Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y la Cofepris a corregir mediante fe de erratas el artículo 26 del Reglamento de la Ley General de Salud, en materia de control sanitario para la producción, la investigación y el uso medicinal de la cannabis y sus derivados farmacológicos, a cargo del diputado Sergio Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Sergio Pérez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 12 de enero del año en curso, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario para la Producción, Investigación y Uso Medicinal de la Cannabis y sus Derivados Farmacológicos, mismo que, entró en vigor al siguiente día de su publicación.

Dentro del mismo, se encuentra una contradicción trascendente, debido a que, si bien es cierto que se diferencia THC (psicoactivo) y CBD (no psicoactivo) dentro del capítulo de definiciones, dentro del artículo 26 no los separa. Con este hecho, contradice lo escrito en el propio reglamento y al mismo tiempo, entra en conflicto con la Ley General de Salud en sus artículos 240 y 245, así como, con las definiciones y recomendaciones que han sido dadas por la Organización Mundial de la Salud y por la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes.

Al omitir esta diferenciación pareciera que el reglamento ordena el mismo manejo y prescripción para ambos derivados de la planta del cannabis, y coloca a ambas substancias por igual en la fracción 1ra del artículo 245 de la Ley General de Salud, sobre sustancias psicotrópicas. Debiendo, enviar al CBD y otros derivados no psicotrópicos a la fracción quinta del mismo artículo.

Consideramos pues, que esto, al ser una simple omisión en la redacción, es corregible mediante una fe de erratas. La corrección para homologar el reglamento con la ley, es un tema de suma relevancia, pues esto, evitará una lluvia de amparos, con intentos de modificar o clarificar este tema, lo que generaría una innecesaria doble carga de trabajo para la autoridad correspondiente.

La Ley General de Salud, en su artículo 245, claramente señala cinco grupos para diferentes concentraciones, y en éstas, se determina un manejo diferente, receta distinta y responsabilidad distinta para quien prescribe. Como lo explicaremos en los siguientes párrafos.

A continuación, se señala la inconsistencia encontrada y para tal efecto, se propone lo siguiente:

Dice:

Artículo 26. Para la prescripción de medicamentos de cannabis se deberá observar lo establecido en el artículo 240 de la ley y en el presente Reglamento.

Lo que sugerimos debe decir:

Artículo 26. Para la prescripción de medicamentos de cannabis psicotropicos, exceptuando componentes no psicoactivos del cannabis, se deberá? observar lo establecido en el artículo 240 de la ley y en el presente Reglamento. Y tratándose de medicamentos con CBD, o con -1 por ciento de THC u otro componente psicoactivo en igual porcentaje, entrará a la clasificación 5, del artículo 246 de la LGS. Por lo que su prescripción médica obedecerá a lo que marca la ley para esta clasificación .

Al emitir una fe de erratas, se pueden evitar fácilmente estas contradicciones. Cambiar brevemente la redacción, pudiera colocar al CBD con THC igual o menor al 1 por ciento, en la fracción 5 del artículo 245 de la Ley General de Salud. Es importante mencionar que, los medicamentos con contenido de CBD deberán ser prescritos con receta (la misma que se utiliza para el antibiótico) o la requerida para la fracción 4 o 5, pero, no la receta para estupefacientes, por no serlo según definición del propio reglamento.

En resumen, lo más importante, de esta corrección seria obviar recursos jurídicos innecesarios, y facilitar la producción de medicamentos no psicotrópicos, como las medicinas con CBD, cuyas propiedades desinflamatorias y medicinales, están probadas, y pudieran ser más accesibles para un gran número de pacientes que desesperadamente lo necesitan, sobre todo, para aquellos pacientes con menos recursos.

Con las consideraciones anteriormente citadas, someto a consideración del pleno de este honorable Congreso, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados, exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, corregir mediante una fe de erratas el artículo 26 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario para la Producción, Investigación y Uso Medicinal de la Cannabis y sus Derivados Farmacológicos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2021

Diputado Sergio Pérez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la FGR y sus homólogas locales a dar cumplimiento exacto y efectivo al protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, a cargo de la diputada Dulce Alejandra García Morlan, del Grupo Parlamentario del PAN

Dulce Alejandra García Morlan, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura al honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disponibles aplicables, someto a la consideración de la honorable soberanía el presente punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías de las entidades federativas a que den cumplimiento exacto y efectivo, al protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

La violencia contra las mujeres se refiere a todas las formas de violencia selectiva por sexo y género que se perpetran contra personas que se identifican como mujeres. Esto incluye todos los actos de agresión que infligen daño físico, emocional o psicológico. Si bien es más probable que se reconozca la violencia física contra las mujeres en la política, a menudo nos olvidamos de los otros dos tipos de violencia.

Cuando se trata de mujeres en política, abundan los actos de violencia no física. También pueden incluir excluir a las mujeres de las decisiones, cerrar las puertas a su progreso y no permitirles el espacio y la plataforma para hacer oír su voz. A pesar de ello, es muy probable que la violencia no física pase desapercibida en la esfera política. ¿Por qué? Porque las líneas a menudo se difuminan y los actos de agresión se describen como una rivalidad o competencia ferviente.

El abuso verbal y los prejuicios inconscientes son dos formas en que la violencia emocional y psicológica a menudo se ejerce contra las mujeres en la política. Los prejuicios inconscientes son las actitudes y estereotipos subyacentes que las personas atribuyen inconscientemente a otra persona o grupo de personas. Estos prejuicios afectan la forma en que las personas comprenden y se relacionan con los que les rodean. Para las mujeres en política, los prejuicios pueden afectar la seriedad con que las personas las toman y si sus voces son escuchadas.

Actualmente, existe el protocolo para la atencion de la violencia política contra las mujeres en razón de género y tuvo como uno de ejes principales, la construcción, homogeneización y utilización del concepto de violencia política contra las mujeres en razón de género, el cual se diseñó tomando como referencia la normativa de origen nacional –incluido su marco jurisprudencial- e internacional, la cual se nutrió a partir de tres referentes fundamentales: la ley modelo interamericana sobre violencia política contra las mujeres de la Organización de los Estados Americanos/ Comisión interamericana de Mujeres (OEA/CIM); la recomendación general número 35 del Convención sobre la Eliminación de todas Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres basada en el género, así como la jurisprudencia 48/2016 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Es necesario emitir el presente exhorto, pues nos encontramos en un contexto político-electoral de gran trascendencia para nuestro país en este proceso electoral 2021, el cual pondrá a prueba la estructura de las instituciones electorales y de procuración de justicia, en sus diversos ámbitos de competencia aplicando el marco de operación y coordinación entre el ámbito local y el federal.

Además, se debe tener presente que de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, se renovará completamente la Cámara de Diputados; 15 gubernaturas; 30 Congresos locales; 1,900 ayuntamientos y juntas municipales; se prevé la participación de 94 millones 800 mil ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral, instalación de 161 mil casillas y la contratación de más de 50 mil supervisores y capacitadores electorales, siendo importante resaltar que en este proceso electoral la participacion de la mujer será de gran trascendencia, toda vez que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las diversas legislaciones velarán el cumplimiento de la paridad de género considerada ahora como un derecho fundamental.

Aunado a lo anterior, recordemos que con fecha 23 de mayo del 2019, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la minuta que reforma diversos artículos de la Constitución en materia de igualdad y paridad de género; que garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en méxico. con la mayoría calificada de 445 votos se avalaron reformas a los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de nuestra Carta Magna, para establecer la obligatoriedad constitucional de observar el principio de paridad en la integración de los Poderes de la Unión. El mismo esquema será para los estados, así como en la integración de los ayuntamientos, en el dictamen se estableció que la paridad de género se aplicará para los partidos políticos, órganos autónomos y en cualquier entidad, órgano u organismo que ejerza funciones de autoridad en el ámbito de la federación, las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México. Sus autoridades deberán ser electas, nombradas o designadas, respetando el principio de paridad de género. La modificación constitucional también incluyó dicho principio en la elección de representantes ante los ayuntamientos en los municipios con población indígena, ademas en los artículos transitorios se plasmó que las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar reformas en su legislación para garantizar los procedimientos de elección, designación y nombramiento de sus autoridades, bajo el principio de paridad, garantizando la participacion de la mujer en la vida pública.

Para fortalecer la reforma constitucional ya señalada, con fecha 13 de abril del 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; de la Ley General de Medios del Sistema de medios de Impugnación en Materia Electoral; de la Ley General de Partidos Políticos; de la Ley General en materia de Delitos Electorales; de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las cuales en forma incluyente consideran y definen al concepto de violencia política contra las mujeres por razón de género, sus formas de expresión, sistemas de competencia , derechos político-electorales de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos, de las fórmulas de candidatas y candidatos, el tipo penal del delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, así como de la competencia de la Fiscalia General de la República.

Tal como ya ha quedado establecido, nuestra Constitución, así como las diversas leyes ordinarias y reglamentarias en materia electoral, protegen los derechos fundamentales y garantizan la participacion de la mujer, la cual ha sido marginada por las instituciones y partidos políticos, lo que conlleva a que se cuente con una protección efectiva en los derechos sustanciales de la misma, y no quede impune dicha actuación.

Para concluir, es por las consideraciones vertidas que resulta importante emitir el presente exhorto a las autoridades de procuracion de justicia, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, vigilen y den cumplimiento cabal a las disposiciones ya vertidas, que se comprometan y se obliguen a garantizar la participación de la mujer en esta gran contienda electoral sin que padezcan violencia política por razón de género.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías de las entidades federativas a que den cumplimiento exacto y efectivo, al protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2021.

Diputada Dulce Alejandra García Morlan (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Tabasco a colocar señalamientos restrictivos y prohibir el tránsito de vehículos del servicio público federal y de los que transporten material y equipo pesado en la carretera estatal conocida como vía corta La Isla-Comalcalco, a cargo de la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Soraya Pérez Munguía, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Que la carretera conocida como La Isla-Comalcalco es considerada la vía más rápida para viajar de la ciudad de Villahermosa al municipio de Comalcalco y que ésta, además, también conecta a la capital del estado con la cabecera del municipio de Cunduacán y desemboca en la carretera federal que va hacia el municipio de Paraíso.

Segunda. Como antecedentes se mencionan algunos eventos que se han suscitado en esta carretera:

A) Fuga y explosión en un gasoducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en un puente de uno de los drenes de agua que costó muchas vidas humanas y pérdidas económicas cuantiosas.

B) Colapso y derrumbe de dos puentes en dos drenes de agua que provocó el cierre a la circulación por esa carretera por varios días.

C) Accidentes por choques de automóviles particulares con tractocamiones, carrotanques, autotanques y autobuses con saldos mortales y daños económicos cuantiosos.

D) Incendios y explosión de carrotanques con combustible que han provocado muerte de personas y pérdidas económicas y que han puesto en grandes riesgos a los habitantes y a las personas que circulan por ahí.

E) El último, un accidente fatal que ocasionó la muerte de una persona por aplastamiento debido a la caída de un puente peatonal provocado por un tráiler que transportaba equipos con exceso de altura.

Tercera. Que el tránsito de vehículos que transportan material y equipo pesado como son: tráileres cerrados, tráileres cerrados con doble semirremolque que transportan mercancías de tiendas departamentales, tráileres abiertos (low boy) y con doble semirremolque que transportan material, tubería y equipo pesados de empresas que prestan sus servicios a Pemex, autotanques (pipas) normales y con doble semirremolque que transportan gasolina, lubricantes, carrotanques y autotanques normales y con semirremolques que transportan reactivos químicos, residuos peligrosos como son lodos y recortes de perforación de pozos de empresas que prestan sus servicios a Pemex, góndolas y volteos de doble caja que transportan material pétreo, arena, grava y autobuses de pasajeros de servicios turísticos, también se ha vuelto un serio problema y una de las principales causas del deterioro de la vía en cuestión.

Según reportes en la materia, el exceso de peso y la vibración que se produce con el paso de estos vehículos ha provocado daños sustanciales a la carpeta asfáltica de la vía; misma que actualmente está deteriorada y en proceso de reparación. Asimismo, dichos factores constituyen un riesgo de colapso y ruptura del puente en el río Rompido y de los 14 puentes con alcantarillas a lo largo de la carretera en donde pasan drenes de agua.

Finalmente, dichos vehículos también ponen en peligro la integridad de los vehículos particulares que transitan por la zona debido al exceso de sus dimensiones a lo largo y ancho; esto sin mencionar el riesgo que representan para el derribamiento de puentes peatonales por el exceso de altura.

Cuarta. Los vehículos mencionados están circulando por esa carretera que es estatal y por ser del Servicio Público Federal deben de circular por la carretera federal Villahermosa-Cárdenas-Comalcalco-Paraíso ya que tienen las siguientes características:

1. Los vehículos rebasan las 10 toneladas de carga.

2. Debido al exceso de peso que transportan estos vehículos existe el riesgo de colapso o ruptura del puente en el río Rompido y los 14 puentes con alcantarillas a lo largo de la carretera en donde pasan los drenes de agua.

3. Debido al exceso de peso y a la vibración que se produce con el paso de estos vehículos en 5 zonas en donde atraviesan la carretera los ductos de Pemex que vienen de la Terminal Marítima Dos Bocas hacia Cárdenas y Reforma (1 cruce en el entronque con la carretera a Comalcalco-Paraíso a la altura de la Ruinas, 1 cruce en la curva de las trampas de diablo Chichicapa, 1 cruce en donde hubo una explosión de un ducto en puente de un dren de agua, 1 cruce a la entrada a La Trinidad y 1 cruce a la salida de La Trinidad, Cunduacán) que existe el riesgo de tener fugas, colapso, ruptura o explosión de esos ductos que son los que transportan el petróleo crudo al Sistema Nacional de Refinación y a Exportación y el gas a los Complejos Petroquímicos de Cactus y Nuevo Pemex.

4. Ponen en peligro a los vehículos que transitan por la carretera por el exceso de dimensiones, ancho y largo.

5. Ponen en peligro la vida de los habitantes que usan los puentes peatonales y los vehículos que transitan por la carretera por el riesgo de que estos tráileres lo derriben por transportar equipos y torres con exceso de altura .

6. Ponen en peligro a los habitantes y a los vehículos a lo largo de la carretera porque transitan a exceso de velocidad por falta de señalamientos que indiquen la velocidad permitida y la falta de vigilancia por parte de personal de la Dirección de la Policía Estatal de Caminos.

Quinta. Cabe hacer mención que esta problemática que está sucediendo y la solicitud de regular el tránsito en esa carretera, ciudadanos y usuarios de la carretera de los municipios de Comalcalco, Cunduacán, Jalpa de Méndez y Paraíso se la dieron a conocer en forma extraoficial a las autoridades estatales sin obtener una respuesta para su solución definitiva por lo que es urgente que se tomen todas las medidas necesarias para solucionar este problema antes que ocurra una tragedia que puede ser de gran magnitud y que puede traer como consecuencia pérdidas humanas y daños económicos enormes para nuestro estado.

Por todo lo anteriormente expuesto, se procede a emitir los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Tabasco para que acorde a su ámbito de competencia realice las acciones necesarias para que se coloquen señalamientos en la carretera conocida como la vía corta La Isla-Comalcalco, y no se afecte la seguridad pública y el derecho humano a la movilidad de las personas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Tabasco a prohibir el tránsito de vehículos del Servicio Público Federal y de vehículos que transporten material y equipo pesados como son: tráileres cerrados, tráileres cerrados con doble semirremolque que transportan mercancías de tiendas departamentales, tráileres abiertos (low boy) y con doble semirremolque que transportan material, tubería y equipo pesados de empresas que prestan sus servicios a Pemex, autotanques (pipas) normales y con doble semirremolque que transportan gasolina, lubricantes, carrotanques y autotanques normales y con semirremolque que transportan reactivos químicos, residuos peligrosos como son lodos y recortes de perforación de pozos de empresas que prestan sus servicios a Pemex, góndolas y volteos de doble caja que transportan material pétreo, arena, grava y autobuses de pasajeros de servicios turísticos por la vía corta La Isla-Comalcalco, ya que éstos representan un grave riesgo para la seguridad de los peatones y transeúntes de la zona, así como para el futuro deterioro de la carretera.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2021.

Diputada Soraya Pérez Munguía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Seguridad de Morelos a implantar con la Fiscalía General del estado medidas de protección y seguridad para garantizar la integridad física de los candidatos y los funcionarios electorales que participan en el proceso de 2020-2021, a cargo del diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, Jorge Arturo Argüelles Victorero, diputado federal de la LXIV Legislatura, coordinador del Grupo Parlamentario del PES, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I, del numeral 1, del artículo 6 y en la fracción II, del numeral 1, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La democracia es la forma de gobierno mediante el cual se ejerce el poder político del pueblo y para el pueblo, la democracia es considerada como la mejor forma de gobierno que garantiza a la ciudadanía expresar su opinión a través del voto para elegir a sus representantes, además es un sistema de participación donde se lleva a cabo una competencia político-electoral justa, equitativa e igualitaria en la que se celebran elecciones auténticas respetando siempre el principio de mayoría.

Para contribuir a la democracia, las sociedades contemporáneas han trabajado en la construcción de instituciones de carácter autónomo a fin de garantizar procesos electorales lo suficientemente creíbles y competitivos.

El Instituto Nacional Electoral (INE), es una de las autoridades que goza de autonomía, y es la encargada de la Fiscalización a los partidos políticos, regulación en espacios de medios de comunicación, de imponer sanciones en materia administrativo-electoral, la educación cívica, verificar la integración del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores, entre otros.

Dentro de los procesos electorales, el Consejo General ocupa un lugar primordial, al ser el Órgano Central del INE, integrado por consejeros electorales, consejeros del Poder Legislativo y representantes de los partidos políticos, que de acuerdo con el artículo 35 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es el “órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género guíen todas las actividades del Instituto.”1

A partir de lo anterior es que se reconoce la gran labor que estas autoridades electorales desempeñan y que a pesar de que la crisis sanitaria que se vive en México y en todo el mundo, se ha modificado la organización y monitoreo de los procesos electorales, sin que la labor de los consejeros electorales del todo país se halla detenido.

El próximo 6 de junio del presente año, se llevarán a cabo las elecciones más grandes de la historia, tanto por el número de cargos a elegir como por la infraestructura y la participación que se espera en los comicios, ya que se elegirán 3 mil 528 representantes populares, 302 más que en 2018, habiendo una gran concurrencia a nivel federal y local.2

En el estado de Morelos, por ejemplo: se votarán 56 cargos de elección popular, entre ellos diputaciones y ayuntamientos, más de millón y medio de morelianos dentro del padrón electoral podrán votar por 12 diputaciones de mayoría relativa, 33 presidencias municipales y 166 regidurías. También se renovarán 36 sindicaturas y 8 diputaciones de representación proporcional.3

Al dimensionar la magnitud del proceso democrático que se encuentra ya a pocos meses de llevarse a cabo y para que las elecciones lleguen a buen puerto, lo más deseable es que cada participante de la vida democrática de México pueda ejercer de manera plena sus derechos político-electorales, bajo un ambiente donde prevalezcan la salud, la paz, la seguridad y el orden público.

Sin embargo se han presentado incidentes de amenazas hacia las autoridades electorales locales, tal es el caso del consejero electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) Alfredo Javier Arias Casas, quien ha denunciado ser víctima de amenazas relacionadas a la votación de un expediente relativo a la disputa que tienen dos partes del partido de nueva creación “Más, Más Apoyo Social”.4

De acuerdo con un medio local, durante la sesión del Consejo Estatal Electoral (CEE) el consejero se abstuvo de emitir la votación del expediente TEEM/JDC/22/2021-2 al argumentar lo siguiente: “recibí una llamada telefónica de una persona del sexo masculino, de un número desconocido, con lada 222, quien me profirió amenazas tendientes a causar daño físico a mí o a mi familia, por considerar que el suscrito actúa de manera parcial a favor de una de las partes de los grupos en disputa por el control del partido político local Más, Más Apoyo Social.5

Además de ser el periodo electoral más complejo y de carácter extraordinario por la pandemia del Covid-19, en donde por su naturaleza, exige medidas sanitarias para todos y cada uno de los participantes de este proceso electoral, así como una minuciosa vigilancia del INE para evitar el uso partidista de apoyos sociales, tampoco se debe de dejar de lado la implementación de acciones tendientes a proteger la seguridad e integridad física de la ciudadanía, de los candidatos a cargos de elección popular y de los servidores públicos encargados de velar por el óptimo desarrollo de las próximas elecciones en nuestro país.

Es importante que las autoridades gubernamentales, autónomas y de los diferentes niveles de gobierno sigan trabajando para garantizar que la participación plena de la vida democrática del país, sea el camino hacia un mejor futuro.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta Soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero .- La honorable Cámara de Diputados del Congreso del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Fiscalía General del Estado de Morelos a investigar, esclarecer y dar con la persona o las personas responsables de las amenazas en contra del consejero electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) Alfredo Javier Arias Casas.

Segundo .- La honorable Cámara de Diputados del Congreso del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad del Estado de Morelos para que en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Morelos implementen medidas de protección y seguridad a fin de garantizar la seguridad e integridad física de las candidatas y los candidatos a cargos de elección popular, así como también de los funcionarios electorales que participan en el proceso electoral 2020-2021.

Notas

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_130420.pdf

2 https://www.eleconomista.com.mx/opinion/2021-la-eleccion-mas-grande-en- la-historia-del-pais-20200907-0055.html

3 https://www.infobae.com/america/mexico/2021/02/18/elecciones-en-morelos -2021-estos-son-los-cargos-que-se-elegiran/

4 https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/denuncia-amenazas-consejero- electoral-6401445.html

5 https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/176511-consejero-e lectoral-denuncia-amenazas.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2021

Diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar tanto a la Conanp como a los gobiernos de Jalisco y Colima a crear un programa de colaboración entre éstos que permita la conservación y el aprovechamiento adecuado de los recursos hídricos que explotan ambas entidades colindantes con la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en la facultad conferida en la fracción I del artículo 6 y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la que suscribe, Mónica Almeida López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pone a consideración de esta asamblea legislativa proposición con puntos de acuerdo que tienen por objeto emitir atento y respetuoso exhorto a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y a los gobiernos de Jalisco y Colima a crear un programa de colaboración entre ambas entidades federativas que permita la conservación y el aprovechamiento adecuado de los recursos hídricos que explotan ambas entidades colindantes a la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán, al tenor de los razonamientos de hecho y de derecho que se señalan en las siguientes

Consideraciones

La reserva de la biosfera Sierra de Manantlán (RBSM) fue establecida por decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de marzo de 1987, con el fin de proteger la diversidad biológica y promover el uso sostenible de los recursos naturales de esta zona montañosa ubicada hacia el sur de Jalisco y el noroeste de Colima. En 1988, la Sierra de Manantlán se incorporó a la Red Internacional de Reservas del Programa del Hombre y la Biosfera de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

La reserva de la biosfera de la Sierra de Manantlán forma parte de dos entidades federativas: Jalisco, con cerca de 90 por ciento del área protegida dentro de sus límites, y Colima con el restante 10 por ciento. Esta situación plantea condiciones de manejo particulares para la gestión de la reserva, en cuya gestión debe considerarse tanto la soberanía de los dos estados como las oportunidades de colaboración interestatal.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente establece que toda área protegida deberá contar con un programa de manejo (Programa Integral de Desarrollo en el decreto de la RBSM), documento oficial que señala las normas, estrategias y acciones para la conservación y manejo de dichas áreas.1

El programa de manejo de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán fue elaborado por el Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad de la Universidad de Guadalajara, bajo contrato de consultoría y asesoría especializada celebrado con el Instituto Nacional de Ecología de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

En este programa de manejo se integran los resultados de diez años de investigación y de participación directa en la gestión de la Reserva. Tiene como antecedente el documento Estrategia para la Conservación de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán (Jardel, 1992), e incorpora los resultados, aportaciones y recomendaciones derivados de diversos talleres de planificación y programación, foros de consulta, asambleas y reuniones de trabajo realizadas con la participación de representantes de instituciones gubernamentales, pobladores de la Sierra de Manantlán y su región, organizaciones locales, técnicos y científicos.

