Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a instaurar los planteamientos de la OCDE de seguimiento de las observaciones y recomendaciones derivadas de la revisión de los entes auditados, a cargo de la diputada Lidia García Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Lidia García Anaya, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el mes de enero del presente año, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), propuso a México instaurar una auditoría especial que dé seguimiento a las observaciones y recomendaciones que emite la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los entes públicos que fiscaliza. El organismo internacional señaló que es perfectible la forma de medir el impacto de la fiscalización superior en México.

Con base en el Informe de avances sobre la implementación del mandato de la Auditoría Superior de la Federación: mejorando y contribuyendo a la buena gobernanza , y al Informe facilitando la implementación del mandato de la ASF: Política y gobernanza regulatoria , la OCDE destacó la importancia de fiscalizar el uso de los recursos públicos, señalando que es perfectible el seguimiento de las recomendaciones y observaciones formuladas a los entes auditados a través del establecimiento de una auditoría especial que sea específica para esta labor.1

De la misma forma, el secretario general de la OCDE destacó la importancia de la ASF en la rendición de cuentas y en el combate a la corrupción, siendo la revisión del desempeño de dicha institución una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.

Al interior de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, se ha trabajado en reformas legales que coadyuven con la modernización de los procesos, como el caso de la puesta en marcha del buzón digital.

Sin embargo, y derivado de la tercera entrega de informes individuales de auditoría,2 derivados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública de 2019, en la que se realizaron 982 auditorías; de éstas, 761 correspondieron al gasto federalizado programable, 132 a las participaciones federales o gasto federalizado no programable y 89 al cumplimiento de las disposiciones de la LDFEFM, se puede observar que en la fiscalización del gasto federalizado de la Cuenta Pública de 2019 se determinó un monto observado de 55,038.3 millones de pesos (mdp); de este importe, 36,748.9 mdp, 66.8 por ciento, correspondió al gasto federalizado programable; 24 12,235.4 mdp, 22.2 por ciento, a las participaciones federales, y 6,054.0 mdp, 11.0 por ciento, a las auditorías realizadas al cumplimiento de la LDFEFM.

De los 55,038.3 mdp observados, 1,297.6 mdp, 2.4 por ciento, fueron recuperaciones operadas y 53,740.6 mdp, 97.6 por ciento, es importe por aclarar, siendo un porcentaje realmente alto pendiente de aclaraciones de los entes auditados a la ASF.

Es por ello que resulta urgente que la ASF implemente las recomendaciones de la OCDE, con las cuales fomente el perfeccionamiento de las recomendaciones y observaciones a los entes auditados, a través de una Auditoría Específica a cargo de esta tarea, con lo cual se promueva la transparencia, la rendición de cuentas, y el adecuado uso de los recursos públicos.

Lo anterior, debido a que la ASF debe fiscalizar de manera integral, facilitando estrategias e implementado mecanismos que permitan que nuestro país no sólo observe y recomiende, si no resuelva de raíz las problemáticas que presentan los entes auditados, y los recursos públicos mal administrados retornen a la Tesorería de la Federación o, en su defecto, se puedan utilizar de manera lícita y productiva en beneficio de la ciudadanía.

Es por ello, que resulta de fundamental importancia que la ASF dé cumplimiento al mandato constitucional por el que fue creada, y fomente la mejora continua en los procesos de fiscalización.

Expuesto lo anterior, me permito someter a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a implementar las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en materia de seguimiento a las observaciones y recomendaciones que emite la ASF a los entes auditados.

Notas

1 Contralinea.com.mx7archivo-revista72021

2 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior dela Cuenta Pública 2019. Entrega de Informes Individuales. Febrero 2021.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2021.

Diputada Lidia García Anaya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a destinar por la Conafor mayores recursos materiales y financieros en el control del incendio forestal que afecta a NL y Coahuila, a cargo del diputado Juan Martín García Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN

Juan Martín García Márquez, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 6 y en las fracciones I y V del Apartado 2 del artículo 79, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo por el que se exhorta, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional Forestal a coordinar para que se destinen mayores recursos materiales y financieros en el control del incendio forestal que afecta a los estados de Nuevo León y Coahuila; además para otorgar recursos del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2021, en la restauración forestal de los terrenos afectados en la Sierra de Santiago en Nuevo León y la Sierra de Arteaga en Coahuila; asimismo a los gobiernos de los estados libres y soberanos de Nuevo León y Coahuila a implementar estrategias y campañas informativas, para prevenir y controlar los incendios forestales y evitar la incidencia del uso de fuego no controlado en las actividades agropecuarias, así como reforzar sus programas forestales en las zonas afectadas por los incendios, con base en las siguientes

Consideraciones

A poco más de dos años de inicio de la actual administración -apenas el pasado 23 de febrero- la Comisión Nacional Forestal (Conafor) llevó a cabo su primera sesión del Comité Interinstitucional del Manejo del Fuego, para el tema de atención a incendios forestales 2021. Lo anterior es muestra clara de la poca importancia que da el gobierno federal a la prevención y control de los incendios forestales.

En dicha reunión, se presentó el Programa de Manejo del Fuego (PMF) 2020 – 2024 y las estrategias que se implementaran para 2021. El PMF tiene como base trabajar en seis estrategias para reducir el deterioro de los ecosistemas forestales por el mal uso y manejo del fuego, mismas que se especifican en la siguiente ilustración:

Hace menos de un mes de la presentación del PMF, en dicha reunión también se mostró la perspectiva meteorológica 2021 del Servicio Meteorológico Nacional para incendios forestales, en dicho estudio ya se pronosticaban graves afectaciones por las sequías ocasionadas por el fenómeno meteorológico denominado ENOS-La Niña; se advertía de un elevando riesgo de incendios forestales por pastizales secos, vientos fuertes, temperaturas altas y malas prácticas en el uso del fuego.

Como se aprecia en el cuadro anterior, el Sistema Meteorológico Nacional ya pronosticaba importantes riesgos de incendios en la mayor parte del país, particularmente en la zona norte del territorio nacional. En este sentido, no debió resultar inesperado, para la Conafor, el grave incendio que afecta la sierra de Coahuila y Nuevo León.

Los incendios forestales afectan a pobladores de las zonas serranas de ambas entidades, quienes han visto perder todo su patrimonio; es importante señalar que, los incendios están lejos de ser controlados, autoridades de protección civil de Nuevo León estiman que el control de los incendios podría llevar hasta un mes.

Las afectaciones económicas y ambientales son considerables, el incendio de los bosques no solo dejará enormes zonas devastadas en su flora y fauna, las afectaciones ya alcanzan la zona metropolitana de Monterrey donde se reporta mala calidad del aire como consecuencia de los incendios forestales.

Debido a la gravedad de los incendios, los gobiernos de ambas entidades estatales han manifestado la necesidad de contar con un mayor apoyo de las autoridades federales, para poder hacer frente a los enormes incendios que superan sus capacidades humanas, materiales y financieras de sus gobiernos.

Según datos del gobierno de Nuevo León, hasta el pasado 17 de marzo solo se había logrado controlar un 20 por ciento del área incendiada; indicaban que los cuerpos de bomberos, protección civil y brigadas ciudadanas habían tenido que suspender las labores para apagar el incendio, debido a los fuertes vientos que se presentaban en la zona siniestrada.

Las autoridades de Nuevo León informaron que se encontraban afectadas las comunidades de San José de las Boquillas, Chupadero, la Mesa del Nopal, la Jacinta, las Adjuntas y Maranata, e indicaron que se habían evacuado a sus pobladores para llevarlos a los refugios temporales.

Aunado a los incendios forestales, debido a las elevadas temperaturas y vientos fuertes, en Nuevo León se han presentado numerosos incendios en baldíos en los municipios de Juárez y Apodaca.

Estos momentos nos hacen reflexionar sobre la desatinada decisión de esta administración federal de eliminar los Fideicomisos, sobre todo los que tienen que ver con la prevención y atención de los desastres naturales, como el Fonden.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes resolutivos:

Primero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional Forestal a coordinar los trabajos del Grupo Técnico Operativo Nacional para que se destinar mayores recursos materiales y financieros en el control del incendio forestal que afecta a los estados de Nuevo León y Coahuila.

Segundo: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional Forestal a destinar recursos extraordinarios del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2021, en la restauración forestal de los terrenos afectados por los incendios que afectan las Sierras de Santiago en Nuevo León y la Arteaga en Coahuila.

Tercero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos de los estados libres y soberanos de Nuevo León y Coahuila a implementar estrategias y campañas informativas, para prevenir y controlar los incendios forestales y evitar la incidencia del uso de fuego no controlado en las actividades agropecuarias, así como reforzar sus programas forestales en las zonas afectadas por los incendios.

Referencias:

https://www.gob.mx/conafor/prensa/sesiona-comite-interin stitucional-del-manejo-del-fuego-para-hacer-frente-a-temporada-de-incen dios-forestales-2021

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo 2021.

Diputado Juan Martín García Márquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de BC a incluir en su Presupuesto la partida correspondiente al seguro de desempleo, a cargo de la diputada Miriam del Sol Merino Cuevas, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Miriam del Sol Merino Cuevas, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

El empleo es de las principales fuentes de ingresos de las familias en todo el mundo, siendo el Estado el encargado de vigilar que sea digno, remunerado y suficiente para las necesidades básicas.

En este sentido, el desempleo es uno de los principales problemas que tienen las sociedades, como fenómeno social que afecta a las familias en la atención de sus necesidades básicas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al cuarto trimestre de 2020, el Estado de Baja California tiene una tasa de desocupación de 2.90%.

El 23 de diciembre de 2011 fue publicado en el Periódico Oficial del estado de Baja California, la Ley de Protección al Empleo para el Estado de Baja California. Al respecto, el 31 de diciembre de 2019, se aprueba en el presupuesto de egresos del estado una partida por $35,672,886.27 para atender el desempleo en el ejercicio fiscal 2020.

La aplicación y reglamentación de esta Ley compete al Poder Ejecutivo del estado por conducto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado.

El seguro de desempleo es un sistema de protección social para las personas en desempleo, residentes en el estado de Baja California, instituido para crear condiciones subsidiarias de protección en tanto se logra su incorporación al mercado de trabajo y al goce del derecho constitucional de empleo digno y socialmente útil.

Los beneficiarios solo podrán acceder al Seguro durante un plazo no mayor a tres meses, y en el caso de los beneficiarios en estado de necesidad solo podrán acceder por un plazo no mayor a seis meses.

El monto del Seguro es de 30 días de Salario Mínimo General Vigente en el estado, el cual se entregará mensualmente al beneficiario.

Los artículos transitorios de esta Ley establecen la integración del Consejo del Sistema Estatal de Protección al Empleo, el cual deberá ser dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor de esta Ley.

El reglamento de esta Ley deberá ser expedido dentro de los 90 días por el Ejecutivo del estado, así como la inclusión del Seguro de Desempleo en el presupuesto de egresos del estado.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo del Estado de Baja California para que instruya a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para emitir la convocatoria y se constituya el Consejo del Sistema Estatal de Protección al Empleo para el Estado de Baja California, así como para que emitan el Reglamento correspondiente.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso de Estado de Baja California para que incorpore en su presupuesto de egresos la partida correspondiente al Seguro de Desempleo para el Estado de Baja California.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Estado de Baja California para que emita la convocatoria correspondiente para el Seguro de Desempleo para los ciudadanos bajacalifornianos que se encuentren en estos supuestos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2021.

Diputada Miriam Del Sol Merino Cuevas

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Oaxaca a nombrar a funcionarios con preparación y conocimiento de las áreas por dirigir, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García , diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a nombrar a funcionarios que tengan preparación y conocimiento de las áreas que van a dirigir, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México es un país democrático que elige a sus representantes por voto directo, en el caso del presidente se elige cada 6 años, igual que los senadores, y cada 3 años los diputados federales, además de que las elecciones estatales dependen de los años que asignen para el gobernador, presidentes municipales y el congresos estatales.

Para este año se renovará la Cámara de Diputados en su totalidad, 300 diputados por mayoría relativa y 200 por representación proporcional, por lo que desde septiembre de 2020 inició el proceso electoral que se llevará a cabo el 6 de junio de 2021, coordinadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Del mismo modo, el INE, en coordinación con los institutos electorales locales, se coordinará para llevar a cabo la elección de gobernadores, jefe de Gobierno en la Ciudad de México, congresos locales, ayuntamientos, juntas municipales y alcaldías, ya que las elecciones se llevarán a cabo en los 32 entidades del país.

En el caso de Oaxaca, los representantes a elegir son:

-Datos obtenidos del INE, Elecciones 2021

Como podemos observar en la tabla anterior, solo en el estado de Oaxaca, los puestos a elegir para este 2021 son mil 427; en el caso de regidores y presidentes municipales, deben pedir permiso, en algunos casos los suplentes quedan como responsables del puesto.

Sin embargo, existen funcionarios públicos encargados de secretarías, direcciones o puestos de alto nivel que buscan un puesto de elección popular, por lo que tiene que solicitar separarse de sus funciones para poder participar como candidatos, en el caso de ellos no tienen un suplente que se quede encargado de sus funciones, así que su jefe directo, normalmente el presidente, gobernadores o presidentes municipales, debe nombrar a un encargado de las funciones para que no queden acéfalas mientras pasan las elecciones.

El problema surge cuando nombran a personas que no tiene preparación y a veces ni una educación especializada o universitaria en el área que van a cubrir, como en los siguientes casos:

En Oaxaca, funcionarios que presentaron su permiso fue en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, en la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, en el Instituto Estatal de Educación para Adultos y en la Coordinación Estatal de Protección Civil, en donde algunos de los designados por el gobernador no cuentan con preparación en el área de designación y otros ni siquiera tienen preparación académica.

Es importante que las personas nombradas para cubrir áreas tan importantes tengan conocimientos mínimos de las funciones que van a desempeñar, así como una carrera afín, ya que de no ser así pueden mostrarse incompetentes ante situaciones críticas que puedan enfrentar, además de que también deberán cumplir con lo establecido en al artículo 7 de la Ley General del Responsabilidades Administrativas, a saber:

“Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:

I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones;

II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización;

III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población;

IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva;

V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades;

VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados;

VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución;

VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; tendrán una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y preservarán el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general;

IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones;

X. Se abstendrán de asociarse con inversionistas, contratistas o empresarios nacionales o extranjeros, para establecer cualquier tipo de negocio privado que afecte el desempeño imparcial y objetivo en razón de intereses personales o familiares, hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad;

XI. Separarse legalmente de los activos e intereses económicos que afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades en el servicio público y que constituyan conflicto de intereses, de acuerdo con lo establecido en esta Ley, en forma previa a la asunción de cualquier empleo, cargo o comisión;

XII. Abstenerse de intervenir o promover, por sí o por interpósita persona, en la selección, nombramiento o designación para el servicio público de personas con quienes tenga parentesco por filiación hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado, y

XIII. Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que comprometa al Estado mexicano.

La separación de activos o intereses económicos a que se refiere la fracción XI de este artículo, deberá comprobarse mediante la exhibición de los instrumentos legales conducentes, mismos que deberán incluir una cláusula que garantice la vigencia de la separación durante el tiempo de ejercicio del cargo y hasta por un año posterior a haberse retirado del empleo, cargo o comisión.”

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Oaxaca para que nombre a funcionarios responsables, con conocimiento de las áreas a las que se están designando y con carreras afines a ellas, además que cumplan con los principios enumerados en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Bibliografía

-Página Oficial del INE Elecciones 2021. https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/elecciones-2021/

-Hernández, Carlos Alberto (24 de enero 2021) Sin preparación ni título llegan nuevos funcionarios. El imparcial

-Ley General de Responsabilidades Administrativas

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2021.

Diputada Margarita García García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Conagua a adoptar medidas para controlar la explotación, el uso o el aprovechamiento de las aguas nacionales; a la Sader, a fortalecer los programas de apoyo de los productores del campo afectados; y a la SSPC, a emitir la declaratoria de emergencia por la sequía extraordinaria en Guanajuato, a cargo del diputado Ariel Rodríguez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Ariel Rodríguez Vázquez, diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado por lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los ex delegados federales de la Comisión Nacional del Agua y Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Guanajuato, Humberto Navarro de Alva y Victor Hugo Pineda Martínez, refirieron que la situación de sequía en el estado de Guanajuato se está agravando. Asimismo, apuntaron que es urgente que se realice la declaratoria de emergencia puesto que las presas del estado “tienen poco nivel de almacenamiento y eso pone en riesgo tanto la producción de alimentos y los empleos que genera el sector agroindustrial. ”1 Por su parte, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, apuntó que 2020 fue uno de los años más secos en los últimos 20 años del país.2

Asimismo, es de señalar que la Organización Editorial Mexicana refirió que en virtud de la falta de riego del ciclo otoño-invierno causada por la falta de agua en el estado de Guanajuato, los módulos de riego se quedaron sin los ingresos que son adquiridos por la administración del agua. Esta situación generó importantes problemas financieros, mismos que se vieron reflejados en el pago de sus trabajadores.3

De la misma manera, es de resaltar que el Sistema Nacional de Información del Agua, el sistema que monitorea los niveles de las principales presas de México refirió que:

“las nueve presas de Guanajuato que son vigiladas con este sistema están a 46 por ciento de almacenamiento, pero hay casos graves como las presas de Peñuelitas o la Ignacio Allende que están a punto de secarse, pues están a 8 y 16 por ciento respectivamente.” 4

Crisis climática, una realidad

En un primer momento, es importante mencionar que la Organización de las Naciones Unidas refiere que: “la desertificación se debe a la vulnerabilidad de los ecosistemas de zonas secas, que cubren un tercio de la superficie del planeta, a la sobreexplotación y el uso inadecuado de la tierra.”3

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en el periodo de 2006 a 2016, 83 por ciento de los daños y pérdidas en la agricultura como proporción de los daños totales en todos los sectores por tipo de peligro, fueron ocasionados por las sequías.6 A continuación se cita una gráfica que expone lo señalado:

Marco Jurídico

Respecto al marco jurídico, es preciso apuntar que el artículo 4 de la Ley de Aguas Nacionales establece que la autoridad y administración en materia de aguas nacionales y sus bienes públicos le corresponde al Poder Ejecutivo federal. A la letra este artículo establece lo siguiente:

“Artículo 4. La autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, quien la ejercerá directamente o a través de la Comisión .” 7

De igual modo, la Ley de Aguas Nacionales establece en su artículo 39 la obligación del Poder Ejecutivo federal de emitir el decreto correspondiente en caso de sequías, sobreexplotación grave de los acuíferos entre otras causas más. Textualmente, el artículo 39 de la Ley de Aguas Nacionales establece lo siguiente:

“Artículo 39 . En el decreto que establezca la zona reglamentada a que se refiere el artículo anterior, el Ejecutivo federal fijará los volúmenes de extracción, uso y descarga que se podrán autorizar, las modalidades o límites a los derechos de los concesionarios y asignatarios, así como las demás disposiciones especiales que se requieran por causa de interés público.

En los casos de sequías extraordinarias, sobreexplotación grave de acuíferos o condiciones de necesidad o urgencia por causa de fuerza mayor, el Ejecutivo federal adoptará medidas necesarias para controlar la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, mismas que se establecerán al emitir el decreto correspondiente para el establecimiento de zonas reglamentadas .”

Asimismo, es de notar que el acuerdo de carácter general de inicio de emergencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para el año 2020, establece en su artículo 6 que la Comisión Nacional del Agua debe dar seguimiento a las acciones preventivas y de mitigación así como de los apoyos de la emergencia por sequía severa, extrema o excepcional. Textualmente dicho artículo establece lo siguiente:

“Artículo 6. La Comisión Nacional del Agua, a través de sus organismos de cuenca y direcciones locales y con la participación de los consejos de cuenca, dará seguimiento a las acciones preventivas y de mitigación, así como de los apoyos de la emergencia por sequía severa, extrema o excepcional, cuya conclusión será realizada en el momento en que las condiciones hidrometeorológicas así lo permitan, de conformidad con los criterios técnicos señalados en los “Lineamientos que establecen los criterios y mecanismos para emitir acuerdos de carácter general en situaciones de emergencia por la ocurrencia de sequía, así como las medidas preventivas y de mitigación, que podrán implementar los usuarios de las aguas nacionales para lograr un uso eficiente del agua durante sequía”, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2012, principalmente en el capítulo II.”8

Por lo anteriormente expuesto, y considerando que las presas del estado de Guanajuato están al 46 por ciento de almacenamiento; que hay presas como Peñuelitas o Ignacio Allende, apunto de secarse puesto que, respectivamente, tienen 8 y 16 por ciento de almacenamiento de agua, y que las y los productores del campo de Guanajuato se han visto sumamente afectados por la sequía que ha azotado al estado, es que someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal para que a través de la Comisión Nacional del Agua adopte las medidas necesarias para controlar la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales en virtud de la existencia de un caso de sequía extraordinaria en el estado de Guanajuato, lo anterior en términos del artículo 39 de la Ley de Aguas Nacionales.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, fortalezca los programas de apoyo a las y los productores del campo del estado de Guanajuato que se han visto afectados debido a este caso de sequía extraordinaria.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que, en el ámbito de su competencia y de acuerdo a lo establecido en el artículo 30, fracción XX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, emita la declaratoria de emergencia por la sequía extraordinaria que ha azotado al estado de Guanajuato.

Referencias

- Reyes, O. (2021). Pide Gobernador de Guanajuato declaratoria de emergencia por sequía. El Sol de México. Recuperado de: <https://www.elsoldeirapuato.com.mx/local/pide-gobernador-de-guanaju ato-declaratoria-de-emergencia-por-sequia-6429878.html>

- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1992). Ley de Aguas Nacionales. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Recuperado de: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/16_060120.pdf>

- Comisión Nacional del Agua. (2020). Acuerdo de carácter general de inicio de emergencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para el año 2020. Diario Oficial de la Federación. Recuperado de: <https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591407&fecha=09 /04/2020>

- Organización de las Naciones Unidas. (2020). Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía 17 de Junio. Organización de las Naciones Unidas. Recuperado de:

<https://www.un.org/es/observances/desertification-da y>

Notas

1 Reyes, O. (2021). Pide Gobernador de Guanajuato declaratoria de emergencia por sequía. El Sol de México. Recuperado de: <https://www.elsoldeirapuato.com.mx/local/pide-gobernador-de-guanaju ato-declaratoria-de-emergencia-por-sequia-6429878.html>

2 Ídem.

3 Ídem.

4 Ídem.

5 Organización de las Naciones Unidas. (2020). Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía 17 de Junio. Organización de las Naciones Unidas. Recuperado de:

<https://www.un.org/es/observances/desertification-da y>

6 “Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo [En línea]. Fecha de consulta: 04/02/20. Disponible en: http://www.fao.org/3/i9553es/i9553es.pdf”

7 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1992). Ley de Aguas Nacionales. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Recuperado de: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/16_060120.pdf>

8 Comisión Nacional del Agua. (2020). Acuerdo de carácter general de inicio de emergencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para el año 2020. Diario Oficial de la Federación. Recuperado de: <https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591407&fecha=09 /04/2020>

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2021.

Diputado Ariel Rodríguez Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la STPS, la SE y sus homólogas locales a impulsar acciones y políticas destinadas a generar empleos y apoyos para las mujeres que por la pandemia perdieron su empleo e ingresos, a cargo del diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, coordinador del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, pone a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. A raíz de la enfermedad que se descubrió y se propagó en China denominada Covid-19, la Organización Mundial de la Salud declaró la transmisión del virus SARS-CoV-2 como una Pandemia Global, lo que conllevo a implementar una serie de medidas a nivel mundial con el fin de reducir el número de contagios que se propagaban sin control, generando como medida principal el aislamiento físicos y el cierre de establecimientos comerciales.

Segunda. Las implicaciones en diversos ámbitos y planteamientos de problemas que ha ocasionado el Covid-19 son inéditos y deben evaluarse bajo un contexto social, histórico y de reflexibilidad humana.

El Covid-19 ha generado una crisis social, sanitaria, ha generado dramatismo el número de decesos de personas de diferentes edades y ha ocasionado una desestabilización económica que se resintió en diversos grupos poblacionales, así como por micro y pequeños empresarios que han reducido sus ventas y en el peor de los casos, han tenido que bajar las cortinas y cerrar sus establecimientos.

Adicionalmente, el mercado laboral, que fue uno de los sectores más sacudidos por la pandemia, y debido a la desaceleración de actividades como medida de contención del virus, millones de trabajadores y trabajadoras en el país perdieron su fuente de ingreso, dejando a las familias en situaciones muy difíciles, el fenómeno descrito no es exclusivo de trabajadores formales, impactó también en el empleo informal, ambos bases del consumo y la economía familiar.

Tercera. La pandemia de Covid-19 en México no sólo ha dejado sin empleo a millones de trabajadoras y trabajadores, sino que les ha quitado la esperanza de encontrar uno. El 50% de la población trabajadora afectada por la crisis se resignó a buscar una nueva oportunidad laboral, según la Organización Internacional del Trabajo. El impacto de la pandemia en el mercado laboral mexicano había dejado hasta julio de 2020, a 12 millones de trabajadores sin recibir un salario, a 1.9 millones de personas entrando a las filas de la economía informal y a 2 millones de empleados con necesidad de trabajar más horas.1

Cuarta. Aunado a lo anterior el cisma que abrió la pandemia de Covid-19 en el mercado laboral mexicano abultó las desigualdades para las mujeres, así lo señaló el director general de Estadísticas Sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con base en las estadísticas de julio pasado había 3 millones de mujeres ocupadas menos que en el mismo mes de 2019. Las desempleadas pasaron de 800 mil a un millón 200 mil y las no ocupadas de 27 millones 300 mil a 30 millones 500 mil en el mismo lapso de un año, reportó en el XXI Encuentro Internacional de Estadísticas de Género (EIEG).2

Quinta. En ese sentido el sector laboral femenino ha sido el más golpeado, tan es así que la tasa de participación de las mujeres en la fuerza laboral en México perdió 5.8 puntos porcentuales entre julio de 2019 y julio de 2020, una caída mayor con respecto a la baja en la tasa masculina que fue de 5.4 puntos, revelan datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A detalle, la participación femenina en el mercado de trabajo pasó de 44.96% en julio del año pasado a 39.17% en el mismo periodo de este año. En contraste, la participación masculina fue de 77.6% a 72.2%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición, correspondiente al mes de referencia. Además, la tasa de desocupación de las mujeres en ese mismo lapso pasó de 3.99% a 6.34%, mientras que la de los hombres se movió de 3.54% a 4.82 por ciento. Nuevamente se puede revisar, la población femenina es la más afectada.

Sexta. A casi un año del estallido de la crisis laboral por el Covid-19 en México, la participación de las mujeres mexicanas en el mundo del trabajo, se ha recuperado más lentamente que la de los hombres, al tiempo que se enfrentan a un desempleo de mayor duración, de acuerdo con los últimos datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que realiza el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

En enero la proporción de mujeres que trabajan o se encuentran activamente buscando un empleo con relación a la población femenina de 15 años o más fue de 40.5% (tasa de participación), cifra 4.3 puntos porcentuales inferior a la observada en enero del 2020, mientras que la tasa de participación de los hombres fue de 73.3%, nivel 2.8 puntos modificada al de 12 meses antes. Esta recuperación más lenta de la participación laboral femenina no solo ha ampliado la brecha laboral de género, sino que también refleja que las mujeres tienen episodios de desempleo más prolongados, pues enfrentan mayores obstáculos para emplearse o reincorporarse a un empleo.3

Séptima. Es por lo expuesto, que resulta necesario que, a fin de apoyar a la mujeres que perdieron su empleo, o su fuente de ingreso que la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, y sus homólogas en la entidades federativas impulsen las acciones y políticas necesarias para la generación de empleos y apoyos que ayuden a este sector.

Por lo expuesto, quien suscribe somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Secretaria de Economía, así como a sus homólogas en las entidades federativas para que en el ámbito de sus facultades impulsen las acciones y políticas necesarias para la generación de empleos y apoyos para las mujeres que debido a la pandemia perdieron su empleo, fuentes de trabajo y de ingresos.

Notas

1 https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/
covid-19-en-mexico-50-de-desempleados-perdio-su-plaza-y-la-esperanza/2020/07/

2 https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/09/10/
covid-19-aumento-desigualdades-laborales-para-las-mujeres-inegi-6534.html

3 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mujeres-se-enfrentan-a-una-len ta-reinsercion-laboral-20210309-0027.html

Dado en el Cámara de Diputados a 23 de marzo de 2021.

Diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y la Ssa a incluir como población prioritaria en la política nacional de vacunación contra el SARS-Cov2 a quienes participarán en la jornada federal y concurrente de 2020-2021 como capacitadores asistentes electorales, supervisores o funcionarios de mesa directiva de casilla, a cargo de la diputada Karem Zobeida Vargas Pelayo, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en la facultad que otorga la fracción I del artículo 6, así como el artículo 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la que suscribe, diputada Karem Zobeida Vargas Pelayo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pone a consideración de esta asamblea legislativa la siguiente proposición con punto de acuerdo que tiene por objeto girar atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal y al titular de la Secretaría de Salud para que incluyan como población prioritaria en la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, a las ciudadanas y ciudadanos que participarán en la jornada electoral realizando la función de capacitador asistente electoral, supervisor electoral, o funcionario de mesa directiva de casilla, en el proceso electoral federal y concurrente 2020-2021; en virtud de la importancia de sus funciones para la vida democrática del país y la posibilidad inminente de contagio, al tenor de los siguientes razonamientos de hecho y de derecho que se señalan en las siguientes:

Consideraciones

I. – Que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio agudo severo (SRA-CoV). Un nuevo coronavirus el Covid-19, es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano, produce infecciones que suelen acompañarse de fiebre y síntomas respiratorios tales como tos y disnea o dificultad para respirar. En los casos más graves, pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte.

II. – Que el 23 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ”acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia”.

III. – Que el lunes 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en acuerdo del Consejo de Salubridad General, por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), en razón al aumento en el número de casos, por lo que se ha recomendado que los habitantes del país permanezcan en sus casas, para contener la enfermedad causada por el Covid-19.

IV. – Que el informe emitido por la Secretaría de Salud del gobierno federal, sobre el avance que ha tenido el coronavirus Covid-19 en nuestro país hasta el día 19 de marzo de 2021, menciona 197 mil 219 de mexicanos y mexicanas muertas, de un estimado de 2 millones 187 mil 910 de casos positivos con Covid-19, en el país.

Ante la calificación del brote de coronavirus Covid-19 como una pandemia por la OMS, y la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor de esta enfermedad declarada por el Consejo de Salubridad General de nuestro país, se han emprendido diferentes políticas públicas encaminadas a resguardar la salud y la integridad de la población, en un inicio buscando el resguardo domiciliario, la sana distancia y más recientemente poniendo a disposición una vacuna para frenar el avance de esta pandemia.

V. – De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, se han documentado que existen más de 200 vacunas candidatas contra el Covid-19 en desarrollo en el mundo, sin embargo, únicamente trece han llegado a iniciar ensayos clínicos fase 3. Las vacunas que están en desarrollo son catalogadas como de emergencia y su evidencia sobre su eficacia clínica, así como su inmunogenicidad y seguridad es limitada.

VI. – Los diferentes avances científicos en busca de una vacuna que pueda auxiliar en el combate de la pandemia, se encuentra la desarrollada por la farmacéutica Pfizer, los cuales obtuvieron de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), autorización para el uso de emergencia, de su vacuna bajo la plataforma ARN mensajero, misma que se desarrolló en conjunto con la alemana BioNTech y la China Fosun pharma. Asimismo, AstraZeneca ingresó expediente para la vacuna desarrollada por la farmacéutica y la Universidad Oxford, y el 4 de enero de 2021, Cofepris otorgó la autorización para uso de emergencia en México de esta vacuna.

VII. – Que el pasado 24 de diciembre de 2020, después de una larga espera inicio el proceso de vacunación a nivel nacional de dos mil novecientos veinticuatro, dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Estas primeras vacunas se aplicaron a personal médico que se encuentra en la primera línea de atención de pacientes que padecen la Covid-19.

