Proposiciones

• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Consejo Técnico del IMSS a ampliar y garantizar el periodo de conservación de derechos a que se refiere el artículo 109 de la Ley del Seguro Social para atender la crisis sanitaria y laboral provocada por el SARS-Cov2, a cargo del diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a emitir la declaratoria de desastre respecto a Tamaulipas y realizar las acciones conducentes a liberar recursos presupuestales suficientes como apoyo para atender el campo tamaulipeco, afectado con las heladas de febrero, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP, la Ssa y sus homólogas locales a analizar la viabilidad de incrementar en 100 por ciento el salario del personal médico y de salud que se encuentra en la primera línea de atención de la pandemia provocada por el SARS-Cov2, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del PT
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades a fortalecer las acciones para prevenir y atender el embarazo de niñas y adolescentes en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SHCP y la Sectur a valorar la factibilidad de crear una política de apoyo extraordinario para los municipios más afectados por la pandemia del SARS-Cov2, a cargo de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la república a designar al secretario ejecutivo del Sipinna, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Colima a realizar con los distintos órdenes de gobierno acciones para reestablecer la paz y la tranquilidad sociales antes que concluya el mandato de su mandatario, Ignacio Peralta Sánchez, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a considerar como grupo prioritario en la cobertura del plan nacional de vacunación contra el SARS-Cov2 a la población indígena, en términos de la recomendación de la OPS, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Barradas, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a instruir al personal de la estrategia nacional de inmunización contra el SARS-Cov2 para que informe de manera precisa a los usuarios sobre el tipo de vacuna que recibirán, a cargo de la diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a garantizar por la SHCP recursos suficientes para que las dependencias encargadas de los asuntos migratorios proporcionen de manera eficaz y oportuna la atención y el acompañamiento a que legítimamente tienen derecho quienes retornan al país por deportación o decisión propia, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SHCP, la Sectur y el ayuntamiento de Ixtapa Zihuatanejo a valorar la factibilidad de crear políticas de apoyo extraordinario para los municipios más afectados por la pandemia de Covid-19, a cargo de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos locales a armonizar las leyes respectivas; y a los correspondientes Poderes Ejecutivos, a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a cargo de la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE a respetar el orden normativo conforme a las fuentes formales del derecho y la jerarquización de las normas jurídicas respecto a la implantación de las urnas electrónicas en la elección del 6 de junio de 2021, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a incluir al personal activo de las corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno en los grupos prioritarios que recibirán la vacuna contra el SARS-Cov2, a cargo de la diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Fiscalía General de Guerrero a cumplir y llevar a cabo de manera diligente y exhaustiva la averiguación sobre las diversas denuncias por delitos sexuales contra Félix Salgado Macedonio que permitan determinar el estatus jurídico y la procedencia del ejercicio de la acción penal para garantizar a las víctimas el pleno ejercicio de sus derechos y el acceso efectivo a la justicia, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, relativo a atender la problemática de la comunidad indígena de Ayotitlán, en Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, suscrita por las diputadas Laura Imelda Pérez Segura e Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa, el Insabi, la Cofepris y Birmex a abstenerse de importar medicamentos sin registro sanitario conforme a la normativa nacional y con empaques en idiomas ininteligibles para la mayoría de los mexicanos, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a incluir en su plantilla laboral al menos a 5 por ciento de personas con discapacidad para garantizarles el acceso a oportunidades de trabajo e incorporarlas a la PEA, a cargo del diputado Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara a esclarecer las observaciones formuladas por la ASF correspondientes a la Cuenta Pública de 2019, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a elaborar un programa de trabajo para incorporar en el régimen laboral del sistema nacional de salud al personal médico residente que atiende a pacientes con SARS-Cov2, a cargo de la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar tanto al gobierno y la Secretaría de Educación de Jalisco como a la SEP a resolver la falta de pago a los profesores del Sindicato Único de Académicos del Colegio de Bachilleres Jalisco y detener las represalias contra esa organización, suscrita por las diputadas Laura Imelda Pérez Segura y Lorena del Socorro Jiménez Andrade, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE, a detener la quema de combustóleo en la termoeléctrica de Salamanca, Guanajuato, que incrementa la contaminación atmosférica por el aumento de dióxido de azufre, a cargo del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat a evaluar el impacto ambiental en las zonas aledañas a los crematorios de cadáveres humanos para identificar la calidad del aire respecto a niveles de dioxinas y furanos presentes, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a reconsiderar por la SCT y Capufe el aumento del peaje, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a evaluar por la SCT y la SHCP la posibilidad de reducir las tarifas de las casetas de cobro para favorecer a los usuarios y reactivar la economía, antes la situación generada por el Covid-19, a cargo del diputado Miguel Prado de los Santos, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SFP y la FGR a efectuar una investigación para deslindar responsabilidades y sancionar a los servidores públicos involucrados en desvíos de recursos y corrupción en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, suscrita por el diputado Ricardo Villarreal García e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob y la Ssa a tomar medidas para que los adultos mayores de 60 años que tienen problemas con su CURP puedan registrarse y tener acceso a la vacuna contra el Covid-19, a cargo de la diputada María del Carmen Quiroz Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sectur, la Semarnat y la SRE a emprender acciones encaminadas a fortalecer el turismo sustentable, las buenas prácticas y el fomento del conocimiento y uso de la biodiversidad, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Bienestar a considerar publicar cuanto antes otra convocatoria para obtener un nuevo censo de los negocios que no alcanzaron a registrarse y puedan ser acreedores a los microcréditos de la SE, a cargo de la diputada María del Carmen Quiroz Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a Pemex a destinar recursos para el mantenimiento de los complejos petroquímicos de Cangrejera, Cosoleacaque, Morelos y Pajaritos, a cargo de la diputada Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar al IMSS y el ISSSTE a proporcionar en sus unidades de primer nivel de atención tratamiento integral de la hepatitis C y garantizarlo desde la detección hasta la cura en un tiempo máximo de tres meses, suscrita por las diputadas María Marivel Solís Barrera y Alejandra Pani Barragán, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de homologar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Civil Federal en los estados para prohibir en todos los ámbitos el castigo corporal y humillante como método correctivo o disciplinario, a cargo del diputado Marco Antonio González Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena

Efemérides

• Con motivo del 24 de febrero, Día de la Bandera de México, a cargo del diputado Martha Huerta Hernández, del Grupo Parlamentario del PT

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Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Consejo Técnico del IMSS a ampliar y garantizar el periodo de conservación de derechos a que se refiere el artículo 109 de la Ley del Seguro Social para atender la crisis sanitaria y laboral provocada por el SARS-Cov2, a cargo del diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, David Bautista Rivera, diputado federal del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad Covid-19, ha traído diversas consecuencias perjudiciales a la humanidad y la sociedad en general. Es por todos sabido cómo el distanciamiento social y la cuarentena, que son las principales medidas que están siendo utilizadas para contrarrestar la Covid-19 a nivel global, están afectando a la actividad económica, desacelerando o incluso interrumpiendo el proceso económico, lo que desemboca en desempleo, inflación, devaluación, desigualdad y, en general, en pobreza y precariedad en gran parte de la sociedad.

Las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) son que la pandemia amenaza con borrar 13 años de movilidad social en nuestra región y dejar 215 millones de pobres; México sería el país con mayor riesgo de pobreza extrema o al menos así lo secundan las especulaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que van desde 8.9 y 9.8 millones de personas con un ingreso por debajo de la Línea de Pobreza por Ingresos, hasta los 6.1 y 10.7 millones de personas con un ingreso por debajo de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos.

Es por eso, que al día de hoy, es obligatorio señalar el deterioro económico y, sobretodo, laboral que se ha presentado con esta pandemia, la cual ha provocado, según reveló el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se reduzca en 8.8 por ciento la cantidad de horas de trabajo en el mundo en 2020, el equivalente a 255 millones de empleos o a 3.7 billones de dólares o al 4.4 por ciento del PIB mundial, aproximadamente cuatro veces más que en la crisis financiera de 2009.1

En Latinoamérica, una de las zonas con más dependencia en la economía informal y muy vulnerable a impactos como el causado por la pandemia, se sufrió la mayor pérdida relativa de horas de trabajo, del 16.2 por ciento, equivalente a 39 millones de empleos. Las dos mayores economías de la región, Brasil y México, sufrieron pérdidas del 15 por ciento y 12.5 por ciento.2

Particularmente, en nuestro país, el 2020 dejó una pérdida total de 640 mil 710 puestos de trabajo registrados ante el IMSS, la mayor pérdida para el periodo desde que se tienen datos (1997). Este desempeño durante el año anterior muestra la severidad que tuvo la llegada de la pandemia de Covid-19 a México. Especialmente, en los meses de mayor afectación por la crisis sanitaria (marzo a julio), el registro de trabajadores asegurados del IMSS perdió un total de 1 millón 117 mil 584 plazas.3

Siendo los sectores de la construcción, el comercio y la industria manufacturera los que concentraron las caídas más pronunciadas en su personal ocupado total. Aunque en general, el mercado laboral nacional y todos los sectores han experimentado bajas laborales, recortes y pérdida de ingresos, estos sectores de manera especial han resentido los efectos del Covid-19.4

Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/economia/5-graficos-sobre-el-impacto-de l-coronavirus-en-el-mercado-laboral-20200816-0010.html

Con la reapertura parcial de la actividad económica nacional se observaron recuperaciones mensuales en agosto, septiembre, octubre y noviembre, sin embargo, estos empleos en su mayoría son eventuales y mal pagados, ya que el 41 por ciento de los empleos creados en México durante la pandemia fueron por contrato eventual, y 8 de cada 10 trabajadores perciben salarios bajos. En general, el saldo acumulado marzo-diciembre 2020 en el número de puestos de trabajo registrados ante el IMSS se ubica en terreno negativo con una eliminación total de 839 mil 804 puestos.

Fuente: https://www.animalpolitico.com/2021/01/asi-impacto-pandemia-gerenacion- empleo-2020-covid/

Durante el último mes de 2020, el registro del IMSS perdió un total de 277 mil 820 puestos de trabajo, cifra que reflejó una eliminación generalizada a nivel estatal. En particular, 28 estados de la República Mexicana tuvieron pérdidas en sus registros del IMSS durante diciembre, donde la CDMX, el estado de México y Nuevo León mostraron las eliminaciones más pronunciadas.5

Aunque algunos centros de trabajo están implementando políticas laborales temporales, para asegurar la continuidad de trabajo, que implican el uso de la tecnología para minimizar el contacto entre las personas, conocido como trabajo a distancia o home office, así como la flexibilidad en los horarios de actividad, reorganización de turnos y escalonamiento de jornadas, esto, como lo muestran las cifras citadas, no ha sido posible para todos.

Además, es importante señalar que, en medio de este contexto de emergencia sanitaria, el desempleo se presenta como una doble problemática. Es decir, además de la falta de ingresos del trabajador, existe una ausencia de derechos laborales y beneficios sociales como lo son compensaciones y remuneraciones de carácter monetario, en especie o estratégicas, el derecho individual y colectivo de trabajo, y el derecho de la seguridad social. Especialmente, este último punto, se torna paradójicamente crítico en este contexto, pues el trabajador al quedar sin ingresos se queda imposibilitado para pagar servicios de salud tan demandados en tiempos de pandemia.

En consecuencia, resulta indispensable, atender al artículo 109 de la Ley de Seguridad Social, el cual se establece de la siguiente manera:

Artículo 109. El asegurado que quede privado de trabajo remunerado, pero que haya cubierto inmediatamente antes de tal privación un mínimo de ocho cotizaciones semanales ininterrumpidas conservará durante las ocho semanas posteriores a la desocupación, el derecho a recibir, exclusivamente la asistencia médica y de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria. Del mismo derecho disfrutarán sus beneficiarios.

El Ejecutivo federal podrá solicitar al Consejo Técnico que se amplíe el periodo de conservación de derechos a que se refiere el párrafo anterior, cuando a su juicio las condiciones económicas y laborales del país así lo requieran, y determinará las condiciones específicas en que operará la conservación de los derechos que al efecto correspondan, los requisitos necesarios para otorgarla y la vigencia que en cada caso se determine. En este supuesto el gobierno federal proveerá de manera oportuna y suficiente al Instituto de los recursos necesarios para financiar los costos adicionales que dicha medida represente. El Instituto al efecto deberá llevar registros contables por separado de su operación ordinaria.

Para dichos propósitos, los recursos que el gobierno federal destine deberán considerarse expresamente en el correspondiente Presupuesto de Egresos de la Federación.

Los trabajadores que se encuentren en estado de huelga recibirán las prestaciones médicas durante el tiempo que dure aquél.

En resumen, dicho artículo dispone, sustancialmente, que el trabajador y sus beneficiarios tendrán el derecho a recibir asistencia médica de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria dentro de ocho semanas posteriores a la baja del asegurado, siempre y cuando haya cubierto, cuando menos ocho semanas de cotización ininterrumpidas antes de la baja.

Sin embargo, en muchas ocasiones, el patrón deja de pagar las cuotas de servicio y tramita la baja del seguro social, por lo que el empleado no podrá atenderse en ningún hospital del IMSS. Es decir, en el momento en que una persona es dada de baja del IMSS, aunque conserve su trabajo y reciba su sueldo vía nómina, empiezan a contar las ocho semanas del “periodo de conservación de derechos”, por lo que se recomienda verificar, constantemente, la vigencia de acceso al Seguro Social.

En respuesta a esto, en octubre del 2012, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito emitió una publicación en el sentido de que por “humanidad” se debe continuar brindando la atención médica a un trabajador o a su beneficiario, aunque el plazo referido de las 8 semanas ya haya terminado, en razón de que se atentaría contra el derecho a la salud que toda persona debe gozar.

Dicha publicación dictamina que el derecho a la salud que establece el indicado precepto debe interpretarse atendiendo al principio pro-persona, como aquel que la institución de seguridad social debe proporcionar hasta que se encuentren totalmente recuperados el asegurado o sus beneficiarios de las causas por las que solicitaron sus servicios. En estas condiciones, si alguno de los sujetos señalados acude a solicitar atención médica en los términos planteados dentro de las ocho semanas posteriores a la privación del trabajo remunerado y ésta se prolonga por un periodo mayor, no debe dejar de proporcionarse el servicio, en razón de que se atentaría contra el derecho a la salud, entendido como un estado de completo bienestar físico y mental, que se encuentra regulado, a nivel interno, en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los preceptos 25, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador” -instrumentos internacionales de los que México forma parte-, sin que deba limitarse a la salud física del individuo, sino que atento a la propia naturaleza humana, se traduce en un estado de bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social, cuyo pleno disfrute constituye una condición para gozar de los demás derechos.6

Resulta necesario que las autoridades establezcan un control permanente de la atención del IMSS a la pandemia y en general al servicio de salud y no se desestime la importancia de la misma para que las y los trabajadores mexicanos puedan hacer frente a esta difícil situación que todavía no termina. Es por estos motivos que solicitamos al Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, la garantía y ampliación del periodo de conservación de derechos del Seguro Social.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a que amplíe y garantice el periodo de conservación de derechos a los que se refiere el primer párrafo del artículo 109 de la Ley del Seguro Social para atender a la crisis sanitaria y laboral provocada por el SARS-CoV-2.

Notas

1 Milenio “Covid-19 eliminó el equivalente a 255 millones de empleos en 2020” [En Línea] [Fecha de Consulta 16 de febrero de 2021] Disponible en: https://www.milenio.com/negocios/empleos-2020-desaparecieron-255-millon es-coronavirus-oit

2 Ibídem

3 Animal Político “#SemáforoEconómico: así impactó la pandemia en la generación de empleos en 2020” [En Línea] [Fecha de Consulta 17 de febrero de 2021] Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2021/01/asi-impacto-pandemia-gerenacion- empleo-2020-covid/

4 El Economista “5 gráficos sobre el impacto del coronavirus en el mercado laboral” [En Línea] [Fecha de Consulta 17 de febrero de 2021] Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/economia/5-graficos-sobre-el-impacto-de l-coronavirus-en-el-mercado-laboral-20200816-0010.html

5 Ibídem

6 “Ampliación del periodo de conservación de derechos” [En Línea] [Fecha de Consulta 17 de febrero de 2021] Disponible en: https://idconline.mx/seguridad/2012/11/20/ampliacion-del-periodo-de-con servacion-de-derechos

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2021.

Diputado David Bautista Rivera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a emitir la declaratoria de desastre respecto a Tamaulipas y realizar las acciones conducentes a liberar recursos presupuestales suficientes como apoyo para atender el campo tamaulipeco, afectado con las heladas de febrero, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en lo dispuesto por el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, para que en el marco de sus atribuciones se emita la declaratoria de desastre para Tamaulipas y se realicen las acciones necesarias para liberar recursos prersupuestales suficientes que sirvan de apoyos para la atención al campo tamaulipeco, que se vio afectado con las heladas de febrero, perdiendo más de 450 mil hectareas productivas de sorgo y otros productos agricolas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En 2021 la temporada invernal ha presentado heladas extremas que han dejado al norte del país en una difícil situación. Asi es que Tamaulipas de manera particular se ha visto gravemente afectado en su sector agricola productivo. A nivel nacional, Tamaulipas se coloca como el principal estado productor del grano de sorgo ya que aporta aproximadamente 48 por ciento de la producción nacional total de dicho grano, además de ser de los principales productores de citricos y otros productos alimenticios como el maís, algodón y trigo.

El estado cuenta con 1 millón 525 mil 263 hectareas de uso agrícola, de las cuales 551 mil 762 son de riego y 973 mil 501 son de temporal y, uno de los ciclos más importantes es el otoño-invierno, ya que en este, se siembra la mayor cantidad de hectáreas.

De acuerdo a las primeras estimaciones, han resultado siniestradas por las bajas temperaturas un total de 450 mil hectáreas de estos cultivos, en los municipios de San Fernando, Río Bravo y Valle Hermoso, principalmente de las aproximadamente 800 mil hectáreas en las que los principales cultivos son: sorgo, maíz, cártamo, algodón, trigo y cítricos.

Es así que este fenomeno metereológico ha traido perdidas graves al sector agrícola del estado, lo que puede traer consecuencias no solo a los tamaulipecos, sino a todos los mexicanos, por la importancia que tiene el estado como principal productor a nivel nacional.

La economía es simple y actua de manera inercial, cuando hay escasez de ciertos insumos, los productos derivados de ellos, simplemente encarecen y ese puede ser el resultado de la pérdida de estas hectareas de campo productivo.

Ahora bien, en el congreso federal hemos discutido en muchas ocasiones la necesidad de contar con recursos presupuestales que se apliquen para atender y apoyar a los mexicanos en estos casos, se ha señalado que la existencia de los fondos específicos que con base en reglas de operación claras y eficientes, suministren recursos para atender, minimizar y resolver contingencias de este tipo es prioritario y una tendencia internacional probada, por eso lamentamos la desaparición de los fondos y seguros que se presupuestaban para estos efectos.

Ante este escenario, es urgente brindar todas las posibles atenciones al sector afectado, agilizando y maximizando los apoyos para librar de la mejor manera esa contingencia y los efectos que se pueden avecinar derivada de ella.

En este sentido cabe señalar que el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el ejercicio fiscal del año en curso, preve “Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climatico”, destinando recursos para el Programa de fomento a la agricultura, ganadería, pesca y acuicultura de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el Fondo de desastres naturales (Fonden) y el Fondo de Prevención de desastres naturales (Fopreden) en el orden de 8 mil 928 millones 802 mil 186 pesos, presupuesto que se establece para atender esta clase de emergencias. Por lo que es inminente que el gobierno federal libere estos recursos para destinar apoyos al campo tamaulipeco y minimizar los daños de estas heladas.

Este desastre natural nos vuelve a demostrar la importancia de mantener esos rubros de prevención y atención para casos de desastres naturales.

Por todo lo anterior urge que el Ejecutivo federal, mediante las instancias correspondientes emitan la declaratoria de emergcia para los municipios afectados en Tamaulipas y que en el marco de sus atribuciones, instruya a liberar los recursos necesarios para atender esta emergencia con la mayor eficacia y prontitud.

Por lo expuesto, y tomando en cuenta la importancia del asunto, me permito proponer los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, para que en el marco de sus atribuciones instruya a quien corresponda para que se realicen la evaluacio?n y dictamen de los dan?os ocasionados en el campo tamaulipeco por las heladas de este mes de febrero de 2021 y se emita de manera urgente la declaratoria de emergencia para los efectos de que sean liberados los recursos necesarios para apoyar a los productores del campo en el estado de Tamaulipas.

Segundo. Se exhorta al presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador a que gire las instrucciones necesarias para que en el marco de sus atribuciones se realice la inmediata liberación de los recursos económicos necesarios y suficientes, para apoyar, atender y minimizar los efectos negativos en las aproximadamente 450 mil hectáreas productivas del campo tamaulipeco.

Palacio Legisaltivo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2021.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP, la Ssa y sus homólogas locales a analizar la viabilidad de incrementar en 100 por ciento el salario del personal médico y de salud que se encuentra en la primera línea de atención de la pandemia provocada por el SARS-Cov2, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, diputado José Luis Montalvo Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1 fracción I del artículo 6, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, analicen la viabilidad de incrementar en cien por ciento el salario del personal médico y de salud que se encuentra en la primera línea de atención de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2, Covid-19, como reconocimiento a su solidaridad, compromiso y heroísmo con el pueblo de México, bajo las siguientes

Consideraciones

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que: los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus producen infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS). El tipo de coronavirus que se ha descubierto más recientemente ocasiona la enfermedad por coronavirus Covid-19.

El brote de coronavirus Covid-19 identificado en diciembre de 2019 en Wuhan, China, tiene un elevado nivel de contagio y se ha expandido por el orbe, poniendo en crisis a los sistemas de salud de prácticamente todos los países del mundo.

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó como pandemia el brote de coronavirus Covid-19, por la cantidad de casos de contagio y de países afectados. Hasta el 27 de febrero del año 2021, a nivel global, se tenían confirmados más de 114 millones de casos y más de 2.5 millones de muertes.

Hace un año, exactamente el 27 de febrero de 2020, se registró el primer caso importado de coronavirus Covid-19 en nuestro país. Con ello, el gobierno mexicano redobló las acciones para prevenir y contener el contagio de este virus, poniendo énfasis en la promoción del distanciamiento social.

El 24 de marzo de 2020, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, declaró el inicio de la fase 2 por la pandemia del coronavirus Covid-19, es decir, que los casos de contagio se presentaban a nivel local, al contrario de la fase 1 que consiste únicamente se presentaban casos importados.

El 31 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo el decreto por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, en el que se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por Covid-19 en la población residente en el territorio nacional.

México siempre se ha distinguido por salir adelante ante las adversidades, gracias a la solidaridad que nos caracteriza, pero, además, hoy contamos con un Presidente que ha estado a la altura del reto que representa esta crisis sanitaria y económica de alcance global.

Durante esta pandemia, los grandes héroes han sido nuestros médicos y los integrantes del personal de salud que están en la primera línea de atención de los enfermos de Covid-19, demostrando en todo momento una vocación de servicio, empatía y heroísmo, incluso anteponiendo su propio bienestar y el de sus familias.

A diferencia de las administraciones anteriores, el gobierno encabezado por nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador ha promovido distintas acciones para respaldar al personal médico. Destacando los importantes esfuerzos que se han hecho para adquirir el equipo y material adecuado para que el personal de salud se encuentre bien protegido y evitar en la medida de lo posible contagios o decesos.

En el Complejo Cultural los Pinos se habilitó un espacio de descanso para el personal de salud que atiende a enfermos de Covid-19, el cual cuenta con servicios de alimentación, lavandería, limpieza, desinfección de dormitorios, abasto de insumos y traslado a sus hospitales, entre otros servicios a fin de evitar el contagio de sus familiares y seres queridos.

Para apoyar a los familiares del personal de salud en la primera línea de atención del de los enfermos de Covid-19 que lamentablemente fallecieron se les otorgó una protección financiera con una indemnización de 50 mil pesos.

Asimismo, en septiembre de 2020 se entregó la Condecoración Miguel Hidalgo a 58 médicos, médicas, enfermeros y enfermeras que se distinguieron por su labor y atención a los pacientes afectados por el Covid-19. Dicho reconocimiento es la más alta presea que otorga el Estado mexicano a sus nacionales, como reconocimiento a sus méritos, conducta o trayectoria vital ejemplar, relevantes servicios prestados a la patria o a la humanidad y actos heroicos.

El 23 de diciembre de 2020 México se convirtió en el primer país latinoamericano en recibir las vacunas de Covid-19. El Plan Masivo de Vacunación anunciado por el Presidente de la República da cuenta del compromiso por atender la pandemia y representa una esperanza para poder finalmente superar esta terrible enfermedad. En la primera etapa de vacunación se priorizó la atención al personal de salud que atiende a pacientes infectados con el Covid-19.

La Secretaría de Salud anunció el 20 de febrero de 2021 que 648 mil 162 personas trabajadoras de la salud que atienden pacientes Covid-19 han recibido la primera dosis y 445 mil 418 tienen ya el esquema completo, es decir, se han aplicado 1 millón 93 mil 580 vacunas al personal de salud.

En ello radica la oportunidad y trascendencia del presente punto de acuerdo en virtud de que busca reconocer la labor de todas y todos los médicos y personal de salud, que protegen, salvan y resguardan la vida de cada uno de las y los mexicanos, en estos momentos tan difíciles provocada por el Covid-19, más allá del justo reconocimiento que se merecen, estimamos que no debe quedar en lo retórico y tiene que pasar a un incentivo tangible como lo es un incremento en su salario del cien por ciento.

En el Partido del Trabajo sabemos que de aplausos no se vive y por ello es necesario incrementar la remuneración de los héroes de esta pandemia porque son ejemplo de la solidaridad y la hermandad que caracteriza al pueblo de México.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo reafirmamos nuestro compromiso con las y los médicos y el personal de salud y seguiremos trabajando para alcanzar mejores condiciones laborales para ellos y sus familias.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, analicen la viabilidad de incrementar en cien por ciento el salario del personal médico y de salud que se encuentra en la primera línea de atención de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2, Covid-19, como reconocimiento a su solidaridad, compromiso y heroísmo con el pueblo de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2021.

Diputado José Luis Montalvo Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades a fortalecer las acciones para prevenir y atender el embarazo de niñas y adolescentes en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del numeral 1 del artículo 6; numeral 1, fracción II del artículo 79 y numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las medidas para el manejo y control de la emergencia sanitaria por Covid-19 han puesto en evidencia las enormes carencias que tenemos como sociedad y sobre todo las enormes desigualdades que seguimos enfrentando y que desafortunadamente se incrementarán y se harán aún más grandes después de que pase la crisis sanitaria.

Mucho se ha dicho que después de la emergencia por Covid se avecinan otras crisis como la económica y por supuesto la de otras esferas de atención a la salud, ya que, pretextando que deben priorizarse los recursos económicos, materiales y humanos para atender la emergencia sanitaria, muchos otros temas han quedado relegados.

Para muestra un botón, la salud sexual y reproductiva, la salud mental que se han visto deterioradas por las medidas de confinamiento pero que afecta de forma más severa a poblaciones que se encuentran en condiciones de mayor riego y vulnerabilidad, tal es el caso de las niñas, niños y adolescentes.

México es el país con las tasas más altas de embarazos adolescentes, alrededor de 73 de cada mil partos corresponden a madres de entre 15 a 19 años, las estimaciones del Ejecutivo indican que entre 2020 y 2021 el número total de embarazos adolescentes sumarán los 191 mil 948, cerca de 22 mil más de los esperados, lo que supone un aumento de 12 por ciento respecto a 2019.

En esa ruta estadística y considerando las dificultades para el acceso a los servicios de anticoncepción durante la pandemia, los cálculos del Consejo Nacional de Población (Conapo) estiman que las consultas se han reducido en 20 por ciento por miedo a los contagios, ello impacta en el incremento de embarazos no deseados. A ello se añaden las dificultades reales para acceder a un aborto en muchas entidades del país.1

Las medidas para el manejo de la pandemia, en específico el confinamiento, frena los contagios, pero impacta en el acceso de las y los adolescentes a la información sobre salud sexual y reproductiva, pues las escuelas están cerradas y los delitos sexuales contra niñas y niños van en aumento.

Françoise Girard, presidenta de la Coalición Internacional para la Salud de las Mujeres, precisó que “a nivel mundial, a medida que la Covid-19 se expandió, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, desde servicios de rutina y pruebas de enfermedades de transmisión sexual (ETS), hasta la atención prenatal, anticoncepción y aborto, han sufrido significativamente”, agregó que cuando ocurre este tipo de crisis, los servicios de salud sexual siempre son vulnerables a “caer” ante la lista de prioridades de quienes toman las decisiones.3

En América Latina se estima un retroceso de 40 años para los derechos reproductivos de las mujeres, debido a la pandemia del Covid-19, así lo consideró Federico Tobar, asesor regional para América Latina y el Caribe de aseguramiento de insumos de salud reproductiva.

Sumado a los obstáculos para el acceso a los servicios de salud reproductiva nos enfrentamos a que detrás de los embarazos en menores de 15 años siempre hay que considerar violencia sexual o violencia social, por ejemplo, en algunas comunidades indígenas, se entiende que si a los 19 años de edad no te has casado, ya nunca lo harás, por eso las niñas son madres muy pronto, vendidas, en ocasiones, para matrimonios concertados, como lo ha señalado la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.3

En 2019, estimaciones de Conapo señalaban que una de cada 12 niñas de 12 a 19 años ha estado casada o vive en unión libre, que en cifras absolutas se traduce en 69 mil 934 y 629 mil 409 niñas, respectivamente; de ellas, 4.6 por ciento son 11 años o más jóvenes que su pareja.4

Nuestro país rompió récord en casos de violencia sexual infantil en 2019, al registrar más de 3 mil 461 denuncias por este delito (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública)5 ello sin soslayar que los índices de denuncia son muy bajos y que de cada 100 denuncias sólo diez llegan a juicio.

El abuso sexual constituye una de las formas de violencia más crueles e inhumanas que se ejerce contra la niñez, cuyas cifras continúan aumentando en nuestro país. Sin embargo, muchos de los casos de abuso sexual ocurren ante la mirada indiferente de las familias, las comunidades, y las instituciones del Estado con la obligación de garantizar los derechos de la niñez. Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sitúan a México en el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual infantil, con 5.4 millones de casos al año. Se calcula que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños, sufren violación antes de cumplir la mayoría de edad. (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi). La tasa de violación de niñas y niños en México es de mil 764 por cada 100 mil (Inegi).6

En este orden de ideas, es necesario subrayar que nuestro país cuenta con el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sippina)7 instancia que posibilita una política de Estado para garantizar los derechos de los más de 40 millones de niñas, niños y adolescentes en México. En este sentido, su función es vigilar que las políticas públicas del Estado mexicano atiendan el interés superior de la niñez, es decir, que toda actuación gubernamental proteja y promueva que las niñas, niños y adolescentes ejerzan sus derechos y vivan una vida digna.8

Por ello, desde su creación el Sippina ha tenido resultados para la niñez que son históricos. Este sistema como una política pública específica de atención a la niñez y adolescencia ha avanzado en rutas de atención a diversas problemáticas entre ellas el embarazo adolescente, la atención de las violencias. Sin embargo, todos estos esfuerzos han sido insuficientes para reducir los índices de embarazos no deseados en niñas y adolescentes.