Los objetivos del programa de manejo son

a) Cumplir el decreto federal del 5 de marzo de 1987, por el cual se estableció la RBSM, y a los ordenamientos vigentes en materia de ecología y protección al ambiente.

b) Contribuir a la implantación del Programa de Áreas Naturales Protegidas de México 1995-2000, así como de los programas sectoriales de medio ambiente y de bosques y suelos, y a la consolidación del sistema nacional de áreas protegidas.

c) Establecer los lineamientos y reglas administrativas para el manejo de la RBSM con una perspectiva de desarrollo regional integral y sustentable, basado en la gestión racional de los recursos naturales, la conservación del patrimonio natural y cultural y la protección del ambiente.

d) Programar las acciones a realizar en el corto, mediano y largo plazos en la RBSM y su región de influencia.

e) Integrar la estructura administrativa y definir los procedimientos para el manejo de la RBSM, de manera tal que aseguren el cumplimiento de los objetivos de esta área natural protegida, de manera coordinada y concertada entre los diferentes agentes involucrados.2

Por otro lado, en la vegetación de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán se reconocen 13 tipos de cubierta vegetal, basándose para su descripción en los trabajos de Rzedowski (1978) y Rzedowski McVaugh (1966): bosque tropical caducifolio, bosque tropical subcaducifolio, bosque mesófilo de montaña, bosque de Pinus, bosque de Pinus y Quercus, bosque de Quercus caducifolio, bosque de Quercus subperennifolio, bosque de Abies, bosque de galería, matorral subtropical, vegetación sabanoide de Byrsonima y Curatella, pastizales y campos agrícolas.

La fauna silvestre es uno de los componentes importantes de alta diversidad biológica de la Sierra de Manantlán. En el caso de los mamíferos, se tienen reportadas alrededor de 110 especies potenciales pertenecientes a 21 familias y 8 órdenes. Esto representa 64 por ciento de las especies en Jalisco y 25 por ciento de las especies de mamíferos mexicanos.

También se cuenta con la presencia posible de 354 especies de aves, pertenecientes a 44 familias, lo cual representa aproximadamente 70 por ciento de Jalisco y 36 por ciento de las especies de la República Mexicana. Los pobladores de la reserva utilizan unas 15 especies como alimento, ornato, mascotas o para comercialización, a pesar de que algunas de ellas están amenazadas o en peligro de extinción, como la guacamaya verde (Ara militaris) y el perico guayabero (Amazona finschi).

De esta misma manera se tienen reportadas 80 especies de reptiles, pertenecientes a 55 géneros y 20 familias, así como 23 de anfibios, pertenecientes a 16 géneros y 8 familias. De estos grupos se sabe que existen 13 especies endémicas para la región occidente y centro de México.

Algunas de las especies más representativas que existen son las siguientes:

Flora: Palmiche (Zamia loddigesii), palmillo (Podocarpus matudae), lamo (Populus guzmanantlensis), cordobancillo (Rondeletia manantlenensis), Véase Acer saccharum var. skutchii (Acer skutchii), palo amargo (Picrasma mexicana, Tapura mexicana), pino (Pinus spp.), (Quercus spp.)

Fauna: Nutria de río (Lontra longicaudis), tigrillo, ocelote, margay (Leopardus wiedii), jaguarundi, leoncillo (Puma yagouaroundi), ocelote, tigrillo (Leopardus pardalis), puma (Puma concolor), lince (Lynx rufus), jaguar (Panthera onca), guacamaya verde (Ara militaris), loro corona lila (Amazona finschii), águila real (Aquila chrysaetos).

La reserva de la biosfera Sierra de Manantlán fue establecida por decreto del Ejecutivo federal en marzo de 1987, a fin de proteger la diversidad biológica y promover el uso sostenible de los recursos naturales de esta zona montañosa ubicada hacia el sur de Jalisco y el noroeste de Colima.

En materia hídrica, la reserva de la biosfera de la Sierra de Manantlán tiene una enorme significación en los valles bajos por la aportación constante de grandes volúmenes de agua. Mucha humedad llega a la sierra, aun en épocas de sequía, por la incidencia frecuente de nubosidad. La humedad captada por la masa forestal se condensa y, en forma de precipitación indirecta, llega hasta los cauces superficiales o subterráneos, donde son aprovechados en los valles aledaños antes de desembocar finalmente en los tres ríos de la región.

La Sierra de Manantlán está enclavada en las regiones hidrológicas 15 y 16, dentro de las cuencas de los ríos Ayuquila-Armería, Marabasco y Purificación. A lo interno, esta zona montañosa se subdivide en 15 subcuencas en las que se presentan aproximadamente 2,440 corrientes. De éstas, sólo 34 son caudales permanentes: 18 en la parte norte y 16 en la sur. Sin embargo, el macizo montañoso de Cerro Grande, por ser de naturaleza kárstica, no presenta cauces de agua superficiales, excepto por algunos arroyos intermitentes en las laderas bajas.

Se estima que la producción de agua de la Sierra es de alrededor de 700 millones de metros cúbicos anuales. Alrededor de 43 comunidades dentro y fuera de la Reserva utilizan el agua que se produce en ella es para uso doméstico.3 El agua que nace en la Sierra de Manantlán sirve a aproximadamente 430 mil habitantes en su región de influencia. Por esto representa una de las reservas hídricas más importantes de Jalisco y Colima y los municipios de Autlán de Navarro, Tuxcacuesco, Tolimán, Cuautitlán de García Barragán, El Grullo, Zapotitlán de Vadillo, Casimiro Castillo y Minatitlán y Comala respectivamente, por lo que resulta imperante crear con un fondo económico que permita llevar a cabo con éxito las acciones de conservación, explotación y manejo controlado del agua que es utilizada por las poblaciones antes mencionadas y que deben contribuir al mismo a cambio del beneficio que estas comunidades reciben de la reserva de la biosfera, ya que los recursos que actualmente son destinados a las áreas naturales protegidas son insuficientes en razón del deterioro al medio ambiente que causan las actividades humanas en razón de su aprovechamiento.

Por lo expuesto, fundado y motivado someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera atenta y respetuosa a los gobiernos de Jalisco y Colima a crear un programa de colaboración entre ambas entidades federativas que permita la conservación y el aprovechamiento adecuado de los recursos hídricos que explotan ambas entidades colindantes a la reserva de la biosfera de Manantlán.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera atenta y respetuosa a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a reforzar las medidas de supervisión y conservación específicamente en lo conducente en materia hídrica sobre la explotación de los manantiales y yacimientos de agua que existen en la reserva de la biosfera de Manantlán, buscando regular su explotación y aprovechamiento sin perjuicio del equilibrio ecológico.

Notas

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_180121.pdf

2 https://simec.conanp.gob.mx/pdf_pcym/59_DOF.pdf

3 https://simec.conanp.gob.mx/pdf_pcym/59_DOF.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 3 de marzo de 2021.

Diputada Mónica Almeida López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes a promover la donación renal pareada, a cargo de la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado

La que suscribe, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este órgano legislativo proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con cifras oficiales, las enfermedades crónicas no transmisibles representan 63 por ciento de las muertes anuales;1 entre éstas se encuentra la insuficiencia renal crónica.

La insuficiencia renal constituye la quinta causa de muerte en el país, por lo que es indiscutible la planeación progresiva de sus políticas y acciones dentro de nuestra agenda nacional de salud.

Los pacientes que sufren de este padecimiento, para seguir viviendo requieren de terapia sustitutiva al menos dos veces por semana; es decir, deben recibir sesiones de diálisis peritoneal o hemodiálisis. Paralelamente solo un sector de ellos es candidato a trasplante. Dichos trasplantes pueden ser de donante cadavérico o en vida, en términos del artículo 333 de la Ley General de Salud.

En 1990 había 15 mil pacientes con insuficiencia renal. Mil 500 de ellos requirieron terapia sustitutiva; es decir, diálisis peritoneal o hemodiálisis. Estas cifras se han venido incrementado drásticamente. De acuerdo con la estadística del Instituto Mexicano del Seguro Social, durante 1990 se registró una incidencia por millón de habitantes de 338 a 528 casos, siendo la prevalencia de mil 142 por millón de habitantes.2 Mientras, la diálisis se incrementó de 247 en 2000 a mil 142 por millón de habitantes en 2014.3

En 2015, el IMSS gastó en el programa de hemodiálisis 21 por ciento del presupuesto total asignado a la institución. A julio del mismo año había atendido a 15 mil 21 pacientes con diálisis peritoneal automatizada (25 por ciento), 19 mil 309 (33 por ciento) con diálisis peritoneal ambulatoria, 11 mil 142 (19 por ciento) con hemodiálisis intramuros y 13 mil 674 (23 por ciento) en unidades externas de hemodiálisis, fuera de hospitales del IMSS (extramuros). Datos recientes del mismo instituto, arrojan 59 mil 754 pacientes en diálisis; de ellos, 35 mil 299 (59 por ciento) están en diálisis peritoneal y el resto, 24 mil 455 (41), en hemodiálisis.4

Actualmente se tiene registrados 120 mil pacientes con insuficiencia renal crónica, lo que equivale a 10 por ciento de la población, sin embargo la cifra anual se incrementa año con año con 30 mil nuevos casos aproximadamente; por lo que para finales de 2020, el país tendrá 150 mil habitantes con insuficiencia renal crónica, lo que significa al menos 140 mil pacientes requerirán de tratamientos asistidos para vivir; ya que de no hacerlo morirán,5 y si a esto se suma que 90 por ciento de los pacientes con insuficiencia renal crónica recibe atención pública, el gobierno mexicano deberá gastar alrededor de 20 000 000 000 pesos anuales, en esta enfermedad.6

Lo anterior, sin tomar en cuenta los gastos adicionales como lo son los traslados, medicamentos no proporcionados por la institución pública, alimentación especial, etcétera. Ello sin duda ocasiona impacto significativo de la economía personal y familiar del paciente, que en la mayoría de los casos genera un endeudamiento y estado de pobreza, adicional a un efecto en su vida laboral.

En 2019, el doctor Guerra Gallo, del Programa Institucional de Donación y Trasplantes del IMSS, informó que 46 por ciento de los trasplantes que se hacen en el país se realizan en esta institución y 3.5 de cada 10 son renales, por lo que reconoció la necesidad de incrementar el número de donaciones y de procedimientos, pues la lista de pacientes en espera de un trasplante a nivel nacional es de alrededor de 23 mil personas y más de 15 mil esperan un riñón.7

Por su parte el director general del Centro Nacional de Trasplantes, José Salvador Aburto, comentó que la tasa de donación cadavérica es de 4.7 donantes en muerte encefálica por millón de habitantes; muy por debajo de lo que sucede en países en desarrollo.8

Estos datos advierten que solo se satisface 20 por ciento de los requerimientos de órganos que se necesitan; en este sentido no hay órganos suficientes para atender las necesidades actuales, siendo el riñón uno de los más demandados.

En esa misma lógica, el doctor José Cruz Santiago, jefe del Programa de Trasplantes del Hospital de Especialidades de Centro Médico Nacional La Raza, destacó que el trasplante representa una alternativa de vida para miles de pacientes con insuficiencia renal crónica, y permite la reincorporación de las personas a su actividad laboral o social.9

Como se advierte el escenario es catastrófico, en varios sentidos, en uno, el paciente que espera una donación cadavérica tiene muy poca probabilidad de recibirlo; en otro sentido el gasto que representa tener a un paciente en terapia sustitutiva hasta que llegue un donador cadavérico puede prolongarse durante muchos años, lo que sin duda representa un alto costo para el país.

Actualmente en el país existen poco más de 29 mil pacientes trasplantados con donador vivo (tomando en cuenta estimados de los últimos 15 años).

La donación renal pareada es una alternativa de trasplantes de riñón entre pacientes vivos, la que reduce sustancialmente el tiempo de espera para ser sujeto inmediato a un trasplante de órgano, abatiendo con ello las problemáticas de calidad de vida y gasto tanto público como privado que se genera mientras se sufre el padecimiento multicitado.

Así, en términos sencillos expuestos por la American Kidney Fund, la donación pareada de riñón “es una opción cuando usted tiene un pariente o un amigo que está dispuesto y es capaz de ser un donante de riñón, pero él o ella no es compatible con usted. En un intercambio pareado, su pariente o amigo le da un riñón a alguien que lo necesite, y el pariente o amigo del que lo recibe le da su riñón a usted”.10

Fuente: American Kidney Fund.11

En efecto, para garantizar la mayor probabilidad de éxito posible en este tipo de procedimiento, se utiliza un algoritmo matemático (diseñado por el doctor Alvin Roth)12 que registra la información genética de los pacientes candidatos a trasplante con la de los donadores voluntarios, lo que permite identificar qué tan compatible es la genética de los donantes con la de los pacientes receptores, aún entre personas desconocidas, no relacionadas y ubicadas en diversos puntos geográficos.

Este proceso permite determinar con precisión la compatibilidad de parejas receptor/donador, a fin de que el médico tratante pueda realizar el trasplante requerido y como se ha expuesto con el cuadro ejemplificativo incorporado. Se genera una cadena de donadores y receptores compatibles que les permita hacer a la brevedad posible un trasplante y regresar a su vida habitual.

El objetivo del presente exhorto es promover una mayor implementación de este método en las instituciones públicas y privadas de salud, en pacientes con insuficiencia renal crónica, que cuenten con donador no compatible, lo anterior reducir los tiempos de espera de los pacientes; las terapias sustitutivas; evita el ingreso del paciente en la lista nacional de trasplantes lo que permitiría un beneficio indirecto en tiempo a los pacientes registrados en ella, se incrementar la disponibilidad de órganos objeto de trasplante, se genera una base de donadores y receptores nacional, lo que permite buscar una compatibilidad prácticamente idéntica al receptor, se salva más de una vida, lo que se traduce en una mayor supervivencia.

El trasplante renal pareado es distinto del trasplante cruzado utilizado tanto en el hospital Juárez de México como en el de Nutrición Salvador Zubirán, bajo el algoritmo de esas instituciones, se identifican dos donadores y dos receptores, que son operados y trasplantados al mismo tiempo, en dos quirófanos distintos. A diferencia del trasplante renal pareado, que es una cadena de donadores y receptores organizados matemáticamente por el algoritmo del doctor Roth, que busca la mejor compatibilidad, pero que no obliga a realizar los trasplantes al mismo tiempo.

Simultáneamente, la promoción de dicho método de identificación de donadores compatibles entre sí se traduce indiscutiblemente, primero, en el cumplimiento de México del objetivo 3.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas consistente en “reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención, tratamiento y el bienestar”,13 y segundo, incrementar la eficiencia en el ejercicio del gasto público orientado a la garantía de la salud de esta población en particular.

Finalmente, resulta idóneo dirigir el presente exhorto a los integrantes del Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes toda vez que en términos de la Ley General de Salud14 dichos entes son responsables de la concientización de la donación de órganos para fines de trasplantes, particularmente tratándose de los centros de trasplantes de carácter nacional y local15 cuyo objeto es el realizar las funciones vinculadas a la materia:16

Titulo Décimo Cuarto
Donación, Trasplantes y Pérdida de la Vida

(...)

Artículo 313. Compete a la Secretaría de Salud

(...)

V. Elaborar y llevar a cabo, en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud y con los gobiernos de las entidades federativas, campañas permanentes de concientización sobre la importancia de la donación de órganos, tejidos y células para fines de trasplantes, así como de sangre y sus componentes para efectos de transfusiones y otros usos terapéuticos.

(...)

Artículo 314 Bis. Los gobiernos de las entidades federativas deberán establecer centros de trasplantes, los cuales coadyuvarán con el Centro Nacional de Trasplantes presentando sus programas de trasplantes e integrando y actualizando la información del Registro Nacional de Trasplantes, de conformidad con lo que señalen esta ley y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 314 Bis 1. El Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes está constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como de las entidades federativas, el Centro Nacional de Trasplantes, los Centros Estatales de Trasplantes y el del Distrito Federal y las personas físicas o morales de los sectores público, social y privado que presten servicios de salud o se dediquen a actividades relacionadas con los trasplantes o la donación de órganos, tejidos y células, así como por los programas y los mecanismos de vinculación, coordinación y colaboración de acciones que se establezcan entre éstas.

(...)

Por lo expuesto, con la única pretensión de tutelar progresivamente la garantía del derecho fundamental al acceso a la salud, circunstancia que funge como base para el desarrollo de una vida plena y digna de todo mexicano, someto a consideración de esta legislatura la citada proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los integrantes del Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes a promover la donación renal pareada.

Notas

1 https://www.who.int/features/factfiles/noncommunicable_diseases/es/

2 Ídem.

3 Ídem.

4 Tamayo y Orozco, Juan A.; y Lastiri Quirós, H. Santiago. La enfermedad renal crónica en México Hacia una política nacional para enfrentarla, Conacyt, México, 2016.

5 https://pro-renal.com/como-funciona.html

6 Tamayo y Orozco, Juan A.; y Lastiri Quirós, H. Santiago. La enfermedad renal crónica en México Hacia una política nacional para enfrentarla, Conacyt, México, 2016.

7 http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201902/049

8 www.nvinoticias.com/nota/126265/acusan-baja-tasa-de-donacion-cadaverica .

9 www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201902/049 comunicación social del IMSS 27/11/2019.

10 American Kidney Fund (sin fecha). Trasplante de donante vivo. Consultado el 10 de febrero de 2020 en

https://www.kidneyfund.org/en-espanol/trasplantes-de-rinon/tipos-de-trasplante/
trasplante-de-donante-vivo.html#que_es_la_donacion_pareada

11 Ídem.

12 Premio Nobel de Economía de 2012.

13 United Nations. The 2030 Agenda for sustainable development. A/RES/70/1, adoptada en la 70 reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada el 21 de octubre de 2015.

14 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984.

15 El artículo citado refiere que la Secretaría de Salud federal debe coordinarse con los demás integrantes del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, como dicha dependencia federal es integrante de él, resulta correcto dirigir el exhorto a la totalidad del sistema a que se hace alusión.

16 Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Trasplantes. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 2014.

Artículo 2. Para efectos del presente reglamento, además de las definiciones previstas en el artículo 314 de la ley, se entenderá por (...) I. Cenatra: El Centro Nacional de Trasplantes; II. Centros Estatales de Trasplantes o Consejos Estatales de Trasplantes: Las estructuras administrativas o cuerpos colegiados que, establezcan los gobiernos de las entidades federativas o las ya existentes que tengan a su cargo realizar de manera coordinada con el Cenatra, las funciones vinculadas a la materia de Disposición de Órganos, Tejidos y células para fines de Trasplantes (...)

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2021.

Diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Guardia Nacional, la FGR, y los gobiernos de Jalisco y federal a atender los delitos cometidos contra los pobladores de San Martín de las Flores, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, la diputada Laura Imelda Pérez Segura, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y al gobierno del estado de Jalisco, así como al gobierno federal a atender dentro del ámbito de sus atribuciones los delitos cometidos en San Martín de las Flores.

Consideraciones

La violencia en nuestro país no es un fenómeno nuevo, sin embargo, su crecimiento exponencial sí lo es; desafortunadamente la historia moderna de México no puede contarse sin el capítulo de la Guerra Contra el Narcotráfico que el expresidente Felipe Calderón comenzó en 2007, que ha tenido repercusiones profundas en la impartición de justicia en nuestro país, así como en la psique de los ciudadanos.

De acuerdo con Zepeda y Jiménez (2016) el homicidio al ser uno de los delitos más graves, resulta un indicador fundamental sobre la violencia y la calidad de vida que experimenta una sociedad.

Entre los años 1990 y 2019 en nuestro país se han cometido 533,999 homicidios. Se puede apreciar que solo entre el 2007 y 2019 se han asesinado 315,432 personas en nuestro país (Inegi, 2020). Tal como lo revelan las estadísticas, los últimos 13 años han sido los más violentos en la historia reciente. El informe de la UNDOC1 , que se puede extrapolar de estos datos, es muy claro, el crecimiento y no resolución de este tipo de delitos crea un ambiente negativo para la sociedad que impacta en todos los ámbitos, al degradar el tejido social mediante la normalización de la violencia.

Figura 1

En los último 30 años la violencia se ha concentrado y se puede ver más claramente en algunos estados de la republica con fuerte presencia de crimen organizado que son los que concentran una parte muy importante de los homicidios en nuestro país.

Tabla 1

De acuerdo con las estadísticas sobre defunciones por homicidios del Inegi para los años 1990-2019 los 10 estados más violentos de la república en base a su posición quinquenal fueron el estado de México, Chihuahua, Guerrero, Ciudad de México, Michoacán de Ocampo, Jalisco, Sinaloa, Oaxaca, Baja California y Veracruz.

Tabla 2 2

En el caso de Jalisco, los datos de Seguridad revelan el fracaso de las políticas contra la violencia en nuestro país, desde el año 2014 se puede observar una tendencia de crecimiento que tuvo un ligero descenso en el 2019, sin embargo, mucho de este crecimiento se puede explicar por los altos niveles de impunidad que imperan en el estado.

Figura 2

De acuerdo con Zepeda y Jiménez3 , en 2016 la tasa de impunidad directa para homicidio doloso en el estado de Jalisco se encontraba en 61.9 por ciento, es decir que de cada 10 homicidios dolosos solo tres se castigaban. La misma medición realizada por Zepeda y Jiménez4 en 2019 reveló que las tasas crecieron hasta 88.5 por ciento, es decir que de cada 10 homicidios Dolosos solo se castiga 1. Esta impunidad se ha alimentado desde las altas esferas de gobierno que y a través del discurso: “se matan entre ellos”, además de las fallas estructurales dentro de las procuradurías locales que se encuentran rebasadas.

En Jalisco 65 por ciento de los homicidios se perpetraron en la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG). Donde Guadalajara concentra 43 por ciento seguido de Zapopan con 20 por ciento y San Pedro Tlaquepaque con 13 por ciento.

Figura 3

De acuerdo con lo revelado por el diario El Informador en 2019, 902 policías no pasaron los controles de confianza de los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y El Salto, que cuando se comparan con la figura número 3 concuerda con los resultados respecto a los municipios de la ZMG que más concentras homicidios dolosos.

Existen antecedentes en 2017 y 2018 de desarmes de parte del ejército mexicano a dos corporaciones policiacas en la ZMG, debido a sospechas de infiltración de parte del crimen organizado en la entidad.

