Proposiciones

• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP de Michoacán de Ocampo a implantar acciones que garanticen certeza laboral a sus trabajadores, según los subsidios financieros del programa nacional de inglés entregados al gobierno estatal, a cargo de la diputada Anita Sánchez Castro, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los Poderes Ejecutivos y Judiciales de las 32 entidades federativas a realizar jornadas notariales para apoyar en el otorgamiento de testamentos y brindar orientación, atención y asesoría jurídica a los familiares de fallecidos por Covid-19, a cargo de la diputada Jacquelina Martínez Juárez, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli a emprender acciones para conservar y mantener el parque Espejo de los Lirios, a cargo del diputado Jacobo David Cheja Alfaro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas dependencias de la APF y los Poderes Ejecutivos locales a desarrollar, implantar y dar seguimiento a las políticas públicas y los programas sociales que ayuden a los adultos mayores, los jóvenes, los niños y los adolescentes, y las personas con discapacidad que hubieran sido dependientes económicos de fallecidos por Covid-19, a cargo del diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a mantener los apoyos otorgados a asesores educativos, orientadores, aplicadores de examen, promotores de casas comunitarias, enlaces y apoyos técnicos de las figuras solidarias y delegaciones del INEA que desde octubre no lo reciben, a cargo de la diputada Martha Estela Romo Cuéllar, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a implantar con la CFE una mejor estrategia para garantizar el suministro de electricidad en todo el país y evitar apagones, a cargo del diputado Alan Jesús Falomir Sáenz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a establecer por la SE y la Sader medios de coordinación que garanticen la producción de los productores de azúcar y, con ello, la seguridad y estabilidad del campo mexicano, a cargo del diputado José Francisco Esquitin Alonso, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a otorgar salarios fijos y prestaciones laborales a asesores educativos, orientadores, aplicadores de examen, promotores de casas comunitarias, enlaces y apoyos técnicos de las figuras solidarias y delegaciones del INEA, a cargo de la diputada Martha Estela Romo Cuéllar, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a informar a la opinión pública sobre la estructura operativa del reparto de las ayudas sociales del gobierno, y aclarar el destino de más de 3 mil millones de pesos ejercidos en 2019, por presumibles irregularidades y actos de corrupción en la contratación de personal y el pago de salarios a partir de la revisión a la Cuenta Pública de ese año por la ASF, a cargo de la diputada Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del PAN

Efemérides

• Con motivo del Día de la Creación de la Confederación Nacional Agraria, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

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Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP de Michoacán de Ocampo a implantar acciones que garanticen certeza laboral a sus trabajadores, según los subsidios financieros del programa nacional de inglés entregados al gobierno estatal, a cargo de la diputada Anita Sánchez Castro, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Anita Sánchez Castro, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución al tenor de los siguientes:

Consideraciones

La educación es un derecho humano fundamental y está indisolublemente ligado a la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y a muchos otros instrumentos nacionales e internacionales en derechos humanos.

El derecho a la educación es uno de los principios rectores que respalda la Agenda Mundial Educación 2030, así como el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), adoptado por la comunidad internacional. El ODS 4 está basado en los derechos humanos y tiene el propósito de garantizar el disfrute pleno del derecho a la educación como catalizador para lograr un desarrollo sostenible.1

Dentro de nuestros instrumentos jurídicos nacionales que tutelan el derecho a la educación tenemos al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual establece que:

Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado –federación, estados, Ciudad de México y municipios–, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

Asimismo determina que:

...la educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia · de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

Una de las herramientas técnicas federales que sirven para garantizar la protección de los derechos humanos contenidos en nuestra Carta Magna son los programas federales, los cuales son un instrumento de apoyo al gobierno federal que tienen por objeto mejorar las condiciones de vida de la población mediante el otorgamiento de diversos tipos de apoyo para el desarrollo de proyectos de infraestructura, productivos, sociales, educativos u otros que representen un beneficio para la comunidad.

En este orden de ideas y tomando como fundamento el artículo 3o. constitucional se crea en 2009 como programa piloto el Proni (Programa Nacional de Inglés), frente a grupo en las 32 entidades federativas desde 3o. de preescolar a 6o. de primaria; en 2011 inicia con la etapa de prueba de 1o., 2o. y 3o. grado de secundaria; continuando hasta 2015 con la fase de expansión de 3o. de preescolar hasta 3o. de secundaria, año en el que se generaliza este último nivel en los servicios de generales y técnicas2 .

El objetivo del Proni (Programa Nacional de Inglés) es fortalecer a las escuelas públicas de nivel preescolar, primarias regulares, secundarias generales y técnicas, focalizadas o seleccionadas por las AEL, para impartir una lengua extranjera (inglés), mediante el establecimiento de condiciones técnicas y pedagógicas, priorizando aquellas escuelas públicas de educación básica de organización completa, multigrado, indígenas, de jornada regular o de, tiempo completo.3

En este orden de ideas se dice que el diseño curricular del Proni (Programa Nacional de Inglés) está sincronizado con los parámetros nacionales e internacionales la Certificación Nacional de Nivel de Idioma y el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.4

Por ello, el Proni (Programa Nacional de Inglés) contribuye al desarrollo personal y social, a través de la certificación nacional o internacional del personal docente, así como de asesores/as externos/as especializados/as en dos grandes ámbitos: en el conocimiento del idioma inglés y en las habilidades didácticas para enseñarlo; de esta forma la certificación se vuelve un documento que da constancia y cumplimento a dos propósitos:

• Transparencia a la sociedad en su conjunto, ya que asegura que los/as asesores externos/as especializados/as cuentan con estrategias, métodos de enseñanza y conocimiento del idioma inglés, lo que permite lograr un aprendizaje más significativo en los educandos.

• Formar niños, niñas, adolescentes y jóvenes más seguros de sí mismos, que puedan salir y competir con quien sea y en donde sea, que tengan la oportunidad de desarrollar sus talentos y capacidades; por tal motivo, no pueden quedarse sin aprender la lengua que habla el mundo. Saber el idioma inglés es fundamental, ya que es la lengua con la que personas de los orígenes más diversos pueden dialogar y entenderse, por lo que impulsar que el estudiantado en México lo aprenda significa abrirles la puerta hacia nuevas oportunidades.5

Conseguir que los estudiantes de educación básica adquieran las competencias necesarias para el dominio del inglés es una tarea colosal que requiere de maestros capacitados, de materiales, tiempo efectivo de clase y ambiente escolar adecuado por mencionar algunos factores.6

Sin embargo, una de las limitantes en la enseñanza del idioma en nuestro país, es y ha sido que el inglés no forma parte del plan curricular formal, a pesar de que la enseñanza de esta lengua es obligatoria en la educación básica. A esta situación se suma un factor muy importante en la impartición de esta materia dentro de los centros educativos, pues en su mayoría los profesores de inglés son contratados mediante el Programa Nacional de Inglés como asesores externos, esto implica que no sean reconocidos como planta docente formal.

El tipo de contratación de los maestros de inglés tiene implicaciones importantes en su integración como profesores en las escuelas.7

Como ya se mencionó anteriormente, el Proni (Programa Nacional de Inglés) es un programa federal, es decir; dependiente de la Secretaría de Educación Pública, por lo tanto, tiene un presupuesto que deviene de la federación, cuenta con reglas de operación y un convenio-marco que se emiten anualmente.

A pesar de que el presupuesto federal es aprobado cada año fiscal, tal como se encuentra establecido en las normas de operación en su apartado 3.4 características de los apoyos (tipo y monto), así como en el convenio marco celebrado entre el gobierno federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública SEP con los gobiernos estatales, los maestros solo reciben un contrato temporal, donde se les liquidan exclusivamente los meses trabajados, no cuentan con prestaciones, bonos, prima vacacional, seguridad social, ni otras prestaciones que la ley define como obligatorias.8

De acuerdo con las propias cifras de los maestros del Proni, hay más de 30 mil docentes de inglés que se encuentran en la misma situación. En Michoacán son 179 profesores, los cuales atienden 146 escuelas bajo contrato temporal por 3 meses, sin prestaciones y sin estabilidad laboral desde hace aproximadamente once años.9

Aunado a esto, de acuerdo con datos del movimiento denominado “Teacher Haciendo Caminos”, dirigidos por líderes a nivel nacional del Programa Nacional de Inglés, existen 8 estados; entre ellos Michoacán, que no han contratado nuevamente de manera regular a los maestros de inglés como se había estado haciendo los años anteriores, dando un total de aproximadamente mil 800 trabajadores en espera de ser recontratados, pese a que cada uno cumple con los requisitos de contratación establecidos puntualmente en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Inglés para el ejercicio fiscal de 2021.

La situación les ha generado estrés, ansiedad, precariedad en su estilo de vida e incluso rotación laboral, afectando así también su salud emocional como trabajadoras y trabajadores.

El gran reto es lograr condiciones de igualdad para los maestros del Proni respecto a los demás trabajadores de la educación, con el fin de respetar aquella máxima en materia de legislación laboral que señala que “a trabajo igual, salario igual”, pero también, para que la enseñanza del inglés se equipare en condiciones al de las demás asignaturas del plan de estudios en educación básica y por consecuencia, en resultados en el aprendizaje.

No se omite mencionar que si se pretende alcanzar una verdadera transformación educativa, se deberá comenzar por garantizar certeza laboral, otorgando así estabilidad laboral y buenas condiciones de trabajo a todas y todos los maestros, primeros garantes del derecho a aprender de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en México.

Por ello, es sumamente urgente que el gobierno estatal revise y aplique los subsidios que le fueron asignados para operar el Proni (Programa Nacional de Inglés) en la entidad federativa.

Por lo señalado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente acuerdo urgente y de obvia resolución como sigue:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública de Michoacán para que de acuerdo a los subsidios financieros del Programa Nacional de Inglés entregados al gobierno del estado, se implementen las acciones necesarias a fin de garantizar certeza laboral a sus trabajadoras y trabajadores.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2019). Visible: WWW.UNESCO.ORG.MX / Derecho a la Educación. Recuperado de

https://es.unesco.org/themes/derecho-a-educacion

2 Diario Oficial de la Federación (2021). Visible: dof.gob.mx/ Acuerdo Número 18/12/20 Reglas de Operación del Programa Nacional de Inglés para el Ejercicio Fiscal de 2021. Recuperado de

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=560 9166

3 Secretaria de Educación Pública del Gobierno del Estado de Michoacán ( 2015- 2021). Visible: educación.michoaca.gob.mx/Tríptico Proni 2020. Recuperado de

http://www.educacion.michoacan.gob.mx/wp-content/uploads /2020/10/Tr%C3%ADptico_Proni_2020.pdf

4 Dirección General de Desarrollo Curricular. Visible: www.sep.gob.mx /Programa Nacional de Inglés. Recuperado de

http://www.dgdc.sep.gob.mx/dgdc2016/progfederales/dgdc_p rog_fed_Proni.htm

5 Ibídem 2, página 2.

6 La triste situación de los maestros (a) de inglés en el sistema público mexicano (2018). Visible: Educación Futura. Periodismo de interés público www.educacionfutura.org.mx. Recuperado de

http://www.educacionfutura.org/la-triste-situacion-de-lo s-maestros-de-ingles-en-el-sistema-publico-mexicano/

7 Ibídem 6, página 3

8 Maestros Proni: una reivindicación laboral pendiente/Érik Avilés (2020). Visible: www.quadratin.com.mx / Agencia Quadratín. Recuperado de

https://www.quadratin.com.mx/opinion/maestros-proni-una- reivindicacion-laboral-pendiente-erik-aviles/

9 Ibídem 8

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2020.

