarios que participan en el comercio digital es superado, se hace indispensable la creación de un capítulo especializado en comercio y plataformas digitales para acceder a bienes y servicios; así como el de las partes que los proveen; lo cual no se contiene en el TLC vigente, de 2011.

Medio ambiente y protección animal

Otro de los motivos para actualizar este Tratado se encuentra en el artículo 3.6 inciso C, relativa a la importación temporal de animales de circo, el cual, va en contra de lo establecido en la actual legislación mexicana, toda vez que el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de enero de 2015, particularmente en la modificación al artículo 78 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, señala expresamente que en México está prohibido el uso de ejemplares de vida silvestre en los circos.25

Conclusiones

Sin lugar a dudas, el Estado mexicano tiene la posibilidad de posicionarse como un actor que lidere el fortalecimiento de las relaciones comerciales de cooperación en la región, ya que ante el dinamismo y crecimiento exponencial del mercado común centroamericano es un imperativo la modernización y actualización de un Tratado de Libre Comercio, que, a diez años de su firma, ha demostrado ampliamente las ventajas de su celebración para las empresas mexicanas.

Ante el vigor de las relaciones internacionales, México atraviesa un momento de retos y oportunidades excepcionales para afianzar la recuperación económica de la ciudadanía. Asimismo, los efectos multiplicadores que deriven de una renovación de este instrumento se verían reflejados en los niveles de empleabilidad de nuestros conciudadanos y países hermanos y, en las cadenas de valor de las pequeñas y medianas empresas, manteniendo los altos principios de solidaridad y cooperación entre naciones.

Por todo lo antes expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores, para que en el ámbito de sus atribuciones analicen la posibilidad de revisar y actualizar el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica en el marco de la conmemoración de su décimo aniversario.

Notas

1 Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/224505/2.4.6_Mx-Centroam _rica.pdf

2 http://internacionales.pri.org.mx/SabiasQue/Sabias.aspx?y=5180#:~:text=A%20partir%20de%20entonces%
20se%20logr%C3%B3%20la%20firma,Senado%2C%20entr%C3%B3%20en%20vigor%20en%20marzo%20de%202001.

3 Aderak Quintana Estrada. Acuerdo comercial entre México y Centroamérica. Observatorio del Desarrollo. Página 26. Consultado en: https://estudiosdeldesarrollo.mx/observatoriodeldesarrollo/wp-content/u ploads/2019/05/OD1-6.pdf

4 Martha Cordero Sánchez. La inversión mexicana en Centroamérica. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 2019. Página 24. Consultado en: https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/44912/S1900 979_es.pdf

5 Ídem.

6 Centro de Estudios de Finanzas Públicas. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Cámara de Diputados. LX Legislatura. Página 26. Consultado en:

https://cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp096200 7.pdf

7 Martha Cordero. Relaciones comerciales entre México y Centroamérica. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 2019. Página 15. Consultado en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44347/4/S1900018_e s.pdf

8 Secretaría de Economía. Tratado de Libre de Comercio México-Centroamérica. Consultado en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/224505/2.4.6_Mx-Centroam _rica.pdf

9 Op. cit. Martha Cordero.

10 Ídem

11 Ministerio de Comercio Exterior de la República de Costa Rica. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Guatemala . Consultado en:

https://www.comex.go.cr/tratados/centroamerica-y-mexico/

12 ProMéxico. Ficha técnica. 2014. Página 2. Consultado en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/43882/MEX_Ficha_resumen. pdf

13 Ministerio de Economía de la República de Guatemala. Relación comercial Guatemala-México. Página 6. Consultado en:

https://www.mineco.gob.gt/sites/default/files/Integracio n%20y%20comercio%20exterior/gua-mexico_5.pdf

14 Op. cit. ProMéxico.

15 Secretaría de Economía. El Salvador. Página 3. Consultado en:

https://www.economia.gob.mx/files/gobmx/comercioexterior /fichas/slv.pdf

16 Secretaría de Relaciones Exteriores. México fortalecen sus relaciones bilaterales. Consultado en:

https://www.gob.mx/sre/articulos/mexico-y-honduras-forta lecen-relacion-bilateral

17 Banco Central de Nicaragua. Informe de Comercio Exterior. II Trimestre de 2021. Página 4. Consultado en:

https://www.bcn.gob.ni/publicaciones/comercio_exterior

18 DOF. Programa Sectorial de la Secretaría de Relaciones Exteriores derivado del PND. Consultado en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596023&fecha=02/07/2020

19 IMCO. Desarrollando Pymes que el país requiere. Consultado en:
https://imco.org.mx/pymes_que_requiere_mexico_2009/

20 Víctor Vázquez. Centroamérica, oportunidad de negocios para la industria mexicana. Enero de 2021. Consultado en: https://mexicoindustry.com/noticia/centroamerica-oportunidad-de-negocio s-para-la-industria-mexicana

21 Organización Mundial del Comercio. Covid-19 y el comercio mundial. Consultado en:

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/covid19_s/covid19_s.htm

22 Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. El comercio electrónico mundial alcanza los 26,7 billones de dólares mientras Covid-19 impulsa las ventas en línea. Consultado en: https://unctad.org/es/news/el-comercio-electronico-mundial-alcanza-los- 267-billones-de-dolares-mientras-covid-19-impulsa

23 UNCTAD. The UNCTAD B2C e-commerce index 2020. Spotlight on Latin America and the Caribbean. 2021. Página 9. Consultado en:

https://unctad.org/system/files/official-document/tn_unc tad_ict4d17_en.pdf

24 Ídem

25 DOF 09/01/15. Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5378251&fecha=09/01/2015

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2021.

Diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a realizar por la Conagua la limpieza, el retiro y el manejo sustentable del lirio acuático de la presa Allende, en San Miguel de Allende, Guanajuato, a cargo del diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputado Ricardo Villarreal García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción 2, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, a dar prioridad para realizar la limpieza, el retiro y manejo sustentable de lirio acuático de la presa Allende, ubicada en San Miguel de Allende, Guanajuato. Lo anterior, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La presa Allende, que se encuentra ubicada en San Miguel de Allende, Guanajuato, es una de las presas más importantes del municipio, actualmente se encuentra a 83 por ciento de su capacidad, muestra recuperación en su nivel de almacenamiento, después de permanecer varios meses con niveles bajos debido a la sequía, las lluvias arrastraron lirio del río Laja, por lo que la contaminación ha propiciado su crecimiento.

Este lirio acuático, también conocido como jacinto de agua, es una planta acuática de la familia de las Pontaderiaceae. Tiene bulbos con aire que le permiten flotar y da flores moradas.

Es una planta originaria de las aguas dulces de las regiones cálidas de América del Sur. Su abundancia cambia drásticamente las condiciones de los humedales. Es usada como planta medicinal, fertilizante de suelos y decorativa. Actualmente ha colonizado casi todos los continentes donde se convierte en especie invasora. Está incluida en la lista de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo.

En el caso específico de San Miguel de Allende, los pescadores se sienten preocupados debido a que desde la llegada del lirio acuático no han podido trabajar desde hace más de tres meses y el turismo ha disminuido notablemente.

Los vecinos de la comunidad Presa Allende se han organizado para retirar de manera manual el mayor lirio acuático, para evitar que “seque ” la presa Begoña (también conocida como presa Allende).

Actualmente, el lirio cubre los ríos y lagos en 27 de las 32 entidades federativas de la República Mexicana, tiene una extensión mínima de 50 mil hectáreas, y para exterminarlo, se utilizan máquinas trituradoras, limpiar una hectárea de lirio tiene un costo de 70 mil pesos.

Los ciudadanos del municipio urgen atención por parte de todos los niveles del gobierno para solucionar la problemática del crecimiento descontrolado del lirio acuático.

Con las recientes lluvias, miles de plantas han sido arrastradas del río Laja hacia la presa Allende, lo que ha provocado que se cubra de verde y lila el cuerpo de agua.

Pescadores de la comunidad de Begoña, indican es un problema grave para ellos porque merma la producción de peces, complica la navegación y “seca ” la presa. Esperan en próximas fechas, cuando deje de llover, iniciar las labores para retirar todo el lirio acuático, también conocido como jacinto de agua .