Una de estas corporaciones fue la de San Pedro Tlaquepaque que, en marzo de 2018, fue desarmada por miembros de la fiscalía y del ejército mexicano. Esto se da después del asesinato del tercero al mando en 2016 y del segundo al mando en 2017.5

Figura 4

Como se puede observar en la figura 4 hasta 2010, los homicidios en el ayuntamiento de Tlaquepaque comenzaron a incrementarse de la misma manera que la tendencia nacional. Las tasas de crecimiento de homicidios se incrementaron en mil 189 por ciento en solo 10 años. Mientras que en municipios con problemáticas similares como Guadalajara y Zapopan hay marcados descensos durante este periodo como en 2014, para Tlaquepaque no es así. Existe un crecimiento constante de la violencia en el municipio. Se puede observar que de acuerdo con los datos para 2020 existe una disminución de 6 por ciento que se puede encontrar una explicación en la baja en la incidencia de delitos derivado de la pandemia6 .

Figura 5

A nivel colonia la inseguridad causada por la ruptura del tejido social de los delitos de alto impacto es más notoria en colonias como Cerro del Cuatro, Francisco I. Madero, Nueva Santa María, San María Tequepexpan, Las Juntas, Guadalupana, Las Pomas, La Zona Centro, Fraccionamiento Revolución, Santa Anita, las Huertas y San Martin de las Flores.

Para el caso de San Martin de las Flores la violencia se recrudeció debido a los conflictos por litigios ejidales que han dejado al menos 13 asesinatos relacionados en los últimos 4 años, dos de ellos son la del aspirante a regidor Zenón Cocula en 2018 representante legal de algunos afectados por despojos en la zona y su papa Faustino Cocula en 20207 .

El historial de violencia tiene la marca del crimen organizado, ataques con armas de grueso calibre, granadas, decapitaciones y ejecuciones que no se han podido detener por parte de los cuerpos policiacos municipales8 .

La violencia parece no tener fin ante el pasmo o incapacidad de las autoridades locales, mientras los pobladores padecen las afectaciones causadas por grupos del crimen organizado.

La Ley de la Guardia Nacional en su artículo 24 dice:

“La Guardia Nacional será competente para conocer de delitos federales; sin embargo, en coadyuvancia, podrá conocer de delitos del fuero común, previo convenio con las autoridades de las entidades federativas o municipales”.

Por otro lado, el código Penal Federal en sus artículos 164 considera que la asociación de 3 o más personas se puede tipificar como asociación delictuosa, mientras que el 161 señala como requisito una licencia especial para la portación de armas de fuego. También, de acuerdo con lo estipulado en los 315, 315 Bis y 316 del mencionado Código, podemos considerar que los delitos perpetrados en la comunidad de San Martin de las Flores han sido premeditados, han utilizado armamento prohibido y se ha cometido con la finalidad de perpetuar despojos de los terrenos ejidales existentes en disputa, así mismo todos y cada uno de los homicidios cometidos en el caso relacionado pueden estar tipificados en el artículo 316 debido que los delincuentes han estado en condiciones de superioridad respecto a las víctimas.

Es por lo anterior expuesto que someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente la Coordinación Territorial de la Guardia Nacional en el estado de Jalisco a intervenir de acuerdo con sus capacidades y facultades para efectos de atender los crímenes en la comunidad de San Martin de las Flores Tlaquepaque.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la Republica a investigar los asesinatos ocurridos por miembros de la delincuencia organizada en la comunidad de San Martin de las Flores, ubicada en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Jalisco a que en coordinación con el gobierno federal atienda los crímenes en el poblado de San Martin de las Flores.

Notas

1 Global Study on Homicide https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet1.pdf

2 Nota metodológica: Se construyeron grupos quinquenales para su mejor representación los grupos se obtuvieron de la suma de los homicidios anuales, después se jerarquizo de más a menos en cada corte quinquenal.

3 Impunidad frente al homicidio doloso en México

https://www.impunidadcero.org/uploads/app/articulo/20/ar chivo/1481147733F63.pdf

4 Impunidad en homicidio doloso en México: reporte 2019

https://lasillarotarm.blob.core.windows.net.optimalcdn.com/docs/2019/12 /03/1575312021s66.pdf

5 Ejército y Fiscalía de Jalisco desarman a policía de Tlaquepaque https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ejercito-y-fiscalia-de-jalisco -desarman-a-policia-de-tlaquepaque

6 Alza de homicidios cesa en 2020; suben feminicidios y violencia familiar

https://www.forbes.com.mx/politica-homicidios-pandemia-f emincidios-violencia-familiar/

7 https://www.notisistema.com/noticias/violencia-en-san-martin-seria-por- conflictos-agrarios/

8 Mueren 6 personas en incendio causado por ataque en oeste de México,

http://spanish.xinhuanet.com/2020-10/10/c_139429477.htm

Referencias

• Alza de homicidios cesa en 2020; suben feminicidios y violencia familiar, https://www.forbes.com.mx/politica-homicidios-pandemia-femincidios-viol encia-familiar/

• Código Penal Federal

• Ejército y Fiscalía de Jalisco desarman a policía de Tlaquepaque, https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ejercito-y-fiscalia-de-jalisco -desarman-a-policia-de-tlaquepaque

• Estadísticas sobre Defunciones por Homicidios del INEGI 2020

• Global Study on Homicide,

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Bo oklet1.pdf

• Impunidad en homicidio doloso en México: reporte 2019,

https://lasillarotarm.blob.core.windows.net.optimalcdn.c om/docs/2019/12/03/1575312021s66.pdf

• Impunidad frente al homicidio doloso en México,

https://www.impunidadcero.org/uploads/app/articulo/20/ar chivo/1481147733F63.pdf

• Ley De La Guardia Nacional

• Mueren 6 personas en incendio causado por ataque en oeste de México,

http://spanish.xinhuanet.com/2020-10/10/c_139429477.htm

• Violencia en San Martin por Conflictos Agrarios,

https://www.notisistema.com/noticias/violencia-en-san-ma rtin-seria-por-conflictos-agrarios/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo del 2021.

Diputada Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Profeco a diseñar mecanismos y estrategias para atender y agilizar las notificaciones, conciliaciones y resoluciones entre consumidores y proveedores por los medios electrónicos que se consideren oportunos, a cargo de la diputada María de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

A casi un año del comienzo del confinamiento por la pandemia por Covid-19, la economía de las familias se ha visto duramente afectada con la contracción de la economía que ha propiciado no tener los mismos ingresos, perder el empleo o disminuir las ventas.

Estas circunstancias han provocado incumplimiento y abusos por parte de proveedores de productos y servicios, tiendas departamentales y diferentes giros, quienes por alguna razón incumplen o incurren en faltas a la ley de protección de los consumidores.

Si bien es cierto, se pronostica que la economía de nuestro país tendrá una recuperación aproximada al 4 por ciento durante 2021, esto dependerá de la inversión privada, el consumo responsable y de un ambiente de finanzas públicas saludables.

Recordemos que sin inversiones y consumo no habrá crecimiento sostenible y, si a eso se le suma que hasta el momento no se vislumbra una fecha de término de la pandemia, las consecuencias económicas pueden ser más severas.

De acuerdo con las más recientes cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi), los números se mantienen en rojo, aunque es previsible que en el presente año mejore sustancialmente el panorama.

Las cifras indican que, en noviembre del 2020, la inversión fija bruta total registró un incremento real de 2.28 por ciento, balance que resultó inferior al de octubre de ese mismo año, cuando el avance fue de 3.03 por ciento. De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, en términos anuales en el undécimo mes de 2020 el decremento de la inversión fija bruta total fue de 11.35 por ciento.1

Sin duda, para salir de la crisis económica se requiere del consumo y para ello, el consumidor resulta el agente primordial, puesto que participa activamente en el desarrollo económico y es el elemento clave en el ciclo económico de los procesos productivos.

Al mismo tiempo, sus modelos y tendencias de consumo reflejan la seguridad y la dinámica de la economía; impulsan nuevos mercados y procesos productivos, económicos y sociales. Económicamente el consumo estimula la demanda y permite que las economías se mantengan en constante actividad generando una gran diversidad de productos a nivel mundial.

Derivado de la importancia del consumidor, en nuestro país, en 1976 nace la Ley Federal de Protección al Consumidor que da origen a la creación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para ser la institución encargada de defender los derechos de los consumidores, prevenir abusos y garantizar relaciones de consumo justas.2

A la Profeco le confieren autoridad administrativa y tiene como misión proteger y promover los derechos de los consumidores, garantizando relaciones comerciales equitativas que fortalezcan la cultura de consumo responsable y el acceso en mejores condiciones de mercado a productos y servicios, asegurando certeza, legalidad y seguridad jurídica dentro del marco normativo de los Derechos Humanos reconocidos para los consumidores.3

En términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor,4 en su artículo 2 señala que se entiende por:

I. Consumidor: la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, productos o servicios. Se entiende también por consumidor a la persona física o moral que adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros, únicamente para los casos a que se refieren los artículos 99 y 117 de esta ley.

Tratándose de personas morales que adquieran bienes o servicios para integrarlos en procesos de producción o de servicios a terceros, sólo podrán ejercer las acciones a que se refieren los referidos preceptos cuando estén acreditadas como microempresas o microindustrias en términos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, respectivamente y conforme a los requisitos que se establezcan en el Reglamento de esta ley.

II. Proveedor: la persona física o moral en términos del Código Civil Federal, que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios;

III. Secretaría: la Secretaría de Economía, y

IV. Procuraduría: la Procuraduría Federal del Consumidor

Desafortunadamente, lejos de crecer como la institución encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, el 31 de julio del 2019 la Profeco toma la mala decisión de cerrar dos delegaciones y ocho subdelegaciones, así como cuatro unidades de servicio, para cumplir con las medidas de austeridad ordenadas por el actual presidente de la República, afectando así a miles de usuarios en todo el país.5

Distintos consumidores señalan que han tratado de hacer la denuncia formal ante las oficinas de Profeco, sin embargo, por falta de tiempo y muchas veces por falta de dinero para los traslados, no lo pueden hacer. Otras personas señalan que varias de las denuncias no surten efecto, debido a que el consumidor ya no tiene dónde hacer el reclamo formal y darle seguimiento se complica debido a las restricciones y confinamiento derivados de la pandemia; el resultado es que los compradores han quedado en total indefensión ante las arbitrariedades de algunos negocios.

Con objeto de que la institución federal encargada de prevenir y sancionar abusos hacia los consumidores siga las recomendaciones de la autoridad sanitaria para salvaguardar la vida de los funcionarios, consumidores y proveedores, sin dejar de cumplir con las atribuciones que le mandata la ley durante la contingencia, se hace indispensable que instrumente estrategias que le permitan cumplir con su tarea a pesar de las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria.

En ese sentido, entre las estrategias o acciones que se han utilizado en el contexto de la pandemia son fomentar el teletrabajo, la prestación o venta en línea de bienes y servicios, implementar horarios escalonados en oficinas para evitar aglomeraciones, entre otros. Es por todo ello que se presenta la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor para que con el objetivo de mitigar los efectos negativos que ha provocado la pandemia por Covid-19 y respetando las medidas sanitarias, diseñe los mecanismos y estrategias necesarios con el objeto de atender y agilizar las notificaciones, conciliaciones y resoluciones entre los consumidores y proveedores por los medios electrónicos que se consideren oportunos, con la finalidad de evitar el rezago en las quejas y denuncias.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor para que incluyan dentro de su portal oficial, un sitio para la emisión y publicación de edictos.

Notas

1 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/08/economia/mexico-sa-urge-imp ulsar-la-inversion-cuba-la-soberana-02-va/

2 https://www.uaem.mx/estudiantes-y-egresados/servicio-social/files/profe co.pdf

3 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1037/2.6.8_PROFECO.pdf

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfpc.htm

5 https://aristeguinoticias.com/0708/mexico/profeco-cierra-oficinas-en-11 -estados-por-austeridad/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2021.

Diputada Ma. de los Ángeles Ayala Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a instaurar un plan de apoyos económicos dirigidos al sector turístico para enfrentar la grave crisis de éste en el último año ocasionada por la pandemia de Covid-19, a cargo de la diputada Laura Barrera Fortoul, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Laura Barrera Fortoul, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El sector turístico es uno de los más importantes en todo el mundo, debido a que constituye un importante motor para el desarrollo económico y social de diversas naciones. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el turismo da empleo a una de cada diez personas y proporciona medios de subsistencia a cientos de millones, hay naciones en las que, incluso, este sector representa 20 por ciento de su producto interno bruto (PIB).1

De acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el turismo contribuye de manera directa en promedio a 4.4 por ciento del PIB; 6.9 por ciento del empleo y 21.5 por ciento de las exportaciones de servicios entre los países de la OCDE.2

En México el turismo no es la excepción, de acuerdo con datos del Barómetro del Turismo Mundial 2020, de la Organización Mundial del Turismo (OMT), nuestro país se posicionó en el séptimo lugar entre los principales destinos turísticos y en el decimosexto lugar en captación de divisas por este concepto.

Tan sólo en 2019, se registraron 45 millones de turistas internacionales en México y un ingreso de 24.6 mil millones de dólares; el turismo aportó 8.7 por ciento del PIB y aportó 8.8 por ciento del total de los empleos en el país con cuatro millones 326 mil empleos directos.3

Sin embargo, la crisis sanitaria por Covid-19 ha generado graves estragos para el sector turístico en 2020 y el panorama sobre 2021 tampoco parece muy alentador, ya que aún no se ha terminado con la pandemia y resulta difícil que se pueda recuperar en el corto plazo el buen paso que llevaba.

De acuerdo con la ONU, 2020 ha sido el peor año de la historia del turismo con mil millones menos de llegadas internacionales, las llegadas de turistas cayeron 74 por ciento respecto de 2019, representando una pérdida de 1.3 billones de dólares, cifra que supera más de once veces la registrada durante la crisis económica mundial de 2009. Con estas pérdidas, la crisis ha puesto en riesgo entre 100 y 120 millones de empleos turísticos directos.4

Según los expertos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), las perspectivas para el presente año sobre un repunte no son buenas. 50 por ciento de los encuestados cree que un posible repunte podría esperarse hasta 2022 y no se espera un retorno a los niveles prepandémicos hasta antes de 2023 o 2024.5

A pesar de que el gobierno federal ha señalado que el sector turístico mexicano fue uno de los países menos afectados por la pandemia en 2020 en comparación con otras naciones, lo cierto es que sí se registró una baja de 44.3 por ciento de visitas internacionales en comparación con el año anterior, y una caída de 54 por ciento en captación de divisas, siendo en este rubro el quinto país con más afectaciones.6 El turismo interno también sufrió una importante caída, de acuerdo con un balance del Consejo Nacional Empresarial Turístico, la llegada de turistas nacionales a cuartos de hotel disminuyó 55 por ciento.7

Sin duda las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) dedicadas al turismo han sido las más afectadas por la crisis, así como la población que directa o indirectamente se beneficia de la actividad turística. Se estima que, con la caída del turismo, todos los proveedores de la industria que en 80 por ciento son Mipymes se han visto afectados, así como las familias que viven del turismo. Es importante considerar que, dada la importancia turística de México en el mundo, existen familias que dependen completamente de los ingresos en el sector, por lo que ahora mismo están pasando por una situación difícil.

Ante este escenario devastador, organismos como la OMT y la OCDE han demandado una mayor coordinación entre los sectores productivos y la adopción urgente de medidas políticas nacionales, a fin de estimular la demanda turística y acelerar su recuperación.8

De igual forma el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), ha instado, entre otras cosas, a que se lancen paquetes de ayudas para las empresas, la canalización de recursos del impuesto al hospedaje a la promoción turística, medidas legislativas para apoyar la recuperación turística, avanzar en el blindaje en materia de seguridad de los destinos turísticos, así como el mantenimiento y fortalecimiento de protocolos sanitarios.9

Estamos ante una crisis económica sin precedentes que ha puesto en riesgo a prácticamente todos los sectores productivos del país, entre ellos el turístico, uno de los más importantes para la economía mexicana por las divisas y empleos que genera. México se encuentra entre los diez primeros países con mayor dependencia económica respecto del turismo, no podemos dejarlo caer.

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que se implemente un plan de apoyos económicos dirigidos al sector turístico, a fin de hacer frente a la grave crisis turística del último año, ocasionada por la pandemia por Covid-19.

Notas

1 40 años celebrando la importancia del sector, ONU, en:
https://www.un.org/es/observances/tourism-day/background#:~:text=El%20turismo%20es%20uno%20de%
20los%20sectores%20econ%C3%B3micos%20m%C3%A1s%20importantes%20del%20mundo.&text=El%20turismo%
20es%20un%20pilar,objetivos%208%20%2C%2012%20y%2014%20.

2 Tendencias y políticas en el sector del turismo en 2020, OCDE, en: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9b58a6b2-es.pdf?expires=1614627 000&id=id&accname=guest&checksum=74794728904FAB46EBAD7F8191 D783C5

3 Infografía sobre el Compendio Estadístico 2019, Secretaría de Turismo, en:
https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/CompendioEstadistico.aspx

El sector turismo aporta 8.8 por ciento de todos los empleos del país, Secretaría de Turismo, en:

https://www.gob.mx/sectur/prensa/el-sector-turismo-aport a-8-8-por-ciento-de-todos-los-empleos-del-pais?idiom=es

4 Barómetro del turismo mundial de la OMT, actualizado en enero de 2021, UNWTO, en: https://www.unwto.org/es/barometro-del-turismo-mundial-de-la-omt

5 World tourism barometer, UNWTO, en:

https://www.unwto.org/es/barometro-del-turismo-mundial-d e-la-omt

6 México, el país menos afectado en turismo en 2020: Sectur, Energía Hoy, en: https://energiahoy.com/2020/12/31/mexico-el-pais-menos-afectado-en-turi smo-en-2020-sectur/

7 Claves para la recuperación de la industria turística mexicana, CNET, en: https://5b8fdb8f-6877-45b1-9978-b15ebd2dd5b1.filesusr.com/ugd/dcc21b_7e 888faad6e34bcba6b8ac6436fc6728.pdf

8 OMT y OCDE piden coordinación para recuperar turismo, Forbes, en: https://www.forbes.com.mx/mundo-omt-y-ocde-piden-coordinacion-para-recu perar-turismo/

9 Claves para la recuperación de la industria turística mexicana, CNET, en: https://5b8fdb8f-6877-45b1-9978-b15ebd2dd5b1.filesusr.com/ugd/dcc21b_7e 888faad6e34bcba6b8ac6436fc6728.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2021.

Diputada Laura Barrera Fortoul (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Tamaulipas a difundir el mecanismo de solicitud de la alerta de género entre las autoridades locales, el sector social y la población vulnerable para cesar la violencia contra las mujeres, en especial la feminicida, y fomentar círculos de paz y entornos libres de ella, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputada federal Olga Patricia Sosa Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La violencia contra la mujer ha estado en el centro de la mesa de análisis y debate de la presente Legislatura en la Cámara de Diputados. Las estadísticas que reporta el Secretariado Ejecutivo refiere un aumento de los casos de feminicidio en los últimos cinco años, desde que la nueva metodología empezó a implementarse.

Las reformas de legislaturas anteriores dan cuenta que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV),1 es uno de los instrumentos legales para aproximarnos al fenómeno de la violencia de género que se vive en diversas zonas y municipios del país.

La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), es uno de los mecanismos previstos en la LGAMVLV para combatir la violencia contra las mujeres. Así, es preciso reconocer desde este momento que la AVGM es un mecanismo sin un similar en el mundo cuyo objetivo es el de visibilizar la violencia que viven las mujeres en diversos territorios y que se representa como una situación de emergencia.

A 12 años de la promulgación de la LGAMVLV, y a 4 años de que fuese activada la primer declaratoria de AVGM,2 existen diversas dudas con respecto a su eficacia, y viabilidad del mecanismo.

El artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, define la Alerta de Violencia de Género como “el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”.

La AVGM hace énfasis en la violencia feminicida definida como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.3

La LGAMVLV establece como objetivo principal de la AVGM garantizar la seguridad de las mujeres, así como el cese de la violencia y la eliminación de desigualdades producidas por una legislación que agravie sus derechos humanos. En ese sentido, de acuerdo con la LGAMVLV, la AVGM puede emitirse por los siguientes motivos:

A. Cuando los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame;

B. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y;

C. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.

En cuanto al agravio comparado, se considera que existe cuando el ordenamiento jurídico o las políticas públicas vigentes en una entidad federativa o municipal contienen elementos que transgreden los derechos humanos de las mujeres, particularmente los principios de igualdad y no discriminación que están soportados en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará).4

Segunda . El proceso para realizar la declatoria de Alerta de Género parte de un proceso con una metodología fija:

Solicitud: El primer paso es la presentación de una solicitud formal ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (en adelante Secretaría Ejecutiva), misma que está a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el ingreso de la solicitud puede ser realizada por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, así como organizaciones de la sociedad civil debidamente constituidas.

La Secretaría Ejecutiva es la encargada de dar admisión a la solicitud, y a partir de ello informar al Sistema Nacional, a efecto de que se conforme el grupo de trabajo correspondiente.

Grupo de trabajo: Una vez admitida la solicitud, se conforma un grupo de trabajo interdisciplinario para llevar a cabo el estudio de la situación del territorio donde se solicita la activación de la AVGM.

Elaboración del informe del grupo de trabajo: Una vez que se conforma el grupo de trabajo, éste cuenta con 30 días naturales para realizar un análisis respecto a la solicitud y presentar las conclusiones correspondientes, para finalmente emitir una votación respecto a la procedencia o improcedencia de la solicitud. El informe del grupo de trabajo debe contener propuestas e indicadores de cumplimiento enfocados a atender las problemáticas que presenta el territorio analizado. En caso de que el grupo de trabajo concluya la improcedencia de la solicitud, ésta es desechada y no puede volver a presentarse una solicitud por los mismos hechos en un periodo mínimo de tres meses.

Análisis del informe presentado por el grupo de trabajo: El grupo de trabajo remite el informe a la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), a efecto de que ésta realice un análisis y posteriormente lo envíe al titular del Poder Ejecutivo de la entidad en cuestión.

Respuesta por parte de la entidad federativa correspondiente: Una vez recibido el informe, el titular del poder ejecutivo estatal cuenta con 15 días hábiles para pronunciarse respecto a la aceptación o negativa de las conclusiones y propuestas contenidas en el informe elaborado por el grupo de trabajo.

En caso de aceptar dichas propuestas, la entidad federativa cuenta con un periodo de seis meses para implementar acciones que den atención a las mismas de acuerdo con los indicadores de cumplimiento contenidos en el informe. Posteriormente deberá remitir un informe de cumplimiento, el cual será analizado por el grupo de trabajo. En caso de que en dicho periodo se dé atención a las propuestas referidas, la solicitud concluye y no se genera una declaratoria de AVGM.

Emisión de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género: Vía la Secretaría de Gobernación, la Conavim, emitirá la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, en consideración de los siguientes supuestos:

A) Si la entidad federativa no acepta las conclusiones y propuestas planteadas en el informe del grupo de trabajo, o bien, trascurridos 15 días hábiles posteriores a la notificación, no da respuesta alguna.

B) Si la entidad federativa aceptó las conclusiones, sin embargo, transcurrido el plazo de seis meses a partir de su aceptación, y a partir del informe de cumplimiento presentado por la entidad, el grupo de trabajo considera que no se ha dado cumplimiento a las propuestas.