Por otra parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en el capítulo octavo el Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal.

Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 46. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por :

I. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual ;

II. La corrupción de personas menores de dieciocho años de edad.

III. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación , y demás conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables;

Las autoridades competentes deberán considerar la perspectiva de género en las situaciones de violencia.

Las leyes generales, federales y de las entidades federativas deberán establecer las disposiciones que orientarán las políticas de prevención, protección, atención, sanción y erradicación de los supuestos a que se refieren las fracciones anteriores.

Las autoridades competentes están obligadas a implementar medidas especiales para prevenir, sancionar y reparar las conductas previstas en este artículo para niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

Derivado de lo anterior, corresponde a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Fiscalía General de la Republica y sus homólogas en las entidades federativas tomar las medidas necesarias para prevenir, investigar y erradicar el abuso sexual infantil.

Pese a este panorama aterrador, seguimos sin tener una verdadera política de prevención y atención a esta problemática.

El gobierno federal ha implementado a partir de 2015 la Estrategia de Prevención de Embarazo Adolescente pero los resultados no han sido contundentes y lejos estamos de cumplir el objetivo “reducir el número de embarazos en adolescentes en México con absoluto respeto a los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos. Sus dos grandes metas son: a) Reducir el embarazo en adolescentes es una de las principales metas de la Enapea. Para ello, se plantea disminuir a cero los nacimientos en niñas de 10 a 14 años y reducir 50 por ciento la tasa especifica de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años (TEF15-19) para el año 2030”.9

El acceso a servicios de salud reproductiva afecta a la población en general, pero de manera particular al sector más joven, sobre todo si consideramos que la edad de la primera relación sexual en México es baja especialmente en zonas rurales o pauperizadas, lo que se suma a que no hay centros de salud y por ende la información sobre salud sexual y reproductiva es escasa.

Si bien existen los Servicios Amigables de salud para adolescentes, como espacios diseñados especialmente para proporcionar atención en materia de salud sexual y reproductiva mujeres y hombres de 10 a 19 años de edad, sólo se cuenta con 2 mil 870 repartidos en 32 entidades federativas.10

El pasado 6 de abril de 2020 en el marco de las medidas tomadas ante la pandemia de Covid-19, se publicó en el sitio web oficial habilitado por el gobierno federal el comunicado Autoridades federales y locales deben garantizar acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en emergencia sanitaria por Covid19 11 en dicho comunicado se señalaban entre otras la obligación de garantizar:

1. El acceso a métodos anticonceptivos modernos y al esquema de doble protección: Para evitar la saturación y los traslados innecesarios se deberá dotar a mujeres, hombres, personas de la diversidad sexogenérica y adolescentes, de insumos suficientes para tres meses o más en el caso de los métodos temporales y de barrera.

Asimismo, se deberá favorecer el acceso a métodos de larga duración.

Por su parte, el Instituto Nacional de las Mujeres lanzó un comunicado el 6 de mayo de 2020, Proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos y promover una respuesta que tenga en cuenta el género en la crisis del Covid-19, 12 en el que se establece que:

“Las necesidades de salud sexual y reproductiva, incluidos los servicios de apoyo psicosocial y los de protección contra la violencia de género, deben declarase prioritarios...

Y también pedimos a los gobiernos del mundo que garanticen el acceso pleno y sin obstáculos a los servicios de salud sexual y reproductiva de todas las mujeres y niñas adolescentes .”

Es urgente trabajar en la implementación de programas educativos que puedan empoderar a los adolescentes, permitiéndoles acceder a conocimiento, información y capacitación que favorezcan la prevención de embarazos no planificados, además de recordar que existen métodos anticonceptivos reversibles de larga duración, cuya eficacia no depende de la adherencia por parte de las usuarias y que permiten posponer la maternidad por algunos años.13

Si bien, el 2020 tuvo condiciones adversas debidas a la pandemia, ya desde 2019 el Gipea construyó la “Declaración de compromisos de la Enapea al 2030”14 que son una buena guía sobre lo que falta, destacamos los siguientes:

• Fortalecer la coordinación intersectorial , interinstitucional y entre órdenes de gobierno, a través del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Gipea); así como reforzar los esfuerzos locales para la prevención del embarazo en adolescentes, a través del fortalecimiento de los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.

• Impulsar la asignación de recursos presupuestales etiquetados para la ejecución de la ENAPEA, con la finalidad de garantizar su continuidad y logro de sus objetivos. En particular, asegurar recursos etiquetados para la compra de métodos anticonceptivos.

• Incrementar la oferta y calidad de la atención de los servicios de salud sexual y reproductiva para niñas, niños y adolescentes, de conformidad a lo establecido en la NOM 047-SSA2-2015, Para la atención a la salud del Grupo Etario de 10 a 19 años, asegurando el acceso efectivo a una gama completa de métodos anticonceptivos y enfatizando la doble protección, para garantizar una elección libre e informada y la corresponsabilidad del varón en el ejercicio de la sexualidad.

• Prevenir, atender y sancionar la violencia contra las niñas y adolescentes; garantizando que aquéllas con un embarazo producto de la violencia sexual puedan acceder a la interrupción legal y voluntaria de éste, bajo los criterios que señala la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención y la Ley General de Víctimas.

• Incorporar la participación efectiva de niñas, niños y adolescentes en el diseño, ejecución y evaluación de acciones para la prevención del embarazo en adolescentes y la erradicación del embarazo infantil .

• Fortalecer en planes y programas de estudio la educación sexual integral y reproductiva, desde un enfoque de género y de derechos humanos, con información científica, relevante, pertinente y de acuerdo con el desarrollo evolutivo de las personas; que permita a niñas, niños y adolescentes, comprender la construcción social y cultural de la sexualidad; así como su importancia en el desarrollo y salud integral, de acuerdo con el artículo tercero constitucional.

• Impulsar mecanismos para la rendición de cuentas, garantizando evaluaciones periódicas de la Enapea.

Existe un consenso entre el gobierno, academia, profesionales de la salud y sociedad civil, de que los resultados en la salud sexual y reproductiva de las mujeres en México no han sido los esperados y que los mecanismos de financiamiento, regulación, formación de recursos humanos y sobre todo la prestación del servicio: cómo se ofertan y se utilizan los servicios de salud reproductiva; tiene que transformarse.

Parte de la transformación que se necesita en este rubro promueve la inclusión de otros perfiles de profesionales de la salud en la prestación de servicios en salud sexual y reproductiva, tal como sería la partera y espacios de primer nivel de atención como centros de salud o unidades de no hospitalaria, para brindar los servicios y no centrar la atención exclusiva en unidades hospitalarias.

Concentrar la atención de la salud sexual y reproductiva en unidades hospitalarias, enfatiza un enfoque de atención contrario a lo que se requiere que es la prevención de embarazos en niñas y adolescentes, por tanto es imperativo transformar ese enfoque y aceptar que existen otras posibilidades como contar con unidades no hospitalarias, en las que otros perfiles profesionales además del médico, por ejemplo, las parteras, pueden trabajar de forma interdisciplinaria y diseñar estrategias más cercanas y adecuadas a contexto que enfrentan las niñas y adolescentes, cabe señalar que ya hemos presentado una iniciativa suscrita por legisladoras de todos los grupos parlamentarios, encaminada a fortalecer y dar certeza legal a las unidades de partería y casa de atención a la mujer como una opción viable para atender la salud sexual y reproductiva.

Los embarazos adolescentes son resultado de múltiples factores e inician un círculo vicioso que deviene en abandono escolar y la consecuente perpetuación de condiciones de pobreza, violencia y otra serie de situaciones que merman la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes.

Es prioritario que el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, Gipea,15 particularmente Conapo, en su carácter de ente coordinador de la Enapea, dé a conocer las medidas que ha tomado para reencausar la estrategia, y cumplir con su objetivo: disminuir el número de embarazos en adolescentes y erradicarlo en niñas.

Finalmente, es necesario reiterar la importancia desde el Legislativo y diversas instituciones para cambiar esta realidad y que cada una desde su ámbito de competencia continúe impulsando y fortaleciendo las acciones necesarias para favorecer el desarrollo de niñas y adolescentes, permitiéndoles acceder al conocimiento, información y capacitación orientada a la prevención de embarazos no deseados y así avanzar hacia la construcción de una sociedad más igualitaria.

Por lo expuesto, ponemos a consideración de esta asamblea, lo siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que a través del Consejo Nacional de Población y en el marco de sus facultades y atribuciones como ente coordinador del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes dé a conocer las acciones implementadas para fortalecer la estrategia para la prevención y atención al embarazo de niñas y adolescentes en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Fiscalía General de la República y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a fortalecer todas las acciones necesarias para prevenir, investigar y erradicar todo acto de violencia y abuso sexual infantil ante el incremento de este fenómeno durante la emergencia sanitaria por Covid-19.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a que, en el marco de sus atribuciones, desarrolle todas las medidas necesarias para fortalecer la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescente para garantizar que las niñas, niños y adolescentes ejerzan sus derechos y vivan una vida digna.

Notas

1 El Gobierno mexicano calcula que los embarazos adolescentes aumentarán un 12% por el confinamiento, El País México, 12 de febrero de 2021, disponible en https://elpais.com/mexico/sociedad/2021-02-12/el-gobierno-calcula-que-l os-embarazos-adolescentes-se-incrementaran-un-12-debido-al-confinamient o.html Última Consulta: 18 de febrero de 2021.

2 Como el Covid-19 afecta la salud sexual y reproductiva, La república, Disponible en:

https://larepublica.pe/sexualidad/2020/04/12/coronavirus -como-el-covid-19-afecta-la-salud-sexual-y-reproductiva-de-las-mujeres- segun-unfpa-atmp/, Última consulta: 15 de junio de 2020.

3 El Gobierno mexicano calcula que los embarazos adolescentes aumentarán un 12% por el confinamiento, El País México, 12 de febrero de 2021, disponible en https://elpais.com/mexico/sociedad/2021-02-12/el-gobierno-calcula-que-l os-embarazos-adolescentes-se-incrementaran-un-12-debido-al-confinamient o.html Última Consulta: 18 de febrero de 2021.

4 Informe 2019, Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), p. 15

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/559766/in forme2019-enapea.pdf

5 Víctimas. Crece abuso sexual contra menores de edad., el Universal, 23 de diciembre de 2019, disponible: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/es-2019-el-ano-con-mas-ataques-se xuales-menores Última consulta: 20 de febrero de 2021.

6 México, el primer lugar mundial en abuso sexual infantil, el Universal, 12 enero de 2020, disponible:

7 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-el-primer-lugar-mundial-en -abuso-sexual-infantil Última consulta: 20 de febrero de 2021.

8 Es necesario recalcar que el Sippina es integrante del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.

9 Artículo 125 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

10 Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, Instituto Nacional de las Mujeres, 24 de junio de 2020, disponible en:

https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrat egia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-33454 Última consulta: 19 de febrero de 2021.

11 https://www.gob.mx/salud%7Ccnegsr/articulos/servicios-amigables

12 Autoridades federales y locales deben garantizar acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en emergencia sanitaria por Covid-19, 6 de abril de 2020, Disponible en

https://coronavirus.gob.mx/2020/04/06/autoridades-federales-y-locales
-deben-garantizar-acceso-a-servicios-de-salud-sexual-y-reproductiva-en-emergencia-s
anitaria-por-covid19/ última consulta: 15 de junio de 2020.

13 Proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos y promover una respuesta que tenga en cuenta el género en la crisis del Covid-19, 6 de mayo de 2020, Disponible en:

https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/proteger-la-salud-y-los-derechos-sexuales
-y-reproductivos-y-promover-una-respuesta-que-tenga-en-cuenta-el-genero-en-la-crisis-del
-covid-19 Última consulta: 15 de junio de 2020.

14 Educación sexual para prevenir embarazos no planificados en adolescentes, Vertigo Políticos, 18 de febrero de 2021, disponible en:

https://www.vertigopolitico.com/bienestar/salud/notas/
educacion-sexual-para-prevenir-embarazos-no-planificados-en-adolescentesúltima consulta: 18 de febrero de 2021.

15 Informe 2019, Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), p. 20

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/559766/in forme2019-enapea.pdf

16 El GIPEA está conformado por el Consejo Nacional de Población; el Instituto Nacional de las Mujeres; el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida, el Instituto Nacional de Salud Pública; el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras instancias de la administración pública federal y sociedad civil organizada, organismos internacionales como UNICEF, ONU Mujeres en México, OPS, UNFPA, y la academia. https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-p ara-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-33454 Última consulta: 19 de febrero de 2021.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2021.

Diputada Martha Tagle Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SHCP y la Sectur a valorar la factibilidad de crear política de apoyo extraordinario para los municipios más afectados por la pandemia del SARS-Cov2, a cargo de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, María del Carmen Cabrera Lagunas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Se hace un llamado urgente al gobierno federal para que lleve a cabo acciones encaminadas a un rescate económico de las islas de México y en particular para atender la emergencia económica que vive el municipio de Cozumel por consecuencia de la pandemia.

Es necesario, con carácter de urgente, que se tomen las medidas necesarias para que, a través de un decreto de ley de islas, se apoye a los cozumeleños, donde se garantice que tengan los mismos derechos y servicios que todos los mexicanos que habitan en tierra firme.

Al respecto, la pandemia y por tanto la ausencia del turismo de cruceros desde hace años las principales peticiones se han centrado en transporte, comercio y energía y que se espera que aprovechando la ventana electoral de los próximos meses, se logren compromisos con los candidatos para convencer a quienes tienen la tarea de hacer leyes en este país.

Esto es una situación que ya pasa de una emergencia económica a una emergencia de carácter humanitario porque estos municipios son los que más empleos han perdido en el país, hemos perdido alrededor del 70 por ciento de los ingresos totales en la isla y ya podrán imaginar cómo están los 90 mil habitantes de Cozumel, con un altísimo índice de desempleo y en una situación sumamente complicada.

A casi un año de que el turismo, la principal actividad económica de Cozumel, se mantenga en pausa, es de vital importancia atender de manera urgente la crisis que vive la isla.

Se debe analizar y llevar a cabo un decreto que permita compensar el sobrecosto de vivir en una isla, además de mejorar su competitividad como destino, así como establecer mesas de trabajo con la banca de desarrollo y la banca privada para resolver los problemas de flujo, deuda y fomentar la inversión diversificada en las islas.

Así como también, obtener el beneficio de sumar incentivos fiscales para promover la inversión directa en las islas y disminuir la dependencia hacia un solo sector económico, así mismo crear un organismo de planeación gubernamental que incluya tanto a la iniciativa privada como a los organismos sociales para implantar y dar seguimiento a proyectos sustentables de corto, mediano y largo plazo.

En ese sentido, los habitantes de las islas podrán tener una ventanilla única o la digitalización de los servicios y trámites federales, de manera que puedan hacerlo sin necesidad de ir a tierra firme y con esto ahorren tiempo y gastos.

Por otro lado, contar con una infraestructura hospitalaria mínima de tercer nivel para que tanto residentes como visitantes eviten salir de la isla para recibir atención médica, realizando mejoras inmediatas en la infraestructura de drenaje, agua potable, luz eléctrica, comunicaciones e internet, dado que no se han renovado en mucho tiempo y ya son insuficientes.

Sería considerable desarrollar un plan de movilidad que incluya un transporte público eficiente, ambientalista, al interior y hacia afuera de la isla.

Derivado de lo anterior, será de suma importancia la asignación de un presupuesto permanente para promoción turística a que les permita a Cozumel y Zihuatanejo competir con otros destinos nacionales e internacionales, con una inversión en la imagen urbana de estas islas, dado que el turismo es el principal motor económico y a raíz de la falta de cruceros al destino se han perdido las fuentes de trabajo, pues la actividad turística se detuvo desde marzo del año pasado, lo cual ha provocado una caída en la ocupación hotelera de más del 90 por ciento entre abril y mayo y una baja de más de 70 por ciento de los ingresos totales de los habitantes.

Con esas cifras como premisa y considerando que la situación abarca a la mayoría de los habitantes, esta asignación de presupuesto sería de carácter humanitario por lo que las medidas a tomar requieren atención inmediata.

Por último, se hace un exhorto a la SHCP, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Turismo, a tomar las medidas y ver la posibilidad de una asignación de recursos para este municipio de Cozumel ya que la mayoría de los habitantes viven del turismo y considerar un rescate económico de las Islas de México, dentro del marco de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Turismo del gobierno federal a valorar la factibilidad de crear políticas de apoyo extraordinario para los municipios más afectados por la pandemia causada por el SARS-Cov2, que provoca el Covid-19.

Notas

https://amp-elfinanciero-com-mx.cdn.ampproject.org/v/s/amp.elfinanciero.com.mx/
viajes/cozumel-pide-un-decreto-de-emergencia-economica-para-la-isla?amp

Ley Federal de Zonas Económicas Especiales

BBC News Mundo

http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/islas/default.as px?tema=T#

Dado en la Cámara de Diputados, a 2 de marzo de 2021.

Diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la república a designar al secretario ejecutivo del Sipinna, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 5 de febrero de 2020, la Secretaría de Gobernación mediante un comunicado señaló que, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Ricardo Bucio Mújica, culmina su etapa al frente de este órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en mutuo acuerdo con la titular de la Secretaría de Gobernación.

Recordemos que el 4 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo objeto es reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad así como garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos, al tiempo que crea y regula un Sistema Nacional de Protección Integral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado mexicano cumpla su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales cuando los derechos de las niñas, niños ya adolescentes hayan sido vulnerados, estableciendo instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de sus derechos.

La coordinación operativa del Sistema Nacional de Protección Integral recae en un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que ejerce las funciones de Secretaría Ejecutiva, teniendo como atribuciones, entre otras, apoyar al Sistema Nacional de Protección Integral en la ejecución y seguimiento de los acuerdos y resoluciones emitidos; celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales; administrar el Sistema Nacional de Información sobre Niñas, Niños y Adolescentes a escala nacional; coordinar con las secretarías ejecutivas de los sistemas de las entidades la articulación de la política nacional, así como el intercambio de información necesaria, en beneficio de las niñas, niños y adolescentes.

Desde su implantación, en 2015, el Sipinna ha logrado a escalas federal, estatal y municipal el impulso de iniciativas de reforma como la prohibición del matrimonio infantil en los 32 estados; la armonización nacional de la LGDNNA en estados y municipios; generó una estrategia para la atención de niñas, niños y adolescentes durante la pandemia Covid-19 para ponderar el interés superior de la niñez en el centro de las decisiones gubernamentales; ha coordinado acciones para la eliminación de todo tipo de violencia contra niñas, niños y adolescentes en los tres ámbitos de gobierno, organizaciones aliadas y academia; implementar los mecanismo de participación de niñas, niños y adolescentes para la toma de decisiones de políticas y asuntos que les involucra y afecta; diseñar e implementar programas para la atención a poblaciones en riesgo de vulneración de sus derechos: niñas, adolescentes, población indígena, en movilidad y con alguna discapacidad.

En los últimos meses, el presidente de la República ha insinuado la posible desaparición de diversos órganos autónomos, entre ellos del Sipinna, cuya autonomía es relativa dado que se trata de un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, sin entender la trascendencia de los trabajos de esta Secretaría Ejecutiva y el daño que haría a los derechos de niñas, niños y adolescentes, su desaparición.

Por lo anterior, y a fin de cumplir la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática consideramos indispensable que el presidente de la República designe, a la brevedad, al titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de continuar con los trabajos que permitan la implantación de la política pública con perspectiva de derechos humanos de la infancia y adolescencia en los órganos, entidades, mecanismos, instancias, leyes, normas, políticas, servicios y presupuestos a nivel nacional, local y municipal para respetar, promover, proteger, restituir y restablecer los derechos de las niñas, niños y adolescentes; y reparar el daño ante su vulneración.

Derivado de lo anterior someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Presidente de la República para designar, de conformidad con la ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a la persona que ocupará la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2021.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Colima a realizar con los distintos órdenes de gobierno acciones para reestablecer la paz y la tranquilidad sociales antes que concluya el mandato de su mandatario, Ignacio Peralta Sánchez, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, Arturo Escobar y Vega, en representación de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Érika Mariana Rosas Uribe, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículos 65 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La actual administración del estado de Colima, bajo el mando del gobernador Ignacio Peralta Sánchez, se ha caracterizado por la incapacidad para atender y resolver los problemas sociales y económicos que aquejan a la entidad.

Frivolidad, corrupción y promesas incumplidas son el contexto del día a día en Colima. No se rinden cuentas, no hay resultados importantes en ningún área de la administración pública y el distanciamiento con la sociedad y la realidad es notorio.

Tampoco es raro saber de la opacidad con la que se maneja el gobierno estatal al no tener actualizada en sus portales de internet la información presupuestal del estado cada tres meses.

Para tener una radiografía de lo que acontece en Colima no es necesario consultar cifras oficiales, basta con preguntarle a los habitantes de la entidad para encontrar un sinfín de quejas y señalamientos dirigidos al gobierno del estado. De esta manera es muy fácil enterarse de los problemas sin resolver que el gobierno estatal tiene con el magisterio, con el gremio de los taxistas y en los servicios de salud, tan sólo por citar algunos ejemplos.

Las finanzas públicas tampoco han estado exentas de malos manejos. Los ingresos hasta el 2019, lejos de disminuir, aumentaron, pero la deuda del estado no ha dejado de crecer. Según la plataforma de la organización ¿Cómo vamos? Colima , el total de pasivos ha crecido de diciembre del 2015 a diciembre del 2019 en 56.5 por ciento, es decir, pasó de 3 mil 830 millones de pesos (mdp) a 5 mil 994 mdp. De esta manera, el endeudamiento ha tenido un crecimiento constante en promedio de 12.3 por ciento anual, siendo la cifra más alta de 21.4 por ciento durante el 2018 respecto del año anterior.

Pero lo peor de todo lo encontramos en los alarmantes índices de violencia e inseguridad que tristemente padecen los colimenses y que han alcanzado los mismos círculos de la política y el servicio público, pues durante lo que va de la actual administración y hasta hace un año se han registrado los homicidios de por lo menos 10 funcionarios públicos de distintos niveles, se atentó contra dos más y 27 elementos de distintas corporaciones policiacas han sido asesinados.

La actual crisis de inseguridad que se vive en Colima no tiene precedentes.

En la capital del estado la percepción de inseguridad pública tuvo uno de los incrementos más altos del país durante diciembre de 2020, según los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

Este ejercicio, realizado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), refiere que, en diciembre pasado, 71.8 por ciento de los habitantes mayores de 18 años en la ciudad de Colima se sintió inseguro. En septiembre del año pasado esa cifra, se ubicaba en 54.3 por ciento, es decir, en un lapso de 3 meses la percepción de inseguridad aumentó 17.5 por ciento, el mayor incremento en todo México.

Los resultados de la encuesta en mención, publicada en diversos medios de comunicación, dan cuenta de un significativo incremento de la percepción de inseguridad en la ciudad de Colima, pues pasó de 59.5 por ciento en diciembre de 2019 a 71.8 por ciento en el mismo mes de 2020.

La ENSU también refiere que los cajeros automáticos en vía pública son los lugares donde los ciudadanos se sienten más inseguros; luego vienen el transporte público y los bancos.

Igualmente, se encuentran otros datos de gran preocupación, por ejemplo, que en 28.3 por ciento de los hogares existe una víctima de robo o extorsión.

Según datos de ¿Cómo vamos? Colima , comparando el periodo enero-diciembre de 2019 con el 2020, el feminicidio se incrementó 9 por ciento, las violaciones 12 por ciento y las extorsiones 32.4 por ciento. Además, debido al distanciamiento social, la violencia familiar se incrementó hasta 34.5 por ciento en el estado.

Tristemente, Colima terminó el 2020 ocupando el segundo lugar nacional en incidencia de feminicidios , con una tasa de 3.04 casos por cada 100 mil habitantes, sólo detrás de Morelos que se ubicó en el primer lugar. En este rubro no se puede dejar de mencionar el secuestro y asesinato de la diputada local Francis Anel Bueno Sánchez.

Por otro lado, a partir de septiembre de 2020, la entidad ocupó el segundo lugar a nivel nacional en incidencia de homicidio doloso , con una tasa de 68.9 casos por cada 100 mil habitantes.

Pero eso no es todo. En el caso del delito de violación los números reportan que éste subió 12.7 por ciento, de 134 casos en 2019 a 151 al término de 2020, siendo este último el año con más casos de violación en la entidad desde que se tiene registro por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (1999). A su vez, también se incrementaron delitos como el acoso y el hostigamiento sexual, 33 por ciento cada uno, comparando 2019 y 2020.

Tanto en el país como en todo el estado, el robo a casa habitación disminuyó, pero de acuerdo con los datos oficiales, Colima se mantuvo en el primer lugar nacional en la comisión de este delito, con una incidencia de 228.11 casos por cada 100 mil habitantes, 4 veces superior a la media nacional de 49.45 .

Otro dato muy lamentable es el que tiene que ver con el delito de extorsión , donde, contrario a lo que sucede a nivel nacional, hubo un incremento de 32.4 por ciento, sumando 98 casos más de enero a diciembre de 2020, mientras que el año anterior hubo 74 casos. La incidencia de este delito fue de 12.48 por cada 100 mil habitantes, ocupando el tercer lugar a nivel nacional.

Igualmente, existe otra situación deplorable, la de las desapariciones forzadas, donde Colima ocupa el nada honroso segundo lugar nacional en incidencia por cada 100 mil habitantes, con 157.7 casos, casi el triple de la media nacional , que es de 57.7, según datos de la Secretaría de Gobernación. La entidad sólo fue superada por Tamaulipas en 2020 y el último caso fue denunciado recientemente por la Red de Desaparecidos en Colima, AC, la cual informó la desaparición de tres jóvenes de 20 a 22 años de edad que el pasado sábado 13 de febrero viajaron de la ciudad de Colima a Manzanillo.

Todo lo anterior ha llevado a legisladores integrantes de la actual legislatura del Congreso estatal a afirmar que “los presupuestos crecen y la violencia también”, ya que aparte del presupuesto local, la federación destinó a Colima 136.5 mdp para seguridad pública en 2018, 182.6 mdp en 2019 y 197.6 mdp en 2020.

Además de contar con un presupuesto idóneo en el rubro de seguridad y justicia, Colima cuenta con recursos humanos que deberían ser suficientes para atender los problemas en la materia, pues hay más de 2 mil 600 personas laborando en la Secretaría de Seguridad Pública y en la Procuraduría General de Justicia del Estado, a los cuales se suman 2 mil 565 elementos de la Guardia Nacional, tal como se informó desde 2019. En conclusión, no puede haber pretextos para que el gobernador no dé resultados.

Tampoco pueden pasarse por alto los múltiples cambios que ha habido al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, lo cual no ha abonado para tener políticas públicas y estrategias claras y eficientes en la materia.

Ahora bien, toda vez que la administración estatal, a cargo de Ignacio Peralta Sánchez, termina el día 31 de octubre del presente año, es indispensable que a la brevedad se dé un giro de timón en la estrategia de seguridad pública para que antes del término de su gestión se establezcan políticas públicas que resuelvan la problemática en la cual tiene sumido al estado, que actualmente atraviesa por la peor crisis de inseguridad que hayan vivido los colimenses.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al ciudadano Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del estado de Colima, a que, ante la crisis de inseguridad sin precedentes que se vive en esa entidad federativa, realice acciones urgentes en coordinación con los distintos órdenes de gobierno para reestablecer la paz y la tranquilidad en la sociedad colimense antes de que concluya su mandato.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2021.

Diputados: Arturo Escobar y Vega, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, José Ricardo Gallardo Cardona, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte Zavala, Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña, Érika Mariana Rosas Uribe (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a considerar como grupo prioritario en la cobertura del plan nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 a la población indígena, en términos de la recomendación de la OPS, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Barradas, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, María de Jesús Aguirre Barradas, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79 numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El 16 de diciembre de 2020, en el marco de las conferencias vespertinas por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, en la Secretaría de Salud, hizo referencia al reto de llevar la vacuna a los pueblos indígenas y sostuvo que, para lograrlo se utilizarán brigadas móviles.

2. En este contexto, resulta indispensable destacar que la pandemia registró contagios en el 86 por ciento de los 623 municipios indígenas de México y de éstos el que presenta el mayor número de contagios es Valladolid, Yucatán con 2 mil 229 y con el mayor número de defunciones 133 Papantla, Veracruz. Lo anterior de acuerdo con datos del Visor Geoespacial de la Pobreza y la Covid-19 en los municipios de México del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) Hallazgos al 31 de enero de 2021.

3. La fuente citada revela que los municipios indígenas con más casos activos son Tamazunchale, San Luis Potosí con 83 y Valladolid con 32 casos; en al menos 54 de los 424 municipios indígenas con 80 por ciento o más de población en situación de pobreza, se presentan entre 1 y 21 casos activos por Covid-19 y al 31 de enero, en 75 por ciento de los municipios indígenas no se registran casos activos.

4. Ahora bien, independientemente de las bajas cifras por contagios de Covid-19 en los municipios indígenas de México, no hay que perder de vista que la población que pertenece a dichos municipios continúa viviendo en condiciones de pobreza, pobreza extrema, marginación y de menor acceso a los servicios de salud lo que se traduce en una mayor posibilidad de fallecer en caso de contagio. Por ello, garantizar el acceso de la vacuna a la población indígena de nuestro país, debe asumirse como una prioridad en la estrategia de inmunización.

5. Al respecto, estoy convencida que la actual estrategia de vacunación debe abordarse con la visión de una crisis de salud pública y no como una campaña rutinaria de vacunación en la que nuestras comunidades y pueblos indígenas sean relegados y olvidados como históricamente han permanecido.

6. Asimismo, considero oportuno el llamado de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), del 17 de febrero de 2021, para que los países de la región -incluido México-, consideren a los indígenas como grupos prioritarios en sus campañas de vacunación contra el Covid-19, apuntando las dificultades que enfrentan estas comunidades para acceder a servicios de salud.

7. Pese a lo anterior, el Plan Nacional de Vacunación contra Covid-19 que se aplica en México consta de 5 etapas, las cuales definen fechas de aplicación por grupos de población, en los términos siguientes:

Etapas de la estrategia de vacunación

• Primera Etapa : diciembre 2020 – febrero 2021, para personal de salud de primera línea de control de Covid-19

• Segunda Etapa : febrero – abril 2021, dedicada a vacunar a personal de salud restante y personas de 60 años y más. En el caso de los adultos mayores, la vacunación se inició este 15 de febrero de 2021 en 333 municipios de los 32 estados del país con dosis de la vacuna de AstraZeneca-Oxford que llegaron procedentes de India

• Tercera Etapa : abril – mayo 2021, enfocada a personas de 50 a 59 años

• Cuarta Etapa : mayo – junio 2021, destinada a vacunar contra coronavirus a personas de 40 a 49 años

• Quinta Etapa : junio – marzo 2022, asignada para el resto de la población

El 2 de febrero de 2021, se abrió el registro en línea para los adultos mayores de 60 años, a fin de que un funcionario pueda llamarles e informales el día, la hora y el lugar, donde serán inmunizados contra Covid-19.