Como resultado del monitoreo satelital realizado el pasado 8 de octubre por el municipio, arroja 105 hectáreas de la presa cubiertas por lirio; para el 15 de noviembre (39 días después) hubo un incremento, ya que había 180 hectáreas pobladas; ocho días después (el martes pasado 23 de noviembre) la zona abarcó 240 hectáreas de esta maleza.

Ante estas mediciones, se considera que el tratamiento para el retiro y manejo del lirio debe ser de manera urgente, ya que como se señaló anteriormente, las afectaciones están siendo cada vez mayores sobre todo para los pescadores y sus familias que están resintiendo el impacto en no tener ingresos económicos.

Efectos sobre la biodiversidad y ecosistemas

Es importante destacar que el lirio acuático es una planta de estructura carnosa, crece en las superficies de los lagos y cursos del agua tranquila, sus hojas tienen una temperatura muy alta, por esta razón las serpientes de agua duermen encima de ellas, sus hojas forman un tapiz sobre el agua, formando así un pequeño ecosistema en miniatura. Bajo las hojas de estas plantas residen peces, caracoles, insectos e infinidad de seres que han hecho de esta planta su hogar además de su incontrolable multiplicación, hace que los niveles del agua se reduzcan, genera problemas de oxigenación en el agua y crea condiciones para que aves y peces no desarrollen una vida normal.

La problemática es que el lirio en grandes cantidades tiene como efecto que los cuerpos de agua pierdan oxidación, porque impiden el paso de los rayos solares al fondo de los ríos, lo que se vuelve un problema cuando se convierte en una plaga incontrolable.

Crece rápidamente y cubre grandes extensiones en lagunas, presas y canales de riego, impidiendo el paso del agua y la navegación de pescadores, afectando la supervivencia de las plantas y animales nativos.

No es nada bueno que los lirios sigan creciendo en las afluentes del río, porque se vuelve perjudicial tanto para el agua como para los seres vivientes en esas zonas, son perjudiciales principalmente porque son plantas que consumen mucha agua para su reproducción, y a la medida que crece, requiere más.

Asimismo, favorece el desarrollo de mosquitos que producen daños a la salud humana y de los animales. Crea problemas a la pesca, la navegación y al mantenimiento apropiado de áreas recreativas.

Impacto económico y social

Crea problemas a la pesca, la navegación y al mantenimiento apropiado de áreas recreativas. Causa problemas para la acuacultura.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, a dar prioridad para realizar la limpieza, el retiro y manejo sustentable del lirio acuático de la presa Allende, ubicada en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, que está afectando a los pobladores y la fauna de manera considerable.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2021.

Diputado Ricardo Villarreal García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Congreso y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca a realizar antes del 31 de diciembre de 2021 las acciones necesarias para llevar a cabo los comicios extraordinarios a efecto de garantizar la gobernabilidad, estabilidad, legalidad y legitimidad en distintos municipios, a cargo del diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento legal en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se consagran los principios que toda elección debe contener para que se pueda considerar como válida. En el artículo 39 se establece que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno; el artículo 41, párrafo segundo, establece que la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; el artículo 116 establece, que las constituciones y leyes de los estados garantizarán que las elecciones de los gobernadores de los estados, de los legisladores locales y de los miembros de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, y que serán principios rectores de las autoridades estatales electorales, los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia.

De las disposiciones referidas se desprenden los elementos fundamentales de una elección democrática, cuyo cumplimiento es imprescindible para que una elección se considere producto del ejercicio popular de la soberanía, dentro del sistema jurídico-político instituido en la Carta Magna y en las leyes electorales estatales, que están elevadas a rango constitucional, y son imperativos, de orden público, de obediencia inexcusable y no son renunciables. Dichos principios son, entre otros, las elecciones libres, auténticas y periódicas, así como el sufragio universal, libre, secreto y directo.

Durante la jornada electoral del proceso electoral estatal 2022 del estado de Oaxaca, por diversas causas no fue posible llevar a cabo los comicios en algunos municipios y en otros, las elecciones fueron anuladas por sentencia de las autoridades jurisdiccionales electorales.

De acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, en su artículo 25, establece que las elecciones para renovar los poderes públicos podrán ser ordinarias o extraordinarias, en su artículo 27 fija las causas por las cuales deberán llevarse a cabo elecciones extraordinarias entre las que se incluyen el haberse anulado las elecciones o el no haberse realizado en la fecha de la jornada oficial. El artículo 28 establece que, cuando se declare nula o inválida alguna elección de ayuntamientos, tanto del régimen de partidos políticos como de sistemas normativos indígenas, las elecciones extraordinarias que se celebren se sujetarán a las disposiciones de esta ley. En cuanto a los partidos políticos, se sujetarán a la convocatoria que expida el Instituto Estatal dentro de los quince días hábiles siguientes a la declaración de nulidad.

De lo anterior se desprende que rige el principio constitucional que mandata realizar elecciones periódicas como base de nuestro sistema democrático, y que conforme a la ley es responsabilidad del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca la realización de las elecciones extraordinarias que se encuentran pendientes por no haberse realizado o por nulidad de las mismas.

En el mismo sentido refuerza la resolución firme de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que en sentencia firme dictada a los juicios SX-JDC-1338/2021 Y SX-JRC-250/2021 acumulados de fecha 6 de septiembre de 2021, que estableció la nulidad de la elección de concejalías del ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. Y ordenó al Congreso del estado de Oaxaca, así como al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de la entidad para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, tomaran todas las medidas necesarias para la celebración de las elecciones extraordinarias de concejalías al ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, en términos de la legislación aplicable.

Es por ello que para respetar el principio democrático de elecciones periódicas, para hacer vigente el derecho político de los ciudadanos de elegir democráticamente a sus autoridades, para garantizar la Gobernabilidad, legitimidad de las autoridades y paz en los municipios de Santa María Mixtequilla, Reforma de Pineda, Santa María Xadani, Santiago Laollaga, Santa María Chahuites y Santa Cruz Xoxocotlan, por lo que es conducente proponer la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados exhorta al Congreso del estado de Oaxaca y al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, a realizar todas las acciones necesarias, dentro del plazo legal establecido, antes del 31 de diciembre de 2021, para llevar a cabo las elecciones extraordinarias para garantizar la gobernabilidad, estabilidad, legalidad y legitimidad en los municipios de Santa María Mixtequilla, Reforma de Pineda, Santa María Xadani, Santiago Laollaga, Santa María Chahuites y Santa Cruz Xoxocotlan, mismas correspondientes al proceso electoral estatal 2021.

Fuentes consultadas

https://www.ieepco.org.mx/archivos/documentos/2020/LIPEE O2020.pdf

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=X/20 01&tpoBusqueda=S&sWord=elecciones,periodicas

https://www.te.gob.mx/buscador/SX-JDC-1338/2021 Y SX-JRC-250/2021

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2021.

Diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la aplicación de una segunda dosis de vacunación a maestros y personal de las escuelas de nivel básico en Yucatán, a cargo del diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo y los diputados del Grupo Parlamentario del Partico Acción Nacional en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; en artículo 79, numeral 2, incisos I, II y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la asamblea proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

I. El 30 de septiembre de 2021 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por su sigla en inglés) presentó su informe Covid-19 y vacunación en América Latina y el Caribe: desafíos, necesidades y oportunidades , donde señala que

América Latina y el Caribe (ALC) es la región más afectada por la pandemia Covid-19, superando el promedio de casos y muertes en el mundo. A su vez, el avance de la vacunación en la región varía entre países y enfrenta diversos desafíos en producción, acceso, almacenamiento y distribución, mientras los niveles de contagio siguen siendo altos.

En dicho informe menciona que México

Al 20 de junio de 2021, cinco países de la región (Brasil, Argentina, Colombia, México, y Perú) estaban entre los 20 países del mundo con mayores reportes de casos y muertes por Covid-19 durante toda la pandemia. Para esta misma fecha, Brasil, Colombia, Argentina, Perú, México y Chile estaban entre los diez países con mayor número de nuevas muertes por Covid-19 en todo el mundo.

Por otra parte, el 26 de noviembre de 2021, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó la variante B.1.1.529 del virus del Covid-19 como variante preocupante. Además, decidió denominarla con la letra griega ómicron. La decisión de considerar preocupante esta variante se basó en la evidencia que indica que presenta varias mutaciones que podrían afectar a las características del virus, por ejemplo, la facilidad para propagarse o la gravedad de los síntomas que causa.