El documento que resulte debe incluir el siguiente esquema de atención a la violencia de género:

a) Las acciones de prevención, seguridad y justicia que se deberán implementar para enfrentar y combatir la violencia feminicida, o en su caso, el agravio comparado. Es de precisarse que dichas acciones se determinan en función de las propuestas elaboradas por el multicitado grupo de trabajo.

b) Las asignaciones de recursos presupuestales que serán necesarios para la implementación de acciones destinadas a combatir la violencia de género.

c) Las medidas que deberán implementarse a efecto de dar cumplimiento a la reparación del daño.

d) La demarcación territorial que abarca la declaratoria.

e) El motivo por el cual se emite la AVGM.

La AVGM lo que intenta es generar acciones de prevención, seguridad y justicia contenidas en la declaratoria.

Tercera. A nivel nacional la estadística general por entidad y en el compendio a nivel nacional de la AVGM, es el siguiente:

Al respecto y de manera general, en el país, de 32 entidades federativas en 19 de ellas, la alerta de género ha sido activada, ha sido negada en 7 entidades, mientras que en 2 se encuentran en un estatus pendiente de resolución y en 4 entidades más la alerta no ha sido solicitada.5 Estas entidades son Aguascalientes, Baja California Sur, Hidalgo y Tamaulipas; las entidades de Aguascalientes y Tamaulipas muestran un incremento de feminicidios en las estadísticas del 2019.

Fuente: SESNSP 2017-2019 e Inegi 2015-2018.

En un comparativo de los registros del Inegi y el Secretariado Ejecutivo han reflejado variaciones sustantivas, al respecto se presenta la siguiente tabla comparativa:

Cuarta. En Tamaulipas los registros de feminicidio anuales (12 en casos en 2020, los 16 casos en 2019, 13 en 2018)6 dan cuenta de que existe una constante inseguridad en la que viven niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores. Al respecto la Secretaría de Seguridad Pública a través de la vocería han informado que la incidencia de los feminicidios es a la baja y que se han incrementado los casos de feminicidios por el trabajo de clasificación de las autoridades judiciales.7 Sin embargo, este tipo de pronunciamientos son errados y vulneran la integridad y dignidad de las mujeres.

Cabe señalar que la entonces senadora Sandra García, en 2016, promovió un exhorto que fue aprobado por el Senado de la República en el cual solicita la alerta de género en Tamaulipas; aun cuando hay observaciones sobre la implementación de la alerta a nivel municipal8 lo cierto es que en el estado de Tamaulipas no se puede generar un estudio sobre los pros y los contras, toda vez que no se han ingresado las solicitudes correspondientes.

En 2019 la Comisión de Derechos Humanos reportó un compendio de 233 quejas de violencia contra la mujer, dando cuenta de la urgencia de la violencia en que se vive, por lo cual, es necesario la activación de la alerta de género.9 Abogados particulares también se pronunciaron al respecto desde el año 2017.10 En el 2020 a raíz del confinamiento las violencias en contra de las mujeres no cesaron, se convive con el agresor y se padecen las acciones en contra de la dignidad e integridad de la mujer. El Instituto Nacional de las Mujeres, en su cuadro de estudio y descripción de la información no guarda ninguna referencia sobre el Estado de la situación en Tamaulipas.11

Dado que, la seguridad y el cuidado de las niñas, adolescentes y mujeres debe ser una prioridad para el desarrollo social y económico del estado de Tamaulipas es que a través de la siguiente Proposición se pretende fortalecer el flujo informativo y la toma de decisiones con perspectiva de género para generar un gobierno propositivo, con perspectiva de futuro y con oportunidades.

Es por todo lo anterior que someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con pleno respeto a la división de poderes, exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Tamaulipas para que difunda el mecanismo de solicitud de la Alerta de Género entre las autoridades de los gobiernos municipales, sector social y población vulnerable a efecto de que cesen prácticas de violencia en contra de las mujeres en el estado de Tamaulipas, especialmente para reducir y erradicar la violencia feminicida y se fomenten círculos de paz y entornos libres de violencia.

Segundo.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con pleno respeto a la división de poderes y a las soberanías, exhorta respetuosamente a los gobiernos municipales del estado de Tamaulipas para que a partir del estudio integral municipal y con el objetivo de frenar la violencia que viven las niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores, remitan al Instituto Nacional de las Mujeres la solicitud formal para integrar el grupo interdisciplinario que derive en la activación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

Notas

1 Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Diario Oficial de la Federación, México, 2007. URL Disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209278/Le y_General_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia.pdf

2 A partir de solicitud de activación presentada en 2010, en 2015 fue activada la primer declaratoria de Alerta de Violencia de Género para 11 municipios del Estado de México.

3 Idem.

4 Ratificada por México el 19 de junio de 1998.

5 Actualizado a diciembre de 2019.

6 https://drive.google.com/file/d/1px6H3lUiwSDgjzwPMxuLj9Z36ZbMv_yv/view

7 http://www.elbravo.mx/descartan-alerta-de-genero-en-tamaulipas/

8 https://amecopress.net/Mexico-Los-estados-no-han-sabido-aplicar-la-Aler ta-de-Violencia-de-Genero

9 https://muropolitico.mx/2019/11/25/propone-codhet-emitir-alerta-de-gene ro-en-tamaulipas/

10 https://www.milenio.com/estados/urgen-retomar-alerta-de-genero-en-tamau lipas

11 https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-d e-genero-contra-las-mujeres-80739

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2021.

Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SFP, la ASF, la Sader y el OIC en la Conapesca a practicar verificaciones, inspecciones y auditorias en la ejecución del proyecto “Desazolve para áreas de producción pesquera y navegación en la laguna El Tecuán, localidad de Arroyo Seco, municipio de La Huerta, Jalisco”, ante los posibles actos de corrupción cometidos en agravio de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Frayles de Arroyo Seco, SC de RL, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en la facultad conferida en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la que suscribe, Mónica Almeida López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pone a consideración de esta asamblea legislativa proposición con puntos de acuerdo que tienen por objeto emitir atento y respetuoso exhorto a la Decretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Órgano Interno de Control de la Conapesca para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, realicen verificaciones, inspecciones y auditorías en la ejecución del proyecto “Desazolve para áreas de producción pesquera y navegación en la laguna El Tecuán, localidad de Arroyo Seco, municipio de La Huerta, Jalisco”, ante los posibles actos de corrupción cometidos en agravio de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Frayles de Arroyo Seco, SC de RL, al tenor de los razonamientos de hecho y de derecho que se señalan en las siguientes

Consideraciones

I. El país cuenta con una de las mayores riquezas en materia de recursos pesqueros, esto gracias a que se posee un litoral aproximado de 11 mil 500 kilómetros, 3 millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva, más de 2 millones 900 mil hectáreas de aguas interiores y 358 mil kilómetros cuadrados de plataforma continental, así como de un considerable número de áreas situadas en las costas y en el interior del territorio nacional, destinadas o susceptibles de uso para la acuacultura y la pesca. Dichas actividades generan desarrollo al país, alimentos, empleo y divisas, de tal forma que resulta primordial el fomento y desarrollo de estas actividades. Con miras al desarrollo acuícola y pesquero, el gobierno federal ha instaurado una serie de mecanismos e instituciones que buscan mejorar las actividades y procesos en términos de eficiencia, calidad, rentabilidad y sustentabilidad, creando políticas públicas para la administración y conservación de los recursos pesqueros y el desarrollo acuícola.

II. Que estas políticas públicas están instituidas en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en el artículo 2, fracciones I y II, así como el numeral 4, fracción XLIII, donde se establece por objeto regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio nacional y las zonas sobe las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción; es así que son objetivos de la referida Ley, entre otros, establecer y definir los principios para ordenar, fomentar y regular el manejo integral y el aprovechamiento sustentable de la pesca y la acuacultura, promover el mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores y acuicultores del país, a través de los programas que se instrumenten para el sector pesquero y acuícola, esto por medio de la Conapesca.

Asimismo, el artículo 17 de la Ley en comento establece que para la formulación y conducción de la Política Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables, en la aplicación de los programas y los instrumentos se reconoce que estas son actividades que fortalecen la soberanía alimentaria y territorial de la nación, asimismo son asuntos de seguridad nacional y prioridad para la planeación nacional para el desarrollo y la gestión integral de los recursos pesqueros y acuícolas.

III. Que la Conapesca, es un órgano administrativo desconcentrado y jerárquicamente subordinado a la Sader, que tiene como finalidad fomentar y desarrollar mecanismos de coordinación con diferentes instancias para implementar políticas y programas que conduzcan y faciliten el desarrollo competitivo y sustentable del sector pesquero y acuícola del país. En razón de lo anterior, la Secretaría de Agricultura, a través de la Conapesca y mediante el Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, busca incrementar la capitalización de productores pesqueros y acuícolas, incentivando la mejora de la gestión del ordenamiento y la vigilancia de los recursos pesqueros, a fin de promover la sustentabilidad.

IV. Que el 31 de diciembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola para el ejercicio de 2017, en dichas reglas se prevé que entre los componentes se encontraban el del impulso a la capitalización, misma que tiene como objetivo lograr que las unidades económicas pesqueras y acuícolas activas inscritas en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura, incrementen su productividad en un marco de sustentabilidad, otorgando incentivos a la producción para agregar valor, a la comercialización y fomento al consumo, así como para el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas. Entre los incentivos se establece en el artículo 9 de las reglas de operación se establece el subcomponente obras y estudios, con los conceptos de apoyo para unidades económicas; a) desazolves; b) unidad básica de infraestructura, c) muelle o atracadero; d) rampas de botado; e) obras de protección marginal, y f) estudios para obras de desazolve en sistemas lagunares costeros e infraestructura portuaria pesquera, asimismo, se disponen los requisitos específicos y los montos máximos a ejecutar.

Por otro lado, en los artículos 10, fracción III, 11 y 14, fracción III, de las reglas de operación, respectivamente, se indican los criterios técnicos de selección; las instancias que participan, siendo para el caso del incentivo como unidad responsable e instancia ejecutora, la Dirección General de Infraestructura de la Conapesca.

V. Que la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Frayles de Arroyo Seco, SC de RL, se encuentra constituida conforme a las leyes mexicanas, que fue constituida de acuerdo a sus bases y su acta el 22 de septiembre de 1996, acto que fue certificado por el delegado municipal de Arroyo Seco, municipio de La Huerta, Jalisco, ciudadano Carlos Hernández Zavala, el 26 de noviembre de 1996, e igualmente certificada por el encargado de la Oficina de la Unidad Departamental del Registro Público de la Propiedad y de Comercio con sede en Autlán de Navarro, Jalisco, ciudadano Luis Jorge Fierro Pérez, el 12 de noviembre de 1996, en la que se hace constar que el acta y bases constitutivas concuerdan fielmente con la incorporación número 26, apéndice 24, libro primero, del registro de comercio de dicha oficina.

VI. Que la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Frayles de Arroyo Seco, SC de RL, unidad económica pesquera y acuícola, participó en el Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola de 2017; celebrando por medio de su apoderado legal ante la Dirección General de Infraestructura de la Conapesca, un convenio de concertación, con base en las reglas de operación del programa citado, y las disposiciones jurídicas, reglamentarias y administrativas aplicables.

De tal forma, la Dirección General de Infraestructura de la Conapesca, como unidad responsable e instancia ejecutora, el 31 de agosto de 2017, emitió el dictamen OBYES-16, por el que aprueba el proyecto: “Desazolve para áreas de producción pesquera y navegación en la laguna El Tecuán, localidad Arroyo Seco, municipio de La Huerta, Jalisco”, presentado por la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Frayles de Arroyo Seco, SC de RL.

Para mejor ilustración, se inserta la imagen del convenio de concertación celebrado por ambas partes, donde se establecieron las siguientes cláusulas:

VII. Que no obstante haberse pactado las cláusulas y los tiempos sobre las que el recurso económico seria ejercido, la Dirección General de Infraestructura mediante el oficio número DGI-09111/061216, suscrito por el director general de Infraestructura, de fecha 19 de diciembre de 2019, solicitó a la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Frayles de Arroyo Seco, SC de RL, el reintegro a la Tesorería de la Federación del total de los recursos no ejercidos, toda vez que ha criterio de dicha instancia la obra no fue ejecutada conforme a los conceptos autorizados en el proyecto “Desazolve para áreas de producción pesquera y navegación en la laguna El Tecuán, localidad Arroyo Seco, municipio de La Huerta, Jalisco”, de fecha 9 de octubre de 2017.

VIII. Que del anterior requerimiento hecho a la sociedad cooperativa, no se anexaron las visitas u órdenes de supervisión que la Conapesca estaba obligada a realizar para verificar que el recurso o incentivo otorgado haya sido aplicado y usado conforme a la normatividad aplicable; inspecciones que debían realizarse durante la implementación de la primera etapa de realización del proyecto en coordinación con el beneficiario, con lo cual se pudiera verificar que el incentivo otorgado fue aplicado conforme a lo establecido en las reglas de operación y el convenio DGI/OYE/2017/16; de igual forma se debía de llevar un control y registro detallado de la aplicación de los recursos así como el avance pormenorizado de las metas del componente. Asimismo, la empresa que realizaría las obras fue asignada por la propia Conapesca, lo que conlleva que la sociedad de pescadores no interviniera en la asignación de dicha empresa, quien fue la que incumplió en la realización de las obras materia del convenio.

Obligaciones pactadas para la Conapesca. Visibles en la cláusula quinta, numerales 2, 8, 9 y 14 del convenio de concertación:

Quinta. De las facultades y obligaciones de la Conapesca:

2. Realizar u ordenar las visitas de supervisión que permitan verificar que el “incentivo” otorgado hayan sido aplicado y usado conforme a la normatividad aplicable.

8 . Llevar el control y registro detallado de la aplicación de los recursos y el avance pormenorizado de las metas del “componente”.

9. Solicitar al “beneficiario”, la presentación de informes de avance físico-financiero del “proyecto”.

14. En general, cumplir en todo momento lo convenido en el presente instrumento, en concordancia con el “proyecto”, las “reglas de operación y las disposiciones jurídicas, reglamentarias y administrativas aplicables.

IX. En la cláusula séptima del convenio de concertación celebrado por ambas partes se establecieron las causas de incumplimiento y suspensión de recursos, los cuales en sus apartados 1 a 5, establece la metodología a seguir respecto al incumplimiento del mismo, situación que la Conapesca, no acato aun cuando la fecha de terminación del convenio fue en 2017, se realizaron dos adendum para establecer una extensión de fecha de aplicación de los recursos con vencimiento en 2018, y hasta noviembre de 2019 dicha dependencia no se presentó para solicitar a la Sociedad Cooperativa de Pescadores firme un acta finiquito, la que la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Frayles de Arroyo Seco, SC de RL; se negó a firmar, en razón de que la constructora no realizó el trabajo acorde a como lo establecía el Convenio de Concertación, toda vez que la Cooperativa no conoce a la fecha del contrato de prestación de servicios ni las bitácoras de avances del trabajo, del cual se desprende la autorización de pagos o ministración de los recursos económicos. Sin embargo, la Conapesca instruyó a la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Frayles de Arroyo Seco, para liberar los recursos tal y como se tiene documentado en los talones de cheques depositados o entregados a la constructora.

X. Que la Auditoría Superior de la Federación es el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, dotado de autonomía técnica y de gestión, realizando la fiscalización del uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos, los estados y municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales.

Dicha atribución tiene sustento legal en lo establecido en el artículo 74, fracción VI, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I. a V. ...

VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha autoridad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la ley.

...

Por otro lado, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación establece:

Artículo 1. La presente ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar los artículos 73, fracción XXIV, 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revisión y fiscalización de

I. ...

II. Las situaciones irregulares que se denuncien en términos de esta Ley, respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al de la Cuenta Pública en revisión;

III. y IV. ...

Para efectos de este artículo, la Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar las operaciones que involucren recursos públicos federales o participaciones federales a través de contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público privadas o cualquier otra figura jurídica y el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de Estados y Municipios, entre otras operaciones.

...

Por tal motivo, el presente punto de acuerdo pretende exhortar a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación para que revisen el debido proceso de la aplicación de los recursos económicos, con lo cual antes de pretender fincar responsabilidades a la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Frayles de Arroyo Seco, SC de RL, se le demuestre que no cumplió como se manifiesta en el oficio DGI-09111/061216 de la Dirección General de Infraestructura de fecha 19 de diciembre de 2019. Asimismo se investigue a los funcionarios de la Conapesca que pudieron haber incurrido en responsabilidades administrativas por no realizaron su trabajo de manera adecuada respecto a la supervisión del cumplimiento del convenio, y se audite a la empresa constructora que no cumplió el contrato de prestación de servicios aun cuando existe la evidencia documentada por la Sociedad Cooperativa de Pescadores, de que por indicaciones de la Conapesca, se le pagaron los 10 millones de pesos para la realización de la obra.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a iniciar una investigación por la presunta comisión de actos de corrupción cometidos por servidores públicos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en la ejecución del proyecto “Desazolve para áreas de producción pesquera y navegación en la laguna El Tecuán, Localidad de Arroyo Seco, municipio de La Huerta, Jalisco”; en agravio de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Frayles de Arroyo Seco, SC de RL.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a practicar una auditoría a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), ante la serie de irregularidades detectadas en la ejecución y distribución de las ministraciones del proyecto aprobado mediante dictamen OBYES-16 emitido por la Dirección General de Infraestructura de la Conapesca denominado: “Desazolve para áreas de producción pesquera y navegación en la laguna El Tecuán, localidad de Arroyo Seco, municipio de La Huerta, Jalisco” DGI/OYE/2017/16.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y al Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca); para que realicen una investigación, por la presunta comisión de actos de corrupción cometidos por servidores públicos de la Conapesca, en la ejecución y distribución de los recursos económicos del proyecto identificado bajo el dictamen OBYES-16 emitido por la Dirección General de Infraestructura de la Conapesca, denominado: “Desazolve para áreas de producción pesquera y navegación en la laguna El Tecuán, localidad de Arroyo Seco, municipio de La Huerta, Jalisco”; en agravio de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Frayles de Arroyo Seco, SC de RL, DGI/OYE/2017/16.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 3 de marzo de 2021.

Diputada Mónica Almeida López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a crear por FIRA un programa con esquema financiero que permita adquirir 30 mil toneladas de frijol de la cosecha OI/20-21 a los productores sinaloenses, donde Segalmex funja como intermediario financiero, a cargo del diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Carlos Iván Ayala Bobadilla, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a través de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), se cree un programa con un esquema financiero que permita la adquisición de 30 mil toneladas de frijol a los productores de Sinaloa de la cosecha O/I, 2020/21 y que Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) funja como el intermediario financiero, al tenor de lo siguiente

Exposición de Motivos

Que los artículos 4o. y 27, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que al Estado le corresponde garantizar que toda persona tenga derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; promover las condiciones para el desarrollo integral y sustentable, con el propósito de garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo social y fomentar la actividad agropecuaria, además de garantizar el abasto suficiente para toda la población, especialmente dirigido a niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables.

Que el Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024 define las políticas que contribuyen al rescate del sector agropecuario y acuícola-pesquero, y al logro de la autosuficiencia alimentaria para garantizar el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad1 .

De acuerdo con lo establecido en el decreto de creación de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) le corresponde:

• Coordinar la adquisición de productos agroalimentarios a precios de garantía a los productores y regiones nacionales;

• Establecer un sistema de compra de cosechas de alimentos básicos a precios de garantía diferenciados por productos y tipo de productores;

• Coordinar la adquisición, incluso a futuro, en el mercado nacional y en el extranjero, de las cosechas y los productos que sean necesarios para integrar las reservas que garanticen el abasto nacional, así como promover la comercialización de excedentes hacia diversas entidades y al exterior;

• Apoyar a los productores nacionales adquiriendo sus productos agroalimentarios;

Gran parte del campo mexicano enfrenta desde hace muchos años un evidente abandono que se traduce en insuficiencia productiva y pobreza con graves consecuencias para la sociedad, es por ello que el gobierno federal tiene el compromiso de impulsar al campo de una manera más equitativa, productiva y sustentable, aprovechando el potencial de sus sistemas más avanzados y rescatando a los sectores que históricamente han sido excluidos permanentemente.

Asimismo, se ha detectado en el campo la ausencia o exceso y mal uso de fertilizantes; pérdida de la biodiversidad; falta de innovación; de capacitación; de tecnologías y de equipamiento moderno, adecuado, oportuno y eficiente, así como dificultades para acceder a sistemas de crédito y financiamiento de oportunidades y alternativas de desarrollo de los pequeños productores y de los jornaleros, por lo que la presente administración tiene el firme propósito de hacer de la producción de alimentos uno de los principales impulsores del rescate y crecimiento de la economía regional, territorial, estatal y nacional.

Para fomentar el desarrollo económico y social del país, se debe asegurar el abasto de productos básicos complementarios, perecederos y no perecederos, a fin de satisfacer la demanda de la población que sufre una situación de rezago.

La inseguridad alimentaria moderada o grave en América Latina se incrementó entre los trienios 2014, 2016 y 2018, de manera considerable al pasar de 26.2 por ciento a 31.1 por ciento. Este aumento produjo que más de 32 millones de personas se sumaran a los casi 155 millones que vivían en inseguridad alimentaria en el periodo 2014-2016. México presenta condiciones similares a las de la región; de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, 55.5 por ciento de los hogares tiene algún grado de inseguridad alimentaria (32.8 por ciento leve y 22.7 por ciento moderada o severa), situación que es más aguda en las localidades rurales que en las zonas urbanas. En el campo, 40.6 por ciento de la población presenta inseguridad alimentaria leve, 17.8 por ciento moderada y 11.3 por ciento severa, en tanto que en las ciudades los datos respectivos son 30.4 por ciento, 13 por ciento y 7.7 por ciento. A esta realidad, se añade la dependencia de las importaciones de granos básicos, principalmente maíz amarillo, trigo y arroz2 .

La política agroalimentaria de la cuarta transformación se articula y sugiere como los principios rectores, “economía para el bienestar, por el bien de todos, primero los pobres, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera” plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024 y en los programas institucionales de Segalmex, Diconsa y Liconsa, que establecen el compromiso de contribuir con la soberanía y seguridad alimentaria y la economía familiar3 .

La presente propuesta busca exponer los problemas recurrentes que sufren los productores, y en donde estos recibirán un precio muy bajo por la cosecha de frijol, y el consumidor pagará precios inflados. Una vez más las bondades del mercado en nuestro país están ausentes.

Según estadísticas, el año pasado el frijol azufrado higuera y el peruano se compraron al productor en un precio promedio de 20 pesos kilo y se vendió a 60 pesos. Los datos de inventarios nacionales e internacionales muestran déficit.

El presente documento busca:

- Establecer un precio piso al productor que de un respiro a su situación económica.

- Evitar especulación cuando al establecer un precio cielo al consumidor.

- Detener procesos inflacionarios en alimentos básicos.

- Se recupera 100 por ciento de la inversión.

- Demostrar que la transparencia, eficiencia y honradez son posibles dentro de la presente administración.

Asimismo, la presente propuesta tiene como propósito:

- Apoyar y respaldar la agricultura comercial con el programa de reservas estratégicas.

- Comprar la cosecha de frijol Sinaloa 2020/21 de variedades claras en un volumen de 30 mil toneladas.

- Precio de compra en bodega por 30 mil pesos la tonelada sin descuentos de cribados, costales, maniobras y libre al productor.