VIII. – Que el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Salud, estableció una política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la Covid-19 en México, en la que de manera general estableció la política rectora para la vacunación contra el Covid-19, donde se destaca los siguientes grupos de priorización de la inmunización en México:

1. Personal sanitario que enfrenta Covid-19 (estimado en un millón de personas).

2. Personas adultas mayores.

3. Personas con comorbilidad o comorbilidades.

4. Personal docente de las entidades federativas en semáforo epidemiológico verde.

5. Resto de la población (mayor a 16 años).

En el primer grupo, referente al personal sanitario que enfrenta Covid-19, se contemplaron en el documento rector (versión 4.0 del documento del 11 de enero de 2021), once subgrupos de personal que labora en el sector salud y que tienen una exposición a personal, pacientes o material potencialmente contaminado con el virus SARS-CoV-2.

IX. – Sin embargo, en esta política nacional no se consideró que nuestro país enfrentaría un proceso electoral, que llamará a 92.4 millones de ciudadanas y ciudadanos a ejercer su derecho al voto, con la finalidad de elegir más de 21 mil cargos de elección popular que se renovarán en todo el país. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), la elección del próximo 6 de junio, se elegirán a nivel federal 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, así como 15 gubernaturas, 30 congresos estatales, además de ayuntamientos, regidurías, sindicaturas y juntas municipales.

Para lograr efectuar con éxito el presente proceso electoral federal y concurrente, se requiere del compromiso, capacidad y atención de miles de ciudadanos para poder instalar en todo el territorio nacional las más de 163 mil casillas, asimismo quienes sean designados como integrantes de una mesa directiva de casilla tienen que pasar por un proceso de capacitación para cumplir a cabalidad su encomienda, por lo que es necesario la intervención de capacitadores y supervisores electorales. Es importante destacar que los capacitadores asistentes electorales (CAE) son quienes visitan, notifican y capacitan personalmente a las y los ciudadanos sorteados para integrar las mesas directivas de casillas el día de la elección, de tal forma que estarán en contacto directo con miles de ciudadanos, sobre los que descansara el desarrollo de la vida democrática de México.

X. – Ahora bien, por su parte el INE ha implementado una serie de protocolos de atención con la finalidad de prevenir los contagios por Covid-19, asimismo estableció para el desarrollo del Proceso Electoral 2020-2021 un modelo de casilla única, que operará bajo un protocolo de atención sanitaria y protección a la salud, el día de la jornada electoral. En dicho protocolo se establecen entre otras las siguientes medidas y recomendaciones generales, para que toda persona que acuda a la casilla el día de la elección y quienes permanezcan en ella:

• Uso obligatorio de cubrebocas, de manera adecuada cubriendo nariz y boca, en todo momento; esto incluye también al electorado.

• Los representantes de partidos políticos y observadores electorales deberán acudir a la casilla portando ya el cubrebocas.

• Mantener la sana distancia, respetando el 1.5 metros de espacio entre personas.

• Desinfección frecuente de manos, limpieza de superficies comunes.

• Llevar su propio bolígrafo o marcador para evitar compartir objetos. Cada elector/a podrá llevar su propio bolígrafo para marcar sus boletas.

Como es de apreciarse la autoridad electoral ha establecido medidas buscando prevenir los contagios por coronavirus durante el desarrollo de la jornada electoral, sin embargo, es necesario complementar estas acciones dotando de un insumo preventivo que pueda aumentar la inmunidad de los responsables directos para realizar la próxima jornada electoral; por lo cual el presente punto de acuerdo pretende exhortar al titular del Poder Ejecutivo, para que se incluyan específicamente como población prioritaria en la primera etapa de la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la Covid-19, a los ciudadanos y ciudadanas que participarán en la jornada electoral realizando la función de capacitador asistente electoral, supervisor electoral, o funcionario de mesa directiva de casilla, en el Proceso Electoral Federal y Concurrente 2020-2021; en virtud de la importancia de sus funciones para la vida democrática del país y la posibilidad inminente de contagio.

XI. – De acuerdo con datos del INE, se requieren aproximadamente 48 mil personas para fungir como supervisor electoral (SE) y capacitador asistente electoral (CAE), mismos que colaborarán con el árbitro electoral para bridar las herramientas necesarias a los más de un millón 469 mil ciudadanos y ciudadanas que fungirán como funcionarios de Mesas Directivas de Casilla. De tal forma, que la labor de los CAE y los SE, es indispensable para la capacitación de los ciudadanos y ciudadanas para el desarrollo de la jornada electoral, asimismo aquellos mexicanos y mexicanas que cumplen con su obligación constitucional de participar en la vida democrática electoral de nuestro país el próximo 6 de junio, resulta ser vital para la instalación de las más de 163 mil casillas electorales que se requieren a lo largo y ancho del país para que se pueda efectuar el proceso electoral federal y concurrente 2020-2021. Ante este reto, resulta necesario que previo a los comicios del próximo 6 de junio, quienes fungirán como funcionarios de casillas cuenten con una inmunización ante un posible contagio, con lo que se pueda evitar su ausencia a causa de la enfermedad que permea en todo el mundo.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión LXIV Legislatura exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal y al titular de la Secretaría de Salud para que incluyan como población prioritaria de la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la Covid-19, en México, a los ciudadanos y ciudadanas que participarán en la jornada electoral realizando la función de supervisor electoral capacitador asistente electoral o funcionario de mesa directiva de casilla, en el Proceso Electoral Federal y Concurrente 2020-2021; en virtud de la importancia de sus funciones para la vida democrática del país y la posibilidad inminente de contagio.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2021.

Diputada Karem Zobeida Vargas Pelayo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al gobierno de Tlaxcala, el ayuntamiento de Tenancingo y la PGJ local a realizar investigaciones para sancionar efectivamente la trata de personas con fines de explotación sexual y erradicarla de la entidad, a cargo de la diputada María Elizabeth Díaz García, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada María Elizabeth Díaz García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o.; artículo 65, numeral 4, y el artículo 79, numeral 1, fracción II y artículo 100, numeral 1, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La trata de personas es considerada uno de los delitos con mayor repercusión en la vida de las personas que son víctimas de él, puesto que no sólo se les priva de un derecho fundamental como es la libertad, sino que se vulnera la esencia misma de los derechos humanos, a saber, la dignidad de la persona.

Aunque es difícil determinar una cifra exacta respecto del número de personas que podrían estar en situación de trata, fenómeno reconocido hoy en día como una modalidad de esclavitud moderna, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que para 2017, por lo menos 40 millones de personas podrían estar sujetas a alguna forma de esclavitud. De ese total, 25 millones de personas estarían realizando trabajos forzosos, dentro de los cuales encontramos la explotación sexual, con 4.8 millones de víctimas, y 15 millones de personas obligadas a contraer matrimonio forzosamente.1

Desafortunadamente, el fenómeno de la trata de personas no podría entenderse sin el género como un elemento determinante de desigualdad que permite engrosar las filas de víctimas, así como las ganancias multimillonarias que aseguran impunidad para los explotadores. Por ser el género un factor de vulnerabilidad, la OIT ha determinado que las mujeres y las niñas constituyen 71 por ciento de las víctimas de esclavitud moderna, lo cual es un indicador claro del impacto que tienen los roles de género en la perpetuación de la explotación de personas en actividades y situaciones como la prostitución, el trabajo doméstico o el matrimonio forzoso.2

De acuerdo con la OIT, a nivel mundial, las mujeres y niñas son sometidas a explotación sexual forzosa con fines de lucro en 99 por ciento. Adicionalmente, se ha determinado que del total de personas que son explotadas sexualmente, 21 por ciento de ellas son niñas y niños (más de una quinta parte del total).3 Finalmente, destaca que las personas sometidas a este tipo de explotación fueron captadas a las redes de trata de manera involuntaria, o bien, habiendo ingresado voluntariamente, no pudieron abandonar la actividad durante un periodo prolongado de tiempo (2 años, en promedio), hasta que pudieron escapar o ser liberadas.4

En el contexto nacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un diagnóstico en 2019 sobre la situación de la trata de personas que muestra un panorama sumamente preocupante. De acuerdo con datos de las procuradurías y fiscalías del ámbito federal y local, de 2012 a 2017 se identificaron 5 mil 245 personas víctimas del delito de trata de personas, de las cuales 3 mil 308 son mujeres y mil 86 son niñas, mientras que en el caso de niños y de hombres, se registraron 289 y 492 víctimas, respectivamente.5 Esta cifra revela que la incidencia de este delito afecta a las mujeres y niñas en una mayor proporción, al constituir 85 por ciento de las víctimas.

Respecto de la edad, las cifras nacionales no distan demasiado de aquellas que ofrecen los estudios de la OIT, pues de acuerdo con el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) antes citado, la mayor concentración de víctimas son mujeres adultas (64 por ciento), seguidas de niñas (21 por ciento), luego de hombres adultos (9 por ciento) y finalmente de niños (6 por ciento), lo cual representa un universo conformado por 73 por ciento de personas adultas explotadas sexualmente, y de 27 por ciento de niñas y niños en esta misma situación.6

Tlaxcala constituye una de las 9 entidades federativas con mayor incidencia delictiva de trata de personas. De acuerdo con la CNDH, la fiscalía de este estado, junto con las de la Ciudad de México, Chiapas, Puebla, Estado de México, Coahuila, Baja California, Chihuahua y Oaxaca, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), concentran 90 por ciento de los casos reportados en nuestro país, lo que significa que 9 de cada 10 víctimas fueron identificadas por dichas autoridades.7

De acuerdo con lo establecido en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, existen once tipos (o finalidades) de trata de personas, a saber, la esclavitud, la condición de siervo, la explotación laboral, los trabajos o servicios forzados, la mendicidad forzada, la utilización de personas menores de edad en actividades delictivas, la adopción ilegal de personas menores de dieciocho años, el matrimonio forzoso o servil, el tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, la experimentación biomédica ilícita y la prostitución u otras formas de explotación sexual.

Precisamente, respecto de la prostitución u otras formas de explotación sexual, Tlaxcala constituye una de las entidades federativas donde prolifera mayormente esta modalidad de trata de personas, con una estadística de .14 por cada 100 mujeres víctimas de este delito.

De acuerdo con el Índice Global de Esclavitud elaborado por The Walk Free Foundation en 2015, el municipio de Tenancingo, en Tlaxcala, es un botón de muestra de las dinámicas de poder que suelen confluir en el delito de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual con fines comerciales, especialmente en contra de niñas y mujeres.

El estudio –citado por la CNDH– califica a Tenancingo como “el epicentro de explotación sexual comercial con muchas redes arraigadas en esa área”, entre las cuales se han identificado a poderosos grupos del crimen organizado e incluso a cárteles del narcotráfico que facilitan el tráfico de mujeres y niñas a Estados Unidos de América (EUA), donde la demanda de servicios sexuales baratos proviene de trabajadores de granjas y del sector agrícola. A lo anterior se suma un elemento cultural consistente en la educación de niños para convertirlos en explotadores o padrotes, cuyas primeras tareas consisten en el enamoramiento de víctimas para su posterior captación y sometimiento a las redes de explotación sexual.8

De acuerdo con distintos reportes periodísticos, Tenancingo es la cuna de la trata de personas con fines de explotación sexual. Ahí, las mujeres y las niñas han sido intimidadas, amenazadas y obligadas a prostituirse en burdeles –y mediante otras modalidades, incluso por internet– por décadas, perfeccionando esta actividad en un negocio que deja ganancias por miles de millones a los poderosos grupos del crimen organizado que lo operan.9

Otros reportes señalan que en Tenancingo existen familias enteras dedicadas a la trata de personas, algunas de estas se encuentran cumpliendo sentencias en EUA por la explotación de mujeres y comerciarlas en el país vecino. Asimismo, señalan que, de acuerdo con investigaciones realizadas por la Fevimtra, de los delitos de trata cometidos entre 2007 y 2017, en 53 por ciento de los casos se identificó la participación de uno o dos tratantes, mientras que en 28 por ciento actuaron de tres a cinco tratantes y en 19 por ciento restante, intervinieron de seis a más personas.10

De acuerdo con organizaciones de apoyo a mujeres en situación de prostitución, hasta 10 por ciento de la población de Tenancingo se dedica al reclutamiento, explotación sexual y venta de mujeres. Aún más, de acuerdo con reportes que citan a fuentes del gobierno de EUA, ese municipio es el mayor foco de trata de personas en Norteamérica y es un punto crítico para la lucha contra la esclavitud sexual en todo el continente, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).11

La persecución del delito de trata de personas tiene aparejadas distintas problemáticas. La primera de ellas radica en su naturaleza compleja, pues generalmente se comete junto con otros delitos como lesiones, amenazas, privación ilegal de la libertad, prostitución y otros tipos de explotación, sin considerar que pueden culminar en el feminicidio u homicidio de las víctimas. Esta situación suele llevar a que las autoridades jurisdiccionales califiquen este delito como las otras conductas con él relacionadas.12 Aunado a lo anterior, el delito de trata de personas suele presentar un bajo índice de denuncias pues las víctimas son, por lo general, privadas de su libertad y muy pocas logran escapar con vida de las redes de tratantes.

En efecto, como se desprende de los informes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, del periodo de 2014 a 2017, se atendieron únicamente a 790 víctimas directas de este delito, así como 273 víctimas indirectas. Respecto de las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas, se tienen registradas 139 víctimas directas, así como 55 víctimas indirectas del delito de trata de personas.

De la información anterior, puede apreciarse que son muy pocas personas las atendidas por alguna Comisión de Atención a Víctimas, ya sea estatal o federal, en comparación con el universo de víctimas que se tienen identificadas por las procuradurías o fiscalías y, de manera aún más preocupante, por las organizaciones dedicadas a investigar y combatir el fenómeno de la trata de personas, y cuyas cifras no oficiales son mucho mayores.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (Comité CEDAW) señaló, en su documento de Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México que, aun cuando reconocía los avances legislativos realizados por nuestro país para combatir el delito de trata de personas y particularmente la explotación ilegal de la prostitución, le preocupaban, entre otras, las siguientes problemáticas13 :

1. La falta de mecanismos armonizados y coordinados en los planos estatal y municipal para la aplicación efectiva de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de esos Delitos;

2. Las bajas tasas de enjuiciamiento y condena de casos de trata de personas;

3. La revictimización de mujeres y niñas que en algunos casos son procesadas penalmente, en vez de ser atendidas como víctimas;

4. La presunta complicidad entre agentes del Estado y bandas internacionales de la delincuencia organizada, con los efectos que ello conlleva (corrupción e impunidad);

5. La coordinación insuficiente de las autoridades mexicanas con países vecinos para la prevención de la trata de personas, el apoyo a las víctimas y el enjuiciamiento de los responsables.

A partir del análisis de dichas problemáticas, el Comité CEDAW recomendó a México lo siguiente14 :

1. Asignar recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para la aplicación eficaz y armonizada de la Ley General en la materia;

2. Investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables del delito de trata de personas, específicamente en casos que afecten a niñas y mujeres;

3. Reforzar el apoyo a mujeres víctimas de trata, en particular las mujeres migrantes y que pertenecen a grupos y comunidades indígenas;

4. Destaca su recomendación de fortalecer los mecanismos institucionales para el combate de este delito, especialmente a nivel local, con el objetivo de terminar con la corrupción;

5. Investigar sistemática y debidamente los casos de complicidad entre agentes del Estado y grupos de la delincuencia organizada, así como procesar efectivamente a los responsables e imponer medidas disciplinarias y condenas adecuadas.

No menos importantes resultan las recomendaciones realizadas por el Comité CEDAW, en el sentido de reparar el daño e indemnizar a las víctimas de trata de personas, en cuya comisión hayan participado agentes estatales, así como la medida de generar estudios sobre las causas fundamentales que originan la explotación sexual forzada, con el objetivo de diseñar e implementar programas y prestaciones sociales para proteger e impulsar la salida de las mujeres en situación de prostitución de dichas redes.15

En la opinión de numerosas organizaciones no gubernamentales y estudiosos del tema, la trata de personas es “... indudablemente la actividad criminal de mayor crecimiento a nivel mundial entre todas las formas de delincuencia organizada transnacional, regional y nacional”, cuyas ganancias ascienden a miles de millones de dólares.16

El fenómeno que vive el municipio de Tenancingo, Tlaxcala, requiere de la mayor atención por parte de las autoridades de procuración de justicia e investigación de los delitos de los tres niveles de gobierno. Como lo recomienda el Comité CEDAW, resulta indispensable la creación de mecanismos institucionales que coordinen efectivamente las acciones de dichas autoridades, así como el combate a las situaciones de complicidad y corrupción entre agentes estatales y grupos de la delincuencia organizada dedicados a la explotación sexual de personas (principalmente mujeres y niñas), con la finalidad de investigar, procesar y sancionar a los responsables de la perpetuación de este delito que, de acuerdo con el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena – del cual México es parte–, es considerado una violación de la dignidad de las personas, así como un peligro para el bienestar del individuo, la familia y la comunidad.

Además del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, nuestro país ratificó en 2002 el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños, el cual complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Estos instrumentos internacionales, en su conjunto, establecen obligaciones a cargo de los estados, y de todas sus autoridades y niveles de gobierno, para combatir efectivamente estos fenómenos delictivos a través de la investigación, enjuiciamiento y sanción de los mismos y de sus responsables.

La omisión de las autoridades de investigar y sancionar los delitos inherentes a la trata de personas, destacando en particular el de la explotación sexual forzada con fines comerciales, perpetúa lo que ha sido calificado no sólo como una violación grave de los derechos humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino incluso como un delito de lesa humanidad que atenta contra los derechos que constituyen la esfera del jus cogens (Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil).

Si consideramos lo que señalan algunas personas estudiosas del tema, respecto a la definición que aporta el Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional sobre lo que constituye un crimen de lesa humanidad, encontraremos que –como lo establece el inciso g) del artículo 7 de dicho Estatuto– la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, atentan gravemente contra los derechos fundamentales de personalidad jurídica, integridad personal, libertad personal y dignidad del ser humano, entre otros.17

La prostitución forzada reúne los elementos para considerarla una situación de esclavitud, de acuerdo con los criterios sentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos18 :

1) Implica el ejercicio de poder o control del esclavizador sobre la persona esclavizada, al punto de anular la personalidad de la víctima;

2) Implica la restricción o control de la autonomía individual, la libertad de elección o la libertad de movimiento de la persona;

3) Existe ausencia de consentimiento o de libre albedrío de la víctima;

4) Se presentan amenazas de uso de la violencia u otras formas de coerción, el miedo, el engaño, las falsas promesas o el abuso de poder;

5) Existe una posición de vulnerabilidad de la víctima;

6) Hay explotación; y

7) Existe exacción de trabajo o servicios forzosos u obligatorios.

Frente a este panorama es indispensable que las autoridades encargadas de la procuración de justicia e investigación de los delitos, así como del gobierno municipal de Tenancingo y el estatal de Tlaxcala, realicen las acciones pertinentes para la investigación, persecución y sanción del fenómeno delictivo generalizado de trata de personas palpable en esa población, por lo que su pronta atención debe ser prioridad para todos los órganos de gobierno del estado de Tlaxcala.

Esta proposición con punto de acuerdo es un esfuerzo adicional a los ya intentados por quien suscribe, al no haberse analizado y dictaminado esta propuesta por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, durante el segundo receso del segundo año legislativo de esta legislatura.

Por lo anteriormente expuesto, se proponen los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala, al municipio de Tenancingo y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, a fin de realizar una estrategia conjunta para erradicar del territorio de ese estado, principalmente del municipio de Tenancingo, el delito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena u otras formas de explotación sexual.

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala a fin de realizar las investigaciones pertinentes que conduzcan a la detención de aquellas personas que resulten responsables del delito de trata de personas, en su modalidad de prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, así como a dar seguimiento a las denuncias presentadas.

Tercero. Se exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala, al municipio de Tenancingo y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala a fin de brindar atención, asistencia y protección prioritaria a las víctimas del delito de trata de personas, en su modalidad de prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, de conformidad con Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y la Ley General de Víctimas.

Notas

1 Organización Internacional del Trabajo, Walk Free Foundation y Organización Internacional para las Migraciones, Estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna: Trabajo forzoso y matrimonio forzoso, Ginebra, 2017, p. 5.

2 Ídem.

3 https://www.alliance87.org/2017ge/modernslavery#!section=2

4 Organización Internacional del Trabajo, Walk Free Foundation y Organización Internacional para las Migraciones, op. cit., p. 41.

5 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México 2019, México, 2019, pp. 28, 29.

6 Ibídem, p. 29.

7 Ídem.

8 Ibídem, p. 159.

9 CNN, “The town where boys are ‘groomed to become pimps’”, 2 de diciembre de 2015. Disponible en:

https://edition.cnn.com/2015/12/01/opinions/sex-traffick ing-tenancingo-polaris/index.html. Consultado el 25 de marzo de 2020.

10 Melissa Amezcua y Humberto Padgett, “Tráfico sexual, negocio familiar que se hereda en Tlaxcala”, El Universal , 5 de febrero de 2020. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/trafico-sexual-negocio-familiar-q ue-se-hereda-en-tlaxcala. Consultado el 25 de marzo de 2020.

11 Ignacio de los Reyes, “Viaje a Tenancingo, la capital de la esclavitud en México”, Animal Político , 23 de mayo de 2012, disponible en: https://www.animalpolitico.com/2012/05/viaje-a-tenancingo-la-capital-de -la-esclavitud-sexual-en-mexico/. Consultado el 25 de marzo de 2020.

12 Carrasco González, Gonzalo, “Tipo penal del delito de trata de personas”, Revista Alegatos, número 86, enero-abril de 2014, Universidad Autónoma Metropolitana – Azcapotzalco, pp. 86, 87.

13 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México, CEDAW/C/MEX/CO/9, 25 de julio de 2018. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/398069/Observaciones_fin ales_9o_Informe_M_xico_ante_la_CEDAW.pdf. Consultado: 6 de abril de 2020.

14 Ibídem, p. 11.

15 Ídem.

16 Carrasco González, Gonzalo, op. cit. p. 72.

17 García, María Fernanda, “El delito de trata de personas, crimen de lesa humanidad: análisis desde la óptica de la reciente jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Revista Derechos en Acción, año 3, número 8, invierno 2018. p. 470.

18 Ibídem, pp. 470, 471.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2021.

Diputada María Elizabeth Díaz García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a respetar la independencia del Judicial en atención de la división de poderes y expresar su solidaridad con éste frente a diversos pronunciamientos, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI y PRD

Las y los suscritos, diputados Juan Carlos Romero Hicks, René Juárez Cisneros, Verónica Juárez Piña, Ma. del Pilar Ortega Martínez, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Enrique Ochoa Reza, integrantes de la Cámara de Diputados en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten ante esta soberanía para su análisis, discusión y aprobación en su caso la presente “proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a respetar la independencia judicial con atención a la división de poderes y expresa su solidaridad con el Poder Judicial de la Federación frente a los pronunciamientos de otros poderes”, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Aprobación de la reforma a la LIE

El 3 de febrero de 2021, el titular del Poder Ejecutivo federal remitió al Congreso de la Unión –teniendo a esta Cámara de Diputados como Cámara de origen– con trámite de iniciativa preferente la “iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica”. Dicha iniciativa fue aprobada en sus términos el 23 de febrero del presente en esta Cámara de Diputados; aprobada en sus términos el 2 de marzo en el Senado de la República como Cámara revisora y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo del presente.1

Dicha reforma buscaba modificar el marco normativo vigente que regula el mercado para la generación y aprovechamiento de energía eléctrica, para darle preponderancia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). De acuerdo con la firma Deloitte, es posible comprender los alcances de dicha reforma a partir de cuatro puntos fundamentales:2

1. La reforma pretende terminar con el modelo vigente de despacho de energía de las centrales eléctricas que opera a través del Cenace (Centro Nacional de Control de Energía), para dar prioridad a la energía producida por centrales generadoras de la CFE. Actualmente, Cenace tiene la obligación de priorizar el despacho de la energía más barata; a partir de ahora, el orden de prelación será: 1. Hidroeléctricas, 2. Otras centrales de CFE, 3. Energía eólica y solar, y 4. Centrales de ciclo combinado. Dado que las centrales hidroeléctricas no tienen capacidad para satisfacer la demanda, las mayores beneficiadas serán las otras centrales de CFE que producen energía eléctrica a partir de combustóleo y carbón –más caras y contaminantes que el resto–.

2. La reforma eliminará el modelo de compra de energía a través de subasta –para elegir el precio más barato–. CFE no estará obligada a adquirir energía mediante este modelo y podrá adquirir electricidad de cualquier planta o fuente, lo cual se traducirá en un posible incremento en el costo de la energía para el usuario final.

3. Los Certificados de Energía Limpia (CEL) se otorgarán a cualquier productor de energía, sin importar la antigüedad de las plantas. Esto eliminará los incentivos para la construcción de nuevas plantas de generación de energía.

4. Finalmente, se abre la posibilidad de que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) pueda revocar permisos otorgados previamente a pequeños generadores de autoabastecimiento o cogeneración, que han funcionado como alternativa para cubrir las necesidades propias de generación de energía.

Aspectos como el relativo a la relativización del otorgamiento de los CEL, impactan directamente en la posibilidad de tener un mejor cuidado del medio ambiente. Con ello, se atenta directamente contra los compromisos ambientales adoptados por nuestro país con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, así como con el Acuerdo de París3 y se ponen en riesgo el desarrollo sostenible y el futuro de las siguientes generaciones, las cuales sufrirán los efectos del uso prioritario de energías contaminantes y más caras.

Además, la nueva regulación otorga ventajas competitivas a la CFE frente a cualquier otra empresa de generación de energía eléctrica, lo cual rompe con los principios constitucionales de libre competencia y competitividad en el sector eléctrico. Al vulnerar estos principios constitucionales, también se afectan otros principios como la no retroactividad, y la seguridad jurídica, motivos por los cuales es posible afirmar que esta reforma atenta contra el Estado de derecho.

Por otra parte, las modificaciones aprobadas resultan contrarias a lo dispuesto en tratados multilaterales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT). Dichos tratatos establecen cláusulas relativas a la competencia económica y a la priorización de energías renovables, los cuales se verían vulnerados con la entrada en vigor de esta reforma, con lo cual México incumpliría con sus compromisos internacionales y estaría a merced de diversos y costosos arbitrajes impulsados por las empresas afectadas por la reforma.

De acuerdo con las estimaciones de José Luis de la Cruz, presidente de Estudios Económicos de la Concamin, el gobierno federal deberá compensar a las empresas afectadas por arriba del 80 por ciento de su inversión. Es decir, aproximadamente 70 mil millones de dólares o, en términos generales, el 7 por ciento del PIB.4 Como se puede ver, los costos de este nuevo capricho presidencial se sumarían a los de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), con lo cual estaríamos hablando de una nueva afectación severa a la economía nacional como resultado de decisiones disparatadas y sin fundamento técnico.

En conclusión, esta reforma es motivo de gran preocupación tanto por su contenido como por el proceso parlamentario bajo el cual fue aprobada. Más allá de la celeridad con que se le dio trámite –propia de los plazos fijados para el desahogo de una iniciativa preferente–, el ejercicio de parlamento abierto que se realizó a propósito de la materia no se tradujo en ninguna modificación sustantiva al proyecto.

Por otra parte, el nulo cuestionamiento por parte de la Comisión dictaminadora respecto a la constitucionalidad de la materia legislada ha comprometido el actuar de esta Cámara de Diputados, la cual ahora es autoridad responsable en diversos juicios de amparo. Estas razones nos llevan a afirmar que esta decisión fue imprudente, inconstitucional e irresponsable con el futuro de las siguientes generaciones.

Segunda. Impugnaciones contra la reforma

Luego de la publicación del “decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica” en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo del presente, los particulares afectados interpusieron demandas de amparo para obtener la protección de la justicia federal frente a esta reforma inconstitucional.5 Fue el caso del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 118/2021 y su acumulado 120/2021.

En el incidente en comento, el juez segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, Juan Pablo Gómez Fierro, con fundamento en el artículo 138, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez concedió la suspensión provisional solicitada para el efecto de todas las consecuencias derivadas de la reforma, y estimó que: “[...] las normas cuestionadas modifican la manera en la que operaba el sector eléctrico, por lo que sus efectos son susceptibles de suspenderse material y jurídicamente”.6

Además, sostuvo que del análisis de las normas generales reclamadas, se advierte que “[...] las modificaciones que se realizan a la Ley de la Industria Eléctrica podrían llegar a dañar la competencia y la libre concurrencia en el sector eléctrico”.7 Por ello, estimó que al decretar la medida cautelar se podría “proteger y garantizar los derechos a la competencia y libre concurrencia en una dimensión individual y colectiva”.8

Con respecto a la afectación al medio ambiente puntualizó que “las normas reclamadas también podrían producir daños inminentes e irreparables al medio ambiente, toda vez que fomentan la producción y el uso de energías convencionales y que desincentivan la producción de energías limpias”. Agregó que “la participación de empresas de fuentes renovables y limpias dentro del sector eléctrico abona al aumento de producción de energías limpias en el país y que esta circunstancia permite que el Estado Mexicano puede responder a los compromisos internacionales que ha asumido para el cuidado del medio ambiente y el combate al cambio climático”.9

Por otra parte precisó que las consideraciones sobre la posible inconstitucionalidad de las normas reclamadas son de índole jurídico y no se basan en apreciaciones ideológicas o subjetivas, y tienen como único sustento el contenido de la Constitución que establece el parámetro de regularidad conforme al cual todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben ajustar sus actos. Por tanto, no necesariamente influyen en el análisis de constitucionalidad que se realice, en su momento, al dictarse una sentencia definitiva.

En cuanto a los alcances de la suspensión especificó que, a pesar de ser solicitada solamente por dos empresas que realizan actividades en materia de energía eléctrica, la medida cautelar debe tener efectos generales ya que en caso de considerar solo efectos particulares, se le otorgaría una ventaja competitiva a las quejosas frente a las demás participantes de la industria eléctrica y se ocasionaría un efecto adverso al que precisamente se busca proteger.

Por tanto, los efectos de esta medida cautelar comprenden a todos los participantes del mercado eléctrico mayorista y demás particulares que desarrollan alguna actividad regulada en el sector eléctrico o que se encuentra en trámite para ingresar al mismo, así como a los sujetos que se ubican en el régimen transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica que estaba vigente hasta antes de la emisión del Decreto cuestionado. Sin embargo, esto no implica la insubsistencia de las normas reclamadas, sino la postergacion de la plena entrada en vigor sus efectos para preservar intacta la materia del juicio y deben continuarse aplicando los artículos 3o., 4o., 12, 26, 35, 54, 101, 108 y 126, así como régimen transitorio previstos en el texto vigente de la Ley de la Industria Eléctrica.

Derivado de esta suspensión, la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, deberán abstenerse de ejecutar los preceptos reclamados, incluyendo los artículos transitorios del decreto cuestionado. De lo contrario, se harán acreedoras a las sanciones establecidas en el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo.

Tercera. Importancia de la preservación del estado de derecho y la división de poderes

El jurista español Elías Díaz afirma que la división de poderes es un carácter general del Estado de derecho y establece explícitamente que:

“La existencia de un régimen de división o separación de poderes es también, en segundo lugar, exigencia ineludible para un Estado de derecho. [...]; que los titulares de los Poderes Legislativo y Ejecutivo no podrán juzgar, ni inmiscuirse indebidamente en la función judicial ; y que los encargados de la función ejecutiva no suplantarán a los órganos legislativos ni a los judiciales.”10

Esta premisa pone en relieve que, para preservar el Estado de derecho, es indispensable que el Poder Ejecutivo no se inmiscuya indebidamente en la función judicial de ninguna forma –es decir, que no intente cooptarlo o incidir en el criterio que adopten finalmente los jueces en sus resoluciones–. Esta importancia se explica, desde la óptica de Hans Kelsen, en que “el significado histórico del principio de la separación de poderes reside precisamente en el hecho de que dicho principio, más que una separación de poderes, lo que pretende es evitar la concentración de los mismos”.11

En ese orden de ideas, evitar la injerencia del Poder Ejecutivo en la actuación del Poder Judicial y –aún más– en la propia independencia judicial, encuentra fundamento en los diversos casos en los que históricamente se han concentrado las funciones del Estado en la figura del presidente. Pero también tiene una relevancia especial para una lógica constitucional de derechos: la independencia judicial tiene como fin el respeto a los derechos y libertades de la ciudadanía que, en la especie, encuentran su representación en el Poder Legislativo.12

Por ello, las y los suscritos consideramos que resulta intolerable, en un verdadero Estado Constitucional de Derecho, que el Poder Ejecutivo intente influir de forma alguna en el criterio que se forman las y los jueces o –dicho de otra forma– rompa la independencia judicial. Cuando se trata de proteger este modelo, no es exagerado reaccionar ante las interpelaciones –aún las que son meramente discursivas– que se hagan a través del discurso, pues como está demostrado, en política el discurso es la antesala del emprendimiento de acciones. En el caso concreto, se emprenden medidas concretas como la solicitud de procedimientos de investigación contra juzgadores que contravienen su voluntad, en protección de los preceptos constitucionales.