II. El 8 de noviembre de 2021, el Presidente de la República mencionó la importancia del regreso a clases “A padres de familia, maestras, maestros, directivos de las escuelas y autoridades para que ya se termine de enviar a todos los estudiantes, a los niños, a las escuelas, abrir todas las escuelas. Ya no debe de haber escuelas cerradas”.

Desde agosto de 2021, los titulares de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud presentaron ante las autoridades educativas de los gobiernos estatales, las y los docentes y padres de familia la Guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas. Ciclo escolar 2021-2022 en la que dice:

La decisión de reabrir plenamente los espacios educativos está fundamentada en una evaluación de los riesgos de contagio y el reconocimiento de los múltiples beneficios que la escuela proporciona a nuestras sociedades, en particular a las niñas, niños y adolescentes.

Por ello, propone que

- La educación presencial puede realizarse en todos los niveles del semáforo de riesgo epidémico.

- En todos los colores del semáforo se plantea seguir de manera permanente las medidas básicas de prevención: lavado de manos, estornudo de etiqueta, no saludar de beso ni de mano, mantener una sana distancia, ventilación permanente de los espacios de uso común, y el uso correcto del cubreboca.

III. El 28 de agosto las autoridades educativas de Yucatán, en un comunicado de prensa, informaron que “El regreso a clases en Yucatán es voluntario, cada mamá, papá y tutor decidirán si mandan a sus hijos a clases presenciales o continúan con el método a distancia. Quienes tengan alguna razón para no mandar a sus hijos a la escuela, no será necesario hacerlo y podrán continuar estudiando a través de los medios digitales como se ha hecho hasta ahora y quienes sí tienen el deseo de que sus hijos regresen a la escuela, podrán hacerlo con todas las medidas y filtros sanitarios para proteger la salud de todos los yucatecos”.

En este mismo sentido, el 4 de septiembre de 2021 las autoridades del estado de Yucatán comunicaron que, ante la posibilidad de contagio entre el personal docente, administrativo y de apoyo en las escuelas, así como a estudiantes es que el Protocolo Estatal para el Regreso a Clases contempla tres escenarios de actuación para cuidar la salud de la comunidad educativa:

- En el primer escenario se contempla una situación sin casos sospechosos o confirmados de la enfermedad en la escuela. Se mantienen las actividades cotidianas y acciones permanentes preventivas como el lavado de manos, uso de cubrebocas, limpieza individual diaria de pupitres antes de iniciar actividades, limpieza, así como desinfección del salón y el plantel.

- El segundo escenario ocurriría cuando haya una o un estudiante o docente diagnosticado por el personal de salud como sospechoso de Covid-19. La o el alumno se retira por 14 días o hasta que se indique lo contrario.

- En el tercer escenario, ante un caso confirmado, la acción inmediata implica el envío de todo el alumnado y personal docente de ese salón o grupo a sus casas por 14 días naturales, por lo que se da la suspensión de clases presenciales. Las demás aulas trabajarán con normalidad.

De acuerdo con las autoridades de Yucatán, el sistema escolar de educación básica está compuesto de la siguiente forma:

IV. El 2 de noviembre de 2021, el Gremio Nacional de los Trabajadores de la Educación (GNTE) en Yucatán, declaró ante los medios de comunicación la necesidad de reforzar el sistema de vacunación del personal docente y los que laboran en el sistema educativo. “En opinión del sindicato, no estamos preparados para el regreso total. El gobierno federal no ha podido cumplir con la distribución de los insumos necesarios para las escuelas”.

También han mencionado que “El escenario ideal sería que primero todos los estudiantes estén vacunados y que los profesores reciban la segunda dosis ya que se ha confirmado que es necesario reforzar la vacuna CanSino, que se aplicó a los trabajadores de la educación hace algunos meses”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública para que se aplique una segunda dosis de la vacuna a todos las y los maestros y el personal que labora en las escuelas, antes de que se programe un regreso presencial a las aulas de las y los estudiantes de nivel básico en el estado de Yucatán.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2021.

Diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Mesa Directiva de esta soberanía a realizar trámites para instalar en el Palacio Legislativo una sucursal del Banco del Bienestar y pagar por ésta la nómina del personal, a cargo de la diputada María Magdalena Olivia Esquivel Nava, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada María Magdalena Olivia Esquivel Nava, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. Que el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, es el principal dispersor de recursos de programas sociales del gobierno federal. En su carácter de banca social, promueve y facilita el ahorro entre los mexicanos, dentro y fuera del país, así como el acceso al financiamiento de primer y segundo piso de forma equitativa para personas físicas y morales, impulsando así la inclusión financiera, misma que realiza con perspectiva de género y tomando en cuenta a comunidades indígenas.

2. Que el Banco del Bienestar como banca social tiene dentro de sus múltiples objetos promover y facilitar el ahorro, la inclusión financiera, el uso y fomento de la innovación tecnológica a fin de procurar mejores condiciones a los integrantes del Sector, ofrecer instrumentos y servicios financieros de primer y segundo piso entre los mismos, fomentar el uso de productos y servicios financieros que atiendan las necesidades del sector y que promuevan la adopción de modelos de negocio y tecnologías financieras innovadoras que impacten en el sano desarrollo del Sector y, en general, que la actividad de la Institución contribuya al desarrollo económico a nivel nacional y regional.1

3. Que el Banco de Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, nació en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador tras aprobarse la transformación del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi). Se creó en 19 de julio de 2019 y es el mayor dispersor de recursos de programas sociales del gobierno federal, apoyando a más de 20 millones de beneficiarios, además de atender las necesidades de grupos específicos como migrantes, al ofrecerles el mejor tipo de cambio en el envío de remesas; así como de mujeres y jóvenes, especialmente de 15 a 17 años, con la finalidad de incluirlos financieramente.

4. Que la misión del Banco del Bienestar es crear una banca ética y social para hacer efectivo el derecho de acceso al desarrollo, a la inclusión económica, social y financiera, así como garantizar el acceso a los apoyos, pensiones y becas constitucionales. Actualmente cuenta con más de 70 sucursales en la Ciudad de México y 2 mil 700 sucursales en todo el país.2

5. Que la visión del Banco del Bienestar es ser la institución de banca social del Estado mexicano que promueva el acceso universal a servicios financieros, para la inclusión, el desarrollo y pleno ejercicio de los derechos humanos de toda la población, con la mayor cercanía territorial en las regiones del país.3

6. Que el Banco del Bienestar realiza funciones de banca social, prestará servicios a toda la población, preferentemente a los sectores marginados del país, a los más pobres, con prestaciones a menor costos y más competitivos. Tendrá sucursales preferentemente en municipios y poblados olvidados, donde hasta hoy ninguna banca comercial ha ido por ser incosteable.

7. Que con el antecedente que se expone en los numerales anteriores y considerando que el Banco del Bienestar tiene una función de dispersión de recursos; es decir, entrega de recursos mediante abono en cuenta o en efectivo por cuenta de una institución contratante a sus beneficiarios a través de sucursales y de la red puntos de acceso a servicios financieros, se propone que dicha institución bancaria, sea el mecanism o a través del cual realicen los pagos de nómina a todo el personal de la Cámara de Diputados. Lo anterior, sin dejar de mencionar que, quedaría intacta la potestad de cualquier empleada y empleado, de poder cambiarse a cualquier institución bancaria que sea de su preferencia.

8. Que con la finalidad de dar cumplimento al numeral anterior, se instale dentro de la Cámara de Diputados, una sucursal del Banco del Bienestar, así como los cajeros automáticos necesarios, para poder tener acceso a los depósitos de nómina.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a las y los integrantes de la Mesa Directiva de la propia Cámara de Diputados, para que se realicen los trámites necesarios a fin de que se instale una sucursal del Banco Bienestar al interior del Palacio Legislativo y, a través de ésta, se realicen los pagos de nómina al personal de este órgano legislativo

Notas

1 Ley Orgánica del Banco de Bienestar, artículo 3, última reforma DOF 19-07-2019.

2 Cónfer Cultura Organizacional Banco del Bienestar https://www.gob.mx/bancodelbienestar/documentos/cultura-organizacional- bansefi

3 Ídem

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2021.