8. Ante la situación que atraviesa México en materia de salud pública a causa de la pandemia por Covid-19 y la situación de vulnerabilidad en que se encuentra nuestra población indígena por contagio y mayor probabilidad de muerte, debe otorgarse a dicho segmento de la población, prioridad en la cobertura del actual plan nacional de vacunación.

Por lo expuesto, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud, para en el ámbito de sus atribuciones, considere como grupo prioritario en la cobertura del Plan Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19, a la población indígena, en términos de la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 2 de marzo de 2021.

Diputada María de Jesús Aguirre Barradas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a instruir al personal de la estrategia nacional de inmunización contra el SARS-Cov2 para que informe de manera precisa a los usuarios sobre el tipo de vacuna que recibirán, a cargo de la diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Según la Organización Mundial de la Salud, el virus SARS-CoV2 (Covid-19) es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.1

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó el virus SARS-CoV2 como una pandemia ante los alarmantes niveles de propagación y gravedad.

El Consejo de Salubridad General, publica el 30 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19).

La pandemia del virus del SARS-CoV2 puso en manifiesto la necesidad de vacunas contra este virus SARS-CoV-2. Después de los necesarios ensayos en el ser humano, se ha desarrollado varias vacunas que se ha demostrado son seguras y costoefectivas para responder a la pandemia.

El 23 de diciembre de 2020, arriban a México las primeras 3 mil dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech.2

El domingo 14 de febrero de 2021 llegó a México, procedente de India, un embarque con 870 mil vacunas contra el Covid-19, producidas por AstraZeneca, que serán aplicadas en el país.3

Posteriormente el 16 de febrero de 2021, llegó un nuevo lote de 491,400 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech.4

En este momento en México se está desarrollando la estrategia de vacunación contra el virus del SARS-CoV2 con dos vacunas diferentes, y aunque ambas cuentan con la aprobación de las agencias reguladoras, cuentan con diferencias. Es por ello que resulta sumamente necesario informar a la persona que reciba la vacuna pueda vincularla con la información que se tiene respecto de cada una las vacunas que se están distribuyendo y con ellos evitar situaciones que puedan poner en riesgo al paciente.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente Proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud, doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, a instruir al personal que participa en la Estrategia Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV2 a informar de manera precisa a las personas que acudan a aplicársela el tipo de vacuna que recibirán, previo a recibirla.

Notas

1 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advi ce-for-public/q-a-coronaviruses

2 https://politica.expansion.mx/mexico/2020/12/23/mexico-ya-tiene-las-pri meras-vacunas-contra-el-covid-19-y-ahora-que-sigue

3 https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/llegan-vacunas-covid-19-adultos -mayores-mexico

4 https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/
Pfizer-reanuda-los-envios-de-su-vacuna-contra-Covid-19-a-Mexico-20210216-0066.html

Palacio Legislativo de San Lázaro a 2 de marzo de 2021.

Diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a garantizar por la SHCP recursos suficientes para que las dependencias encargadas de los asuntos migratorios proporcionen de manera eficaz y oportuna la atención y el acompañamiento a que legítimamente tienen derecho quienes retornan al país por deportación o decisión propia, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada federal María Libier González Anaya, integrante de la LXIV Legislatura, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, numeral 1, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La migración forma parte de la historia social, económica, jurídica y política de nuestro país. Millones de mexicanas y mexicanos han tenido, no como la mejor, sino como la única opción de satisfacer las necesidades más elementales de su familia el emigrar hacia otros países, principalmente a los Estados Unidos de América, con todo lo que ello implica para su seguridad personal y en estos momentos en que muchos países nos encontramos en una severa contingencia sanitaria, derivada de la pandemia SARS-CoV-2, su salud y estabilidad física y psicológica se ven en riesgo; sin dejar de considerar las precarias condiciones en su alimentación, alojamiento y transporte, durante el proceso de migración.

De acuerdo con cifras publicadas en la página oficial del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, por cierto no muy actualizadas, en 2017 se tenía un registro de 11, 848, 537 personas mexicanas que viven fuera de México, de los que el 97.23% radica en los Estados Unidos de América,1 en tanto que el Consejo Nacional de Población en “Anuario de Migración y Remesas” 2020 reporta en 2019, una cifra de 11.8 millones de migrantes mexicanos en el mundo, 97.4% en la Unión Americana.2

En el último Censo General de Población y Vivienda 2020 realizado por el Instituto de Estadística Geografía e Informática, se declara que para ese año se registró un total de 21, 611, 963 mexicanos migrantes, lo que representa un incremento de 1, 864, 452 personas en relación con el censo de 2010 y de 4, 391, 439 respecto del 2000.3

De acuerdo con un análisis realizado y publicado por Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, referente a los factores asociados a la emigración y deportación de personas mexicanas en Estados Unidos en el contexto de la crisis provocada por la covid-19, “(...) La pandemia de covid-19 (sars-CoV-2) ha modificado de una manera profunda la vida cotidiana de las personas, incluidas las y los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos. La pérdida de empleos provocada por el cierre parcial o total de actividades económicas no esenciales a fin de prevenir la propagación de la enfermedad, ha sido en este país una de las manifestaciones más sentidas de la pandemia. A partir de datos del U.S. Bureau of Labor Statistics (2020b) y de la Organización Mundial de la Salud (who, 2020a), se puede constatar que uno de los múltiples efectos económicos de la pandemia se reflejó en la tasa de desempleo en Estados Unidos, especialmente en el lapso de marzo-abril de 2020”.4

Asimismo, de acuerdo con cifras publicadas por la propia Unidad de Política Migratoria, se indica que los eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos a México en 2020 fue de 184,423 personas, de los que 171, 874 son de 18 años y más; 167, 257 hombres y 17,166 mujeres.5

Ante este escenario, por señalar lo más reciente, a pesar del fin de mandato del Presidente de los Estados Unidos de América Donald Trump, quien caracterizo su gobierno por una política anti migratoria y la insistencia de levantar el muro en la frontera con México y que esto sería pagado por nuestro país, registrándose un importante número de detenciones de personas migrantes indocumentadas por la patrulla fronteriza americana y su deportación, separando familias (padre, madre o ambos) de sus hijos nacidos en el territorio estadounidense, dejando a los menores en pleno estado de indefensión y a ellos –los padres– en la necesidad de permanecer en la entidad mexicana fronteriza para intentar regresar a los Estados Unidos y reunirse con sus hijos.

Ahora, con el inicio de la administración del Presidente Joe Biden, quien en su discurso de toma de posesión, entre otros aspectos, categóricamente señalo: “(...) Se han perdido millones de empleos y cientos de miles de empresas han cerrado; un grito por la justicia racial que lleva gestándose casi 400 años nos conmueve. El sueño de la justicia para todos no se seguirá aplazando. Un grito de supervivencia nos llega del propio planeta, un grito que ya no puede ser más desesperado ni más claro. Y ahora, un aumento del extremismo político, la supremacía blanca, el terrorismo interno al que debemos enfrentarnos y al que derrotaremos”.6

En estas palabras de Biden, la comunidad mexicana migrante y también de otros países Latinoamericanos en los Estados Unidos ven un abanico de posibilidades para que los Gobiernos de México y de los Estados Unidos de América revisen a fondo y reconfiguren la relación bilateral, en materia migratoria, pero sobre todo, de consideración y respeto a los derechos humanos a los que por mandato de las propias Constituciones Políticas de la Unión Americana y México; así como en los Tratados Internacionales de que ambas naciones forman parte en esta materia, reconocen y establecen para las personas migrantes en ese país y el mundo, que dicho sea con respeto pero más con sinceridad, fue nefasta y de amplio retroceso histórico, durante la administración del señor Donald Trump.

Queremos entender que la agenda migratoria del Presidente Biden, responde a muchas demandas históricas de grupos de defensores de los derechos humanos de las personas migrantes y la implementación de programas de regularización para personas indocumentadas y trabajadores temporales, aunque sabemos que no es suficiente en el aspecto de suspender deportaciones y la disminución de centros de detención a cargo de la Agencia de Control Migratorio (ICE)

Por su parte, el gobierno de México que actualmente encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador y en general el Estado Mexicano, sin duda está comprometido a través de la Cancillería, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y todas sus instituciones, en coordinación con los organismos autónomos del país, a velar por la seguridad, asistencia consular, acompañamiento y respeto irrestricto a los derechos humanos de nuestros connacionales que radican en otros países en su mayoría en los Estados Unidos o que son repatriados, mujeres, hombres, adolescentes y niños, así como a sus descendientes.

El pasado jueves 11 de enero del presente año, durante su conferencia mañanera, el Presidente López Obrador se refirió a la relación bilateral con el nuevo Gobierno de los Estados y dijo: “Lo vemos muy bien, no tenemos nada que objetar”; “No hay ninguna amenaza contra México, los que están apostando a que nos vamos a enfrentar al Gobierno de Estados Unidos se van a quedar con las ganas”. (...) “Tuvimos una conversación muy buena, ya se estableció la comunicación entre los servidores públicos de Estados Unidos y México, ya están trabajando de manera conjunta”.7

Pero a decir verdad, es evidente que el tema de la comunidad mexicana migrante no se ve reflejado ni está entre las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, como lo mandatan, principalmente, los artículos: 1o. y 2o., inciso B, fracción VIII de nuestra Carta Magna, así como los Tratados y Convenios Internacionales en materia de migración, de los que México forma parte, que a la letra dicen:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

(...)

Artículo 2o. (...)

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.

Por su parte la Ley de Migración de México, en su Artículo 2, entre otros aspectos, establece que:

Artículo 2. La política migratoria del Estado Mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados que con fundamento en los principios generales y demás preceptos contenidos en la presente Ley, se plasman en el Reglamento, normas secundarias, diversos programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.

Son principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano los siguientes:

(...)

Facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus familias, a través de programas interinstitucionales y de reforzar los vínculos entre las comunidades de origen y destino de la emigración mexicana, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional.

El Poder Ejecutivo determinará la política migratoria del país en su parte operativa, para lo cual deberá recoger las demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil organizada, tomando en consideración la tradición humanitaria de México y su compromiso indeclinable con los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad nacional, pública y fronteriza.

En este sentido y por lo que toca al H. Congreso de la Unión, resulta pertinente hacer referencia a una publicación del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados en el que, entre otras cosas señala lo siguiente: “En la reforma de 2018 a la Ley de Planeación adicionó, como parte del procedimiento de la publicación del Plan, un elemento sustantivo: la atribución de la Cámara de Diputados para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo (PND) remitido al Congreso de la Unión. A diferencia de lo que ocurría hasta el PND anterior, cuando no se requería dicha aprobación, en cambio, el PND 2019-2024 habrá de aprobarse por esta Cámara, en un plazo máximo de dos meses, contados a partir de su entrega, conforme se establece en la Ley de Planeación vigente. A fin de atender esta nueva responsabilidad, la Cámara de Diputados deberá verificar que dicho instrumento incluya los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conforme a dicha Ley, el PND deberá precisar los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades del desarrollo integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del país, contendrá previsiones sobre los recursos que se asignarán a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica, social, ambiental y cultural, y regirá el contenido de los programas que se generen en el sistema nacional de planeación democrática”.8

Es claro que el Estado Mexicano y en particular, la Administración Pública Federal, tiene el compromiso insoslayable de respetar y hacer respetar los derechos humanos de las personas migrantes, prioritariamente los de la comunidad mexicana que radica en otros países y los que se encuentran en situación de repatriación, como parte importante de la Agenda Nacional.

Al respecto resulta pertinente mencionar que el Gobierno Federal en su momento atendía una gran parte de estos compromisos, a través del “Fondo de Apoyo a Migrantes ” (FAM), cuyo objetivo era el de lograr la reinserción de la población mexicana repatriada, a través de la coordinación con los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil y la iniciativa privada, atendiendo su retorno de forma segura y ordenada y el “Fondo de Apoyo a Fronteras ”, que consistía en el otorgamiento de subsidios para contribuir al desarrollo económico de las entidades federativas de las regiones fronterizas de nuestro país, aunque hay que aclarar que el recurso de dicho fondo era destinado principalmente para la atención y combate a la pobreza de los grupos vulnerables en dichas entidades, entre los que no hay que olvidar que se encuentran las y los mexicanos migrantes repatriados. Dichos fondos recibieron recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018 por la cantidad de 300 millones de pesos,9 y de 750 millones de pesos,10 respectivamente. En 2019 ambos solo aparecieron en la Estructura Programática de PEF sin que se les asignara ni un peso y, finalmente fueron eliminados desde ese mismo año, como lo podemos constatar en el PEF 2020.

Al respecto es de señalar que el 22 de agosto de 2019, la Comisión de Asuntos Migratorios de esta Cámara llevó a cabo una reunión de trabajo con la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Migración de México, cuyos funcionarios representantes de las 32 entidades de la República denunciaron que “Miles de extranjeros y connacionales deportados de Estados Unidos son carne de cañón del crimen organizado, porque las entidades fronterizas ya no tienen recursos ni infraestructura para dar albergue, empleo y servicios de salud, advirtieron a diputados los responsables estatales de atención al migrante . Por eso, demandaron al menos mil 500 millones de pesos como presupuesto para el Fondo de Apoyo a Migrantes en 2020 , lo que les permitiría atender el aumento del flujo migratorio y el incremento en las deportaciones de extranjeros y de mexicanos remitidos a territorio nacional por Estados Unidos” y solicitaron a los legisladores mediar para que cese la descoordinación del Instituto Nacional de Migración y la negativa de apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores ”11

Tiempo después, El 1º de marzo de 2020 el Periódico la Jornada publicó un artículo en el que informaba lo siguiente: “El gobierno mexicano pondrá en marcha un programa de traslado y apoyo económico a mexicanos deportados de Estados Unidos. Los paisanos serán llevados a sus lugares de origen y se les dará un pago de 6 mil pesos mensuales, por seis meses, como alternativa de arraigo, acorde con fuentes consultadas por La Jornada. Este programa de atención emergente, con acciones específicas en las 15 entidades con más migrantes, tiene como propósito promover la incorporación de los paisanos a sus pueblos para evitar que intenten volver de manera irregular al vecino país con los riesgos que ello implica”. Sin embargo hasta el momento no hay información precisa en la página oficial del Instituto Nacional de Migración, encargado de esto, que indique los resultados cualitativos y cuantitativos de dichas acciones.12

Por supuesto que no dejamos de reconocer la situación socioeconómica y política que actualmente priva en el país y el mundo, como resultado de la grave contingencia de salud y económica derivada de la pandemia (sars-CoV-2), mejor conocida como “covid-19”. Respetamos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador insista en el propósito de diferenciar su administración de lo que habían hecho sus predecesores frente a los Estados Unidos, pero también estamos ciertos de que el tema y demandas de nuestros connacionales que radican en otros países, principalmente de aquellos que enfrentan situaciones de repatriación puede y debe de ser atendida de manera integral, transversal, con empatía y responsabilidad de las autoridades mexicanas en funciones.

Es de justicia mencionar que la comunidad mexicana migrante, históricamente ha contribuido de forma sustancial al desarrollo de sus comunidades y familias de origen, a través del envío de remesas, las que insistimos, a pesar de la crisis económica nacional y mundial, generada por La pandemia de covid-19 (sars-CoV-2), en el último año (2020) llegaron a su máximo histórico con la cantidad de “36, 950.00 ( treinta y seis mil novecientos cincuenta ) millones de dólares, tan solo de enero a noviembre del año pasado; 10.88% más que lo registrado en el mismo periodo de 2019”,13 de acuerdo con el registro del Banco de México; además de que contribuyen con cantidades importantes de divisas al país, por concepto de turismo y visitas a sus familias en México. También está comprobado que son los principales consumidores de los bienes y productos que nuestro país exporta, significativamente a los Estados Unidos de América, donde residen la mayor parte de las y los mexicanos migrantes.

Sin duda esto nos habla de la necesaria empatía y reciprocidad que el Gobierno de México debe tener con nuestros connacionales en el extranjero, otorgándoles recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para atender sus demandas y necesidades de apoyo, sobre todo de aquellos que se encuentran en situación de retorno, ya sea por deportación o decisión propia.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y en virtud de que en los próximos meses la Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevará a cabo la formulación e integración de los Criterios de Política Económica y Estructura Programática para el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 que presentará a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a la consideración y aprobación de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados, respetuosamente exhorta al Ejecutivo federal, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público garantice los recursos suficientes, a fin de que las dependencias del gobierno federal encargadas de los asuntos migratorios, proporcionen eficaz y oportunamente la atención y acompañamiento a que legítimamente tienen derecho las y los mexicanos migrantes que retornan a nuestro país, por motivos de deportación o por decisión.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados, respetuosamente exhorta al Ejecutivo Federal para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, restablezca los Fondos de “Apoyo a Migrantes” y “para Fronteras”, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, considerando que en unos meses, inicia el proceso presupuestario para el Ejercicio Fiscal correspondiente.

Notas

1 http://ime.gob.mx/estadisticas/mundo/estadistica_poblacion_pruebas.htm

2 Anuario de Migración y Remesas México 2020.

https://www.gob.mx/conapo/documentos/anuario-de-migracio n-y-remesas-mexico-2020

3 En: Población total inmigrante, emigrante y saldo neto migratorio por entidad federativa, 2000, 2010 y 2020. Inegi.

https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/
?pxq=Migracion_Migracion_01_426da5e7-766a-42a9-baef-5768cde4fca9

4 Publicado en: Movilidades.- Análisis de la Movilidad Humana escenarios sobre la emigración, aprehensiones y deportaciones de personas migrantes mexicanas en Estados Unidos ante los efectos económicos de la covid-19; No. 5, noviembre de 2020, p.18.

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/
CEM/Publicaciones/Revistas/movilidades/5/movno5.pdf

5 Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2020. Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas.

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/
CEM/Estadisticas/Boletines_Estadisticos/2020/Boletin_2020.p df

6 Discurso íntegro de Joe Biden en su toma de posesión como presidente de Estados Unidos.- En Periódico El País

https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2021-01-20/
discurso-integro-de-joe-biden-en-su-toma-de-posesion-como-presidente-de-estados-unidos.html.

7 En Periódico El País. https://elpais.com/mexico/2021-01-21/
lopez-obrador-celebra-la-politica-migratoria-de-biden-y-descarta-un-enfrentamiento-con-ee-uu.html

8 Documento del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.- “Aspectos Relevantes del Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024.- https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2019/cefp0112019.pdf

9 Lineamientos de Operación del Fondo de Apoyo a Migrantes, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 21 de marzo de 2018.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5516826&fecha=21/03/2018

10 Lineamientos de Operación del Fondo de Apoyo a Fronteras, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 21 de marzo de 2018.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5516825&fecha=21/03/2018.

11 Información tomada de una nota periodística publicada al siguiente día por el periódico El Universal.- https://www.eluniversal.com.mx/nacion/demandan-mil-500-mdp-para-presupu esto-del-fondo-de-apoyo-migrantes-en-2020

12 Periódico La Jornada.- artículo de Fabiola Martínez. Domingo 1º de marzo de 2020.

https://www.jornada.com.mx/2020/03/01/politica/009n1pol#:~:text=
El%20gobierno%20mexicano%20pondr%C3%A1%20en,fuentes%20consultadas%20por%20La%20Jornada.

13 Información tomada de un artículo de Yolanda Morales, publicado en el periódico El Economista el 4 de enero de 2021.
https://www.eleconomista.com.mx/economia/
Entrada-de-remesas-crece-a-maximo-nivel-en-ocho-meses-durante-noviembre-20210104-0015.html

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2021.

Diputada María Libier González Anaya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SHCP, la Sectur y el ayuntamiento de Ixtapa Zihuatanejo a valorar la factibilidad de crear políticas de apoyo extraordinario para los municipios más afectados por la pandemia de Covid-19, a cargo de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, María del Carmen Cabrera Lagunas, diputada integrante de la LXIV Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y en la fracción II del numeral 1 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Al día de hoy, la ocupación hotelera en Zihuatanejo fue de 12.3 por ciento, en comparación con Ixtapa, el promedio de ocupación fue de 24 por ciento, es decir que los hoteleros y restauranteros del municipio de Zihuatanejo se encuentran en una situación crítica debido a la crisis económica ocasionada por la pandemia de Covid-19 a más de 10 meses de su inicio, lo cual ha derivado en restricciones a establecimientos y turistas, aunado al incremento de peaje en la Autopista del Sol en días pasados, que a final de cuentas encarece los costos a quienes desean arribar a este destino desde la Ciudad de México y por vía terrestre.

Existen hospederías de todos tamaños, muchas de ellas negocios familiares, han despedido hasta 30 por ciento de su personal, y señaló que la situación es más complicada en Ixtapa, donde sólo mantienen la actividad económica los fines de semana.

La esperanza estriba en llegar en buenas condiciones al periodo vacacional de la Semana Santa, y que el color del semáforo sanitario pase del rojo al menos al naranja o amarillo, pero por desgracia se vislumbra un panorama desolador hasta el momento, los hoteleros están contemplando la necesidad de recortar personal, aunado a esto se ve mucha incertidumbre, se han perdido muchos empleos, por lo que es necesario reactivar la economía turística con el propósito de apoyar de manera firme a los micro y pequeños empresarios.

En ese sentido, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentados Condimentados (Canirac) de Ixtapa-Zihuatanejo, señaló que entre 20 y 30 por ciento de los 110 establecimientos que integran la agrupación, han cerrado sus puertas.

El color rojo del semáforo epidemiológico en Guerrero, específicamente en el municipio de Zihuatanejo, complicó la situación para restauranteros, quienes han tenido que despedir a trabajadores de sus plantillas, lo que ha incrementado el comercio informal.

Se está viviendo una situación muy dura, la pandemia ha generado un temor para los turistas y eso se ve en las ocupaciones de los hoteles, las cuales han sido mínimas, si acaso va saliendo para pagar personal, una semana sale, otra semana es más crítica, las autoridades federales se han visto rebasadas ante la situación y presión de los empresarios que siguen generando empleo.

Si bien es cierto que se ha recibido apoyo del gobierno municipal en la condonación de impuestos, pero una empresa cervecera ya no cubrirá el pago de licencias de muchos socios, lo que normalmente hacía en años anteriores esta es una situación que ya pasa de una emergencia económica a una emergencia de carácter humanitario, porque Zihuatanejo es uno de los municipios que más empleos han perdido por el Covid-19 en el país, alrededor de 70 por ciento de los ingresos totales del municipio, lo que ha ocasionado un altísimo índice de desempleo y en una situación sumamente complicada.

A casi un año de que en Zihuatanejo, la principal actividad económica es el turismo y la pesca ribereña por lo que es de vital importancia atender de manera urgente la crisis que vive Zihuatanejo.

Se debe analizar y evaluar la manera que permita que los gobiernos federal, estatal y municipal compensen el sobrecosto de vivir en una situación de este tipo, además de mejorar su competitividad como destino, así como establecer un acercamiento con la banca de desarrollo y la banca privada para resolver los problemas de flujo, deuda y fomentar la inversión diversificada en Zihuatanejo.

Así como también obtener el beneficio de sumar incentivos fiscales para promover la inversión directa en las islas y disminuir la dependencia hacia un solo sector económico, asimismo crear un organismo de planeación gubernamental que incluya tanto a la iniciativa privada como a los organismos sociales para implementar y dar seguimiento a proyectos sustentables de corto, mediano y largo plazo.

En ese sentido, los habitantes del puerto de Zihuatanejo podrán tener una ventanilla única o la digitalización de los servicios y trámites federales y por otro lado, contar con una infraestructura hospitalaria mínima de tercer nivel para que los habitantes eviten salir e ir a hospitales de Acapulco para recibir atención médica, por lo que es necesario realizar mejoras inmediatas en la infraestructura de drenaje, agua potable, luz eléctrica, comunicaciones e internet, dado que no se han renovado en mucho tiempo y ya son insuficientes.

Por último, se hace un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Turismo, a tomar las medidas y ver la factibilidad de una asignación de recursos para reactivar la economía, pues la mayoría de los habitantes viven de la pesca y del turismo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Turismo del gobierno federal a valorar la factibilidad de crear políticas de apoyo extraordinario para los municipios más afectados por la pandemia de Covid-19.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2021.

Diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos locales a armonizar las leyes respectivas; y a los correspondientes Poderes Ejecutivos, a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a cargo de la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Frida Alejandra Esparza Márquez, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 2, fracciones I, II y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este órgano legislativo proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios, tienen la obligación de expedir en el ámbito de sus competencias las normas legales correspondientes para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

En virtud de que las disposiciones de la LGAMVLV son de orden público, interés social y de observancia general, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías tienen la obligación de observar, actualizar y cumplir con sus disposiciones y principios.

Sin embargo, han sido reiterativos los informes o estudios que dan cuenta de la omisión de los congresos de las entidades federativas para armonizar y mantener actualizados sus marcos normativos en materia de promoción, protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia.

En 2017, de acuerdo con el Estudio cuantitativo y cualitativo de violencia contra las mujeres para diseñar respuestas gubernamentales para su atención a nivel regional, estatal y municipal Informe final (CRIM, UNAM: 2017), se señalaba que varios congresos locales habían omitido revisar sus leyes en materia de violencia prácticamente desde su expedición y sin homologarlas al marco general. Por ejemplo, Guerrero, Veracruz y Nuevo León.

Recientemente, en 2020, en el informe conjunto que publicaron ONU Mujeres, Inmujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) denominado Violencia feminicida en México. Aproximaciones y tendencias (ONU Mujeres México: 2020) se volvió a dar cuenta sobre la falta de armonización legislativa que existe con relación a los criterios de la definición de feminicidio (tipicidad), penalidades, procedimientos, recursos, protocolos y otros delitos que se comenten contra las mujeres por motivos de género.

Por ejemplo, varias entidades federativas no contemplan en sus códigos penales locales los mismos elementos o hipótesis constitutivas del feminicidio señaladas en el Código Penal Federal (por ejemplo Coahuila, Michoacán, Campeche, Hidalgo, Veracruz, Guanajuato y Ciudad de México). Así como el hecho de que se contemplan figuras discriminatorias en contra de las mujeres.

Destaca el estudio que, sólo 59 por ciento de las leyes prevén específicamente asignación de recursos, 9 por ciento para la instalación de refugios especializados para mujeres y 44 por ciento competencias específicas para las legislaturas.

La urgencia de erradicar la violencia de género y las distintas formas en las que se manifiesta ha motivado, como una causa en común, el surgimiento y la progresividad de normas jurídicas internacionales y nacionales que buscan garantizar la transversalización de la perspectiva de género y tutelar el derecho fundamental de toda mujer a vivir libremente sin violencia. Sin embargo, muchos de los avances a nivel general que se tienen en la promoción, defensa y protección de los derechos de las mujeres siguen rezagados en los ámbitos locales, entidades federativas, municipios y alcaldías, justo en los lugares donde las mujeres tienen mayor acercamiento con sus autoridades.

En este sentido, se propone obligar expresamente a las entidades federativas para homologar sus leyes conforme al marco general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, el Código Penal Federal y los instrumentos internacionales. Y se exhorta también a los poderes ejecutivos de las entidades federativas para que promuevan ante los municipios esta obligación a fin de armonizar sus disposiciones normativas internas conforme a los estándares señalados. Por lo anterior, propongo los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los congresos de las entidades federativas a armonizar y mantener actualizados sus marcos normativos en materia de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia con relación a los criterios de la definición de feminicidio (tipicidad), penalidades, procedimientos, recursos, modelos, protocolos y otros delitos que se comenten contra las mujeres por motivos de género.

Segundo. Se exhorta a los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas a que coadyuven con los municipios y alcaldías en la armonización de su bando municipal, reglamentos, y demás disposiciones administrativas necesarias para que los servidores públicos que brinden servicios de atención a las mujeres víctimas de la violencia, actúen con perspectiva de género.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2021.

Diputada Frida Alejandra Esparza Márquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE a respetar el orden normativo conforme a las fuentes formales del derecho y la jerarquización de las normas jurídicas respecto a la implantación de las urnas electrónicas en la elección del 6 de junio de 2021, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracciones I y II; y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las fuentes formales del derecho son el origen del derecho, es decir, de donde nace. Tradicionalmente, las fuentes del derecho se clasifican en reales, históricas y formales. Dentro de las fuentes formales, que son “los procesos de creación de normas jurídicas”,1 el derecho mexicano contempla a la legislación, la jurisprudencia y la costumbre. También encontramos como fuentes a las normas individualizadas y a los principios generales del derecho.

La ley constituye en México la más importante fuente formal del derecho. En el ámbito federal, el proceso legislativo está previsto en los artículos 71 y 72 constitucionales y consta de seis etapas, que son: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e inicio de vigencia. Es importante señalar que existen procesos similares en cada una de las entidades federativas.

Cada una de las normas jurídicas, cimientos de todo orden legal, tiene características que la hacen ser diferente. Con la finalidad de sistematizarlas y hacer más evidentes sus alcances, se clasifican, entre otras formas, en atención a su jerarquía y a sus ámbitos material y espacial de validez.

Ahora bien, la jerarquización de las normas jurídicas no tienen forzosamente el mismo rango ni categoría; algunas son superiores y otras inferiores, es decir, existe entre ellas un orden jerárquico. Esto permite determinar cuál es la norma que resulta aplicable en caso de contradicción. Además, existe la necesidad de que unas se apoyen en otras; toda norma jurídica se considera válida y obligatoria porque se encuentra apoyada en otra superior, y esta otra, a su vez, porque se encuentra sustentada en otra norma de más elevada categoría, hasta llegar a la Constitución Federal. Así, en México, el nivel máximo superior es ocupado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los tratados internacionales se encuentran en segundo plano inmediatamente debajo de ella y, en tercer lugar, se encuentran el derecho federal y el local, con igual jerarquía.2

El ámbito material de validez de las normas jurídicas –o ramas del derecho– identifica la materia que pretenden regular, es decir, las normas jurídicas no se aplican indistinta mente; cada una rige en determinada área del derecho y tiene características particulares.

Tradicionalmente se conocen como ramas del derecho público las materias constitucional, internacional pública, administrativa, procesal, electoral y penal. En el derecho privado tenemos a las materias civil, mercantil e internacional privada, las que a su vez pueden admitir múltiples divisiones.

Existen otras ramas del derecho, como la agraria, la económica, de seguridad social, del trabajo y de asistencia social que, por sus vínculos proteccionistas, aspiran a la supremacía del interés común sobre los individuales y conforman el derecho social. Además, debido a las transformaciones sociales y culturales han surgido nuevas disciplinas, tales como el derecho informático.

En cuanto a la filosofía jurídica en específico a la teoría de la jerarquía normativa del conocido teórico del derecho Hans Kelsen, se expresa en una jerarquía normativa, que expresa la prelación de normas, que debe respetarse, para fines de sometimiento de normas de inferior alcance o referencia, con normas más generales o de carácter más amplio.3

La pirámide de Kelsen o jerarquía normativa es también un método jurídico estricto, mediante el cual quiere eliminar toda influencia psicológica, sociológica y teológica en la construcción jurídica, y acotar la misión de la ciencia del derecho al estudio exclusivo de las formas normativas posibles y a las conexiones esenciales entre las mismas. La jerarquía normativa o pirámide kelsiana, es categorizar las diferentes clases de normas ubicándolas en una forma fácil de distinguir cual predomina sobre las demás, ejemplo: Constitución, ley, decreto ley, ordenanza etcétera.4

Lo anteriormente expuesto demuestra que la propuesta de hecha en sesión pública extraordinaria por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral informó que 85.7 por ciento de los ciudadanos y 93 por ciento de los funcionarios de casilla que participaron en las elecciones locales del 2020 en Coahuila e Hidalgo están de acuerdo con que se siga utilizando la urna electrónica para emitir su sufragio. Algunos consejeros de la comisión asumen que el Modelo de Operación establece los aspectos jurídicos y técnicos necesarios para dar viabilidad al diseño y a la implementación del voto ciudadano, a través de hasta 50 urnas electrónicas en Coahuila y 50 en Jalisco, sin embrago, este tipo de modificaciones se tienen que hacer “con una reforma legislativa y constitucional” como derivado de las fuentes formales del derecho y de la jerarquización de las normas jurídicas, y no con un acuerdo de la comisión en comento; ya que de ser validado se estaría violentando el sistema normativo jurídico mexicano.