- La venta de precio máximo al mercado no deberá de ser superior a 36 pesos el kilo.

El objeto fundamental del presente acuerdo, es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), cree un programa con un esquema financiero que permita la adquisición de 30 mil toneladas de frijol a los productores de Sinaloa de la cosecha O/I, 2020/21, toda vez que Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) no cuenta con los recursos presupuestales; sin embargo, es necesario que a través de este esquema Segalmex funja como el intermediario financiero.

Asimismo se propone que el diseño de programa sea:

1. La duración será del 1 al 30 de marzo de 2021.

2. Los centros de recepción se determinarán por Segalmex con los criterios siguientes:

• Las preferencias en los centros de recepción se destinarán prioritariamente a las organizaciones económicas de productores.

• Estos centros de recepción deberán estar autorizados para obtener certificados de almacenadoras.

• Serán auditados y supervisados por Segalmex.

3. Se establecerán contratos de arrendamiento y servicios con los centros de recepción donde los aspectos de costos estarán establecidos mediante una negociación pareja para todos.

Por los argumentos expuestos, y ante el empobrecimiento de muchos sectores agrícolas, resulta viable que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) de manera coordinada apoyen a los agricultores en la venta de sus cosechas y que Segalmex funja como el intermediario financiero entre los agricultores que les permita adquirir 30 mil toneladas de frijol a los productores de Sinaloa en su cosecha O/I, 2020/21.

Resulta relevante destacar que, el presente Punto de Acuerdo no tiene afectación al presupuesto de egresos, pues se trata de un documento en el que una postura y propuesta referente a un tema de interés público y social, para que el Congreso de las Unión asuma una postura institucional al respecto.

Asimismo, se trata de una sugerencia de los parlamentos para que el Poder Ejecutivo tome en cuenta la presente propuesta, ya que este no se modifica ni se crea ninguna ley.

La normatividad interna de la Cámara de Diputados permite que las proposiciones con Punto de Acuerdo, representan la posición de la Cámara en relación con algún asunto especifico de interés nacional o sus relaciones con otros poderes de la federación, organismos públicos, entidades y municipios.

En mérito de lo expuesto, someto a su consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a través de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, se cree un programa con un esquema financiero que permita la adquisición de 30 mil toneladas de frijol a los productores del estado de Sinaloa de la cosecha O/I, 2020/21 y que Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) funja como el intermediario financiero

Notas

1 Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024

2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/585251/20201001_Programa s_Institucionales_SEGALMEX_2020.pdf

3 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 3 de marzo de 2021.

Diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a considerar como grupo prioritario en la cobertura del plan nacional de vacunación contra el SARS-Cov2 a los supervisores, capacitadores y asistentes electorales que recorren todo el país en el marco del proceso concurrente de 2020-2021, a cargo del diputado Ricardo Flores Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Ricardo Flores Suárez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79 numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19, el 15 de febrero de 2021 México inició la campaña de vacunación masiva contra SARS-CoV-2, dicha estrategia tiene implícito grandes retos, como los diferentes requerimientos de manejo y administración de los prospectos de vacunas, la poca disponibilidad mundial de vacunas en el corto y mediano plazo y la necesidad de no afectación a la operación del programa de vacunación existente en el país. Asimismo tiene como objetivo general, disminuir la carga de enfermedad y así como la cifra de defunciones 186 mil 152 ocasionadas por dicha pandemia.

2. Como parte de los objetivos específicos de la citada política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19, se encuentran:

• Inmunizar como mínimo al 70 por ciento 2,3 de la población en México para lograr la inmunidad de rebaño contra el virus SARS-CoV-2.

• 100 por ciento del personal de salud que trabaja en la atención de la Covid-19.

• 95 por ciento de la población a partir de los 16 años cumplidos.

3. Con base en las recomendaciones del grupo técnico asesor para la vacuna (GTAV) Covid-19 en México, conformado por expertos en materia de inmunología, vacunación, infectología, sociología, sistemas y economía de la salud, se han priorizado para la vacunación contra el virus SARS-CoV2, cinco etapas, las cuales definen fechas de aplicación por grupos de población, en los términos siguientes:

Etapas de la estrategia de vacunación

• 1ª diciembre 2020 - febrero 2021, personal de salud de primera línea de control de Covid-19

• 2ª febrero - abril 2021, para el personal de salud restante y personas de 60 años y más.

• 3ª abril - mayo 2021, para personas de 50 a 59 años

• 4ª mayo - junio 2021, personas de 40 a 49 años

• 5ª junio - marzo 2022, para el resto de la población

“Como lo recomienda el GTAV, la edad es el primero de los ejes de priorización con los que se van a reducir el número de personas fallecidas por la Covid-19 en México. Le secundan las comorbilidades personales de quienes vayan a recibir la vacuna, afortunadamente algunas de las principales comorbilidades que han incrementado el riesgo de complicar y morir por Covid-19, tienen un componente personal de control, pues muchas de las personas que viven con diabetes, hipertensión o VIH, tienen sus condiciones controladas, lo que mitigan el riesgo específico.

El tercer grupo lo conforman los grupos de atención prioritaria como las personas que viven con discapacidad, la niñez. Sin embargo, ninguna de las vacunas que actualmente cuenta con una autorización de uso en emergencia a nivel mundial, tienen autorizado su uso en menores de edad (si acaso la edad mínima de aplicación de alguna de las vacunas es de 16 años).

El cuarto y último eje de priorización de la vacunación es el comportamiento de la epidemia. Este eje es dinámico, pues la epidemia nacional se compone de 32 diferentes epidemias estatales, y cada entidad federativa tiene diversas epidemias dentro de sus alcaldías, municipios, colonias, localidades, barrios, etcétera. Asimismo, estas epidemias locales dependen también de diferentes factores, el más importante epidemiológicamente es la densidad poblacional, pues las epidemias de enfermedades infecciosas son más difíciles de mitigar y controlar en ciudades más densamente pobladas debido a la inercia poblacional de transmisión.” (Política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19 en México. Documento rector. Pp. 9-11 Versión 4.0, 11 de enero de 2021)

4. De manera paralela a la citada estrategia de vacunación contra la Covid-19, el 7 de septiembre de 2020 inició el proceso electoral para renovar la Cámara de Diputados y más de 21 mil cargos de elección popular en todo el país. La jornada electoral se realizará el 6 de junio de 2021.

5. El proceso electoral 2020-2021, representa un reto inédito en la historia de la democracia mexicana, puesto que se estima un universo de 94.98 millones de electores que podrán hacer valer su derecho a votar; asimismo, el voto de las y los mexicanos será recibido en más de 164 mil 500 casillas aproximadamente y, se prevé contar con la participación de más de 1 millón 400 mil ciudadanas y ciudadanos que previo a ser doblemente insaculados, capacitados y designados, fungirán como funcionarios/as de MDC. (Extracto del acuerdo por el que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprueba la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021 y sus respectivos anexos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2020).

6. En este escenario más de 48 mil capacitadores y asistentes electorales han iniciado el proceso de visita a aproximadamente 12 millones de domicilios para convencer y capacitar a los futuros funcionarios de casillas en la elección más grande de la historia en el país. El INE y los organismos públicos locales, han impulsado y aprobado una serie de insumos en materia de prevención de contagios del virus SARS-CoV2 como cubrebocas, sanitizantes y caretas para proteger al máximo a las funcionarias y funcionarios electorales. Sin embargo, las medidas implementadas no garantizan la salud y la vida de las ciudadanas y ciudadanos que diariamente trabajan en la construcción de una de las etapas medulares del proceso electoral concurrente 2020-2021.

7. Ante el reto que representa la instalación de 164 mil 500 casillas el próximo 6 de junio de 2021, resulta urgente que la Secretaría de Salud en coordinación con el INE y los organismos públicos locales, implemente una estrategia inmediata de prioridad para el personal que actualmente desempeña funciones como supervisores, capacitadores y asistentes electorales con el objeto de ser inmunizados contra el Covid-19.

Por lo expuesto, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus atribuciones, considere como grupo prioritario en la cobertura del Plan Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19 a las y los supervisores, capacitadores y asistentes electorales quienes recorren todo el país en el marco del proceso electoral concurrente 2020-2021.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 3 de marzo de 2021.

Diputado Ricardo Flores Suárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a implantar por la Sader una estrategia integral para rescatar la actividad pesquera, ante las problemáticas del sector, que limitan su desarrollo actual y potencial, en perjuicio de miles de pescadores y sus familias, a cargo de la diputada María Ester Alonzo Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, María Ester Alonzo Morales, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguientes

Consideraciones

El documento El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2020, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), destaca el papel significativo y creciente que desempeña la pesca y la acuacultura en la provisión de alimentos, nutrición y empleo.

Estima que la producción mundial de pescado ha alcanzado unos 179 millones de toneladas en 2018, con un valor total de primera venta estimado de 401 000 millones de dólares, de los cuales 82 millones de toneladas, por valor de 250 000 millones de dólares, procedieron de la producción acuícola. Del total, 156 millones de toneladas se destinaron al consumo humano, lo que equivale a un suministro anual estimado de 20,5 kilogramos (kg) per cápita. Los 22 millones de toneladas restantes se destinaron a usos no alimentarios, principalmente para la producción de harina y aceite de pescado.

La acuicultura representó 46 por ciento de la producción total y 52 por ciento del pescado para consumo humano. China ha seguido siendo un importante productor de pescado, y registró 35 por ciento de la producción mundial. Con la excepción de China, una proporción importante de la producción procedió de Asia (34 por ciento), seguida de las Américas (14 por ciento), Europa (10 por ciento), África (7 por ciento) y Oceanía (1 por ciento).1

También, se señala una serie de desafíos y recomendaciones asociadas con las dificultades para lograr la sostenibilidad ecológica de la pesca mundial y regional; con las formas de vincular más adecuadamente los objetivos de conservación de la biodiversidad y de seguridad alimentaria; con la contribución de la pesca a la seguridad alimentaria y la nutrición; con formas de garantizar medios de vida pesqueros sostenibles; con la sostenibilidad económica de la pesca; con los efectos del cambio climático en la sostenibilidad de la pesca; y con el papel de la innovación y las nuevas tecnologías de la información, principalmente.

La pesca representa un sector estratégico de la economía mexicana. Desde hace varias décadas, la acuacultura y pesca han registrado un desarrollo potencial; estas actividades son consideradas como un elemento de política gubernamental de apoyo al sector rural, desarrolladas bajo un esquema para fomentar la generación de empleos, ingresos y garantizar la seguridad alimentaria.

Para poner en su justa dimensión este tema, basta señalar que México es uno de los países con mayor potencial para el desarrollo de la acuacultura y pesca debido a su diversidad de climas, cuenta con 12 por ciento de la biodiversidad mundial y más de 12 mil especies endémicas.2

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), México posee un extenso litoral y aguas interiores con gran riqueza, abundancia y calidad de especies pesqueras; una zona económica exclusiva de 3 millones 149 mil 920 kilómetros cuadrados, aproximadamente; 11 mil 122 kilómetros de costas, de los cuales 7 mil 828 corresponden al litoral del pacífico (73 por ciento) y 3 mil 294 al del Golfo de México y Mar Caribe (27 por ciento);3 12 mil 500 kilómetros cuadrados de lagunas costeras y esteros, así como 6 mil 500 de aguas interiores (lagos, lagunas, represas, ríos) que contienen una riqueza especial por la abundancia y calidad de las especies marinas que las habitan y que son aprovechadas para el consumo humano.

La producción pesquera nacional ha venido creciendo durante los últimos años: en 2018 fue de 2 millones 159 mil 650 toneladas, en 2019 de un millón 890 mil 418 y la programada para 2020 asciende a alrededor de un millón 926 mil 126 toneladas.4 México ocupa el lugar 17 a nivel mundial en la producción pesquera y el número 24 en la producción acuícola.

Sin embargo, es evidente que la pesca no es un asunto prioritario. Desde el inicio de la administración, no se cuenta con una estrategia de impulso al sector, lo que pone en riesgo su aprovechamiento pleno, competitividad y la calidad de vida de miles de pescadores y sus familias.

Para muestra basta un botón. El sector pesquero enfrenta severos recortes de presupuesto, ya que mientras en 2018 se le asignaron mil 551 millones de pesos, para 2019, el presupuesto se redujo a mil 700 millones y en 2020 sólo se le asignaron mil 200 millones de pesos. En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, se contemplaron sólo mi 39 millones de pesos.5

Tan sólo para gastos administrativos de la Conaspesca, se presupuestó para 2021 la cantidad 584.3 millones de pesos,6 contra los 655.1 millones de pesos asignados en 2020,7 Ello significa que sólo hay recursos para salarios, combustible, papelería, luz y telefonía, pero para programas de impulso a la actividad pesquera no hay nada.

A ello cabe agregar que desaparecieron 22 de los 23 programas federales de apoyo a la pesca, por lo que no hay palancas para este sector prioritario de la economía nacional.

Aunado a lo anterior, medios periodísticos dan cuenta de diversos problemas que enfrenta el sector pesquero, el cual pierde competitividad debido a la opacidad, ilegalidad y gestión gubernamental. A dos años del inicio de la actual administración federal, prevalecen vicios y malas prácticas por parte de las dependencias dedicadas a la pesca.

De acuerdo con especialistas, en México la pesca de cientos de especies se hace a ciegas, sin conocer la abundancia, volúmenes de captura, número de embarcaciones o personas que dependen de su aprovechamiento.

Es importante señalar que la Carta Nacional Pesquera es el documento elaborado y actualizado por el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (Inapesca) con la participación de otras instituciones gubernamentales, académicos y del sector dedicado a la actividad pesquera. Proporciona información que permite conocer dónde, cuándo y cuánto se permite pescar, sin alterar el equilibrio ecológico y la forma más adecuada para extraer especies susceptibles de aprovechamiento. Es un documento vinculante que indica las estrategias y acciones que se deben cumplir para regular la pesca en México.8

No obstante, conforme a la primera Auditoría Pesquera dada a conocer por Oceana9 en 2019, hay un problema medular que impide que el aprovechamiento de recursos pesqueros se haga de manera sostenible: la información técnica-científica con la que el gobierno toma decisiones es obsoleta, incomprensible y opaca. Y la Auditoría Pesquera 2.0 refleja que poco ha cambiado, pues la opacidad y obsolescencia en la información y gestión públicas prevalecen en el sector.10

La base de la toma de decisiones del sector pesquero mexicano es la Carta Nacional Pesquera y los Planes de Manejo. En la primera están enlistadas más de 580 pesquerías con sus características, ubicaciones, artes de pesca, vedas, así como del esfuerzo pesquero, es decir cuántos pescadores ribereños y de mediana altura se dedican a ello. El otro instrumento son los Planes de Manejo, que cada pesquería debería de tener, ya que ahí se aborda detalladamente las artes de pesca, las poblaciones de captura, el esfuerzo pesquero, los tiempos de reproducción, entre otros.11

Estos instrumentos fundamentales deben estar en contante actualización. La Carta Nacional Pesquera se debe actualizar por lo menos cada año y cada pesquería debe tener su plan de manejo, pero se hizo por última vez hace ocho años y apenas 25 por ciento de las pesquerías tienen planes de manejo.

La Carta Nacional Pesquera ha sido parcialmente actualizada cinco veces en 21 años, cuando la Ley General de Acuacultura y Pesca Sustentables establece hacerlo cada año. 51 por ciento de la información sobre las especies pesqueras, tiene más de ocho año sin actualizarse; sólo 1 por ciento de éstas contiene información completa y únicamente en 4 por ciento es confiable y verificable. A ello, cabe agregar que en el tema de opacidad, en 96 por ciento de los casos se desconoce el origen de los datos y cómo se pueden verificar.

A ello, hay que añadir –como se señaló anteriormente– que sólo 25 por ciento de las pesquerías cuenta con planes de manejo adecuados, es decir, una de cada cuatro, y el resto se administra sólo con permisos y concesiones, lo cual, conforme a los expertos, podría reportar pérdidas anuales cercanas a los mil millones de pesos. Además, 43 por ciento se encuentran en malas condiciones, pero lo más lamentable, es que ninguna dependencia federal lleva a cabo acciones para recuperarlas o restaurarlas.

Dicha Carta señala que 368 especies, incluido el huachinango, mero y pargo, se encuentran catalogadas como “escama”, en el renglón de “otras”, a pesar de la importancia social, ambiental y económica que tienen para los pescadores ribereños o artesanales del país, ya que el total de esta variedades aportan en promedio 44 por ciento de la producción nacional. Además de que fichas de pesquerías tan emblemáticas como la del pulpo tiene 21 años sin actualizar, por lo que ya son obsoletas para saber su disponibilidad y establecer lineamientos, normas, estrategias y demás previsiones para su protección o restauración.12

Otra problemática es que el gobierno federal ha enfocado su atención en el volumen de pesca, es decir, la cantidad de producto capturado, brindando mayor atención, recursos y esfuerzos, sobre todo, en tres pesquerías industriales (sardina, atún y camarón) y relegando a las pesquerías ribereñas a una atención marginal.

En efecto, Oceana revela que desde la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader), como la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca)13 y el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca),14 dedican sistemáticamente mayores recursos financieros, humanos y atención a las pesquerías que registran mayores volúmenes de captura, dejando de lado las que representan mayores beneficios e impactos socioeconómicos para los pescadores menos favorecidos, en su gran parte ribereños o artesanales.

A todas luces, es evidente que esta situación de desconocimiento y abandono que observa el sector, pone en riesgo inminente la sobrevivencia de las especies, el desarrollo económico y la competitividad de nuestros productos en un entorno creciente de libre comercio, debilitando a los pescadores frente a otras potencias pesqueras y mermando sus ingresos y fuentes de empleo.

Ante este panorama poco halagüeño, los expertos mencionan que el valor de la pesca en el país va más allá del poco o mucho volumen que se obtiene. Su verdadera trascendencia consiste en la gran diversidad de climas, especies, culturas y comunidades que hay en el país y que brindan alternativas para la innovación, dar un valor agregado a los productos del mar y sus derivados y, desde luego, soluciones para aliviar la pobreza y el hambre.

También ha referido que es lamentable que a dos años del actual gobierno no haya cambios significativos en políticas públicas o de gestión de los recursos pesqueros por parte de Inapesca y Conapesca, como es el asunto de la trazabilidad para conocer con total transparencia la ruta que siguieron los pescados o mariscos desde que son capturados hasta que llegan al plato.

Por lo que concluyen que se requiere poner atención en el impacto social de la actividad que desarrollan 330 mil pescadores ribereños, impulsar la seguridad alimentaria que podría brindar la producción nacional de pescados y mariscos, así como atender el impacto ambiental.

En suma, se requieren políticas públicas para atender las diferentes problemáticas que aquejan a la pesca y los pescadores del país, con el objeto de contribuir al crecimiento económico, la competitividad del sector y a la generación de empleos e ingresos para miles de familias que dependen de esta actividad.

El gobierno federal se ha comprometido a trabajar en rescatar el sector y buscar alternativas. Pero es obvio que las acciones no se han dado, y el sector pesquero está contra la pared.

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, implemente una estrategia integral para rescatar la actividad pesquera, ante las diferentes problemáticas que enfrenta el sector, que limitan su desarrollo actual y potencial, en perjuicio de miles de pescadores y sus familias en el país.

Notas

1 http://www.fao.org/3/ca9229es/ca9229es.pdf

2 https://www.cmdrs.gob.mx/sites/default/files/cmdrs/sesion/2019/01/24/17 59/generales/6-asuntos-generales.pdf

3 Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos (INEGI 2002). En https://sic.cultura.gob.mx/documentos/10.pdf

4 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/608122/diciembre_2020.pd f

5 https://oaxaca.eluniversal.com.mx/politica/20-09-2020/la-4t-deja-en-ago nia-la-pesca-en-2021-no-habra-recursos-para-programas-de

6 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2021_301120.pdf

7 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/pef_2020/PEF_2020_orig_11di c19.pdf

8 https://www.gob.mx/inapesca/acciones-y-programas/carta-nacional-pesquer a-51204

9 Oceana, fundada en 2001, es la mayor organización internacional centrada exclusivamente en la conservación de los océanos. Se dedica a promover una gestión pesquera basada en la ciencia y en la recuperación de los océanos del mundo. Esta organización realiza estudios, análisis o auditorías como le llaman ellos, orientados a encontrar soluciones que puedan llevar a la sustentabilidad pesquera.

10 https://www.animalpolitico.com/atarraya/perdida-de-competitividad-de-la -pesca-en-mexico/

11 https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/veronica-martinez-guzman/se-pes ca-a-ciegas

12 https://www.excelsior.com.mx/nacional/
alertan-ante-la-falta-de-politicas-publicas-para-atender-la-pesca-en-mexico/1433297

13 La Conapesca un órgano desconcentrado de la Sader comprometido con la legalidad, la calidad y la transparencia, encargado de fomentar y desarrollar mecanismos de coordinación con diferentes instancias para implementar políticas, programas y normatividad que conduzcan y faciliten el desarrollo competitivo y sustentable del sector pesquero y acuícola del país, para incrementar el bienestar de los mexicanos.

14 El Inapesca es un Órgano Público descentralizado, sectorizado con la Sader. Es la única institución mexicana de investigación pesquera y acuícola con cobertura nacional en permanente contacto con el sector pesquero y acuícola, sus problemas de desarrollo y administración.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2021.

Diputada María Ester Alonzo Morales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a iniciar por la Sader y la SE el procedimiento ordinario para crear la NOM que regule e impulse la producción de miel, ceras, propóleo, polen y derivados de la producción apícola, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en la facultad conferida en la fracción I del artículo 6 y en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la que suscribe, Mónica Almeida López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pone a consideración de esta asamblea legislativa proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Economía, inicie el procedimiento ordinario para la creación de la norma oficial mexicana que regule e impulse la producción de miel, ceras, propóleo, polen y derivados de la producción apícola, de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

Las normas oficiales mexicanas (NOM) son principalmente competencia de la Procuraduría Federal del Consumidor y son las regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en los artículos 40 a 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que establecen las reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistemas, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, mercado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación.

La generación de NOM obedece a la obligación del gobierno de regular las actividades que desempeñan los sectores público y privado. En las NOM se establecen las especificaciones, los atributos, las características, los métodos de prueba o las prescripciones aplicables, que un producto, proceso o servicio debe cumplir.

En principio, esta actividad no es sólo del ámbito nacional. Está prevista por la Organización Mundial del Comercio, de la cual México es miembro, el derecho de los países a adoptar las normas que consideren apropiadas para la protección de la salud y la vida de las personas, de los animales, del medio ambiente, o en defensa de los intereses de los consumidores.

Aunque no se impide a los miembros de la OMC adoptar las medidas necesarias para hacer cumplir sus normas, en el acuerdo se dispone que los procedimientos utilizados para decidir si un producto está en conformidad con las normas nacionales tienen que ser justos y equitativos, y se aconseja la utilización de métodos que den a los bienes de producción nacional una ventaja justa.

El acuerdo fomenta también el reconocimiento mutuo de los procedimientos de prueba entre los países. De esa manera, puede evaluarse si un producto cumple las normas del país importador mediante pruebas realizadas en el país en que fue fabricado.