Diputada María Magdalena Olivia Esquivel Nava (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al INAI a considerar como sujeto obligado de manera directa a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, a cargo del diputado Mario Gerardo Riestra Piña, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Mario Gerardo Riestra Piña, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Sexagésima Quinta Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, así como por las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) que considere como sujeto obligado de manera directa a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (conocida por sus siglas en inglés como UNOPS) por el ejercicio de recursos públicos que realiza con motivo de la compra de medicamentos y material de curación, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Un tema que sin duda es de vital importancia para nuestro país, es el abastecimiento de medicamentos para todos los sectores de la salud, ya que las y los ciudadanos debemos tener la tranquilidad de que existan insumos necesarios para poder llevar de manera correcta el tratamiento correspondiente para lograr con eficacia su curación o, en los casos médicamente más complicados, sobrellevar la enfermedad tratando de sostener una calidad de vida de la mejor manera posible por lo que el Estado debe brindar esa certeza y tranquilidad a todas y todos los que requieran medicamentos y materiales de curación.

Lo anterior, nos lleva a un análisis más profundo que, si bien es cierto la población, por un lado, debe tener la certeza de un buen abasto de medicamentos y, por otro lado, se debe velar por la obligada transparencia de dichas actuaciones, por lo que como legisladores y/o representantes populares debemos ofrecer propuestas que encaminen a la rendición de cuentas, ya que el bienestar de las y los ciudadanos y la obligación del Estado a cumplirlas no debe ser bandera para solapar actos de corrupción.

Ahora bien, respecto a este tema, en febrero de 2019 fue suscrito el Acuerdo Marco entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Oficina para la Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, el cual consiste en la asistencia técnica de la UNOPS al Gobierno de México para contemplar de conformidad con el mandato de la UNOPS y sus modalidades de proyectos, todas las acciones relacionadas con la administración y gestión de proyectos y adquisiciones de bienes y servicios.

Se estipuló que la UNOPS mediaría en la asistencia de la investigación de mercado, auxilio en la revisión de bases de licitación, acompañamiento en la ejecución de la licitación, asesorías en la evaluación de ofertas técnicas y económicas, y ayuda en la negociación de precios de medicinas de alto costo, entre diversas indicaciones.

Esto a su vez, dio paso a que el 31 de julio de 2020, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la UNOPS, suscribieran un Acuerdo Específico denominado de adquisición de medicamentos y material de curación,1 donde se faculta a la UNOPS para que realice a nombre del Gobierno de México los procedimientos de licitación para proveer de medicamentos y material de curación a nuestro sistema de salud, para el periodo 2021-2024, otorgándose un monto de 6005 millones de dólares para tales funciones.2

Por su parte, el Insabi dio a conocer, en una sesión informativa, los resultados de las compras para este 2021 y lo que vendría para 2022, informando que de enero a junio de 2022, nuestro país, junto con la UNOPS, realizó una compra consolidada de 878 millones de piezas de las cuales se han entregado 270 millones hasta el 26 de noviembre y se tienen programados otros 60 millones para diciembre de 2021, por lo que para el 2022 se tiene contemplada la entrega de las restantes 549 millones de piezas, correspondiendo a 518 claves de medicamentos y 336 claves de materiales de curación, donde destacan 28 claves de medicamentos oncológicos para 10 instituciones, que forman parte de la compra.

Posteriormente, se informó acerca de los tiempos para la realización de las licitaciones públicas internacionales por parte de la UNOPS y el procedimiento para llevar a cabo las compras, que comprende la convocatoria en diciembre de 2021 con la entrega de propuestas económicas en febrero de 2022 y, en abril, las firmas de los contratos de las empresas adjudicadas y para julio se iniciarían las entregas. Si bien es cierto, debemos reconocer que la UNOPS cuenta con diversas herramientas y certificaciones con estándares mundiales y que viene laborando de manera recurrente con varios países de Latinoamérica, así como un Observatorio Regional de Precios de Medicamentos, donde puede comparar los precios derivados de fuentes oficiales en 21 países y, por su parte, el Insabi publica una sección dedicada al Abasto de Medicamentos, con las ordenes de remisión que los estados solicitan comprar al Insabi y la UNOPS.

Es imperativo señalar que, las adquisiciones del Sector Salud para el rubro exclusivamente de medicamentos, superaban los 1,800 millones de piezas anualmente, es decir, cerca de 150 millones de piezas al mes, por lo que, como se ha explicado, los 330 millones de piezas que se entregarían en este año o los 549 millones que se entregarían en el próximo, resultan claramente insuficientes para cubrir las necesidades del país, lo que augura un desabasto para el siguiente año, como sucedió en este 2021 –y ha sido reconocido- por las autoridades, independientemente de los serios problemas existentes en la operación logística.3

Es así, que en la obligación de la transparencia y de la rendición de cuentas a las que están sujetos el Insabi y la UNOPS, intentan simular un total compromiso; sin embargo, este debe ser demostrado con todas y cada una de las herramientas y/o instituciones las cuales rigen y dan cabida al ejercicio del Derecho de Acceso a la Información, y a la transparencia y rendición de cuentas del manejo de recursos públicos en nuestro país.

Ahora bien, debemos verificar las actuaciones del Insabi, siendo el organismo descentralizado de la Administración Pública Federal como el encargado de proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social; así como de las actuaciones de la UNOPS que, siendo organismo subsidiario de la ONU, por el simple hecho de recibir y ejercer recursos públicos a nombre del Estado mexicano, debe ser sujeto obligado directo de la normativa mexicana en materia de transparencia y acceso a la información y que, además se supedite a la autoridad del Inai para que esté en las mismas circunstancias de todos los sujetos obligados de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sometiéndose al escrutinio público.

Lo anterior, nos obliga a remitirnos a un fundamento preciso y claro para estos hechos. De acuerdo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quienes reciban recursos económicos públicos o realicen actos de autoridad, deberán de ser sujetos directos de la Ley en mención, por lo que, en estricto sentido, la “buena intención” de la UNOPS debe ser estipulada cumpliendo con las cuarenta y ocho obligaciones de transparencia establecidas en su artículo 704 , pero sobre todo que la UNOPS sea incluida por el Inai en el catálogo de sujetos obligados directos y se le incorpore a los mecanismos como sería la Plataforma Nacional de Transparencia, entre otros, y así cualquier persona, a nivel nacional o internacional, pueda presentar solicitudes de información y utilizar las recursos legales de defensa cuando la UNOPS se niegue a entregar la información.

Es por esto, que la UNOPS en México, debe ser sujeto obligado de manera directa para que cumpla en su totalidad a la normativa en materia de transparencia por que asume funciones a nombre del Estado Mexicano, al ser su representante para la adquisición de medicamentos y material de curación, recibiendo y ejerciendo recursos públicos, así como actos de autoridad; por que al no realizarla a nombre propio sino a nombre del Gobierno de México, no estaría resguardado por la Protección e Inmunidades de la Convención de la ONU, por lo que la UNOPS debe estar sujeta al Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales que establecen los criterios para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información a cargo de las personas físicas y morales que reciben y ejercen recursos públicos o realicen actos de autoridad .5

Asimismo, la UNOPS está obligada a informar sobre el ejercicio de los recursos públicos de acuerdo con lo establecido a los Lineamientos antes referidos, y lo previsto en el artículo 214 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra dice:

Artículo 214. Las infracciones a lo previsto en la presente Ley por parte de sujetos obligados que no cuenten con la calidad de servidor público, serán sancionadas con:

I. El apercibimiento, por única ocasión, para que el sujeto obligado cumpla su obligación de manera inmediata, en los términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos previstos en las fracciones I, III, V, VI y X del artículo 206 de esta Ley.

Si una vez hecho el apercibimiento no se cumple de manera inmediata con la obligación, en los términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos mencionados en esta fracción, se aplicará multa de ciento cincuenta a doscientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en el área geográfica de que se trate;

II. Multa de doscientos cincuenta a ochocientos días de salario mínimo general vigente en el área geográfica de que se trate, en los casos previstos en las fracciones II y IV del artículo 206 de esta Ley, y

III. Multa de ochocientos a mil quinientos días de salario mínimo general vigente en el área geográfica de que se trate, en los casos previstos en las fracciones VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV y XV del artículo 206 de esta Ley.

El propio Inai, dentro de sus facultades, está posibilitado legalmente para nombrar como sujeto obligado de manera directa a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), para que este organismo internacional cumpla en su totalidad en los rubros de transparencia e información pública, sin que sea violado el derecho constitucional de acceso a la Información y la transparencia, consagrado en su artículo sexto.