Por ello someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral a efectos de respetar el orden normativo conforme a las fuentes formales del derecho y de la jerarquización de las normas jurídicas y reconsiderar la implementación de las urnas electrónicas en la elección del 6 de junio de 2021, ya que representan una violación al orden normativo jurídico de nuestro sistema jurídico.

Notas

1 Vid. Tamayo y Salmorán, Rolando, voz “fuentes del derecho”, en Diccionario Jurídico Mexicano, t. II, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, Editorial Porrúa/UNAM, 1995, páginas 1478-1480.

2 Cfr. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, t. X, noviembre de 1999, tesis P. LXXVII/99, página 46; CD-ROM IUS: 192867.

3 Soza, Mario, La pirámide de Kelsen o jerarquía normativa en la nueva CPE y el nuevo derecho autonómico, Rev. Jur. Der. vol.7 no.9 La Paz julio 2018, consultado el 14 de febrero de 2021 en el sitio web:

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2413-28102018000200008

4 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2021.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a incluir al personal activo de las corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno en los grupos prioritarios que recibirán la vacuna contra el SARS-Cov2, a cargo de la diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Según la Organización Mundial de la Salud, el virus SARS-CoV2 (Covid-19) es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.1

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó el virus SARS-CoV2 como una pandemia ante los alarmantes niveles de propagación y gravedad.

El Consejo de Salubridad General, publica el 30 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19).

El 16 de abril de 2020, en la conferencia de prensa matutina de Presidencia de la República, se anunció la necesidad de mantener la Jornada Nacional de Sana Distancia, incluida la suspensión de las actividades no esenciales. Dicha estrategia se ha extendido hasta el día de hoy

Sin embargo, existen actividades como las de las que se ejercen por parte de las corporaciones de policía de los tres niveles de gobierno que resulta esenciales ya que conlleva la salvaguarda y seguridad de la población mexicana. Estas actividades conllevan proximidad con la ciudadanía lo que los pone en máxima exposición a contraer el virus del SARS-CoV2.

Según lo establecido en la Política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19 en México2 la priorización en la aplicación de la vacuna es por grupos poblacionales en cinco etapas, y se encuentra basada en las características asociadas con un mayor riesgo adquirir la enfermedad y de morir por Covid-19.

El orden de prelación es el siguiente:

1. Personal sanitario que enfrenta Covid-19 (estimado en un millón de personas)

2. Personas adultas mayores:

a. Mayores de 80 años (2,035,415 personas)

b. Personas de 70 a 79 años (4,225,668 personas)

c. Personas de 60 a 69 años (8,199,671 personas)

3. Personas con comorbilidad o comorbilidades

a. Obesidad mórbida

b. Diabetes mellitus

c. Hipertensión arterial sistémica

d. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

e. Asma

f. Enfermedades cerebrovasculares

g. Infección por VIH

h. Enfermedad renal crónica

i. Estados patológicos que requieren de inmunosupresión

j. Cáncer en tratamiento

4. Personal docente de las Entidades Federativas en semáforo epidemiológico verde.

5. Resto de la población (mayor a 16 años).

De lo anterior se puede concluir que en la Política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19 en México, no se contempla al personal activo de las corporaciones policiales en los grupos prioritarios que recibirá la vacuna, a pesar de ser el primer contacto con la ciudadanía en la salvaguarda de su seguridad.

Por lo anterior resulta necesario que el Estado Mexicano proteja a las corporaciones policiales que se encuentran en activo con la inclusión entre los grupos prioritarios a recibir la vacuna, ya que por su proximidad con la ciudadanía se eleva el riesgo de contraer el virus del SARS-CoV2 y en consecuencia se incrementa el riesgo de trabajo.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud, doctor Jorge Carlos Alcocer Varela a incluir al personal activo de las corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno en los grupos prioritarios que recibirán las dosis de vacuna contra el SARS-CoV2 que arribaron este domingo 14 de febrero de 2021 a nuestro país por considerarse un grupo de alto riesgo al encontrarse en proximidad con la ciudadanía por la naturaleza de su trabajo.

Notas

1 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advi ce-for-public/q-a-coronaviruses

2 https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/PolVx_Covid_-11En e2021.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2021.

Diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Fiscalía General de Guerrero a cumplir y llevar a cabo de manera diligente y exhaustiva la averiguación sobre las diversas denuncias por delitos sexuales contra Félix Salgado Macedonio que permitan determinar el estatus jurídico y la procedencia del ejercicio de la acción penal para garantizar a las víctimas el pleno ejercicio de sus derechos y el acceso efectivo a la justicia, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Martha Tagle Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6; numeral 1 fracción II del artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En fechas recientes, el caso de Félix Salgado Macedonio ha cobrado relevancia en la agenda pública porque, pese a los múltiples testimonios y denuncias por violencia sexual en su contra1 , se perfila como el candidato de Morena para la gubernatura de Guerrero. En este sentido, es necesario señalar que Salgado Macedonio fue acusado penalmente en diciembre de 2016 por el delito de violación agravada ante la Fiscalía de Guerrero. La denunciante fue una mujer que trabajó para el morenista en un periódico de Acapulco desde 2014.

Días después, el 26 de enero, la dirigencia de Morena recibió una nueva denuncia contra el precandidato, por presunto abuso sexual cometido contra una militante2 .

Ante ello, el pasado de 20 de enero, la Fiscalía local emitió un comunicado de prensa sobre las dos denuncias referidas, sin embargo, no brindó más detalles que los que a continuación se presentan e incluso, en fechas recientes ya no ha brindado mayor información al respecto:

En consecuencia y, derivado del opaco papel que la Fiscalía del estado de Guerrero ha desempeñado en el caso en el sentido de garantizar la impartición de justicia para las víctimas3 , se ha generado un ambiente de impunidad institucional y política que ha permitido que el Senador con licencia cuente con el respaldo para sus aspiraciones políticas, incluso por parte del titular del ejecutivo federal.

La defensa más importante del polémico político ha venido desde Palacio Nacional. El mandatario ha enmarcado estas acusaciones como parte de la campaña electoral que vive el país, que el próximo 6 de junio celebrará los comicios para renovar el Congreso. “Ya dije que son tiempos de elecciones y hay acusaciones de todo tipo”, ha dicho López Obrador este miércoles (17 de febrero) en la conferencia de prensa matutina4 .

Sobre estos hechos, vale la pena retomar lo dicho por la abogada feminista Catherine Mackinnon respecto a que “ el derecho ve y trata a las mujeres como los hombres ven y tratan a las mujeres”. Ello con el fin de vislumbrar los alcances que el denominado “pacto patriarcal” tiene en la vida de las mujeres y en el ejercicio pleno de sus derechos humanos y que contribuye a mantener las relaciones desiguales de poder entre las mujeres y los hombres.

De lo anterior, es de señalarse lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del estado de Guerrero, concretamente en el segundo párrafo del artículo 2o., concerniente a su Objeto:

La Fiscalía General del estado de Guerrero debe realizar la función constitucional de investigación y persecución efectiva para lograr la prevención del delito y los fines del proceso penal acusatorio para:

I. El esclarecimiento de los hechos;

II. Proteger al inocente;

III. Que el culpable no quede impune, y

IV. Que se reparen los daños causados por el delito.

De igual forma, la ley en comento refiere como principios de actuación de los/as servidores públicos de la Fiscalía local, la legalidad, la objetividad, la eficiencia, el profesionalismo, la honradez y el respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución General (artículo 7).

Por tanto, la Fiscalía local debe actuar acorde con su sentido de órgano procurador de justicia y, en consecuencia, apegarse al marco normativo correspondiente en aras de maximizar los derechos de las mujeres que han alzado la voz y han denunciado presuntos actos de violencia por parte de Salgado Macedonio.

Como lo expresé recientemente en una entrevista para Animal Político y, que incluso podría aplicar para cualquier caso similar, no se pide que se le mande a la cárcel sin un proceso penal, pero que si haya una consecuencia política que es no acceder a una candidatura. No le dan valor a la palabra de las mujeres, siguen los estereotipos de que ella se lo ganó... Para las víctimas no hay justicia, mientras que a él de le dejan a salvo sus derechos5 .

Recordemos que el artículo primero constitucional brinda un marco suficiente para el reconocimiento de los derechos humanos, eso significa hacerlos exigibles de no hacerlo de poco o nada sirven; un reclamo constante de las víctimas es que las procuradurías/fiscalías no hacen las mínimas diligencias para investigar, la eficacia de los instrumentos legales para las personas no están, en palabras de la doctora Ana Laura Magaloni: “El acceso a la justicia en México es una ficción... mientras que la gente no tenga forma de defenderse frente al abuso y el atropello de otros, va a ser muy difícil que prosperen con su esfuerzo y talento”.6

En este sentido y, atendiendo no solo el llamado de las mujeres denunciantes sino el de cientos de voces que se han sumado a las exigencias en este caso, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del estado de Guerrero a cumplir de manera eficaz y oportuna con sus facultades y llevar a cabo la averiguación de manera diligente y exhaustiva, como los casos concretos lo ameritan, respecto a las diversas denuncias por delitos sexuales en contra de Félix Salgado Macedonio que permitan determinar el estatus jurídico y la procedencia del ejercicio de la acción penal a fin de garantizar a las víctimas el pleno ejercicio de sus derechos y el acceso efectivo a la justicia.

Notas

1 Véase: https://youtu.be/1cTJHVafQns

Barragán, Almudena (2021, 29 de enero). “¿Cuántas mujeres tienen que ser violadas?”: arrecian las acusaciones por agresión sexual contra Salgado Macedonio. México: El País. Recuperado el 20 de febrero de 2021 de:

https://elpais.com/mexico/2021-01-29/cuantas-mujeres-tie nen-que-ser-violadas-arrecian-las-acusaciones-por-agresion-sexual-contr a-salgado-macedonio.html?rel=mas

Ángel, Arturo (2021, 4 de febrero). En cinco años, solo 5 de cada 100 denuncias por abuso sexual y violación terminaron en sentencia. México: Animal Político. Recuperado el 5 de febrero de 2021 de:

https://www.animalpolitico.com/2021/02/5-cada-100-denunc ias-abuso-sexual-violacion-sentencia/

Aristegui Noticias (2021, 27 de enero). Presentan en Morena tercera acusación de violación contra Félix Salgado Macedonio/Documento. México: Aristegui Noticias. Recuperado el 5 de febrero de 2021 de:

https://aristeguinoticias.com/2701/mexico/
presentan-en-morena-tercera-acusacion-de-violacion-contra-felix-salgado-macedonio-documento/

2 Animal Político (2021, 15 de febrero). “Félix Salgado se registra como candidato de Morena al gobierno de Guerrero”. México. Recuperado el 19 de febrero de 2021 de: https://www.animalpolitico.com/2021/02/felix-salgado-se-registra-como-c andidato-de-morena-al-gobierno-de-guerrero/

3 Forbes (2021, 21 de enero). “Fiscalía de Guerrero cierra denuncia contra Salgado Macedonio por violencia sexual.” México. Recuperado el 21 de febrero de 2021 de:

https://www.forbes.com.mx/fiscalia-de-guerrero-cierra-de nuncia-contra-salgado-macedonio-por-violencia-sexual/

4 Barragán, Almudena (2021, 17 de febrero). Salgado Macedonio recibe el apoyo de López Obrador pese a las acusaciones de violación. México: El País. Recuperado el 19 de febrero de 2021 de: https://elpais.com/mexico/2021-02-17/lopez-obrador-insiste-en-su-defens a-a-salgado-macedonio-pese-a-las-acusaciones-de-violacion.html?rel=mas

5 Ángel, Arturo, Op. Cit.

6 Magaloni, Ana Laura. 2019 noviembre 10. Acceso a la Justicia: Una Ilusión en México [Archivo de video] Recuperado de #Dices: https://dices.mx/opina-en-dices/acceso-a-la-justicia-una-ilusion-en-mex ico-ana-laura-magaloni/

Dado en la honorable Cámara de Diputados, el 2 de marzo de 2021.

Diputada Martha Tagle Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a atender la problemática de la comunidad indígena de Ayotitlán, en Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, suscrita por las diputadas Laura Imelda Pérez Segura e Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena

Las que suscriben, diputadas federales Laura Imelda Pérez Segura e Irma Juan Carlos, integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos permitimos presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, para exhortar respetuosamente a distintas autoridades municipales, estatales y federales a que realicen acciones dentro del ámbito de sus atribuciones para atender la problemática de la comunidad indígena de Ayotitlán ubicada en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.

Consideraciones

1o .- La comunidad indígena de Ayotitlán es uno de los núcleos indígenas nahuas-otomíes más antiguos y extensos del país, el cual subsistió aún después de la conquista española, habiendo logrando en 1691 su reconocimiento legal con el carácter de República de Indios de Ayotitlán, conservando su carácter comunal y sus autoridades tradicionales. Posteriormente enfrenta procesos de despojo de partes considerables de sus tierras por parte de las haciendas, manteniendo la defensa de sus derechos y en su carácter de República de Indios, mediante litigios ante las autoridades virreinales para hacer frente a amenazas sobre su territorio. Durante el siglo XIX la Comunidad Indígena de Ayotitlán logra mantener gran parte de sus derechos territoriales y su organización comunal. En 1921 presenta su solicitud de restitución de sus bienes comunales y en 1927 se publica en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.

Sin embargo, las ambiciones del naciente cacicazgo del general García Barragán en la costa sur de Jalisco por apropiarse de grandes extensiones de tierras y de las enorme riquezas forestales de la Sierra de Manantlán y por parte de los grupos de poder del estado de Colima de quedarse con los extensos yacimientos mineros, visibles a flor de tierra en la parte sur de la Comunidad Indígena de Ayotitlán, frenaron el proceso de restitución de los bienes comunales de esta comunidad indígena, la que tuvo que enfrentar un largo proceso de invasiones y agresiones armadas, que llegó a su mayor intensidad en la década de 1950, hasta que habiendo asesinado a una parte de los líderes de la resistencia de la Comunidad, a principios de la década de 1960 obligaron a que una parte de los comuneros -783- aceptara que se revirtiera la restitución de los bienes comunales a dotación ejidal, ante la amenaza de desaparecer por la fuerza a la comunidad. La mayoría de los comuneros –alrededor de 1,300- no aceptaron la imposición de la dotación ejidal con lo que se buscaba desaparecer a la comunidad indígena de Ayotitlán, quienes, con gran parte de sus líderes asesinados y perseguidos, optaron por resistir manteniendo la posesión comunal de sus tierras. La dotación ejidal provisional en 1963 fue de 55,332 has, reducida en la publicación oficial de 1964 a 50,332 has. y vuelta a mutilar en el acta de posesión y deslinde de1977, a solo 34,700 has., de las cuales 3,400 has. están en conflicto. Debido a que la mayoría de los comuneros se negaron a avalar la creación del ejido y mantuvieron la posesión comunal de las tierras, en el ejido Ayotitlán no se tienen certificados agrarios, ya que la mayoría de la tierra aparcelada es de comuneros, no de los que se reconocieron como ejidatarios, persistiendo un extenso y complejo conflicto interno por la posesión de la tierra, entre ejidatarios y comuneros.

Fuera del polígono del ejido, los indígenas de Ayotitlán mantienen la posesión de terrenos que corresponden a la comunidad indígena de Ayotitlán y que se encuentran en conflicto con diversos núcleos agrarios: comunidades indígenas de Chacala y de Cuzalapa, los ejidos El Rodeo, Mezquites, Zenzontla, Ahuacapán, La Loma y el exNCPE Guayabillas

2o.- La Comunidad Indígena de Ayotitlán enfrentó desde la década de 1930 las invasiones y saqueo de sus bosques por madereros respaldados por el cacicazgo del general García Barragán, que extraían hasta 300 camiones diarios de madera, durante más de 40 años. La comunidad combatió el saqueo y destrucción de sus bosques, impugnando la legalidad de las concesiones madereras, realizando bloqueo de caminos, manifestaciones públicas y llegando a la quema de aserraderos como la de 1982, ante los severos impactos ambientales generados por las matarrasas aplicadas por los madereros, que además de saquear la madera a la comunidad, acababan los bosques y secaban los arroyos, dejando sin riego los cultivos, ni agua para el ganado y la población, aumentando el calor y la propagación de incendios.

Cuando llegaron biólogos a la comunidad buscando ancestros silvestres del maíz, los indígenas de Ayotitlán les enseñaron la milpilla –Zea diploperennis- que es la planta silvestre con la que hibridaban sus maíces para fortalecerlos. De esta planta silvestre que solo existe en la Sierra de Manantlán, los ancestros indígenas desarrollaron el maíz, uno de los principales alimentos del mundo. La Comunidad enseñó a los investigadores toda la diversidad de plantas y animales silvestres, que en conjunto representan el 36 por ciento de la biodiversidad de Jalisco y el 12 por ciento de la del país, lo que fue la base para declarar la creación de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán en 1987, con el respaldo activo de los indígenas de Ayotitlán, tanto para detener el saqueo y afectaciones de los madereros a los bosques de la Comunidad, además de que se prometió desarrollar proyectos productivos que resolvieron la profunda pobreza de la población indígena. Después de 33 años de decretada la creación de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, los indígenas de Ayotitlán siguen estando en las zonas de mayor pobreza y marginación, enfrentando la minería ilegal, la tala clandestina de sus bosques y las agresiones de la delincuencia organizada.

3o. La definición de los límites de los estados del país en forma precisa y con elementos de legitimidad, es y ha sido un problema que ha enfrentado México desde su nacimiento como nación independiente, esto debido a sistemas obsoletos de cartografía, falta de interés para mejorarla, carencia de recursos para poder lograrlo y, sobre todo, a invasiones territoriales generadas por la codicia de grupos económicos y políticos poderosos.

4o. - Los problemas derivados de la falta de claridad en los límites territoriales entre los estados donde se generan conflictos por el control de recursos naturales de alto valor, provocan que comunidades enteras queden aisladas, sin servicios básicos tales como la protección de la salud, la educación, el suministro de servicios básicos como el agua potable, la energía eléctrica o la seguridad que el Estado está obligado a proveer. La indefinición de límites estatales claros se ha usado para impedir la gobernabilidad en los territorios en disputa y los convierte en tierra de nadie, que deja a sus habitantes a merced de grupos del crimen organizado o de poderes fácticos, que tienen interés en los recursos naturales, principalmente mineros de las zonas en conflicto; tal es el caso de los territorios de los pueblos originarios Nahuas y Otomíes de Ayotitlán.

Ante la magnitud de las violaciones de los derechos humanos a la población indígena de Ayotitlán, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, después de un largo proceso de revisión de quejas emitió el 27 de septiembre de 1995 la Recomendación 122/95, la que aunque estuvo limitada a los términos que los gobiernos estatales y el gobierno federal aceptaron que se enunciaran en dicha recomendación lo siguiente:

A los gobernadores de los estados de Colima y Jalisco

• Que se establezca un acuerdo definitivo respecto a los límites territoriales de ambas entidades federativas y, en su caso, lo sometan a la resolución del honorable Congreso de la Unión

• En tanto se resuelve el conflicto de límites estatales, se establezcan acuerdos de coordinación sobre la prestación de los servicios públicos, fundamentalmente para garantizar a la población de la zona en conflicto, condiciones reales de seguridad pública.

Al gobernador de Jalisco

• Esclarecer los presuntos homicidios y otros delitos señalados por los pobladores de Ayotitlán

• Se Intensifique la prestación de servicios médicos y de salubridad general

Al secretario de la Reforma Agraria

• Que se haga un estudio exhaustivo del expediente del Ejido Ayotitlán, y se contribuya a la resolución fundada y motivada sobre el rezago agrario y los conflictos por la tenencia de la tierra, en especial de los casos de la población en posesión territorial por lo que ha recibido agresiones continuas

Asimismo, aunque algunas de las instancias de gobierno a quienes se dirigió la Recomendación 122/95, especialmente el gobierno de Colima, se opusieron al reconocimiento del carácter indígena de la población de Ayotitlán, en la relación de Hechos que fundamentan dicha Recomendación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoce el carácter de Comunidad Indígena al conjunto de localidades asentadas en la Sierra de Manantlán y cuyo territorio incluye el área de conflicto de límites estatales. El reconocimiento del carácter indígena de la población de Ayotitlán por parte de la CNDH fue asentado en la citada Recomendación en los siguientes términos:

Que si bien es cierto que la figura legal que tiene la comunidad de Ayotitlán es la de ejido, “en realidad se trata de una de las comunidades indígenas de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán que mejor conservan su cultura tradicional y rasgos antropogénicos”, además de compartir varios aspectos que caracterizan a las comunidades indígenas de nuestro país, como son: marginación, pobreza, desnutrición, irregularidades en la tenencia de la tierra y conflictos para el aprovechamiento de sus recursos naturales.1

5o. – Como parte del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la aceptación de la Recomendación 122/95 de la CNDH, el gobierno del estado de Jalisco interpuso una controversia constitucional, la Núm. 3/98, promovida durante la administración del entonces gobernador, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez (1995-2001), que buscó que se confirmaran los límites territoriales de Jalisco en el río Marabasco como límite natural, con base en documentación legal, histórica y cartográfica, la competencia del gobierno de Jalisco sobre una superficie de 406.8 kilómetros cuadrados que desde finales del siglo XIX, se fue generando una zona con límites estatales sobrepuestos que ha buscado fijar el estado de Colima, conflicto en el que se han llegado a actos de violencia extrema, como fue la matanza de 13 indígenas Nahuas de Ayotitlán en la localidad de Timbillos en la Semana Santa de 1920 . A través de dicha controversia constitucional, que lleva 25 años sin resolverse, se buscó poner fin a los abusos que sufrían los pobladores de la cuenca norte del Río Marabasco y en parte de la zona costera de la Costa Sur de Jalisco, en donde se ha mantenido el acoso y los procesos de invasiones y despojo, mediante múltiples procesos penales y de la propiedad, agravados por hechos de violencia continuos, generados por los interesados en despojar a los indígenas de sus tierras y recursos naturales, para la explotación minera y maderable, con el respaldo del Gobierno del estado de Colima.

6o. - Aun a pesar de que existían ya un proceso legal para la definición de los limites, los siguientes gobiernos de Jalisco dejaron de dar continuidad a la controversia en forma activa, esto se debió en gran parte a las gestiones del entonces senador de Colima Héctor Michel Camarena, quien promovió una reforma a los artículos 46, 76 y 105 constitucionales, para quitarle facultades a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de dictaminar los casos referentes a límites territoriales, transfiriéndose al Senado de la República, donde se buscaría resolverlos mediante “arreglos políticos”. Ante esto es importante recalcar que son las poblaciones de la zona de conflicto de límites estatales en los municipios de Cuautitlán y Cihuatlán Jalisco, las que durante décadas han llevado a cuestas el mayor peso de la defensa de sus derechos ante las ofensivas legales, agresiones policiales y de la delincuencia organizada, facilitadas por la sobreposición de límites territoriales y la falta de definición de las competencias legales de los estados de Jalisco y Colima.

7o. - Durante el periodo en que la Controversia 3/98 se transfirió al Senado, no hubo arreglo alguno que permitiera su resolución. No fue sino hasta el mes de octubre de 2012 , a fines de la administración federal de Felipe Calderón Hinojosa, que mediante un dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos que se le restituyeron las facultades para la resolución de diferendos territoriales a la SCJN y se le quitaron al Senado de la República. Sin embargo, al devolverle las facultades a la SCJN no se le restituyeron los expedientes, provocando un limbo legal a los diferentes litigios limítrofes que tuvo el Senado bajo su responsabilidad.

8o. - Los diferentes conflictos y el desamparo de los pobladores, víctimas de la indefinición de límites y territorios se han acumulado desde hace 100 años en el caso de la comunidad indígena de Ayotitlán, Jalisco. El consorcio minero “Peña Colorada”, instalado en su territorio ancestral en la década de 1960 como empresa paraestatal, fue vendido en la década de 1990 a inversionistas extranjeros, generando utilidades netas de U$1,500 millones de dólares anuales. Poco a poco, la minera ha ido ganando terrenos y acumulando el control del agua, que le ha quitado a la población indígena, por medio del despojo y el dispendio, siempre respaldándose la empresa en el gobierno de Colima y sus gobiernos municipales, y facilitado por la omisión del gobierno de Jalisco en la aplicación de sus competencias para validar o no el otorgamiento de concesiones y autorizaciones en materia de minería y agua, así como el no ejercer la defensa de los derechos de la población indígena afectada, manteniéndose también la indiferencia por parte de la Federación ante el conflicto territorial y social en esta región del país.

9o. - La empresa minera Peña Colorada y otras diez minas que operan ilegalmente en el territorio de Ayotitlán, a pesar de las múltiples denuncias ante la Profepa por los daños ambientales que generan impunemente, han contaminado manantiales, arroyos y el río Marabasco, se desmontan a matarrasa áreas extensas de bosques, desgajado los cerros como hoy lo está haciendo en los poblados nahuas de La Astilla y Las Pesadas, degradando los ecosistemas y desapareciendo comunidades enteras que se ubicaban en el territorio donde la empresa expandió el aprovechamiento minero (Puertecito de Las Parotas, Potros y Mameycito). La lucha de los habitantes de Ayotitlán ha sido respaldada por la Diócesis de Autlán, por la Red Jalisciense de Derechos Humanos (ONG) y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de la histórica Recomendación 122/95 publicada el 27 de septiembre de 1995 , como ya se señaló, es a raíz de la Recomendación de la CNDH, que los gobiernos de los estados de Jalisco y Colima se vieron obligados a llevar la controversia 3/98 ante el máximo Tribunal Nacional: la SCJN.

10o. - Otra vertiente de los problemas que padece la población en la zona de conflicto de límites estatales, es el crimen organizado, que, ante la ausencia del Estado, que durante décadas ni siquiera se hacían los levantamientos de los cadáveres de los indígenas asesinados, tal como lo señala la Recomendación 122/95, han impuesto su ley en la zona de conflicto de límites y en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán (RBSM), la que sufrió en 2017 uno de los peores incendios del país, relacionado con un largo proceso de tala clandestina en las zonas núcleo, sin que la ineficiente Dirección de la RBSM hubiese hecho algo para detener la tala clandestina ni para prevenir ni combatir oportunamente el incendio, que por su magnitud, obligó a cerrar las escuelas varios días en las poblaciones de Autlán y El Grullo Jalisco, a pesar de estar a 50 km. de los incendios. Una prueba fehaciente de su abandono y mal manejo fue el desalojo violento, asesinatos y desaparición de indígenas nahuas de Rincón de Manantlán, por un grupo armado que en 2014 tomó control del poblado y desde ahí de la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán; asimismo el secuestro y desaparición forzada del activista nahua Celedonio Monroy Prudencio, a manos de un comando armado que lo extrajo de su vivienda hacia paradero desconocido en octubre de 2012, como represalia contra uno de los principales líderes que organizaban la resistencia indígena, ante el saqueo de los recursos forestales de Ayotitlán por parte de la delincuencia organizada.

10o .- La grave situación de violación de los derechos humanos de la población indígena de Ayotitlán que han sufrido en forma continua décadas y que se enmascara en el conflicto de límites estatales, ha sido creado en forma premeditada por los grupos políticos y económicos que se benefician del saqueo de los recursos naturales de la comunidad. El gobierno de Colima desde principios del siglo XX desconoce como límite estatal el río Marabasco y imponiendo su autoridad en la parte sur del territorio de la comunidad indígena de Ayotitlán, en el que se encuentra uno de los principales yacimientos de hierro del país, donde reconoce propiedades privadas sobre el territorio en posesión por generaciones de integrantes de la comunidad indígena de Ayotitlán y avala el otorgamiento de concesiones mineras, de agua, de operación industrial, de operaciones portuarias, entre otras facilidades y respaldos a las actividades de extracción de recursos naturales de la zona en conflicto. Ante esta violación de los límites estatales y el ejercicio de actos de autoridad que afectan directamente a la población asentada en la zona que fue invadida, el gobierno de Jalisco no ejerce ninguna acción efectiva para proteger los derechos de la población afectada, ni para impugnar la alteración de los límites estatales realizado por el gobierno de Colima sin el sustento legal necesario. El llamado conflicto de límites estatales Jalisco-Colima no es tal, ya que en los hechos no hay confrontación entre los estados, es en realidad una estrategia para meter a la comunidad indígena de Ayotitlán en el limbo legal, en el que se facilitan las agresiones y negación de los derechos por parte de un gobierno estatal y el otro gobierno que debe defenderlo, solo observa y no defiende los derechos violados ni combate las ilegalidades derivadas de los actos cometidos en contra del marco constitucional federal y de los estados, ya que el artículo 1o. de la Constitución Política del Estado de Colima establece que “El estado de Colima reconoce, protege y garantiza a toda persona, el goce de sus derechos consignados en la Constitución General de la República”. De igual manera, en la Constitución Política del Estado del estado de Jalisco en su artículo 4o. señala que: “Toda persona, por el sólo hecho de encontrarse en el territorio del Estado de Jalisco, gozará de los derechos que establece esta Constitución, siendo obligación fundamental de las autoridades salvaguardar su cumplimiento”.

Al haber actos gubernamentales contrarios al respeto de los derechos humanos de la población indígena y seguir permitiendo dichas violaciones, se está quebrantando sus propios ordenamientos constitucionales, ya que ningún acto gubernamental puede ser legal si está transgrediendo o consintiendo la violación de los derechos humanos, como el derecho a la propiedad, a la seguridad, a la integridad física, a la justicia, a la salud, a un medio ambiente limpio, al respeto a su cultura, entre otros.

11o.- La comunidad indígena de Ayotitlán, como sujeto social y legal en los términos del artículo segundo constitucional, preexiste a la conformación del actual Estado mexicano y, por ende, a Colima y Jalisco como entidades federativas. Por ello, el Estado mexicano está obligado a respetar los derechos históricos de la comunidad indígena de Ayotitlán.

Es por todo lo anterior, que resulta necesaria la intervención activa de las autoridades federales y estatales, para salvaguardar la vida y libertad personal y comunitaria de los integrantes de la Comunidad Indígena, así como para regresarles la tranquilidad perdida.