En una economía abierta como la nuestra, la carencia de algún mecanismo obligatorio que permita evaluar y certificar que los productos o los servicios que se ponen a disposición del mercado interno cumplen con especificaciones, provocaría desórdenes en los mercados y que los buenos productores que se esfuerzan por tener buenas prácticas de manufactura compitan con otros de baja calidad, provenientes del extranjero en desigualdad de condiciones y provocando perjuicios a las empresas nacionales.

Existe una relación estrecha y directa entre el desarrollo económico y social de un país y su sistema de normalización y evaluación de la conformidad, lo cual está íntimamente relacionado con la cultura y educación de sus habitantes. Por todas estas razones, fomentar esa cultura en todos los niveles de la sociedad permitirá la evolución del país, de la industria, del comercio, del gobierno y de la población.

El sector apícola mexicano es uno de los principales a escala mundial, su competitividad en el mercado es alto y sólo es superado por China, Nueva Zelanda y Argentina en los indicadores de producción internacional, no así con relación a la ventaja comparativa revelada en cuanto a la medición de la calidad de sus productos, lo cual ha dificultado su importación, pero a pesar de ello de manera histórica la mayor parte de sus ventas al exterior se han orientado a Europa.

El mercado de la Unión Europea representa precios unitarios de exportación por encima del promedio internacional y una demanda segura. No obstante, esta tendencia mantiene una situación de concentración hacia destinos que representan un modelo de comercialización que torna difusos los efectos positivos de la agregación de valor en origen y que en el contexto internacional la miel mexicana pierde cada vez más terreno.

Por su parte la miel mexicana es un producto poco diferenciado en su calidad, y su cotización apenas alcanza el promedio internacional, la miel se comercializa a granel en contenedores de 300 kilogramos, sus productores no disponen de un sistema de control de calidad estandarizado ni de diferenciación de marca que permita distinguirlos como una miel de alta calidad; sin embargo, tiene aceptación en países como Alemania por empresas mayoristas que son capaces de acopiar la miel de pequeñas unidades productoras, pero comprando la miel a bajos precios deja un margen mínimo de ganancia a los productores que sumado a la disminución de exportaciones tiene al borde del colapso al sector apícola.

Estimulados por la demanda de Estados Unidos, Alemania, así como la de Japón, Singapur y otros países asiáticos, los requerimientos de miel a nivel mundial están en un permanente crecimiento, sin embargo, las exigencias de calidad por los consumidores también están aumentando junto a la emergencia de nuevos proveedores mundiales de miel diferenciada por su calidad e inocuidad y que lamentablemente nuestro país no ha avanzado en ese sentido, teniendo venta de miel de alta calidad compite con productos de menor calidad en los mismos precios, a falta de una garantía por parte de las autoridades sobre la calidad del producto.

En ese sentido resulta necesario contar con una norma oficial mexicana que regule la miel mexicana, para que le permita contar con el aval de calidad que tienen las mieles de nuestro apicultores, para que no solo en el ámbito local se garantice y se diferencié la miel de calidad con las mieles “pirata” o de menor calidad; sino que al existir una regulación y determinación de estándares de los productos apícolas mexicanos, el mercado extranjero verá en México una oportunidad de compra de calidad, que permita incrementar las exportaciones de Miel mexicana y sus derivados, a precios justos que eleve las ganancias y permita impulsar el sector apícola, con todos los servicios ambientales agregados que esta actividad conlleva.

Por lo expuesto sometemos a consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados de manera atenta y respetuosa exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Economía, inicie el procedimiento ordinario para la creación de la norma oficial mexicana que regule e impulse la producción de miel, ceras, propóleo, polen y derivados de la producción apícola.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 3 de marzo de 2021.

Diputada Mónica Almeida López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCJN a esclarecer los efectos en las pensiones de los trabajadores con base en su determinación sobre el tope máximo de la pensión jubilatoria cuantificada según la UMA y no en salarios mínimos, publicada el 17 de febrero de 2021, a cargo del diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Rau?l Eduardo Bonifaz Moedano, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unio?n y con fundamento en lo dispuesto en los arti?culos 6, numeral 1, fraccio?n I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fraccio?n II, del Reglamento de la Ca?mara de Diputados, somete a consideracio?n de esta honorable asamblea la siguiente proposicio?n con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el mes de septiembre de 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), publicó la jurisprudencia1 en la que establece que la pensión es una prestación de seguridad social derivada de una relación laboral y sustentada en el salario, por lo que debe ser fijada en el salarios mínimos. Es decir, la Unidad de Medida y Actualización (UMA), no puede aplicarse para determinar la cuota diaria o la limitante de pago de una pensión, por tratarse de una prestación de naturaleza laboral regida por el salario mínimo2 .

En 2019, el salario mínimo era de 102.68 pesos diarios en el país mexicano y en la frontera norte de 176.72 pesos diarios; mientras que la UMA, la cual fija el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) era de 84.49 pesos diarios.

Asimismo, la jurisprudencia de la Corte indica que todo lo relativo a la pensión “a su monto, actualización de pago o límite máximo debe aplicarse el salario, por no tratarse de cuestiones ajenas a su naturaleza; además de atender para esos aspectos a la Unidad y Actualización se desnaturalizaría la pensión y se utilizaría un factor económico ajeno a la prestación de seguridad social referida, distinta al salario y ajeno a la pensión, lo cual jurídicamente no es permisible”.

Sin embargo, se presentó una controversia atendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respecto a la aplicación de las UMA para el cálculo de las pensiones de los trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Si el tope máximo de las pensiones de los trabajadores amparados ante el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado deberá o no calcularse con la UMA.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidió que en este caso sí deberá usarse la UMA para calcular el tope máximo de la pensión jubilatoria otorgada por el ISSSTE a los trabajadores.3

El comunicado publicado el 17 de febrero de 2021 por parte de la SCJN, dice a la letra lo siguiente:

La Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación determinó, en sesión remota, que el tope máximo de la pensión jubilatoria otorgada por el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) debe cuantificarse con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), derivada de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario.

La reforma constitucional eliminó el salario mínimo como parámetro para calcular el monto de pago de diversas obligaciones, multas, créditos, y aportaciones de seguridad social. La finalidad de esta modificación fue permitir que el salario mínimo pudiera ser incrementado constantemente para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores; ello sin que al mismo tiempo se incrementaran otra serie de conceptos ajenos al salario. La decisión de la Segunda Sala permitirá que continúe la recuperación del salario, sin poner en riesgo los fondos de pensiones.

Por todo lo anterior, la Sala concluyó que, acorde con la Constitución federal, la Ley del ISSSTE abrogada y el artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE vigente, el tope máximo de la pensión jubilatoria debe calcularse con base en la UMA”4 .

Para Sebastián Patiño, especialista en derecho de la seguridad social y socio de CASS Abogados, señaló que la sentencia de la Corte es “desafortunada”, dado que va en el sentido contrario del derecho laboral mexicano, el cual históricamente ha tratado de proteger a los trabajadores: “Es una sentencia que afecta a los trabajadores y beneficia a quien paga las pensiones..”5 .

Para Gustavo Leal Fernández, experto en pensiones de la Universidad Autónoma Metropolitana, la determinación es una “clara, completa e irreversible afectación de la Corte”, por lo que frente a ella no queda más que el presidente Andrés Manuel López Obrador salga al rescate de los trabajadores con una iniciativa de reforma constitucional6 .

Por otro lado, el Diagnóstico del sistema de pensiones mexicano del Banco Internacional de Desarrollo, publicado en 2017, llega a diversas conclusiones relevantes, entre las cuales destaca la siguiente, a propósito del tema en comento. Menciona que “es factible topar las pensiones de la generación de transición a diez veces el salario mínimo o diez veces la Unidad de Medida y Actualización. Pues, el Consejo Técnico del IMSS puede establecer un tope de diez veces el salario minimo para los trabajadores que optan por una pensión bajo la ley de 1973. No obstante, existen dudas sobre esa interpretación. Una manera de elimiar cualquier duda sobre el mismo sería modificar a través de una reforma de ley el artículo transitorio vigésimo quinto de la Ley de 1997 para clarificar el tope de pensiones para los que recibirán una pensión bajo la Ley de 1973 será de diez veces el salario mínimo o diez veces la UMA”7 .

Mientras el análisis continúa, después del comunicado de la SCJN, el 17 de febrero de 2021, diversos movimientos se han gestado. El 27 de febrero de 2021, en la Ciudad de México, los maetros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, protestaron y demandaron reinstalar la mesa nacional de diálogo con el gobierno federal. Incluso el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se reunió con autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a fin de diseñar una ruta que atienda las diversas demandas relativas al cálculo de las pensiones.

Por otro lado, la ciudadanía se encuentra perpleja y con dudas respecto a los beneficios totales o parciales de sus respectivas pensiones.

Y es por lo mencionado, que se pone a consideración de la asamblea la siguiente proposicion con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que esclarezca los efectos que las pensiones de los trabajadores tendrán con base en su determinación sobre el tope máximo de la pensión jubilatoria cuantificada con base en la Unidad de Medida y Actualización y no en salarios mínimos, publicada el 17 de febrero de 2021.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro para que esclarezca los efectos sobre la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los efectos del tope máximo de la pensión jubilatoria cuantificada con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no en salarios mínimos, publicada el 17 de febrero de 2021.

Notas

1 https://www.elcontribuyente.mx/2019/09/
la-suprema-corte-resolvio-que-las-pensiones-deben-calcularse-con-salarios-minimos-y-no-con-la-uma/

2 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/
Pago-de-pensiones-es-con-salarios-minimos-y-no-con-UMA-SCJN-20190923-0008.html

3 https://www.elcontribuyente.mx/2021/02/scjn-el-tope-de-pensiones-del-is sste-se-debe-calcular-con-la-uma-y-no-con-el-salario-minimo/

4 https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6349

5 https://www.jornadacom.mx/notas/2021/02/23/economia/
tope-a-pensiones-en-uma-clara-afectacion-a-jubilados-especialistas/

6 Ídem.

7 https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/
Diagnóstico_del_sistema_de_pensiones_mexicano_y_opciones_para_reformarlo_es_es.pdf

Palacio de San Lázaro, a 3 de marzo de 2021.

Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sener a publicar el plan quinquenal de expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural e incorporar los proyectos, incluido El Campo Brasil, que ya no son viables económicamente para su explotación y considerar estratégicos éstos en el almacenamiento de hidrocarburos, a cargo de la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI

Las suscritas, diputadas Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, María de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpio, que presentó la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, define como una prioridad la seguridad energética de este país, en otras palabras, la imperiosa necesidad de aumentar “la capacidad de satisfacer en el presente y futuro la demanda nacional de energía”; especialmente ante la dependencia de México para no depender mayormente de las importaciones de gas natural, y sobre todo de un solo país, como es Estados Unidos de América (EUA). Asimismo, es importante que el gobierno federal plantee diversas soluciones en el escenario post-epidemia, e incidan a la reactivación económica de México.

Antecedentes

Los yacimientos de hidrocarburos agotados por su propia naturaleza y características geológicas constituyen una opción destacable para el almacenamiento de gas natural, toda vez que en adición a sus condiciones geológicas favorables cuentan con la infraestructura de ductos necesaria para el transporte de dicho hidrocarburo de manera eficiente, lo cual es una ventaja para su aprovechamiento como instalación de almacenamiento.

De esta suerte, los yacimientos de hidrocarburos agotados que no constituyan una instalación viable técnica y económicamente para actividades de exploración y/o extracción pueden ser una opción viable para su aprovechamiento como instalación de almacenamiento.

El almacenamiento subterráneo en yacimientos de hidrocarburos agotados buscaría mejorar la eficiencia y confiabilidad en el suministro de gas natural, fortalecer la seguridad energética nacional, garantizar la disponibilidad del combustible y satisfacer la demanda nacional.

En este enfoque se resalta que la seguridad energética en el país conlleva ineludiblemente la construcción o aprovechamiento de infraestructura que permita almacenar y transportar hidrocarburos como el gas natural del lugar donde se producen o se importan a los puntos de consumo, asegurando el suministro confiable de gas natural desde los puntos de producción o internación. Por lo cual, el aprovechamiento de este tipo de yacimientos constituye una opción sería a las necesidades de infraestructura en materia de almacenamiento que el país requiere.

Experiencia internacional

El aprovechamiento de yacimientos agotados no es un tema nuevo, históricamente se desprende que las compañías de extracción y transporte en EUA, Canadá y Europa han utilizado yacimientos de hidrocarburos agotados debido a que son adecuados por sus características geológicas, de hecho se tiene documentado como primer sitio de almacenamiento subterráneo de gas el ubicado en el condado de Welland, Ontario, Canadá, en el año de 1915; mientras que en EUA se desarrolló el primer proyecto de almacenamiento de gas natural en el yacimiento de Zoar en 1916.

En general existen fuentes que identifican en la actualidad la existencia de más de 550 instalaciones de almacenamientos subterráneo de gas natural en todo el mundo, de las cuales aproximadamente dos tercios se encuentran en EUA y el resto en Europa. Sin embargo, a pesar de la apertura de la inversión de almacenamientos de gas natural en la década de los 90, a la fecha no se han desarrollado proyectos de almacenamiento de gas natural en yacimientos agotados.

El Campo Brasil

El Campo Brasil es un yacimiento de hidrocarburos que se extiende en una superficie de 39 kilómetros cuadrados (km2), en Tamaulipas a 20 kilómetros (km) de la frontera con EUA.

Petróleos Mexicanos (Pemex) extrajo hidrocarburos del Campo Brasil hasta la década de los 80, pero actualmente no se encuentra asignado a ninguna empresa petrolera.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos ya comunicó a la Secretaría de Energía, a través de su comisionado presidente y el titular de la unidad de extracción un dictamen técnico, cuyas conclusiones son:

a) Los cuerpos FMC2, FMC7, FIX4, FIX4, FIX5, FIX6, FIX8, FIX10, FMM1, FMY y FMD6 se consideran inviables para la extracción de hidrocarburos, atendiendo al grado de explotación, productividad y comportamiento de afluencia presentes en el campo.

Lo anterior, en virtud de que no se prevé la energía suficiente para que los fluidos dentro del medio poroso se desplacen a los pozos. Conforme a dichas condiciones, no sería rentable la producción bajo ningún esquema de explotación.

b) En cuanto a la posibilidad de destinar los yacimientos agotados para el depósito y resguardo de gas natural, esta Comisión considera que a partir de las condiciones presentes identificadas en los cuerpos FMC2, FMC7, FIX10 Y FMD6, éstos podrían resultar viables para el depósito y resguardo de gas natural, con la posibilidad de almacenar aproximadamente 60 mmmpc como escenario base, atendiendo a la producción acumulada en dichos cuerpos.

Comité del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal

El artículo 27 de la Ley General de Bienes Nacionales establece la creación de un Comité del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal para la operación del Sistema de Administración Inmobiliaria Federal y Paraestatal. El Comité es un foro para el análisis, discusión y adopción de criterios comunes y de medidas eficaces y oportunas para lograr los fines del Sistema de Administración Inmobiliaria Federal y Paraestatal, que entre otros objetivos, tiene el:

...

III. Analizar el marco jurídico aplicable al patrimonio inmobiliario federal y paraestatal, así como cuando sea conveniente para alcanzar los objetivos del Sistema de Administración Inmobiliaria Federal y Paraestatal, promover la adopción de un programa de control y aprovechamiento inmobiliario federal, así como la expedición de las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas conducentes, y

IV. Promover la adopción de criterios uniformes para la adquisición, uso, aprovechamiento, administración, conservación, mantenimiento, aseguramiento, control, vigilancia, valuación y, en su caso, recuperación y enajenación de los bienes integrantes del patrimonio inmobiliario federal y paraestatal.

En ese sentido, el 6 de octubre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Criterio número 01/2017 de aplicación general en materia de administración del patrimonio inmobiliario federal, correspondiente al mejor uso y aprovechamiento de los yacimientos de hidrocarburos determinados como económicamente inviables para su extracción, que a la letra dice:

El Comité del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, mediante Acuerdo 29/2017 se da por enterado, aprueba y adopta el siguiente:

“Criterio (01/2017) relativo al mejor uso y aprovechamiento de bienes nacionales en términos del Artículo 27 Constitucional respecto a los yacimientos de hidrocarburos que hayan sido dictaminados por la Autoridad Federal competente como económicamente inviables para la extracción de este energético pudiendo ser aprovechados para el almacenamiento de gas natural u otro hidrocarburo, cumpliendo con la normatividad aplicable”.

Este criterio establecido por dicho Comité no implica que el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenegas) obtenga automáticamente el derecho a licitar, ya que los derechos de ocupación superficial para ese fin tendrán que ceñirse a lo establecido en la Ley Agraria o el Código Civil, dependiendo del régimen de propiedad, ya que el artículo 117 de la Ley de Hidrocarburos sólo dispone su aplicación para proyectos de transporte por medio de ductos, pero no de almacenamiento.

Por tanto, es urgente que la Secretaría de Energía, con base en lo que establece la Ley e Hidrocarburos en su artículo 69, apruebe el plan quinquenal de expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas), y que incorpore todos aquellos proyectos, como El Campo Brasil, que ya no son viables económicamente para la explotación de hidrocarburos, se consideren estratégicos para su almacenamiento, por razones de seguridad en el suministro.

El Cenegas, es la entidad responsable de llevar a cabo la licitación de los proyectos estratégicos, por tanto, es la dependencia que podría iniciar el procedimiento descrito en la Ley de Hidrocarburos, de tal suerte que tanto privados como gobiernos subnacionales interesados podrían participar en dicha licitación aportando una parte de la demanda, de así convenir a sus intereses.

Finalmente, cabe mencionar que la presente proposición con punto de acuerdo fue previamente presentada por la diputada Soraya Pérez Munguía e inscrita en la Gaceta Parlamentaria número 5502-III, correspondiente al martes 21 de abril de 2020 y turnada a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados para su dictamen. Posteriormente, conforme al “Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, por el que se tramitan las proposiciones con punto de acuerdo turnados a la Comisión de Energía” aprobado el 30 de abril de 2020, el contenido del mismo fue turnado a las dependencias competentes para su conocimiento y acciones conducentes; no obstante, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte de las mismas.

Por lo anteriormente fundado y motivado, es que las diputadas y diputados suscritos sometemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Energía a que publique inmediatamente el plan quinquenal de expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas) y a que incorpore todos aquellos proyectos, incluyendo El Campo Brasil, que ya no son viables económicamente, para su explotación y que estos sean considerados estratégicos para el almacenamiento de hidrocarburos como el gas natural.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Energía a que instruya a la Comisión Nacional de Control del Gas Natural (Cenegas) a que dé inicio a los procedimientos de licitación de estos campos conforme al procedimiento descrito en la Ley de Hidrocarburos, y así poder lograr el desarrollo de un mercado competitivo de gas natural mediante la implementación de una reserva de capacidad para los usuarios del Sistrangas que permita asegurar el acceso abierto en términos no discriminatorios, así como aumentar la capacidad de satisfacer en el presente y futuro la demanda nacional de energía o, en otras palabras, aumentar la seguridad energética, y con esto la reactivación económica de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2021.

Diputadas: Soraya Pérez Munguía, María de los Ángeles Ayala Díaz, Mónica Almeida López (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal, la Sader y la SHCP a implantar una reestructura orgánica, crear así una dirección específica en materia de apicultura y operar un programa específico de apoyo a los apicultores, donde se otorguen desde equipos e infraestructura para optimizar procesos de producción, etiquetado, almacenamiento y envasado, hasta la adquisición de material y equipo biológico, entre otros factores, que incremente la producción y exportación de miel y productos derivados de la apicultura, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en la facultad conferida en la fracción I del artículo 6 y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la que suscribe, Mónica Almeida López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pone a consideración de esta asamblea legislativa proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo, y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a implantar una reestructura orgánica de la Sader para crear una dirección específica en materia de apicultura, así como la operación de un programa específico de apoyo a los apicultores, en el cual se otorguen desde equipos e infraestructura para optimizar procesos de producción, etiquetado, almacenamiento y envasado, hasta la adquisición de material y equipo biológico, entre otros, que permita incrementar la producción y exportación de miel y productos derivados de la apicultura, de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

Es de todos conocida la disminución de polinizadores en todo el país, pero en donde existen cifras más alarmantes es en las regiones focalizadas y dedicadas a la producción apícola, en donde se integran uno o más factores de deterioro del ambiente que están afectando a los polinizadores y donde nos encontramos con el infortunio de que no existen acciones concretas de reacción para mejorarlo, es así que actualmente en promedio existe una disminución de entre 40 y 50 por ciento de colmenas de abejas domésticas, las cuales han venido colapsando de manera trágica desde 2012 y la tendencia sigue siendo negativa.

Más de 90 por ciento de los frutos y semillas tienen incidencia directa en su producción con los polinizadores, por lo que su disminución afecta al sector productivo, tan sólo en México la Conabio, señala que 80 por ciento de las especies de plantas de nuestro país, depende de un polinizador para su producción.

Por otro lado, investigadores de la UNAM estimaron que el valor anual de la polinización en México es de 43 mil millones de pesos, ya que la polinización ayuda a la reproducción de las plantas que generan oxigeno suficiente para incrementar el rendimiento de cultivos e insumos agropecuarios.

Se tienen identificados diversos factores que están afectando a los polinizadores entre ellos los pesticidas, deforestación, quemado, enfermedades, ácaros, cambio climático, entre otros, por lo que las abejas están bajo la gran amenaza de los efectos combinados mencionados con anterioridad, resaltando que se debe propiciar una coordinación y colaboración entre los sectores involucrados para contar con una mejor cooperatividad con los productores apícolas, que les permita acceder a mejores condiciones de desarrollo, coordinar al sector agrícola y apicultor para que ambas actividades tengan un mayor fomento y no se afecten entre sí, trayendo como resultado una mayor derrama económica, seguridad laboral para los apicultores y un medio ambiente sustentable; sin duda es un trascendental reto y una necesidad lograr que la existencia de las abejas no esté en riesgo.

Envueltos en una crisis sanitaria y económica, resulta necesario emprender acciones concretas para revertirla, pero sobre todo para aprovechar las fortalezas de los sectores económicos nacionales frente a los demás países, que les permitan ganar terreno en la importación de sus productos, como es el caso de la miel y productos apícolas mexicanos, que además colabora con un papel importantísimo en la polinización y preservación de ecosistemas, así como en garantizar la seguridad alimentaria de millones de personas.

Existen más de 43 mil apicultores a nivel nacional, quienes en los últimos 10 años su trabajo ha colocado a México como el quinto lugar como exportador de miel y el noveno lugar como productor de miel. Se cuenta con un inventario de colmenas de 2 millones 172 mil 107, lo que aportó a que se produjeran 61 mil toneladas de este dulce producto con un valor estimado en 2 278 810 (miles de pesos). En cuanto a su exportación se considera un promedio anual de 33 mil toneladas teniendo como principales clientes a Alemania y Reino Unido de Gran Bretaña

(https://www.gob.mx/agricultura/articulos/la-apicultura-en-mexico?id iom=es).

Resulta así necesario, por los argumentos vertidos con anterioridad que nuestro país a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, emprenda acciones integrales y concretas para lograr una campaña de certificación de productos apícolas que genere un programa que atienda de manera específica al sector, ya que anteriormente se integraba dentro de los programas de apoyo a ganaderos, pero con necesidades totalmente distintas, hoy los programas ganaderos no señalan de manera expresa como se implementarán apoyos al sector apícola, por lo cual han quedado relegados del impulso federal.