Como podemos apreciar, la ley es puntual e inequívoca por lo que no debería existir alguna condicionante para postrar, como bandera principal, la transparencia en las actividades de la UNOPS, ya que los recursos fueron, son y deberían ser suficientes -más de 6 mil millones de dólares-, para el periodo 2021-2024, para la eficiente compra y abastecimiento de medicamentos y materiales de curación en nuestro país.

Sin embargo, esto no ha sucedido, ya que hoy en día sufrimos una crisis de desabasto de medicamentos y material de curación a lo largo y ancho del país, que siguen padeciendo las y los derechohabientes de diferentes sectores de la salud, como el IMSS, ISSSTE, Sedena, Semar e Insabi, entre otros, por lo que el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido que el desabasto continúa. Lo que, sin duda, nos hace reflexionar y exigir información sobre el verdadero ejercicio de esos recursos. Esta situación, por supuesto, ha provocado descontento y fuertes reclamos de la población y se hasta el Ejecutivo Federal lo asumió llamando la atención a sus funcionarios, advirtiéndoles que no tolerará más excusas sobre el desabasto de medicamentos y de material de curación.

Es por esto que varios funcionarios federales, designados por el Presidente López Obrador, han criticado los errores de la UNOPS y del Insabi, porque estos han ocasionado el desbasto para el resto de las instituciones de salud. El propio secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, el pasado 20 de julio exhibió la ineficiencia de la agencia de la ONU al resaltar que el organismo fue incapaz de adquirir 950 claves y la que la Secretaría de Salud tuvo que encargarse de la operación declarando que “en 37 días logramos adquirir lo que al organismo le tomó 10 meses.”6

Por su parte, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), refiere que existe una mayor presión para la finanzas públicas que proviene de las enfermedades de tercer nivel de atención que no son cubiertas por el IMSS-Bienestar, como lo son servicios de hospitalización de alta especialidad, cirugía cardiovascular, hemodiálisis, tomografía axial computarizada, neurocirugía, pruebas de laboratorio e investigación de gran complejidad y establece que el IMSS-Bienestar cuenta con la menor tasa de atención entre los subsistemas principales. En 2020, la tasa de atención de este programa fue de 10.3%, contra un 28.5% del sistema público. De 2016 a 2018, la tasa de atención pasó de 18.3% a 21.5%; sin embargo, para ambos periodos, está por debajo del resto de los subsistemas antes mencionados.

Especialmente, en el nuevo modelo de compra consolidada de medicamentos y materiales de curación, y de su distribución que se empezó a experimentar a inicios de 2019, por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a propuesta del Presidente López Obrador y que resultó un rotundo fracaso, es por eso que, posteriormente, se le encomendó a la UNOPS, a partir del 2021, hacer los procesos y la adquisición de medicamentos -que también ha resultado un fiasco- en detrimento de la vida de los mexicanos. Esto ha obligado al resto de las instituciones del Sector Salud, a comprar por su propia cuenta los insumos médicos que las primeras no pudieron conseguir oportunamente, lo que vislumbra una inadecuada, ineficiente e ineficaz adquisición y distribución de medicamentos en todos los sentidos aderezados de opacidad.

Como recordaremos, la Cámara de Diputados en periodo extraordinario, a través de los diputados de Morena y sus aliados, de una manera irresponsable y abusiva, dieron carta abierta a que los organismos internacionales pudieran recibir y ejercer recursos públicos, reformando el 29 de julio de 2020, el artículo 1 de la Ley General de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, es decir, otorgaron a los organismos internacionales, con dedicatoria a la UNOPS, amplias facultades que corresponden al estado mexicano y que, a nombre de este, realicen la adquisición de bienes o prestación de servicios para la salud.

El pasado 29 de noviembre, la UNOPS y el Insabi informaron que la compra consolidada del 2021, solo tuvo éxito en mil cincuenta de las dos mil doscientas claves de medicamentos e insumos necesarios para el sector salud.

Por lo anterior, sobresale el análisis de los tiempos legislativos y/o jurídicos respecto a esta reforma, siendo aprobada el 29 de julio de 2020,7 ya que al votarse en esa fecha, se abrió la posibilidad de llevar a cabo esas contrataciones a los organismos internacionales, por lo que, de acuerdo a la exposición de motivos de la reforma, el Insabi ya había “realizado” un estudio de mercado para determinar que las “mejores condiciones”, en el marco del artículo 134 de la Constitución, los iba a obtener el Gobierno de México, por medio de la UNOPS, sin tomar en cuenta a los proveedores nacionales, lo que sin duda refleja una reforma con dedicatoria y a modo.

Es importante destacar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), desde su inicio, detectó irregularidades en las compras consolidadas por la UNOPS, por lo que viene arrastrando anomalías hasta el día de hoy, por ejemplo, la inexistencia del dictamen de la Secretaría de Relaciones Exteriores que daba origen a la contratación de dichos servicios.8

Cabe destacar que la UNOPS cobró 541 mil dólares por estos servicios, los cuales fueron liquidados mediante tres pagos: anticipo de 50 por ciento, un pago por 243 mil dólares a la entrega del documento de recomendaciones para mejorar las bases de licitación y 27 mil de dólares por la entrega del informe final.9

Asimismo, la ASF señaló la falta de autorización del presupuesto de la Secretaría de Salud para cubrir el compromiso derivado de dicho acuerdo de colaboración y, más grave aún, la falta de entregables del acompañamiento, sobre todo en el análisis de precios, así también se encontró que los métodos que realizaba la UNOPS contravenían la Ley de Adquisiciones, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, entre otras.10

Es por esto, que lo único que podíamos esperar para las y los ciudadanos, fue el desabasto de medicamentos y materiales de curación, dando como consecuencia enfermedades agravadas y lamentablemente fallecimientos, que se vienen arrastrando desde hace tres años, derivado de una supuesta colaboración de la UNOPS, la cual podría advertir en una promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias por parte de la ASF.

En conclusión, es imperativo que la UNOPS, sea sujeto obligado directo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de México, para poder rendir cuentas sobre los recursos públicos que le han asignado, en este caso, todos los proceso para la compra de medicamentos y material de curación, debido a que asume funciones que corresponden al Estado Mexicano, que no sólo administra, sino que también ejerce los recursos y pareciera que el propio Insabi se deslinda de las actuaciones de la UNOPS, lo cual no puede ser tolerado.

Además, es alarmante la falta de transparencia en las supuestas adquisiciones de medicamentos y materiales de curación, así como la inexistencia de información referente a los contratos de compra de medicamentos entre otros, la cual tampoco se encuentra en la Plataforma Nacional de Transparencia que administra el Inai; y cuando se ha solicitado a las entidades y dependientas publicas la han declarado inexistente, desde la oficina de la Presidencia de la República, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Salud y el Insabi; así como a la propia UNOPS a quien se le han realizado peticiones de información a sus correos electrónicos y no han respondido.

Es importante destacar que, de conformidad con los artículos 4 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad, deberá cumplir irrestrictamente el Derecho de Acceso a la Información, el cual comprende: solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información:

Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal, las leyes de las Entidades Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta Ley.

...

Capítulo III
De los Sujetos Obligados

Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal.

...

Actualmente, la página de Internet de la UNOPS, https://www.proyectosaludmexico.org/unops-insabi.html no da cumplimento a las obligaciones de transparencia que se les exige a quienes reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad, como es el caso de este organismo internacional, recordando que es un ente que se encuentra obligado a cumplir con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, teniendo como premisa fundamental dentro del acuerdo suscrito, el acatar los principios establecidos en las leyes mexicanas en materia de adquisiciones, a cumplir con el principio máximo de publicidad y con los estándares internacionales de transparencia.

Y agregando, que de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece el derecho de toda persona de buscar, recibir y difundir información, por lo que se vincula a la ONU y a sus organismos como sería la UNOPS. Si bien es cierto, podría estar protegida por diversas prerrogativas, de acuerdo a la “Convención Sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas”, ostentando que se encontraría fuera de la jurisdicción de nuestras leyes y por tanto ajeno al Inai, lo cual no es procedente, ya que debido al Acuerdo Marco, celebrado entre ambas partes, se establece una relación jurídica que lo coloca dentro de los supuestos comprendidos por nuestra legislación, por lo que está obligado de manera directa a cumplir en materia de transparencia y acceso a la información.