El Estado mexicano le ha fallado una y otra vez a la comunidad indígena de Ayotitlán, sin embargo, nunca es tarde para demostrar solidaridad y empatía ante el dolor del abandono y la exclusión. Es por ello por lo que independientemente del color partidario invitamos a las y los legisladores de esta soberanía a sumarse y darles voz a los pueblos originarios de Ayotitlán Jalisco, a través de este exhorto.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición

Puntos de Acuerdo

Primero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a que dentro del ámbito de sus atribuciones realicen en conjunto una revisión exhaustiva al Archivo General de la Nación, a la documentación de la época colonial y del siglo XIX, así como al Archivo General Agrario, a fin de corroborar las referencias históricas y legales de la existencia y derechos de la antigua comunidad indígena de Ayotitlán y, en su caso, reconocer su actual existencia.

Segundo. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Senado de la República a abrir el procedimiento legislativo y administrativo necesario para realizar la entrega del expediente y anexos de la Controversia 3/98 que se encuentra resguardado en sus instalaciones, a la SCJN, que es la encargada de solucionar las disputas de límites territoriales entre las entidades federativas.

Tercero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, al gobierno del estado de Jalisco, a reanudar los trámites correspondientes para retomar la controversia constitucional, o para iniciarla, a fin de determinar los límites territoriales en las 3 zonas en disputa, de acuerdo con la controversia constitucional 3/98 entre Jalisco y Colima ante la SCJN.

Cuarto. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a los gobernadores de los estados de Jalisco y Colima, a realizar las acciones necesarias para salvaguardar la vida, los derechos de propiedad, la seguridad jurídica, la integridad y la libertad personal de los ciudadanos de la comunidad indígena de Ayotitlán, así como a coordinarse también con las autoridades municipales correspondientes, para asegurar la prestación de los servicios públicos a la población indígena y mestiza afectada por el diferendo territorial.

Quinto. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a actuar como garante y vigilante en la franja territorial en disputa, para que ningún estado o municipio falte a sus deberes para con los integrantes de los ejidos y la Comunidad Indígena de Ayotitlán, tanto en la zona de conflicto de límites estatales, como dentro o fuera del polígono de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán (RBSM) que comprende el territorio indígena, así como a hacer público un informe de los resultados obtenidos del seguimiento a la recomendación 122/95.

Sexto. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a salvaguardar la integridad de las Áreas Naturales Protegidas, específicamente de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, que en Jalisco forma parte del territorio ancestral de los nahuas de Ayotitlán, así como a integrar a los representantes de la comunidad indígena de Ayotitlán y los otros núcleos agrarios de la Sierra de Manantlán, en un sistema de coadministración de esta área natural protegida, al haberse decretado la misma sobre sus bosques y selvas, con el fin de que se desarrollen condiciones reales de sustentabilidad, a partir del uso transparente y eficiente de recursos y se fortalezca el manejo comunitario de recursos naturales. Asimismo, se le solicita impedir, sancionar y resolver los fuertes procesos de contaminación del agua, el aire y los suelos que generan las actividades mineras, en perjuicio de la población indígena de Ayotitlán y de las poblaciones ribereñas de los estados de Jalisco y Colima en la cuenca del río Marabasco, así como la biodiversidad de la zona. Para ello, se solicita que se realicen los ajustes y actualizaciones necesarias al Plan de Manejo de la ANP Reserva de la Biosfera, a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Nota

[1] Página 4 de la Recomendación 122/95 de la CNDH

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo del 2021

Diputadas: Laura Imelda Pérez Segura, Irma Juan Carlos (rúbricas)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa, el Insabi, la Cofepris y Birmex a abstenerse de importar medicamentos sin registro sanitario conforme a la normativa nacional y con empaques en idiomas ininteligibles para la mayoría de los mexicanos, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con Punto de Acuerdo, para exhortar respetuosamente al Titular del de la Secretaría de Salud el Instituto de Salud para el Bienestar, Cofepris y Birmex a abstenerse de importar medicamentos que no cuentan con registro sanitario conforme a la normatividad nacional y vienen en empaques en idiomas extranjeros que son ilegibles para la mayoría de los mexicanos, conforme a las siguientes

Consideraciones

La Suprema Corte de Justicia dela Nación ha resuelto que del análisis conjunto de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12, numeral 2, inciso d), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se desprende que el Estado mexicano se encuentra obligado a crear las condiciones que aseguren a todas las personas los servicios médicos en casos de enfermedad. Para ello, debe prestar servicios integrales, lo que implica que se debe proporcionar un tratamiento adecuado y completo, lo que incluye el suministro de medicamentos básicos.1

Además, que la Ley General de Salud (LGS), reglamentaria del derecho a la protección de la salud, establece en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud, que los servicios básicos de salud, se integran por la atención médica y la disponibilidad de medicamentos y otros insumos para la salud. La atención médica, en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los medicamentos básicos.2

En particular, el artículo 29 de la LGS vigente, establece que, del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, la Secretaría de Salud determinará la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud y garantizará su existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes. La fracción VIII del artículo 27, establece que se consideran servicios básicos de salud los referentes a la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, así como su surtimiento. También, la fracción IV de artículo 77 BIS 37, que señala que los beneficiarios tendrán el derecho recibir gratuitamente los medicamentos y demás insumos asociados, que sean necesarios y que correspondan a los servicios de salud.

Por otro lado, conforme al artículo 17 bis de la Ley General de Salud, las atribuciones de regulación, control y fomento sanitario que corresponden a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; además, en el párrafo último del artículo 194 se señala que el control sanitario del proceso, importación y exportación de medicamentos, estupefacientes y substancias psicotrópicas y las materias primas que intervienen en su elaboración, compete en forma exclusiva a la Secretaría de Salud, en función del potencial de riesgo para la salud que estos productos representan.

Los artículos 204 y 376, señalan que los medicamentos y demás insumos para la salud, requieren para su venta o suministro en el país, contar con la autorización sanitaria correspondiente, misma que adopta la modalidad de registro sanitario.

El artículo 222, dispone que la Secretaría de Salud sólo concederá la autorización correspondiente a los medicamentos, cuando se demuestre que éstos, sus procesos de producción y las sustancias que contengan reúnen las características de seguridad, eficacia y calidad exigidas, que cumplen con lo establecido en esa Ley y demás disposiciones generales aplicables, para lo cual, la Secretaría de Salud o sus terceros autorizados, previamente deberán verificar el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación y del proceso de producción del medicamento, así como la certificación de sus principios activos.

Sin embargo, el derecho a la protección de la salud que se encuentra consagrado como garantía individual, se ha visto violentado reiteradamente por el gobierno federal, ante desabasto de medicamentos que prevalece en el Sistema Nacional de Salud.

Ante ello el gobierno federal ha tomado medidas desesperadas, producto de su incapacidad para planear adecuadamente las compras de medicamentos y de su afán por eliminar a las empresas farmacéuticas nacionales, a las cuales ha tachado de corruptas sin haber acreditado hasta el momento sus dichos; lo que la ha llevado a realizar compras en el mercado internacional, sin respetar la legislación vigente.

Tal como está ocurriendo con las compras de medicamentos a Lituania y otros países. Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) realizó la compra de medicamentos que serán distribuidos en los hospitales del sector público, entre los que se encuentran 3 millones 363 mil 715 unidades de Midazolam de 15 y 50 gramos, Dexmedetomidina, Propofol de 20 y 50 gramos, Enoxaparina de 20,40,50 y 60 gramos, y Rocuronio de 2 y 8 grados, además de Norepinefrina.

Sin embargo, dicha compra se realizó sin observar las disposiciones que en nuestro país están establecidas en materia de regulación sanitaria para medicamentos, entre ellos se encuentran las disposiciones el etiquetado de éstos. Es el caso de la Norma Oficial Mexicana NOM -072-SSA1-2012, Etiquetado de medicamentos y de remedios herbolarios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 2012.

Dicha norma señala diversos criterios que deben cumplir los textos del etiquetado e instructivo de los medicamentos y los remedios herbolarios, la cual es información de carácter sanitario y comercial que identifica a cada medicamento o grupo de medicamentos, con el objeto de establecer con precisión su correcta identificación en el mercado, para su venta y suministro, así como para orientar y advertir al usuario sobre el adecuado y seguro consumo de estos insumos para la salud.

Dichos textos deberán ser autorizados y entregados por la Secretaría de Salud ya sea por la obtención de registro sanitario del medicamento, de la clave alfanumérica de remedio herbolario o por modificaciones a las condiciones de registro.

Dicha Norma, establece los requisitos que deberá contener el etiquetado de los medicamentos y los remedios herbolarios que se comercializan o suministran en el territorio nacional, sus instructivos y el etiquetado de las muestras médicas de los mismos, los cuales deben estar en idioma español; además de que cuando la información se exprese en otro idioma además del español, ésta podrá ser hasta del mismo tamaño y proporcionalidad tipográfica, sin oponerse ni contravenir al texto en el idioma español, entre otras.

La importancia del etiquetado es porque cumple objetivos relevantes como son identificar y describir el medicamento, contribuir a un óptimo resultado terapéutico y evitar errores de medicación, lograr un manejo y almacenamiento apropiados, permitir la trazabilidad del producto si se presentan problemas en la producción, prescripción o proceso de dispensación.

En el etiquetado se incluye información de gran importancia como es el nombre genérico del producto y en su caso su denominación distintiva, la lista y cantidades de los principios activos, contenido del empaque, número de lote, fecha de caducidad, condiciones de almacenamiento, indicaciones de uso, advertencias y precauciones, datos del fabricante, datos de contacto para farmacovigilancia, por mencionar algunos elementos.

Adicionalmente, puede haber errores en las condiciones de almacenamiento por no entender claramente las instrucciones para la conservación adecuadas del medicamento, se corre el riesgo de no entender la fecha de caducidad y utilizar medicamentos que ya están caducos, en caso de reacciones adversas se complica la identificación del fabricante y en su caso de a quién notificarlas para dar cumplimiento a la regulación de farmacovigilancia, o complicaciones en el seguimiento de la trazabilidad del producto en caso de que sea necesario su retiro por desviaciones vinculadas con temas de problemas de calidad, seguridad o eficacia del producto.

Lo medicamentos comprados por Birmex, y que serán distribuidos en los hospitales públicos, están generando desconcierto ya que, además de no contar con el registro sanitario correspondiente, no cumplen con las disposiciones de la Norma, ya que la etiquetas e instrucciones de psicotrópicos y anestésicos que les llegaron la semana pasada están literalmente en ruso.

Entre el personal hospitalario hay un absoluto rechazo al uso de medicamentos en idioma extranjero. Los médicos y enfermeras enfrentaran serios problemas para la prescripción, dispensación y administración de estos medicamentos que no cumplen con la normatividad nacional; situación grave ya que puede generar errores involuntarios que pueden ser constitutivos de responsabilidades. No se cuenta con la información mínima para garantizar su correcta prescripción y administración porque la etiqueta solo está en ruso o en otro idioma, contrario a la norma vigente.

El gobierno federal busca resolver el desabasto de medicamentos a cualquier costo, incluso poniendo en riesgo la salud y la vida de los enfermos o generando responsabilidades para los profesionales de la salud que los prescriben y administran.

La Secretaría de Salud debe resolver este problema, pues la Norma vigente señala que, en ningún caso, se podrá sobreetiquetar la información original; por lo que deberá encontrar otras vías dentro de la normatividad vigente. Es muy grave el descuido de hacer compras que no cumplan con nuestra legislación.

En el sistema público de salud se han prendido las alertas por el suministro de medicamentos en idiomas extranjeros lo cual puede conducir a graves problemas tanto para los pacientes como para el personal de salud que prescribe.

Los medicamentos importados no cuentan con registro sanitario, lo que genera gran desconfianza sobre los mismos; la Cofepris, por su lado ha incumplido con su responsabilidad legal de garantizar que todos los medicamentos que se administren en nuestro país, cuenten con dicho registro sanitario, de manera que sean seguros, eficaces y de calidad. Ante la incertidumbre se juga con la vida de los pacientes.

La Cofepris es la responsable de intervenir e impedir que medicamentos que incumplen la norma se usen en el sistema nacional de salud. En todo caso, debería responsabilizarse de emitir y proporcionar a las instituciones instructivos o guías en español, de modo que el personal médico y de enfermería no tenga la menor duda sobre la aplicación y dosificación de dichos insumos.

La Secretaría de Salud tampoco ha señalado cómo procederá, en este caso, el proceso de farmacovigilancia, la cual está destinada a la detección, identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los posibles riesgos derivados del uso de los medicamentos y vacunas en seres humanos; para que, en caso de detectar problemas con estos medicamentos se tomen las medidas necesarias.

Comprar medicamentos sin considerar nuestra normatividad vigente pone en riesgo la salud y vidas de los pacientes; y puede conducir a los profesionales de la salud a cometer errores.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante ustedes las siguientes proposiciones con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud, el Instituto de Salud para el Bienestar y la empresa paraestatal Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, SA de CV (Birmex), a realizar solo compras de medicamentos que cumplan con normatividad nacional; así como como a proporcionar los instructivos y guías que permitan la prescripción, dispensación y administración de medicamentos que no cumplen con la normatividad nacional y vienen en empaques con idiomas extranjeros.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud, el Instituto de Salud para el Bienestar y a la Cofepris, a cumplir con su obligación legal de garantizar la seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos; así como a dar a conocer a la población en general, los mecanismos de Farmacovigilancia establecidos para los medicamentos de origen internacional.

Tercero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud y a la Cofepris a garantizar el abasto de medicamentos seguros, eficaces y de calidad necesarios en el sistema públicos de salud; así como a asegurar que los registros sanitarios que se otorguen al amparo del “Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas para agilizar el trámite de registro sanitario de medicamentos y demás insumos para la salud que provengan del extranjero del extranjero”, publicado en el DOF en el 18 de noviembre de 2020, sea exclusivamente para medicamentos que se distribuirán en el sector salud de muestro país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2021.

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a incluir en su plantilla laboral al menos a 5 por ciento de personas con discapacidad para garantizarles el acceso a oportunidades de trabajo e incorporarlas a la PEA, a cargo del diputado Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Higinio del Toro Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, en el ejercicio de sus atribuciones, incluyan dentro de su plantilla laboral a por lo menos 5 por ciento de personas con discapacidad, a fin de garantizarles el acceso a oportunidades de trabajo y que formen parte de la población económicamente activa del país, al tenor de los siguientes:

Considerandos

En la actualidad, la población mundial supera los siete mil millones de personas y más de mil millones de personas, aproximadamente 15 por ciento de la población mundial, viven con algún tipo de discapacidad y 80 por ciento vive en países en desarrollo.1

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay 6 millones 179 mil 890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa 4.9 por ciento de la población total del país. De ellas 53 por ciento son mujeres y 47 por ciento son hombres2 . En Jalisco, el 4.6 por ciento de la población tiene alguna discapacidad.3

Frente a esta realidad, el 13 de diciembre de 2006 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene como propósito fundamental asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos para todas las personas con discapacidad, convirtiéndose ésta en la primera convención internacional sobre derechos humanos que se aprueba en el siglo XXI.4

La adopción de este documento, que tiene el carácter de instrumento jurídico vinculante, obliga a los Estados que lo ratifiquen a adoptar y desarrollar políticas de no discriminación y medidas de acción en favor de los derechos de las personas con discapacidad específicamente, así como a adaptar sus ordenamientos jurídicos para que puedan hacer valer sus derechos, reconociendo su igualdad ante la ley y la eliminación de cualquier tipo de práctica discriminatoria.5

México firmó la Convención y ratificó su Protocolo Facultativo el 30 de marzo de 2007, se aprobó en el Senado de nuestro país el 27 de septiembre y se publicó el Decreto de Aprobación de la Convención en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre del mismo año, con lo que se pudo ratificar por México el 17 de enero de 2008. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad está, a partir de ese momento, por encima de todas las Leyes de Nuestro País, excepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.6

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala en los primeros tres incisos de su preámbulo lo siguiente:

“a) Recordando que los principios de la Carta de las Naciones Unidas que proclaman que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad y el valor inherentes y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana,

b) Reconociendo que las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, han reconocido y proclamado que toda persona tiene los derechos y libertades enunciados en esos instrumentos, sin distinción de ninguna índole,

c) Reafirmando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin discriminación,”

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive.7

Las personas con discapacidad enfrentan barreras para la inclusión en todos los aspectos de la vida: educación, empleo, vida social y política y salud. Como consecuencia, muchas personas con discapacidad no tienen acceso a la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. En ocasiones, el estigma y la discriminación son la mayor barrera para la participación plena e igualitaria de las personas con discapacidad, incluido el acceso a los servicios de salud.8

La inclusión laboral permite que las personas en condición de vulnerabilidad y sin importar origen étnico, género, enfermedad, orientación sexual y otras circunstancias tengan acceso a un empleo digno y decente, promoviendo su inclusión y permanencia laboral sin discriminación y en igualdad de condiciones.9

En el 2019, el gobierno municipal de Zapotlán El Grande, Jalisco, obtuvo el premio de la Medalla por la Inclusión “Gilberto Rincón Gallardo-Teletón” por su reglamento para el desarrollo y promoción de los derechos de las personas con discapacidad y por su programa municipal de inclusión laboral. La Fundación Teletón y la Fundación Gilberto Rincón Gallardo lanzó está convocatoria con el propósito de reconocer las políticas públicas, planes y programas orientados a hacer efectivo el derecho de las personas con discapacidad a vivir en su comunidad y que promuevan, en el sentido más amplio, la inclusión de todas y todos en un marco de derechos y con una visión que valore a la diversidad humana.10

La inclusión laboral tiene un papel importante en el municipio de Guadalajara, Jalisco, a través del DIF Municipal, ya que cuenta con un departamento de Inclusión que busca, la inclusión social, laboral y educativa de distintos grupos de la sociedad que se encuentran en condición de vulnerabilidad, el cual tiene a su cargo las siguientes funciones: diseñar, coordinar, implementar y ejecutar programas y acciones tendientes a proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, familias y género en situación de vulnerabilidad, familias diversas conservando su unión, y la aplicación de sus derechos.11

Otro municipio de Jalisco que ha emprendido acciones a favor de la inclusión laboral de personas con discapacidad es Zapopan, destacando por la generación de políticas públicas, la impartición de talleres de capacitación por el DIF municipal y la unión de esfuerzos entre colectivos, el Consejo Municipal para la Atención a Personas con Discapacidad y Espectro Autista de Zapopan y el Gobierno Municipal.12

Estoy convencido que brindar más oportunidades de trabajo a personas con discapacidad beneficia a la sociedad mexicana, su inclusión debe ser una tarea prioritaria para el sector público, la iniciativa privada y la población en general.

Conozco de cerca los resultados de la inclusión laboral de personas con discapacidad en el gobierno municipal de Zapotlán El Grande y pude identificar tres características positivas: primero, su motivación en el trabajo se transmite en el equipo; segundo, su productividad se refleja en puntualidad, asiduidad y compromiso en sus responsabilidades; tercero, al contribuir en el gasto familiar, en algunos casos deja de ser una carga y se convierte en un soporte para la familia.

Brindar una oportunidad de trabajo a las personas con discapacidad en el sector público es una acción positiva en todos los sentidos, incluirlas dentro de la plantilla laboral del Ejecutivo Federal es una manera de brindar las condiciones para que formen parte de la población económicamente activa del país.

En razón de lo expuesto y fundamentado, me permito someter a consideración de esta Honorable Cámara, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, en el ejercicio de sus atribuciones, incluyan dentro de su plantilla laboral a por lo menos 5 por ciento de personas con discapacidad, a fin de garantizarles el acceso a oportunidades de trabajo y que formen parte de la población económicamente activa del país.

Notas

1 Naciones Unidas, Vivir con discapacidad, consultado el 26 de febrero de 2021 y disponible en:

https://www.un.org/es/observances/day-of-persons-with-di sabilities/background

2 Cuéntame de México, Discapacidad, consultado el 26 de febrero de 2021 y disponible en:

http://www.cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad. aspx?tema=P

3 Milenio, “Jalisco se coloca como el tercer estado más poblado del país”, consultado el 26 de febrero del 2021 y disponible en:

https://www.milenio.com/politica/comunidad/cuantas-perso nas-viven-en-jalisco-inegi

4 Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, consultado el 27 de febrero de 2021 y disponible en:

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2 019-05/Discapacidad-Protocolo-Facultativo%5B1%5D.pdf

5 Ibídem.

6 Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, consultado el 27 de febrero de 2021 y disponible en:

https://www.gob.mx/conadis/articulos/la-convencion-de-lo s-derechos-de-las-personas-con-discapacidad?idiom=es

7 Organización Mundial de la Salud, Discapacidades, consultado el 27 de febrero de 2021 y disponible en:

https://www.who.int/topics/disabilities/es/

8 Organización Panamericana de la Salud, 3 de diciembre 2017. Día Internacional de las Personas con Discapacidad, consultado el 27 de febrero de 2021 y disponible en:

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=13967:a-day-for-all-2017&Itemid=72199&lang =es

9 Gobierno de México, La inclusión laboral es de todos, consultado el 28 de febrero de 2021 y disponible en:

https://www.gob.mx/gobmx/articulos/la-inclusion-laboral-es-de-todos#:~:text=
febrero%20de%202016-,El%2027%20de%20febrero%20es%20el%20D%C3%ADa%20Nacional%20de%20la,
cada%20uno%20de%20los%20mexicanos.

10 Grupo Fórmula, Fundación Teletón presenta convocatoria para Medalla por la Inclusión “Gilberto Rincón Gallardo – Teletón”, consultado el 28 de febrero de 2021 y disponible en:

https://www.radioformula.com.mx/noticias/20201019/
fundacion-teleton-presenta-convocatoria-para-medalla-por-la-inclusion-gilberto-rincon-
gallardo-teleton/#:~:text=En%202019%20se%20entreg%C3%B3%20por,programa%20municipal%20de%
20inclusi%C3%B3n%20laboral.

11 DIF Guadalajara, Inclusión, consultado el 28 de febrero de 2021 y disponible en:

https://difgdl.gob.mx/inclusion.php

12 DIF Zapopan, DIF Zapopan suma acciones pro igualdad e inclusión laboral de personas con discapacidad, consultado el 28 de febrero de 2021 y disponible en: http://difzapopan.gob.mx/dif-zapopan-suma-acciones-pro-igualdad-e-inclu sion-laboral-personas-discapacidad/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2021.

Diputado Higinio del Toro Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara a esclarecer las observaciones formuladas por la ASF correspondientes a la Cuenta Pública de 2019, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Laura Imelda Pérez Segura, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al Gobierno Estatal de Jalisco y a la Universidad de Guadalajara a esclarecer las observaciones emitidas por la Auditoria Superior de la Federación en lo que respecta a la tercera entrega de Informes Individuales de la Cuenta Pública 2019

Consideraciones

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) “los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas [...], se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

La necesidad de supervisión del manejo correcto de la Cuenta Pública lleva a la creación de un órgano facultado para la revisión de la gestión financiera establecido en el artículo 79 de la CPEUM, la Auditoria Superior de la Federación, la cual, a través de un análisis autónomo, independiente y externo se encargará de fiscalizar el uso de los recursos públicos de los tres Poderes de la Unión. Teniendo como misión principal “fiscalizar los recursos públicos para prevenir prácticas irregulares y contribuir al buen gobierno”.1

De ello se deriva la obligación de la entrega y presentación de la Cuenta Pública y los informes individuales de la Auditoria Superior de la Federación del periodo respectivo, como queda establecido en la fracción II del articulo antes mencionado.

En la fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019, específicamente en la Tercera Entrega de Informes Individuales del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, en la sección de Gasto Federalizado, es donde se encuentran concentradas la mayoría de las irregularidades, dentro de las cuales, el Estado de Jalisco concentra el 37 por ciento del total de las observaciones a todas las entidades de la federación, observaciones que ascienden a 10 mil 812 millones 33 mil pesos.2

La Auditoría realizada a los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto (2019-A-14000-19-0865-2020 / 865-DS-GF), cuya muestra auditada equivale a 18 mil 909 millones 375 mil 500 pesos para el ejercicio fiscal respectivo (97.9 por ciento), se determinó que el gobierno “incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de ejercicio y destino de los recursos del fondo, ya que no reintegró a la Tesorería de la Federación los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019, y realizó pagos improcedentes con los recursos del fondo”,3 esto generando un posible daño a la Hacienda Pública Federal por un total de 42 millones 945 mil 700 pesos pendientes por aclarar.

Uno de los mayores montos registrados por aclarar por parte de la Auditoria Superior de la Federación al Estado de Jalisco es el correspondiente al de Participaciones Federales a Entidades Federativas, de la auditoría (2019-A-14000-19-0858-2020 / 858-DE-GF), se dictaminó que “no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de Participaciones Federales 2019, apegada a la normativa que regula su ejercicio.”4 Quedando por aclarar, y señalándolo como un probable daño a la Hacienda Pública equivalente a 4 mil 503 millones 967 mil 223.76 pesos, derivados de “pagos realizados en exceso de acuerdo con el tabulador de sueldos autorizados”. Este monto represento el 13.1 por ciento de la muestra auditada.

De la misma manera, dentro del rubro de Sistema Recursos Federales Transferidos (SRFT), en el análisis de la información de la transparencia, su uso apropiado del registro de recursos y su seguimiento (2019-A-14000-19-1470-2020 / 1470-GB-GF), se concluyó que no “se encontraron mecanismos o parámetros que apoyaran en el logro de los objetivos del sistema; no se dispuso de documentación contable, financiera o memorias de cálculo que sustenten los valores registrados en los módulos del ejercicio del gasto, destino del gasto e indicadores de desempeño.”5 Estableciendo que no se realizó una gestión adecuada del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) al no disponer “de normativa, diagramas o manuales de organización en los que se designara formalmente la responsabilidad de coordinar el SRFT, a un área o departamento”.6

En lo respectivo al Gasto Federalizado para la educación superior en el estado de Jalisco, específicamente hablando de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en los Subsidios para Organismo Descentralizados (2019-4-99024-19-0153-2020 / 153-DS), se encuentran anomalías y montos por aclarar que ascienden a los 6 mil 147 millones 228 mil 900 pesos, en la cual la Auditoria Superior de la Federación se abstuvo de emitir una opinión respecto de la auditoría realizada a causa de que la UdeG “no proporcionó la totalidad de la información que le fue requerida para efectuar esta auditoría [...], por lo que no se contó con la documentación suficiente, competente, relevante y pertinente que permitiera fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 2019, a fin de verificar que se cumplió con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables.”7

Por su parte, la auditoria a los Recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (2019-A-14000-19-1431-2020 / 1431-DS-GF), resultó una observación que señala anomalías en un monto de 8 millones 723 mil 633.64 pesos que se encuentran por aclarar, lo anterior, derivado de “pagos realizados con fecha posterior a la terminación del plazo de ejecución establecido en dos proyecto; [...] y se determinaron faltas administrativas consistentes en el reintegro extemporáneo de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019, de los recursos comprometidos no pagados al corte de la auditoría y de los rendimientos financieros que no se destinaron a aumento y mejora de las metas de los proyectos, y a que los plazos contractuales establecidos en dos proyectos excedieron el plazo de ejecución convenido.”8 En la cual dicho monto representa el 27.1 por ciento de la muestra auditada.

Todas estas inconsistencias en el uso del gasto federalizado por parte del estado de Jalisco repercuten inminentemente a las y los jaliscienses, los cuales no reciben los beneficios que deberían generar el uso de recursos bien administrados que aportan al gobierno como lo establece artículo 31, fracción IV de nuestra Carta Magna; y que, además, pierden la posibilidad del ejercicio óptimo y amplio de sus derechos, así como la satisfacción de sus necesidades de carácter colectivo como: seguridad pública, programas y proyectos de apoyo al desarrollo social y económico, etcétera.

Es importante señalar que la solución de estas anomalías debe de ser prioritaria para el gobierno jalisciense debido a que, en la situación actual, pone en serias dudas la capacidad de manejar los recursos financieros con eficiencia, disciplina financiera, transparencia y austeridad republicana, que se requieren para bien administrar los ingresos que provienen de la federación. Más aún cuando en días pasados el titular del ejecutivo estatal presentó ante el Congreso local, una iniciativa mediante la cual pretende separar al estado de Jalisco del Pacto Fiscal.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Estatal de Jalisco y a la Universidad de Guadalajara a esclarecer las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación en lo que respecta a la tercera entrega de Informes Individuales de la Cuenta Pública 2019.

Notas

1 Auditoría Superior de la Federación. (2018). Plan Estratégico Institucional 2018-2019. 2021, de Auditoría Superior de la Federación Sitio web: https://www.asf.gob.mx/uploads/265_BannerLateral/planestrategico/mobile /index.html

2 Auditoría Superior de la Federación. (febrero, 2021). Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019. 2021, de Auditoría Superior de la Federación. Sitio web:
https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Matriz/IR2019b_3.pdf

3 Auditoría Superior de la Federación. (febrero, 2021). Informe Simplificado: Gasto Federalizado 2019. Febrero, 2021, de Auditoría Superior de la Federación. Sitio web:

https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Informes_simplific ados/2019_ficha_GF_a.pdf

4 Ibídem.

5 Ibídem.

6 Ibídem.

7 Ibídem

8 Ibídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2021.

Diputada Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a elaborar un programa de trabajo para incorporar en el régimen laboral del sistema nacional de salud al personal médico residente que atiende a pacientes con SARS-Cov2, a cargo de la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y en las fracciones IV y V del numeral 2, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

El sistema de salud en México cuenta con el personal médico para atención a la salud de todos los ciudadanos, contando también con la figura de médicos residentes, siendo profesionales de medicina, tal y como lo menciona la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 355-A, Capítulo XVI que a la letra señala:

“Artículo 353-A. Para los efectos de este Capítulo, se entiende por: I. Médico Residente: El profesional de la medicina con Título legalmente expedido y registrado ante las autoridades competentes, que ingrese a una Unidad Médica Receptora de Residentes, para cumplir con una residencia”.1

Su labor se encamina en la realización de actividades académicas, asistenciales y de investigación, mediante formación clínica por parte de los jefes de servicio médico en las Instituciones de salud en las que se desempeñan, mismas que se deben cumplir durante el tiempo pactado, es decir, su formación se encuentra bajo supervisión de la institución universitaria a la que corresponden.

Es así que el desempeño asistencial en los hospitales y clínicas del sector salud, el residente médico es quien dedica más tiempo para sus actividades hospitalarias, reconociéndolos como parte esencial en la prestación de servicios dentro de dicho sector.

Los médicos residentes, a pesar de su labor, padecen de violaciones a sus derechos humanos, tales como el maltrato que reciben por parte de las autoridades dentro y fuera de los hospitales; algunos médicos los explotan laboralmente, les impiden descansar, comer o salir, aunque sus guardias hayan concluido. Sin mencionar, las largas jornadas laborales teniendo como consecuencias en la salud la falta de sueño, mala alimentación y estrés.

Lo anterior, arroja como resultado una problemática que se desprende de aspectos informales respecto a la formación académico-clínico, entre ellos:

-Abusos laborales tales como discriminación, acoso sexual y acoso laboral.

-Despotismo, es decir, abuso de superioridad; no dirigir la palabra a un residente superior en rango ni mucho menos al médico de base y mucho menos cuestionar una orden.

-Castigos físicos, hablamos de guardias de castigo, castigos económicos, injurias, entre otros.

Sin mencionar, que se presentan queja formal, estas son ignoradas y en el mejor de los casos, se ofrece a la víctima cambiarla de sede.

En consecuencia, también nos encontramos con la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-Cov-2, siendo un parteaguas en la labor de los residentes, ya que son los que se enfrentan a esta enfermedad y se encuentran en primera línea de batalla.

Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dio a conocer las bases necesarias para que los trabajadores en general, puedan contar con mejores condiciones laborales, durante esta contingencia sanitaria de Covid-19; que a continuación se mencionan:

1. “Mejora de las medidas de SST, en particular el distanciamiento social, el suministro de equipos de protección (especialmente para los trabajadores sanitarios y afines, voluntarios y otras personas que estén en contacto permanente con la población), los procedimientos de higiene y los métodos de organización del trabajo (con apoyo de campañas de información y aumento de la concienciación), así como del diálogo social entre empleadores y trabajadores y sus representantes.

2. Fomento de acuerdos laborales flexibles y adecuados, por ejemplo, sobre trabajo a distancia.

3. Prevención de la discriminación y la exclusión con respecto al Covid-19.

4. Fomento del acceso universal a servicios sanitarios de financiación conjunta, en particular para trabajadores no asegurados y sus familias”.2

Haciendo énfasis a lo antes mencionado, los médicos residentes de todas las especialidades actualmente continúan activos en las sedes hospitalarias, mismos que no se pudieron otorgar condiciones de seguridad necesarias durante la contingencia sanitaria que presenta el país, los contagios y muertes se volvieron cada vez más frecuentes. Médicos, residentes, enfermeras, entre otros trabajadores del sector salud fueron víctimas del virus.

Por esta razón, los residentes que brindan atención médica a pacientes con síntomas respiratorios fueron contagiados provocando ausencias del servicio; así como problemas de salud física y mental.

Lo anterior, resulta necesario que el Sistema de Salud Mexicano, cuente con un programa de salud integral para el personal médico en formación (residentes), que continúan con atención médica a pacientes diagnosticados con el virus SARS-CoV2 y así considerar a la salud como la principal fuente de bienestar físico, mental y social brindando mejores condiciones laborales.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. El honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a elaborar un programa de trabajo para incorporar en el régimen laboral del sistema nacional de salud al personal médico residente, adscritos a cada uno de los institutos del sector salud que atienden a pacientes diagnosticados con el virus SARS-CoV2, a fin de mejorar su condiciones trabajo en dichos institutos.

Notas

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_110121.pdf

2 https://www.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-19-sprp-unct-gui delines.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2021.

Diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar tanto al gobierno y la Secretaría de Educación de Jalisco como a la SEP a resolver la falta de pago a los profesores del Sindicato Único de Académicos del Colegio de Bachilleres Jalisco y detener las represalias contra esa organización, suscrita por las diputadas Laura Imelda Pérez Segura y Lorena del Socorro Jiménez Andrade, del Grupo Parlamentario de Morena

Las que suscriben, diputadas Lorena del Socorro Jiménez Andrade y Laura Imelda Pérez Segura, integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al gobierno estatal de Jalisco y Secretaría de Educación Jalisco y a la Secretaría de Educación Pública a encontrar un acuerdo que resuelva la situación de impago que están viviendo los profesores del SUACOBAEJ.

Consideraciones

Las luchas por la defensa de los derechos magisteriales en nuestro país no son nuevas y es algo que los maestros han ganado a sangre y fuego en la historia del siglo XX gracias a su combatividad y su compromiso. Prueba de ello se puede rastrear en los diferentes procesos de la historia reciente de nuestro país, donde los profesores han participado en primera línea desde la revolución, la consolidación del moderno Estado Mexicano; por lo tanto, no es necesario indagar mucho para encontrar que de sus filas han surgido líderes de diferentes movimientos sociales, civiles, políticos y guerrilleros.

En el 2013 el gobierno federal con el apoyo de los diferentes partidos políticos en el marco del “Pacto por México” propuso y aprobó lo que algunos expertos han definido como la contrarreforma educativa, esta reforma era en palabras del exsecretario de educación Esteban Moctezuma “más de carácter administrativo, que integral”.1

Dicha reforma desde su promulgación causó revuelo entre las bases magisteriales que se volcaron a las calles para protestar, debido a que se construyó con fines políticos, más que con fines de atención para la mejora del sistema educativo. Una de las insignias de la propuesta del ejecutivo federal fue eliminar la evaluación punitiva, la cual se utilizó desde el comienzo como una manera de presionar a la planta magisterial, al condicionar su permanencia a la aprobación de exámenes periódicos, dicha medida generó descontento y manifestaciones en diversas entidades del país.

Ante ello el gobierno federal usó todas sus capacidades para reprimir a todo aquel que se atrevió a protestar en contra, los ceses para maestros que no se encontraban de acuerdo no se hicieron esperar, así como una campaña de desprestigio para toda la base magisterial en medios de comunicación nacionales.

En Jalisco la situación no fue diferente, como prueba de ello en 2016 después de haberse opuesto a la reforma de 2013, 96 maestros miembros del SUACOABEJ fueron destituidos por el gobierno federal y el gobierno estatal.2 Su lucha por su restitución dio resultados en agosto de 2019, cuando mediante un acuerdo con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y la CNTE, se les restituyó con todos sus derechos laborales y antigüedad en sus puestos con los salarios caídos respectivos a través de un laudo laboral.3

Sin embargo, en el mes de diciembre de 2019, el gobierno del estado de Jalisco pide un anexo de ejecución para pagar los salarios de los profesores, el cual tuvo respuesta negativa en el mes de enero de 2020 bajo el argumento que: “las obligaciones derivadas de conflictos laborales son responsabilidad del organismo estatal”. Ante esta falta de coordinación los únicos afectados reales son los profesores que hoy no se les ha regularizado el pago sus salarios.

En su momento, esta negativa se pretendió usar como ariete político para presionar al gobierno federal,4 a lo cual los profesores se negaron rotundamente debido a que su interés no es participar en un conflicto político entre la federación y el gobierno estatal, sino garantizar el respeto de los derechos de sus agremiados.

Ante la negativa de participar en la campaña de presión contra gobierno federal las autoridades educativas locales, han retenido salarios sólo a miembros de comité del SUACOBAEJ, así como también ha revocado comisiones sindicales, las cuales se encuentran fundamentadas en el contrato colectivo de trabajo, violando de esta manera el artículo 6o. constitucional que permite la protesta pacífica.

Por lo cual sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Jalisco, a la Secretaría de Educación Jalisco y a la Secretaría de Educación Pública a encontrar una solución presupuestal que cubra y regularice los salarios y pagos pendientes de los profesores del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ).

Segundo. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Jalisco, a la Secretaría de Educación de Jalisco y a las autoridades del COBAEJ a respetar el derecho de manifestación de los profesores consagrado en las garantías individuales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su Contrato Colectivo de Trabajo y a resarcir los daños ocasionados por la suspensión de pago, y por las represalias en contra del SUACOBAEJ, así como la devolución de las cuotas descontadas a los trabajadores y retenidas para su entrega al sindicato, apoyos por Contrato Colectivo de Trabajo, pago de salarios y prestaciones retenidas a los comisionados sindicales y regreso de las comisiones sindicales establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo.

Notas

1 Diferencias de la Reforma Educativa 2013 vs. 2019, extracto de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, 29 de marzo de 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=3XHasGpXLnw

2 Autoridades estatales se reúnen con docentes del COBAEJ afectados por falta de pago

https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/118213

3 Reinstalan a 96 profesores del COBAEJ

https://www.cronicajalisco.com/notas/2019/95597.html

4 Profesores protestarán por falta de pago

Https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=158777

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2021.

Diputadas: Laura Imelda Pérez Segura, Lorena del Socorro Jiménez Andrade (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE, a detener la quema de combustóleo en la termoeléctrica de Salamanca, Guanajuato, que incrementa la contaminación atmosférica por el aumento de dióxido de azufre, a cargo del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, por el que respetuosamente se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que detenga, de forma inmediata, la quema de combustóleo en la termoeléctrica de Salamanca, Guanajuato, que está ocasionando el incremento de la contaminación atmosférica por el aumento de dióxido de azufre (SO2) y para que establezca una coordinación estrecha con la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del gobierno del estado de Guanajuato, que permita controlar los picos de concentraciones de contaminantes que se han dado en los últimos días en la cuenca atmosférica de Salamanca, Irapuato y Celaya , conforme a los siguientes:

Antecedentes

Con la crisis de escasez de gas viene la de contaminación por quema de combustóleo

La crisis generada por la escasez de gas natural proveniente de Texas, que afectó con apagones al menos a 26 entidades federativas en las pasadas semanas, era previsible que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) empezaría a quemar combustóleo para generar energía eléctrica en sus centrales termoeléctricas.

La generación de energía mediante combustóleo es de las formas más contaminantes que hay, pues se produce dióxido de azufre (SO2), que es un gas incoloro y altamente irritante, que se absorbe en el cuerpo por las vías respiratorias y que puede causar estragos considerables en la salud de la población.

Además, al combinarse con el agua, este dióxido se convierte en ácido sulfúrico, provocando la comúnmente conocida como lluvia ácida, que presenta altos índices corrosivos y afecta a todo el medio ambiente.

En ese contexto, el 19 de febrero de 2021, la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Guanajuato (SMAOT), anunció que solicitaría a la termoeléctrica de Salamanca de la CFE que le informara los detalles de la mezcla, así como los días que usarían combustóleo, ello con el objetivo de prevenir las afectaciones ambientales y para proteger, en la medida de lo posible, la salud de la población de la cuenca atmosférica de Salamanca, Irapuato y Celaya.1

El 20 de febrero, la misma SMAOT recomendó a la población no hacer actividades físicas al aire libre y atender a los altos niveles de contaminación ambiental en el aire de la región de Salamanca y ciudades aledañas, ello en razón de que se registraron concentraciones altas de dióxido de azufre (S02) y partículas PM2.5.2

El 21 de febrero, ante la falta de respuesta por parte de la termoeléctrica de la CFE a la solicitud de información relativa al aumento en la quema de combustóleo, la SMAOT reiteró su solicitud de información.3 Ese mismo día, la SMAOT informó que, de nueva cuenta, se registraban picos de concentración de dióxido de azufre (SO2), en la región de Salamanca.4

El 23 de febrero, la SMAOT volvió a informar a la población que los índices de contaminación atmosférica eran muy altos y que se había incrementado de nueva cuenta las concentraciones de dióxido de azufre (S02). La SMAOT publicó, en su cuenta institucional de Twitter, el comunicado por el que informa tal situación y en el que adjunta la gráfica que muestra el incremento de estos contaminantes en la cuenca atmosférica de Salamanca. La gráfica se reproduce a continuación:

Finalmente, el 24 de febrero, fecha en la que este instrumento parlamentario fue concluido, la SMAOT volvió a informar a la población de las ciudades de Salamanca e Irapuato, que continúan los incrementos en las concentraciones de dióxido de azufre (SO2), por lo que recomendó, de nueva cuenta, no realizar actividades al aire libre y cuidar su exposición al aire contaminado.

En este contexto, es evidente que si bien la autoridad ambiental del Gobierno del estado de Guanajuato ha permanecido atenta a los picos de concentración contaminantes que se han dado en la región, a causa del incremento en la quema de combustóleo en la termoeléctrica

de la CFE ubicada en Salamanca, Guanajuato, la autoridad de la refinería no ha tenido la misma responsabilidad y se ha manejado en una casi total opacidad.

La CFE debe ser transparente respecto de la quema de combustóleo

Lo que nos ha mostrado la situación que se ha vivido en los últimos días en Salamanca, Guanajuato, es que la CFE, con el objetivo de quemar el combustóleo que está inundando el país y que no puede ser vendido a absolutamente nadie, por su alto impacto ambiental, está poniendo en riesgo la salud y la vida de todas las personas que habitan en las cuencas atmosféricas que se ven afectadas por las emisiones de dióxido de azufre (SO2) de las termoeléctricas.

Salamanca es solo un ejemplo de lo que está sucediendo en las termoeléctricas de las CFE y del futuro que nos espera después de que se apruebe la infame reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero estas acciones de la CFE violan flagrantemente el derecho al medio ambiente sano que está consagrado en el artículo 4º de nuestra Constitución, por lo que no puede omitir sus obligaciones de coordinación con las autoridades ambientales del gobierno del estado de Guanajuato.

Tampoco puede omitir sus obligaciones ambientales, pues vulnerar los controles y regulaciones que protegen al medio ambiente repercute seriamente en la salud de cientos de miles de personas que habitan en las zonas afectadas por las emisiones de las termoeléctricas de esa empresa productiva del Estado.

Por ello, esta proposición con punto de acuerdo tiene el objetivo de exhortar respetuosamente a la CFE para que, detenga, la quema de combustóleo en la termoeléctrica de Salamanca, Guanajuato, que está ocasionando el incremento de la contaminación atmosférica por el aumento de dióxido de azufre (SO2) y para que establezca una coordinación estrecha con la SMAOT del gobierno del estado de Guanajuato, que permita controlar los picos de concentraciones de contaminantes que se han dado en los últimos días en la cuenca atmosférica de Salamanca, Irapuato y Celaya.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario, a consideración de esta Soberanía, con el siguiente resolutivo:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad para que detenga, la quema de combustóleo en la termoeléctrica de Salamanca, Guanajuato, que está ocasionando el incremento de la contaminación atmosférica por el aumento de dióxido de azufre (SO2) y para que establezca una coordinación estrecha con la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Guanajuato, que permita controlar los picos de concentraciones de contaminantes que se han dado en los últimos días en la cuenca atmosférica de Salamanca, Irapuato y Celaya.

Notas

1 Solicitan informe sobre funcionamiento de termoeléctrica en Salamanca. Contrapunto News. Recuperado el 23 de febrero de 2021, en https://www.contrapuntonews.com/2021/02/19/solicitan-informe-sobre-func ionamiento-de-termoelectrica-en-salamanca/

2 Se reportan picos de concentración de contaminantes en Salamanca e Irapuato. Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Guanajuato. Recuperado el 23 de febrero de 2021, en

https://boletines.guanajuato.gob.mx/2021/02/20/
se-reportan-picos-de-concentracion-de-contaminantes-en-salamanca-e-irapuato/

3 Se solicita nuevamente información a Central Termoeléctrica sobre condiciones de operación. Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Guanajuato. Recuperado el 23 de febrero de 2021, en
https://boletines.guanajuato.gob.mx/2021/02/21/
se-solicita-nuevamente-informacion-a-central-termoelectrica-sobre-condiciones-de-operacion/

4 Nuevamente se registran picos de concentración de SO2 en Salamanca e Irapuato. Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Guanajuato. Recuperado el 23 de febrero de 2021, en

https://boletines.guanajuato.gob.mx/2021/02/21/
nuevamente-se-registran-picos-de-concentracion-de-so2-en-salamanca-e-irapuato/

5 Nuevamente se registran picos de concentración de SO2 en Salamanca. Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Guanajuato. Recuperado el 23 de febrero de 2021, en

https://boletines.guanajuato.gob.mx/2021/02/23/nuevament e-se-registran-picos-de-concentracion-de-so2-en-salamanca/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2021.

Diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat a evaluar el impacto ambiental en las zonas aledañas a los crematorios de cadáveres humanos para identificar la calidad del aire respecto a niveles de dioxinas y furanos presentes, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe; diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, el artículo 79, numeral 1 y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La cremación o incineración es la práctica de deshacer un cuerpo humano muerto, quemándolo, lo que frecuentemente se lleva a cabo en un lugar denominado crematorio. Junto con el entierro, la cremación es una alternativa cada vez más popular para la disposición final de un cadáver.

El proceso de la cremación tiene lugar en el llamado crematorio. Consiste de uno o más hornos y utillaje para el manejo de las cenizas. Un horno de cremación es un horno industrial capaz de alcanzar altas temperaturas (de aproximadamente 870 a 980 °C), con modificaciones especiales para asegurar la eficiente desintegración del cuerpo. Una de esas modificaciones consiste en dirigir las llamas al torso del cuerpo, en donde reside la principal masa corporal.

El crematorio puede formar parte de una capilla o una agencia funeraria, o también puede ser de una construcción independiente o un servicio provisto por un cementerio.

Los hornos usan un número diverso de fuentes combustibles, tales como el gas natural o el propano. Los modernos hornos crematorios incluyen sistemas de control que monitorizan las condiciones bajo las cuales la cremación tiene lugar. El operador puede efectuar los ajustes necesarios para proveer una combustión más eficiente. Un horno crematorio está diseñado para quemar un solo cuerpo a la vez. Quemar más de un cuerpo simultáneamente es una práctica ilegal en muchos países.

La preocupación de las personas que viven en los barrios aledaños al cementerio a los crematorios crece a medida que aumenta el número de muertos por Covid-19 en nuestra ciudad.

La nube de humo que por estos días sale de los hornos nos produce temor y no solo porque nos imaginamos un gris panorama si sigue muriendo la gente de esa enfermedad, sino por la contaminación que genera. Según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC, un cuerpo humano emite unos 27 kilos de dióxido de carbono cuando es quemado, y esta contaminación se tendría que multiplicar por las cremaciones que haya en el día.1

“Cremar en los centros urbanos presenta inconvenientes a corto y largo plazo para las comunidades aledañas. A las concentraciones de óxidos de carbono, azufre y nitrógeno, sumando al material particulado (PM 10 y PM2,5) e hidrocarburos poli aromáticos, también se agregan reportes de emisión de metales pesados como mercurio, plomo y cadmio”, explica el químico y experto en Toxicología, Fredy Vergara.

Como menciona Vergara, según la Fundación para la Defensa del Ambiente, la cremación, cualquiera sea la tecnología utilizada, descarga al ambiente dioxinas, furanos, cloruro de hidrógeno, mercurio, cadmio, plomo, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, y partículas de distinto diámetro.

En muchos países del mundo, un horno crematorio no puede operar en zona poblada. Como la deriva de sus descargas se extiende a grandes distancias en función del viento y otras variables, en España, por ejemplo, la franja mínima de protección que deben tener a su alrededor es de unos 5.000-10.000 metros.

Debe aclararse, sin embargo, que la contaminación producida en la zona puede moverse “fuera” del sistema: Hacia las aguas subterráneas por fenómenos de infiltración; hacia otras zonas por agua de lluvia que los traslade superficialmente (escorrentía), y hacia zonas habitadas, cultivos y otras instalaciones por efecto del viento.

Los efectos para la salud pueden traducirse a irritación de mucosa respiratoria, (por lo que ocurren enfermedades respiratorias), bronquitis, afectación de la conjuntiva ocular y problemas de oxigenación de la sangre.

La cremación es el segundo método más practicado en México, ya que el 20% de la población lo solicita y se ha disparado 80% según el último censo en los últimos meses, como consecuencia del aumento en el índice de muertes por Covid-19.2

De 650 mil muertes que ocurren al año en México, unas 130 mil personas son cremadas (el 20 por ciento). Su incineración significa lanzar a la atmósfera 3.5 millones de kilogramos de CO2 cada año, esto sin contar el incremento en muertos debido a la pandemia de coronavirus.

Desde principios del año habitantes aledaños a las zonas de crematorios en la Ciudad de México han denunciado que se percibe un olor “nauseabundo, como a carne y basura quemada”.

Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) han informado que el mal olor y la contaminación del aire se debe al humo del Crematorios de distintos panteones que brindan el servicio de cremación, quienes incineran hasta 20 cuerpos diarios por horno, es decir, casi uno por hora.

La enfermedad de Covid-19 sigue sumando números a la abultada estadística mortuoria y los hornos crematorios trabajan a tope, detonando un problema del que casi nadie habla: la contaminación que genera quemar los cadáveres de las víctimas.3

Más allá del olor nauseabundo, la humareda negra que sale a todas horas de las chimeneas de las funerarias contiene gases nocivos para la salud, y los vecinos que viven casi pegados a este giro de negocios son los primeros en respirarlos.

Pero el mayor riesgo para la salud, especialmente para aquellos que viven junto a los crematorios, está en las dioxinas y furanos, indica el ingeniero químico industrial Carlos Álvarez Flores.

“Las dioxinas y furanos son las sustancias más tóxicas que conoce el hombre”, dice el experto, “todos los vecinos (de los crematorios) están respirando esas dioxinas y tienen un altísimo riesgo de daños”.

De acuerdo con Álvarez, se sabe que estos compuestos químicos afectan el sistema nervioso central de los niños menores de cuatro años, causando problemas de autismo, síndrome de déficit de atención, retraso mental e hiperactivismo.

El especialista añadió que estas partículas debilitan el sistema inmunológico y son altamente cancerígenas, “causan cáncer de boca, de faringe, de esófago, de estómago, de colon, de riñones, de hígado, de páncreas y de pulmones”.

En hombres jóvenes también afectan la producción de espermatozoides porque destruyen la testosterona e incluso hay estudios que relacionan estas sustancias con la aparición de diabetes tipo 2, agrega el ingeniero químico.

La cremación es cada vez más demandada, porque ya no hay espacio en los cementerios del país, es más barata que un entierro y también la Iglesia Católica ya la permite bajo ciertas normas, indica el Consejo Mexicano de Empresas Funerarias (Comesef).

Según cifras que el Comesef, en todo el país funcionan 70 hornos crematorios y 45 se localizan en la Ciudad de México.

El dato está subestimado o desactualizado ya que sólo la empresa INCIMEX ha instalado más de 95 crematorios en instituciones de salud federal, gobiernos estatales y municipales, funerarias y cementerios privados.

Apenas hace dos años, en julio de 2018, entró en vigor en la Ciudad de México la norma NADF-017-AIRE-2017, siendo la primera y hasta ahora la única legislación que define niveles máximos permisibles de contaminantes para los equipos de cremación e incineración de cadáveres humanos y animales.

De acuerdo con la norma, los hornos crematorios no pueden emitir arriba de: 40 miligramos por metro cúbico de partículas suspendidas, 120 miligramos por metro cúbico de monóxido de carbono (CO) y 180 miligramos por metro cúbico de óxidos de nitrógeno (NOx). La ley no hace mención a las dioxinas y furanos.

Por ello, es de suma importancia estudiar, evaluar y regular los centros de cremación que si bien, amortiguan los efectos provocados por la pandemia también provocan daños al medio ambiente si no siguen las normas ya anteriormente establecidas y que por cierto, deban ser actualizadas.

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración de esta Honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para realizar una Evaluación del Impacto Ambiental en las zonas aledañas a los crematorios de la Ciudad de México en donde se incineran cadáveres humanos, con el fin de conocer la calidad del aire respecto a niveles de dioxinas y furanos presentes, así como las repercusiones que estos tienen en el medio ambiente.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México a actualizar su marco regulatorio en materia de crematorios, con el fin de hacer mención de las dioxinas y furanos, para que al mismo tiempo los establecimientos encargados de incinerar cadáveres humanos tomen las medidas pertinentes respecto al cuidado del medio ambiente y la salud pública.

Notas

1 El Universal. “¿Cómo nos afecta la contaminación por hornos crematorios?” Disponible en: https://www.eluniversal.com.co/salud/como-nos-afecta-la-contaminacion-p or-hornos-crematorios-DD2849995

2 Fuerte Ventura Digital. “Crematorios de la Ciudad de México a tope, contaminando el Aire”. Disponible en: https://www.fuerteventuradigital.net/2020/12/crematorios-de-la-ciudad-d e-mexico-tope.html

3 El Sol de México. “Crematorios contaminan con tecnologías obsoletas”. Disponible en:
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/
crematorios-contaminan-con-tecnologias-obsoletas-muertes-coronavirus-covid-19-salud-5434969.h tml

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, a los 2 días del mes de marzo de 2021.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a reconsiderar por la SCT y Capufe el aumento del peaje, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Martha Elena García Gómez , diputada federal,integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y del organismo Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) a reconsiderar el aumento en las tarifas de peaje , al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el Segundo Informe de Labores (septiembre de 2020) la Secretaría de Comunicaciones y Transportes consigna lo siguiente en relación con el aforo y cobro de peaje:

Aforo e Ingreso por Peaje

A través de Capufe, de septiembre de 2019 a junio de 2020, se registró con cifras homologadas, uningreso devengado por peaje de 25 mil 880 millones depesos, sin IVA. Del monto total, el 39 por ciento de los ingresos,fueron generados por automóviles, el 55 por ciento porcamiones y el 6 por ciento por autobuses.

Lo anterior, sustentado en el desplazamiento de309.1 millones de cruces vehiculares por la red operadapor Capufe, de los cuales el 71 por ciento, fueron automóviles,el 25 por ciento camiones y el 4 por ciento autobuses.

Asimismo, se registraron mediante el sistema de telepeaje 91.8 millones de cruces vehiculares que generaron ingresos por 13,433 millones de pesos, sin IVA. Es importante comentar que, a junio de 2020 el ingreso recaudado vía telepeaje representa 55 por ciento delingreso total por peaje.

Es de conocimiento general que el sistema de vías de comunicación terrestre —compuesto por carreteras, puentes y túneles a lo largo de la geografía nacional— representa un punto nodal para la actividad económica nacional porque por ellos transitan todo tipo de vehículos particulares y transportistas de diverso orden que mueven mercancías y pasajeros.

Dentro de esta intrincada red nacional de carreteras que alcanza una suma que ronda un poco más de 580 mil kilómetros, se tienen 10 mil 698 kilómetros de carreteras de cuota y mil 240 plazas de cobro, de acuerdo con información oficial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

El pago de una tarifa por el uso de esas vías tiene como fin asegurar el mantenimiento de las mismas, dotar de un seguro a los usuarios y la recuperación de la inversión hecha, de acuerdo con la secretaría del ramo.

Particularmente, el uso de las vías de cuota facilita todo tipo de traslados lo que incide en las entregas oportunas de productos según sus características y con precios que dependen —entre otras variables— de los costos que las empresas asumen y que les permiten hacer viables y sostenibles sus inversiones.

De ese modo, y de manera periódica la autoridad dispone que dichas tarifas sean actualizadas conforme a diversos factores entre ellos el inflacionario.

En ese orden, el pasado tres de febrero, entraron en vigor las tarifas1 aplicables en la llamada Red Fonadin —en 38 autopistas y un puente nacional–, de acuerdo con un comunicado2 del organismo Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, fechado el pasado 2 de febrero:

El Fondo Nacional de Infraestructura ajustó en un tres por ciento promedio las nuevas tarifas de los caminos y puentes concesionados a este fideicomiso y solicitó a Caminos y Puentes Federales (Capufe), como operador (...) aplicar las tarifas autorizadas en las plazas de cobro de cada camino y puente de cuota del citado fideicomiso.

La medida aplica a todo tipo de vehículos, esto es a motos, autos, autobuses y camiones.

En el mismo comunicado se precisa que tal ajuste es equivalente a la inflación registrada en 2020 y cumple con los requerimientos de servicios de operación de los tramos carreteros.

Que, asimismo, lo recaudado por peaje de las autopistas concesionadas se destina a cubrir los gastos asociados a la operación y conservación, además de otorgar apoyos financieros para el desarrollo de proyectos en los sectores de comunicaciones, transporte, agua, medio ambiente y turismo en beneficio de la población.

Sin embargo, dicha disposición aplicada de manera sistémica pasa por alto la necesaria acción de la autoridad frente a los efectos de la pandemia que ha sacrificado empresas, empleos, inversiones, además de los muy lamentables decesos que se contabilizan por miles.

La recuperación económica bajo una nueva normalidad reclama la acción concertada de autoridades y empresas. No se podrán remontar las condiciones adversas si ello no ocurre.

Los llamados desde el sector privado han sido una constante que en opinión de diversos actores no han sido debidamente atendidos.

Con profusión se han documentado bajas en las ventas de micro, pequeñas y medianas empresas; caída en la facturación de servicios de transporte, de paquetería y de almacenamiento, entre otros.

El turismo sería otra sería otra de las actividades seriamente afectadas por la emergencia, por citar una más de ellas. O los traslados familiares o personales de una ciudad a otra para muy diversos fines.

En relación con el autotransporte de carga, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por ejemplo, se ha reconocido el papel vital que representa el autotransporte de carga en la distribución de bienes y servicios al considerar que es responsable del 56 por ciento de la carga que se moviliza en el territorio nacional y que genera 6.3 por ciento del PIB.3

Añadiendo que la pandemia ocasionó una desaceleración económica a nivel global, y el sector del autotransporte de carga no fue la excepción, con una consecuente reducción en el movimiento de mercancías

Si bien la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021 —artículo 16, Apartado A, fracción V—, prevé el acreditamiento del estímulo fiscal por el uso de autopistas para el caso de los autotransportistas, pareciera insuficiente a la luz de declaraciones públicas diversas y de las limitaciones consideradas:

V. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre público y privado, de carga o pasaje, así como el turístico, que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota, que obtengan en el ejercicio fiscal en el que hagan uso de la infraestructura carretera de cuota, ingresos totales anuales para los efectos del impuesto sobre la renta menores a 300 millones de pesos, consistente en permitir un acreditamiento de los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la infraestructura mencionada hasta en un 50 por ciento del gasto total erogado por este concepto

Frente a este panorama, difícil, el llamado de esta soberanía a la autoridad en la materia, está enfocado a reconsiderar el aumento de las tarifas —sujeto a distintos esquemas periódicos de actualización— o en su defecto aplazar tales ajustes como una medida para incentivar y apoyar la actividad económica, garantizando el abasto oportuno de víveres, medicamentos, insumos varios; traslados de personal o de enfermos para su atención, y que parte del hecho innegable de que la afectación derivada por la emergencia sanitaria todavía hoy, a casi doce meses de iniciada, no cesa y que eventualmente podría prolongarse.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y del organismo Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), a reconsiderar el aumento en las tarifas de peaje, o en su defecto, aplazar su aplicación hasta en tanto se observen signos alentadores en la recuperación de la actividad económica, en razón de que el pago creciente de dichas tarifas representa un costo importante para empresas y familias.

Notas

1 Tarifas 2021: Tarifas-VIGENTES-2021.pdf (capufe.mx) ; tarifas /global vigentes https://n9.cl/u871j

2 Comunicado Capufe: C002/2021. Comunicado sobre actualización de tarifas en Plazas de Cobro. Febrero 2021; ver: https://www.gob.mx/capufe/prensa/actualizacion-de-tarifas

3 Anuario Canacar 2020. Cámara Nacional de Autotransporte de Carga; ver: Anuario 2020-Canacar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2021.

Diputada Martha Elena García Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a evaluar por la SCT y la SHCP la posibilidad de reducir las tarifas de las casetas de cobro para favorecer a los usuarios y reactivar la economía, antes la situación generada por el Covid-19, a cargo del diputado Miguel Prado de los Santos, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado federal Miguel Prado de los Santos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Morena en la LXIV legislatura en esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral II, fracción II; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con el punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó ajustes a las tarifas de los caminos y puentes concesionados al Fondo Nacional de Infraestructura. Dichos ajustes representaron un aumento del 3% aplicado por Caminos y Puentes Federales que conforma una red de 42 autopistas y 32 puentes, de los cuales 12 son internacionales.

Las carreteras más transitadas en México son aquellas que comunican a las capitales estatales, a concentraciones metropolitanas con un peso económico importante, a los puertos marítimos de carga y descarga continua y a los accesos a puentes fronterizos internacionales, tal es el caso de Estados Unidos, Belice y Guatemala por lo cual son una importante red donde se maneja gran capital.