Cuarta. Reacción del presidente de la República y del gobierno federal

El titular del Ejecutivo federal anunció que acudirá a la Suprema Corte de Justiia de la Nación por suspensión provisional de ley eléctrica. De acuerdo con lo manifestado, en su conferencia matutina del 12 de marzo el presidente expresó: “Estos jueces se crearon, surgen, cuando se lleva a cabo la reforma energética, para proteger a las empresas particulares y extranjeras, no para proteger y defender el interés nacional. Apenas se está publicando la reforma, ahí va el amparo. Pues nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces”.

Sin embargo, esta reacción no fue la única proveniente del gobierno federal, pues en entrevista con Aristegui Noticias, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, indicó que solicitarán una revisión al Consejo de la Judicatura Federal sobre el actuar del juez. Asimismo, señaló que aunque “pueden ser respetuosos con el Poder Judicial, se muestra con un claro servicio a algún interés, esa es la palabra, otorga la suspensión nada más como si fuera una ventanilla de recepción”.13

De igual manera, cuestionó la decisión del juez, pues aseguró que “No tiene ni idea, esa es la palabra, no tiene ni idea el señor. No tiene idea el juez”, y añadió que “no es venganza, es un derecho”. A su vez, expresó que “Por supuesto que las empresas tienen todo el derecho de hacer lo conducente, aquí lo lamentable es que un juez que se ha estado prestando, el mismo juez, pareciera que es la ventanilla única de este tipo de tema, el mismo juez sin un estado previo, sin tiempo de análisis otorga de facto esta resolución”14

El lunes 15 de marzo, el titular del Poder Ejecutivo federal dio a conocer en su conferencia de prensa matutina que envió una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando: “De manera respetuosa, en observancia al principio de separación de poderes, le solicito que el Consejo que usted preside determine si a la autoridad judicial mencionada le corresponde, o no, aplicar de manera oficiosa a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia, o no, resolver sobre el caso”. Al respecto, el ministro Arturo Zaldívar respondió al jefe del Ejecutivo que su petición sería turnada al Consejo de la Judicatura Federal y, en caso de existir elementos, se procederá a la revisión.

Las manifestaciones tanto del titular del Poder Ejecutivo federal como de la titular de la Secretaría de Energía, ponen en grave peligro la independencia judicial y la división de poderes. En un Estado Constitucional de Derecho no puede haber espacio para las intimidaciones contra cualquier funcionario, máxime cuando se trata de un integrante de un poder distinto; consentir lo anterior sería dar entrada al autoritarismo y la concentración de poderes en una sola persona y, a su vez, esto pondría en riesgo nuestra democracia.

Finalmente, es importante señalar que para emprender cualquier procedimiento de responsabilidades o disciplinario, el Consejo de la Judicatura Federal debe cumplir con el principio de legalidad y, para ello, fundar y motivar las causas detrás de una posible investigación. Es evidente que el enojo presidencial por haber visto truncada su voluntad, no puede ni debe ser razón suficiente para iniciar cualquier procedimiento. Por ello y, con base en lo anteriormente expuesto, proponemos al pleno de esta soberanía la aprobación de los siguientes

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a respetar la independencia judicial y, en atención al principio de división de poderes, abstenerse de aprovechar la investidura que reviste su cargo para denostar y amenazar a otros Poderes de la Unión y a sus integrantes.

Segundo.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Secretaría de Energía a respetar la independencia judicial, en atención al principio de división de poderes.

Tercero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión expresa su solidaridad con las y los integrantes del Poder Judicial de la Federación y, con pleno respeto a la división de poderes, hace un atento llamado al Consejo de la Judicatura Federal para que en sus determinaciones refrende su independencia y la de sus integrantes, por encima de cualquier presión o amenaza a las mismas.

Notas

1 Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica. México: Secretaría de Gobernación, 9 de marzo de 2021. Disponible en línea en: https://bit.ly/3rPwYVp

2 Valeria Vázquez, “Reforma eléctrica. El análisis”. Deloitte Legal , publicado el 22 de febrero de 2021. Disponible en línea en: https://bit.ly/30GpOHn

3 Lilia González, “Reforma a Ley de la Industria Eléctrica abre un nuevo frente contra la inversión: CCE”, El Economista , 2 de marzo de 2021. Disponible en línea en: https://bit.ly/3bO3O3w

4 Yeshua Ordaz y Eduardo de la Rosa, “Hasta 7% del PIB costará pleito por la ley eléctrica: IP”, Milenio , publicado el 11 de marzo de 2021. Disponible en: https://bit.ly/30IPbIt

5 Esther Herrera, “Empresas regias alistan primeros amparos contra Ley de la Industria Eléctrica”, Milenio . Publicado el 11 de marzo de 2021. Disponible en línea en: https://bit.ly/3bLbkw0

6 Poder Judicial de la Federación, “Incidente de suspensión 118/2021”. Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, 11 de marzo de 2021. Disponible en línea en: https://bit.ly/3eUqKAg Consultado el 17 de marzo de 2021.

7 Íbid. Página 19.

8 Íbid. Página 29.

9 Íbid. Página 24.

10 Elías Díaz, Estado de Derecho y sociedad democrática . Madrid: Editorial Taurus, 2011. Páginas 54-55. Énfasis añadido.

11 Íbid. Página 55. Énfasis añadido.

12 Íbid.

13 Índigo Staff, “No tiene ni idea el señor”, Rocío Nahle va contra juez que frenó reforma eléctrica de AMLO”, Reporte Índigo , publicado el 12 de marzo de 2021. Disponible en:

https://bit.ly/3rUbM0A

14 Íbid.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2021.

Diputados: Juan Carlos Romero Hicks, René Juárez Cisneros, Verónica Juárez Piña, Ma. del Pilar Ortega Martínez, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Enrique Ochoa Reza (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a explicar el destino, la partida y el concepto de los recursos ejercidos del ramo 12, “Salud”, y el Fideicomiso Fondo de Salud para el Bienestar en 2020, a cargo del diputado Fernando Galindo Favela, del PRI, e integrantes de diversos grupos parlamentarios

Los que suscriben, diputados federales integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Secretaría de Salud a que explique a detalle el destino, partida y concepto de los recursos ejercidos del Ramo 12, Salud, y del Fideicomiso Fondo de Salud para el Bienestar durante el ejercicio fiscal 2020, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondiente al Cuatro Informe Trimestral de 2020 señaló que la Secretaría de Salud gastó 154 mil millones de pesos en 2020, lo que representó un incremento del 21.5 por ciento con respecto al año anterior. Es importante señalar que el 30 por ciento del gasto de la Secretaría de Salud en el año 2020 fueron transferencias financieras de la Tesorería de la Federación a un Fideicomiso del INSABI.

El Informe destaca que la Secretaría de Salud gastó 45 mil millones de pesos durante el mes de diciembre, es decir, pasó de gastar 108 mil millones de pesos en noviembre a 154 mil millones de pesos en diciembre de 2020.

Solo para tener una referencia, estos 45 mil millones de pesos representan el 34.9 por ciento del presupuesto (128,826.4 millones de pesos) aprobado por la Cámara de Diputados para 2020. Esto generó sorpresa ya que en el informe mensual de enero-noviembre de 2020 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Salud reportaba recursos no ejercidos por casi 12 mil millones de pesos.

Para todos los mexicanos, este nivel de gasto en un mes representaría una buena noticia, en un contexto en el que se está viviendo la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años.

Al analizar a detalle del Informe Trimestral y conocer los movimientos de recursos realizados por la Secretaría de Salud, se identifica que el 30 por ciento del gasto de esta Secretaría se destinó al Fideicomiso Fondo de Salud para el Bienestar, esto es 46 mil millones de pesos, es decir, solo fue una transferencia financiera sin materialidad.

Es como si un ciudadano pasara sus ingresos de su cuenta en un Banco “A” a otra de sus cuentas en un Banco “B” exclusivamente. Llama aún más la atención cuando la política del Gobierno Federal ha sido la de desaparecer los fideicomisos.

Sin considerar esa transferencia de recursos que la Secretaría de Salud realizó al Fideicomiso, se observa que su gasto fue 2.5 por ciento menor, en términos reales, que en 2019 y respecto a 2018, este gasto representaría una disminución de 8 por ciento aproximadamente.

De manera histórica y considerando el ajuste explicado anteriormente, hoy sabemos que la Secretaría de Salud gastó menos recursos que en 2019. No solo eso, en 2020 se contrajo el gasto en salud de tal forma que si lo comparamos contra los recursos que la Secretaría tenía en 2009, cuando se vivió la contingencia sanitaria ocasionada por el virus de la Influenza tipo A H1N1 se descubre que se gastó menos en 2019 que hace 11 años.

En los dos primeros años de esta administración, se han invertido significativamente menos recursos que los primeros años de la administración anterior, años que no hubo pandemia.

El Secretario de Hacienda, a mediados de enero de 2021, mencionó que se destinaron más de 50 mil millones de pesos en fortalecer al sector salud, lo que realmente quiso decir, es que se destinaron al Fideicomiso Fondo Salud para el Bienestar, es decir se fortaleció un instrumento jurídico a expensas de la salud endeble de los mexicanos.

El Gobierno actual decidió que, ante la peor crisis sanitaria y económica, en muchos años, se restringiera el gasto en salud a las familias mexicanas, he ahí la razón por la que faltan: medicamentos oncológicos, vacunas contra la tuberculosis o el sarampión, equipamiento para los médicos que afrontan día a día a personas con COVID19.

Este nivel de gasto representaría una buena noticia en el contexto de pandemia por Covid-19, pero se trata de recursos transferidos al Fondo de Salud para el Bienestar; es decir no son recursos gastados en acciones concretas para el control de la pandemia, sino que fueron recursos que se depositaron al Fondo de Salud para el Bienestar.

De acuerdo con el Informe, al cierre del cuarto trimestre de 2020, el Fondo de Salud para el Bienestar tuvo ingresos por un total de más de 46 mil 305 millones de pesos.

• Al tercer trimestre el fideicomiso registró ingresos por 13,876.2 mdp, para el 4to trimestre reportó ingresos por 46,306 mdp; por lo que se identifican ingresos en tres meses por 32.4 mil mdp. Lo anterior, sin considerar los rendimientos.

• Por el lado de los egresos al tercer trimestre el fideicomiso registró gastos por 26,287 mil mdp, al 4to trimestre reportó gasto por 56,472; entre ambos registros se muestra una diferencia de gasto de 30 mil mdp.

Por lo tanto, se simuló el gasto de 46 mil millones de pesos para mandar un mensaje de mayor inversión en el sector salud, sin que esto se reflejara en la compra de vacunas, medicinas, tratamientos contra el cáncer, entre otros.

Los diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, de la LXIV Legislatura, estamos a favor de la transparencia y la rendición de cuentas; por lo tanto, es prioritario exigirle a la Secretaría de Salud a que explique a detalle el destino, partida y concepto de los recursos ejercidos del Ramo 12, Salud, y del Fideicomiso Fondo de Salud para el Bienestar durante el ejercicio fiscal 2020.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión aprueba el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a que explique a detalle el destino, partida y concepto de los recursos ejercidos del Ramo 12, Salud, y del Fideicomiso Fondo de Salud para el Bienestar durante el ejercicio fiscal 2020.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 23 de marzo de 2021

Diputados: Fernando Galindo Favela, Enrique Ochoa Reza, Éctor Jaime Ramírez Barba, Claudia Pastor Badilla, Antonio Ortega Martínez, Sergio Ascencio Barba

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a incluir BCS en el decreto presidencial de estímulos fiscales de la región fronteriza norte, a cargo de la diputada Ana Ruth García Grande, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Ana Ruth García Grande , integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Los estados fronterizos del norte de México tienen una dinámica muy diferente al resto del país dada su cercanía con el Estados Unidos, lo cual deriva en fenómenos demográficos y económicos de características muy particulares, dado que la vida en estos se ve directamente afectada por la posibilidad de sus habitantes y empresas de consumir productos y servicios del otro lado de la frontera, así como por la dinámica laboral e industrial donde las relaciones laborales y comerciales entre partes ubicadas en ambos lados de la frontera son mucho más altas que en cualquier otra región de la nación, lo que deriva pues en una competencia económica directa con la desventaja de que en la zona sur de Estados Unidos colindante con México existe una tasa impositiva de entre un 6 por ciento y 8 por ciento, mientras que en el lado mexicano se mantiene en un 16 por ciento.

Resulta muy relevante que esta situación ya era reconocida en el decreto publicado el 29 de diciembre de 1978 en el que se incluía una franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional del norte del país y en las zonas libres de Baja California, norte de Sonora y de Baja California Sur y nuevamente en 1995, después de que el 21 de noviembre de 1991 se homologara el impuesto en todo el país, el gobierno federal dispuso como medida para reactivar el consumo de la producción nacional en las zonas fronterizas, retornar la tasa especial del impuesto al valor agregado, resaltando que además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, el municipio de Cananea, Sonora, así como la región parcial del estado de Sonora, incluyéndose ambas fronteras en el artículo segundo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. y se incluyó al municipio de Caborca el 30 de diciembre de 2002. Finalmente, en 2013, se homologó el impuesto al valor agregado en todo el territorio nacional.

En la actualidad, derivado de un decreto presidencial de 2018, que ha sido extendido para su aplicación hasta 2024, se aplica una tasa especial al impuesto al valor agregado del 8 por ciento, y un 20 por ciento de ISR que consiste en un crédito fiscal de 50 por ciento del impuesto al valor agregado, el cual se aplica de forma directa sobre la tasa de 16 por ciento, a fin de que la tasa disminuida que resulte sea de 8 por ciento para quienes tengan su domicilio fiscal, sucursal, agencia o establecimiento dentro de la región fronteriza norte.

Sin embargo, el estado de Baja California Sur no se encuentra incluido entre los estados beneficiados por la tasa especial, aunque sí se le reconozca como región fronteriza, tal y como se puede observar en la lista del propio Servicio de Administración Tributaria, que en su descripción de estados y municipios que componen la región fronteriza a la letra dice:

“Región fronteriza

Los estados de Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y la región parcial de Sonora; la franja fronteriza sur colindante con Guatemala y los municipios de Caborca, Sonora, Comitán de Domínguez, Chiapas, y Salina Cruz, Oaxaca.1

Cabe decir, tal y como se reconoció desde el primer decreto de 1978, que Baja California Sur, dada sus condiciones geográficas tiene una economía con una estructura dependiente del sector terciario, estimulada por el sector comercial, con una alta dependencia en las importaciones, lo que genera una alta vinculación con el norte del país y hace todo lo contrario con respecto al resto del país y que requiere que la mayoría de las rutas comerciales de y hacia el continente se realicen por mar o por aire, lo cual eleva considerablemente los costos del comercio de mercancías de consumo, afectando a sus habitantes de manera directa en su capacidad de adquisición, lo que origina que la economía sea más vulnerable a las devaluaciones y a las crisis económicas.

Baste para ilustrar la situación con los datos reportados por Inegi para el comportamiento inflacionario de 2019, donde, por ejemplo, para agosto, el Estado reportó 4.0 de inflación, superando la cifra de 3.29 del promedio nacional, con un incremento anual de 3.99 por ciento, comportamiento que se mantiene de manera constante a través de los años derivado de las condiciones descritas en párrafos anteriores.

Aunado a lo anterior, se tiene a la crisis sanitaria por Covid, que definitivamente ha derivado en una contracción económica que afecta de manera severa al estado dada la restricción de la actividad comercial y la reducción del turismo, que al ser los principales motores económicos de la entidad su desempeño afecta de manera directa al resto de los sectores, que, al no tener núcleos económicos circundantes que permitan la búsqueda de alternativas reales para la población y el comercio, dada la condición aislada del Estado, nuestra economía y población queda en una situación vulnerable respecto del resto del país, razón por la cual, al reconocerse su integración en la Región Fronteriza Norte, resulta pues necesario atender la necesidad de apoyar a la economía con los mismos estímulos fiscales que al resto de la entidades fronterizas de esta región.

En ese contexto, se puede fundamentar perfectamente la tasa especial para Baja California Sur en el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su fracción IV establece la obligación de todos los mexicanos para contribuir para los gastos públicos y que dicha contribución tendrá que ser de la forma proporcional y equitativa que dispongan las leyes. En este caso resulta proporcional el ajuste al 8 por ciento en el IVA, dada la reconocida integración del Estado de Baja California Sur a la región fronteriza norte y también resulta proporcionado y equitativo dada las condiciones aisladas de la geografía, pues tasa especial puede generar un aumento en la base contributiva, permitir la creación y desarrollo de las empresas y permitir el impulso para la recuperación económica del estado, y sobre todo abonar a la disminución del impacto inflacionario, mejorar el poder adquisitivo de los sudcalifornianos y equilibrar el índice de precios al consumidor a niveles mas cercanos a la media nacional, lo cual es, además, idóneo en términos de bienestar de la población.

Con base en los planteamientos expuestos en el cuerpo de esta proposición, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que incluya al estado de Baja California Sur en el Decreto de Estímulos Fiscales de la Frontera Norte, con el propósito de impulsar la competitividad económica, el desarrollo y el bienestar de los sudcalifornianos en los términos generales que plantea ese decreto para la región fronteriza norte de México, buscando con ello el crecimiento económico, la productividad de las actividades empresariales y el capital disponible para invertir en éstas y así promover su economía como integrante de esa región.

Nota

1 http://omawww.sat.gob.mx/aduanas/pasajeros/Paginas/Franja_region_fronte riza.aspx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo del 2021.

Diputada Ana Ruth García Grande (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, Comercio y Competitividad de esta soberanía a dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de las Leyes General de Sociedades Mercantiles, General de Sociedades Cooperativas, del Mercado de Valores, y de Inversión Extranjera, en materia de competitividad y diversidad de género en los consejos de administración, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estudio Mejorando las oportunidades de las mujeres en México (2016), de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) afirma que la tasa de participación de las mujeres en la fuerza laboral entre 25 y 54 años aumentó de 38 por ciento en la década de 1990 a 55 por ciento en 2015. Sin embargo, este aumento no es suficiente para alcanzar la participación de los hombres (94 por ciento), ni para alcanzar el promedio de la OCDE (72 por ciento).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), para el segundo trimestre de 2019, la tasa de participación económica de la población de 15 años o más fue de 45 por ciento para las mujeres, mientras que para los hombres fue de 77 por ciento.1 La participación de las mujeres mexicanas en la fuerza laboral es menor al promedio mundial, que es de 53 por ciento, conforme a la estimación modelada por la Organización Internacional del Trabajo en 2019.2 Estas diferencias de género se reflejan igualmente en los salarios, donde existe una brecha por género prevaleciente en México de 16.7 por ciento, que es más alta que el promedio de los países de la OCDE (15 por ciento).

Esta realidad se extiende a los cargos dentro de los consejos directivos de las empresas. De acuerdo con el informe de Deloitte Mujeres en los consejos de administración: Una perspectiva global (2017), la participación de las mujeres en consejos directivos en México es de 5.7 por ciento y se encuentra en uno de los niveles más bajos en comparación con otros países de la OCDE. A nivel global este porcentaje es de 15 por ciento, y mientras que en algunos países como Nueva Zelanda, Bélgica y Suecia se experimentó un aumento de mujeres en los consejos de sus organizaciones en los últimos años, pero en México no se refleja un cambio significativo.

El informe Global Gender Gap Report 2020 del Foro Económico Mundial presenta que México es uno de los países con mayor avance en la participación de mujeres en puestos políticos, alcanzando la posición 14 del ranking global (con 149 países participantes). Sin embargo, en el ámbito económico las mujeres todavía están en una desventaja, donde México ocupa el puesto 124 en este ranking, y entre otros factores presenta que solo 7.5 por ciento de miembros en Consejos de Administración son mujeres (con un incremento de 1.8 puntos porcentuales a los reportado en 2017), lo cual contrasta con los países de mayor proporción de mujeres en Consejos que son Francia (43.4 por ciento), Islandia (43 por ciento) y Noruega (42.1 por ciento).

Como se puede constatar de la información disponible, la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres en los consejos de administración de las empresas existe en todos los países en diferentes medidas, pero México está entre los países con los porcentajes más bajos de participación y representación, por lo que resulta necesario legislar en el marco de las obligaciones del Estado de garantizar los derechos humanos.

Por otro lado, la inclusión de las mujeres en el consejo es esencial para diseñar una estrategia que determine los factores críticos de éxito considerando la diversidad de género que también existe en el mercado. Esto, por consiguiente, favorece en la penetración en el mercado como resultado de una mayor comprensión de la amplia gama de clientes y empleados.

Al respecto, la investigación Mujeres directivas de Grant Thornton (2019), destaca la importancia de la diversidad de género en los equipos de alto nivel, ya que conduce a un mayor rendimiento, a una cultura más inclusiva y a decisiones más equilibradas, así como a un aumento significativo en materia de innovación e ingresos cuando más de 20 por ciento de los cargos directivos están ocupados por mujeres.

De igual manera, las mujeres aportan diferentes experiencias profesionales y perspectivas contribuyendo al conjunto de información y debate sobre la toma de decisiones, por lo que la presencia de mujeres en los consejos de administración dirige a acciones más informadas y estratégicas para identificar mejores oportunidades de inversión para la empresa y de esta manera aprobar la gestión óptima y la innovación a la cultura y forma de pensar de la sociedad.

En septiembre 2018, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), por medio del Comité de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo, integró la Mejor Práctica 15 en la que “se recomienda la incorporación de la mujer en la integración del consejo de administración”, como un esfuerzo deliberado para combatir la falta de diversidad en las sociedades y reconociendo la importancia de sumar a las mujeres como un impulsor en la efectividad del consejo de administración. Esta contribución indica que la diversidad de género no es una mera cuestión ético-política o de “responsabilidad social corporativa”, sino también un objetivo de eficiencia y eficacia en el funcionamiento de las sociedades.

Dado lo anterior, legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios suscribieron una iniciativa que busca avanzar en la incorporación de la perspectiva de género en consejos de administración, entendiendo ésta como una estrategia o un proceso mediante el cual se logra la igualdad entre mujeres y hombres en ese ámbito específico, dicho proyecto de decreto reforma diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles; de la Ley General de Sociedades Cooperativas, del Mercado de Valores; y de la Ley de Inversión Extranjera, mismo que fue inscrito en la sesión del 27 de marzo y publicado el 18 de marzo de 2020 en la Gaceta Parlamentaria.

Las personas suscritas argumentaron que no se puede pretender que el conjunto de acciones afirmativas establecidas por medio de recomendaciones y buenas prácticas es suficiente, sino que, paralelamente, deben llevarse procesos sistemáticos legales e institucionales para interiorizar los principios de igualdad y de no discriminación en el seno corporativo. No hay duda de que establecer acciones afirmativas ofrece resultados rápidos. Como ejemplo esta Noruega, que introdujo acciones afirmativas en 2007, exigiendo que los consejos de administración de las empresas que cotizan en bolsa tuvieran un equilibrio de género de al menos 40/60. El resultado fue un aumento en las mujeres miembros del consejo que fue de 6 por ciento en 2002 a 42 por ciento en 2016.

En México, fue hasta 2019 que se presentó y aprobó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que establece un porcentaje mínimo del treinta por ciento de participación de las mujeres en sus consejos de administración, así como otra iniciativa para reformar la Ley del Mercado de Valores con el mismo fin y aplicable a las 145 empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.

Con la finalidad de promover la igualdad de género a través del sector privado y considerando la importancia de la participación de la mujer en la fuerza laboral, ONU Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo y el Instrumento de Asociación de la Unión Europea están implementando a nivel internacional el programa Ganar-Ganar: La igualdad de género es un buen negocio (ONU Mujeres, 2019). Esta iniciativa se lleva a cabo en seis países de América Latina y el Caribe (ALC) –Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Jamaica y Uruguay– y en los países de la Unión Europea (UE) con la finalidad de promover vínculos comerciales e innovación entre mujeres de las diferentes regiones y fomentar el intercambio de buenas prácticas en el sector privado.

No obstante, pese a la evidencia empírica y científica de la importancia de la participación las mujeres en la fuerza laboral y al rezago de su misma participación en los espacios de toma de decisiones de las empresas, siguen existiendo fuertes resistencias para la incorporación de más mujeres en los consejos de administración, por lo que es urgente impulsar medidas legislativas, de política pública y del sector privado que generen las condiciones para incrementar tal presencia, especialmente considerando el aspecto cultural de la región donde las oportunidades de las mujeres para el acceso a posiciones de liderazgo son más limitadas.

Por lo anterior, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Economía, Comercio y Competitividad de la honorable Cámara de Diputados a emitir el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles; de la Ley General de Sociedades Cooperativas, del Mercado de Valores; y de la Ley de Inversión Extranjera en materia de competitividad y diversidad de género en los consejos de administración, presentada por diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios en febrero de 2020.

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2019). “Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) población de 15 años y más de edad”. Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.h tml#Tabulados

2 Banco Mundial (2019). “Tasa de participación en la fuerza laboral, mujeres (% de la población femenina entre 15-64 años) (estimación modelado OIT)”. Disponible en: https://datos.bancomundial.org/indicador/SL.TLF.ACTI.FE.ZS

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2021.

Diputada Martha Tagle Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CNPC, la Conafor, la Semarnat y sus homólogas locales a implantar acciones para prevenir, contener y mitigar incendios forestales en la temporada de sequía de 2021, a cargo de la diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Diputado Nancy Claudia Reséndiz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, pone a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. De acuerdo con datos publicados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional Forestal del 01 de enero al 04 de marzo del 2021, se han registrado 1,223 incendios forestales en 26 entidades federativas, afectando una superficie de 23,333 hectáreas.

De esta superficie, el 94% correspondió a vegetación en los estratos herbáceo y arbustivo y el 6% a arbóreo. Las entidades federativas con mayor número de Incendios fueron: México, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Morelos, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo y Jalisco, que representan el 88% del total nacional.

Las entidades federativas con mayor superficie afectada fueron: México, Baja California, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Michoacán, Morelos, Guanajuato, Zacatecas y Chihuahua, que representan el 83% del total nacional.

Del total de incendios forestales, 115 (9%) correspondió a ecosistemas sensibles al fuego, afectando una superficie de 1,636 ha (7%) del total nacional.

Segunda. La magnitud y frecuencia de los incendios en México aumenta año con año, cada vez son menores los intervalos entre los años críticos.

En el año 2019 fuimos testigos de la magnitud de los incendios que azotaron nuestro país, arrasando miles de hectáreas de superficie boscosa, principalmente en la zona centro y sur del país y causando problemas de contaminación de aire que dejaron a la Ciudad de México en una contingencia por mala calidad de aire durante varias semanas. En el 2020 se observó un aumento en el numero de incendios semana a semana.1

Existen diversas causas que originan un incendio forestal las cuales pueden ser por actividades ilícitas o causas accidentales, agrícolas, negligencias, por casos fortuitos y desconocidos.

El mal manejo del fuego en el sector agrícola y los fuegos ocasionados para el cambio de uso de suelo para la ganadería o la urbanización, aunado a las condiciones climáticas de aumento de la temperatura y sequías -efectos del cambio climático- han provocado que los incendios forestales sean cada vez más frecuentes poniéndonos en una situación sumamente grave, y no tenemos las capacidades suficientes para atenderlos, pues desde 2012 la Comisión Nacional Forestal ha visto una reducción en su presupuesto del 43%.2

Tercera. La mayor frecuencia de incendios se presenta a finales de la estación más seca, es decir, a finales del invierno y principios de la primavera, por lo que desde enero pueden comenzar a presentarse debido a que hay menos precipitación y por lo tanto también hay menos humedad en las comunidades vegetales.

Entonces, la temporada de incendios se establece desde enero hasta junio en la mayor parte del territorio nacional, alcanzando su mayor actividad en abril y mayo; no obstante, hay una parte del noroeste del país, cerca de Baja California, en donde los incendios pueden presentarse entre mayo y septiembre, ya que la temporada de lluvias es distinta a la del resto de México.3

Cuarta. La Comisión Nacional Forestal, adelantó que se espera una temporada crítica de incendios forestales 2021, “debido a que nos encontramos bajo las condiciones del fenómeno meteorológico ENOS-La Niña, que se prevé continúe hasta la primavera”.

Este fenómeno climático, ha provocado bajas temperaturas y pocas precipitaciones en la mayor parte del país, disminuyendo la humedad en las zonas forestales, una situación similar al año 2011.

Esta sequía atípica incrementa la presencia y expansión de los incendios forestales en el territorio mexicano”, señalo.4

Quinta. Los incendios forestales son un gran problema ambiental en México y el mundo, y aumentan cuando disminuye la precipitación y aumenta la temperatura.

Para evitarlos es necesario eliminar las quemas agrícolas (como la agricultura de roza, tumba y quema), así como diseñar y aplicar políticas públicas de prevención.5

Es en ese sentido que resulta necesario que la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como sus homólogos en las entidades federativas de manera coordinada impulsen campañas informativas para incentivar en las personas la cultura de prevención de incendios y cuidado del ecosistema, así como políticas de prevención, contención y mitigación de los incendios forestales.

Por lo expuesto, quien suscribe somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Coordinación Nacional de Protección Civil, a la Comisión Nacional Forestal, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a sus homólogos en las entidades federativas para que en el ámbito de sus facultades y de manera coordinada implementen las acciones necesarias para la prevención, contención y mitigación de incendios forestales en la temporada de sequía del presente año.

Notas

1 https://www.greenpeace.org/mexico/blog/8341/incendios-forestales-en-mex ico-efectos-del-cambio-climatico/

2 https://www.greenpeace.org/mexico/blog/8341/incendios-forestales-en-mex ico-efectos-del-cambio-climatico/

3 http://ciencia.unam.mx/leer/935/los-incendios-forestales-que-afectan-a- mexico

4 https://www.excelsior.com.mx/nacional/pronostican-temporada-critica-de- incendios-forestales-en-mexico/1433862

5 https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_038.html

Dado en el Cámara de Diputados a 23 de marzo de 2021.

Diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a Pemex, la Conagua y la ASEA a transparentar el cumplimiento de la normativa en materia de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales; y a las comisiones dictaminadoras de esta soberanía, a continuar el análisis y la discusión de las iniciativas de ley para prohibir el fracking en México, a cargo de la diputada Laura Mónica Guerra Navarro, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Laura Mónica Guerra Navarro, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o, artículo 65, numeral 4, y el artículo 79, numeral 1, fracción II y artículo 100 numeral 1, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El 1 de diciembre de 2018, día de la toma de posesión de su cargo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció 100 compromisos para su gobierno. Entre ellos destaca el compromiso número 75, consistente en “no [usar] métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua como el fracking”. 1

El 1 de julio de 2019, para dar cuenta del estado de cumplimiento de dichos compromisos, se informó que, hasta esa fecha, no se habían empleado métodos extractivos como la fracturación hidráulica.2 En su conferencia matutina del 20 de mayo de 2020, el Presidente respondió, a pregunta expresa de un reportero, que su gobierno no utilizaba ni pretendía utilizar esta práctica para la exploración y extracción de hidrocarburos.3

Adicionalmente, con base en un informe entregado por el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), se señaló –entre otros datos– que las asignaciones exploratorias otorgadas durante la “Ronda Cero”, en agosto de 2014, terminaron su vigencia el 27 de agosto de 2019 y que las 64 asignaciones nuevas que entraron en vigor al día siguiente, tenían objetivos convencionales. Asimismo, se informó que entre los planes de exploración presentados y aprobados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), no se contemplaban actividades en yacimientos no convencionales, por lo que los 233 pozos programados serían convencionales.4

Si bien el Presidente ha manifestado contundentemente su compromiso de no autorizar ni llevar a cabo proyectos de fracturación hidráulica, Pemex podría no estar acatando la orden presidencial de no llevar a cabo dicha práctica. De acuerdo con documentos obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información pública promovidas por organizaciones civiles que integran la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF), como CartoCrítica y Fundar, Pemex habría fracturado tres pozos en yacimientos no convencionales durante enero, febrero y marzo de 2019, en Puebla y Veracruz. Estos pozos serían los siguientes: Maxochitl-1Exp; Kaneni-1Exp; y Pankiwi-1Exp, fracturados a partir del 3 de enero de 2019; el 16 de febrero de 2019; y el 17 de marzo de 2019, respectivamente.5

Respecto de estos y otros dos pozos,6 las organizaciones civiles preguntaron a Pemex Exploración y Producción, entre otras cuestiones, lo siguiente:

1. ¿Se perforaron y fracturaron hidráulicamente cada uno de estos pozos?