Resulta preocupante que actualmente no se cuente con un programa específico que englobe las peticiones y necesidades del sector apícola, pero sobre todo no hay una categoría administrativa y ejecutiva, que atienda, canalice y resuelva las problemáticas del sector apícola, sector de gran importancia que por la particularidad de su desarrollo, necesita acciones y seguimiento específico para su crecimiento.

Por lo expuesto sometemos a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados de manera atenta y respetuosa exhorta al Ejecutivo federal la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a implantar una reestructura orgánica de la Sader para la creación de una dirección específica en materia de apicultura, así como la operación de un programa específico de apoyo a los apicultores, en el cual se otorguen desde equipos e infraestructura para optimizar procesos de producción, etiquetado, almacenamiento y envasado, hasta la adquisición de material y equipo biológico, entre otros, que permita incrementar la producción y exportación de miel y productos derivados de la apicultura.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 3 de marzo de 2021.

Diputada Mónica Almeida López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos locales, los ayuntamientos y las alcaldías a integrar en las direcciones de protección civil una unidad de seguridad apícola e implantar protocolos específicos para conservar, rescatar y reubicar enjambres de abejas en caso de invasión de espacios donde generen peligro a la población, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en la facultad que otorga la fracción I del artículo 6, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados; la que suscribe, diputada Mónica Almeida López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pone a consideración de esta asamblea legislativa el siguiente; punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas, los ayuntamientos y alcaldías del país, a integrar dentro de las Direcciones de Protección Civil, una Unidad Especializada en Protección Apícola e implementar protocolos específicos con el fin de conservar, rescatar y reubicar enjambres de abejas en caso de invasión en espacios que puedan generar un peligro a la población, de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

Albert Einstein (1879-1955) dijo: las abejas son muy importantes para el desarrollo del hombre ya que sin ellas, el 60% de las frutas y verduras que hoy consumimos desaparecerían al no ser polinizadas; según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 75% de los cultivos alimentarios a nivel global dependen de la polinización por insectos y otros animales, por ello la importancia de la conservación y preservación de estos maravillosos insectos, los cuales por diversas causas migran desde los medios rurales hacia los urbanos.

Las abejas son uno de los polinizadores más importantes para el planeta: 1 de cada 3 alimentos dependen de ellas para su producción, e indirectamente nos proveen de productos como ropa, cera, cosméticos, miel, e incluso oxígeno. México es uno de los países con mayor diversidad de abejas en América, con alrededor de 2000 especies, aunque generalmente las asociamos con un insecto marrón con franjas oscuras en el abdomen, la especie Apis mellifera, es la más utilizada por los productores de miel.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), México cuenta con 2 millones 300 mil colmenas, más de 43 mil apicultores y es el séptimo país productor de miel a nivel mundial, con 60 mil toneladas al año y se ha convertido en una actividad esencial para conservar los ecosistemas y como el sustento de miles de familias mexicanas, teniendo en esta actividad un amplio espectro de oportunidades económicas.

Con la llegada de la primavera hay mayor diversidad de flores y con ello los enjambres de abejas salen de la colmena en busca de un nuevo hogar; los enjambres son un grupo de abejas, con su reina, que abandonan la colmena original para establecerse en otros lugares como parques, jardines o casas por accidente; una vez que son detectados, para evitar accidentes por picadura, se recomienda que no se moleste al enjambre, no intentar retirar o eliminarlos por su cuenta, no destruir las trampas caza-enjambres, evitar la proximidad y los movimientos bruscos ya que estos insectos no atacan si no son molestados, desafortunadamente no existe la concientización suficiente de la población ni las mejores prácticas de las autoridades para atender este tipo de situaciones.

Desde la década de los ochenta, la llegada de las abejas africanizadas al país cambió la relación que tienen las personas con estos insectos, debido al temor que ocasiona la posibilidad de ser atacado por el enjambre, lo cual derivó que, ante el desconocimiento y falta de protocolos de reubicación e identificación de insectos, estos fueran exterminados y no reubicados, ante el peligro que se pudiera ocasionar a otras personas o animales.

Posterior a esto, algunos Ayuntamientos del País percatándose de la importancia de proteger a las abejas, pero también a su población, como el caso de Zapopan Jalisco, no solo han implementado protocolos para atender este tipo de situaciones, sino que incluso cuentan con una unidad o dirección especializada, debido a la importancia que reviste el manejo de estos insectos tan importantes para los ecosistemas. Por lo tanto, el rescate de los enjambres para su reubicación y aprovechamiento, es verdaderamente importante para la sociedad a fin de seguir ayudando al ecosistema, teniendo en las acciones de rescate y reubicación uno de los pilares para su conservación, es por ello importante que estas acciones se deban realizar por parte de un personal técnico capacitado, que lejos de acabar con la vida de estos insectos represente un mecanismo para su conservación.

Rescatar y reubicar las colonias de abejas, no es tan simple como mover una colmena de sitio. Se deben tener en cuenta distancias, factores medioambientales, estado poblacional de la colmena y tener una operativa acertada para sufrir las menos bajas posibles y reducir el estrés de la colmena, para poder ser reubicadas en espacios donde puedan preservar su vida, pero además evitar el peligro a la población, es por ello que ante esta esta situación se considera urgente que existan unidades especializadas y los protocolos para conservar la vida de las abejas ante la invasión en lugares que pongan en riesgo a la población.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de este pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Por el que se exhorta a las entidades federativas, los ayuntamientos y alcaldías del país, a integrar dentro de las Direcciones de Protección Civil, una unidad especializada en protección apícola e implementar protocolos específicos con el fin de conservar, rescatar y reubicar enjambres de abejas en caso de invasión en espacios que puedan generar un peligro a la población.

Único. La Cámara de Diputados de manera atenta y respetuosa exhorta a las entidades federativas, los ayuntamientos y alcaldías del país, a integrar dentro de las Direcciones de Protección Civil, una unidad especializada en protección apícola e implementar protocolos específicos con el fin de conservar, rescatar y reubicar enjambres de abejas en caso de invasión en espacios que puedan generar un peligro a la población.

Ciudad de México, a 3 de marzo de 2021.

Palacio Legislativo de San Lázaro de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Diputada Mónica Almeida López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a emitir mediante decreto una estampilla conmemorativa del bicentenario de la Marina-Armada de México; y a la Lotenal, a expedir un billete de lotería conmemorativo al respecto, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en la facultad que otorga los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados; la que suscribe, diputada Mónica Almeida López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, así como las diputadas Idalia Reyes Miguel, María del Rosario Guzmán Avilés, Olga Patricia Sosa Ruiz, Mariana Dunyaska García Rojas y los diputados Julio Carranza Aréas, Juan Ortiz Guarneros y José Mario Osuna Medina, de diversos grupos parlamentarios, ponemos a consideración de esta asamblea Legislativa la siguiente proposición con punto de acuerdo, que tiene por objeto girar atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal para que, mediante decreto emita una estampilla conmemorativa del bicentenario de la Marina-Armada de México; asimismo al titular de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública para que expida un billete de lotería conmemorativo del bicentenario de la Marina-Armada de México, al tenor de los siguientes razonamientos de hecho y de derecho que se señalan en las siguientes

Consideraciones

La Armada de México es una institución militar nacional, de carácter permanente, cuya misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país. Para cumplir con esta encomienda, la Armada desempeña dos roles fundamentales:

• Como Marina de Guerra, se enfoca en la defensa marítima del territorio, para garantizar la independencia, soberanía y la integridad del territorio nacional.

• Como Guardia Costera, se enfoca en mantener el Estado de Derecho en las zonas marina mexicanas y la salvaguarda de la vida humana en el mar.

La Armada de México, es responsable de ejercer el Poder Naval de la Federación, esta institución militar nacional, de carácter permanente, busca contribuir en todo momento con el desarrollo marítimo del país, al velar por la seguridad en nuestros mares.

El próximo 4 de octubre del año 2021, se conmemorará el bicentenario de la Marina-Armada de México, la cual tiene sus orígenes después de la firma del Acta de Independencia de México del 28 de septiembre de 1821. La Soberana Junta Gubernativa y la Regencia, encabezado por el General Agustín de Iturbide, ordenaron la creación del Ministerio de Guerra con encargo de la Marina el 4 de octubre del mismo año, como parte del despacho de Guerra y Marina, con el objetivo de defender la soberanía, siendo la primera línea de defensa de nuestra nación.

Diversos hechos históricos han enarbolado la grandeza y tradición de la Marina-Armada de México, mismos que han dado forma a nuestra patria, siempre en defensa de la soberanía de aguas, costas e islas nacionales, y el mantenimiento del orden constitucional, entre los cuales podemos nombrar los siguientes:1

• El 4 de octubre de 1821, tras conseguir nuestra Independencia se crea el primer Ministerio de Guerra y Marina, bajo el mando del Teniente de Navío Antonio de Medina Miranda.

• Año de 1822. Se crea el primer Batallón de Marina, para la defensa de nuestros litorales marítimos, el cual nace junto con el proceso de consolidación de la Independencia Nacional.

• 23 de noviembre de 1825. La corona española se negaba a reconocer la independencia de México, por lo que la recién creada Armada Nacional, tuvo la encomienda de consolidar la libertad del pueblo mexicano, adquiriendo embarcaciones que fueron comandadas por el Capitán de Fragata Pedro Sainz de Baranda y Borreyro, estableciendo un bloqueo naval en la fortaleza de San Juan de Ulúa, Veracruz; donde estuvieron atrincheradas tropas españolas, logrando hacer efectiva su rendición, asegurando la soberanía nacional.

Cabe hacer mención que, en recuerdo a este memorable hecho histórico, se estableció mediante decreto presidencial1 que, a partir del 23 de noviembre de 1991, esta fecha se considerara como el “Día de la Armada de México”.

• 1832-1847. La Armada mexicana constituye la primera línea de defensa de la Nación, cuando las agresiones del exterior han llegado a través del mar. Nuestra Marina de Guerra defendió la soberanía nacional y luchó por evitar la fragmentación territorial durante el siglo XIX, lo que hizo acorde a sus propias circunstancias y desarrollo. De esta manera combatió a la Armada de Texas en sus intentos separatistas; enfrentó a la flota del Contralmirante Charles Baudin en la guerra con Francia; mientras que, en la Guerra con Estados Unidos de América, la Armada Nacional dificultó el avance de la invasión estadounidense en el Golfo de México.

• 15 de abril de 1914. El Estado de Sinaloa es testigo de la Batalla aeronaval de Topolobampo, uno de los primeros combates aeronavales en el mundo, cuando el cañonero Tampico y el biplano Sonora, se enfrentaron bajo la bandera de la Revolución.

• 21 de abril de 1914. El fracaso del régimen del Presidente Victoriano Huerta se debió a múltiples factores. En materia de seguridad interna enfrentó el levantamiento armado de Zapatistas, Villistas y Carrancistas, grupos que no lo reconocieron y que acabaron por derrocarlo. En el terreno internacional, enfrentó el creciente desafío impuesto por Washington. A inicios de febrero de 1914, el periodo de “espera vigilante” había llegado a su fin. La sospecha de invasión se reforzó con el incidente de Tampico ocurrido el 9 de abril, lo que desembocó finalmente en la invasión al puerto de Veracruz el 21 de abril de 1914. La defensa del puerto de Veracruz quedó a cargo de los cadetes y personal de la Escuela Naval Militar bajo el liderazgo del Comodoro Manuel Azueta Perillos, arengó a los cadetes de la Escuela Naval con “¡A las armas muchachos, la patria está en peligro!, el grupo de voluntarios civiles, y la población en general hombres, mujeres y niños dieron la vida en defensa de su patria, defendieron en esta gesta heroica el puerto de Veracruz.

• 5 de febrero de 1917. Nacionalización de la Marina, con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo 32 indica que para pertenecer a la Marina Nacional se requiere ser mexicano por nacimiento.

A partir de la promulgación de esta Constitución, para poder pertenecer a la Marina de Guerra o Mercante, se debía cumplir con el requisito de la nacionalidad mexicana. El 1º de junio de 1917 se materializó el Artículo 32, cuando el buque mercante Tabasco fue el primero que navegó con tripulación mexicana.

En razón a lo anterior, mediante decreto presidencial3 se decretó que cada 1° de junio se conmemorara el “Día de la Marina”, por haber sido ese día, pero de 1917 cuando entró en vigor el artículo 32 constitucional en el puerto de Veracruz.

• 31 de diciembre de 1940. Se crea la Secretaría de Marina, al reformarse la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, con el propósito general de organizar, administrar y preparar la Armada de México.

• 9 de enero de 1966. Se pone en ejercicio por primera vez el Plan MARINA. La Comandancia General de la Armada, emite Mandos Navales el denominado Plan de Emergencias y Desastres. Así la institución naval participa y lleva a cabo acciones para apoyar a la población en situaciones de desastre.

• El 4 de noviembre de 1975, el presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, envió al Congreso dos iniciativas que a la postre transformarían el territorio nacional y la Marina-Armada jugó un papel muy importante. La primera fue un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero de 1976, donde se adicionaba con un octavo párrafo el artículo 27 Constitucional, para establecer la Zona Económica Exclusiva de 200 millas náuticas, medidas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial.4 La segunda fue una Ley Reglamentaria al párrafo octavo del artículo 27 Constitucional, estableciendo el Proyecto de Convención sobre el Derecho del Mar.

Con esta acción el territorio nacional alcanzó una superficie aproximada de 2 millones 400 mil kilómetros cuadrados. También se logró establecer los derechos de soberanía de la nación sobre los recursos naturales renovables y no renovables en toda la extensión del Golfo de California. Este fue una de las acciones más relevantes de finales de los años setenta, pues se estableció de manera clara que ningún extranjero podía realizar actividades de exploración o explotación pesquera o aprovechamiento de ningún recurso renovable o no renovable, ni estudios para este u otro fin, sin autorización expresa de las autoridades correspondientes, lo que represento para la Armada, un mayor un incremento en su responsabilidad en la vigilancia y resguardo del territorio nacional.

• 29 de julio de 1982. El Buque Escuela Velero ARM Cuauhtémoc BE-01, fue entregado a su primera tripulación y abanderado el 25 de septiembre del mismo año, en el Puerto de Veracruz.

• 3 de septiembre de 2007, con antecedentes desde 1954. Esta institución naval es nombrada la única autoridad a nivel nacional, ejecutora de los convenios internacionales en materia de protección marítima y búsqueda y rescate, entre otros.

• 17 de junio de 2017. Le es conferido a la Secretaría de Marina ejercer la Autoridad Marítima Nacional, por tratarse de la institución que cuenta con el personal y la capacidad operativa necesarios para que México se encuentre a la altura de los retos actuales en materia de protección y seguridad marítima.

Como es de apreciarse la historia de la Armada de México, es base del México actual, teniendo la misión permanente de la defensa de la soberanía nacional y la salvaguarda de la seguridad interior, reafirmando el compromiso con la sociedad mexicana, en el mar, en la tierra y en el aire.

La Armada de México, como Marina de Guerra, se conforma por dos Fuerzas Navales, que constituyen la primera línea de defensa marítima en alta mar en ambos litorales, con capacidad de ejecutar diversos tipos de operaciones anfibias, de superficie y aeronavales.

Ahora bien, la Armada de México en funciones de Guardia Costera, tiene presencia en el Mar Territorial y Zona Económica Exclusiva, al realizar operaciones diferentes a las de guerra, utilizando medios navales para el mantenimiento del Estado de Derecho y el cumplimiento del orden jurídico nacional en zonas marinas, costas y recintos portuarios. Las operaciones anteriores, incluyen, pero no se limitan, a:

• La búsqueda y rescate.

• Protección del tráfico marítimo y al medio marino.

• Acciones de vigilancia, verificación, visita e inspección a las embarcaciones tanto nacionales como extranjeras en las zonas marinas mexicanas, costas y recintos portuarios.

• Auxilio a la población en zonas de desastre y ayuda humanitaria.

Para el cumplimiento de sus funciones, cada Mando Naval cuenta con unidades operativas adecuadas, entre las que podemos destacar las siguientes:

• Buques de patrulla oceánica, de patrulla costera y patrullas interceptoras.

• Aeronaves de patrulla aérea marítima.

• Helicópteros de búsqueda y rescate, intercepción y apoyo a operaciones terrestres.

• Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima.

• Batallones de Infantería de Marina.

• Unidades de Protección Marítima y Portuaria.

Para cumplir con su misión, la Armada de México distribuye sus unidades operativas a lo largo de las zonas marinas mexicanas, optimizando sus capacidades, para buscar el control, la protección y seguridad efectiva de los mares, costas y puertos nacionales. Esta institución cuenta con personal capaz de realizar tareas de inspección y aseguramiento de posibles infractores, para preservar la integridad del territorio y mantener el orden constitucional del Estado mexicano. Además, brinda apoyo a las autoridades de los tres niveles de gobierno, en cuanto a la seguridad interior del país.

Las Regiones Navales en funciones de Guardia Costera, desarrollan operaciones de manera permanente en la Zona Costera (10 kilómetros tierra adentro a partir de la costa) y en el Mar Territorial (12 millas náuticas a partir de la costa), a fin de mantener mayor presencia, control y vigilancia de las actividades marítimas y portuarias de nuestro país.

En la Zona Económica Exclusiva realizan operaciones con aeronaves de patrulla marítima de gran autonomía, buques, helicópteros y patrullas embarcadas, con el fin de salvaguardar la vida humana en el mar, mantener la vigilancia del tráfico marítimo y proteger nuestros recursos naturales. Por su parte, las Fuerzas Navales operan en alta mar, es decir más allá de las 200 millas náuticas, cuando es necesario, principalmente en misiones de búsqueda y rescate, así como para ofrecer ayuda humanitaria internacional.

La condición bioceánica de nuestro país permite registrar actividades como la pesca, la investigación oceanográfica, el turismo náutico, el comercio marítimo, la exploración y producción petrolera, y la generación de energía eléctrica; de tal forma que un elemento indispensable para el desarrollo marítimo nacional descansa en la Armada de México, la cual contribuye brindando protección y seguridad marítima y portuaria, impulsando la industria naval, la investigación científica marina y la protección al medio marino.

Es de destacarse también la actividad permanente humanitaria que desarrolla esta institución. La Armada de México, históricamente ha estado vinculada a labores de búsqueda, rescate y salvamento de la vida humana en la mar, actividad que con el transcurrir de los años evolucionó hasta convertirse en el Plan Marina, para auxiliar a la población en casos y zonas de emergencia o desastre, tanto en el mar como en la tierra, del cual podemos destacar algunos momentos históricos:

• A mediados de la década de 1950 se aplicó el Plan de Auxilio a la población civil, cuando el huracán “Hilda” afecto a la población del sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz que generó grandes inundaciones y 11,400 damnificados. Ante estos hechos, la Armada de México rescató a más de 1,000 personas de áreas inundadas y de embarcaciones naufragadas, además distribuyó víveres y agua a los afectados. El 9 de enero de 1966 la Comandancia General de la Armada de México emitió a los Mandos Navales el denominado Plan para Emergencias y Desastres, el cual puso en operación, cuando en octubre de ese mismo año el huracán “Inés” afectó a los estados de Tamaulipas y Veracruz, que dejó a 80,000 personas sin hogar y requirió la evacuación de casi 30 mil damnificados.

• El 19 de septiembre de 1985, un sismo de 8.1 grados en la escala de Richter sacudió la Ciudad de México del que provocó la muerte de 6,000 personas y 20,000 heridos, además de 500 edificios derrumbados o dañados. Debido a los daños del sismo, la Brigada de Rescate y Salvamento de la Armada de México se dio a la tarea de realizar las labores de rescate de personas, recuperación de cadáveres, suministro de alimentos, agua potable y apoyo en la reconstrucción.

• En 1995 un sismo de gran magnitud sacudió el puerto de Manzanillo, Colima, que provocó la muerte a 49 personas y miles de damnificados; por otro lado, un tsunami de 5 metros de altura afectó las costas de Jalisco y Colima. Por estas circunstancias la Armada de México, a través del Mando de la Región Naval, destinó personal para la integración de brigadas de búsqueda y rescate de personas en los edificios colapsados.

En 1997 el huracán “Paulina” afectó el puerto de Acapulco, Guerrero, que dejó 350 muertos 300,000 damnificados, por lo que la institución destinó helicópteros para asistir a la población afectada, así como víveres, agua potable y atención médica en los albergues con damnificados.

• En 2005 durante el paso del huracán “Wilma”, en Quintana Roo.

• En 2013, los fenómenos hidrometeorológicos “Manuel” e “Ingrid” afectaron 23 estados de la República Mexicana, por lo que la Secretaría de Marina desplegó 4,993 efectivos, evacuó a 15,300 personas a sitios seguros y se distribuyeron 45,000 despensas, así como 150,000 litros de agua.

• En 2014, el huracán “Odile” afectó la parte sur de la península de Baja California, por lo que se desplegaron 2,000 efectivos, se transportó 153 vehículos en apoyo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), asimismo, a 5,900 personas a zonas seguras; además se distribuyeron 45,000 despensas y más de 100 toneladas de agua a los damnificados.

• En 2015, la Armada de México implementó el Plan Marina en el Hospital Materno Infantil, ubicado en Cuajimalpa, Ciudad de México, que fue afectado por una explosión que provocó una pipa al suministrar combustible en el área de cocina del nosocomio.

• En 2015, el huracán “Patricia” devastó las costas de Colima y Jalisco.

• En 2017 los fenómenos hidrometeorológicos “Norma”, “Katia” y “Max”, además de los terremotos, uno de 8.2 y otro de 7.1 grados que afectaron a los estados de Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Morelos, Puebla y la Ciudad de México, provocó que la Armada de México aplicara el Plan Marina, el cual desplegó 14,090 efectivos, estableció puentes aéreos y marítimos, evacuó a 690 personas de las áreas afectadas, transportó y distribuyó 10,282 despensas y 100,000 litros de agua, además de desplegar 13 cocinas móviles. Asimismo, brindó atención médica, transporte, limpieza de casas y calles, además de incluir el retiro de escombros. En cuanto a la Ciudad de México, la Secretaría de Marina lideró, junto con otras dependencias de gobierno, el rescate de 115 personas. Durante estos hechos, “Frida” como parte del binomio canino de la Armada de México, entró en acción en las labores de rescate. Cabe mencionar que este elemento canino ha desempeñado acciones fuera del país, como Haití y Ecuador; además cuenta con 53 localizaciones en estructuras colapsadas y deslaves: 12 han sido personas vivas y 41 cuerpos.

• 28 de febrero de 2020. Se activa el Plan MARINA, en su fase de prevención, con la finalidad de reforzar la estrategia para enfrentar la pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad denominada COVID-19.

• A nivel internacional podemos mencionar la ayuda humanitaria que en el año 2010 realizaron en el país de Haití, tras el sismo producido que devasto a este país; así como la ayuda que zarpo a bordo de buque “Zapoteco” y el “Papaloapan” ante la afectación del Huracán “Katrina” que devastó a los Estados Unidos de Norte América y la ayuda humanitaria a Indonesia.

Los diferentes hechos históricos, así como las proezas realizadas por la Marina-Armada de México, son dignos de reconocerse, ya que en todos los casos la Armada lanza sus medios, asumiendo los riesgos inherentes en protección de la sociedad con todo el esfuerzo de su personal, aún a costa de sus propias vidas.