Diputada Anita Sánchez Castro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los Poderes Ejecutivos y Judiciales de las 32 entidades federativas a realizar jornadas notariales para apoyar en el otorgamiento de testamentos y brindar orientación, atención y asesoría jurídica a los familiares de fallecidos por Covid-19, a cargo de la diputada Jacquelina Martínez Juárez, del Grupo Parlamentario del PAN

Jacquelina Martínez Juárez , diputada a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La pandemia ocasionada por la Covid-19 ha tenido repercusiones graves en muchas familias con el fallecimiento de abuelos, padres, madres e inclusive los hijos, dejando un panorama de total y desprotección jurídica a los demás integrantes que la conforman.

En medio de esta gran tragedia que es la pandemia, la cual no ha respetado edades, origen, condición social, género, raza o creencia religiosa, se encuentra la figura que ocupa la cabeza de familia, no importando quien sea está, padre, madre o inclusive abuelo, puede ser cualquiera de los que la conforman y ocupen ese papel, esa gran responsabilidad, esa gran tarea y encomienda, me refiero a la persona encargada de llevar el sustento a casa, la persona encargada del principal apoyo económico y también moral, la persona encargada en tomar las decisiones importantes y que ahora ya no está o se encuentran en un peligro inminente de muerte.

Los familiares, en este caso esposa, hijos o cualesquiera que sean los deudos, en medio del desconcierto, del duelo, del dolor y desesperación, por ejemplo, de los trámites inmediatos que resolver, como los saturados e insuficientes servicios funerarios o de la holgura económica para resolver esos trámites o simplemente para el sustento diario, tienen que pensar cuál será su nueva realidad, necesitan no sólo de apoyo económico, sino también moral y de orientación jurídica no solo durante la guerra que atraviesan, sino también en la post guerra que se avecina con los trámites por resolver en los asuntos que quedaron pendientes.

La vacuna es una gran esperanza y promesa en nuestro país, pero en lo que se suministra a cada persona, seguro pasará un lapso de tiempo importante, por el gran número de ciudadanos que somos y mientras tanto la

Incógnita será quien se hará cargo de esas familias, quien continuará con el sustento y educación de las mismas, cómo sabrán qué hacer para salir adelante y tener conocimiento de lo más mínimo indispensable para hacer valer o reclamar sus derechos en caso de que el jefe de familia se encontrara trabajando en activo.

Cuando se registró el primer caso de Covid-19 en México, el 27 de febrero pasado, el gobierno federal estimó que el número de muertes sería de 6 mil u 8 mil, en una situación severa. Incluso previó cuatro escenarios más: uno con 12 mil 500, otro con 28 mil, un tercero con 30 mil y uno “muy catastrófico que pudiera llegar a los 60 mil”.

México superó esta última cifra el pasado 22 de agosto lo que lo colocaba como el cuarto país con más decesos, por esa causa según sus datos oficiales públicamente aceptados, sólo por debajo de Estados Unidos, Brasil e India.

Hoy en día las cifras de Covid-19 en México los casos confirmados son 1 millón 649 mil 502 sospechosos 414 mil 273, negativos 2 millones 75 mil 246 y defunciones 141 mil 248.

El índice de letalidad en México hoy es 8.56 por ciento. En el mundo hoy es del orden de 2.2 por ciento, y hay un número de 1 millón 237 mil 321 recuperados estimados segundos datos de la secretaría de salud

Son muertes con distintos rostros y matices en función del lugar geográfico y grupo social en que ocurrieron.

Héctor Hiram Hernández Bringas, académico del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, expuso que los registros de muertos por Covid-19 en México demuestran que el nivel de mortalidad presenta una correlación con la densidad población; que la letalidad es mayor a mayor pobreza y que las poblaciones indígenas son las que presentan una mayor letalidad.

De acuerdo con un análisis realizado por el académico y compartido a periódico El Economista con los datos oficiales disponibles hasta el pasado mes de mayo, el perfil demográfico de las muertes por la pandemia de la enfermedad Covid-19 muestra los siguientes rasgos.

Por sexo, morían dos hombres por cada mujer por Covid-19; la diferencia es de 1.8 hombres por cada mujer. En otros términos, poco más de 70 por ciento de los muertos por Covid-9 eran hombres.

Por edad, la gran parte de las defunciones ocurren a partir de los 40 años y hasta los 69. En ese grupo de edades se concentra 60por ciento de las defunciones por esa enfermedad. El rango de edad de 70 o más representa 25 por ciento. Las personas de menos de 40 años el 15 por ciento.

En varios países la mortalidad en los adultos mayores ha sido muy importante; en México también. Si se analiza la letalidad de la enfermedad, se observa que en algunos segmentos la mortalidad de mayores de 70 años que contraen la enfermedad de Covid-19, la probabilidad de muerte llega a ser del 50. Eso significa que el riesgo de morir en las personas mayores es mucho más alto que en otros grupos de edad.

En cuanto a escolaridad, 50 por ciento de las personas muertas por Covid-19 tenían estudios de primaria o menos, tres de cada cuatro fallecidos (75 por ciento) tenían, cuando más, estudios de secundaria y sólo 35 por ciento de las personas fallecidas tenía secundaria terminada o más.

El académico explicó que el indicador de escolaridad es muy importante porque hay una relación entre baja escolaridad y empleos precarios, vivienda precaria y escaso acceso a los servicios de salud.

Además, tener mayores estudios implica disponibilidad para adoptar prácticas de cuidado de la salud y tomar decisiones en materia de tratamientos o búsqueda de ayuda médica.

Los de más baja escolaridad, son también los que más han fallecido por Covid-19.

Eso se relaciona también con la mortalidad y el tipo de empleo que tenían las personas antes de fallecer.

En este sentido sus análisis refieren que 90 por ciento de las personas fallecidas eran trabajadoras manuales y operativos, amas de casa, pensionadas o jubiladas. 90 por ciento estaban en alguna de estas condiciones.

Se trata de obreros, albañiles, vigilantes, trabajadores de limpieza, choferes, entre otros, sin embargo, hasta en estos hay diferencias. El renglón más importante lo ocupan las amas de casa, que explican 25 por ciento.

Por su cuenta, el subsecretario de Salud Hugo López Gatell informó que la edad promedio de las personas que fallecen a causa de la Covid-19 en México es sorprendentemente menor a la media de los países europeos, de 55 años en comparación con los 75 del viejo continente.

Las tasas altas de obesidad, diabetes e hipertensión en el país explican la baja edad promedio de las personas que fallecen a causa de la Covid-19 aquí, señaló el subsecretario. México por ejemplo, tiene una de las tasas de obesidad más altas del mundo.

En México, el grupo de edad más afectado fue el de 45 a 64 años, con un exceso de mortalidad de 62.6 por ciento, seguido del grupo de 65 años y más con 33.0 por ciento y del grupo de 20 a 44 años con 18.4 por ciento

En la tabla de datos del Conacyt y de la Dirección General de Epidemiología, actualizada todos los días en la página oficial del coronavirus del gobierno de México, indica que han fallecido 4 mil 907 hombres de 60 a 64 años y 4 mil 905 de 65-a 69 años; además, han muerto 2 mil 849 mujeres de 60 a 64 años y 2 mil 865 de 65 a 69 años.

El siguiente rango con más muertes es el de 55 a 59 años con 2 mil 425 mujeres y 4 mil 786 hombres.

En tercer lugar, aparece el rango de 70 a 74 años con 2,480 mujeres y 4 mil 138 hombres hasta el momento.

Para el caso de los hospitalizados, las cifras cambian drásticamente. en el rango de 60 a 64 años hay 16 mil 52 hospitalizados en diferentes niveles de gravedad, así como 16 mil 956 ambulatorios.

Y de 65 a 69 años se contabilizaron 10 mil 835 casos ambulatorios contra los 14 mil 371 casos en hospitalización.

En este rubro, son más los casos ambulatorios de 30 a 34 años con 51 mil 824 y 5 mil 633 personas que han podido recuperase desde casa. Pero el rango que acumula el mayor número de hospitalizaciones es el de 55 a 59 años con 16 mil 809.

Como podemos ver las cifras cambian día con día y se van actualizando a la alza lamentablemente vertiginosamente en las últimas semanas.

Es por eso la sensibilidad que les pido para dictaminar a favor el presente exhortó a las 32 entidades federativas para que, con base en las estadísticas en donde se documenta un gran número de personas principalmente hombres, (aunque eso no implica que las mujeres no sean también en gran medida las jefas de familia) en edad productiva, hoy ya no se encuentren con su familia y los sobrevivientes, los deudos se encuentren desorientados y en muchos casos en total desamparo.

Ante el panorama que reveló el Colegio de Notarios sobre que el 80 por ciento de personas fallecidas a causa de la Covid-19, no dejaron testamento, los riesgos de despojos tendrán un aumento importante.

Por lo que considero indispensable que los gobiernos locales, a través de sus notarías, incluso en colaboración con el Colegio de Notarios, realicen campañas informativas que promuevan en los ciudadanos, llevar a cabo el trámite de testamento de sus bienes.

No debemos permitir que las y los mexicanos queden desprotegidos ante la crisis que vivimos; si no por el contrario, hay que apoyarlos en medida de nuestras posibilidades para que realicen estos trámites que además son costosos y engorrosos.

Si actualmente, los procesos de adjudicación de bienes y los juicios sucesorios son complicados y llevan demasiado tiempo en su resolución, con familias enteras que han fallecido, dicho tema tendrá un descontrol en los años venideros.

Pensando en todas esas familias que necesitan hoy más que nunca a sus representantes sociales en todos los órganos de gobierno y en todos los niveles, hago llegar mi voz a la tribuna más alta de México para buscar el apoyo ante tan grande tragedia que atraviesa la humanidad solicitando la asesoría jurídica y atención prioritaria ante lo que ha de venir y enfrentar sin los jefes o cabezas de familia.