2. ¿En qué fecha se perforó cada pozo?

3. ¿En qué fecha o fechas se ha fracturado cada pozo?

4. ¿Qué volumen de agua se ha utilizado en cada fracturamiento en cada pozo?

5. ¿De dónde proviene el agua utilizada en cada fracturamiento en cada pozo?

6. ¿Se cuenta con concesiones de agua por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para cada uno de estos pozos?

7. ¿Cuáles son los números de títulos de concesión de agua con los que se cuenta para cada uno de estos pozos?

8. ¿Se ha cumplido con los “Lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales” emitidos por la Conagua para la perforación y fracturamiento hidráulico de cada uno de estos pozos?

En su respuesta, Pemex refiere que suspendió la fracturación en el pozo Chaxán-1Exp, en acato a la disposición del Ejecutivo federal; sin embargo, también confirma que los trabajos de fracturamiento en los tres pozos previamente señalados efectivamente se llevaron a cabo durante enero, febrero y marzo de 2019.

Asimismo, responde que el agua utilizada para el fracturamiento de cada pozo provino de concesiones privadas otorgadas por Conagua a prestadores de servicios, y que el Activo de Exploración Terrestre Norte dependiente de la Subdirección de Exploración de Pemex Exploración y Producción (PEP) sí ha dado cumplimiento a los Lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales (en adelante, los Lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales ).7

Respecto del cumplimiento de esta regulación por parte de PEP en los 3 pozos fracturados en 2019, la Conagua respondió, por su parte, que “no se han recibido ni emitido opiniones técnicas al respecto”, por lo que no se contaba con la información solicitada.8 De la anterior respuesta, pueden desprenderse al menos tres reflexiones: 1) Que Conagua no ha llevado a cabo actividades de inspección y vigilancia respecto de las concesiones de agua utilizadas para la fracturación de los pozos señalados; 2) Que Pemex no ha realizado solicitud alguna o informado sobre la verificación del cumplimiento de los Lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales; y 3) Que, contrariamente a lo que refiere PEP, no se cuentan con elementos para confirmar que haya cumplido con dichos Lineamientos.

Los Lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales, emitidos por Conagua durante el sexenio pasado, y vigentes desde el 30 de agosto de 2017, han sido calificados por las organizaciones agrupadas en la AMCF como insuficientes9 por no salvaguardar efectivamente tres intereses fundamentales: el derecho humano a un medio ambiente sano, el derecho humano al agua y el derecho humano a la salud.

La anterior consideración es sumamente preocupante no solo porque –de acuerdo con las voces experimentadas– tenemos una regulación laxa e insuficiente en materia de protección y conservación de las aguas nacionales destinadas a la extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, sino también porque se observa que no contamos con mecanismos efectivos para verificar que los concesionarios cumplan con la ley.

Más allá del compromiso presidencial de no realizar fracking , se hace necesaria una regulación que prohíba este método no convencional de extracción de hidrocarburos. Cada vez existen más estudios que detallan la evidencia de los daños que causan las operaciones asociadas con las perforaciones, la fracturación hidráulica y con la construcción de la infraestructura para el gas obtenido a través de este método. De acuerdo con la sexta edición del Compendio de hallazgos científicos, médicos y de medios de comunicación que demuestran los riesgos y daños del fracking (extracción no convencional de gas y petróleo) (2019) –en adelante, el Compendio– 10 existen más de mil 700 estudios disponibles que hacen referencia al desarrollo de esta actividad, sus riesgos asociados, los impactos a la salud pública y al ambiente, y de los cuales sobresalen los siguientes datos11 :

• 69 por ciento de los estudios de investigación originales sobre calidad del agua encontraron evidencias claras o potenciales de contaminación del agua asociada con el fracking;

• 87 por ciento de los estudios de investigación originales sobre calidad del aire descubrieron emisiones significativas de contaminantes en el aire; y

• 84 por ciento de los estudios de investigación originales sobre riesgos a la salud humana encontraron evidencias de daños o indicadores de daños potenciales. De acuerdo con Ferrar y colaboradores (2019), 90.3 por ciento de todos los estudios de investigación originales publicados entre 2016 y 2018 sobre los impactos que tiene el fracking en la salud, revelaron una asociación positiva con algún daño o daño potencial.12

A continuación, se enlistan los principales riesgos socio-ambientales relacionados con el fracking 13 :

1. Contaminación del agua

La contaminación puede ocurrir a través de tres vías: migración subterránea de químicos, incluyendo el gas, hacia el agua subterránea, descarga de desechos de fracking en aguas superficiales y derrames.

El metano y los contaminantes relacionados con el fracking pueden llegar al agua subterránea a través de grietas en el revestimiento de los pozos, de espacios entre el revestimiento y el pozo y de fracturas y fisuras naturales que conectan las capas de lutitas con los acuíferos y a través de pozos abandonados. La migración del metano a los acuíferos puede cambiar la química del agua en formas que movilizan los metales o liberan sulfuro de hidrógeno.

En Texas encontraron 19 contaminantes diferentes relacionados con el fracking , incluyendo el benceno –que es un causante de cáncer–, en cientos de muestras de agua potable recolectadas del acuífero que cubre la zona de la Cuenca de Lutitas de Barnett, la cual ha sido perforada recurrentemente. En Pensilvania, se encontró un solvente que se usa en el fluido de fracking en pozos de agua potable cercanos a las operaciones que se sabe que tienen problemas con el revestimiento de sus pozos.

Por otro lado, la descarga de desechos de fracking en aguas superficiales pone en riesgo la salud de las personas que dependen de estos cuerpos de agua para cubrir sus necesidades básicas, incluido el acceso del agua para consumo personal y doméstico. Además de los problemas de contaminación, se debe tomar en cuenta que el agua utilizada para el fracking amenaza el suministro de agua potable debido al agotamiento de los recursos, especialmente en las regiones áridas.

En 2018 se reportó que el agua utilizada para las operaciones de fracking en Estados Unidos de América (EUA) aumentó en 770 por ciento por pozo, entre 2011 y 2016, mientras que la cantidad de aguas residuales generada aumentó mil 440 por ciento.

2. Contaminación del aire y liberación de metano a la atmósfera

Se tienen registros de niveles muy elevados de contaminantes tóxicos, incluido el benceno, así como otros precursores químicos del ozono en operaciones de perforaciones de fracking y su infraestructura auxiliar.

Se han detectado más de 200 contaminantes químicos en el aire cerca de los sitios de perforación y fracking , de los cuales 61 están clasificados como contaminantes peligrosos para el aire, incluyendo los carcinógenos; 26 son compuestos que alteran el sistema endócrino que se han relacionado con daños reproductivos, del desarrollo y neurológicos. Las operaciones de perforación y fracking emiten partículas finas y vapores que se combinan para crear ozono; se sabe que la exposición a estos contaminantes causa muerte prematura, exacerba el asma y contribuye a complicaciones en los partos, al aumento en las tasas de hospitalización y visitas a la sala de emergencias.

A nivel regional se tienen evidencias importantes en relación a la mala calidad del aire, principalmente en Estados Unidos, a causa del fracking:

• El estado de California determinó que el fracking puede tener impactos “significativos e inevitables” en la calidad del aire, como el aumento de los niveles de contaminantes en circulación por encima de los estándares de calidad;

• En Front Range, Colorado, una zona altamente perforada para el fracking , los compuestos orgánicos volátiles (COV) de las operaciones realizadas con motivo de esta práctica, junto con los óxidos de nitrógeno, son los responsables de 17 por ciento del ozono de producción local. Colorado ha excedido los límites de ozono a nivel federal durante la última década, un período que corresponde al auge en la perforación para extraer petróleo y gas;

• En la Cuenca de Lutitas de Barnett, en un yacimiento fuertemente perforado al noreste de Texas, las emisiones de metano eran 50 por ciento superiores a lo estimado por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de EUA (EPA, por sus siglas en inglés). Las operaciones de fracking y su infraestructura asociada contribuyeron a 71 por ciento-85 por ciento de las emisiones de metano en la región.

3. Afectaciones a la salud

Las afectaciones a la salud asociadas al fracking han sido fuertemente documentadas y abarcan una importante diversidad de padecimientos. Entre estos se destacan diferentes tipos de cáncer, asma, riesgo de parto prematuro y salud infantil deficiente, así como el doble de riesgo de sufrir migraña, síntomas nasales y de senos paranasales crónicos y fatiga severa.

En algunas comunidades de Colorado, la contaminación del aire cerca de las operaciones de perforación y fracking es lo suficientemente alta como para elevar los riesgos de cáncer. También en Colorado se detectaron índices más altos de leucemia entre niños y adultos jóvenes que viven en áreas con alta densidad de pozos de petróleo y gas.

Un equipo de investigación de la Universidad de Yale reportó que los carcinógenos involucrados en operaciones de fracking tenían el potencial de contaminar tanto el aire como el agua en las comunidades cercanas en formas que podrían aumentar el riesgo de leucemia infantil. El equipo de Yale identificó 55 carcinógenos conocidos, o posibles carcinógenos, que se sabe son utilizados en operaciones de fracking y que pueden ser liberados en el aire y el agua, y de los cuales 20 están relacionados con la leucemia o el linfoma.

Respecto del riesgo de padecer asma, en Pensilvania, las personas que viven cerca de pozos activos de gas tienen de 1.5 a cuatro veces más probabilidades de sufrir ataques de asma que las que viven más lejos, siendo el grupo más cercano el que presenta el mayor riesgo

Un estudio realizado en Pensilvania en 2015, encontró un aumento de 40 por ciento en el riesgo de parto prematuro entre los bebés nacidos de madres que vivían cerca de un centro de perforación activa y emplazamientos de fracking ; mientras que un estudio realizado en Colorado en 2014 descubrió una incidencia elevada de defectos en los tubos neurales y de condiciones cardíacas congénitas. Asimismo, nuevos estudios en Texas y Colorado descubrieron una asociación con la muerte infantil, embarazos de alto riesgo y bajo peso en el recién nacido. Un estudio piloto realizado en 2017 en British Columbia descubrió niveles elevados de ácido mucónico –un marcador de la exposición al benceno– en la orina de mujeres embarazadas que viven cerca de las zonas de fracking .

4. Sismicidad inducida

Cada vez existe más evidencia sobre la mecánica que causa los terremotos a partir del fracking. A esto, hay que sumar que ningún modelo puede predecir cuándo o cómo ocurrirán los sismos o qué tan potentes serán. Nuevas investigaciones demuestran que los terremotos inducidos pueden ocurrir a varios kilómetros de los sitios de fracking .

Se sabe que la inyección de aguas residuales de fracking en pozos de eliminación subterráneos desencadena enjambres sísmicos en varios lugares, como han demostrado varios estudios importantes que emplearon distintas metodologías. Una nueva investigación en Canadá, Oklahoma (EUA) y China relaciona la práctica del fracking con los terremotos, incluyendo algunos que pueden desencadenarse a varios kilómetros de distancia de los pozos, e incluso varios años después, lo que sugiere que los riesgos sísmicos han sido subestimados, pues las áreas en riesgo son mucho mayores y éste perdura por períodos más prolongados de tiempo.

El número de terremotos de tres grados o superiores aumentó en Oklahoma, EUA a raíz del inicio del auge del fracking ; antes de 2009 se registraban menos de dos al año y para 2015, más de 900. El terremoto de 5.8 grados que azotó cerca de Pawnee el 3 de septiembre de 2016 fue el más severo en la historia de Oklahoma y dio lugar a que los reguladores estatales promulgaran una orden para cerrar 67 pozos de evacuación de aguas residuales en la zona. En octubre de 2016, la EPA recomendó una suspensión a la inyección subterránea de aguas residuales de fracking en algunas partes de Oklahoma que son propensas a los terremotos, pues las regulaciones no habían resuelto el problema. La frecuencia de los terremotos comenzó a disminuir en el estado en 2017. En febrero de 2018, después de una nueva serie de terremotos, el estado restringió aún más las actividades de fracking .

5. Liberación de materiales radiactivos naturales

Los materiales radiactivos naturales que se encuentran en las capas de lutita que contienen petróleo y gas natural, son llevados a la superficie en los residuos sólidos eliminados durante la perforación (esquirlas de perforación) y en las aguas residuales de fracking . Los radionúclidos también pueden acumularse en tuberías y equipos, y el fracking puede abrir vías para la migración de materiales radiactivos.

Varias sustancias radioactivas, incluyendo radio, torio y uranio, han sido detectadas en las aguas residuales de fracking . Un estudio realizado en 2018 en la región de la Cuenca de Lutitas de Marcellus demostró que la salinidad extrema, así como la composición química del fluido de fracking , interactúa con la lutita durante el proceso de fracturación, de manera que moviliza el radio, y provoca que las aguas residuales de esa actividad sean radiactivas.

Por otra parte, un estudio simultáneo del radio-226 en aguas residuales de fracking en la Cuenca de Lutitas de Bakken de Dakota del Norte, encontró riesgos potenciales a la salud humana debido a derrames de aguas residuales en el agua superficial.

Pocos países son los que han promovido alguna regulación para prevenir y atender los riesgos asociados con el fracking, entre los que encontramos a Canadá, Reino Unido, algunos estados de los Estados Unidos y Alemania. Sin embargo, es importante destacar que ningún marco reglamentario conocido a nivel internacional mitiga adecuadamente los múltiples riesgos de este método de extracción.

En nuestro país, los Lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales – emitidos por Conagua– y las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente para realizar las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales en tierra – emitidas el 16 de marzo de 2017 por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA)–, constituyen dos instrumentos regulatorios del fracking que, de acuerdo con distintos especialistas, también son insuficientes.

En efecto, del análisis de los Lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales, observamos que esta regulación carece de medidas de prevención de la sobreexplotación y la contaminación del agua, además de que no contribuye a garantizar la disponibilidad del recurso para dar cumplimiento los derechos humanos asociados al agua, como a continuación se explica:

1. Los Lineamientos permiten que, en caso de no existir disponibilidad de agua en la cuenca o acuífero donde se localice el área de exploración y extracción de hidrocarburos (área contractual), la persona o empresa autorizada podrá gestionar la transmisión de títulos de concesión para acceder a las aguas nacionales.

De acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales (LAN), la Conagua debe valorar el otorgamiento o negativa de la transmisión, cuando con ello se afecten derechos de terceros, o se alteren o modifiquen las condiciones hidrológicas o ambientales en la cuenca o acuífero. Aun cuando, en principio, parecería que la Conagua realiza una evaluación sobre la pertinencia de autorizar el cambio en la titularidad de derechos, los criterios para conceder lo anterior no están claramente definidos a nivel legal ni reglamentario, ni se garantiza que ellos tengan un enfoque de sustentabilidad. La flexibilidad e ineficacia de las disposiciones que regulan la transmisión de derechos ha sido criticada ampliamente, incluso al punto de señalarse que únicamente favorecen el surgimiento de mercados negros del agua.

2. A lo anterior, hay que sumar que una gran cantidad de cuencas ya se encuentran en extremo estrés hídrico, por lo que, contrariamente a otorgar o transmitir concesiones que requieren grandes volúmenes de agua, la Conagua debería estar evaluando la restricción de los volúmenes ya concesionados en la cuenca. Asimismo, antes de autorizar nuevas concesiones debería evaluar, primeramente, si la distribución del agua en la cuenca ya garantiza el derecho humano al agua, es decir, el agua para uso personal y doméstico.

La ausencia de garantías para dar cumplimiento al derecho humano al agua que se observa en la LAN, se reitera en los Lineamientos por ser estos una norma inferior que depende de la Ley, como resulta obvio. Y es que, de acuerdo con el artículo 6 de los Lineamientos, la solicitud de concesión de aguas para la extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, se sigue conforme al procedimiento establecido en la LAN, por lo que el criterio para su otorgamiento dependerá del orden en el que se hagan las solicitudes, y no del impacto ambiental o en la disponibilidad del agua que pudieran tener las actividades para las cuales se requiere el uso del agua.

3. Además de los problemas que para la disponibilidad del agua significa el modelo de otorgamiento de concesiones vigente, el artículo 5 de los Lineamientos permite que las empresas interesadas soliciten títulos para la extracción de aguas marinas interiores o del mar territorial, de manera que puedan desalinizarlas y ocuparlas posteriormente para la extracción de hidrocarburos. Esta disposición resulta problemática para la protección del medio ambiente, considerando que el fracking requiere grandes volúmenes de agua y la desalinización genera grandes cantidades de salmuera que terminan contaminando los cuerpos de agua.

4. La ausencia de medidas de prevención de la contaminación del agua en los Lineamientos se observan, por ejemplo, en el artículo 8, inciso i), que requiere a las empresas interesadas el listado de los aditivos a emplear para la preparación de los fluidos fracturantes. Aunque este requisito exige el señalamiento del nombre comercial, formulación química, identificación numérica para compuestos químicos, volumen a utilizar y hojas de datos de seguridad, no existe restricción alguna por parte de las autoridades respecto de cuáles aditivos pueden ser empleados y cuáles no.

5. Adicionalmente, el artículo 11 de los multicitados Lineamientos establece que la Conagua podrá monitorear los pozos para la extracción de aguas que construyan las empresas interesadas, previo aviso a las mismas. La primera deficiencia de esta disposición es que no se especifican los parámetros que se medirán para conocer la calidad del agua. En segundo lugar, dar aviso a los concesionarios del monitoreo de los pozos, puede provocar la modificación de las condiciones de la calidad para obtener resultados favorables y, en tercer lugar, no se advierte la finalidad de dicho monitoreo, lo cual es necesario para determinar qué está evaluado o qué consecuencias se impondrían a las empresas como resultado de una evaluación desfavorable.

6. Ahora bien, como antes se ha señalado, las sustancias utilizadas para el fracking, son altamente tóxicas y contaminantes, por lo que su disposición final debe estar estrictamente regulada para evitar daños al medio ambiente y a la salud humana. En el artículo 15 de los Lineamientos se establece que, para la disposición final de las aguas residuales del área contractual para la extracción de hidrocarburos, las empresas deberán seguir los procedimientos establecidos en la LAN, así como dar cumplimiento a las condiciones particulares que se establezcan en su permiso de descarga.

Una regulación tan laxa como la establecida en la LAN para la disposición final de aguas residuales altamente contaminantes no garantiza el cumplimiento de los derechos humanos a la salud y a un medio ambiente sano. En México ha habido una discusión importante respecto a las limitantes de la regulación sobre el tratamiento y disposición de aguas residuales, ya que los parámetros aquí establecidos no son acordes con las recomendaciones internacionales, además de no contemplar condiciones de descarga según los usos del agua. En este sentido, una regulación que ya es deficiente para la descarga de aguas utilizadas para el uso doméstico, agrícola o industrial, no puede considerarse idónea para la disposición de aguas que contienen sustancias químicas contaminantes, incluidas algunas reportadas como cancerígenas.

7. El artículo 16 establece que, en las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, las empresas tienen obligación de prevenir la infiltración de sustancias contaminantes al subsuelo y los acuíferos, para lo cual deben instalar capas impermeables que aíslen el terreno de perforación, y las áreas de depósito de fluidos y aditivos.

Estas medidas son insuficientes para prevenir filtraciones y contaminación de los acuíferos. El metano y los contaminantes relacionados con el fracking pueden llegar al agua subterránea a través de grietas en el revestimiento de los pozos, de espacios entre el revestimiento y el pozo y de fracturas y fisuras naturales que conectan las capas de lutitas con los acuíferos, y a través de pozos abandonados. La migración del metano a los acuíferos puede cambiar la química del agua en formas que movilizan los metales o liberan sulfuro de hidrógeno.

Ahora bien, respecto de los Lineamientos en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente para realizar las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales en tierra, emitidos por la ASEA, encontramos lo siguiente:

1. Estos disponen que las medidas de prevención de riesgos para la salud y la integridad humana y de protección al medio ambiente, se implementarán hasta en tanto su implementación no genere costos significativos o un grado de dificultad importante para el desarrollo de las actividades de fracking. Esta disposición establece, en su fracción II, que:

Artículo 7. Los Regulados deberán llevar a cabo las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales, conforme a los siguientes principios:

I. ...

II. La adopción de medidas o Barreras de control técnicas, operativas y/u organizacionales , asociadas a la fracción anterior, se deberá realizar hasta que se alcance un punto en el que el beneficio marginal de la adopción de medidas o Barreras adicionales sea superado por otras cuestiones, tales como el costo o grado de dificultad en la implementación .

De lo anterior puede desprenderse que los Lineamientos en materia de protección ambiental, anteponen criterios económicos a aquellos que deberían interesar a la sustentabilidad y la protección del medio ambiente.

2. Los Lineamientos de la ASEA tampoco consideran la liberación de contaminantes altamente tóxicos a la atmósfera como un peligro a considerar en las actividades de explotación y extracción en yacimientos no convencionales. Esto, porque su artículo 12 establece que las empresas reguladas deberán identificar, por sí mismas, los peligros asociados a las actividades antes mencionadas. Entre esos peligros considera el ruido, el manejo de materiales y residuos peligrosos, los impactos ambientales, los fluidos en contenedores de presión, las emisiones de metano, las explosiones, choques o colisiones y las instalaciones eléctricas, pero no contemplan la obligación de informar sobre la potencial emisión de materiales radioactivos que, como hemos mencionado antes, tienen un impacto en la salud de las personas de las poblaciones cercanas a los pozos donde se lleva a cabo el fracking.

3. Además de la insuficiencia en la regulación de la prevención de riesgos y daños al medio ambiente, el artículo 13 de estos Lineamientos permite a las empresas reguladas hacer su propia evaluación sobre la frecuencia, probabilidad e impacto de posibles situaciones de riesgo o emergencia; es decir, que no se exige de las autoridades una evaluación imparcial que pueda imponer controles y supervisión a las empresas que lleven a cabo fracking.

4. Como antes se estableció, se ha encontrado evidencia respecto al aumento en la actividad sísmica en zonas donde se realizan operaciones de fracking, a causa de las perforaciones que las empresas llevan a cabo para la construcción de pozos. A razón de esto, por ejemplo, el Reino Unido suspendió este método de extracción de hidrocarburos desde 2019, por temor a que pueda inducir a una mayor actividad sísmica.

A este respecto, observamos que los Lineamientos de la ASEA exigen a las empresas reguladas informar y conservar los documentos que den cuenta de la actividad sísmica en las áreas autorizadas para la extracción en yacimientos no convencionales, pero no contemplan de forma alguna el monitoreo de la actividad sísmica que puede generarse como consecuencia de dichas actividades.

5. Otros problemas de regulación ambiental detectados son:

• Los lineamientos para reducir los riesgos e impactos ambientales establecidos en el artículo 41 no especifican procedimientos de mitigación del riesgo en la preparación, acondicionamiento, uso, manejo y disposición final de los fluidos y materiales utilizados;

• Las empresas reguladas no están obligadas a realizar el tratamiento del fluido de retorno para disminuir con ello el volumen de aguas de primer uso en los trabajos de fracturación, sino que podrán realizarlo “cuando sea posible”;

• Las empresas reguladas definen por ellas mismas las características de peligrosidad del fluido de retorno, además que no están obligados a entregar esa información a menos que la autoridad la requiera;

• Existe ambigüedad respecto a “las mejores prácticas” con las cuales deben construirse los pozos de disposición para el fluido de retorno, mismo que, en caso de permanecer en el subsuelo, puede tener implicaciones para la calidad del agua subterránea. Si además consideramos que los Lineamientos de Conagua no exigen una disposición específica para las aguas residuales que se producen con las actividades de extracción aquí estudiadas, los riesgos aumentan; y

• Únicamente se prevén disposiciones para prevenir fugas de gas metano, sin embargo, existe evidencia sobre una gran cantidad de otros contaminantes a la atmósfera que tienen repercusiones importantes para la salud, y que no están siendo tomados en cuenta para evitar los riesgos asociados a ellos.

6. Tanto los lineamientos emitidos por Conagua, como los emitidos por la ASEA, adolecen de problemas de ambigüedad, imprecisión e insuficiencia en la regulación del impacto ambiental.

Adicionalmente, como adelantamos en el punto 5, en los Lineamientos se observan disposiciones diversas que permiten una autorregulación por parte de las empresas interesadas, lo que consecuentemente genera una ausencia por parte de la autoridad para hacer valer ciertos controles que eviten la ocurrencia de emergencias o daños al medio ambiente. Ejemplo de ello es el artíuclo 23, que reconoce la figura de los terceros autorizados para evaluar y dictaminar técnicamente el cumplimiento de la normatividad aplicable por parte de las empresas que presentan proyectos de exploración o extracción, situación que no garantiza imparcialidad ni confiabilidad en la evaluación que de las empresas se haga.

Otro ejemplo se encuentra en el artículo 27, que exige a las empresas reguladas la no afectación de áreas ambientales sensibles, corrientes perennes, cuerpos de agua y núcleos poblacionales, lo cual se determina a partir de los resultados derivados de un Análisis de Riesgos elaborado por la propia empresa, de conformidad con el artículo 10 de los Lineamientos.

Una vez expuesto el análisis sobre la insuficiencia regulatoria en materia de prevención de daños a la salud humana, el medio ambiente y la calidad del agua de los Lineamientos emitidos por la Conagua y la ASEA para las actividades de explotación y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, conviene recordar que en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se encuentran pendientes de dictamen dos iniciativas presentadas durante esta LXIV Legislatura.

Las iniciativas, turnadas a la Comisión de Energía, plantean reformar la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos para prohibir la práctica del fracking, entre otras cuestiones:

Por las razones antes expuestas, consideramos de interés público conocer si durante el actual gobierno se han llevado a cabo actividades de extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales por parte de Pemex o alguna de sus empresas productivas; así como si se ha dado cumplimiento a la normatividad emitida por Conagua y la ASEA en esta materia, misma que –como hemos explicado reiteradamente a lo largo de este documento– es insuficiente para prevenir efectivamente los daños a la salud humana, el medio ambiente y la calidad del agua, asociados a la práctica del fracking.

Por lo anteriormente expuesto, se proponen los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director de Petróleos Mexicanos a transparentar si esta empresa productiva del Estado ha realizado actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, particularmente en los pozos Maxochitl-1Exp; Kaneni-1Exp; y Pankiwi-1Exp, ubicados en Puebla y Veracruz.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director de Petróleos Mexicanos a que, en caso de haber realizado actividades de extracción de hidrocarburos en los pozos señalados en el primer punto, transparente los documentos que den cuenta del cumplimiento de la normatividad vigente emitida por la Comisión Nacional del Agua en materia de protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales; así como de la normatividad vigente en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente para realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales en tierra, emitida por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a transparentar los dictámenes técnicos presentados por Petróleos Mexicanos para informar del cumplimiento de la normatividad emitida por dichas dependencias en materia de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, particularmente, respecto de los pozos señalados en el primer punto.

Cuarto. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Energía de esta honorable Cámara de Diputados, a continuar con el análisis y discusión de las iniciativas con proyecto de decreto presentadas por legisladores de esta LXIV Legislatura, en las cuales se propone la prohibición de la práctica del fracking en nuestro país, a fin de evitar los daños a la salud humana y al medio ambiente asociados a este método de extracción de hidrocarburos, en atención al principio precautorio en materia ambiental.

Notas

1 Presidencia de la República (2019). 100 compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador a un año del triunfo. Disponible en: https://presidente.gob.mx/100-compromisos-del-presidente-andres-manuel- lopez-obrador-a-un-ano-del-triunfo/. (Consultado el 2 de febrero de 2021)

2 Ídem.

3 Conferencia del miércoles, 20 de mayo de 2020. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=DSvP8UT9yWI&feature=youtu.be. (Consultada el 29 de enero de 2021)

4 Ídem.

5 Información obtenida mediante la solicitud de acceso a la información pública con folio 1857500073120, presentada por las organizaciones de la Alianza Mexicana contra el Fracking a Pemex Exploración y Producción el 6 de octubre de 2020. Enlace disponible en su boletín de prensa de fecha 2 de diciembre de 2020: https://nofrackingmexico.org/pemex-le-miente-al-presidente-hace-frackin g-y-usa-agua-de-forma-ilegal/ (Consultado el 4 de febrero de 2021)

6 Los nombres de estos pozos son Chaxán-1Exp y Semillal-1Exp.

7 Respuesta otorgada por Pemex Exploración y Producción a la solicitud de información promovida por organizaciones de la AMCF, disponible en: https://www.dropbox.com/s/y6ccm7lg79mtnu5/Pemex%20-%201857500073120.pdf ?dl=0. (Consultada el 10 de febrero de 2021)

8 Respuesta otorgada por Conagua a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 1610217620, promovida por organizaciones de la AMCF, disponible en: https://www.dropbox.com/s/qb9dzf0n744dpjy/Conagua%20-%201610100217620.p df?dl=0 (Consultada el 10 de febrero de 2021)

9 Alianza Mexicana contra el Fracking. “Pemex le miente al Presidente: hace fracking y usa agua de forma ilegal”. 2 de diciembre de 2020. Disponible en:

https://nofrackingmexico.org/pemex-le-miente-al-presiden te-hace-fracking-y-usa-agua-de-forma-ilegal/. (Consultado el 4 de febrero de 2021)

10 Disponible en: https://concernedhealthny.org/

11 Hays, J., &amp; Shonkoff, S. B. C. (2016). Toward an understanding of the environmental and public health impacts of shale gas development: An analysis of the peer-reviewed scientific literature, 2009-2015. PLOS One, 11(4), e0154164. doi: 10.1371/journal.pone.0154164

12 Ferrar, K., Jackson, E., & Malone, S. (2019). Categorical review of health reports on unconventional oil and gas development: Impacts in Pennsylvania. FracTracker Alliance Issue Paper. Disponible en

https://www.delawareriverkeeper.org/sites/default/files/ FracTrackerAlliance_DRKHealthReview_Final_4.25.19_0.pdf)

13 La información aquí presentada es una síntesis del Compendio de hallazgos científicos, médicos y de medios de comunicación que demuestran los riesgos y daños del fracking (extracción no convencional de gas y petróleo), op. cit.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2021.

Diputada Laura Mónica Guerra Navarro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la SRE para que haga del conocimiento público la situación laboral de al menos 80 trabajadores de consulados a quienes a finales de diciembre se anunció su despido, a cargo de la diputada Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Saraí Núñez y las y los diputados pertenecientes a esta LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que haga del conocimiento público, la situación laboral que enfrentan al menos 80 trabajadores que a finales de diciembre se les anunció su despido de los distintos consulados en los que prestaban sus servicios, bajo el argumento que el Departamento de Estado no renovaría sus visas A2, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

El Comité de Empleados Consulares mexicanos en Estados Unidos envió una carta al secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, en la que le piden resolver la situación que enfrentan al menos 80 trabajadores que a finales de diciembre se les anunció su despido de los distintos consulados en los que prestaban sus servicios, bajo al argumento que el Departamento de Estado no renovaría sus visas A2 en los meses próximos.

Nos extraña esta decisión en esta época tan difícil donde hay una crisis laboral, económica y de salud en el país y en donde los esfuerzos del gobierno federal deben de ser humanitarios y solidarios no lo contrario con los trabajadores, el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia del pasado 8 de enero se comprometió a no eliminar el derecho de trabajo de los empleados consulares, pero este solo es letra muerta, ya que fueron despedidos más de 80 trabajadores. Es un hecho sin precedentes que comenzó a ocurrir el 23 de diciembre pasado, justo al día siguiente en donde declaró en medios: “Nos encontramos en negociaciones para resolver su situación laboral que es incierta y no es justa”.1

Este acto unilateral e inesperada de los despidos dejó a docenas de empleados con más de 20 años de servicio y a nuestras familias en el limbo laboral, económico, sin un estatus migratorio en Estados Unidos y sin tiempo ni recursos suficientes para realizar preparativos básicos para un regreso digno y ordenado a nuestro país, en contexto inusualmente complicado determinado por la emergencia sanitaria del Covid19.