De acuerdo con datos de la policía federal, la Carretera Federal 45, conocida como Carretera Panamericana, es la carretera más grande del país y tiene una de las tareas más importantes: Conectar a la mitad del territorio mexicano. Recorre el centro y norte de México, desde la frontera con los Estados Unidos en Ciudad Juárez, Chihuahua hasta la población de Portezuelo, Hidalgo, mientras que la autopista México-Nogales, conecta los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, estado de México y la Ciudad de México con 2,378 kilómetros de longitud, lo que las convierte en dos de las más transitadas.

En ese contexto, la sociedad mexicana se ha visto afectada su economía derivado de la emergencia sanitaria por el Covid-19, decretado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020. Semanas y meses difíciles han asolado y transformado la vida de millones de familias que de acuerdo con su profesión u oficio han tenido que continuar con su rutina o resguardarse en casa en espera de los comunicados que emitan las autoridades del sector salud, así como funcionarios públicos en cada nivel de gobierno y demarcación.

Las pérdidas continúan siendo incalculables, sin embargo, con referencia a los planes de reactivación económica por fechas y sectores, se deberán tomar acciones que beneficien a la sociedad para reducir el impacto negativo posterior a la pandemia en el marco de la construcción y transición a la nueva normalidad.

Es menester considerar la reducción en los precios de las casetas de cobro donde diariamente existe flujo y afluencia de personas que ante esta determinada situación han experimentado una caída en sus ventas e ingresos además de pertenecer en su mayoría a grupos y estratos históricamente desplazados y rezagados, situación que en el presente régimen se ha abordado de manera progresiva reconociendo e implementando políticas de asistencia encaminadas a reducir las brechas sociales.

Con relación al tema del peaje, el sector Turismo solicitó previamente al Titular del Ejecutivo exentar el cobro de casetas y otra serie de medidas para hacer frente a la crisis, además de la disposición de mantener los “fines de semanas largos”, por lo que, asentados algunos antecedentes puede considerarse de relevancia dar una respuesta positiva al asunto con fluidez y sumar en la gobernabilidad del régimen ya que tanto el sector de transporte, así como el turismo generan buenos dividendos.

También es necesario destacar la importancia que tiene este sector para la economía del país ya que, según cifras de Inegi y Canacar, de 2010 a 2018 el PIB de la Industria del Autotransporte de carga registró un crecimiento promedio anual de 4.7% superior al 2.7% que registró el PIB total en el mismo periodo, por lo que se deben emprender políticas de reducir costos del peaje para mantener y reactivar este importante rubro para la economía nacional.

En este orden de ideas, cabe recordar que las diversas consignas que conforman los ideales de la Cuarta Transformación abogan por el bienestar de las personas, sugiriendo que esta medida a consideración de las autoridades competentes es necesaria, debido a que se requiere de manera urgente reactivar la economía y al mismo tiempo incentivar a la población con muestras de solidaridad materializadas en apoyos que serían bien recibidos por los daños ocasionados por la pandemia y lo derivado de ella.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones, evalúen la posibilidad de reducir las tarifas de las casetas de cobro, para favorecer a los usuarios con el fin de reactivar la economía derivado de la situación generada por el Covid-19.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 2 de marzo de 2021.

Diputado Miguel Prado de los Santos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SFP y la FGR a efectuar una investigación para deslindar responsabilidades y sancionar a los servidores públicos involucrados en desvíos de recursos y corrupción en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, suscrita por el diputado Ricardo Villarreal García e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Las diputadas y los diputados Ricardo Villarreal García, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Ernesto Guillermo Ruffo Appel, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, Carlos Elhier Cinta Rodríguez, Salvador Rosas Quintanilla, Vicente Javier Verastegui Ostos, Marcelino Rivera Hernández, José Rigoberto Mares Aguilar, Mario Mata Carrasco, Mariana Dunyaska García Rojas, Hernán Salinas Wolberg, Sergio Fernando Ascencio Barba, Mario Manuel Sánchez Villafuerte, Ma. de los Ángeles Gutiérrez Valdez, María Liduvina Sandoval Mendoza, Guadalupe Romo Romo, Jesús Guzmán Avilés, Marcela Torres Peimbert, Felipe Fernando Macías Olvera, Ana Paola López Birlain, Miguel Alonso Riggs Baeza, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Jackie Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, José Isabel Trejo Reyes, Adriana Dávila Fernández, Gloria Romero León, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Carlos Carreón Mejía, Absalón García Ochoa, Patricia Terrazas Baca, Josefina Salazar Báez, María del Rosario Guzmán Avilés, Ania Sarahi Gómez Cárdenas, Verónica María Sobrado Rodríguez , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), en la LXIV, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los artículo 6, numeral 1, fracción 1, y 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, eleva a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General de la República a efectuar una investigación imparcial, integral, transparente, objetiva y expedita para deslindar responsabilidades y sancionar a los servidores públicos involucrados en desvíos de recursos y corrupción en el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro con base en la siguiente:

Antecedentes

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) es una de las apuestas más grandes de esta administración tanto por el tamaño de la población que pretende atender –espera llegar a 2.3 millones de personas–porque nunca se había implementado una intervención exclusiva para los jóvenes entre 18 y 29 años que actualmente no estudian y no trabajan.

Este programa permite que los jóvenes de 19 a 29 años se involucren laboralmente con empresas, talleres, instituciones o negocios para así fortalecer los hábitos laborales y competencias técnicas para en un futuro poder emplearse. Asimismo, la capacitación dura un año y los postulantes podrán cambiar de centro de trabajo una sola vez.

A principios de 2021, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, anunció que el monto incrementaría 562 pesos, para que la beca pasara de 3 mil 748 pesos a 4 mil 310 pesos al mes.

Por tanto, los beneficiarios podrán obtener un monto máximo de 51 mil 720 pesos por los 12 meses que estarían dentro del programa.

Cabe señalar que ninguna de las dos beneficiarias concluyó con el periodo de un año del que consta la becay, al darse de baja de su primer centro de trabajo, tampoco quisieron ingresar a uno nuevo. En este sentido, durante el periodo que las jóvenes percibieron la beca, el monto asignado era de 3 mil 748 pesos mensuales y la empresa les indicó que deberían trabajar 8 horas de lunes a viernes de forma presencial.

JCF comenzó a operar en enero de 2019. El gobierno gastó casi 24 mil millones de pesos en este programa, de los cuales la ASF auditó el 18.8 por ciento en dos estados muestra que seleccionó: Chiapas y la Ciudad de México.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó diferentes irregularidades en la operación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro que incluye un probable daño patrimonial por 57 millones de pesos, centros de trabajo fantasmas, pagos a beneficiarios ya fallecidos y a beneficiarios que reciben doble beca por estar inscritos al mismo tiempo en otro programa.

Como parte del tercer paquete de informes de la revisión a la Cuenta Pública 2019, la ASF difundió los resultados de una auditoría de desempeño forense practicada al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Las auditorías forenses pueden considerarse las más rigurosas porque consisten en “la aplicación de una metodología de fiscalización que conlleva la revisión rigurosa y pormenorizada de procesos, hechos y evidencias, con el propósito de documentar la existencia de un presunto acto irregular”.1

La ASF concluyó que el manejo que se hace de los recursos públicos federales en ese programa “no asegura las mejores condiciones de economía, transparencia, eficiencia, eficacia, y honradez al Estado”.2

Algunos de los resultados de la auditoría3 al programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) son:

1. No se verificó que no trabajaran ni estudiaran al momento del registro y que tuvieran el rango de edad establecido para ser beneficiario del apoyo.

2. Personas que cobraban dos becas: Las de JCF para capacitarse y las dedicadas a apoyar a estudiantes de educación superior. En la muestra, identificaron a 760 muchachos en esta condición que recibieron pagos por ocho millones y medio de pesos.

3. Cobro en dos instituciones. los “servidores de la nación”, el ejército electoral del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a los que la Secretaría de Bienestar les paga un sueldo mensual. Resulta que la ASF encontró a 47 de ellos que también cobraban su beca en JCF por un monto de medio millón de pesos.

4. Beneficiarios sin tutor: Parte importante de JCF era que los muchachos tuvieran un mentor que les ayudara en todo este proceso. La ASF encontró que 29 mil 354 becarios, con apoyos por 698 millones de pesos, no contaban con dicho tutor. Los dejaron solos. Nadie supervisaba que, efectivamente, laboraran y aprendieran un oficio.

5. Centros de trabajo sin RFC: La auditoría verificó que los beneficiarios estuvieran capacitándose en un trabajo. Comenzaron por identificar a las empresas que habían recibido a los muchachos. En Chiapas, de los 19 mil 219 Centros de Trabajo, cuatro mil 629 (el 24 por ciento) no tenían Registro Federal de Contribuyentes, lo cual, por cierto, no era un requisito. Increíble. Por un lado, el gobierno nos exige pagar impuestos y, por el otro, beneficia a empresarios que no pagan ni un quinto porque ni siquiera están registrados.

6. Domicilios falsos y cobrar sin trabajar. La ASF procedió a comprobar que existían los Centros de Trabajo en el Sistema de Posicionamiento Global, es decir, las personas físicas y morales que recibieron a los jóvenes. En Chiapas, de 141 expedientes, sólo localizaron a 22 que coinciden con las fotografías presentadas. De los 119 restantes, las imágenes encontradas corresponden a fachadas de casas habitación, terrenos o distintos locales. Por su parte, en la Ciudad de México, de 120 expedientes, sólo se localizaron 23 Centros de Trabajo; los 97 restantes corresponden a fachadas de casas habitación, parques o direcciones no localizadas. No es posible determinar si existen más del 80 por ciento de los lugares donde laborarían los jóvenes. Una barbaridad. En una de ésas, los muchachos cobraron sus becas y nunca trabajaron.

7. Beneficiarios Inexistentes cobrando: Con el fin de constatar la existencia de los beneficiarios y la correcta recepción de los apoyos, la ASF seleccionó una muestra aleatoria de 75 becarios, 50 en la Ciudad de México y 20 en Chiapas, los cuales recibieron recursos por más de un millón y medio de pesos. “15 becarios (14 en Ciudad de México y uno en Chiapas) reconocieron haber iniciado su capacitación en el 2019 con una jornada laboral de entre 5 y 8 horas diarias de lunes a viernes, y que conocían la actividad del Centro de Trabajo al que estuvieron adscritos; 14 indicaron que contaron con tarjeta electrónica BBVA Bancomer y recibieron el apoyo mensual por tres mil 600 pesos; 13 becarios señalaron que recibieron la capacitación en un periodo de 1 a 12 meses; 10 manifestaron que contaron con seguro médico y siete indicaron haber recibido constancia de capacitación. De los 60 becarios restantes (36 en Ciudad de México y 24 en Chiapas) no se logró establecer comunicación telefónica, toda vez que no existía el número telefónico o no correspondía al becario, o bien, se encontraba fuera del área de servicio”. En otras palabras, la ASF sólo pudo constatar que existían el 20 por ciento de los beneficiarios; al 80 por ciento restante no los encontraron.

8. La ASF también identificó que durante 2019 los centros de trabajo que registraron a mayor número de becarios fueron instancias de gobierno: la Coordinación General de Programas Integrales de Desarrollo con 41,815 jóvenes; la Secretaría de Bienestar con 26 mil 939; el Consejo Nacional de Fomento Educativo con 21 mil 559; la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con 19,519; y la Coordinación Nacional de Protección Civil 10 mil 797; lo que en su conjunto representan el 10.7 por ciento de los becarios registrados en ese año.

8. Pago de apoyos a personas fallecidas: El Programa Jóvenes Construyendo el Futuro pagó los apoyos a personas fallecidas y tuvo entre sus principales beneficiarios a personas que trabajaron para instancias de gobierno, reportó el sábado la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

9. Evaluación no mide los objetivos del programa: En tanto, la ASF también se señala que las evaluaciones que se realizaron a los aprendices durante su estancia en los centros de trabajo no aportan a medir los avances de los objetivos del programa, además de que ofrecen calificaciones subjetivas que miden si los evaluadores están de acuerdo con los avances.

10. Trabajar sin cobrar: trabajar seis meses y opacidad, algunos beneficiarios de apoyo aseguran haber trabajado sin remuneración económica por fallos en la plataforma de inscripción

El actual gobierno de México se caracteriza por su ineptitud e impericia, un ejemplo es el programa Jóvenes Construyendo Futuro (JCF) de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Tomo los datos de la auditoría que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Lo preocupante es que para asignar recursos a este “programa” el actual gobierno destruyó Progresa-Oportunidades-Prospera y el Seguro Popular para dar mucho más dinero lo que es más un experimento que cuenta con únicamente el 4 por ciento de eficiencia.

Lo que evidencia que este programa no tiene normas de operación bien diseñadas, motivo por el cual se encuentran estas irregularidades y mucha opacidad.

Debemos preguntarnos, si hay subejercicio ¿a dónde irá a parar ese dinero sobrante?, ¿valió la pena la desaparición de programas que al parecer eran más funcionales por uno que tiene mucha opacidad? ¿En dónde está el dinero que se está pagando supuestamente a los becarios?

Cabe señalar que el tema de las anomalías en relación a este programa no es asunto nuevo, ya que la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad presento el 26 de agosto del 2019 un seguimiento del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en donde María Amparo Casar, aseguró que se encontraron “anomalías” en el padrón, el cual cuenta con información improbable, incompleta e inverificable del programa de puesto que se mantiene en la opacidad al tener un padrón con información incompleta e inverificable.4

Pues al presentar los primeros avances de la investigación Jóvenes Construyendo el Futuro partiendo de las simples preguntas de ¿Cuántos son, dónde están, qué hacen?, y al hacer una revisión del padrón de beneficiarios se encontraron comportamientos “difíciles de creer”, puesto que todos los días se inscribieron la misma proporción de hombres y mujeres, así como de la escolaridad de los becarios también se mantuvo constante de principio a n al inscribirse el mismo número de personas de los distintos niveles educativos.5

Es evidente que el despilfarro, la opacidad el clientelismo del gobierno federal que se ha caracterizado desde el primer día de su gobierno, pues los resultados de la auditorias y lo que denuncia la ASF sigue imperando y se está acentuando ante las próximas elecciones, particularmente con el uso electoral de los programas sociales y la campaña de vacunación.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario, a consideración de esta soberanía, con los siguientes resolutivos:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Fiscalía General de la República para que realicen de manera imparcial y coordinada una investigación integral, transparente, objetiva y expedita, a fin de deslindar responsabilidades y sancionar a los servidores públicos involucrados en actos de desvíos de recursos y corrupción en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, documentado en los resultados de la Auditoria Superior de la Federación.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que transparente de manera detallada el uso y destino final de los recursos asignados al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que dé a conocer a la opinión pública las acciones emprendidas para solventar y prevenir las irregularidades identificadas en el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, entre ellas casos de corrupción, desvío de recursos, retención de apoyos, uso inadecuado de información personal de beneficios, sobornos a los aprendices, los dobles cobros y el pago a personas fallecidas.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que, realice una auditoría integral a los recursos ejercidos por el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con el objeto de corroborar su adecuado ejercicio y en su caso, sancionar a los servidores públicos que por acción u omisión han provocado afectaciones a las arcas públicas federales. y promueva las acciones o denuncias correspondientes para promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos por la detección de posibles irregularidades en caso de que éstas sean constitutivas de delito en el programa Jóvenes Construyendo Futuro.

Quinto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral para que dé seguimiento a las acciones desarrolladas dentro del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para prevenir su uso para fines distintos a los de creación y su uso electoral para beneficiar a los candidatos vinculados con el titular del Ejecutivo federal o del partido político de Morena y sancionar los casos del uso del mismo para fines proselitistas.

Notas

1 https://www.milenio.com/negocios/asf-encontro-desfalco-jovenes-construy endo-futuro

2 Idem

3 https://informe.asf.gob.mx/

4 [1] https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/denuncian-opacidad-en-pr ograma-jovenes-construyendo-el-futuro

5 https://contralacorrupcion.mx/jovenes-construyendo-el-futuro-presentaci on/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo del 2021.

Rúbrica

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob y la Ssa a tomar medidas para que los adultos mayores de 60 años que tienen problemas con su CURP puedan registrarse y tener acceso a la vacuna contra el Covid-19, a cargo de la diputada María del Carmen Quiroz Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe diputada María del Carmen Quiroz Rodríguez integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, la Clave Única de Registro de Población, conocido como CURP, es un instrumento de registro asignado a todas las personas que viven en todo el territorio nacional, así como de los mexicanos que residen en el extranjero. Por lo tanto, dicho documento se caracteriza por acreditar la identidad de una persona.

Cabe señalar, que dicho instrumento de identidad se caracteriza por contener un código alfanumérico integrado por 18 caracteres, de ellos, 16 son extraídos del documento probatorio de identidad de la persona (acta de nacimiento, carta de naturalización, documento migratorio o certificado de nacionalidad mexicana), y los dos últimos los asigna el Registro Nacional de Población.

Dicho documento, está integrado por el primer y segundo apellido del individuo, así como el nombre de pila, la fecha de nacimiento, el sexo y la entidad federativa de nacimiento. Asimismo, los últimos dos elementos son asignados para evitar su duplicación.1

No omito señalar, que para poder acceder a este documento es necesario presentar original y copia del documento probatorio de identidad (acta de nacimiento, o documento migratorio) y de una identificación oficial vigente con fotografía (INE, Cartilla del Servicio Militar Nacional, Pasaporte, Certificado legalizado de Instituciones Educativas, Credencial del IMSS o Credencial ISSSTE).2

Sin embargo, hoy en día, dicha Clave es indispensable para llevar a cabo el registro de la segunda etapa de vacunación contra el Covid-19 para adultos mayores; esto de acuerdo al acertado Plan de Vacunación implementado por el Ejecutivo Federal.

Para ello, el Gobierno Federal, abrió una plataforma digital mivacuna.salud.gob.mx , para que los adultos mayores de 60 años se registren para ser beneficiados con la vacuna contra el Covid-19.

Como parte de este seguimiento, en conferencia de prensa matutina, el Ingeniero César Vélez, Director General de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Salud federal, señalo que:

“La página mivacuna.salud.gob.mx desde cualquier navegador de internet, y lo que se solicita aquí es de arranque, el registro de la persona a través de su identificador único que será la Clave Única de Registro de Población , una vez que se ingrese la CURP de la persona a vacunar, se despliegan los datos que están asociados a esa clave de registro, y en caso de que sean correctos se selecciona el botón en donde se afirma el deseo o la disposición de vacunarse de esa persona.”

Gracias a dicha plataforma más de 3 millones 274 mil 478 adultos mayores han realizado con éxito su registro en el sitio web que el Gobierno de México abrió para organizar la inoculación contra Covid-19 para personas de 60 años en adelante.

Sin embargo, existen varios ciudadanos que no han podido realizar su registro, debido a que no cuentan con la clave única de registro de Población o presentan anomalías. Tan es así, que en mi estado San Luis Potosí existen varias personas de la tercera edad que no pudieron registrase por esta situación.

Por lo anterior, y en aras de coadyuvar para el bienestar de las y los adultos mayores de nuestro país, para que estén en posibilidades de recibir la aplicación de la vacuna contra el Covid-19, misma que por derecho les corresponde, es necesario que las autoridades correspondientes amplíen los requisitos solicitados para el registro en la plataforma implementada por el Gobierno Federal.

No hay que olvidar que este tema, es un asunto de carácter social a nivel nacional. Por lo tanto, exigen un grado mayor de análisis y demanda de atención. Ya que los adultos mayores enfrentan problemas de salud a raíz de la pandemia. Por ello, es necesario que estén en posibilidades de recibir la vacuna contra este virus, sin obstáculo alguno.

Por lo anterior, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que en el ámbito de sus atribuciones implemente las medidas necesarias, a efecto de verificar los procesos de atención para corregir, certificar o en su caso, actualizar la base de datos para la obtención de la Clave Única de Registro de Población de todas aquellas personas que se encuentren en proceso de registro para adquirir la vacuna contra el Covid-19.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en el ámbito de sus atribuciones considere la posibilidad de ampliar las opciones de documentos para la acreditación para el registro y la aplicación de la vacuna contra el Covid-19, para todas aquellas personas que tengan anomalías en su Clave Única de Registro de Población o no cuenten con ella.

Notas

1 https://failover.www.gob.mx/mantenimiento.html#:~:text=
La%20Clave%20%C3%9Anica%20de%20Registro,que%20radican%20en%20otros%20pa%C3%ADses.

2 https://todocurp.org.mx/tramitar-curp/#Cuales_son_los_requisitos_para_e l_tramite_de_CURP_por_primera_vez

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los 2 días del mes de marzo de 2021.

Diputada María del Carmen Quiroz Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sectur, la Semarnat y la SRE a emprender acciones encaminadas a fortalecer el turismo sustentable, las buenas prácticas y el fomento del conocimiento y uso de la biodiversidad, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe Silvia Guadalupe Garza Galván , diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Secretaría de Relaciones Exteriores a emprender acciones encaminadas al fortalecimiento del turismo sustentable, las buenas prácticas y el fomento del conocimiento y uso de la biodiversidad , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En el transcurso del 2020 la caída del turismo internacional, merced de la pandemia ocasionada por la Covid-19 fue un factor que hizo temblar a los grandes actores del sector turístico, pero también a los pequeños y medianos empresarios. El giro turístico emprendió entonces una campaña de salvamento, contrayendo el gasto al mínimo y haciendo sendos despidos, todo en aras de mantener a flote a una industria paralizada y antagónica a la naturaleza de una pandemia.

Asimismo, es necesario replantearse la esencia misma del sector, sus necesidades, sus perspectivas, el cambio de enfoque por parte de los viajeros, la huella ecológica de sus actividades, el tipo de atractivos que ofrece, los insumos y el origen de éstos. Todo ello empezaba a tener un papel en el turismo nacional e internacional pero no había detonado del todo, como ahora.

El paro de virtualmente todas las actividades turísticas obligó a considerar los elementos que se señalan en el párrafo anterior y los introdujo de golpe en la ecuación. Ahora toca el turno a empresarios de todos los tamaños y al Estado, como eje rector y regulador, de encauzar esta nueva demanda y gestionar esta nueva realidad. El marco de la pandemia es, por supuesto, circunstancial y se espera que el sector retome actividades con fuerza para el verano de 2021 y con todo empuje para 2022, pero el cambio climático, agente que se sospecha podría estar detrás del virus del SARS-COV 2, es una enfermedad mucho mayor, que azota a todos los países del mundo con fuerza desmedida y que requiere de soluciones urgentes, innovadoras y de largo plazo, el turismo no puede ni debe estar al margen.

México es una referencia obligada para los viajeros internacionales y el flujo de viajeros nacionales es igualmente importante, así pues, no es de extrañar que debamos comenzar a plantear soluciones para que sigamos siendo una potencia turística, consciente de sus riquezas pero también de la fragilidad las mismas, de un equilibrio que debe normar todo el sector y de una tendencia en el viajero hacia explorar la naturaleza y el contacto con la misma, ahí se encuentra el futuro y México es el afortunado poseedor de una riqueza natural incomparable que hace juego con un patrimonio cultural, gastronómico, arquitectónico y musical sin parangón.

Vale la pena señalar que las estadísticas apuntan a una recuperación escalonada del sector, “De acuerdo con un estudio presentado por el Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) Anáhuac, la llegada de turistas internacionales ascenderá este año a alrededor de 27 millones de viajeros, una cifra que, pese a ser 40% inferior a los niveles de 2019, representaría un crecimiento de 10.9% respecto a 2020.”1

Lo anterior nos muestra que estamos ante una ventana de oportunidad generosa, por un lado, la recuperación del sector es inevitable y por el otro, tenemos tiempo para rediseñar nuestras políticas y estrategias para acercarnos al turismo sustentable. Es fundamental que se promueva la imagen de México como un país que atesora sus recursos y está deseoso de compartirlos con nuestros connacionales y con el mundo. A nadie le es ajena nuestra riqueza natural pero el enfoque deberá ser en el celoso cuidado que le damos.

Las grandes empresas hoteleras deben también ajustarse a las mejores prácticas, como deben hacerlo los competidores de menor escala, con apoyos gubernamentales proporcionales al tamaño del reto, pero con la convicción de que no es un gasto, sino una inversión que retribuirá a México con sendas entradas de divisas y una proyección internacional muy favorecedora.

Las pérdidas del turismo debido a la pandemia representan un duro golpe y su recuperación debe venir con el sello de la sustentabilidad. Baste mencionar que el 2020 cerró como el peor año en la historia para el turismo en México que acumuló una pérdida de 13 mil 548 millones de dólares en la derrama económica que dejan los viajeros internacionales al vacacionar en el país.

El gasto total de los turistas internacionales fue de 11 mil 24 millones 800 mil dólares, una baja de 55 por ciento anual, en comparación con 24 mil 573 millones de dólares del 2019. Estas cifras suponen que, en promedio, México perdió 37 millones de dólares en divisas turísticas durante cada uno de los días del 2020, un golpe nunca antes visto en la industria de viajes.2

Las pérdidas enunciadas ensombrecen el gasto que se requiere para redirigir nuestra política de turismo que con una plan riguroso y una visión de largo plazo podrá remontar esta crisis y además volverse resiliente a futuras adversidades.

Así pues, el Estado debe ser promotor de un nuevo turismo, no solamente por la imagen que esto da, sino por la apremiante necesidad de conservar y engrandecer nuestro patrimonio natural y cultural, el beneficio añadido será el de ser referencia del turismo sustentable.

En este sentido, se busca por un lado que nuestra cancillería en conjunto con la Secretaría de Turismo impulsen dentro y fuera de nuestras fronteras, según sus respectivas atribuciones, las grandezas de nuestro país y el gran acervo de naturaleza que con cariño resguardamos y compartimos a los ojos del mundo y por otro lado, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en conjunto con los despachos previamente mencionados, pueda elaborar un plan de instrucciones y recomendaciones a lo largo de la República para delinear una nueva política de gestión natural y promoción de la misma, para mostrar a los ejidos y comunidades, hostales, hoteles, restoranes, museos, zonas arqueológicas y monumentos y atractivos de toda índole que en conjunto y con una visión de futuro México puede convertirse, para beneficio de todos, en el referente mundial del turismo sustentable.

Asimismo, el Estado deberá asegurar que se implementen las mejores prácticas en todas las aristas del sector, asegurando que los desechos generados sean manejados apropiadamente, que las materias primas, especialmente la comida que se consuma, vengan de productores certificados, que el impacto en el área sea mitigado y en general que la huella ecológica del sector sea neutra. Esta es una obligación que México tiene consigo mismo y con el mundo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a emprender acciones encaminadas al fortalecimiento del turismo sustentable, las buenas prácticas y el fomento del conocimiento y uso de la biodiversidad.

Notas

1 https://expansion.mx/empresas/2021/01/26/mexico-recuperara-mas-de-la-mi tad-del-turismo-perdido-por-la-pandemia-en-2021 consultado el 16 de febrero 2021, 14:30

2 https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/
pandemia-da-golpe-de-13-mil-548-mdd-en-divisas-turisticas-a-mexico-en-2020 consultado el 16 de febrero 2021,15:36

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2021.

Diputada Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Bienestar a considerar publicar cuanto antes otra convocatoria para obtener un nuevo censo de los negocios que no alcanzaron a registrarse y puedan ser acreedores a los microcréditos de la SE, a cargo de la diputada María del Carmen Quiroz Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada María del Carmen Quiroz Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Actualmente, a nivel mundial se vive una crisis sanitaria que ha generado miedo e incertidumbre a causa de la pandemia creada por el Covid-19. En México, el pasado 28 de febrero de 2020, el Presidente de la República Licenciado Andrés Manuel Lope Obrador, informó en conferencia prensa matutina sobre el primer caso de contagio de Covid-19.

A raíz de esto, el 30 de marzo de 2020 el Gobierno Federal declaró emergencia sanitaria en todo el territorio mexicano, con ello, se vieron afectados más del 56 por ciento de las familias mexicanas, en virtud de que este gran porcentaje se desempeña en el sector informal.

Ante esta desafortunada situación nuestro Gobierno puso en marcha el “Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares” el cual nace de la urgente necesidad de otorgar apoyos económicos aquellas personas cuyos ingresos se vieron afectados por la suspensión de las actividades no esenciales.

Dicho programa va dirigido a las unidades conformadas por: : micronegocios formales e informales, personas trabajadoras independientes, personas que trabajan por cuenta propia, personas prestadoras de servicios, personas trabajadoras del hogar y las empresas solidarias del sector formal, es decir, todas aquellas empresas que, al 15 de abril, conservaron el promedio de su plantilla laboral del primer trimestre de 2020.1

Es importante mencionar que el objetivo del programa es, mitigar los efectos de la interrupción de la actividad económica y con ello salvaguardar la economía de las y los mexicanos.

Derivado de lo anterior, la Secretaría de Economía informó el pasado mes de septiembre, que dicho programa había llegado a su meta de un millón de préstamos. Sin embargo, muchos microempresarios no se vieron beneficiados por dicho programa, toda vez que no se encuentran registrados en el censo del Bienestar, realizado por el Gobierno Federal en 2018.

Por lo antes mencionado, y en aras de coadyuvar con el bienestar de las y los mexicanos, es necesario que las autoridades correspondientes en materia de bienestar social, y de economía; lleven a cabo las medidas pertinentes para que, nuevamente se convoque a todas aquellas y aquellos microempresarios que no tuvieron la posibilidad de ser beneficiados con un crédito para el desarrollo de sus negocios, y en esta ocasión estén en posibilidades de acceder a uno.

No hay que olvidar que este tema, es de gran relevancia para todo el territorio nacional, ya que de ello también depende el bienestar de muchas familias mexicanas que obtienen el sustento económico gracias el empleo que estas microempresas generan.

Por lo anterior, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar, para que en el ámbito de sus atribuciones, considere la posibilidad de publicar a la brevedad posible, una nueva convocatoria para efectos de llevar a cabo un censo para todos aquellos negocios que no tuvieron posibilidades de acceder a los microcréditos otorgados por la Secretaría de Economía.

Nota

1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592265&fecha=24/04/ 2020

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los 2 días del mes de marzo de 2021.

Diputada María del Carmen Quiroz Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a Pemex a destinar recursos para el mantenimiento de los complejos petroquímicos de Cangrejera, Cosoleacaque, Morelos y Pajaritos, a cargo de la diputada Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Flora Tania Cruz Santos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, los presentes puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los complejos petroquímicos usualmente comprenden un número importante de plantas petroquímicas por lo que es usual que materias primas de una unidad madre (refinería de petróleo o planta de fraccionamiento de gas natural) sean empleadas por plantas petroquímicas intermedias y que puedan compartir al mismo tiempo facilidades comunes previamente acordadas entre ellos. Por ello, muchas veces los complejos petroquímicos se ubican en un área común denominadas Polos Petroquímicos en los que existen facilidades comunes que pueden ser infraestructura física: carreteras, puertos, aeropuertos, servicios comunes de energía, potencia, suministro de agua, suministro de gas natural, y servicios técnicos especializados. 1

Los productos terminados de los complejos petroquímicos son empleados por un número importante de industrias manufactureras que los emplean como materia prima para industrias diversas como la textil, agricultura, automotriz y transporte, calzado, línea blanca, electrónica, mueblerías, empaque, alimentos, construcción, acabados y accesorios, detergentes y cosméticos.

Desde su origen en 1967, con la construcción del primer centro productor en México, ha sido pilar en el desarrollo petroquímico del país, ofertando productos petroquímicos de alta calidad, cubriendo gran parte de la demanda nacional, disminuyendo importaciones y exportando a Estados Unidos y Europa.