Y no solo ahora, pues en los años venideros, los menores de edad, que hoy siguen quedándose sin alguno de sus padres o por lo menos sin alguno, a causa de este virus, van a necesitar apoyo de las autoridades y de nosotros, de los legisladores que podemos desde ahora dejar el legado de apoyo jurídico y todas las herramientas necesarias, teniendo en cuenta que el testamento es un trámite personal y que seguramente muchas y muchos mexicanos, no están teniendo ni el tiempo, ni los recursos y quizá ni el conocimiento para hacerlo.

Por lo anteriormente expuesto pongo a su consideración el siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en su LXIV Legislatura, exhorta a los poderes ejecutivos de las 32 entidades federativas para que, con el apoyo de las instancias notariales, se realicen jornadas notariales para apoyar en el otorgamiento de testamentos a familiares los familiares de fallecidos con motivo de la Covid-19.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en su LXIV Legislatura, exhorta a los poderes judiciales de las 32 entidades federativas para que, a través de las defensorías públicas brinden orientación, atención y asesoría jurídica a los familiares de fallecidos con motivo de la Covid-19.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2021.

Diputada Jaqcuelina Martínez Juárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli a emprender acciones para conservar y mantener el parque Espejo de los Lirios, a cargo del diputado Jacobo David Cheja Alfaro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado Jacobo David Cheja Alfaro, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción l; 79, numeral 1, fracción ll, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al honorable ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, estado de México a emprender acciones con la finalidad de conservar y mantener en óptimas condiciones el parque “Espejo de los Lirios”, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El parque denominado “Espejo de los Lirios” es una Área Natural Protegida del municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, con una superficie de 487, 407.31 metros cuadrados (cerca de 50 hectáreas)1 Dicho parque es un pulmón y punto de recreación en la zona noroeste del Valle de México. Sin embargo, la mancha urbana que en las últimas décadas se ha expandido desde la Ciudad de México hacia los municipios mexiquenses, ha implicado la necesidad de contar con mayores áreas naturales para la mitigación ambiental y para la recreación de los habitantes de la región, pero debido a las malas políticas de planificación urbana de las últimas dos décadas, diversas organizaciones vecinales y ambientalistas, se han puesto en alerta ante el deterioro, abandono, y en muchos casos la invasión, de este parque municipal,2 el cual es de vital importancia para mitigar la alta contaminación ambiental del Valle de Cuautitlán.

Desde hace varios años el lago del Parque “Espejo de los Lirios” también es popularmente conocido por la llegada de cientos de pelicanos provenientes desde Norteamérica,3 de ahí la relevancia ambiental para su preservación.

Recientemente diversos medios de comunicación han visibilizado la problemática por la que atraviesa el lago de dicho parque. Esto como consecuencia de la falta de lluvias suficientes, así como de la falta de mantenimiento y preservación por parte de las autoridades municipales, lo cual ha traído como resultado la desaparición del 40% del espejo de agua, algo no visto en su historia.4

Desde diciembre de 2009 dicho parque fue declarado como “Área Natural Protegida”5 con la finalidad de mantener su preservación e integridad, dada la importancia como pulmón natural para toda la zona norte del Valle de México, y no solo para el municipio en el que se encuentra. Pero desafortunadamente dicha denominación no se ha reflejado en una mejor conservación del área natural sino todo lo contrario, el parque se encuentra en niveles críticos de inseguridad,6 abandono, nula reforestación, reducción del espejo de agua, invasión y demás problemáticas que hacen que hoy se encuentre en una situación muy crítica.7

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al honorable ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, estado de México a que emprenda acciones con la finalidad de conservar y mantener en óptimas condiciones el parque “Espejo de los Lirios”, ante el grave deterioro en el que se encuentra.

Notas

1 Gaceta Municipal de Cuautitlán Izcalli (2009). Consultada el 25 de febrero de 2021, desde

https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2014/8/ 3/05e4a6915915e63f1a276d02eb272835.pdf

1 Venegas Patricia. (2020). Vecinos de Cuautitlán Izcalli salen en defensa del lago de los Lirios. 20 de febrero de 2021, de El Sol de Toluca Sitio web:

https://www.elsoldeto!uca.com.mx/local/vecinos-de-cuauti ttanizcalli-siguen-en-defensa-dei-iago-de-los-iirios-5682072.htmf

2 Silvia Chávez González. (2004). Arriban a lagos y lagunas cientos de pelícanos. Consultado el 20 de febrero de 2021, de La Jornada Sitio web:

https://www.jornada.com.mx/2004/12/30/031n2est.php

3 Ramírez Isaac. (2021). Preocupa a Vecinos sequía del Lago “Espejo de los Lirios” en Cuautitlán Izcalli. Consultado el 23 de febrero de 21, desde

https://lasillarota.com/metropoli/preocupa-a-vecinos-seq uia-dellago-espeio-en-cuautitlan-izcalli/489124

4 La redacción. (2009). Declara C. Izcalli, zonas naturales protegidas. 23 de febrero de 2021, de El Universal Sitio web:

https://archivo.eluniversal.com.mx/notas/646555.htrnl

4 La redacción. (2019). Joven muere por no dar su bici en Cuautitlán Izcalli. 24 de febrero de 2021, de ADN 40 (TV AZTECA) Sitio web:

https://www.adn40.mx/noticia/seguridad/notas/2019-03-14- 15-58/joven-muerepor-no-dar-su-bici-en-cuautitlan-izcalfi

5 Brenda Burgoa. (2021). Preocupa sequía del Lago Espejo de los Lirios en Cuautitlán Izcalli. 25 de febrero de 2021, de Heraldo Sitio web:

https://hgrupoeditorial.com/preocupa-sequia-del-lago-esp eio-de-los-lirios-encuautitlan-izcalli[

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2020.

Diputado Jacobo David Cheja Alfaro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas dependencias de la APF y los Poderes Ejecutivos locales a desarrollar, implantar y dar seguimiento a las políticas públicas y los programas sociales que ayuden a los adultos mayores, los jóvenes, los niños y los adolescentes, y las personas con discapacidad que hubieran sido dependientes económicos de fallecidos por Covid-19, a cargo del diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, Fernando Luis Manzanilla Prieto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el país hay grupos vulnerables que por sus condiciones físicas o psicológicas se encuentran impedidos para realizar actividades laborales remuneradas; entre los más importantes destacan los adultos mayores y las personas con discapacidad. Asimismo, las niñas, niños y adolescentes, en las primeras etapas de su vida se encuentran estudiando y bajo el cuidado y la tutela de sus padres, madres o tutores, por lo que tampoco pueden tener una condición laboral activa.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la población del país es de 126 millones 14 mil 24 de personas. De ellos, sólo 57 millones 328 mil 364 son personas económicamente activas;1 15.4 millones de personas son consideradas adultos mayores; y de ellas, 41.4 por ciento es económicamente activo y 69.4 tiene algún grado de discapacidad.2

En México, 16.5 por ciento de la población tiene alguna limitación física, discapacidad o condición mental. De manera específica en características económicas, “el Censo de 2020 mostró que en México hay 37 millones 891 mil 261 de personas de 12 años y más no económicamente activas. De éstas, 43.9 por ciento se dedica a los quehaceres domésticos, 34.7 es estudiante, 9.0 corresponde a personas jubiladas o pensionadas y 3.6 presenta una limitación física o mental que le impide trabajar”. 3

Pero en un contexto como el Covid-19, las tendencias anteriormente dichas resultan de vital importancia, pues México vive en una realidad donde las personas económicamente activas deben de salir a trabajar para ganarse la vida, y muchas veces, subsidiar los gastos de estos grupos no económicamente activos.

Al corte del 3 de marzo de 2021, habían muerto más de 188 mil personas debido al Covid-19. La mayoría de estas muertes se encuentran en Ciudad de México; Puebla se halla en quinto lugar, con 9 mil 41 decesos.4

¿Qué pasa con las personas de estos sectores de la población que han quedado sin protección económica y social posterior al fallecimiento de las personas que antes velaban por sus necesidades? Sobre todo los infantes y los adultos mayores.

Aunque parecería una pregunta especulativa, es una realidad que ya se empieza a observar en el país. Ejemplo de ello es el registro que lleva el Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia (DIF) de la Ciudad de México, que en el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2020 detectaron que “3 mil niñas, niños y adolescentes fueron inscritos a la beca Leona Vicario para poder acceder a un programa económico e integral al quedarse sin sus padres o tutores”.5

Como más adelante se observará, no hay cifras certeras en el resto de las entidades de la República, pero a través de historias se puede observar dicha problemática. Ejemplo de ello es lo ocurrido en el pueblo de San Juan el Chico, del municipio de Huejotzingo, Puebla:

Juana G. Jiménez perdió a su esposo debido a la falta de atención médica (hemodiálisis), debido a que los hospitales han dado prioridad a la atención y saturación por causa de Covid-19; debido a la falta de control por parte de protección civil, se celebró un funeral a donde acudieron todos sus familiares, generando un contagio masivo que provocó que toda la comunidad comenzara a contagiarse.6 En el reporte publicado por Milenio Diario se determinó lo siguiente:

La comunidad optó por guardar silencio sobre el brote de contagio masivo. Se resguardó, bajó las cortinas y en algunas casas colocaron moños negros. El número de huérfanos ha crecido, pero hasta ahora, nadie se ha ocupado de ellos.7

El desamparo no es exclusivo de los infantes, las personas con discapacidad viven desde antes de la pandemia condiciones de discriminación y desigualdad, y ante la presencia de esta enfermedad, estos puntos negativos se recrudecieron.

Lo anterior es observado por la Organización de las Naciones Unidas, pues el mismo secretario general, Antonio Guterres, señaló que las personas con discapacidad tienen más probabilidades de vivir en la pobreza y sus índices de violencia, abandono y abuso son más altos. A partir de estas declaraciones reflexionó sobre lo que está sucediendo en nuestro país, porque, de hecho, millones de personas con discapacidad se encuentran en mayor desventaja que la población en general en el contexto del Covid-19.

Lo anterior se repite con las personas adultas mayores, adicionando unos factores que afectan en mayor medida a esta población vulnerable:

1. Económico: desempleo, incapacidad de jubilarse, bajos ingresos y distribución de la riqueza con la familia.

2. Género: mujeres tienen mayor riesgo de exclusión.

3. Discapacidad o dependencia.

4. Enfermedad o problema de salud crónico.

5. Ser cuidador principal.

6. Soledad no deseada, ausencia en redes y aislamiento.

7. Lugar de residencia.8

Por lo relativamente nuevo del fenómeno Covid-19, y ante las prioridades mundiales de desarrollar una vacuna eficaz y mejorar los sistemas de salud, se han dejado de lado las consecuencias a largo plazo que conlleva esta enfermedad, para las personas en estas situaciones de vulnerabilidad.