Es por lo anterior que es imperante se le dé contestación a este punto de acuerdo y se le dé respuesta a los empleados locales consulares que solicitan la reinstalación inmediata de los trabajadores despedidos o en su defecto, indemnización o compensación acorde sus años de servicio y que se resuelva su situación consular dando una moratoria en todos los despidos hasta que el Departamento de Estado emita una decisión sobre las visas A2. Así como el reconocimiento oficial de empleados como trabajadores de la Secretaría, con todos los derechos y obligaciones que la ley laboral indica.

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que haga del conocimiento público, la situación laboral que enfrentan al menos 80 trabajadores que a finales de diciembre se les anunció su despido de los distintos consulados en los que prestaban sus servicios, bajo el argumento que el Departamento de Estado no renovaría sus visas A2.

Nota

1 https://conexionmigrante.com/2021-/01-/14/
despiden-a-80-trabajadores-de-consulados-de-mexico-en-eeuu-exigen-reinstalacion-o-pago/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2021.

Diputada Saraí Núñez Cerón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la STPS a apoyar el acceso al subsidio para crear los tribunales laborales locales en BC, a cargo de la diputada Miriam del Sol Merino Cuevas, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Miriam del Sol Merino Cuevas, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El 24 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones a los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral.

El 1º de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva.

El 29 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos por los que se establecen las bases y requisitos que deberán cumplir las Entidades Federativas para acceder al subsidio destinado a la Segunda Etapa de Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral.

La reforma en materia de Justicia Laboral tiene como objetivo que la impartición de justicia sea de una manera más ágil, expedita e imparcial.

En las entidades federativas se crearán tribunales laborales dependientes del Poder Judicial que sustituirán a las juntas laborales de conciliación y arbitraje locales.

El estado de Baja California se encuentra en la segunda etapa de la implementación de la reforma laboral en materia de justicia laboral, iniciando operaciones en octubre de 2021.

En el Presupuesto de Egresos para el estado de Baja California en el ejercicio 2021 no se contempla una partida destinada específicamente a la creación de los tribunales laborales locales.

Existe preocupación por diversos sectores de la sociedad y autoridades por el cumplimiento en tiempo de la instalación e implementación de los tribunales laborales en el estado de Baja California para octubre de 2021.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó los lineamientos para acceder al subsidio destinado a la Segunda Etapa de Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, específicamente para la creación de los Centros de Conciliación y Tribunales Laborales Locales.

El 15 de marzo de 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Baja California (TSJBC) documentó todos los requisitos para solicitar los fondos federales para la creación de los Tribunales Laborales Locales.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el apoyo para acceder al subsidio para la creación de los Tribunales Laborales Locales en el Estado de Baja California.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Baja California para que incorpore en su presupuesto de egresos la partida correspondiente a la creación de los tribunales laborales locales para el Estado de Baja California.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2021.

Diputada Miriam Del Sol Merino Cuevas

Con punto de acuerdo, para exhortar a autoridades federales y estatales a dirimir el conflicto respecto a los terrenos del albergue Oasis de San Juan de Dios, en Conkal, Yucatán, a fin de garantizar la seguridad y los derechos humanos de quienes viven con VIH, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Martha Tagle Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6; numeral 1, fracción II del artículo 79 y numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 2 de marzo se suscitaron hechos violentos en el albergue Oasis de San Juan de Dios, ubicado en Conkal, Yucatán. De acuerdo con las versiones periodísticas se informó que diversas personas que portaban machetes y algunos otros objetos punzocortantes, acompañadas por la Policía municipal y la jueza de paz, ingresaron por la fuerza al albergue, lanzando amenazas y amedrentando al personal que trabaja en él con la finalidad de que desalojaran el inmueble.1

Lo anterior es una violación grave a los derechos humanos de las personas que habitan el albergue, ya que en éste se atiende a personas que viven con VIH o que ya tienen el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, su labor es sin fines de lucro, por lo que parte de estos terrenos es utilizada como granja de cerdos, que es uno de los medios de subsistencia del albergue.

Quienes laboran en el albergue han señalado y confirmado que los terrenos que por años ha utilizado el albergue Oasis de San Juan de Dios fueron donados por un grupo de personas de la comunidad de Conkal.2

En ese sentido, han reiterado que el Oasis de San Juan de Dios es una organización sin fines de lucro que inició sus trabajos en 1996, a través de un grupo de personas que fueron directa o indirectamente afectados por la pandemia del VIH y SIDA.

Hasta el día de hoy, su trabajo es totalmente gratuito y se enfoca a brindar atención a las personas que viven con VIH, en su mayoría indígenas. Entre otros servicios ofrece atención integral en aspectos como vivienda, rehabilitación, defensa de los derechos humanos, la prevención y capacitación, incidencia política, la promoción, y servicios funerarios. Las personas beneficiarias son la gente de escasos recursos y sin seguridad social, de todas las edades, con prioridad al campo rural e indígenas que viven con VIH/SIDA.

Es necesario subrayar que el albergue cumple una función social muy relevante pues cubre necesidades básicas de las personas que viven VIH ante la ausencia de políticas públicas integrales de atención por parte del Estado.

Este problema sobre el desalojo inició desde 1996, ya que en el municipio se ha documentado la celebración de asambleas ilícitas entre ejidatarios de Conkal para disputar las tierras que le fueron donadas al albergue en 1986. En ese sentido, señalan que en aquellos años, el Tribunal Unitario Agrario emitió una sentencia favorable al albergue Oasis y le otorgó la posesión del terreno en disputa.3 Es preciso señalar que, el Oasis de San Juan de Dios, que alberga y defiende derechos de personas que viven con VIH, tiene la posesión de esos terrenos desde 1986.

Pese a la existencia de la sentencia, un comisario ejidal de la localidad les empezó a comprar los títulos a otros ejidatarios y se los vendió a las constructoras. En 2011, se presentó una persona que aseguró ser agente ministerial quien pidió el desalojo del predio porque había otros dueños. El 18 de septiembre de 2013, empresarios de la industria inmobiliaria reclamaron la posesión de los terrenos del Oasis e invadieron la mitad del área correspondiente a la granja bajo con argumento de que nadie la utilizaba. Fueron acompañados por elementos de las Policías estatal y municipal, además de maquinaria para tomar posesión del predio, acompañados de un notario de la entidad.

Ese mismo día, el señor Carlos Renán Méndez Benavides, presidente y director del albergue, presentó denuncia en la Agencia Trigésimo Quinta del Ministerio Público del Fuero Común misma que quedó registrada con el número de averiguación previa 35/2399/2013, pese a que ya han transcurrido casi 8 años, el fiscal investigador no se ha pronunciado sobre el destino de la referida indagatoria, en el sentido de decretar el ejercicio o no de la acción penal, lo anterior acarrea responsabilidad al Agente del Ministerio Publico, puesto que, es su obligación tomar todas las medidas necesarias para la investigación e integración de las averiguaciones previas, a partir de que tienen conocimiento de un hecho que reviste características de un delito, dictando la resolución que concluya con dicha averiguación y que en derecho proceda, esto es, el no ejercicio de la acción, la formulación de la imputación, o bien la reserva de diligencias, con motivo de alguno de los supuestos que prevé la ley.

Ante el intento de desalojo que volvió a presentarse el pasado 2 de marzo la Red Mexicana de Organizaciones en contra de la Criminalización del VIH, acompañada de más de treinta organizaciones de la sociedad civil nacionales y con trabajo local en diversos estados de la República Mexicana, emitieron un pronunciamiento en el que manifiestan su solidaridad con el albergue de Oasis de San Juan de Dios, por la importante actividad que desarrollan en Conkal, Yucatán, al tiempo que exigen el cese al hostigamiento en contra de la agrupación y de su presidente, Carlos Renán Méndez Benavides.

Cabe señalar que al caso del albergue se suman más de 500 asuntos acorde al Programa Estratégico del Registro Agrario Nacional 2021-2024 de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que ha documentado que en el país se tienen identificados más de 500 conflictos agrarios, 80 por ciento de ellos de gran relevancia, por su impacto social y medio ambiental.

También se advierte que la corrupción se identificó tanto en servidores públicos representantes de ejidos y comunidades, como litigantes y gestores. “En muchos casos se trataba de funcionarios del sector, quienes ejercían presión y hasta violencia y despojo, en complicidad con agentes inmobiliarios para lograr la enajenación de tierras ejidales”.4

Nuestra Constitución política señala expresamente en su artículo 27 que “La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana”.

En ese sentido el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el despacho de los siguientes asuntos:

“I. Elaborar y conducir las políticas de vivienda, ordenamiento territorial, desarrollo agrario y urbano, así como promover y coordinar con las entidades federativas, municipios y, en su caso, las alcaldías de la Ciudad de México, la elaboración de lineamientos para regular:

b) La regularización de la propiedad agraria y sus diversas figuras que la ley respectiva reconoce en los ejidos, las parcelas, las tierras ejidales y comunales, la pequeña propiedad agrícola, ganadera y forestal, los terrenos baldíos y nacionales, y los terrenos que sean propiedad de asociaciones de usuarios y de otras figuras asociativas con fines productivos.”

Por lo anterior, consideramos que es urgente que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano atraiga el asunto para que, con base en sus facultades y atribuciones, dirima el problema ejidal que existe en el terreno donde se encuentra el albergue Oasis de San Juan de Dios.

En el mismo sentido, resulta necesario que el titular del Ejecutivo del estado de Yucatán, Mauricio Vila Dosal y la presidenta municipal de Conkal, Hiselle del Carmen Díaz del Castillo Canché, reconozcan las sentencias del Tribunal Unitario Agrario y otros tribunales en reiteradas ocasiones han sido otorgadas en favor del albergue Oasis San Juan de Dios, toda vez que este conflicto ha derivado, como ya ha sido documentado, en violaciones graves a los derechos humanos de las personas que viven ahí, por parte las Policías estatal y municipal de la entidad, lo cual debilita a las instituciones y en consiguiente el estado de derecho, por lo que estos hechos deben ser investigados para sancionar al funcionariado público que resulte responsable.

Asimismo, es necesario exhortar al fiscal general del estado de Yucatán para que ordene al fiscal adscrito a la Agencia Investigadora Especial Número Trigésimo Quinta del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, se pronuncie sobre el ejercicio o no de la acción penal, tomando en consideración que la indagatoria se inició en el mes de septiembre de dos mil trece y proceda a acordar lo conducente, y resuelva sobre la averiguación previa 35/2399/2013 iniciada con los hechos denunciados por el señor Carlos Renán Méndez Benavides.

Por otra parte, es indispensable que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán investigue las posibles violaciones a los derechos humanos respecto de los hechos ocurridos el 2 de marzo de este año en el municipio de Conkal, en los que están involucradas autoridades estatales y del nivel municipal.

Finalmente, desde el Legislativo se hace un llamado para que el albergue denominado Oasis de San Juan de Dios quede protegido por la ley y para que las instituciones involucradas diriman el conflicto existente entre los ejidatarios y la organización de la sociedad civil a la que fueron donados los terrenos, con el fin de velar por el bien común y proteger los derechos humanos de las personas que viven en el albergue Oasis San Juan de Dios.

Por lo anteriormente expuesto se someten a consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Yucatán y a la presidenta municipal de Conkal, a resolver de manera definitiva el conflicto respecto los terrenos del albergue Oasis de San Juan de Dios, ubicado en Conkal, Yucatán, a fin de garantizar la seguridad y protección de los derechos humanos de las personas que habitan dicho albergue.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que en el marco de sus atribuciones, tome las medidas necesarias para dirimir el conflicto respecto a los terrenos del albergue Oasis de San Juan de Dios, ubicado en el municipio de Conkal, Yucatán.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán a investigar las posibles violaciones a los derechos humanos de las personas que viven con VIH y son beneficiarias de los servicios que brinda el albergue Oasis de San Juan de Dios, ubicado en Conkal, Yucatán.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al fiscal general del estado de Yucatán a realizar las investigaciones pertinentes a fin de esclarecer los hechos denunciados en la averiguación previa 35/2399/2013 del índice de la Agencia Investigadora Especial Número Trigésimo Quinta del Ministerio Público del Fuero Común, con motivo de los hechos denunciados por el señor Carlos Renán Méndez Benavides en septiembre de 2013.

Notas

1 Con machetes y amenazas, invaden terreno de Oasis San Juan de Dios, 3 de marzo de 2021, Haz Ruido MX, disponible en: https://www.hazruido.mx/reportes/con-machetes-y-amenazas-invaden-terren o-de-oasis-san-juan-de-dios/ Última consulta: 19 de marzo de 2021.

2 Este grupo de personas forman parte de una fundación llamada Retiro de Ancianos San Juan de Dios A.C. y desde el año de 1986 construyen un asilo para ancianos.

3 La insoportable discriminación por VIH, La Silla Rota, 06 de marzo de 2021, Disponible en: https://lasillarota.com/opinion/columnas/la-insoportable-discriminacion -por-vih/493149 Última consulta: 19 de marzo de 2021.

4 México tiene 500 conflictos agrarios; 80% de “gran relevancia”: Sedatu. La Jornada. Fecha de consulta: 17 de marzo del 2021. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/24/sociedad/mexico-tiene-500-c onflictos-agrarios-80-de-gran-relevancia-sedatu/ Última consulta: 19 de marzo de 2021.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2021.

Diputada Martha Tagle Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a establecer por la Sader y la Profeco mecanismos de coordinación, vigilancia y seguimiento de los productos de la canasta básica, con especial énfasis en el precio de la tortilla, a cargo de la diputada Alba Silvia García Paredes, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, Alba Silvia García Paredes, Diputado Federal e integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El sector agropecuario mexicano ha sido vulnerado por años y ante los desafíos que enfrenta actualmente México y el mundo, es necesario contar con precios justos y estables de los productos de la canasta básica alimenticia; sobre todo porque cerca del 6% de la Población Ocupada no recibe un ingreso; el 20%, de esta misma población vive con un salario mínimo y sólo el 13% ganan de 3 a 5 salarios mínimos. Adicionalmente cerca de 31.3 millones de personas trabajan en el sector informal;1 familias que hoy se ven afectadas y que no han podido estabilizar su economía familiar.

A partir del maíz se obtiene un alimento básico en la dieta de los mexicanos, las tortillas, por ello las variaciones que tenga el maíz y la producción de tortillas, afectan en la alimentación básica de la población vulnerable que vive al día y que enfrentan varias dificultades para poder alimentarse.

Si bien las que autoridades federales y productores de Aguascalientes, Hidalgo, Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas aseguraron una buena cosecha de maíz para el ciclo agrícola 2019-2020, esto no justifica que el costo de las tortillas suba entre 25 y 35 por ciento, por otro lado, para el ciclo de otoño – invierno 2020 – 2021 los productores de maíz no cuentan con insumos ni financiamiento, lo cual complica la estabilización en el precio de las tortillas.

Sin embargo, las comercializadoras y distribuidoras justifican el alza del precio de la tonelada de maíz, por el costo de la harina de maíz, gas y electricidad, dado que debido al impacto negativo que ha ocasionado la contingencia sanitaria del Covid-19 en la economía nacional, adicionalmente la incertidumbre a nivel internacional y el mercado bursátil.

Indudablemente el encarecimiento del maíz afecta a los productores de tortilla ocasionando variaciones e incremento en el precio. En distintos puntos del país la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco, ha reportado que el precio de la tortilla ha tenido variaciones hasta alcanzar los 20 pesos el kilo.

Si consideramos que, de acuerdo con datos del Coneval, en las comunidades rurales una canasta alimenticia tiene un valor de $1,149.18 mientras que en las ciudades su valor es de $1,623.19, no toda la población tiene las posibilidades para adquirir una canasta básica alimenticia integral.

Gráfica 1

Precio de Tortilla en tortillerías 2010-2021

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM). Secretaría de Economía y el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera

Como podemos observar en 11 años, se ha elevado el precio de ésta al doble, pero el problema no es solo el incremento del precio también lo es, la pérdida del poder adquisitivo, lo cual afecta principalmente al bolsillo de la población mexicana.

De acuerdo con datos de la Profeco en algunas ciudades que son pilares de desarrollo y referentes, como son: Cancún en Quintana Roo, Tampico en Tamaulipas, Monterrey en Nuevo León y diversas alcaldías de la Ciudad de México, el precio del kilo de tortilla se ha elevado registrando precios de hasta 20 pesos por kilo, en un periodo corto de tiempo, que rondan las dos semanas.

Gráfica 2

Precio mínimo y máximo que alcanza el kilo de tortilla en algunas Ciudades de la Republica Mexicana.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Profeco y nota Aumenta precio de tortilla en México; alcanza hasta $20 por kilo en algunas ciudades

El precio del kilogramo de tortilla en diferentes puntos de la república fluctúa entre los 10 pesos y alcanza hasta los 24 pesos debido al incremento en el precio de los insumos para su elaboración: luz, gas y harina.

Si bien el precio del kilogramo de tortilla es libre y se establece con base en la ley de la oferta y la demanda, lo cierto es que un incremento a los productos básicos afecta la alimentación diaria de la población más vulnerable.

Por otro lado, el ciudadano Vicente Álvarez Delgado, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sistema Producto Maíz alertó que para marzo se verá reflejado en México la caída de al menos 30 por ciento en los inventarios del grano.2

De no controlarse, provocará que el maíz blanco para tortilla eleve el precio por encima del precio de referencia establecido por Seguridad Alimentaria Mexicana SELGAMEX.

Gráfica 3

Kilos de Tortillas que se pueden comprar con el salario mínimo al precio de 1982, 2000, 2010, 2015, 2020, 2021

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM). Secretaría de Economía y el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.

Durante 1982 se podían adquirir 57.83 kilos de tortilla con un salario mínimo, y actualmente solo 7.09 kilos. Si bien del 2010 a la fecha, se observa un ligero incremento del poder adquisitivo en relación con el precio de la tortilla, es necesario garantizar la producción de maíz para poder cubrir con esta necesidad básica.

Es importante tener presente que desde 1982, que fue el pico más elevado del poder adquisitivo, las crisis y cambios sexenales han provocado una pérdida en el poder adquisitivo de la población, mismo que a raíz del incremento del salario mínimo y otras modificaciones a las leyes, se ha logrado incrementar.

Por la seguridad alimentaria de México, es necesario fortalecer a los productores de maíz, tortillas y a los consumidores nacionales, de esa manera ganan los productores y se garantiza la alimentación de la población en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es necesario exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Procuraduría Federal del Consumidor para que a través de su actuación se logre estabilizar el precio de la tortilla. De tal manera que presento a esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Gobierno Federal, para que a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Procuraduría Federal del Consumidor a establecer los mecanismos de coordinación, vigilancia y seguimiento de los productos que integran la canasta básica, con especial énfasis en el precio de la tortilla.

Notas

1 Datos del Inegi 2020.

2 Milenio, Aumenta precio de tortilla en México; alcanza hasta $20 por kilo en algunas ciudades, https://amp.milenio.com/negocios/precio-de-la-tortilla-2021-sube-en-mex ico

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo 2021.

Diputada Alba Silvia García Paredes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades competentes a atender los cortes de suministro de agua potable por la escasez en la presa Calderón, en Jalisco, a cargo de la diputada Socorro López Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Socorro López Martínez, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a las autoridades competentes a atender la problemática derivada de los cortes de suministro de agua potable por la escasez de agua en la Presa Calderón en Jalisco.

Consideraciones

En 2010, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el organismo internacional con sede en Ginebra hizo constatar que el derecho al agua y su respectivo saneamiento es un elemento imprescindible e inalienable para una vida humana digna.

En nuestro país, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reporta que del total de hogares solo 68 por ciento del total cuenta con una dotación diaria de agua, mientras que 7 por ciento no reciben agua por tubería o la consiguen de otros lugares, siendo, 22 millones 428 mil 142 y 2 millones 085 mil 208 respectivamente. A pesar de que 93 por ciento del total, es decir, 30 millones 840 mil 62, cuentan con una infraestructura para tener acceso a esta1 , tal y como se aprecia en el siguiente cuadro.

Considerando la composición de personas por hogar en el país, con base en el comunicado de prensa núm. 24/21 del Inegi2 (3.6 personas por vivienda), da como resultado que, 37 millones 789 mil 600 personas no cuentan con un servicio diario de agua, mientras que 7 millones 506 mil 748 personas no reciben este servicio.

Garantizar el acceso de agua potable como derecho humano básico inalienable para el desarrollo integral de todo individuo dentro del territorio, está integrado en los artículos 1o., 4o. y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

El artículo 1o. se establece que “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías de su protección.”3 Por su parte, en el artículo 4o., en el párrafo sexto, queda expresado de manifiesto que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”4 . Mientras que en la fracc. III, inciso a) del artículo 115, queda definido que será responsabilidad y obligación de los municipios las funciones correspondientes a “agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.”5 Actualmente, en la zona metropolitana de Guadalajara6 , población de más de 5 millones de habitantes, se encuentra en una gran problemática ante la severa escasez de agua potable. Los municipios afectados son los de Zapopán, Tlaquepaque, Tonalá7, 8 y Guadalajara, conformando más de 213 colonias afectadas según lo declarado en el comunicado del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua (SIAPA).9 El municipio de Zapopan, es el que más concentra colonias afectada pues engloba 64.32 por ciento del total, con 13710 ; Guadalajara con 3411 colonias (15.96 por ciento), Tlaquepaque con 2212 (10.33 por ciento) y Tonalá con 2013 (9.39 por ciento).

Número de colonias sin acceso a agua por municipio en la ZMG

Las causas explicadas por el gobierno de Jalisco y SIAPA es que las pocas lluvias presentadas durante el año pasado “no fue lo suficientemente vasto para mantener el volumen necesario de la presa de Calderón en Jalisco que es una de las principales fuentes que abastece agua en bloque para el proceso de potabilización y distribución en una zona del área metropolitana de Guadalajara. Por tal razón, no se podrá extraer líquido para su distribución, aunado a otras circunstancias como el inicio del estiaje y las altas temperaturas que se han presentado en los últimos días.”14

A pesar de las condiciones naturales que originaron la escasez, es responsabilidad de los municipios y las instituciones correspondientes, garantizar este importante recurso de manera total y establecer alternativas eficientes para que no sufran de la carencia de agua. Por otra parte, la mala planeación e incapacidad técnica del SIAPA, ha contribuido a que esta situación empeore aún más15 .

Diversos pobladores de las colonias provenientes de los municipios antes mencionados han demandado que se reestablezca el servicio, a razón de que el abasto de pipas es insuficiente, medida que el gobernador de Jalisco ha impulsado para cubrir esta problemática y que ha resultado ineficiente16 .

Ante tal panorama violatorio de los derechos humanos, la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) ha exhortado al “sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado y a los ayuntamientos del área metropolitana de Guadalajara, ...informen con toda claridad el origen de la escasez de agua potable para que, conscientes de su alta responsabilidad en la toma de decisiones, ante la insuficiencia en el abastecimiento, se lleven a cabo las acciones de coordinación y de todas las que resulten accesorias a fin de atender las deficiencias técnicas y se garantice el acceso en condiciones de calidad, accesibilidad, asequibilidad, no discriminación y participación ciudadana.”17

Es necesario definir nuevas líneas de acción para emitir estrategias más eficientes para que se le proporcione el acceso al agua y garantizar que todos los residentes de las zonas más afectadas puedan dejar de afrentarse a esta problemática. Tales como un acceso más intensivo de pipas de agua a la población, para que no deban adquirirla con privados, y se garantice en condiciones de calidad, accesibilidad, asequibilidad y no discriminación.

Es por lo expuesto que someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Jalisco, al Sistema intermunicipal de los servicios de agua potable y alcantarillado y a los gobiernos municipales de Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque y Zapopan, para que dentro del ámbito de sus atribuciones garanticen el acceso de agua potable a la población afectada por los cortes de suministro derivado de la escasez de agua de la Presa Calderón.

Notas

1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/agua20 18_Nal.pdf

2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSoci odemo/ResultCenso2020_Nal.pdf

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.p df

4 Ídem.

5 Ídem.

6 Conformada por los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Tlajomulco de Zúñiga, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Acatlán de Juárez y Zapotlanejo en los Altos de Jalisco.

7 Alberos, Artesanos, Altus Tlaquepaque, Arrayanes, Balcones Santa María, Campesino, Cantera Colorada, Colorines, El Jagüey, El Vergel, Fovissste Miravalle, Jardines de San Martín, La Floresta, Las Lomas Residencial, Lomas del Cuatro, Miravalle, Nueva España, Nueva Santa María, Órgano, Santa Cruz de Las Huertas, Vergelito y Villas del Tapatío

8 Alamedas de Zalatitán, Ciudad Aztlán, Fidel Velázquez, La Jalisco segunda sección, La Mesa, Las Lomas, Loma Dorada, Los Pocitos, Mirador I y II, Pinar de Las Palomas, Privada de La Reyna, Rey Xólotl, Tonantzín, Valenciana, Vistas del Rey, Xocoxóchilt y Zalatitán

9 https://www.siapa.gob.mx/prensa/siapa-inicia-estrategia-para-garantizar -el-abasto-de-agua-en-el-amg

10 Agraria, Agua Fría, Alamedas de Tesistan, Alcázar Oriente, Altamira, Arroyo Hondo, Arboledas, Atlas Colomos, Auditorio, Balcones de La Cantera, Belenes Norte, Benito Juárez, Bosque Escondido, Cabañitas, Cantera Morada, Canteros, Colinas de Tabachines, Conjunto Patria, Constitución, Constituyentes, Crucero de La Mesa, Crucero de La Azalea, Crucero de Los Novelistas, Crucero de División del Norte, Ecológica, Seattle, El Capullo, El Paraíso, El Prado, El Vigía, Emiliano Zapata, Fovissste, Guadalajarita, Gusa, Hacienda de Las Lomas, Indígena de Mezquitán, Industrial Los Belenes, Jacarandas, Jardines de La Esperanza, Jardines de La Patria, Jardines de Los Belenes, Jardines de Tabachines, Jardines del Auditorio, Jardines del Porvenir, Jardines del Vigía, Jardines Seattle, Jardines Universidad, Jardines Vallarta, Juan Manuel Vallarta, Junta de Los Ocotes, La Aurora, La Coronilla, La Experiencia, La Higuera, La Martinica, Lagos del Country, Las Palmas, Laureles, Lindavista, Loma Blanca, Loma Real, Lomas de Tabachines, Lomas del Bosque, Lomas del Pedregal, Lomas del Refugio, Lomas del Valle, Lomas del Vergel, Los Frailes, Los Maestros, Los Naranjos, Mesa Colorada Poniente, Mesa de Los Ocotes, Miguel Hidalgo, Mirador Escondido, Molino del Salvador, Nueva España, Nuevo Vergel, Patria Universidad, Pino Suárez, Pontevedra, Puerta Aqua, Puerta de Plata, Puerta de Hierro, Puerta del Bosque, Puerta del Roble, Quintas del Federalismo, Rinconada del Auditorio, Real del Bosque, República, Royal Country, San Bernardo, San Francisco,San Isidro Ejidal, San José del Bajío, San Miguel De La Colina, Santa Fe, Santa Isabel, Santa Margarita 1ra. Sección, Seattle, Tabachines, Tepeyac, UAG, Unidad José Luis López Portillo, Vallarta Universidad, Valle de Atemajac, Víctor Hugo, Vigusa, Villa Coral, Villa de Guadalupe, Villa Magna, Villa Universitaria, Villas Belenes, Villas del Márquez, Villas San Ignacio, Vista Hermosa, Zapopan Centro, Zoquipan y Zoto Grande Residencial

11 Alcalde Barranquitas, Autocinema, Balcones de Huentitán, Centro, Centro Barranquitas, Colinas de Huentitán, Colinas de San Javier, Colinas Residencial, Colomos, Colomos Providencia, Country Club, División del Norte, El Jagüey, El Retiro, Fovissste Estadio, Huentitán El Bajo, Independencia, Infonavit Estadio, Infonavit Independencia, La Normal, Lomas de Independencia, Lomas del Paraíso I, Lomas del Paraíso II, Lomas del Paraíso III, Mezquitán, Panorámica de Huentitán, Popular N. 9, Rancho Nuevo, Ricardo Flores Magón, San Elías, San Patricio y Santa Elena de La Cruz.

12 Alberos, Artesanos, Altus Tlaquepaque, Arrayanes, Balcones Santa María, Campesino, Cantera Colorada, Colorines, El Jagüey, El Vergel, Fovissste Miravalle, Jardines de San Martín, La Floresta, Las Lomas Residencial, Lomas del Cuatro, Miravalle, Nueva España, Nueva Santa María, Órgano, Santa Cruz de Las Huertas, Vergelito y Villas del Tapatío

13 Alberos, Artesanos, Altus Tlaquepaque, Arrayanes, Balcones Santa María, Campesino, Cantera Colorada, Colorines, El Jagüey, El Vergel, Fovissste Miravalle, Jardines de San Martín, La Floresta, Las Lomas Residencial, Lomas del Cuatro, Miravalle, Nueva España, Nueva Santa María, Órgano, Santa Cruz de Las Huertas, Vergelito, Villas del Tapatío, Jalisco III Sección, Jalisco IV Sección y Lomas del Laurel I

14 https://www.siapa.gob.mx/prensa/siapa-inicia-estrategia-para-garantizar -el-abasto-de-agua-en-el-amg

15 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/10/estados/escasez-de-agua-afe cta-a-miles-en-guadalajara/

16 https://www.informador.mx/jalisco/Ciudadanos-se-manifiestan-en-demanda- de-agua-en-la-ZMG-20210312-0113.html

17 http://cedhj.org.mx/recomendaciones/pronunciamientos/2021/Pronunciamien to%20desabasto%20del%20agua.pdf

Referencias

• CEDHJ. (Mazo, 2021). Pronunciamiento de la CEDHJ en torno al desabasto de agua potable en el Área Metropolitana de Guadalajara. Marzo, 2021, de CEDHJ Sitio web: http://cedhj.org.mx/recomendaciones/pronunciamientos/2021/Pronunciamien to%20desabasto%20del%20agua.pdf

• Inegi. (Marzo, 2018). Estadísticas a propósito del día mundial del agua (22 de marzo). Marzo, 2021, de Inegi Sitio web:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/apropos ito/2018/agua2018_Nal.pdf

• Inegi. (Enero, 2021). En México somos 126 014 024 habitantes: censo de población y vivienda 2020. Marzo, 2021, de Inegi Sitio web:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletin es/2021/EstSociodemo/ResultCenso2020_Nal.pdf

• Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. (Marzo, 2021). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Marzo, 2021, de Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Sitio web:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitu cion_Politica.pdf

• SIAPA. (Marzo, 2021). SIAPA inicia estrategia para garantizar el abasto de agua en el AMG. Marzo, 2021, de SIAPA Sitio web: https://www.siapa.gob.mx/prensa/siapa-inicia-estrategia-para-garantizar -el-abasto-de-agua-en-el-amg

• G. Partida, J. . (Marzo, 2021). Escasez de agua afecta a miles en Guadalajara. Marzo, 2021, de La Jornada Sitio web: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/10/estados/escasez-de-agua-afe cta-a-miles-en-guadalajara/

• Blanco, S. . (Marzo, 2021). Ciudadanos se manifiestan en demanda de agua en la ZMG. Marzo, 2021, de Informador.mx Sitio web: https://www.informador.mx/jalisco/Ciudadanos-se-manifiestan-en-demanda- de-agua-en-la-ZMG-20210312-0113.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 marzo de 2021.

Diputada Socorro López Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la FGR a impulsar por el Inacipe acciones para fortalecerlo como centro público de investigación en criminalística, criminología, derecho penal, política criminal y victimología, a cargo de la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del PRI

Mariana Rodríguez Mier y Terán, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I del artículo 6, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En 1976, con el impulso de un grupo de penalistas interesados en mejorar las situaciones del país, impulsaron la creación del Instituto Mexicano de Criminología, antecedente del Instituto Nacional de Ciencias Penales, siendo su primer director el tratadista Celestino Porte Petit.

“Durante el primer lustro de vida del instituto se fomentó la realización de congresos, conferencias y seminarios en los que participaron los más destacados profesores e investigadores mexicanos y extranjeros. Estas medidas contribuyeron a que el Inacipe se posicionara en nuestro país y a nivel internacional como uno de los centros más importantes dedicados al estudio de las ciencias penales en América Latina”1

El 11 de abril de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reconoce y formaliza la creación del Instituto Nacional de Ciencias Penales, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho. Una de las estrategias para lograr dicho objetivo fue la profesionalización y actualización de los servidores públicos de las instituciones responsables de la procuración de justicia, para que su actuación se rija por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

Para consolidar dicho objetivo, se estimó necesario contar con una institución con investigadores y profesores especializados y con las capacidades suficientes para formar especialistas, técnicos y demás funcionarios públicos que intervienen en las áreas de procuración de justicia, seguridad pública, política criminal y criminalística, entre otras áreas vinculadas, así como para difundir conocimientos, innovaciones, avances y nuevas técnicas que sobre las materias citadas se desarrollen.

Durante su proceso de creación y formalización, la entonces Procuraduría General de la República opinó favorablemente sobre la viabilidad y conveniencia de crear el Instituto Nacional de Ciencias Penales, como un organismo descentralizado, toda vez que la autonomía técnica y administrativa le permitiría concentrar sus capacidades y recursos para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones.

Para el cumplimiento de sus objetivos, desarrolla sus actividades a partir de las siguientes líneas de acción generales:

1. Fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de Procuración de Justicia.

1.3 Implementar en todos los ámbitos de la procuración de justicia, la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos.

1.4 Garantizar la atención y protección a las víctimas del delito.

2. Asegurar la implementación en tiempo y forma del Sistema Penal Acusatorio.

2.2 Preparar y ejecutar el plan de transición.

3. Lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente.

3.4 Mejorar la calidad técnico-jurídica de las opiniones emitidas.

3.5 Fomentar el estudio y el crecimiento profesional en el personal.

3.6 Fortalecer el uso de métodos y técnicas científicas en la investigación.

4. Reducir la impunidad.

4.4 Combatir los excesos del uso de la fuerza por parte del personal sustantivo.

De acuerdo con el artículo 5º del Estatuto Orgánico del Inacipe, este será administrado por una Junta de Gobierno, la cual, de acuerdo con el artículo 6º del mismo ordenamiento se integrará por:

El Fiscal General de la República, quien la presidirá, los titulares de las Secretarías de Gobernación, de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público; el titular del órgano a cargo de la función fiscal que el Fiscal General de la República designe; el titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México; los rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana; el Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales; el Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; así como por un Comisario Público Propietario, designado por la Secretaría de la Función Pública con derecho a voz y sin voto, quien tendrá las atribuciones a que se refiere el artículo 60 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.2

La conformación de la Junta de Gobierno y el compromiso asumido por cada uno de sus miembros en sus más de cuarenta años de trayectoria ha sido un factor que ha permitido la consolidación del Instituto como un Centro Público de Investigación altamente especializado y reconocido en el ámbito nacional e internacional.

El Inacipe se ha consolidado como esa institución especializada que ha contribuido a mejorar las capacidades de los funcionarios que intervienen en las áreas antes citadas.

Sus diversas actividades académicas que han implicado colaboración e intercambio con otras instituciones de investigación de Latinoamérica la han ubicado, a lo largo de cuarenta años, como una de las instituciones con mayor experiencia y prestigio en la región. El Inacipe se ha consolidado como un centro de estudios dinámico y vanguardista por la oferta de sus múltiples programas académicos en diferentes modalidades, Congresos internacionales, Diplomados, Mesas redondas, Ferias y exposiciones universitarias, Foros de análisis, Cursos de Actualización y múltiples actividades de extensión académica, actividades que contribuyen a relacionar al Inacipe con otros centros de estudio nacional o extranjero y con instituciones públicas y privadas que presentan necesidades específicas de capacitación.

Por otra parte, el Inacipe fortalece sus capacidades con el uso de la tecnología, destacando las actividades de EDUCACIÓN A DISTANCIA, en materia de medios electrónicos, audiovisuales e informáticos, por ello se proporcionan cursos en modalidad e-learning, lo cual permite que las actividades se lleven a cabo conforme al calendario y ubicación de los interesados, aprovechando todas sus capacidades.

En materia de difusión y publicaciones se ha desarrollado una política editorial dirigida a fortalecer la cultura de la legalidad, respeto a los derechos humanos y comprensión de la tarea de la procuración de justicia y seguridad pública, mediante la difusión permanente de temas especializados en Ciencias Penales, como serían los relativos a la implementación del sistema penal acusatorio a nivel federal, el Derecho Penal y Procesal Penal, Criminología y Criminalística y la Victimología.

Cabe destacar que todas las publicaciones del Inacipe se caracterizan tanto por su pluralidad — los autores pertenecen a los más diversas escuelas del pensamiento jurídico-penal —; su afán de vincular las Ciencias Penales al desarrollo de México; y su alta calidad editorial, el cual tiene como base un riguroso trabajo editorial que comprende desde la corrección de estilo y el análisis de la obra, hasta el diseño de novedosas y atractivas portadas para nuestros libros.3

Mediante resolución conjunta de la entonces Procuraduría General de la República y la Dirección General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012, se otorgó al Instituto Nacional de Ciencias Penales, el reconocimiento como Centro Público de Investigación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 de la Ley de Ciencia y Tecnología; 2, fracciones XIV, XXVII y XXVIII, 9, fracciones I, VIII y XVII de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 1, 5, fracción XVI y 6, fracción X de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 5, fracciones XI y XXIII y 19, fracciones IV, VIII, tercer párrafo y XX del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 1, 2, 4, 6 y 7, fracciones I y VI del Decreto por el que se crea el Instituto Nacional de Ciencias Penales; y 1, 5, 6 y 7, fracción XIV del Estatuto Orgánico del Instituto.

El Instituto Nacional de Ciencias Penales, es un centro de docencia e investigación con el más alto nivel académico, destacados profesores e investigadores imparten posgrados y cursos de capacitación, actualización y profesionalización, que contribuyen al perfeccionamiento de las actuaciones de funcionarios que intervienen en los ámbitos de procuración y administración de justicia en materia penal y ejecución de sanciones, así como de las diligencias a cargo de los defensores y los asesores jurídicos

Las áreas de estudio y la participación del Inacipe en el diseño y fortalecimiento del nuevo sistema de justicia penal, en etapa de consolidación, justifican su fortalecimiento, de manera relevante en el marco de la implementación de las reformas al apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establecen dotar de autonomía a la Fiscalía General proceso en etapa de consolidación.

No obstante sus aportaciones en el estudio de las ciencias penales, así como sus contribuciones en la estructuración de un marco jurídico e institucional que ha fortalecido la procuración y administración de justicia en los ámbitos federal y estatales, recientemente el Instituto ha sido objeto de críticas sin sustento, por lo que se estima necesario impulsar acciones concretas que fortalezcan sus capacidades en el momento actual que vive el país.

México merece instituciones de investigación sólidas con personal altamente comprometido. México necesita de la suma de esfuerzos, experiencias y capacidades. México no necesita más divisionismo.

Por lo antes expuesto y fundado, se sometemos a consideración de esta Soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Fiscal General de la República, en su carácter de Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) impulse las acciones necesarias para su fortalecimiento como Centro Público de Investigación en el ámbito de la criminalística, criminología, derecho penal, política criminal y victimología.

Notas:

[1]. https://indicepolitico.com/el-inacipe-una-historia-de-esfuerzo-por-el-ejercicio-penal-en-mexico/
#:~:text=La%20historia%20comenz%C3%B3%20en%20los,los%20intr%C3%A9pidos%20visionarios%20fundaron%20las

2. Artículo 6 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

3. INACIPE. Cuenta Pública 2014.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 23 de marzo de 2021.

Diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a transparentar los términos y las condiciones de la concesión de cinco plantas de electricidad a Generadora Fénix; y beneficiar, en los términos de soberanía energética emprendida por el gobierno federal, a Huachinango, Juan Galindo y Zihuateutla, Puebla, de la riqueza generada por los recursos naturales aprovechados por la empresa, a cargo del diputado José Francisco Esquitin Alonso, del Grupo Parlamentario del PES

José Francisco Esquitin Alonso, Diputado del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 6 y las fracciones I y V del Apartado 2 del artículo 79, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo por el que se exhorta, al Ejecutivo federal a fin de que se transparente los términos y condiciones en que fueron otorgadas en concesión cinco plantas generadoras de energía eléctrica a la empresa Generadora Fénix; asimismo, para que, bajo los nuevos términos de soberanía energética emprendida por el gobierno federal, los municipios de Huachinango, Juan Galindo y Zihuateutla del estado de Puebla, puedan beneficiarse de la riqueza generada por los recursos naturales de los municipios aprovechados por Generadora Fénix, con base en lo siguiente:

Consideraciones

Los orígenes de Luz y Fuerza del Centro se remontan a 1898, en Canadá donde se fundó la empresa The Mexican Light & Power Company, Ltd., dicha empresa obtuvo concesión del presidente Porfirio Díaz para generar, transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica en el Valle de México. Durante las primeras décadas del siglo XX la Mexican Light & Power abasteció de electricidad a la industria capitalina y al sistema de tranvías eléctricos de la ciudad de México.

La electricidad sobrante producida por dicha empresa, fue distribuida en las zonas residenciales o en núcleos altamente urbanizados de la ciudad. Para cumplir con la creciente demanda eléctrica, en 1903, Mexlight obtuvo las concesiones para explotar las caídas de agua de los ríos Tenango, Necaxa y Xaltepuxtla. Para 1906, nuevas concesiones de los gobiernos federal y locales, le permitieron a Mexlight extender sus operaciones a los estados de México, Puebla, Hidalgo y Michoacán.

En sus inicios Mexlight operaba en su gran mayoría con trabajadores extranjeros, con el paso de los años la mano de obra nacional se hizo cada vez más presente en la empresa. A inicios de la Revolución Mexicana, trabajadores extranjeros y mexicanos realizaban funciones similares, pero con sueldos diferenciados, así los trabajadores mexicanos tenían salarios muy inferiores a los de sus pares extranjeros. Dicha situación, contribuyo para que en 1911 se fundara la Liga Mexicana de Electricistas y tres años después, en 1914, se constituyera el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

En 1937 el presidente Lázaro Cárdenas publicó una ley que establecía la potestad del estado sobre la industria eléctrica del país; misma que vio postergada su aplicación, debido a que la expropiación petrolera era la prioridad para la administración cardenista.

Fue hasta el sexenio del presidente Manuel Ávila Camacho, entre 1940 y 1941, que inició el proceso de nacionalización de la industria eléctrica, la causa principal de la intervención del Estado se debió a que las empresas de electricidad no deseaban invertir para llevar el servicio de energía eléctrica a las comunidades rurales del país por el alto costo de inversión requerido y las ganancias mínimas que representaba el atender dicho mercado.

En 1949, el presidente Miguel Alemán, decretaría la creación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), estableciendo que sería un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios que se encargaría de electrificar a todo el país.

Durante una década, el esquema mixto de empresas privadas en las urbes y zonas industriales del país junto con la CFE en el resto del país funcionó de manera adecuada; sin embargo, en 1960, el presidente López Mateos decidió nacionalizar la totalidad de la industria eléctrica del país. Con lo cual, el gobierno de México adquirió en 52 millones de dólares, el 90 por ciento de las acciones de The Mexican Light and Power Co., comprometiéndose a pagar los pasivos de dicha empresa, mismos que ascendían a 78 millones de dólares.

Asimismo, con el pago de 70 millones de dólares compró las acciones de la American and Foreign Power Co. Ambas empresas se comprometieron a invertir en México, la totalidad del pago que habían recibido por la compra de sus acciones.

Las empresas contaban con 19 plantas generadoras que abastecían a la Ciudad de México y los estados de Puebla, México, Michoacán, Morelos e Hidalgo; 16 eran hidráulicas y 3 térmicas; con la nacionalización de la industria eléctrica Mexlight cambio de denominación social, adoptando la de Compañía Mexicana de Luz y Fuerza.

Ese mismo año, el presidente López Mateos envió al senado el proyecto de reforma al Artículo 27 constitucional, el cual fue aprobado y publicado en el Diario Oficial el 23 de diciembre de 1960, quedando a partir de ese momento, consumada jurídica y financieramente la nacionalización de la industria eléctrica.

La primera liquidación llegaría en 1974, en la administración del presidente Luis Echeverría Álvarez, quien con el fin de crear un solo organismo nacional encargado de la industria eléctrica autorizo la disolución de la “Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A.”, para fusionarla a la Comisión Federal de Electricidad; el SME se opuso radicalmente a tal medida. El conflicto –entre gobierno y SME- generado por esta primera liquidación causo que se alargara el proceso de liquidación de la empresa se alargó iniciándose un periodo de estancamiento en el desarrollo y modernización de la empresa.

Así, en 1985 el presidente De la Madrid suscribió un Decreto para delimitación de zonas, con dicho instrumento jurídico la Compañías de Luz y Fuerza perdió el 50% de su extensión de servicio, principalmente en los estados de Michoacán y Guerrero, en favor de la CFE.

Para 1989, en la administración del presidente Carlos Salinas se aprobó una reforma a la Ley del Servicio Público de Energía, para facultar al Ejecutivo Federal disponer de la estructura y funcionamiento del servicio que venía proporcionando la “Compañía de Luz y Fuerza del Centro en liquidación”. Finalmente, el 9 de febrero de 1994 mediante decreto presidencial se crea “Luz y Fuerza del Centro” como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Como consecuencia de la imposibilidad de Luz y Fuerza del Centro, para aliviar su difícil situación financiera generada por su primer proceso de liquidación, aunado a la compra de energía en bloque a la CFE, y a un deficiente sistema de cobro a grandes usuarios -industrias, bancos, municipios, universidades y dependencias oficiales- a quienes se les mantenía el servicio aun teniendo deudas millonarias con la empresa.

Finalmente, el 10 de octubre de 2009, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, decretó la extinción y liquidación de Luz y Fuerza del Centro, bajo el argumento de los buenos resultados obtenidos por la Comisión Federal de Electricidad, y que la operación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro resultaba altamente onerosa y la mala calidad de los servicios que prestaba.

La autoridad liquidadora nombró a la CFE para garantizar la operación del suministro de energía eléctrica en todo el país. El costo de la liquidación alcanzo los 20 mil millones de pesos, debido a que se ofreció a sus trabajadores un bono adicional a lo estipulado por la Ley Federal del Trabajo y a lo que establecía el Contrato Colectivo de Trabajo con el SME.

El 13 de octubre de 2009, la Secretaría de Energía confirmó que la CFE se haría cargo de las operaciones de generar, suministrar y comercializar la energía eléctrica que hasta entonces prestaba la Compañía de Luz en los estados de Hidalgo, Puebla, Morelos, Estado de México y la Ciudad de México.

El 5 de julio de 2010la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la constitucionalidad del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, al reconocer y respaldar las facultades del presidente para emitir el acto administrativo que desapareció a la Luz y Fuerza del Centro.

Producto de la reforma energética, la empresa portuguesa de energía Mota-Engil y el SME, este último, a través de su cooperativa LF del Centro, conformaron la empresa Generadora Fénix, para operar cinco plantas hidroeléctricas para vender energía en el mercado spot a partir de 2016.

El SME recibió del gobierno federal las plantas generadoras de energía de Necaxa, Tepexic, Patla y Tezcapa en Puebla y de Lerma en Michoacán, con una capacidad instalada de 288 MW, con opción a escalar hasta 400 MW.

El acuerdo entre las autoridades federales y el SME, le permitirá operar a Generadora Fénix las cinco plantas durante un periodo de 30 años.

Asimismo, el SME recibió las hidroeléctricas Juandho y Cañada en Hidalgo, Alameda en Morelos y siete en el Estado de México que son Temascaltepec, Tlilan, Fernández Leal, Villada, San Simón, Zapayautla y Zictepec.

El 23 de septiembre de 2015, se constituyo la Sociedad Generadora Fénix S.A. y el 5 de octubre del mismo año, suscribieron el contrato colectivo de trabajo el SME y Operadora Fénix.

El 7 de octubre de 2015, la Comisión Negociadora del SME y Mota-Engil suscribieron el convenio de transferencia de 40 predios de fábricas y talleres del SME con las secretarías de la Función Pública y Energía, así como con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales; mediante acta de entrega-recepción se dio posesión de las 14 plantas hidroeléctricas de Luz y Fuerza del Centro y la Central Termoeléctrica Jorge Luque a Generadora Fénix.

Asimismo, el SME anuncio que junto con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) elaboró el Plan Estratégico de Reinserción Laboral para garantizar la recontratación de sus agremiados en la nueva empresa.

En el sitio web de Operadora Fénix se señala:

Generadora Fénix surge en 2015 producto de una asociación estratégica entre la compañía portuguesa Mota-Engil y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para constituirse orgullosamente como la primera empresa privada en participar en la apertura del mercado eléctrico en México.

Esta alianza surge para hacerle frente a la nueva configuración del mercado eléctrico mexicano con la implementación de la Reforma Energética. Mota-Engil aporta su experiencia global, capacidad tecnológica y financiera, solidez, visión social y un fuerte enfoque latinoamericano, mientras que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) es un socio cuyo capital humano cuenta con un amplio conocimiento y capacidad técnica.

Contamos con 5 plantas hidroeléctricas en operación con una amplia capacidad de producción.

Nuestras plantas se ubican estratégicamente en la zona centro del país, específicamente en la Ciudad de México, Estado de México, Michoacán y Puebla, lo que nos permite tener una posición muy competitiva.

En vista del poco o nulo beneficio que los municipios o estados reciben por la explotación de sus bienes naturales es que diversas autoridades estatales y municipales han manifestado su agravio por el despojo de que son objeto por parte de empresas que extraen la riqueza del suelo o se aprovechan de la energía que producen sus ríos, presas y lagos.

En este sentido, el gobernador de Puebla, ha reconocido y denunciado el trato ominoso que algunas industrias tienen con las autoridades municipales donde operan; sobre la relación de Generadora Fénix y la autoridad de Huauchinango, se ha manifestado a favor de que la empresa otorgue alguna contraprestación en beneficio de los pobladores de dicho municipio.

Asimismo, el mandatario estatal, apoyo la acción de inconstitucionalidad que el Ayuntamiento de Huauchinango presentó para solicitar que los municipios con incidencia en la zona del complejo hidroeléctrico Necaxa reciban una contribución por parte de Generadora Fénix.

El presidente municipal de Huauchinango, ha señalado que la empresa Generadora Fénix, no realiza ningún pago por predial o uso de suelo a ninguno de los cuatro municipios donde incide directamente la operación de la hidroeléctrica.

Para expertos, el esquema de concesión de Generadora Fénix vulnera el artículo 115 constitucional, que establece la soberanía hacendaria de los municipios, mediante la libre administración de recursos, el derecho de los municipios a percibir contribuciones, y la facultad de establecer cuotas y tarifas a derechos, valores unitarios de suelo y construcciones. Esta situación limita el crecimiento y desarrollo regional y el bienestar de sus pobladores, dicho artículo constitucional establece a la letra:

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente o presidenta municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.

Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic DOF 03-02-1983) alegatos que a su juicio convengan.

Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley.

En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los Concejos Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos Concejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores;

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;

b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento;

c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de esta Constitución;

d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y

e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes.

Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del estado, o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores;

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

b) Alumbrado público.

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

d) Mercados y centrales de abasto.

e) Panteones.

f) Rastro.

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio;

Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley.

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de las entidades federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para:

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios;

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;

h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios. Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en los Municipios estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales, sin perjuicio de los convenios que puedan celebrar en términos del inciso i) de esta fracción;

VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia.

VII. La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público.

El Ejecutivo federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o transitoriamente;

VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios.

Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Artículo 123 de esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias.

IX. Derogada.

X. Derogada.

El presidente López Obrador ha defendido en diversas ocasiones, el derecho del pueblo para aprovechar con sustentabilidad sus recursos naturales, esto no ocurre con Generadora Fénix que aprovecha los recursos naturales de la región sin contribuir al desarrollo de los municipios donde opera y no favorece el bienestar de los pobladores.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Al tenor de los siguientes resolutivos

Primero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, al Ejecutivo Federal a fin de que se transparente los términos y condiciones en que fueron otorgadas en concesión cinco plantas generadoras de energía eléctrica a la empresa Generadora Fénix.

Segundo: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, al Ejecutivo Federal para que, bajo los nuevos términos de soberanía energética emprendida por el Gobierno Federal, los municipios de Huachinango, Juan Galindo y Zihuateutla del Estado de Puebla, puedan beneficiarse de la riqueza generada por los recursos naturales de los municipios aprovechados por Generadora Fénix.

Diputado José Francisco Esquitin Alonso (rúbrica)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo 2021.

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a realizar por la SE gestiones conducentes a que el IMPI inicie el procedimiento para emitir declaratoria de protección como denominación de origen del limón persa, a cargo del diputado Rodrigo Calderón Salas, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Rodrigo Calderón Salas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en esta LXIV Legislatura, con fundamento en lo que establecen los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de este recinto legislativo, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Economía, para realizar las gestiones necesarias para que, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial inicie el procedimiento para que se emita declaratoria de protección como denominación de origen al limón persa con base en la siguientes

Consideraciones

Las denominaciones de origen constituyen el sistema utilizado en nuestro país para el reconocimiento de una calidad diferenciada, de características propias debidas al medio geográfico en el que se producen las materias primas, se elaboran los productos y a la influencia del factor humano que participa en la producción y en la elaboración.

Por lo tanto, el reconocimiento de una calidad superior conlleva a la necesidad de protección de tales productos además de la exigencia del mercado y de los consumidores, quienes requieren una mayor y mejor información acerca de los productos, a la vez que confieren mayor importancia a la calidad que a la cantidad de la alimentación. De hecho, en los últimos años se ha podido identificar una mayor demanda de productos específicos y, en concreto se verifica una creciente demanda de productos agrícolas y alimenticios de un origen geográfico determinado.

La regulación jurídica de la denominación de origen tiene triple finalidad. En primer lugar, tiende a fomentar la diversificación de la producción agrícola para conseguir un mayor equilibrio en el mercado entre la oferta y la demanda, pues la promoción de los productos que presenten determinadas características resulta beneficiosa para las zonas cuya economía es fundamentalmente agrícola, se obtiene un grado de reconocimiento a nivel local, nacional e internacional, el tener un producto alimenticio con denominación de origen, da prestigio y hace que a nivel global exista un reconocimiento y conocimiento del mismo.

En segundo lugar, se pretende informar al consumidor, ofreciendo una mayor y mejor información; y finalmente, la regulación de las denominaciones es una medida de protección del mercado y de la competencia, impidiendo fundamentalmente que ésta sea engañosa y falsa: es la protección legal de las denominaciones de origen contra productores de otros lugares que intentan aprovechar el nombre que han creado los originales, en un largo tiempo de fabricación o cultivo.

En nuestro país el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es la autoridad administrativa y competente para emitir las declaratorias de protección de denominaciones de origen y autorizar su uso, así como tramitar y en su caso otorgar registros de marca; entre otras atribuciones. A la fecha, el IMPI ha declarado la protección de 14 denominaciones de origen: ámbar de Chiapas, arroz de Morelos, Bacanora, café Chiapas, café Veracruz, charanda, chile habanero de la península de Yucatán, mango ataulfo del Soconusco de Chiapas, mezcal, olinalá, sotol, talavera, tequila y vainilla de Papantla.

Cabe señalar que en nuestro país otro producto a destacar de gran relevancia social, económica es el limón persa (Citrus latifolia Tanaka) también conocido como limón Tahití, limón pérsico o limón sin semilla, un cultivo ícono de México. El árbol del limón persa es moderadamente vigoroso, de mediano a grande donde puede alcanzar alturas de 4.5 a 6 metros, de ramas con pocas espinas cortas y puntiagudas. Las hojas son anchas-lanceoladas y con pecíolos alados; los brotes jóvenes son de color purpura que después cambian a verde. Posee flores blancas y pequeñas.

El fruto es ovalado y generalmente redondeado en la base. La cáscara es verde, con tonalidades intensas o claras, delgada, se rompe fácilmente y tiene sabor amargo, pesan en promedio, 76 gramos. El árbol necesita temperaturas entre 22 y 28ºC para su buen desarrollo. Requiere lluvias de mil doscientos a dos mil milímetros al año, y si se riega con frecuencia, crecerá y dará flores constantemente. Crece en terrenos con una altitud de doscientos a novecientos metros sobre el nivel del mar, su vida de anaquel bajo condiciones ambientales es de 10 a 15 días.1

En su informe del año comercial 2018/19 el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) menciona que México ocupa el primer lugar a nivel mundial en la producción de limón, siendo un cultivo de gran importancia nacional, se ubica como el primer exportador mundial. En la última década, la producción nacional de limón creció a una tasa promedio anual de 1.4 por ciento y la superficie cultivada de limón, presentó un crecimiento de 2.9 por ciento, en la última década.

Veracruz es el principal estado productor de limón persa en el país, con un volumen de producción de 644 mil 599 mil toneladas, es decir 30 por ciento del total nacional. Le siguen en importancia Michoacán, Colima y Oaxaca. Esto significa que estos cuatro estados concentran 79 por ciento del valor de la producción nacional de limón y 77 por ciento del volumen de producción.

En el estado de Veracruz, esta actividad cuenta con más de 250 mil hectáreas sembradas, de las cuales, 50 mil están dedicadas al limón persa, éste estado cuenta con alrededor de 15 mil productores de limón persa, de un total de 25 mil que hay en el padrón nacional.2 Es una actividad que genera bienestar a las familias veracruzanas, aproximadamente un millón 400 mil jornales que se consumen en la cosecha, poscosecha y en toda la cadena de este producto. Integra a cortadores, prestadores de servicios y empacadores.

En la región de Martínez de la Torre es donde se concentra la principal producción de limón persa en el estado, con alrededor de 30 mil hectáreas sembradas, seguido por la región de Cuitláhuac, con cerca de 17 mil hectáreas. Cuitláhuac cuenta con 11 mil 730 habitantes, de los cuales más de 50 por ciento se dedican a la agricultura.2

Cuitláhuac cuenta con 15 empacadoras de limón persa, las cuales compran el limón producido en el municipio y otros municipios vecinos, como Yanga, Omealca, Atoyac, Paso del Macho y Carrillo Puerto.

México dispone de limón durante todo el año, acentuando sus meses de mayor producción de julio a noviembre, en los cuales se genera 35 por ciento de la producción, el consumo anual per cápita es de 14.5 kilogramos. El 91 por ciento del limón exportado corresponde a limón persa con destino principalmente a Estados Unidos, Países Bajos y Reino Unido. En los últimos 5 años las exportaciones mostraron una tasa media de crecimiento anual de 8.7 por ciento.

SADER menciona que para 2030 el consumo y la producción tendrá un aumento de la demanda mundial de 4.82 a 5.98 mil millones de toneladas (un incremento acumulado de 24 por ciento), mientras que la producción nacional de limón tiene la capacidad de incrementarse de 2.42 a 2.98 mil millones de toneladas, lo cual representa un crecimiento acumulado de 23.37 por ciento, ante este escenario, es factible destinar 2.07 mil millones de toneladas, al consumo nacional y 1.07 mil millones de toneladas, a las exportaciones.

Aunado a eso, el sector tiene dos formas principales de comercialización de sus productos. Por un lado, existe un mercado que está basado en la comercialización de los productos frescos y, por otro lado, existe un mercado para aquellos bienes que son producto de la transformación industrial de la fruta y del aprovechamiento de residuos que ha tomado gran importancia y utilidad entre la comunidad científica.

Por lo que se ha convertido en una buena alternativa para aquellas cosechas que no pueden comercializarse por determinadas circunstancias, esta actividad intensiva en donde participan empresas dedicadas a toda la cadena productiva (productores, procesadoras, centros de distribución y exportadores), produciendo jugos, pulpas, concentrados y frutas en fresco, su aprovechamiento ha trascendido en el ámbito agroalimentario y van desde las aplicaciones convencionales en alimentos, farmacia y agricultura, hasta usos ambientales y en energía.

La producción de cítricos tiene un lugar importante en la actividad agrícola mundial, por resultar rentable para muchos de los países que consideran la citricultura como actividad prioritaria dentro de su economía. Este sector beneficia a la mayor parte de las familias de Veracruz.

El limón persa ha llegado a tener precios muy favorables para los productores, beneficiando con esto a toda la cadena del limón y dando mejores ingresos a las familias de los jornaleros y productores. Por último, el sector cuenta con potencial para aumentar su competitividad, su valor agregado y la rentabilidad de los agentes económicos de la cadena.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realice las gestiones necesarias para que, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial inicie procedimiento para emitir declaratoria de protección como denominación de origen al limón persa.

Notas

1 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SIAP, (2020) Plagas reglamentadas de los cítricos, enero de 2021. Sitio web: https://www.gob.mx/senasica/documentos/plagas-reglamentadas-de-los citricos-110863

2 González C.F, 2015.Compilacion bibliográfica del limón persa. Universidad Veracruzana. Orizaba Ver, paginas 33-37.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2021

Diputado Rodrigo Calderón Salas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a garantizar por la Segob, la SSPC y la SHCP el financiamiento y la instauración de programas destinados a identificar, atender y prevenir la violencia contra las mujeres, a cargo de la diputada Miriam del Sol Merino Cuevas, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Miriam Del Sol Merino Cuevas, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la Honorable Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México vive una de las crisis de violencia de género y feminicidios más graves de su vida moderna, dicha situación exige coordinación entre las autoridades, la profesionalización de las instituciones de procuración e impartición de justicia, pero, sobre todo, recursos y programas que atiendan de manera integral esta problemática que afecta a uno de los sectores más relevantes como lo son las niñas, adolescentes, jóvenes y adultas más mayores.

Todos los días, diversas mujeres son agredidas, violadas, asesinadas y revictimizadas; para contar con un panorama, basta señalar que según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) en nuestro país, al menos 10 mujeres son asesinadas diariamente.1

En su información sobre violencia contra las mujeres2 , el Sesnsp destaca que durante el pasado mes de enero se cometieron de manera general un total de 147 mil 642 delitos, de los cuales, en su mayoría con el 46.6% fueron al patrimonio, 7% lesiones dolosas, 4.2% a la integridad corporal, 1.5% homicidios dolosos y 0.05% feminicidios.

Durante el mes de enero de las 7 mil 178 víctimas fueron mujeres, teniendo una mayor presencia las lesiones dolosas con el 56.52% seguido de lesiones culposas con el 16.38%, 9.35% de los delitos fueron contra la libertad personal y 3.64% por homicidio culposo, asimismo, 3.3% por homicidio doloso, 2.69% extorsión y 0.93% por feminicidio.

Durante el mismo periodo, se recibieron en los teléfonos de emergencia un millón 361 mil 410 llamadas totales de las cuales, 35.62% fueron por incidentes de seguridad, 16.20% problemas médicos, 3.87% violencia familiar, 0.04% acoso y/o hostigamiento sexual, 0.03% abuso sexual y 0.02% violación.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh)3 , identificó que las mujeres con una mayor propensión a la violencia son las que residen en áreas urbanas con el 69% y de edades que oscilan entre los 25 y 34 años con el 70.1% de los casos registrados.

Por su parte, los resultados del Grupo Interinstitucional de Estrategia contra Violencias (Giev), en donde participa la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), recientemente dio a conocer que los feminicidios se concentraron en 18% de los municipios del país durante el 2020.4

El hartazgo de la sociedad y las protestas actuales de mujeres tienen su origen en el alto nivel de impunidad que prevalece en el país, debido a que casi 9 de cada 10 asesinatos no han sido sancionados, y el 51.4% de feminicidios, así como el 89.6% en homicidios dolosos carecen de resolución.5 Entre las entidades federativas con mayor incidencia se encuentran Veracruz, la Ciudad de México y el estado de Nuevo León.

A pesar de la relevancia del tema, las cifras oficiales no corresponden con las denuncias y los análisis que realizan las organizaciones de la sociedad civil, quienes documentan un mayor número de casos.

Tan sólo para 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 890 feminicidios, mientras que el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios (Ocnf) identificó más de tres mil. Las razones para estas diferencias son varias: se tienen distintas fuentes que cuantifican de manera diferenciada, no todos los estados cuentan con el tipo penal de feminicidio en sus códigos penales, solo algunas autoridades inician las carpetas de investigación tipificando el delito como feminicidio o logran acreditarlo adecuadamente.

La austeridad mal entendida que está siendo impulsada por la presente administración federal está impidiendo la protección de las mujeres, solo durante el periodo 2019 a 2020, se ha dado una reducción superior al 69% de los presupuestos aprobados a por lo menos 20 programas gubernamentales enfocados al apoyo de niñas, adolescentes y mujeres para asegurar la equidad de género, en la operación de la red nacional de estancias infantiles y el fomento de derechos humanos.

La cancelación de proyectos o la reducción de fondos públicos está limitando la prevención de la discriminación a mujeres indígenas y mermando esquemas de autoempleo, financiamiento y emprendimiento en zonas rurales y urbanas, impactando negativamente la economía familiar y dando lugar a episodios de violencia y maltrato físico, emocional o económico.

Destaca la eliminación de los programas de estancias infantiles para apoyaban a madres trabajadoras y el apoyo a refugios para mujeres víctimas de violencia que han sido dos de las acciones canceladas sin justificación válidas.6 Si bien, los programas sociales del Gobierno federal se centran en la entrega de apoyos económicos, no combaten los problemas de origen, ni mitigan los delitos, lo que implica una regresión en el acceso a los derechos de las mujeres, por ello es necesario, replantear una estrategia integral.

La falta de políticas públicas del actual Gobierno federal para atender la problemática es evidente, ya que presuntamente ni siquiera se ha publicado el Programa Nacional por una Vida sin Violencia que constitucionalmente está obligado a crear, de acuerdo con lo establecido por el Plan Nacional de Desarrollo.

Lamentablemente, estos delitos se acentuaron durante la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostiene que la violencia contra las niñas y mujeres representa otra pandemia que no que no se ha logrado erradicar, ya que, a ellas afecta de manera desproporcional a través de las consecuencias sociales y de violencia de género.7

Por estas consideraciones, dicho organismo internacional ha realizado múltiples llamados para instaurar políticas públicas concretas respecto la violencia de género y con ello, dar prioridad al financiamiento de servicios esenciales que incluyan la prevención de violencia, dar especial atención a las víctimas y sobrevivientes, así como impulsar una política nacional de “cero tolerancia” hacia la violencia contra las mujeres.

Los hechos señalados son una clara trasgresión a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia, quien en su artículo 41 establece que la Federación garantizará el ejercicio pleno del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y ejecutará medidas específicas, que sirvan para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, en un marco de integralidad y promoción de los derechos humanos.

Para la debida protección de las mujeres y propiciar un clima de desarrollo libre de violencia se requiere que la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de manera conjunta concreticen un mecanismo de participación y asignación de fondos enfocados a la rápida identificación, atención y prevención de estos delitos que vulneran la integridad y vida de las mujeres.

Aunado a ello, las instituciones de procuración e impartición de justicia de los órdenes de gobierno deben disponer de mayores mecanismos de denuncia, acceso a la justicia, protección de víctimas y reparación integral del daño.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta

Punto de Acuerdo

Primero. - La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, garantice el financiamiento e instrumentación de programas destinados a la identificación, atención y prevención de la violencia contra las mujeres.

Segundo. - La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno Federal para que difunda y explique los fondos, partidas presupuestales y recursos disponibles para la implementación de programas orientados a la protección de las mujeres y la sanción de cualquier manifestación de violencia que vulnere sus derechos humanos y ponga en riesgo su integridad y vida, ante la comisión de delitos como feminicidios y homicidios.

Tercero. - La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, fortalezca las medidas, programas y estrategias que tengan como objeto la protección, denuncia y el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia.

Notas:

1. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (2021). Incidencia Delictiva del Fuero Común 2021. 02/03/2021, de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Sitio web:

https://drive.google.com/file/d/1WZBp61qEB-Pcz0Hc8hHa1tm P-J3um2Hm/view

2. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (2021). Información sobre violencia contra las mujeres. 02/03/2021, de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Sitio web:

https://drive.google.com/file/d/1sXSQU6yy7r502TAFM_fW7mI VhGZIeVsm/view

3. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020). Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 02/03/2021, de INEGI Sitio web:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/Violencia2020_Nal.pdf?fbclid=
IwAR2hD5mR1ZesgmWv1zCf6Ww1ms_ohgA2ubrA9whsw1jFfMcI-iHKuUyOHbA#:~:text=
De%20acuerdo%20con%20el%20tipo,que%20en%20hombres%20de%204.0%25.

4. Instituto Nacional de las Mujeres. (2021). Trabajamos con el objetivo único de erradicar las violencias contra las niñas y las mujeres, resalta secretaria Olga Sánchez Cordero. 02/03/2021, de Gobierno de México Sitio web:

https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/trabajamos-con-el-objetivo-unico-de-erradicar-las-
violencias-contra-las-ninas-y-las-mujeres-resalta-secretaria-olga-sanchez-cordero-265050

5. Impunidad Cero. (2020). Impunidad en homicidio doloso y feminicidio: Reporte 2020. 02/03/2021. Sitio web: https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=142&t=impunidad-en-ho micidio-doloso-y-feminicidio-reporte-2020

6. México: La gobernabilidad en tiempos de la Cuarta Transformación”, elaborado por la encuestadora GEA-ISA.

7. Organización de las Naciones Unidas. (2020). ONU México: poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas no está en pausa. 02/03/2021, de ONU Sitio web:

https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/
onu-m%C3%A9xico-poner-fin-la-violencia-contra-las-mujeres-y-las-ni%C3%B1as-no-est%C3%A1-en

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2021.

Diputada Miriam Del Sol Merino Cuevas

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno y los ayuntamientos mexiquenses a suspender los programas sociales durante las campañas electorales, a cargo de la diputada Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, Carolina García Aguilar, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a el gobierno de estado de México y sus municipios, a no participar, influir o intervenir de ninguna forma en las elecciones para elegir diputados federales, diputados locales y presidentes municipales, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El próximo 6 de junio se llevaran a cabo elecciones para elegir diputados federales, en algunos estados gubernaturas, presidencias municipales y diputaciones locales, un ejercicio democrático donde participara la población para elegir a los que serán sus gobernantes.

Las elecciones del 6 de junio del 2021 serán las más grandes de la historia, según el Instituto Nacional Electoral, quien dio a conocer que este año se elegirán 500 cargos federales y 19 mil 915 de carácter local. Éstas se llevarán a cabo el domingo 6 de junio. En el padrón electoral hay 94 millones 407 mil 240 personas, de las cuales 48 millones 670 mil 373 son mujeres y 45 millones 455 mil 705 son hombres. Mientras que en la lista nominal hay 92 millones 684 mil 134 personas, a los que las estadísticas agrupan en 47 millones 835 mil 095 de mujeres y 44 millones 568 mil 559 de hombres.1

En el caso del Estado de México, se realizaran elecciones para elegir diputados federales, diputados locales y presidencias municipales, por lo que la efervescencia política se encuentra en su punto más álgido.

Aunque a nivel federal el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, ha insistido una y otra vez en mandar un mensaje claro de no injerencia en el proceso electoral de los gobiernos en todos sus niveles, en el caso del Estado de México, gobernantes y actores políticos aprovechan cualquier coyuntura, ya sea para desacreditar el trabajo de los gobiernos o bien para hacer uso político de las acciones y programas sociales de los gobiernos federal, estatal o municipal.

La no injerencia del gobierno del estado y de los ayuntamientos es la próxima elección del 6 de junio, será una responsabilidad que todos los gobernantes y sus autoridades deben adoptar, para tener unas elecciones limpias y transparentes que sean el resultado de la voluntad popular.

Es necesario, llevar a cabo una serie de acciones que cohíban la presentación de hechos fraudulentos en las próximas elecciones, ya que de ello dependerá la participación de la ciudadanía en elegir a sus gobernantes y que a través de una elección transparente dichos gobernantes contaran con el apoyo de los ciudadanos en sus obligaciones que adquieren al ganar las respectivas elecciones.

De acuerdo a un reporte del World Justice Project El Estado de México es el peor calificado en elecciones transparentes.

El Estado de México resultó el peor calificado del país en el subfactor de transparencia, encaminado a valorar si se garantizan elecciones libres, limpias y transparentes, de acuerdo con el reporte del World Justice Project (WJP) sobre el Índice de Estado de Derecho en México.

La medición, en ese rubro, contempla la integridad del proceso electoral, incluyendo el acceso al voto, la ausencia de intimidación y el escrutinio público de los resultados electorales, donde el Estado de México fue el peor calificado entre las 32 entidades.

El tema genera controversia: por un lado el exconsejero electoral, Juan Carlos Villarreal, cuestionó el método del estudio y consideró que la entidad no es la peor, pues no hay pruebas científicas de fraudes.

La consejera del INE en el Estado de México, Karina Vaquera, difirió de esa visión y aseguró que la entidad tiene consejeros que aún benefician al partido en el poder, pues hay una influencia importante del partido gobernante, como se ha observado en la toma de decisiones. El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), opinó, históricamente ha estado subordinado al partido político gobernante en la entidad.

Para Villarreal la reforma político electoral de 2014, que le quitó al Congreso local la facultad de nombrar a los consejeros para dársela al INE, a través de exámenes y entrevistas, ha permitido evitar sesgos y cuotas.

No obstante, Vaquera consideró que todavía existen vínculos de los consejeros con el partido que gobierna la entidad, pues tienen apego a él.

En 2018, durante la renovación de integrantes de municipios, de la Legislatura mexiquense, del Congreso de la Unión y de la presidencia de la República, también hubo señalamientos de dádivas y guerra sucia.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) refirió que la entidad mexiquense fue una de las tres donde se recibieron más denuncias por posibles delitos electorales en 2018 y estuvo a la cabeza en 2017, durante las elecciones a gobernador.

En varios factores el Estado de México se ubicó en los últimos lugares; por ejemplo: en orden y seguridad se fue hasta el lugar 30, en ausencia de corrupción al 29, en justicia penal llegó al 28.

En el primer factor relativo a los límites al poder gubernamental se ubicó en el lugar 25, en derechos fundamentales ocupó el lugar 24, en cumplimiento regulatorio se ubicó en el 19, y en justicia civil en el 15.

Por su lado, la consejera del INE, Karina Vaquera, señaló que el índice del Estado de Derecho es muy completo y el subfactor de transparencias elecciones limpias y transparentes, que ubicó a la entidad en el último lugar del país, tiene sustento, pues hay todavía hay vínculos de los consejeros con el partido en el poder y en los comicios pasados no tomaron acciones claras para evitar la coacción del voto.

“Existen una serie de elementos que nos llevan a tener como conclusión que sigue permeando una influencia por parte del partido gobernante en la conformación de los órganos electorales.

“Y esto lo podemos ver de manera clara en la actuación y toma de decisiones que se dieron en las elecciones del 2017 y 2018 en el Instituto Electoral del Estado de México, órgano electoral que históricamente ha estado subordinado al partido político que ha gobernado la entidad”.

Esto, afirmó, se constata con datos reales como el que los consejeros electorales muestran un claro apego al partido en el poder, algunos en su momento formaron parte del Tribunal Electoral del Estado de México y la mayoría son egresados de la UAEM.

Si se revisa su actuación en las últimas elecciones, advirtió, sus participaciones dejaron mucho que desear al momento de atender denuncias ciudadanas.

“Existe presión e injerencia directa de quien gobierna la entidad tanto para el IEEM, como para algunos servidores electorales del INE, con quien se comparte la organización de las elecciones; se puede decir que tal injerencia llega al grado de premiar o castigar a quienes se alinean, como es el caso de consejeros, que una vez concluido su encargo tuvieron un lugar específico en otra institución del estado”, comentó.2

De acuerdo a esta información, podemos adelantar que en este proceso electoral que ya dio inicio, también habrá una serie de violaciones a la propia ley electoral, a través del uso indebido de recursos y fuera del tiempo permitido de programas sociales, principalmente del gobierno estatal, además de una serie de acciones de actores políticos para verse favorecidos por sus respectivos partidos políticos y en la jornada electoral por los ciudadanos que acudirán a las urnas.

Así mismo, es muy importante hacer conciencia en los ciudadanos a denunciar o participar en cualquier acción que se considere una violación a la ley electoral, solo así se podrán realizar unas elecciones libres, limpias y transparentes.

Los delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible.

Ahora bien, es necesario mencionar que el bien jurídico tutelado por estos delitos es la libre organización y realización de los procesos electorales para elegir a un ciudadano que ocupará un cargo público, lo que se traduce en tutelar, el sufragio efectivo y sus características de universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, sin olvidar que también se protege el adecuado funcionamiento de los órganos electorales.

Cualquier persona, funcionarios electorales, funcionarios partidistas, precandidatos, candidatos, servidores públicos, organizadores de campañas y ministros de culto religioso, pueden cometer delitos electorales.

Estas conductas están contenidas en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, y contemplan sanciones para el caso de ser cometidos.

En el ámbito Federal, la FEPADE es la autoridad encargada de investigar y perseguir los delitos electorales para garantizar los derechos de los ciudadanos.

La ley General en materia de Delitos Electorales establece:

Artículo 7. ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para votar de los ciudadanos;

VI. ...

VII. Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma.

Si la conducta especificada en el párrafo anterior es cometida por un integrante de un organismo de seguridad pública, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en el presente artículo. De igual forma, se sancionará a quien amenace con suspender los beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición; o a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un candidato, partido político o coalición;

VIII. al XII. ...

XVIII. Por sí o interpósita persona, proporcione fondos provenientes del extranjero a un partido político, coalición, agrupación política o candidato para apoyar actos proselitistas dentro de una campaña electoral;

XIX. Expida o utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido político o candidato, alterando el costo real de los bienes o servicios prestados;

XX. ...

XXI. Provea bienes y servicios a las campañas electorales sin formar parte del padrón de proveedores autorizado por el órgano electoral administrativo.

Artículo 7 Bis. Se impondrá de trescientos a seiscientos días multa y prisión de cuatro a nueve años a quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por una o un candidato, partido político o coalición, o bien para participar o abstenerse de participar en eventos proselitistas, o para votar o abstenerse de votar por alguna opción durante el procedimiento de consulta popular.3

De otra manera también se pueden describir los delitos electorales por la función que desempeñan las personas:

Cualquier persona puede cometer un delito electoral cuando:

• Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para votar de los ciudadanos.

• Mediante presión o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma.

• Amenace con suspender los beneficios de los programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio a favor de un candidato, partido político o coalición; o a la abstención del ejercicio del derecho al voto o al compromiso de no votar a favor de un candidato, partido político o coalición.

• Solicite u ordene evidencia del sentido del voto o viole, de cualquier manera, el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto.

• Se apodere, destruya, altere, posea, use, adquiera, venda o suministre de manera ilegal, en cualquier tiempo, materiales o documentos públicos electorales.

• Se apodere, destruya, altere, posea, adquiera, comercialice o suministre de manera ilegal, equipos o insumos necesarios para la elaboración de credenciales para votar.

• Sin causa justificada por la ley, abra los paquetes electorales o retire los sellos o abra los lugares donde se resguarden.

Puede cometer un delito electoral el servidor público cuando:

• Coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición.

• Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición.

• Si el condicionamiento del programa gubernamental se realiza utilizando programas de naturaleza social, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en este artículo.

• Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado.

Un funcionario electoral puede cometer un delito electoral cuando:

• Altere en cualquier forma, sustituya, destruya, comercialice o haga uso ilícito de documentos relativos al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Lista de Electores.

• Se abstenga de cumplir, sin causa justificada, con las obligaciones propias de su cargo, en perjuicio del proceso electoral.

• Obstruya el desarrollo normal de la votación sin mediar causa justificada.

• Altere los resultados electorales, sustraiga o destruya boletas, documentos o materiales electorales.

• No entregue o impida la entrega oportuna de documentos o materiales electorales, sin mediar causa justificada.

• Induzca o ejerza presión, en ejercicio de sus funciones, sobre los electores para votar o abstenerse de votar por un partido político, coalición o candidato.

• Ejerza presión o induzca a los electores a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, el día de la elección o en alguno de los tres días anteriores a la misma.

• Realice o distribuya propaganda electoral durante la jornada electoral.

• Sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos o materiales electorales.

• Obstaculice el desarrollo normal de la votación o de los actos posteriores a la misma sin mediar causa justificada, o con ese fin ejerza violencia sobre los funcionarios electorales.

• Divulgue, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados.

• Impida la instalación, apertura o clausura de una casilla, así como el escrutinio y cómputo, el traslado y entrega de los paquetes y documentación electoral, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales.

El ministro religioso puede cometer un delito electoral cuando:

• Presione o induce el sentido del voto o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, en ejercicio del culto religioso o en desarrollo de actos propios de su ministerio.

Cualquier Fedatario Público puede cometer un delito electoral cuando:

• Estando obligado se niegue injustificadamente a dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la elección.4

Es importante resaltar la reforma y adición del artículo 7 Bis, que fortalece la ley en la materia y permite dejar en claro que no habrá ningún tipo de en la aplicación de la ley.

La participación de la ciudadanía y de los funcionarios electorales será de vital importancia para impedir que se cometan delitos electorales previos o en la jornada electoral, y que los gobiernos no tengan injerencia o participen de manera dolosa en la violación de la ley en la materia.

Los funcionarios electorales tanto del INE como del IEMM, tienen la obligación de dar certeza tanto en la preparación, jornada electoral y resultados electorales para que estas elecciones sean libres, limpias, transparentes, tienen la oportunidad de consolidarse como instituciones que protegen la libre decisión de los electores para elegir a sus gobernantes.

Finalmente es importante hacer mención del papel de los funcionarios electorales y los gobiernos en abonar a que se realicen elecciones libres, confiables y transparentes, para así tener unas instituciones fortalecidas y que quien llegue a gobernar tenga el apoyo de la ciudadanía.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía los presentes:

Puntos de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del Estado de México y a los gobiernos de todos los municipios a suspender los programas sociales establecidos en sus acciones de gobierno, durante las campañas electorales.

Segundo: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del Estado de México y a los gobiernos de todos los municipios a no participar, no influir y no intervenir en las elecciones del 6 de junio, para elegir a los diputados federales, diputados locales e integrantes de los ayuntamientos.

Tercero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al INE y al IEEM, a vigilar y denunciar cualquier acto de violación de los preceptos legales, por parte de los candidatos para ofrecer dadivas, despensas, dinero o cualquier otro acto de coacción del voto.

Notas

1 Milenio https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/
elecciones-2021-mexico-cargos-renovarse-casillas-presupuesto. consulta 18/03/2021

2 El Heraldo De Mexico, Sofía Sandra San Juan, (Visible en: https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/
edomex-el-peor-calificado-en-elecciones-transparentes-5123322.html), consulta 19/03/2021

3 Ley General en Materia de Delitos Electorales, Última Reforma DOF 19-02-2021, (Visible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDE_190221.pdf), consulta 20/03/2021

4 Delitos Electorales: investigación, Prevención y Persecución en México, FORO JURIDICO, DR, Antonio Solera Castillo, 2018, (Visible en:

https://forojuridico.mx/delitos-electorales-investigacion-prevencion-persecucion-mexico/), consulta 19/03/2021

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2021.

Diputada Carolina García Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a implantar con la Ssa y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz campañas virtuales de sensibilización e información sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad durante la pandemia por Covid-19, a cargo de la diputada María Marivel Solís Barrera, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada María Marivel Solís Barrera, del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El tercer Objetivo del Desarrollo Sostenible (ODS), de la Agenda 2030 de la ONU, denominado “Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades”, considera fundamental garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos a cualquier edad. Por lo considerado el tercer ODS plantea buscar que de aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar1 .

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido que durante la pandemia de Covid-19 se ha paralizado 93 por ciento de atención de salud mental y aumenta la demanda. En el mismo orden de ideas, la OMS, reconoce al trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en su clasificación de los trastornos mentales y del comportamiento, ubicándolo dentro de los trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia2 . Así mismo, estudios epidemiológicos estiman que del tres por ciento al cinco por ciento de niñas y niños en el mundo pueden presentar un diagnóstico de TDAH.Y, en México se estima que hay aproximadamente 33 millones de niños y adolescentes, de los cuales 1.5 millones podrían ser diagnosticados con TDAH.

En el cuarto párrafo del artículo 4o. constitucional se reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley General de Salud en las disposiciones del artículo 73 establece que la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental, así como el conocimiento y prevención de los trastornos mentales y del comportamiento.

Y, la misma Ley General de Educación, en el artículo 7, establece que corresponde al Estado la rectoría de la educación, además añade la obligatoriedad de eliminar toda forma de discriminación y exclusión, así como las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras al aprendizaje y la participación, para ello establecerá la educación especial disponible para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, la cual se proporcionará en condiciones necesarias, a partir de la decisión y previa valoración por parte de los educandos, madres y padres de familia o tutores, personal docente y, en su caso, por una condición de salud.

Es importante mencionar que el Instituto Nacional Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, dentro de sus atribuciones tiene la obligatoriedad de contribuir al cumplimiento del derecho a la protección de la salud, en la especialidad de psiquiatría y la salud mental, siendo parte del Sistema Nacional de Salud. El Instituto tiene el objetivo de realizar estudios e investigaciones clínicas, epidemiológicas, experimentales, de desarrollo tecnológico y básicas, en las áreas biomédicas y sociomédicas en el campo de la psiquiatría y la salud mental, para la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, y rehabilitación de los afectados, así como para promover medidas de salud. Añadiendo, dentro de sus funciones asesorar y formular opiniones a la Secretaría de Salud cuando sea requerido para ello3 .

En el caso específico el TDAH es un padecimiento que se caracteriza por alteraciones cognoscitivas, conductuales, emocionales y sociales que repercuten en el comportamiento global de la persona. Para quienes padecen TDAH, es frecuente que durante la infancia les cueste trabajo concentrarse y comportarse funcionalmente, pero cuando crecen y persisten dichas conductas, puede sospecharse de dicho trastorno. Algunas conductas características de esta condición consisten en fantasear en exceso, olvidar o perder cosas con frecuencia, moverse nerviosamente, hablar mucho, cometer errores por descuido o correr riesgos de más, poca resistencia a la tentación, no respetar turnos y dificultad para llevarse bien con los demás.

Se identifican tres tipos de TDAH: en uno predomina la falta de atención, que dificulta a la persona organizarse o acabar una tarea, prestar atención a detalles, seguir instrucciones o conversaciones, distraerse con facilidad u olvidar detalles de la rutina diaria. En otro tipo de TDAH resaltan la hiperactividad e impulsividad, la persona se mueve mucho y habla mucho; se le dificulta permanecer sentada al comer o hacer la tarea; los niños más pequeños corren, saltan o trepan constantemente. La persona inquieta e impulsiva puede interrumpir a otros, tomar cosas que no le pertenecen o hablar en momentos inapropiados; se le dificulta esperar su turno o seguir instrucciones. La persona con impulsividad puede sufrir más accidentes y lesiones que los demás. Y, también pueden presentarse los síntomas de los dos tipos anteriores combinados en la persona, en el tercer tipo de TDAH.

Se desconocen las causas y los factores de riesgo del TDAH, pero las investigaciones indican que la genética juega papel importante. Asimismo, el desarrollo de este padecimiento puede estar influido por una lesión cerebral, la exposición ambiental a sustancias tóxicas (plomo, alcohol o tabaco), el parto prematuro o un bajo peso al nacer.

El diagnóstico no es sencillo, este padecimiento suele confundirse con ansiedad, depresión y trastornos del aprendizaje que presentan una sintomatología similar. Por ello, los especialistas recomiendan realizar un examen médico, con pruebas auditivas y de la visión, además de que, para realizar un diagnóstico adecuado, se deben recolectar antecedentes del niño por parte de los padres, los maestros y del propio niño.

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es un problema de salud pública que afecta el desarrollo y calidad de vida de las personas. Inicia antes de los seis años, con incidencia del cinco al siete por ciento en niños y un poco más bajo en niñas; en la adolescencia prevalecen los síntomas y en la adultez persiste hasta en un 50 por ciento.

De 19 a 37 por ciento de quienes lo padecen presentan algún tipo de trastorno en el estado de ánimo como depresión, disturbio bipolar o temperatura más alto de lo normal y prolongada. Aproximadamente la mitad de los infantes con este trastorno continúa presentando los síntomas en la edad adulta, y tiene problemas en las relaciones emocionales y de pareja.

Es determinante el diagnóstico oportuno de la enfermedad, pues su tratamiento permite disminuir los riesgos que conlleva, como sufrir maltrato infantil, rechazo escolar, aislamiento social, y en los adolescentes, el consumo de sustancias nocivas para su salud.

En el prolongado confinamiento al que nos ha obligado la pandemia por Covid-19, las niñas y los niños que viven con este padecimiento afrontan mayores dificultades que los demás miembros de las familias. Muchas familias pueden no estar manejando de la mejor manera situaciones críticas cuando algún miembro de ellos padece TDAH, sobre todo, por falta de conocimiento o capacitación.

El desarrollo de la tecnología permite aprovechar medios de comunicación tradicionales, así como las llamadas redes sociales, que pueden aprovecharse para llevar mensajes de sensibilización e información de fuentes confiables sobre TDAH a todos los miembros de las familias.

Por lo anterior, se busca exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que en coordinación con la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” contar con una campaña de sensibilización por parte de las instituciones educativas con base en el apoyo técnico de profesionales de la salud, se pueden elaborar materiales gráficos y audiovisuales en formatos sencillos y comunicables que apoyen la identificación del TDAH y su mejor manejo en los hogares durante el confinamiento.

La campaña virtual de información y sensibilización sobre TDAH podrá enlazar a familias, docentes y especialistas en salud mental para que éstos ayuden a identificar síntomas y conductas, pero también para brindar apoyos especializados y posibilidades de acompañamiento comunitario ante el problema.

Por lo expuesto, propongo el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Educación Pública para que, en el ámbito de su competencia, y en coordinación con la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, implemente una campaña virtual de sensibilización e información sobre trastorno por déficit de atención con hiperactividad durante la actual de la pandemia por Covid 19.

Notas

1 Naciones Unidas (2018), La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe (LC/G.2681-P/Rev.3), Santiago.

2 OMS (1994) Guía de bolsillo de la clasificación CIE-1O Disponible en el siguiente sitio web: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42326/8479034920_spa.p df;jsessionid=7A6FB64B80F91289EE44ABBA7BEC0712?sequence=1

3 INPRFM (2018). ESTATUTO ORGÁNICO. Disponible en el siguiente sitio web:
http://inprf.gob.mx/normateca/archivos/estatuto_organico_2018.pdf

Fuentes consultadas:

https://www.who.int/topics/mental_health/es/

https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/adhd/index.html

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/neurologicas/ trastorno-deficit-atencion-hiperactividad.html

http://www.scielo.org.mx/pdf/sm/v34n2/v34n2a8.pdf

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_867.html

https://www.gaceta.unam.mx/hiperactividad-y-deficit-de-a tencion-problema-de-salud/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2021.

Diputada María Marivel Solís Barrera (rúbri ca)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a fortalecer las acciones destinadas a prevenir y atender las enfermedades renales crónicas ocasionadas en su mayoría por padecimientos como la diabetes y la hipertensión, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la Honorable Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La enfermedad renal crónica (ERC), también llamada insuficiencia renal crónica es aquella perdida gradual de la función renal (riñones), son aquellos órganos encargados de filtrar los desechos y el exceso de líquidos de la sangre, que luego son expulsados a través de la orina.1

La Organización Mundial de la Salud señala que los signos y síntomas de la enfermedad renal crónica se desarrollan con el paso del tiempo y el daño renal suele avanzar lentamente, y puede incluir, náuseas, vómitos, pérdida de apetito, fatiga y debilidad, problemas de sueño, cambios en la producción de orina, disminución de la agudeza mental, espasmos musculares y calambres, hinchazón de pies y el tobillo y presión arterial alta.

Algunos de los factores que pueden aumentar el riesgo de enfermedad renal crónica son la diabetes, la presión arterial alta, enfermedades del corazón, el envejecimiento, el tabaquismo y la obesidad, asimismo, representa un alto riesgo pues no tiene cura, pero existen tratamientos que ayudar a controlar los síntomas, reducir las complicaciones y retrasar la progresión de la enfermedad.

Especialistas regionales en Prevención y Control de Enfermedades Crónicas de la OMS señalan que realizar actividad física, no fumar, llevar una dieta saludable, comer con poca sal y poca azúcar y monitorear regularmente la presión arterial, pueden prevenir la hipertensión y la diabetes tipo 2, y con ello, se podría evitar generar daños en los riñones.2

La enfermedad renal es padecimiento no transmisible y actualmente afecta a alrededor de 850 millones de personas en todo el mundo, por lo que uno de cada diez adultos padece esta enfermedad. La carga global está aumentando y se prevé que se convierta en la quinta causa más común de años de vida perdidos en todo el mundo para 2040, convirtiéndose en una causa importante de gastos catastróficos para la salud.3

Datos de la encuesta sobre Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE) elaborada por la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señalan que en América Latina y el Caribe, dos de cada tres personas mayores reportaron tener una de seis enfermedades crónicas frecuentes a esa edad (hipertensión, diabetes, cardiopatía, enfermedad cerebrovascular, artropatías o enfermedad pulmonar crónica) y dos de cada tres al menos tienen el hábito de fumar, sobrepeso o la falta de actividad física rigurosa.

Para detectar la enfermedad renal crónica, los especialistas recomiendan realizarse un examen de sangre y de orina, y medirse la presión arterial, en especial entre la población en riesgo, como diabéticos, hipertensos, mayores de 65 años, quienes hayan tenido algún episodio cardiovascular, familiares de pacientes que ya sufren alguna dolencia renal, fumadores y personas sedentarias.

En las Américas, las enfermedades no transmisibles (cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas, entre otras) causan tres de cada cuatro defunciones, es decir, que unos 4.45 millones de personas mueren al año por causa de alguna de ellas.

Es importante señalar que los costos de diálisis y trasplante de riñón consumen del 2 al 3% del presupuesto anual de atención médica en países de altos ingresos; gastado en menos del 0.03% de la población total de estos países. En los países de bajos y medianos ingresos, la mayoría de las personas con falla renal tienen acceso insuficiente a diálisis y trasplante de riñón, por lo que corren mayor riesgo de muerte.

Ante un panorama complicado en el cuidado de los riñones, se estableció que el segundo jueves de cada año se lleve a cabo la conmemoración del Dia Mundial del Riñón, siendo una campaña de concientización global sobre comportamientos preventivos, consciencia sobre los factores de riesgo y consciencia sobre cómo vivir con una enfermedad renal.

México no es ajeno a este problema, basta señalar que en 2017 se reportó una prevalencia de enfermedades renales crónicas del 12.2% y 51.4 muertes por cada 100 mil habitantes en el país.4

Además, las enfermedades renales tienen un gran impacto en las finanzas de las instituciones y en la economía de las familias, pues el gasto en salud anual medio por persona para esta patología se estimó en 8,966 dólares estadounidenses (USD) en la Secretaría de Salud, y de 9,091 USD en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

En la actualidad hay alrededor de 6.2 millones de mexicanos con diabetes que tienen insuficiencia renal en sus distintas etapas, sin que necesariamente todos ellos tengan conocimiento que la padecen, un 98% de las personas se encuentra en etapas tempranas, cuando aún es todavía controlable y reversible.

No obstante, el Instituto Nacional de Salud Pública señala que en estos datos no se incluye a los enfermos por hipertensión arterial sistémica, enfermedades autoinmunes, infecciones, antecedentes congénitos, problemas obstructivos y daño por fármacos, que se desarrollan en forma progresiva hasta llegar a las etapas tardías y que, en la mayoría de los casos, lo hace de manera silenciosa.

Asimismo, indica que a pesar de la reducción de los factores de riesgo como las dietas poco saludables, la inactividad física y el consumo de tabaco, la pobreza puede contribuir a la dificultad de reducir estos factores de riesgo porque se ha demostrado que está fuertemente asociada con el desarrollo de la obesidad, que a su vez es un factor de riesgo para la diabetes y la hipertensión.