Pemex Petroquímica cuenta con oficinas corporativas en Coatzacoalcos, Veracruz y en la Ciudad de México, y los complejos petroquímicos de Cangrejera, Cosoleacaque, Morelos, Pajaritos y Escolín, ubicados en el estado de Veracruz.2

El día 25 de febrero del año en curso, alrededor de las 14:00 horas, la Secretaría de Protección Civil recibió el reporte de un incendio en el Turbo Generador No. 5 del Complejo Petroquímico Cangrejera en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. El control y liquidación del fuego fue a las 15:30 horas sin requerir de evacuación ni reportar personas lesionadas, sin embargo, este complejo petroquímico ha tenido diversos accidentes.

Aunado a ello, de manera anónima trabajadores del Complejo Petroquímico Cangrejera denunciaron que el incendio ocurrido, fue como consecuencia de la falta de mantenimiento, ya que el sistema contraincendios es de 1982, por lo que resulta como primera necesidad, atender dicho sistema.3

Desafortunadamente, no ha sido una situación única ni aislada, tan solo se tiene registro que, en 1991, la misma área del complejo, Clorado 3, sufrió un accidente similar el cual le costó la vida a seis personas a causa de una fuerte explosión. En aquel entonces una fuga de gas en una tubería ocasionó una reacción en cadena que arrasó con oficinas administrativas y una parte de la planta productora de cloruro de vinilo que era propiedad de Petroquímica Mexicana de Vinil.

En el año 2005 en el ducto entre Cosoleacaque y la zona de Pajaritos, se suscitó también una fuga de amoniaco, en ese entonces se reportaron al menos 10 personas lesionadas.

El 25 de febrero del 2015 una cuadrilla de obreros realizaba la reparación de un tanque que tenía residuos químicos que originaron el fuego, en Pajaritos, flamas en el Incinerador 2 dejaron una persona muerta y dos más lesionadas.

En junio del 2015 un tanque de abastecimiento del Complejo Morelos, en Coatzacoalcos explotó en la planta de generación de vapor, Pemex informó que se habían activado los protocolos de emergencia y ningún trabajador resultó herido.

En Cosoleacaque, en agosto de 2015 ocurrió una fuga de amoniaco por lo cual de acuerdo con los protocolos de emergencia obligaron a la cuadrilla de rescate a realizar el cierre de válvulas de la sección de carga.

Asimismo, en el mes de octubre de 2015 una gran explosión provocó la movilización de los cuerpos de seguridad y rescate, quienes acudieron al complejo de Pajaritos para combatir un incendio en la empresa Cryoinfra; en esa ocasión fue un corto circuito lo que ocasionó el fuego que provocó la evacuación de al menos 15 trabajadores pues el área quemada contenía aceites que al prender fuego podían resultar tóxicos. 4

En el complejo petroquímico Pajaritos el día 20 de abril de 2016, se generó un terrible accidente, en el que fallecieron 24 personas, 136 personas fueron hospitalizadas por la explosión, y 108 fueron dadas de alta ese mismo día.5

La madrugada del domingo 6 de octubre de 2019, se presentó un incendio en un tanque de almacenamiento de residuos en una de las terminales marítimas del complejo petroquímico Pajaritos, mismo que requirió del desalojo de los trabajadores y el cierre de accesos.6

En el complejo petroquímico de Cangrejera, cerca de las 23 horas del 24 de julio de 2020, se reportó un incendio en la planta de etileno, cerca de los quemadores, lo que causó un apagón en los sistemas del complejo.7

Lo anterior, sólo son algunos de los accidentes que se hicieron visibles en los medios de comunicación, sin embargo, no se tiene la certeza de cuantos accidentes más han ocurrido en las inmediaciones de los complejos petroquímicos, lo cual debe detenerse, por la seguridad y la vida de los trabajadores.

En las fracciones IX y X del artículo 46 de la Ley de Petróleos Mexicanos, que a continuación se mencionan, establecen dos funciones muy relevantes para atender lo sucedido en los Complejos Petroquímicos de Cangrejera, Cosoleacaque, Morelos y Pajaritos, y con ello prevenir futuros accidentes.

Artículo 46. Corresponden al Director General la gestión, operación, funcionamiento y ejecución de los objetivos de Petróleos Mexicanos, sujetándose a las estrategias, políticas y lineamientos aprobados por el Consejo de Administración. Al efecto, tendrá las funciones siguientes:

(...)

IX. Instrumentar y administrar los sistemas de seguridad de los bienes e instalaciones de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y, en su caso, empresas filiales, en coordinación con las dependencias competentes de los tres órdenes de gobierno;

X. Instrumentar y administrar los mecanismos de seguridad, salud y protección y seguridad industrial de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y, en su caso, empresas filiales, así como los mecanismos y procedimientos para controlar la calidad y continuidad de las operaciones industriales y comerciales;

(...)

Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director de Petróleos Mexicanos, a instrumentar y administrar los sistemas de seguridad de los bienes e instalaciones de Petróleos Mexicanos, y los mecanismos de protección y seguridad en beneficio de los trabajadores de Petróleos Mexicanos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director de Petróleos Mexicanos, a destinar recursos suficientes para el mantenimiento de las instalaciones de los complejos petroquímicos de Cangrejera, Cosoleacaque, Morelos y Pajaritos, ubicados en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Notas

1 Consultado en: http://ssecoconsulting.com/complejos-petroquimicos.html#:~:text=
Los%20complejos%20petroqu%C3%ADmicos%20usualmente%20comprenden%20un%20n%C3%BAmero%
20importante,mismo%20tiempo%20facilidades%20comunes%20previamente%20acordadas%20entre%20ellos., fecha de consulta 27 de febrero de 2021.

2 Consultado en: https://www.pnc.org.mx/wp-content/uploads/download-manager-files/
pemex_petroquimica.pdf#:~:text=Pemex%20Petroqu%C3%ADmica%20cuenta%20con%20o%EF%AC%81cinas%
20corporativas%20en%20la,millones%20de%20toneladas%20se%20destinan%20a%20ventas%20externas., fecha de consulta 27 de febrero de 2021.

3 Consultado en: https://diariodelistmo.com/coatzacoalcos/
incendio-en-cangrejera-fue-por-falta—de-mantenimiento-trabajadores/50077200, fecha de consulta 27 de febrero de 2021.

4 Consultado en: https://www.eluniversal.com.mx/estados/
se-registro-incendio-en-complejo-petroquimico-cangrejera-en-coatzacoalcos, fecha de consulta 26 de febrero de 2021.

5 Consultado en: https://www.animalpolitico.com/2016/04/
3-muertos-y-mas-de-100-heridos-por-la-explosion-en-coatzacoalcos-autoridades-de-veracruz/, fecha de consulta 25 de febrero de 2021.

6 Consultado en: https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/
incendio-pajaritos-complejo-petroquimico-pemex-coatzacoalcos/, fecha de consulta 26 de febrero de 2021.

7 Consultado en: https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/causa-alerta-incendio-en-la-can grejera-explosion-bomberos-pemex-5533849.html, fecha de consulta 26 de febrero de 2021.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2021.

Diputada Flora Tania Cruz Santos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al IMSS y el ISSSTE a proporcionar en sus unidades de primer nivel de atención tratamiento integral de la hepatitis C y garantizarlo desde la detección hasta la cura en un tiempo máximo de tres meses, suscrita por las diputadas María Marivel Solís Barrera y Alejandra Pani Barragán, del Grupo Parlamentario de Morena

Las que suscriben, diputadas federales María Marivel Solís Barrera y Alejandra Pani Barragán, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 70, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente

Consideraciones

La hepatitis C es una enfermedad del hígado causada por el virus de la hepatitis C (VHC) que se transmite a través de la sangre. Se estima que en el mundo hay 71.1 millones de personas con infección crónica por VHC.1 En México hay entre 400 y 600 mil personas que viven con la infección, es decir, una prevalencia de la enfermedad que va del 1.2% al 1.4%.2

Desde el descubrimiento del VHC, en 1989, expertos de la mano de la ciencia y de la tecnología han recorrido un largo camino para combatir esta infección. A pesar de que aún no existe una vacuna, si existe la cura. La innovación ha permitido que hoy se cuenten con tratamientos efectivos –con una tasa de curación del 95%– que han logrado reducir los esquemas de tratamiento para las y los pacientes entre 8 y 12 semanas.3

Esta innovación en tecnologías para la salud ha constituido una oportunidad internacional para implementar programas de salud que buscan alcanzar el compromiso de eliminar la hepatitis C para el año 2030. De esta forma, en 2019, el Gobierno de México puso en marcha su estrategia para atender esta problemática, desde una perspectiva de innovación, efectividad y accesibilidad.

El Programa Nacional de Eliminación de la hepatitis C, coordinado por Censida, cuenta con todos los elementos necesarios para su implementación: pruebas de detección rápida; exámenes de laboratorio para perfilamiento y confirmación de diagnóstico; cargas virales; tratamiento de rescate en caso necesario; y plataforma estandarizada para el registro de casos.

La Secretaría de Salud, a través de Censida, ha determinado diferentes acciones para la operatividad del programa, entre las que se incluyen la coordinación interinstitucional para la promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento en todo el Sistema de Salud. Además, considera un enfoque de atención primaria de la salud que coloca a las personas y comunidades en el centro.

La innovación en las tecnologías de salud incorporadas en este programa da viabilidad para que el enfoque comunitario y la atención primaria a la salud se fortalezcan. El Programa considera el modelo de tratamiento simplificado, es decir, tratamiento de hepatitis C en unidades de primer contacto para personas que no tienen características que se hayan asociado a una menor efectividad del tratamiento o adherencia, así mismo, estas personas pueden ser tratadas por profesionales de la salud sin especialidad médica, pero con entrenamiento y capacitación continua específica en el tema de VHC.4

En el mismo sentido, reducir la brecha de la desigualdad en salud es uno de los objetivos más importantes para el Gobierno de México, por lo que al ofrecer el servicio en las unidades de medicina familiar se estarán atendiendo y reconociendo las características contextuales sociodemográficas, de accesibilidad y de oportunidad de atención para la población.

La región occidente, que comprende los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima y Nayarit, es donde se encuentra el mayor número de casos de hepatitis C en México. En esta zona, cerca del 30% de la población se encuentra a más de 1 kilómetro de distancia de una unidad médica de primer nivel de atención, frente al 13.7% que se encuentra a más de una hora de recorrido en auto de un hospital público o del 61.7% que se encuentra a una hora en auto de una Uneme Capasits.5

En el caso de la región sureste que considera a los estados de Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Chiapas, en promedio el 31.0% de la población se encuentra a más de 1 kilómetro de distancia de una unidad médica de primer nivel, 11.6% se encuentra a más de 1 hora de recorrido en auto de un hospital público y 61.8% a más de una hora de recorrido en auto de una Uneme Capasits.6

Si bien, las Unidades de Especialidades Médicas y Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Uneme-Capacits) como unidades de primer nivel están otorgando la atención a la población coifnectada (VIH-VHC) y monoinfectada (VHC) sin derechohabiencia, es fundamental que la cobertura que brindan el IMSS y el ISSSTE a través de su infraestructura se amplíe a las unidades de primer nivel, para así optimizar la implementación del programa y reducir la brecha de accesibilidad al acercar los servicios a la población que lo necesita.

Por lo expuesto anteriormente proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a brindar la atención integral de la hepatitis C en sus unidades de primer nivel de atención y garantizar esta atención, desde la detección a la cura, en un tiempo máximo de tres meses, conforme lo establece el Programa Nacional de Eliminación de la hepatitis C.

Notas

1 Razavi H, Global Epidemiology of Viral hepatitis, Gastroenterology Clinics VOLUME 49, ISSUE 2, P179-189, JUNE 01, 2020 visto en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/569998/Boletin_VHC_VP_DI O_ATR_13082020DPPS.pdf

2 Valdespino JL, Conde-González CJ, Olaiz-Fernández G, Palma O, Kershenobich D, Sepúlveda J. Seroprevalencia de la hepatitis C en adultos de México: ¿un problema de salud pública emergente? Salud Pública Mex 2007; 49 supl 3:S395-S403, visto en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/569998/Boletin_VHC_VP_DI O_ATR_13082020DPPS.pdf

3 Boletín Programa Nacional de Eliminación de la hepatitis C La hepatitis C es Curable, Volumen 1, No. 1, Julio, 2020, Censida https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/569998/Boletin_VHC_VP_DI O_ATR_13082020DPPS.pdf

4 Guía rápida para la atención de personas con Virus de la hepatitis C en los establecimientos de salud https://www.gob.mx/censida/documentos/guia-rapida-para-la-atencion-de-p ersonas-con-virus-de-la-hepatitis-c-vhc-en-los-establecimientos-de-salu d

5 Secretaría de Salud, 2020 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/603406/Boleti_n_VHC-Vol_ 3.pdf

6 Op. Cit.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2021.

Diputadas: María Marivel Solís Barrera y Alejandra Pani Barragán (Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de homologar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Civil Federal en los estados para prohibir en todos los ámbitos el castigo corporal y humillante como método correctivo o disciplinario, a cargo del diputado Marco Antonio González Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben la presente, diputado Marco Antonio González Reyes, de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral I, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas y a sus honorable Congresos Locales a homologar la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Civil Federal en las entidades federativas, para prohibir el castigo corporal y humillante como método correctivo o disciplinario en todos los ámbitos

Consideraciones

El día 10 de diciembre 2020 se aprobó la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) y del Código Civil Federal (CCF) para prohibir el castigo corporal y humillante como método correctivo o disciplinario a niñas, niños y adolescentes. Esta reforma entro en vigor el día 11 de enero 2021 con su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).1

Esta es una reforma transcendental en nuestro país, ya que, en el Código Civil Federal, se destaca:

I) El derecho de niñas, niños y adolescentes a que, dentro del núcleo familiar, se respeten su integridad física, psíquica y emocional, además de la asistencia y protección institucional para garantizarlo. – Los integrantes de la familia, en particular niñas, niños, y adolescentes, tienen derecho a que los demás miembros les respeten su integridad física, psíquica y emocional, con objeto de contribuir a su sano desarrollo para su plena incorporación y participación en el núcleo social. Al efecto, contará con la asistencia y protección de las instituciones públicas de acuerdo con las leyes (Artículo 323 bis).

II) La prohibición explicita del castigo corporal y humillante en el núcleo familiar. – Queda prohibido que la madre, padre o cualquier persona en la familia, utilice el castigo corporal o cualquier tipo de trato y castigo humillante como forma de corrección o disciplina de niñas, niños o adolescentes. Se define el castigo corporal y humillante según lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 47, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (artículo 323 Ter).

III) Se define el concepto de violencia familiar y dentro de esta definición se incluye el castigo corporal y humillante contra niñas, niños y adolescentes. – Por violencia familiar se considera el uso intencional de la fuerza física, moral o de cualquier acto que tenga como objetivo provocar dolor, molestia o humillación, incluyendo el castigo corporal y humillante contra niñas, niños y adolescentes, así como las omisiones graves que ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante de la misma, que atente contra su integridad física, psíquica y emocional independientemente de que pueda producir o no lesiones; siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en el mismo domicilio y exista una relación de parentesco, matrimonio o concubinato (Artículo 323 ter).

IV) El derecho de niñas, niños y adolescentes a la orientación, educación, cuidado y crianza en todos los ámbitos. – Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación, cuidado y crianza de su madre, su padre o de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de los encargados y el personal de instituciones educativas, deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social, de cuidado, penales o de cualquier otra índole (Artículo 423).

V) La prohibición explicita del castigo corporal y humillante en todos los ámbitos. – Queda prohibido que la madre, padre o cualquier persona que ejerza la patria potestad, tutela o guarda, custodia y crianza de niños y adolescentes, utilice el castigo corporal o humillante como forma de corrección o disciplina de niños, niñas o adolescentes (artículo 423).

Por su parte en la LGDNNA, se señala:

I) Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por el castigo corporal y humillante en todos los ámbitos. – Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación, cuidado y crianza de su madre, su padre o de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de los encargados y el personal de instituciones educativas, deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social, y de cualquier otra índole que brinde asistencia a niñas, niños y adolescentes, sin que, en modo alguno, se autorice a estos el uso del castigo corporal ni el castigo humillante (Artículo 47).

II)) Se define el concepto de castigo corporal o físico, así como el castigo humillante contra niñas, niños y adolescentes. – El castigo corporal o físico es todo aquel acto cometido en contra de niñas, niños y adolescentes en el que se utilice la fuerza física, incluyendo golpes con la mano o con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas, obligar a sostener posturas incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo u otros productos o cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve. Castigo humillante es cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio, y cualquier acto que tenga como objetivo provocar dolor, amenaza, molestia o humillación cometido en contra de niñas, niños y adolescentes (Artículo 47).

III) Prohibición explicita del castigo corporal y humillante en todos los ámbitos. – Queda prohibido que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes ejerzan cualquier tipo de violencia en su contra, en particular el castigo corporal y humillante (Artículo 105).

IV) El derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir orientación, educación, cuidado y disciplina en todos los ámbitos, sin utilizar el castigo corporal ni humillante. – Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación, cuidado y disciplina de su madre, su padre o de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda, custodia y crianza, así como de los encargados y el personal de instituciones educativas, deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social, de cuidado, penales o de cualquier otra índole, sin que, en modo alguno, se autorice a estos el uso del castigo corporal ni el trato humillante (Artículo 105).

Es necesario destacar, la relevancia que tiene esta reforma en las entidades federativas y municipios, porque, por un lado, permite hacer explicita la prohibición del castigo corporal y humillante, y, por otra parte, impulsar políticas públicas sobre la prevención, atención, denuncia y respuesta a casos de castigo corporal y humillante en todo el territorio, sin embargo, en las Entidades Federativas esta reforma no se encuentra homologada. Un análisis de World Visión México, menciona que, para enero 2021, en ningún marco normativo:

a. Se conceptualiza que es y/o como debe entenderse como castigo corporal y humillante.

b. Se considera el derecho de NNyA a la orientación, educación, cuidado y crianza en todos los ámbitos, al contrario, en estos marcos, se señala el derecho, la facultad e incluso, la obligatoriedad de quienes ejerzan la custodia, tutela, patria potestad y guarda; el derecho a corregir, educar evitando maltrato o algún tipo de violencia.

Dentro de los hallazgos de World Visión México, se recupera que, las leyes locales de derechos de NNA y la Ley del Sistema de Protección se encontraban de la siguiente manera:

• Durango, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Sonora. - No tienen disposiciones sobre la prohibición explicita del castigo corporal y humillante en todos los ámbitos como método correctivo o disciplinario a niñas, niños o adolescentes.

• Baja California Sur, Chiapas, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. - Señalan que quienes ejerzan la Patria Potestad, Tutela o Guarda y Custodia de Niñas, Niños y Adolescentes se abstengan de cualquier atentado contra su integridad física, psicológica o actos que menoscaben su desarrollo integral, sin hacer mención explícitamente del castigo corporal y humillante.

• Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Nuevo León, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas. - Señalan que, quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes se abstengan de ejercer cualquier tipo de violencia en su contra, en particular el castigo corporal y/o humillante.

• Solamente Baja California, Ciudad de México y Guanajuato.- Señalan la prohibición explícita del castigo corporal y/o humillante en todos los ámbitos, como método correctivo o disciplinario a niñas, niños o Adolescentes.

• Únicamente Colima y Jalisco señalan la obligatoriedad de las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, a tomar las medidas necesarias prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por el castigo corporal y/o humillante en todos los ámbitos, a pesar de que, en otras Entidades Federativas se encuentre prohibido el uso del castigo corporal y/o humillante como método correctivo o disciplinario.

Por lo que toca a los códigos civiles, leyes y códigos familiares de las Entidades Federativas:

• Solamente Coahuila y Chiapas, señalan el derecho de niñas, niños y adolescentes a que, dentro del núcleo familiar se respete su integridad física, psíquica y emocional; se incluye dentro del concepto de violencia familiar el castigo corporal y humillante, además de la asistencia y protección institucional para protegerles en contra de estos.

• Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán. - No tienen disposiciones sobre violencia familiar y el derecho de niñas, niños y adolescentes a que, dentro del núcleo familiar, se respeten su integridad física, psíquica y emocional y la prohibición del castigo corporal y humillante como método correctivo en el núcleo familiar.

• Jalisco, Morelos y San Luis Potosí, no tienen disposiciones sobre la perdida, suspensión y/o limitación de la patria potestad por violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, incluida la violencia familiar, sin incluir a esta observación casos de castigo corporal y/o humillante.

Además, la organización destaca, que en los marcos legales de las Entidades Federativas:

A. A pesar que hay leyes para proteger los derechos de NNA o código civil o familiar de las Entidades Federativas que prohíben explícitamente el castigo corporal y/o humillante como método correctivo o disciplinario, estás no se encuentran homologas entre sí.

B. En este sentido, en los articulados de las leyes y códigos locales, existen lagunas que no permitan vislumbrar si en la Entidad se prohíbe explícitamente o se señala la abstención del uso del castigo corporal y/o humillante como método correctivo y disciplinario. Esto sucede al momento de contrastar capítulos como el del derecho de NNA a una vida libre de violencia y las obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela, guarda y custodia.

C. Es necesario que en todos los marcos normativos se haga mención de la prohibición explícita tanto del castigo corporal como el humillante.

Por otra parte, entre los países que integran la OCDE, México ocupa los primeros lugares en homicidios de personas de 0 a 14 años, en violencia física y sexual, seis de cada diez niñas, niños y adolescentes de entre uno y 14 años han sufrido algún tipo de “disciplina violenta” en sus hogares.2

De acuerdo a los resultados de la consulta infantil y juvenil 2018, “niñas y niños de entre 6 y 9 años refieren en mayor medida afrontar violencia (física, psicológica, sexual, verbal) en el hogar, mientras que 53.9% del grupo de 10 a 13 reporta enfrentarla en la escuela. Las y los adolescentes manifiestan recibir comparativamente más violencia en otros ámbitos, como la calle, internet o en el trabajo”.

En la Encuesta se menciona que; “El maltrato físico es muy acusado en edades más tempranas, y representa la violencia misma para casi la mitad de quienes respondieron. En cambio, son más susceptibles a la violencia en la comunicación los grupos de mayor edad: los adjetivos descalificadores (las groserías) son el principal objeto de agresión. En ambos casos se observa que la violencia psicológica siempre está presente”.

Además, se rescata que, “para las y los adolescentes que se acercan a la edad adulta, se incrementan la violencia física y la psicológica, pero especialmente la verbal: siete de cada 10 adolescentes que reportaron haber enfrentado violencia señalan que fue con palabras; además, de este mismo grupo una persona de cada 10 señala haber enfrentado violencia sexual”.

Por lo que toca a la violencia entre adolescentes y jóvenes entre 14 y 17 años; “la violencia verbal es la experiencia más frecuente entre quienes dijeron enfrentar violencia en este grupo de edad. Pero hay una diferencia entre mujeres y hombres en cuanto al segundo lugar: psicológica para ellas, física para ellos”.3

A datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) desde el 2015 al 2020, se han reportado en todo el país; 60, 250 casos de lesiones con arma blanca, de fuego y con algún otro elemento contra niñas, niños y adolescentes, sin embargo, estas cifras son poco cercanas a la magnitud del problema, porque sólo reflejan el número de carpetas de este delito, además de la manera en que las autoridades locales los clasifican, basta con señalar, que hay estados de la república que durante estos años no han registrado ninguna lesión contra niñas, niños y adolescentes, como el caso de Aguascalientes y Morelos.4

México firmó y ratificó la Convención de Derechos del Niño en el año 21 de septiembre de 1990, por lo que quedó obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella a favor de todos los niños, niñas y adolescentes en el país. En su artículo 19, se lee lo siguiente:

“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”5

De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño; artículos 1, 3, y 4, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo en sus artículos 1 y 4, la Convención Americana de Derechos Humanos; artículo 19, y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo y a la protección.

Por su parte la LGDNNA, en su artículo 2, en el párrafo segundo, se lee;

“El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de que México forma parte”.6

Por ello, que, dentro de las acciones complementarias a esta reforma transcendental en el país, es necesario que, en los de Códigos Civiles, Familiares Estatales, así como, las Legislaciones Estatales de Niñez y Adolescencia y la Familia se prohíba sin excepciones el castigo corporal y humillante como método correctivo o disciplinario en todos los ámbitos, lo anterior bajo un enfoque de armonización legislativa eficiente que permita garantizar y poner en el centro el Interés Superior de la Niñez.

Ahora bien, cabe mencionar que una ley general, (de acuerdo con la interpretación que el Pleno de la Suprema Corte ha dado al artículo 133 de la Constitución Federal), es aquélla que puede incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado mexicano; es decir, corresponde a aquélla respecto a la cual el constituyente ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas, como una excepción al principio establecido por el artículo 124 constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu proprio por el Congreso de la Unión, sino que se originan en cláusulas constitucionales que obligan a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades de todos los órdenes jurídicos1 Las leyes generales responden, pues, a dos objetivos concretos: realizar la distribución de competencias en la materia y uniformar criterios con independencia de que su aplicación sea en el orden federal o local. (Tesis aislada en materia constitucional emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: Leyes Generales. Interpretación del artículo 133 constitucional. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXV, abril de 2007, página 5.)

Armonizar la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con las demás leyes, tiene impactos positivos porque se trazan en el marco legislativo los puntos de organización con otras dependencias e instituciones, es decir, roles, funciones y facultades claras de los puestos de mando y operativos en, por ejemplo, la prevención, atención, denuncia y respuesta a casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes.

La Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes constituye la razón de ser de las Secretarías, Dependencias e Instituciones en la prevención, respuesta, denuncia y atención a casos contra niñas, niños y adolescentes. o Esclarece los procedimientos de respuesta, denuncia y atención a casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Además, esta Ley es referente para programar acciones hacia un gasto público eficiente y transparente.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que resulta necesario y de urgencia, someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los honorables Congresos locales de las 32 entidades federativas para que el ámbito de sus competencias armonicen de manera pronta su legislación con la reciente reforma de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Civil Federal, publicada el 11 de enero del 2021 en el Diario Oficial de la Federación, para prohibir explícitamente el uso del castigo corporal y/o humillante como método correctivo o disciplinario en todos los ámbitos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y a sus homologas en las 32 entidades federativas para promover espacios de sensibilización con autoridades estatales y municipales para acelerar la prohibición explícita del castigo corporal y humillante como método de disciplina y correctivo en todos los ámbitos, así como de coordinar acciones de sensibilización social en la Entidad y Municipios para la prevención del castigo corporal y la promoción de modelos de crianza positiva.

Notas

1 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y del Código Civil Federal. 11 de enero 2021. DOF: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609666&fecha=11/01/ 2021

2 UNICEF (2017). Consultado en; Informe Anual 2017 UNICEF México.

3 Consulta Infantil y Juvenil, INE, 2018: https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2019/04/Resultados_Consulta_Infan til_y_Juvenil-2018.pdf

4 Datos recuperados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Delitos del Fuero Común. Última actualización, diciembre 2020:

https://drive.google.com/file/d/1mKATLFEfcuLtYfCR5m8Eulo bszyFFF8E/view

5 UNICEF Comité Español (2006). Convención de los Derechos del Niño: https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

6 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Artículo 2. Párrafo reformado DOF 03-06-2019.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2021.

Diputado Marco Antonio González Reyes (rúbrica)

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Con motivo del 24 de febrero, Día de la Bandera de México, a cargo del diputado Martha Huerta Hernández, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Martha Huerta Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción XI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente efeméride.

Exposición de Motivos

El presidente Lázaro Cárdenas en 1940 reconoce oficialmente el 24 de febrero como el Dia de la Bandera de México.1

La bandera es un emblema de nuestra identidad como nación, ha tenido transformaciones derivado de los momentos históricos por los que ha atravesado el país.

Hay historiadores que se remontan al estandarte utilizado por Don Miguel Hidalgo en la parroquia de Atotonilco, el 16 de septiembre de 1810. El óleo que utilizo el padre de la Independencia fue pintado por Andrés López en 1805.

La primera bandera en tener el águila parada en un nopal como escudo, fue la creada por José María Morelos y Pavón el 19 de agosto de 1812, el poner el águila introduce la cosmovisión de los pueblos prehispánicos.

Pero la primera bandera nacional es la creada por Agustín de Iturbide, que duro de 1821 a 1823, emblema del Primer Imperio Mexicano, se le considera a esta bandera como la primer, porque a partir de esta se mantiene el orden de los colores y el escudo, aunque este último veremos que tiene cambios. Esta bandera tiene un águila erguida con una corona, posada sobre el nopal.

Después viene la Bandera de la primera República Federal que de 1823 a 1864. Se instaura a la caída del imperio de Agustín de Iturbide, el Congreso Constituyente expidió un acuerdo mandatando que el símbolo patrio debía formarse de acuerdo con la tradición indígena, lo que significaba que el águila debía estar devorando una serpiente, de perfil y estar posada sobre un nopal.

Al abandonar el presidente Benito Juárez la Ciudad México el 31 de mayo de 1863, las fuerzas militares se dispersaron a varios territorios para pelear contra el ejército francés, el Batallón Supremos Poderes que eran de las fuerzas militares mexicanas crearon su propia bandera, manteniendo el orden de los colores, el águila, solo añadiendo las palabras “Batallón Supremos Poderes”.

También se estableció la Bandera del Segundo Imperio, que estuvo entre los años 1864 a 1867, dicha bandera fue establecida por Maximiliano de Habsburgo, la bandera mantuvo el orden de los colores, pero inserto el escudo de armas de su imperio que tenía en medio el águila posada sobre un nopal.

Durante el gobierno de Porfirio Díaz, instauro una bandera en 1870, la cual mantuvo el orden de los colores, estableció el águila sobre un nopal, pero el águila estaba semi rodeada por laureles, que significaban victoria y triunfo.

Después viene la bandera posrevolucionaria que estuvo vigente entre los años de 1917 a 1968, a través de un decreto expedido el 20 de septiembre de 1916 por el presidente Venustiano Carranza, que ordenaba que apareciera de nuevo el escudo nacional, retomando un águila de perfil, con la posición de las alas en ataque, se agregó la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”.

La bandera que se tiene actualmente se remonta su instauración al 17 de agosto de 1968, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la ley sobre las características y el uso del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

La bandera tiene la combinación de tres civilizaciones, la primera es la prehispánica materializándose en el águila parada sobre un nopal, insignia del pueblo mexica y ahora del Estado Mexicano, la segunda civilización es la española y religiosa visualizada por las ramas de laurel y encino, la tercera civilización es franco-inglesa visualizándose en los colores verde, blanco y rojo, emanando su significado del liberalismo ilustrado.2

Notas

1 Inafed (2019). Día de la Bandera de México: orgullo nacional, libertad, justicia y nacionalidad, https://www.gob.mx/inafed/articulos/dia-de-la-bandera-de-mexico-orgullo -nacional-libertad-justicia-y-nacionalidad

2 INEHRM (2017). La bandera nacional. Testimonio de la construcción de la identidad mexicana. Secretaria de Cultura. Enlace: https://inehrm.gob.mx/recursos/Libros/LaBanderaMexicana.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2021.

Diputada Martha Huerta Hernández (rúbrica)