Por lo que, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que ejerza sus facultades y considere como sujeto obligado, de manera directa a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) por el ejercicio de recursos públicos que realiza con motivo de la compra de medicamentos y material de curación, así como por los actos de autoridad que ejecuta a nombre del Estado mexicano.

Notas

1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/626390/AE_UNOPS_Insabi_0 8112020113928__1_.pdf

2 Acuerdo Específico Entre El Instituto De Salud Para El Bienestar De Los Estados Unido Mexicanos Y La Oficina De Las Naciones Unidas De Servicios Para Proyectos. Para La Ejecución Del Proyecto De Implementación Denominado “Adquisición De Medicamentos Y Material De Curación”. Págs. 37 y 38.

3 https://www.youtube.com/watch?v=84RUpMj2iE8&t=2361s

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP_200521.pdf

5 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5476073&fecha=13/03/ 2017

6 https://www.proceso.com.mx/reportajes/2021/12/5/las-costosas-novatadas- del-insabi-la-unops-276967.html

7 http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/jul/20200729-I.pdf

8 https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/2021/11/08/insabi-y -unops-violan-la-ley/

9 https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/2021/11/08/insabi-y -unops-violan-la-ley/

10 https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/2021/11/08/insabi-y -unops-violan-la-ley/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre del 2021.

Diputado Mario Gerardo Riestra Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Congreso y el gobierno de Chiapas a llevar a cabo acciones para inhibir el acceso y consumo de bebidas azucaradas y productos alimenticios envasados de alto contenido calórico entre menores de edad, a cargo del diputado Leonel Godoy Rangel, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Leonel Godoy Rangel, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México es el lugar donde más bebidas azucaradas se consumen en todo el mundo. Esto genera un peligroso impacto en la salud, las expresiones culturales, la economía de las familias y en el medio ambiente.

El alto consumo de bebidas azucaradas afecta la salud de las personas provocando diversas y peligrosas enfermedades que resultan en obesidad, ataques cardiacos, accidentes cerebrovasculares, cáncer, demencia, diabetes, desnutrición, mal nutrición, entre otras. De acuerdo con los estudios del Instituto Nacional de Salud Pública, se ha observado que aproximadamente 40 mil muertes en el país están directamente relacionadas al consumo de estas bebidas por aumentar el riesgo de enfermedades crónicas.

En el contexto de la pandemia que ha afectado a la población mundial desde 2019, los padecimientos generados por el abuso en el consumo de dichas bebidas y alimentos procesados con alto contenido calórico ha incrementado el riesgo de hospitalización y muerte por los efectos producidos por el virus SARS CoV2 que genera la enfermedad Covid-19.

Durante los primeros meses de la pandemia, en el año 2020, se observó que la mayoría de las personas que habían fallecido vivían con diabetes, hipertensión u obesidad.

La gran cantidad de azúcar que contienen los refrescos es, por lo menos, escandaloso. Cada 100 ml que se consumen implican comer una cucharada grande de azúcar pura, es decir, cuando se consume una lata de refresco de 355 ml. equivale a 3.5 cucharadas de azúcar que entran directamente al cuerpo humano en cuestión de segundos.

El problema en nuestro país se agrava en el estado de Chiapas, región que, a pesar de tener una gran riqueza de agua y recursos naturales, presenta estadísticas abrumadoras. La ingesta de dicha bebida en esa entidad federativa es cinco veces superior al del resto del país y 32 veces más que el promedio mundial.

En el mismo sentido, de acuerdo con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (Conacyt), Chiapas es la región que más consume el refresco Coca-Cola, producto que representa más del 70 por ciento del consumo nacional de bebidas azucaradas embotelladas.

Entre 2013 y 2016, revelan diversos estudios, en Chiapas aumentó un 30 por ciento las defunciones por diabetes, región que antes de la instalación de la refresquera no presentaba niveles altos de diabetes y problemas cardiovasculares.

Sin embargo, el problema incluye también la penetración que dicha bebida ha logrado tener entre la población en las expresiones socioculturales de la región, al sustituir, en algunos casos, insumos en los festejos tradicionales como el consumo de pox (un aguardiente de caña) y otras bebidas alcohólicas que fueron descalificadas y eliminadas de los rituales para dar paso al incremento del uso de refrescos.

Las causales para tan excesivo consumo en dicha entidad federativa son diversas:

• La enorme planta refresquera en San Cristóbal de las Casas y que consume más de 1.3 millones de litros al día y deja a la población con severas restricciones al acceso al agua para consumo.

• Las campañas mediáticas y comerciales de Coca Cola que promueven una falsa condición de estatus social, donde el consumo de refrescos es reconocido como una característica de aceptación ante la sociedad.

• La complicidad y el descuido gubernamental que promovió el neoliberalismo en nuestro país y que garantizó mayores privilegios a empresas cuyas prácticas o productos causaron enormes daños entre la población.

• Las condiciones de marginación socioeconómica y de servicios públicos que un alto porcentaje de la población de Chiapas sufre y que provoca que sea más fácil y con menor costo monetario beber refrescos que agua.

• El costo del refresco contra el agua, cuyo origen puede encontrarse en la promoción y las facilidades fiscales otorgadas a las pequeñas empresas de autoabasto, que, de forma ventajosa, ha utilizado Coca Cola para reducir el costo final al consumidor en esta región.

Dentro de los efectos más preocupantes, se observa el consumo de dicha bebida en menores de edad. Un alto porcentaje de niñas y niños menores de 6 meses han sido alimentados, a la par de la leche materna, con este refresco, generando mayores riesgos a la salud y promoviendo la adicción a temprana edad.

El consumo de refrescos en menores de edad violenta claramente el derecho a la salud y el interés superior de la niñez, por lo cual, se considera absolutamente necesario implementar medidas y prohibiciones que inhiban que las niñas, niños y adolescentes puedan acceder a bebidas y alimentos que solo les provocarán daño a corto y mediano plazo.

En consecuencia, y reconociendo las medidas que el estado de Oaxaca implementó desde 2020 con la prohibición de venta, regalo, distribución y suministro de bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico a menores de edad, y considerando el alto grado de riesgo y marginación socioeconómica a los que están expuestos las niñas, niños y adolescentes, nos obliga a presentar los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del estado de Chiapas a prohibir la distribución, venta, regalo o suministro de bebidas azucaradas y productos alimenticios envasados de alto contenido calórico a personas menores de 18 años en todo el estado, con el objeto de prevenir y combatir la desnutrición, la malnutrición y enfermedades relacionadas en niñas, niños y adolescentes, y garantizar el interés superior de la niñez.

Segundo.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Chiapas para que se evalúen y ejecuten las medidas para revertir el consumo de bebidas azucaradas y productos alimenticios envasados de alto contenido calórico en personas menores de 18 años en todo el estado, con el objeto de prevenir y combatir la desnutrición, la malnutrición y enfermedades relacionadas en niñas, niños y adolescentes, especialmente en los grupos y sectores más vulnerables.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2021.

Diputado Leonel Godoy Rangel (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a emprender acciones en defensa de los derechos de los migrantes con motivo de la reactivación del programa Quédate en México, a cargo de la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emprender acciones en pro de la defensa de los derechos de las personas migrantes con motivo de la reactivación del programa Quédate en México, conforme a los siguientes

Antecedentes

I. En América Latina se estima que existen más de 17 millones de emigrantes y más de 10 millones de inmigrantes, cuyos principales países de origen son Honduras, Guatemala y El Salvador. En México, en el primer semestre de este año se tenían registrados 117 mil migrantes que asistieron ante autoridades migratorias, en más de 20 mil casos estaban involucrados menores de edad y casi 800 eran menores no acompañados.

II. Derivado de lo anterior, y de los flujos migratorios que han aumentado en los últimos años, el gobierno de Estados Unidos de América (EUA) ha implementado una política llamada Migrant Protection Protocols, mejor conocida como MPP o Remain in México, Quédate en México, el cual tiene como objeto que aquellas personas que ingresan a territorio estadounidense, no importando la forma y tengan la voluntad de solicitar asilo, deban esperar la resolución de dicha petición en México. Sin embargo, el trasfondo era desalentar a las personas solicitantes para desistir de su petición.