Los riñones son una parte fundamental en el funcionamiento del cuerpo humano, por lo que su cuidado es esencial para tener una calidad de vida aceptable, sin embargo, los malos hábitos, la escaza atención y la falta campañas de concientización para evitar enfermedades crónicas en los mexicanos, han incrementado el número de pacientes que llegan a los hospitales con problemas graves de salud.

En razón de lo anterior, es que solicitamos a la Secretaria de Salud que fortalezca las acciones y los programas para que contribuyan a causar un impacto positivo en la prevención y el control de las enfermedades renales crónicas, pues al ser una enfermedad silenciosa, aumenta el número de mortandad en la población de todo el país.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta

Punto de Acuerdo

Único. - La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Salud para que fortalezca las acciones que ayuden a prevenir y atender las enfermedades renales crónicas que son ocasionadas en su gran mayoría por padecimientos crónicos como la diabetes y la hipertensión.

Notas:

1. https://www.paho.org/es/temas/enfermedad-cronica-rinon

2. https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id
=9379:2014-kidney-disease-rising-among-seniors-diabetes-hypertension&Itemid=1926&lang=es#:
~:text=La%20enfermedad%20renal%20cr%C3%B3nica%20es,hasta%20un%20trasplante%20de%20ri%C3%B1%C3%B3n.

3. https://www.worldkidneyday.org/ckd-2020-spanish/

4. https://www.insp.mx/avisos/5296-enfermedad-renal-cronica-mexico.html

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a los 23 días del mes de marzo de 2021.

(Rúbricas)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a considerar como grupo de atención prioritaria a los policías de los tres órdenes de gobierno y dirigir una campaña de vacunación contra el Covid-19 para ellos, a cargo de la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Covid-19 es una enfermedad infecciosa causada por el nuevo coronavirus que emergió a finales de 2019 (SARS-CoV-2).

La pandemia de Covid-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo del 2020, la primera pandemia no debida a influenza que afecta a más de 200 países, y con más de 60 millones de casos.

Según la OMS alrededor de 1 de cada 5 personas que contraen la Covid-19 acaba presentando un cuadro grave y experimenta dificultades para respirar.

Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardiacos o pulmonares, diabetes o cáncer tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. Sin embargo, cualquier persona puede contraer la Covid-19 y caer gravemente enferma.1

Al 15 de marzo de este año hay 2.167.729 personas confirmadas de coronavirus y 194.944 personas fallecidas por coronavirus en México.2

Ante el alto contagio de la enfermedad, el Gobierno de México determinó implementar la Política Nacional de Vacunación cuyo objetivo general es disminuir la carga de enfermedad y defunciones ocasionada por la Covid-19.

Los objetivos específicos del Plan Nacional de Vacunación son inmunizar como mínimo al 70%, de la población en México para lograr la inmunidad de rebaño contra el virus SARS-CoV-2.

- 100% del personal de salud que trabaja en la atención de la Covid-19.

- 95% de la población a partir de los 16 años cumplidos.

De acuerdo con el grupo técnico asesor para la vacuna (GTAV) Covid-19 en México, se han tomado en cuenta cuatro ejes de priorización para la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en México:

1. Edad de las personas;

2. Comorbilidades personales;

3. Grupos de atención prioritaria, y;

4. Comportamiento de la epidemia.

Como lo recomienda el GTAV, la edad es el primero de los ejes de priorización con los que se van a reducir el número de personas fallecidas por la Covid-19 en México.3

Conforme a lo expuesto, a mediados de diciembre de 2020 el Gobierno de México determinó que los profesionales de la salud que están al frente de la respuesta a la pandemia de covid-19 serían los primeros en recibir la vacuna contra el Covid-19.

Se ha determinado que entre las personas más propensas a contraer el Covid-19 son las personas de 60 años o más, razón por la cual actualmente en México se está llevando a cabo una campaña de vacunación contra la Covid-19 en todo el país dirigida a los adultos mayores.

Por ello, durante la conferencia de prensa mañanera del 08 de diciembre de 2020, se informó sobre el orden de los grupos de población que tendrán prioridad en la aplicación de la vacuna contra Covid-19.4

Las fechas de aplicación de la vacuna contra Covid-19 en México se dividirán en cinco etapas:

• Primera etapa: diciembre 2020 – febrero 2021, para personal de salud de primera línea de control de Covid-19

• Segunda Etapa: febrero – abril 2021, dedicada a vacunar a personal de salud restante y personas de 60 años y más.

• Tercera Etapa: abril – mayo 2021, enfocada a personas de 50 a 59 años

• Cuarta Etapa: mayo – junio 2021, destinada a vacunar contra coronavirus a personas de 40 a 49 años

• Quinta Etapa: junio – marzo 2022, asignada para el resto de la población

La importancia de contar con la vacuna es que la vacunación es una forma sencilla, inocua y eficaz de protegernos contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas. Las vacunas activan las defensas naturales del organismo para que aprendan a resistir a infecciones específicas, y fortalecen el sistema inmunitario.

Tras vacunarnos, nuestro sistema inmunitario produce anticuerpos, como ocurre cuando nos exponemos a una enfermedad, con la diferencia de que las vacunas contienen solamente microbios (como virus o bacterias) muertos o debilitados y no causan enfermedades ni complicaciones.5

Durante la pandemia de Covid-19 la vacunación es de importancia crucial pues cuando nos vacunamos, no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean.

Por eso estoy convencida que es necesario que también se considere como un grupo prioritario para recibir la vacuna contra la Covid-19 a los policías.

Un policía es un servidor público que personifica la facultad coercitiva que tiene el Estado para hacer uso del monopolio de la fuerza legítima.

La esencia de la policía es de carácter preventivo y disuasivo para tratar de evitar las conductas antisociales y la comisión de delitos, pero al mismo tiempo está facultada para hacer uso de la violencia justificada con el fin de lograr el restablecimiento del orden infringido.

La función policial es de suma importancia en el país, pues su trabajo diario reviste grandes riesgos y desafíos; y más allá, también porque la función pública policial representa un componente vital en la consolidación de una democracia.

Por ello, es imprescindible proporcionarles los elementos que sean necesarios para el cumplimiento de su función como es la vacuna contra el coronavirus.

Esta enfermedad es altamente contagiosa, una persona puede contraer la Covid-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar.

Tan solo en la Ciudad de México, al menos 216 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México murieron en 2020 a causa de la pandemia de Covid-19, mientras que cerca de 2 mil 400 policías capitalinos contrajeron el virus. En promedio, nueve policías se contagian todos los días.6

A nivel nacional, en 2020 más de 4 mil 800 policías de todos los niveles y corporaciones se contagiaron de Covid-19 en México, y poco más de 700 fallecieron. En promedio, 1 de cada 7 policías que contraen dicha enfermedad pierden la vida, proporción seis veces mayor que la registrada en los trabajadores de la salud.7

La función que desempeñan los policías es fundamental para el país, pues la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

La función pública atribuida a los policías tiene como principales objetivos vigilar y cuidar el orden público en el territorio del Estado para proteger la integridad, patrimonio y derechos de sus habitantes

La policía debe garantizar, mantener y restablecer el orden, prestar ayuda a las personas y a la comunidad, garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio, prevenir, y combatir a la delincuencia, para permitir el pleno desarrollo de la sociedad.

Por ser la función policial fundamental para el mantenimiento del orden social en un Estado de Derecho se propone exhortar a la Secretaría de Salud de la Federación para que considere la posibilidad de dirigir una campaña de vacunación contra la Covid-19 a los policías de los tres órdenes de gobierno, por tener a su cargo la alta función de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

Debemos proteger a nuestros policías que enfrentan día con día un altísimo riesgo de ser asesinados por el crimen, y desde 2020 de contraer el virus del Covid-19.

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, con pleno respeto al principio de división de poderes, a la Secretaría de Salud de la Federación para que considere como un grupo de atención prioritaria a los policías de los tres órdenes de gobierno y dirija una campaña de vacunación contra la Covid-19 para ellos, por tener a su cargo la alta función de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social y porque en promedio, 1 de cada 7 policías que contraen Covid-19 pierden la vida, proporción seis veces mayor que la registrada entre los trabajadores de la salud.

Notas

1 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/
q-a-coronaviruses?gclid=Cj0KCQjw2PP1BRCiARIsAEqv-pQvl6yLWmOhEohJO5wJ7ma3bmaIACwz
M6UDbM3nBvJhAH3-QE6BUa4aAh1EEALw_wcB

2 https://datosmacro.expansion.com/otros/coronavirus/mexico

3 https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/PolVx_Covid_-11En e2021.pdf

4 https://www.unotv.com/nacional/mexico-presenta-plan-de-vacunacion-contr a-el-covid-19/

5 https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/vaccines-and-immunization-what-is-vaccination?
adgroupsurvey={adgroupsurvey}&gclid=EAIaIQobChMIpYyInLa17wIVsP_jBx2HlAWIEAAYASAAEgIjefD_BwE

6 https://www.animalpolitico.com/2021/01/covid-mueren-200-elementos-polic ia-fiscalia-cdmx-bajas-superan-federales/

7 https://www.animalpolitico.com/2021/01/deja-covid-mas-700-policias-muer tos-2020-1-de-cada-7-fallecen/

Dado en la sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 17 días del mes de marzo de 2021.

Diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a practicar las auditorías forenses a los recursos ejercidos por la Universidad Juárez de Durango en 2020, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, diputadas y diputados Marco Antonio Andrade Zavala, Maribel Aguilera Chairez, Martha Olivia García Vidaña, María de Lourdes Montes Hernández y Hilda Patricia Ortega Nájera integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, en la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, para que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral I, fracción II, numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición, con punto de acuerdo, de urgente resolución, por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, solicita a la Auditoría Superior de la Federación, se realicen auditorias forenses a los recursos ejercidos por la Universidad Juárez del estado de Durango en el ejercicio fiscal de 2020, lo anterior con base a las siguientes

Consideraciones

La Universidad Juárez del estado de Durango (UJED) enfrenta una situación difícil en sus finanzas con un déficit de 350 millones de pesos; año con año el rector en turno debe tocar cuantas puertas son necesarias, para poder cumplir con el pago de las prestaciones de fin de año para sus académicos y administrativos, también enfrenta la falta de recursos para mejorar y ampliar sus programas académicos1 .

Por ello y en aras de lograr que se esclarezca el destino que se les ha dado a los recursos federales que se han ejercido en esa casa de estudios durante 2020, solicito que se realicen auditorias forenses y se determine si existen daños al erario.

Refiero para fundamentar lo anterior que la Auditoría Superior de la Federación, (ASF) en la revisión de la Cuenta Pública 2016, hizo observaciones a la Universidad Juárez del estado de Durango, en cuanto a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de los Convenios de Apoyo Financiero del Programa U006 de la Secretaria de Educación Pública; que generaron un probable daño a la Hacienda Pública en ese año por más de 21 millones de pesos.

El documento elaborado por la Auditoría Superior de la Federación establece 14 observaciones, de las cuales 8 fueron solventadas, dos generaron recomendaciones, una genero la promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias y tres Pliegos de Observaciones2 .

La Universidad Juárez del estado de Durango en el Ejercicio Fiscal de 2017, generó un daño a la Hacienda Pública por más de 17 millones de pesos, a los cuales deben sumarse los intereses generados a la fecha; por pagos realizados a servidores públicos que carecieron de la documentación que acredite la profesión académica por la cual cobraron durante el ejercicio fiscal en 2017. Es de mencionar que en 2017 la Auditoría Superior de la Federación, determinó que se incumplieron las obligaciones de transparencia, ya que la Universidad no público los informes previstos en la normatividad sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos3 .

Respecto a la Cuenta Pública de 2018 la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno de estado de Durango abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción de los recursos del U006 2018, recursos que debían ser transferidos a la Universidad Juárez del Estado de Durango. Sin embargo, conforme el Informe de la Auditoría Superior de la Federación, la cuenta aperturada por la Universidad Juárez del estado de Durango, no sólo recibió recursos de la U006, con lo cual se cae en inobservancias de la ley. Cabe mencionar que el informe de la Auditoría Superior de la Federación no especifica montos, ni responsabilidades fincadas por la situación mencionada; aun y cuando señala que la propia Contraloría Interna de la Universidad Juárez del Estado de Durango, ya inició investigaciones para determinar las posibles responsabilidades con el expediente número 1-04-171 DS-18/2019.

Asimismo, en el informe de la Cuenta Pública 2018, la Auditoría Superior de la Federación, señala que en la cuenta aperturada por la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno de estado de Durango para la recepción de los recursos del U006 2018, existe un saldo pendiente por ejercer que no coincide con el saldo en la cuenta bancaria, sin que la Auditoría Superior de la Federación, señale los montos de dichos saldos, información de suma importancia para determinar posibles inconsistencias, daños y el alcance de dichos daños a la hacienda pública; e igualmente fincar las responsabilidades correspondientes. En el mismo informe se menciona que la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno de estado de Durango no transfirió a la Universidad Juárez del estado de Durango más de 47 millones de pesos, causando inobservancias a la ley y al presupuesto de dicha institución educativa.

En 2018 también se acreditó que de una muestra de 355 trabajadores más de 13 por ciento de ellos no habían acreditado los requisitos mínimos de escolaridad para desempeñar los puestos asignados, lo cual significa la erogación de pagos violentando diversos ordenamientos legales, entre ellos la Ley para el ejercicio de las Profesiones del estado de Durango en su artículo 59; y generando la suspicacia de cuantos pagos hizo la institución violentando dichos ordenamientos legales4 .

El órgano fiscalizador mencionado también realizó observaciones a la Universidad Juárez del estado de Durango, en la Cuenta Pública 2019, donde se hallaron inconsistencias por mil 78 millones de pesos, pendientes por aclarar por recursos transferidos a las cuentas de nómina, pero que no coinciden con la nómina presentada, ni con lo registrado como pagado por servicios personales. Asimismo, existen otros 47 millones de pesos devengados en pagos injustificados, que implican un posible daño a la hacienda pública. Aunque cabe anotar que esta última auditoria aún se encuentra en fase de solventación5 .

La Universidad Juárez del estado de Durango, conforme a la información que es pública de la Estafa Maestra contribuyó con más de 10 millones de pesos, en afectaciones al erario público, debido a un convenio que firmó con la Sagarpa; recursos que deben ser identificados y fincar las responsabilidades correspondientes6 .

Es necesario que ante todas las situaciones antes descritas se tomen acciones que den certeza a la comunidad universitaria, al gobierno y a la ciudadanía; del uso de los recursos públicos por parte de la Universidad Juárez del estado de Durango.

Por lo mencionado, someto a la consideración de la asamblea, de urgente resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respetuosamente solicita a la Auditoría Superior de la Federación realizar auditorías forenses a los recursos federales ejercidos por la Universidad Juárez del estado de Durango en el ejercicio fiscal de 2020 y presente los resultados de dichas auditorías a la honorable Cámara de Diputados.

Notas

1 https://hemeroteca.elsiglodedurango.com.mx/noticia/1251262.deficit-de-l a-ujed-es-de-350-millones.html

2 https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016ii/Documentos/Auditorias/20 16_0858_a.pdf

3 https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017c/Documentos/Auditorias/201 7_0211_a.pdf

4 https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018c/Documentos/Auditorias/201 8_0171_a.pdf

5 https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_0159_a.pdf

6 https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/1065412.ujed-desvio-mas-de- 10-mdp-con-estafa-maestra.html

7 https://lavozdgo.com/2019/08/15/la-ujed-si-acepto-dinero-en-la-estafa-m aestra/

Dado en el salón de sesiones, el 23 de marzo del 2021.

Diputados: Marco Antonio Andrade Zavala, Maribel Aguilera Chairez, Martha Olivia García Vidaña, María de Lourdes Montes Hernández, Hilda Patricia Ortega Nájera. (Rúbrica.)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a implantar con las secretarías y los institutos de educación locales una estrategia para revertir el deterioro de la infraestructura educativa por la falta de mantenimiento desde el 17 de marzo de 2020, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguientes

Consideraciones

La educación es una herramienta trascendental para que los individuos y colectividades aspiren a alcanzar un futuro mejor, es fuente de superación y un igualador social por excelencia. Sin embargo, el impacto de la crisis causada por la pandemia del coronavirus Covid-19 en este ámbito clave para la sociedad no tiene precedente. De acuerdo con los especialistas, ha retrasado el logro de los objetivos internacionales en la educación, afectando de manera desproporcionada a los sectores más pobres y vulnerables de la población.

Existe consenso entre los especialistas en que la pandemia ha provocado la mayor interrupción de la historia en la educación y tiene un efecto prácticamente universal en los alumnos y docentes desde escuelas preescolares a secundarias, instituciones de enseñanza y formación técnica y profesional, universidades, centros de educación de adultos y centros de desarrollo de aptitudes.

En suma, la pandemia es una amenaza real para el avance de la educación, toda vez que tiene dos impactos sustanciales, a saber: 1. El cierre prácticamente universal de las escuelas de todos los niveles y 2. La recesión económica generada por las medidas de control de la pandemia.

El Banco Mundial (BM) ha advertido que, si no se realizan esfuerzos considerables para contrarrestar tales efectos, el cierre de escuelas provocará pérdidas de aprendizajes, aumento de la deserción escolar y mayor desigualdad, y la crisis económica –que afectará a los hogares– agravará el daño debido a la reducción de la oferta y demanda educativa. Estos dos impactos tendrán, en conjunto, un costo a largo plazo sobre el capital humano y el bienestar.1

Para poner en su justa dimensión el tema, basta señalar que según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), casi 1,600 millones de alumnos de más de 190 países –el 94% de la población estudiantil del mundo– se vieron afectados por el cierre de las instituciones educativas en el momento más álgido de la crisis.2

También, destaca que 24 millones de estudiantes, desde el nivel de preescolar hasta el superior, podrían no volver a la escuela como resultado de los cierres provocados por la Covid-19. Pero, es previsible que el número total de niños que no retornen a la educación sea mayor. Entre otros impactos, los cierres de las escuelas ocasionan que las niñas y las mujeres jóvenes sean más vulnerables al matrimonio infantil, al embarazo precoz y la violencia de género, situaciones que reducen sus probabilidades de continuar con los estudios.

En el caso de América Latina, la pandemia provocó el cierre temporal de miles de colegios, afectando a 160 millones de estudiantes, según estimaciones de la Unesco.3

México no es ajeno a este grave fenómeno. A parir de la llegada de la pandemia al país y el subsecuente cierre de las escuelas por el confinamiento sanitario, el sistema educativo se ha visto seriamente afectado.

Recordemos que a partir del 20 de marzo del año pasado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció del cierre de las escuelas en el país y, por tanto, la suspensión de clases presenciales, medida orientada a controlar el número de contagios entre la población escolar.

El confinamiento sanitario ha ocasionado que cerca de 37 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes deban continuar sus clases desde casa. Pero, es indudable que con el cierre de los centros educativos, los grupos más vulnerables se han visto mayormente afectados, con el riesgo no solo de quedar aun más rezagados, sino inclusive, de abandonar la escuela para siempre, con el correspondiente impacto en su desarrollo y oportunidades a lo largo de su vida.

Otra de las problemáticas que deberán enfrentar las escuelas es el deterioro de la infraestructura escolar, el cual, es un componente crítico que contribuye a la calidad de la educación. Como sabemos, las escuelas, además de ser el lugar donde niños y jóvenes aprenden, también es el sitio donde pasan la mayor parte de su tiempo después de su hogar, por lo que es primordial contar con una cada vez mejor infraestructura con la que operan los centros educativos.

Tradicionalmente, la infraestructura se ha analizado como un factor asociado ante todo con la cobertura escolar, pero en años recientes ha aumentado el número de estudios que han encontrado vínculos positivos con las condiciones físicas de las escuelas y el aprendizaje de los alumnos.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) advierte que la calidad de la infraestructura escolar podría ser una de las causas del nivel de aprendizaje de los estudiantes. En su estudio “Infraestructura Escolar y Aprendizajes en la Educación Básica Latinoamericana” plantea que existe una relación entre la infraestructura educativa y el aprendizaje y rendimiento de niños y jóvenes. Los alumnos que estudian en establecimientos educativos con mejores condiciones de infraestructura se sienten más interesados por asistir a clase que aquellos que lo hacen en instalaciones que no disponen de servicios básicos y atractivos adicionales.4

Por otro lado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), señala que los espacios escolares son también lugares de convivencia, donde se expresan y desarrollan las relaciones entre los distintos miembros de la comunidad escolar.5

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (Inee), subraya que la infraestructura educativa es un componente clave del Sistema Educativo Nacional y factor fundamental para el desarrollo de las comunidades escolares: directores, docentes, estudiantes y padres de familia.

La evidencia disponible señala que la infraestructura escolar influye positivamente en la motivación de los estudiantes, en la mejora de sus prácticas de higiene y su salud, incrementa su sensación de seguridad y sus niveles de asistencia, lo que en conjunto repercute en su logro académico. Asimismo, las buenas condiciones escolares fortalecen la satisfacción laboral de maestros y directores y propician el desarrollo de mejores procesos de enseñanza-aprendizaje.6

Po lo que recomienda diseñar políticas que atiendan el problema de la infraestructura educativa. Resalta la existencia de casos importantes donde la seguridad de las comunidades escolares está en posible riesgo debido al deterioro de la infraestructura, y expresa la importancia de implementar acciones para salvaguardar la integridad de los alumnos y personal educativo. Sin duda, estas problemáticas se han agudizado con el cierre de las escuelas, como resultado del cierre de las escuelas por la pandemia de la Covid-19.

Según diversos medios periodísticos, la mayoría de las escuelas del país, sobre todo, de educación básica, han sufrido daños y están en malas condiciones, además de ser objeto de vandalismo o robo, por el abandono a raíz del cierre a consecuencia de la pandemia del coronavirus Covid-19.

Para muestra, basta un botón. En la Ciudad de México, un integrante de los equipos gubernamentales que se encargaron de buscar las escuelas idóneas para ser utilizadas en la campaña de vacunación contra el Covid en Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta explicó que, tras visitar al menos una veintena de planteles, encontraron problemas como maleza crecida, vidrios rotos, deterioro en pintura y fachadas y falta retretes, grifos, cableado eléctrico y lámparas. En los peores casos, incluso, se habían robado equipos de televisión y cómputo.7

En Tamaulipas 675 escuelas, de las 4 mil 500 que existen, requieren rehabilitación, es decir, en el 15 por ciento; mientras que el 10 por ciento de los casos necesitan limpieza por falta de usos, en 5 por ciento algo más a fondo como pintura, impermeabilización, entre otras cosas más.8

Esta grave problemática que perjudica a millones de alumnos y maestros en todo el país, demanda de la coordinación de los tres órdenes de gobierno para invertir en el mantenimiento de las escuelas ante el próximo retorno a clases presenciales.

Resulta necesario y urgente mejorar las condiciones de las escuelas para que el regreso a clases sea seguro. Durante el ciclo escolar 2019-2020, se tenían registradas un total de 262,805 escuelas en todo el país, de las cuales, 230,130 corresponden a educación básica, cifra que equivale a casi 88% del total.9

En el estado de Guanajuato, el 98 por ciento de los planteles educativos han sido objeto de vandalismo o robo, siendo el municipio de León uno de los más afectados. Respecto al pago de servicios, se destaca que desde que comenzó la pandemia y se cerraron las instituciones educativas se sigue pagando el agua a los organismos reguladores del vital líquido, pese a que no se tienen clases.10

Estas son solo algunos ejemplos de entidades federativas en el país cuyas escuelas se enfrentan a diversos problemas de infraestructura que es necesario y urgente atender.

En este sentido, es indispensable contar con información sobre la situación del problema. ¿Cuál es el estado real de la infraestructura escolar del país? ¿qué proporción de las escuelas están en condiciones de arrancar las clases presenciales? ¿qué acciones se tienen contempladas para el mejoramiento de los planteles educativos? ¿cuánto tiempo llevarán? y ¿cuál será el presupuesto requerido? Son preguntas claves que la sociedad mexicana necesita saber.

Hoy, no se cuenta con información pública que permita tener un diagnóstico objetivo sobre la infraestructura educativa en el país, la cual, está severamente afectada por el cierre de planteles educativos por la pandemia. No hay datos, ni una estrategia para la atención de este problema sustancial que impacta negativamente a millones de alumnos y maestros del Sistema Educativo Nacional.

En conclusión, debido a los potenciales costos educativos de la pandemia, resulta de la mayor relevancia colocar a la educación en el centro de la agenda gubernamental de recuperación post-Covid 19, para que siga siendo el motor para retomar el camino del desarrollo y la prosperidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación con las secretarías e institutos de educación de los gobiernos estatales, implementen una estrategia orientada a revertir el deterioro de la infraestructura educativa, derivado de la falta de mantenimiento desde el 17 de marzo de 2020, cuando las escuelas cerraron por la pandemia del coronavirus COVID-19.

Notas:

1. https://www.bancomundial.org/es/topic/education/publication/the-covid19-pandemic-shocks-to-education
-and-policy-responses#:~:text=Si%20no%20se%20realizan%20esfuerzos,la%20oferta%20y%20demanda%20educativa.

2. https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_education_duri ng_covid-19_and_beyond_spanish.pdf

3. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54097136

4. https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/
Infraestructura_escolar_y_aprendizajes_en_la_educaci%C3%B3n_b%C3%A1sica_latinoamericana_
Un_an%C3%A1lisis_a_partir_del_SERCE.pdf

5. https://www.uniradioinforma.com/noticias/mexico/366071/
como-la-infraestructura-escolar-influye-en-la-calidad-educativa.html

6. https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2018/12/documento5-infraestr uctura.pdf

7. https://diario.mx/nacional/ninos-y-papas-listos-escuelas-reprobadas-202 10321-1774988.html

8. https://www.milenio.com/politica/comunidad/tamaulipas-pandemia-deja-600 -escuelas-en-mal-estado

9. https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/
principales_cifras/principales_cifras_2019_2020_bolsillo.pdf

10. https://www.elsoldesalamanca.com.mx/local/se-enfrentan-escuelas-del-est ado-a-vandalismo-y-altos-pagos-en-servicios-vandalismo-escuelas-robos-d anos-instalaciones-6503319.html

Dado en el salón de sesiones del Palacio de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a los 23 días de marzo de 2021.

(Rúbricas)


Efemérides

Con motivo del 21 de marzo, Día Internacional de los Bosques, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN

“Los bosques preceden a las civilizaciones, los desiertos las siguen”

François-René de Chateaubriand

Y es que la vida humana depende de los bosques, desde el aire que respiramos hasta la madera y sus derivados que se encuentran presentes en nuestro día a día, como el caso de los muebles, puertas, utensilios en general, lápices o como en el caso del papel y el cartón, además de proporcionar hábitat para animales, así como medios de subsistencia para los humanos.

La madera es un material muy versátil, por ejemplo, puede ser y de hecho es usada como aislante de la electricidad, protege del frío, no obstante, sus características de resistencia, han permitido a lo largo de la historia, que sea utilizada para fabricar elementos estructurales como vigas o pilares, sin embargo, es al mismo tiempo blanda lo que permite, que se pueda trabajar con ella con bastante facilidad (cortar, limar, taladrar) así como para uso artesanal y ornamental.

Por otra parte, la función esencial de los bosques se encuentra, a grandes rasgos, en el proceso de la fotosíntesis, que es a través del cual las plantas absorben CO2, reteniendo el carbono y liberando el oxígeno restante, así los bosques se consideran sumideros naturales de carbono, que es un concepto adoptado en la Convención Marco de Cambio Climático de 1992, ya que están formados por una gran variedad de árboles y plantas.

Así que se dice fácil -que los árboles nos proveen de oxígeno- pero es igualmente relevante saber que, por su papel en la absorción del CO2 de la atmósfera, la fotosíntesis está intrínsecamente relacionada con una reducción del efecto invernadero, se trata de una capacidad brindada por los bosques -al igual que los océanos- que contribuyen a la mitigación del cambio climático, también es necesario destacar que los bosques pueden ser considerados como fábricas de agua, ya que las cuencas hidrográficas y humedales forestales suministran el 75 por ciento del agua dulce accesible en el mundo para satisfacer las necesidades domésticas, agrícolas, industriales y ecológicas, además de actuar como filtros naturales del agua.

De manera que la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su resolución A/67/437, proclamó el 21 de marzo de cada año, como el Día Internacional de los Bosques, al respecto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señala que el objetivo de este día internacional es hacer conscientes a los individuos, sobre la importancia de los bosques en la vida de las personas y del papel crucial que desempeñan en la erradicación de la pobreza, la sostenibilidad medioambiental y la seguridad alimentaria.

La gestión sostenible de los ecosistemas boscosos es clave para abordar los desafíos a los que se enfrentan los países afectados por conflictos, en vías de desarrollo o desarrollados y conforme a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los bosques son uno de los grandes proveedores de la naturaleza, además de ser una fuente de agua y seguridad alimentaria, nos proporcionan muchos servicios ambientales, entendidos como los beneficios que proporciona la naturaleza a la sociedad, ayudan a bajar la temperatura de las ciudades entre 2 y 8 grados, contribuyen a la reducción de la contaminación acústica, así como a la mejora de la salud mental y la prevención de las enfermedades.

Por ello, es indispensable la colaboración de los países en una misma dirección, con la implementación de acciones y medidas que les permitan enfrentar la deforestación y promover su restauración, de la mano a la educación forestal, lo que por supuesto no obedece a un acto de buena fe, el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)15, contempla la necesidad de gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.

En México, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas señala que se cuenta con 34 millones de hectáreas de bosques, con una vasta diversificación de ecosistemas boscosos, como los bosques templados, bosques nublados o mesófilo de montaña, bosque de mezquite, de galería y otros, de modo que al proteger los bosques podemos seguir contando con las Reservas de la Biosfera Mariposa Monarca, en el estado de México y Michoacán; sierra La Laguna, Baja California Sur; La Michilía, Durango; y el Parque Nacional Nevado de Colima, en Jalisco.

Lamentablemente, estos sólo son datos, que se leen alentadores en los sitios Web oficiales, pero la situación en tiempo real, es muy distinta, ya que incluso se menciona que el gobierno ha trabajado en el combate de incendios forestales con el objetivo de lograr la deforestación cero al 2030, por ello no puedo dejar de señalar que desde el inicio de esta administración, se han venido vulnerando todos los esfuerzos en materia de Medio Ambiente, no hay forma más eficaz para manifestar la indiferencia gubernamental que castigando los presupuestos, lo que ha significado la baja de trabajadores eventuales y de confianza que operaban los programas forestales de la Conafor, reduciendo personal en un 70 por ciento, ahora los coahuilenses, enfrentamos una declaratoria de emergencia, con pérdidas invaluables para el medio ambiente y aquí no puede dejar de mencionarse, que el incendio ha afectado más de 7 mil hectáreas, sino que el siniestro se ha efectuado dentro del Área de Protección de Recursos Naturales-Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 026 Bajo Río San Juan, a esto equivale reducir presupuesto en un área estratégica de gestión forestal.

Por ello es necesario insistir, los bosques son uno de los ecosistemas más grandes de nuestro planeta, su extensión corresponde a un tercio de la superficie terrestre, brindan servicios ambientales necesarios para todos los seres vivos: funcionan como pulmones naturales al capturar dióxido de carbono y liberar oxígeno; con la captación y filtración de agua y la retención de los suelos también son fundamentales para combatir el cambio climático.

Por ello, coincido plenamente con lo dicho por António Guterres, hace un año, que “Nuestro medio ambiente global está siendo degradado por nuestras elecciones insostenibles. La forma en que consumimos los recursos naturales está acelerando la pérdida de biodiversidad y exacerbando el cambio climático. En este Día Internacional, insto a todos los gobiernos, las empresas y la sociedad civil a que adopten medidas urgentes para detener la deforestación y restaurar los bosques degradados, de modo que las generaciones futuras puedan disfrutar de un futuro más verde y saludable.”

En el Día Internacional de los Bosques del mundo, me permito refrendar su importancia para la humanidad, así como para la salud de nuestro planeta, lo que hace vital protegerlos de la deforestación y otros posibles efectos negativos de la civilización.

Dado en el salón de sesiones, a 23 de marzo de 2021.

Diputada Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)