En tal sentido, el presente punto de acuerdo pretende reconocer y honrar a la Marina-Armada, así como a los elementos mexicanos que han entregado esfuerzo, valor y disciplina para proteger a la sociedad mexicana ante diferentes adversidades como las que ha dejado la pandemia del COVID-19. Ante esto se propone dos actividades en el marco del Bicentenario de su creación, la primera consistente en la emisión de estampillas postales mismas que son un medio ideal para conmemorar los hechos históricos de transcendencia nacional, así el servicio público de correos, como actividad estratégica a cargo del Estado favorece la comunicación, el conocimiento de los valores culturales, sociales y cívicos de nuestro país. La segunda activad consiste en la emisión de un billete de lotería conmemorativo de los 200 años que este año 2021 cumplirá esta Institución, de tal forma que este billete de lotería que, por su extensa distribución nacional y la gran aceptación entre los habitantes del país, es el medio óptimo para hacer accesible a todos los ciudadanos la labor que desarrolla en beneficio de todos los mexicanos esta noble institución.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión LXIV Legislatura, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, mediante decreto, a más tardar el 23 de noviembre de 2021, emita una estampilla postal conmemorativa del Bicentenario de la Marina-Armada de México.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión LXIV Legislatura, exhorta respetuosamente al titular de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a que, a más tardar el 23 de noviembre de 2021, expida un billete de lotería conmemorativo del Bicentenario de la Marina-Armada de México.

Notas

1 Semar. (7 de octubre de 2020). Periódico naval. Obtenido de:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/590134/_Periodico_OCTUBRE_compressed.pdf

2 Segob. (s.f.). Diario Oficial de la Federación. Obtenido de
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4760499&fecha=22/11/1991

3 Segob. (s.f.). Diario Oficial de la Federación. Publicado el 30 de abril de 1942. Obtenido de:

http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4515840&fecha=30/04/1942&cod_diario=192307

4 Cámara de Diputados. (mayo de 2020). Reformas Constitucionales por Artículo. Obtenido de
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_083_06feb76_ima.pdf

Ciudad de México, a 3 de marzo de 2021.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, honorable Congreso de la Unión.

Diputada Mónica Almeida López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la estrategia nacional de vacunación contra el Covid-19, a cargo del diputado Antonio Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Antonio Ortega Martínez, diputado de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante de Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

El artículo cuarto de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud entendido como, el derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar.

En ese sentido, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la protección de la salud a la población, a través de la garantía al acceso adecuado a servicios de salud que ofrece el sistema público.

En México existe una situación compleja y preocúpate, porque desde el inicio de la pandemia se ha mantenido una tendencia de crecimiento y aumentando los casos de personas con Covid-19 así como de los fallecimientos, pero también por el impacto económico y social de la pandemia. De acuerdo con información de la Unidad de Inteligencia en Salud Pública, el pasado 22 de febrero se agregaron al registro 2 mil 252 contagios por el coronavirus SARS-CoV-2, para un acumulado de 2 millones 43 mil 632 casos confirmados, así como 180 mil 536 los fallecimientos por Covid-19 en el país, informó en la conferencia vespertina de Salud Ricardo Cortés, titular de la Dirección General de Promoción de la Salud de la Secretaria de Salud.

La ausencia de una respuesta adecuada a la pandemia se encuentra ligada a varios aspectos, por un lado, a la centralización que se dio del sistema de salud con la desaparición del seguro popular y las consecuentes ausencias de leyes y reglamentos de operación derivados de la iniciativa de ley que dio origen al INSABI, que sumados a la crisis de infraestructura en Salud que caracteriza a nuestro país tiene cómo resultado el que nos encontremos en los primeros lugares de las listas de países con más muertos durante esta pandemia.

Cabe señalar que en el ranking de resiliencia a Covid-19 se evaluaron 59 economías de más de 200 000 millones de dólares con 10 métricas consideradas «clave»: aumento de los casos de Covid-19, tasa de mortalidad, capacidad de pruebas diagnósticas y acuerdos para garantizar el stock de vacunas.

El pasado noviembre México se consolidó como el peor país para estar durante la pandemia, según indicó el “Ranking de resiliencia Covid” de 53 naciones de diversas regiones del mundo elaborado por Bloomberg. Entre los puntos de alarma que señala Bloomberg está un índice de letalidad de 7,5 %, el mayor de los 53 países estudiados. También resaltan las 1.156 muertes por cada millón de habitantes y un índice de positividad de 41,1 %, lo que implica que las autoridades no detectan una cantidad significativa de contagios.1

El Gobierno actual ha incurrido en graves errores y omisiones, que se transforman en acciones ineficientes que han provocado que la pandemia se transforme en una catástrofe en nuestro país.

El origen del fracaso de la estrategia frente a la pandemia radica en la minimización del riesgo y letalidad de esta, declaraciones y afirmaciones emitidas desde los diferentes mecanismos de comunicación del Gobierno Federal han traído consecuencias irreparables para nuestro País, la retórica presidencial tiene como consecuencia la extinción de cientos de miles de vidas que pudieron haberse evitado si existiera una estrategia real que enfrente la pandemia.

Afortunadamente para la población de nuestro país, en el mundo han existido diferentes proyectos de diversos gobiernos que junto a laboratorios e investigadores han realizado trabajos titánicos con la finalidad de presentar una opción viable de vacunación contra el Covid-19. Dichos esfuerzos han generado resultados dando origen a diversas y variadas vacunas que están siendo aplicadas a millones de personas en el mundo.

Los esfuerzos por tener una vacuna iniciaron a nivel mundial en los meses de abril y mayo del año pasado, mientras que, para el caso de nuestro país y producto de la terquedad de nuestras autoridades, en nuestro país los primeros esfuerzos para lograr concretar el acceso a una vacuna tuvieron sus primeros visos hasta mediados del año pasado.

En agosto de 2020 la Fundación Carlos Slim anunció la firma de un acuerdo con AstraZeneca y Argentina para contribuir. Elías Ayub, también director de Fundación Telmex, dijo que lo que había concretado es adelantar el dinero para comprar los insumos, los materiales, la maquinaria “que se necesita para la fabricación de la vacuna con la tecnología de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. El también director de alianzas estratégicas de América Móvil recordó que la Fundación Slim no garantiza la vacuna. “Nosotros garantizamos que se empiece la producción antes de tiempo para traerla a Latinoamérica“.2

El secretario Ebrard. Señaló el 10 de noviembre de 2020 que México tiene un acuerdo de pre-compra para cubrir a hasta 17.2 millones de personas. El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, suscribió el día 2 de diciembre un el convenio de fabricación y suministro de vacuna Covid-19 entre el Gobierno de México y Pfizer para adquirir 34.4 millones de vacunas, así lo informó a través de su cuenta de Twitter. La Cofepris aprobó el pasado 12 de diciembre el uso de la vacuna de Pfizer y el 4 de enero de 2021 aprobó la utilización de la vacuna de AztraZeneca. Hasta el momento ya son cinco vacunas autorizadas por Cofepris: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, CanSino y Sputnik V.

Los anteriores anuncios por parte del Ejecutivo se han visto empañados por un sin fin de problemáticas, en el arranque de los procesos de vacunación el común denominador ha sido el caos, la improvisación y el huso político y electoral de la vacuna.

El primer lote de vacunas llegó a nuestro país a fines de diciembre, con lo que arrancó el proceso de vacunación. De acuerdo con el cronograma presentado por el gobierno federal, entre enero y febrero deberán quedar inmunizados un millón 135 médicos, enfermeros y personal médico, entre febrero y abril más de 15 millones de adultos de 60 años y más, entre abril y mayo más de 13 millones de adultos de 50 a 59 años, entre mayo y junio más de 16 millones de personas de 40 a 49 años y de junio de 2021 a marzo de 2022 la meta es de 58 millones de personas de 16 a 39 años.

Sin embargo, al día 22 de febrero la secretaría de Salud informó que se han aplicado un millón 733 mil 404 dosis de vacunas contra Covid en México. Del personal médico, 652 mil 499 han recibido la primera dosis y 456 mil 217 el esquema completo de vacunación; 17 mil 463 maestros han sido inoculados y 608 mil 275 adultos mayores. Lo que mantendría muy alejada a la realidad de las metas del plan de vacunación.

La logística es sin duda indispensable para cumplir las metas del plan de vacunación, empero aunado a la estrategia, es imprescindible la asignación de recursos pasa por la asignación de recursos presupuestales suficientes, para adquirir las dosis necesarias con el objetivo de que ninguna mexicana ni ningún mexicano se quede sin la posibilidad de acceder a una vacuna gratuita.

En referencia a este tema es necesario recordar que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2021, los diputados de Morena se negaron a aprobar el etiquetar recursos para la compra y aplicación de vacunas contra Covid-19. En el presupuesto del año 2021 no existe ningún rubro o partida específica destinada a la compra de esas vacunas, por lo que no existe certeza de recursos suficientes para adquirirla.

Hasta hoy, solo son de dominio público aspectos generales sobre la estrategia de compra y aplicación de vacunas, estrategia sujeta fundamentalmente a la fortuita obtención de vacunas producto de donaciones y caridad de diversas naciones que atienden el llamado desesperado de solidaridad del gobierno mexicano. El plan de vacunación se encuentra sujeto a la buena voluntad de gobiernos extranjeros, un proceso que debería estar basado en estándares científicos y técnicos para evitar improvisaciones, sesgo político y cualquier otra medida que afecte el acceso a la vacuna.

Los acuerdos firmados entre el gobierno de México y las farmacéuticas que proveerán al país de vacunas contra la Covid-19 están clasificados como información confidencial y no se puede hacer público ningún dato sobre los mismos, incluyendo lo relativo a las negociaciones previas a que se firmaran los convenios. La argumentación del gobierno de México señala que hacer pública dicha información “podría causar daño en la obtención de la vacuna para atender a la población de la República Mexicana”.

Existe opacidad en los procesos de adquisición, compra, distribución y proyección de la aplicación de la vacuna, los criterios para la definición de los lugares de aplicación de la vacuna son meramente electorales

La poca información referente a contratos, fechas de entrega, costos y disponibilidad de las vacunas, en los ahora varios, supuestos contratos para la adquisición de vacunas, sumado a la disparidad existente entre la supuesta estrategia y las cambiantes tomas de decisión que distan mucho de representar un plan, y más bien reflejan el sello característico de la improvisación en esta administración nos obliga a reflexionar sobre la importancia de reconocer y señalar que existe una serie de problemas que es fundamental reconocer.

Debemos ser responsables y señalar que: La pandemia no está controlada, el Estado mexicano debe actuar con prontitud y con efectividad en el proceso de vacunación para detener la enfermedad, a través de una estrategia de vacunación que debe ser clarificada y corregida, a la par de realizar los esfuerzos que sean necesarios para transparentar todos los procesos de compras, contratos, montos, dosis, fechas de entrega de los diversos lotes de vacunas.

Es evidente el hecho de que el Gobierno mexicano no construyó una estrategia previsoria para la adquisición de vacunas y mucho menos un esfuerzo real por invertir en el desarrollo y construcción de una vacuna con miras a la previa adquisición de compromisos con laboratorios o naciones que garantizaran el accesos a la vacuna, la reacción fue tardía y hoy tenemos como consecuencia una estrategia de vacunación caracterizada por la lentitud a causa de la insuficiencia de dosis.

Aunado a lo anterior es primordial reconocer que la política nacional de vacunación contra el SARS-Cov2, para prevenir el Covid-19 en México, es un fracaso, los datos reflejados en los números oficiales de personas vacunadas dejan ver una estrategia fallida y con claros visos de haber comenzado con graves carencias de planeación, las decisiones de focalización en su aplicación carecen claramente de criterios técnicos y científicos. La cantidad de vacunas necesitadas, así como su distribución y la calendarización planeada no empatan.

Por todo lo antes expuesto y reconociendo la urgente necesidad de atender de manera eficiente la lucha en contra del Covid-19, mediante la estrategia de vacunación es que se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y La Secretaría de Relaciones Exteriores para que haga de dominio público los procesos de compra de las vacunas contra el Covid-19.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a garantizar el derecho a la salud de los mexicanos mediante el replanteamiento de la estrategia, de adquisición e implantación de la vacuna contra el Covid- 19, conforme a los siguientes puntos:

• Transparentar el proceso de vacunación

• Priorizar a los médicos y la primera línea de lucha contra el Covid en el proceso de vacunación para que de manera inmediata dicho personal concluya su esquema de vacunación frente al Covid -19.

• Retirar al personal de los siervos de la nación del proceso de vacunación.

• Profundizar el esquema de pruebas, que ayuden a la identificación de casos y su inmediato aislamiento con la finalidad de romper las cadenas de contagio.

• Replantear las definiciones de regiones de vacunación y esquemas.

Notas

1 Véase https://www.bloomberg.com/graphics/covid-resilienceranking/#ranking

2 Forbes Staff agosto/14/2020, Carlos Slim dio la orden para producir vacunas en México: ‘¡cierren el trato, se necesita salvar vidas!’, recuperado de: https://www.forbes.com.mx/millonarios-carlos-slim-busca-salvar-la-mayor -cantidad-de-vidas-posibles/

Palacio legislativo, a 3 de marzo de 2021

Diputado Antonio Ortega Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader a crear la certificación de carne proveniente del proceso de “ganadería sustentable” en razón de prácticas de conservación ecológica través de la NOM-050-ZOO-1995 que lleve la actividad ganadera a disminuir el grado de impacto ambiental, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en la facultad que otorga la fracción I del artículo 6, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados; la que suscribe, diputada Mónica Almeida López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pone a consideración de esta asamblea legislativa el siguiente punto de acuerdo, que tiene por objeto girar atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a crear la certificación de carne proveniente del proceso de “ganadería sustentable” en razón de prácticas de conservación ecológica través de la NOM-050-ZOO-1995, que lleve a la actividad ganadera a disminuir su grado de impacto ambiental; al tenor de los siguientes razonamientos de hecho y de derecho que se señalan en las siguientes

Consideraciones

En México la actividad del campo resulta ser una de las principales actividades económicas, la ganadería, una de las principales actividades del sector primario de nuestro país, asimismo se constituye como uno de los elementos más importantes en la alimentación de todos los mexicanos ya que además de proveer productos cárnicos, esta actividad también se relaciona con la fabricación de lácteos como el queso, crema, mantequilla y leche. Nuestro territorio nacional se caracteriza por ser ganadero, contando con grandes áreas donde se desarrollan principalmente las ganaderías bovina, porcina, ovina, caprina y aviar.

En este sentido, la exportación de ganado bovino en pie a los Estados Unidos de América, el cual es reportado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), en colaboración con Servicio Nacional De Sanidad, Inocuidad Y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), con un promedio superior a las 900 mil cabezas al año,1 lo que la convierte en una de las actividades pecuarias más importantes del país.

Sin embargo esta actividad también resulta ser la más contaminante del planeta, el sistema ‘tradicional’ ganadero en regiones tropicales y subtropicales, como las de varios estados de la república, se ha caracterizado por una expansión de áreas para pastoreo con la consecuente disminución de vegetación boscosa y de zonas arboladas, aumento de la erosión y de la degradación del suelo, junto con el uso de fertilizantes químicos, herbicidas, insecticidas, desparasitantes y antibióticos para los animales.

Ello ha propiciado un grave deterioro del capital natural y pérdidas económicas para los ganaderos, lo que se traduce en un círculo vicioso: menor productividad-mayor intensidad en el uso de químicos-menor productividad. Como ha señalado en múltiples publicaciones el Dr. Gonzalo Halffter, investigador emérito del Inecol, “la ganadería convencional no es sostenible ambientalmente a largo plazo”,2 particularmente en el sur-sureste del país.

De ahí que es impostergable instrumentar sistemas silvopastoriles adecuados al entorno natural y ecológico de cada región, que consisten en combinar el desarrollo de varios tipos de pastos, leguminosas herbáceas, árboles y arbustos forrajeros; reintroducir o multiplicar la fauna en los suelos; incrementar la cobertura vegetal y la biodiversidad; reducir/eliminar las fuentes de contaminación del agua; y establecer prácticas de pastoreo y de alimentación animal sustentables, de manera que mejoren la productividad y la rentabilidad ganadera.

El termino Ganadería Sustentable implica un conjunto de actividades cuyo propósito es mantener y sobre todo mejorar la actividad productiva y bienestar de los mismos ganaderos, sin deterioro del medio ambiente. Compartiendo este objetivo común se desprenden distintas estrategias entre las principales se cuentan: el Sistema Silvopastoril, el Pastoreo Racional, el Pastoreo Rotacional Intensivo, el Manejo Holístico y la Ganadería Diversificada, entre otros. En estos sistemas hay mayor oferta forrajera, además del pasto hay árboles y arbustos forrajeros o de usos múltiples, donde se maneja al ganado a mayor densidad por tiempos cortos.

Esto aumenta el número y diversidad de plantas que comen los animales, reduciendo así su selectividad y presión sobre la vegetación nativa, aumentando la fertilización natural y permitiendo la recuperación de zonas muy degradadas. Los sistemas de pastoreo mencionados son productivos económicamente, permiten el uso racional de los recursos naturales (suelo, agua y biodiversidad), incrementando la cobertura vegetal y la captura de carbono, a la vez que reducen la compactación del suelo, la contaminación del agua y la dependencia de insumos externos, todo lo cual permite su sustentabilidad.

Con esto es que se pretende llegar a transformar el modo en el que se lleva a cabo la ganadería en el territorio nacional y cómo es manejado nuestro ganado, en ese sentido es que se busca que a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural sea creada una nueva certificación con grado de “Alimento proveniente de ganadería sustentable” con lo que se busca incentivar al sector a que el costo del producto sea un poco más buscado por la contribución que genera al planeta en la disminución de los gases de efecto invernadero y su impacto ambiental.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera atenta y respetuosa a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a crear la certificación de carne proveniente del proceso de “Ganadería Sustentable” en razón de prácticas de conservación ecológica través de la NOM-050-ZOO-1995 que lleve a la actividad ganadera a disminuir su grado de impacto ambiental.

Nota

1 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera,(28 de enero de 2021). Gobierno de México . Obtenido de

https://www.gob.mx/siap/prensa/exportacion-de-ganado-bov ino-103649?idiom=es

2 https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/mariano-ruiz-funes/ganaderia-su stentable-el-tiempo-y-los-recursos-se-agotan

Ciudad de México, a 3 de marzo de 2021.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, honorable Congreso de la Unión.

Diputada Mónica Almeida López (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 20 de febrero, Día del Camarógrafo, a cargo de la diputada Cynthia Iliana López Castro, del Grupo Parlamentario del PRI

Cada 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Camarógrafo, aunque hasta el momento aún no existe un dato oficial de cuándo dio inicio dicha conmemoración; sin embargo, hay países que han optado por establecer otro día para realizarla como, por ejemplo, Panamá lo celebra el 6 de febrero, Colombia el 20 de febrero, al igual que en México, mientras que en Argentina lo celebran cada 29 de junio.

Un poco de historia. La invención de la fotografía se anunció el 19 de agosto de 1839 ante la Academia de Ciencias de París, por su creador Louis Daguerre, que posteriormente entró en México en el año de 1840 aproximadamente, de la mano de franceses, norteamericanos y alemanes.

Luego con el cine y la aparición de la televisión, surgió el camarógrafo, un operador de cámara quien se encarga del manejo de las cámaras de video, aunque en la mayoría de los casos son figuras invisibles que no gozan del mismo reconocimiento que los periodistas o fotógrafos; no obstante, el cine sí los reconoce, ejemplo de ello son los mexicanos Gabriel Figueroa, Guillermo Navarro, Emmanuel Lubezki y Rodrigo Prieto.

El Día del Camarógrafo, nos brinda una valiosa oportunidad para recordar y homenajear a quienes detrás de una lente, capturan momentos que se quedan para la historia.

El camarógrafo de televisión y video es un técnico creador de imágenes que cuenta con la habilidad y capacidad de manejar eficazmente el instrumental a su cargo; sabe operar la cámara, sus accesorios y derivados, no importa el formato, con el objetivo de adaptarse a los cambios y evolución tecnológica que cambia permanentemente.

La relevancia de conmemorar a los camarógrafos no es únicamente un acto que reconoce su trayectoria, también, ha dado lugar a premios nacionales e internacionales de periodismo y cinematografía. Entre ellos, destaca el Premio Nacional de Periodismo, los Premios Ariel, el Premio a la Foto Global de la Prensa y los premios Óscar de la Academia, principalmente.

Los camarógrafos desempeñan cada día una admirable y destacada labor de capturar imágenes, momentos especiales y decisivos, poniendo muchas veces en riesgo su integridad y la propia vida para dejar registro fotográfico y audiovisual, que será de suma relevancia para construir la historia de un país y del mundo entero.

Sin duda, los camarógrafos son indispensables en los medios de comunicación, toda vez que son los encargados de captar lo que será noticia e informando el acontecer diario.

El 20 de febrero se hace un reconocimiento a estos profesionales que captan los mejores momentos a través de su lente y se busca conmemorar a todos aquellos que han sido víctimas en el ejercicio de su labor.

Por las anteriores consideraciones, los legisladores no podemos ser omisos a los cientos de camarógrafos que existen en todo el territorio nacional, que bajo condiciones adversas, se enfrentan día a día a una realidad que los ha desprotegido, poniendo en riesgo su integridad, y mostrado pocos incentivos para mejorar sus condiciones de trabajo.

En la mayoría de los casos son figuras invisibles, a pesar de que su labor es sumamente importante dentro de los medios de comunicación. No obstante, su situación siempre ha sido precaria, pero la pandemia del coronavirus Covid-19 vino a agudizar ese contexto.

Hoy más que nunca, su misión requiere de generosidad y valentía, ya que en la circunstancia actual y con sus propios medios, salen a la calle buscando dar visibilidad a esas historias reales, que contribuyen a la construcción de la democracia del país.

Lamentablemente, la mayoría de los camarógrafos no cuentan con el apoyo mínimo por parte de las empresas y en solitario, habitualmente se enfrentan cada día al riesgo de un contagio.

De acuerdo con redes estatales y nacionales de periodistas en México, desde que inició la pandemia han perdido la vida seis camarógrafos: Jonathan Gonzalo Arana Chan, del ayuntamiento de Solidaridad, en Quintana Roo; Jesús Tomás Pérez García, de Noticias de Multimedios Televisión; Ernesto Morales, de MeganoticiasMx; Noé López Suárez, de TV Azteca Monterrey; Héctor Cuenca, realizador en ForoTV; Claudio Barrientos Coalla, de TV Azteca Veracruz; y Gerardo Rivas Cajero, del diario Excélsior .

Nuestro reconocimiento a estos profesionales que dejaron una importante huella en la población y la sociedad en su conjunto.

Reiteramos nuestra admiración y respeto por su valioso trabajo a quienes con su talento y creatividad, y con su inseparable cámara, han plasmado momentos significativos y construyen historias que quedan en nuestra memoria.

En el marco de esta conmemoración, es un honor reconocer y felicitar a los camarógrafos de México, por la extraordinaria labor que realizan, pese a las adversidades que enfrentan.

Los camarógrafos son de vital importancia para construir la historia de un país. Por ello, los invitamos a seguir legislando para fortalecer el marco jurídico y mejorar las condiciones para el mejor desempeño de estos profesionales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2021.

Diputada Cynthia López Castro (rúbrica)