III. El programa entró en vigor en el año 2019 en la administración del entonces presidente de EUA, Donald Trump, y es en enero de 2021 que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos del gobierno de Joe Biden, anunció la suspensión al programa.

IV. El fenómeno migratorio que está sucediendo tanto en la frontera sur como en la frontera norte de México, resulta una crisis tanto para EUA como para nuestro país. Tan sólo en el mes de marzo de este año, se detuvieron a más de 171 mil personas, de las cuales, más de 18 mil eran jóvenes que habían intentado ingresar a suelo estadounidense.

V. Se ha informado por parte del gobierno norteamericano que en los próximos días se reinstalará el programa Quédate en México, con lo cual, miles de personas inmigrantes tendrán que esperar en suelo mexicano una respuesta a su solicitud de asilo. Como resultado de este programa, durante el año 2019 fueron devueltos más de 70 mil migrantes a México, situación que ha producido en una serie de problemáticas de salud y seguridad.

VI. Por su parte, activistas han levantado la voz denunciando que dicho programa atenta directamente contra la dignidad de las personas. Al retornar miles de personas a México se provoca la creación de campamentos en donde viven hacinadas las personas migrantes. Lo anterior, vulnera el derecho humano a una vida digna.

VII. Por lo anterior resulta imprescindible que el gobierno mexicano implemente medidas urgentes para atender y proteger los derechos humanos de las miles de personas que serán regresadas desde EUA, con la intención de esperar su proceso para saber si tendrán asilo. Asimismo, contemplar la salud y seguridad de todas las personas incluyendo los grupos vulnerables, respetando y procurando sus derechos humanos.

Considerandos

I. El artículo 6, fracción I, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de las y los diputados.

II. Conforme al artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

III. Conforme al Pacto Mundial sobre Migración, cuyo fin es gestionar los flujos migratorios de forma integral y en el cual los gobiernos se comprometen a garantizar un regreso seguro y digno. El Pacto se estructura en 23 grandes objetivos para la migración segura, ordenada y regular, entre los cuales los objetivos 11, 12, 13 y 21, mencionan lo siguiente:

“11. Gestionar las fronteras de manera integrada, segura y coordinada.

12. Aumentar la certidumbre y previsibilidad de los procedimientos migratorios para la adecuada verificación de antecedentes, evaluación y derivación.

13. Utilizar la detención de migrantes solo como último recurso y buscar otras alternativas.

21. Colaborar para facilitar el regreso y la readmisión en condiciones de seguridad y dignidad, así como la reintegración sostenible”.

IV. Conforme al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas que se encuentren dentro del país gozarán de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución, como en los tratados internacionales.

Asimismo, estipula que en México está prohibida “toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

V. Que conforme al artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”.

VI. Conforme a la Ley de Migración, dentro de los principios que deberá sustanciarse la política migratoria se encuentra:

“Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada”.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, con el siguiente resolutivo:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a emprender acciones en pro de la defensa de los derechos de las personas migrantes con motivo de la reactivación del programa Quédate en México, contemplando la seguridad y salud de los migrantes, incluyendo los grupos vulnerables.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2021.

Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la adecuada formulación, ejecución e instauración de políticas, programas, estrategias y acciones en materia de violencia doméstica y erradicación de ésta, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Gina Gerardina Campuzano González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La violencia familiar afecta a todos los miembros de la familia. En México, del total de personas víctimas de violencia, 91 de cada 100 son mujeres y 9 hombres; sin embargo, la agresión al hombre en el hogar ha ido creciendo y ha pasado del 1 por ciento que se tenía en el año 2000 al 21 por ciento en el año 2010.1

Del mismo modo, los hijos también son víctimas de violencia, pero su condición física propicia que en la mayoría de los casos este maltrato sea desconocido por quienes deben denunciarlo; éstos, al crecer, consecuentemente, se ven imposibilitados para llevar un desarrollo psicobiológico estable e integrado a la sociedad, por lo tanto, los menores que padecen la violencia física o sexual a su vez se convierten en agentes generadores de violencia en contra de sus descendientes, o continúan siendo víctimas; como ejemplo tenemos que 65 de cada 100 mujeres que sufren de violencia física o sexual fueron objeto de ésta cuando eran niñas.2

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) cuenta, entre sus encuestas regulares, con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). Su periodicidad es cuatrimestral y proporciona información en torno a la percepción ciudadana respecto de las condiciones de inseguridad en áreas urbanas. Asimismo incluye preguntas respecto al desempeño de los gobiernos, los principales problemas identificados por la ciudadanía; y, de manera sorprendentemente positiva, en la edición de septiembre de 2021, se incluyó un tabulado relativo a la presencia de violencia en los hogares.3

Al respecto, el Inegi estima que en el país hay 18.31 millones de hogares en las 91 ciudades que son incluidas en la mencionada ENSU. De esa suma, entre enero y septiembre de 2021 habría 1.36 millones de hogares en los cuales se declara que ha habido víctimas de violencia en el contexto familiar, con una suma aproximada de 2.76 millones de personas violentadas. Esa cifra representa 7.5 por ciento del total de los hogares que cubre la encuesta.4

Frente a ese promedio, hay 46 ciudades en las que se rebasa el valor del indicador, teniendo como las ciudades con mayor presencia, de violencia en los entornos familiares.5

De esta forma, los municipios o demarcaciones territoriales que presentan los peores valores en este indicador son: Iztacalco, en la Ciudad de México, con 14.9 por ciento de los hogares que han tenido al menos una víctima de violencia en sus entornos familiares, entre enero y septiembre de 2021; Venustiano Carranza, igual en la Ciudad de México, con 13 por ciento; Villahermosa, Tabasco, y Tlaquepaque, con 12.7 por ciento en cada uno de ellos; Zacatecas, 12.5 por ciento; Iztapalapa, Ciudad de México, con 12.4 por ciento; y Cancún, Quintana Roo junto con la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, con 12 por ciento en cada uno de ellos.6

Resulta interesante contrastar esos niveles, reportados sólo en las zonas urbanas consideradas en la ENSU, con los datos relativos a las carpetas de investigación iniciadas por el delito de violencia familiar, de las cuales, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha registrado, en el periodo de enero a septiembre de 2021, un total de 192 mil 746.7

La suma referida de delitos registrados por el delito de violencia familiar, representa sólo 14.1 por ciento de los declarados en la ENSU; pero considerando que en esa encuesta sólo se tiene un universo de 18 millones de hogares –que son aproximadamente la mitad de los existentes en todo el territorio nacional–, es lícito suponer que la cifra negra en este delito debe superar 90 por ciento.8

Para dimensionar la magnitud de estas cifras, es importante decir que el número declarado en la ENSU, respecto de las víctimas de violencia en los hogares, implica un promedio –entre enero y septiembre de 2021–, de al menos 5 mil 37 casos por día, es decir, 209.8 casos por hora.9

Sin embargo, al contrastar las denuncias presentadas ante los ministerios públicos del país, la cifra es de 713 carpetas de investigación diarias, o bien, 29.7 casos por hora.10

Quizá lo más preocupante es la tendencia creciente de este delito entre 2020 y 2021. En efecto, al cierre del tercer cuatrimestre de 2021, se tiene un registro de una cifra que equivale a 87 por ciento del total registrado en 2020. Es decir, un ritmo similar implicaría un porcentaje de 75 por ciento, por lo que la diferencia observada es de 12 puntos porcentuales, por arriba de lo acontecido en el 2020.11

Debe celebrarse que el Inegi haya incorporado esta temática en la ENSU, y de hecho, es igualmente deseable que la incorpore en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE), la cual tiene una periodicidad anual, y permitiría tener datos para un mejor diseño de políticas públicas en los tres órdenes de gobierno.12

Es por ello que presento el presente exhorto a las autoridades competentes, a fin de asegurar la colaboración y coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para la adecuada formulación, ejecución e instrumentación de políticas, programas, estrategias y acciones en materia de violencia doméstica, así como fortalecer los mecanismos de apoyo para presentar denuncias a fin de prevenir, disminuir y erradicar la violencia en el hogar ante el alarmante incremento en esta contingencia sanitaria.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto respetuosamente a consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y lograr prevenir, disminuir y erradicar la alarmante cifra de hogares con violencia doméstica, por lo que me permito proponer la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los titulares del Ejecutivo federal, de la Secretaría de Gobernación, del Instituto Nacional de las Mujeres, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a asegurar la colaboración y coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para la adecuada formulación, ejecución e instrumentación de políticas, programas, estrategias y acciones en materia de violencia doméstica, así como fortalecer los mecanismos de apoyo para presentar denuncias a fin de prevenir, disminuir y erradicar la violencia en el hogar.