Lo anterior se observa al no existir datos concretos, censos, padrones o un estudio que cuantifique y analice las condiciones de estas personas económicamente dependientes, que han quedado sin posibilidad de recibir ingresos, ante la muerte del familiar o familiares que velaban por su subsistencia.

La mayor preocupación se observa en los infantes, pues éstos deben continuar con sus estudios y pueden ser sujetos a violaciones de sus derechos al verse solos en este contexto de pandemia. Nueve de cada diez niños y adolescentes en México dicen que su mayor temor es que sus padres se enfermen o mueran debido a la pandemia Covid-19, 9 lo cual demuestra la incertidumbre que viven actualmente.

Ante esta problemática algunas entidades federativas, por medio de las Secretarías de Salud o los sistemas DIF, han firmado convenios donde acuerdan entregar una ayuda mensual a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en esta situación; como ejemplo se puede observar el sondeo realizado por Grupo Imagen, donde concluyeron lo siguiente:

Entre autoridades de 16 estados, la constante es que los gobiernos no han puesto atención al problema, pues carecen de censos o planes integrales de apoyo a niños ante la muerte de padres o tutores por Covid-19.

Mientras entidades como Tabasco, Coahuila o Tamaulipas no llevan un registro de estos huérfanos, pero pueden otorgarles algún tipo de ayuda económica, Nuevo León, Jalisco o Veracruz no tienen un plan específico para estos menores de edad.10

El presidente de la Red por los Derechos de la Infancia en México declaró que las entidades federativas carecen “de datos que refieran cuántos niños, niñas y adolescentes quedarán en una situación de orfandad, debido a la muerte de sus padres a causa del Covid-19, lo que hace que su situación de vulnerabilidad sea más compleja”.11 Por ello urgió que se apliquen mecanismos que atiendan la situación mediante tres ejes fundamentales:

El primero de estos ejes es que de manera coordinada se pueda levantar este censo, que integre a niños, niñas y adolescentes que hayan quedado en orfandad a causa del Covid-19, especificando su edad y bajo el cuidado de qué familiar quedan.

El segundo eje es identificar y diseñar planes de restitución de derechos, es decir, esquemas personalizados de atención en los que intervienen tanto temas jurídicos, al señalar quién queda a cargo de la guardia y custodia, si los menores tienen algún tipo de patrimonio que heredan y así garantizar sus derechos.

El tercer eje es el garantizar que existan programas públicos universales para estos menores, orientados a temas como la permanencia en la escuela, su acceso a servicios básicos, principalmente en el tema de salud, ya que muy probablemente también estuvieron expuestos al virus, corroborar que su cartilla de vacunación esté actualizada y completa, además de identificar casos de discapacidad o alguna enfermedad crónica que requiera de atención.12

También señaló que sólo en la Ciudad de México las autoridades se ocuparon del tema, indicando que en este caso había aproximadamente 2 mil 731 niños y niñas. Sin embargo, al brindar información, el número se refiere solo a aquellos menores que requieren algún tipo de apoyo; esto significa que no se atiende a todos los huérfanos porque no hay censo. 13

Con lo observado, resulta necesario que las entidades federativas construyan primeramente un censo donde se dé seguimiento a estos casos, con el fin de canalizar a los niños, niñas y adolescentes en esta situación, a los programas existentes en la federación, e incluso en las mismas entidades federativas.

Si bien con el Covid-19 se recrudeció el problema de la vulnerabilidad de orfandad, la situación se había estudiado previamente. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia recomendó en 2019 que para la lograr “consolidación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de sus mecanismos de respuesta en caso de vulneración”14 se debe

Fortalecer el Sistema Integral de Protección Social, de tal forma que considere acciones específicas a lo largo del ciclo de vida para que todas las familias con niños, niñas y adolescentes en el país, tengan un piso mínimo de bienestar que garantice el acceso a servicios de seguridad social, programas de transferencia de efectivo, programas de apoyo alimentario y seguros contra el desempleo o la orfandad. Lo anterior, a fin de que puedan hacer frente a problemas relacionados con inestabilidad laboral, fluctuaciones en sus ingresos y vulnerabilidad frente a emergencias, desastres naturales y cambio climático.15

La Organización Mundial de la Salud también hace una serie de recomendaciones que se adecuan al objetivo de este punto de acuerdo, pues invita a los gobiernos del mundo que “tome medidas dirigidas a las personas con discapacidad y sus redes de apoyo”16 a través de las siguientes acciones:

Compensación económica para familias y cuidadores que necesiten tomarse tiempo libre para cuidar a seres queridos: esto podría consistir en el pago a familiares, por un período limitado, por la atención proporcionada durante horas de trabajo normales; y

Medidas económicas (generalmente como parte de un paquete de estímulo económico amplio) que abarquen a las personas con discapacidad, como pagos únicos a las personas que reúnan los requisitos, desgravación fiscal, subsidio de ciertos artículos, períodos de gracia o aplazamiento aceptable de gastos comunes.17

Con dichas medidas, no solo se amplía la posibilidad de que más familiares atiendan a las personas que se encuentran en una condición de discapacidad, sino que se garantiza que, en caso de fallecer el familiar responsable de la persona, ésta pueda seguir viviendo una vida digna.

Para el sector de los adultos mayores también se hicieron recomendaciones a nivel internacional, en este caso fue la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que exhorta a los gobiernos de la región a

Crear o, en caso de que ya existan, reforzar programas de transferencia directa de recursos destinados a personas mayores para garantizar la seguridad de sus ingresos. El monto de tales transferencias debería cubrir mínimamente su seguridad alimentaria. Estas medidas deben estar enfocadas en quienes trabajen en el sector informal, por encontrarse en una situación de extremo riesgo social.18

Ante este panorama, es oportuno mencionar que nuestro país se vio afectado a nivel macroeconómico, pero gracias a que la administración pública federal ha desarrollado programas sociales de enorme importancia en el país, se han logrado sortear los problemas dentro de las familias mexicanas, pues 23 millones de núcleo familiares reciben en la actualidad un programa del gobierno federal.19 Pero a pesar de la presencia de estos programas, hay áreas de oportunidad que deben ser tratadas.

Entre los principales programas sociales se encuentran los siguientes:

Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras

Este programa está pensado para que las madres trabajadoras y padres solos, tengan mayores oportunidades de obtener un empleo o conservarlo sin descuidar a sus hijos; este apoyo está a cargo de la Secretaría de Bienestar. Se dará prioridad a las comunidades indígenas con alto nivel de marginación.

Producción para el Bienestar

Se busca impulsar, principalmente, la producción del maíz, frijol, trigo, arroz y sorgo. Este programa busca implementar mejores prácticas agroecológicas en beneficio de toda la población.

Crédito Ganadero a la Palabra

Este crédito a la palabra es un acto de confianza hacia los productores que más lo necesiten. Consiste en otorgar apoyo crediticio libre de intereses a los productores ganaderos.

Tandas para el Bienestar

Este programa otorga microcréditos a quienes deseen iniciar o consolidar un negocio. Se destinarán 6 mil millones de pesos para entregar un millón de préstamos a micro y pequeños empresarios. Este programa está a cargo de la Secretaría de Economía en conjunto con la Secretaría del Bienestar.

Sembrando Vida

Con el objetivo de impulsar el campo y a nuestros productores, el programa Sembrado Vida –coordinado por la Secretaría de Bienestar– otorgar apoyos para la reconstrucción del tejido social en las zonas agrícolas que más lo necesitan.

Jóvenes Escribiendo el Futuro

Programa de becas bajo el encargo de la Secretaría de Educación Pública, busca beneficiar a 300 mil jóvenes de bajos recursos que hayan concluido el bachillerato para garantizar que continúen sus estudios en el nivel superior con una beca de 2 mil 400 pesos mensuales. Deberás estar inscrito en el segundo año de licenciatura.

Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

En este nuevo programa, extiende el beneficio a jubilados del ISSSTE y del IMSS y se prioriza a los adultos mayores que viven en comunidades indígenas del país. En su versión anterior, los adultos mayores recibían una pensión bimestral de mil 160 pesos, ahora recibirán el monto de 2 mil 550 pesos, un aumento de mil 390 pesos.

Jóvenes Construyendo el Futuro

Se están atendiendo las causas de fondo que propician que nuestros jóvenes ingresen a las filas del crimen, con este programa se abren nuevas oportunidades de desarrollo laboral y educativo para 2.6 millones de jóvenes entre 18 y 29 años que no estudien, ni cuenten con un empleo.20

Aunque estos programas sociales se iniciaron desde antes del 2020, durante la pandemia, la Secretaría de Economía amplió la cobertura de los mismos, mediante nuevos apoyos, en créditos, a pequeñas y medianas empresas, así como a madres trabajadoras, a fin de que pudieran aliviar su economía durante los meses duros del golpe económico.

Asimismo, los programas ya existentes ampliaron su cobertura desde mediados del año pasado; así, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha incluido a 2 millones de personas como beneficiarias. Según datos de la Secretaría de Bienestar, estos apoyos económicos sumaron 24.5 millones de personas, siendo la principal apuesta del gobierno federal como medida de contención de la crisis económica.21

No obstante, organizaciones como Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y Centro de Estudios Espinosa Yglesias han advertido que los planes de desarrollo social no serán suficientes para atender a todos aquellos que han perdido su empleo y familias con ingresos reducidos durante esta pandemia. Las estimaciones indican que aproximadamente 12 millones de personas han estado desempleadas desde que el país introdujo las medidas de control, provocando enormes deterioros económicos en las familias mexicanas.22

Si a esos millones de personas se les suma las pérdidas de vida que ha provocado la pandemia, se puede hablar de un golpe muy duro para las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. No solo porque son un sector que no debe laborar, sino porque la pérdida de un familiar que los sustente económicamente, se vuelve en una tragedia multidimensional en su vida.

Por ello es importante que las secretarías amplíen aún más estos apoyos, sectorizando y dando prioridad a los que son dependientes económicos, tal como lo hizo la Secretaría de Educación, en coordinación con el DIF Nacional:

Los niños, niñas y adolescentes que quedaron huérfanos debido a la pandemia del Covid-19 podrán recibir la Beca para el Bienestar Benito Juárez, informó la Secretaría de Educación Pública.

La dependencia explicó que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia firmaron un convenio de colaboración, para establecer las bases y mecanismos para incorporar a los menores al programa.23

En dicho plan de coordinación se resalta la importancia de los DIF estatales, pues son ellos los que deberán ser responsables de vincular a los beneficiarios a esta Beca del Bienestar Benito Juárez.

Aunado a ello, no sólo el gobierno federal mantiene activos los programas sociales, según información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), existe un inventario de programas sociales por entidad federativa, que atienden las dimensiones de alimentación, bienestar económico, educación, medio ambiente, no discriminación, salud, seguridad social, trabajo y vivienda.24 De estos programas, se observa que se da mayor prioridad a bienestar económico y educación (véase la gráfica 1).

Gráfica 1. Programas y Acciones por Derecho Social y Bienestar Económico.

Gráfica de Coneval. “Inventario Coneval de programas y acciones estatales de desarrollo social”. Fecha de publicación: 2018. Disponible en

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IPE/Paginas/Grafic asEstAnio.aspx

Dichos programas atienden a diferentes sectores de la población, o como el Coneval los clasifica, por etapas de vida: infancia, prenatal, jóvenes, lactante, personas adultas y personas adultas mayores (véase la gráfica 2).25

Gráfica 2. Programas y acciones por etapa de vida.

Gráfica de Coneval. “Inventario Coneval de programas y acciones estatales de desarrollo social”. Fecha de publicación: 2018. Disponible en

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IPE/Paginas/Grafic asEstAnio.aspx

Si se hace un trabajo conjunto entre las autoridades federales y las entidades federativas, se podrá atender esta problemática, no solo por la presencia de los programas federales, sino por la existencia de otros programas específicos en todos los ámbitos de gobierno; sin embargo, será crucial de en los Estados se inicie a trabajar en los censos, pues como se observó con anterioridad, no hay cifras exactas para analizar la magnitud del problema.

Si bien este virus se ha posicionado como un patógeno mortífero que ya ha cobrado la vida de casi 200 mil personas en nuestro país, no debe servir como justificación para eludir las obligaciones legales que tenemos los servidores públicos de México. Por ello, no es omiso recordar lo establecido en el artículo 4o. de la Constitución, que en materia de derechos de la niñez establece:

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.26

Asimismo, se debe considerar lo dicho en ese mismo artículo en materia de discapacidad y sobre los derechos de protección a los adultos mayores:

El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la ley. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de dieciocho años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de sesenta y cuatro años y las personas que se encuentren en condición de pobreza.

Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley. En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos esta prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años de edad.27

Indudablemente la reforma Constitucional del 8 de mayo del 2020 significó un paso importante para garantizar los subsidios de estos grupos vulnerables en el futuro; pero ante las situaciones extraordinarios que se vive por esta enfermedad, es necesario que se diseñen y ejecuten políticas públicas y programas sociales que sectoricen el apoyo a las personas que se encuentran dentro de estos sectores, pero han perdido a los familiares que eran su sustento económico.

A nivel federal, la Secretaría competente para realizar dicha acción es la Secretaría de Bienestar, pues dentro de sus atribuciones señaladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se establece lo siguiente:

Artículo 32. A la Secretaría de Bienestar corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Fortalecer el bienestar, el desarrollo, la inclusión y la cohesión social en el país mediante la instrumentación, coordinación, supervisión y seguimiento, en términos de ley y con los organismos respectivos, de las políticas siguientes:

...

c) Atención preponderante a los derechos de la niñez, de la juventud, de los adultos mayores, de los pueblos indígenas y de las personas con discapacidad;

...

VII. Impulsar políticas y dar seguimiento a los programas de inclusión social y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de los diferentes niveles de gobierno;

...

IX. Impulsar las políticas públicas y dar seguimiento a los programas de inclusión y atención de los adultos mayores y sus derechos;

X. Fomentar las políticas públicas y dar seguimiento a los programas que garanticen la plenitud de los derechos de las personas con discapacidad;28

Sin embargo, la misma ley antes citada, determina la importancia de la coordinación con los diferentes niveles de gobierno respecto al impulso de políticas públicas de protección de niñas, niños y adolescentes; por ello, se observa la necesidad de reforzar un padrón o registro de este sector, enfocándose en quienes han quedado en estado de orfandad a causa del Covid-19.

Como se leyó, algunos estados ya aplican dicha política de apoyo, pero será más eficiente si se pormenoriza en datos específicos de cuantos niños han caído en esta situación, tal como lo ha venido realizando el DIF de la Ciudad de México. Por ello, el presente punto de acuerdo busca exhortar a las entidades federativas a remitirse y coordinarse con la Secretaría de Bienestar del gobierno de México y se tomen acciones que construyan este mecanismo de seguimiento, con el fin de que la autoridad competente, diseñe y ejecute una política pública al respecto.

En relación con el padrón o registro de adultos mayores y personas con discapacidad, se ha observado que, gracias a los programas sociales de pensiones para estos dos sectores de la población, la Secretaría de Bienestar cuenta con un eficiente registro al respecto, por lo cual el exhorto a esta dependencia se enfoca en el diseño de políticas públicas que garanticen el desarrollo humano y óptimo nivel de vida de las personas que perdieron a sus familiares a causa del Covid-19.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Bienestar del gobierno de México para que, con objeto de diseñar e implementar políticas públicas y programas sociales que garanticen un pleno desarrollo humano y un óptimo nivel de vida, o bien, que permita una pronta incorporación a los programas sociales existentes, en coordinación con las y los titulares de los Poderes Ejecutivos de las Entidades federativas:

a) Integre y mantenga actualizado un padrón de personas que padezcan alguna discapacidad que hubieren sido dependientes económicos de personas fallecidas por Covid-19.

b) Integre y mantenga actualizado un padrón de las niñas, niños y adolescentes, que han quedado en estado de orfandad a causa del Covid-19.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar a que en el ámbito de sus atribuciones identifique, dentro de su padrón de adultos mayores, a aquellos que hubiesen sido, además, dependientes económicos de alguna persona fallecida a causa de Covid-19, con el fin de incorporarlos al Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores e, incluso, considerar la instrumentación de un programa extraordinario para asegurar su subsistencia y su bienestar.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar del gobierno de México para que en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de la administración pública federal

a) Asegure y optimice la incorporación y el acompañamiento permanente de niñas, niños y adolescentes –dependientes económicos de personas fallecidas por Covid-19– a los programas sociales en materia de alimentación y educación con los que cuenta el Gobierno de México.

b) Asegure y optimice la incorporación y el acompañamiento permanente de las y los jóvenes –dependientes económicos de personas fallecidas por Covid-19– a los programas sociales de incorporación a la actividad laboral y productiva con los que cuenta el gobierno de México.

Notas

1 Inegi. Comunicado de prensa número 24/21: Censo de Población y Vivienda de 2020. Fecha de publicación: 25 de enero de 2021. Disponible en

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletin es/2021/EstSociodemo/ResultCenso2020_Nal.pdf [Fecha de consulta: 3 de marzo de 2021.]

2 Expansión CNN. “‘La población mexicana asciende a 126 millones de habitantes’: Inegi”. Fecha de publicación: 25 de enero de 2021. Disponible en

https://politica.expansion.mx/mexico/2021/01/25/
la-poblacion-mexicana-asciende-a-126-millones-de-habitantes-inegi [Fecha de consulta: 3 de marzo de 2021.]

3 Inegi. Comunicado de prensa número 24/21: Censo de Población y Vivienda de 2020. Fecha de publicación: 25 de enero de 2021. Disponible en

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletin es/2021/EstSociodemo/ResultCenso2020_Nal.pdf [Fecha de consulta: 3 de marzo de 2021.]

4 Milenio. “Mapa de Covid-19 en México: 61 por ciento de personas que han muerto no tenía comorbilidades”. Fecha de publicación: 3 de marzo de 2021. Disponible en

https://www.milenio.com/estados/coronavirus-casos-mexico -mapa-3-marzo-2021 [Fecha de consulta: 4 de marzo de 2021.]

5 Raúl Flores Martínez. “‘Más de 3 mil niños quedan huérfanos por Covid-19’: DIF Cdmx”. Fecha de publicación: 29 de enero de 2021. Disponible en

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/mas-de-3-mil-nino s-quedan-huerfanos-por-Covid-19-dif-cdmx/1429823 [Fecha de consulta: 3 de marzo de 2021.]

6 Milenio. “Huérfanos, viudas y pobreza, las consecuencias del Covid-19 en un pueblo fantasma”. Fecha de publicación: 1 de octubre de 2021. Disponible en

https://www.milenio.com/estados/puebla-coronavirus-dejad o-huerfanos-viudas-pobreza-pueblo [Fecha de consulta: 4 de marzo de 2021.]

7 Ibídem.

8 Eduardo Rodríguez Palacios. “¿Cómo afecta la crisis del Covid-19 al adulto mayor?”. Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2020. Disponible en

https://puntou.uanl.mx/noti-u/como-afecta-la-crisis-del- Covid-19-al-adulto-mayor/ [Fecha de consulta: 3 de marzo de 2021.]

9 Guadalupe Franco. “#Especial || Alertan sobre falta de políticas para atender a menores en situación de orfandad por la pandemia”. Fecha de publicación: 2020. Disponible en

https://noticias.imer.mx/blog/especial-huerfanos-del-Cov id-19-en-mexico/ [Fecha de consulta: 3 de marzo de 2021.]

10 Excélsior. “No hay un censo de huérfanos por Covid; Redim: ‘Se ignora cifra, real o estimada, a nivel nacional’”. Fecha de publicación: 7 de febrero de 2021. Disponible en

https://www.excelsior.com.mx/nacional/no-hay-un-censo-de -huerfanos-por-Covid-redim-se-ignora-cifra-real-o-estimada-a-nivel [Fecha de consulta: 3 de marzo de 2021.]

11 Milenio. “Hasta la fecha, nadie sabe cuántos huérfanos ha dejado la pandemia”. Fecha de publicación: 9 de enero de 2021. Disponible en

https://www.milenio.com/politica/comunidad/cuantos-ninos -huerfanos-hay-en-mexico-tras-Covid-19 [Fecha de consulta: 4 de marzo de 2021.]

12 Ibídem.

13 13 Ibídem.

14 UNICEF. La agenda de la infancia y la adolescencia 2019-2024. Fecha de publicación: 2019. Disponible en

https://www.unicef.org/mexico/media/306/file/
agenda%20de%20la%20infancia%20y%20la%20adolescencia%202019-2024.pdf [Fecha de consulta: 3 de marzo de 2021.]

15 Ibídem.

16 OMS. Consideraciones relativas a la discapacidad durante el brote de Covid-19. Fecha de publicación: 2020. Disponible en

https://www.who.int/docs/default-source/documents/disabi lity/spanish-Covid-19-disability-briefing.pdf?sfvrsn=30d726b1_2 [Fecha de consulta: 3 de marzo de 2021.]

17 OMS. Consideraciones relativas a la discapacidad durante el brote de Covid-19. Fecha de publicación: 2020. Disponible en

https://www.who.int/docs/default-source/documents/disabi lity/spanish-Covid-19-disability-briefing.pdf?sfvrsn=30d726b1_2 [Fecha de consulta: 3 de marzo de 2021.]

18 Cepal. Covid-19: Recomendaciones generales para la atención a personas mayores desde una perspectiva de derechos humanos. Fecha de publicación: abril de 2020. Disponible en

https://www.cepal.org/es/publicaciones/
45316-Covid-19-recomendaciones-generales-la-atencion-personas-mayores-perspectiva [Fecha de consulta: 3 de marzo de 2021.]

19 Zósimo Camacho. “‘Más de 23 millones de familias, beneficiarias de programas sociales’: López Obrador”. Fecha de publicación: 1 de septiembre de 2020. Disponible en

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/09/01/
mas-de-23-millones-de-familias-beneficiarias-de-programas-sociales-lopez-obrador/ [Fecha de consulta: 4 de marzo de 2021.]

20 Gobierno de México. “Programas sociales. Fecha de publicación: no aplicable. Disponible en

https://presidente.gob.mx/secciones/programas-sociales/ [Fecha de consulta: 4 de marzo de 2021.]

21 María Fernanda Navarro. “Los programas sociales de la 4T crecen durante (y pese) al Covid-19”. Fecha de publicación: julio de 2020. Disponible en

https://www.forbes.com.mx/politica-programas-sociales-cr ecen-Covid/ [Fecha de consulta: 4 de marzo de 2021.]

22 Ibídem.

23 Milenio. “Menores que quedaron huérfanos por Covid-19 podrán recibir Beca para el Bienestar”. Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2020. Disponible en

https://www.milenio.com/politica/beca-bienestar-huerfano s-Covid-19-recibir-apoyo [Fecha de consulta: 4 de marzo de 2021.]

24 Coneval. “Inventario Coneval de programas y acciones estatales de desarrollo social”. Fecha de publicación: 2018. Disponible en

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IPE/Paginas/Grafic asEstAnio.aspx [Fecha de consulta: 4 de marzo de 2021.]

25 Ibídem.

26 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitu cion_Politica.pdf [Fecha de consulta: 3 de marzo de 2021.]

27 Ibídem.

28 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_110121.p df [Fecha de consulta: 3 de marzo de 2021.]

Dado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 9 de marzo de 2021.

Diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a mantener los apoyos otorgados a asesores educativos, orientadores, aplicadores de examen, promotores de casas comunitarias, enlaces y apoyos técnicos de las figuras solidarias y delegaciones del INEA que desde octubre no lo reciben, a cargo de la diputada Martha Estela Romo Cuéllar, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Martha Estela Romo Cuéllar , integrante del Grupo Parlamentario Acción Nacional, en la LXIV Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a continuar con los apoyos otorgados a los asesores educativos, orientadores, aplicadores de examen, promotores de casas comunitarias, enlaces y apoyos técnicos de las figuras solidarias y delegaciones del Instituto Nacional Para la Educación de los Adultos que desde octubre no reciben .

Exposición de Motivos

Sin duda alguna, la educación tiene una influencia positiva en cualquier persona en la actualidad, y eso incluye a aquellos adultos que no habían podido culminar sus estudios básicos, por diversas razones: acceso, rezago, falta de ingresos, etcétera. En este caso las personas pueden sentir un aumento en su autoestima y seguridad. Son muchas las ventajas que puede ofrecer la educación para adultos, la cual sin duda ayuda a mejorar la calidad de vida, ya que una persona adulta con estudios terminados, tiene la posibilidad de tener mejores oportunidades de trabajo.

Además, es importante resaltar que hay instituciones educativas que se dedican a la educación para adultos, es por ello por lo que ofrecen horarios nocturnos, para que los estudiantes puedan asistir a clase después de su jornada de trabajo.

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 1981.

En cumplimiento de sus atribuciones, el INEA propone y desarrolla modelos educativos, realiza investigaciones sobre la materia, elabora y distribuye materiales didácticos, aplica sistemas para la evaluación del aprendizaje de los adultos, así como acredita y certifica la educación básica para adultos y jóvenes de 15 años y más que no hayan cursado o concluido dichos estudios en los términos del artículo 43 de la Ley General de Educación.

El INEA tiene el propósito de preservar la unidad educativa nacional para que la educación básica de las personas jóvenes y adultas se acredite y certifique con validez en toda la república.

Por acuerdo de la honorable Junta Directiva del INEA y de conformidad con lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, concerniente a las relaciones entre los Poderes de la Unión y un auténtico federalismo, se suscribieron convenios de coordinación con la mayoría de los gobiernos estatales para la descentralización de los servicios de educación para adultos, por lo que el INEA se asume como un organismo técnico, normativo y rector de la educación para adultos que acredita la educación básica proporcionada por los Institutos Estatales de Educación para Adultos (IEEA), y es promotor de este beneficio entre los diferentes sectores sociales.

A su vez, el INEA continúa proporcionando, a través de algunas delegaciones, los servicios de educación básica: alfabetización, primaria, secundaria y educación para la vida y el trabajo, en los estados en los que aún no se concluye el proceso de descentralización.

Con el objetivo de asegurar una aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos, se emiten las Reglas de Operación cada año.

Los institutos y delegaciones estatales habrán de cumplir con los requisitos de información nacional y deberán enviar al INEA informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos, con base en los indicadores de resultados previstos en este documento.

Dichos informes serán enviados a más tardar durante los 15 días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre.

Además se realizará una evaluación nacional de resultados de cada programa y proyecto educativo en los Institutos y Delegaciones Estatales a efecto de que los resultados sean considerados en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente ejercicio fiscal.

Dicha evaluación estará a cargo de alguna de las instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter nacional o internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia sobre la educación de adultos, y que cumplan con los requisitos mínimos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Desde octubre, los asesores educativos, orientadores, aplicadores de examen, promotores de casas comunitarias, enlaces y apoyos técnicos de las figuras solidarias y delegaciones del Instituto Nacional Para la Educación de los Adultos no reciben los apoyos que comúnmente recibían desde el inicio de la pandemia, porque, como se podrá saber, el flujo de estudiantes disminuyó, pero eso no significa que estas personas puedan trabajar en otras cosas, pues esta es su profesión. A pesar de que, en las reglas de operación vigentes del INEA (pp. 46), se establece lo siguiente:

“Casos de contingencia por desastres naturales. En municipios que sean declarados por autoridad competente como zonas de desastre o emergencia afectadas por fenómenos naturales, en los cuales se vean interrumpidas las condiciones para brindar los servicios educativos para personas adultas, se podrá continuar otorgando gratificaciones a figuras solidarias aun y cuando no se reporten acciones de atención, hasta que se restablezcan las condiciones para la prestación del servicio. Las medidas adoptadas deberán ser informadas a la Junta Directiva de los IEEA y del INEA y siempre será responsabilidad de cada Instituto y7o Unidad de Operación del INEA la ejecución del recurso presupuestario”.

En virtud de esto, los citados profesionistas se acercaron al poder Ejecutivo federal a solicitar que vuelvan a reactivar el apoyo que recibían, lo anterior, ya que como figuras solidarias es lo único que reciben, pues no tienen ni sueldo fijo ni prestaciones de Ley, sin embargo, no se ha recibido respuesta alguna del Ejecutivo.

Es por lo anterior que presento a esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a continuar con los apoyos económicos otorgados a los asesores educativos, orientadores, aplicadores de examen, promotores de casas comunitarias, enlaces y apoyos técnicos de las figuras solidarias y delegaciones del Instituto Nacional Para la Educación de los Adultos que desde el primer día del mes de octubre de 2020 no reciben.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2021

Diputada Martha Estela Romo Cuéllar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a implantar con la CFE una mejor estrategia para garantizar el suministro de electricidad en todo el país y evitar apagones, a cargo del diputado Alan Jesús Falomir Sáenz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Alan Jesús Falomir Sáenz, diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a la consideración de la honorable asamblea, la siguiente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

Primero. La energía eléctrica ha cambiado sustancialmente la vida del ser humano individual y colectivamente pues ha mejorado la condición de vida y se ha convertido en un elemento inherente a millones de personas. El servicio de energía eléctrica ha permitido la evolución de las sociedades contribuyendo a su desarrollo y crecimiento en diversos ámbitos como el económico, social, entre otros.

En México, la energía eléctrica tuvo lugar en 1878 luego de haberse iniciado en Estados Unidos y Europa, comenzó a utilizarse la iluminación en las actividades industriales pues estas eran consideradas como las principales actividades económicas. Posteriormente, el Estado otorgó concesiones a diversas compañías extranjeras las cuales se encargaban de la generación y distribución eléctrica, sin embargo, solo se dedicaban a distribuirla en zonas urbanas económicamente redituables lo que provocó el descontento social.

Segundo. Para 1937 solo tres empresas, que tenían el monopolio del sector, ofrecían el servicio de energía eléctrica y solo cubrían el 38 por ciento de la población y para ese año, nuestro país tenía 18.3 millones de habitantes por lo que la demanda era mucho mayor a la oferta de las tres empresas existentes lo que no satisfacía las necesidades de la población ni permitía el desarrollo económico del país.

Ante esta situación y con el objetivo de construir plantas generadoras de electricidad para satisfacer la demanda existente, el 14 de agosto de 1937 se creó la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el propósito principal de organizar y dirigir un sistema nacional de generación, trasmisión y distribución de energía eléctrica sin fines de lucro para beneficiar el interés general.1

El uso de la energía eléctrica comenzaba a convertirse en una necesidad indispensable en los hogares mexicanos pues con ello se intentaba mejorar su calidad de vida procurando su desarrollo y evolución.

Tercero. Actualmente, el derecho a la energía eléctrica forma parte de los elementos requeridos para gozar del derecho a una vivienda adecuada, lo que significa disponer de un lugar dónde convivir, protegerse con seguridad, ventilación e iluminación adecuadas, etcétera; al respecto diversos instrumentos internacionales han plasmado el reconocimiento del suministro de energía como un derecho del que todas y todos debemos gozar.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure el bienestar, alimentación y vivienda, La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, establece que se debe gozar de condiciones de vida adecuadas particularmente en las esferas de vivienda, servicios sanitarios, electricidad y abastecimiento de agua, El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que manifiesta que cada uno de los estados partes se comprometen a adoptar medidas para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos ahí reconocidos como el derecho a un nivel de vida y vivienda adecuadas.2

Por su parte, el Estado mexicano en el articulo 1o. establece que toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en constitución, así como en los tratados internacionales de los que nuestro país sea parte.

Cuarto. La industria eléctrica, a lo largo de su historia en nuestro país, ha presentado diversos cambios en cuanto a su manejo y reglamentación, uno de ellos se generó con la reforma energética del 2013, que principalmente estableció una nueva organización que permite la inversión privada directa en la generación de energía y comercialización de electricidad por lo que se permite la celebración de contratos entre privados y el estado mexicano en relación con la instalación, mantenimiento, gestión y operación de las redes de transmisión y distribución de energía eléctrica lo que conlleva a que exista una libertad de elección de proveedor de energía en donde la CFE no sea la única opción.

También con dicha reforma se trataba de que México se acoplara a los avances tecnológicos en materia de energía eléctrica que permitieran una mayor competitividad, mejorar la calidad del servicio, así como mejorar las tarifas por el servicio del suministro eléctrico. Sin embargo, con la actual administración publica federal, el plan energético cambió.

Quinto. Actualmente estamos atravesando por un bache de ineficiencia, pues el frente frío número 35 puso en evidencia que no podemos seguir dependiendo de otros países para brindar servicios básicos de calidad a las y los mexicanos.

El congelamiento de ductos en Estados Unidos provocó que las plantas de energía en México dejaran de producir energía, dejando en penumbra millones de mexicanos, primero en el norte del país y al día siguiente a más estados, tanto del centro como del sur del país.

El Gobierno de la República insiste en energías obsoletas y que contaminan el ambiente en lugar de apoyar e impulsar la utilización de energías limpias que ya no son el futuro, sino el presente que los mexicanos exigimos.

Desde el 15 de febrero se vivió caos vial, incertidumbre en los hospitales, incomunicación y pérdidas millonarias en las diferentes industrias, pues tanto solo en el norte se afectó en más de 2 mil 700 millones de dólares, principalmente a los estados de Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León.

En rueda de prensa en el Palacio Nacional, el presidente de la Comisión Federal de Electricidad dio a conocer que las interrupciones en el suministro eléctrico se debieron a la tormenta invernal que congeló pozos y gasoductos en Texas y como México utiliza gas natural proveniente del País vecino para la generación de la

energía obtuvimos como resultado el apagón masivo ya que en el país el 64% de la generación de energía eléctrica se realiza con gas natural.

Sin embargo, ¿Por qué México depende de Texas para alimentar sus plantas de energía eléctrica? con la llegada de la actual administración pública federal y con políticas que no van acorde a las necesidades que se requieren para el desarrollo nacional no se ha trabajado por evitar depender de Texas solucionando la falta de capacidad de almacenamiento del gas natural en México para evitar que ocurran este tipo de apagones.

Mejorar el almacenamiento del gas no es el único camino, la realidad es que no se ha apostado por la implementación de acciones que permitan diversificar la obtención de energía. La ideología que prevalece en el gobierno federal es obsoleta pues no apuestan por implementar mecanismos de nuevas tecnologías ni por las energías renovables lo que permitiría obtener energías limpias a menor costo y mayor calidad.

El servicio de energía eléctrica debe estar garantizado para todas y todos los mexicanos pues es un elemento de suma importancia ya que coadyuva al acceso de otros derechos fundamentales que permiten el bienestar de las personas. Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de la asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal en su conjunto a garantizar el suministro de la energía eléctrica en todo el país, evitando apagones, además de asegurar que el otorgar servicios básicos de calidad no dependan de otros países para su suministro y evitar así contingencias como la que se acaba de presentar en días pasados.

Notas

1 Comisión Federal de Electricidad. Nuestra Empresa. Disponible en:
https://www.cfe.mx/nuestraempresa/Pages/historia.aspx

2 Naciones Unidas. Los instrumentos Internacionales de los derechos humanos. Disponible en:
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/coreinstruments.aspx

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 9 de marzo de 2021.

Diputado Alán Jesús Falomir Saenz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a establecer por la SE y la Sader medios de coordinación que garanticen la producción de los productores de azúcar y, con ello, la seguridad y estabilidad del campo mexicano, a cargo del diputado José Francisco Esquitin Alonso, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, José Francisco Esquitin Alonso, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 116 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El sector agropecuario mexicano ha sido vulnerado por años, y ante los desafíos que enfrenta actualmente México y el mundo, es necesario que se consideren las oportunidades que se abren en el sector agropecuario y agroalimentario con el objetivo de impulsar la economía local y fortalecer al sector primario, el único que en los más recientes trimestres ha reportado crecimiento.

El 20 de marzo de 2020, la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, menciono que concluyo el acuerdo de suspensión determinando el monto de venta a Estados Unidos por 1.42 millones de toneladas, superior a 2019, que fue de 1 millón. Un aspecto importante es que EUA tiene precios altos de la azúcar.

En esa ocasión también informo que se tenía una reserva de básicos para 100 días, los cuales se ministrarán en Diconsa y Liconsa, cabe señalar que hay 300 almacenes en el país con 26 mil tiendas.

También es necesario mencionar que en ese mismo año el International Sugar Organization redujo la proyección de la producción mundial de azúcar del ciclo 2019-2020 de ser de 172 millones de toneladas a 167 millones.

Actualmente, la industria azucarera nacional es afectada por diversos factores, como la reducción de sus exportaciones, el aumento de impuestos y, adicionalmente, el contrabando de azúcar.

Se prevé que la industria azucarera mexicana tenga menores exportaciones a Estados Unidos en el próximo ciclo 2020-2021, cabe mencionar que la cantidad de azúcar a exportar está definida por las necesidades y acuerdos que rigen el comercio del producto, y Estados Unidos ha incrementado su propia producción, lo cual significa, que en México se queda un excedente aproximado de 6 millones de toneladas de azúcar en comparación con la última cosecha.

Grafica 1. Exportación de azúcar por ciclo.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural y el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de azúcar, 2020/21.

Como se observa en la gráfica 1, en el ciclo 2020/21 la tendencia es a la baja, alcanzando 359 mil 272 toneladas por debajo de las exportaciones de 2009/10.

Adicionalmente, la epidemia ocasionada por el Covid-19 dejó clara la importancia de reducir el consumo de productos con altos niveles de calorías, con ello resaltando la importancia de la iniciativa para elevar los gravámenes a bebidas azucaradas como refrescos y otros alimentos con alto contenido calórico, si bien, es una medida importante por parte de las autoridades para alimentarse sanamente, lo cierto, es que es necesario considerar medidas precautorias para que el programa de precios de garantía que afectara a la industria azucarera.

El contrabando de azúcar que se refleja en las importaciones irregulares, afecta no solo en los empleos en zonas rurales, si no en la economía de los productores y el sector en general.

Para ello, el pasado sábado 27 de febrero el SAT emitió un comunicado de prensa anunciando que refuerza las acciones para combatir el contrabando técnico de azúcar, ya que genera una evasión de impuestos por importación de azúcar de al menos 250 millones de pesos al año, lo cual es un golpe a la economía nacional.

Por otro lado, la importación irregular de azúcar afecta a la agroindustria de la caña de azúcar y perjudica a cañeros y a industriales, la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera informó que esta industria genera 2.4 millones de empleos directos en 269 municipios rurales de 15 estados. Los trabajadores del sector cañero en lo general no cuentan con seguridad social y convenio entre el IMSS y los cañeros.

En México la industria azucarera tiene un superávit ya que su nivel de producción estimado oficialmente para este ciclo es de aproximadamente 6 millones de toneladas, y el abasto nacional se garantiza con 4 millones de toneladas.

Por la seguridad alimentaria de México, es necesario fortalecer a los productores azucareros.

Tabla 1. Programas estratégicos-precios de garantía.

Fuente: Elaboración con datos del Programa Precios de Garantías.

Por lo expuesto y fundado es necesario exhortar a las Secretarías de Economía, y de Agricultura y Desarrollo Rural a establecer los mecanismos de coordinación que garanticen la producción de los productores de azúcar para asegurar la seguridad del campo mexicano.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobierno federal a establecer por las Secretarías de Economía, y de Agricultura y Desarrollo Rural mecanismos de coordinación que garanticen la producción de los productores de azúcar y, con ello, la seguridad y estabilidad del campo mexicano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2021.

Diputado José Francisco Esquitin Alonso (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a otorgar salarios fijos y prestaciones laborales a asesores educativos, orientadores, aplicadores de examen, promotores de casas comunitarias, enlaces y apoyos técnicos de las figuras solidarias y delegaciones del INEA, a cargo de la diputada Martha Estela Romo Cuéllar, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Martha Estela Romo Cuéllar , integrante del Grupo Parlamentario del Grupo Parlamentario Acción Nacional, en la LXIV Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo federal a otorgar salarios fijos y prestaciones laborales a los asesores educativos, orientadores, aplicadores de examen, promotores de casas comunitarias, enlaces y apoyos técnicos de las figuras solidarias y delegaciones del Instituto Nacional Para la Educación de los Adultos .

Exposición de Motivos

Sin duda alguna, la educación tiene una influencia positiva en cualquier persona en la actualidad, y eso incluye a aquellos adultos que no habían podido culminar sus estudios básicos, por diversas razones: acceso, rezago, falta de ingresos, etcétera. En este caso las personas pueden sentir un aumento en su autoestima y seguridad. Son muchas las ventajas que puede ofrecer la educación para adultos, la cual sin duda ayuda a mejorar la calidad de vida, ya que una persona adulta con estudios terminados, tiene la posibilidad de tener mejores oportunidades de trabajo.

Además, es importante resaltar que hay instituciones educativas que se dedican a la educación para adultos, es por ello por lo que ofrecen horarios nocturnos, para que los estudiantes puedan asistir a clase después de su jornada de trabajo.

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 1981.

En cumplimiento de sus atribuciones, el INEA propone y desarrolla modelos educativos, realiza investigaciones sobre la materia, elabora y distribuye materiales didácticos, aplica sistemas para la evaluación del aprendizaje de los adultos, así como acredita y certifica la educación básica para adultos y jóvenes de 15 años y más que no hayan cursado o concluido dichos estudios en los términos del artículo 43 de la Ley General de Educación.

El INEA tiene el propósito de preservar la unidad educativa nacional para que la educación básica de las personas jóvenes y adultas se acredite y certifique con validez en toda la república.

Por acuerdo de la honorable Junta Directiva del INEA y de conformidad con lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, concerniente a las relaciones entre los Poderes de la Unión y un auténtico federalismo, se suscribieron convenios de coordinación con la mayoría de los gobiernos estatales para la descentralización de los servicios de educación para adultos, por lo que el INEA se asume como un organismo técnico, normativo y rector de la educación para adultos que acredita la educación básica proporcionada por los Institutos Estatales de Educación para Adultos (IEEA), y es promotor de este beneficio entre los diferentes sectores sociales.

A su vez, el INEA continúa proporcionando, a través de algunas delegaciones, los servicios de educación básica: alfabetización, primaria, secundaria y educación para la vida y el trabajo, en los estados en los que aún no se concluye el proceso de descentralización.

Con el objetivo de asegurar una aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos, se emiten las Reglas de Operación cada año.

Los institutos y delegaciones estatales habrán de cumplir con los requisitos de información nacional y deberán enviar al INEA informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos, con base en los indicadores de resultados previstos en este documento.

Dichos informes serán enviados a más tardar durante los 15 días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre.

Además se realizará una evaluación nacional de resultados de cada programa y proyecto educativo en los Institutos y Delegaciones Estatales a efecto de que los resultados sean considerados en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente ejercicio fiscal.

Dicha evaluación estará a cargo de alguna de las instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter nacional o internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia sobre la educación de adultos, y que cumplan con los requisitos mínimos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Desde el mes de octubre, los asesores educativos, orientadores, aplicadores de examen, promotores de casas comunitarias, enlaces y apoyos técnicos de las figuras solidarias y delegaciones del Instituto Nacional Para la Educación de los Adultos no reciben los apoyos que comúnmente recibían desde el inicio de la pandemia, porque, como se podrá saber, el flujo de estudiantes disminuyó, pero eso no significa que estas personas puedan trabajar en otras cosas, pues esta es su profesión. A pesar de que, en las reglas de operación vigentes del INEA (pp. 46), se establece lo siguiente:

“Casos de contingencia por desastres naturales. En municipios que sean declarados por autoridad competente como zonas de desastre o emergencia afectadas por fenómenos naturales, en los cuales se vean interrumpidas las condiciones para brindar los servicios educativos para personas adultas, se podrá continuar otorgando gratificaciones a figuras solidarias aun y cuando no se reporten acciones de atención, hasta que se restablezcan las condiciones para la prestación del servicio. Las medidas adoptadas deberán ser informadas a la Junta Directiva de los IEEA y del INEA y siempre será responsabilidad de cada Instituto y7o Unidad de Operación del INEA la ejecución del recurso presupuestario”.

En virtud de esto, los citados profesionistas se acercaron al poder Ejecutivo federal a solicitar que vuelvan a reactivar el apoyo que recibían, lo anterior, ya que como figuras solidarias es lo único que reciben, pues no tienen ni sueldo fijo ni prestaciones de Ley, sin embargo, no se ha recibido respuesta alguna del Ejecutivo.

En el citado oficio, los mencionados previamente aseguraron que, por ser figuras solidarias, no se les paga un sueldo fijo y mucho menos tienen las prestaciones de Ley correspondientes, como lo son los aguinaldos, vacaciones, pensión, etcétera. Por lo que es importante hacer un exhorto al poder Ejecutivo para que, en la medida de sus facultades, haga las adecuaciones presupuestales correspondientes para integrar a estos profesionistas con salarios y prestaciones laborales.

Es por lo anterior que presento a esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo federal a otorgar salarios fijos y prestaciones laborales a los asesores educativos, orientadores, aplicadores de examen, promotores de casas comunitarias, enlaces y apoyos técnicos de las figuras solidarias y delegaciones del Instituto Nacional Para la Educación de los Adultos

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2021

Diputada Martha Estela Romo Cuéllar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a informar a la opinión pública sobre la estructura operativa del reparto de las ayudas sociales del gobierno, y aclarar el destino de más de 3 mil millones de pesos ejercidos en 2019, por presumibles irregularidades y actos de corrupción en la contratación de personal y el pago de salarios a partir de la revisión a la Cuenta Pública de ese año por la ASF, a cargo de la diputada Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, los diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, pertenecientes a esta LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que informe a la opinión pública sobre la estructura operativa en la que descansa el reparto de las ayudas sociales del gobierno federal, asimismo, aclare el destino de más de 3 mil millones de pesos ejercidos en 2019, al presumirse posibles irregularidades y actos de corrupción en la contratación de personal y en el pago de sus salarios a partir de la revisión a la Cuenta Pública de ese año por parte de la Auditoría Superior de la Federación , al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Los servidores de la nación y la estructura operativa en la que descansa el reparto de las ayudas sociales del gobierno de López Obrador deben aclarar el destino de más de 3 mil millones de pesos ejercidos en 2019, pues dichos recursos se extraviaron por la opacidad e inconsistencias, omisiones e irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en la contratación de este personal y en el pago de sus salarios.

El Padrón Único de Bienestar (PUB), un registro que desde su principio fue ilegal, ya que este operó bajo el censo de bienestar una tarea que realizó los servidores de la nación antes de que tomara posesión el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Auditoría Superior de la Federación incluirá un informe de la revisión de la cuenta pública correspondiente al año 2019, dicha revisión realizada a la “Contratación de personal mediante el esquema Servidores de la Nación, donde observa el mencionado monto por aclarar de más de 3 mil millones.

En uno de los dos pliegos de observaciones, el monto irregular identificado es de 2 mil 965 millones 802 mil 71 pesos, correspondientes a la nómina de los Servidores de la Nación. Un segundo pliego de observaciones, es por 74 millones 781 mil 891 pesos y también se relaciona con nóminas.

En total, la auditoría 240-DS, practicada a la Secretaría de Bienestar (Sebien), establece un monto por comprobar por el orden de 3 mil 40 millones 583 mil 962 pesos; esto es, casi el total del presupuesto ejercido mediante el esquema de servidores de la nación, cuyo rastreo ha sido difícil de desagregar en trabajos periodísticos e investigaciones independientes por lo que toca a 2019.

Si bien la Secrearía de la Función Pública (SFP) incluyó un apartado en su portal Nómina Transparente para los servidores de la nación, ahí sólo puede consultarse el nombre y monto devengado por más de 17 mil personas que perciben 8 mil 173 pesos mensuales netos.

Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 la figura no existe y fue con cargo al Capítulo 1000 del clasificador de gasto, apartado que corresponde a servicios personales. En 2020 ese personal por honorarios y sin prestaciones básicas– costó al erario 3 mil 233 millones de pesos”.1

En este orden de ideas también destaca en el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 que existen riesgos de corrupción en la operación del programa Producción para el Bienestar , 2019 en: “En el segundo riesgo “que los encargados de las ventanillas condicionen a los beneficiarios del programa la entrega de las órdenes de pago”, se observó que la Secretaría contó con dos mecanismos de control: a) el Convenio celebrado con la Secretaría del Bienestar (Sebien) por medio del cual programó la entrega de 900 mil órdenes de pago por medio de las Delegaciones de los Programas para el Desarrollo y de los servidores de la nación, las cuales de entregarse en su totalidad en 2020, representarían el 87.8 por ciento de las órdenes de pago emitidas, en 2019, a 1,024,631 productores y b) la suscripción del Anexo Noveno del Contrato Marco para la apertura de cuentas bancarias con Banco Azteca mediante el cual la dependencia tenía planeado avanzar en la bancarización de la totalidad de los beneficiarios del Programa, a fin de que los apoyos se realicen mediante transferencias bancarias. Sin embargo, no precisó por qué el hecho de que la entrega de las órdenes de pago, por medio de las Delegaciones de los Programas para el Desarrollo y por los servidores de la nación, limitarían el riesgo de que se condicionen a los beneficiarios del programa” (pág. 47).2

En esta tesitura se demuestran otros tres casos más en otras instituciones como:

-En el primer riesgo “incumplimiento normativo por parte de los particulares”, la Sader.

-Para el tercer riesgo “Actuar indebido por parte del personal de las Representaciones Estatales de la Secretaría, de los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) y de los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER)”.

-Respecto del cuarto riesgo “Actuación inadecuada por parte del personal con acceso al Sistema”.

Es por lo antes mencionado que el teatro que montó Andrés Manuel López Obrador en el combate de la corrupción es mentira ya que la corrupción sigue y con mayor fuerza, ya que el presidente niega que exista en las filas de su gobierno y la realidad es otra, tanto así que la ASF ya demostró inconsistencias en la rendición de cuentas del año 2019 que gobierna la alianza juntos haremos historia.

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que informe a la opinión pública sobre la estructura operativa en la que descansa el reparto de las ayudas sociales del gobierno federal, asimismo, aclare el destino de más de 3 mil millones de pesos ejercidos en 2019, al presumirse posibles irregularidades y actos de corrupción en la contratación de personal y en el pago de sus salarios a partir de la revisión a la Cuenta Pública de ese año por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Notas

1 Artículo sabado 13 de febrero de 2021, por Arturo Rodríguez García , revista Proceso, Servidores de la Nación, un desastre administrativo de 3 mil millones, extraído por la página Web: https://www.proceso.com.mx/reportajes/2021/2/13/servidores-de-la-nacion -un-desastre-administrativo-de-mil-millones-258226.html

2 Informe individual del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2019 que existe riesgos de corrupción en la operación del programa producción para el bienestar, 2019 https://informe.asf.gob.mx/documentos/auditorias/2019_0274_a.pdf, (pág47)

Palacio Legislativo de San Lázaro, 9 de marzo de 2021.

Diputada Saraí Núñez Cerón (rúbrica)

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Con motivo del Día de la Creación de la Confederación Nacional Agraria, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

El 9 de marzo de 1923, se crea la Confederación Nacional Agraria (CNA), primera organización campesina en México.

Bajo el lema “Tierra y Libertad” es constituida la CNA. Sus principales dirigentes son el antiguo zapatista Gildardo Magaña como presidente, Andrés Molina Enríquez –famoso intelectual, autor de Los grandes problemas nacionales– y Miguel Mendoza López como vicepresidentes, y Saturnino Cedillo como vocal.

El programa de la flamante CNA está encaminado a resolver el problema agrario mediante la combinación de los ejidos con la pequeña propiedad o ranchos, y las pequeñas haciendas.

La CNA tiene una concepción de la sociedad orgánica e indivisible, aunque estuviera integrada por diversos sectores económicos y sociales. Esto la lleva a postular su rechazo a la lucha de clases o a los partidos de clase, así como la necesidad de formar un solo partido en el que se manifestaran los intereses comunes. Pero al mismo tiempo se expresa en contra de la dominación extranjera en el país.

En los registros históricos señalan que, en las sociedades rurales, mas que una capacidad campesina, ha habido una verdadera y casi innata rebeldía. La historia de México, se explica a través del proceso agrarista.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2021.

Diputada María Sara Rocha Medina (rúbrica)