Notas

1 Instituto de la Mujer, señala que una de cada dos mujeres padecen de violencia intrafamiliar y nueve de cada cien son objeto de agresiones físicas. Inegi-Inmujeres. Encuesta Nacional de la Dinámica en las Relaciones de los Hogares (ENDIREH): Estados Unidos Mexicanos, 2006.

2 Instituto de la Mujer, señala que una de cada dos mujeres padecen de violencia intrafamiliar y nueve de cada cien son objeto de agresiones físicas. Inegi-Inmujeres. Encuesta Nacional de la Dinámica en las Relaciones de los Hogares (ENDIREH): Estados Unidos Mexicanos, 2006.

3 Salud Arellano, Violencia en los hogares, los nuevos datos de la ENSU, México Social La Cuestión Social en México, consultado por última vez el 28 de noviembre de 2021 en https://www.mexicosocial.org/violencia-en-los-hogares/

4 Ibídem.

5 Ibídem.

6 Salud Arellano, Violencia en los hogares, los nuevos datos de la ENSU, México Social La Cuestión Social en México, consultado por última vez el 28 de noviembre de 2021 en https://www.mexicosocial.org/violencia-en-los-hogares/

7 Ibídem.

8 Ibídem.

9 Salud Arellano, Violencia en los hogares, los nuevos datos de la ENSU, México Social La Cuestión Social en México, consultado por última vez el 28 de noviembre de 2021 en https://www.mexicosocial.org/violencia-en-los-hogares/

10 Ibídem.

11 Ibídem.

12 Salud Arellano, Violencia en los hogares, los nuevos datos de la ENSU, México Social La Cuestión Social en México, consultado por última vez el 28 de noviembre de 2021 en https://www.mexicosocial.org/violencia-en-los-hogares/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2021.

Diputada Gina Gerardina Campuzano González (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Yolanda de la Torre Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, fracción XI; 38, numeral 1, fracción I y 76, fracción VI, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados efeméride con motivo del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

“La vela no arde por nosotros, sino por todos aquellos a quienes no conseguimos sacar de prisión, a quienes dispararon camino a la cárcel, a quienes torturaron, secuestraron o hicieron desaparecer . Para eso es la vela”.

Peter Benenson, fundador de Amnistía Internacional.

El 10 de diciembre conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, y es una fecha en la que todas y todos debemos recordar la constante lucha que la humanidad ha emprendido por sus derechos y su dignidad, una lucha que continúa y que debe continuar por todas y todos aquellos que ya no están, y por quienes siguen aquí pero no les hemos podido garantizar condiciones dignas para vivir y sufren constantes violaciones a sus derechos, debe ser un día para analizar y valorar los avances que se han dado pero sobre todo para reconocer los grandes pendientes que tenemos y que no pueden esperar.

Fue en 1948 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en su resolución 217 A(III)1 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo cual se constituye como un parteaguas en historia que permitió construir una sociedad global más libre e igualitaria con base en la proclamación de los derechos inalienables que nos corresponden a todas y todos como seres humanos, independientemente de nuestra raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Sin embargo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos como documento orientador necesitó de pactos internacionales para garantizar que los estados firmantes cumplieran con los postulados, por ello en 1995 se presentaron los proyectos de dos pactos, ante la Asamblea General: el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En nuestro país los antecedentes en el fortalecimiento institucional de la defensa de los derechos humanos comenzó a tomar fuerza con la creación de Procuraduría Federal del Consumidor en 1975, posteriormente, en 1979, Nuevo León contó con una Dirección para la Defensa de los Derechos Humanos, por su parte la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en 1985, estableció la Defensoría de los Derechos Universitarios, a lo que se sumaron la creación de varias procuradurías para la defensa de los pueblos indígenas, y de los vecinos en distintos municipios del país.2

En cuanto a los antecedentes directos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), recordamos que el 13 de febrero de 1989 se creó la Dirección General de Derechos Humanos, esto dentro de la Secretaría de Gobernación, un año más tarde por decreto surgió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya como un organismo desconcentrado, posteriormente para 1992 se le otorgó rango constitucional, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Finalmente, mediante una reforma constitucional, el 13 de septiembre 1999, dicha institución se constituyó como una institución con plena autonomía y pasó de ser la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la de Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Lo anterior significaron enormes avances, sin embargo, uno de los logros más significativos se dio con la reforma constitucional de 2011, misma que permitió que todas las autoridades pudieran ver a los derechos humanos desde una perspectiva mucho más amplia, abandonando el término de garantías individuales para pasar a los derechos humanos y sus garantías, elevando a rango constitucional el concepto de derechos humanos.

El nuevo criterio nos permitió contar con dos principios fundamentales, como lo son el principio pro-persona que supone que en caso de existan distintas interpretaciones de la norma se deberá elegir aquella que sea más favorable a la persona, y el de interpretación, por su parte el principio de interpretación señala que todas las normas de derechos humanos deberán ser interpretadas de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales.

Con todo esto podríamos pensar que la situación de los derechos humanos en México se encuentra en condiciones favorables, sin embargo, basta con mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de que no hemos podido hacer frente a las desigualdades, la exclusión y la discriminación arraigadas, sistemáticas e intergeneracionales.

Contamos con problemas muy serios que impiden el ejercicio pleno de los derechos humanos, problemas que se han agravado durante la pandemia, como lo son la pobreza y la desigualdad, hay familias que no pueden acceder a una alimentación adecuada y que su acceso a la salud se ha visto disminuido, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) recientemente documentó un incremento de 3.8 millones de personas en situación de pobreza, en comparación con 2018, el aumento también se dio en el porcentaje de población en condición de pobreza extrema, mismo que registró un aumento de 2.1 millones de personas, al pasar de 8.7 a 10.8 millones.3

Aunado a lo anterior se presenta el enorme reto de garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad, quienes se encuentran también dentro de las familias que padecen pobreza, y que viven una situación más delicada ya que tiene que costear enormes gastos tan sólo para acceder a sus derechos, considerando las limitaciones y barreras en el entorno que el Estado no ha podido subsanar, como lo son las calles, instalaciones y trasportes inadecuados, la falta de oportunidades para encontrar empleo, el rezago educativo, la carencia en el acceso a los servicios de salud, seguridad social, calidad y espacios de vivienda, y acceso a la alimentación.

Además de lo anterior las personas con discapacidad han tenido que enfrentarse constantemente a niveles altos de desigualdad, discriminación, violencia, abandono y abuso.

Tanto que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017,4 una de cada cuatro personas consideró que las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo. Asimismo, arrojó que a un tercio de este grupo de la población se le había negado al menos un derecho humano.

Lo anterior nos permite comprender las enormes dificultades a las que se enfrentan las personas al intentar ejercer sus derechos, en especial las personas con discapacidad a quienes no les hemos podido garantizar su inclusión plena en todas las actividades de la vida cotidiana de nuestro país.

Sirva este día para reafirmar nuestro compromiso por construir un país más equitativo, donde la máxima de “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera” sea una realidad y no sólo se quede como un lineamiento más del Plan Nacional de Desarrollo, donde todas las personas puedan acceder a lo que para muchos son derechos y para otros sólo sueños.

Buscando siempre que podamos transitar de la letra muerta al ejercicio pleno de los derechos humanos, erradicando las barreras que nos limitan y no nos permiten avanzar hacia un mundo más accesible, inclusivo y sostenible.

El 10 de diciembre constituye un recordatorio de que los esfuerzos seguirán siendo insuficientes si no se destinan presupuestos dignos y a la altura de los grandes retos que enfrentamos, por tal motivo hago un llamado a extremar los esfuerzos y a colaborar en coordinación con todos los sectores de la población para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos para que no nos quedemos únicamente en buenas intenciones.

Notas

1 Resolución 217 A (III), de la Asamblea General de las Naciones Unidas, disponible en https://bit.ly/2VNiQxO

2 Consultado en https://www.cndh.org.mx/cndh/antecedentes-cndh

3 Consultado en

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInici o.aspx

4 Consultado en https://www.inegi.org.mx/programas/enadis/2017/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2021.

Diputada Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica)